Mendoza: la justicia piensa en una audiencia por el fracking
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La Corte analiza llamar a una audiencia pública por el fracking
Fecha de Publicación: 21/05/2018
Fuente: El Sol
Provincia/Región: Mendoza
La Corte Suprema de Justicia estudia la convocatoria a una audiencia pública antes de fallar respecto del amparo presentado por la Federación Argentina de Espeleología (FADE) y el planteo de inconstitucionalidad presentado por Oikos, ambos, con el fin de que cese la actividad del fracking en la extracción de petróleo no convencional en Malargüe. Jorge Nanclares, presidente del máximo tribunal, indicó: “Una vez que estemos más cerca de dar una sentencia, nos parece que la audiencia pública va a servir para escuchar todas las posturas”.
El planteo de la FADE llegó al máximo tribunal a través de un recurso extraordinario, luego de que, en los tribunales ordinarios, la petición fuera rechazada. La entidad solicitó que se declare inconstitucional la resolución 789 de la Dirección de Protección Ambiental, que habilitó la exploración de hidrocarburo no convencional a través del procedimiento de la fractura hidráulica por parte de la empresa El Trébol en Malargüe. Asimismo, requirió que se declare inconstitucional la resolución Nº813, ambas publicadas el 31 de julio del 2017.
En febrero de este año, el máximo tribunal hizo lugar a la presentación, y las contestaciones de las partes están en curso, indicaron fuentes judiciales.
Nanclares indicó que, al ser la Corte un órgano colegiado, se llevará a votación de todos sus miembros esta idea de llamar a una nueva audiencia pública –ahora, en el ámbito de la Justicia– ya que la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial realizó en diciembre una consulta antes de la publicación del decreto reglamentario Nº248 que habilita la fractura hidráulica en todo el territorio provincial.
El magistrado consideró que en asuntos complejos y controversiales como este, que en Mendoza ha generado una marcada división de posturas a favor y en contra, “será necesario un análisis en profundidad, cumpliendo con los plazos del proceso, pero tomando en consideración la palabra de los entendidos”.
En ese sentido, el ministro recordó la confirmación de la constitucionalidad de la ley 7.722, conocida como la ley antiminera, “que salió después de dos años”.
Respecto de la instrumentación, el juez consideró que, llegado el momento, se evaluará a quienes podrán participar en la misma y remarcó: “Nos interesa la voz de los expertos en la materia”.
También se analizará en ese ámbito la acción de inconstitucionalidad que presentó la organización ambientalista Oikos en contra del decreto reglamentario Nº248. Esta norma establece los requerimientos para el procedimiento de la fractura hidráulica en toda la provincia.
La defensa del fracking
Humberto Mingorance, secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, confirmó que se está elaborado la contestación de la demanda planteada por Oikos a través de los equipos técnicos. “Para que la Corte tenga toda la información”, manifestó.
“Estamos ampliando lo que se expone en el decreto Nº248 con datos complementarios de la historia de esta técnica, cómo se realizan los controles, además de los distintos estudios y seguimientos que se hacen a través de los organismos intervinientes”, dijo.
A la vez, indicó que se está digitalizando todo el expediente que se formó a fin de autorizar la exploración y explotación del yacimiento Puesto Rojas, “para que quede a disposición de todos los interesados”.
Y agregó: “También hay que decir que la documentación en papel nunca fue pedida por quienes quieren desalentar el fracking, pese a que estaba disponible”.
Además, Mingorance comentó que tanto los técnicos de Ambiente como de Energía están brindado charlas en distintos lugares en los cuales se los convoca para despejar las dudas.
Controles
A fines de abril hubo distintas manifestaciones en contra del avance en Malargüe –tanto en Alvear como en San Carlos– luego de que se hiciera viral el audio de una mujer que alertaba sobre los posibles peligros de contaminación que pudiera provocar la técnica de la fractura hidráulica y ante la trascendencia de que uno de los controles en las napas de agua habría arrojado la presencia de hidrocarburos.
El Gobierno descartó cualquier tipo de polución ambiental y explicó los resultados de los freatímetros colocados en el yacimiento.
En los próximos días, el Departamento General de Irrigación dará a conocer los últimos análisis.
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Fecha de Publicación: 21/05/2018
Fuente: El Sol
Provincia/Región: Mendoza
La Corte Suprema de Justicia estudia la convocatoria a una audiencia pública antes de fallar respecto del amparo presentado por la Federación Argentina de Espeleología (FADE) y el planteo de inconstitucionalidad presentado por Oikos, ambos, con el fin de que cese la actividad del fracking en la extracción de petróleo no convencional en Malargüe. Jorge Nanclares, presidente del máximo tribunal, indicó: “Una vez que estemos más cerca de dar una sentencia, nos parece que la audiencia pública va a servir para escuchar todas las posturas”.
El planteo de la FADE llegó al máximo tribunal a través de un recurso extraordinario, luego de que, en los tribunales ordinarios, la petición fuera rechazada. La entidad solicitó que se declare inconstitucional la resolución 789 de la Dirección de Protección Ambiental, que habilitó la exploración de hidrocarburo no convencional a través del procedimiento de la fractura hidráulica por parte de la empresa El Trébol en Malargüe. Asimismo, requirió que se declare inconstitucional la resolución Nº813, ambas publicadas el 31 de julio del 2017.
En febrero de este año, el máximo tribunal hizo lugar a la presentación, y las contestaciones de las partes están en curso, indicaron fuentes judiciales.
Nanclares indicó que, al ser la Corte un órgano colegiado, se llevará a votación de todos sus miembros esta idea de llamar a una nueva audiencia pública –ahora, en el ámbito de la Justicia– ya que la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial realizó en diciembre una consulta antes de la publicación del decreto reglamentario Nº248 que habilita la fractura hidráulica en todo el territorio provincial.
El magistrado consideró que en asuntos complejos y controversiales como este, que en Mendoza ha generado una marcada división de posturas a favor y en contra, “será necesario un análisis en profundidad, cumpliendo con los plazos del proceso, pero tomando en consideración la palabra de los entendidos”.
En ese sentido, el ministro recordó la confirmación de la constitucionalidad de la ley 7.722, conocida como la ley antiminera, “que salió después de dos años”.
Respecto de la instrumentación, el juez consideró que, llegado el momento, se evaluará a quienes podrán participar en la misma y remarcó: “Nos interesa la voz de los expertos en la materia”.
También se analizará en ese ámbito la acción de inconstitucionalidad que presentó la organización ambientalista Oikos en contra del decreto reglamentario Nº248. Esta norma establece los requerimientos para el procedimiento de la fractura hidráulica en toda la provincia.
La defensa del fracking
Humberto Mingorance, secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, confirmó que se está elaborado la contestación de la demanda planteada por Oikos a través de los equipos técnicos. “Para que la Corte tenga toda la información”, manifestó.
“Estamos ampliando lo que se expone en el decreto Nº248 con datos complementarios de la historia de esta técnica, cómo se realizan los controles, además de los distintos estudios y seguimientos que se hacen a través de los organismos intervinientes”, dijo.
A la vez, indicó que se está digitalizando todo el expediente que se formó a fin de autorizar la exploración y explotación del yacimiento Puesto Rojas, “para que quede a disposición de todos los interesados”.
Y agregó: “También hay que decir que la documentación en papel nunca fue pedida por quienes quieren desalentar el fracking, pese a que estaba disponible”.
Además, Mingorance comentó que tanto los técnicos de Ambiente como de Energía están brindado charlas en distintos lugares en los cuales se los convoca para despejar las dudas.
Controles
A fines de abril hubo distintas manifestaciones en contra del avance en Malargüe –tanto en Alvear como en San Carlos– luego de que se hiciera viral el audio de una mujer que alertaba sobre los posibles peligros de contaminación que pudiera provocar la técnica de la fractura hidráulica y ante la trascendencia de que uno de los controles en las napas de agua habría arrojado la presencia de hidrocarburos.
El Gobierno descartó cualquier tipo de polución ambiental y explicó los resultados de los freatímetros colocados en el yacimiento.
En los próximos días, el Departamento General de Irrigación dará a conocer los últimos análisis.
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Acumar en modalidad "recalculando"
Dorina Bonetti, presidenta de Acumar: "Estamos encarando una nueva revisión del plan"
Fecha de Publicación: 20/05/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
El 14 de marzo, Dorina Bonetti, presidenta de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) había preparado minuciosamente su exposición ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para contar qué avances habían logrado para intentar cumplir con la sentencia que obliga a sanear el Riachuelo. Había preparado 20 diapositivas que la iban a ayudar con su discurso. Pero fue poco lo que pudo exponer. Los jueces la acorralaron con preguntas que, según ella, no tienen una respuesta única: "¿Tiene una estimación razonable de cuándo pueden cumplir la sentencia? ¿En qué tiempo?". Bonetti es politóloga y desde julio del año pasado es la máxima responsable de hacer cumplir el fallo. Ante la Corte no pudo contestar esas preguntas. "Si no dimos una fecha precisa fue porque hubiese sido irresponsable, como se dijo en algún momento y por cómo ha sido castigado la sanidad del río durante tanto tiempo, que en tanta cantidad de días la cuenca va a estar saneada", asegura, y afirma que no se le pasó por la cabeza renunciar y que entiende que es su responsabilidad "ir a rendir cuentas ante la corte".
-¿Por qué ante la Corte no pudo dar un plazo para el saneamiento del Riachuelo?
-Existen dos plazos. Uno judicial, que tiene que ver con el cumplimiento de la sentencia. Ahí hay avances. Otro plazo es el del saneamiento. Porque el cumplimiento del fallo no impacta totalmente en el saneamiento del río. Para lograrlo es necesario que se avance en obras.
-¿Y esas obras no tienen un plazo?
-Es el plazo que va a llevar la expansión de redes de agua y cloacas, que está previsto para 2025. Pero además hay que intervenir territorialmente para que además de agua y cloaca, la gente viva mejor, se urbanicen villas. En la cuenca hay un millón y medio de personas que viven en asentamientos y villas. Eso repercute en el río.
-La red de cloacas desarticularía uno de los principales ejes de contaminación, pero no el único.
-Exactamente. Se atacaría el problema de la contaminación que proviene de la descarga de materia orgánica, que representa entre el 70 % y 80 % de la contaminación.
-¿Y las descargas industriales?
-Cada empresa tiene que tener una planta de tratamiento.
-¿Los industriales no podrían estar escudándose en la falta de confianza en el plan para no hacer esas inversiones?
-Podrían. Pero desde 2016 estamos trabajando en la reconstrucción de la confianza en Acumar. Y desde ese lado les estamos exigiendo más a los industriales. Hoy si no cumplen tienen una sanción. Y pronto lanzaremos un nuevo régimen de sanciones, verdaderamente disuasivas. En algún momento, económicamente, al establecimiento industrial le convenía más pagar la sanción que hacer la planta de reconversión.
-¿Qué cambios puede adelantar respecto de las sanciones?
-Serán montos mucho más elevados. Además incorporaremos conductas que no estaban siendo consideradas como infracción.
-¿Evalúa revisar el plan de saneamiento general?
-Sí. Estamos encarando una nueva revisión que tiene que ver más con pensar un plan con un abordaje mucho más holístico, más integral, porque hoy lo que hay son líneas de acción.
-¿Qué implicaría esa mayor integralidad?
-Una planificación estratégica de la cuenca como un todo. Un porcentaje importante de la población vive en villas y tenemos que trabajar para hacer una intervención, para que se haga una apertura de calles de forma tal que también esa población quede integrada a la expansión de agua y cloaca, porque de lo contrario va a quedar afuera. Se estaría cumpliendo con una manda de la sentencia, pero un porcentaje de la población no va a ser incorporada a la red cloacal.
-Para sanear la ría de Bilbao, además de exigirles una planta de tratamiento, el gobierno vasco obligó a las industrias a conectarse a la red. Así las obligó a pagar un canon que les permitió recaudar para el plan de saneamiento. ¿Se puede pensar en algo así en el Riachuelo?
-Es factible, pero no es algo que estemos promoviendo.
-¿No le parece lógico que pagaran una contribución por el saneamiento?
-Es algo que se está analizando: un seguro ambiental. Creo que sí corresponde.
-La experiencia de saneamiento del Rin es un ejemplo de coordinación entre países. ¿Por qué acá es un problema la coordinación entre jurisdicciones de un mismo país?
-Avanzamos mucho en la coordinación. El tema es que las tres jurisdicciones que forman parte de Acumar son el Estado nacional, la Provincia y la Ciudad. Pero hay 14 municipios que no lo integran. Y Acumar no tiene un poder de policía suficiente como para multar a los municipios que, por la Constitución, tienen como responsabilidad primaria ocuparse de la basura y no lo hacen. En ese sentido sí falta articular.
-Un especialista que lideró el saneamiento del Rin dijo que fue vital que la sociedad confiara en el plan. ¿Cree que hay confianza en el plan para el Riachuelo?
-Acumar es un organismo sobre el cual la confianza se ha visto resquebrajada. Estamos trabajando para reconstruirla dentro del propio organismo, para que luego traspase las paredes del organismo y permita que la gente confíe en el proyecto que tenemos.
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Fecha de Publicación: 20/05/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
El 14 de marzo, Dorina Bonetti, presidenta de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) había preparado minuciosamente su exposición ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para contar qué avances habían logrado para intentar cumplir con la sentencia que obliga a sanear el Riachuelo. Había preparado 20 diapositivas que la iban a ayudar con su discurso. Pero fue poco lo que pudo exponer. Los jueces la acorralaron con preguntas que, según ella, no tienen una respuesta única: "¿Tiene una estimación razonable de cuándo pueden cumplir la sentencia? ¿En qué tiempo?". Bonetti es politóloga y desde julio del año pasado es la máxima responsable de hacer cumplir el fallo. Ante la Corte no pudo contestar esas preguntas. "Si no dimos una fecha precisa fue porque hubiese sido irresponsable, como se dijo en algún momento y por cómo ha sido castigado la sanidad del río durante tanto tiempo, que en tanta cantidad de días la cuenca va a estar saneada", asegura, y afirma que no se le pasó por la cabeza renunciar y que entiende que es su responsabilidad "ir a rendir cuentas ante la corte".
-¿Por qué ante la Corte no pudo dar un plazo para el saneamiento del Riachuelo?
-Existen dos plazos. Uno judicial, que tiene que ver con el cumplimiento de la sentencia. Ahí hay avances. Otro plazo es el del saneamiento. Porque el cumplimiento del fallo no impacta totalmente en el saneamiento del río. Para lograrlo es necesario que se avance en obras.
-¿Y esas obras no tienen un plazo?
-Es el plazo que va a llevar la expansión de redes de agua y cloacas, que está previsto para 2025. Pero además hay que intervenir territorialmente para que además de agua y cloaca, la gente viva mejor, se urbanicen villas. En la cuenca hay un millón y medio de personas que viven en asentamientos y villas. Eso repercute en el río.
-La red de cloacas desarticularía uno de los principales ejes de contaminación, pero no el único.
-Exactamente. Se atacaría el problema de la contaminación que proviene de la descarga de materia orgánica, que representa entre el 70 % y 80 % de la contaminación.
-¿Y las descargas industriales?
-Cada empresa tiene que tener una planta de tratamiento.
-¿Los industriales no podrían estar escudándose en la falta de confianza en el plan para no hacer esas inversiones?
-Podrían. Pero desde 2016 estamos trabajando en la reconstrucción de la confianza en Acumar. Y desde ese lado les estamos exigiendo más a los industriales. Hoy si no cumplen tienen una sanción. Y pronto lanzaremos un nuevo régimen de sanciones, verdaderamente disuasivas. En algún momento, económicamente, al establecimiento industrial le convenía más pagar la sanción que hacer la planta de reconversión.
-¿Qué cambios puede adelantar respecto de las sanciones?
-Serán montos mucho más elevados. Además incorporaremos conductas que no estaban siendo consideradas como infracción.
-¿Evalúa revisar el plan de saneamiento general?
-Sí. Estamos encarando una nueva revisión que tiene que ver más con pensar un plan con un abordaje mucho más holístico, más integral, porque hoy lo que hay son líneas de acción.
-¿Qué implicaría esa mayor integralidad?
-Una planificación estratégica de la cuenca como un todo. Un porcentaje importante de la población vive en villas y tenemos que trabajar para hacer una intervención, para que se haga una apertura de calles de forma tal que también esa población quede integrada a la expansión de agua y cloaca, porque de lo contrario va a quedar afuera. Se estaría cumpliendo con una manda de la sentencia, pero un porcentaje de la población no va a ser incorporada a la red cloacal.
-Para sanear la ría de Bilbao, además de exigirles una planta de tratamiento, el gobierno vasco obligó a las industrias a conectarse a la red. Así las obligó a pagar un canon que les permitió recaudar para el plan de saneamiento. ¿Se puede pensar en algo así en el Riachuelo?
-Es factible, pero no es algo que estemos promoviendo.
-¿No le parece lógico que pagaran una contribución por el saneamiento?
-Es algo que se está analizando: un seguro ambiental. Creo que sí corresponde.
-La experiencia de saneamiento del Rin es un ejemplo de coordinación entre países. ¿Por qué acá es un problema la coordinación entre jurisdicciones de un mismo país?
-Avanzamos mucho en la coordinación. El tema es que las tres jurisdicciones que forman parte de Acumar son el Estado nacional, la Provincia y la Ciudad. Pero hay 14 municipios que no lo integran. Y Acumar no tiene un poder de policía suficiente como para multar a los municipios que, por la Constitución, tienen como responsabilidad primaria ocuparse de la basura y no lo hacen. En ese sentido sí falta articular.
-Un especialista que lideró el saneamiento del Rin dijo que fue vital que la sociedad confiara en el plan. ¿Cree que hay confianza en el plan para el Riachuelo?
-Acumar es un organismo sobre el cual la confianza se ha visto resquebrajada. Estamos trabajando para reconstruirla dentro del propio organismo, para que luego traspase las paredes del organismo y permita que la gente confíe en el proyecto que tenemos.
