Bariloche en el buen camino del reciclaje de RSU
10:25 | 
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Bariloche a un paso del reciclaje total de la basura
Fecha de Publicación: 26/05/2014
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Cada año llegan al basural 40.000 toneladas de residuos y un escaso porcentaje de materiales se recupera para reciclar. Pero esa proporción comenzará a cambiar el próximo verano cuando se ponga en funcionamiento la planta de separación de residuos con un moderno sistema mecánico que ya comienza a tomar forma en el vertedero municipal.
Una enorme estructura de hierro azul ya fue emplazada en la parte posterior del vertedero a cielo abierto, a unos 300 metros del acceso por la ruta 40 Sur. En ese galpón que comenzó a construirse en febrero se diseñará una planta de separación en óptimas condiciones de seguridad e higiene para que trabajen los 60 operadores de la Asociación de Recicladores Bariloche.
La estructura que levanta la empresa Deisa con mano de obra local, adjudicataria de la licitación realizada por el ministerio de Turismo de la Nación con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. Tendrá sanitarios, vestuarios y comedor para los recicladores, además de grupos electrógenos propios para que nunca deje de operar la maquinaria que permitirá agilizar el proceso de separación de material reciclable como cartón, vidrio, metal, papel y plástico.
Esa maquinaria -que ahora se encuentra desarmada a un lado de la nueva estructura- consiste en una cinta transportadora de selección con desgarradores de bolsas, trituradora de residuos orgánicos, un sistema de cubetas de clasificación donde los operadores manualmente con el avance de los residuos en la cinta los tomarán y separarán, mientras que los metales serán absorbidos automáticamente por un imán.
Los materiales reciblables son dispuestos luego en una compactadora que forma con ellos un fardo listo para su traslado a los distintos puntos de venta del país. El resto de los residuos serán trasladados al relleno sanitario (cuya obra comenzará después de la veda invernal) que se ubicará detrás del perímetro actual del basural, en tierras que obtuvo recientemente el municipio por un acuerdo con los propietarios, y los residuos orgánicos irá a la planta de compostaje.
La planta de separación y compostaje tiene un plazo de 9 meses pero en las próximas semanas habrá tiempo sin tareas por la veda climática. Por eso se estima que para el verano estará en funcionamiento, según indicó el secretario de Desarrollo Estratégico Horacio Fernández quien admitió que se debe realizar un "cambio cultural" en la población para que separe en origen.
El resto de la obra que incluye el relleno sanitario (una excavación con membrana impermeable y separación de líquidos lixiviados) y el saneamiento del basural a cielo abierto actual, concluirá en abril.
Con el nuevo tratamiento de la basura Bariloche podrá reciclar los 310 kilos anuales de basura que genera cada habitante y engrosar así las ventas de la ARB del material recuperado. Para lograrlo se capacitará en el uso de la nueva tecnología a los recicladores y se realizarán sendas campañas de concientización de la población para facilitar la separación en origen. Un paso posterior será la definición del retiro de residuos fraccionados por material con un diagrama de días específicos de circulación del camión recolector.
El fin de una postal gris
La funesta postal del basural a cielo abierto en el acceso Sur a la ciudad desaparecerá en corto plazo, un viejo reclamo de los vecinos de barrios aledaños afectados por la quema de basura y otras emanaciones, que celebran el avance de la obra.
El ministerio de Turismo de Nación incluyó en 2010 a Bariloche en el programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en municipios turísticos con una inversión de 70 millones de pesos, un proceso que ya se desarrolló en San Martín de los Andes, Villa la Angostura, El Bolsón y Junín de los Andes.
El proyecto demorado por cuestiones administrativas y de posesión de tierras que se resolvió a fines del 2013 con la obtención de la escritura traslativa de dominio de 37 hectáreas, se dividió en tres etapas con la planta de separación que realiza la empresa Deisa S.A, el relleno sanitario que ejecutará la empresa Dessler a partir de septiembre y la remediación del vertedero actual que realizará OPS.
El nuevo basural "implica poner fin a un foco de contaminación muy grande que emana contaminación a toda la ciudad" dijo la intendenta María Eugenia Martini tiempo atrás cuando se concretaron las licitaciones para dar inicio a la obra.
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Fecha de Publicación: 26/05/2014
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Cada año llegan al basural 40.000 toneladas de residuos y un escaso porcentaje de materiales se recupera para reciclar. Pero esa proporción comenzará a cambiar el próximo verano cuando se ponga en funcionamiento la planta de separación de residuos con un moderno sistema mecánico que ya comienza a tomar forma en el vertedero municipal.
Una enorme estructura de hierro azul ya fue emplazada en la parte posterior del vertedero a cielo abierto, a unos 300 metros del acceso por la ruta 40 Sur. En ese galpón que comenzó a construirse en febrero se diseñará una planta de separación en óptimas condiciones de seguridad e higiene para que trabajen los 60 operadores de la Asociación de Recicladores Bariloche.
La estructura que levanta la empresa Deisa con mano de obra local, adjudicataria de la licitación realizada por el ministerio de Turismo de la Nación con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. Tendrá sanitarios, vestuarios y comedor para los recicladores, además de grupos electrógenos propios para que nunca deje de operar la maquinaria que permitirá agilizar el proceso de separación de material reciclable como cartón, vidrio, metal, papel y plástico.
Esa maquinaria -que ahora se encuentra desarmada a un lado de la nueva estructura- consiste en una cinta transportadora de selección con desgarradores de bolsas, trituradora de residuos orgánicos, un sistema de cubetas de clasificación donde los operadores manualmente con el avance de los residuos en la cinta los tomarán y separarán, mientras que los metales serán absorbidos automáticamente por un imán.
Los materiales reciblables son dispuestos luego en una compactadora que forma con ellos un fardo listo para su traslado a los distintos puntos de venta del país. El resto de los residuos serán trasladados al relleno sanitario (cuya obra comenzará después de la veda invernal) que se ubicará detrás del perímetro actual del basural, en tierras que obtuvo recientemente el municipio por un acuerdo con los propietarios, y los residuos orgánicos irá a la planta de compostaje.
La planta de separación y compostaje tiene un plazo de 9 meses pero en las próximas semanas habrá tiempo sin tareas por la veda climática. Por eso se estima que para el verano estará en funcionamiento, según indicó el secretario de Desarrollo Estratégico Horacio Fernández quien admitió que se debe realizar un "cambio cultural" en la población para que separe en origen.
El resto de la obra que incluye el relleno sanitario (una excavación con membrana impermeable y separación de líquidos lixiviados) y el saneamiento del basural a cielo abierto actual, concluirá en abril.
Con el nuevo tratamiento de la basura Bariloche podrá reciclar los 310 kilos anuales de basura que genera cada habitante y engrosar así las ventas de la ARB del material recuperado. Para lograrlo se capacitará en el uso de la nueva tecnología a los recicladores y se realizarán sendas campañas de concientización de la población para facilitar la separación en origen. Un paso posterior será la definición del retiro de residuos fraccionados por material con un diagrama de días específicos de circulación del camión recolector.
El fin de una postal gris
La funesta postal del basural a cielo abierto en el acceso Sur a la ciudad desaparecerá en corto plazo, un viejo reclamo de los vecinos de barrios aledaños afectados por la quema de basura y otras emanaciones, que celebran el avance de la obra.
El ministerio de Turismo de Nación incluyó en 2010 a Bariloche en el programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en municipios turísticos con una inversión de 70 millones de pesos, un proceso que ya se desarrolló en San Martín de los Andes, Villa la Angostura, El Bolsón y Junín de los Andes.
El proyecto demorado por cuestiones administrativas y de posesión de tierras que se resolvió a fines del 2013 con la obtención de la escritura traslativa de dominio de 37 hectáreas, se dividió en tres etapas con la planta de separación que realiza la empresa Deisa S.A, el relleno sanitario que ejecutará la empresa Dessler a partir de septiembre y la remediación del vertedero actual que realizará OPS.
El nuevo basural "implica poner fin a un foco de contaminación muy grande que emana contaminación a toda la ciudad" dijo la intendenta María Eugenia Martini tiempo atrás cuando se concretaron las licitaciones para dar inicio a la obra.
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Sali-Dulce: faltan obras y la zafra está cerca
Instan a ingenio a concluir obras ante el nuevo inicio de la zafra
Fecha de Publicación: 26/05/2014
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Tucumán
Los martes, miércoles y jueves pasado se realizaron nuevas inspecciones a los 10 ingenios con destilería de alcohol de Tucumán, oportunidad en la que se hicieron serias advertencias a la fábrica San Juan, por presentar algunos retrasos en sus obras de contingencias, para evitar posibles daños ambientales en la cuenca Salí Dulce.
“A este ingenio se le ha dado un plazo (25 de junio) para que concluyan con tales obras, de no concluir, desde Santiago pediremos a las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación para que no comience con la actividad zafrera”, resaltó en diálogo con Nuevo Diario, el ministro del Agua y Medio Ambiente de la Provincia, Ing. Abel Tévez, quien remarcó que el resto de las industrias, “lograron avanzar con las obras comprometido tanto para el acondicionamiento de la vinaza como para cenizas”, aseguró.
La medida de control al ingenio San Juan fue planteada en el marco de una reunión de una parte miembro del Comité de cuenca Salí Dulce realizada el pasado jueves en la sede del Ministerio, con la presencia del defensor del Pueblo de la Provincia, Martín Díaz Achával; el secretario de Medio Ambiente de Tucumán, Alfredo Montalván; representantes de la Secretaria de Medio Ambiente de la Nación, entre otros funcionarios.
La obligada mesa de trabajo, se dio en el marco de un seguimiento estricto que se hará a las fábricas alcoholeras durante el mes de inicio de la zafra azucarera en la vecina provincia, a sabiendas que a fines del mes venidero, deberá presentarse un nuevo informe ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En tanto se definió que entre los días 16 y 17 de junio, se realicen sendos monitoreos en conjunto entre los equipos de trabajo de Santiago, Tucumán, la Nación y Córdoba, quienes intervendrán también aguas abajo de la extensa cuenca del Salí Dulce, área que prevé controlarse una vez por mes, para observar los caudales que se aportan hacia su desembocadura hacia Córdoba.
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Fecha de Publicación: 26/05/2014
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Tucumán
Los martes, miércoles y jueves pasado se realizaron nuevas inspecciones a los 10 ingenios con destilería de alcohol de Tucumán, oportunidad en la que se hicieron serias advertencias a la fábrica San Juan, por presentar algunos retrasos en sus obras de contingencias, para evitar posibles daños ambientales en la cuenca Salí Dulce.
“A este ingenio se le ha dado un plazo (25 de junio) para que concluyan con tales obras, de no concluir, desde Santiago pediremos a las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación para que no comience con la actividad zafrera”, resaltó en diálogo con Nuevo Diario, el ministro del Agua y Medio Ambiente de la Provincia, Ing. Abel Tévez, quien remarcó que el resto de las industrias, “lograron avanzar con las obras comprometido tanto para el acondicionamiento de la vinaza como para cenizas”, aseguró.
La medida de control al ingenio San Juan fue planteada en el marco de una reunión de una parte miembro del Comité de cuenca Salí Dulce realizada el pasado jueves en la sede del Ministerio, con la presencia del defensor del Pueblo de la Provincia, Martín Díaz Achával; el secretario de Medio Ambiente de Tucumán, Alfredo Montalván; representantes de la Secretaria de Medio Ambiente de la Nación, entre otros funcionarios.
La obligada mesa de trabajo, se dio en el marco de un seguimiento estricto que se hará a las fábricas alcoholeras durante el mes de inicio de la zafra azucarera en la vecina provincia, a sabiendas que a fines del mes venidero, deberá presentarse un nuevo informe ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En tanto se definió que entre los días 16 y 17 de junio, se realicen sendos monitoreos en conjunto entre los equipos de trabajo de Santiago, Tucumán, la Nación y Córdoba, quienes intervendrán también aguas abajo de la extensa cuenca del Salí Dulce, área que prevé controlarse una vez por mes, para observar los caudales que se aportan hacia su desembocadura hacia Córdoba.
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Pascua Lama: demandan a la Barrick por engañar
Demandan a Barrick Gold con u$s 6.000 millones por Pascua Lama
Fecha de Publicación: 25/05/2014
Fuente: Cronista
Provincia/Región: San Juan
Un grupo de abogados acusa a la firma de tergiversar la situación del proyecto minero binacional al engañar a los inversores sobre los desafíos económicos y ambientales del proyecto.
Siguen los problemas para el proyecto minero Pascua Lama de Barrick Gold.
Tras sufrir la paralización temporal de la iniciativa en suelo nacional y de algunos “dimes y diretes” entre autoridades de Chile y Argentina, hoy se conoció que un grupo de abogados presentó una demanda colectiva por 6.000 millones de dólares en contra de la firma en Canadá.
Según reporta la edición del miércoles de Financial Post que reproduce el Diario Financiero de Chile, la demanda acusa a la firma minera y a cuatro ejecutivos de alto rango de tergiversar la situación del proyecto binacional.
La demanda asegura que que Barrick y los ejecutivos engañaron a los inversionistas sobre los desafíos económicos y ambientales del proyecto.
“Barrick sabía o debería haber sabido que los costos significativos para construir y producir oro y plata de este proyecto harían una operación especulativa”, afirma la demanda presentada en la Corte Superior de Justicia de Ontario el miércoles .
Los demandantes también acusan que la compañía entregaron una revelación inexacta o engañosa sobre las condiciones ambientales en torno al proyecto.
“La acción plantea serias preguntas sobre cómo Barrick Gold lleva a cabo sus negocios y asuntos y la manera en la que se aumentó el capital en los mercados públicos”, dijo Kirk Baert de la firma de abogados Koskie Minsky.
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Fecha de Publicación: 25/05/2014
Fuente: Cronista
Provincia/Región: San Juan
Un grupo de abogados acusa a la firma de tergiversar la situación del proyecto minero binacional al engañar a los inversores sobre los desafíos económicos y ambientales del proyecto.
Siguen los problemas para el proyecto minero Pascua Lama de Barrick Gold.
Tras sufrir la paralización temporal de la iniciativa en suelo nacional y de algunos “dimes y diretes” entre autoridades de Chile y Argentina, hoy se conoció que un grupo de abogados presentó una demanda colectiva por 6.000 millones de dólares en contra de la firma en Canadá.
Según reporta la edición del miércoles de Financial Post que reproduce el Diario Financiero de Chile, la demanda acusa a la firma minera y a cuatro ejecutivos de alto rango de tergiversar la situación del proyecto binacional.
La demanda asegura que que Barrick y los ejecutivos engañaron a los inversionistas sobre los desafíos económicos y ambientales del proyecto.
“Barrick sabía o debería haber sabido que los costos significativos para construir y producir oro y plata de este proyecto harían una operación especulativa”, afirma la demanda presentada en la Corte Superior de Justicia de Ontario el miércoles .
Los demandantes también acusan que la compañía entregaron una revelación inexacta o engañosa sobre las condiciones ambientales en torno al proyecto.
“La acción plantea serias preguntas sobre cómo Barrick Gold lleva a cabo sus negocios y asuntos y la manera en la que se aumentó el capital en los mercados públicos”, dijo Kirk Baert de la firma de abogados Koskie Minsky.
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San Juan
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Zonas protegidas que caen al ritmo de la soja
La soja no les deja ver el bosque
Fecha de Publicación: 25/05/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Un informe de la organización ambientalista revela que la provincia autoriza excepciones que permiten la deforestación en zonas protegidas por la ley. Los desmontes afectan a comunidades originarias y campesinas que son desplazadas.
La Ley Nacional de Bosques, sancionada en 2007 para la protección de la forestación nativa, no se cumple en la provincia de Salta, donde dos decretos permiten excepciones que ya provocaron el desmonte de 120 mil hectáreas protegidas y amenazan con arrasar otras 125 mil, una superficie que equivale a seis veces la de la Ciudad de Buenos Aires. Los datos corresponden a un informe de la organización ambientalista Greenpeace, al que accedió Página/12, en el que se detalla cuáles son las grandes empresas que avanzan sobre los bosques salteños: entre otras, El Yuto, de la familia Macri; Spinica SA, que tiene en su directorio a Alejandro Roggio, del grupo homónimo, y Cuchy, propiedad del secretario Legal y Técnico de la Ciudad de Buenos Aires, Pablo Clusellas.
“La provincia de Salta recibe 45 millones de pesos anuales por parte de la Nación en compensación por el cumplimiento de la Ley Bosques, pero con esas excepciones no está cumpliendo con la norma”, dijo a Página/12 Hernán Giardino, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace. “Salta es la provincia donde la deforestación es mayor y donde más se incumple la Ley de Bosques”, agregó.
El no cumplimiento de la ley en la provincia de Salta se planteó en la última reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente, integrado por el gobierno nacional y representantes de todas las provincias, a la que el delegado salteño no asistió. “No podemos tomar una decisión unilateral desde la Nación, porque la aplicación de la ley es federal, pero estamos proponiendo otro mecanismo para que los aportes económicos lleguen directamente a los productores que protegen los bosques y a las comunidades indígenas y campesinas, y no terminen en el tesoro de la provincia”, dijo a Página/12 la subsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Silvia Revora.
La tala de bosques nativos en Salta está motorizada principalmente por el avance descontrolado de la frontera agropecuaria. Se arrasan extensas zonas arboladas para destinarlas a la plantación de soja o el pastoreo de ganado. No solo se pierden los bosques sino que desaparecen los recursos de comunidades indígenas y campesinas, habitantes ancestrales de ese suelo aunque carecen de títulos de propiedad.
A esas poblaciones también pretende proteger la ley sancionada en 2007, al establecer que cada provincia debe hacer un Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN), en forma participativa, con criterios ambientales pero también económicos y sociales mediante el cual quede en claro qué áreas se pueden deforestar (marcadas en el mapa con verde), en cuáles está prohibido (señaladas en rojo) y dónde se puede hacer un aprovechamiento sustentable, es decir, cortar árboles pero sin desmontar (pintadas de amarillo).
En las áreas marcadas en rojo o amarillo es donde viven comunidades indígenas y campesinas, para las cuales el monte es su hábitat y su fuente de sustento.
Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, antes de la sanción de la ley ya habían sido desmontadas más de 600 mil hectáreas en Salta: 194.386 entre 1998 y 2002 y 414.934 entre 2002 y 2006. En noviembre de 2007 se sancionó la Ley de Bosques (26.331) pero solo ese año, durante el debate parlamentario y para eludir la moratoria que establecería la norma, el entonces gobernador Juan Carlos Romero autorizó el desmonte de otras 400 mil hectáreas, según denunció en su momento Greenpeace. Ese año se quintuplicaron los permisos otorgados el año anterior.
Un año después la Legislatura provincial sancionó la ley de Ordenamiento Territorial que, llamativamente, no tenía el mapa que exige la ley nacional. Fue entonces que la Corte Suprema de la Nación, al hacer lugar a un amparo de comunidades indígenas y campesinas, tuvo que ordenar la suspensión de los permisos de desmonte hasta que se incorpore el mapa.
Eso ocurrió recién en julio de 2009: la nueva reglamentación permitía la deforestación en 1.592.366 hectáreas (área verde) y la prohibía en 1.294.778 (área roja), mientras que 5.303018 quedaban para el aprovechamiento sustentable (amarillo), es decir, permitía la tala parcial para obtención de leña o pequeñas plantaciones pero no el desmonte. Así, se permitía el desmonte del 19,23 por ciento de los bosques, previo estudio de impacto ambiental y audiencia pública. Pero para los dueños de la tierra eso no era suficiente.
Según el informe de Greenpeace, desde la sanción de la ley proliferaron las solicitudes de permisos, que encontraron eco en el gobierno provincial: “Se deforestaron más de 400.000 hectáreas, de las cuales 120 mil estaban protegidas por la Ley nacional”, asegura el informe, realizado a partir de un relevamiento de las audiencias públicas realizadas en la provincia para legitimar los desmontes.
¿Cómo es el mecanismo para que una empresa pueda hacer lo que está prohibido y no pagar por las consecuencias? Sencillamente, piden al gobierno provincial la recategorización de predios clasificados en las categorías I y II (rojo y amarillo), algo que está prohibido por la ley nacional. Y el gobierno lo otorga. “Para ello se vale de dos decretos, el 2211/10 y el 3136/11, que viola las normas nacionales”, advierte Giardino.
La reglamentación de la Ley de Bosques establece que la modificación de los ordenamientos debe hacerse cada cinco años y no a cada rato, como ocurre en la provincia norteña. Y dispone que mientras tanto, “en caso de duda respecto de la afectación de un predio, en forma total o parcial, se optará por la categoría de mayor valor de conservación”.
“El desmonte afecta la vida de las comunidades wichí, que viven de la caza y utilizan la leña como su principal fuente de energía, y a los campesinos que pastorean allí a sus animales”, dice a este diario Andrés Leake, de la Fundación Refugio, que trabaja con comunidades afectadas. “Esto provoca el desplazamiento de familias a las periferias de los centros urbanos, y es el origen de problemas como alcoholismo, prostitución y marginalidad.”
“Estamos luchando contra el mercado”, dice Silvia Révora, desde la Subsecretaría de Ambiente. “Los únicos interesados en que se cumpla la ley, además de nosotros, son los pobladores originarios que viven de los bosques. Por eso vamos a concentrar nuestros aportes en ellos y no tanto en los grandes empresarios, que si no deforestan ahora lo harán el año que viene.” “Esta es la mejor ley de bosques de América latina, la única donde el Estado nacional pone dinero para conservar los bosques. Estamos trabajando para que se cumpla y tenga éxito.”
A estas empresas no les interesa
De acuerdo con el informe de Greenpeace titulado Desmontes S.A., algunas de las empresas que tramitan permisos para poder arrasar con los bosques son las siguientes:
- La finca El Carmen, en el departamento San Martín, cerca de la ciudad de Embarcación. Tiene 7407 hectáreas de las cuales el 90 por ciento son de bosques nativos. Toda la finca está clasificada en la Categoría II (amarillo), es decir, que se permite un aprovechamiento sustentable, pero no desmonte. Pese a eso, el gobierno salteño autorizó el cambio a Categoría III (verde) de 3327 hectáreas. El Carmen es propiedad de Santa Cecilia del Oeste, de Aldo Navilli e hijos. Al Grupo Navilli pertenecen además la Compañía Argentina de Granos S.A. y Molino Cañuelas.
- La finca Cuchuy, ubicada en el departamento de San Martín, abarca cerca de 10 mil hectáreas de bosques nativos, superficie clasificada en las categorías I (rojo) y II (amarillo) en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia. Los propietarios de la finca, Pablo Clusellas (secretario Legal y Técnico de la CABA) y Alejandro Jaime Braun Peña, solicitaron al gobierno provincial el cambio a la categoría verde para desmontar 8962 hectáreas, de las cuales se les otorgó permiso para 5316. El desmonte de esa superficie afectará a las comunidades indígenas Cuchuy, San José, Corralito y Chaguaral. Esas comunidades ya habían denunciado que empresarios les ofrecían pequeños lotes de tierras para que les permitan seguir desmontando. “Quedaron aisladas en océanos de soja”, cuenta Andres Leake, de la Fundación Refugio.
- La finca El Yuto, que tiene 20 mil hectáreas, en el departamento San Martín. Es propiedad de Yuto S.A., del empresario Franco Macri y sus hijos, entre ellos, el jefe de Gobierno, Mauricio Macri. Fue clasificada como Categoría II (amarillo), pero el administrador de la finca pidió el desmonte de 8163 hectáreas para explotación agrícola. En esa finca resultan afectadas las comunidades indígenas y campesinas La Chirola, La Corzuela, Algarrobito, Asamblea de Dios, Las Llanas, La Mina y El Campamento.
- La Maravilla Lote A4 abarca 6191 hectáreas y es propiedad de la empresa Spinica S.A., cuyo directorio está integrado por Alejandro Roggio, uno de los principales accionistas del Grupo Roggio, contratista del Estado en construcciones, higiene urbana y transporte. La provincia los autorizó a desmontar 1423 hectáreas.
- El Establecimiento Agrobari S.A., del empresario portugués Joào Pereira Coutiño. Tiene una extensión de 30.000 hectáreas, en el departamento de Anta. Pidió permiso para desforestar 7259 hectáreas.
- Otras fincas con permisos de desmonte son La Peregrina, (7054 hectáreas); Santo Domingo o Palo Santo (3289); Nuevo Horizonte (9103), La Charqueada (1593); Establecimiento San Francisco (5779) y Establecimiento Ganadero Los Pozos (4184 hectáreas), entre otros.
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Fecha de Publicación: 25/05/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Un informe de la organización ambientalista revela que la provincia autoriza excepciones que permiten la deforestación en zonas protegidas por la ley. Los desmontes afectan a comunidades originarias y campesinas que son desplazadas.
La Ley Nacional de Bosques, sancionada en 2007 para la protección de la forestación nativa, no se cumple en la provincia de Salta, donde dos decretos permiten excepciones que ya provocaron el desmonte de 120 mil hectáreas protegidas y amenazan con arrasar otras 125 mil, una superficie que equivale a seis veces la de la Ciudad de Buenos Aires. Los datos corresponden a un informe de la organización ambientalista Greenpeace, al que accedió Página/12, en el que se detalla cuáles son las grandes empresas que avanzan sobre los bosques salteños: entre otras, El Yuto, de la familia Macri; Spinica SA, que tiene en su directorio a Alejandro Roggio, del grupo homónimo, y Cuchy, propiedad del secretario Legal y Técnico de la Ciudad de Buenos Aires, Pablo Clusellas.
“La provincia de Salta recibe 45 millones de pesos anuales por parte de la Nación en compensación por el cumplimiento de la Ley Bosques, pero con esas excepciones no está cumpliendo con la norma”, dijo a Página/12 Hernán Giardino, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace. “Salta es la provincia donde la deforestación es mayor y donde más se incumple la Ley de Bosques”, agregó.
El no cumplimiento de la ley en la provincia de Salta se planteó en la última reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente, integrado por el gobierno nacional y representantes de todas las provincias, a la que el delegado salteño no asistió. “No podemos tomar una decisión unilateral desde la Nación, porque la aplicación de la ley es federal, pero estamos proponiendo otro mecanismo para que los aportes económicos lleguen directamente a los productores que protegen los bosques y a las comunidades indígenas y campesinas, y no terminen en el tesoro de la provincia”, dijo a Página/12 la subsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Silvia Revora.
La tala de bosques nativos en Salta está motorizada principalmente por el avance descontrolado de la frontera agropecuaria. Se arrasan extensas zonas arboladas para destinarlas a la plantación de soja o el pastoreo de ganado. No solo se pierden los bosques sino que desaparecen los recursos de comunidades indígenas y campesinas, habitantes ancestrales de ese suelo aunque carecen de títulos de propiedad.
A esas poblaciones también pretende proteger la ley sancionada en 2007, al establecer que cada provincia debe hacer un Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN), en forma participativa, con criterios ambientales pero también económicos y sociales mediante el cual quede en claro qué áreas se pueden deforestar (marcadas en el mapa con verde), en cuáles está prohibido (señaladas en rojo) y dónde se puede hacer un aprovechamiento sustentable, es decir, cortar árboles pero sin desmontar (pintadas de amarillo).
En las áreas marcadas en rojo o amarillo es donde viven comunidades indígenas y campesinas, para las cuales el monte es su hábitat y su fuente de sustento.
Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, antes de la sanción de la ley ya habían sido desmontadas más de 600 mil hectáreas en Salta: 194.386 entre 1998 y 2002 y 414.934 entre 2002 y 2006. En noviembre de 2007 se sancionó la Ley de Bosques (26.331) pero solo ese año, durante el debate parlamentario y para eludir la moratoria que establecería la norma, el entonces gobernador Juan Carlos Romero autorizó el desmonte de otras 400 mil hectáreas, según denunció en su momento Greenpeace. Ese año se quintuplicaron los permisos otorgados el año anterior.
Un año después la Legislatura provincial sancionó la ley de Ordenamiento Territorial que, llamativamente, no tenía el mapa que exige la ley nacional. Fue entonces que la Corte Suprema de la Nación, al hacer lugar a un amparo de comunidades indígenas y campesinas, tuvo que ordenar la suspensión de los permisos de desmonte hasta que se incorpore el mapa.
Eso ocurrió recién en julio de 2009: la nueva reglamentación permitía la deforestación en 1.592.366 hectáreas (área verde) y la prohibía en 1.294.778 (área roja), mientras que 5.303018 quedaban para el aprovechamiento sustentable (amarillo), es decir, permitía la tala parcial para obtención de leña o pequeñas plantaciones pero no el desmonte. Así, se permitía el desmonte del 19,23 por ciento de los bosques, previo estudio de impacto ambiental y audiencia pública. Pero para los dueños de la tierra eso no era suficiente.
Según el informe de Greenpeace, desde la sanción de la ley proliferaron las solicitudes de permisos, que encontraron eco en el gobierno provincial: “Se deforestaron más de 400.000 hectáreas, de las cuales 120 mil estaban protegidas por la Ley nacional”, asegura el informe, realizado a partir de un relevamiento de las audiencias públicas realizadas en la provincia para legitimar los desmontes.
¿Cómo es el mecanismo para que una empresa pueda hacer lo que está prohibido y no pagar por las consecuencias? Sencillamente, piden al gobierno provincial la recategorización de predios clasificados en las categorías I y II (rojo y amarillo), algo que está prohibido por la ley nacional. Y el gobierno lo otorga. “Para ello se vale de dos decretos, el 2211/10 y el 3136/11, que viola las normas nacionales”, advierte Giardino.
La reglamentación de la Ley de Bosques establece que la modificación de los ordenamientos debe hacerse cada cinco años y no a cada rato, como ocurre en la provincia norteña. Y dispone que mientras tanto, “en caso de duda respecto de la afectación de un predio, en forma total o parcial, se optará por la categoría de mayor valor de conservación”.
“El desmonte afecta la vida de las comunidades wichí, que viven de la caza y utilizan la leña como su principal fuente de energía, y a los campesinos que pastorean allí a sus animales”, dice a este diario Andrés Leake, de la Fundación Refugio, que trabaja con comunidades afectadas. “Esto provoca el desplazamiento de familias a las periferias de los centros urbanos, y es el origen de problemas como alcoholismo, prostitución y marginalidad.”
“Estamos luchando contra el mercado”, dice Silvia Révora, desde la Subsecretaría de Ambiente. “Los únicos interesados en que se cumpla la ley, además de nosotros, son los pobladores originarios que viven de los bosques. Por eso vamos a concentrar nuestros aportes en ellos y no tanto en los grandes empresarios, que si no deforestan ahora lo harán el año que viene.” “Esta es la mejor ley de bosques de América latina, la única donde el Estado nacional pone dinero para conservar los bosques. Estamos trabajando para que se cumpla y tenga éxito.”
A estas empresas no les interesa
De acuerdo con el informe de Greenpeace titulado Desmontes S.A., algunas de las empresas que tramitan permisos para poder arrasar con los bosques son las siguientes:
- La finca El Carmen, en el departamento San Martín, cerca de la ciudad de Embarcación. Tiene 7407 hectáreas de las cuales el 90 por ciento son de bosques nativos. Toda la finca está clasificada en la Categoría II (amarillo), es decir, que se permite un aprovechamiento sustentable, pero no desmonte. Pese a eso, el gobierno salteño autorizó el cambio a Categoría III (verde) de 3327 hectáreas. El Carmen es propiedad de Santa Cecilia del Oeste, de Aldo Navilli e hijos. Al Grupo Navilli pertenecen además la Compañía Argentina de Granos S.A. y Molino Cañuelas.
- La finca Cuchuy, ubicada en el departamento de San Martín, abarca cerca de 10 mil hectáreas de bosques nativos, superficie clasificada en las categorías I (rojo) y II (amarillo) en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia. Los propietarios de la finca, Pablo Clusellas (secretario Legal y Técnico de la CABA) y Alejandro Jaime Braun Peña, solicitaron al gobierno provincial el cambio a la categoría verde para desmontar 8962 hectáreas, de las cuales se les otorgó permiso para 5316. El desmonte de esa superficie afectará a las comunidades indígenas Cuchuy, San José, Corralito y Chaguaral. Esas comunidades ya habían denunciado que empresarios les ofrecían pequeños lotes de tierras para que les permitan seguir desmontando. “Quedaron aisladas en océanos de soja”, cuenta Andres Leake, de la Fundación Refugio.
- La finca El Yuto, que tiene 20 mil hectáreas, en el departamento San Martín. Es propiedad de Yuto S.A., del empresario Franco Macri y sus hijos, entre ellos, el jefe de Gobierno, Mauricio Macri. Fue clasificada como Categoría II (amarillo), pero el administrador de la finca pidió el desmonte de 8163 hectáreas para explotación agrícola. En esa finca resultan afectadas las comunidades indígenas y campesinas La Chirola, La Corzuela, Algarrobito, Asamblea de Dios, Las Llanas, La Mina y El Campamento.
- La Maravilla Lote A4 abarca 6191 hectáreas y es propiedad de la empresa Spinica S.A., cuyo directorio está integrado por Alejandro Roggio, uno de los principales accionistas del Grupo Roggio, contratista del Estado en construcciones, higiene urbana y transporte. La provincia los autorizó a desmontar 1423 hectáreas.
- El Establecimiento Agrobari S.A., del empresario portugués Joào Pereira Coutiño. Tiene una extensión de 30.000 hectáreas, en el departamento de Anta. Pidió permiso para desforestar 7259 hectáreas.
- Otras fincas con permisos de desmonte son La Peregrina, (7054 hectáreas); Santo Domingo o Palo Santo (3289); Nuevo Horizonte (9103), La Charqueada (1593); Establecimiento San Francisco (5779) y Establecimiento Ganadero Los Pozos (4184 hectáreas), entre otros.
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Se aprobó la creación del Parque Nacional Patagonia
El Senado aprobó la creación del Parque Nacional Patagonia
Fecha de Publicación: 24/05/2014
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Patagonia
La nueva área protegida preservará parte de la meseta del Lago Buenos Aires, prioritaria para la conservación de la biodiversidad de la estepa patagónica
El Senado aprobó la creación del Parque Nacional Patagonia, un proyecto impulsado por los senadores santacruceños María Ester Labado y Pablo Gonzáles, y el acompañamiento del senador Freddy Martínez.
El área que abarcará el nuevo Parque Nacional es una meseta patagónica que alberga numerosas lagunas en las que el Macá Tobiano, un ave que migra en el invierno y que está en vía de extinción, encuentra las condiciones necesarias para su nidificación.
A su vez, además de la flora y fauna patagónica, entre las que se incluyen algunas especies endémicas, se encuentra una variedad de manifestaciones arqueológicas, destacándose petroglifos y parapetos.
La decisión fue recibida con entusiasmo por parte de diferentes ONG´s como Aves Argentinas, Ambiente Sur y la Fundación Flora y Fauna en la región, que desde el año 2007 vienen trabajando para la conservación de la biodiversidad de esa zona.
Según un comunicado de la Administración de Parques Nacionales, la custodia por parte de ese organismo ya comenzó en forma previa a la creación definitiva del Parque Nacional, de acuerdo a lo previsto en la Ley Provincial de Cesión de Jurisdicción sancionada en 2013.
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Fecha de Publicación: 24/05/2014
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Patagonia
La nueva área protegida preservará parte de la meseta del Lago Buenos Aires, prioritaria para la conservación de la biodiversidad de la estepa patagónica
El Senado aprobó la creación del Parque Nacional Patagonia, un proyecto impulsado por los senadores santacruceños María Ester Labado y Pablo Gonzáles, y el acompañamiento del senador Freddy Martínez.
El área que abarcará el nuevo Parque Nacional es una meseta patagónica que alberga numerosas lagunas en las que el Macá Tobiano, un ave que migra en el invierno y que está en vía de extinción, encuentra las condiciones necesarias para su nidificación.
A su vez, además de la flora y fauna patagónica, entre las que se incluyen algunas especies endémicas, se encuentra una variedad de manifestaciones arqueológicas, destacándose petroglifos y parapetos.
La decisión fue recibida con entusiasmo por parte de diferentes ONG´s como Aves Argentinas, Ambiente Sur y la Fundación Flora y Fauna en la región, que desde el año 2007 vienen trabajando para la conservación de la biodiversidad de esa zona.
