Yaciretá en problemas por rotura de muro de contención
08:38 | 
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Yaciretá: Se rompió parte de un muro de contención
Fecha de Publicación: 17/02/2014
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Nacional
El desmoronamiento de un muro de contención de la represa de Yacyretá provocó una luz de alarma sobre el funcionamiento del megaemprendimiento hidroeléctrico.
El presidente de la Entidad Binacional de Yacyretá, Miguel Thomas, y otros funcionarios culparon a las intensas lluvias por el fenómeno e intentaron tranquilizar a la opinión pública, pero comienzan a escucharse otras voces que alertan sobre el peligro potencial de rompimiento.
Una de estas voces pertenece a Roberto Ríos, el ingeniero y ambientalista denunciado por Thomas por difundir un video institucional de la EBY que muestra fisuras en la zona del vertedero de la represa. En diálogo con M4, Ríos insistió sobre los peligros de un rompimiento y enfatizó que los funcionarios responsables preferirían que se rompa la represa a reconocer los problemas, vaciar el dique e iniciar una investigación sobre cómo fue construida la obra. “Si se rompiera sería la peor catástrofe de la Argentina”, alertó Ríos, quien precisó que todas las represas son “máquinas de robar” y por esta razón no se impulsan las energías alternativas, como la eólica o la de las turbinas hidrocinética.
“Por el informe del desgaste, sabíamos que en algún momento iba a suceder. Acá hubo un abuso”, disparó Ríos en el inicio de la entrevista. El ambientalista reveló que la Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) “había reconocido que dos máquinas están inutilizadas y varias otras turbinas están dañadas. Y las que quedaron funcionando están al 75 por ciento. Lo que buscaron es, con las máquinas que les quedan, utilizarlas a un régimen mayor, elevando la cota de agua en forma arbitraria y sometiendo a una represa pésimamente construida a un esfuerzo mayor”, advirtió el ingeniero.
“La idea es generar toda la energía posible forzando la represa al máximo, porque es un año electoral y no pueden dejar sin luz al Conurbano bonaerense, que es el lugar donde tienen (por los gobernantes) más votos”, explicó Ríos. El ambientalista precisó también que “de acuerdo a la experiencia de represas que se rompieron en todo el mundo, me temo que los responsables van a preferir que se rompa antes de reconocer el problema, porque esto implicaría una investigación”, alertó.
“En la última que se rompió en el noroeste del Brasil en 2009, había sospechas de que iba a romperse y 15 días antes evacuaron a la población. Una semana antes permitieron que volvieran a sus casas. Los mandaron a la muerte y ni el gobernador (ni ningún funcionario fue removido) y por supuesto le culparon a las lluvias”, comentó Ríos en referencia al argumento del arquitecto Miguel Thomas, titular de la EBY.
Ríos fue tajante respecto de esta explicación de los desmoronamientos. “La excusa de las lluvias es un recurso infantil. Que no tiene ningún asidero, porque si una represa no va a resistir lluvias extraordinarias, entonces no la construyan”, lanzó el ambientalista, para quien “aquí hubo una abuso de la estructura y una elevación de la cota sabiendo que la represa estaba ya dañada, pudiendo colapsar”, alertó.
“Esta ruptura es un anticipo de lo que se viene, que es una ruptura total o parcial. Tuvieron que abrir el vertedero para aliviar esta rotura, pero el vertedero es precisamente la zona de mayor (presión) La mayoría de las represas se rompen por el vertedero”, advirtió el ingeniero.
Sin embargo, Ríos no se mostró optimista respecto del manejo que tendrán los funcionarios respecto de este problema, que podría desnudar negocios turbios con la represa. “Les conviene que se rompa antes que bajar la cota, vaciar la represa e investigar. Muchas veces los llamamos criminales, esto se manejó con mucha irresponsabilidad”, expresó Ríos, quien pidió “un poquito de cordura, que alivien todo lo posible la represa y dejarla de usar en un régimen que es peligrosísimo. Queremos que se desmantele”, aseguró.
Sobre la posibilidad de desmantelar Yacyretá, Ríos precisó que ya se han desmantelado 530 represas en todo el mundo. “En el primer mundo una represa como Yacyretá no se construiría”, comentó Ríos, para quien el argumento que vincula las represas con el desarrollo, es una falacia. “No concibo el cuento de construir las represas para estimular el progreso, el desarrollo. Son cantos de sirena. En Uruguaí, que me cuenten si hubo progreso”, fustigó.
Según Ríos, esta situación se da en un contexto de improvisación y emergencia en la planificación energética. “El país genera 23 mil megavatios y consume 22.500 megas. Pero si empezaran Garabí hoy, asunto que está muy verde, un tema que está muy verde porque no tienen plata ni la aprobación del Banco Mundial, la terminan en 20 años y no solucionan ningún problema energético (actual)”, argumentó.