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Lamentable: zorros van a countries a buscan comida
Video: zorros buscan comida en countries del noroeste de Córdoba
Fecha de Publicación: 20/05/2018
Fuente: El Periódico de San Francisco
Provincia/Región: Córdoba
Un tierno video casero también puede interpretarse como la disminución del espacio donde viven estos animales, ante el avance de las construcciones.
Un video casero muestra a una importante cantidad de zorritos “apilados” en la puerta de una casa en un country del noroeste de la ciudad de Córdoba.
Las imágenes, difundidas por La Voz del Interior, son tiernas para quien guste de estos simpáticos animalitos.
La contracara es que el video refleja la disminución del espacio ambiental donde vivien estos animales, que ante el avance de las construcciones urbanas no les queda más que acercarse a buscar alimentos.
Fecha de Publicación: 20/05/2018
Fuente: El Periódico de San Francisco
Provincia/Región: Córdoba
Un tierno video casero también puede interpretarse como la disminución del espacio donde viven estos animales, ante el avance de las construcciones.
Un video casero muestra a una importante cantidad de zorritos “apilados” en la puerta de una casa en un country del noroeste de la ciudad de Córdoba.
Las imágenes, difundidas por La Voz del Interior, son tiernas para quien guste de estos simpáticos animalitos.
La contracara es que el video refleja la disminución del espacio ambiental donde vivien estos animales, que ante el avance de las construcciones urbanas no les queda más que acercarse a buscar alimentos.
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Área Protegida Río Limay ya tiene plan de manejo
Presentaron el Plan de Manejo del Área Natural Protegida Río Limay
Fecha de Publicación: 20/05/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Se hizo este fin de semana en la localidad de Villa Llanquín. Durante el acto se indicaron las zonas y los usos de las áreas de conservación.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable presentó este fin de semana el Plan de Manejo del Área Natural Protegida Río Limay, en Villa Llanquín.
Durante la presentación se detalló la zonificación de usos del área y se destacó los principales valores de conservación y socioculturales que se tuvieron en cuenta, informaron desde el área de prensa del gobierno provincial.
Esta área fue creada en 1996 mediante la sanción de la Ley 2946, con el objetivo de preservar el paisaje y conservar los ecosistemas.
Está ubicada en el sudoeste de la provincia y comprende el valle del río Limay, desde su naciente en el lago Nahuel Huapi hasta confluir con el río Traful, y tiene una superficie de 50.000 hectáreas. La localidad más próxima es Villa Llanquín, ubicada dentro del área, a pocos kilómetros de Bariloche.
El paisaje muestra muy vistosas formas en sus estribaciones, bosques de cipreses de la cordillera y el caudaloso cauce del río circulando en medio de este paraje de ensueño.
La secretaria de Ambiente, Dina Migani y el secretario de Turismo, Daniel García; junto al comisionado de fomento de Villa Llanquín, Alejandro Sandoval, participaron del acto oficial.
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Fecha de Publicación: 20/05/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Se hizo este fin de semana en la localidad de Villa Llanquín. Durante el acto se indicaron las zonas y los usos de las áreas de conservación.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable presentó este fin de semana el Plan de Manejo del Área Natural Protegida Río Limay, en Villa Llanquín.
Durante la presentación se detalló la zonificación de usos del área y se destacó los principales valores de conservación y socioculturales que se tuvieron en cuenta, informaron desde el área de prensa del gobierno provincial.
Esta área fue creada en 1996 mediante la sanción de la Ley 2946, con el objetivo de preservar el paisaje y conservar los ecosistemas.
Está ubicada en el sudoeste de la provincia y comprende el valle del río Limay, desde su naciente en el lago Nahuel Huapi hasta confluir con el río Traful, y tiene una superficie de 50.000 hectáreas. La localidad más próxima es Villa Llanquín, ubicada dentro del área, a pocos kilómetros de Bariloche.
El paisaje muestra muy vistosas formas en sus estribaciones, bosques de cipreses de la cordillera y el caudaloso cauce del río circulando en medio de este paraje de ensueño.
La secretaria de Ambiente, Dina Migani y el secretario de Turismo, Daniel García; junto al comisionado de fomento de Villa Llanquín, Alejandro Sandoval, participaron del acto oficial.
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La meta climática es tener 15% menos de emisiones
Cambio climático: la meta argentina prevé 15% menos de emisiones
Fecha de Publicación: 19/05/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
El compromiso asumido en París -vigente desde noviembre de 2016- establece la disminución de gases hacia 2030.
A casi 26 años del convenio marco sobre el cambio climático, la lucha continúa siendo una prioridad internacional. No se ha producido, ni los instrumentos internacionales actuales han propiciado todavía, un cambio drástico. De hecho, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 21[1]), previa al Acuerdo de París, reconocía que las contribuciones nacionales presentadas, no permitían lograr el objetivo de mantener el límite de 2 °C por encima de los niveles preindustriales para 2100, y apuntaban claramente hacia una suba de 3,5 °C.
El Convenio (1992) y el Protocolo (Kyoto-1997) son la respuesta de la internacional y, por su intermedio, los Estados parte marcaron un objetivo: estabilizar emisiones de GEH para prevenir interferencias peligrosas en el clima. Un largo proceso de negociación renovó el compromiso y concluyó en el Acuerdo de París del 12 de diciembre de 2015, en vigor el 4 de noviembre de 2016.
Evidencias científicas
En 1988, el Programa ONU para Ambiente (Pnuma) creó el Panel Intergubernamental Cambio Climático (IPCC) para asesorar a los países para enfrentar el fenómeno global. Ha publicado 5 informes centrales y reúne a los científicos de mayor trayectoria. Entre ellos, Ricardo Villalba, mendocino.
El 6to informe (2021) examinará lo realizado para mantener el calentamiento global por debajo de 2 °C y, a la par, persistir en esfuerzos que limiten el aumento a 1,5 °C. Otro informe anual focaliza la diferencia entre emisiones de GEH que los Estados comprometen y el nivel de emisiones necesario para no superar estos 2 °C. En 2016 las emisiones aumentaron, doblan a 1970, y crecen sin disminución desde 2000.
Los acuerdos han generado efectos positivos indiscutibles, pero se mantiene la dificultad del derecho internacional para ser eficaz al doble reto, mitigación y adaptación al cambio climático, sumado a mecanismos excesivamente rígidos sin voluntad política ni economía que acompañe.
París se basa en compromisos unilaterales y voluntarios asumidos, superadores de los que se suscriben en negociaciones multilaterales. Cada parte hizo contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional (Indcs).
El informe argentino (1960/2010) demostró un aumento de la temperatura media de 0,5 °C, llegando a superar 1 °C en zonas patagónicas; aumento de días con olas de calor y reducción de días con heladas; aumento de lluvias en el Este con inundaciones de gran impacto socio-económico. En zonas semiáridas se observó una merma en zona cordillerana con disminución en caudales de ríos cuyanos.
Argentina fijó una meta incondicional: 15% menos en 2030 con respecto a emisiones proyectadas y otras condicionadas a obtener financiamiento internacional adecuado y predecible; apoyo a la transferencia, la innovación y el desarrollo de tecnologías y el apoyo a la creación de capacidades.
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El acuerdo originó el posible abandono de EEUU. Sin embargo, la comunicación deja una puerta abierta y es que, a menos que EEUU no pueda identificar los términos adecuados para un nuevo compromiso, presentarán formalmente su retirada. Conforme al artículo 28, debe ser en los tres años desde la entrada en vigor hasta el 4 de noviembre de 2019. En todo caso si se produce, los EEUU tendrán que esperar hasta 2020 para retirarse oficialmente, puesto que esta decisión será efectiva pasado un año de comunicada. Justo un día después de la elección presidencial. Incertidumbre total, evidente preocupación.
Efectos locales
Para la vitivinicultura se proyectan desplazamientos de zonas, de isoyetas, y surgimiento de nuevas regiones de aptitud vitivinícola (Moriondo 2013).
Particularmente, generaría desplazamiento hacia latitudes altas, menor extensión de otras áreas y surgimiento de nuevas regiones aptas.
El Acuerdo de París emerge como una base para estas acciones que afectan a todos. El problema no tiene sólo una respuesta de dimensión predominantemente internacional, sino que la acción contra este fenómeno tiene también, cada vez más, una importante variable nacional, regional y local.
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Fecha de Publicación: 19/05/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
El compromiso asumido en París -vigente desde noviembre de 2016- establece la disminución de gases hacia 2030.
A casi 26 años del convenio marco sobre el cambio climático, la lucha continúa siendo una prioridad internacional. No se ha producido, ni los instrumentos internacionales actuales han propiciado todavía, un cambio drástico. De hecho, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 21[1]), previa al Acuerdo de París, reconocía que las contribuciones nacionales presentadas, no permitían lograr el objetivo de mantener el límite de 2 °C por encima de los niveles preindustriales para 2100, y apuntaban claramente hacia una suba de 3,5 °C.
El Convenio (1992) y el Protocolo (Kyoto-1997) son la respuesta de la internacional y, por su intermedio, los Estados parte marcaron un objetivo: estabilizar emisiones de GEH para prevenir interferencias peligrosas en el clima. Un largo proceso de negociación renovó el compromiso y concluyó en el Acuerdo de París del 12 de diciembre de 2015, en vigor el 4 de noviembre de 2016.
Evidencias científicas
En 1988, el Programa ONU para Ambiente (Pnuma) creó el Panel Intergubernamental Cambio Climático (IPCC) para asesorar a los países para enfrentar el fenómeno global. Ha publicado 5 informes centrales y reúne a los científicos de mayor trayectoria. Entre ellos, Ricardo Villalba, mendocino.
El 6to informe (2021) examinará lo realizado para mantener el calentamiento global por debajo de 2 °C y, a la par, persistir en esfuerzos que limiten el aumento a 1,5 °C. Otro informe anual focaliza la diferencia entre emisiones de GEH que los Estados comprometen y el nivel de emisiones necesario para no superar estos 2 °C. En 2016 las emisiones aumentaron, doblan a 1970, y crecen sin disminución desde 2000.
Los acuerdos han generado efectos positivos indiscutibles, pero se mantiene la dificultad del derecho internacional para ser eficaz al doble reto, mitigación y adaptación al cambio climático, sumado a mecanismos excesivamente rígidos sin voluntad política ni economía que acompañe.
París se basa en compromisos unilaterales y voluntarios asumidos, superadores de los que se suscriben en negociaciones multilaterales. Cada parte hizo contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional (Indcs).
El informe argentino (1960/2010) demostró un aumento de la temperatura media de 0,5 °C, llegando a superar 1 °C en zonas patagónicas; aumento de días con olas de calor y reducción de días con heladas; aumento de lluvias en el Este con inundaciones de gran impacto socio-económico. En zonas semiáridas se observó una merma en zona cordillerana con disminución en caudales de ríos cuyanos.
Argentina fijó una meta incondicional: 15% menos en 2030 con respecto a emisiones proyectadas y otras condicionadas a obtener financiamiento internacional adecuado y predecible; apoyo a la transferencia, la innovación y el desarrollo de tecnologías y el apoyo a la creación de capacidades.
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El acuerdo originó el posible abandono de EEUU. Sin embargo, la comunicación deja una puerta abierta y es que, a menos que EEUU no pueda identificar los términos adecuados para un nuevo compromiso, presentarán formalmente su retirada. Conforme al artículo 28, debe ser en los tres años desde la entrada en vigor hasta el 4 de noviembre de 2019. En todo caso si se produce, los EEUU tendrán que esperar hasta 2020 para retirarse oficialmente, puesto que esta decisión será efectiva pasado un año de comunicada. Justo un día después de la elección presidencial. Incertidumbre total, evidente preocupación.
Efectos locales
Para la vitivinicultura se proyectan desplazamientos de zonas, de isoyetas, y surgimiento de nuevas regiones de aptitud vitivinícola (Moriondo 2013).
Particularmente, generaría desplazamiento hacia latitudes altas, menor extensión de otras áreas y surgimiento de nuevas regiones aptas.
El Acuerdo de París emerge como una base para estas acciones que afectan a todos. El problema no tiene sólo una respuesta de dimensión predominantemente internacional, sino que la acción contra este fenómeno tiene también, cada vez más, una importante variable nacional, regional y local.
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Suman otro oso hormiguero a los Esteros del Iberá
Un nuevo oso hormiguero llega a los Esteros del Iberá
Fecha de Publicación: 19/05/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
El pasado viernes, un ejemplar macho de oso hormiguero llamado Tino fue trasladado a la Reserva Carambola, en la parte oeste del Iberá. El animal, de un año de edad, se une a Morotí y Mica, quienes llevan unos meses viviendo en esta zona, cercano al municipio de Concepción de Yaguareté Corá.
Al igual que la mayor parte de ejemplares que llegan al Proyecto de Reintroducción, el animal fue rescatado con pocos días de vida en un domicilio particular de la localidad de Monte Rico, en Santiago del Estero, seguramente tras quedar huérfano después de que matasen a su madre en un encuentro fortuito de caza. Después de ser avisados de su existencia, y con la aprobación de la Dirección General de Bosques y Fauna de la mencionada Provincia, el oso llegaba hace unos meses al Centro de Rescate de Oso Hormiguero (ubicado en el Parque Provincial San Cayetano de Corrientes), con un peso de 6,3 kg. Hoy, ya pasados varios meses recibiendo los cuidados necesarios en este Centro, el animal llega a su nuevo hogar con un año de edad y 30 kg de peso.
Tras pasar un par de semanas en un corral de presuelta, ya en la zona en la que va a vivir, se procederá a su liberación. Durante un tiempo será monitoreado semanalmente por los técnicos del proyecto, gracias a la señal que emite el radiocollar que porta, con el fin de asegurar que se adapte a la vida en libertad.
Desde el año 2005, CLT y el Gobierno de Corrientes trabajan juntos en el ambicioso proyecto de traer animales extintos al Iberá. Precisamente, el oso hormiguero (que ya cuenta con más de 100 ejemplares viviendo libres y en 3 poblaciones distintas) fue la primer especie reintroducida. Es meritorio que, tras llevar extinto más de medio siglo en la provincia de Corrientes, el oso hormiguero, solo en una década de reintroducciones, se haya convertido ya en un icono del Parque Iberá y el gobierno correntino lo haya catalogado como Monumento Natural.
Está previsto seguir liberando osos hormigueros en Concepción hasta que esta población de Carambola, (como ocurrió antes en Rincón del Socorro y San Alonso) sea, por si sola, autosustentable.
El oso hormiguero, junto a otras cuatro especies (venado de las pampas, tapir, guacamayo rojo y pecarí de collar) ha regresado a Iberá para quedarse. Gracias a las reintroducciones realizadas en el interior del gran Parque Iberá (amalgama del Parque Provincial Iberá y de Parque Nacional del mismo nombre) los animales y los ambientes que necesitan para vivir cuentan con un grado de protección que les garantiza poder aumentar sus poblaciones sin las amenazas que los llevaron otrora a la extinción. Otras piezas importantes del ecosistema ibereño siguen todavía ausentes. Es el caso del yaguareté, especie con la cual CLT sigue trabajando en el CECY (Centro Experimental de Cría de Yaguareté) con el ánimo de obtener crías aptas para ser liberadas en el futuro.
Es importante resaltar que, más allá de los aspectos ecológicos y biológicos que implica la llegada de estas especies a la zona, entra también en juego el valor añadido que la presencia de esta fauna brinda a la ya extensa oferta ecoturística de Carambola y otros portales que dan acceso al Iberá. El turismo de naturaleza mueve cada día más dinero a nivel global, y los municipios que rodean el humedal correntino han comenzado a enfocarse en un modelo de desarrollo (denominado producción de naturaleza) basado en el aprovechamiento sustentable de los valores naturales (en este caso la fauna silvestre fácilmente observable), y en la recuperación además del orgullo local mediante la puesta en valor de artesanía, gastronomía y tradiciones.
Todo el trabajo realizado en reintroducción de especies y en protección de la fauna y ambientes (primero con la creación de la Reserva Iberá y posteriormente con el Parque Iberá) han erigido el mejor destino de avistaje de fauna del país, generando a su alrededor un motor económico en alza, que afianza a la “producción de naturaleza” como la actividad productiva con mayor futuro para los pueblos que rodean el gran Parque Iberá.
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Fecha de Publicación: 19/05/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
El pasado viernes, un ejemplar macho de oso hormiguero llamado Tino fue trasladado a la Reserva Carambola, en la parte oeste del Iberá. El animal, de un año de edad, se une a Morotí y Mica, quienes llevan unos meses viviendo en esta zona, cercano al municipio de Concepción de Yaguareté Corá.
Al igual que la mayor parte de ejemplares que llegan al Proyecto de Reintroducción, el animal fue rescatado con pocos días de vida en un domicilio particular de la localidad de Monte Rico, en Santiago del Estero, seguramente tras quedar huérfano después de que matasen a su madre en un encuentro fortuito de caza. Después de ser avisados de su existencia, y con la aprobación de la Dirección General de Bosques y Fauna de la mencionada Provincia, el oso llegaba hace unos meses al Centro de Rescate de Oso Hormiguero (ubicado en el Parque Provincial San Cayetano de Corrientes), con un peso de 6,3 kg. Hoy, ya pasados varios meses recibiendo los cuidados necesarios en este Centro, el animal llega a su nuevo hogar con un año de edad y 30 kg de peso.
Tras pasar un par de semanas en un corral de presuelta, ya en la zona en la que va a vivir, se procederá a su liberación. Durante un tiempo será monitoreado semanalmente por los técnicos del proyecto, gracias a la señal que emite el radiocollar que porta, con el fin de asegurar que se adapte a la vida en libertad.
Desde el año 2005, CLT y el Gobierno de Corrientes trabajan juntos en el ambicioso proyecto de traer animales extintos al Iberá. Precisamente, el oso hormiguero (que ya cuenta con más de 100 ejemplares viviendo libres y en 3 poblaciones distintas) fue la primer especie reintroducida. Es meritorio que, tras llevar extinto más de medio siglo en la provincia de Corrientes, el oso hormiguero, solo en una década de reintroducciones, se haya convertido ya en un icono del Parque Iberá y el gobierno correntino lo haya catalogado como Monumento Natural.