Según un comunicado de la Administración de Parques Nacionales, la custodia por parte de ese organismo ya comenzó en forma previa a la creación definitiva del Parque Nacional, de acuerdo a lo previsto en la Ley Provincial de Cesión de Jurisdicción sancionada en 2013.
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RAEE: cada argentino descarta 4 kilos al año
Cada argentino produce cuatro kilos de basura electrónica al año
Fecha de Publicación: 24/05/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
En 2012, hubo 440 mil toneladas de deshechos. Argentina es el tercer país de la región que más basura de este tipo genera.
Cada argentino produce en promedio unos cuatro kilos de basura electrónica al año, según el informe eWaste hecho en base a datos de la a Universidad de las Naciones Unidas (UNU).
El estudio revela que el país generó unos 440 mil toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (Raee) en 2012 (ver informe en PDF).
Argentina aparece en el tercer lugar del ranking regional, encabezado por Brasil, donde se generaron 1.388.000 toneladas de basura. Lo sigue México con 1.003.000 de toneladas.
Se espera que para el próximo año el país produzca unas 550.000 toneladas de basura electrónica.
El informe sostiene que el país no cuenta con una norma específica y de alcance nacional para el tratamiento de estos residuos, algo frecuente en los países de la región. "No obstante, en octubre de 2013 se presentó un proyecto de ley que obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores y espera la media sanción restante en la Cámara de Diputados", sostiene.
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Fecha de Publicación: 24/05/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
En 2012, hubo 440 mil toneladas de deshechos. Argentina es el tercer país de la región que más basura de este tipo genera.
Cada argentino produce en promedio unos cuatro kilos de basura electrónica al año, según el informe eWaste hecho en base a datos de la a Universidad de las Naciones Unidas (UNU).
El estudio revela que el país generó unos 440 mil toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (Raee) en 2012 (ver informe en PDF).
Argentina aparece en el tercer lugar del ranking regional, encabezado por Brasil, donde se generaron 1.388.000 toneladas de basura. Lo sigue México con 1.003.000 de toneladas.
Se espera que para el próximo año el país produzca unas 550.000 toneladas de basura electrónica.
El informe sostiene que el país no cuenta con una norma específica y de alcance nacional para el tratamiento de estos residuos, algo frecuente en los países de la región. "No obstante, en octubre de 2013 se presentó un proyecto de ley que obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores y espera la media sanción restante en la Cámara de Diputados", sostiene.
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Piden que Nación intervenga por bosques provinciales
Ambientalistas solicitan a la Secretaría de Ambiente de la Nación que intervenga ante la violación de la Ley de bosques en Salta y Neuquén
Fecha de Publicación: 23/05/2014
Fuente: FVS
Provincia/Región: Nacional - Salta - Neuquén
Desde la sanción de la normativa forestal nacional, la provincia de Salta ya ha recategorizado más de 125.000 hectáreas de bosques nativos inicialmente zonificados en las Categorías I (rojo) y II (amarillo). Esta información se desprende de la sumatoria de audiencias públicas convocadas por el Poder Ejecutivo provincial.
En ese sentido, resulta sumamente grave que el gobierno provincial realice en forma sistemática recategorizaciones prediales que modifican, a simple solicitud del titular de la finca, la zonificación establecida en su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). De esta manera, en Salta se autorizan grandes desmontes en bosques nativos que habían sido clasificados en las Categorías I – rojo y II – amarillo (donde está expresamente prohibido hacerlo).
Por otra parte, resulta también preocupante la situación en Neuquén, donde el municipio de Villa La Angostura recientemente propuso al Poder Ejecutivo provincial modificar la zonificación originalmente establecida en el OTBN y pasar de 2.000 a más de 5.000 las hectáreas donde se permite deforestar (cambiando a la Categoría III – verde- y a blanco, o sea sin bosques, vastas zonas forestales que estaban originalmente clasificadas en la Categoría II –amarillo-).
De aprobarse esta nueva zonificación se dejarían desprotegidos al 80% de los bosques de la zona, lo que facilitaría el desmonte de grandes extensiones para el desarrollo de grandes proyectos inmobiliarios que son fuertemente rechazados por la mayoría de la comunidad.
Cabe recordar que la zonificación vigente de bosques nativos dentro de los ejidos municipales de Neuquén fue elaborada bajo los criterios de la Ley Nacional, puesta en discusión en talleres abiertos a la comunidad, e incluida en el OTBN, aprobado por la legislatura provincial en forma unánime en noviembre de 2011.
La aplicación de la Ley de Bosques no corresponde a los municipios, sino al Poder Ejecutivo provincial, de acuerdo a lo establecido en la normativa forestal y en el artículo 124 de la Constitución Nacional.
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Fecha de Publicación: 23/05/2014
Fuente: FVS
Provincia/Región: Nacional - Salta - Neuquén
Desde la sanción de la normativa forestal nacional, la provincia de Salta ya ha recategorizado más de 125.000 hectáreas de bosques nativos inicialmente zonificados en las Categorías I (rojo) y II (amarillo). Esta información se desprende de la sumatoria de audiencias públicas convocadas por el Poder Ejecutivo provincial.
En ese sentido, resulta sumamente grave que el gobierno provincial realice en forma sistemática recategorizaciones prediales que modifican, a simple solicitud del titular de la finca, la zonificación establecida en su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). De esta manera, en Salta se autorizan grandes desmontes en bosques nativos que habían sido clasificados en las Categorías I – rojo y II – amarillo (donde está expresamente prohibido hacerlo).
Por otra parte, resulta también preocupante la situación en Neuquén, donde el municipio de Villa La Angostura recientemente propuso al Poder Ejecutivo provincial modificar la zonificación originalmente establecida en el OTBN y pasar de 2.000 a más de 5.000 las hectáreas donde se permite deforestar (cambiando a la Categoría III – verde- y a blanco, o sea sin bosques, vastas zonas forestales que estaban originalmente clasificadas en la Categoría II –amarillo-).
De aprobarse esta nueva zonificación se dejarían desprotegidos al 80% de los bosques de la zona, lo que facilitaría el desmonte de grandes extensiones para el desarrollo de grandes proyectos inmobiliarios que son fuertemente rechazados por la mayoría de la comunidad.
Cabe recordar que la zonificación vigente de bosques nativos dentro de los ejidos municipales de Neuquén fue elaborada bajo los criterios de la Ley Nacional, puesta en discusión en talleres abiertos a la comunidad, e incluida en el OTBN, aprobado por la legislatura provincial en forma unánime en noviembre de 2011.
La aplicación de la Ley de Bosques no corresponde a los municipios, sino al Poder Ejecutivo provincial, de acuerdo a lo establecido en la normativa forestal y en el artículo 124 de la Constitución Nacional.
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Córdoba: la Justicia con Monsanto va y viene
Idas y vueltas de la Justicia respecto de la multinacional Monsanto
Fecha de Publicación: 23/05/2014
Fuente: ArgenPress
Provincia/Región: Córdoba
La instalación de la planta en la localidad de Malvinas Argentinas, a 16 kilómetros de Córdoba, está paralizada por la oposición de sus vecinos y por diferentes fallos judiciales que se han pronunciado en diverso sentido.
La empresa que lidera el mercado internacional en materia de producción de semillas transgénicas de soja y maíz, la firma Monsanto, no puede todavía finalizar su instalación en Córdoba. Eso a pesar de haber comenzado las obras civiles de la planta en Malvinas Argentinas, que es similar a la que posee en Rojas, provincia de Buenos Aires, pero de mucha mayor capacidad, al punto que, si prospera, sería la planta más grande de Monsanto a nivel mundial.
Los cordobeses, haciendo honor a su fama de "díscolos", le están complicando las cosas a la multinacional con sede en Saint Louis, Estados Unidos. Además de la oposición de los vecinos organizados en la "Asamblea Malvinas Lucha por la Vida", y apoyados por un amplio arco de organizaciones sociales, políticas, gremiales, de derechos humanos y defensoras del medio ambiente, la semana pasada se denunció los efectos nocivos para la salud de las personas, que provocará la instalación de dicha planta productora de semillas de maíz.
Denuncia
El martes 13, en el Gremio de los Judiciales de Córdoba, tuvo lugar una conferencia de prensa, simultánea con otras que se realizaban en diferentes ciudades del país, para informar sobre los resultados de análisis de sangre efectuados a diez pobladores de Malvinas Argentinas, seis mayores y cuatro menores.
Esos análisis mostraron un dato muy preocupante: en siete de esos diez se encontró presencia de plaguicidas en la sangre, que son muy persistentes, y entre ellos se encuentran algunos como Aldrin, Dieldrin, DDT y Beta HCH.
La conferencia de prensa en Córdoba fue presidida por Raúl Montenegro, titular de la Fundación por la Defensa del Ambiente (Funam) y premio Nobel alternativo 2004, junto a integrantes de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, entre ellos su abogado, Federico Macciocchi. Montenegro, que es biólogo y titular de la cátedra de Biología Evolutiva de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), y quien se encuentra asesorando a los vecinos de Malvinas Argentinas, advirtió que "incluso bajas dosis de estos plaguicidas pueden alterar el sistema hormonal y reducir las defensas del organismo".
Contaminación en sangre
El biólogo expresó que estos plaguicidas están prohibidos pero "persisten en el ambiente y en las personas. Los transfieren a sus hijas e hijos las madres embarazadas a través de la placenta primero -embriones y fetos-, y durante la lactancia después, e ingresan durante toda la vida de un individuo por inhalación de partículas de suelo y la ingesta de agua y alimentos contaminados".
Los análisis de sangre fueron encargados por la Asamblea Malvinas a la Universidad de Buenos Aires, porque ni la municipalidad de esa localidad ni el gobierno de José Manuel de la Sota, accedieron a costear esos estudios en la población.
Ahora, con los resultados en la mano y la comprobación de que Malvinas Argentinas es una población en riesgo por la gran proporción de vecinos con contaminación en su sangre, la Asamblea y la Funam exigen la realización de "estudios sobre muestras más grandes para establecer la presencia de agroquímicos en sangre, orina y leche materna" y la puesta en marcha, para toda la provincia, de un Observatorio Ambiental de residuos peligrosos y de un Observatorio Epidemiológico, ambos continuos.
El dirigente de la Funam denunció que en Malvinas Argentinas existe un "fondo" de contaminación por plaguicidas "en el cuerpo de personas de todas las edades, y seguramente en los suelos y aguas subterráneas. Esto es el resultado de años de pulverizaciones y la carencia de una ordenanza que prohíba la aplicación periurbana de plaguicidas agrícolas". Esta situación agrava de por sí el efecto negativo que tendría la instalación de la planta de Monsanto, pues "descargaría partículas contaminadas con plaguicidas durante las operaciones de manejo de maíz transgénico (descarga, desgranado, secado) y al aplicarlos en silos y curado de semillas".
Justicia que mira y no ve
El Poder Judicial de Córdoba ya tuvo su participación en casos de impacto ambiental, como fue en 2012, con el juicio por las fumigaciones en barrio Ituzaingó Anexo, en la zona sudeste de la ciudad capital. En ese juicio, que fue el primero en Argentina y en América Latina, se condenó, a penas leves, a los productores agrícolas y al aviador que participaron de fumigaciones.
Pero una cosa es juzgar a dos medianos productores agropecuarios y a un aviador, y otra muy distinta, a la multinacional Monsanto. Es así, que los amparos judiciales presentados por los vecinos de Malvinas Argentinas, patrocinados por el joven abogado Macciocchi, del Club de Derecho, han tenido idas y vueltas, con dispares resoluciones, algunas denegando y otras acogiendo su petición, que no era otra que se respetara la legislación nacional y provincial en defensa del ambiente. Según estas normas, ninguna planta puede instalarse si previamente no presenta un estudio de impacto ambiental, que demuestre que no es peligrosa ni dañina para la salud de los pobladores o del medioambiente. Y en la legislación nacional se prevé una consulta popular si el emprendimiento a instalarse genera malestar en la población.
En Río Cuarto, el intendente radical Juan Jure, decidió el año pasado por decreto rechazar la instalación de Monsanto, con el apoyo de la Universidad Nacional y la oposición de la Sociedad Rural y el Centro Empresario, en base a los estudios realizados por la Dirección de Zoonosis y Ambiente del Entre Descentralizado de Control Municipal. Jure dijo en ese momento que lo hacía, sobre todo, para preservar la "paz social" en esa ciudad.
Poderes en sintonía
En abril de 2013, el Tribunal Superior de Justicia dictó un fallo que rechazaba la pretensión de los vecinos de Malvinas Argentinas y, aduciendo que se trataba sólo de "autorizar las obras civiles" de la planta de Monsanto, permitió que las mismas continuaran. De esta forma el TSJ, en sintonía con el gobierno provincial y el intendente Arzani, daban "vía libre" a la empresa multinacional, para que continuara la construcción de la planta. Obviamente constituía toda una señal jurídico-política para que luego obtuviera la autorización definitiva, sobre todo teniendo en cuenta la gran inversión que implica esta instalación.
Pero los vecinos no se amilanaron y a la par que cortaban el acceso a la planta, para impedir la continuidad de las obras, siguieron la batalla judicial.
Nuevamente un fallo de primera instancia les rechazó el pedido de paralización de las obras, pero luego una sentencia de la Cámara Laboral, Sala II, en enero de 2014, hizo lugar al amparo, y prohibió a Monsanto continuar con la construcción de la planta, hasta tanto no se presentara un estudio de impacto ambiental, tal como lo dispone la legislación nacional.
Apelación
Esa resolución fue apelada tanto por Monsanto como por el intendente Arzani, éste último ya muy castigado por las numerosas movilizaciones de los vecinos en Malvinas Argentinas, algunas de las cuales fueron duramente reprimidas. También hubo marchas en Córdoba Capital.
Y aunque la Cámara Laboral rechazó los recursos, los disconformes fueron en queja al Tribunal Superior, que acogió ese pedido y en pocas semanas más se espera una resolución.
Según el periodista Luis Kempa, de La Voz del Interior, quien suele publicar primicias del máximo tribunal cordobés, el fallo del TSJ estaría en sintonía con el del año pasado, esto es, autorizaría a Monsanto a continuar la construcción de su planta procesadora y productora de semillas transgénicas de maíz. Todo ello, invocando la "seguridad jurídica", en una causa sobre derecho ambiental, contra la multinacional más denunciada en todo el mundo.
Si ésa fuera la decisión del TSJ cordobés, sus integrantes estarían desoyendo a un científico de indudable prestigio como Montenegro, y a las numerosas denuncias sobre la contaminación en los pobladores de Malvinas Argentinas, cuya salud se vería aún más resentida con los efectos de la manipulación de sustancias como las que utiliza Monsanto.
¿Cerca de la gente?
El TSJ de Córdoba suele utilizar como lema de su gestión la frase: "Justicia cerca de la gente". Un fallo favorable a la radicación de esa empresa en Córdoba, muy por el contrario, sería una demostración de un Poder Judicial que favorece a los poderosos y deniega los reclamos de los más vulnerables y humildes, la salud pública y los derechos ambientales.
Sería de esperar que los vocales del TSJ, incluso su presidente, que fue denunciado el año pasado por ser titular de un emprendimiento agropecuario, situación incompatible con la función de un magistrado, atiendan la petición razonable y justa de una población que ya tiene su salud resentida. Ellos tienen derecho a vivir, como lo dice el artículo 41 de la Constitución Nacional, en un "ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo".
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Fecha de Publicación: 23/05/2014
Fuente: ArgenPress
Provincia/Región: Córdoba
La instalación de la planta en la localidad de Malvinas Argentinas, a 16 kilómetros de Córdoba, está paralizada por la oposición de sus vecinos y por diferentes fallos judiciales que se han pronunciado en diverso sentido.
La empresa que lidera el mercado internacional en materia de producción de semillas transgénicas de soja y maíz, la firma Monsanto, no puede todavía finalizar su instalación en Córdoba. Eso a pesar de haber comenzado las obras civiles de la planta en Malvinas Argentinas, que es similar a la que posee en Rojas, provincia de Buenos Aires, pero de mucha mayor capacidad, al punto que, si prospera, sería la planta más grande de Monsanto a nivel mundial.
Los cordobeses, haciendo honor a su fama de "díscolos", le están complicando las cosas a la multinacional con sede en Saint Louis, Estados Unidos. Además de la oposición de los vecinos organizados en la "Asamblea Malvinas Lucha por la Vida", y apoyados por un amplio arco de organizaciones sociales, políticas, gremiales, de derechos humanos y defensoras del medio ambiente, la semana pasada se denunció los efectos nocivos para la salud de las personas, que provocará la instalación de dicha planta productora de semillas de maíz.
Denuncia
El martes 13, en el Gremio de los Judiciales de Córdoba, tuvo lugar una conferencia de prensa, simultánea con otras que se realizaban en diferentes ciudades del país, para informar sobre los resultados de análisis de sangre efectuados a diez pobladores de Malvinas Argentinas, seis mayores y cuatro menores.
Esos análisis mostraron un dato muy preocupante: en siete de esos diez se encontró presencia de plaguicidas en la sangre, que son muy persistentes, y entre ellos se encuentran algunos como Aldrin, Dieldrin, DDT y Beta HCH.
La conferencia de prensa en Córdoba fue presidida por Raúl Montenegro, titular de la Fundación por la Defensa del Ambiente (Funam) y premio Nobel alternativo 2004, junto a integrantes de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, entre ellos su abogado, Federico Macciocchi. Montenegro, que es biólogo y titular de la cátedra de Biología Evolutiva de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), y quien se encuentra asesorando a los vecinos de Malvinas Argentinas, advirtió que "incluso bajas dosis de estos plaguicidas pueden alterar el sistema hormonal y reducir las defensas del organismo".
Contaminación en sangre
El biólogo expresó que estos plaguicidas están prohibidos pero "persisten en el ambiente y en las personas. Los transfieren a sus hijas e hijos las madres embarazadas a través de la placenta primero -embriones y fetos-, y durante la lactancia después, e ingresan durante toda la vida de un individuo por inhalación de partículas de suelo y la ingesta de agua y alimentos contaminados".
Los análisis de sangre fueron encargados por la Asamblea Malvinas a la Universidad de Buenos Aires, porque ni la municipalidad de esa localidad ni el gobierno de José Manuel de la Sota, accedieron a costear esos estudios en la población.
