Chaco: analizan situación de los residuos
08:00 | 
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Plantas de separación en el interior y problema mayúsculo a resolver en Resistencia
Fecha de Publicación: 12/12/2016
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
El mal manejo de los mismos sigue siendo una asignatura pendiente, aún no resuelta en nuestra provincia, que se acrecienta por las limitaciones económicas y la cantidad de recursos financieros y tecnológicos que son necesarios invertir para evacuarlos hacia lugares adecuados.
No obstante, se han se han logrado considerables avances con la instalación de 16 plantas de Separación de Residuos en distintas localidades del interior.
Sin dudas, es Resistencia, su capital, la ciudad donde la gestión de la basura se ha transformado en un auténtico nudo gordiano, cada vez más difícil de deshacer.
Un informe de la Universidad Nacional del Nordeste, estima que la producción diaria de residuos sólidos urbanos de la ciudad es de aproximadamente 175,35 toneladas.
Esto incluye los desechos domiciliarios, comerciales, de establecimientos educativos, de clínicas, sanatorios y hospitales.
Considerando que el municipio de Resistencia tiene una población superior a 385.726 habitantes (Indec, Censo 2010), puede estimarse una producción diaria de 639 gramos de residuos por habitante realizando el siguiente cálculo: 175.350 kilos por día.
Solo el casco céntrico de la ciudad, produce poco más de 55 toneladas diarias de residuos, es decir el 32 % del total recolectado en la ciudad. En tanto, el cinturón urbano produce entre 115 y 125 toneladas de residuos, es decir el 68 % del total generado.
La gestión de los residuos urbanos es responsabilidad de la Municipalidad capitalina, ciudad que, al igual que otras tantas de nuestro país, fue disponiendo de distintos predios destinados al vuelco de la basura recolectada diariamente.
Actualmente y desde principios de 1992 está habilitado como basural municipal, un predio localizado en el paraje María Sara, al sur de la ciudad, que ocupa una superficie aproximada de 64,02 hectáreas, y está situado a solo cuatro kilómetros del área comercial de la ciudad.
Constituye un vertedero a cielo abierto, donde se dispersan todos los residuos domiciliarios juntos: materia orgánica, plásticos, pilas, vidrios, latas y otros.
Además se va extendiendo desordenadamente ocupando amplias superficies de sus inmediaciones.
Este espacio también se caracteriza por desprendimiento de humos densos, muy tóxicos, generados por la combustión espontánea de algunos materiales o por fuegos que producen algunas personas cuando queman la gran diversidad y mezcla de residuos, de modo que el basural municipal -a cielo abierto- y otros basurales dispersos en la ciudad, son considerados muy contaminantes.
Si a esto le sumamos las numerosas personas de diferentes edades que diariamente realizan la separación informal de las basuras, como los animales que se alimentan de restos, provocan una situación ambiental sumamente crítica en el área y en su entorno.
Hoy, se estima que el Vertedero Municipal de María Sara tiene fecha de vencimiento, calculando su colapso en aproximadamente un año.
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Fecha de Publicación: 12/12/2016
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
El mal manejo de los mismos sigue siendo una asignatura pendiente, aún no resuelta en nuestra provincia, que se acrecienta por las limitaciones económicas y la cantidad de recursos financieros y tecnológicos que son necesarios invertir para evacuarlos hacia lugares adecuados.
No obstante, se han se han logrado considerables avances con la instalación de 16 plantas de Separación de Residuos en distintas localidades del interior.
Sin dudas, es Resistencia, su capital, la ciudad donde la gestión de la basura se ha transformado en un auténtico nudo gordiano, cada vez más difícil de deshacer.
Un informe de la Universidad Nacional del Nordeste, estima que la producción diaria de residuos sólidos urbanos de la ciudad es de aproximadamente 175,35 toneladas.
Esto incluye los desechos domiciliarios, comerciales, de establecimientos educativos, de clínicas, sanatorios y hospitales.
Considerando que el municipio de Resistencia tiene una población superior a 385.726 habitantes (Indec, Censo 2010), puede estimarse una producción diaria de 639 gramos de residuos por habitante realizando el siguiente cálculo: 175.350 kilos por día.
Solo el casco céntrico de la ciudad, produce poco más de 55 toneladas diarias de residuos, es decir el 32 % del total recolectado en la ciudad. En tanto, el cinturón urbano produce entre 115 y 125 toneladas de residuos, es decir el 68 % del total generado.
La gestión de los residuos urbanos es responsabilidad de la Municipalidad capitalina, ciudad que, al igual que otras tantas de nuestro país, fue disponiendo de distintos predios destinados al vuelco de la basura recolectada diariamente.
Actualmente y desde principios de 1992 está habilitado como basural municipal, un predio localizado en el paraje María Sara, al sur de la ciudad, que ocupa una superficie aproximada de 64,02 hectáreas, y está situado a solo cuatro kilómetros del área comercial de la ciudad.
Constituye un vertedero a cielo abierto, donde se dispersan todos los residuos domiciliarios juntos: materia orgánica, plásticos, pilas, vidrios, latas y otros.
Además se va extendiendo desordenadamente ocupando amplias superficies de sus inmediaciones.
Este espacio también se caracteriza por desprendimiento de humos densos, muy tóxicos, generados por la combustión espontánea de algunos materiales o por fuegos que producen algunas personas cuando queman la gran diversidad y mezcla de residuos, de modo que el basural municipal -a cielo abierto- y otros basurales dispersos en la ciudad, son considerados muy contaminantes.
Si a esto le sumamos las numerosas personas de diferentes edades que diariamente realizan la separación informal de las basuras, como los animales que se alimentan de restos, provocan una situación ambiental sumamente crítica en el área y en su entorno.
Hoy, se estima que el Vertedero Municipal de María Sara tiene fecha de vencimiento, calculando su colapso en aproximadamente un año.
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Agroquímicos: por inacción del Estado, van a la ONU
Agroquímicos: duro informe ante la ONU por inacción del Estado
Fecha de Publicación: 11/12/2016
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Nacional
Aseguran que el gobierno nacional argentino abandonó a la sociedad civil en la prevención de impactos negativos por el uso de químicos.
Decenas de organizaciones ambientalistas argentinas presentaron ante Naciones Unidas un informe en el que se denuncia el estado de abandono de la sociedad civil frente a las aplicaciones de agroquímicos como causa de la total inacción del Estado para controlar, regular y prevenir daños por las fumigaciones.El documento, llamado "Agrotóxicos: evaluación de riesgos, salud y alimentos en Argentina" fue elaborado por 38 ONG locales y presentado esta semana ante los relatores especiales del Derecho a la Alimentación y Derechos Humanos, y Sustancias y Desechos Peligrosos de la ONU, un órgano internacional que sigue de cerca las situaciones de riesgo ambiental derivados de malas prácticas agrícolas en el mundo.
En el documento de 88 páginas se denuncia que la situación argentina respecto al uso de agrotóxicos y a la presencia de organismos genéticamente modificados (OGM) en la agricultura y en el proceso productivo de alimentos "es grave y requiere que el Estado adopte medidas urgentes para garantizar los derechos humanos a la salud, al agua potable, a la alimentación adecuada y al ambiente sano".
"En el país no hay una ley que regule el proceso de registros, autorización y usos de los agrotóxicos. Tampoco hay una ley sobre bioseguridad y OGM", argumentaron los ambientalistas, que puntualizaron que la situación actual "refiere a la exposición directa de la población a las fumigaciones con agrotóxicos en las adyacencias de las viviendas y escuelas rurales y a la exposición indirecta de toda la población a través del consumo de alimentos con residuos de agrotóxicos y derivados de OGM".
Ante esta situación, consolidada durante los últimos 20 años por el avance de los agronegocios y el boom de los precios de los commodities, el Estado aparece como un ente ausente que se deslinda de sus responsabilidades o que, incluso, actúa en complicidad con las grandes empresas del sector.
"Las autoridades en todos sus niveles omiten de modo deliberado implementar una política sanitaria adecuada que implique la atención y vigilancia de la salud para analizar y evaluar la relación entre agroquímicos y determinadas enfermedades", alertaron.
Efectos nocivos
Además denunciaron que tampoco se atienden las externalidades del modelo productivo, que van desde "la afectación evidente a la biodiversidad a la supresión de los servicios ambientales del agua y suelo, la evanescencia de la diversidad agrícola, deforestación, avance de la frontera agropecuaria, despojo de tierras a movimientos campesinos y pueblos originarios y un aumento visible de enfermedades crónicas y de las tasas de malformaciones congénitas, enfermedades neurológicas, oncológicas y hematológicas todas ellas en relación directa y proporcional con el incremento del uso de agrotóxicos y OGM en la Argentina en los últimas dos décadas".
También piden que informen al Consejo de Derechos Humanos que en Argentina "se vulnera el derecho humano a la alimentación adecuada, a la información, a la salud, al acceso al agua potable y al ambiente sano al permitirse el uso de paquetes tecnológicos que asocian semillas modificadas genéticamente con la aplicación de millones de litros de agrotóxicos cuyas cantidades van subiendo año tras año".
Los ambientalistas recuerdan que aún en el caso de que existan dudas respecto al nexo de causalidad entre fumigaciones y enfermedades existe el principio jurídico de la precaución que obliga a que los Estados "adopten medidas urgentes para despejarla".
El documento afirma que los agrotóxicos "no son fitosanitarios, son biocidas y el modelo del agronegocio es genocida: enferma y mata, y debe encuadrarse en la figura de ecocidio dado que afecta a toda la naturaleza".
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Fecha de Publicación: 11/12/2016
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Nacional
Aseguran que el gobierno nacional argentino abandonó a la sociedad civil en la prevención de impactos negativos por el uso de químicos.
Decenas de organizaciones ambientalistas argentinas presentaron ante Naciones Unidas un informe en el que se denuncia el estado de abandono de la sociedad civil frente a las aplicaciones de agroquímicos como causa de la total inacción del Estado para controlar, regular y prevenir daños por las fumigaciones.El documento, llamado "Agrotóxicos: evaluación de riesgos, salud y alimentos en Argentina" fue elaborado por 38 ONG locales y presentado esta semana ante los relatores especiales del Derecho a la Alimentación y Derechos Humanos, y Sustancias y Desechos Peligrosos de la ONU, un órgano internacional que sigue de cerca las situaciones de riesgo ambiental derivados de malas prácticas agrícolas en el mundo.
En el documento de 88 páginas se denuncia que la situación argentina respecto al uso de agrotóxicos y a la presencia de organismos genéticamente modificados (OGM) en la agricultura y en el proceso productivo de alimentos "es grave y requiere que el Estado adopte medidas urgentes para garantizar los derechos humanos a la salud, al agua potable, a la alimentación adecuada y al ambiente sano".
"En el país no hay una ley que regule el proceso de registros, autorización y usos de los agrotóxicos. Tampoco hay una ley sobre bioseguridad y OGM", argumentaron los ambientalistas, que puntualizaron que la situación actual "refiere a la exposición directa de la población a las fumigaciones con agrotóxicos en las adyacencias de las viviendas y escuelas rurales y a la exposición indirecta de toda la población a través del consumo de alimentos con residuos de agrotóxicos y derivados de OGM".
Ante esta situación, consolidada durante los últimos 20 años por el avance de los agronegocios y el boom de los precios de los commodities, el Estado aparece como un ente ausente que se deslinda de sus responsabilidades o que, incluso, actúa en complicidad con las grandes empresas del sector.
"Las autoridades en todos sus niveles omiten de modo deliberado implementar una política sanitaria adecuada que implique la atención y vigilancia de la salud para analizar y evaluar la relación entre agroquímicos y determinadas enfermedades", alertaron.
Efectos nocivos
Además denunciaron que tampoco se atienden las externalidades del modelo productivo, que van desde "la afectación evidente a la biodiversidad a la supresión de los servicios ambientales del agua y suelo, la evanescencia de la diversidad agrícola, deforestación, avance de la frontera agropecuaria, despojo de tierras a movimientos campesinos y pueblos originarios y un aumento visible de enfermedades crónicas y de las tasas de malformaciones congénitas, enfermedades neurológicas, oncológicas y hematológicas todas ellas en relación directa y proporcional con el incremento del uso de agrotóxicos y OGM en la Argentina en los últimas dos décadas".
También piden que informen al Consejo de Derechos Humanos que en Argentina "se vulnera el derecho humano a la alimentación adecuada, a la información, a la salud, al acceso al agua potable y al ambiente sano al permitirse el uso de paquetes tecnológicos que asocian semillas modificadas genéticamente con la aplicación de millones de litros de agrotóxicos cuyas cantidades van subiendo año tras año".
Los ambientalistas recuerdan que aún en el caso de que existan dudas respecto al nexo de causalidad entre fumigaciones y enfermedades existe el principio jurídico de la precaución que obliga a que los Estados "adopten medidas urgentes para despejarla".
El documento afirma que los agrotóxicos "no son fitosanitarios, son biocidas y el modelo del agronegocio es genocida: enferma y mata, y debe encuadrarse en la figura de ecocidio dado que afecta a toda la naturaleza".
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Una petroquímica abandonada, una bomba de tiempo
Una petroquímica abandonada que es una 'bomba de tiempo' ambiental
Fecha de Publicación: 11/12/2016
Fuente: Rosario Plus
Provincia/Región: Santa Fe
En el año 2013 la Petroquímica Bermúdez S.A. frenó sus actividades y desde entonces no cuenta con el adecuado mantenimiento ni se realiza el necesario control de las instalaciones. Taller Ecologista, la ONG que lleva más de 31 años de trabajo socioambiental en la región, presentó ya varios pedidos de informe al respecto y nunca obtuvo respuestas. Afirman que el contenido químico en los tanques y tubos abandonados representan “una bomba de tiempo” y ponen en riesgo a la saluda de la población.
En las localidades del cordón industrial los reclamos de los vecinos en cuanto a cuestiones ambientales suelen ser una constante. La falta de controles sobre la calidad del aire, el poco acceso a la información sobre cómo actúan las empresas allí instaladas y la sanción de algunas ordenanzas que favorecen el desarrollo de esas firmas, son algunos de los inconvenientes que la población advierte a menudo.
Taller Ecologista denunció que el 6 de noviembre pasado, trabajadores de un sector de producción de Celulosa Argentina presentaron dificultades para respirar y debieron ser evacuados de urgencia. “El aire se había tornado ácido, les ardían los ojos, la garganta”, recalcaron desde la ONG.
Entonces los sensores exteriores que la empresa tiene para medir la concentración de cloro en el aire, confirmaron cifras por encima de 2,5 partes por millón (ppm), siendo el límite de exposición profesional 0,1 ppm. Según Taller Ecologista, la fuente de esa emisión estaba en la empresa lindera, la inactiva Petroquímica Bermúdez S. A.
El riesgo proviene de los químicos que habría en los tanques, tubos y cañerías, venidos a menos por el correr de los años y la falta de mantenimiento. Al respecto, Taller Ecologista solicitó información sobre la situación de la planta en abril de 2015, a la ex Secretaría de Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente), y sin respuestas repitieron la requisitoria en septiembre del mismo año y julio de 2016. Nunca hubo respuestas.
“Nos preocupa la desidia, la falta de responsabilidad estatal para efectuar los controles. Hay tubos y tanques que están cargados. Sin certezas de su contenido, algunos tienen etiquetas que dicen cloro o la numeración que identifica al mismo. Otras dicen benceno. También hay amianto, almacenado en deplorables condiciones. La población no sabe al riesgo al que esté expuesta, y no se conocen programas de evacuación ante hechos como estos”, alertaron desde el Taller.
El cloro es un elemento químico (Cl), que en condiciones normales y en estado puro forma dióxido de cloro (Cl2): un gas tóxico amarillo-verdoso, es unas 2,5 veces más pesado que el aire, de olor desagradable y tóxico. Es lacrimógeno, corrosivo para los ojos, la piel y el tracto respiratorio. Su inhalación puede originar reacciones asmáticas, neumonitis y edema pulmonar, pero sólo tras producirse los efectos corrosivos iniciales en los ojos o las vías respiratorias. La exposición puede producir la muerte.
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Fecha de Publicación: 11/12/2016
Fuente: Rosario Plus
Provincia/Región: Santa Fe
En el año 2013 la Petroquímica Bermúdez S.A. frenó sus actividades y desde entonces no cuenta con el adecuado mantenimiento ni se realiza el necesario control de las instalaciones. Taller Ecologista, la ONG que lleva más de 31 años de trabajo socioambiental en la región, presentó ya varios pedidos de informe al respecto y nunca obtuvo respuestas. Afirman que el contenido químico en los tanques y tubos abandonados representan “una bomba de tiempo” y ponen en riesgo a la saluda de la población.
En las localidades del cordón industrial los reclamos de los vecinos en cuanto a cuestiones ambientales suelen ser una constante. La falta de controles sobre la calidad del aire, el poco acceso a la información sobre cómo actúan las empresas allí instaladas y la sanción de algunas ordenanzas que favorecen el desarrollo de esas firmas, son algunos de los inconvenientes que la población advierte a menudo.
Taller Ecologista denunció que el 6 de noviembre pasado, trabajadores de un sector de producción de Celulosa Argentina presentaron dificultades para respirar y debieron ser evacuados de urgencia. “El aire se había tornado ácido, les ardían los ojos, la garganta”, recalcaron desde la ONG.
Entonces los sensores exteriores que la empresa tiene para medir la concentración de cloro en el aire, confirmaron cifras por encima de 2,5 partes por millón (ppm), siendo el límite de exposición profesional 0,1 ppm. Según Taller Ecologista, la fuente de esa emisión estaba en la empresa lindera, la inactiva Petroquímica Bermúdez S. A.
El riesgo proviene de los químicos que habría en los tanques, tubos y cañerías, venidos a menos por el correr de los años y la falta de mantenimiento. Al respecto, Taller Ecologista solicitó información sobre la situación de la planta en abril de 2015, a la ex Secretaría de Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente), y sin respuestas repitieron la requisitoria en septiembre del mismo año y julio de 2016. Nunca hubo respuestas.
