Bergman PRO represas
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Bergman: "Es inviable reemplazar la energía de las represas"
Fecha de Publicación: 20/03/2018
Fuente: El Cronista Comercial
Provincia/Región: Nacional
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable nacional, Sergio Bergman, se muestra optimista en relación a la construcción de las represas en el río Santa Cruz. Apuesta a la compensación y al monitoreo. En diálogo con El Cronista, hace su análisis sobre el tema.
¿El nuevo proyecto es definitivo?
-Sí, ya quedó resuelto. Todo el proceso va a ser un hito histórico en términos de la calidad institucional. Se pudo evaluar y poner en funcionamiento un nuevo proyecto de represa. Es la primera vez que se cumple con una ley de grandes obras hidráulicas. Esto tiene que ver, no solamente con el trabajo en equipo del Poder Ejecutivo, sino de la participación de la máxima instancia de la justicia que fue la Corte Suprema en diciembre de 2017. Dimos cumplimiento al proceso de evaluación de impacto ambiental del nuevo proyecto y se convocó a la audiencia pública en el ámbito del Congreso de la Nación. En el contexto de la audiencia pública salió una resolución que dio la aprobación de las obras.
¿Era posible renegociar con China para reubicar las inversiones?
- El Gobierno anterior firmó el cross default. Esto significa que si cae un contrato caen todos. El margen diplomático de la negociación no lo teníamos. La prioridad era cambiar el proyecto original. También, se renegociaron los montos de créditos porque tenían apreciaciones que no eran correctas.
¿Se generó tensión entre el Ministerio de Ambiente y el de Energía?
- Los dos ministros estamos firmando el proyecto de resolución donde ya conformamos la comisión interministerial para hacer el seguimiento de cómo se va a implementar el plan de gestión ambiental. Esto es muy importante porque la comisión es justamente la que va a verificar que se cumplan las obligaciones ambientales, se solicite la implementación de las medidas correctivas y se haga el monitoreo del cumplimiento de lo que se presentó en el plan de impacto ambiental y lo que tiene que ver con el proyecto de compensación y mitigación. Algo que surgió en las audiencias y fue parte del enriquecimiento de esa interacción es que se creó el Fondo Fiduciario de Compensación Ambiental de Administración y Financiamiento. Esto ya salió regulado por la Ley de Presupuestos de 2018 del Congreso.
¿En qué piensan como compensaciones?
- Para nosotros, es muy importante definir la compensación de este proyecto en términos ambientales. Esto ya estaba previsto por la Ley General del Ambiente, pero casi nunca se contemplaron en las obras de nuestro país. Hay pocos ejemplos de obras de esta envergadura que tuvieran un proyecto previo de compensación, monitoreo y control.
La idea no es solo mitigar sino mejorar en relación proporcional a la zona afectada. Vemos que podemos revertir costos ambientales en beneficios. En términos numéricos, esto se traduce en que la compensación se va a implementar en 458.000 hectáreas de sitios de importancia para conservación, se van a crear áreas protegidas para una superficie 337.000 hectáreas y se contemplarán corredores de biodiversidad que comprenden 250.000 hectáreas. De este modo, se va a fortalecer todo el sistema de gestión de áreas protegidas de la provincia de Santa Cruz que estaban abandonadas o descuidadas.
¿Otros aspectos que consideraron a partir de la audiencia pública?
- Las audiencias nos dieron la visión de las comunidades originarias. Vamos a trabajar con las comunidades mapuches de la zona porque hay sitios arqueológicos o sagrados que deben estar previstos o removidos si forman parte de las zonas que serán inundadas por las represas.
¿No hay alternativas posibles a estas represas?
- De acuerdo al Ministerio de Energía, la única forma de llegar al autoabastecimiento energético es a partir de la diversificación de la matriz. Es inviable reemplazar la energía que se va a generar en las represas con energía eólica o solar. Tenemos que desa-rrollar todas las fuentes de energía posible para llegar al autoabastecimiento. Luego, la decisión estratégica corroborada por el Acuerdo de París y los compromisos globales que la Argentina suscribió es asegurar que, para 2030, tendremos entre un 20% y un 25% de energía limpia y renovable. Hasta alcanzar el autoabastecimiento, toda forma de generación de energía se pone en despliegue.
¿Cómo responden a las críticas de las organizaciones de la sociedad civil?
- Los escuchamos, les respondimos en el marco de la audiencia pública y muchas de las observaciones las entendimos y las hemos considerado.
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Fecha de Publicación: 20/03/2018
Fuente: El Cronista Comercial
Provincia/Región: Nacional
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable nacional, Sergio Bergman, se muestra optimista en relación a la construcción de las represas en el río Santa Cruz. Apuesta a la compensación y al monitoreo. En diálogo con El Cronista, hace su análisis sobre el tema.
¿El nuevo proyecto es definitivo?
-Sí, ya quedó resuelto. Todo el proceso va a ser un hito histórico en términos de la calidad institucional. Se pudo evaluar y poner en funcionamiento un nuevo proyecto de represa. Es la primera vez que se cumple con una ley de grandes obras hidráulicas. Esto tiene que ver, no solamente con el trabajo en equipo del Poder Ejecutivo, sino de la participación de la máxima instancia de la justicia que fue la Corte Suprema en diciembre de 2017. Dimos cumplimiento al proceso de evaluación de impacto ambiental del nuevo proyecto y se convocó a la audiencia pública en el ámbito del Congreso de la Nación. En el contexto de la audiencia pública salió una resolución que dio la aprobación de las obras.
¿Era posible renegociar con China para reubicar las inversiones?
- El Gobierno anterior firmó el cross default. Esto significa que si cae un contrato caen todos. El margen diplomático de la negociación no lo teníamos. La prioridad era cambiar el proyecto original. También, se renegociaron los montos de créditos porque tenían apreciaciones que no eran correctas.
¿Se generó tensión entre el Ministerio de Ambiente y el de Energía?
- Los dos ministros estamos firmando el proyecto de resolución donde ya conformamos la comisión interministerial para hacer el seguimiento de cómo se va a implementar el plan de gestión ambiental. Esto es muy importante porque la comisión es justamente la que va a verificar que se cumplan las obligaciones ambientales, se solicite la implementación de las medidas correctivas y se haga el monitoreo del cumplimiento de lo que se presentó en el plan de impacto ambiental y lo que tiene que ver con el proyecto de compensación y mitigación. Algo que surgió en las audiencias y fue parte del enriquecimiento de esa interacción es que se creó el Fondo Fiduciario de Compensación Ambiental de Administración y Financiamiento. Esto ya salió regulado por la Ley de Presupuestos de 2018 del Congreso.
¿En qué piensan como compensaciones?
- Para nosotros, es muy importante definir la compensación de este proyecto en términos ambientales. Esto ya estaba previsto por la Ley General del Ambiente, pero casi nunca se contemplaron en las obras de nuestro país. Hay pocos ejemplos de obras de esta envergadura que tuvieran un proyecto previo de compensación, monitoreo y control.
La idea no es solo mitigar sino mejorar en relación proporcional a la zona afectada. Vemos que podemos revertir costos ambientales en beneficios. En términos numéricos, esto se traduce en que la compensación se va a implementar en 458.000 hectáreas de sitios de importancia para conservación, se van a crear áreas protegidas para una superficie 337.000 hectáreas y se contemplarán corredores de biodiversidad que comprenden 250.000 hectáreas. De este modo, se va a fortalecer todo el sistema de gestión de áreas protegidas de la provincia de Santa Cruz que estaban abandonadas o descuidadas.
¿Otros aspectos que consideraron a partir de la audiencia pública?
- Las audiencias nos dieron la visión de las comunidades originarias. Vamos a trabajar con las comunidades mapuches de la zona porque hay sitios arqueológicos o sagrados que deben estar previstos o removidos si forman parte de las zonas que serán inundadas por las represas.
¿No hay alternativas posibles a estas represas?
- De acuerdo al Ministerio de Energía, la única forma de llegar al autoabastecimiento energético es a partir de la diversificación de la matriz. Es inviable reemplazar la energía que se va a generar en las represas con energía eólica o solar. Tenemos que desa-rrollar todas las fuentes de energía posible para llegar al autoabastecimiento. Luego, la decisión estratégica corroborada por el Acuerdo de París y los compromisos globales que la Argentina suscribió es asegurar que, para 2030, tendremos entre un 20% y un 25% de energía limpia y renovable. Hasta alcanzar el autoabastecimiento, toda forma de generación de energía se pone en despliegue.
¿Cómo responden a las críticas de las organizaciones de la sociedad civil?
- Los escuchamos, les respondimos en el marco de la audiencia pública y muchas de las observaciones las entendimos y las hemos considerado.
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Eufemismos: La ex Botnia no contamino, “excedió el límite”
Marcos Peña: Botnia-UPM no fue sancionada por contaminación, sino que “excedió el límite”
Fecha de Publicación: 20/03/2018
Fuente: Radio Máxima
Provincia/Región: Entre Ríos
El diputado nacional Juan José Bahillo, ex intendente de Gualeguaychú, le planteó al Jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña, que la Argentina vuelva a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para denunciar la contaminación de Botnia-UPM.
El jefe de Gabinete, en el marco de una visita informativa a los legisladores, entendió que no fue un caso de contaminación, sino que la pastera “excedió los límites”, en una curiosa interpretación ambiental, para agregar que el hecho fue incorporado entre los “antecedentes”.
“Se ha dado en la última semana un hecho muy particular, que es que el gobierno uruguayo ha sancionado a la planta de Botnia-UPM, reconociendo el carácter contaminante de la planta de Botnia-UPM”, planteó Juan José Bahillo.
“Por eso solicitamos, lo ha solicitado el municipio de Gualeguaychú, lo solicitan los vecinos, que tal cual se hizo en el gobierno anterior, se recurra nuevamente a La Haya, para demostrar que, a confesión de partes, relevo de pruebas, el carácter contaminante de esta planta y exigir su relocalización”, agregó el legislador nacional.
Dijo también que “tengamos en cuenta que en el fallo anterior, La Haya reconoce que se ha alterado el ecosistema de manera perjudicial en inmediaciones de la planta, pero admite que por problemas de toma de muestras no se pudo vincular ese daño con Botnia, y nosotros estamos convencidos de que es así”.
“Lo que establece la Corte (de La Haya) fue monitorear conjuntamente a través de la CARU, la actividad de la pastera, lo que estamos haciendo constantemente. La reciente sanción del gobierno uruguayo fue por dos hechos puntuales de fines de 2016, por exceder en el vuelco de fósforo del parámetro total, no por contaminación sino por exceder el límite que establece el parámetro, según lo que nos dice la CARU. Pero de todas formas, esto sigue siendo parte de los antecedentes que forman parte de la delegación argentina ante la CARU para evaluar futuras acciones”, respondió el jefe de Gabinete, Marcos Peña.
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Fecha de Publicación: 20/03/2018
Fuente: Radio Máxima
Provincia/Región: Entre Ríos
El diputado nacional Juan José Bahillo, ex intendente de Gualeguaychú, le planteó al Jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña, que la Argentina vuelva a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para denunciar la contaminación de Botnia-UPM.
El jefe de Gabinete, en el marco de una visita informativa a los legisladores, entendió que no fue un caso de contaminación, sino que la pastera “excedió los límites”, en una curiosa interpretación ambiental, para agregar que el hecho fue incorporado entre los “antecedentes”.
“Se ha dado en la última semana un hecho muy particular, que es que el gobierno uruguayo ha sancionado a la planta de Botnia-UPM, reconociendo el carácter contaminante de la planta de Botnia-UPM”, planteó Juan José Bahillo.
“Por eso solicitamos, lo ha solicitado el municipio de Gualeguaychú, lo solicitan los vecinos, que tal cual se hizo en el gobierno anterior, se recurra nuevamente a La Haya, para demostrar que, a confesión de partes, relevo de pruebas, el carácter contaminante de esta planta y exigir su relocalización”, agregó el legislador nacional.
Dijo también que “tengamos en cuenta que en el fallo anterior, La Haya reconoce que se ha alterado el ecosistema de manera perjudicial en inmediaciones de la planta, pero admite que por problemas de toma de muestras no se pudo vincular ese daño con Botnia, y nosotros estamos convencidos de que es así”.
“Lo que establece la Corte (de La Haya) fue monitorear conjuntamente a través de la CARU, la actividad de la pastera, lo que estamos haciendo constantemente. La reciente sanción del gobierno uruguayo fue por dos hechos puntuales de fines de 2016, por exceder en el vuelco de fósforo del parámetro total, no por contaminación sino por exceder el límite que establece el parámetro, según lo que nos dice la CARU. Pero de todas formas, esto sigue siendo parte de los antecedentes que forman parte de la delegación argentina ante la CARU para evaluar futuras acciones”, respondió el jefe de Gabinete, Marcos Peña.
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¿Argentina tras la Economía Azul?
Argentina va detrás de la ilusión de la Economía Azul
Fecha de Publicación: 19/03/2018
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional
Elaborar papel con desechos de la minería, cultivar algas para producir gas o alimentar pollos con larvas de moscas. Esos son algunos de los proyectos, ideados por un provocador economista belga, con los que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable argentino aspira a transformar la economía del país.
“La globalización no da oportunidades a todo el mundo. Se las da a China, a la India o a los Estados Unidos, pero no a Argentina”, advirtió en Buenos Aires el martes 13 Gunter Pauli, en una reducida reunión con periodistas, convocada por su anfitrión, el ministro Sergio Bergman.
“Por eso este país tiene que reflexionar sobre cuáles son sus recursos disponibles para generar valor agregado y convertirse en competitivo”, agregó en el encuentro.
Pauli es un asiduo visitante de Argentina desde que en 2016 llegó para dar una serie de conferencias y no solo sedujo a Bergman, que lo contrató para que recorriera el país y contactara científicos y emprendedores locales para desarrollar proyectos, sino al propio presidente Mauricio Macri, quien lo escuchó con atención durante una audiencia en la Casa Rosada, sede del gobierno.
Este economista es un crítico de la economía verde, a la que cuestiona por sus altos costos, y es el creador de lo que ha definido como la Economía Azul, un concepto que consiste en diseñar soluciones locales con los recursos a la mano para desarrollar social y económicamente a las comunidades.
“Que es ecológico es algo obvio”, dijo con énfasis Pauli, que en los año 90 creó en Japón la Fundación ZERI (sigla en inglés de Iniciativa e Investigación para Cero Emisiones) una red de científicos con la misión de buscar soluciones innovadoras para los problemas tan disímiles como la producción de alimentos o de energía.
En sus conferencias en Argentina, Pauli incluso desdeñó a la soja, el principal cultivo nacional gracias a sus variedades transgénicas, que le permiten resistir los herbicidas y de la que sus defensores destacan su trascendencia en la obtención de divisas y sus críticos los impactos para el ambiente y la agricultura tradicional.
Según Pauli, la soja ya llegó a un límite en cuanto a su rendimiento por hectárea y a la riqueza que puede aportarle al país.
Argentina, que con casi 2.800.000 kilómetros cuadrados es el octavo país más grande del mundo, tiene un desarrollo disparejo, ya que cerca de la tercera parte de su población de 44 millones de habitantes está concentrada en Buenos Aires y sus alrededores.
Son las economías regionales las que más sufren los severos problemas del país en los últimos años.
Prácticamente no se crea empleo privado desde 2011, un tercio de los trabajadores está en la informalidad y hay una elevada inflación (25 por ciento en 2016), un castigo especial para los más pobres, que son cerca de 30 por ciento de la población.
“Estos proyectos son la semilla que puede incubar un desarrollo económico para la Argentina”, dijo Bergman, quien subrayó que los proyectos, debido a su escaso impacto ambiental, están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), impulsados desde las Naciones Unidas.
El ministro Bergman, que es un rabino y bioquímico de profesión que se sumó hace varios años al PRO, el partido político de centroderecha de Macri, hizo el prólogo para el libro de Pauli “El Plan A. La transformación de la Economía Argentina”, que publicó el Ministerio de Ambiente y ambos presentaron el mismo martes 13.
En el libro se presentan diez proyectos de desarrollo económico en distintos lugares del país, cada uno con una estimación de la inversión necesaria para ponerla en marcha, que no correrá por parte del gobierno.
“Nosotros hicimos el portafolio de oportunidades que se pueden llevar adelante; ahora hace faltan emprendedores, porque no se trata de pedirle plata al Estado”, dijo Bergman.
Pauli puso el foco sobre la rentabilidad de los proyectos y desechó la economía clásica “que enseña a ser más barato para producir. Argentina no puede competir en estos términos, pero lo que puede hacer es generar mayores ingresos con los recursos que ya tiene”.
El proyecto de cultivo de algas en la extensa costa marina argentina para producir biogás a través de la fermentación está siendo desarrollado con la bióloga de la Universidad Nacional del Sur (UNS), Elisa Parodi, quien ha dedicado su carrera al estudio de las algas.
La UNS tiene su sede en Bahía Blanca, un importante polo industrial que está sobre el océano Atlántico, 560 kilómetros al sur de Buenos Aires.
“Aquí es común que las fábricas se queden sin gas natural en invierno para producir, porque se privilegia la calefacción de los hogares”, explicó Parodi a IPS.
“Y Argentina, que en los años 70 era un líder mundial en algas, por la enorme cantidad que llegaban a las costas marinas, perdió ese recurso por el mal manejo. Por eso trabajamos para incentivar el cultivo, que es complejo porque se hace en profundidades”, agregó.
Según Pauli, Argentina podría aprovechar sus más de tres millones de kilómetros cuadrados de plataforma continental para cultivar algas, con una inversión de 2,5 millones de dólares por kilómetro cuadrado, y producir biogás a entre 8 y 10 dólares el equivalente a un barril (de 169 litros).
“Es mucho más eficiente que el gas de esquisto”, escribió Pauli, afirmación relevante, ya que en los últimos años Argentina intenta atraer inversiones extranjeras para desarrollar Vaca Muerta, un enorme yacimiento de hidrocarburos no convencionales, situado en el sur del país.
Otro de los proyectos consiste en fabricar papel a partir de las toneladas de polvo que produce como desecho la actividad minera, que en Argentina, igual que en otros países de minera, enfrenta duros cuestionamientos sociales por su impacto ambiental.
Según Pauli “el papel de piedra representa la solución perfecta para las minas contaminantes. De repente, el desperdicio de las minas tiene valor. Ahora, con su desperdicio pueden ganar dinero adicional mientras limpian su desorden”.
El papel de piedra ya se utiliza en china y, según el economista belga, una planta que produzca 63.000 toneladas anuales puede construirse con una inversión de 100 millones de dólares en San Juan, provincia de gran actividad minera sobre la cordillera de los Andes.
Pauli destacó que al mismo tiempo le generaría un ahorro al país, porque hoy se importa aproximadamente 30 por ciento del papel que se consume.
La producción de proteínas con larvas de moscas ha sido probada con éxito, según Pauli, en Australia y consiste en aprovechar los desperdicios de la producción de carne en alimento para aves de corral y peces.