Está previsto seguir liberando osos hormigueros en Concepción hasta que esta población de Carambola, (como ocurrió antes en Rincón del Socorro y San Alonso) sea, por si sola, autosustentable.
El oso hormiguero, junto a otras cuatro especies (venado de las pampas, tapir, guacamayo rojo y pecarí de collar) ha regresado a Iberá para quedarse. Gracias a las reintroducciones realizadas en el interior del gran Parque Iberá (amalgama del Parque Provincial Iberá y de Parque Nacional del mismo nombre) los animales y los ambientes que necesitan para vivir cuentan con un grado de protección que les garantiza poder aumentar sus poblaciones sin las amenazas que los llevaron otrora a la extinción. Otras piezas importantes del ecosistema ibereño siguen todavía ausentes. Es el caso del yaguareté, especie con la cual CLT sigue trabajando en el CECY (Centro Experimental de Cría de Yaguareté) con el ánimo de obtener crías aptas para ser liberadas en el futuro.
Es importante resaltar que, más allá de los aspectos ecológicos y biológicos que implica la llegada de estas especies a la zona, entra también en juego el valor añadido que la presencia de esta fauna brinda a la ya extensa oferta ecoturística de Carambola y otros portales que dan acceso al Iberá. El turismo de naturaleza mueve cada día más dinero a nivel global, y los municipios que rodean el humedal correntino han comenzado a enfocarse en un modelo de desarrollo (denominado producción de naturaleza) basado en el aprovechamiento sustentable de los valores naturales (en este caso la fauna silvestre fácilmente observable), y en la recuperación además del orgullo local mediante la puesta en valor de artesanía, gastronomía y tradiciones.
Todo el trabajo realizado en reintroducción de especies y en protección de la fauna y ambientes (primero con la creación de la Reserva Iberá y posteriormente con el Parque Iberá) han erigido el mejor destino de avistaje de fauna del país, generando a su alrededor un motor económico en alza, que afianza a la “producción de naturaleza” como la actividad productiva con mayor futuro para los pueblos que rodean el gran Parque Iberá.
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¿Se viene el aval de Ambiente para el desmonte en Salta?
Nación y Salta firmaron un convenio de colaboración para la promoción de la actividad productiva sustentable de los bosques de la provincia
Fecha de Publicación: 19/05/2018
Fuente: argentina.gob.ar
Provincia/Región: Salta Nacional
El acta tiene por objeto, dentro del plazo de 30 días, evaluar y verificar si la ejecución de los proyectos autorizados oportunamente por la provincia de Salta cumple con el marco normativo.
Los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agroindustria de la Nación junto al Gobierno de la provincia de Salta firmaron hoy un convenio de colaboración para la promoción de la actividad productiva sustentable de los bosques salteños.
El documento fue rubricado por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman; el gobernador Juan Manuel Urtubey; el secretario de Coordinación General del Ministerio de Agroindustria, Santiago del Solar Dorrego; y la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la provincia, Paula Bibini.
El objetivo del acuerdo es abordar tres lineamientos de gestión colaborativa: trabajo conjunto en la elaboración de criterios de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia de Salta; promoción y apoyo de actividades productivas sustentables en Bosques Nativos ubicados en categoría amarilla; e implementación de planes de restauración y reforestación de zonas degradadas.
Los gobiernos nacional y provincial se comprometieron a elaborar, a través de sus equipos técnicos, alternativas de producción sustentable en áreas categorizadas como “amarillas” en el marco normativo vigente.
Se acordó asimismo que el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta, con la colaboración del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, instrumentarán un plan de restauración forestal en zonas degradadas.
Asimismo, y con la participación de la Asociación Prograno, representada por Santiago Bayón; la Federación de Entidades Rurales Salteñas (Federsal), representada por Ignacio Pisani y la Sociedad Rural Salteña, representada por Lucas Elizalde, se firmó un acta complementaria en el marco del convenio citado.
El acta tiene por objeto, dentro del plazo de 30 días, evaluar y verificar si la ejecución de los proyectos autorizados oportunamente por la provincia de Salta cumple con el marco normativo. Esta evaluación técnica, que se realizará caso por caso, estará a cargo de la provincia, con la colaboración de los ministerios de la Nación.
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Fecha de Publicación: 19/05/2018
Fuente: argentina.gob.ar
Provincia/Región: Salta Nacional
El acta tiene por objeto, dentro del plazo de 30 días, evaluar y verificar si la ejecución de los proyectos autorizados oportunamente por la provincia de Salta cumple con el marco normativo.
Los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agroindustria de la Nación junto al Gobierno de la provincia de Salta firmaron hoy un convenio de colaboración para la promoción de la actividad productiva sustentable de los bosques salteños.
El documento fue rubricado por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman; el gobernador Juan Manuel Urtubey; el secretario de Coordinación General del Ministerio de Agroindustria, Santiago del Solar Dorrego; y la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la provincia, Paula Bibini.
El objetivo del acuerdo es abordar tres lineamientos de gestión colaborativa: trabajo conjunto en la elaboración de criterios de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia de Salta; promoción y apoyo de actividades productivas sustentables en Bosques Nativos ubicados en categoría amarilla; e implementación de planes de restauración y reforestación de zonas degradadas.
Los gobiernos nacional y provincial se comprometieron a elaborar, a través de sus equipos técnicos, alternativas de producción sustentable en áreas categorizadas como “amarillas” en el marco normativo vigente.
Se acordó asimismo que el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta, con la colaboración del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, instrumentarán un plan de restauración forestal en zonas degradadas.
Asimismo, y con la participación de la Asociación Prograno, representada por Santiago Bayón; la Federación de Entidades Rurales Salteñas (Federsal), representada por Ignacio Pisani y la Sociedad Rural Salteña, representada por Lucas Elizalde, se firmó un acta complementaria en el marco del convenio citado.
El acta tiene por objeto, dentro del plazo de 30 días, evaluar y verificar si la ejecución de los proyectos autorizados oportunamente por la provincia de Salta cumple con el marco normativo. Esta evaluación técnica, que se realizará caso por caso, estará a cargo de la provincia, con la colaboración de los ministerios de la Nación.
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Larreta quiere incinerar (pero lejos de su gente)
El debate por la quema de basura se traslada al conurbano bonaerense
Fecha de Publicación: 18/05/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: CABA - Buenos Aires
El debate por la incineración de los residuos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se trasladó al conurbano. Después de la discusión y reforma de la ley de basura cero en la Ciudad, funcionarios de la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal, el cuerpo directivo del Ceamse e intendentes del PJ y de Cambiemos discuten sobre las posibles ubicaciones de las plantas en las que la combustión de desechos se convertirá en energía eléctrica.
Así lo confirmaron a Infobae fuentes del gobierno provincial, de la empresa estatal a cargo de la gestión de residuos y los propios intendentes. Aunque en un principio la discusión comenzó con desconfianza, los jefes comunales ven ahora una posible solución al problema grave que representan las quemas y los basurales a cielo abierto en sus distritos y a las escasas políticas de recuperación y reciclado que han puesto en marcha.
Los terrenos en análisis para la instalación de las plantas de termovalorización o incineración son ocho. Hay tres en lo que Ceamse denomina Corredor Norte: uno en Exaltación de la Cruz, uno en Campana y otro en Zárate. En el ámbito de acción de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) hay tres en La Matanza; dos en Ezeiza; uno en Lomas de Zamora y uno en Quilmes. Mientras que también se estudian un terreno en la Ciudad de Buenos Aires, en Villa Riachuelo; dos en Tres de Febrero y uno entre San Miguel y San Martín.
Hasta el momento las tres posibilidades más firmes son las que anticipó Infobae: la de la Ciudad, San Miguel y Lomas de Zamora. Pero, las autoridades no descartan sumar más plantas ya que la magnitud de la cantidad de residuos diarios que se generan en el AMBA requiere más acción. Según los cálculos oficiales, cada planta podría tratar unas 3000 toneladas de basura por día, lo que suma 9000 tn, pero quedan otras 7000 u 8000 tn que deberán seguir enterrándose en el relleno sanitario de José León Suárez que tiene una vida útil de 5 años.
Francisco Suárez, antropólogo, especialista en gestión de residuos y docente de la Universidad de General Sarmiento, dijo: "Esto a los intendentes les viene como una solución a un problema que no han encarado. Son muy pocos los municipios del conurbano que han hecho algo y el resultado para los que han hecho no ha sido suficiente. La nueva tecnología puede implicar, y me atrevería a decir que es muy probable, que implique costos muchos mayores a los intendentes por gestionar sus residuos, eso es la antesala del aumento de basurales clandestinos en el conurbano".
De los costos, las posibles ubicaciones y la licencia social con la que contarán las nuevas plantas se discutirá el martes próximo en la reunión que tendrán las autoridades de Ceamse y Alex Campbell, subsecretario de Gobierno y de Asuntos Municipales bonaerenses y Roberto Gigante, ministro de Infraestructura, los dos funcionarios provinciales que llevan adelante las negociaciones con los intendentes.
"Al principio los intendentes tenían desconfianza sobre la posible solución tecnológica, sin embargo, cada vez están más abiertos a la posibilidad de instalar estas plantas, incluso los de la oposición", indicó a Infobae una alta fuente de la gestión bonaerense que pidió la reserva de su nombre.
Para Suárez, el gran problema será la resistencia ciudadana: "Ya ha provocado mucha resistencia la localización de nuevos rellenos sanitarios; por eso los residuos van a Campo de Mayo, porque funciona como un territorio donde no hay resistencia ciudadana", indicó y recordó que el apoyo de los intendentes comenzó luego de que varios viajaran a Europa invitados por Ceamse para ver cómo funciona la tecnología en los países desarrollados.
"Lo que más molesta es la ausencia del debate. Aquí se instaló un modelo de negocio no una política pública. Dentro de la política pública tiene lugar la valorización energética en el marco de ciertas normativas incluidas en la estrategia nacional de residuos sólidos urbanos que prescriben una serie de prioridades como la separación y el compostaje", agregó Suárez, quien sostuvo que en el ámbito académico la termovalorización es una tecnología que se puede evaluar pero no como salida y solución, sino como un elemento luego del reciclaje y compostaje.
En la cooperativa de reciclado Jóvenes en Progreso, de Lomas de Zamora, advirtieron que el proyecto para incinerar la basura afectará "a más de 5000 cartoneros regularizados de la ciudad, a los de la provincia y también a los trabajadores informales".
María, secretaria de la cooperativa, alertó que "la mayoría de las plantas se van a construir en la provincia. En capital una y en Lomas se construiría otra". Además, criticó la comparación con los sistemas de europeos y sostuvo que la incineración en la provincia de Buenos Aires sería distinta, por ejemplo, a la de Alemania: "Tienen otro sistema, recuperan material reciclable (más de un 30 por ciento) y lo que queman es el resto. Acá estamos hablando de quemar todos los residuos, no solamente los húmedos".
Las agrupaciones de recuperadores urbanos reclaman también que se sancione una ley de envases que permita ordenar la actividad. Hace más de 20 años los proyectos para esa normativa naufragan en el Congreso de la Nación.
En América Latina no hay instaladas aún plantas de termovalorización como las que se piensan instalar en Buenos Aires. Hay un proyecto en México DF, que debe tratar unas 13000 tn diarias de basura, que se pondrá en marcha próximamente pero que ha tenido mucha resistencia de ongs y sectores sociales. Esa instalación la realizará la compañía francesa Veolia, que cuenta con plantas en todo el mundo y en Buenos Aires es una de las compañías a cargo de la recolección de residuos.
Hubo otros intentos en Costa Rica; en la isla colombiana de San Andrés y en Venezuela, pero no prosperaron.
Las centrales que se instalarán en el AMBA contarán con un espacio para el Tratamiento Mecánico Biológico de la Basura (MBT, por sus siglas en inglés y consiste en separar los residuos que no hayan sido separados) y el sector de termovalorización. Tienen un costo que oscila entre los 400 y los 800 millones de dólares y el modelo es de inversión privada. La recuperación del capital se concretará con la venta de la electricidad al mercado energético, según aseguran en las dependencias oficiales.
La discusión recién comienza. En el mejor de los escenarios, las autoridades esperan llamar a licitación en el segundo semestre de este año.
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Fecha de Publicación: 18/05/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: CABA - Buenos Aires
El debate por la incineración de los residuos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se trasladó al conurbano. Después de la discusión y reforma de la ley de basura cero en la Ciudad, funcionarios de la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal, el cuerpo directivo del Ceamse e intendentes del PJ y de Cambiemos discuten sobre las posibles ubicaciones de las plantas en las que la combustión de desechos se convertirá en energía eléctrica.
Así lo confirmaron a Infobae fuentes del gobierno provincial, de la empresa estatal a cargo de la gestión de residuos y los propios intendentes. Aunque en un principio la discusión comenzó con desconfianza, los jefes comunales ven ahora una posible solución al problema grave que representan las quemas y los basurales a cielo abierto en sus distritos y a las escasas políticas de recuperación y reciclado que han puesto en marcha.
Los terrenos en análisis para la instalación de las plantas de termovalorización o incineración son ocho. Hay tres en lo que Ceamse denomina Corredor Norte: uno en Exaltación de la Cruz, uno en Campana y otro en Zárate. En el ámbito de acción de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) hay tres en La Matanza; dos en Ezeiza; uno en Lomas de Zamora y uno en Quilmes. Mientras que también se estudian un terreno en la Ciudad de Buenos Aires, en Villa Riachuelo; dos en Tres de Febrero y uno entre San Miguel y San Martín.
Hasta el momento las tres posibilidades más firmes son las que anticipó Infobae: la de la Ciudad, San Miguel y Lomas de Zamora. Pero, las autoridades no descartan sumar más plantas ya que la magnitud de la cantidad de residuos diarios que se generan en el AMBA requiere más acción. Según los cálculos oficiales, cada planta podría tratar unas 3000 toneladas de basura por día, lo que suma 9000 tn, pero quedan otras 7000 u 8000 tn que deberán seguir enterrándose en el relleno sanitario de José León Suárez que tiene una vida útil de 5 años.
Francisco Suárez, antropólogo, especialista en gestión de residuos y docente de la Universidad de General Sarmiento, dijo: "Esto a los intendentes les viene como una solución a un problema que no han encarado. Son muy pocos los municipios del conurbano que han hecho algo y el resultado para los que han hecho no ha sido suficiente. La nueva tecnología puede implicar, y me atrevería a decir que es muy probable, que implique costos muchos mayores a los intendentes por gestionar sus residuos, eso es la antesala del aumento de basurales clandestinos en el conurbano".
De los costos, las posibles ubicaciones y la licencia social con la que contarán las nuevas plantas se discutirá el martes próximo en la reunión que tendrán las autoridades de Ceamse y Alex Campbell, subsecretario de Gobierno y de Asuntos Municipales bonaerenses y Roberto Gigante, ministro de Infraestructura, los dos funcionarios provinciales que llevan adelante las negociaciones con los intendentes.
"Al principio los intendentes tenían desconfianza sobre la posible solución tecnológica, sin embargo, cada vez están más abiertos a la posibilidad de instalar estas plantas, incluso los de la oposición", indicó a Infobae una alta fuente de la gestión bonaerense que pidió la reserva de su nombre.
Para Suárez, el gran problema será la resistencia ciudadana: "Ya ha provocado mucha resistencia la localización de nuevos rellenos sanitarios; por eso los residuos van a Campo de Mayo, porque funciona como un territorio donde no hay resistencia ciudadana", indicó y recordó que el apoyo de los intendentes comenzó luego de que varios viajaran a Europa invitados por Ceamse para ver cómo funciona la tecnología en los países desarrollados.
"Lo que más molesta es la ausencia del debate. Aquí se instaló un modelo de negocio no una política pública. Dentro de la política pública tiene lugar la valorización energética en el marco de ciertas normativas incluidas en la estrategia nacional de residuos sólidos urbanos que prescriben una serie de prioridades como la separación y el compostaje", agregó Suárez, quien sostuvo que en el ámbito académico la termovalorización es una tecnología que se puede evaluar pero no como salida y solución, sino como un elemento luego del reciclaje y compostaje.
En la cooperativa de reciclado Jóvenes en Progreso, de Lomas de Zamora, advirtieron que el proyecto para incinerar la basura afectará "a más de 5000 cartoneros regularizados de la ciudad, a los de la provincia y también a los trabajadores informales".
María, secretaria de la cooperativa, alertó que "la mayoría de las plantas se van a construir en la provincia. En capital una y en Lomas se construiría otra". Además, criticó la comparación con los sistemas de europeos y sostuvo que la incineración en la provincia de Buenos Aires sería distinta, por ejemplo, a la de Alemania: "Tienen otro sistema, recuperan material reciclable (más de un 30 por ciento) y lo que queman es el resto. Acá estamos hablando de quemar todos los residuos, no solamente los húmedos".
Las agrupaciones de recuperadores urbanos reclaman también que se sancione una ley de envases que permita ordenar la actividad. Hace más de 20 años los proyectos para esa normativa naufragan en el Congreso de la Nación.
En América Latina no hay instaladas aún plantas de termovalorización como las que se piensan instalar en Buenos Aires. Hay un proyecto en México DF, que debe tratar unas 13000 tn diarias de basura, que se pondrá en marcha próximamente pero que ha tenido mucha resistencia de ongs y sectores sociales. Esa instalación la realizará la compañía francesa Veolia, que cuenta con plantas en todo el mundo y en Buenos Aires es una de las compañías a cargo de la recolección de residuos.
Hubo otros intentos en Costa Rica; en la isla colombiana de San Andrés y en Venezuela, pero no prosperaron.
Las centrales que se instalarán en el AMBA contarán con un espacio para el Tratamiento Mecánico Biológico de la Basura (MBT, por sus siglas en inglés y consiste en separar los residuos que no hayan sido separados) y el sector de termovalorización. Tienen un costo que oscila entre los 400 y los 800 millones de dólares y el modelo es de inversión privada. La recuperación del capital se concretará con la venta de la electricidad al mercado energético, según aseguran en las dependencias oficiales.