Ahora, con los resultados en la mano y la comprobación de que Malvinas Argentinas es una población en riesgo por la gran proporción de vecinos con contaminación en su sangre, la Asamblea y la Funam exigen la realización de "estudios sobre muestras más grandes para establecer la presencia de agroquímicos en sangre, orina y leche materna" y la puesta en marcha, para toda la provincia, de un Observatorio Ambiental de residuos peligrosos y de un Observatorio Epidemiológico, ambos continuos.
El dirigente de la Funam denunció que en Malvinas Argentinas existe un "fondo" de contaminación por plaguicidas "en el cuerpo de personas de todas las edades, y seguramente en los suelos y aguas subterráneas. Esto es el resultado de años de pulverizaciones y la carencia de una ordenanza que prohíba la aplicación periurbana de plaguicidas agrícolas". Esta situación agrava de por sí el efecto negativo que tendría la instalación de la planta de Monsanto, pues "descargaría partículas contaminadas con plaguicidas durante las operaciones de manejo de maíz transgénico (descarga, desgranado, secado) y al aplicarlos en silos y curado de semillas".
Justicia que mira y no ve
El Poder Judicial de Córdoba ya tuvo su participación en casos de impacto ambiental, como fue en 2012, con el juicio por las fumigaciones en barrio Ituzaingó Anexo, en la zona sudeste de la ciudad capital. En ese juicio, que fue el primero en Argentina y en América Latina, se condenó, a penas leves, a los productores agrícolas y al aviador que participaron de fumigaciones.
Pero una cosa es juzgar a dos medianos productores agropecuarios y a un aviador, y otra muy distinta, a la multinacional Monsanto. Es así, que los amparos judiciales presentados por los vecinos de Malvinas Argentinas, patrocinados por el joven abogado Macciocchi, del Club de Derecho, han tenido idas y vueltas, con dispares resoluciones, algunas denegando y otras acogiendo su petición, que no era otra que se respetara la legislación nacional y provincial en defensa del ambiente. Según estas normas, ninguna planta puede instalarse si previamente no presenta un estudio de impacto ambiental, que demuestre que no es peligrosa ni dañina para la salud de los pobladores o del medioambiente. Y en la legislación nacional se prevé una consulta popular si el emprendimiento a instalarse genera malestar en la población.
En Río Cuarto, el intendente radical Juan Jure, decidió el año pasado por decreto rechazar la instalación de Monsanto, con el apoyo de la Universidad Nacional y la oposición de la Sociedad Rural y el Centro Empresario, en base a los estudios realizados por la Dirección de Zoonosis y Ambiente del Entre Descentralizado de Control Municipal. Jure dijo en ese momento que lo hacía, sobre todo, para preservar la "paz social" en esa ciudad.
Poderes en sintonía
En abril de 2013, el Tribunal Superior de Justicia dictó un fallo que rechazaba la pretensión de los vecinos de Malvinas Argentinas y, aduciendo que se trataba sólo de "autorizar las obras civiles" de la planta de Monsanto, permitió que las mismas continuaran. De esta forma el TSJ, en sintonía con el gobierno provincial y el intendente Arzani, daban "vía libre" a la empresa multinacional, para que continuara la construcción de la planta. Obviamente constituía toda una señal jurídico-política para que luego obtuviera la autorización definitiva, sobre todo teniendo en cuenta la gran inversión que implica esta instalación.
Pero los vecinos no se amilanaron y a la par que cortaban el acceso a la planta, para impedir la continuidad de las obras, siguieron la batalla judicial.
Nuevamente un fallo de primera instancia les rechazó el pedido de paralización de las obras, pero luego una sentencia de la Cámara Laboral, Sala II, en enero de 2014, hizo lugar al amparo, y prohibió a Monsanto continuar con la construcción de la planta, hasta tanto no se presentara un estudio de impacto ambiental, tal como lo dispone la legislación nacional.
Apelación
Esa resolución fue apelada tanto por Monsanto como por el intendente Arzani, éste último ya muy castigado por las numerosas movilizaciones de los vecinos en Malvinas Argentinas, algunas de las cuales fueron duramente reprimidas. También hubo marchas en Córdoba Capital.
Y aunque la Cámara Laboral rechazó los recursos, los disconformes fueron en queja al Tribunal Superior, que acogió ese pedido y en pocas semanas más se espera una resolución.
Según el periodista Luis Kempa, de La Voz del Interior, quien suele publicar primicias del máximo tribunal cordobés, el fallo del TSJ estaría en sintonía con el del año pasado, esto es, autorizaría a Monsanto a continuar la construcción de su planta procesadora y productora de semillas transgénicas de maíz. Todo ello, invocando la "seguridad jurídica", en una causa sobre derecho ambiental, contra la multinacional más denunciada en todo el mundo.
Si ésa fuera la decisión del TSJ cordobés, sus integrantes estarían desoyendo a un científico de indudable prestigio como Montenegro, y a las numerosas denuncias sobre la contaminación en los pobladores de Malvinas Argentinas, cuya salud se vería aún más resentida con los efectos de la manipulación de sustancias como las que utiliza Monsanto.
¿Cerca de la gente?
El TSJ de Córdoba suele utilizar como lema de su gestión la frase: "Justicia cerca de la gente". Un fallo favorable a la radicación de esa empresa en Córdoba, muy por el contrario, sería una demostración de un Poder Judicial que favorece a los poderosos y deniega los reclamos de los más vulnerables y humildes, la salud pública y los derechos ambientales.
Sería de esperar que los vocales del TSJ, incluso su presidente, que fue denunciado el año pasado por ser titular de un emprendimiento agropecuario, situación incompatible con la función de un magistrado, atiendan la petición razonable y justa de una población que ya tiene su salud resentida. Ellos tienen derecho a vivir, como lo dice el artículo 41 de la Constitución Nacional, en un "ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo".
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Dura respuesta de Chile a Mayoral por la Barrick
Fuerte réplica de Chile al subsecretario argentino de Minería
Fecha de Publicación: 23/05/2014
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Nacional
La ministra de Minería de Chile dijo que el subsecretario argentino de Minería "debería explicar" sus dichos sobre Pascua Lama.
La ministra de Minería de Chile, Aurora Williams, refutó los dichos por el subsecretario de Minería argentino, el sanjuanino Jorge Mayoral. Éste, en un acto realizado en Catamarca en ocasión de un acto por el Día de la Minería y acompañado por el aspirante presidencial Daniel Scioli, formuló un dura crítica a Chile por la paralización del proyecto binacional Pascua Lama.
"Se lo dije a mi par, la ministra de Minería de Chile en la reunión que tuvimos hace pocos días. Les dijimos: pónganse los pantalones largos, necesitamos que Chile, que el gobierno chileno le de respuesta al proyecto al proyecto Pascua, que es la parte chilena del proyecto binacional Pascua Lama. Porque no queremos detener la construcción de Lama en Argentina, porque implica prescindir de cientos de contratos de servicios", dijo Mayoral en esa ocasión.
Ante esto, Williams, desde el otro lado de la cordillera, respondió los comentarios del subsecretario y explicó que Chile "no vamos a cambiar nuestro camino y accionar", según señaló el portal 24horas.cl.
"Creemos que las opiniones de Mayoral debe explicarlas él, nosotros en particular nos relacionamos con las altas autoridades Argentinas ,y desde ese punto de vista tenemos una opinión muy clara de la presidenta Cristina Fernández".
La ministra chilena reafirmó la posición de la presidenta Michelle Bachelet y la misma Fernández, quienes explicaron que el tema minero "debe resolverse en las instancias que corresponden".
El proyecto de la minera Barrick permanece detenido en Chile por órdenes de la justicia y el regulador ambiental hasta que no cumpla con la construcción de un sistema para el manejo de aguas que estaba contemplado en su permiso ambiental.
Ante esto Williams explicó que "respetaremos la institucionalidad ambiental", agregando que nuestro país tiene "los proyectos públicos y mineros más grandes del mundo".
"El gobierno chileno y, en particular este Ministerio de Minería, tiene muy claro su actuar y reacción frente a proyectos como este", agregó.
Mayoral explicó que le había hecho sentir su descontento a la ministra Williams, quien rechazó los dichos y explicó que "yo no me relaciono de esa manera con nadie, nosotros no nos vamos a mover y respetaremos la autoridad ambiental", explicó.
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Fecha de Publicación: 23/05/2014
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Nacional
La ministra de Minería de Chile dijo que el subsecretario argentino de Minería "debería explicar" sus dichos sobre Pascua Lama.
La ministra de Minería de Chile, Aurora Williams, refutó los dichos por el subsecretario de Minería argentino, el sanjuanino Jorge Mayoral. Éste, en un acto realizado en Catamarca en ocasión de un acto por el Día de la Minería y acompañado por el aspirante presidencial Daniel Scioli, formuló un dura crítica a Chile por la paralización del proyecto binacional Pascua Lama.
"Se lo dije a mi par, la ministra de Minería de Chile en la reunión que tuvimos hace pocos días. Les dijimos: pónganse los pantalones largos, necesitamos que Chile, que el gobierno chileno le de respuesta al proyecto al proyecto Pascua, que es la parte chilena del proyecto binacional Pascua Lama. Porque no queremos detener la construcción de Lama en Argentina, porque implica prescindir de cientos de contratos de servicios", dijo Mayoral en esa ocasión.
Ante esto, Williams, desde el otro lado de la cordillera, respondió los comentarios del subsecretario y explicó que Chile "no vamos a cambiar nuestro camino y accionar", según señaló el portal 24horas.cl.
"Creemos que las opiniones de Mayoral debe explicarlas él, nosotros en particular nos relacionamos con las altas autoridades Argentinas ,y desde ese punto de vista tenemos una opinión muy clara de la presidenta Cristina Fernández".
La ministra chilena reafirmó la posición de la presidenta Michelle Bachelet y la misma Fernández, quienes explicaron que el tema minero "debe resolverse en las instancias que corresponden".
El proyecto de la minera Barrick permanece detenido en Chile por órdenes de la justicia y el regulador ambiental hasta que no cumpla con la construcción de un sistema para el manejo de aguas que estaba contemplado en su permiso ambiental.
Ante esto Williams explicó que "respetaremos la institucionalidad ambiental", agregando que nuestro país tiene "los proyectos públicos y mineros más grandes del mundo".
"El gobierno chileno y, en particular este Ministerio de Minería, tiene muy claro su actuar y reacción frente a proyectos como este", agregó.
Mayoral explicó que le había hecho sentir su descontento a la ministra Williams, quien rechazó los dichos y explicó que "yo no me relaciono de esa manera con nadie, nosotros no nos vamos a mover y respetaremos la autoridad ambiental", explicó.
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Presentan estudio sobre el Cambio Climático en el país
Presentaron estudio sobre el impacto económico del Cambio Climático en la Argentina
Fecha de Publicación: 22/05/2014
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Ing. Omar Judis, y el Director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL, Lic. José Luis Samaniego, pronunciaron las palabras de bienvenida que dieron inicio al evento de presentación y análisis del Informe “La Economía del Cambio Climático en la Argentina”, que tuvo lugar en el Salón Pte. Néstor Kirchner de la Secretaría de Ambiente.
Durante el acto de apertura, del que también participó el Dr. Raúl Fernández, Jefe de Gabinete de la SAyDS, y que fue moderado por el Dr. Nazareno Castillo Marín, Director nacional de Cambio Climático, Omar Judis criticó la falta de adhesión de los países centrales a los protocolos de Cambio Climático. En ese sentido, expresó que “tienen sintonizadas sus radios y televisores, pero no el canal ambiental” y que el tema ambiental es cultural y “depende del planeta en su conjunto”. Asimismo, celebró que haya científicos que puedan “ponderar cuál es el impacto del Cambio Climático en la economía que es la síntesis de las actividades productivas del país”.
Por su parte, Samaniego hizo un repaso del trabajo de la CEPAL en la elaboración de los estudios regionales y sostuvo que “el Cambio Climático una de las externalidades más grandes de este modelo de desarrollo” y que actualmente toca encontrar una fórmula para modificarlo. A su vez, señaló que la intención de los estudios para América Latina era ofrecer un contenido concreto en la agricultura, energía, biodiversidad y su traducción a las cuentas económicas, “con el propósito de sacar de la nube abstracta los datos del Cambio Climático y darles un sentido dinámico y visible para gestionar los impactos en el largo plazo”.
Acto seguido se dio inicio a la presentación del resumen ejecutivo y las conclusiones del informe, a cargo del Lic. Leonidas Osvaldo Girardin, de la Fundación Bariloche, Coordinador Nacional del estudio. En cuanto al contexto subnacional, nacional y el global, expusieron Vicente Barros (IPCC); del equipo ERECC, el Lic. Daniel Buille; de la Fundación Bariloche y el Panel Asesor Internacional ERECC, el Dr. Juan José Neiff- experto sectorial sobre el “Caso Iberá”. El "Caso Mendoza: Impacto sobre los Recursos Hídricos", fue presentado por el Ing. José Boninsegna, mientras que los “impactos en la agricultura” fueron explicados por Gabriel Rodríguez.
Para finalizar, expuso Inés Camilloni- investigadora CIMA y experta sectorial del estudio; el Dr. Carlos de Miguel, de la CEPAL; y el Dr. Carlos Ludeña, del BID. Al retirarse, los presentes recibieron un ejemplar impreso del estudio, que también está disponible para ser consultado en la web.
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Fecha de Publicación: 22/05/2014
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Ing. Omar Judis, y el Director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL, Lic. José Luis Samaniego, pronunciaron las palabras de bienvenida que dieron inicio al evento de presentación y análisis del Informe “La Economía del Cambio Climático en la Argentina”, que tuvo lugar en el Salón Pte. Néstor Kirchner de la Secretaría de Ambiente.
Durante el acto de apertura, del que también participó el Dr. Raúl Fernández, Jefe de Gabinete de la SAyDS, y que fue moderado por el Dr. Nazareno Castillo Marín, Director nacional de Cambio Climático, Omar Judis criticó la falta de adhesión de los países centrales a los protocolos de Cambio Climático. En ese sentido, expresó que “tienen sintonizadas sus radios y televisores, pero no el canal ambiental” y que el tema ambiental es cultural y “depende del planeta en su conjunto”. Asimismo, celebró que haya científicos que puedan “ponderar cuál es el impacto del Cambio Climático en la economía que es la síntesis de las actividades productivas del país”.
Por su parte, Samaniego hizo un repaso del trabajo de la CEPAL en la elaboración de los estudios regionales y sostuvo que “el Cambio Climático una de las externalidades más grandes de este modelo de desarrollo” y que actualmente toca encontrar una fórmula para modificarlo. A su vez, señaló que la intención de los estudios para América Latina era ofrecer un contenido concreto en la agricultura, energía, biodiversidad y su traducción a las cuentas económicas, “con el propósito de sacar de la nube abstracta los datos del Cambio Climático y darles un sentido dinámico y visible para gestionar los impactos en el largo plazo”.
Acto seguido se dio inicio a la presentación del resumen ejecutivo y las conclusiones del informe, a cargo del Lic. Leonidas Osvaldo Girardin, de la Fundación Bariloche, Coordinador Nacional del estudio. En cuanto al contexto subnacional, nacional y el global, expusieron Vicente Barros (IPCC); del equipo ERECC, el Lic. Daniel Buille; de la Fundación Bariloche y el Panel Asesor Internacional ERECC, el Dr. Juan José Neiff- experto sectorial sobre el “Caso Iberá”. El "Caso Mendoza: Impacto sobre los Recursos Hídricos", fue presentado por el Ing. José Boninsegna, mientras que los “impactos en la agricultura” fueron explicados por Gabriel Rodríguez.
Para finalizar, expuso Inés Camilloni- investigadora CIMA y experta sectorial del estudio; el Dr. Carlos de Miguel, de la CEPAL; y el Dr. Carlos Ludeña, del BID. Al retirarse, los presentes recibieron un ejemplar impreso del estudio, que también está disponible para ser consultado en la web.
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El Lago Viedma podría ser reserva provincial
Impulsan la creación de la reserva provincial Humedales del Lago Viedma
Fecha de Publicación: 22/05/2014
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Santa Cruz
Por iniciativa de los legisladores del Frente para la Victoria Jorge Arabel y Carlos Albrieu, se tratará este jueves, en una nueva sesión ordinaria del Parlamento Santacruceño, la creación de la Reserva Provincial “Humedales del Lago Viedma”, a ubicarse sobre el sector costero del lago de mención, y en el marco de la Ley Provincial 786, inherente a áreas protegidas, cuya Autoridad de Aplicación es el Consejo Agrario Provincial.
El objetivo de la misma, es “conservar y manejar la fauna y sus ambientes, recuperar y mantener el suelo y pastizal, reintroducir especies autóctonas en sus diferentes hábitat, una vez mejorados; realizar estudios científicos de las especies presentes y determinar lugares con fines turísticos”, y en base a estudios realizados por el propio legislador Albrieu junto a Silvia Ferrari, desde la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Julio Monguillot de Parques Nacionales, y cuyos resultados arrojaron la existencia de tres humedales de gran importancia para la conservación de fauna silvestre, por ser sitios de reproducción y descanso de numerosas especies, como Laguna Nimez en El Calafate, las lagunas y juncales de Punta Banderas en el Lago Argentino y amplios humedales con superficies de juncales en Lago Viedma.
Teniendo en cuenta estos datos, es que “se requerirá la creación de esta Reserva y de medidas que garanticen su preservación mediante la implementación de un plan de manejo acorde a lo estipulado para una reserva provincial”, teniendo en cuenta que se trata de una superficie aproximada de 300 hectáreas y que brindan “excelentes hábitat para una gran diversidad de especies de aves, es especial para la reproducción y crías”.
Finalmente, en cuanto a la fauna, en la fundamentación los legisladores explican que las especies que se detectaron y que consideraron son de gran importancia, son el Chorlito Ceniciento, endémico de la Patagonia Austral, y la Gallineta Chica, de la que sólo se conocían “unos 20 ejemplares de museo” y había sido declarada “en peligro”, proyecto de Ley que también fue acompañado por los legisladores Miguel Guanes y Rubén Contreras.