“Nos preocupa la desidia, la falta de responsabilidad estatal para efectuar los controles. Hay tubos y tanques que están cargados. Sin certezas de su contenido, algunos tienen etiquetas que dicen cloro o la numeración que identifica al mismo. Otras dicen benceno. También hay amianto, almacenado en deplorables condiciones. La población no sabe al riesgo al que esté expuesta, y no se conocen programas de evacuación ante hechos como estos”, alertaron desde el Taller.
El cloro es un elemento químico (Cl), que en condiciones normales y en estado puro forma dióxido de cloro (Cl2): un gas tóxico amarillo-verdoso, es unas 2,5 veces más pesado que el aire, de olor desagradable y tóxico. Es lacrimógeno, corrosivo para los ojos, la piel y el tracto respiratorio. Su inhalación puede originar reacciones asmáticas, neumonitis y edema pulmonar, pero sólo tras producirse los efectos corrosivos iniciales en los ojos o las vías respiratorias. La exposición puede producir la muerte.
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En Luján, 5 años después, prometen cumplir una ordenanza
Cinco años después, prometen cumplir la ordenanza de fumigación
Fecha de Publicación: 11/12/2016
Fuente: El Civismo
Provincia/Región: Buenos Aires
La Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad organizó una reunión con aplicadores y productores. Allí comunicó que la norma está vigente y debe hacerse efectiva, aunque hablaron de una aplicación en forma progresiva.
En las últimas semanas, la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad convocó a una reunión destinada a comerciantes, aplicadores responsables, técnicos y productores vinculados al uso de agroquímicos. Según se había anticipado desde la Municipalidad, la intención era informar sobre los alcances de la ordenanza 5.953, aprobada en 2011, que prohíbe las fumigaciones aéreas y limita las terrestres, entre otros puntos que tienen como argumento la protección de la salud y el medio ambiente.
La iniciativa municipal no tardó en despertar críticas de distintos sectores. Los cuestionamientos apuntaron, principalmente, a que la convocatoria dejó al descubierto que en cinco años de gestión el gobierno de Oscar Luciani no dio cumplimiento a la normativa, por ejemplo al no implementar el registro de aplicadores que prescribe la ordenanza. Esa falta de acción fue reconocida a este medio por el actual secretario de Producción y Turismo, Miguel Paulón. No obstante, el funcionario aseguró que antes de fin de año se avanzará con la conformación del adeudado registro y que la Municipalidad activará mecanismos para dar cumplimiento pleno de la ordenanza, aunque de manera progresiva.
Esa intención fue comunicada a los aplicadores y productores en el marco de la reunión del miércoles, a la que asistieron en un número cercano a las treinta personas. También se informó que se trabajará en coordinación con Policía Ambiental de Provincia. De ese encuentro participaron organizaciones y vecinos independientes que reclaman, desde hace tiempo, un cumplimiento efectivo de lo dispuesto por el Concejo Deliberante hace cinco años.
Con la firma de la Multisectorial contra el Agronegocio “La 41”, el Espacio de Lucha Territorial Río Bravo, el Frente Universitario de Luján/MULCS (Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social), Patria Grande y vecinos independientes, se dio a conocer un comunicado referido al tema de fumigaciones.
En primer lugar, se expresó que “en Luján se suceden los casos de fumigaciones con agrotóxicos de los campos sojeros y afines, impactando directamente en la salud de la población y contaminando el ambiente en general”.
“A pesar de que desde 2011 se cuenta con una ordenanza que, aunque limitadamente, protegería a los habitantes del partido, escuelas rurales y cursos de agua de la contaminación generada por la deriva de las pulverizaciones, ni la gestión municipal de Luciani y sus funcionarios, ni el Concejo Deliberante, y ni siquiera el Poder Judicial, intervienen en función de los derechos de las mayorías y generan el marco necesario para la violación de los derechos humanos, generando un ecocidio y delitos de lesa humanidad”, expresaron.
Las organizaciones plantearon que todas esas instancias “hacen caso omiso de las denuncias y no promueven iniciativas de fomento de alternativas productivas basadas en la agroecología, lo cual sí podría alimentar a la población en vez de enfermarla”.
“En Argentina, las transformaciones que se llevaron adelante a partir de la década de los ´90 en las regiones agrarias, instalaron el uso del paquete biotecnológico donde las semillas transgénicas y el creciente uso de agrotóxicos se convirtieron en las principales estrategias productivas. En este modelo de saqueo del agronegocio, las multinacionales como Monsanto, Syngenta, entre otras, destruyen nuestros lugares de vida y se asocian a la dirigencia política con el fin de acrecentar sus ganancias”, reseñaron.
Destacaron que “este modelo ha fomentado el uso indiscriminado de venenos para la ‘eliminación’ de malezas y plagas y que en Argentina significa la fumigación de nuestros campos y pueblos (y todo lo que hay en ellos) con más de 300 millones de litros de agrotóxicos por año, muchos de lo cuales terminan en nuestras mesas”.
Luego de exponer los graves daños a la salud que provocan estas sustancias, comprobados por una batería de estudios científicos y evidencias empíricas, las organizaciones marcaron que “en el partido de Luján, sea en Carlos Keen, Open Door, Olivera o casi en cualquier lugar que elijamos, estamos hablando de personas fumigadas con agrotóxicos, de enfermedades, de posibles muertes, pero también de resistencias populares, de organizaciones sociales que comienzan a tomar el tema en sus agendas de luchas”.
La ordenanza cuyo cumplimiento se reclama también establece zonas de resguardo de 100 metros en los espacios comprendidos entre el perímetro de los establecimientos escolares, centros primarios de salud, casas aisladas, reservas naturales y áreas protegidas. Por otra parte, “la aplicación de agroquímicos en las áreas linderas a los cursos y cuerpos de agua, sean limítrofes o internos a los campos, deberá respetar un radio libre de cien metros contados a partir del perímetro del curso y a cada lado del mismo”.
Otro punto incumplido está vinculado con la circulación en zonas urbanas de equipos terrestres de aplicación. En ese punto, la ordenanza plantea que “no podrán circular por centros urbanos, excepto sobre las rutas nacionales y provinciales”. Solo en caso de “extrema necesidad” podrán hacerlo sin carga, limpios y con los picos cerrados, a fin de evitar el goteo.
El compromiso
En diálogo con este medio, el secretario de Producción y Turismo, Miguel Paulón, explicó que la reunión consistió en “una presentación de la normativa y su funcionalidad”.
“Ya que tomamos esta gestión sin que se hubiera implementado nada, ahora estamos poniéndola a rodar. Eso significa que además de lo que nosotros pretendemos para cumplir fielmente con la ordenanza, también podamos alcanzar los objetivos de la legislación provincial y nacional en ese sentido”, dijo Paulón.
Al encuentro se sumaron funcionarios de Agroindustria provincial y miembros de Policía Ambiental.
- Si bien usted asumió como secretario este año, existe una continuidad de la gestión de Luciani desde 2011. ¿Nunca se implementó el registro de aplicadores?
- El registro de aplicadores se va a implementar el día 14 de diciembre. Justamente esa es una de las cosas que vamos a comunicar hoy y el 14 de diciembre va a ser en conjunto con una jornada de capacitación. Todos van a acceder al registro, porque van a estar presentes funcionarios de Agroindustria de la Provincia.
- ¿Fue una decisión del intendente o una inquietud suya como secretario reactivar este tema? Lo pregunto porque pasaron cinco años y no se hizo nada.
- Ahora nosotros estamos haciendo todo lo posible, no para recuperar tiempo sino para tratar de adecuarnos rápidamente a estas circunstancias.
- ¿Cuáles son los aspectos más dificultosos de cumplir de la ordenanza?
- Lo más complicado son los sistemas de alarmas, tanto de aplicaciones como de control. Hay que establecer un sistema de colaboración mutua entre los aplicadores y el Municipio.
- ¿Se plantea incrementar el número de inspectores o agentes ambientales para control?
- Estamos en esa tarea. No solamente por este caso, sino por todos los temas de gestión ambiental que cada vez son más relevantes.
- ¿No va a existir un cuerpo específico afectado a este tema?
- Es probable que tengamos profesionales afectados específicamente a este tema, pero también necesitamos controlar otros aspectos.
- ¿Se tiene una estimación del número de agentes que se necesita incorporar?
- No, todavía no. Vamos a ver cómo responden los aplicadores. Si logramos establecer un buen vínculo con los aplicadores, creo que con un par de personas se resuelve. De lo contrario, vamos a tener que hacer otra cosa. De todas maneras contamos con el compromiso de la Policía Ambiental de poder colaborar estrechamente con nosotros. Vamos sumando esfuerzos.
- ¿La ordenanza tal como está es perfectamente aplicable?
- Se puede cumplir y el camino que recorramos nos va a decir si se necesita retocar algo o no.
- ¿Qué proyecta el Municipio para las hectáreas que quedan restringidas de fumigaciones?
- Eso tenemos que dialogarlo y profundizar el tema. Nosotros tenemos algunas ideas de lo que se puede hacer incluso para mejorar la protección de determinadas zonas sensibles. Pero necesitamos dialogar el tema con todos los interlocutores que tenemos en este campo de la gestión ambiental.
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Fecha de Publicación: 11/12/2016
Fuente: El Civismo
Provincia/Región: Buenos Aires
La Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad organizó una reunión con aplicadores y productores. Allí comunicó que la norma está vigente y debe hacerse efectiva, aunque hablaron de una aplicación en forma progresiva.
En las últimas semanas, la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad convocó a una reunión destinada a comerciantes, aplicadores responsables, técnicos y productores vinculados al uso de agroquímicos. Según se había anticipado desde la Municipalidad, la intención era informar sobre los alcances de la ordenanza 5.953, aprobada en 2011, que prohíbe las fumigaciones aéreas y limita las terrestres, entre otros puntos que tienen como argumento la protección de la salud y el medio ambiente.
La iniciativa municipal no tardó en despertar críticas de distintos sectores. Los cuestionamientos apuntaron, principalmente, a que la convocatoria dejó al descubierto que en cinco años de gestión el gobierno de Oscar Luciani no dio cumplimiento a la normativa, por ejemplo al no implementar el registro de aplicadores que prescribe la ordenanza. Esa falta de acción fue reconocida a este medio por el actual secretario de Producción y Turismo, Miguel Paulón. No obstante, el funcionario aseguró que antes de fin de año se avanzará con la conformación del adeudado registro y que la Municipalidad activará mecanismos para dar cumplimiento pleno de la ordenanza, aunque de manera progresiva.
Esa intención fue comunicada a los aplicadores y productores en el marco de la reunión del miércoles, a la que asistieron en un número cercano a las treinta personas. También se informó que se trabajará en coordinación con Policía Ambiental de Provincia. De ese encuentro participaron organizaciones y vecinos independientes que reclaman, desde hace tiempo, un cumplimiento efectivo de lo dispuesto por el Concejo Deliberante hace cinco años.
Con la firma de la Multisectorial contra el Agronegocio “La 41”, el Espacio de Lucha Territorial Río Bravo, el Frente Universitario de Luján/MULCS (Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social), Patria Grande y vecinos independientes, se dio a conocer un comunicado referido al tema de fumigaciones.
En primer lugar, se expresó que “en Luján se suceden los casos de fumigaciones con agrotóxicos de los campos sojeros y afines, impactando directamente en la salud de la población y contaminando el ambiente en general”.
“A pesar de que desde 2011 se cuenta con una ordenanza que, aunque limitadamente, protegería a los habitantes del partido, escuelas rurales y cursos de agua de la contaminación generada por la deriva de las pulverizaciones, ni la gestión municipal de Luciani y sus funcionarios, ni el Concejo Deliberante, y ni siquiera el Poder Judicial, intervienen en función de los derechos de las mayorías y generan el marco necesario para la violación de los derechos humanos, generando un ecocidio y delitos de lesa humanidad”, expresaron.
Las organizaciones plantearon que todas esas instancias “hacen caso omiso de las denuncias y no promueven iniciativas de fomento de alternativas productivas basadas en la agroecología, lo cual sí podría alimentar a la población en vez de enfermarla”.
“En Argentina, las transformaciones que se llevaron adelante a partir de la década de los ´90 en las regiones agrarias, instalaron el uso del paquete biotecnológico donde las semillas transgénicas y el creciente uso de agrotóxicos se convirtieron en las principales estrategias productivas. En este modelo de saqueo del agronegocio, las multinacionales como Monsanto, Syngenta, entre otras, destruyen nuestros lugares de vida y se asocian a la dirigencia política con el fin de acrecentar sus ganancias”, reseñaron.
Destacaron que “este modelo ha fomentado el uso indiscriminado de venenos para la ‘eliminación’ de malezas y plagas y que en Argentina significa la fumigación de nuestros campos y pueblos (y todo lo que hay en ellos) con más de 300 millones de litros de agrotóxicos por año, muchos de lo cuales terminan en nuestras mesas”.
Luego de exponer los graves daños a la salud que provocan estas sustancias, comprobados por una batería de estudios científicos y evidencias empíricas, las organizaciones marcaron que “en el partido de Luján, sea en Carlos Keen, Open Door, Olivera o casi en cualquier lugar que elijamos, estamos hablando de personas fumigadas con agrotóxicos, de enfermedades, de posibles muertes, pero también de resistencias populares, de organizaciones sociales que comienzan a tomar el tema en sus agendas de luchas”.
La ordenanza cuyo cumplimiento se reclama también establece zonas de resguardo de 100 metros en los espacios comprendidos entre el perímetro de los establecimientos escolares, centros primarios de salud, casas aisladas, reservas naturales y áreas protegidas. Por otra parte, “la aplicación de agroquímicos en las áreas linderas a los cursos y cuerpos de agua, sean limítrofes o internos a los campos, deberá respetar un radio libre de cien metros contados a partir del perímetro del curso y a cada lado del mismo”.
Otro punto incumplido está vinculado con la circulación en zonas urbanas de equipos terrestres de aplicación. En ese punto, la ordenanza plantea que “no podrán circular por centros urbanos, excepto sobre las rutas nacionales y provinciales”. Solo en caso de “extrema necesidad” podrán hacerlo sin carga, limpios y con los picos cerrados, a fin de evitar el goteo.
El compromiso
En diálogo con este medio, el secretario de Producción y Turismo, Miguel Paulón, explicó que la reunión consistió en “una presentación de la normativa y su funcionalidad”.
“Ya que tomamos esta gestión sin que se hubiera implementado nada, ahora estamos poniéndola a rodar. Eso significa que además de lo que nosotros pretendemos para cumplir fielmente con la ordenanza, también podamos alcanzar los objetivos de la legislación provincial y nacional en ese sentido”, dijo Paulón.
Al encuentro se sumaron funcionarios de Agroindustria provincial y miembros de Policía Ambiental.
- Si bien usted asumió como secretario este año, existe una continuidad de la gestión de Luciani desde 2011. ¿Nunca se implementó el registro de aplicadores?
- El registro de aplicadores se va a implementar el día 14 de diciembre. Justamente esa es una de las cosas que vamos a comunicar hoy y el 14 de diciembre va a ser en conjunto con una jornada de capacitación. Todos van a acceder al registro, porque van a estar presentes funcionarios de Agroindustria de la Provincia.
- ¿Fue una decisión del intendente o una inquietud suya como secretario reactivar este tema? Lo pregunto porque pasaron cinco años y no se hizo nada.
- Ahora nosotros estamos haciendo todo lo posible, no para recuperar tiempo sino para tratar de adecuarnos rápidamente a estas circunstancias.
- ¿Cuáles son los aspectos más dificultosos de cumplir de la ordenanza?
- Lo más complicado son los sistemas de alarmas, tanto de aplicaciones como de control. Hay que establecer un sistema de colaboración mutua entre los aplicadores y el Municipio.
- ¿Se plantea incrementar el número de inspectores o agentes ambientales para control?
- Estamos en esa tarea. No solamente por este caso, sino por todos los temas de gestión ambiental que cada vez son más relevantes.
- ¿No va a existir un cuerpo específico afectado a este tema?
- Es probable que tengamos profesionales afectados específicamente a este tema, pero también necesitamos controlar otros aspectos.
- ¿Se tiene una estimación del número de agentes que se necesita incorporar?
- No, todavía no. Vamos a ver cómo responden los aplicadores. Si logramos establecer un buen vínculo con los aplicadores, creo que con un par de personas se resuelve. De lo contrario, vamos a tener que hacer otra cosa. De todas maneras contamos con el compromiso de la Policía Ambiental de poder colaborar estrechamente con nosotros. Vamos sumando esfuerzos.
- ¿La ordenanza tal como está es perfectamente aplicable?
- Se puede cumplir y el camino que recorramos nos va a decir si se necesita retocar algo o no.
- ¿Qué proyecta el Municipio para las hectáreas que quedan restringidas de fumigaciones?
- Eso tenemos que dialogarlo y profundizar el tema. Nosotros tenemos algunas ideas de lo que se puede hacer incluso para mejorar la protección de determinadas zonas sensibles. Pero necesitamos dialogar el tema con todos los interlocutores que tenemos en este campo de la gestión ambiental.
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Gobierno con los tampones de punta por la minería
Aranguren defendió la minería sin retenciones
Fecha de Publicación: 10/12/2016
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Nacional
Mientras avanza el proyecto opositor para gravar la actividad y financiar una baja en Ganancias, el ministro de Energía aseguró que el beneficio sirve para sostener empleos.
El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, defendió hoy la eliminación de las retenciones a las exportaciones mineras al afirmar que esa medida permitió extender la vida útil de los yacimientos y sostener unos 12.600 empleos.
Así, el funcionario macrista salió al cruce del arco opositor que en el Congreso busca gravar con nuevas retenciones a la actividad minera para compensar la baja de recaudación que provocarían los cambios en el impuesto a las Ganancias en caso de convertirse en ley.
Aranguren optó por contestarle directamente al diputado y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, quien en una conferencia de prensa y luego en entrevistas radiales había sostenido que la eliminación de retenciones a la minería no había logrado un impacto positivo en la economía.