La discusión recién comienza. En el mejor de los escenarios, las autoridades esperan llamar a licitación en el segundo semestre de este año.
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Programa de conservación del Yacaré en Santa Fe
Proyecto Yacaré: referente mundial en conservación de la especie
Fecha de Publicación: 18/05/2018
Fuente: Diario El Comercial
Provincia/Región: Santa Fe
La Granja “La Esmeralda”, radicada en la provincia de Santa Fe es centro de rescate de animales silvestres autóctonos y ámbito de numerosos programas de conservación ex situ. El Centro pertenece al Ministerio de Medio Ambiente
Allí se lleva adelante el Programa de Conservación del Yacaré iniciado en 1990. El Proyecto Yacaré es un referente a nivel mundial debido a que es uno de los pocos programas que existen sobre las diferentes especies de crocodrilianos que ha logrado resultados concretos
Este centro pertenece al Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio de Producción de la provincia de Santa Fe; a través de un convenio, ceden las instalaciones al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Allí investigadores y becarios del Consejo participan del Proyecto Yacaré, un programa de desarrollo sustentable iniciado en 1990 por el veterinario Alejandro Larriera.
Por el accionar de este programa, se ha logrado aumentos significativos en las poblaciones silvestres de yacarés, lo cual se puede observar en la cantidad de nidos cosechados en los ambientes naturales: las cosechas de huevos durante los primeros años no superaban la decena de nidos y actualmente se cosechan más de 500 por año.
En consecuencia, actualmente existen en incubación unos 15 mil huevos y un plantel en crianza de aproximadamente 18 mil animales por año.
El Proyecto Yacaré logró revertir el peligro de extinción de la especie, por lo que el programa utiliza la técnica de “rancheo” que es un método que busca desarrollar y promover el equilibrio entre el aprovechamiento de las especies y su conservación a largo plazo.
Desde el CONICET señalan que “parte fundamental del éxito del programa, son los pobladores locales que se dedican a la identificación de los nidos y a la recolección de huevos.
Este sistema permite valorar los ecosistemas naturales, contribuyendo a la generación de empleo y concientización de los pobladores en pos de proteger la especie y desalentar la caza furtiva”, explicó Pablo Siroski, doctor en Ciencias Veterinarias e investigador adjunto del CONICET, quien se desempeña en el Proyecto Yacaré hace más de 25 años.
Después de colectar los huevos, los colocan en bateas especiales con vermiculita y material del nido. “Los ubicamos en incubadoras artificiales que tienen la temperatura y la humedad necesarias para su desarrollo embrionario, hacemos un seguimiento durante los meses que dura su incubación y cuando están listos para nacer, los asistimos.
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Fecha de Publicación: 18/05/2018
Fuente: Diario El Comercial
Provincia/Región: Santa Fe
La Granja “La Esmeralda”, radicada en la provincia de Santa Fe es centro de rescate de animales silvestres autóctonos y ámbito de numerosos programas de conservación ex situ. El Centro pertenece al Ministerio de Medio Ambiente
Allí se lleva adelante el Programa de Conservación del Yacaré iniciado en 1990. El Proyecto Yacaré es un referente a nivel mundial debido a que es uno de los pocos programas que existen sobre las diferentes especies de crocodrilianos que ha logrado resultados concretos
Este centro pertenece al Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio de Producción de la provincia de Santa Fe; a través de un convenio, ceden las instalaciones al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Allí investigadores y becarios del Consejo participan del Proyecto Yacaré, un programa de desarrollo sustentable iniciado en 1990 por el veterinario Alejandro Larriera.
Por el accionar de este programa, se ha logrado aumentos significativos en las poblaciones silvestres de yacarés, lo cual se puede observar en la cantidad de nidos cosechados en los ambientes naturales: las cosechas de huevos durante los primeros años no superaban la decena de nidos y actualmente se cosechan más de 500 por año.
En consecuencia, actualmente existen en incubación unos 15 mil huevos y un plantel en crianza de aproximadamente 18 mil animales por año.
El Proyecto Yacaré logró revertir el peligro de extinción de la especie, por lo que el programa utiliza la técnica de “rancheo” que es un método que busca desarrollar y promover el equilibrio entre el aprovechamiento de las especies y su conservación a largo plazo.
Desde el CONICET señalan que “parte fundamental del éxito del programa, son los pobladores locales que se dedican a la identificación de los nidos y a la recolección de huevos.
Este sistema permite valorar los ecosistemas naturales, contribuyendo a la generación de empleo y concientización de los pobladores en pos de proteger la especie y desalentar la caza furtiva”, explicó Pablo Siroski, doctor en Ciencias Veterinarias e investigador adjunto del CONICET, quien se desempeña en el Proyecto Yacaré hace más de 25 años.
Después de colectar los huevos, los colocan en bateas especiales con vermiculita y material del nido. “Los ubicamos en incubadoras artificiales que tienen la temperatura y la humedad necesarias para su desarrollo embrionario, hacemos un seguimiento durante los meses que dura su incubación y cuando están listos para nacer, los asistimos.
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Respuesta a Barañao por sus lamentables dichos
El ecologismo y sus prejuicios
Fecha de Publicación: 18/05/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Si miles de especies están en peligro de extinción, ¿por qué se las ningunea? Es urgente aplicar modificaciones en actividades económicas como la pesca y la agricultura.
Cómo se puede afirmar que “los ecologistas son a los ecólogos como los borrachos a los enólogos” (ver aquí) cuando el movimiento ecologista es una bolsa de gatos en la que cada cual anda con su historia, su universo de lenguajes, valores, herramientas, motivaciones?
¡Puros prejuicios! El ecologismo no aguanta el promedio. Algunos ecologistas se ocupan de la contaminación y el cambio climático, otros de que una minusculosisíma porción de las tierras y los mares no se exploten. Luego vienen los conservacionistas que intentan detener la topadora que entierra especies como nivelando caminos, y a no olvidarse de los políticamente correctos desarrollosustentabilistas, cuyo fin es no ofender a nadie.
A pesar de la dispersión de valores, se embolsa al ecologismo como un “movimiento” y se lo acusa de irracional; se dice de él que es opositor al crecimiento. Es por su culpa que en las naciones menos desarrolladas no hay esplendor. Se le endilga existir para impedir, ser ignorante y pasional, incapaz de sostener razones objetivas, inmune al análisis costo-beneficio.
Tiene alguna gracia la frase del borracho, aunque es poco feliz; reverbera el estilo de un economista, hoy desacreditado, que vislumbró para los científicos un futuro de lavaplatos. Un comentario peyorativo cosecha antipatías; mi objetivo es refutarlo.
Esto sostiene el “ecologismo”: de las 91.523 especies hoy categorizadas en la Lista Roja de la UICN, unas 25.000 están amenazadas de extinción. De éstas, siete de cada diez lo están por sobre-explotación (ejemplo: sobrepesca) o destrucción de ambientes (ejemplo: agricultura, minería, pesca); léase: unas 18.000 especies están amenazadas por acciones del desarrollo. La contaminación amenaza una de cada diez especies en peligro. De éstas, en la Argentina hay unas cuantas. Entre ellas el yaguareté del billete de $500.
A la Lista Roja aportan unos 8.000 expertos internacionales con credenciales indiscutibles. El Banco Mundial y las Naciones Unidas usan los datos de la UICN. En los mismos datos se sustenta el reclamo ecologista. ¿Por qué entonces se lo ningunea?
Los análisis costo-beneficio tienen esta forma: para que las especies dejen de estar amenazadas hay que comprometer actividades económicas: menos pesca, menos expansión de la agricultura, de la minería, del uso del agua, entre otros. La economía no se sostiene sin estas actividades. ¿Cómo hacemos?
La respuesta racional no es: sigamos adelante, es: controlemos el crecimiento y el consumo de la población humana y distribuyamos mejor la riqueza. Los ecologistas piden eso. ¿Por qué se los menosprecia?
El mar es el ambiente planetario imperante. El 2% de la superficie del océano se encuentra fuera del alcance de la pesca; ergo el 98% de la superficie del mar se expone a que se le arroje una red y quede el cementerio. No es una exageración, la amenaza de la pesca a escala industrial es regla que los datos sostienen.
Cantidad de operaciones pesqueras reciben subsidios del Estado, emplean trabajo esclavo y desechan varias veces lo que llevan a puerto. Hay datos para sustentarlo.
La ciencia ha mostrado que proteger el mar requiere quitar a la pesca de lugares sensibles en los que actúa como elefante en un bazar. Es un objetivo loable, acordado por los Gobiernos. Y hete aquí que para crear un área protegida sin pesca se necesita detrás una voluntad política de hierro. La pelea es por incrementar al 10% el mar protegido. Sólo implica que los que se sienten propietarios de los océanos atemperen su voracidad. Cuesta, y mucho. ¿No es razonable preguntarse de qué lado anda el fundamentalismo?
El Papa Francisco, en la Encíclica Laudato Si, se acerca a los “ecologistas”. Muchas organizaciones no gubernamentales comprenden bien el estado de la naturaleza. Los indicadores ambientales no mienten: los mares se vacían, las tierras se desertifican, el agua se acaba.
Se consume desaforadamente, se tienen los hijos que no se pueden educar, y la equidad es el chiste del milenio. Si esta columna fuera un artículo científico, cada afirmación precedente tendría sustento en abundantes citas de la bibliografía especializada. ¿Por qué resistirse a lo que no habla bien de muchas modalidades del desarrollo? ¿Acaso la economía mundial marcha sobre rieles de irrefutable sentido común?
Entre los ambientalistas hay irracionales. Es obvio que no se resuelven los conflictos que ponen en peligro a 5.600 especies críticamente amenazadas interponiéndose a un arpón arrojado a una ballena, pero esas insensateces son el eco de las que sustentan la “caza científica de cetáceos”.
Y mientras la carga de fundamentalismo cae sobre los ambientalistas, un artículo en The Guardian (julio 2017), señala que son asesinados a razón de cuatro por semana. Son líderes de comunidades aborígenes, guardaparques, activistas.
El ecologismo es un rejunte de fuerzas que, en mi opinión, tiene amplio apoyo en la sociedad silenciosa. Y ya que se le carga gratuitamente con el mote de alborotador, valga el comentario: es imperioso que el silencio se quiebre.
Por Claudio Campagna - Médico y Doctor en Biología
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Fecha de Publicación: 18/05/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Si miles de especies están en peligro de extinción, ¿por qué se las ningunea? Es urgente aplicar modificaciones en actividades económicas como la pesca y la agricultura.
Cómo se puede afirmar que “los ecologistas son a los ecólogos como los borrachos a los enólogos” (ver aquí) cuando el movimiento ecologista es una bolsa de gatos en la que cada cual anda con su historia, su universo de lenguajes, valores, herramientas, motivaciones?
¡Puros prejuicios! El ecologismo no aguanta el promedio. Algunos ecologistas se ocupan de la contaminación y el cambio climático, otros de que una minusculosisíma porción de las tierras y los mares no se exploten. Luego vienen los conservacionistas que intentan detener la topadora que entierra especies como nivelando caminos, y a no olvidarse de los políticamente correctos desarrollosustentabilistas, cuyo fin es no ofender a nadie.
A pesar de la dispersión de valores, se embolsa al ecologismo como un “movimiento” y se lo acusa de irracional; se dice de él que es opositor al crecimiento. Es por su culpa que en las naciones menos desarrolladas no hay esplendor. Se le endilga existir para impedir, ser ignorante y pasional, incapaz de sostener razones objetivas, inmune al análisis costo-beneficio.
Tiene alguna gracia la frase del borracho, aunque es poco feliz; reverbera el estilo de un economista, hoy desacreditado, que vislumbró para los científicos un futuro de lavaplatos. Un comentario peyorativo cosecha antipatías; mi objetivo es refutarlo.
Esto sostiene el “ecologismo”: de las 91.523 especies hoy categorizadas en la Lista Roja de la UICN, unas 25.000 están amenazadas de extinción. De éstas, siete de cada diez lo están por sobre-explotación (ejemplo: sobrepesca) o destrucción de ambientes (ejemplo: agricultura, minería, pesca); léase: unas 18.000 especies están amenazadas por acciones del desarrollo. La contaminación amenaza una de cada diez especies en peligro. De éstas, en la Argentina hay unas cuantas. Entre ellas el yaguareté del billete de $500.
A la Lista Roja aportan unos 8.000 expertos internacionales con credenciales indiscutibles. El Banco Mundial y las Naciones Unidas usan los datos de la UICN. En los mismos datos se sustenta el reclamo ecologista. ¿Por qué entonces se lo ningunea?
Los análisis costo-beneficio tienen esta forma: para que las especies dejen de estar amenazadas hay que comprometer actividades económicas: menos pesca, menos expansión de la agricultura, de la minería, del uso del agua, entre otros. La economía no se sostiene sin estas actividades. ¿Cómo hacemos?
La respuesta racional no es: sigamos adelante, es: controlemos el crecimiento y el consumo de la población humana y distribuyamos mejor la riqueza. Los ecologistas piden eso. ¿Por qué se los menosprecia?
El mar es el ambiente planetario imperante. El 2% de la superficie del océano se encuentra fuera del alcance de la pesca; ergo el 98% de la superficie del mar se expone a que se le arroje una red y quede el cementerio. No es una exageración, la amenaza de la pesca a escala industrial es regla que los datos sostienen.
Cantidad de operaciones pesqueras reciben subsidios del Estado, emplean trabajo esclavo y desechan varias veces lo que llevan a puerto. Hay datos para sustentarlo.
La ciencia ha mostrado que proteger el mar requiere quitar a la pesca de lugares sensibles en los que actúa como elefante en un bazar. Es un objetivo loable, acordado por los Gobiernos. Y hete aquí que para crear un área protegida sin pesca se necesita detrás una voluntad política de hierro. La pelea es por incrementar al 10% el mar protegido. Sólo implica que los que se sienten propietarios de los océanos atemperen su voracidad. Cuesta, y mucho. ¿No es razonable preguntarse de qué lado anda el fundamentalismo?
El Papa Francisco, en la Encíclica Laudato Si, se acerca a los “ecologistas”. Muchas organizaciones no gubernamentales comprenden bien el estado de la naturaleza. Los indicadores ambientales no mienten: los mares se vacían, las tierras se desertifican, el agua se acaba.
Se consume desaforadamente, se tienen los hijos que no se pueden educar, y la equidad es el chiste del milenio. Si esta columna fuera un artículo científico, cada afirmación precedente tendría sustento en abundantes citas de la bibliografía especializada. ¿Por qué resistirse a lo que no habla bien de muchas modalidades del desarrollo? ¿Acaso la economía mundial marcha sobre rieles de irrefutable sentido común?
Entre los ambientalistas hay irracionales. Es obvio que no se resuelven los conflictos que ponen en peligro a 5.600 especies críticamente amenazadas interponiéndose a un arpón arrojado a una ballena, pero esas insensateces son el eco de las que sustentan la “caza científica de cetáceos”.
Y mientras la carga de fundamentalismo cae sobre los ambientalistas, un artículo en The Guardian (julio 2017), señala que son asesinados a razón de cuatro por semana. Son líderes de comunidades aborígenes, guardaparques, activistas.
El ecologismo es un rejunte de fuerzas que, en mi opinión, tiene amplio apoyo en la sociedad silenciosa. Y ya que se le carga gratuitamente con el mote de alborotador, valga el comentario: es imperioso que el silencio se quiebre.
Por Claudio Campagna - Médico y Doctor en Biología
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Un inventario de glaciares a medida de las mineras
A veces el tamaño sí importa
Fecha de Publicación: 17/05/2018
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Greenpeace Argentina y la Asamblea Jáchal No Se Toca criticaron el Inventario presentado por el Instituto Nacional de Niveología, Glaciología y Ciencias Ambientales.
Con bombos y platillos el Gobierno nacional presentó el Inventario de glaciares que realizó el Instituto Nacional de Niveología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), que identificó 16.986 masas de hielo en todo el territorio y ubica a la Argentina como el segundo país del continente sudamericano (después de Chile) en términos de extensión de sus glaciares, y entre los 15 mayores a nivel mundial. Sin embargo, según denunciaron las organizaciones ambientalistas, el relevamiento, cuyo objetivo es preservar los recursos hídricos nacionales, no sólo “llegó con años de demora”, sino que “está incompleto”, ya que no incluyó a los glaciares menores a un kilómetro cuadrado de superficie, como los que se encuentran en las zonas de las minas Veladero y Pascua Lama (en San Juan) y por lo que el juez federal Sebastián Casanello procesó a varios funcionarios, entre ellos, a Ricardo Villalba, el ex titular del Ianigla.
Durante la presentación en Casa Rosada, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, respaldó el procedimiento utilizado por el Ianigla para hacer el Inventario ordenado por la Ley 26639 (Régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial), sancionada en 2010. “Hemos ratificado el criterio técnico del Ianigla, que es el que sostiene el inventario, pero como eso está observado por la Justicia queremos ratificar que es un estándar internacional”, sostuvo Bergman, y en sintonía con lo que pide el lobby minero y algunos gobernadores advirtió que buscaran modificar la ley de glaciares: “Vamos a ir a los legisladores para que se establezca esa superficie mínima, para que sea preciso”.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo que “necesitábamos saber cuántos glaciares hay para tener una política de protección” y explicó que el Inventario permitirá “definir zonas de desarrollo y zonas de protección”. Y consideró que “muchas veces se ha contrapuesto el desarrollo y el cuidado del ambiente, el desafío es achicar la brecha y encontrarnos en la verdad”.
En tanto las organizaciones Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Greenpeace Argentina y los abogados de la Asamblea Jáchal No se Toca apuntaron contra la exclusión de las masas de hielo, de acuerdo con el artículo 2 de la ley, que establece que “toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente” debe ser relevada, y reclamaron el inmediato cumplimiento de la norma.