De acuerdo con Ríos, las represas se construyen principalmente por la posibilidad de hacer negocios privados a partir de los contratos. “Para que la represa les rinda, tiene que durar 30 años, como hicieron con Yacyretá. La represa es una máquina de robar, toda la obra pública es una máquina de robar, esto es así en aquí, en Suiza y en EEUU. No hay represa en el mundo que no tenga un historial terrible de corrupción”, aseguró el ingeniero.
“Con las represas no vamos a solucionar nada y encima ponemos en peligro al país. No voy a decir que la represa se va a romper y que vamos a tener una inundación gigantesca. Pero si se rompiera sería la peor catástrofe de la historia de la argentina”, advirtió el ambientalista.
Con respecto al desmoronamiento que se confirmó el fin de semana pasado, Ríos aseguró que “empiezan a aparecer las fallas por todos lados. El tipo de hormigón que se usó es muy problemático”, sostuvo Ríos, quien apuntó que se tendría que ver cómo se construyó ese hormigón, “como sucede con cualquier peritaje después de un desmoronamiento”.
Asimismo, Ríos hizo referencia al video que difundieron años atrás que motivaron que el titular de la EBY denunciara penalmente a los ambientalistas. “El video que mostramos es uno institucional. Los buzos bajan regularmente a controlar el estado del vertedero. Que es la zona más solicitada. El problema está es que tuvieron que largar muchísima agua”, explicó Ríos, para quien el tipo de represas como la de Yacyretá son de tope muy bajo y no se pueden dar el lujo de permitir que el agua alcance niveles demasiado altos”, indicó el ingeniero, haciendo alusión a la elevación de la cota por necesidades energéticas (y políticas) agravada por las intensas lluvias.
“Hemos propuesto en varias oportunidades (el uso de energías alternativas como) el potencial eólico y el potencial hidrocinético. Con las Turbinas Hidrocinéticas, que van debajo del río, son inocuas para el ambiente y son más baratas. Pero con eso no se puede robar, no hay obras conexas, no se pueden hacer contratos que después se sobrefacturan. Por eso no les interesa a nadie, porque no se puede hacer negocios. Uruguaí iba a costar 82 millones y terminó costando 400 millones”, concluyó el ambientalista.
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Fecha de Publicación: 17/02/2014
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Nacional
El desmoronamiento de un muro de contención de la represa de Yacyretá provocó una luz de alarma sobre el funcionamiento del megaemprendimiento hidroeléctrico.
El presidente de la Entidad Binacional de Yacyretá, Miguel Thomas, y otros funcionarios culparon a las intensas lluvias por el fenómeno e intentaron tranquilizar a la opinión pública, pero comienzan a escucharse otras voces que alertan sobre el peligro potencial de rompimiento.
Una de estas voces pertenece a Roberto Ríos, el ingeniero y ambientalista denunciado por Thomas por difundir un video institucional de la EBY que muestra fisuras en la zona del vertedero de la represa. En diálogo con M4, Ríos insistió sobre los peligros de un rompimiento y enfatizó que los funcionarios responsables preferirían que se rompa la represa a reconocer los problemas, vaciar el dique e iniciar una investigación sobre cómo fue construida la obra. “Si se rompiera sería la peor catástrofe de la Argentina”, alertó Ríos, quien precisó que todas las represas son “máquinas de robar” y por esta razón no se impulsan las energías alternativas, como la eólica o la de las turbinas hidrocinética.
“Por el informe del desgaste, sabíamos que en algún momento iba a suceder. Acá hubo un abuso”, disparó Ríos en el inicio de la entrevista. El ambientalista reveló que la Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) “había reconocido que dos máquinas están inutilizadas y varias otras turbinas están dañadas. Y las que quedaron funcionando están al 75 por ciento. Lo que buscaron es, con las máquinas que les quedan, utilizarlas a un régimen mayor, elevando la cota de agua en forma arbitraria y sometiendo a una represa pésimamente construida a un esfuerzo mayor”, advirtió el ingeniero.
“La idea es generar toda la energía posible forzando la represa al máximo, porque es un año electoral y no pueden dejar sin luz al Conurbano bonaerense, que es el lugar donde tienen (por los gobernantes) más votos”, explicó Ríos. El ambientalista precisó también que “de acuerdo a la experiencia de represas que se rompieron en todo el mundo, me temo que los responsables van a preferir que se rompa antes de reconocer el problema, porque esto implicaría una investigación”, alertó.