"Voy a aclarar un tema de minería: Massa dijo que no ha habido consecuencias de haber quitado las retenciones porque había caído el empleo en un 8%, y desde nuestro punto de vista esa información es errónea", dijo Aranguren este jueves en declaraciones a radio Mitre.
La información del ministerio de Trabajo y del Observatorio del Empleo y Dinámica Empresarial indica que en exploración de minas y canteras hubo una baja de 7,4% de los puestos laborales directos en la comparación de septiembre de 2016 contra el mismo mes del año pasado. Pero, aclaró el funcionario, esos datos están relaciones sólo a lo que tiene que ver con la extracción de gas, carbón, petróleo y minerales y "no indican claramente cuál es el impacto (general) del empleo en el sector de la minería".
El funcionario señaló que la información que le acercan las empresas mineras a su ministerio indica que el empleo en el sector "creció 1,5 por ciento" anual en la comparación de septiembre contra el mismo mes del 2015. Subrayó el ministro que pensar que el crecimiento del empleo es consecuencia de la quita de retenciones a las exportaciones mineras "también es equivocado" porque "el impacto" de esa medida "es otro".
"Massa tendría que saber que el impacto vinculado a la eliminación de retenciones es otro: por ejemplo, que hay recursos subeconómicos que pasan a reservas, se baja la recaudación en u$s200 millones de dólares pero aumenta en u$s1.300 millones la exportación", afirmó el ministro. Y en esa línea, añadió que también aumenta la compra de bienes y servicios nacionales, porque el 90% de los ingresos por exportaciones queda en el Estado nacional; hay una mayor recaudación por la incorporación de nuevos recursos a la economía; y hay una mayor participación para las provincias".
Por esos datos, Aranguren dijo que le llama la atención que el proyecto de modificación del impuesto a las Ganancias que grava a la minería impulsado por la oposición en el Congreso haya tenido el apoyo de legisladores de jurisdicciones que producen minerales. Indicó que lo llamativo en la posición de los legisladores es que las retenciones las cobra la Nación y en cambio cuando hay mayor actividad minera y eso genera el pago del impuesto a las Ganancias por parte de las empresas, esos recursos son coparticipados a las provincias.
Añadió el funcionario que "lo más importante" de haber quitado las retenciones es que se extendió la vida útil de las minas que están en operación, lo cual extiende en el tiempo la estabilidad de unos 12.600 empleos directos e indirectos en cinco yacimientos ubicados en Catamarca, Jujuy, San Juan, Santa Cruz y Río Negro. "Entonces podemos decir que la eliminación de retenciones permitió sostener el empleo por dos años más de unas 12.600 familias argentinas", expresó Aranguren.
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Fecha de Publicación: 10/12/2016
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Nacional
Mientras avanza el proyecto opositor para gravar la actividad y financiar una baja en Ganancias, el ministro de Energía aseguró que el beneficio sirve para sostener empleos.
El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, defendió hoy la eliminación de las retenciones a las exportaciones mineras al afirmar que esa medida permitió extender la vida útil de los yacimientos y sostener unos 12.600 empleos.
Así, el funcionario macrista salió al cruce del arco opositor que en el Congreso busca gravar con nuevas retenciones a la actividad minera para compensar la baja de recaudación que provocarían los cambios en el impuesto a las Ganancias en caso de convertirse en ley.
Aranguren optó por contestarle directamente al diputado y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, quien en una conferencia de prensa y luego en entrevistas radiales había sostenido que la eliminación de retenciones a la minería no había logrado un impacto positivo en la economía.
"Voy a aclarar un tema de minería: Massa dijo que no ha habido consecuencias de haber quitado las retenciones porque había caído el empleo en un 8%, y desde nuestro punto de vista esa información es errónea", dijo Aranguren este jueves en declaraciones a radio Mitre.
La información del ministerio de Trabajo y del Observatorio del Empleo y Dinámica Empresarial indica que en exploración de minas y canteras hubo una baja de 7,4% de los puestos laborales directos en la comparación de septiembre de 2016 contra el mismo mes del año pasado. Pero, aclaró el funcionario, esos datos están relaciones sólo a lo que tiene que ver con la extracción de gas, carbón, petróleo y minerales y "no indican claramente cuál es el impacto (general) del empleo en el sector de la minería".
El funcionario señaló que la información que le acercan las empresas mineras a su ministerio indica que el empleo en el sector "creció 1,5 por ciento" anual en la comparación de septiembre contra el mismo mes del 2015. Subrayó el ministro que pensar que el crecimiento del empleo es consecuencia de la quita de retenciones a las exportaciones mineras "también es equivocado" porque "el impacto" de esa medida "es otro".
"Massa tendría que saber que el impacto vinculado a la eliminación de retenciones es otro: por ejemplo, que hay recursos subeconómicos que pasan a reservas, se baja la recaudación en u$s200 millones de dólares pero aumenta en u$s1.300 millones la exportación", afirmó el ministro. Y en esa línea, añadió que también aumenta la compra de bienes y servicios nacionales, porque el 90% de los ingresos por exportaciones queda en el Estado nacional; hay una mayor recaudación por la incorporación de nuevos recursos a la economía; y hay una mayor participación para las provincias".
Por esos datos, Aranguren dijo que le llama la atención que el proyecto de modificación del impuesto a las Ganancias que grava a la minería impulsado por la oposición en el Congreso haya tenido el apoyo de legisladores de jurisdicciones que producen minerales. Indicó que lo llamativo en la posición de los legisladores es que las retenciones las cobra la Nación y en cambio cuando hay mayor actividad minera y eso genera el pago del impuesto a las Ganancias por parte de las empresas, esos recursos son coparticipados a las provincias.
Añadió el funcionario que "lo más importante" de haber quitado las retenciones es que se extendió la vida útil de las minas que están en operación, lo cual extiende en el tiempo la estabilidad de unos 12.600 empleos directos e indirectos en cinco yacimientos ubicados en Catamarca, Jujuy, San Juan, Santa Cruz y Río Negro. "Entonces podemos decir que la eliminación de retenciones permitió sostener el empleo por dos años más de unas 12.600 familias argentinas", expresó Aranguren.
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Impulsan nuevo métodod para limpiar el Riachuelo
Impulsan un sistema para limpiar el Riachuelo y dicen que pueden hacerlo en tres años
Fecha de Publicación: 10/12/2016
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Riachuelo
En tres años, el Riachuelo podría estar limpio y apto para la vida y la práctica de deportes náuticos. Así lo afirma Sergio Ferrari, un auditor ambiental que hace cinco años participó en el montaje de una planta piloto de biorremediación en el Arroyo del Rey, uno de los nueve afluentes principales del Riachuelo. La experiencia fue tan exitosa que se logró triplicar la cantidad de oxígeno disuelto en el agua, convirtiendo al río en apto para la vida. Sin embargo, desde la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), cuestionada por la Corte Suprema por la falta de resultados, decidieron no avanzar con la limpieza hasta lograr que las industrias dejen de contaminar.
En 2011, ACUMAR llamó a licitación para implementar una experiencia piloto para evaluar si las técnicas de biorremediación eran aplicables para las aguas de toda la cuenca. El presupuesto era de $ 2.100.000. La adjudicataria fue MDT S.A., que montó una planta en Lomas de Zamora en el Arroyo del Rey, el segundo afluente más contaminado que descarga sus aguas en el Riachuelo. Esta planta, que funcionó siete meses, procesaba 10 mil litros de agua por hora y los devolvía al arroyo, limpios. El oxígeno por litro aumentó de 2 a 7 miligramos, cuando ya desde los 4 miligramos es posible que se desarrolle vida.
"En esta área aparecieron los famosos peces", cuenta Ferrari, que trabajó en el sistema junto a un grupo de ingenieros sanitaristas, químicos, agrónomos y ambientales integrado por Luis Eduardo Pérez Farrás, Miguel Angel Zuccaro, Angel Alberto García, Daniel Adamantino y Jorgelina Gossio, entre otros. "La misma licitación que ganamos contemplaba ampliar el sistema a las desembocaduras de la totalidad de los 9 arroyos. Pero eso nunca ocurrió", cuenta Ferrari.
Pasaron ocho años desde que la Corte sentenció al Gobierno nacional, provincial y de la Ciudad a sanear el Riachuelo. En la audiencia del 30 de noviembre convocada por ese tribunal, se supo que se invirtieron 5.200 millones de dólares, pero sólo se cumplió un 8% de los objetivos. "Hoy la premisa es dejar de contaminar y todavía no llegamos a la etapa de limpiar", había confesado en septiembre, en una entrevista con Clarín, el ex director ejecutivo de ACUMAR, Julio Torti. El funcionario renunció antes de presentarse en la audiencia y hasta ahora es incierto quién lo sucederá.
En la cuenca hay 13.000 establecimientos industriales, 1.397 de los cuales fueron declarados como agentes contaminantes. Según ACUMAR, sólo 412 de estas industrias fueron reconvertidas ambientalmente y hay otras 512 en proceso. "Si vamos a esperar que reconviertan a todas para empezar a limpiar, la gente se va a seguir envenenando -asegura Ferrari-. Nosotros proponemos sanear y controlar a las industrias al mismo tiempo. En tres años y con una inversión total de 300 millones de dólares, podríamos limpiar el agua y aumentar el oxígeno disuelto a entre 5 y 6 miligramos por litro. El río pasaría a ser para Uso IV, es decir, apto para el desarrollo de actividades recreativas pasivas y de vida acuática".
El agua se limpia mediante procesos de aireación, biodegradación enzimática, coagulación de los contaminantes, un primer filtrado, ozonización y un filtrado final por capilaridad. La propuesta de Ferrari es que las propias industrias financien el sistema pagando una tasa por saneamiento, hasta que efectivamente se reconviertan y demuestren que no contaminan. "La tasa sería progresiva, es decir que aumentaría a medida que pase el tiempo si las industrias no se reconvirtieron. En nuestras plantas podríamos detectar en tiempo real cuáles están contaminando", dice Ferrari.
En ACUMAR reconocen que el sistema sirve, pero argumentan que el costo-beneficio de implementarlo no es eficiente, al menos hasta que se logren controlar los vertidos industriales y cloacales. En su momento, Torti le escribió a Ferrari explicando que se tomaron muestras del agua antes de pasar por la planta piloto y más abajo de ésta, y que no observaron variaciones significativas. Porque, según el organismo, si bien el agua salía limpia de la planta, se volvía a contaminar algunos metros más abajo.
"El sistema sí sirve -sostiene Ferrari-. El agua tratada logra que comience el proceso de autodepuración del Riachuelo, porque le llega con oxígeno disuelto que impide la formación de patógenos, y con enzimas y bacterias benéficas que continúan actuando. Además, estas plantas deben implementarse al mismo tiempo que se trabaja para dejar de contaminar".
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Fecha de Publicación: 10/12/2016
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Riachuelo
En tres años, el Riachuelo podría estar limpio y apto para la vida y la práctica de deportes náuticos. Así lo afirma Sergio Ferrari, un auditor ambiental que hace cinco años participó en el montaje de una planta piloto de biorremediación en el Arroyo del Rey, uno de los nueve afluentes principales del Riachuelo. La experiencia fue tan exitosa que se logró triplicar la cantidad de oxígeno disuelto en el agua, convirtiendo al río en apto para la vida. Sin embargo, desde la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), cuestionada por la Corte Suprema por la falta de resultados, decidieron no avanzar con la limpieza hasta lograr que las industrias dejen de contaminar.
En 2011, ACUMAR llamó a licitación para implementar una experiencia piloto para evaluar si las técnicas de biorremediación eran aplicables para las aguas de toda la cuenca. El presupuesto era de $ 2.100.000. La adjudicataria fue MDT S.A., que montó una planta en Lomas de Zamora en el Arroyo del Rey, el segundo afluente más contaminado que descarga sus aguas en el Riachuelo. Esta planta, que funcionó siete meses, procesaba 10 mil litros de agua por hora y los devolvía al arroyo, limpios. El oxígeno por litro aumentó de 2 a 7 miligramos, cuando ya desde los 4 miligramos es posible que se desarrolle vida.
"En esta área aparecieron los famosos peces", cuenta Ferrari, que trabajó en el sistema junto a un grupo de ingenieros sanitaristas, químicos, agrónomos y ambientales integrado por Luis Eduardo Pérez Farrás, Miguel Angel Zuccaro, Angel Alberto García, Daniel Adamantino y Jorgelina Gossio, entre otros. "La misma licitación que ganamos contemplaba ampliar el sistema a las desembocaduras de la totalidad de los 9 arroyos. Pero eso nunca ocurrió", cuenta Ferrari.
Pasaron ocho años desde que la Corte sentenció al Gobierno nacional, provincial y de la Ciudad a sanear el Riachuelo. En la audiencia del 30 de noviembre convocada por ese tribunal, se supo que se invirtieron 5.200 millones de dólares, pero sólo se cumplió un 8% de los objetivos. "Hoy la premisa es dejar de contaminar y todavía no llegamos a la etapa de limpiar", había confesado en septiembre, en una entrevista con Clarín, el ex director ejecutivo de ACUMAR, Julio Torti. El funcionario renunció antes de presentarse en la audiencia y hasta ahora es incierto quién lo sucederá.
En la cuenca hay 13.000 establecimientos industriales, 1.397 de los cuales fueron declarados como agentes contaminantes. Según ACUMAR, sólo 412 de estas industrias fueron reconvertidas ambientalmente y hay otras 512 en proceso. "Si vamos a esperar que reconviertan a todas para empezar a limpiar, la gente se va a seguir envenenando -asegura Ferrari-. Nosotros proponemos sanear y controlar a las industrias al mismo tiempo. En tres años y con una inversión total de 300 millones de dólares, podríamos limpiar el agua y aumentar el oxígeno disuelto a entre 5 y 6 miligramos por litro. El río pasaría a ser para Uso IV, es decir, apto para el desarrollo de actividades recreativas pasivas y de vida acuática".
El agua se limpia mediante procesos de aireación, biodegradación enzimática, coagulación de los contaminantes, un primer filtrado, ozonización y un filtrado final por capilaridad. La propuesta de Ferrari es que las propias industrias financien el sistema pagando una tasa por saneamiento, hasta que efectivamente se reconviertan y demuestren que no contaminan. "La tasa sería progresiva, es decir que aumentaría a medida que pase el tiempo si las industrias no se reconvirtieron. En nuestras plantas podríamos detectar en tiempo real cuáles están contaminando", dice Ferrari.
En ACUMAR reconocen que el sistema sirve, pero argumentan que el costo-beneficio de implementarlo no es eficiente, al menos hasta que se logren controlar los vertidos industriales y cloacales. En su momento, Torti le escribió a Ferrari explicando que se tomaron muestras del agua antes de pasar por la planta piloto y más abajo de ésta, y que no observaron variaciones significativas. Porque, según el organismo, si bien el agua salía limpia de la planta, se volvía a contaminar algunos metros más abajo.
"El sistema sí sirve -sostiene Ferrari-. El agua tratada logra que comience el proceso de autodepuración del Riachuelo, porque le llega con oxígeno disuelto que impide la formación de patógenos, y con enzimas y bacterias benéficas que continúan actuando. Además, estas plantas deben implementarse al mismo tiempo que se trabaja para dejar de contaminar".
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Descubren nueva especie de ave pero ya está en peligro
Descubren una nueva especie de ave en el Iberá y ya se encuentra en peligro de extinción
Fecha de Publicación: 10/12/2016
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
El capuchino iberá (Sporophila iberaensis) es la última especie de ave descubierta para la ciencia en la Argentina, sin embargo, a pocos meses de ser publicado su descubrimiento, ya fue catalogada por la UICN como “en peligro de extinción” a nivel internacional.
Se trata de un pequeño pájaro semillero de apenas 8 gr de peso perteneciente a un grupo conocido como los capuchinos o corbatitas, y que habita los pastizales naturales de los Esteros del Iberá, en el nordeste del país y en otros sitios de Paraguay, Brasil y Bolivia durante sus migraciones. El capuchino iberá es una especie descubierta en una región de Corrientes que había sido muy poco explorada hasta hace algunos años cuando los investigadores de CONICET Adrián Di Giacomo y Cecilia Kopuchian comenzaron a estudiar su avifauna. Estudios de sus plumajes y de su comportamiento dieron como resultado que estas aves son distintas a todas las demás especies de capuchinos conocidas y que actualmente mantienen una población reproductiva en los Esteros del Iberá, que está siendo monitoreada año tras año.
Los investigadores se radicaron en Corrientes hace tres años para crear el Laboratorio de Biología de la Conservación en el Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL-CONICET) motivados por la importancia de esta región del país para la conservación de especies amenazadas. En mayo de este año publicaron este hallazgo en la revista Nuestras Aves de la asociación Aves Argentinas y se encuentra en proceso de publicación el estudio detallado de su ecología, asi como se encuentran encaminados los primeros estudios genómicos para estudiar otros aspectos poblacionales y evolutivos de esta nueva especie. De esta forma el capuchino iberá se transformó en la especie más nueva de la avifauna local y es hoy en día una de las más buscadas por los miles de observadores de aves de todo el mundo que se acercan al Iberá.
Directo a la lista roja
Sin embargo no todas son buenas noticias para este ”joven” capuchino. Hoy, en el marco de la Convención de Diversidad Biológica celebrada en Cancún, México, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) dio a conocer la nueva Lista Roja de especies amenazadas y el capuchino iberá ya se encuentra allí, catalogado como “en peligro” a nivel mundial hasta que se reuna más información sobre el tamaño poblacional y la distribución geográfica de esta especie. Es decir, por ahora se encuentra a pocos pasos de la extinción en la escala que categoriza a las especies de todo el planeta según su grado de amenaza.