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Fecha de Publicación: 22/05/2014
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Santa Cruz
Por iniciativa de los legisladores del Frente para la Victoria Jorge Arabel y Carlos Albrieu, se tratará este jueves, en una nueva sesión ordinaria del Parlamento Santacruceño, la creación de la Reserva Provincial “Humedales del Lago Viedma”, a ubicarse sobre el sector costero del lago de mención, y en el marco de la Ley Provincial 786, inherente a áreas protegidas, cuya Autoridad de Aplicación es el Consejo Agrario Provincial.
El objetivo de la misma, es “conservar y manejar la fauna y sus ambientes, recuperar y mantener el suelo y pastizal, reintroducir especies autóctonas en sus diferentes hábitat, una vez mejorados; realizar estudios científicos de las especies presentes y determinar lugares con fines turísticos”, y en base a estudios realizados por el propio legislador Albrieu junto a Silvia Ferrari, desde la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Julio Monguillot de Parques Nacionales, y cuyos resultados arrojaron la existencia de tres humedales de gran importancia para la conservación de fauna silvestre, por ser sitios de reproducción y descanso de numerosas especies, como Laguna Nimez en El Calafate, las lagunas y juncales de Punta Banderas en el Lago Argentino y amplios humedales con superficies de juncales en Lago Viedma.
Teniendo en cuenta estos datos, es que “se requerirá la creación de esta Reserva y de medidas que garanticen su preservación mediante la implementación de un plan de manejo acorde a lo estipulado para una reserva provincial”, teniendo en cuenta que se trata de una superficie aproximada de 300 hectáreas y que brindan “excelentes hábitat para una gran diversidad de especies de aves, es especial para la reproducción y crías”.
Finalmente, en cuanto a la fauna, en la fundamentación los legisladores explican que las especies que se detectaron y que consideraron son de gran importancia, son el Chorlito Ceniciento, endémico de la Patagonia Austral, y la Gallineta Chica, de la que sólo se conocían “unos 20 ejemplares de museo” y había sido declarada “en peligro”, proyecto de Ley que también fue acompañado por los legisladores Miguel Guanes y Rubén Contreras.
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La Rioja tendrá su primer parque solar
La Rioja: construirán el primer parque fotovoltaico de la provincia
Fecha de Publicación: 22/05/2014
Fuente: Noticias Ambientales
Provincia/Región: La Rioja
Funcionarios y técnicos recorrieron un terreno de 90 hectáreas, ubicado cerca de Villa Unión
En los próximos días, el gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera, firmará un convenio para financiar la inversión de la primera Central de Energía Solar Fotovoltaica de la provincia.
Se trata de una infraestructura que se construirá de manera progresiva: en una primera etapa, se construirá un Módulo Solar de 10MW en una superficie de 25 hectáreas y, a continuación se encararán sucesivas ampliaciones de 10 MW, hasta alcanzar la capacidad de absorción de energía.
El anuncio fue realizado por el secretario de Tierras, Ariel Puy Soria, junto al intendente, Hugo Páez, y el diputado provincial Yamil Sarruff, quienes ratificaron el avance en las gestiones para la construcción del Parque Fotovoltaico.
Los funcionarios recorrieron el terreno de 90 hectáreas ubicado en las cercanías de Villa Unión, cabecera departamental, donde se levantará la primera Central de Energía Solar Fotovoltaica de la provincia.
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Fecha de Publicación: 22/05/2014
Fuente: Noticias Ambientales
Provincia/Región: La Rioja
Funcionarios y técnicos recorrieron un terreno de 90 hectáreas, ubicado cerca de Villa Unión
En los próximos días, el gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera, firmará un convenio para financiar la inversión de la primera Central de Energía Solar Fotovoltaica de la provincia.
Se trata de una infraestructura que se construirá de manera progresiva: en una primera etapa, se construirá un Módulo Solar de 10MW en una superficie de 25 hectáreas y, a continuación se encararán sucesivas ampliaciones de 10 MW, hasta alcanzar la capacidad de absorción de energía.
El anuncio fue realizado por el secretario de Tierras, Ariel Puy Soria, junto al intendente, Hugo Páez, y el diputado provincial Yamil Sarruff, quienes ratificaron el avance en las gestiones para la construcción del Parque Fotovoltaico.
Los funcionarios recorrieron el terreno de 90 hectáreas ubicado en las cercanías de Villa Unión, cabecera departamental, donde se levantará la primera Central de Energía Solar Fotovoltaica de la provincia.
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Un amparo contra el fracking que es aceptado pero tardío
Un amparo frena el fracking en El Trébol pero el pozo ya se encuentra en producción
Fecha de Publicación: 21/05/2014
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El equipo 914 realizó fracturas y desde el fin de semana el pozo se puso en producción. La acción de amparo llegó tarde ya que intentaba detener la actividad en esa zona, tal como pasó en Río Mayo.
El fracking encontró otro freno en Chubut, pero esta vez llegó tarde. La justicia provincial hizo lugar a una medida cautelar contra el pozo exploratorio en El Trébol de YPF. Sin embargo la compañía informó a Diario Patagónico que las fracturas ya se realizaron y que el pozo está en producción exploratoria.
Desde la empresa indicaron que de suspender actividades, estarían parando un pozo en plena producción. En ese sentido, el amparo llega tarde dado que buscaba frenar las tareas de fractura hidráulica que, según el demandante, provocarían daños en los acuíferos.
En la aclaratoria, YPF señaló que para todo el proceso de fractura hidráulica se utilizó agua de producción y no agua dulce, que fue uno de los puntos cuestionados en el otro pozo de exploración no convencional, ubicado en la zona de Río Mayo y que sí está parado por un amparo judicial.
La presentación la hizo Marcerlino Pintihuque, ciudadano autoreconocido mapuche, junto a su abogada Silvia de los Santos. La argumentación fue la misma que hicieron para el pozo La Greta, en Río Mayo: el pozo que utiliza fractura hidráulica afectaría acuíferos.
En los considerandos del fallo, indica que Pintihueque “expone que el peligro en la demora es evidente, en tanto está en juego la vida de las personas, que -estima- se verá seriamente afectada con el consumo de agua contaminada suministrada por la red de agua potable”.
Dado que el pozo está en actividad, y la razón de ser del amparo llega tarde, queda pendiente qué harán los demandantes en este contexto.
La medida cautelar se la encuentra como “Pintihueque, Marcelino Luis C/Estado de la Provincia del Chubut y otra s/medida cautelar - Prohibición de Innovar” en el Juzgado Laboral 2, y el fallo lleva la firma de Iris Pacheco. Esta es la cuarta vez que se presenta y la jueza le dio lugar el viernes último.
“Hago lugar a la medida cautelar solicitada por Marcelino Luis Pintihueque, en consecuencia determino la suspensión de las tareas de exploración-explotación que impliquen materialización y ejecución del proyecto Pozo Exploratorio YPF.Ch.E.xp 914 Yacimiento El Trébol, hasta tanto recaiga resolución en las actuaciones principales: ‘Pintihueque Marcelino Luis s/Acción de Amparo’ Expte. 15/2013”, señala.
El pozo de El Trébol había sido presentado por la presidente Cristina Fernández de Kirchner el 13 de febrero del año pasado en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia.
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Fecha de Publicación: 21/05/2014
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El equipo 914 realizó fracturas y desde el fin de semana el pozo se puso en producción. La acción de amparo llegó tarde ya que intentaba detener la actividad en esa zona, tal como pasó en Río Mayo.
El fracking encontró otro freno en Chubut, pero esta vez llegó tarde. La justicia provincial hizo lugar a una medida cautelar contra el pozo exploratorio en El Trébol de YPF. Sin embargo la compañía informó a Diario Patagónico que las fracturas ya se realizaron y que el pozo está en producción exploratoria.
Desde la empresa indicaron que de suspender actividades, estarían parando un pozo en plena producción. En ese sentido, el amparo llega tarde dado que buscaba frenar las tareas de fractura hidráulica que, según el demandante, provocarían daños en los acuíferos.
En la aclaratoria, YPF señaló que para todo el proceso de fractura hidráulica se utilizó agua de producción y no agua dulce, que fue uno de los puntos cuestionados en el otro pozo de exploración no convencional, ubicado en la zona de Río Mayo y que sí está parado por un amparo judicial.
La presentación la hizo Marcerlino Pintihuque, ciudadano autoreconocido mapuche, junto a su abogada Silvia de los Santos. La argumentación fue la misma que hicieron para el pozo La Greta, en Río Mayo: el pozo que utiliza fractura hidráulica afectaría acuíferos.
En los considerandos del fallo, indica que Pintihueque “expone que el peligro en la demora es evidente, en tanto está en juego la vida de las personas, que -estima- se verá seriamente afectada con el consumo de agua contaminada suministrada por la red de agua potable”.
Dado que el pozo está en actividad, y la razón de ser del amparo llega tarde, queda pendiente qué harán los demandantes en este contexto.
La medida cautelar se la encuentra como “Pintihueque, Marcelino Luis C/Estado de la Provincia del Chubut y otra s/medida cautelar - Prohibición de Innovar” en el Juzgado Laboral 2, y el fallo lleva la firma de Iris Pacheco. Esta es la cuarta vez que se presenta y la jueza le dio lugar el viernes último.
“Hago lugar a la medida cautelar solicitada por Marcelino Luis Pintihueque, en consecuencia determino la suspensión de las tareas de exploración-explotación que impliquen materialización y ejecución del proyecto Pozo Exploratorio YPF.Ch.E.xp 914 Yacimiento El Trébol, hasta tanto recaiga resolución en las actuaciones principales: ‘Pintihueque Marcelino Luis s/Acción de Amparo’ Expte. 15/2013”, señala.
El pozo de El Trébol había sido presentado por la presidente Cristina Fernández de Kirchner el 13 de febrero del año pasado en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia.
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Importante evento sobre cambio climático en Mendoza
Organizaciones mundiales del Ambiente convergerán en Mendoza
Fecha de Publicación: 21/05/2014
Fuente: Mendoza Opina
Provincia/Región: Mendoza
Así lo informó el ministro Guillermo Elizalde, desde Estados Unidos. Será durante la previa al Foro Mundial de Lima, en setiembre, cuando Argentina debata sobre Cambio Climático.
Intensa agenda despliega en Estados Unidos el Ministro de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales, Guillermo Elizalde. En los últimos días mantuvo reuniones de trabajo con la cúpula ejecutiva del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); el Fondo de Adaptación al Cambio Climático, de la ONU y la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en inglés), que es el máximo órgano de control ambiental del país del norte.
“Las principales sedes de los organismos mundiales de protección e investigación sobre el Ambiente están en este país. Estamos planteando la problemática que se viene en cuanto a Cambio Climático en medio de otros temas que nos interesan como Provincia: tratamiento de residuos sólidos urbanos, política hídrica, marco regulatorio o estrategias de mitigación ante el calentamiento global”, dijo el ministro desde Washington.
Ayer, Elizalde fue recibido en el BID por Gabriela Costa, directora ejecutiva por Argentina y Francisco López Achaval, secretario de la Embajada Argentina en la capital norteamericana. El avance del proyecto GIRSU, sobre la erradicación de basurales y tratamiento de RSU en Mendoza, tuvo su espacio. Como también la temática de las bolsas de residuos y el tratamiento de los residuos electrónicos.
El BID fue el primero en asegurar la asistencia en setiembre a Mendoza, con talleres para trabajar temas ambientales y de desarrollo. Recordemos que nuestra provincia ha sido elegida por el Consejo Federal de Medio Ambiente, COFEMA, como sede para el debate nacional y latinoamericano sobre Cambio Climático.
Por otro lado, Guillermo Elizalde mantuvo entrevista con Marcia Levaggi, del Fondo de Adaptación al Cambio Climático considerado una herramienta de la ONU para enfrentar las crisis de distintos países en cuanto a enfrentar medidas de mitigación ante el calentamiento global. Se concede financiamiento para cubrir íntegramente los costos de la adaptación en proyectos y programas orientados a abordar los efectos adversos.
“Además de revisar cooperación en lo que es fortalecimiento de capacidades, con el Fondo Climático se presentó la integración de Argentina al Foro Verde Climático, donde nuestro país entrará a ocupar una banca”, señaló Elizalde.
El ministro, este lunes, también estuvo con la viceministra del máximo organismo de control de Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, según sus siglas en inglés).
Jane Nishida explicó a los medios argentinos que la misión de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos es la de proteger la salud de las personas y la del medio ambiente. Desde allí se dirige las ciencias ambientales de la nación, así como también los esfuerzos investigativos, educativos y de evaluación.
Elizalde explicó que la EPA es emblema mundial en políticas de marcos regulatorios y protocolos de controles. La agenda fue amplia en temas como contaminación de agua, suelo y aire; medidas contra la desertificación y la posibilidad de intercambios y convenios de cooperación sobre profesionales e información.
Durante estos días, organismos civiles que trabajan por el Ambiente como The Nature Conservancy, presente en más de 30 países, a quienes se ha presentado la Payunia bajo la idea de generar acciones de protección. También con el Fondo Ambiental Global donde fue muy bien recibida la política nacional y provincial que estableció una Guía Metodológica para la medición de Huella de Carbono en Vinos.
El gobierno provincial viene avanzando muy fuerte en temas como cuidado de la Biodiversidad, Forestación, protección de Áreas Naturales y en la Agencia de Cambio Climático, temas que en estos días fueron puestos en la mesa de discusión de los foros mundiales ambientales por el ministro Elizalde.
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Fecha de Publicación: 21/05/2014
Fuente: Mendoza Opina
Provincia/Región: Mendoza
Así lo informó el ministro Guillermo Elizalde, desde Estados Unidos. Será durante la previa al Foro Mundial de Lima, en setiembre, cuando Argentina debata sobre Cambio Climático.
Intensa agenda despliega en Estados Unidos el Ministro de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales, Guillermo Elizalde. En los últimos días mantuvo reuniones de trabajo con la cúpula ejecutiva del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); el Fondo de Adaptación al Cambio Climático, de la ONU y la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en inglés), que es el máximo órgano de control ambiental del país del norte.
“Las principales sedes de los organismos mundiales de protección e investigación sobre el Ambiente están en este país. Estamos planteando la problemática que se viene en cuanto a Cambio Climático en medio de otros temas que nos interesan como Provincia: tratamiento de residuos sólidos urbanos, política hídrica, marco regulatorio o estrategias de mitigación ante el calentamiento global”, dijo el ministro desde Washington.
Ayer, Elizalde fue recibido en el BID por Gabriela Costa, directora ejecutiva por Argentina y Francisco López Achaval, secretario de la Embajada Argentina en la capital norteamericana. El avance del proyecto GIRSU, sobre la erradicación de basurales y tratamiento de RSU en Mendoza, tuvo su espacio. Como también la temática de las bolsas de residuos y el tratamiento de los residuos electrónicos.
El BID fue el primero en asegurar la asistencia en setiembre a Mendoza, con talleres para trabajar temas ambientales y de desarrollo. Recordemos que nuestra provincia ha sido elegida por el Consejo Federal de Medio Ambiente, COFEMA, como sede para el debate nacional y latinoamericano sobre Cambio Climático.
Por otro lado, Guillermo Elizalde mantuvo entrevista con Marcia Levaggi, del Fondo de Adaptación al Cambio Climático considerado una herramienta de la ONU para enfrentar las crisis de distintos países en cuanto a enfrentar medidas de mitigación ante el calentamiento global. Se concede financiamiento para cubrir íntegramente los costos de la adaptación en proyectos y programas orientados a abordar los efectos adversos.
“Además de revisar cooperación en lo que es fortalecimiento de capacidades, con el Fondo Climático se presentó la integración de Argentina al Foro Verde Climático, donde nuestro país entrará a ocupar una banca”, señaló Elizalde.
El ministro, este lunes, también estuvo con la viceministra del máximo organismo de control de Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, según sus siglas en inglés).
Jane Nishida explicó a los medios argentinos que la misión de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos es la de proteger la salud de las personas y la del medio ambiente. Desde allí se dirige las ciencias ambientales de la nación, así como también los esfuerzos investigativos, educativos y de evaluación.
Elizalde explicó que la EPA es emblema mundial en políticas de marcos regulatorios y protocolos de controles. La agenda fue amplia en temas como contaminación de agua, suelo y aire; medidas contra la desertificación y la posibilidad de intercambios y convenios de cooperación sobre profesionales e información.
Durante estos días, organismos civiles que trabajan por el Ambiente como The Nature Conservancy, presente en más de 30 países, a quienes se ha presentado la Payunia bajo la idea de generar acciones de protección. También con el Fondo Ambiental Global donde fue muy bien recibida la política nacional y provincial que estableció una Guía Metodológica para la medición de Huella de Carbono en Vinos.
El gobierno provincial viene avanzando muy fuerte en temas como cuidado de la Biodiversidad, Forestación, protección de Áreas Naturales y en la Agencia de Cambio Climático, temas que en estos días fueron puestos en la mesa de discusión de los foros mundiales ambientales por el ministro Elizalde.
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Río Negro podría tener su propio día por la desertificación
Buscan declarar el 'Día Provincial de la Lucha contra la Desertificación'
Fecha de Publicación: 21/05/2014
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Río Negro
El legislador Pedro Pesatti (FpV), presentó un proyecto de ley para que se declare el 17 de junio de cada año como “Día Provincial de la Lucha contra la Desertificación”.
Pesatti expresó que “una de los mayores dificultades a enfrentar para brindar soluciones sobre la temática es lograr que toda la sociedad tome conciencia de lo que implica el problema, y si todos trabajamos en conjunto por un objetivo en común se podrá llevar adelante”.
Señaló que “en nuestra provincia el proceso de desertificación ha ido ganando terreno por diversas causas, que van desde factores naturales (sequías extremas) hasta acciones antrópicas (como el sobrepastoreo en la zona rural o el mal manejo del recurso natural”).
Indicó que “hallar una solución a este problema no es sencillo, ya que intervienen distintos aspectos que hacen a la condición humana de quienes habitan en las regiones más afectadas. Por ello las posibles soluciones a abordar respecto a esta problemática deben ser lo suficientemente abarcativas de todas estas aristas, considerando la parte social, económica, productiva y educativa”.
La presentación busca que durante esa semana se organicen actividades educativas que generen conciencia sobre el problema social, económico, productivo y climático que afecta a la Provincia de Río Negro y al país.
En la iniciativa, se propone como autoridad de aplicación el Ministerio de Educación y Derechos Humanos.