En el libro se dice que las larvas de mosca tienen un alto valor nutricional, con niveles de 60 por ciento sin ninguna manipulación genética, contra 35 por ciento de la harina de soja.
“Podemos cultivar mucha más proteína con un recurso gratuito que Argentina ya tiene en abundancia”, dijo Pauli, gracias a los 650 mataderos que hoy son una fuente de contaminación ambiental.
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Fecha de Publicación: 19/03/2018
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional
Elaborar papel con desechos de la minería, cultivar algas para producir gas o alimentar pollos con larvas de moscas. Esos son algunos de los proyectos, ideados por un provocador economista belga, con los que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable argentino aspira a transformar la economía del país.
“La globalización no da oportunidades a todo el mundo. Se las da a China, a la India o a los Estados Unidos, pero no a Argentina”, advirtió en Buenos Aires el martes 13 Gunter Pauli, en una reducida reunión con periodistas, convocada por su anfitrión, el ministro Sergio Bergman.
“Por eso este país tiene que reflexionar sobre cuáles son sus recursos disponibles para generar valor agregado y convertirse en competitivo”, agregó en el encuentro.
Pauli es un asiduo visitante de Argentina desde que en 2016 llegó para dar una serie de conferencias y no solo sedujo a Bergman, que lo contrató para que recorriera el país y contactara científicos y emprendedores locales para desarrollar proyectos, sino al propio presidente Mauricio Macri, quien lo escuchó con atención durante una audiencia en la Casa Rosada, sede del gobierno.
Este economista es un crítico de la economía verde, a la que cuestiona por sus altos costos, y es el creador de lo que ha definido como la Economía Azul, un concepto que consiste en diseñar soluciones locales con los recursos a la mano para desarrollar social y económicamente a las comunidades.
“Que es ecológico es algo obvio”, dijo con énfasis Pauli, que en los año 90 creó en Japón la Fundación ZERI (sigla en inglés de Iniciativa e Investigación para Cero Emisiones) una red de científicos con la misión de buscar soluciones innovadoras para los problemas tan disímiles como la producción de alimentos o de energía.
En sus conferencias en Argentina, Pauli incluso desdeñó a la soja, el principal cultivo nacional gracias a sus variedades transgénicas, que le permiten resistir los herbicidas y de la que sus defensores destacan su trascendencia en la obtención de divisas y sus críticos los impactos para el ambiente y la agricultura tradicional.
Según Pauli, la soja ya llegó a un límite en cuanto a su rendimiento por hectárea y a la riqueza que puede aportarle al país.
Argentina, que con casi 2.800.000 kilómetros cuadrados es el octavo país más grande del mundo, tiene un desarrollo disparejo, ya que cerca de la tercera parte de su población de 44 millones de habitantes está concentrada en Buenos Aires y sus alrededores.
Son las economías regionales las que más sufren los severos problemas del país en los últimos años.
Prácticamente no se crea empleo privado desde 2011, un tercio de los trabajadores está en la informalidad y hay una elevada inflación (25 por ciento en 2016), un castigo especial para los más pobres, que son cerca de 30 por ciento de la población.
“Estos proyectos son la semilla que puede incubar un desarrollo económico para la Argentina”, dijo Bergman, quien subrayó que los proyectos, debido a su escaso impacto ambiental, están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), impulsados desde las Naciones Unidas.
El ministro Bergman, que es un rabino y bioquímico de profesión que se sumó hace varios años al PRO, el partido político de centroderecha de Macri, hizo el prólogo para el libro de Pauli “El Plan A. La transformación de la Economía Argentina”, que publicó el Ministerio de Ambiente y ambos presentaron el mismo martes 13.
En el libro se presentan diez proyectos de desarrollo económico en distintos lugares del país, cada uno con una estimación de la inversión necesaria para ponerla en marcha, que no correrá por parte del gobierno.
“Nosotros hicimos el portafolio de oportunidades que se pueden llevar adelante; ahora hace faltan emprendedores, porque no se trata de pedirle plata al Estado”, dijo Bergman.
Pauli puso el foco sobre la rentabilidad de los proyectos y desechó la economía clásica “que enseña a ser más barato para producir. Argentina no puede competir en estos términos, pero lo que puede hacer es generar mayores ingresos con los recursos que ya tiene”.
El proyecto de cultivo de algas en la extensa costa marina argentina para producir biogás a través de la fermentación está siendo desarrollado con la bióloga de la Universidad Nacional del Sur (UNS), Elisa Parodi, quien ha dedicado su carrera al estudio de las algas.
La UNS tiene su sede en Bahía Blanca, un importante polo industrial que está sobre el océano Atlántico, 560 kilómetros al sur de Buenos Aires.
“Aquí es común que las fábricas se queden sin gas natural en invierno para producir, porque se privilegia la calefacción de los hogares”, explicó Parodi a IPS.
“Y Argentina, que en los años 70 era un líder mundial en algas, por la enorme cantidad que llegaban a las costas marinas, perdió ese recurso por el mal manejo. Por eso trabajamos para incentivar el cultivo, que es complejo porque se hace en profundidades”, agregó.
Según Pauli, Argentina podría aprovechar sus más de tres millones de kilómetros cuadrados de plataforma continental para cultivar algas, con una inversión de 2,5 millones de dólares por kilómetro cuadrado, y producir biogás a entre 8 y 10 dólares el equivalente a un barril (de 169 litros).
“Es mucho más eficiente que el gas de esquisto”, escribió Pauli, afirmación relevante, ya que en los últimos años Argentina intenta atraer inversiones extranjeras para desarrollar Vaca Muerta, un enorme yacimiento de hidrocarburos no convencionales, situado en el sur del país.
Otro de los proyectos consiste en fabricar papel a partir de las toneladas de polvo que produce como desecho la actividad minera, que en Argentina, igual que en otros países de minera, enfrenta duros cuestionamientos sociales por su impacto ambiental.
Según Pauli “el papel de piedra representa la solución perfecta para las minas contaminantes. De repente, el desperdicio de las minas tiene valor. Ahora, con su desperdicio pueden ganar dinero adicional mientras limpian su desorden”.
El papel de piedra ya se utiliza en china y, según el economista belga, una planta que produzca 63.000 toneladas anuales puede construirse con una inversión de 100 millones de dólares en San Juan, provincia de gran actividad minera sobre la cordillera de los Andes.
Pauli destacó que al mismo tiempo le generaría un ahorro al país, porque hoy se importa aproximadamente 30 por ciento del papel que se consume.
La producción de proteínas con larvas de moscas ha sido probada con éxito, según Pauli, en Australia y consiste en aprovechar los desperdicios de la producción de carne en alimento para aves de corral y peces.
En el libro se dice que las larvas de mosca tienen un alto valor nutricional, con niveles de 60 por ciento sin ninguna manipulación genética, contra 35 por ciento de la harina de soja.
“Podemos cultivar mucha más proteína con un recurso gratuito que Argentina ya tiene en abundancia”, dijo Pauli, gracias a los 650 mataderos que hoy son una fuente de contaminación ambiental.
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Dos derrames de petróleo en 10 días en Malargüe
Otro derrame de petróleo volvió a preocupar a Malargüe: es el segundo en 10 días
Fecha de Publicación: 19/03/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El incidente ocurrió en la batería Puesto Muñoz y 3.500 litros afectaron a un cauce viejo. Había fallado la soldadura en unos caños.
Otro derrame de miles de litros de petróleo volvió a alertar a los habitantes del Sur provincial, a pocos días de la anterior fuga. Si bien no ocurrió en el mismo lugar, el yacimiento pertenece a la misma empresa que la vez pasada aseguró que la fuga no afectó a los ríos cercanos.
El nuevo accidente ambiental ocurrió el sábado pasado, al suroeste de Malargüe, en la batería Puesto Muñoz. La empresa responsable del lugar es El Trébol y, según consta en el informe, la pérdida se produjo porque falló la soldadura en unos caños que estaban sobre caballetes, lo que provocó movimientos que rompieron la unión.
Como consecuencia, se esparcieron alrededor de 3.500 litros de agua con petróleo. El residuo corrió por un cauce viejo, de unos 30 centímetros de ancho por 50 centímetros de profundidad, y se esparció alrededor de 400 metros. El río más cercano a la zona de la fuga de petróleo está ubicado a más de 2.000 metros de distancia.
Personal especializado realizó este lunes las tareas de remediación y las autoridades de aplicación trabajaron en el lugar para solucionar el incidente.
En menos de diez días se registraron dos derrames de petróleo en Malargüe. El 4 de marzo pasado, la falla de una válvula en el yacimiento Puesto Rojas provocó la fuga de unos 4.000 litros de combustible que, según la empresa El Trébol, no afectó a los cauces de agua cercanos.
En mayo de 2015, hubo un antecedente similar en la batería Puesto Muñoz. Puesteros denunciaron que hallaron perros y chivos con manchas de petróleo. En este incidente, la empresa involucrada fue Grecoil & Cía, pero no aportó información acerca de las causas del derrame y se labró un acta por parte de la Dirección de Protección Animal.
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Fecha de Publicación: 19/03/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El incidente ocurrió en la batería Puesto Muñoz y 3.500 litros afectaron a un cauce viejo. Había fallado la soldadura en unos caños.
Otro derrame de miles de litros de petróleo volvió a alertar a los habitantes del Sur provincial, a pocos días de la anterior fuga. Si bien no ocurrió en el mismo lugar, el yacimiento pertenece a la misma empresa que la vez pasada aseguró que la fuga no afectó a los ríos cercanos.
El nuevo accidente ambiental ocurrió el sábado pasado, al suroeste de Malargüe, en la batería Puesto Muñoz. La empresa responsable del lugar es El Trébol y, según consta en el informe, la pérdida se produjo porque falló la soldadura en unos caños que estaban sobre caballetes, lo que provocó movimientos que rompieron la unión.
Como consecuencia, se esparcieron alrededor de 3.500 litros de agua con petróleo. El residuo corrió por un cauce viejo, de unos 30 centímetros de ancho por 50 centímetros de profundidad, y se esparció alrededor de 400 metros. El río más cercano a la zona de la fuga de petróleo está ubicado a más de 2.000 metros de distancia.
Personal especializado realizó este lunes las tareas de remediación y las autoridades de aplicación trabajaron en el lugar para solucionar el incidente.
En menos de diez días se registraron dos derrames de petróleo en Malargüe. El 4 de marzo pasado, la falla de una válvula en el yacimiento Puesto Rojas provocó la fuga de unos 4.000 litros de combustible que, según la empresa El Trébol, no afectó a los cauces de agua cercanos.
En mayo de 2015, hubo un antecedente similar en la batería Puesto Muñoz. Puesteros denunciaron que hallaron perros y chivos con manchas de petróleo. En este incidente, la empresa involucrada fue Grecoil & Cía, pero no aportó información acerca de las causas del derrame y se labró un acta por parte de la Dirección de Protección Animal.
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Vuelve a repuntar la deforestación en Argentina
El desmonte ilegal continúa avanzando
Fecha de Publicación: 19/03/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
Argentina se encuentra entre las diez naciones que más han erradicado el monte natural en el mundo con unas 300.000 hectáreas anuales
El año pasado volvió a aumentar la deforestación ilegal en la Argentina con respecto a los valores de 2016, un ilícito perpetrado con el fin de ampliar la frontera agropecuaria, principalmente en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa. Son 128.217 hectáreas de bosques talados y el 42% en reservas naturales protegidas.
En estas cuatro provincias se concentra el 80% del desmonte ilegal, más la zona pampeana, donde se localiza el resto de la depredación verde -según muestran imágenes satelitales-, se han desarrollado emprendimientos de soja transgénica y ganadería intensiva. También se produjeron incendios intencionales para eliminar malezas, de acuerdo a las denuncias de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y la ambientalista Greenpeace.
La tala furtiva en el país es un problema que viene de décadas y si bien ha disminuido en los últimos años, las soluciones no parecen ser las apropiadas para frenar los planes de las poderosas multinacionales que lucran en el marco de una emergencia forestal.
El Gobierno Nacional ha puesto en marcha el plan de reforestación más importante de los últimos 50 años, el llamado Programa Nacional de Restauración de Bosques Nativos Degradados, que lleva plantados unos 81.800 ejemplares. Pero es una tarea ecológica a largo plazo que va a demandar muchos años, mientras por otro lado las topadoras arrasan alevosamente en minutos las zonas vedadas.
La impunidad está en la legislación. Si bien existe la ley nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada en 2007, la norma se limita a aplicar apercibimientos y multas de montos irrisorios, según los criterios de los organismos ambientales de las provincias afectadas. En general se trata de simples transgresiones para ser evaluadas por la Justicia de Faltas.
Por eso los grandes empresarios pagan las multas como otro trámite burocrático y continúan con las deforestaciones. Muy diferente sería ante una figura penal del fuero federal porque se comete un daño irreversible a la biomasa y la biodiversidad del planeta. Y todo esto enmarcado en una emergencia forestal nacional de repercusión mundial.
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Fecha de Publicación: 19/03/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
Argentina se encuentra entre las diez naciones que más han erradicado el monte natural en el mundo con unas 300.000 hectáreas anuales
El año pasado volvió a aumentar la deforestación ilegal en la Argentina con respecto a los valores de 2016, un ilícito perpetrado con el fin de ampliar la frontera agropecuaria, principalmente en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa. Son 128.217 hectáreas de bosques talados y el 42% en reservas naturales protegidas.
En estas cuatro provincias se concentra el 80% del desmonte ilegal, más la zona pampeana, donde se localiza el resto de la depredación verde -según muestran imágenes satelitales-, se han desarrollado emprendimientos de soja transgénica y ganadería intensiva. También se produjeron incendios intencionales para eliminar malezas, de acuerdo a las denuncias de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y la ambientalista Greenpeace.
La tala furtiva en el país es un problema que viene de décadas y si bien ha disminuido en los últimos años, las soluciones no parecen ser las apropiadas para frenar los planes de las poderosas multinacionales que lucran en el marco de una emergencia forestal.
El Gobierno Nacional ha puesto en marcha el plan de reforestación más importante de los últimos 50 años, el llamado Programa Nacional de Restauración de Bosques Nativos Degradados, que lleva plantados unos 81.800 ejemplares. Pero es una tarea ecológica a largo plazo que va a demandar muchos años, mientras por otro lado las topadoras arrasan alevosamente en minutos las zonas vedadas.
La impunidad está en la legislación. Si bien existe la ley nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada en 2007, la norma se limita a aplicar apercibimientos y multas de montos irrisorios, según los criterios de los organismos ambientales de las provincias afectadas. En general se trata de simples transgresiones para ser evaluadas por la Justicia de Faltas.
Por eso los grandes empresarios pagan las multas como otro trámite burocrático y continúan con las deforestaciones. Muy diferente sería ante una figura penal del fuero federal porque se comete un daño irreversible a la biomasa y la biodiversidad del planeta. Y todo esto enmarcado en una emergencia forestal nacional de repercusión mundial.
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Encuentran una peligrosa especie invasora en la Patagonia
Llegó a Aluminé una exótica especie de EEUU que amenaza a la fauna patagónica
Fecha de Publicación: 18/03/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Patagonia
Se trata del visón americano, que fue detectado en el río Aluminé. El mamífero afecta a especies de aves asociadas a ambientes acuáticos, y puede transmitir enfermedades.
Ejemplares del temible visón americano fueron vistos en el río Aluminé después de que atravesaran buena parte del sur provincial y este de Río Negro tras haber sido liberados de criaderos de Chubut.
El director de Departamento de Guardafaunas de Aluminé, Hugo Arriagada, confirmó que durante el verano pudieron demostrar la presencia de este mamífero exótico cuya principal dieta son truchas y aves. “Detectarla en el río Aluminé, nos preocupó bastante”, dijo el guardafauna en diálogo con AM 550. Indicó que con ayuda de especialistas y vecinos pudieron identificar al visión “claramente” por lo que se hicieron una serie de informes.
El 21 de febrero los técnicos de la Dirección de Ecosistemas Terrestres (DET) Oscar Pailacura y Alejandro González, junto a una investigadora del Conicet, María Laura Guichón, viajaron a Aluminé con el fin de visitar una sección del río Aluminé donde habría presencia de visón americano (Neovison vison).
El visón es originario de América del Norte y fue introducido en Argentina en la década del ‘30 con fines peleteros. En el noroeste de Chubut funcionaron numerosos criaderos durante varias décadas. En 1970 habría iniciado la colonización de ambientes naturales a partir de escapes o liberaciones. En la zona de Junín de los Andes se lo ha observado desde hace más de 5 años y hacia el norte su expansión estaría continuando por el cauce del río Aluminé.
Arriagada comentó que el visón llegó al departamento Aluminé “en base a ir ampliando su territorio porque ya está presente, desde hace un par de años, en Junín y San Martín de los Andes”. Aluminé fue la siguiente etapa.
Tiene gran impacto en los ecosistemas nativos, afectando significativamente a aquellas especies de aves asociadas a ambientes acuáticos. También puede ocasionar impactos negativos en actividades productivas al depredar sobre aves de corral y peces. Además, puede transmitir enfermedades zoonóticas como leptospirosis.
Arriagada dijo que una de las medidas más apropiadas para limitar su expansión es controlar los frentes de avance.
“Es una especie pequeña pero bastante agresiva”, dijo el guardafauna quien identificó al ejemplar a unos 10 kilómetros al sur de la localidad de Aluminé. Reconoció que se puede confundir con un coipo o con una nutria porque “es muy parecida, pero de menor tamaño”, mide unos 40 o 50 centímetros y es de color negro y el único detalle singular que posee es una mancha blanca en la garganta. “Todo el cuerpo negro con una mancha blanca en la garganta”, acotó.
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Fecha de Publicación: 18/03/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Patagonia
Se trata del visón americano, que fue detectado en el río Aluminé. El mamífero afecta a especies de aves asociadas a ambientes acuáticos, y puede transmitir enfermedades.
Ejemplares del temible visón americano fueron vistos en el río Aluminé después de que atravesaran buena parte del sur provincial y este de Río Negro tras haber sido liberados de criaderos de Chubut.
El director de Departamento de Guardafaunas de Aluminé, Hugo Arriagada, confirmó que durante el verano pudieron demostrar la presencia de este mamífero exótico cuya principal dieta son truchas y aves. “Detectarla en el río Aluminé, nos preocupó bastante”, dijo el guardafauna en diálogo con AM 550. Indicó que con ayuda de especialistas y vecinos pudieron identificar al visión “claramente” por lo que se hicieron una serie de informes.
El 21 de febrero los técnicos de la Dirección de Ecosistemas Terrestres (DET) Oscar Pailacura y Alejandro González, junto a una investigadora del Conicet, María Laura Guichón, viajaron a Aluminé con el fin de visitar una sección del río Aluminé donde habría presencia de visón americano (Neovison vison).