Es que el capuchino iberá, al igual que todos sus parientes cercanos, se alimenta casi exclusivamente de semillas de las gramíneas de humedales, uno de los ecosistemas más amenazados de nuestro país por el drenaje, el continuo avance de la agricultura, las forestaciones y la ganadería intensiva. De esta manera, la pérdida de los humedales, pone en jaque la subsistencia de este capuchino y de otros como el capuchino garganta blanca y el capuchino castaño o de otras especies de aves que también están íntimamente ligadas a los pastizales húmedos como el yetapá de collar y el tordo amarillo y que lamentablemente también se encuentran en la lista roja de especies en peligro de extinción.
Los capuchinos, al igual que el tordo amarillo, también son muy afectados por el trampeo y el tráfico ilegal de fauna.
El hallazgo de esta nueva especie en los humedales de Corrientes pone de manifiesto lo necesaria de la tan postergada Ley de Humedales para la Argentina.
El Parque Nacional Iberá, ¿una luz de esperanza para proteger los humedales?
Pero el capuchino iberá y sus pastizales tienen una luz de esperanza. La creación del flamante Parque Nacional Iberá -que comparte el nombre con el ave- en el norte correntino podría ser la mejor herramienta para conservar el hábitat que el capuchino necesita para su reproducción en cada primavera. El portal Cambyretá, al norte de los esteros, es uno de los sitios preferidos por el capuchino y es el primer sitio donado por la fundación Conservation Land Trust del recientemente fallecido Douglas Tompkins para ser transformado en Parque Nacional. De esta forma, una gran cantidad de hectáreas fundamentales para el capuchino iberá ya se encuentran protegidas de manera efectiva.
No es la primera vez que una especie recientemente descubierta es catalogada como en peligro. Otro de los tesoros de nuestra avifauna, el macá tobiano, que fuera descubierto hace tan sólo 40 años ya se encuentra catalogado como en “peligro crítico”, el escalón más cercano a la extinción y hoy es uno de los focos de los esfuerzos de organizaciones conservacionistas como Aves Argentinas.
La lista roja presentada por la IUCN hoy arroja algunos datos preocupantes. El número de especies de aves oficialmente extintas a nivel global aumentó de 140 a 156 mientras que el número de especies amenazadas en algún grado creció de 1375 a 1460 pese a los esfuerzos de los numerosos esfuerzos de diversas organizaciones entre las que se encuentran Aves Argentinas y BirdLife International. En nuestro país son 52 las especies globalmente amenazadas y algunas como el cauquén colorado y el tordo amarillo están en período de evaluación para el año próximo debido a la alarmante disminución de sus poblaciones.
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Fecha de Publicación: 10/12/2016
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
El capuchino iberá (Sporophila iberaensis) es la última especie de ave descubierta para la ciencia en la Argentina, sin embargo, a pocos meses de ser publicado su descubrimiento, ya fue catalogada por la UICN como “en peligro de extinción” a nivel internacional.
Se trata de un pequeño pájaro semillero de apenas 8 gr de peso perteneciente a un grupo conocido como los capuchinos o corbatitas, y que habita los pastizales naturales de los Esteros del Iberá, en el nordeste del país y en otros sitios de Paraguay, Brasil y Bolivia durante sus migraciones. El capuchino iberá es una especie descubierta en una región de Corrientes que había sido muy poco explorada hasta hace algunos años cuando los investigadores de CONICET Adrián Di Giacomo y Cecilia Kopuchian comenzaron a estudiar su avifauna. Estudios de sus plumajes y de su comportamiento dieron como resultado que estas aves son distintas a todas las demás especies de capuchinos conocidas y que actualmente mantienen una población reproductiva en los Esteros del Iberá, que está siendo monitoreada año tras año.
Los investigadores se radicaron en Corrientes hace tres años para crear el Laboratorio de Biología de la Conservación en el Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL-CONICET) motivados por la importancia de esta región del país para la conservación de especies amenazadas. En mayo de este año publicaron este hallazgo en la revista Nuestras Aves de la asociación Aves Argentinas y se encuentra en proceso de publicación el estudio detallado de su ecología, asi como se encuentran encaminados los primeros estudios genómicos para estudiar otros aspectos poblacionales y evolutivos de esta nueva especie. De esta forma el capuchino iberá se transformó en la especie más nueva de la avifauna local y es hoy en día una de las más buscadas por los miles de observadores de aves de todo el mundo que se acercan al Iberá.
Directo a la lista roja
Sin embargo no todas son buenas noticias para este ”joven” capuchino. Hoy, en el marco de la Convención de Diversidad Biológica celebrada en Cancún, México, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) dio a conocer la nueva Lista Roja de especies amenazadas y el capuchino iberá ya se encuentra allí, catalogado como “en peligro” a nivel mundial hasta que se reuna más información sobre el tamaño poblacional y la distribución geográfica de esta especie. Es decir, por ahora se encuentra a pocos pasos de la extinción en la escala que categoriza a las especies de todo el planeta según su grado de amenaza.
Es que el capuchino iberá, al igual que todos sus parientes cercanos, se alimenta casi exclusivamente de semillas de las gramíneas de humedales, uno de los ecosistemas más amenazados de nuestro país por el drenaje, el continuo avance de la agricultura, las forestaciones y la ganadería intensiva. De esta manera, la pérdida de los humedales, pone en jaque la subsistencia de este capuchino y de otros como el capuchino garganta blanca y el capuchino castaño o de otras especies de aves que también están íntimamente ligadas a los pastizales húmedos como el yetapá de collar y el tordo amarillo y que lamentablemente también se encuentran en la lista roja de especies en peligro de extinción.
Los capuchinos, al igual que el tordo amarillo, también son muy afectados por el trampeo y el tráfico ilegal de fauna.
El hallazgo de esta nueva especie en los humedales de Corrientes pone de manifiesto lo necesaria de la tan postergada Ley de Humedales para la Argentina.
El Parque Nacional Iberá, ¿una luz de esperanza para proteger los humedales?
Pero el capuchino iberá y sus pastizales tienen una luz de esperanza. La creación del flamante Parque Nacional Iberá -que comparte el nombre con el ave- en el norte correntino podría ser la mejor herramienta para conservar el hábitat que el capuchino necesita para su reproducción en cada primavera. El portal Cambyretá, al norte de los esteros, es uno de los sitios preferidos por el capuchino y es el primer sitio donado por la fundación Conservation Land Trust del recientemente fallecido Douglas Tompkins para ser transformado en Parque Nacional. De esta forma, una gran cantidad de hectáreas fundamentales para el capuchino iberá ya se encuentran protegidas de manera efectiva.
No es la primera vez que una especie recientemente descubierta es catalogada como en peligro. Otro de los tesoros de nuestra avifauna, el macá tobiano, que fuera descubierto hace tan sólo 40 años ya se encuentra catalogado como en “peligro crítico”, el escalón más cercano a la extinción y hoy es uno de los focos de los esfuerzos de organizaciones conservacionistas como Aves Argentinas.
La lista roja presentada por la IUCN hoy arroja algunos datos preocupantes. El número de especies de aves oficialmente extintas a nivel global aumentó de 140 a 156 mientras que el número de especies amenazadas en algún grado creció de 1375 a 1460 pese a los esfuerzos de los numerosos esfuerzos de diversas organizaciones entre las que se encuentran Aves Argentinas y BirdLife International. En nuestro país son 52 las especies globalmente amenazadas y algunas como el cauquén colorado y el tordo amarillo están en período de evaluación para el año próximo debido a la alarmante disminución de sus poblaciones.
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Originarios ahora son “amenazas para la seguridad social”
Acusaciones con aroma empresario
Fecha de Publicación: 09/12/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones de pueblos originarios y organismos de derechos humanos rechazaron un documento del Ministerio de Seguridad porque interpreta reclamos como “amenazas para la seguridad social”.
Un centenar de organizaciones de pueblos originarios, Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) emitieron un comunicado para alertar sobre la “estigmatización y persecución al pueblo mapuche”. El texo “La lucha indígena no es delito” fue una respuesta a un documento oficial del ministerio de Seguridad de la Nación, que plantea “la problemática mapuche” como “violenta” y que –en base al discurso de las empresas– acusa a las comunidades de asentarse donde están las petroleras, algo que encendió la alerta por una posible represión en la zona de Esquel y en Vaca Muerta.
En su informe de gestión de agosto pasado, el ministerio de Seguridad acusó a los pueblos originarios de la Patagonia de delitos federales y los responsabilizó de hechos delictivos sin aportar pruebas. El informe interno del ministerio conducido por Patricia Bullrich muestra una imagen de powerpoint (que fue dado a conocer en este diario por Horacio Verbitsky) titulada “Revalorización de la ley. Problemática en territorio mapuche”.
Ese informe, en referencia a la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), aseguró: “Sus miembros están protagonizando hechos delictivos como usurpaciones de territorios, incendios, daños y amenazas en Chubut y Río Negro. Tienen un denominador común que los transforma en delitos federales, ya que se proponen imponer sus ideas por la fuerza”. El texto, además, reconoció que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realiza “tareas de investigación”.
El ministerio hizo mención al juicio de extradición del lonko (autoridad) Facundo Jones Huala, en el que el juez federal Guido Otranto dictaminó que no debe ser extraditado, y señaló un incendio en la localidad de El Hoyo y una bomba molotov en Corcovado.
Amnistía Internacional, Serpaj, APDH, la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), CELS, el Parlamento Mapuche de Río Negro, la Confederación Mapuche de Neuquén, el Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas y la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita, junto a un centenar de organizaciones, repudiaron el accionar del gobierno nacional. “Manifestamos profunda preocupación por el tratamiento de los reclamos del pueblo mapuche. El ministerio de Seguridad coloca a las reivindicaciones territoriales mapuches como amenazas para la seguridad social”, denunció el comunicado.
Las organizaciones también repudiaron los dichos del gobernador de Chubut, Mario Das Neves, quien pidió juicio político para el juez Otranto por no haber condenado a Jones Huala. Das Neves señaló en conferencia de prensa: “No queremos jueces federales que actúen en connivencia con delincuentes”, en relación a mapuches. Además, instó a que la población desobedezca al juez: “Que la gente reaccione, que no permita, por más que sea un juez, llevar a cabo este tipo de acciones”.
Las organizaciones de derechos humanos y de pueblos indígenas cuestionaron al Gobernador: “Emite expresiones de corte racista y estigmatizador, en abierta oposición a la ley vigente. Responsabilizó además a comunidades mapuches de incendios sin aportar ningún tipo de pruebas ni denuncia en la sede correspondiente”.
La última semana, las comunidades mapuches de Chubut y la Asamblea de Vecinos del No a la Mina de Esquel denunciaron que la zona estaba “militarizada”, tras la llegada de más de cien efectivos de gendarmería nacional. También circularon versiones insólitas de que los mapuches habían reconocido la autoría en atentados incendiarios, algo que inclusive medios locales de gran tirada dieron como un hecho.
El Lof de Resistencia Mapuche de Cushamen –al que pertenece Facundo Jones Huala, y que mantiene conflicto con la multinacional Benetton– desmintió la participación mapuche en cualquier hecho de violencia. Denunciaron un “montaje mediático”, pidieron a los medios de comunicación que rectifiquen lo publicado y solicitaron que se los consulte ante cualquier noticia que los involucre. Alertaron sobre el accionar de servicios de inteligencia y denunciaron el armado de escenario represivo contra las comunidades.
La semana pasada, las mismas organizaciones de derechos humanos e indígenas emitieron otro comunicado, sobre la situación en la formación petrolera Vaca Muerta (Neuquén). “El Estado privilegia los intereses de las petroleras y criminaliza al pueblo mapuche”, es el título de documento que cuestiona al ministerio de Seguridad por haber afirmado que “se arman comunidades indígenas y se toman tierras en zonas petroleras”.
El ministerio conducido por Patricia Bullrich hizo propio el discurso de las empresas petroleras, que argumentaron la “usurpación” que realizarían comunidades indígenas sobre campos petroleros.
“El pueblo mapuche es preexistente a la conformación de los Estados, de acuerdo a lo reconocido por la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17). Son las petroleras, mineras y grandes estancias las que se han instalado, muchas veces por la fuerza, en territorios comunitarios, profundizando el despojo”, denuncian las organizaciones de derechos humanos y pueblos originarios.
La Confederación Mapuche de Neuquén destacó como factor decisivo en la criminalización la situación de Vaca Muerta, donde una decena de empresas multinacionales (entre ellas Chevron-YPF) violó toda la legislación indígena (nacional e internacional), y no realizó la “consulta previa” ni obtuvo el “consentimiento libre, previo e informado”, derechos básicos de los pueblos indígenas. En respuesta a esa vulneración, la comunidad Lof Campo Maripe mantiene un corte permanente desde el 19 de julio pasado, cerrando el paso a la petrolera Chevron-YPF.
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Fecha de Publicación: 09/12/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones de pueblos originarios y organismos de derechos humanos rechazaron un documento del Ministerio de Seguridad porque interpreta reclamos como “amenazas para la seguridad social”.
Un centenar de organizaciones de pueblos originarios, Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) emitieron un comunicado para alertar sobre la “estigmatización y persecución al pueblo mapuche”. El texo “La lucha indígena no es delito” fue una respuesta a un documento oficial del ministerio de Seguridad de la Nación, que plantea “la problemática mapuche” como “violenta” y que –en base al discurso de las empresas– acusa a las comunidades de asentarse donde están las petroleras, algo que encendió la alerta por una posible represión en la zona de Esquel y en Vaca Muerta.
En su informe de gestión de agosto pasado, el ministerio de Seguridad acusó a los pueblos originarios de la Patagonia de delitos federales y los responsabilizó de hechos delictivos sin aportar pruebas. El informe interno del ministerio conducido por Patricia Bullrich muestra una imagen de powerpoint (que fue dado a conocer en este diario por Horacio Verbitsky) titulada “Revalorización de la ley. Problemática en territorio mapuche”.
Ese informe, en referencia a la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), aseguró: “Sus miembros están protagonizando hechos delictivos como usurpaciones de territorios, incendios, daños y amenazas en Chubut y Río Negro. Tienen un denominador común que los transforma en delitos federales, ya que se proponen imponer sus ideas por la fuerza”. El texto, además, reconoció que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realiza “tareas de investigación”.
El ministerio hizo mención al juicio de extradición del lonko (autoridad) Facundo Jones Huala, en el que el juez federal Guido Otranto dictaminó que no debe ser extraditado, y señaló un incendio en la localidad de El Hoyo y una bomba molotov en Corcovado.
Amnistía Internacional, Serpaj, APDH, la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), CELS, el Parlamento Mapuche de Río Negro, la Confederación Mapuche de Neuquén, el Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas y la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita, junto a un centenar de organizaciones, repudiaron el accionar del gobierno nacional. “Manifestamos profunda preocupación por el tratamiento de los reclamos del pueblo mapuche. El ministerio de Seguridad coloca a las reivindicaciones territoriales mapuches como amenazas para la seguridad social”, denunció el comunicado.
Las organizaciones también repudiaron los dichos del gobernador de Chubut, Mario Das Neves, quien pidió juicio político para el juez Otranto por no haber condenado a Jones Huala. Das Neves señaló en conferencia de prensa: “No queremos jueces federales que actúen en connivencia con delincuentes”, en relación a mapuches. Además, instó a que la población desobedezca al juez: “Que la gente reaccione, que no permita, por más que sea un juez, llevar a cabo este tipo de acciones”.
Las organizaciones de derechos humanos y de pueblos indígenas cuestionaron al Gobernador: “Emite expresiones de corte racista y estigmatizador, en abierta oposición a la ley vigente. Responsabilizó además a comunidades mapuches de incendios sin aportar ningún tipo de pruebas ni denuncia en la sede correspondiente”.
La última semana, las comunidades mapuches de Chubut y la Asamblea de Vecinos del No a la Mina de Esquel denunciaron que la zona estaba “militarizada”, tras la llegada de más de cien efectivos de gendarmería nacional. También circularon versiones insólitas de que los mapuches habían reconocido la autoría en atentados incendiarios, algo que inclusive medios locales de gran tirada dieron como un hecho.
El Lof de Resistencia Mapuche de Cushamen –al que pertenece Facundo Jones Huala, y que mantiene conflicto con la multinacional Benetton– desmintió la participación mapuche en cualquier hecho de violencia. Denunciaron un “montaje mediático”, pidieron a los medios de comunicación que rectifiquen lo publicado y solicitaron que se los consulte ante cualquier noticia que los involucre. Alertaron sobre el accionar de servicios de inteligencia y denunciaron el armado de escenario represivo contra las comunidades.
La semana pasada, las mismas organizaciones de derechos humanos e indígenas emitieron otro comunicado, sobre la situación en la formación petrolera Vaca Muerta (Neuquén). “El Estado privilegia los intereses de las petroleras y criminaliza al pueblo mapuche”, es el título de documento que cuestiona al ministerio de Seguridad por haber afirmado que “se arman comunidades indígenas y se toman tierras en zonas petroleras”.
El ministerio conducido por Patricia Bullrich hizo propio el discurso de las empresas petroleras, que argumentaron la “usurpación” que realizarían comunidades indígenas sobre campos petroleros.
“El pueblo mapuche es preexistente a la conformación de los Estados, de acuerdo a lo reconocido por la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17). Son las petroleras, mineras y grandes estancias las que se han instalado, muchas veces por la fuerza, en territorios comunitarios, profundizando el despojo”, denuncian las organizaciones de derechos humanos y pueblos originarios.
La Confederación Mapuche de Neuquén destacó como factor decisivo en la criminalización la situación de Vaca Muerta, donde una decena de empresas multinacionales (entre ellas Chevron-YPF) violó toda la legislación indígena (nacional e internacional), y no realizó la “consulta previa” ni obtuvo el “consentimiento libre, previo e informado”, derechos básicos de los pueblos indígenas. En respuesta a esa vulneración, la comunidad Lof Campo Maripe mantiene un corte permanente desde el 19 de julio pasado, cerrando el paso a la petrolera Chevron-YPF.