“En la última que se rompió en el noroeste del Brasil en 2009, había sospechas de que iba a romperse y 15 días antes evacuaron a la población. Una semana antes permitieron que volvieran a sus casas. Los mandaron a la muerte y ni el gobernador (ni ningún funcionario fue removido) y por supuesto le culparon a las lluvias”, comentó Ríos en referencia al argumento del arquitecto Miguel Thomas, titular de la EBY.
Ríos fue tajante respecto de esta explicación de los desmoronamientos. “La excusa de las lluvias es un recurso infantil. Que no tiene ningún asidero, porque si una represa no va a resistir lluvias extraordinarias, entonces no la construyan”, lanzó el ambientalista, para quien “aquí hubo una abuso de la estructura y una elevación de la cota sabiendo que la represa estaba ya dañada, pudiendo colapsar”, alertó.
“Esta ruptura es un anticipo de lo que se viene, que es una ruptura total o parcial. Tuvieron que abrir el vertedero para aliviar esta rotura, pero el vertedero es precisamente la zona de mayor (presión) La mayoría de las represas se rompen por el vertedero”, advirtió el ingeniero.
Sin embargo, Ríos no se mostró optimista respecto del manejo que tendrán los funcionarios respecto de este problema, que podría desnudar negocios turbios con la represa. “Les conviene que se rompa antes que bajar la cota, vaciar la represa e investigar. Muchas veces los llamamos criminales, esto se manejó con mucha irresponsabilidad”, expresó Ríos, quien pidió “un poquito de cordura, que alivien todo lo posible la represa y dejarla de usar en un régimen que es peligrosísimo. Queremos que se desmantele”, aseguró.
Sobre la posibilidad de desmantelar Yacyretá, Ríos precisó que ya se han desmantelado 530 represas en todo el mundo. “En el primer mundo una represa como Yacyretá no se construiría”, comentó Ríos, para quien el argumento que vincula las represas con el desarrollo, es una falacia. “No concibo el cuento de construir las represas para estimular el progreso, el desarrollo. Son cantos de sirena. En Uruguaí, que me cuenten si hubo progreso”, fustigó.
Según Ríos, esta situación se da en un contexto de improvisación y emergencia en la planificación energética. “El país genera 23 mil megavatios y consume 22.500 megas. Pero si empezaran Garabí hoy, asunto que está muy verde, un tema que está muy verde porque no tienen plata ni la aprobación del Banco Mundial, la terminan en 20 años y no solucionan ningún problema energético (actual)”, argumentó.
De acuerdo con Ríos, las represas se construyen principalmente por la posibilidad de hacer negocios privados a partir de los contratos. “Para que la represa les rinda, tiene que durar 30 años, como hicieron con Yacyretá. La represa es una máquina de robar, toda la obra pública es una máquina de robar, esto es así en aquí, en Suiza y en EEUU. No hay represa en el mundo que no tenga un historial terrible de corrupción”, aseguró el ingeniero.
“Con las represas no vamos a solucionar nada y encima ponemos en peligro al país. No voy a decir que la represa se va a romper y que vamos a tener una inundación gigantesca. Pero si se rompiera sería la peor catástrofe de la historia de la argentina”, advirtió el ambientalista.
Con respecto al desmoronamiento que se confirmó el fin de semana pasado, Ríos aseguró que “empiezan a aparecer las fallas por todos lados. El tipo de hormigón que se usó es muy problemático”, sostuvo Ríos, quien apuntó que se tendría que ver cómo se construyó ese hormigón, “como sucede con cualquier peritaje después de un desmoronamiento”.
Asimismo, Ríos hizo referencia al video que difundieron años atrás que motivaron que el titular de la EBY denunciara penalmente a los ambientalistas. “El video que mostramos es uno institucional. Los buzos bajan regularmente a controlar el estado del vertedero. Que es la zona más solicitada. El problema está es que tuvieron que largar muchísima agua”, explicó Ríos, para quien el tipo de represas como la de Yacyretá son de tope muy bajo y no se pueden dar el lujo de permitir que el agua alcance niveles demasiado altos”, indicó el ingeniero, haciendo alusión a la elevación de la cota por necesidades energéticas (y políticas) agravada por las intensas lluvias.
“Hemos propuesto en varias oportunidades (el uso de energías alternativas como) el potencial eólico y el potencial hidrocinético. Con las Turbinas Hidrocinéticas, que van debajo del río, son inocuas para el ambiente y son más baratas. Pero con eso no se puede robar, no hay obras conexas, no se pueden hacer contratos que después se sobrefacturan. Por eso no les interesa a nadie, porque no se puede hacer negocios. Uruguaí iba a costar 82 millones y terminó costando 400 millones”, concluyó el ambientalista.