El visón es originario de América del Norte y fue introducido en Argentina en la década del ‘30 con fines peleteros. En el noroeste de Chubut funcionaron numerosos criaderos durante varias décadas. En 1970 habría iniciado la colonización de ambientes naturales a partir de escapes o liberaciones. En la zona de Junín de los Andes se lo ha observado desde hace más de 5 años y hacia el norte su expansión estaría continuando por el cauce del río Aluminé.
Arriagada comentó que el visón llegó al departamento Aluminé “en base a ir ampliando su territorio porque ya está presente, desde hace un par de años, en Junín y San Martín de los Andes”. Aluminé fue la siguiente etapa.
Tiene gran impacto en los ecosistemas nativos, afectando significativamente a aquellas especies de aves asociadas a ambientes acuáticos. También puede ocasionar impactos negativos en actividades productivas al depredar sobre aves de corral y peces. Además, puede transmitir enfermedades zoonóticas como leptospirosis.
Arriagada dijo que una de las medidas más apropiadas para limitar su expansión es controlar los frentes de avance.
“Es una especie pequeña pero bastante agresiva”, dijo el guardafauna quien identificó al ejemplar a unos 10 kilómetros al sur de la localidad de Aluminé. Reconoció que se puede confundir con un coipo o con una nutria porque “es muy parecida, pero de menor tamaño”, mide unos 40 o 50 centímetros y es de color negro y el único detalle singular que posee es una mancha blanca en la garganta. “Todo el cuerpo negro con una mancha blanca en la garganta”, acotó.
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Otro conflicto ambiental entre La Pampa y Mendoza
La Pampa irá en queja ante la Corte por el aval para levantar la represa Portezuelo del Viento
Fecha de Publicación: 18/03/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
El Gobierno de La Pampa anunció que presentará un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia, por el laudo presidencial a favor de la construcción de la represa Portezuelo del Viento que proyecta Mendoza sobre el río Grande, argumentando que la obra perjudicará el caudal del río Colorado.
La provincia fue notificada de la medida el viernes, con la devolución del recurso de nulidad presentado en ante el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en su rol de presidente del Consejo de Gobierno del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco).
En un comunicado de prensa, el procurador General pampeano, Hernán Pérez Araujo, manifestó que está abierta la instancia para presentar una queja ante la Corte, frente al rechazo del reclamo. Además, acusó al Gobierno de pretender obstruir el acceso a la Justicia.
Así, confirmó que por instrucción del gobernador de La Pampa, Carlos Verna, se está trabajando en un recurso de queja por recurso extraordinario denegado, la vía legal idónea para garantizar la supremacía de la Constitución Nacional.
En 2017, La Pampa rechazó en el Coirco la construcción de Portezuelo del Viento, al entender que falta un estudio de impacto ambiental y que perjudicará la calidad y el caudal del río Colorado, pero el proyecto fue aprobado por el resto de las provincias y obtuvo el laudo presidencial favorable.
Tratativas
Los primeros estudios sobre la construcción de la represa se realizaron en 1950, pero recién en 2011 se inició la licitación del proyecto definitivo, que contempla la creación de cinco centrales hidroeléctricas sobre el río.
Las tratativas para concretar la obra comenzaron en noviembre de 2016. El conflicto se originó en el Coirco, en donde cuatro provincias aprobaron la construcción de Portezuelo (Mendoza, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires) mientras que La Pampa se opuso.
El desacuerdo obligó a que el presidente decidiera, en calidad de árbitro, si la represa se construye o no y en enero emitió su laudo arbitral.
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Fecha de Publicación: 18/03/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
El Gobierno de La Pampa anunció que presentará un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia, por el laudo presidencial a favor de la construcción de la represa Portezuelo del Viento que proyecta Mendoza sobre el río Grande, argumentando que la obra perjudicará el caudal del río Colorado.
La provincia fue notificada de la medida el viernes, con la devolución del recurso de nulidad presentado en ante el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en su rol de presidente del Consejo de Gobierno del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco).
En un comunicado de prensa, el procurador General pampeano, Hernán Pérez Araujo, manifestó que está abierta la instancia para presentar una queja ante la Corte, frente al rechazo del reclamo. Además, acusó al Gobierno de pretender obstruir el acceso a la Justicia.
Así, confirmó que por instrucción del gobernador de La Pampa, Carlos Verna, se está trabajando en un recurso de queja por recurso extraordinario denegado, la vía legal idónea para garantizar la supremacía de la Constitución Nacional.
En 2017, La Pampa rechazó en el Coirco la construcción de Portezuelo del Viento, al entender que falta un estudio de impacto ambiental y que perjudicará la calidad y el caudal del río Colorado, pero el proyecto fue aprobado por el resto de las provincias y obtuvo el laudo presidencial favorable.
Tratativas
Los primeros estudios sobre la construcción de la represa se realizaron en 1950, pero recién en 2011 se inició la licitación del proyecto definitivo, que contempla la creación de cinco centrales hidroeléctricas sobre el río.
Las tratativas para concretar la obra comenzaron en noviembre de 2016. El conflicto se originó en el Coirco, en donde cuatro provincias aprobaron la construcción de Portezuelo (Mendoza, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires) mientras que La Pampa se opuso.
El desacuerdo obligó a que el presidente decidiera, en calidad de árbitro, si la represa se construye o no y en enero emitió su laudo arbitral.
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Santa Fe: riesgo ambiental por una refinería paralizada
Grave riesgo ambiental por la parálisis de la planta de refinería San Lorenzo
Fecha de Publicación: 18/03/2018
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
La parálisis de la planta de Refinería San Lorenzo, propiedad de Oil Combustibles, además de poner en la cuerda floja a alrededor de 500 puestos de trabajo, ahora ha encendido las luces de alarma por el grave riesgo ambiental que acarrearía un cierre desordenado e intempestivo de la actividad productiva. Así lo han alertado profesionales del área de seguridad de la empresa, la Intendencia local y ecologistas, quienes advirtieron sobre las enormes cantidades de material inflamable que permanece en las instalaciones, las consecuencias de que se interrumpan tareas habituales de remediación de antiguos derrames subterráneos y las posibles fugas por corrosión de las instalaciones en caso de que cesen los mantenimientos de rigor.
Esta semana referentes de la seguridad industrial de Oil alertaron al intendente sanlorencino Leonardo Raimundo sobre la situación técnica de la planta tras la paralización de su producción y de los graves riesgos potenciales que entraña su eventual abandono. El gerente de Seguridad y Medio Ambiente, Eduardo Landeira; el gerente de Operaciones, Fabián Pedrido, y el empleado de Mantenimiento, Edgardo Dossena, plantearon al jefe municipal la preocupante situación.
En diálogo con LaCapital, Raimundo remarcó que además de que hay cientos de familias de los trabajadores afectadas: "Estamos hablando de si cierra o no una destilería de petróleo, que no es habitual, no lo vi nunca", y recordó que "una destilería tiene protocolos de apagado y de mantenimiento que requiere personal". Y señaló que "por ejemplo para mantener una guardia de seguridad se necesitan entre 12 y 15 personas por turno, vigilancia, corte de pastizales para evitar incendios, el tema del control perimetral porque son 90 hectáreas en plena zona urbana y con el peligro de que entren desconocidos".
También recordó que, tal como le dijeron los profesionales de la empresa, "la planta no esta vacía: hay miles de metros cúbicos de combustible, hay tanques y un tema ambiental que es que hay 82 perforaciones a la napa sacando permanentemente contaminación de hidrocarburos que están en el subsuelo a causa de derrames lixiviados en 80 años de trabajo". Al respecto, remarcó que "si estas 82 bombas dejan de trabajar porque nadie las mantiene, ni paga el suministro eléctrico, ni las enciende, todo esto iría al arroyo San Lorenzo y al Paraná, y lo mismo pasa en el puerto donde habría una enorme mancha negra en el río". También "hay un sistema de contención de derrames de superficie y si no se trabaja en eso permanentemente se puede llegar a que con la lluvia se derramen de contaminantes".
Actualmente, en Refinería San Lorenzo esta paralizada tanto la producción como el despacho de combustibles ya que los intentos de la firma administradora OP Investments por generar operaciones de comercialización fueron impedidas por la Afip (ver aparte).
Raimundo recordó que "alertamos por la conservación de los puestos de trabajo y por una cuestión de seguridad ya que una planta petrolera por más que esté parada no se garantiza la seguridad si no hay gente trabajando permanentemente". Desde la Intendencia remitieron notas a los ministerios de Medio Ambiente de la provincia y de la Nación, además de trasladar la preocupación personalmente al jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña, en la inauguración de una usina en Timbúes.
No obstante, aclararon que "hoy la seguridad esta garantizada porque la empresa pagó los sueldos pero estamos muy preocupados porque la Refinería está rodeada por dos barrios de la ciudad como Malvinas y El Pino", pero por eso "intimamos a una inmediata respuesta y un plan de contingencia que tiene que incluir a los trabajadores para el mantenimiento".
La planta tiene hoy 24.500 litros de combustible en tanques y ductos, además del que periódicamente es retirado de las napas mediante el accionar de 82 bombas para evitar que se derrame y contamine tanto a barrio Norte como al río Paraná.
Ecologistas
Cecilia Bianco vive en el Cordón Industrial y es la coordinadora en lo referido a Tóxicos del Taller Ecologista. Consultada por LaCapital, señaló que "encontramos impactos ambientales que estaban antes, por eso tienen bombas instaladas para extraer el combustible que desde hace muchos años se filtró a las napas, y el seguimiento de esto lo hace la empresa que instaló las bombas y eso sí o sí hay que seguirlo, eso es algo de lo que el municipio está al tanto, y de hecho la empresa le informaba sobre la disminución de la presencia de combustible en las napas". Esta situación se da en la planta y en el puerto.
La especialista también recordó que "estos procesos en los que están líquidos en circulación producen un deterioro de todo lo que es cañerías por lo tanto hay que estar controlando lugares sensibles, y no puede dejar de tener mantenimiento, eso es fundamental porque son productos que están todo el tiempo ocasionando procesos de corrosión".
Bianco advirtió que "es imprescindible que la estructura tenga mantenimiento, estamos en épocas de altas temperaturas y es imposible que la empresa de un día para el otro no produzca más y que las instalaciones queden abandonadas", a la vez que reclamó el accionar del gobierno provincial ya que "la ley de Ambiente de Santa Fe establece que nadie se puede ir sin hacer un plan de cómo va a cerrar la empresa y resolver los pasivos ambientales".
Tensión social
Rubén Pérez, secretario general Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustibles Santa Fe Sur, describió la situación actual en la histórica refinería: "Están dejando caer a esta empresa, los dueños anteriores están presos, la refinería está totalmente paralizada, los contratistas están llevándose las herramientas, no hay producción y no hay venta de combustibles".
El dirigente sindical aseveró que "la empresa no tiene para sueldos ni aportes y menos para indemnizaciones", y que "se terminó todo el producto y no sale un camión con combustibles, se cerró la cañería que va a la ex Pasa (hoy Pampa Energy) con nafta virgen".
Asimismo, describió una tensión social "in crescendo" ya que están siendo afectadas tres ciudades —San Lorenzo, Puerto San Martín y Fray Luis Beltrán— porque los trabajadores están en la ruta 10, que es el acceso norte a San Lorenzo desde la autopista Rosario-Santa Fe. "Están haciendo cortes de la ruta los camioneros, están los petroleros nuestros y los del Supeh, de la Uocra, hay varios gremios, y hay bronca con los camioneros que quieren descargar la cosecha en las cerealeras", señaló.
Por lo pronto, "la empresa pagó el sueldo de febrero pero ya nos avisaron que para el de marzo no tienen un peso". De este modo, la realización del mantenimiento y los controles por este mes están asegurados pero si no se abonan los salarios próximos nadie entrará a trabajar. "Esta refinería tiene muchos productos adentro, cuando la parás queda mucho adentro: hay hornos, combustible, y cantidad de metros cubicos que quedan, pero ¿quién lo cuidará a eso?", se preguntó el gremialista.
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Fecha de Publicación: 18/03/2018
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
La parálisis de la planta de Refinería San Lorenzo, propiedad de Oil Combustibles, además de poner en la cuerda floja a alrededor de 500 puestos de trabajo, ahora ha encendido las luces de alarma por el grave riesgo ambiental que acarrearía un cierre desordenado e intempestivo de la actividad productiva. Así lo han alertado profesionales del área de seguridad de la empresa, la Intendencia local y ecologistas, quienes advirtieron sobre las enormes cantidades de material inflamable que permanece en las instalaciones, las consecuencias de que se interrumpan tareas habituales de remediación de antiguos derrames subterráneos y las posibles fugas por corrosión de las instalaciones en caso de que cesen los mantenimientos de rigor.
Esta semana referentes de la seguridad industrial de Oil alertaron al intendente sanlorencino Leonardo Raimundo sobre la situación técnica de la planta tras la paralización de su producción y de los graves riesgos potenciales que entraña su eventual abandono. El gerente de Seguridad y Medio Ambiente, Eduardo Landeira; el gerente de Operaciones, Fabián Pedrido, y el empleado de Mantenimiento, Edgardo Dossena, plantearon al jefe municipal la preocupante situación.
En diálogo con LaCapital, Raimundo remarcó que además de que hay cientos de familias de los trabajadores afectadas: "Estamos hablando de si cierra o no una destilería de petróleo, que no es habitual, no lo vi nunca", y recordó que "una destilería tiene protocolos de apagado y de mantenimiento que requiere personal". Y señaló que "por ejemplo para mantener una guardia de seguridad se necesitan entre 12 y 15 personas por turno, vigilancia, corte de pastizales para evitar incendios, el tema del control perimetral porque son 90 hectáreas en plena zona urbana y con el peligro de que entren desconocidos".
También recordó que, tal como le dijeron los profesionales de la empresa, "la planta no esta vacía: hay miles de metros cúbicos de combustible, hay tanques y un tema ambiental que es que hay 82 perforaciones a la napa sacando permanentemente contaminación de hidrocarburos que están en el subsuelo a causa de derrames lixiviados en 80 años de trabajo". Al respecto, remarcó que "si estas 82 bombas dejan de trabajar porque nadie las mantiene, ni paga el suministro eléctrico, ni las enciende, todo esto iría al arroyo San Lorenzo y al Paraná, y lo mismo pasa en el puerto donde habría una enorme mancha negra en el río". También "hay un sistema de contención de derrames de superficie y si no se trabaja en eso permanentemente se puede llegar a que con la lluvia se derramen de contaminantes".
Actualmente, en Refinería San Lorenzo esta paralizada tanto la producción como el despacho de combustibles ya que los intentos de la firma administradora OP Investments por generar operaciones de comercialización fueron impedidas por la Afip (ver aparte).
Raimundo recordó que "alertamos por la conservación de los puestos de trabajo y por una cuestión de seguridad ya que una planta petrolera por más que esté parada no se garantiza la seguridad si no hay gente trabajando permanentemente". Desde la Intendencia remitieron notas a los ministerios de Medio Ambiente de la provincia y de la Nación, además de trasladar la preocupación personalmente al jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña, en la inauguración de una usina en Timbúes.
No obstante, aclararon que "hoy la seguridad esta garantizada porque la empresa pagó los sueldos pero estamos muy preocupados porque la Refinería está rodeada por dos barrios de la ciudad como Malvinas y El Pino", pero por eso "intimamos a una inmediata respuesta y un plan de contingencia que tiene que incluir a los trabajadores para el mantenimiento".
La planta tiene hoy 24.500 litros de combustible en tanques y ductos, además del que periódicamente es retirado de las napas mediante el accionar de 82 bombas para evitar que se derrame y contamine tanto a barrio Norte como al río Paraná.
Ecologistas
Cecilia Bianco vive en el Cordón Industrial y es la coordinadora en lo referido a Tóxicos del Taller Ecologista. Consultada por LaCapital, señaló que "encontramos impactos ambientales que estaban antes, por eso tienen bombas instaladas para extraer el combustible que desde hace muchos años se filtró a las napas, y el seguimiento de esto lo hace la empresa que instaló las bombas y eso sí o sí hay que seguirlo, eso es algo de lo que el municipio está al tanto, y de hecho la empresa le informaba sobre la disminución de la presencia de combustible en las napas". Esta situación se da en la planta y en el puerto.
La especialista también recordó que "estos procesos en los que están líquidos en circulación producen un deterioro de todo lo que es cañerías por lo tanto hay que estar controlando lugares sensibles, y no puede dejar de tener mantenimiento, eso es fundamental porque son productos que están todo el tiempo ocasionando procesos de corrosión".
Bianco advirtió que "es imprescindible que la estructura tenga mantenimiento, estamos en épocas de altas temperaturas y es imposible que la empresa de un día para el otro no produzca más y que las instalaciones queden abandonadas", a la vez que reclamó el accionar del gobierno provincial ya que "la ley de Ambiente de Santa Fe establece que nadie se puede ir sin hacer un plan de cómo va a cerrar la empresa y resolver los pasivos ambientales".
Tensión social
Rubén Pérez, secretario general Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustibles Santa Fe Sur, describió la situación actual en la histórica refinería: "Están dejando caer a esta empresa, los dueños anteriores están presos, la refinería está totalmente paralizada, los contratistas están llevándose las herramientas, no hay producción y no hay venta de combustibles".
El dirigente sindical aseveró que "la empresa no tiene para sueldos ni aportes y menos para indemnizaciones", y que "se terminó todo el producto y no sale un camión con combustibles, se cerró la cañería que va a la ex Pasa (hoy Pampa Energy) con nafta virgen".
Asimismo, describió una tensión social "in crescendo" ya que están siendo afectadas tres ciudades —San Lorenzo, Puerto San Martín y Fray Luis Beltrán— porque los trabajadores están en la ruta 10, que es el acceso norte a San Lorenzo desde la autopista Rosario-Santa Fe. "Están haciendo cortes de la ruta los camioneros, están los petroleros nuestros y los del Supeh, de la Uocra, hay varios gremios, y hay bronca con los camioneros que quieren descargar la cosecha en las cerealeras", señaló.
Por lo pronto, "la empresa pagó el sueldo de febrero pero ya nos avisaron que para el de marzo no tienen un peso". De este modo, la realización del mantenimiento y los controles por este mes están asegurados pero si no se abonan los salarios próximos nadie entrará a trabajar. "Esta refinería tiene muchos productos adentro, cuando la parás queda mucho adentro: hay hornos, combustible, y cantidad de metros cubicos que quedan, pero ¿quién lo cuidará a eso?", se preguntó el gremialista.
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Riachuelo: nadie sabe nada
Riachuelo: a diez años del fallo que obliga a limpiarlo, aún no saben ni cuándo lo podrán cumplir
Fecha de Publicación: 17/03/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Riachuelo
Los funcionarios no pudieron precisar una fecha en una audiencia ante la Corte Suprema. Acusaron al ente responsable, ACUMAR, de "inoperancia" y "redireccionar" recursos.