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Fecha de Publicación: 21/05/2014
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Río Negro
El legislador Pedro Pesatti (FpV), presentó un proyecto de ley para que se declare el 17 de junio de cada año como “Día Provincial de la Lucha contra la Desertificación”.
Pesatti expresó que “una de los mayores dificultades a enfrentar para brindar soluciones sobre la temática es lograr que toda la sociedad tome conciencia de lo que implica el problema, y si todos trabajamos en conjunto por un objetivo en común se podrá llevar adelante”.
Señaló que “en nuestra provincia el proceso de desertificación ha ido ganando terreno por diversas causas, que van desde factores naturales (sequías extremas) hasta acciones antrópicas (como el sobrepastoreo en la zona rural o el mal manejo del recurso natural”).
Indicó que “hallar una solución a este problema no es sencillo, ya que intervienen distintos aspectos que hacen a la condición humana de quienes habitan en las regiones más afectadas. Por ello las posibles soluciones a abordar respecto a esta problemática deben ser lo suficientemente abarcativas de todas estas aristas, considerando la parte social, económica, productiva y educativa”.
La presentación busca que durante esa semana se organicen actividades educativas que generen conciencia sobre el problema social, económico, productivo y climático que afecta a la Provincia de Río Negro y al país.
En la iniciativa, se propone como autoridad de aplicación el Ministerio de Educación y Derechos Humanos.
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CNEA insiste con la reapertura de Sierra Pintada
La CNEA insiste con la reapertura de la mina de uranio
Fecha de Publicación: 20/05/2014
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
Desde la Comisión Nacional de Energía Atómica realizaron una charla sobre remediación de pasivos ambientales poniendo de ejemplo el caso de la explotación uranífera. Además, una revista de tirada nacional de tendencia oficialista hizo una extensa nota apoyando la reactivación.
Se viene una nueva embestida por la reapertura de Sierra Pintada, y hay alerta en diferentes sectores locales. Desde la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) comenzaron a mover piezas y hacer lobby para plantear la reactivación de la planta en torno a la remediación de pasivos ambientales.
En este sentido, vienen realizando movimientos de ajedrez para tratar de movilizar la opinión pública y torcer la voluntad de los sanrafaelinos, que en varias ocasiones se han opuesto terminantemente a la minería contaminante.
Con el objetivo de derogar la Ley 7722 –por lo que están presionando las empresas mineras–, se busca reabrir el capítulo del extraccionismo en Mendoza, y el uranio no está exento.
Días atrás, la CNEA dio a conocer la posibilidad de realizar un nuevo estudio de impacto ambiental, como paso “amigable” para plantear la reapertura.
Asimismo, la misma Comisión llevó a cabo una charla sobre “Gestión de pasivos ambientales en el complejo minero fabril San Rafael" (Sierra Pintada) en la UNCuyo, donde se invitó a estudiantes de las diferentes universidades de la zona.
Esta estrategia trata de acercar posiciones entre una ciudadanía que rechaza históricamente la explotación de uranio y una Comisión de Energía Atómica sobre la que pesan muchas acusaciones en torno a contaminación ambiental.
Ahora, en su plan de seducción para la reapertura, se puede ver una extensísima nota en la revista nacional Veintitrés, de tendencia oficialista, donde destacan las obras que se hicieron y las que proyectan su remediación, y dan a entender que el objetivo final es la reapertura. El título de la nota señala que se trata de una “producción latente” y que “el complejo minero-fabril de Sierra Pintada está llamado a ser un polo clave”.
Según destaca la revista, la exploración y explotación del mineral uranio en San Rafael por la CNEA aportó de manera significativa a la soberanía energética del país. “Durante 22 años, el Complejo Minero Fabril produjo el uranio indispensable para alimentar los reactores de investigación que producen los radioisótopos, elemento fundamental en la lucha y diagnóstico temprano en el tratamiento contra el cáncer y enfermedades cardiovasculares”.
También el medio dice que se espera una audiencia pública que convocará la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, para debatir sobre la minería metalífera en la provincia, y donde esperan abrir la puerta para la reactivación.
El pasado 22 de abril, el juez federal Eduardo Puigdéngolas encabezó una recorrida por las instalaciones, donde inspeccionó el avance de la remediación y, según se supo, solicitó una nueva visita, que se realizaría dentro de los próximos meses para observar si hay avances en el reacondicionamiento de las instalaciones.
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Fecha de Publicación: 20/05/2014
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
Desde la Comisión Nacional de Energía Atómica realizaron una charla sobre remediación de pasivos ambientales poniendo de ejemplo el caso de la explotación uranífera. Además, una revista de tirada nacional de tendencia oficialista hizo una extensa nota apoyando la reactivación.
Se viene una nueva embestida por la reapertura de Sierra Pintada, y hay alerta en diferentes sectores locales. Desde la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) comenzaron a mover piezas y hacer lobby para plantear la reactivación de la planta en torno a la remediación de pasivos ambientales.
En este sentido, vienen realizando movimientos de ajedrez para tratar de movilizar la opinión pública y torcer la voluntad de los sanrafaelinos, que en varias ocasiones se han opuesto terminantemente a la minería contaminante.
Con el objetivo de derogar la Ley 7722 –por lo que están presionando las empresas mineras–, se busca reabrir el capítulo del extraccionismo en Mendoza, y el uranio no está exento.
Días atrás, la CNEA dio a conocer la posibilidad de realizar un nuevo estudio de impacto ambiental, como paso “amigable” para plantear la reapertura.
Asimismo, la misma Comisión llevó a cabo una charla sobre “Gestión de pasivos ambientales en el complejo minero fabril San Rafael" (Sierra Pintada) en la UNCuyo, donde se invitó a estudiantes de las diferentes universidades de la zona.
Esta estrategia trata de acercar posiciones entre una ciudadanía que rechaza históricamente la explotación de uranio y una Comisión de Energía Atómica sobre la que pesan muchas acusaciones en torno a contaminación ambiental.
Ahora, en su plan de seducción para la reapertura, se puede ver una extensísima nota en la revista nacional Veintitrés, de tendencia oficialista, donde destacan las obras que se hicieron y las que proyectan su remediación, y dan a entender que el objetivo final es la reapertura. El título de la nota señala que se trata de una “producción latente” y que “el complejo minero-fabril de Sierra Pintada está llamado a ser un polo clave”.
Según destaca la revista, la exploración y explotación del mineral uranio en San Rafael por la CNEA aportó de manera significativa a la soberanía energética del país. “Durante 22 años, el Complejo Minero Fabril produjo el uranio indispensable para alimentar los reactores de investigación que producen los radioisótopos, elemento fundamental en la lucha y diagnóstico temprano en el tratamiento contra el cáncer y enfermedades cardiovasculares”.
También el medio dice que se espera una audiencia pública que convocará la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, para debatir sobre la minería metalífera en la provincia, y donde esperan abrir la puerta para la reactivación.
El pasado 22 de abril, el juez federal Eduardo Puigdéngolas encabezó una recorrida por las instalaciones, donde inspeccionó el avance de la remediación y, según se supo, solicitó una nueva visita, que se realizaría dentro de los próximos meses para observar si hay avances en el reacondicionamiento de las instalaciones.
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ONGs piden por la microgeneración de energías renovables
Organizaciones piden que se regule la generación distribuida en Argentina
Fecha de Publicación: 20/05/2014
Fuente: Portal pv-magazine-latam.com
Provincia/Región: Nacional
Avina, Los Verdes, Greenpeace y Farn piden que la modificación de la Ley de Energías Renovables que incluya medidas para impulsar la generación distribuida o la microgeneración con instalaciones de energías renovables en Argentina.
Varias organizaciones medioambientales argentinas han solicitado que se introduzcan modificaciones a la Ley 26.190 de Energías Renovables para impulsar las instalaciones renovables de generación distribuida en Argentina. Las organizaciones Avina, Los Verdes, Greenpeace y Farn mandaron recientemente una carta a las comisiones del Senado en las que se debaten en la actualidad cambios en dicha ley para que se incorpore un artículo con el cual se habiliten las instalaciones de energías renovables de generación distribuida. Tambien demandan una normativa técnica a nivel nacional para este tipo de instalaciones y que las empresas distribuidoras de electricidad deban habilitar los proyectos. La Autoridad de Aplicación se encargaría de la correcta aplicación de los instrumentos destinados a promover la generación distribuida. Además, las organizaciones proponen contribuir en la elaboración de un esquema de incentivos en caso de que se optará por ello.
Al contrario que en otros países de la región como Brasil, en Argentina no existe todavía una regulación de autoconsumo o medición neta para las instalaciones de energías renovables. La mayor parte de los cerca de diez megavatios fotovoltaicos conectados a red hasta la fecha en el país corresponde a centrales solares de megavatios. No obstante, en la actualidad se llevan a cabo algunas instalaciones solares piloto de conexión a red para evaluar este tipo de sistemas. De hecho existe un programa de energía solar urbana distribuida, el proyecto Iresud, con el cual se busca impulsar una normativa para este tipo de sistemas.
"Esta opción, no sólo permite hacer un uso mucho más intenso de los recursos renovables disponibles, sino que además pueden hacerse al menor costo, reduciendo pérdidas de energía por transmisión y acompañar una modernización de la red eléctrica que tenderá a hacer más eficiente la compatibilización de la oferta y demanda. También aprovechará los espacios existentes en ciudades de todo tamaño en todo el país, desplegando un potencial extraordinario", señalan las organizaciones.
Fecha de Publicación: 20/05/2014
Fuente: Portal pv-magazine-latam.com
Provincia/Región: Nacional
Avina, Los Verdes, Greenpeace y Farn piden que la modificación de la Ley de Energías Renovables que incluya medidas para impulsar la generación distribuida o la microgeneración con instalaciones de energías renovables en Argentina.
Varias organizaciones medioambientales argentinas han solicitado que se introduzcan modificaciones a la Ley 26.190 de Energías Renovables para impulsar las instalaciones renovables de generación distribuida en Argentina. Las organizaciones Avina, Los Verdes, Greenpeace y Farn mandaron recientemente una carta a las comisiones del Senado en las que se debaten en la actualidad cambios en dicha ley para que se incorpore un artículo con el cual se habiliten las instalaciones de energías renovables de generación distribuida. Tambien demandan una normativa técnica a nivel nacional para este tipo de instalaciones y que las empresas distribuidoras de electricidad deban habilitar los proyectos. La Autoridad de Aplicación se encargaría de la correcta aplicación de los instrumentos destinados a promover la generación distribuida. Además, las organizaciones proponen contribuir en la elaboración de un esquema de incentivos en caso de que se optará por ello.
Al contrario que en otros países de la región como Brasil, en Argentina no existe todavía una regulación de autoconsumo o medición neta para las instalaciones de energías renovables. La mayor parte de los cerca de diez megavatios fotovoltaicos conectados a red hasta la fecha en el país corresponde a centrales solares de megavatios. No obstante, en la actualidad se llevan a cabo algunas instalaciones solares piloto de conexión a red para evaluar este tipo de sistemas. De hecho existe un programa de energía solar urbana distribuida, el proyecto Iresud, con el cual se busca impulsar una normativa para este tipo de sistemas.
"Esta opción, no sólo permite hacer un uso mucho más intenso de los recursos renovables disponibles, sino que además pueden hacerse al menor costo, reduciendo pérdidas de energía por transmisión y acompañar una modernización de la red eléctrica que tenderá a hacer más eficiente la compatibilización de la oferta y demanda. También aprovechará los espacios existentes en ciudades de todo tamaño en todo el país, desplegando un potencial extraordinario", señalan las organizaciones.
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Buenos Aires: operativos ante caza ilegal en reservas
Provincia incautó más de 100 armas en operativos de fiscalización por caza ilegal en reservas naturales
Fecha de Publicación: 20/05/2014
Fuente: OPDS
Provincia/Región: Buenos Aires
La Plata.- Más de 100 armas de fuego fueron secuestradas tras una serie de operativos de fiscalización por caza ilegal que se efectuaron en zona de reservas naturales de la Provincia, por parte del Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS), la Policía Rural del Ministerio de Seguridad y el municipio de Magdalena, como parte de las acciones de la emergencia de seguridad decretada por el gobernador Daniel Scioli.
Como resultado de los procedimientos, se incautaron las armas de fuego (carabinas, escopetas, fusiles de distintos calibres), municiones, armas de gas comprimido de última generación, cuchillos, palas, machetes y simbras.
En el marco de los operativos de control se detuvieron a 30 personas, algunas de las cuales tenían antecedentes policiales, y/o pedidos de captura. También se detectaron pedidos de secuestro de vehículos, armas sin la documentación correspondiente o con numeración suprimida, conductores con índices no permitidos de alcoholemia, etc, por lo que un procedimiento de control preventivo de este Organismo derivará en múltiples causas penales y/o contravencionales.
"La política de Seguridad es transversal a todo el gobierno de Daniel Scioli porque todos los ministerios trabajamos en este tema", sostuvo Hugo Bilbao, Director Ejecutivo del OPDS.
La ley de Parques y Reservas Naturales de la Provincia de Buenos Aires determina que los guardaparques revisten carácter de fuerza pública y tendrán a su cargo la custodia, vigilancia, control y seguridad de las áreas protegidas
El OPDS, en ese marco, es responsable de la custodia, vigilancia, control y seguridad de casi un 5 % de la superficie provincial, en la temática relacionada con alteraciones al medio natural (caza, pesca, extracción de leña, circulación de vehículos por zona prohibidas, residuos, etc.)
El área contemplada establece un sector de refugio de Vida Silvestre donde en los partidos de Punta Indio y Magdalena permanentemente se llevan a cabo de manera conjunta con el Ministerio de Seguridad procedimientos que a lo largo del último año registraron más de un centenar actas de infracción.
En las mismas se secuestraron una importante cantidad de armas, trampas, redes y otros elementos probatorios. Del mismo modo fueron retenidos vehículos y embarcaciones que no contaban con la documentación correspondiente.
En el diseño de los planes operativos de cada área, el programa de fiscalización tiene un rol importante al momento de planificar las acciones. Fundamentalmente se trabaja preventivamente concientizando sobre el efecto de estos hechos en el ambiente natural, teniendo una instancia concreta de fiscalización donde, ante la detección de una falta se procede labrando actas, secuestrando elementos utilizados, derivando a otra fuerza ( Policía de la Provincia, Prefectura o Gendarmería) en caso de aparecer hechos que exceden el marco normativo de este Organismo.
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Fecha de Publicación: 20/05/2014
Fuente: OPDS
Provincia/Región: Buenos Aires
La Plata.- Más de 100 armas de fuego fueron secuestradas tras una serie de operativos de fiscalización por caza ilegal que se efectuaron en zona de reservas naturales de la Provincia, por parte del Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS), la Policía Rural del Ministerio de Seguridad y el municipio de Magdalena, como parte de las acciones de la emergencia de seguridad decretada por el gobernador Daniel Scioli.
Como resultado de los procedimientos, se incautaron las armas de fuego (carabinas, escopetas, fusiles de distintos calibres), municiones, armas de gas comprimido de última generación, cuchillos, palas, machetes y simbras.
En el marco de los operativos de control se detuvieron a 30 personas, algunas de las cuales tenían antecedentes policiales, y/o pedidos de captura. También se detectaron pedidos de secuestro de vehículos, armas sin la documentación correspondiente o con numeración suprimida, conductores con índices no permitidos de alcoholemia, etc, por lo que un procedimiento de control preventivo de este Organismo derivará en múltiples causas penales y/o contravencionales.
"La política de Seguridad es transversal a todo el gobierno de Daniel Scioli porque todos los ministerios trabajamos en este tema", sostuvo Hugo Bilbao, Director Ejecutivo del OPDS.
La ley de Parques y Reservas Naturales de la Provincia de Buenos Aires determina que los guardaparques revisten carácter de fuerza pública y tendrán a su cargo la custodia, vigilancia, control y seguridad de las áreas protegidas
El OPDS, en ese marco, es responsable de la custodia, vigilancia, control y seguridad de casi un 5 % de la superficie provincial, en la temática relacionada con alteraciones al medio natural (caza, pesca, extracción de leña, circulación de vehículos por zona prohibidas, residuos, etc.)
El área contemplada establece un sector de refugio de Vida Silvestre donde en los partidos de Punta Indio y Magdalena permanentemente se llevan a cabo de manera conjunta con el Ministerio de Seguridad procedimientos que a lo largo del último año registraron más de un centenar actas de infracción.
En las mismas se secuestraron una importante cantidad de armas, trampas, redes y otros elementos probatorios. Del mismo modo fueron retenidos vehículos y embarcaciones que no contaban con la documentación correspondiente.
En el diseño de los planes operativos de cada área, el programa de fiscalización tiene un rol importante al momento de planificar las acciones. Fundamentalmente se trabaja preventivamente concientizando sobre el efecto de estos hechos en el ambiente natural, teniendo una instancia concreta de fiscalización donde, ante la detección de una falta se procede labrando actas, secuestrando elementos utilizados, derivando a otra fuerza ( Policía de la Provincia, Prefectura o Gendarmería) en caso de aparecer hechos que exceden el marco normativo de este Organismo.
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Gobierno de Neuquén dice que no hay contaminación en los lagos
Aseguran que en los lagos no hay contaminación
Fecha de Publicación: 19/05/2014
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Después de la controversia que se había generado por un análisis de laboratorio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2012, que indicaba que un punto del lago Los Barreales presentaba un nivel de hidrocarburos por encima del tolerable para la actividad recreativa, un reciente estudio de la Provincia sobre este espejo de agua y el de Mari Menuco asegura lo contrario.
Si bien se trata de datos preliminares, que serán dados a conocer en profundidad esta semana, los resultados de una muestra realizada en noviembre y diciembre del año pasado sobre 22 puntos en los dos lagos arroja que “en dichas aguas no se ha detectado la presencia de hidrocarburos, ni agroquímicos, estando los contenidos de los otros parámetros realizados dentro de los límites permisibles para los distintos usos”.
Las aguas fueron analizadas por el centro de Investigación y Asistencia Técnica a la Industria Agroalimentaria (CIATI), que tomó en cada muestra PH, conductividad, oxígeno disuelto y turbiedad, junto a la determinación de 140 parámetros, entre los que se encontraban -además de metales pesados, hidrocarburos y agroquímicos- análisis bacteriológicos y muestras de fitoplacton.