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Tensión entre industria y ciudades por contaminación
Una Barrick en medio de La Matanza
Fecha de Publicación: 09/12/2016
Fuente: FM La Tribu
Provincia/Región: Buenos Aires
Los vecinos y vecinas del barrio de Las Mercedes, en Virrey del Pino, están rodeados de fábricas que contaminan el medio ambiente y provocan enfermedades.
Rosaura Barletta, periodista de La Retaguardia presentó un nuevo informe periodístico donde habló con los protagonistas de la lucha que empezó cuando el grupo francés Parex compro la empresa Klaukol en el 2000 potenciando las consecuencias de un entramado político y empresarial que siempre perjudica a los mismos.
Susana, vecina del barrio, cuenta cómo los vecinos comenzaron a organizarse y cuál fue la reacción de la empresa contra ellos.
Escuchá el Audio:
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Fecha de Publicación: 09/12/2016
Fuente: FM La Tribu
Provincia/Región: Buenos Aires
Los vecinos y vecinas del barrio de Las Mercedes, en Virrey del Pino, están rodeados de fábricas que contaminan el medio ambiente y provocan enfermedades.
Rosaura Barletta, periodista de La Retaguardia presentó un nuevo informe periodístico donde habló con los protagonistas de la lucha que empezó cuando el grupo francés Parex compro la empresa Klaukol en el 2000 potenciando las consecuencias de un entramado político y empresarial que siempre perjudica a los mismos.
Susana, vecina del barrio, cuenta cómo los vecinos comenzaron a organizarse y cuál fue la reacción de la empresa contra ellos.
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Indec comenzará a medir variables medioambientales
El Indec comenzará a generar estadísticas medioambientales
Fecha de Publicación: 09/12/2016
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Nacional
El titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Jorge Todesca, ratificó hoy que en los próximos años la dependencia oficial volverá a medir el Indice de Precios al Consumidor a nivel nacional, además de incorporar estadísticas medioambientales.
Todesca realizó estos adelantos durante la jornada inaugural de la 15ta. Conferencia de la Asociación Internacional de Estadísticas Oficiales (IAOS, en su sigla en inglés) que se realiza en la ciudad de Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos.
"Hemos decidido comprimir nuestro calendario de difusión de los próximos años (para incluir estadísticas clave como la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018; un nuevo Indice de Precios al Consumidor de cobertura nacional; el Censo Económico 2018; el Censo Agropecuario 2018-2019; la preparación del Censo Nacional 2020; y la incorporación de estadísticas medioambientales", dijo Todesca.
El funcionario formuló estas declaraciones en su presentación sobre "Poder político y Sistema Estadístico Argentino: el caso del Indec", donde explicó el proceso de restitución del sistema estadístico nacional y presentó la proyección a futuro del Instituto.
Representantes de oficinas estadísticas de distintos países, como Alemania, Argentina, Australia, Eslovenia, Estados Unidos, Grecia, Italia, Kuwait, México, Palestina, Portugal, Reino Unido, Sudán, Suiza, y de organizaciones internacionales, como Unstat, EAU, Banco Mundial y Eurostat, se reunirán hasta el viernes para analizar la marcha de los organismos bajo el título "El espíritu de las estadísticas oficiales: colaboración e innovación continua".
IAOS es una organización internacional no-gubernamental fundada en 1985 con el objetivo de promover el entendimiento y el avance de las estadísticas oficiales y fomentar el desarrollo de servicios efectivos y eficientes de estadísticas oficiales a nivel global. Desde 1988, se han realizado 14 conferencias bienales en distintas partes del mundo, como Vietnam, Ucrania, Chile, Canadá, entre otros.
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Fecha de Publicación: 09/12/2016
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Nacional
El titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Jorge Todesca, ratificó hoy que en los próximos años la dependencia oficial volverá a medir el Indice de Precios al Consumidor a nivel nacional, además de incorporar estadísticas medioambientales.
Todesca realizó estos adelantos durante la jornada inaugural de la 15ta. Conferencia de la Asociación Internacional de Estadísticas Oficiales (IAOS, en su sigla en inglés) que se realiza en la ciudad de Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos.
"Hemos decidido comprimir nuestro calendario de difusión de los próximos años (para incluir estadísticas clave como la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018; un nuevo Indice de Precios al Consumidor de cobertura nacional; el Censo Económico 2018; el Censo Agropecuario 2018-2019; la preparación del Censo Nacional 2020; y la incorporación de estadísticas medioambientales", dijo Todesca.
El funcionario formuló estas declaraciones en su presentación sobre "Poder político y Sistema Estadístico Argentino: el caso del Indec", donde explicó el proceso de restitución del sistema estadístico nacional y presentó la proyección a futuro del Instituto.
Representantes de oficinas estadísticas de distintos países, como Alemania, Argentina, Australia, Eslovenia, Estados Unidos, Grecia, Italia, Kuwait, México, Palestina, Portugal, Reino Unido, Sudán, Suiza, y de organizaciones internacionales, como Unstat, EAU, Banco Mundial y Eurostat, se reunirán hasta el viernes para analizar la marcha de los organismos bajo el título "El espíritu de las estadísticas oficiales: colaboración e innovación continua".
IAOS es una organización internacional no-gubernamental fundada en 1985 con el objetivo de promover el entendimiento y el avance de las estadísticas oficiales y fomentar el desarrollo de servicios efectivos y eficientes de estadísticas oficiales a nivel global. Desde 1988, se han realizado 14 conferencias bienales en distintas partes del mundo, como Vietnam, Ucrania, Chile, Canadá, entre otros.
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Se sienten los impactos del facking en Río Negro
Medio Ambiente asegura controles para que la actividad petrolera sea segura y compatible con la frutícola
Fecha de Publicación: 08/12/2016
Fuente: APP
Provincia/Región: Río Negro
Viedma. El subsecretario de Medio Ambiente, Guillermo Ceballos, destacó que “hemos podido acrecentar la estructura y por lo tanto los controles en los últimos años”, de manera que la actividad petrolera sea sostenible en forma segura, compatible con otras actividades como la frutícola. Indicó que también hay un seguimiento de los compromisos de remediación establecidos en la renegociación última de contratos petroleros y, en general, “hay un alto grado de cumplimiento”.
Ceballos indicó a la agencia APP que “sabemos que la actividad petrolera es de alto riesgo, toda acción humana tiene un impacto y en este caso es una industria con un impacto bastante importante, pero con el paso del tiempo las tecnologías han ido avanzando y hoy tenemos certeza que se puede desarrollar en forma segura y en forma compatible con otras”.
Dijo que también se ha ido actualizando el marco normativo y “se cuenta con procedimientos que permiten que la actividad se pueda hacer en forma segura, al margen que, como dije, sea de alto riesgo”.
Señaló que desde el organismo se ha puesto el foco fundamentalmente en Allen –área de mayor producción gasífera de la provincia-, “una vitrina de la explotación hidrocarburífera de la provincia”, ya que en función de ser a la vez una zona frutícola y poblada “demanda una mayor atención nuestra”.
Especificó que “desde el gobierno provincial hay una integración gran de los organismos de control, trabajamos codo a codo con la Secretaría de Hidrocarburos, el Departamento Provincial de Aguas (DPA) y la delegación nuestra del Alto Valle que está concentrada en la actividad del petróleo”.
Ratificó además a la agencia APP que en función de los compromisos de remediación establecidos en los contratos que se renegociación con empresas petroleras, también se hace un seguimiento y control en este sentido en forma periódica.
Dijo que en este marco se envían los informes a la Comisión de Seguimiento de los contratos petroleros, y desde la renegociación han constatado “un alto grado de cumplimiento” por parte de las operadoras.
Recordó que hay compromisos “a mediano plazo”, es decir, hay un cronograma con determinados plazos, de hasta cinco años para algunos procesos de remediación.
Respecto a estas fiscalizaciones, informó que se toman muestras en campo porque se cuenta con un Laboratorio de referencia en la provincia, el CIATI, que hace además contramuestras para verificar que la evolución de la remediación se hace de acuerdo a lo establecido, conforme a lo legal.
En cuanto a quejas o demandas de superficiarios, dijo que como organismo de control ambiental no han recibido formalmente muchas denuncias, sino que en “en general con mediáticas y no llegan a nosotros”.
Explicitó que en los últimos años habrán recibido una 10 denuncias en este sentido y se han dado las respuestas, se han hecho fiscalizaciones, ejemplificando que se ha denunciado que las napas estaban contaminadas o el agua de consumo, “y hemos ido con el DPA y se ha verificado que no es así a través de tomas de muestras”.
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Fecha de Publicación: 08/12/2016
Fuente: APP
Provincia/Región: Río Negro
Viedma. El subsecretario de Medio Ambiente, Guillermo Ceballos, destacó que “hemos podido acrecentar la estructura y por lo tanto los controles en los últimos años”, de manera que la actividad petrolera sea sostenible en forma segura, compatible con otras actividades como la frutícola. Indicó que también hay un seguimiento de los compromisos de remediación establecidos en la renegociación última de contratos petroleros y, en general, “hay un alto grado de cumplimiento”.
Ceballos indicó a la agencia APP que “sabemos que la actividad petrolera es de alto riesgo, toda acción humana tiene un impacto y en este caso es una industria con un impacto bastante importante, pero con el paso del tiempo las tecnologías han ido avanzando y hoy tenemos certeza que se puede desarrollar en forma segura y en forma compatible con otras”.
Dijo que también se ha ido actualizando el marco normativo y “se cuenta con procedimientos que permiten que la actividad se pueda hacer en forma segura, al margen que, como dije, sea de alto riesgo”.
Señaló que desde el organismo se ha puesto el foco fundamentalmente en Allen –área de mayor producción gasífera de la provincia-, “una vitrina de la explotación hidrocarburífera de la provincia”, ya que en función de ser a la vez una zona frutícola y poblada “demanda una mayor atención nuestra”.
Especificó que “desde el gobierno provincial hay una integración gran de los organismos de control, trabajamos codo a codo con la Secretaría de Hidrocarburos, el Departamento Provincial de Aguas (DPA) y la delegación nuestra del Alto Valle que está concentrada en la actividad del petróleo”.
Ratificó además a la agencia APP que en función de los compromisos de remediación establecidos en los contratos que se renegociación con empresas petroleras, también se hace un seguimiento y control en este sentido en forma periódica.
Dijo que en este marco se envían los informes a la Comisión de Seguimiento de los contratos petroleros, y desde la renegociación han constatado “un alto grado de cumplimiento” por parte de las operadoras.
Recordó que hay compromisos “a mediano plazo”, es decir, hay un cronograma con determinados plazos, de hasta cinco años para algunos procesos de remediación.
Respecto a estas fiscalizaciones, informó que se toman muestras en campo porque se cuenta con un Laboratorio de referencia en la provincia, el CIATI, que hace además contramuestras para verificar que la evolución de la remediación se hace de acuerdo a lo establecido, conforme a lo legal.
En cuanto a quejas o demandas de superficiarios, dijo que como organismo de control ambiental no han recibido formalmente muchas denuncias, sino que en “en general con mediáticas y no llegan a nosotros”.
Explicitó que en los últimos años habrán recibido una 10 denuncias en este sentido y se han dado las respuestas, se han hecho fiscalizaciones, ejemplificando que se ha denunciado que las napas estaban contaminadas o el agua de consumo, “y hemos ido con el DPA y se ha verificado que no es así a través de tomas de muestras”.
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Riachuelo a la deriva
Acefalía y crisis en el ente que debe sanear el Riachuelo
Fecha de Publicación: 08/12/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Renunció el director ejecutivo y no hay reemplazante; es el segundo que se aleja en un año, desde el recambio presidencial; durante 2016 apenas se ejecutó el 20% del presupuesto
La historia de la limpieza del Riachuelo suma un nuevo capítulo inconcluso: por segunda vez en nueve meses, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) -el organismo creado para ejecutar el plan de saneamiento- queda acéfala. Ayer se conoció públicamente la "renuncia indeclinable" de Julio Torti a la dirección ejecutiva.
El funcionario, el segundo que renuncia desde que asumió la gestión de Cambiemos, alegó "manifiestas diferencias" con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, quien preside la Acumar por el cargo que ocupa. Así lo explicita la dimisión presentada el viernes pasado al consejo directivo, que iba a reunirse ayer y luego suspendió el encuentro.
La decisión de Torti, que ingresó por la mesa de entradas ya que el experto en residuos no volvió a pisar la sede de Acumar, sólo suma más incertidumbre al futuro del organismo que componen la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad. La ineficiencia y el deterioro de la gestión quedaron visibles en la audiencia celebrada hace una semana en la Corte Suprema de Justicia: el proceso está muy lejos de cumplir con la sentencia que ordenó que se limpie la cuenca más contaminada de la Argentina.
Por el momento, no se sabe quién asumirá el cargo de Torti ni la dirección operativa, que hasta ayer ocupaba Gabriela Seijo, a quien también se le pediría la renuncia. Sí se sabe que, a pesar de que no hubo avances en el saneamiento, Cambiemos sumó 50 puestos a la planta permanente de la Acumar -que ya suma 860 empleados- y que de los $ 10 millones asignados para este año apenas ejecutó el 20%.
Las internas y las diferencias en torno a la gestión del organismo arrancaron en diciembre, apenas asumió el nuevo gobierno. Esa falta de acuerdos y de acción generó que Amílcar López, el primer director ejecutivo de Acumar, presentara su renuncia en febrero pasado. En abril, mientras seguían las peleas entre las jurisdicciones para poder ganar espacios, asumió Torti. Hubo reordenamientos en el organigrama, aunque no alcanzaron para poner en acción el plan de saneamiento.
En 2016 sólo se destacan dos logros: se continuaron los convenios con las cooperativas en los municipios y se firmó un contrato con la Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) para retomar la eliminación de basurales en la cuenca.
El consejo directivo está conformado por el ex director del Instituto de Vivienda porteño Iván Kerr; en representación de la provincia de Buenos Aires, el ex candidato a intendente por La Matanza Miguel Saredi y el ex asesor del Ministerio de Desarrollo Económico porteño Martín Renom. Por la Ciudad, se nombró al ex director general de Limpieza Alberto Términe y a la ex diputada por la Coalición Cívica María Fernanda Reyes. También lo integra el biólogo Sergio Federovisky, que llegó tras el acuerdo político del macrismo con Sergio Massa.
Luego de la audiencia en la Corte, en el Gobierno evaluaban entregar las riendas de la Acumar a la provincia de Buenos Aires. Pero las fuentes bonaerenses consultadas por LA NACION no confirmaron el rumor. Tampoco quiso pronunciarse Bergman, quien fue señalado la semana pasada como uno de los miembros del gabinete que estaban en la cuerda floja. Pero, tras el encuentro en Chapadmalal, Mauricio Macri descartó algún cambio de ministros.
"El funcionamiento de la Acumar y sus evidentes problemas de gestión explican, en gran parte, el bajo grado de instrumentación de las obligaciones impuestas en el fallo. En materia de control de la contaminación industrial, el sistema establecido no ha dado resultados. Estudios elaborados por el propio organismo demuestran que aún se vierten en la cuenca más de 1000 toneladas al año de sustancias tóxicas, metales pesados e hidrocarburos", reveló Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, en representación del cuerpo colegiado que controla la ejecución del fallo. Según ese cuerpo, la inacción de la Acumar suma dos años y medio.
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Fecha de Publicación: 08/12/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Renunció el director ejecutivo y no hay reemplazante; es el segundo que se aleja en un año, desde el recambio presidencial; durante 2016 apenas se ejecutó el 20% del presupuesto
La historia de la limpieza del Riachuelo suma un nuevo capítulo inconcluso: por segunda vez en nueve meses, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) -el organismo creado para ejecutar el plan de saneamiento- queda acéfala. Ayer se conoció públicamente la "renuncia indeclinable" de Julio Torti a la dirección ejecutiva.
El funcionario, el segundo que renuncia desde que asumió la gestión de Cambiemos, alegó "manifiestas diferencias" con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, quien preside la Acumar por el cargo que ocupa. Así lo explicita la dimisión presentada el viernes pasado al consejo directivo, que iba a reunirse ayer y luego suspendió el encuentro.
La decisión de Torti, que ingresó por la mesa de entradas ya que el experto en residuos no volvió a pisar la sede de Acumar, sólo suma más incertidumbre al futuro del organismo que componen la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad. La ineficiencia y el deterioro de la gestión quedaron visibles en la audiencia celebrada hace una semana en la Corte Suprema de Justicia: el proceso está muy lejos de cumplir con la sentencia que ordenó que se limpie la cuenca más contaminada de la Argentina.
Por el momento, no se sabe quién asumirá el cargo de Torti ni la dirección operativa, que hasta ayer ocupaba Gabriela Seijo, a quien también se le pediría la renuncia. Sí se sabe que, a pesar de que no hubo avances en el saneamiento, Cambiemos sumó 50 puestos a la planta permanente de la Acumar -que ya suma 860 empleados- y que de los $ 10 millones asignados para este año apenas ejecutó el 20%.
Las internas y las diferencias en torno a la gestión del organismo arrancaron en diciembre, apenas asumió el nuevo gobierno. Esa falta de acuerdos y de acción generó que Amílcar López, el primer director ejecutivo de Acumar, presentara su renuncia en febrero pasado. En abril, mientras seguían las peleas entre las jurisdicciones para poder ganar espacios, asumió Torti. Hubo reordenamientos en el organigrama, aunque no alcanzaron para poner en acción el plan de saneamiento.
En 2016 sólo se destacan dos logros: se continuaron los convenios con las cooperativas en los municipios y se firmó un contrato con la Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) para retomar la eliminación de basurales en la cuenca.
El consejo directivo está conformado por el ex director del Instituto de Vivienda porteño Iván Kerr; en representación de la provincia de Buenos Aires, el ex candidato a intendente por La Matanza Miguel Saredi y el ex asesor del Ministerio de Desarrollo Económico porteño Martín Renom. Por la Ciudad, se nombró al ex director general de Limpieza Alberto Términe y a la ex diputada por la Coalición Cívica María Fernanda Reyes. También lo integra el biólogo Sergio Federovisky, que llegó tras el acuerdo político del macrismo con Sergio Massa.