Tiene que ser más serio”, “Le pido que sea concreto”, “¿No le parece demasiado precario lo que está diciendo?”, fueron algunas de las frases que la Corte Suprema de Justicia repitió durante la última audiencia pública de la causa Riachuelo. Los pedidos no funcionaron como exabruptos, sino como llamados de atención, recuerdos -por momentos, casi constantes- de la responsabilidad que pedía el momento. Ocurrió esta mañana en una jornada de tres horas, convocada por el máximo tribunal para que se rindieran cuentas sobre el fallo que ordena a los estados nacional, bonaerense y porteño a sanear en forma integral la cuenca Matanza-Riachuelo, la más contaminada de la Argentina. Un dictamen que en julio cumple diez años y que no se sabe cuándo se alcanzará. Ningún funcionario se animó a ponerle fecha, pese a la insistencia de los magistrados, pese a estar obligados a informar.
Sólo con preguntas la Corte Suprema dejó en evidencia el estado crítico en el que está la recomposición ambiental de la cuenca. No era un descubrimiento: desde el fallo, poco se hizo y muy lento. Pero el nivel de desinformación, dudas e imprecisiones de los funcionarios pocas veces irritó tanto al Tribunal y sorprendió -preocupó- a los asistentes. Por momentos, la sala de audiencias de la Corte, en el cuarto piso del Palacio de Justicia de la calle Talcahuano, parecía el despacho de un director de escuela primaria al que asistían alumnos que se habían portado mal. El carácter de las respuestas de los funcionarios, en especial, recordaba esa escena infantil.
- ¿Tiene una estimación razonable de cuándo pueden cumplir con la sentencia? ¿En qué tiempo? -preguntó el juez Ricardo Lorenzetti a las dos horas de iniciada la exposición de la presidenta de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), Dorina Bonetti.
-Nosotros vamos cumpliendo con la sentencia a partir del cumplimiento de cada una de las mandas, que se pueden mensurar por los indicadores…
-El tiempo -la interrumpió Lorenzetti y siguió: Le pido que seamos precisos. Usted debe tener una planificación que le permite estimar que va a cumplir la sentencia cuándo. ¿En un año, dos, diez?
-La planificación estratégica la estamos trabajando desde el año pasado...
-¿No la tienen? -volvió a interrumpirla, con una molestia más obvia.
-Nosotros nos regimos por el plan...
-¿La tienen o no la tienen? Concretamente responda.
Lo que siguieron fueron diez minutos en los que Lorenzetti dijo que ninguna de las metas impuestas en la sentencia se había cumplido, puntualizó que “hasta ahora (ACUMAR) estuvo siempre recalculando y cada funcionario nuevo -desde 2015 se cambió cuatro veces al presidente del organismo- parecía pretender que lo hecho en forma anterior no existía” y recordó que el saneamiento del Riachuelo es una obligación legal. Fueron diez minutos en los que repitió ocho veces la palabra cuándo hasta lograr esta contestación:
-No puedo darle una fecha con exactitud.
No fue el único juez que mostró su incomodidad. Horacio Rosatti estuvo entre los más críticos: “En el cumplimiento de una sentencia que lleva diez años, es relevante que ustedes (por ACUMAR) tomen razón de que están cada vez más lejos del cumplimiento del fallo”, dijo. Y, al comparar indicadores de 2010 con los actuales, diagnosticó que hay más retrasos y que ese problema se reproduce en todos los puntos: erradicación de basurales, respuestas habitacionales, saneamiento ambiental, etc. “¿Son conscientes de que, además del retraso histórico, están yendo más lento de lo que la realidad les demanda?", remató.
Minutos más tarde, la mayor crispación volvería a Lorenzetti, ante el director Nacional de Vivienda Social, Ramiro Masjuan. Al también pedirle mayor precisión sobre cuántas viviendas serán entregadas y en qué plazo, y frente a que el funcionario empezó a hacer cuentas en el momento, parado detrás del atril, le consultó: “¿Es una estimación que acaba de hacer o está firmado? ¿No le parece demasiado precario lo que está diciendo?”.
También estuvieron presentes en la audiencia los ministros Carlos Rosenkranz, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda. En el caso de la jueza, la mayor preocupación se centró en el seguimiento que se le está dando a los chicos que viven en la cuenca; contaminados con plomo, con erupciones, con asma, sarna, anemia, rodeados de basura y ratas, impedidos de crecer. Como al resto de los jueces, las respuestas no la tranquilizaron. Por último, Maqueda tampoco fue la excepción: su impaciencia giró en que, a meses de cumplirse diez años del fallo, un representante de AySA le informara que la construcción de una planta de tratamiento de agua en Berazategui no está incluida en el plan de saneamiento. “¿Cómo me va a decir eso? ¿Yo mismo en otras audiencias he consultado sobre esto?” "Sus antecesores jamás expusieron lo que usted dice", repitió atónito.
A las exposiciones las completaron el Cuerpo Colegiado, un ente civil que controla el avance del plan, y la Auditoria General de la Nación. "La inoperancia de ACUMAR agrava los daños a la salud pública", puntualizó el abogado y diplomático Raúl Estrada Oyuela en representación del Cuerpo. Del lado de la Auditoria tampoco hubo elogios y se habló de una subejecución del orden del 41% en 2016. Subejecutar significa redireccionar y quitar recursos que habían sido adjudicados a un fin a otro. La acción podría pasar inadvertida, pero en el Riachuelo es obvia, como la contaminación.
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Fecha de Publicación: 17/03/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Riachuelo
Los funcionarios no pudieron precisar una fecha en una audiencia ante la Corte Suprema. Acusaron al ente responsable, ACUMAR, de "inoperancia" y "redireccionar" recursos.
Tiene que ser más serio”, “Le pido que sea concreto”, “¿No le parece demasiado precario lo que está diciendo?”, fueron algunas de las frases que la Corte Suprema de Justicia repitió durante la última audiencia pública de la causa Riachuelo. Los pedidos no funcionaron como exabruptos, sino como llamados de atención, recuerdos -por momentos, casi constantes- de la responsabilidad que pedía el momento. Ocurrió esta mañana en una jornada de tres horas, convocada por el máximo tribunal para que se rindieran cuentas sobre el fallo que ordena a los estados nacional, bonaerense y porteño a sanear en forma integral la cuenca Matanza-Riachuelo, la más contaminada de la Argentina. Un dictamen que en julio cumple diez años y que no se sabe cuándo se alcanzará. Ningún funcionario se animó a ponerle fecha, pese a la insistencia de los magistrados, pese a estar obligados a informar.
Sólo con preguntas la Corte Suprema dejó en evidencia el estado crítico en el que está la recomposición ambiental de la cuenca. No era un descubrimiento: desde el fallo, poco se hizo y muy lento. Pero el nivel de desinformación, dudas e imprecisiones de los funcionarios pocas veces irritó tanto al Tribunal y sorprendió -preocupó- a los asistentes. Por momentos, la sala de audiencias de la Corte, en el cuarto piso del Palacio de Justicia de la calle Talcahuano, parecía el despacho de un director de escuela primaria al que asistían alumnos que se habían portado mal. El carácter de las respuestas de los funcionarios, en especial, recordaba esa escena infantil.
- ¿Tiene una estimación razonable de cuándo pueden cumplir con la sentencia? ¿En qué tiempo? -preguntó el juez Ricardo Lorenzetti a las dos horas de iniciada la exposición de la presidenta de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), Dorina Bonetti.
-Nosotros vamos cumpliendo con la sentencia a partir del cumplimiento de cada una de las mandas, que se pueden mensurar por los indicadores…
-El tiempo -la interrumpió Lorenzetti y siguió: Le pido que seamos precisos. Usted debe tener una planificación que le permite estimar que va a cumplir la sentencia cuándo. ¿En un año, dos, diez?
-La planificación estratégica la estamos trabajando desde el año pasado...
-¿No la tienen? -volvió a interrumpirla, con una molestia más obvia.
-Nosotros nos regimos por el plan...
-¿La tienen o no la tienen? Concretamente responda.
Lo que siguieron fueron diez minutos en los que Lorenzetti dijo que ninguna de las metas impuestas en la sentencia se había cumplido, puntualizó que “hasta ahora (ACUMAR) estuvo siempre recalculando y cada funcionario nuevo -desde 2015 se cambió cuatro veces al presidente del organismo- parecía pretender que lo hecho en forma anterior no existía” y recordó que el saneamiento del Riachuelo es una obligación legal. Fueron diez minutos en los que repitió ocho veces la palabra cuándo hasta lograr esta contestación:
-No puedo darle una fecha con exactitud.
No fue el único juez que mostró su incomodidad. Horacio Rosatti estuvo entre los más críticos: “En el cumplimiento de una sentencia que lleva diez años, es relevante que ustedes (por ACUMAR) tomen razón de que están cada vez más lejos del cumplimiento del fallo”, dijo. Y, al comparar indicadores de 2010 con los actuales, diagnosticó que hay más retrasos y que ese problema se reproduce en todos los puntos: erradicación de basurales, respuestas habitacionales, saneamiento ambiental, etc. “¿Son conscientes de que, además del retraso histórico, están yendo más lento de lo que la realidad les demanda?", remató.
Minutos más tarde, la mayor crispación volvería a Lorenzetti, ante el director Nacional de Vivienda Social, Ramiro Masjuan. Al también pedirle mayor precisión sobre cuántas viviendas serán entregadas y en qué plazo, y frente a que el funcionario empezó a hacer cuentas en el momento, parado detrás del atril, le consultó: “¿Es una estimación que acaba de hacer o está firmado? ¿No le parece demasiado precario lo que está diciendo?”.
También estuvieron presentes en la audiencia los ministros Carlos Rosenkranz, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda. En el caso de la jueza, la mayor preocupación se centró en el seguimiento que se le está dando a los chicos que viven en la cuenca; contaminados con plomo, con erupciones, con asma, sarna, anemia, rodeados de basura y ratas, impedidos de crecer. Como al resto de los jueces, las respuestas no la tranquilizaron. Por último, Maqueda tampoco fue la excepción: su impaciencia giró en que, a meses de cumplirse diez años del fallo, un representante de AySA le informara que la construcción de una planta de tratamiento de agua en Berazategui no está incluida en el plan de saneamiento. “¿Cómo me va a decir eso? ¿Yo mismo en otras audiencias he consultado sobre esto?” "Sus antecesores jamás expusieron lo que usted dice", repitió atónito.
A las exposiciones las completaron el Cuerpo Colegiado, un ente civil que controla el avance del plan, y la Auditoria General de la Nación. "La inoperancia de ACUMAR agrava los daños a la salud pública", puntualizó el abogado y diplomático Raúl Estrada Oyuela en representación del Cuerpo. Del lado de la Auditoria tampoco hubo elogios y se habló de una subejecución del orden del 41% en 2016. Subejecutar significa redireccionar y quitar recursos que habían sido adjudicados a un fin a otro. La acción podría pasar inadvertida, pero en el Riachuelo es obvia, como la contaminación.
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Ley de glaciares: la iglesia contra Aranguren
Queja de la Iglesia a Aranguren por impulsar cambios en la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 17/03/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La Iglesia transmitió al Gobierno su preocupación por el intento de modificar la ley de glaciares "con el fin de promover una mayor explotación minera en el área cordillerana". Así lo expresó la Comisión de Pastoral Social, que encabeza el obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones, en una carta abierta dirigida al ministro de Energía, Juan José Aranguren .
Alertados por la iniciativa, que según los obispos de la comisión contaría con el aval, incluso, del gremio minero, del Ministerio de Trabajo y de sectores industriales, Lugones advierte que "llama la atención que en un tema de tamaña incidencia, desde el punto de vista ambiental y social, no se mencionen los necesarios estudios y aprobación previas, por parte de las instituciones encargadas de velar por el adecuado manejo del ambiente del estado nacional, ni de organizaciones de la sociedad civil".
La carta refleja una cuestión "sensible" para la Iglesia, que se suma a la reciente advertencia del Episcopado por el creciente número de despidos, en momentos en que el Gobierno habilitó el debate por la ley del aborto en el Congreso, al dejar en libertad a sus legisladores a la hora de votar el proyecto. El cuidado del medio ambiente es una premisa esencial de los obispos, especialmente a partir de la encíclica Laudato sí, en la que Francisco alerta sobre los efectos de la contaminación, el cambio climático, el tratamiento de los residuos, la cultura del descarte y la importancia vital del agua.
"Es también lamentable que no habiéndose cumplido los necesarios inventarios de glaciares y zonas periglaciares que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio del país, ya se esté pensando en modificarla para hacerla menos estricta y menos protectora de estas importantes fuentes hídricas, contrariando el principio precautorio en materia ambiental", señala la carta remitida por el obispo Lugones.
De formación jesuita, Lugones explica a Aranguren que "la protección del agua, el respeto por los deseos y el modo de vida de las comunidades y el cuidado de la casa común, son temas mencionados explícitamente en la encíclica Laudato Si por el papa Francisco".
La Comisión de Pastoral Social recordó que "es sabida la importancia que tiene esta problemática para las comunidades que viven y cultivan la tierra en zonas cercanas a los glaciares y cuya principal, cuando no única, fuente de agua son los ríos que surgen de los deshielos de dichos glaciares. Y transmitió su inquietud "por la contaminación, la sobreexplotación y la falta de estrictos controles que hemos podido constatar, lamentablemente, en nuestro país a lo largo de las últimas décadas y que han significado, como consecuencia, reiterados accidentes por derrames de cianuro".
Al citar palabras de Francisco, la carta enviada a Aranguren recuerda que se trata de "un problema que afecta a todos y hace que nuestra casa común sufra tanta miseria y clame por soluciones efectiva" y sostuvo que "es necesario otorgar al agua la centralidad que merece en el marco de las políticas públicas: nuestro derecho al agua es también un deber con el agua".
En ese sentido, reclamó que se impulse "un adecuado proceso de diálogo y consulta previa, con la mayor cantidad de actores, para llegar a consensos superadores, antes de promover iniciativas que podrían perjudicar no solo al ambiente sino a nuestras comunidades cordilleranas".
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Fecha de Publicación: 17/03/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La Iglesia transmitió al Gobierno su preocupación por el intento de modificar la ley de glaciares "con el fin de promover una mayor explotación minera en el área cordillerana". Así lo expresó la Comisión de Pastoral Social, que encabeza el obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones, en una carta abierta dirigida al ministro de Energía, Juan José Aranguren .
Alertados por la iniciativa, que según los obispos de la comisión contaría con el aval, incluso, del gremio minero, del Ministerio de Trabajo y de sectores industriales, Lugones advierte que "llama la atención que en un tema de tamaña incidencia, desde el punto de vista ambiental y social, no se mencionen los necesarios estudios y aprobación previas, por parte de las instituciones encargadas de velar por el adecuado manejo del ambiente del estado nacional, ni de organizaciones de la sociedad civil".
La carta refleja una cuestión "sensible" para la Iglesia, que se suma a la reciente advertencia del Episcopado por el creciente número de despidos, en momentos en que el Gobierno habilitó el debate por la ley del aborto en el Congreso, al dejar en libertad a sus legisladores a la hora de votar el proyecto. El cuidado del medio ambiente es una premisa esencial de los obispos, especialmente a partir de la encíclica Laudato sí, en la que Francisco alerta sobre los efectos de la contaminación, el cambio climático, el tratamiento de los residuos, la cultura del descarte y la importancia vital del agua.
"Es también lamentable que no habiéndose cumplido los necesarios inventarios de glaciares y zonas periglaciares que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio del país, ya se esté pensando en modificarla para hacerla menos estricta y menos protectora de estas importantes fuentes hídricas, contrariando el principio precautorio en materia ambiental", señala la carta remitida por el obispo Lugones.
De formación jesuita, Lugones explica a Aranguren que "la protección del agua, el respeto por los deseos y el modo de vida de las comunidades y el cuidado de la casa común, son temas mencionados explícitamente en la encíclica Laudato Si por el papa Francisco".
La Comisión de Pastoral Social recordó que "es sabida la importancia que tiene esta problemática para las comunidades que viven y cultivan la tierra en zonas cercanas a los glaciares y cuya principal, cuando no única, fuente de agua son los ríos que surgen de los deshielos de dichos glaciares. Y transmitió su inquietud "por la contaminación, la sobreexplotación y la falta de estrictos controles que hemos podido constatar, lamentablemente, en nuestro país a lo largo de las últimas décadas y que han significado, como consecuencia, reiterados accidentes por derrames de cianuro".
Al citar palabras de Francisco, la carta enviada a Aranguren recuerda que se trata de "un problema que afecta a todos y hace que nuestra casa común sufra tanta miseria y clame por soluciones efectiva" y sostuvo que "es necesario otorgar al agua la centralidad que merece en el marco de las políticas públicas: nuestro derecho al agua es también un deber con el agua".
En ese sentido, reclamó que se impulse "un adecuado proceso de diálogo y consulta previa, con la mayor cantidad de actores, para llegar a consensos superadores, antes de promover iniciativas que podrían perjudicar no solo al ambiente sino a nuestras comunidades cordilleranas".
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Santa Fe capital tiene su propio inventario de GEIs
La ciudad elaboró un inventario de gases efecto invernadero
Fecha de Publicación: 17/03/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
El estudio fue validado internacionalmente y registrado en el sitio carbonn® ClimateRegistr, lo que le permitió a la ciudad obtener el segundo sello del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía.
Identificar las fuentes de emisión que provocan el calentamiento global constituye una de las acciones primarias que las ciudades deben asumir para diseñar políticas e iniciativas para mejorar el medio ambiente y mitigar los efectos cambio climático. Asumiendo ese compromiso, la ciudad de Santa Fe elaboró su inventario de gases de efecto invernadero, validado internacionalmente y registrado en el sitio carbonn® ClimateRegistr, obteniendo así el segundo sello del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía.
“La ciudad de Santa Fe está decidida a avanzar en políticas de acción frente al cambio climático, y este reconocimiento internacional, a través de un sello que valida el trabajo que viene haciendo el municipio, es un paso más y un motivo de aliento a continuar en esta dirección”, destacó la secretaria de Desarrollo Estratégico y Resiliencia, Andrea Valsagna.
En el 2016, la ciudad firmó su adhesión al Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, una alianza global de ciudades y gobiernos locales voluntariamente comprometidos con la lucha para mitigar el cambio climático, reduciendo sus impactos inevitables y facilitando el acceso a energía sostenible y asequible para todos; al mismo tiempo que integra la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático.
Andrea Valsagna explicó que dentro de la Estrategia de Resiliencia de la Ciudad “nos propusimos tener un plan de acción frente al cambio climático y la reducción de riesgos de desastres. Esto implica el abordaje de distintas dimensiones y diferentes líneas de acción, como así también la definición de políticas concretas para que Santa Fe esté cada vez mejor preparada”.
En la ciudad, el impacto está referido con la cuestión hidrometeorológica, porque el principal riesgo tiene que ver con las inundaciones, ya sean por lluvias intensas o por la crecida de los ríos.