Organismos
De este programa de control ambiental participaron la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia, la Dirección Provincial de Recursos Hídricos, el EPAS, la AIC y Prefectura Naval Argentina.
El plan contempla cuatro muestreos anuales, de acuerdo a las estaciones del año. El último se hizo en febrero, pero todavía no están los resultados.
“El objetivo es fortalecer un equipo interinstitucional del control de los recursos hídricos, con un convenio de referencia con el CIATI, que es un laboratorio de alta calificación”, explicó a este diario Ricardo Esquivel, secretario de Medio Ambiente de la provincia.
“Si aparece algo, lo vamos a identificar y buscaremos las soluciones, lo que se pretende es hacer un control único con todos los organismos, con un gran equipo técnico y, si hay situaciones que resolver, se verá la manera de hacerlo”, apuntó el funcionario.
Para consumo y recreación
Los lagos Mari Menuco y Los Barreales tienen diferentes villas turísticas y centros de recreación dedicados, fundamentalmente, a la actividad náutica y recreativa, pero además, desde allí, y a partir de un acueducto, se abastece de agua potable a gran parte de Neuquén, y lo mismo se hará a partir del verano en Centenario. También ya está terminada y sólo falta la puesta a punto de una obra similar para llevar el servicio a Cutral Co y Plaza Huincul, a través del acueducto Los Barreales.
Los estudios que se realizarán para determinar que no haya contaminación incluirán además muestras del tramo del río Neuquén, que se asocia a estos lagos. Los trabajos de campo se harán tanto en la costa como en embarcaciones, para analizar distintos sectores de este curso de agua.
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Fecha de Publicación: 19/05/2014
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Después de la controversia que se había generado por un análisis de laboratorio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2012, que indicaba que un punto del lago Los Barreales presentaba un nivel de hidrocarburos por encima del tolerable para la actividad recreativa, un reciente estudio de la Provincia sobre este espejo de agua y el de Mari Menuco asegura lo contrario.
Si bien se trata de datos preliminares, que serán dados a conocer en profundidad esta semana, los resultados de una muestra realizada en noviembre y diciembre del año pasado sobre 22 puntos en los dos lagos arroja que “en dichas aguas no se ha detectado la presencia de hidrocarburos, ni agroquímicos, estando los contenidos de los otros parámetros realizados dentro de los límites permisibles para los distintos usos”.
Las aguas fueron analizadas por el centro de Investigación y Asistencia Técnica a la Industria Agroalimentaria (CIATI), que tomó en cada muestra PH, conductividad, oxígeno disuelto y turbiedad, junto a la determinación de 140 parámetros, entre los que se encontraban -además de metales pesados, hidrocarburos y agroquímicos- análisis bacteriológicos y muestras de fitoplacton.
Organismos
De este programa de control ambiental participaron la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia, la Dirección Provincial de Recursos Hídricos, el EPAS, la AIC y Prefectura Naval Argentina.
El plan contempla cuatro muestreos anuales, de acuerdo a las estaciones del año. El último se hizo en febrero, pero todavía no están los resultados.
“El objetivo es fortalecer un equipo interinstitucional del control de los recursos hídricos, con un convenio de referencia con el CIATI, que es un laboratorio de alta calificación”, explicó a este diario Ricardo Esquivel, secretario de Medio Ambiente de la provincia.
“Si aparece algo, lo vamos a identificar y buscaremos las soluciones, lo que se pretende es hacer un control único con todos los organismos, con un gran equipo técnico y, si hay situaciones que resolver, se verá la manera de hacerlo”, apuntó el funcionario.
Para consumo y recreación
Los lagos Mari Menuco y Los Barreales tienen diferentes villas turísticas y centros de recreación dedicados, fundamentalmente, a la actividad náutica y recreativa, pero además, desde allí, y a partir de un acueducto, se abastece de agua potable a gran parte de Neuquén, y lo mismo se hará a partir del verano en Centenario. También ya está terminada y sólo falta la puesta a punto de una obra similar para llevar el servicio a Cutral Co y Plaza Huincul, a través del acueducto Los Barreales.
Los estudios que se realizarán para determinar que no haya contaminación incluirán además muestras del tramo del río Neuquén, que se asocia a estos lagos. Los trabajos de campo se harán tanto en la costa como en embarcaciones, para analizar distintos sectores de este curso de agua.
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Córdoba: gobernador apura la "convivencia ambiental"
El delasotismo planea votar la ley de ambiente a fin de mes
Fecha de Publicación: 19/05/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Tras una ronda de consultas, la semana que viene el oficialismo avanzaría en la redacción final del proyecto. Expectativa por la planta de Monsanto en Malvinas.
Si se concretan las aspiraciones de Unión por Córdoba, a fin de mes la Unicameral aprobaría la nueva ley de ambiente. Así lo confirmó a este diario el legislador Dante Heredia, presidente de la comisión de Asuntos Ecológicos que recibió en los últimos dos meses a decenas de organizaciones sociales, cámaras empresariales y académicos que dieron su visión sobre el proyecto del Ejecutivo.
Si bien el oficialismo intentó despegar este debate del conflicto por la instalación de una planta de semillas de Monsanto en Malvinas Argentinas, representantes de esa multinacional y del Ministerio de Agua provincial blanquearon que esperan la sanción de la norma para volver a empezar el proceso de autorización del semillero, cuya construcción hoy está suspendida por una orden judicial y un bloqueo de ambientalistas.
La nueva norma exigirá una evaluación de impacto ambiental completa antes de habilitar emprendimientos que puedan afectar el ambiente e incorporará instancias de participación ciudadana (audiencias públicas u otras) en ese proceso.
“Vamos a hacer todas las modificaciones que sean necesarias para llegar a un texto consensuado”, declaró Heredia.
La próxima semana el delasotismo avanzaría en la redacción final del proyecto para ser debatido y aprobado.
Las mayores críticas a la iniciativa se concentran en los mismos puntos: que no queda claro en qué casos se exigirá la participación ciudadana y de qué modo será; que quedan muchos aspectos sujetos a la reglamentación de la ley; y hasta se puso en duda la necesidad misma de sancionar una nueva norma, considerando que la actual Ley de Ambiente es suficiente.
Como telón de fondo del debate está evidentemente la cuestión de la planta de Monsanto, parada por fallo judicial desde enero último. A esa empresa la Provincia le rechazó un primer estudio de impacto ambiental y la firma quiere insistir con una nueva evaluación, pero regida por la nueva Ley Ambiental que –se descuenta– alumbrará en breve la Unicameral.
La secuencia
Fallo. El 8 de enero, la Sala 2ª de la Cámara del Trabajo declaró inconstitucionales los permisos que dio la Secretaría de Ambiente y la Municipalidad de Malvinas Argentinas a Monsanto para construir su planta de semillas y ordenó frenar la obra.
Anuncio. El 1° de febrero, el gobernador anunció el envío a la Legislatura del proyecto de ley de “convivencia ambiental”.
En marcha. El proyecto se viene debatiendo con terceros invitados y se llevará al recinto de la Unicameral para su aprobación antes de que termine mayo.
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Fecha de Publicación: 19/05/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Tras una ronda de consultas, la semana que viene el oficialismo avanzaría en la redacción final del proyecto. Expectativa por la planta de Monsanto en Malvinas.
Si se concretan las aspiraciones de Unión por Córdoba, a fin de mes la Unicameral aprobaría la nueva ley de ambiente. Así lo confirmó a este diario el legislador Dante Heredia, presidente de la comisión de Asuntos Ecológicos que recibió en los últimos dos meses a decenas de organizaciones sociales, cámaras empresariales y académicos que dieron su visión sobre el proyecto del Ejecutivo.
Si bien el oficialismo intentó despegar este debate del conflicto por la instalación de una planta de semillas de Monsanto en Malvinas Argentinas, representantes de esa multinacional y del Ministerio de Agua provincial blanquearon que esperan la sanción de la norma para volver a empezar el proceso de autorización del semillero, cuya construcción hoy está suspendida por una orden judicial y un bloqueo de ambientalistas.
La nueva norma exigirá una evaluación de impacto ambiental completa antes de habilitar emprendimientos que puedan afectar el ambiente e incorporará instancias de participación ciudadana (audiencias públicas u otras) en ese proceso.
“Vamos a hacer todas las modificaciones que sean necesarias para llegar a un texto consensuado”, declaró Heredia.
La próxima semana el delasotismo avanzaría en la redacción final del proyecto para ser debatido y aprobado.
Las mayores críticas a la iniciativa se concentran en los mismos puntos: que no queda claro en qué casos se exigirá la participación ciudadana y de qué modo será; que quedan muchos aspectos sujetos a la reglamentación de la ley; y hasta se puso en duda la necesidad misma de sancionar una nueva norma, considerando que la actual Ley de Ambiente es suficiente.
Como telón de fondo del debate está evidentemente la cuestión de la planta de Monsanto, parada por fallo judicial desde enero último. A esa empresa la Provincia le rechazó un primer estudio de impacto ambiental y la firma quiere insistir con una nueva evaluación, pero regida por la nueva Ley Ambiental que –se descuenta– alumbrará en breve la Unicameral.
La secuencia
Fallo. El 8 de enero, la Sala 2ª de la Cámara del Trabajo declaró inconstitucionales los permisos que dio la Secretaría de Ambiente y la Municipalidad de Malvinas Argentinas a Monsanto para construir su planta de semillas y ordenó frenar la obra.
Anuncio. El 1° de febrero, el gobernador anunció el envío a la Legislatura del proyecto de ley de “convivencia ambiental”.
En marcha. El proyecto se viene debatiendo con terceros invitados y se llevará al recinto de la Unicameral para su aprobación antes de que termine mayo.
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Mendoza: alerta por posibles modificaciones en la 7722
Alerta en el Sur y Valle de Uco por los posibles cambios en la ley 7722
Fecha de Publicación: 19/05/2014
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
En el marco del pedido que hizo la Mesa Minera para declarar la emergencia en minería en la provincia, y a su vez derogar o modificar la famosa ley 7722 (que restringe la explotación cuando se utilizan ciertos productos químicos), desde los sectores ambientalistas ya preparan una nueva resistencia en torno a los intentos de derogar la norma conocida como “Ley del pueblo”.
Ya había habido inconvenientes cuando en el Plan de Ordenamiento Territorial se planteaba esta posibilidad, lo que hizo que el propio ministro de Ambiente, Guillermo Elizalde, la descartara.
Ahora, ante un nuevo embate, los sectores mineros ya no buscan derogar sino cambiar la ley 7722, para hacerla más “permisiva”.
Ante esto, desde algunos sectores empiezan a movilizarse. Las asambleas del Sur provincial y del Valle de Uco ya mostraron su malestar con la situación y plantean su rechazo.
El Concejo Deliberante alvearense ya emitió una ordenanza que reafirma la posición de la defensa del agua y el rechazo a todo tipo de explotación minera con uso de productos químicos contaminantes.
Algo similar pasó en San Carlos, donde su intendente Jorge Difonso, salió a plantear –en declaraciones públicas– que “si este nuevo proyecto avanza va a generar un conflicto social importante en Mendoza, sobre todo en las zonas productivas, como Valle de Uco, San Rafael y Alvear".
Si bien todavía no hay mayores novedades, desde las asambleas se mostraron alertas y plantean la posibilidad de volver a militar activamente en defensa de la ley, como se viene haciendo hasta ahora.
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Fecha de Publicación: 19/05/2014
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
En el marco del pedido que hizo la Mesa Minera para declarar la emergencia en minería en la provincia, y a su vez derogar o modificar la famosa ley 7722 (que restringe la explotación cuando se utilizan ciertos productos químicos), desde los sectores ambientalistas ya preparan una nueva resistencia en torno a los intentos de derogar la norma conocida como “Ley del pueblo”.
Ya había habido inconvenientes cuando en el Plan de Ordenamiento Territorial se planteaba esta posibilidad, lo que hizo que el propio ministro de Ambiente, Guillermo Elizalde, la descartara.
Ahora, ante un nuevo embate, los sectores mineros ya no buscan derogar sino cambiar la ley 7722, para hacerla más “permisiva”.
Ante esto, desde algunos sectores empiezan a movilizarse. Las asambleas del Sur provincial y del Valle de Uco ya mostraron su malestar con la situación y plantean su rechazo.
El Concejo Deliberante alvearense ya emitió una ordenanza que reafirma la posición de la defensa del agua y el rechazo a todo tipo de explotación minera con uso de productos químicos contaminantes.
Algo similar pasó en San Carlos, donde su intendente Jorge Difonso, salió a plantear –en declaraciones públicas– que “si este nuevo proyecto avanza va a generar un conflicto social importante en Mendoza, sobre todo en las zonas productivas, como Valle de Uco, San Rafael y Alvear".
Si bien todavía no hay mayores novedades, desde las asambleas se mostraron alertas y plantean la posibilidad de volver a militar activamente en defensa de la ley, como se viene haciendo hasta ahora.
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El CAREM en Formosa levanta temperatura
Revuelo por proyecto nuclear en Formosa
Fecha de Publicación: 18/05/2014
Fuente: La Nación - blogs.lanacion.com.ar/ecologico
Provincia/Región: Formosa
Hay revuelo en Formosa. Y, tal vez, debería replicarse en todo el país. Es que hay versiones sobre la instalación de un reactor nuclear en la provincia que incluyeron una audiencia pública lamentable, pero nadie oficialmente reconoce nada.
la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y AMRA Nacional presentaron siete pedidos de informes solicitando información sobre la posible construcción de un Reactor Nuclear (CAREM 150) en la Provincia de Formosa, en la ribera derecha del Río Paraguay, el cual constituye el límite fronterizo entre ambos Estados.
Específicamente, la información solicitada se centró en el estado del proyecto, el armado, control y seguimiento del plan, y las medidas de mitigación y protección del ambiente.
Estos pedidos de información fueron realizados ya que recientemente tomó estado público la posible instalación de un Reactor Nuclear en Formosa, y ante la falta de información oficial, y la posible afectación al ambiente, se confeccionaron los pedidos a organismos argentinos encargados de la ejecución, autorización y control de un proyecto de ese tipo:
- Autoridad Regulatoria Nuclear
- Comisión Nacional de Energía Atómica
- Secretaría de Energía
- Congreso Nacional
- Cancillería Argentina.
“Hasta el día de la fecha hemos recibido las respuestas de la Autoridad Regulatoria Nuclear y Comisión Nacional de Energía Atómica. En el caso de la ARN informó que en este organismo no existe ningún proyecto relacionado con la posible construccion de un reactor nuclear en Formosa. Por su parte, la CNEA informó que ha firmado un convenio con la Provincia de Formosa para definir potenciales sitios de emplazamiento de una central nuclear CAREM en el territorio de esa provincia”.
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Fecha de Publicación: 18/05/2014
Fuente: La Nación - blogs.lanacion.com.ar/ecologico
Provincia/Región: Formosa
Hay revuelo en Formosa. Y, tal vez, debería replicarse en todo el país. Es que hay versiones sobre la instalación de un reactor nuclear en la provincia que incluyeron una audiencia pública lamentable, pero nadie oficialmente reconoce nada.
la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y AMRA Nacional presentaron siete pedidos de informes solicitando información sobre la posible construcción de un Reactor Nuclear (CAREM 150) en la Provincia de Formosa, en la ribera derecha del Río Paraguay, el cual constituye el límite fronterizo entre ambos Estados.
Específicamente, la información solicitada se centró en el estado del proyecto, el armado, control y seguimiento del plan, y las medidas de mitigación y protección del ambiente.
Estos pedidos de información fueron realizados ya que recientemente tomó estado público la posible instalación de un Reactor Nuclear en Formosa, y ante la falta de información oficial, y la posible afectación al ambiente, se confeccionaron los pedidos a organismos argentinos encargados de la ejecución, autorización y control de un proyecto de ese tipo:
- Autoridad Regulatoria Nuclear
- Comisión Nacional de Energía Atómica
- Secretaría de Energía
- Congreso Nacional
- Cancillería Argentina.
“Hasta el día de la fecha hemos recibido las respuestas de la Autoridad Regulatoria Nuclear y Comisión Nacional de Energía Atómica. En el caso de la ARN informó que en este organismo no existe ningún proyecto relacionado con la posible construccion de un reactor nuclear en Formosa. Por su parte, la CNEA informó que ha firmado un convenio con la Provincia de Formosa para definir potenciales sitios de emplazamiento de una central nuclear CAREM en el territorio de esa provincia”.
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Finalmente La Pampa demandó a Mendoza por el Atuel
La Pampa demandó a Mendoza en la Corte Suprema por el río Atuel
Fecha de Publicación: 18/05/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
La Pampa reprocha a Mendoza que no cumple un fallo que declara al río de carácter “interprovincial” y acusa "un inmenso daño social en el noreste" pampeano.
La Pampa demandó hoy ante la Corte Suprema de Justicia a la provincia de Mendoza por el uso de las aguas del Río Atuel que, según un fallo del máximo tribunal de 1987, tiene carácter de "interprovincial".
La Pampa reprocha a Mendoza que no cumple este fallo, pero además que "ha sido la causante de un inmenso daño social en el noreste" de la provincia, una región "que fue condenada al atraso en su desarrollo y al éxodo de su población debido al uso arbitrario del agua de ese río".
La demanda pampeana, que tiene unas 400 páginas más anexos, con más de 10 mil fojas y que fue presentada este mediodía, apunta a Mendoza, pero además cita como "tercero obligado" al Estado Nacional, al que le reclama por su "responsabilidad histórica en la negligente administración del complejo Los Nihuiles".
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Fecha de Publicación: 18/05/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
La Pampa reprocha a Mendoza que no cumple un fallo que declara al río de carácter “interprovincial” y acusa "un inmenso daño social en el noreste" pampeano.
La Pampa demandó hoy ante la Corte Suprema de Justicia a la provincia de Mendoza por el uso de las aguas del Río Atuel que, según un fallo del máximo tribunal de 1987, tiene carácter de "interprovincial".
La Pampa reprocha a Mendoza que no cumple este fallo, pero además que "ha sido la causante de un inmenso daño social en el noreste" de la provincia, una región "que fue condenada al atraso en su desarrollo y al éxodo de su población debido al uso arbitrario del agua de ese río".