El abogado de los asambleístas de Jáchal, Diego Seguí, dijo que “lo de Bergman es una confesión de parte, y por eso quieren flexibilizar la ley”. Y recordó que “Casanello procesó el año pasado a los ex funcionarios Omar Judis,Juan José Mussi, Sergio Lorusso y a Villalba –en una causa que se desprendió de la investigación del derrame de la Barrick Gold en Veladero en 2015– por excluir los glaciares de menos de un kilómetro cuadrado al aplicar la ley, impidiendo que pudieran ser protegidos. Es decir, el juez sostuvo que el inventario no es legal”, afirmó el letrado.
El representante del Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, dijo a PáginaI12 que “el Inventario está correcto pero incompleto. La ley es clara y afirma que todos los glaciares, cualquiera sea su forma o dimensión y estado de conservación, son objeto de protección. Aun así, con el relevamiento incompleto, el Inventario habla de glaciares y periglaciares en zonas con emprendimientos mineros, por eso exigimos la aplicación inmediata del artículo 6 de la ley, que prohíbe dicha actividad en esas zonas”.
Para la directora de Política Ambiental de FARN, Pía Marchegiani, “es positivo que estén publicados los avances del Inventario”, pero apuntó que “hay que completarlo para que se ajuste a la ley, ya que la interpretación del Ianigla es restrictiva. Y mientras se complementa, hay que hacer cumplir la ley. El Inventario es la herramienta principal pero no la única, hay proyectos en conflicto y hay que tomar decisiones. El camino es la auditoría, para ver si tienen que cesar o ser trasladados”, señaló, y advirtió que “los funcionarios tiene que dejar de ofrecer a las mineras zonas donde hay glaciares identificados, ignorando la ley, como si fueran tierra libre”.
Por su parte, el coordinador de la campaña de glaciares de Greenpeace, Gonzalo Strano, dijo que “ninguna de las organizaciones ambientalistas fuimos a la presentación para no validar esto. Si bien no está mal, le falta una parte”, y avisó que “no vamos a permitir que se cambie ni una sola coma de la ley, que es clara y muy buena. Lo que molesta mucho es que la minería está prohibida en estas zona. Hace dos años se filtró un documento que hablaba de 44 proyectos mineros, con distintos grados de avance, sobre zonas protegidas que estaban inventariadas hasta 2016, y este número crecería si se contempla lo que dejo afuera el Inventario. Tienen que cumplir con la ley porque estamos protegiendo un recurso tan vital como el agua”.
Más Información:
- Clarín. Completan el inventario nacional de glaciares: hay 16.968 y se reaviva el debate por la minería. Lo hicieron el CONICET y el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación. Hay 16.988 formaciones de hielo. El primer Inventario Nacional de Glaciares fue presentado oficialmente este martes. Se trata de un demorado trabajo que responde a lo dispuesto por la ley de Glaciares que fue sancionada en 2010
Fecha de Publicación: 17/05/2018
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Greenpeace Argentina y la Asamblea Jáchal No Se Toca criticaron el Inventario presentado por el Instituto Nacional de Niveología, Glaciología y Ciencias Ambientales.
Con bombos y platillos el Gobierno nacional presentó el Inventario de glaciares que realizó el Instituto Nacional de Niveología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), que identificó 16.986 masas de hielo en todo el territorio y ubica a la Argentina como el segundo país del continente sudamericano (después de Chile) en términos de extensión de sus glaciares, y entre los 15 mayores a nivel mundial. Sin embargo, según denunciaron las organizaciones ambientalistas, el relevamiento, cuyo objetivo es preservar los recursos hídricos nacionales, no sólo “llegó con años de demora”, sino que “está incompleto”, ya que no incluyó a los glaciares menores a un kilómetro cuadrado de superficie, como los que se encuentran en las zonas de las minas Veladero y Pascua Lama (en San Juan) y por lo que el juez federal Sebastián Casanello procesó a varios funcionarios, entre ellos, a Ricardo Villalba, el ex titular del Ianigla.
Durante la presentación en Casa Rosada, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, respaldó el procedimiento utilizado por el Ianigla para hacer el Inventario ordenado por la Ley 26639 (Régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial), sancionada en 2010. “Hemos ratificado el criterio técnico del Ianigla, que es el que sostiene el inventario, pero como eso está observado por la Justicia queremos ratificar que es un estándar internacional”, sostuvo Bergman, y en sintonía con lo que pide el lobby minero y algunos gobernadores advirtió que buscaran modificar la ley de glaciares: “Vamos a ir a los legisladores para que se establezca esa superficie mínima, para que sea preciso”.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo que “necesitábamos saber cuántos glaciares hay para tener una política de protección” y explicó que el Inventario permitirá “definir zonas de desarrollo y zonas de protección”. Y consideró que “muchas veces se ha contrapuesto el desarrollo y el cuidado del ambiente, el desafío es achicar la brecha y encontrarnos en la verdad”.
En tanto las organizaciones Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Greenpeace Argentina y los abogados de la Asamblea Jáchal No se Toca apuntaron contra la exclusión de las masas de hielo, de acuerdo con el artículo 2 de la ley, que establece que “toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente” debe ser relevada, y reclamaron el inmediato cumplimiento de la norma.
El abogado de los asambleístas de Jáchal, Diego Seguí, dijo que “lo de Bergman es una confesión de parte, y por eso quieren flexibilizar la ley”. Y recordó que “Casanello procesó el año pasado a los ex funcionarios Omar Judis,Juan José Mussi, Sergio Lorusso y a Villalba –en una causa que se desprendió de la investigación del derrame de la Barrick Gold en Veladero en 2015– por excluir los glaciares de menos de un kilómetro cuadrado al aplicar la ley, impidiendo que pudieran ser protegidos. Es decir, el juez sostuvo que el inventario no es legal”, afirmó el letrado.
El representante del Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, dijo a PáginaI12 que “el Inventario está correcto pero incompleto. La ley es clara y afirma que todos los glaciares, cualquiera sea su forma o dimensión y estado de conservación, son objeto de protección. Aun así, con el relevamiento incompleto, el Inventario habla de glaciares y periglaciares en zonas con emprendimientos mineros, por eso exigimos la aplicación inmediata del artículo 6 de la ley, que prohíbe dicha actividad en esas zonas”.
Para la directora de Política Ambiental de FARN, Pía Marchegiani, “es positivo que estén publicados los avances del Inventario”, pero apuntó que “hay que completarlo para que se ajuste a la ley, ya que la interpretación del Ianigla es restrictiva. Y mientras se complementa, hay que hacer cumplir la ley. El Inventario es la herramienta principal pero no la única, hay proyectos en conflicto y hay que tomar decisiones. El camino es la auditoría, para ver si tienen que cesar o ser trasladados”, señaló, y advirtió que “los funcionarios tiene que dejar de ofrecer a las mineras zonas donde hay glaciares identificados, ignorando la ley, como si fueran tierra libre”.
Por su parte, el coordinador de la campaña de glaciares de Greenpeace, Gonzalo Strano, dijo que “ninguna de las organizaciones ambientalistas fuimos a la presentación para no validar esto. Si bien no está mal, le falta una parte”, y avisó que “no vamos a permitir que se cambie ni una sola coma de la ley, que es clara y muy buena. Lo que molesta mucho es que la minería está prohibida en estas zona. Hace dos años se filtró un documento que hablaba de 44 proyectos mineros, con distintos grados de avance, sobre zonas protegidas que estaban inventariadas hasta 2016, y este número crecería si se contempla lo que dejo afuera el Inventario. Tienen que cumplir con la ley porque estamos protegiendo un recurso tan vital como el agua”.
Más Información:
- Clarín. Completan el inventario nacional de glaciares: hay 16.968 y se reaviva el debate por la minería. Lo hicieron el CONICET y el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación. Hay 16.988 formaciones de hielo. El primer Inventario Nacional de Glaciares fue presentado oficialmente este martes. Se trata de un demorado trabajo que responde a lo dispuesto por la ley de Glaciares que fue sancionada en 2010
- Los Andes. Glaciares: el Gobierno nacional defiende la cuestionada medición del Ianigla. En la presentación del inventario, el ministro Bergman respaldó al organismo y al mendocino Ricardo Villalba, procesado por la Justicia.
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Río Negro: increíble, motocros en un área protegida
Motos, la gran amenaza para deportistas y el área protegida del Valle de la Luna
Fecha de Publicación: 17/05/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Las motos son la gran amenaza para el suelo protegido del Valle de la Luna Amarillo y alrededores. Sin patente y a campo traviesa, conductores con casco subiendo y bajando por las curvaturas del terreno, entre la flora, espantando la fauna y muy cerca de los caminantes conforman la postal que se repite cada sábado y domingo en el sector ubicado dentro del ejido de Roca.
Sólo hay un circuito habilitado para andar en moto al sur del río Negro, que se encuentra justo en frente al Club Náutico. Por fuera de sus límites está prohibida su circulación.
“Son nuestra preocupación no sólo por el impacto que producen al suelo sino por el peligro que representan para quienes se acercan al área”, enfatizó la titular de la Dirección de Medio Ambiente del municipio, Laura Juárez.
“No paran, no se los puede identificar. No se sacan el casco, son agresivos. Esos son los problemas que tienen los guardias ambientales”, enfatizó la funcionaria.
Juárez remarcó que tiempo atrás se logró erradicar la circulación indebida en el Valle de la Luna Rojo, en donde las huellas de las motos eran visibles al recorrerlo. En ese sentido, remarcó que uno de los aspectos que complica al Valle Amarillo es que si bien no se puede llegar en auto, cuenta con múltiples accesos. Se puede ingresar costeando el río y también por cañadones al interior de la barda. “Son motos que traen en carros y que las bajan directamente acá, por eso no tienen patente. Sabemos que también vienen de Neuquén y Cipolletti”, agregó.
“Hemos hecho actuaciones que están en el Juzgado de Faltas, pero son las menos, porque por lo general no se los puede identificar”, explicó.
El mal que produce el paso de las motos no sólo impacta en el terreno arcilloso. “El ruido de los motores contamina, los olores, rotura de nidos, afectan plantas, han atropellado animales”, agregaron miembros del Club de Observadores de Aves Roca Ñacurutú.
“Paisaje protegido”
El ambiente del Valle de la Luna cuenta con un suelo embrionario, casi desprovisto de vegetación, que el viento y las lluvias escasas modelan a voluntad hace millones de años.
Para el cuidado y conservación de su belleza natural de éste y un amplio sector ubicado al sur del río Negro, es que se sancionó en 1997 la ordenanza municipal Nº 2583, que denominó al sector como Área Natural Protegida Paso Córdoba.
El área recibió la categoría de “paisaje protegido” y la norma estableció que en dicho espacio se iba a promover un “ordenamiento específico” que iba a estar centrado “en mantener la calidad del paisaje y la interacción armónica entre la naturaleza y las actividades del hombre”.
Para la conservación que rige desde el 2001 un Plan de Manejo que está regulado en la ordenanza Nº 3454 y que hoy se encuentra bajo la lupa. El mismo establece zonificaciones para los usos del terreno pero desde fines del año pasado permanece bajo revisión.
Por ello es que, por ejemplo, hace una década atrás, se realizó una exploración petrolera por el Valle de la Luna Amarillo pero la maquinaria pesada quedó afuera de la búsqueda. Para que el suelo arcilloso no sufra el impacto del paso, se realizó a bordo de mulas.
Analizan la eliminación del único circuito habilitado
Profesores de la Universidad Nacional del Comahue, paleontólogos de la Universidad Nacional de Río Negro, miembros del Club de Observadores de Aves Roca Ñacurutú, la comunidad mapuche Lof Leufuche, guardafaunas de la provincia de Río Negro más representantes de las áreas de Medio Ambiente, Turismo y Comisión de Asuntos Históricos del municipio, integran la mesa que revisa el Plan de Manejo en vigencia dentro del Área Natural Protegida Paso Córdoba.
Si bien hasta el momento no se han alcanzados definiciones, uno de los temas más importantes que analiza la mesa es la posibilidad de avanzar en la prohibición total de la circulación de motos por el Área Protegida.
En ese sentido, se remarcó que a los referentes de cada una de las organizaciones e instituciones les preocupa la circulación ilegal de las motos y su impacto en el área.
Una de las ideas que surgió hasta el momento es la creación de un registro de motociclistas, para que cuenten con un carnet especial para la circulación por la zona.
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Fecha de Publicación: 17/05/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Las motos son la gran amenaza para el suelo protegido del Valle de la Luna Amarillo y alrededores. Sin patente y a campo traviesa, conductores con casco subiendo y bajando por las curvaturas del terreno, entre la flora, espantando la fauna y muy cerca de los caminantes conforman la postal que se repite cada sábado y domingo en el sector ubicado dentro del ejido de Roca.
Sólo hay un circuito habilitado para andar en moto al sur del río Negro, que se encuentra justo en frente al Club Náutico. Por fuera de sus límites está prohibida su circulación.
“Son nuestra preocupación no sólo por el impacto que producen al suelo sino por el peligro que representan para quienes se acercan al área”, enfatizó la titular de la Dirección de Medio Ambiente del municipio, Laura Juárez.
“No paran, no se los puede identificar. No se sacan el casco, son agresivos. Esos son los problemas que tienen los guardias ambientales”, enfatizó la funcionaria.
Juárez remarcó que tiempo atrás se logró erradicar la circulación indebida en el Valle de la Luna Rojo, en donde las huellas de las motos eran visibles al recorrerlo. En ese sentido, remarcó que uno de los aspectos que complica al Valle Amarillo es que si bien no se puede llegar en auto, cuenta con múltiples accesos. Se puede ingresar costeando el río y también por cañadones al interior de la barda. “Son motos que traen en carros y que las bajan directamente acá, por eso no tienen patente. Sabemos que también vienen de Neuquén y Cipolletti”, agregó.
“Hemos hecho actuaciones que están en el Juzgado de Faltas, pero son las menos, porque por lo general no se los puede identificar”, explicó.
El mal que produce el paso de las motos no sólo impacta en el terreno arcilloso. “El ruido de los motores contamina, los olores, rotura de nidos, afectan plantas, han atropellado animales”, agregaron miembros del Club de Observadores de Aves Roca Ñacurutú.
“Paisaje protegido”
El ambiente del Valle de la Luna cuenta con un suelo embrionario, casi desprovisto de vegetación, que el viento y las lluvias escasas modelan a voluntad hace millones de años.
Para el cuidado y conservación de su belleza natural de éste y un amplio sector ubicado al sur del río Negro, es que se sancionó en 1997 la ordenanza municipal Nº 2583, que denominó al sector como Área Natural Protegida Paso Córdoba.
El área recibió la categoría de “paisaje protegido” y la norma estableció que en dicho espacio se iba a promover un “ordenamiento específico” que iba a estar centrado “en mantener la calidad del paisaje y la interacción armónica entre la naturaleza y las actividades del hombre”.
Para la conservación que rige desde el 2001 un Plan de Manejo que está regulado en la ordenanza Nº 3454 y que hoy se encuentra bajo la lupa. El mismo establece zonificaciones para los usos del terreno pero desde fines del año pasado permanece bajo revisión.
Por ello es que, por ejemplo, hace una década atrás, se realizó una exploración petrolera por el Valle de la Luna Amarillo pero la maquinaria pesada quedó afuera de la búsqueda. Para que el suelo arcilloso no sufra el impacto del paso, se realizó a bordo de mulas.
Analizan la eliminación del único circuito habilitado
Profesores de la Universidad Nacional del Comahue, paleontólogos de la Universidad Nacional de Río Negro, miembros del Club de Observadores de Aves Roca Ñacurutú, la comunidad mapuche Lof Leufuche, guardafaunas de la provincia de Río Negro más representantes de las áreas de Medio Ambiente, Turismo y Comisión de Asuntos Históricos del municipio, integran la mesa que revisa el Plan de Manejo en vigencia dentro del Área Natural Protegida Paso Córdoba.
Si bien hasta el momento no se han alcanzados definiciones, uno de los temas más importantes que analiza la mesa es la posibilidad de avanzar en la prohibición total de la circulación de motos por el Área Protegida.
En ese sentido, se remarcó que a los referentes de cada una de las organizaciones e instituciones les preocupa la circulación ilegal de las motos y su impacto en el área.
Una de las ideas que surgió hasta el momento es la creación de un registro de motociclistas, para que cuenten con un carnet especial para la circulación por la zona.
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Expectativas sobre la definición sobre el Atuel
“Mendoza oculta el daño ambiental”
Fecha de Publicación: 17/05/2018
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
El vicegobernador Mariano Fernández y la ministra de Desarrollo Social, Fernanda Alonso, manifestaron expectativas sobre una definición favorable a La Pampa en el marco del conflicto con Mendoza por el río Atuel, tras la audiencia de conciliación que se realizó en la Corte Suprema de Justicia, sin acuerdo entre ambas provincias por el caudal hídrico apto del cauce interprovincial.
“En la audiencia, Mendoza siguió su misma postura, agregando un plan de obras a 12 años, algo que se puede interpretar como una chicana jurídica, porque hacía una semana que se había reunido la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior y no lo presentaron”, afirmó el vicegobernador, al cuestionar la postura de las autoridades de la vecina provincia.
Agregó que los funcionarios mendocinos “en ningún momento hablaron de daño ambiental” porque “es parte de su estrategia ya que toda la jurisprudencia internacional en materia hídrica contempla fuertemente esa cuestión”. Siguiendo en esa línea, Fernández destacó que el perjuicio ambiental es “algo que oculta” Mendoza.
Por otro lado, manifestó que la provincia cuyana insistió con su propuesta, consistente en la entrega de un caudal de 1,3 metros cúbicos por segundo, mientras que La Pampa, a partir de un estudio de la UNLPam, reclamó un caudal mínimo de 4,5 metros cúbicos por segundo para recomponer el ambiente, perjudicado desde hace años por el corte del río interprovincial.