Validación internacional
Para la realización del inventario y su validación, el Municipio aplicó una metodología específica, GPC (por sus siglas en inglés) diseñada y aceptada internacionalmente para contabilizar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) dentro de un solo año de reporte, a partir del análisis de los datos de consumo de energía, transporte, y residuos sólidos, entre otros indicadores. En este sentido, la funcionaria valoró la medición realizada bajo lineamientos internacionales, “porque nos permiten evaluar y medir concretamente, cómo estamos como ciudad en relación a la emisión de gases de efecto invernadero”.
En esa línea, contó que para su elaboración “tomamos como base el desarrollo que tiene el programa de estadísticas del Municipio, a partir del seguimiento de indicadores en el marco de Santa Fe Cómo Vamos; y en conjunto con el equipo de la Secretaría de Ambiente formulamos los indicadores específicos que nos permitan medir cuál es el inventario de gases de efecto invernadero de la ciudad de Santa Fe”.
Según los datos de la publicación Santa Fe Cómo Vamos 2016, los resultados en la ciudad de Santa Fe de las emisiones per cápita en 2014, expresadas en toneladas métricas de dióxido de carbono (tonCO2e) fueron de 2,52 tonCO2e, frente a las 9,86 de Argentina y 6,76 del Mundo.
En cuanto a la utilidad del Inventario de Gases de Efecto Invernadero, Valsagna destacó que estos indicadores nos brindan información clave para establecer y definir “hacia donde debemos orientar las políticas y las acciones a nivel local para reducir el impacto del cambio climático, algo que tanto daño puede generar a nosotros y a las generaciones venideras”. Se trata del primer paso para desarrollar el plan de acción, el cual se va a complementar con las políticas de reducción de riesgo que tiene la ciudad.
Los datos del inventario forman parte de la plataforma global carbonn® Climate Registry, que registra los informes de ciudades, pueblos y regiones que abordan el cambio climático. Constituye una ayuda para los gobiernos locales para rastrear e informar sobre sus objetivos, acciones y desempeño. La plataforma permite el intercambio, aprendizaje y evaluación comparativa entre sus más de 950 entidades registradas, al tiempo que proporciona datos que alimentan las negociaciones climáticas globales a través del Consejo Internacional para las Iniciativas Ambientales Locales (ICLEI) como punto focal para los gobiernos locales y las autoridades municipales.
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Fecha de Publicación: 17/03/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
El estudio fue validado internacionalmente y registrado en el sitio carbonn® ClimateRegistr, lo que le permitió a la ciudad obtener el segundo sello del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía.
Identificar las fuentes de emisión que provocan el calentamiento global constituye una de las acciones primarias que las ciudades deben asumir para diseñar políticas e iniciativas para mejorar el medio ambiente y mitigar los efectos cambio climático. Asumiendo ese compromiso, la ciudad de Santa Fe elaboró su inventario de gases de efecto invernadero, validado internacionalmente y registrado en el sitio carbonn® ClimateRegistr, obteniendo así el segundo sello del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía.
“La ciudad de Santa Fe está decidida a avanzar en políticas de acción frente al cambio climático, y este reconocimiento internacional, a través de un sello que valida el trabajo que viene haciendo el municipio, es un paso más y un motivo de aliento a continuar en esta dirección”, destacó la secretaria de Desarrollo Estratégico y Resiliencia, Andrea Valsagna.
En el 2016, la ciudad firmó su adhesión al Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, una alianza global de ciudades y gobiernos locales voluntariamente comprometidos con la lucha para mitigar el cambio climático, reduciendo sus impactos inevitables y facilitando el acceso a energía sostenible y asequible para todos; al mismo tiempo que integra la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático.
Andrea Valsagna explicó que dentro de la Estrategia de Resiliencia de la Ciudad “nos propusimos tener un plan de acción frente al cambio climático y la reducción de riesgos de desastres. Esto implica el abordaje de distintas dimensiones y diferentes líneas de acción, como así también la definición de políticas concretas para que Santa Fe esté cada vez mejor preparada”.
En la ciudad, el impacto está referido con la cuestión hidrometeorológica, porque el principal riesgo tiene que ver con las inundaciones, ya sean por lluvias intensas o por la crecida de los ríos.
Validación internacional
Para la realización del inventario y su validación, el Municipio aplicó una metodología específica, GPC (por sus siglas en inglés) diseñada y aceptada internacionalmente para contabilizar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) dentro de un solo año de reporte, a partir del análisis de los datos de consumo de energía, transporte, y residuos sólidos, entre otros indicadores. En este sentido, la funcionaria valoró la medición realizada bajo lineamientos internacionales, “porque nos permiten evaluar y medir concretamente, cómo estamos como ciudad en relación a la emisión de gases de efecto invernadero”.
En esa línea, contó que para su elaboración “tomamos como base el desarrollo que tiene el programa de estadísticas del Municipio, a partir del seguimiento de indicadores en el marco de Santa Fe Cómo Vamos; y en conjunto con el equipo de la Secretaría de Ambiente formulamos los indicadores específicos que nos permitan medir cuál es el inventario de gases de efecto invernadero de la ciudad de Santa Fe”.
Según los datos de la publicación Santa Fe Cómo Vamos 2016, los resultados en la ciudad de Santa Fe de las emisiones per cápita en 2014, expresadas en toneladas métricas de dióxido de carbono (tonCO2e) fueron de 2,52 tonCO2e, frente a las 9,86 de Argentina y 6,76 del Mundo.
En cuanto a la utilidad del Inventario de Gases de Efecto Invernadero, Valsagna destacó que estos indicadores nos brindan información clave para establecer y definir “hacia donde debemos orientar las políticas y las acciones a nivel local para reducir el impacto del cambio climático, algo que tanto daño puede generar a nosotros y a las generaciones venideras”. Se trata del primer paso para desarrollar el plan de acción, el cual se va a complementar con las políticas de reducción de riesgo que tiene la ciudad.
Los datos del inventario forman parte de la plataforma global carbonn® Climate Registry, que registra los informes de ciudades, pueblos y regiones que abordan el cambio climático. Constituye una ayuda para los gobiernos locales para rastrear e informar sobre sus objetivos, acciones y desempeño. La plataforma permite el intercambio, aprendizaje y evaluación comparativa entre sus más de 950 entidades registradas, al tiempo que proporciona datos que alimentan las negociaciones climáticas globales a través del Consejo Internacional para las Iniciativas Ambientales Locales (ICLEI) como punto focal para los gobiernos locales y las autoridades municipales.
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Mendoza: indignación por contaminación hídrica
Crece la indignación por contaminación en arroyo de Luján
Fecha de Publicación: 16/03/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Regantes y productores manifestaron su enojo por la falta de respuesta. Aseguran que continúan muriéndose animales y que los cultivos se secan.
Mientras los presuntos responsables continúan pasándose la pelota, crece la indignación y preocupación de cientos de propietarios y regantes del arroyo El Carrizal de Luján de Cuyo que denuncian que la contaminación del agua no cesa y que continúa generando estragos: "Además de que siguen muriendo miles y miles de mojarritas, bagres y sapos, los caballos y las vacas no quieren tomar agua y los cultivos se están secando. Esto es un genocidio", disparó un productor de la zona.
Desde diciembre último, y como informó MDZ oportunamente, vienen registrándose problemas de contaminación en el agua del cauce El Carrizal, la que se utiliza para el riego de 2.200 hectáreas distribuidas en 350 propiedades, entre fincas y loteos de fin de semana. La preocupación va en aumento si se considera que, además de regar los cultivos, el recurso hídrico se utiliza para quehaceres domésticos como lavar ropa, platos e higiene personal.
Según denuncian los perjudicados, la contaminación proviene fundamentalmente de una fábrica que se encuentra en el lugar, la conservera AVA S.A. que, según manifiestan, estaría volcando algún producto químico, tipo pesticida, al arroyo. Además, remarcan que también habría cierta responsabilidad de la comuna de Luján de Cuyo en tanto hay un asentamiento ubicado cerca del lugar que estaría volcando, desde hace años, residuos domiciliarios y cloacales al cauce.
Indignados
La preocupación va en aumento porque más allá de arrasar con la fauna del lugar -se ha registrado la muerte de miles y miles de mojarritas, bagres y sapos- y de secar cultivos de la zona -hortalizas, frutales, vid-, propietarios de cabañas temen porque se vea resentida la actividad turística de la zona.
A propósito de ello, José Angeleri, dueño de un complejo de cabañas ubicado cerca de el arroyo en cuestión, comentó a MDZ: "Tuve que suspender el alquiler porque hay un olor insoportable además de que se sabe que el agua está contaminada. Se está afectando seriamente nuestro medio de vida. Creemos que hay una responsabilidad combinada, entre el municipio y la conservera que vierte efluentes sin tratar".
En el mismo sentido se expresó un propietario y regante del lugar, Joaquín Silva: "El agua viene blanca como si recién saliera del lavarropas, con detergente o productos químicos. Si sólo fuese materia orgánica no se hubieran muerto absolutamente todas las mojarritas, bagres y sapos. La Conservera dice que es la municipalidad la municipalidad dice que son los barrios. Es un genocidio lo que están haciendo. Es muy grave".
Y continuó el hombre: "Todas las redes de riego se han impermeabilizado con una baba blanca. El olor es terrible por la mortandad de peces y sapos. Venimos con este problema desde diciembre y no hay ningún tipo de solución. Estoy decidido a hacer una denuncia penal porque uno puede contaminar cualquier cosa menos el agua. Hay algo muy claro -agregó- los caballos y vacas no toman el agua".
Sigue el pase de facturas
El secretario de Obras e Infraestructura de Luján de Cuyo, Rolando Baldasso, exministro de Infraestructura de Francisco Pérez, reconoció por un lado que, por causas estructurales históricas, sobre el arroyo El Carrizal se vuelcan aguas servidas (con residuos domiciliarios y cloacales), pero sostuvo que, en todo caso, la mortandad de peces es debido al vuelco de algún pesticida. "Los peces no se mueren por materia orgánica sino porque alguien ha volcado pesticida. La materia orgánica a lo largo de treinta kilómetros se va diluyendo y autodepurando pero si hay pesticidas no se degrada... Se está evaluando esto en conjunto con Irrigación", dijo Baldasso a MDZ.
En tanto, el gerente general de la firma sospechada, AVA S.A., Floreal Fernández insistió: "No tenemos nada que ver con eso. Pueden continuar diciendo cualquier cosa. Pueden apuntar a quienes quieran. Pueden plantear lo que la imaginación de ellos les permita. No somos responsables por lo que imaginen otros".
Irrigación, recalculando
El inspector de cauce del arroyo El Carrizal, Mario Ciafrelli, dejó entrever cierta impotencia porque pese a haber hecho los reclamos correspondientes, aseguró que los problemas de contaminación continúan y nadie se hace cargo. "Desde enero o antes venimos con este problema. Pese a las denuncias que hemos hecho, la fábrica (en referencia a AVA S.A.) sigue volcando agua contaminada", señaló Ciafrelli y agregó: "Además, nos encontramos con que tienen un re-uso agrícola que ni siquiera está bien hecho y muchos menos controlado por Irrigación".
En Irrigación intentaron recoger el guante y aseguraron que la problemática está bajo análisis. El subdelegado del Río Mendoza, Ricardo Nordenstrom, comentó a MDZ: "Hace treinta días que estamos yendo muy seguido al lugar, haciendo controles y análisis. No podemos echarle la culpa a una otra parte. Lo que sí, es un hecho que notificamos a la conservera para que mejorara su tratamiento interno y volcara a donde debe. Pero también nos preocupa y mucho el tema de los barrios que están en los alrededores que no tienen cloacas por los que las aguas servidas las vuelcan a las acequias y llegan también al arroyo. También hicimos por esto una notificación a la municipalidad y nos están por presentar alguna alternativa para solucionar esta situación".
Sobre el grado de contaminación del agua, el ingeniero deslizó: "Todavía no tengo los resultados de los análisis. Se les han puesto muchas multas a la Conservera. Creería que en esta semana va a estar solucionado el tema".
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Fecha de Publicación: 16/03/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Regantes y productores manifestaron su enojo por la falta de respuesta. Aseguran que continúan muriéndose animales y que los cultivos se secan.
Mientras los presuntos responsables continúan pasándose la pelota, crece la indignación y preocupación de cientos de propietarios y regantes del arroyo El Carrizal de Luján de Cuyo que denuncian que la contaminación del agua no cesa y que continúa generando estragos: "Además de que siguen muriendo miles y miles de mojarritas, bagres y sapos, los caballos y las vacas no quieren tomar agua y los cultivos se están secando. Esto es un genocidio", disparó un productor de la zona.
Desde diciembre último, y como informó MDZ oportunamente, vienen registrándose problemas de contaminación en el agua del cauce El Carrizal, la que se utiliza para el riego de 2.200 hectáreas distribuidas en 350 propiedades, entre fincas y loteos de fin de semana. La preocupación va en aumento si se considera que, además de regar los cultivos, el recurso hídrico se utiliza para quehaceres domésticos como lavar ropa, platos e higiene personal.
Según denuncian los perjudicados, la contaminación proviene fundamentalmente de una fábrica que se encuentra en el lugar, la conservera AVA S.A. que, según manifiestan, estaría volcando algún producto químico, tipo pesticida, al arroyo. Además, remarcan que también habría cierta responsabilidad de la comuna de Luján de Cuyo en tanto hay un asentamiento ubicado cerca del lugar que estaría volcando, desde hace años, residuos domiciliarios y cloacales al cauce.
Indignados
La preocupación va en aumento porque más allá de arrasar con la fauna del lugar -se ha registrado la muerte de miles y miles de mojarritas, bagres y sapos- y de secar cultivos de la zona -hortalizas, frutales, vid-, propietarios de cabañas temen porque se vea resentida la actividad turística de la zona.
A propósito de ello, José Angeleri, dueño de un complejo de cabañas ubicado cerca de el arroyo en cuestión, comentó a MDZ: "Tuve que suspender el alquiler porque hay un olor insoportable además de que se sabe que el agua está contaminada. Se está afectando seriamente nuestro medio de vida. Creemos que hay una responsabilidad combinada, entre el municipio y la conservera que vierte efluentes sin tratar".
En el mismo sentido se expresó un propietario y regante del lugar, Joaquín Silva: "El agua viene blanca como si recién saliera del lavarropas, con detergente o productos químicos. Si sólo fuese materia orgánica no se hubieran muerto absolutamente todas las mojarritas, bagres y sapos. La Conservera dice que es la municipalidad la municipalidad dice que son los barrios. Es un genocidio lo que están haciendo. Es muy grave".
Y continuó el hombre: "Todas las redes de riego se han impermeabilizado con una baba blanca. El olor es terrible por la mortandad de peces y sapos. Venimos con este problema desde diciembre y no hay ningún tipo de solución. Estoy decidido a hacer una denuncia penal porque uno puede contaminar cualquier cosa menos el agua. Hay algo muy claro -agregó- los caballos y vacas no toman el agua".
Sigue el pase de facturas
El secretario de Obras e Infraestructura de Luján de Cuyo, Rolando Baldasso, exministro de Infraestructura de Francisco Pérez, reconoció por un lado que, por causas estructurales históricas, sobre el arroyo El Carrizal se vuelcan aguas servidas (con residuos domiciliarios y cloacales), pero sostuvo que, en todo caso, la mortandad de peces es debido al vuelco de algún pesticida. "Los peces no se mueren por materia orgánica sino porque alguien ha volcado pesticida. La materia orgánica a lo largo de treinta kilómetros se va diluyendo y autodepurando pero si hay pesticidas no se degrada... Se está evaluando esto en conjunto con Irrigación", dijo Baldasso a MDZ.
En tanto, el gerente general de la firma sospechada, AVA S.A., Floreal Fernández insistió: "No tenemos nada que ver con eso. Pueden continuar diciendo cualquier cosa. Pueden apuntar a quienes quieran. Pueden plantear lo que la imaginación de ellos les permita. No somos responsables por lo que imaginen otros".
Irrigación, recalculando
El inspector de cauce del arroyo El Carrizal, Mario Ciafrelli, dejó entrever cierta impotencia porque pese a haber hecho los reclamos correspondientes, aseguró que los problemas de contaminación continúan y nadie se hace cargo. "Desde enero o antes venimos con este problema. Pese a las denuncias que hemos hecho, la fábrica (en referencia a AVA S.A.) sigue volcando agua contaminada", señaló Ciafrelli y agregó: "Además, nos encontramos con que tienen un re-uso agrícola que ni siquiera está bien hecho y muchos menos controlado por Irrigación".
En Irrigación intentaron recoger el guante y aseguraron que la problemática está bajo análisis. El subdelegado del Río Mendoza, Ricardo Nordenstrom, comentó a MDZ: "Hace treinta días que estamos yendo muy seguido al lugar, haciendo controles y análisis. No podemos echarle la culpa a una otra parte. Lo que sí, es un hecho que notificamos a la conservera para que mejorara su tratamiento interno y volcara a donde debe. Pero también nos preocupa y mucho el tema de los barrios que están en los alrededores que no tienen cloacas por los que las aguas servidas las vuelcan a las acequias y llegan también al arroyo. También hicimos por esto una notificación a la municipalidad y nos están por presentar alguna alternativa para solucionar esta situación".
Sobre el grado de contaminación del agua, el ingeniero deslizó: "Todavía no tengo los resultados de los análisis. Se les han puesto muchas multas a la Conservera. Creería que en esta semana va a estar solucionado el tema".
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Crean un módulo móvil para tratamiento de efluentes industriales
Desarrollan un módulo móvil para tratamiento de efluentes industriales mediante ozonización in situ
Fecha de Publicación: 16/03/2018
Fuente: Argentina Investiga
Provincia/Región: Buenos Aires
Se trata de un sistema de bajo costo que busca reducir el nivel de contaminación en industrias que utilizan materia orgánica como principal insumo. Resulta beneficioso tanto para el marco legal local como para los compromisos firmados con organismos internacionales, de los cuales Argentina es estado miembro.
Las disposiciones de la Agenda 2030 son claras. Establecidas por la Organización de las Naciones Unidas y plasmadas en los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible en 2016, tienen como meta promover la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Si bien no hay un marco jurídico que las regule, cada país asume el compromiso de ponerlas en práctica.
Algunos de esos objetivos –que contemplan múltiples temáticas ambientales– están orientados a garantizar modalidades de consumo y producción sustentables y a bregar por un agua libre de impurezas. Dentro de estas dos premisas se enmarca un proyecto de la Universidad de Flores, que tiene como propósito reducir el nivel de contaminación industrial a través de un módulo móvil de bajo costo. La particularidad de este dispositivo es que se nutre de ozono, lo cual aliviaría considerablemente el bolsillo de la empresa o industria que lo utilice.
“La ozonización es un proceso de purificación de aguas o efluentes que provienen de aquellas industrias que tienen materia orgánica o componentes biológicos como principal insumo”, explica Graciela Pozzer, licenciada en Ciencias Ambientales y directora del Departamento de Actividades Interdisciplinarias de UFLO, área a cargo de la iniciativa, compuesta por ingenieros, bioquímicos y especialistas ambientales. “Cuando se utiliza esa materia orgánica, se disuelve en agua y se transforma en residuos biodegradables. Estos tienen una gran capacidad de consumir oxígeno para biodegradarse. Así se puede arribar a la putrefacción, lo que conlleva olores y reduce la disponibilidad de agua para ése y otros usos”.