La demanda pampeana, que tiene unas 400 páginas más anexos, con más de 10 mil fojas y que fue presentada este mediodía, apunta a Mendoza, pero además cita como "tercero obligado" al Estado Nacional, al que le reclama por su "responsabilidad histórica en la negligente administración del complejo Los Nihuiles".
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En Mendoza se podrá generar su propia energía
Mendoza: cada ciudadano podrá generar su propia energía y alimentar el sistema eléctrico
Fecha de Publicación: 17/05/2014
Fuente: Noticias Ambientales
Provincia/Región: Mendoza
El ministro de Energía, Marco Zandomeni presidió la primera reunión de la Mesa de energías alternativas que se desarrolló recientemente en la provincia de Mendoza.
Este nuevo ámbito de trabajo y discusión es impulsado por el Ministerio de Energía con el objetivo de reunir a las empresas del sector, a los institutos académicos y de investigación y a todas las áreas de gobierno involucradas en el desarrollo de las energías alternativas.
"Buscamos generar el crecimiento suficiente para aumentar significativamente la participación de las energías alternativas en el mix energético, desarrollando tecnologías y capacidades que se integren al proceso de sustitución de importaciones, contribuyendo también a la creación de valor que pueda volcarse en el mercado local y externo”, indicó Zandomeni.
En este primer encuentro se analizaron, entre otros temas, el de la generación distribuida de energía renovable, entendida como aquella que puede ser generada, utilizada y cedida al sistema por un usuario particular o una empresa que se encuentra en el extremo de la cadena energética de distribución.
Sobre este punto, el ministro destacó: "Cada mendocino podrá generar su propia energía y alimentar el sistema eléctrico. Mendoza tiene todo el potencial y los recursos naturales para lograrlo".
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Fecha de Publicación: 17/05/2014
Fuente: Noticias Ambientales
Provincia/Región: Mendoza
El ministro de Energía, Marco Zandomeni presidió la primera reunión de la Mesa de energías alternativas que se desarrolló recientemente en la provincia de Mendoza.
Este nuevo ámbito de trabajo y discusión es impulsado por el Ministerio de Energía con el objetivo de reunir a las empresas del sector, a los institutos académicos y de investigación y a todas las áreas de gobierno involucradas en el desarrollo de las energías alternativas.
"Buscamos generar el crecimiento suficiente para aumentar significativamente la participación de las energías alternativas en el mix energético, desarrollando tecnologías y capacidades que se integren al proceso de sustitución de importaciones, contribuyendo también a la creación de valor que pueda volcarse en el mercado local y externo”, indicó Zandomeni.
En este primer encuentro se analizaron, entre otros temas, el de la generación distribuida de energía renovable, entendida como aquella que puede ser generada, utilizada y cedida al sistema por un usuario particular o una empresa que se encuentra en el extremo de la cadena energética de distribución.
Sobre este punto, el ministro destacó: "Cada mendocino podrá generar su propia energía y alimentar el sistema eléctrico. Mendoza tiene todo el potencial y los recursos naturales para lograrlo".
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Chaco podría autorizar un "megadesmonte" ilegal
Bosques analiza autorización para un mega desmonte en zona prohibida
Fecha de Publicación: 17/05/2014
Fuente: Data Chaco
Provincia/Región: Chaco
Si la Dirección de Bosques autorizara, se producirá un mega desmonte en zona amarilla, o sea en área prohibida. Esta vez apuntan a los escasos remanentes de montes existentes en el Departamento Fontana, en proximidades de Villa Ángela.
Según revela el Centro de Estudios Centro Mandela, Cresud S.A.C.I.F.A. es titular de un Establecimiento de 36.000 hectáreas. Pretenden desmontar 18.000, es decir el equivalente a 4.500 Plazas “25 de Mayo” de Resistencia, a pesar de la prohibición que rige en la zona.
El gigantesco campo de Cresud forma parte de una eco-región y de un ecosistema que fue categorizado como zona amarilla en el mapa de zonificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), donde no se permiten los desmontes.
Suelos que necesitan la protección del monte y que no son aptos para la agricultura
Según el mapa de capacidad de uso de los suelos elaborado por INTA, en el citado Establecimiento de Cresud S.A predominan los suelos Clase VI, que se caracteriza por limitaciones severas y continuas para la producción de cultivos debido a la erosión, a la inundabilidad y a las altas concentraciones de sales o sodio, y de Clase VII que tiene limitaciones severas que restringen su uso reducido al pastoreo o muy restringido a la actividad forestal.
De acuerdo al estudio realizado por los ingenieros agrimensores Zurita, López y Brest, con amplias trayectorias en el sector del estudio de los suelos en el Chaco, zonificaron los departamentos de la provincia según los riesgos agrícolas. Los suelos del Establecimiento de esta empresa, como se aprecia en el mapa que ilustra la nota, están sometidos a severos riesgos por anegamiento, encharcamiento y condiciones físicas adversas, que desaconsejan que se elimine la cobertura o protección vegetal brindada por el monte allí existente. Son tierras que no deben ser destinadas a la agricultura, especialmente a la intensiva o industrial que explota Cresud S.A. en otras regiones de Chaco.
Un caso muy grave
La posible eliminación de las escasas formaciones forestales que subsisten en la zona acelerarán el escurrimiento de las aguas hacia el sector sudeste ya que el sentido de la pendiente es del noroeste hacia el sureste. El panorama se agravará aún más si se tiene en cuenta que en el noroeste del campo de Cresud S.A la zona es de intensos y continuos cultivos agrícolas.
Si la Dirección de Bosques autorizara este gran desmonte sumará un nuevo factor negativo que se agregará al proceso de intenso deterioro del ecosistema de la región que se ha viste potenciado por la pésima ejecución y funcionamiento de la obra de canalización de los Bajos Sub-medirionales, que comprende una extensa región de tierras bajas y anegadizas que abarca parte del norte de la provincia de Santa Fe y sur de Chaco, en la Cuña Boscosa y el Dorso Occidental Sub-húmedo de la llanura chaqueña, con una superficie aproximada de 8 millones de hectáreas, que se caracteriza por los suelos salinos y el escaso saldo de montes.
El permiso de desmonte pedido por Cresud S.A no debió ser presentado. Pero como se ha concretado, debería tener como única respuesta el rechazo absoluto por parte de la Dirección de Bosques, que no debería otorgar el permiso solicitado. Este caso puede ser el primer gran examen que deben rendir las actuales autoridades del Ministerio de la Producción porque permitirá no solo aplicar correctamente la ley rechazando el planteo de Cresud S.A, sino también posibilitará que tomen distancia de la gestión anterior que ha sido abiertamente desastrosa en el manejo y en la explotación irracional del monte nativo chaqueño, con un extraordinario impacto negativo en el ecosistema local.
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Fecha de Publicación: 17/05/2014
Fuente: Data Chaco
Provincia/Región: Chaco
Si la Dirección de Bosques autorizara, se producirá un mega desmonte en zona amarilla, o sea en área prohibida. Esta vez apuntan a los escasos remanentes de montes existentes en el Departamento Fontana, en proximidades de Villa Ángela.
Según revela el Centro de Estudios Centro Mandela, Cresud S.A.C.I.F.A. es titular de un Establecimiento de 36.000 hectáreas. Pretenden desmontar 18.000, es decir el equivalente a 4.500 Plazas “25 de Mayo” de Resistencia, a pesar de la prohibición que rige en la zona.
El gigantesco campo de Cresud forma parte de una eco-región y de un ecosistema que fue categorizado como zona amarilla en el mapa de zonificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), donde no se permiten los desmontes.
Suelos que necesitan la protección del monte y que no son aptos para la agricultura
Según el mapa de capacidad de uso de los suelos elaborado por INTA, en el citado Establecimiento de Cresud S.A predominan los suelos Clase VI, que se caracteriza por limitaciones severas y continuas para la producción de cultivos debido a la erosión, a la inundabilidad y a las altas concentraciones de sales o sodio, y de Clase VII que tiene limitaciones severas que restringen su uso reducido al pastoreo o muy restringido a la actividad forestal.
De acuerdo al estudio realizado por los ingenieros agrimensores Zurita, López y Brest, con amplias trayectorias en el sector del estudio de los suelos en el Chaco, zonificaron los departamentos de la provincia según los riesgos agrícolas. Los suelos del Establecimiento de esta empresa, como se aprecia en el mapa que ilustra la nota, están sometidos a severos riesgos por anegamiento, encharcamiento y condiciones físicas adversas, que desaconsejan que se elimine la cobertura o protección vegetal brindada por el monte allí existente. Son tierras que no deben ser destinadas a la agricultura, especialmente a la intensiva o industrial que explota Cresud S.A. en otras regiones de Chaco.
Un caso muy grave
La posible eliminación de las escasas formaciones forestales que subsisten en la zona acelerarán el escurrimiento de las aguas hacia el sector sudeste ya que el sentido de la pendiente es del noroeste hacia el sureste. El panorama se agravará aún más si se tiene en cuenta que en el noroeste del campo de Cresud S.A la zona es de intensos y continuos cultivos agrícolas.
Si la Dirección de Bosques autorizara este gran desmonte sumará un nuevo factor negativo que se agregará al proceso de intenso deterioro del ecosistema de la región que se ha viste potenciado por la pésima ejecución y funcionamiento de la obra de canalización de los Bajos Sub-medirionales, que comprende una extensa región de tierras bajas y anegadizas que abarca parte del norte de la provincia de Santa Fe y sur de Chaco, en la Cuña Boscosa y el Dorso Occidental Sub-húmedo de la llanura chaqueña, con una superficie aproximada de 8 millones de hectáreas, que se caracteriza por los suelos salinos y el escaso saldo de montes.
El permiso de desmonte pedido por Cresud S.A no debió ser presentado. Pero como se ha concretado, debería tener como única respuesta el rechazo absoluto por parte de la Dirección de Bosques, que no debería otorgar el permiso solicitado. Este caso puede ser el primer gran examen que deben rendir las actuales autoridades del Ministerio de la Producción porque permitirá no solo aplicar correctamente la ley rechazando el planteo de Cresud S.A, sino también posibilitará que tomen distancia de la gestión anterior que ha sido abiertamente desastrosa en el manejo y en la explotación irracional del monte nativo chaqueño, con un extraordinario impacto negativo en el ecosistema local.
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La ley de bosques sirvió de poco, los desmontes siguen
La ley de bosques casi no se aplicó y los desmontes siguen sin freno
Fecha de Publicación: 16/05/2014
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
Se comprobó que varios artículos no fueron reglamentados y que cada provincia interpretó la norma a su antojo.
No se trató sólo de una conquista cívica. Fue también el surgimiento de una legislación de vanguardia para una materia con atraso en la Argentina: los derechos de la naturaleza. En el año 2007, el Congreso sancionó la ley de bosques, buscando poner freno a los desmontes por la expansión de la frontera agrícola. Se suponía que la norma iba a detener la pérdida incesante de superficie boscosa en todo el país; se suponía como se suponen las cosas, cuando manda el sentido común. Pero nada de eso ocurrió: hace un año se confirmó de manera oficial que la tala indiscriminada siguió aumentando. Y ahora, un informe de la Auditoría General de la Nación acaba de revelar algo peor: que la ley nació muerta, es decir, que prácticamente no se aplicó.
El organismo investigó qué pasó con la implementación de la Ley 26.331 desde 2007 hasta junio de 2013. Comprobó que la mayoría de los artículos no fueron reglamentados y que en todos estos años cada provincia los interpretó a su antojo. Además de grave, esto es clave para entender porqué, según datos de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, entre 2007 y 2011, se perdieron dos millones de hectáreas que debían estar protegidas. Cuando se pierden ecosistemas forestales, se pierden también los servicios ambientales que esas áreas otorgan: calidad de suelos, mitigación de los efectos del cambio climático, oxígeno y especies animales y vegetales, entre otras cosas.
La auditoría asegura que muchos de los ordenamientos territoriales que exigía la ley –imprescindibles para saber dónde se permitía desmontar y dónde no– “no se ajustan a lo establecido”. Además, que seis provincias –Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja y Santa Fe– directamente no los hicieron. Destaca los casos de Salta y Santiago del Estero. “Del examen realizado en esas juridicciones, se concluye que la aplicación de la ley fue muy baja. Esto se desprende por la persistencia de deforestación en estas provincias sobre zonas donde debía estar prohibido”, dice el estudio.
Otra conclusión: “El financiamiento previsto ha sido inferior al establecido en la Ley. El presupuesto asignado representó entre el 12, 2% y el 36,5% del que correspondería. El mecanismo de rendición de cuentas implementado por la Jefatura de Gabinete de Ministros debe ser revisado, ya que resulta ineficiente y provoca demoras en la recepción de los fondos para las provincias y en la ejecución de los planes”.
Consultado por Clarín, el Auditor General, Alejandro Nieva, dijo: ¨Esta auditoría muestra como, a pesar de la existencia de una buena ley, la mala gestión y un deliberado descuido de los gobiernos nacionales y provinciales permiten que se sigan desmontando y degradando nuestros bosques. Un ejemplo muy grosero tiene que ver con autorizaciones indiscriminadas de tala sin los requisitos de audiencias públicas y consultas previas”.
El informe también señala que es imprescindible que se termine el Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas –otro censo no terminado por el Estado– “dado que la conservación y aprovechamiento de los bosques nativos están estrechamente vinculados a los conflictos por la tenencia de la tierra”. En ese sentido, el Presidente de la Auditoría, Leandro Despouy, expresó: “El informe que aprobamos -expresó- señala la necesidad de completar el relevamiento de comunidades indígenas. Por los desalojos vinculados a los desmontes en el interior del país, hay comunidades que llegaron hasta la Corte Suprema requiriendo la aplicación de la ley de bosques”.
Las conclusiones del informe apuntalan lo que vienen denunciando desde hace tiempo diferentes organizaciones ambientales locales e internacionales. “En Salta el gobernador Urtubey sigue la política de tierra arrasada de su antecesor Romero. Cambia la ley a pedido de terratenientes y autoriza desmontes donde no se permite”, opinó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace. “Esta auditoría explica lo que venimos denunciando desde hace tiempo, la tala ilegal que afectará a comunidades indígenas y a especies amenazadas como el yaguareté y el oso hormiguero. Es muy preocupante la violación de la ley que el Gobierno Nacional permite y que promueven Salta, Santiago del Estero y Neuquén, entre otras provincias”.
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Fecha de Publicación: 16/05/2014
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
Se comprobó que varios artículos no fueron reglamentados y que cada provincia interpretó la norma a su antojo.
No se trató sólo de una conquista cívica. Fue también el surgimiento de una legislación de vanguardia para una materia con atraso en la Argentina: los derechos de la naturaleza. En el año 2007, el Congreso sancionó la ley de bosques, buscando poner freno a los desmontes por la expansión de la frontera agrícola. Se suponía que la norma iba a detener la pérdida incesante de superficie boscosa en todo el país; se suponía como se suponen las cosas, cuando manda el sentido común. Pero nada de eso ocurrió: hace un año se confirmó de manera oficial que la tala indiscriminada siguió aumentando. Y ahora, un informe de la Auditoría General de la Nación acaba de revelar algo peor: que la ley nació muerta, es decir, que prácticamente no se aplicó.
El organismo investigó qué pasó con la implementación de la Ley 26.331 desde 2007 hasta junio de 2013. Comprobó que la mayoría de los artículos no fueron reglamentados y que en todos estos años cada provincia los interpretó a su antojo. Además de grave, esto es clave para entender porqué, según datos de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, entre 2007 y 2011, se perdieron dos millones de hectáreas que debían estar protegidas. Cuando se pierden ecosistemas forestales, se pierden también los servicios ambientales que esas áreas otorgan: calidad de suelos, mitigación de los efectos del cambio climático, oxígeno y especies animales y vegetales, entre otras cosas.
La auditoría asegura que muchos de los ordenamientos territoriales que exigía la ley –imprescindibles para saber dónde se permitía desmontar y dónde no– “no se ajustan a lo establecido”. Además, que seis provincias –Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja y Santa Fe– directamente no los hicieron. Destaca los casos de Salta y Santiago del Estero. “Del examen realizado en esas juridicciones, se concluye que la aplicación de la ley fue muy baja. Esto se desprende por la persistencia de deforestación en estas provincias sobre zonas donde debía estar prohibido”, dice el estudio.
Otra conclusión: “El financiamiento previsto ha sido inferior al establecido en la Ley. El presupuesto asignado representó entre el 12, 2% y el 36,5% del que correspondería. El mecanismo de rendición de cuentas implementado por la Jefatura de Gabinete de Ministros debe ser revisado, ya que resulta ineficiente y provoca demoras en la recepción de los fondos para las provincias y en la ejecución de los planes”.
Consultado por Clarín, el Auditor General, Alejandro Nieva, dijo: ¨Esta auditoría muestra como, a pesar de la existencia de una buena ley, la mala gestión y un deliberado descuido de los gobiernos nacionales y provinciales permiten que se sigan desmontando y degradando nuestros bosques. Un ejemplo muy grosero tiene que ver con autorizaciones indiscriminadas de tala sin los requisitos de audiencias públicas y consultas previas”.
El informe también señala que es imprescindible que se termine el Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas –otro censo no terminado por el Estado– “dado que la conservación y aprovechamiento de los bosques nativos están estrechamente vinculados a los conflictos por la tenencia de la tierra”. En ese sentido, el Presidente de la Auditoría, Leandro Despouy, expresó: “El informe que aprobamos -expresó- señala la necesidad de completar el relevamiento de comunidades indígenas. Por los desalojos vinculados a los desmontes en el interior del país, hay comunidades que llegaron hasta la Corte Suprema requiriendo la aplicación de la ley de bosques”.
Las conclusiones del informe apuntalan lo que vienen denunciando desde hace tiempo diferentes organizaciones ambientales locales e internacionales. “En Salta el gobernador Urtubey sigue la política de tierra arrasada de su antecesor Romero. Cambia la ley a pedido de terratenientes y autoriza desmontes donde no se permite”, opinó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace. “Esta auditoría explica lo que venimos denunciando desde hace tiempo, la tala ilegal que afectará a comunidades indígenas y a especies amenazadas como el yaguareté y el oso hormiguero. Es muy preocupante la violación de la ley que el Gobierno Nacional permite y que promueven Salta, Santiago del Estero y Neuquén, entre otras provincias”.
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