Luego de la audiencia en la Corte, en el Gobierno evaluaban entregar las riendas de la Acumar a la provincia de Buenos Aires. Pero las fuentes bonaerenses consultadas por LA NACION no confirmaron el rumor. Tampoco quiso pronunciarse Bergman, quien fue señalado la semana pasada como uno de los miembros del gabinete que estaban en la cuerda floja. Pero, tras el encuentro en Chapadmalal, Mauricio Macri descartó algún cambio de ministros.
"El funcionamiento de la Acumar y sus evidentes problemas de gestión explican, en gran parte, el bajo grado de instrumentación de las obligaciones impuestas en el fallo. En materia de control de la contaminación industrial, el sistema establecido no ha dado resultados. Estudios elaborados por el propio organismo demuestran que aún se vierten en la cuenca más de 1000 toneladas al año de sustancias tóxicas, metales pesados e hidrocarburos", reveló Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, en representación del cuerpo colegiado que controla la ejecución del fallo. Según ese cuerpo, la inacción de la Acumar suma dos años y medio.
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Apuradísimos por el Acuerdo Federal Minero
Minería: quieren que el Acuerdo Federal esté listo pronto
Fecha de Publicación: 08/12/2016
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Nacional
El presidente de la Cámara de Empresas Mineras de Chubut, Néstor Álvarez, se expresó con optimismo respecto de la elaboración de un Acuerdo Federal Minero y aseguró que el documento establecerá “los máximos estándares de calidad” para la actividad.
Néstor Álvarez afirmó ser “muy optimista” en relación con el trabajo que desarrollan el Gobierno Nacional y las provincias para la elaboración del Acuerdo Federal Minero que en su opinión, establecerá “los máximos estándares de calidad” para la industria en todo el país.
El objetivo es que todas las provincias suscriban un acuerdo para habilitar la actividad minera fijando estándares de explotación, pautas para el cuidado del medio ambiente, protocolos para la utilización de agua y el aspecto tributario. “Estamos trabajando desde hace varios meses junto con el Gobierno Nacional y las provincias en el marco del Consejo Federal Minero”, dijo Álvarez, al señalar que en los primeros meses de 2017 estaría concluido el texto del acuerdo.
En opinión del presidente de la Cámara de Empresas Mineras de Chubut, el documento representa “el inicio del desarrollo minero” que la industria espera y se expresó “muy optimista” por el impulso que se está dando a esa iniciativa por parte del Gobierno Nacional que busca el consenso con las provincias para que en conjunto se fijen las bases de la explotación minera de primera, segunda y tercera categoría.
Álvarez valoró las sucesivas visitas al país de gobernantes extranjeros como japoneses, chinos y canadienses, que plantearon al más alto nivel, es decir ante el presidente Mauricio Macri, su interés por invertir en proyectos mineros, y en ese contexto es que el sector empresario chubutense aspira a que se logre el consenso necesario para avanzar en la iniciativa y aspiran que el Acuerdo Federal Minero sea la herramienta para la actividad en los próximos 30 años.
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Fecha de Publicación: 08/12/2016
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Nacional
El presidente de la Cámara de Empresas Mineras de Chubut, Néstor Álvarez, se expresó con optimismo respecto de la elaboración de un Acuerdo Federal Minero y aseguró que el documento establecerá “los máximos estándares de calidad” para la actividad.
Néstor Álvarez afirmó ser “muy optimista” en relación con el trabajo que desarrollan el Gobierno Nacional y las provincias para la elaboración del Acuerdo Federal Minero que en su opinión, establecerá “los máximos estándares de calidad” para la industria en todo el país.
El objetivo es que todas las provincias suscriban un acuerdo para habilitar la actividad minera fijando estándares de explotación, pautas para el cuidado del medio ambiente, protocolos para la utilización de agua y el aspecto tributario. “Estamos trabajando desde hace varios meses junto con el Gobierno Nacional y las provincias en el marco del Consejo Federal Minero”, dijo Álvarez, al señalar que en los primeros meses de 2017 estaría concluido el texto del acuerdo.
En opinión del presidente de la Cámara de Empresas Mineras de Chubut, el documento representa “el inicio del desarrollo minero” que la industria espera y se expresó “muy optimista” por el impulso que se está dando a esa iniciativa por parte del Gobierno Nacional que busca el consenso con las provincias para que en conjunto se fijen las bases de la explotación minera de primera, segunda y tercera categoría.
Álvarez valoró las sucesivas visitas al país de gobernantes extranjeros como japoneses, chinos y canadienses, que plantearon al más alto nivel, es decir ante el presidente Mauricio Macri, su interés por invertir en proyectos mineros, y en ese contexto es que el sector empresario chubutense aspira a que se logre el consenso necesario para avanzar en la iniciativa y aspiran que el Acuerdo Federal Minero sea la herramienta para la actividad en los próximos 30 años.
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Pelambres: comenzarán a rendir cuentas ante la justicia
Los Pelambres: en dos semanas iniciará el desfile de directivos de la minera por tribunales
Fecha de Publicación: 07/12/2016
Fuente: Diario Huarpe
Provincia/Región: Nacional
El proceso judicial del conflicto ente Los Pelambres y Argentina por la escombrera Cerro Amarillo en la que la minera chilena depositó desechos en suelo calingastino tendrá un avance dentro de dos semanas. Es que tendrán que someterse a la indagatoria solicitada por la Justicia Federal con asiento en San Juan.
Si bien hace dos semanas había sido la fecha inicial para comenzar con la indagatoria a los gerentes de la minera chilena del proyecto Los Pelambres que explota la empresa Antofagasta Minerals, se decidió la postergación. En esa oportunidad fue por falta de documentación que había sido solicitada, explicó el fiscal federal que entiende en la causa, Francisco Maldonado.
A partir de la semana del 19 de diciembre, los ex directivos y el actual gerente general del proyecto Los Pelambres pasarán por el tribunal de calle Entre Ríos para comparecer ante el magistrado Leopoldo Rago Gallo.
Por el momento, los días de cita están “fijadas para el 20, 21 y 22 de diciembre. De todos modos todavía faltan varios días”, contó el fiscal Maldonado.
“Las indagatorias se suspendieron la vez anterior porque no llegaron unos informes exhortos internacionales que se habían hecho, pidiendo los datos personales y los antecedentes. Es por estos motivos que el juzgado la postergó”, recordó Maldonado.
Los primeros en llegar serán los ex directivos. Se tiene previsto que Ignacio Cruz Zabala y Alberto Cerdá Mery arriben el 20 y 21 respectivamente. Mientras que el actual gerente general, Robert Andrew Mayne lo haría el 22, cerrando el desfile por el Tribunal Federal Nº 2.
Sobre la posibilidad de que los chilenos no lleguen a San Juan, Maldonado dijo que “hay una imputación y tienen que darle a conocer los hechos y las pruebas que hay. Ellos tendrán que realizar su descargo o no y luego el juez tendrá un plazo de 10 días para resolver si situación procesal. El acto de indagatoria es personal, no puede venir ningún representante legal”.
El conflicto es por el depósito de roca estéril y neumáticos que comenzaron a ser depositados en la escombrera Cerro Amarillo( que comenzaba en Chile y pasaba a suelo calingastino) entre los años 2004-2006 hasta 2011 cuando Glencore (ex Xtrata), se quejó de una usurpación de territorio ya que la escombrera excedía el límite del país. A raíz de esto, una medida judicial prohibió los trabajos en la zona y el sitio quedó bajo la orden de no realizar ninguna operación.
Desde la empresa sostienen que se trató de un error involuntario por un cambio de cartografía chileno que se hizo en 2008 y del cual no fueron informados.
Desde principios de noviembre Los Pelambres comenzó a retirar las gomas de camiones fuera de ruta del suelo sanjuanino. También expresaron que no tienen intención de quitar del lugar las toneladas de roca estéril depositadas en el lado argentino.
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Fecha de Publicación: 07/12/2016
Fuente: Diario Huarpe
Provincia/Región: Nacional
El proceso judicial del conflicto ente Los Pelambres y Argentina por la escombrera Cerro Amarillo en la que la minera chilena depositó desechos en suelo calingastino tendrá un avance dentro de dos semanas. Es que tendrán que someterse a la indagatoria solicitada por la Justicia Federal con asiento en San Juan.
Si bien hace dos semanas había sido la fecha inicial para comenzar con la indagatoria a los gerentes de la minera chilena del proyecto Los Pelambres que explota la empresa Antofagasta Minerals, se decidió la postergación. En esa oportunidad fue por falta de documentación que había sido solicitada, explicó el fiscal federal que entiende en la causa, Francisco Maldonado.
A partir de la semana del 19 de diciembre, los ex directivos y el actual gerente general del proyecto Los Pelambres pasarán por el tribunal de calle Entre Ríos para comparecer ante el magistrado Leopoldo Rago Gallo.
Por el momento, los días de cita están “fijadas para el 20, 21 y 22 de diciembre. De todos modos todavía faltan varios días”, contó el fiscal Maldonado.
“Las indagatorias se suspendieron la vez anterior porque no llegaron unos informes exhortos internacionales que se habían hecho, pidiendo los datos personales y los antecedentes. Es por estos motivos que el juzgado la postergó”, recordó Maldonado.
Los primeros en llegar serán los ex directivos. Se tiene previsto que Ignacio Cruz Zabala y Alberto Cerdá Mery arriben el 20 y 21 respectivamente. Mientras que el actual gerente general, Robert Andrew Mayne lo haría el 22, cerrando el desfile por el Tribunal Federal Nº 2.
Sobre la posibilidad de que los chilenos no lleguen a San Juan, Maldonado dijo que “hay una imputación y tienen que darle a conocer los hechos y las pruebas que hay. Ellos tendrán que realizar su descargo o no y luego el juez tendrá un plazo de 10 días para resolver si situación procesal. El acto de indagatoria es personal, no puede venir ningún representante legal”.
El conflicto es por el depósito de roca estéril y neumáticos que comenzaron a ser depositados en la escombrera Cerro Amarillo( que comenzaba en Chile y pasaba a suelo calingastino) entre los años 2004-2006 hasta 2011 cuando Glencore (ex Xtrata), se quejó de una usurpación de territorio ya que la escombrera excedía el límite del país. A raíz de esto, una medida judicial prohibió los trabajos en la zona y el sitio quedó bajo la orden de no realizar ninguna operación.
Desde la empresa sostienen que se trató de un error involuntario por un cambio de cartografía chileno que se hizo en 2008 y del cual no fueron informados.
Desde principios de noviembre Los Pelambres comenzó a retirar las gomas de camiones fuera de ruta del suelo sanjuanino. También expresaron que no tienen intención de quitar del lugar las toneladas de roca estéril depositadas en el lado argentino.
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Más denuncias de abuso de agrotóxicos en La Pampa
Alvear: vecinos denuncian focos de contaminación
Fecha de Publicación: 07/12/2016
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
Siguen apareciendo denuncias por el uso de los agroquímicos en la provincia. Un alvearense dijo que miembros de su familia presentaron problemas de salud y otro denunció que estuvo internado por intoxicación y que también se vieron afectados sus caballos y su huerta.
Dos vecinos alvearenses denunciaron durante los últimos días las consecuencias que sufren por el mal uso de agroquímicos en cercanías a la zona urbana. En un caso los insumos agropecuarios afectaron a sus caballos y a su huerta, y le provocaron al denunciante problemas respiratorios. En otro caso, un poblador que reside al lado de un depósito de máquinas pulverizadoras, dijo que miembros de su entorno familiar presentaron problemas de salud.
Uno de los perjudicados fue Abel Omar Lucero, quien manifestó que en cercanías a su domicilio se estacionan máquinas pulverizadoras y que esta situación afectó a la salud de algunos miembros de su familia.
El vecino, que concurrió a la charla que brindó recientemente el Colectivo Sanitario La Pampa que se realizó en el edificio Médano de General Pico, manifestó que tiene certificados médicos en los que constan las dolencias físicas sufridas por miembros de sus familias, a causa de la convivencia cercana al lugar donde se estacionan unas máquinas pulverizadoras.
Según le manifestó el vecino al sitio el norte en movimiento, su esposa y una de sus hijas sufren problemas de salud relacionados con la contaminación generada por los agroquímicos.
“Tengo certificados médicos, uno de ellos de la mamá de mis hijos, donde supuestamente tuvo un ACV de alta complejidad por el que se atendió con muchos médicos. Tengo también otro certificado médico por una hija con náuseas, ardor de cuero cabelludo y rostro, agotamiento físico, donde la doctora no dudó en decirme que esto tiene que ver con los sistemas químicos”, señaló.
Lucero en relación a esto dijo que está “conviviendo con dos máquinas fumigadoras a la par de mi casa, a 25 metros de distancia, con un olor que no te deja vivir”. Además manifestó que hizo una presentación en el Juzgado de Faltas de Intendente Alvear donde le pidieron tiempo para poder tomar alguna medida al respecto.
Caballos y huerta
Otro vecino alvearense, Diego Marsiglio, dijo que los agroquímicos le provocaron problemas respiratorios y refirió que también le intoxicaron dos equinos y le afectaron los cultivos de su huerta.
El vecino afectado aseguró que estuvo internado con problemas respiratorios, que se los adjudica a los agroquímicos.
Marsiglio había denunciado semanas atrás, la intoxicación de dos yeguas que presentaron ampollas de tamaño considerable. Los animales son utilizados para las pruebas de Endurance. Para este tipo de prácticas tenía afectados a cinco equinos de los cuales ahora sólo puede disponer de tres.
Además reveló que los agroquímicos también alcanzaron a los cultivos de una huerta que tiene, de la cual “no quedó nada”.
Estos casos se sumaron a la muerte de más de dos centenares de vacunos en la zona de Ingeniero Luiggi, tras beber agua contaminada que derramó en un bebedero una fumigadora, y a la aparición de centenares de bidones de agroquímicos en cercanías al poblado de Vértiz, que fueron arrastrados por el agua de las inundaciones.
CD piquense trata ordenanza sobre el uso de agroquímicos
Los concejales piquenses trabajan en un proyecto de ordenanza que tiene como objeto regular el manejo y el uso responsable de los agroquímicos en explotaciones agropecuarias. El proyecto que fue impulsado por el edil Reneé Pechín (PJ) ingresó en la vigésima sesión anual ordinaria que se desarrolló días atrás y el miércoles comenzará ser tratada en comisión, con la intención que sea aprobada antes de fin de año.
El impulsor del proyecto explicó que se presentó una “actualización de la norma porque la norma que está aprobada en el Plano Urbano, y el Código Urbano establece adecuar periódicamente la misma”.
El proyecto de ordenanza presentado por el bloque oficialista, tras los focos de contaminación que se generaron durante las últimas semanas en tres localidades norteñas (Vértiz, Ingeniero Luiggi e Intendente Alvear), clasifica los productos fitosanitarios o agroquímicos, de acuerdo a su toxicidad, y en su articulado se refiere a la correcta aplicación de los productos.
Dentro de la Zona de Protección Ambiental, sólo se podrán aplicar de forma terrestre, mediante una mochila u otro dispositivo. En tanto, desde el perímetro de la Zona de Resguardo Ambiental hasta los 1.500 metros, no se permite la aplicación por vía aérea, algo que si se autoriza superado ese límite.
Sanciones
Además el proyecto establece una serie de prohibiciones, que hacen al uso de responsable agroquímicos dentro del casco urbano. Como ser, se prohíbe dentro del ejido municipal correspondiente a suelo urbanizable, ingresar, circular, guardar o limpiar las pulverizadoras o todo equipo de aplicación terrestre.
También se establecen prohibiciones para los vehículos cargados con agroquímicos, y se prohíbe el descarte de envases de productos fitosanitarios. En caso de incumplimiento se aplicarán multas de acuerdo a lo establecido por la ordenanza fiscal y tarifaria.
“Esto es un pedido no sólo de algunas organizaciones que vienen a disertar, sino simplemente porque la gente está exigiendo algunos tipos de norma. En este tipo de problemáticas, las ciudades chicas en provincias como La Pampa, que son zonas agropecuarias en un gran porcentaje, los pueblos se empiezan a desarrollar horizontalmente por tanto los límites sobre fumigaciones y demás se van extendiendo, cada vez que hay que ir acompañando el desarrollo de los ciudades y de los pequeños pueblos, donde prácticamente se les fumiga al lado de las casas”, dijo Pechín.
“Esto es de suma importancia, por todo lo que nos rodea y por las cosas que han pasado. Tiene que ser un análisis técnico y político también porque hay que tomar decisiones importantes”, agregó.
Discusión profunda
El edil oficialista señaló que el proyecto ingresará esta semana al trabajo de comisión, y que se pretende aprobarla en la última sesión del año que se desarrollará el jueves 15 de diciembre.
“Esto pasó a comisión y el miércoles va a ser tratado, no creo que sufra demasiadas modificaciones porque es una actualización de la norma que fuera aprobada por el año 2013”, explicó.
Además dijo que se acompañará a cada uno de los concejos deliberantes de la zona para que legislen en el mismo sentido.
“Los demás concejos están requiriendo que los acompañemos con la normativa para ver si ellos pueden hacer algo similar que se adapte a las características de los pueblos. Hay estadísticas de casos de pueblos pequeños que nos rodean donde los problemas de salud están superando la media”, dijo.
Por último se refirió a los focos de contaminación que aparecieron en las últimas semanas, y dijo que se pretende legislar a favor de un uso responsable de los agroquímicos.
“Creo que pasa por hacer un uso del agroquímico como corresponde. Lo que pasó en Luiggi demuestra la toxicidad de los elementos que se usan que provocaron la muerte de 214 animales. Lo que pasó en Vértiz es una cosa que no tiene control. Se está duplicando el uso de agroquímicos porque las plagas generan resistencia y van aumentando los insumos. En nuestra ciudad en temporada estival concurren a la laguna cerca de 5.000 personas los fines de semana, donde se está fumigando al lado”, finalizó.