Los residuos provenientes de sangre, suero, leche, harina, frutas o jabón se transforman en efluentes junto con el agua resultante de procesos de lavado de herramientas o cubetas y van a parar a lagunas de estabilización. Este líquido puede filtrarse a través de las capas del suelo y llegar a napas subterráneas o contaminar cuerpos de aguas superficiales. Se trata, en definitiva, de volúmenes de agua que no se pueden aprovechar dado que están contaminados.
“A la empresa le cuesta muchísimo dinero esta cantidad de agua que capta y la vuelve inutilizable”, señala Pozzer. “Si quiere evitar eso, tiene que hacer un enorme gasto instalando una planta de tratamiento, que es lo que la autoridad de aplicación exige. Debe estar ubicada al final del proceso industrial, antes de que el efluente llegue al ambiente, y no sólo es muy costosa, sino que también tiene que ser operada por personal calificado que controle. Se deben tomar muestras que coincidan con los parámetros físico-químicos y biológicos que rigen en la legislación vigente. Una vez que pasa por esa planta, el agua debería ser limpia y hasta potable”.
Una alternativa de bajo costo
El dispositivo diseñado por el equipo de UFLO utiliza al ozono atmosférico como principal insumo. Este gas tiene una considerable capacidad de oxidación porque, al estar formado por tres átomos de oxígeno, uno de esos átomos se vuelve muy inestable, con alto poder oxidativo. De esta manera, resulta muy fácil tomar oxígeno del aire a través de la corriente eléctrica y transformarlo en ozono.
“Una vez que esa molécula de ozono está dentro de nuestro módulo –detalla Graciela Pozzer–, pasa el efluente por allí y este átomo de oxígeno lo oxida y lo vuelve menos o no contaminante. La idea del módulo, al ser móvil, es que pueda colocarse en cualquier parte del proceso industrial. Es muy versátil, se puede adaptar en ubicación, tamaño y capacidad volumétrica de acuerdo a los requerimientos de quien lo solicite”.
Existen procesos de ozonización que utilizan agua oxigenada, pero resulta un insumo caro, porque además requiere radiación UV y Ozono como insumo a adquirir. “Nuestro emprendimiento resulta mucho más accesible porque se toma el oxígeno del aire, que es gratis, y a temperatura ambiente”, amplía la especialista. “Lo tomamos a través de un colector de gases, se transforma en ozono dentro del ozonizador y hace pasar el efluente por ahí. Es un sistema que se conoce como Venturi. Lo que tiene de innovador nuestro producto es reordenar esos recursos ya existentes, aplicarlos a esta necesidad y sin ningún costo de insumos materiales, al utilizar el aire que estamos respirando. Y además es móvil: cualquiera lo puede colocar dentro de la etapa de la cadena productiva que considere necesario. Una vez que quien lo usa esté familiarizado, no necesita tener un personal con sueldo para que le venga a operar la planta de tratamientos. Se puede controlar una vez por día”.
Primeros testeos y normas a tener en cuenta
Los expertos realizaron sus primeros ensayos en la fábrica de helados Abuela Goye y el frigorífico Golden Quail, en la provincia de Buenos Aires, que habían recibido denuncias por la calidad de efluentes arrojados. Los resultados fueron exitosos: la implementación del dispositivo logró reducir la DBO (demanda biológica de oxígeno), que es el principal parámetro que controla la autoridad de aplicación. Los microorganismos que descontaminan la materia orgánica demandan oxígeno biológicamente, se los inactiva y de esa manera disminuye la DBO.
“La DBO siempre va a depender del volumen y la calidad del efluente que genera la empresa. Se toman muestras, se analizan en laboratorios y se mide la DBO antes de pasar por el ozonizador y después de que sale del tratamiento. Lo deseable es que no supere los 50 mg. por litro. Si mide más que eso los van a sancionar de acuerdo a cuánto se excedan: les pueden aplicar una multa, una clausura y una orden para instalar una planta”, explica Pozzer.
Existe un marco legal a nivel nacional que responde a aquellos compromisos que nuestro país firmó con organismos internacionales, aunque cada provincia cuenta con su propia legislación: “Las industrias en Tucumán por ejemplo, producen efluentes con una altísima DBO por sus residuos de caña de azúcar, o las de Río Negro, con los jugos de fruta, pero en ninguna de ellas el parámetro exigido, la DBO, es mayor que el exigido por la legislación nacional”, precisa la especialista.
Según Pozzer, “las industrias, en general, tienden a no respetar los parámetros en efluentes, por los costos que les genera la construcción, puesta en marcha y operación de la planta de tratamiento. Entonces, se tiende a contaminar mientras la autoridad de aplicación no ve o no alcanza a controlar y vuelcan el efluente sin tratar a un cuerpo de agua, como sucede en el Riachuelo. En la provincia de Buenos Aires, las leyes 11.459, que exige evaluación de impacto ambiental y otros requisitos, y 11.723, exigen parámetros que se van fortaleciendo con distintas resoluciones. Los procesos avanzados de ozonización buscan la destrucción de contaminantes y no su mera transformación en otros, como sucede con los lodos resultantes de ciertos tratamientos. Los beneficios ambientales se valoran por el método del costo evitado: son eficaces, económicamente viables y ecológicamente sostenibles”.
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Fecha de Publicación: 16/03/2018
Fuente: Argentina Investiga
Provincia/Región: Buenos Aires
Se trata de un sistema de bajo costo que busca reducir el nivel de contaminación en industrias que utilizan materia orgánica como principal insumo. Resulta beneficioso tanto para el marco legal local como para los compromisos firmados con organismos internacionales, de los cuales Argentina es estado miembro.
Las disposiciones de la Agenda 2030 son claras. Establecidas por la Organización de las Naciones Unidas y plasmadas en los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible en 2016, tienen como meta promover la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Si bien no hay un marco jurídico que las regule, cada país asume el compromiso de ponerlas en práctica.
Algunos de esos objetivos –que contemplan múltiples temáticas ambientales– están orientados a garantizar modalidades de consumo y producción sustentables y a bregar por un agua libre de impurezas. Dentro de estas dos premisas se enmarca un proyecto de la Universidad de Flores, que tiene como propósito reducir el nivel de contaminación industrial a través de un módulo móvil de bajo costo. La particularidad de este dispositivo es que se nutre de ozono, lo cual aliviaría considerablemente el bolsillo de la empresa o industria que lo utilice.
“La ozonización es un proceso de purificación de aguas o efluentes que provienen de aquellas industrias que tienen materia orgánica o componentes biológicos como principal insumo”, explica Graciela Pozzer, licenciada en Ciencias Ambientales y directora del Departamento de Actividades Interdisciplinarias de UFLO, área a cargo de la iniciativa, compuesta por ingenieros, bioquímicos y especialistas ambientales. “Cuando se utiliza esa materia orgánica, se disuelve en agua y se transforma en residuos biodegradables. Estos tienen una gran capacidad de consumir oxígeno para biodegradarse. Así se puede arribar a la putrefacción, lo que conlleva olores y reduce la disponibilidad de agua para ése y otros usos”.
Los residuos provenientes de sangre, suero, leche, harina, frutas o jabón se transforman en efluentes junto con el agua resultante de procesos de lavado de herramientas o cubetas y van a parar a lagunas de estabilización. Este líquido puede filtrarse a través de las capas del suelo y llegar a napas subterráneas o contaminar cuerpos de aguas superficiales. Se trata, en definitiva, de volúmenes de agua que no se pueden aprovechar dado que están contaminados.
“A la empresa le cuesta muchísimo dinero esta cantidad de agua que capta y la vuelve inutilizable”, señala Pozzer. “Si quiere evitar eso, tiene que hacer un enorme gasto instalando una planta de tratamiento, que es lo que la autoridad de aplicación exige. Debe estar ubicada al final del proceso industrial, antes de que el efluente llegue al ambiente, y no sólo es muy costosa, sino que también tiene que ser operada por personal calificado que controle. Se deben tomar muestras que coincidan con los parámetros físico-químicos y biológicos que rigen en la legislación vigente. Una vez que pasa por esa planta, el agua debería ser limpia y hasta potable”.
Una alternativa de bajo costo
El dispositivo diseñado por el equipo de UFLO utiliza al ozono atmosférico como principal insumo. Este gas tiene una considerable capacidad de oxidación porque, al estar formado por tres átomos de oxígeno, uno de esos átomos se vuelve muy inestable, con alto poder oxidativo. De esta manera, resulta muy fácil tomar oxígeno del aire a través de la corriente eléctrica y transformarlo en ozono.
“Una vez que esa molécula de ozono está dentro de nuestro módulo –detalla Graciela Pozzer–, pasa el efluente por allí y este átomo de oxígeno lo oxida y lo vuelve menos o no contaminante. La idea del módulo, al ser móvil, es que pueda colocarse en cualquier parte del proceso industrial. Es muy versátil, se puede adaptar en ubicación, tamaño y capacidad volumétrica de acuerdo a los requerimientos de quien lo solicite”.
Existen procesos de ozonización que utilizan agua oxigenada, pero resulta un insumo caro, porque además requiere radiación UV y Ozono como insumo a adquirir. “Nuestro emprendimiento resulta mucho más accesible porque se toma el oxígeno del aire, que es gratis, y a temperatura ambiente”, amplía la especialista. “Lo tomamos a través de un colector de gases, se transforma en ozono dentro del ozonizador y hace pasar el efluente por ahí. Es un sistema que se conoce como Venturi. Lo que tiene de innovador nuestro producto es reordenar esos recursos ya existentes, aplicarlos a esta necesidad y sin ningún costo de insumos materiales, al utilizar el aire que estamos respirando. Y además es móvil: cualquiera lo puede colocar dentro de la etapa de la cadena productiva que considere necesario. Una vez que quien lo usa esté familiarizado, no necesita tener un personal con sueldo para que le venga a operar la planta de tratamientos. Se puede controlar una vez por día”.
Primeros testeos y normas a tener en cuenta
Los expertos realizaron sus primeros ensayos en la fábrica de helados Abuela Goye y el frigorífico Golden Quail, en la provincia de Buenos Aires, que habían recibido denuncias por la calidad de efluentes arrojados. Los resultados fueron exitosos: la implementación del dispositivo logró reducir la DBO (demanda biológica de oxígeno), que es el principal parámetro que controla la autoridad de aplicación. Los microorganismos que descontaminan la materia orgánica demandan oxígeno biológicamente, se los inactiva y de esa manera disminuye la DBO.
“La DBO siempre va a depender del volumen y la calidad del efluente que genera la empresa. Se toman muestras, se analizan en laboratorios y se mide la DBO antes de pasar por el ozonizador y después de que sale del tratamiento. Lo deseable es que no supere los 50 mg. por litro. Si mide más que eso los van a sancionar de acuerdo a cuánto se excedan: les pueden aplicar una multa, una clausura y una orden para instalar una planta”, explica Pozzer.
Existe un marco legal a nivel nacional que responde a aquellos compromisos que nuestro país firmó con organismos internacionales, aunque cada provincia cuenta con su propia legislación: “Las industrias en Tucumán por ejemplo, producen efluentes con una altísima DBO por sus residuos de caña de azúcar, o las de Río Negro, con los jugos de fruta, pero en ninguna de ellas el parámetro exigido, la DBO, es mayor que el exigido por la legislación nacional”, precisa la especialista.
Según Pozzer, “las industrias, en general, tienden a no respetar los parámetros en efluentes, por los costos que les genera la construcción, puesta en marcha y operación de la planta de tratamiento. Entonces, se tiende a contaminar mientras la autoridad de aplicación no ve o no alcanza a controlar y vuelcan el efluente sin tratar a un cuerpo de agua, como sucede en el Riachuelo. En la provincia de Buenos Aires, las leyes 11.459, que exige evaluación de impacto ambiental y otros requisitos, y 11.723, exigen parámetros que se van fortaleciendo con distintas resoluciones. Los procesos avanzados de ozonización buscan la destrucción de contaminantes y no su mera transformación en otros, como sucede con los lodos resultantes de ciertos tratamientos. Los beneficios ambientales se valoran por el método del costo evitado: son eficaces, económicamente viables y ecológicamente sostenibles”.
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UPM: piden de nuevo ir a La Haya
El Municipio exige que Nación vaya de nuevo a La Haya por el tema Botnia
Fecha de Publicación: 16/03/2018
Fuente: El Día (Entre Ríos)
Provincia/Región: Nacional
Al igual que los asambleístas, considera que la multa que recibió la pastera “por verter sustancias contaminantes en una cantidad que supera lo permitido” es prueba suficiente para reactualizar la denuncia en la Corte Internacional de Justicia.La semana pasada se conoció que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvtoma) de Uruguay multó con 500 unidades reajustables (unos 533.500 pesos uruguayos o más de 382 mil pesos argentinos) a la planta de celulosa que la compañía finlandesa UPM tiene sobre el Río Uruguay, en Fray Bentos, por verter sustancias contaminantes en una cantidad que supera lo permitido.
Este hecho marcó que por primera vez el gobierno de Uruguay admitiera de manera oficial que UPM (ex Botnia) contamina, una prueba fundamental para demostrar todo lo denunciado por la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú. Además, los asambleístas consideran que este hecho sería una evidencia para que Argentina actualice la denuncia en la Corte Internacional de La Haya: “Con el pago y la emisión de la multa, Botnia y el gobierno de Uruguay reconocen que la pastera contamina. Esperemos que se haga, a través del gobierno nacional, la actualización de la denuncia en la Corte Internacional de La Haya como corresponde”, había explicado a ElDía el asambleísta Martín Alazard.
En concordancia con la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, el Municipio informó que insta al Poder Ejecutivo de la Nación para que actúe como corresponde ante este nuevo panorama jurídico que habilitó la multa de Uruguay a Botnia.
“Manifestamos públicamente la necesidad de que el Poder Ejecutivo Nacional, en cabeza de quien se encuentran las facultades y competencias para representar a nuestro país en sus relaciones internacionales, a tomar cartas en el asunto, llevando delante de modo urgente las diligencias necesarias para concurrir nuevamente frente a la Corte Internacional de Justicia para hacer valer los derechos conculcados de nuestro pueblo y exigir la reparación de todos los daños ambientales ocasionados”, expresó en un comunicado, donde también exige que “el Gobierno Provincial y la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) tomen debidas carta en el asunto y brinden las respuestas pertinentes a nuestro pueblo”.
“Sin consentir bajo ningún punto de vista los parámetros de contaminación tolerados por la República Oriental del Uruguay, afirmamos que este nuevo elemento que se introduce en el conflicto histórico por las pasteras es trascendental, esto por dos aspectos: primero porque reafirma la postura histórica que ha mantenido nuestro pueblo en esta lucha, Botnia contamina, esto ya no está en discusión; segundo porque habilita a que nuestro país ocurra nuevamente frente a la Corte Internacional de Justicia –Haya- con el objeto de introducir esta prueba cabal del reconocimiento formal del Estado Uruguayo de la contaminación producida por la planta que fuera el eje del conflicto llevado a dicho tribunal, el cual desencadenó la sentencia dictada en fecha 20 de abril del año 2010”, solicitó la Municipalidad de Gualeguaychú.
En el mismo sentido había manifestado a ElDía el Senador nacional por el bloque Justicialista Pedro Guillermo Guastavino: “Este hecho tiene valor porque sirve para seguir acumulando pruebas y elementos para volver a realizar una presentación en la Corte Internacional de La Haya para demostrar que efectivamente Botnia está contaminando y que hay pruebas concretas”.
“Es el camino que la propia Corte de La Haya nos planteó: colecten pruebas, y una vez que las tengan, obviamente tras un sinfín de cuestiones económicas y políticas, avancen a una posible instancia”, había expresado al respecto Andrés Sobredo, abogado de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú.
“Reafirmamos nuestra postura como Estado Municipal frente a esta empresa contaminante localizada a la vera de un bien natural compartido con nuestro país vecino, el Río Uruguay. Expresamos, una vez más, UPM –Ex Botnia- contamina, y nunca debió ser localizada a la vera de un bien natural compartido por dos Estado Nacionales ni en ningún curso de agua afluente del Río Uruguay”, enfatizaron desde el Municipio.
“Los habitantes de Gualeguaychú, sobre todo quienes ocupamos espacios de decisiones públicas, debemos asumir la plena responsabilidad de un cuidado integral de nuestro territorio y no descansar en la lucha por la vida. Lo sabíamos y lo advertimos: las pasteras contaminan. Seguiremos firmes en nuestro propósito: fuera pasteras del río Uruguay”, concluyó el comunicado.
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Fecha de Publicación: 16/03/2018
Fuente: El Día (Entre Ríos)
Provincia/Región: Nacional
Al igual que los asambleístas, considera que la multa que recibió la pastera “por verter sustancias contaminantes en una cantidad que supera lo permitido” es prueba suficiente para reactualizar la denuncia en la Corte Internacional de Justicia.La semana pasada se conoció que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvtoma) de Uruguay multó con 500 unidades reajustables (unos 533.500 pesos uruguayos o más de 382 mil pesos argentinos) a la planta de celulosa que la compañía finlandesa UPM tiene sobre el Río Uruguay, en Fray Bentos, por verter sustancias contaminantes en una cantidad que supera lo permitido.
Este hecho marcó que por primera vez el gobierno de Uruguay admitiera de manera oficial que UPM (ex Botnia) contamina, una prueba fundamental para demostrar todo lo denunciado por la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú. Además, los asambleístas consideran que este hecho sería una evidencia para que Argentina actualice la denuncia en la Corte Internacional de La Haya: “Con el pago y la emisión de la multa, Botnia y el gobierno de Uruguay reconocen que la pastera contamina. Esperemos que se haga, a través del gobierno nacional, la actualización de la denuncia en la Corte Internacional de La Haya como corresponde”, había explicado a ElDía el asambleísta Martín Alazard.
En concordancia con la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, el Municipio informó que insta al Poder Ejecutivo de la Nación para que actúe como corresponde ante este nuevo panorama jurídico que habilitó la multa de Uruguay a Botnia.
“Manifestamos públicamente la necesidad de que el Poder Ejecutivo Nacional, en cabeza de quien se encuentran las facultades y competencias para representar a nuestro país en sus relaciones internacionales, a tomar cartas en el asunto, llevando delante de modo urgente las diligencias necesarias para concurrir nuevamente frente a la Corte Internacional de Justicia para hacer valer los derechos conculcados de nuestro pueblo y exigir la reparación de todos los daños ambientales ocasionados”, expresó en un comunicado, donde también exige que “el Gobierno Provincial y la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) tomen debidas carta en el asunto y brinden las respuestas pertinentes a nuestro pueblo”.