Sobre la actitud del secretario de Recursos Hídricos de Nación, Pablo Bereciartúa, el vicegobernador pampeano dijo que “solamente se refirió a la cuestión de las obras” y cuando el ministro de la Corte, Héctor Rosatti, le preguntó qué caudal se necesita para tener un ambiente sustentable y que la gente pueda utilizar el agua, “no respondió nada, dijo que las provincias deben ponerse de acuerdo, pero Nación no puede omitir esa pregunta”.
El presidente de la Legislatura pampeana afirmó: “Que un secretario de Recursos Hídricos no haya dicho mínimamente ni siquiera cuáles son los caudales necesarios para vivir en un medioambiente saludable, sano y productivo, eso me hizo pensar que estaba claramente del lado de Mendoza, aunque es una opinión personal”, en el litigio judicial con La Pampa, que demanda por segunda vez a la vecina provincia en 2014.
Por otro lado, manifestó que la Fiscalía de Estado junto a los profesionales de la Secretaría de Recursos Hídricos y de la Universidad Nacional de La Pampa deben analizar el plan de obras presentado por Mendoza y destacó: “Noté en la audiencia, a la Corte y principalmente al presidente (Ricardo Lorenzetti) con una actitud clara de definir la cuestión de fondo” sobre el caudal hídrico apto.
Mendoza, “desprolija”.
La ministra Alonso advirtió, por su parte, una “notable desprolijidad” de Mendoza “de no respetar el ámbito de la Corte Suprema que nos convocó para conciliar” en el conflicto por el Atuel, y explicó que la Corte “también aprovechó a plantearle a Nación lo que le hubiera gustado preguntarle en la primera audiencia”, cuando Bereciartúa dejó la sala, sin explicaciones concretas y sin responder al máximo tribunal.
“La propuesta de La Pampa fue definida ante la Corte con 4,5 metros cúbicos por segundo (como mínimo) y Mendoza fue siempre con 1,33 para llegar hasta 2,07 -con el plan de obras-, ni siquiera el 50 por ciento de lo que pide nuestra provincia”, dijo Alonso.
La funcionaria señaló que la expectativa es una resolución “favorable” de la Corte para La Pampa. “Esa es la sensación que nos trajimos pero también es cierto que nuevamente Mendoza mostró mala fe al llevar un plan de obras que no conocíamos, cuando hace una semana” en la CIAI “discutimos la agenda de temas y ese plan de obras no se incorporó. Si tenían pensada la presentación como alternativa para solucionar el tema del caudal, podíamos haberlo tratado y no fue así”.
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Fecha de Publicación: 17/05/2018
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
El vicegobernador Mariano Fernández y la ministra de Desarrollo Social, Fernanda Alonso, manifestaron expectativas sobre una definición favorable a La Pampa en el marco del conflicto con Mendoza por el río Atuel, tras la audiencia de conciliación que se realizó en la Corte Suprema de Justicia, sin acuerdo entre ambas provincias por el caudal hídrico apto del cauce interprovincial.
“En la audiencia, Mendoza siguió su misma postura, agregando un plan de obras a 12 años, algo que se puede interpretar como una chicana jurídica, porque hacía una semana que se había reunido la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior y no lo presentaron”, afirmó el vicegobernador, al cuestionar la postura de las autoridades de la vecina provincia.
Agregó que los funcionarios mendocinos “en ningún momento hablaron de daño ambiental” porque “es parte de su estrategia ya que toda la jurisprudencia internacional en materia hídrica contempla fuertemente esa cuestión”. Siguiendo en esa línea, Fernández destacó que el perjuicio ambiental es “algo que oculta” Mendoza.
Por otro lado, manifestó que la provincia cuyana insistió con su propuesta, consistente en la entrega de un caudal de 1,3 metros cúbicos por segundo, mientras que La Pampa, a partir de un estudio de la UNLPam, reclamó un caudal mínimo de 4,5 metros cúbicos por segundo para recomponer el ambiente, perjudicado desde hace años por el corte del río interprovincial.
Sobre la actitud del secretario de Recursos Hídricos de Nación, Pablo Bereciartúa, el vicegobernador pampeano dijo que “solamente se refirió a la cuestión de las obras” y cuando el ministro de la Corte, Héctor Rosatti, le preguntó qué caudal se necesita para tener un ambiente sustentable y que la gente pueda utilizar el agua, “no respondió nada, dijo que las provincias deben ponerse de acuerdo, pero Nación no puede omitir esa pregunta”.
El presidente de la Legislatura pampeana afirmó: “Que un secretario de Recursos Hídricos no haya dicho mínimamente ni siquiera cuáles son los caudales necesarios para vivir en un medioambiente saludable, sano y productivo, eso me hizo pensar que estaba claramente del lado de Mendoza, aunque es una opinión personal”, en el litigio judicial con La Pampa, que demanda por segunda vez a la vecina provincia en 2014.
Por otro lado, manifestó que la Fiscalía de Estado junto a los profesionales de la Secretaría de Recursos Hídricos y de la Universidad Nacional de La Pampa deben analizar el plan de obras presentado por Mendoza y destacó: “Noté en la audiencia, a la Corte y principalmente al presidente (Ricardo Lorenzetti) con una actitud clara de definir la cuestión de fondo” sobre el caudal hídrico apto.
Mendoza, “desprolija”.
La ministra Alonso advirtió, por su parte, una “notable desprolijidad” de Mendoza “de no respetar el ámbito de la Corte Suprema que nos convocó para conciliar” en el conflicto por el Atuel, y explicó que la Corte “también aprovechó a plantearle a Nación lo que le hubiera gustado preguntarle en la primera audiencia”, cuando Bereciartúa dejó la sala, sin explicaciones concretas y sin responder al máximo tribunal.
“La propuesta de La Pampa fue definida ante la Corte con 4,5 metros cúbicos por segundo (como mínimo) y Mendoza fue siempre con 1,33 para llegar hasta 2,07 -con el plan de obras-, ni siquiera el 50 por ciento de lo que pide nuestra provincia”, dijo Alonso.
La funcionaria señaló que la expectativa es una resolución “favorable” de la Corte para La Pampa. “Esa es la sensación que nos trajimos pero también es cierto que nuevamente Mendoza mostró mala fe al llevar un plan de obras que no conocíamos, cuando hace una semana” en la CIAI “discutimos la agenda de temas y ese plan de obras no se incorporó. Si tenían pensada la presentación como alternativa para solucionar el tema del caudal, podíamos haberlo tratado y no fue así”.
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Liberan un cóndor andino tras ser rescatado en San Luis
Tras ser rescatado en grave estado fue liberado un cóndor andino
Fecha de Publicación: 17/05/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: San Luis
El cóndor andino que fue nombrado "Poloc" (fuerza, en lengua Huarpe), fue rescatado en San Luis con un cuadro de envenenamiento, luego de recuperarse tras un arduo trabajo, fue liberado en la localidad de San Francisco del Monte de Oro.
El jueves 10 de mayo fue liberado Poloc (fuerza, en lengua Huarpe), un ejemplar de Cóndor Andino en la localidad de San Francisco del Monte de Oro. El animal había sido rescatado con un cuadro de envenenamiento en la Localidad de Luján, Provincia de San Luis, el pasado 12 de Enero.
Poloc fue inicialmente derivado por el Ministerio de Medio Ambiente de San Luis al Centro de Conservación de Vida Silvestre de la provincia, donde le realizaron los primeros auxilios. Una vez estabilizado, Aerolíneas Argentinas realizó el traslado del animal al Ecoparque de Buenos Aires, en el marco del Programa de Conservación de Cóndor Andino.
Además de Poloc, el 4 de mayo, se trasladó otro ejemplar desde San Luis hacia el Ecoparque porteño y un segundo, proveniente de Trelew, el día 7 de mayo. Durante el 2017 y en conjunto con la Fundación Bioandina Argentina, Aerolíneas Argentinas participó de la rehabilitación de 13 cóndores. En lo que va del año, fueron seis los animales trasladados.
La liberación de Poloc recibió además, el apoyo de la Fundación Bioparc, Grand Parc Puy du Fou, SOS Faune Sauvage, AFdPZ y Beauval Nature de Francia y el Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción de San Luis.
Una ceremonia ancestral a cargo de las comunidades Ranquel y Huarpe, coronaron el retorno de Poloc a su ambiente natural, elevando una plegaria basada en un pedido de armonía entre todas las formas de vida. El Programa Binacional de Conservación Cóndor Andino ha reintroducido 173 cóndores en todo Sudamérica.
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Las polémicas salmoneras llegan al país
Aprueban instalar salmoneras en el mar argentino: debate por el daño ambiental
Fecha de Publicación: 16/05/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Los esfuerzos del presidente Macri por atraer inversiones llegaron hasta Noruega. En marzo los reyes nórdicos Harald V y Sonia visitaron la Casa Rosada y fruto de ese encuentro el ministerio de Agroindustria suscribió con Noruega un convenio de cooperación para estudiar la factibilidad de desarrollar la acuicultura en el país: la cría industrial de peces en jaulas oceánicas o en piletones indoors.
Según confirmó a Clarín la subsecretaría de Pesca, el salmón es la especie elegida para el desarrollo acuícola tanto en el Canal de Beagle como en el litoral santacruceño del mar argentino.
Pero el acuerdo no está exento de polémica y ya es rechazado por amplios sectores ambientalistas. Cuestionan que el salmón es una especie exótica y que su producción es contaminante. La concentración de heces y pellets con antibiótico que se asientan en el lecho marino, y que otras especies como crustáceos pueden ingerir, constituyen una amenaza para la salud del mar. Ese debate en el litoral chileno está hoy al rojo vivo, con miles de activistas que aseguran que el exceso de concesiones para la salmonicultura ha saturado al ecosistema marino. Afirman que el resultado es la proliferación de algas tóxicas emparentadas con la marea roja.
Tanto biólogos como oceanógrafos, argentinos o chilenos consultados por Clarín, repiten el argumento: “El salmón es una especie exótica que depreda la biodiversidad nativa de peces". Citan como ejemplo lo ocurrido en Argentina en los años ‘20.
“La trucha, que es un salmónido, fue introducida con fines deportivos en los lagos de la Patagonia. La región contaba con amplia biodiversidad de especies ictícolas. Pero al introducirla, la trucha depredó a todas las demás especies”, explican los biólogos.
En Argentina, además, la polémica por la cría de salmón en jaulas oceánicas llegó a los cocineros más encumbrados que hicieron campaña para no consumir salmón chileno por las presuntas dosis de antibióticos que contendría su carne anaranjada.
En Chile, los salmones son el segundo producto de exportación después del cobre. Exportan unas 830.000 toneladas anuales a EE:UU, Japón, Brasil, Rusia, Europa y China y representa un negocio de 4,6 billones de dólares.
Argentina es un mercado exiguo para los salmones chilenos: se importan 8100 toneladas por un valor de US$ 62 millones, que se consumen principalmente en platos de sushi.
Desarrollar la salmonicultura en nuestro país supone pagar un costo ambiental muy alto, argumentan los ambientalistas locales. Explican que los salmones se alimentan con pellets (así denomina a la porción de alimento balanceado) de harina de pescado. Alimentar a un salmón insume 9 kilos de peces. Y es en los pellets donde se adosan los antibióticos.
Clarín elevó un cuestionario a las autoridades de la Subsecretaría de Pesca y éstas fueron las respuestas.
- ¿Cuántas salmoneras están proyectando instalar en mar argentino?
- Se está trabajando para desarrollar una pesquería de entre 20/50 mil toneladas. La hipótesis es de 2 a 4 conceciones en el Canal Beagle. Santa Cruz es una hipótesis de trabajo en San Julián pero para una segunda etapa.
- ¿Han iniciado los estudios de factibilidad para su instalación?
- Tenemos previsto iniciar el estudio de factibilidad y cargas en los próximos 2 meses.
- ¿Qué tipo de recaudos tomarán para que no se contamine el lecho marino?
-Para eso son precisamente los estudios. Evaluar la capacidad de carga de la zona para generar una pesquería sustentable. Evitando errores que se cometieron en otros países por exceso de cargas. Se trabaja entre la subsecretaria de pesca y acuicultura y la secretaria de pesca de la provincia de tierra del fuego.
Las autoridades de “Salmones Chile”, el grupo empresario que nuclea a las 22 empresas productoras de salmón en jaula, también hicieron su aporte. Su presidente, Arturo Clement, reconoció el uso de antibióticos para la cría e indicó que existen 400 salmoneras activas en los mares chilenos.
“Utilizamos antibióticos con fines terapéuticos porque los salmones contraen una enfermedad llamada ISA. Eso no significa que el salmón, al momento de consumirse, mantenga el antibiótico porque los testeamos antes de cosecharlos. El producto llega al mercado de destino con un remanente ínfimo de antibióticos que está dentro de los parámetros permitidos”, afirma.
Alejandro Clement es, además, biólogo. Tiene un posgrado en Oceanografía y brinda servicios de mediciones oceanográficas a la salmonicultura chilena.
-¿Es mito o verdad que los salmones de granja crecen hacinados?
-El hacinamiento sucede al igual que en la cría de pollos y cerdos.
-¿Cómo combaten la contaminación marina por fecas?
-Eso ciertamente es un problema, porque se depositan en el lecho marino o se desintegran a través de la descomposición de bacterias y de otros microorganismos que habitan el sustrato marino. Esa es, precisamente, la “zona de impacto”, la cual es monitoreada por las autoridades. Luego de 21 meses de cría, que es lo que tarda en crecer el salmón hasta llegar a sus 5 kilos, hay un reposo o barbecho de 3 meses para clarificar los fondos.
-¿Cuál es su opinión sobre el uso de antibióticos?
-Es un mal necesario. Deberían ir disminuyéndolos cada vez más para que no queden residuos en el medio ambiente.
-¿Puede una especie exótica sobrevivir sin antibióticos?
-Ese punto no lo tengo claro.
Consultado el SENASA, el organismo aseguró que “desde 2017 a la fecha, los salmones procedentes de Chile han arrojado resultados aptos para el consumo”, lo que contradice un estudio de la UADE de 2017, que señalaba altos contenidos de antibióticos en salmones chilenos.
Clarín visitó las salmoneras en el país transandino. Se embarcó 6 días en el rompehielos Artic Sunrise de Greenpeace GP). Navegó por el Estrecho de Magallanes hasta adentrarse entre los fiordos y canales fueguinos.
A lo largo de la travesía, el barco ancló frente a distintas salmoneras. A bordo de semirígidos, contiguos a las jaulas, un oceanógrafo realizó mediciones de CTD (conductividad, temperatura y densidad del agua). “El problema es que no existen parámetros previos a la instalación de estas jaulas, y no es posible hacer un estudio comparativo”, explicó el doctor en oceanografía Ernesto Molina.
El equipo de Clarín tuvo la posibilidad de escudriñar las jaulas: una espuma amarillo rosácea bordeaba el conducto de las mangueras. Por allí succionan a los salmones para extraerlos del agua. “Esa espuma de color desagradable, en aguas prístinas, es resto de pellets y antibiótico”, señaló la geógrafa Estefanía González. “La jaula está rota porque los lobos marinos la rompen para comerse los salmones. Estos se escapan y depredan a las demás especies”, agregó.
A escasos metros de las salmoneras, un resoplido puso a todos en alerta: “Ballena jorobada a babor!”, gritó el marinero. El cetáceo retorció su lomo para ir a una inmersión profunda. Desplegó su fastuosa cola y se sumergió apacible en su mar.
“Incentivar la salmonicultura en el mar argentino es un suicidio ambiental—dicen en GP—Y más cuando se impulsan parques marinos cerca del Canal de Beagle”.
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Fecha de Publicación: 16/05/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Los esfuerzos del presidente Macri por atraer inversiones llegaron hasta Noruega. En marzo los reyes nórdicos Harald V y Sonia visitaron la Casa Rosada y fruto de ese encuentro el ministerio de Agroindustria suscribió con Noruega un convenio de cooperación para estudiar la factibilidad de desarrollar la acuicultura en el país: la cría industrial de peces en jaulas oceánicas o en piletones indoors.
Según confirmó a Clarín la subsecretaría de Pesca, el salmón es la especie elegida para el desarrollo acuícola tanto en el Canal de Beagle como en el litoral santacruceño del mar argentino.
Pero el acuerdo no está exento de polémica y ya es rechazado por amplios sectores ambientalistas. Cuestionan que el salmón es una especie exótica y que su producción es contaminante. La concentración de heces y pellets con antibiótico que se asientan en el lecho marino, y que otras especies como crustáceos pueden ingerir, constituyen una amenaza para la salud del mar. Ese debate en el litoral chileno está hoy al rojo vivo, con miles de activistas que aseguran que el exceso de concesiones para la salmonicultura ha saturado al ecosistema marino. Afirman que el resultado es la proliferación de algas tóxicas emparentadas con la marea roja.
Tanto biólogos como oceanógrafos, argentinos o chilenos consultados por Clarín, repiten el argumento: “El salmón es una especie exótica que depreda la biodiversidad nativa de peces". Citan como ejemplo lo ocurrido en Argentina en los años ‘20.
“La trucha, que es un salmónido, fue introducida con fines deportivos en los lagos de la Patagonia. La región contaba con amplia biodiversidad de especies ictícolas. Pero al introducirla, la trucha depredó a todas las demás especies”, explican los biólogos.
En Argentina, además, la polémica por la cría de salmón en jaulas oceánicas llegó a los cocineros más encumbrados que hicieron campaña para no consumir salmón chileno por las presuntas dosis de antibióticos que contendría su carne anaranjada.
En Chile, los salmones son el segundo producto de exportación después del cobre. Exportan unas 830.000 toneladas anuales a EE:UU, Japón, Brasil, Rusia, Europa y China y representa un negocio de 4,6 billones de dólares.
Argentina es un mercado exiguo para los salmones chilenos: se importan 8100 toneladas por un valor de US$ 62 millones, que se consumen principalmente en platos de sushi.
Desarrollar la salmonicultura en nuestro país supone pagar un costo ambiental muy alto, argumentan los ambientalistas locales. Explican que los salmones se alimentan con pellets (así denomina a la porción de alimento balanceado) de harina de pescado. Alimentar a un salmón insume 9 kilos de peces. Y es en los pellets donde se adosan los antibióticos.