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Fecha de Publicación: 07/12/2016
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
Siguen apareciendo denuncias por el uso de los agroquímicos en la provincia. Un alvearense dijo que miembros de su familia presentaron problemas de salud y otro denunció que estuvo internado por intoxicación y que también se vieron afectados sus caballos y su huerta.
Dos vecinos alvearenses denunciaron durante los últimos días las consecuencias que sufren por el mal uso de agroquímicos en cercanías a la zona urbana. En un caso los insumos agropecuarios afectaron a sus caballos y a su huerta, y le provocaron al denunciante problemas respiratorios. En otro caso, un poblador que reside al lado de un depósito de máquinas pulverizadoras, dijo que miembros de su entorno familiar presentaron problemas de salud.
Uno de los perjudicados fue Abel Omar Lucero, quien manifestó que en cercanías a su domicilio se estacionan máquinas pulverizadoras y que esta situación afectó a la salud de algunos miembros de su familia.
El vecino, que concurrió a la charla que brindó recientemente el Colectivo Sanitario La Pampa que se realizó en el edificio Médano de General Pico, manifestó que tiene certificados médicos en los que constan las dolencias físicas sufridas por miembros de sus familias, a causa de la convivencia cercana al lugar donde se estacionan unas máquinas pulverizadoras.
Según le manifestó el vecino al sitio el norte en movimiento, su esposa y una de sus hijas sufren problemas de salud relacionados con la contaminación generada por los agroquímicos.
“Tengo certificados médicos, uno de ellos de la mamá de mis hijos, donde supuestamente tuvo un ACV de alta complejidad por el que se atendió con muchos médicos. Tengo también otro certificado médico por una hija con náuseas, ardor de cuero cabelludo y rostro, agotamiento físico, donde la doctora no dudó en decirme que esto tiene que ver con los sistemas químicos”, señaló.
Lucero en relación a esto dijo que está “conviviendo con dos máquinas fumigadoras a la par de mi casa, a 25 metros de distancia, con un olor que no te deja vivir”. Además manifestó que hizo una presentación en el Juzgado de Faltas de Intendente Alvear donde le pidieron tiempo para poder tomar alguna medida al respecto.
Caballos y huerta
Otro vecino alvearense, Diego Marsiglio, dijo que los agroquímicos le provocaron problemas respiratorios y refirió que también le intoxicaron dos equinos y le afectaron los cultivos de su huerta.
El vecino afectado aseguró que estuvo internado con problemas respiratorios, que se los adjudica a los agroquímicos.
Marsiglio había denunciado semanas atrás, la intoxicación de dos yeguas que presentaron ampollas de tamaño considerable. Los animales son utilizados para las pruebas de Endurance. Para este tipo de prácticas tenía afectados a cinco equinos de los cuales ahora sólo puede disponer de tres.
Además reveló que los agroquímicos también alcanzaron a los cultivos de una huerta que tiene, de la cual “no quedó nada”.
Estos casos se sumaron a la muerte de más de dos centenares de vacunos en la zona de Ingeniero Luiggi, tras beber agua contaminada que derramó en un bebedero una fumigadora, y a la aparición de centenares de bidones de agroquímicos en cercanías al poblado de Vértiz, que fueron arrastrados por el agua de las inundaciones.
CD piquense trata ordenanza sobre el uso de agroquímicos
Los concejales piquenses trabajan en un proyecto de ordenanza que tiene como objeto regular el manejo y el uso responsable de los agroquímicos en explotaciones agropecuarias. El proyecto que fue impulsado por el edil Reneé Pechín (PJ) ingresó en la vigésima sesión anual ordinaria que se desarrolló días atrás y el miércoles comenzará ser tratada en comisión, con la intención que sea aprobada antes de fin de año.
El impulsor del proyecto explicó que se presentó una “actualización de la norma porque la norma que está aprobada en el Plano Urbano, y el Código Urbano establece adecuar periódicamente la misma”.
El proyecto de ordenanza presentado por el bloque oficialista, tras los focos de contaminación que se generaron durante las últimas semanas en tres localidades norteñas (Vértiz, Ingeniero Luiggi e Intendente Alvear), clasifica los productos fitosanitarios o agroquímicos, de acuerdo a su toxicidad, y en su articulado se refiere a la correcta aplicación de los productos.
Dentro de la Zona de Protección Ambiental, sólo se podrán aplicar de forma terrestre, mediante una mochila u otro dispositivo. En tanto, desde el perímetro de la Zona de Resguardo Ambiental hasta los 1.500 metros, no se permite la aplicación por vía aérea, algo que si se autoriza superado ese límite.
Sanciones
Además el proyecto establece una serie de prohibiciones, que hacen al uso de responsable agroquímicos dentro del casco urbano. Como ser, se prohíbe dentro del ejido municipal correspondiente a suelo urbanizable, ingresar, circular, guardar o limpiar las pulverizadoras o todo equipo de aplicación terrestre.
También se establecen prohibiciones para los vehículos cargados con agroquímicos, y se prohíbe el descarte de envases de productos fitosanitarios. En caso de incumplimiento se aplicarán multas de acuerdo a lo establecido por la ordenanza fiscal y tarifaria.
“Esto es un pedido no sólo de algunas organizaciones que vienen a disertar, sino simplemente porque la gente está exigiendo algunos tipos de norma. En este tipo de problemáticas, las ciudades chicas en provincias como La Pampa, que son zonas agropecuarias en un gran porcentaje, los pueblos se empiezan a desarrollar horizontalmente por tanto los límites sobre fumigaciones y demás se van extendiendo, cada vez que hay que ir acompañando el desarrollo de los ciudades y de los pequeños pueblos, donde prácticamente se les fumiga al lado de las casas”, dijo Pechín.
“Esto es de suma importancia, por todo lo que nos rodea y por las cosas que han pasado. Tiene que ser un análisis técnico y político también porque hay que tomar decisiones importantes”, agregó.
Discusión profunda
El edil oficialista señaló que el proyecto ingresará esta semana al trabajo de comisión, y que se pretende aprobarla en la última sesión del año que se desarrollará el jueves 15 de diciembre.
“Esto pasó a comisión y el miércoles va a ser tratado, no creo que sufra demasiadas modificaciones porque es una actualización de la norma que fuera aprobada por el año 2013”, explicó.
Además dijo que se acompañará a cada uno de los concejos deliberantes de la zona para que legislen en el mismo sentido.
“Los demás concejos están requiriendo que los acompañemos con la normativa para ver si ellos pueden hacer algo similar que se adapte a las características de los pueblos. Hay estadísticas de casos de pueblos pequeños que nos rodean donde los problemas de salud están superando la media”, dijo.
Por último se refirió a los focos de contaminación que aparecieron en las últimas semanas, y dijo que se pretende legislar a favor de un uso responsable de los agroquímicos.
“Creo que pasa por hacer un uso del agroquímico como corresponde. Lo que pasó en Luiggi demuestra la toxicidad de los elementos que se usan que provocaron la muerte de 214 animales. Lo que pasó en Vértiz es una cosa que no tiene control. Se está duplicando el uso de agroquímicos porque las plagas generan resistencia y van aumentando los insumos. En nuestra ciudad en temporada estival concurren a la laguna cerca de 5.000 personas los fines de semana, donde se está fumigando al lado”, finalizó.
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Ambiente adjudicó tratamiento de RSU para Jujuy
Ambiente adjudicó obra para la gestión integral de residuos que beneficiará a 500.000 jujeños
Fecha de Publicación: 07/12/2016
Fuente: Ministerio de Ambiente
Provincia/Región: Jujuy
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que conduce el rabino Sergio Bergman, concretó la adjudicación de la licitación para Chanchillos 2, en Jujuy, el proyecto de obra pública más ambicioso del área ambiental de la Nación que se haya realizado en materia de gestión integral de residuos. A través del mismo serán beneficiados más de medio millón de habitantes, lo que representa el 76% de la población de la provincia.
El proyecto comprende a los municipios San Pedro, Yala, San Salvador de Jujuy, Palpalá, San Antonio, El Carmen, Monterrico y Perico y contó con una inversión total, junto a la primera etapa ya finalizada denominada Chanchillos 1, de alrededor de $ 250.000.000.
El ministro Bergman aseguró que “la política del ministerio de Ambiente está inscripta en una política de derechos humanos. Si se degrada el ambiente, se degrada lo humano”. Y agregó que “en este tema nuestra concepción es que los residuos son recursos en el marco de una economía circular. Pero primero hay que terminar con la indignidad de los basurales a cielo abierto”.
El emprendimiento consta de una planta de separación de materiales con una capacidad nominal de 120 toneladas diarias, con todas sus construcciones complementarias y que comprenden accesos, sistema de pesaje, caminos internos, playa de estacionamiento, oficinas, baños y vestuarios. Al mismo tiempo, se incluye la adquisición de equipos, maquinaria y la capacitación del personal que operará la planta de separación de materiales en su puesta en marcha, operación y mantenimiento.
La cartera de ambiente de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Gestión Integral de Residuos, será la ejecutora en el marco del Programa Basural Cero. Bergman explicó sobre el programa que “promueve obras de saneamiento para erradicar los basurales a cielo abierto, una correcta gestión de los residuos; y resolver así las problemáticas sociales, ambientales y de salud de la gente”.
La propuesta prevé también la construcción del primer módulo de relleno sanitario, un playón de compostaje y obras civiles auxiliares del Centro Ambiental Chanchillos. Se contempla además una planta de separación y transferencia en la localidad de San Pedro y la clausura de dos de los basurales a cielo abierto más grandes del país: el de Palpalá y El Pongo.
Cabe destacar además que se está implementando un plan de inclusión social y otro de comunicación ambiental y social, que permiten integrar, educar y concientizar, colaborando en la mejora de la calidad de vida de los jujeños.
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Fecha de Publicación: 07/12/2016
Fuente: Ministerio de Ambiente
Provincia/Región: Jujuy
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que conduce el rabino Sergio Bergman, concretó la adjudicación de la licitación para Chanchillos 2, en Jujuy, el proyecto de obra pública más ambicioso del área ambiental de la Nación que se haya realizado en materia de gestión integral de residuos. A través del mismo serán beneficiados más de medio millón de habitantes, lo que representa el 76% de la población de la provincia.
El proyecto comprende a los municipios San Pedro, Yala, San Salvador de Jujuy, Palpalá, San Antonio, El Carmen, Monterrico y Perico y contó con una inversión total, junto a la primera etapa ya finalizada denominada Chanchillos 1, de alrededor de $ 250.000.000.
El ministro Bergman aseguró que “la política del ministerio de Ambiente está inscripta en una política de derechos humanos. Si se degrada el ambiente, se degrada lo humano”. Y agregó que “en este tema nuestra concepción es que los residuos son recursos en el marco de una economía circular. Pero primero hay que terminar con la indignidad de los basurales a cielo abierto”.
El emprendimiento consta de una planta de separación de materiales con una capacidad nominal de 120 toneladas diarias, con todas sus construcciones complementarias y que comprenden accesos, sistema de pesaje, caminos internos, playa de estacionamiento, oficinas, baños y vestuarios. Al mismo tiempo, se incluye la adquisición de equipos, maquinaria y la capacitación del personal que operará la planta de separación de materiales en su puesta en marcha, operación y mantenimiento.
La cartera de ambiente de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Gestión Integral de Residuos, será la ejecutora en el marco del Programa Basural Cero. Bergman explicó sobre el programa que “promueve obras de saneamiento para erradicar los basurales a cielo abierto, una correcta gestión de los residuos; y resolver así las problemáticas sociales, ambientales y de salud de la gente”.
La propuesta prevé también la construcción del primer módulo de relleno sanitario, un playón de compostaje y obras civiles auxiliares del Centro Ambiental Chanchillos. Se contempla además una planta de separación y transferencia en la localidad de San Pedro y la clausura de dos de los basurales a cielo abierto más grandes del país: el de Palpalá y El Pongo.
Cabe destacar además que se está implementando un plan de inclusión social y otro de comunicación ambiental y social, que permiten integrar, educar y concientizar, colaborando en la mejora de la calidad de vida de los jujeños.
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No hay justicia para Nicolás Arévalo
Juicio por agrotóxicos en Corrientes: el productor hortícola fue sobreseído
Fecha de Publicación: 06/12/2016
Fuente: Hoy Corrientes
Provincia/Región: Corrientes
Por unanimidad, el Tribunal Oral Penal de Goya, resolvió sobreseer de culpa y cargo al productor hortícola Nicolás Prieto, quien estaba acusado por la muerte de Nicolás Arévalo y daños a la salud de Celeste Estévez por el uso indebido de agrotóxicos en un establecimiento rural de Lavalle.
Bajo una fuerte presencia policial dentro de la sala se leyó el fallo. La familia Arévalo, afuera del recinto, una vez conocido el fallo, expresó su disconformidad con gritos e insultos; donde se armó un cordón policial para la salida de Prieto.
El único acusado, Ricardo Prieto, fue considerado inocente por la justicia correntina, donde se estimó que faltaron pruebas desde la querella para encontrarlo culpable.
El juicio salió a favor del productor de la tomatera ubicada en el Departamento Lavalle; quien fue acusado por el homicidio a Nicolás Arévalo y las profundas lesiones que sufrió su prima, Celeste Estévez por tener contacto con el endosulfan, un insecticida y acaricida organoclorado, en aquella localidad del interior correntino en el año 2011.
El 25 de noviembre la justicia correntina decidió enviar a cuarto intermedio hasta este 5 de diciembre. La defensa de Ricardo Prieto, único acusado de haber utilizado de forma indiscriminada el agroquímico para la tomatera que se encuentra a 30 metros de la casa de las víctimas trabajó de forma durísima.
Finalmente, Prieto fue considerado inocente por falta de pruebas por parte de la querella. Es el propietario de la tomatera, era considerado el único responsable de fumigar los tendaleros y haber realizado un escurrido con ese insecticida.
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Fecha de Publicación: 06/12/2016
Fuente: Hoy Corrientes
Provincia/Región: Corrientes
Por unanimidad, el Tribunal Oral Penal de Goya, resolvió sobreseer de culpa y cargo al productor hortícola Nicolás Prieto, quien estaba acusado por la muerte de Nicolás Arévalo y daños a la salud de Celeste Estévez por el uso indebido de agrotóxicos en un establecimiento rural de Lavalle.
Bajo una fuerte presencia policial dentro de la sala se leyó el fallo. La familia Arévalo, afuera del recinto, una vez conocido el fallo, expresó su disconformidad con gritos e insultos; donde se armó un cordón policial para la salida de Prieto.
El único acusado, Ricardo Prieto, fue considerado inocente por la justicia correntina, donde se estimó que faltaron pruebas desde la querella para encontrarlo culpable.
El juicio salió a favor del productor de la tomatera ubicada en el Departamento Lavalle; quien fue acusado por el homicidio a Nicolás Arévalo y las profundas lesiones que sufrió su prima, Celeste Estévez por tener contacto con el endosulfan, un insecticida y acaricida organoclorado, en aquella localidad del interior correntino en el año 2011.
El 25 de noviembre la justicia correntina decidió enviar a cuarto intermedio hasta este 5 de diciembre. La defensa de Ricardo Prieto, único acusado de haber utilizado de forma indiscriminada el agroquímico para la tomatera que se encuentra a 30 metros de la casa de las víctimas trabajó de forma durísima.
Finalmente, Prieto fue considerado inocente por falta de pruebas por parte de la querella. Es el propietario de la tomatera, era considerado el único responsable de fumigar los tendaleros y haber realizado un escurrido con ese insecticida.
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Acumar hace agua
Un organismo que hace agua
Fecha de Publicación: 06/12/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Riachuelo
El presidente ejecutivo de Acumar, Julio Torti, es hijo de un represor y defensor de la dictadura. No estuvo en la audiencia de la Corte, donde quedó en evidencia la falta de políticas del organismo. El Consejo Directivo pedirá renuncias.
La audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia por el saneamiento del Riachuelo con autoridades del Acumar puso al desnudo un proceso de parálisis, desbande y estancamiento de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo desde el recambio de gobierno. Las respuestas ofrecidas por sus autoridades a los ministros de la Corte fueron malas, no contuvieron datos y resultaron tan pobres que uno de los jueces les reprochó la falta de interlocutor para realizar los seguimientos. Los funcionarios se pasaron unos a otros la obligación de responder mientras buscaban salir a flote de lo que todos los actores evaluaron como un papelón. La cabeza ejecutiva máxima ni siquiera fue, decidido a tomar unos días de vacaciones en las sierras de Córdoba. Y organismos de derechos humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) plantean que hay una ausencia total de políticas de Estado sobre la cuenca. El jueves, luego de la audiencia, hubo una primera señal de reacción. Los integrantes del Consejo Directivo se reunieron de urgencia para convocar también de urgencia una nueva reunión para el martes. Según la información oficial, si ninguno de los directivos presenta sus renuncias, las pedirán.
Uno de los hombres más afectados por los resultados de la audiencia fue Julio Torti. Torti es ingeniero químico y presidente ejecutivo de Acumar, es decir su autoridad máxima. Es uno de los ex CEO colocados por el Gobierno al frente de la gestión pública. En este caso, viene de ser CEO Regional durante dos años de ERM Environmental Resources Management, una compañía con localización global dedicada a la gestión de recursos ambientales. Llegó al gobierno de la mano del secretario de Obras Públicas, Daniel Chain.
Lo del miércoles en la Corte fue el estallido de ese paradigma de esa gestión tecnocrática, explica a PáginaI12 Eduardo Reese, director del área de derechos económicos, sociales y culturales del CELS.