“Sin consentir bajo ningún punto de vista los parámetros de contaminación tolerados por la República Oriental del Uruguay, afirmamos que este nuevo elemento que se introduce en el conflicto histórico por las pasteras es trascendental, esto por dos aspectos: primero porque reafirma la postura histórica que ha mantenido nuestro pueblo en esta lucha, Botnia contamina, esto ya no está en discusión; segundo porque habilita a que nuestro país ocurra nuevamente frente a la Corte Internacional de Justicia –Haya- con el objeto de introducir esta prueba cabal del reconocimiento formal del Estado Uruguayo de la contaminación producida por la planta que fuera el eje del conflicto llevado a dicho tribunal, el cual desencadenó la sentencia dictada en fecha 20 de abril del año 2010”, solicitó la Municipalidad de Gualeguaychú.
En el mismo sentido había manifestado a ElDía el Senador nacional por el bloque Justicialista Pedro Guillermo Guastavino: “Este hecho tiene valor porque sirve para seguir acumulando pruebas y elementos para volver a realizar una presentación en la Corte Internacional de La Haya para demostrar que efectivamente Botnia está contaminando y que hay pruebas concretas”.
“Es el camino que la propia Corte de La Haya nos planteó: colecten pruebas, y una vez que las tengan, obviamente tras un sinfín de cuestiones económicas y políticas, avancen a una posible instancia”, había expresado al respecto Andrés Sobredo, abogado de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú.
“Reafirmamos nuestra postura como Estado Municipal frente a esta empresa contaminante localizada a la vera de un bien natural compartido con nuestro país vecino, el Río Uruguay. Expresamos, una vez más, UPM –Ex Botnia- contamina, y nunca debió ser localizada a la vera de un bien natural compartido por dos Estado Nacionales ni en ningún curso de agua afluente del Río Uruguay”, enfatizaron desde el Municipio.
“Los habitantes de Gualeguaychú, sobre todo quienes ocupamos espacios de decisiones públicas, debemos asumir la plena responsabilidad de un cuidado integral de nuestro territorio y no descansar en la lucha por la vida. Lo sabíamos y lo advertimos: las pasteras contaminan. Seguiremos firmes en nuestro propósito: fuera pasteras del río Uruguay”, concluyó el comunicado.
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El saqueo de los recursos en el Mar Argentino
¿Cómo se frena el saqueo de los recursos del Atlántico Sur?
Fecha de Publicación: 15/03/2018
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional
La captura de un buque español que pescaba ilegalmente en el llamado mar Argentino convirtió en noticia, una vez más, una realidad que los especialistas conocen desde hace años: cientos de barcos depredan de manera habitual los recursos del Atlántico Sur, aprovechando la falta de regulaciones y controles.
El navío Playa Pesmar Uno fue capturado por las fuerzas de seguridad navales argentinas el 4 de febrero, mientras pescaba sin autorización en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEE), cuyo límite está a 200 millas marinas (370 kilómetros) de la costa, dentro del espacio marítimo local designado aquí el mar Argentino.
El barco, que tenía en sus bodegas 320 toneladas de pescado fresco -merluza, abadejo (Pollachius pollachius), calamar y raya-, fue trasladado con sus 34 tripulantes al puerto de Comodoro Rivadavia, en el suroeste del país, de donde fue liberado a fin de febrero, luego de pagar una multa de poco más de un millón de dólares.
“Las captura de este y de otros barcos son apenas la punta de un iceberg de un problema muy grave. Hay cientos de barcos de distintos países que realizan una extracción no regulada sobre el límite de la ZEE. Aunque no tenemos datos, es evidente que realizan sobrepesca”, dijo Santiago Krapovickas, biólogo especialista en conservación que trabaja en Puerto Madryn, en la zona norte de la Patagonia.
Estos barcos –en su mayoría chinos, surcoreanos y españoles, de acuerdo a información de la Subsecretaría de Pesca– aprovechan que no existe un ordenamiento pesquero regional fuera de la ZEE argentina y entonces no tienen limitaciones de capturas, ni de temporadas ni de zonas.
En ocasiones, sin embargo, cruzan el límite y entran en la ZEE, tal vez en busca de una mejor pesca, en un país con 5.000 kilómetros de frontera natural con el océano Atlántico, en su límite oriental.
Es allí cuando las fuerzas de seguridad marinas argentina pueden actuar y lo hacen, aun con las dificultades que le imponen la obsolescencia de sus barcos, algunos con más de 30 años de servicio.
El caso de mayor repercusión sucedió en marzo de 2016, cuando la Prefectura Naval (policía marítima) informó que hundió con disparos y rescató los tripulantes de un barco chino, después de que éste no atendiera reiterados avisos de detención.
“El final de la ZEE coincide con el borde de la plataforma continental argentina. Allí el océano, por su profundidad y por las distintas corrientes marinas, tiene una gran cantidad de nutrientes y se genera un ecosistema muy rico, por lo que es muy fácil pescar, especialmente calamar Illex, especie muy requerida en el mercado internacional”, explicó Krapovickas en diálogo con IPS.
“En la comunidad científica lo advertimos desde hace años. Pero no hemos logrado que ningún organismo haga nada”, agregó.
El Estado argentino no actúa pero sabe donde están esos barcos: desde 2012, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), los sigue a través de imágenes satelitales desde su sede en el puerto de Mar del Plata, 400 kilómetros al sur de Buenos Aires.
“Parece una ciudad flotante. Más o menos en la latitud de 45 grados hay tanta actividad, que a veces parece que cubren una superficie más grande que la de Buenos Aires”, dijo a IPS el ingeniero informático Ezequiel Cozzolino, quien está a cargo del sistema satelital.
“Desde mediados de diciembre hasta junio del año siguiente suele haber entre 270 y 300 barcos en la zona. El 80 o 90 por ciento son buques poteros, que buscan únicamente calamar. Pescan de noche, porque al calamar lo atraen las luces artificiales”, explicó.
Sin embargo, el especialista en conservación marina Milko Schvartzman, que hace su propio seguimiento satelital, asegura que en algunas épocas hay más de 500 barcos.
“Son altamente depredadores del calamar, que es uno de los pilares del ecosistema marino, porque sirve como alimento para otras especies”, dijo Schvartzman a IPS.
Schvartzman trabaja en un proyecto de protección del Atlántico Sur para Oceans 5, una organización vinculada a la fundación del actor estadounidense Leonardo Di Caprio.
Esa organización ecologista ha denunciado que estos barcos no solo afectan el ambiente marino sino que también violan los derechos humanos, ya que en ocasiones someten a su tripulación a trabajo esclavo.
No se conocen estudios sobre la forma en que estos barcos afectan la pesca legal en Argentina, que es una gran productora de divisas, porque la mayor parte se exporta.
Cifras oficiales indican que en 2017 ingresaron al país 1.978 millones de dólares por exportaciones de pescados y mariscos, contra 1.724 del año anterior.
Schvartzman fue uno de los activistas de organizaciones europeas que en diciembre llegaron a la Cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC), en Buenos Aires, para presionar públicamente con el objetivo de que se acordase la eliminación de los subsidios a la pesca nociva para el ambiente y para los pequeños pescadores.
Esta agenda está dentro del 14 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el referido al uso sostenible de los océanos.
Esa meta fija para 2020 “prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la sobrecapacidad y la pesca excesiva, eliminar las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada”.
Schvartzman asegura que “todos estos barcos que pescan en el límite de la ZEE están subsidiados por China, Corea del Sur o España u otros países que hace años colapsaron sus propios recursos pesqueros y, para mantener estas flotas activas, las mandan a pescar a otro lado”.
A pesar de ello, la OMC no tomó por ahora ninguna decisión sobre los subsidios a la pesca. “Fue India la que se opuso en Buenos Aires, cosa que es inentendible porque ese país también es víctima de este tipo de flotas pesqueras que saque los recursos”, dijo Schvartzman.
En Argentina, esta cuestión también preocupa a los empresarios pesqueros, algunos de los cuales formaron a fines del año pasado una oenegé a la que bautizaron Organización para la Protección de los Recursos del Atlántico Sudoccidental (Opras).
“Nuestro objetivo es llegar a organismos internacionales para que se regule esta cuestión que tiene que ver con los recursos marinos, pero necesitamos un apoyo del gobierno argentino que hoy no tenemos”, dijo Alan Mackern, presidente de Estremar, una empresa pesquera de capital noruego con base en Ushuaia, en el extremo sur argentino.
Mackern sostuvo a IPS que “no se puede permitir lo que está pasando. Los que pescamos dentro de la ZEE estamos sujetos a regulaciones estrictas y los que están en el límite no cumplen normas y vuelcan al mercado pescado y mariscos a precios más bajos, con lo que nos perjudican”.
Los empresarios también miran con preocupación un proyecto de ley enviado por el gobierno argentino al Congreso para crear áreas marinas protegidas, dentro de la ZEE.
“No hemos sido consultados. Pero la fauna marina, lógicamente, no conoce de límites, y nos inquieta que se pretenda prohibir la pesca dentro de las 200 millas y se terminen generando mayores recursos para los que pescan afuera”, cerró Mackern.
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Fecha de Publicación: 15/03/2018
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional
La captura de un buque español que pescaba ilegalmente en el llamado mar Argentino convirtió en noticia, una vez más, una realidad que los especialistas conocen desde hace años: cientos de barcos depredan de manera habitual los recursos del Atlántico Sur, aprovechando la falta de regulaciones y controles.
El navío Playa Pesmar Uno fue capturado por las fuerzas de seguridad navales argentinas el 4 de febrero, mientras pescaba sin autorización en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEE), cuyo límite está a 200 millas marinas (370 kilómetros) de la costa, dentro del espacio marítimo local designado aquí el mar Argentino.
El barco, que tenía en sus bodegas 320 toneladas de pescado fresco -merluza, abadejo (Pollachius pollachius), calamar y raya-, fue trasladado con sus 34 tripulantes al puerto de Comodoro Rivadavia, en el suroeste del país, de donde fue liberado a fin de febrero, luego de pagar una multa de poco más de un millón de dólares.
“Las captura de este y de otros barcos son apenas la punta de un iceberg de un problema muy grave. Hay cientos de barcos de distintos países que realizan una extracción no regulada sobre el límite de la ZEE. Aunque no tenemos datos, es evidente que realizan sobrepesca”, dijo Santiago Krapovickas, biólogo especialista en conservación que trabaja en Puerto Madryn, en la zona norte de la Patagonia.
Estos barcos –en su mayoría chinos, surcoreanos y españoles, de acuerdo a información de la Subsecretaría de Pesca– aprovechan que no existe un ordenamiento pesquero regional fuera de la ZEE argentina y entonces no tienen limitaciones de capturas, ni de temporadas ni de zonas.
En ocasiones, sin embargo, cruzan el límite y entran en la ZEE, tal vez en busca de una mejor pesca, en un país con 5.000 kilómetros de frontera natural con el océano Atlántico, en su límite oriental.
Es allí cuando las fuerzas de seguridad marinas argentina pueden actuar y lo hacen, aun con las dificultades que le imponen la obsolescencia de sus barcos, algunos con más de 30 años de servicio.
El caso de mayor repercusión sucedió en marzo de 2016, cuando la Prefectura Naval (policía marítima) informó que hundió con disparos y rescató los tripulantes de un barco chino, después de que éste no atendiera reiterados avisos de detención.
“El final de la ZEE coincide con el borde de la plataforma continental argentina. Allí el océano, por su profundidad y por las distintas corrientes marinas, tiene una gran cantidad de nutrientes y se genera un ecosistema muy rico, por lo que es muy fácil pescar, especialmente calamar Illex, especie muy requerida en el mercado internacional”, explicó Krapovickas en diálogo con IPS.
“En la comunidad científica lo advertimos desde hace años. Pero no hemos logrado que ningún organismo haga nada”, agregó.
El Estado argentino no actúa pero sabe donde están esos barcos: desde 2012, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), los sigue a través de imágenes satelitales desde su sede en el puerto de Mar del Plata, 400 kilómetros al sur de Buenos Aires.
“Parece una ciudad flotante. Más o menos en la latitud de 45 grados hay tanta actividad, que a veces parece que cubren una superficie más grande que la de Buenos Aires”, dijo a IPS el ingeniero informático Ezequiel Cozzolino, quien está a cargo del sistema satelital.
“Desde mediados de diciembre hasta junio del año siguiente suele haber entre 270 y 300 barcos en la zona. El 80 o 90 por ciento son buques poteros, que buscan únicamente calamar. Pescan de noche, porque al calamar lo atraen las luces artificiales”, explicó.
Sin embargo, el especialista en conservación marina Milko Schvartzman, que hace su propio seguimiento satelital, asegura que en algunas épocas hay más de 500 barcos.
“Son altamente depredadores del calamar, que es uno de los pilares del ecosistema marino, porque sirve como alimento para otras especies”, dijo Schvartzman a IPS.
Schvartzman trabaja en un proyecto de protección del Atlántico Sur para Oceans 5, una organización vinculada a la fundación del actor estadounidense Leonardo Di Caprio.
Esa organización ecologista ha denunciado que estos barcos no solo afectan el ambiente marino sino que también violan los derechos humanos, ya que en ocasiones someten a su tripulación a trabajo esclavo.
No se conocen estudios sobre la forma en que estos barcos afectan la pesca legal en Argentina, que es una gran productora de divisas, porque la mayor parte se exporta.
Cifras oficiales indican que en 2017 ingresaron al país 1.978 millones de dólares por exportaciones de pescados y mariscos, contra 1.724 del año anterior.
Schvartzman fue uno de los activistas de organizaciones europeas que en diciembre llegaron a la Cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC), en Buenos Aires, para presionar públicamente con el objetivo de que se acordase la eliminación de los subsidios a la pesca nociva para el ambiente y para los pequeños pescadores.
Esta agenda está dentro del 14 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el referido al uso sostenible de los océanos.
Esa meta fija para 2020 “prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la sobrecapacidad y la pesca excesiva, eliminar las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada”.
Schvartzman asegura que “todos estos barcos que pescan en el límite de la ZEE están subsidiados por China, Corea del Sur o España u otros países que hace años colapsaron sus propios recursos pesqueros y, para mantener estas flotas activas, las mandan a pescar a otro lado”.
A pesar de ello, la OMC no tomó por ahora ninguna decisión sobre los subsidios a la pesca. “Fue India la que se opuso en Buenos Aires, cosa que es inentendible porque ese país también es víctima de este tipo de flotas pesqueras que saque los recursos”, dijo Schvartzman.
En Argentina, esta cuestión también preocupa a los empresarios pesqueros, algunos de los cuales formaron a fines del año pasado una oenegé a la que bautizaron Organización para la Protección de los Recursos del Atlántico Sudoccidental (Opras).
“Nuestro objetivo es llegar a organismos internacionales para que se regule esta cuestión que tiene que ver con los recursos marinos, pero necesitamos un apoyo del gobierno argentino que hoy no tenemos”, dijo Alan Mackern, presidente de Estremar, una empresa pesquera de capital noruego con base en Ushuaia, en el extremo sur argentino.
Mackern sostuvo a IPS que “no se puede permitir lo que está pasando. Los que pescamos dentro de la ZEE estamos sujetos a regulaciones estrictas y los que están en el límite no cumplen normas y vuelcan al mercado pescado y mariscos a precios más bajos, con lo que nos perjudican”.
Los empresarios también miran con preocupación un proyecto de ley enviado por el gobierno argentino al Congreso para crear áreas marinas protegidas, dentro de la ZEE.
“No hemos sido consultados. Pero la fauna marina, lógicamente, no conoce de límites, y nos inquieta que se pretenda prohibir la pesca dentro de las 200 millas y se terminen generando mayores recursos para los que pescan afuera”, cerró Mackern.
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Regusardando los últimos macá tobiano
Los guardianes del macá tobiano
Fecha de Publicación: 15/03/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Santa Cruz
La estepa de Santa Cruz es el hogar de verano de unos 50 jóvenes, que enfrentan al viento y al desierto. En este lugar, cuidan a esta ave única en el mundo, en peligro crítico de extinción.
Santa Cruz. Cuando el viento sopla en medio de la estepa patagónica nada le opone resistencia, por eso los arbustos que crecen en este tremendo desierto argentino apenas superan los 30 centímetros de altura. Las ráfagas, además, son frías: prácticamente las congelan los campos de hielo que se levantan entre la Cordillera de los Andes.
El viento sopla, y nada parece hacerle frente en la estepa. Nada. Pero en medio de esta inmensidad, que se siente infinita en un horizonte plano y monótono, hay que tener paciencia y esperar para ver. Los guanacos se multiplican por cientos de miles, también aparecen las liebres, los zorros grises, los choiques y las variadas especies de aves, entre las que se encuentra una que está por desaparecer de la faz de la tierra, el macá tobiano, pero que lucha contra todas las reglas de juego que impone la Patagonia para la vida, pero sobre todo contra las que impuso el hombre.
Como especie, somos responsables de esta extinción en proceso, pero también, los artífices de que esto no ocurra. La paulatina desaparición del macá tobiano fue silenciosa hasta entrada esta década. Hoy, un grupo de científicos y voluntarios dejan todo de lado para internarse en el desierto y colaborar con esta ave en su lucha por la supervivencia.
Hijos, familias, amigos, asados o partidos de fútbol esperan en casa. La estepa ahora es dueña de los días de estos jóvenes que hacen grandes sacrificios para que el macá tobiano, un ave única en el mundo, no pierda su batalla.
Lento crecimiento
A través de la ONG Aves Argentinas, el Proyecto Macá Tobiano se despliega en 25 mil kilómetros cuadrados de desierto para proteger a esta especie en peligro crítico de extinción.
En los ’80, se estimaba la población de esta ave en unos cinco mil ejemplares. En 2009, se realizó un censo que detectó apenas 500, y hoy, luego de casi 10 años de lucha en el desierto, se logró estabilizar a la especie en unos 800 individuos.
Los resultados desde la implementación del proyecto demoraron en salir a la luz, pero son fruto del esfuerzo que esta gente realiza durante casi seis meses todos los años, vigilando las lagunas que se nutren del deshielo de primavera en las mesetas de los lagos Strobel y Buenos Aires, donde el macá tobiano habita durante el verano.
Duplas de guardianes de colonia, como se les llama en el proyecto, son las que pasan unos 15 días seguidos a la orilla de estos inclementes espejos de agua para proteger al macá tobiano.
“Son cuatro las grandes amenazas del macá tobiano: el cambio climático, que seca las lagunas donde habita; la inserción de la trucha arcoíris, que modifica el ambiente que necesita esta ave para reproducirse; el visón americano, una especie introducida que representa un grave riesgo por ser un gran depredador; y la gaviota cocinera, que suele atacar los nidos”, explica el doctor en biología Kini Roesler, responsable del proyecto de manejo de la especie.
Todos los días, los guardianes de colonia deben contar la cantidad de macaes que hay en las lagunas a las que fueron asignados, recorrer y asegurar los perímetros y actuar si aparece alguna amenaza.