Clarín elevó un cuestionario a las autoridades de la Subsecretaría de Pesca y éstas fueron las respuestas.
- ¿Cuántas salmoneras están proyectando instalar en mar argentino?
- Se está trabajando para desarrollar una pesquería de entre 20/50 mil toneladas. La hipótesis es de 2 a 4 conceciones en el Canal Beagle. Santa Cruz es una hipótesis de trabajo en San Julián pero para una segunda etapa.
- ¿Han iniciado los estudios de factibilidad para su instalación?
- Tenemos previsto iniciar el estudio de factibilidad y cargas en los próximos 2 meses.
- ¿Qué tipo de recaudos tomarán para que no se contamine el lecho marino?
-Para eso son precisamente los estudios. Evaluar la capacidad de carga de la zona para generar una pesquería sustentable. Evitando errores que se cometieron en otros países por exceso de cargas. Se trabaja entre la subsecretaria de pesca y acuicultura y la secretaria de pesca de la provincia de tierra del fuego.
Las autoridades de “Salmones Chile”, el grupo empresario que nuclea a las 22 empresas productoras de salmón en jaula, también hicieron su aporte. Su presidente, Arturo Clement, reconoció el uso de antibióticos para la cría e indicó que existen 400 salmoneras activas en los mares chilenos.
“Utilizamos antibióticos con fines terapéuticos porque los salmones contraen una enfermedad llamada ISA. Eso no significa que el salmón, al momento de consumirse, mantenga el antibiótico porque los testeamos antes de cosecharlos. El producto llega al mercado de destino con un remanente ínfimo de antibióticos que está dentro de los parámetros permitidos”, afirma.
Alejandro Clement es, además, biólogo. Tiene un posgrado en Oceanografía y brinda servicios de mediciones oceanográficas a la salmonicultura chilena.
-¿Es mito o verdad que los salmones de granja crecen hacinados?
-El hacinamiento sucede al igual que en la cría de pollos y cerdos.
-¿Cómo combaten la contaminación marina por fecas?
-Eso ciertamente es un problema, porque se depositan en el lecho marino o se desintegran a través de la descomposición de bacterias y de otros microorganismos que habitan el sustrato marino. Esa es, precisamente, la “zona de impacto”, la cual es monitoreada por las autoridades. Luego de 21 meses de cría, que es lo que tarda en crecer el salmón hasta llegar a sus 5 kilos, hay un reposo o barbecho de 3 meses para clarificar los fondos.
-¿Cuál es su opinión sobre el uso de antibióticos?
-Es un mal necesario. Deberían ir disminuyéndolos cada vez más para que no queden residuos en el medio ambiente.
-¿Puede una especie exótica sobrevivir sin antibióticos?
-Ese punto no lo tengo claro.
Consultado el SENASA, el organismo aseguró que “desde 2017 a la fecha, los salmones procedentes de Chile han arrojado resultados aptos para el consumo”, lo que contradice un estudio de la UADE de 2017, que señalaba altos contenidos de antibióticos en salmones chilenos.
Clarín visitó las salmoneras en el país transandino. Se embarcó 6 días en el rompehielos Artic Sunrise de Greenpeace GP). Navegó por el Estrecho de Magallanes hasta adentrarse entre los fiordos y canales fueguinos.
A lo largo de la travesía, el barco ancló frente a distintas salmoneras. A bordo de semirígidos, contiguos a las jaulas, un oceanógrafo realizó mediciones de CTD (conductividad, temperatura y densidad del agua). “El problema es que no existen parámetros previos a la instalación de estas jaulas, y no es posible hacer un estudio comparativo”, explicó el doctor en oceanografía Ernesto Molina.
El equipo de Clarín tuvo la posibilidad de escudriñar las jaulas: una espuma amarillo rosácea bordeaba el conducto de las mangueras. Por allí succionan a los salmones para extraerlos del agua. “Esa espuma de color desagradable, en aguas prístinas, es resto de pellets y antibiótico”, señaló la geógrafa Estefanía González. “La jaula está rota porque los lobos marinos la rompen para comerse los salmones. Estos se escapan y depredan a las demás especies”, agregó.
A escasos metros de las salmoneras, un resoplido puso a todos en alerta: “Ballena jorobada a babor!”, gritó el marinero. El cetáceo retorció su lomo para ir a una inmersión profunda. Desplegó su fastuosa cola y se sumergió apacible en su mar.
“Incentivar la salmonicultura en el mar argentino es un suicidio ambiental—dicen en GP—Y más cuando se impulsan parques marinos cerca del Canal de Beagle”.
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También hay movilización a favor del fracking
Malargüe se movilizó a favor del fracking: “No hay contaminación”
Fecha de Publicación: 16/05/2018
Fuente: Radio Mitre
Provincia/Región: Mendoza
El intendente Jorge Vergara Martínez encabezó una marcha a Casa de Gobierno para apoyar el fracking. “Estoy totalmente convencido de que este es un problema político. Yo pido que no hagan política falsa. Nosotros venimos a decir que no hay contaminación”, indicó.
Un grupo de personas de Malargüe, encabezados por el intendente, Jorge Vergara Martínez se movilizaron hasta Casa de Gobierno para entregar un petitorio al gobernador Alfredo Cornejo manifestado su apoyo al fracking.
El Secretario de Gobierno de Malargüe, Carlos Vázquez también habló sobre el tema.
“En Malargüe hace rato que viene hablando y diciendo a favor del trabajo, de la fractura hidráulica y la minería. Ha habido tanta información o desinformación en las redes sociales, los medios y demás. Se hizo el martes una pueblada, esto fue realizado no solo por la municipalidad sino por Sindicato del Petróleo Jerárquico, el Honorable Concejo, la Cámara de Comercio”.
“Queremos decirle a la gente en general que el fracking no es contaminante, hay mucha desinformación. Que con respeto y responsabilidad nos sentemos en una mesa los que opinan contrariamente a eso e informarlos. Nuestro objetivo es venir a decir que Malargüe es un pueblo minero, petrolero y que hay mucha desinformación y estamos dispuestos a dar charlas los especialistas para que se entienda que es una actividad lícita”.
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Fecha de Publicación: 16/05/2018
Fuente: Radio Mitre
Provincia/Región: Mendoza
El intendente Jorge Vergara Martínez encabezó una marcha a Casa de Gobierno para apoyar el fracking. “Estoy totalmente convencido de que este es un problema político. Yo pido que no hagan política falsa. Nosotros venimos a decir que no hay contaminación”, indicó.
Un grupo de personas de Malargüe, encabezados por el intendente, Jorge Vergara Martínez se movilizaron hasta Casa de Gobierno para entregar un petitorio al gobernador Alfredo Cornejo manifestado su apoyo al fracking.
El Secretario de Gobierno de Malargüe, Carlos Vázquez también habló sobre el tema.
“En Malargüe hace rato que viene hablando y diciendo a favor del trabajo, de la fractura hidráulica y la minería. Ha habido tanta información o desinformación en las redes sociales, los medios y demás. Se hizo el martes una pueblada, esto fue realizado no solo por la municipalidad sino por Sindicato del Petróleo Jerárquico, el Honorable Concejo, la Cámara de Comercio”.
“Queremos decirle a la gente en general que el fracking no es contaminante, hay mucha desinformación. Que con respeto y responsabilidad nos sentemos en una mesa los que opinan contrariamente a eso e informarlos. Nuestro objetivo es venir a decir que Malargüe es un pueblo minero, petrolero y que hay mucha desinformación y estamos dispuestos a dar charlas los especialistas para que se entienda que es una actividad lícita”.
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Primer centro de análisis de biodegradabilidad de plásticos
Nace el primer centro para el análisis de biodegradabilidad y compostabilidad de plásticos
Fecha de Publicación: 16/05/2018
Fuente: MINCYT
Provincia/Región: Nacional
Es el primero de este tipo en Sudamérica y tiene la capacidad de analizar y certificar la capacidad de plásticos y bioplásticos a ser degradados y compostados.
Producto de un acuerdo firmado en 2017 entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y la Federación Nacional de la Industria Química italiana
(Federchimica) para desarrollar iniciativas conjuntas que promuevan la bioeconomía, se creó el Centro de Análisis de Materiales Plásticos de Biodegradabilidad.
Este Centro tiene entre sus objetivos brindar un servicio integral para la determinación de la biodegradabilidad de materiales, que satisfaga las demandas de la industria local y regional; ofrecer asesoramiento y capacitación sobre la variedad y características de los materiales poliméricos biodegradables, sus aplicaciones, procesamiento y destino final; y dar facilidades para el desarrollo de productos basados en materiales poliméricos biodegradables.
De esta manera, se podrá dar apoyo a las empresas argentinas en el desarrollo de la industria de los plásticos biodegradables y tener un mayor control sobre la calidad de las bolsas colocadas en el mercado, que sirve como punto de referencia para Sudamérica. Además, el centro brindará capacitación y/o asesoramiento a empresas públicas o privadas, organismos del estado, organizaciones no gubernamentales, cámaras empresarias, etc., sobre las diferentes variantes de polímeros biodegradables, su procesamiento, los productos que pueden fabricarse a partir de ellos, el impacto ambiental y otras demandas sobre el conocimiento de estos materiales por parte de la sociedad.
Del proyecto participan investigadores del Laboratorio de Polímeros y Materiales Compuestos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (LP&MC-FCEyN-UBA) y del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Universidad de San Martín (3iA-UNSAM). Tanto su experiencia de trabajo en relación a los polímeros, materiales compuestos y biodegradabilidad, así como el equipamiento instalado en estas instituciones son fundamentales para el cumplimiento de los objetivos planteados.
Cabe destacar que este es el primer centro de Argentina dedicado a la determinación de biodegradables y compostables de acuerdo con la norma IRAM 29421/22 y con las principales normas internacionales ISO 14855-1: 2005 - 148552: 2007.
El centro se formó a través de un acuerdo entre UBATEC y la Fundación Innovación y Tecnología de la Universidad de San Martín (FUNINTEC), y para su creación contó con el asesoramiento y apoyo técnico de Novamont, un desarrollador líder y productor de bioplásticos y bioquímicos de Italia. Actualmente ya se encuentra en funcionamiento y es administrado por UBATEC en colaboración con la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).
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Fecha de Publicación: 16/05/2018
Fuente: MINCYT
Provincia/Región: Nacional
Es el primero de este tipo en Sudamérica y tiene la capacidad de analizar y certificar la capacidad de plásticos y bioplásticos a ser degradados y compostados.
Producto de un acuerdo firmado en 2017 entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y la Federación Nacional de la Industria Química italiana
(Federchimica) para desarrollar iniciativas conjuntas que promuevan la bioeconomía, se creó el Centro de Análisis de Materiales Plásticos de Biodegradabilidad.
Este Centro tiene entre sus objetivos brindar un servicio integral para la determinación de la biodegradabilidad de materiales, que satisfaga las demandas de la industria local y regional; ofrecer asesoramiento y capacitación sobre la variedad y características de los materiales poliméricos biodegradables, sus aplicaciones, procesamiento y destino final; y dar facilidades para el desarrollo de productos basados en materiales poliméricos biodegradables.
De esta manera, se podrá dar apoyo a las empresas argentinas en el desarrollo de la industria de los plásticos biodegradables y tener un mayor control sobre la calidad de las bolsas colocadas en el mercado, que sirve como punto de referencia para Sudamérica. Además, el centro brindará capacitación y/o asesoramiento a empresas públicas o privadas, organismos del estado, organizaciones no gubernamentales, cámaras empresarias, etc., sobre las diferentes variantes de polímeros biodegradables, su procesamiento, los productos que pueden fabricarse a partir de ellos, el impacto ambiental y otras demandas sobre el conocimiento de estos materiales por parte de la sociedad.
Del proyecto participan investigadores del Laboratorio de Polímeros y Materiales Compuestos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (LP&MC-FCEyN-UBA) y del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Universidad de San Martín (3iA-UNSAM). Tanto su experiencia de trabajo en relación a los polímeros, materiales compuestos y biodegradabilidad, así como el equipamiento instalado en estas instituciones son fundamentales para el cumplimiento de los objetivos planteados.
Cabe destacar que este es el primer centro de Argentina dedicado a la determinación de biodegradables y compostables de acuerdo con la norma IRAM 29421/22 y con las principales normas internacionales ISO 14855-1: 2005 - 148552: 2007.
El centro se formó a través de un acuerdo entre UBATEC y la Fundación Innovación y Tecnología de la Universidad de San Martín (FUNINTEC), y para su creación contó con el asesoramiento y apoyo técnico de Novamont, un desarrollador líder y productor de bioplásticos y bioquímicos de Italia. Actualmente ya se encuentra en funcionamiento y es administrado por UBATEC en colaboración con la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).
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La limpieza del Riachuelo nunca dejó de ser un maquillaje
Una limpieza que es puro maquillaje
Fecha de Publicación: 15/05/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Riachuelo
Las organizaciones que controlan la gestión de la Acumar advierten que, a diez años del fallo de la Corte, la calidad de vida de los habitantes de la cuenca no mejoró. Critican la inacción del organismo y denuncian que sólo se relocalizó al 22 por ciento de la población en riesgo.
Unas 1500 empresas siguen usando al Riachuelo como el tacho de basura de sus residuos tóxicos sin ningún tipo de control por parte del Estado y ponen en riesgo la salud de un millón y medio de personas de los cinco millones que viven en los alrededores de la cuenca. Esa realidad se esconde detrás de lo que los especialistas llaman “el maquillaje” o la gestión “cosmética” que lleva adelante desde hace ya diez años la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar).
Es cierto que si se recorre la zona ya no se sientan olores nauseabundos, el espejo de agua se ve mejor y la foto, a simple vista, es mucho mejor que la que se podía registrar hace diez años.
Sin embargo, hay graves denuncias sobre la inacción de la Acumar por no avanzar en la recomposición de la cuenca, ni en su ordenamiento territorial, ni en la construcción de viviendas, ni en la preservación del espacio público que, en lugares como la avenida Pedro de Mendoza está ocupado por empresas privadas.
Así se desprende del informe presentado en marzo pasado ante la Corte Suprema de Justicia por el cuerpo colegiado que integran diferentes organizaciones que hacen el seguimiento de la gestión de la Acumar. El documento remarca que sigue pendiente la adopción de una política sanitaria ambiental para la cuenca y que a diez años del fallo está lejos la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la cuenca.
El fallo de la Corte que intimó a la Acumar a implementar un Plan de Saneamiento en respuesta a la causa judicial conocida como “Mendoza” y que creó un Cuerpo Colegiado integrado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de Vecinos del Barrio de la Boca, Greenpeace y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), para controlar las disposiciones en torno al saneamiento, es del 2008.
Según este Cuerpo Colegiado, las resoluciones adoptadas por la Acumar sobre vertidos de efluentes y el uso que podrá darse a las aguas convalidan las normas que habían llevado a esa situación. Los integrantes del cuerpo denuncian que la Acumar “no adoptó medidas para reducir las emisiones de gases y partículas. Subsisten basurales, reaparecen algunos que habían sido saneados y surgen nuevos porque no se ha ordenado la disposición de residuos sólidos urbanos”.
“La calidad del agua y del Riachuelo siguen igual o peor que antes”, aseguró Alfredo Alberti, presidente de la Asociación de Vecinos de La Boca.
“La situación del Riachuelo hoy deja mucho que desear. Acumar no respeta ningún plazo, no está cambiando las resoluciones importantes para controlar a las industrias que siguen arrojando de todo a un Riachuelo que está absolutamente colapsado”, enfatizó.
Precisó que “hay 1500 empresas que son consideradas agentes contaminantes” y explicó que si bien la Acumar dice que hay 500 reconvertidas es porque los parámetros “son muy permisivos”. “Cuando estas resoluciones sean actualizadas y sean lo restrictivas que tienen que ser, esas 500 que hoy aparecen como reconvertidas van a ser consideradas agentes contaminantes”, agregó.
Además, remarcó que “la salud de la gente sigue sin ser el valor más importante en este tema. El fallo de la Corte apuntaba a defender la salud de la gente y la calidad de vida pero en estos diez años lo que ha conservado sus preeminencias fueron las constantes contaminaciones de las industrias”, sentenció Alberti en diálogo con PáginaI12.
La Acumar es un ente autónomo, autárquico e interjurisdiccional en el que confluyen los tres gobiernos que tienen competencia en el territorio: el porteño, el de la provincia de Buenos Aires y el nacional. Allí se deben generar programas y proyectos de acción para asegurar la agilidad y la transparencia de los procesos administrativos. El organismo, que se creó en 2006 debido al deterioro de la cuenca, hoy tiene todos los ojos y las críticas sobre él.
“Lo que mejor está cuidado es todo lo que hace a la contaminación visual o lo que nosotros llamamos la cosmética del Riachuelo. La Acumar está cuidando la foto, lo que se ve es mucho mejor que lo que se veía hace diez años atrás, hoy cualquiera que quiera tomar una foto no encuentra el panorama dantesco y horrible que se veía años atrás. Pero lo que realmente afecta al Riachuelo son los vertidos industriales y eso no cambió”, aseguró el presidente de la Asociación de Vecinos de La Boca.
Para Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo, es un proceso complejo y desde el fallo de la Corte “ha sufrido altos y bajos”.
“En este momento, la situación está pasando por un proceso de amesetamiento que se inició en los dos últimos años del gobierno anterior y se ha mantenido durante este gobierno”, aseguró.
Según Napoli, las acciones de la Acumar “tienen muchos problemas de coordinación entre las tres jurisdicciones”. “No se avanza más allá del 25 por ciento con mucha suerte de lo que se debe desarrollar. Todavía falta llevar adelante políticas de control de la fuente de contaminación, todo lo que es el control de la actividad industrial está muy rezagado e inconstante y en lo que hace a los residuos urbanos, de limpieza de basurales a cielo abierto también”, explicó en diálogo con PáginaI12.