Fronteras adentro del Acumar, Torti cultivó otros perfiles. Es un hombre con posturas públicas violentas sobre la gestión kirchnerista. Negacionista del terrorismo de Estado y reivindicador de sus alfiles. Es hijo, además, del vicealmirante Julio Torti, una de las máximas autoridades de la Armada a partir de 1976. Torti padre fue jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de diciembre 1976 a diciembre de 1977, comandante de la Fuerza de Tareas 3, de la que dependía la ESMA. Y Comandante de Operaciones Navales, área de la que dependían jerárquicamente todas las Fuerzas de Tareas a cargo de la represión. Carlos Menem lo indultó en 1989 y murió en abril de este año. Había sido proceso y estaba siendo juzgado en la megacausa ESMA. En ese momento, su hijo, el ingeniero, se tatuó un ancla en el brazo derecho como homenaje. En su perfil de Facebook pueden leerse aún frases que no borró a pesar que vienen circulando hace semanas en distintos espacios virtuales. Entre ellas, hay un homenaje a su padre, de noviembre de 2012. “La opinión de una mayoría no convierte en lo falso en verdadero. La dignidad de un hombre no se afecta por una injusticia. La necesidad de una masa sin valores, olvidadiza y cómoda no cambia los hechos. Si nuestro país tiene algún futuro es gracias a hombres como mi viejo”. En los textos también repite la lógica con la que los marinos justificaron el exterminio. “Qué estoy pensando me pregunta Facebook”, escribió ese mismo año. “Les cuento. Acabo de leer esta noticia y pienso en que me da vergüenza este gobierno, asco el 54 por ciento que votó y miedo por el país que se viene. Mañana se celebra el día del asesino impune, o sea del Montonero, y este gobierno adhiere al festejo. Lean”, y enlaza a una nota de La Nación. El 9 de noviembre de ese año le dijo a Cristina. “Kretina”. Y Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, vieja kretina.
Esa suerte de odio no es clandestino ni desconocido por sus empleados del Acumar. Desde el área de prensa, por ejemplo, le preguntaron si quería salir a responder algo sobre la cantidad de mensajes de su autoría que se habían viralizado en la web, pero dijo que no. No los borró. No los niega. Sólo limitó el acceso a su Facebook. “Esa es su manera de ver el mundo”, dicen quienes lo rodearon durante estos meses. Tanto es así que este último fin de semana, mientras ardía el organismo por los pases de factura ante la convocatoria de la Corte, se encerró en las sierras cordobesas. Clausuró el teléfono. Y escribió nuevamente en Facebook un mensaje en el mismo sentido.
La convocatoria de la Corte agudizó su proceso de desgaste. Quienes trabajan con él dicen que se borró. Quienes conocen el tema y las convocatorias de la Corte, saben que una audiencia por la Cuenca es cuestión de Estado. Torti designó a una de las directoras para reemplazarlo en la ponencia. Y también buceó alternativas entre segundas y terceras líneas. Durante el proceso de búsqueda de algún funcionario que saliera a poner la cara, uno de los directores mandó un mensaje de muy mal humor y puso a disposición la renuncia.
“Les comunico que hoy a las 16 horas me enteré por un mail enviado por la directora de Asuntos Jurídicos (Dra. Vallejos) que el Ing. Torti mañana no concurrirá a la audiencia de la CSJN”, dijo en el enojadísimo whastapp el director general de Administración, Martín Prezioso. “En el mismo se nos consultaba tanto a Gabriela (Seijó) como a mí quién sería el expositor de la presentación (…). Teniendo en cuenta que Gabriela no dio respuesta y que en el escrito presentado ante la CSJN se me puso a mí como suplente (sin siquiera consultarme), entiendo que yo debo ser quien exponga. A su vez, a esta hora todavía no existe la presentación final, ni un documento relatorio de la misma que yo pueda estudiar para exponer”. Así las cosas, el hombre dice que como la Corte sostiene que no iba a aceptar que el relator principal pudiera hacer intervenir a otros directores, tomó la decisión de no ir a la audiencia. “Dada la falta de trabajo en equipo y la no respuesta de Julio y de Gabriela durante todo el fin de semana y hasta ahora, ante mis reiterados pedidos de información para exponer a tan importante audiencia de carácter político e institucional, no cuento con las herramientas necesarias de las ares que no son mi competencia para mañana defender al Acumar”. Allí dice que no irá. Y pone a disposición su renuncia.
La audiencia se hizo el miércoles. Tal como señaló este diario, luego de las presentaciones, los cinco jueces del máximo tribunal preguntaron al organismo sobre los indicadores para evaluar el proceso de saneamiento. Gabriela Seijó, vicepresidenta ejecutiva de Acumar respondió que después de un año aún no tienen indicadores definitivos: “tras el nuevo ‘plan’ del organismo, se han estado planteando nuevos indicadores, que dependen de cada proyecto en particular, sin un carácter definitivo”. Cuando los jueces quisieron saber respuestas concretas sobre asistencia a los niños con problemas, los funcionarios tampoco supieron responder. Al punto que el juez Horacio Rosatti observó que “si no se puede establecer un diálogo con quien pueda responder preguntas es difícil hacer un seguimiento como necesita esta Corte”. Como respuesta a la presentación del informe, se lo escuchó también a Ricardo Lorenzetti: “Y lo que nos dice el informe es que ya hay 5200 millones de dólares invertidos pero sólo se cumplió el 20 por ciento de la sentencia, ¿qué se hizo con eso?”
“Lo que sucedió en la audiencia del jueves en la Corte fue que se desnudó la incapacidad de trabajo sobre la complejidad de la cuenca, donde la lógica de la tecnocracia propuesta por el gobierno de la derecha demostró su rotundo fracaso”, explicó Reese. “Lo único que tenían para decir fue excusarse en la lógica de la herencia recibida, y cuando podían decir algo acerca para explicar lo que hicieron ni siquiera tuvieron la capacidad de explicarlo. El fracaso fue grosero. Lo dijimos. Demuestra la situación de desbande y desastre en la gestión desde el cambio de gobierno que durante el año no pudo dar respuesta a ninguna de las cuestiones expresadas en las mandas de la Corte. Y las razones pueden ser varias, pero por un lado lo que se observa es la falta de conducción en un organismo que además tiene un segundo desafío que es el trabajo y la necesidad de articulación con una multiplicidad de problemas y cuestiones territoriales. Hay un universo múltiple de actores, 14 municipios, provincia de Buenos Aires, Ciudad. Y que para coordinarlos, también hay que tener capacidad de conducción y de liderazgo. Hubo muchos errores previos pero se hicieron muchas cosas hasta diciembre del año pasado. Había una lógica política subyacente. Acá no hay nada de nada. Hoy Acumar no existe como institución con capacidad de nuclear, coordinar y trabajar de modo asociado en un contexto y un problema que además es muy difícil acá, en Alemania y en dónde sea”.
Antollín Magallanes fue vicepresidente del Acumar durante tres años, hasta diciembre de 2015. “Lo que me preocupa es que aún no definieron qué hacer de la gestión”, dice. “Nosotros dejamos listo un plan con indicadores que siempre dijimos que debían ir variando porque recuperar la cuenca es un tema complejo que requiere la responsabilidad de múltiples actores. Tengo la sensación de que todo ese proceso se cortó: cortaron todo lo que se había estado instalando. Y es un límite muy fino pero hay un problema muy grande cuando se te rompe la continuidad de la gestión en la cuenca y vos estás trabajando con temas como la pobreza, carencias, marginación, contaminación pero además situaciones muy técnicas como territorio, espacios verdes, son múltiples relaciones para armonizar”.
Cada 15 días, los jueves se reúne en consejo directivo del Acumar, compuesto por siete integrantes de las tres jurisdicciones que integran el organismo. Por arriba de ellos está el ministro de Ambiente, Sergio Bergman y por abajo, y hasta ahora, Torti. Ayer se reunieron cinco de los siete. Sergio Federovsky, Ivan Kerr, María Fernanda Reyes, Miguel Saredi y Alberto Términe. De acuerdo a la información oficial, convocaron a la plana ejecutiva a una reunión extraordinaria para el próximo martes. Ayer circularon rumores de renuncias. Cuando PáginaI12 quiso confirmar si eran ciertos, respondieron desde el organismo que si no hay renuncias el Directorio va a pedirlas.
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Fecha de Publicación: 06/12/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Riachuelo
El presidente ejecutivo de Acumar, Julio Torti, es hijo de un represor y defensor de la dictadura. No estuvo en la audiencia de la Corte, donde quedó en evidencia la falta de políticas del organismo. El Consejo Directivo pedirá renuncias.
La audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia por el saneamiento del Riachuelo con autoridades del Acumar puso al desnudo un proceso de parálisis, desbande y estancamiento de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo desde el recambio de gobierno. Las respuestas ofrecidas por sus autoridades a los ministros de la Corte fueron malas, no contuvieron datos y resultaron tan pobres que uno de los jueces les reprochó la falta de interlocutor para realizar los seguimientos. Los funcionarios se pasaron unos a otros la obligación de responder mientras buscaban salir a flote de lo que todos los actores evaluaron como un papelón. La cabeza ejecutiva máxima ni siquiera fue, decidido a tomar unos días de vacaciones en las sierras de Córdoba. Y organismos de derechos humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) plantean que hay una ausencia total de políticas de Estado sobre la cuenca. El jueves, luego de la audiencia, hubo una primera señal de reacción. Los integrantes del Consejo Directivo se reunieron de urgencia para convocar también de urgencia una nueva reunión para el martes. Según la información oficial, si ninguno de los directivos presenta sus renuncias, las pedirán.
Uno de los hombres más afectados por los resultados de la audiencia fue Julio Torti. Torti es ingeniero químico y presidente ejecutivo de Acumar, es decir su autoridad máxima. Es uno de los ex CEO colocados por el Gobierno al frente de la gestión pública. En este caso, viene de ser CEO Regional durante dos años de ERM Environmental Resources Management, una compañía con localización global dedicada a la gestión de recursos ambientales. Llegó al gobierno de la mano del secretario de Obras Públicas, Daniel Chain.
Lo del miércoles en la Corte fue el estallido de ese paradigma de esa gestión tecnocrática, explica a PáginaI12 Eduardo Reese, director del área de derechos económicos, sociales y culturales del CELS.
Fronteras adentro del Acumar, Torti cultivó otros perfiles. Es un hombre con posturas públicas violentas sobre la gestión kirchnerista. Negacionista del terrorismo de Estado y reivindicador de sus alfiles. Es hijo, además, del vicealmirante Julio Torti, una de las máximas autoridades de la Armada a partir de 1976. Torti padre fue jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de diciembre 1976 a diciembre de 1977, comandante de la Fuerza de Tareas 3, de la que dependía la ESMA. Y Comandante de Operaciones Navales, área de la que dependían jerárquicamente todas las Fuerzas de Tareas a cargo de la represión. Carlos Menem lo indultó en 1989 y murió en abril de este año. Había sido proceso y estaba siendo juzgado en la megacausa ESMA. En ese momento, su hijo, el ingeniero, se tatuó un ancla en el brazo derecho como homenaje. En su perfil de Facebook pueden leerse aún frases que no borró a pesar que vienen circulando hace semanas en distintos espacios virtuales. Entre ellas, hay un homenaje a su padre, de noviembre de 2012. “La opinión de una mayoría no convierte en lo falso en verdadero. La dignidad de un hombre no se afecta por una injusticia. La necesidad de una masa sin valores, olvidadiza y cómoda no cambia los hechos. Si nuestro país tiene algún futuro es gracias a hombres como mi viejo”. En los textos también repite la lógica con la que los marinos justificaron el exterminio. “Qué estoy pensando me pregunta Facebook”, escribió ese mismo año. “Les cuento. Acabo de leer esta noticia y pienso en que me da vergüenza este gobierno, asco el 54 por ciento que votó y miedo por el país que se viene. Mañana se celebra el día del asesino impune, o sea del Montonero, y este gobierno adhiere al festejo. Lean”, y enlaza a una nota de La Nación. El 9 de noviembre de ese año le dijo a Cristina. “Kretina”. Y Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, vieja kretina.
Esa suerte de odio no es clandestino ni desconocido por sus empleados del Acumar. Desde el área de prensa, por ejemplo, le preguntaron si quería salir a responder algo sobre la cantidad de mensajes de su autoría que se habían viralizado en la web, pero dijo que no. No los borró. No los niega. Sólo limitó el acceso a su Facebook. “Esa es su manera de ver el mundo”, dicen quienes lo rodearon durante estos meses. Tanto es así que este último fin de semana, mientras ardía el organismo por los pases de factura ante la convocatoria de la Corte, se encerró en las sierras cordobesas. Clausuró el teléfono. Y escribió nuevamente en Facebook un mensaje en el mismo sentido.
La convocatoria de la Corte agudizó su proceso de desgaste. Quienes trabajan con él dicen que se borró. Quienes conocen el tema y las convocatorias de la Corte, saben que una audiencia por la Cuenca es cuestión de Estado. Torti designó a una de las directoras para reemplazarlo en la ponencia. Y también buceó alternativas entre segundas y terceras líneas. Durante el proceso de búsqueda de algún funcionario que saliera a poner la cara, uno de los directores mandó un mensaje de muy mal humor y puso a disposición la renuncia.
“Les comunico que hoy a las 16 horas me enteré por un mail enviado por la directora de Asuntos Jurídicos (Dra. Vallejos) que el Ing. Torti mañana no concurrirá a la audiencia de la CSJN”, dijo en el enojadísimo whastapp el director general de Administración, Martín Prezioso. “En el mismo se nos consultaba tanto a Gabriela (Seijó) como a mí quién sería el expositor de la presentación (…). Teniendo en cuenta que Gabriela no dio respuesta y que en el escrito presentado ante la CSJN se me puso a mí como suplente (sin siquiera consultarme), entiendo que yo debo ser quien exponga. A su vez, a esta hora todavía no existe la presentación final, ni un documento relatorio de la misma que yo pueda estudiar para exponer”. Así las cosas, el hombre dice que como la Corte sostiene que no iba a aceptar que el relator principal pudiera hacer intervenir a otros directores, tomó la decisión de no ir a la audiencia. “Dada la falta de trabajo en equipo y la no respuesta de Julio y de Gabriela durante todo el fin de semana y hasta ahora, ante mis reiterados pedidos de información para exponer a tan importante audiencia de carácter político e institucional, no cuento con las herramientas necesarias de las ares que no son mi competencia para mañana defender al Acumar”. Allí dice que no irá. Y pone a disposición su renuncia.
La audiencia se hizo el miércoles. Tal como señaló este diario, luego de las presentaciones, los cinco jueces del máximo tribunal preguntaron al organismo sobre los indicadores para evaluar el proceso de saneamiento. Gabriela Seijó, vicepresidenta ejecutiva de Acumar respondió que después de un año aún no tienen indicadores definitivos: “tras el nuevo ‘plan’ del organismo, se han estado planteando nuevos indicadores, que dependen de cada proyecto en particular, sin un carácter definitivo”. Cuando los jueces quisieron saber respuestas concretas sobre asistencia a los niños con problemas, los funcionarios tampoco supieron responder. Al punto que el juez Horacio Rosatti observó que “si no se puede establecer un diálogo con quien pueda responder preguntas es difícil hacer un seguimiento como necesita esta Corte”. Como respuesta a la presentación del informe, se lo escuchó también a Ricardo Lorenzetti: “Y lo que nos dice el informe es que ya hay 5200 millones de dólares invertidos pero sólo se cumplió el 20 por ciento de la sentencia, ¿qué se hizo con eso?”
“Lo que sucedió en la audiencia del jueves en la Corte fue que se desnudó la incapacidad de trabajo sobre la complejidad de la cuenca, donde la lógica de la tecnocracia propuesta por el gobierno de la derecha demostró su rotundo fracaso”, explicó Reese. “Lo único que tenían para decir fue excusarse en la lógica de la herencia recibida, y cuando podían decir algo acerca para explicar lo que hicieron ni siquiera tuvieron la capacidad de explicarlo. El fracaso fue grosero. Lo dijimos. Demuestra la situación de desbande y desastre en la gestión desde el cambio de gobierno que durante el año no pudo dar respuesta a ninguna de las cuestiones expresadas en las mandas de la Corte. Y las razones pueden ser varias, pero por un lado lo que se observa es la falta de conducción en un organismo que además tiene un segundo desafío que es el trabajo y la necesidad de articulación con una multiplicidad de problemas y cuestiones territoriales. Hay un universo múltiple de actores, 14 municipios, provincia de Buenos Aires, Ciudad. Y que para coordinarlos, también hay que tener capacidad de conducción y de liderazgo. Hubo muchos errores previos pero se hicieron muchas cosas hasta diciembre del año pasado. Había una lógica política subyacente. Acá no hay nada de nada. Hoy Acumar no existe como institución con capacidad de nuclear, coordinar y trabajar de modo asociado en un contexto y un problema que además es muy difícil acá, en Alemania y en dónde sea”.
Antollín Magallanes fue vicepresidente del Acumar durante tres años, hasta diciembre de 2015. “Lo que me preocupa es que aún no definieron qué hacer de la gestión”, dice. “Nosotros dejamos listo un plan con indicadores que siempre dijimos que debían ir variando porque recuperar la cuenca es un tema complejo que requiere la responsabilidad de múltiples actores. Tengo la sensación de que todo ese proceso se cortó: cortaron todo lo que se había estado instalando. Y es un límite muy fino pero hay un problema muy grande cuando se te rompe la continuidad de la gestión en la cuenca y vos estás trabajando con temas como la pobreza, carencias, marginación, contaminación pero además situaciones muy técnicas como territorio, espacios verdes, son múltiples relaciones para armonizar”.
Cada 15 días, los jueves se reúne en consejo directivo del Acumar, compuesto por siete integrantes de las tres jurisdicciones que integran el organismo. Por arriba de ellos está el ministro de Ambiente, Sergio Bergman y por abajo, y hasta ahora, Torti. Ayer se reunieron cinco de los siete. Sergio Federovsky, Ivan Kerr, María Fernanda Reyes, Miguel Saredi y Alberto Términe. De acuerdo a la información oficial, convocaron a la plana ejecutiva a una reunión extraordinaria para el próximo martes. Ayer circularon rumores de renuncias. Cuando PáginaI12 quiso confirmar si eran ciertos, respondieron desde el organismo que si no hay renuncias el Directorio va a pedirlas.
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