Alerta: visones
Santiago Field, uno de los guardianes, asegura que el peor escenario es detectar visones porque eso dispara todas las alarmas: “El estado de alerta pasa a ser permanente, entonces hay que moverse para encontrar a este animal antes de que entre en acción. Te altera toda la rutina, prácticamente no comés ni dormís hasta encontrarlo, y en medio de esta situación también estás luchando contra el viento y el frío”.
Los guardianes de colonia están completamente aislados. Son ellos y el desierto los que inciden en la suerte de los macaes. Una de las premisas es moverse con suma cautela, porque un movimiento en falso que lleve a una lastimadura implica un serio riesgo por la distancia y tiempo al que se encuentra la ayuda más próxima.
Patrick Buchanan es el encargado de coordinar todo el despliegue en el territorio del Proyecto Macá Tobiano, de preparar los vehículos para los traslados de los guardianes, los alimentos, otros elementos necesarios para la supervivencia en la estepa y de armar los cronogramas de estadías y relevos en los campamentos.
En el medio de un océano de tierra y arbustos, a más de 100 kilómetros de Perito Moreno, la localidad más próxima, está la estación biológica Juan Mazar Barnett, desde donde se ejecutan todos los planes para cubrir las miles y miles de hectáreas de territorio, para proteger a un animal que apenas mide unos 30 centímetros.
Patrick sabe que su tarea es compleja y delicada, pero la ejecuta con seguridad y naturalidad. La vocación de este joven oriundo de Misiones es el combustible que lo mantiene siempre listo ante cualquier necesidad. Su entrega para el proyecto llegará a su límite este 2018, ya que también pasará el invierno en la estepa, cuidando la base de eventuales bandidos rurales y realizando las tareas necesarias para que cuando comience la temporada de protección del macá 2018/19 esté todo preparado.
“Nunca me pregunté qué pasaría si el macá tobiano dejara de existir… probablemente tendría que buscar un nuevo objetivo en mi vida, pero acá estamos para evitar que eso pase”, asegura en pocas palabras, con pausa y con los ojos vidriosos, Patrick, quien por lo general no para de hablar ni se despega de su mate.
El desafío de criarlos
A prácticamente un día de viaje de la estación biológica, por complicados caminos de piedra y arena, se encuentra el desafío más ambicioso del Proyecto Macá Tobiano: la recría de esta especie fuera de sus nidos. Cuatro contenedores en la estancia Laguna Verde, a los que el viento alguna vez supo derribar, forman la casa de Gabriela Gabarain, la veterinaria que está encargada conseguir esta hazaña.
Los días de Gabriela transcurren entre incubadoras, bolsas de agua caliente, huevos, experimentación, frustraciones y una enorme paciencia. Hace cinco años que el proyecto de recría de macá tobiano está en marcha, pero hasta ahora no han logrado que un pichón que rompe el cascarón supere los 10 días de vida.
El macá tobiano pone dos huevos en sus nidos. Cuando nace el primer pichón la pareja de macaes abandona el huevo que todavía no eclosionó, y esos son los que se utilizan en el proyecto de recría.
“Es muy complicado porque se sabe muy poco de la especie. Primero, nos costó mucho conseguir pichones, luego que nazcan fuertes. Ahora, queremos lograr una buena alimentación que permita su supervivencia”, cuenta.
Los días en la estación de recría suelen ser tranquilos... hasta que nace un pichón. Entonces comienzan jornadas de trabajo de 24 horas para tratar de conseguir que el recién nacido se alimente, pero además que tenga una temperatura estable en su nido artificial que le permita vivir. Cada unos 30 minutos hay que cambiar las bolsas de agua caliente, por lo que el control de las condiciones de humedad y calor son constantes.
La temporada de protección del macá termina en abril, cuando luego de la época reproductiva esta ave migra hacia el este, principalmente al estuario del río Santa Cruz, para pasar el invierno.
Antes de dejar la estepa, los científicos eligen algunos individuos para marcar y hacer el control poblacional, es prácticamente uno de los únicos momentos en los que se ingresa a las lagunas y se entra en contacto con la especie.
Los sacrificios físicos, mentales y sentimentales que estos jóvenes hacen por ayudar a la supervivencia del macá tobiano son enormes. Y pese a las dificultades que atraviesan todos los años, expuestos a la inclemente estepa patagónica y a las dificultades de sus tareas, eligen volver año tras año.
Tienen una misión clara: salvar a la especie, y en esta tarea que los une también generaron una inmensa fraternidad. El fuego se enciende en la estación biológica, es noche de asado, aunque no hacen falta más brasas para avivar la pasión de estos jóvenes.
El apoyo de Toyota
El Proyecto Macá Tobiano recibe el respaldo de Toyota Argentina. La empresa donó y presta camionetas para que los investigadores, guardianes y voluntarios puedan movilizarse a través de la estepa. Además, Toyota también facilitó un equipo generador de energía para la estación de recría, que necesita suministro eléctrico las 24 horas para mantener en funcionamiento las incubadoras.
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Fecha de Publicación: 15/03/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Santa Cruz
La estepa de Santa Cruz es el hogar de verano de unos 50 jóvenes, que enfrentan al viento y al desierto. En este lugar, cuidan a esta ave única en el mundo, en peligro crítico de extinción.
Santa Cruz. Cuando el viento sopla en medio de la estepa patagónica nada le opone resistencia, por eso los arbustos que crecen en este tremendo desierto argentino apenas superan los 30 centímetros de altura. Las ráfagas, además, son frías: prácticamente las congelan los campos de hielo que se levantan entre la Cordillera de los Andes.
El viento sopla, y nada parece hacerle frente en la estepa. Nada. Pero en medio de esta inmensidad, que se siente infinita en un horizonte plano y monótono, hay que tener paciencia y esperar para ver. Los guanacos se multiplican por cientos de miles, también aparecen las liebres, los zorros grises, los choiques y las variadas especies de aves, entre las que se encuentra una que está por desaparecer de la faz de la tierra, el macá tobiano, pero que lucha contra todas las reglas de juego que impone la Patagonia para la vida, pero sobre todo contra las que impuso el hombre.
Como especie, somos responsables de esta extinción en proceso, pero también, los artífices de que esto no ocurra. La paulatina desaparición del macá tobiano fue silenciosa hasta entrada esta década. Hoy, un grupo de científicos y voluntarios dejan todo de lado para internarse en el desierto y colaborar con esta ave en su lucha por la supervivencia.
Hijos, familias, amigos, asados o partidos de fútbol esperan en casa. La estepa ahora es dueña de los días de estos jóvenes que hacen grandes sacrificios para que el macá tobiano, un ave única en el mundo, no pierda su batalla.
Lento crecimiento
A través de la ONG Aves Argentinas, el Proyecto Macá Tobiano se despliega en 25 mil kilómetros cuadrados de desierto para proteger a esta especie en peligro crítico de extinción.
En los ’80, se estimaba la población de esta ave en unos cinco mil ejemplares. En 2009, se realizó un censo que detectó apenas 500, y hoy, luego de casi 10 años de lucha en el desierto, se logró estabilizar a la especie en unos 800 individuos.
Los resultados desde la implementación del proyecto demoraron en salir a la luz, pero son fruto del esfuerzo que esta gente realiza durante casi seis meses todos los años, vigilando las lagunas que se nutren del deshielo de primavera en las mesetas de los lagos Strobel y Buenos Aires, donde el macá tobiano habita durante el verano.
Duplas de guardianes de colonia, como se les llama en el proyecto, son las que pasan unos 15 días seguidos a la orilla de estos inclementes espejos de agua para proteger al macá tobiano.
“Son cuatro las grandes amenazas del macá tobiano: el cambio climático, que seca las lagunas donde habita; la inserción de la trucha arcoíris, que modifica el ambiente que necesita esta ave para reproducirse; el visón americano, una especie introducida que representa un grave riesgo por ser un gran depredador; y la gaviota cocinera, que suele atacar los nidos”, explica el doctor en biología Kini Roesler, responsable del proyecto de manejo de la especie.
Todos los días, los guardianes de colonia deben contar la cantidad de macaes que hay en las lagunas a las que fueron asignados, recorrer y asegurar los perímetros y actuar si aparece alguna amenaza.
Alerta: visones
Santiago Field, uno de los guardianes, asegura que el peor escenario es detectar visones porque eso dispara todas las alarmas: “El estado de alerta pasa a ser permanente, entonces hay que moverse para encontrar a este animal antes de que entre en acción. Te altera toda la rutina, prácticamente no comés ni dormís hasta encontrarlo, y en medio de esta situación también estás luchando contra el viento y el frío”.
Los guardianes de colonia están completamente aislados. Son ellos y el desierto los que inciden en la suerte de los macaes. Una de las premisas es moverse con suma cautela, porque un movimiento en falso que lleve a una lastimadura implica un serio riesgo por la distancia y tiempo al que se encuentra la ayuda más próxima.
Patrick Buchanan es el encargado de coordinar todo el despliegue en el territorio del Proyecto Macá Tobiano, de preparar los vehículos para los traslados de los guardianes, los alimentos, otros elementos necesarios para la supervivencia en la estepa y de armar los cronogramas de estadías y relevos en los campamentos.
En el medio de un océano de tierra y arbustos, a más de 100 kilómetros de Perito Moreno, la localidad más próxima, está la estación biológica Juan Mazar Barnett, desde donde se ejecutan todos los planes para cubrir las miles y miles de hectáreas de territorio, para proteger a un animal que apenas mide unos 30 centímetros.
Patrick sabe que su tarea es compleja y delicada, pero la ejecuta con seguridad y naturalidad. La vocación de este joven oriundo de Misiones es el combustible que lo mantiene siempre listo ante cualquier necesidad. Su entrega para el proyecto llegará a su límite este 2018, ya que también pasará el invierno en la estepa, cuidando la base de eventuales bandidos rurales y realizando las tareas necesarias para que cuando comience la temporada de protección del macá 2018/19 esté todo preparado.
“Nunca me pregunté qué pasaría si el macá tobiano dejara de existir… probablemente tendría que buscar un nuevo objetivo en mi vida, pero acá estamos para evitar que eso pase”, asegura en pocas palabras, con pausa y con los ojos vidriosos, Patrick, quien por lo general no para de hablar ni se despega de su mate.
El desafío de criarlos
A prácticamente un día de viaje de la estación biológica, por complicados caminos de piedra y arena, se encuentra el desafío más ambicioso del Proyecto Macá Tobiano: la recría de esta especie fuera de sus nidos. Cuatro contenedores en la estancia Laguna Verde, a los que el viento alguna vez supo derribar, forman la casa de Gabriela Gabarain, la veterinaria que está encargada conseguir esta hazaña.
Los días de Gabriela transcurren entre incubadoras, bolsas de agua caliente, huevos, experimentación, frustraciones y una enorme paciencia. Hace cinco años que el proyecto de recría de macá tobiano está en marcha, pero hasta ahora no han logrado que un pichón que rompe el cascarón supere los 10 días de vida.
El macá tobiano pone dos huevos en sus nidos. Cuando nace el primer pichón la pareja de macaes abandona el huevo que todavía no eclosionó, y esos son los que se utilizan en el proyecto de recría.
“Es muy complicado porque se sabe muy poco de la especie. Primero, nos costó mucho conseguir pichones, luego que nazcan fuertes. Ahora, queremos lograr una buena alimentación que permita su supervivencia”, cuenta.
Los días en la estación de recría suelen ser tranquilos... hasta que nace un pichón. Entonces comienzan jornadas de trabajo de 24 horas para tratar de conseguir que el recién nacido se alimente, pero además que tenga una temperatura estable en su nido artificial que le permita vivir. Cada unos 30 minutos hay que cambiar las bolsas de agua caliente, por lo que el control de las condiciones de humedad y calor son constantes.
La temporada de protección del macá termina en abril, cuando luego de la época reproductiva esta ave migra hacia el este, principalmente al estuario del río Santa Cruz, para pasar el invierno.
Antes de dejar la estepa, los científicos eligen algunos individuos para marcar y hacer el control poblacional, es prácticamente uno de los únicos momentos en los que se ingresa a las lagunas y se entra en contacto con la especie.
Los sacrificios físicos, mentales y sentimentales que estos jóvenes hacen por ayudar a la supervivencia del macá tobiano son enormes. Y pese a las dificultades que atraviesan todos los años, expuestos a la inclemente estepa patagónica y a las dificultades de sus tareas, eligen volver año tras año.
Tienen una misión clara: salvar a la especie, y en esta tarea que los une también generaron una inmensa fraternidad. El fuego se enciende en la estación biológica, es noche de asado, aunque no hacen falta más brasas para avivar la pasión de estos jóvenes.
El apoyo de Toyota
El Proyecto Macá Tobiano recibe el respaldo de Toyota Argentina. La empresa donó y presta camionetas para que los investigadores, guardianes y voluntarios puedan movilizarse a través de la estepa. Además, Toyota también facilitó un equipo generador de energía para la estación de recría, que necesita suministro eléctrico las 24 horas para mantener en funcionamiento las incubadoras.
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Caputo, desmontes en Santiago y denuncia al Gobernador
Greenpeace denunció a una empresa del ministro de Finanzas por desmontes ilegales
Fecha de Publicación: 15/03/2018
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Santiago del Estero
La ONG envió una carta dirigida al gobernador de Santiago del Estero, el radical Gerardo Zamora. Alertaron que dos socios del ministro continúan con un desmonte ilegal.
Greenpeace y otras organizaciones denunciaron en una carta dirigida al gobernador de Santiago del Estero, el radical Gerardo Zamora, que dos socios del ministro de Finanzas, Luis Caputo, continúan con un desmonte ilegal de 500 hectáreas en la zona del departamento de Copo, a 300 kilómetros de la capital provincial. El lunes, el ministerio de Ambiente de la Nación le solicitará un informe detallado a la provincia en busca de una solución a la demanda.
En la carta dirigida al mandatario santiagueño y a la dirección de Bosques y Fauna de la Provincia de Santiago del Estero, Greenpeace denuncia que se está realizando un desmonte de “aproximadamente 500 hectáreas en el departamento Copo, en un predio denominado Calancati, solicitado por Luis Méndez Ezcurra y Horacio Gándara, donde actualmente se encuentran trabajando topadoras”. La zona está zonificada como Categoría Amarilla, donde no se admiten desmontes.
Tanto Méndez Ezcurra como Gándara figuran como presidente y director suplente –respectivamente- de Sacha Rupaska SA. En la última declaración jurada del ministro Caputo, figura que es socio: su participación accionaria asciende a los $ 310.219,22 y los créditos en el país (es decir, la deuda que mantiene la empresa con Caputo) es de $ 3.857.763,53. La empresa también fue acusada por intentos de desalojo violentos por casi un centenar de familias que vivían en la zona previo a 2007.
Según pudo averiguar PERFIL, la cartera ambiental que conduce Bergman recibió un facsímil de la carta y el lunes le pedirán un informe a la provincia para tener un panorama de la situación. Si bien los desmontes comenzaron en enero, hasta el momento la provincia no lo cargó en el sistema interno. Desde el entorno del ministro de Ambiente dicen que la situación es “irregular” y que van a “tomar cartas en el asunto para solucionarlo”. No obstante, sostienen que no tienen el poder de “policía” y que una solución inmediata puede llegar por parte de la gestión de Zamora.
Por su parte, el director de Bosques santiagueño, Jorge Rosales, sostuvo que los empresarios presentaron un plan de cambio de uso de suelo. “Legalmente no tengo herramientas para pararlos. Cumplieron con los requisitos”, dijo. También ratificó que el predio está en la zona “amarilla”. Sobre la imagen que adjunta este medio, Rosales afirma que es “relativo” por la baja resolución.
“No estamos informados de aquel desmonte. En teoría deberían haberlo cargado en la provincia para poder acceder al Fondo nacional para la conservación de bosques nativos. Es irregular, aunque es algo que puede ocurrir por falta de personal”, confían fuentes del ministerio.
En tanto, el ministro Caputo prefirió no contestar a la requisitoria de este diario sobre el tema, al decir que “ya habían aclarado el tema en su momento”.
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Fecha de Publicación: 15/03/2018
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Santiago del Estero
La ONG envió una carta dirigida al gobernador de Santiago del Estero, el radical Gerardo Zamora. Alertaron que dos socios del ministro continúan con un desmonte ilegal.
Greenpeace y otras organizaciones denunciaron en una carta dirigida al gobernador de Santiago del Estero, el radical Gerardo Zamora, que dos socios del ministro de Finanzas, Luis Caputo, continúan con un desmonte ilegal de 500 hectáreas en la zona del departamento de Copo, a 300 kilómetros de la capital provincial. El lunes, el ministerio de Ambiente de la Nación le solicitará un informe detallado a la provincia en busca de una solución a la demanda.
En la carta dirigida al mandatario santiagueño y a la dirección de Bosques y Fauna de la Provincia de Santiago del Estero, Greenpeace denuncia que se está realizando un desmonte de “aproximadamente 500 hectáreas en el departamento Copo, en un predio denominado Calancati, solicitado por Luis Méndez Ezcurra y Horacio Gándara, donde actualmente se encuentran trabajando topadoras”. La zona está zonificada como Categoría Amarilla, donde no se admiten desmontes.
Tanto Méndez Ezcurra como Gándara figuran como presidente y director suplente –respectivamente- de Sacha Rupaska SA. En la última declaración jurada del ministro Caputo, figura que es socio: su participación accionaria asciende a los $ 310.219,22 y los créditos en el país (es decir, la deuda que mantiene la empresa con Caputo) es de $ 3.857.763,53. La empresa también fue acusada por intentos de desalojo violentos por casi un centenar de familias que vivían en la zona previo a 2007.
Según pudo averiguar PERFIL, la cartera ambiental que conduce Bergman recibió un facsímil de la carta y el lunes le pedirán un informe a la provincia para tener un panorama de la situación. Si bien los desmontes comenzaron en enero, hasta el momento la provincia no lo cargó en el sistema interno. Desde el entorno del ministro de Ambiente dicen que la situación es “irregular” y que van a “tomar cartas en el asunto para solucionarlo”. No obstante, sostienen que no tienen el poder de “policía” y que una solución inmediata puede llegar por parte de la gestión de Zamora.
Por su parte, el director de Bosques santiagueño, Jorge Rosales, sostuvo que los empresarios presentaron un plan de cambio de uso de suelo. “Legalmente no tengo herramientas para pararlos. Cumplieron con los requisitos”, dijo. También ratificó que el predio está en la zona “amarilla”. Sobre la imagen que adjunta este medio, Rosales afirma que es “relativo” por la baja resolución.
“No estamos informados de aquel desmonte. En teoría deberían haberlo cargado en la provincia para poder acceder al Fondo nacional para la conservación de bosques nativos. Es irregular, aunque es algo que puede ocurrir por falta de personal”, confían fuentes del ministerio.
En tanto, el ministro Caputo prefirió no contestar a la requisitoria de este diario sobre el tema, al decir que “ya habían aclarado el tema en su momento”.
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