Y en sentido, hizo especial hincapié en que “todavía no se ha desarrollado un plan en relación a la salud, la población en situación de riesgo específica todavía no ha sido identificada”.
Otro de los pendientes es la falta de planificación y ordenamiento territorial y todo lo que tiene que ver con políticas de vivienda.
En los últimos diez años, según detalló, “solamente se llegó al 22 por ciento la relocalización de la población en situación de riesgo”.
Para Nápoli, la Acumar “no ha asumido su verdadero rol de autoridad, aunque tiene facultades para hacerlo por ley y no ha sido capaz de coordinar el accionar de las jurisdicciones”.
El río Matanza-Riachuelo es un curso de agua de 64 kilómetros y un ancho de aproximadamente 35 metros, con una superficie total de más de 2200 km2. Nace en la provincia de Buenos Aires, constituye el límite Sur de la ciudad de Buenos Aires y desemboca en el Río de la Plata. Recibe numerosos desechos industriales, especialmente metales pesados y aguas servidas provenientes de las napas saturadas de toda la cuenca. Desde hace dos siglos que está contaminado y varios estudios alertaron sobre las graves consecuencias de la contaminación en la población, especialmente la infantil.
“La principal complicación es el tema de la salud, y en particular la de los niños. Los estudios que se hicieron en la villa 21 mostraron una enorme cantidad de metales y de sustancias que tienen consecuencias perdurables en el tiempo. Lo más urgente es producir una reconversión industrial y una erradicación de los basurales que están a la vera del Riachuelo”, explicó Matías Barroetaveña, director del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM).
Las distintas organizaciones que integran el Cuerpo Colegiado coinciden en las falta de gestión y en la falta de decisión política.
Transcurridos diez años de la sentencia, el Estado no pudo mostrar avances significativos en la implementación de las directrices establecidas en el fallo, lo que impacta en los más de cinco millones de personas que viven en la cuenca.
Según el CELS, los resultados de la audiencia “dan cuenta de un total incumplimiento en cada aspecto de los objetivos dispuestos”.
En el mismo informe destacan que “de las obras de saneamiento cloacal, se ejecutó según la Acumar un 37 por ciento y las obras no tienen fecha de finalización. Respecto de las viviendas, de las 17.771 soluciones habitacionales comprometidas en 2010, a ochos años, se alcanzó un 22 por ciento de cumplimiento y el representante de la Subsecretaría de Vivienda de la Nación no pudo precisar una fecha para alcanzar la totalidad”.
Para el director de la FARN, la cuestión social en los alrededores de la cuenca es la más compleja. “Se ha publicado un mapa de riesgo que da la idea de que hay casi un millón de personas que viven en situación de riesgo y necesitan políticas activas tanto en salud como en asistencia social”, precisó.
En sentido, enfatizó que “después hay que avanzar con los otros aspectos que también son graves. Todos los contaminantes químicos que uno pueda imaginarse están en el Riachuelo”.
La contaminación de la cuenca afecta a la población y para Nápoli eso quedó demostrado en los estudios epidemiológicos que se realizaron: la mayor parte de las patologías están relacionadas con el consumo de agua de mala calidad.
Para Barroetaveña, la Acumar es una de las pocas experiencias que hay de construcción de una institucionalidad metropolitana. “La ciudad de Buenos Aires se extiende en el territorio que contando el conurbano tiene 17 millones de personas, tiene una complejidad y una misma dinámica. Cualquiera de los temas es necesario articularlo metropolitanamente y en eso es muy positivo que la Acumar exista, pero los resultados no han sido muy buenos”.
“La Acumar se puso en marcha, tiene una tarea y es muy importante que demuestre capacidad de acción. La queja que había hasta el momento, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, era que los distintos colores políticos complicaban la coordinación de esa gestión. Hoy el Gobierno nacional, el de la provincia y el de la ciudad tienen el mismo color político y aun así no logran avanzar”, concluyó.
Obras sobre el cuerpo de agua, el saneamiento de los basurales, la relocalización de viviendas, la atención a la salud, la asistencia social, los planes de agua y la reconversión industrial son todavía las cuentas pendientes y que ponen en riesgo la vida de millones de personas.
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Fecha de Publicación: 15/05/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Riachuelo
Las organizaciones que controlan la gestión de la Acumar advierten que, a diez años del fallo de la Corte, la calidad de vida de los habitantes de la cuenca no mejoró. Critican la inacción del organismo y denuncian que sólo se relocalizó al 22 por ciento de la población en riesgo.
Unas 1500 empresas siguen usando al Riachuelo como el tacho de basura de sus residuos tóxicos sin ningún tipo de control por parte del Estado y ponen en riesgo la salud de un millón y medio de personas de los cinco millones que viven en los alrededores de la cuenca. Esa realidad se esconde detrás de lo que los especialistas llaman “el maquillaje” o la gestión “cosmética” que lleva adelante desde hace ya diez años la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar).
Es cierto que si se recorre la zona ya no se sientan olores nauseabundos, el espejo de agua se ve mejor y la foto, a simple vista, es mucho mejor que la que se podía registrar hace diez años.
Sin embargo, hay graves denuncias sobre la inacción de la Acumar por no avanzar en la recomposición de la cuenca, ni en su ordenamiento territorial, ni en la construcción de viviendas, ni en la preservación del espacio público que, en lugares como la avenida Pedro de Mendoza está ocupado por empresas privadas.
Así se desprende del informe presentado en marzo pasado ante la Corte Suprema de Justicia por el cuerpo colegiado que integran diferentes organizaciones que hacen el seguimiento de la gestión de la Acumar. El documento remarca que sigue pendiente la adopción de una política sanitaria ambiental para la cuenca y que a diez años del fallo está lejos la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la cuenca.
El fallo de la Corte que intimó a la Acumar a implementar un Plan de Saneamiento en respuesta a la causa judicial conocida como “Mendoza” y que creó un Cuerpo Colegiado integrado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de Vecinos del Barrio de la Boca, Greenpeace y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), para controlar las disposiciones en torno al saneamiento, es del 2008.
Según este Cuerpo Colegiado, las resoluciones adoptadas por la Acumar sobre vertidos de efluentes y el uso que podrá darse a las aguas convalidan las normas que habían llevado a esa situación. Los integrantes del cuerpo denuncian que la Acumar “no adoptó medidas para reducir las emisiones de gases y partículas. Subsisten basurales, reaparecen algunos que habían sido saneados y surgen nuevos porque no se ha ordenado la disposición de residuos sólidos urbanos”.
“La calidad del agua y del Riachuelo siguen igual o peor que antes”, aseguró Alfredo Alberti, presidente de la Asociación de Vecinos de La Boca.
“La situación del Riachuelo hoy deja mucho que desear. Acumar no respeta ningún plazo, no está cambiando las resoluciones importantes para controlar a las industrias que siguen arrojando de todo a un Riachuelo que está absolutamente colapsado”, enfatizó.
Precisó que “hay 1500 empresas que son consideradas agentes contaminantes” y explicó que si bien la Acumar dice que hay 500 reconvertidas es porque los parámetros “son muy permisivos”. “Cuando estas resoluciones sean actualizadas y sean lo restrictivas que tienen que ser, esas 500 que hoy aparecen como reconvertidas van a ser consideradas agentes contaminantes”, agregó.
Además, remarcó que “la salud de la gente sigue sin ser el valor más importante en este tema. El fallo de la Corte apuntaba a defender la salud de la gente y la calidad de vida pero en estos diez años lo que ha conservado sus preeminencias fueron las constantes contaminaciones de las industrias”, sentenció Alberti en diálogo con PáginaI12.
La Acumar es un ente autónomo, autárquico e interjurisdiccional en el que confluyen los tres gobiernos que tienen competencia en el territorio: el porteño, el de la provincia de Buenos Aires y el nacional. Allí se deben generar programas y proyectos de acción para asegurar la agilidad y la transparencia de los procesos administrativos. El organismo, que se creó en 2006 debido al deterioro de la cuenca, hoy tiene todos los ojos y las críticas sobre él.
“Lo que mejor está cuidado es todo lo que hace a la contaminación visual o lo que nosotros llamamos la cosmética del Riachuelo. La Acumar está cuidando la foto, lo que se ve es mucho mejor que lo que se veía hace diez años atrás, hoy cualquiera que quiera tomar una foto no encuentra el panorama dantesco y horrible que se veía años atrás. Pero lo que realmente afecta al Riachuelo son los vertidos industriales y eso no cambió”, aseguró el presidente de la Asociación de Vecinos de La Boca.
Para Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo, es un proceso complejo y desde el fallo de la Corte “ha sufrido altos y bajos”.
“En este momento, la situación está pasando por un proceso de amesetamiento que se inició en los dos últimos años del gobierno anterior y se ha mantenido durante este gobierno”, aseguró.
Según Napoli, las acciones de la Acumar “tienen muchos problemas de coordinación entre las tres jurisdicciones”. “No se avanza más allá del 25 por ciento con mucha suerte de lo que se debe desarrollar. Todavía falta llevar adelante políticas de control de la fuente de contaminación, todo lo que es el control de la actividad industrial está muy rezagado e inconstante y en lo que hace a los residuos urbanos, de limpieza de basurales a cielo abierto también”, explicó en diálogo con PáginaI12.
Y en sentido, hizo especial hincapié en que “todavía no se ha desarrollado un plan en relación a la salud, la población en situación de riesgo específica todavía no ha sido identificada”.
Otro de los pendientes es la falta de planificación y ordenamiento territorial y todo lo que tiene que ver con políticas de vivienda.
En los últimos diez años, según detalló, “solamente se llegó al 22 por ciento la relocalización de la población en situación de riesgo”.
Para Nápoli, la Acumar “no ha asumido su verdadero rol de autoridad, aunque tiene facultades para hacerlo por ley y no ha sido capaz de coordinar el accionar de las jurisdicciones”.
El río Matanza-Riachuelo es un curso de agua de 64 kilómetros y un ancho de aproximadamente 35 metros, con una superficie total de más de 2200 km2. Nace en la provincia de Buenos Aires, constituye el límite Sur de la ciudad de Buenos Aires y desemboca en el Río de la Plata. Recibe numerosos desechos industriales, especialmente metales pesados y aguas servidas provenientes de las napas saturadas de toda la cuenca. Desde hace dos siglos que está contaminado y varios estudios alertaron sobre las graves consecuencias de la contaminación en la población, especialmente la infantil.
“La principal complicación es el tema de la salud, y en particular la de los niños. Los estudios que se hicieron en la villa 21 mostraron una enorme cantidad de metales y de sustancias que tienen consecuencias perdurables en el tiempo. Lo más urgente es producir una reconversión industrial y una erradicación de los basurales que están a la vera del Riachuelo”, explicó Matías Barroetaveña, director del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM).
Las distintas organizaciones que integran el Cuerpo Colegiado coinciden en las falta de gestión y en la falta de decisión política.
Transcurridos diez años de la sentencia, el Estado no pudo mostrar avances significativos en la implementación de las directrices establecidas en el fallo, lo que impacta en los más de cinco millones de personas que viven en la cuenca.
Según el CELS, los resultados de la audiencia “dan cuenta de un total incumplimiento en cada aspecto de los objetivos dispuestos”.
En el mismo informe destacan que “de las obras de saneamiento cloacal, se ejecutó según la Acumar un 37 por ciento y las obras no tienen fecha de finalización. Respecto de las viviendas, de las 17.771 soluciones habitacionales comprometidas en 2010, a ochos años, se alcanzó un 22 por ciento de cumplimiento y el representante de la Subsecretaría de Vivienda de la Nación no pudo precisar una fecha para alcanzar la totalidad”.
Para el director de la FARN, la cuestión social en los alrededores de la cuenca es la más compleja. “Se ha publicado un mapa de riesgo que da la idea de que hay casi un millón de personas que viven en situación de riesgo y necesitan políticas activas tanto en salud como en asistencia social”, precisó.
En sentido, enfatizó que “después hay que avanzar con los otros aspectos que también son graves. Todos los contaminantes químicos que uno pueda imaginarse están en el Riachuelo”.
La contaminación de la cuenca afecta a la población y para Nápoli eso quedó demostrado en los estudios epidemiológicos que se realizaron: la mayor parte de las patologías están relacionadas con el consumo de agua de mala calidad.
Para Barroetaveña, la Acumar es una de las pocas experiencias que hay de construcción de una institucionalidad metropolitana. “La ciudad de Buenos Aires se extiende en el territorio que contando el conurbano tiene 17 millones de personas, tiene una complejidad y una misma dinámica. Cualquiera de los temas es necesario articularlo metropolitanamente y en eso es muy positivo que la Acumar exista, pero los resultados no han sido muy buenos”.
“La Acumar se puso en marcha, tiene una tarea y es muy importante que demuestre capacidad de acción. La queja que había hasta el momento, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, era que los distintos colores políticos complicaban la coordinación de esa gestión. Hoy el Gobierno nacional, el de la provincia y el de la ciudad tienen el mismo color político y aun así no logran avanzar”, concluyó.
Obras sobre el cuerpo de agua, el saneamiento de los basurales, la relocalización de viviendas, la atención a la salud, la asistencia social, los planes de agua y la reconversión industrial son todavía las cuentas pendientes y que ponen en riesgo la vida de millones de personas.
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Catamarca: canadienses compran miles de hectáreas para litio
Minera adquirió 6.500 hectáreas para litio
Fecha de Publicación: 15/05/2018
Fuente: El Ancasti (Catamarca)
Provincia/Región: Catamarca
Portales especializados en Minería informaron ayer que la empresa canadiense Marifil Mines Limited anunció el lanzamiento de su programa de exploración de litio, con la adquisición de dos propiedades que totalizan 6.528 hectáreas en Catamarca.
Las áreas adquiridas, se informó desde Vancouver, Canadá, cubren salares en la Puna, sobre la ladera oriental de la Cordillera de los Andes, dentro de la zona conocida como “Triángulo de litio”, que involucra además a Bolivia y Chile.
El proyecto, con potenciales recursos de sales de litio, hidróxido de potasio y boratos, se encuentra aproximadamente a 100 kilómetros al sur de la operación de producción de salmuera de litio Hombre Muerto, operada por la estadounidense FMC Corporation.
La adquisición de esas propiedades “marca el comienzo de nuestra agresiva campaña de adquisición y exploración de propiedades de litio”, afirmó Robert Abenante, presidente y director ejecutivo de Marifil.
Las concesiones de exploración obtenidas son las de Fraile (de 5.678 hectáreas) y Ratones (de 850 hectáreas), controladas en un 100% por Marifil, y corresponden a tierras fiscales catamarqueñas.
El salar de Fraile -en gran parte oculto por los abanicos aluviales (depósitos de formas cónicas)- se ubica aproximadamente a 60 km al oeste del pueblo de Antofagasta de la Sierra, y es accesible por camino de tierra.
A su vez, aproximadamente a 50 km al suroeste de la misma localidad se encuentra el salar de Ratones, con forma de medialuna (de 1,5 km de ancho por 15 km de largo) y en cuya porción sur instalará Marifil su “corazón prospectivo”.
La compañía ya tomó muestras de reconocimiento de agua superficial en Ratones, y prevé avanzar con encuestas geofísicas para continuar con su proyecto.
Abenante adelantó que “continuamos las negociaciones para obtener prospectos adicionales de litio para nuestra cartera dentro del Triángulo de Litio de Argentina, reconocido mundialmente”.
La empresa anunció además que contrató como gerente de Exploración a Pedro Vera, geólogo argentino con más de 30 años de experiencia en empresas públicas de exploración y explotación minera, ex asesor de varios gobiernos provinciales y responsable durante cuatro años del equipo de exploración de Barrick Gold en la Patagonia, Pascua Lama y Veladero.
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Fecha de Publicación: 15/05/2018
Fuente: El Ancasti (Catamarca)
Provincia/Región: Catamarca
Portales especializados en Minería informaron ayer que la empresa canadiense Marifil Mines Limited anunció el lanzamiento de su programa de exploración de litio, con la adquisición de dos propiedades que totalizan 6.528 hectáreas en Catamarca.
Las áreas adquiridas, se informó desde Vancouver, Canadá, cubren salares en la Puna, sobre la ladera oriental de la Cordillera de los Andes, dentro de la zona conocida como “Triángulo de litio”, que involucra además a Bolivia y Chile.
El proyecto, con potenciales recursos de sales de litio, hidróxido de potasio y boratos, se encuentra aproximadamente a 100 kilómetros al sur de la operación de producción de salmuera de litio Hombre Muerto, operada por la estadounidense FMC Corporation.
La adquisición de esas propiedades “marca el comienzo de nuestra agresiva campaña de adquisición y exploración de propiedades de litio”, afirmó Robert Abenante, presidente y director ejecutivo de Marifil.
Las concesiones de exploración obtenidas son las de Fraile (de 5.678 hectáreas) y Ratones (de 850 hectáreas), controladas en un 100% por Marifil, y corresponden a tierras fiscales catamarqueñas.
El salar de Fraile -en gran parte oculto por los abanicos aluviales (depósitos de formas cónicas)- se ubica aproximadamente a 60 km al oeste del pueblo de Antofagasta de la Sierra, y es accesible por camino de tierra.
A su vez, aproximadamente a 50 km al suroeste de la misma localidad se encuentra el salar de Ratones, con forma de medialuna (de 1,5 km de ancho por 15 km de largo) y en cuya porción sur instalará Marifil su “corazón prospectivo”.
La compañía ya tomó muestras de reconocimiento de agua superficial en Ratones, y prevé avanzar con encuestas geofísicas para continuar con su proyecto.
Abenante adelantó que “continuamos las negociaciones para obtener prospectos adicionales de litio para nuestra cartera dentro del Triángulo de Litio de Argentina, reconocido mundialmente”.
La empresa anunció además que contrató como gerente de Exploración a Pedro Vera, geólogo argentino con más de 30 años de experiencia en empresas públicas de exploración y explotación minera, ex asesor de varios gobiernos provinciales y responsable durante cuatro años del equipo de exploración de Barrick Gold en la Patagonia, Pascua Lama y Veladero.
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