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El nuevo Código Penal apunta a los infractores ambientales
El nuevo Código Penal busca proteger el ambiente
Fecha de Publicación: 16/02/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Amplía las conductas consideradas como contaminantes y pena el daño a la flora y a la fauna silvestres. Una especialista cordobesa tiene dudas sobre su efectividad.
Si se aprueba tal cual está, el nuevo Código Penal argentino incluirá por primera vez delitos contra el ambiente.
El título XI del nuevo texto se llama “Delitos contra el ambiente, la fauna y la flora. El jueves, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió el anteproyecto de la mano de los juristas encargados de redactarlo.
En la presentación, los autores explican que este apartado ambiental concuerda con lo que establece la Constitución Nacional en su artículo 41º, y con las diferentes convenciones y declaraciones ambientales a las que Argentina adhirió.
El primer artículo de este título (al 204º de todo el Código Penal) se refiere a la contaminación. Esta palabra, ahora tan frecuente, no figura en el actual Código Penal, por lo que representa una novedad.
Una figura parecida en el código vigente es el artículo 200, el cual se refiere al envenenamiento o adulteración de agua potable, sustancias alimenticias o medicinales con riesgo para la salud.
En el proyecto, el daño penado se extiende más allá de la salud humana. Incluye aquellas acciones de polución del agua, aire y tierra que provoquen un “grave riesgo para la salud humana, de mortandad de animales o de alteración o destrucción significativa de la flora”.
En la actualidad, la ley de residuos peligrosos (24.051) reprime con las mismas penas establecidas en el artículo 200 del Código Penal al que contaminare “de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general” con los residuos designados como peligrosos por esta norma.
Si se aprueba, el nuevo Código Penal también penará la contaminación con residuos no peligrosos; por ejemplo, los residuos industriales.
La pena por contaminación va de tres a ocho años y se agrava por diferentes motivos. Por ejemplo, cuando la contaminación tornara impropia la ocupación humana de un sitio, impidiera el uso público de cuerpos de agua o provocara el desplazamiento de una población.
Finalmente, otorga un máximo de 30 años de prisión (la pena máxima prevista por el anteproyecto) cuando la contaminación produjera muerte o lesiones gravísimas a una o más personas.
Crítica
Alicia Morales Lamberti, especialista en Derecho Ambiental y docente de la Universidad Nacional de Córdoba, sugiere que el texto podría no ser efectivo.
“Parece que se ha optado por la protección de ciertos microbienes que integran la noción de ambiente natural (excluido el ambiente social o construido), incluyendo recursos naturales como agua, suelo y aire, mediante la punición de conductas de contaminación de esos bienes”, explica.
Y agrega: “En definitiva, la tutela está dirigida a un bien jurídico tradicional, ya consagrado en el actual código: la salud pública. Aunque ahora incluye también la protección de bienes ambientales como la flora y fauna silvestres”.
Morales Lamberti también cree que se terminan prohibiendo las conductas que “encierran un disvalor apreciable o un daño intolerable para el bien jurídico”. Por ejemplo, para penarla, la acción de contaminar deberá tener aptitud para generar “grave peligro” para la salud humana, de mortandad de animales o de alteración o destrucción significativa de la flora.
Por otro lado, Morales Lamberti no coincide en que hay que penar la contaminación sólo cuando hay “violación de leyes o reglamentos”, como indica el artículo 200 del proyecto.
“Está claro que no necesariamente el cumplimiento de determinada reglamentación significa que se obró conforme a derecho”, comenta. Y agrega: “En materia ambiental, es frecuente que, pese a un estricto cumplimiento de la reglamentación, se genere un riesgo o un peligro grave de bienes ambientales”, explica.
Además, según la especialista, muchas veces adecuarse a las actuales leyes ambientales no es sinónimo de no contaminar. “Esto, debido a que las normas que regulan estándares ambientales (límites de emisiones, vertidos y otros) generalmente son obsoletas e inadecuadas a los nuevos riesgos, o bien, directamente, dichos estándares técnicos no existen”.
Otra novedad: prisión para el que desmonta
En el actual Código Penal no hay ninguna referencia a este tema.
El artículo 208 del anteproyecto prevé prisión de seis meses hasta tres años a quien en violación de lo dispuesto por leyes y reglamentos “extrajera o utilizare ejemplares (de flora silvestre o acuática) en cantidad no autorizada”.
Y también al que “sin autorización o excediendo la que tuviere” tale bosques o tierras forestales para fines distintos del uso doméstico.
En la actualidad, la ley nacional de protección del bosque nativo (26.331) faculta a las provincia a que determinen las sanciones. En Córdoba, la ley 9.814 prevé multas, suspensión de actividades y arresto de hasta 60 días para el que realice un desmonte ilegal.
También se obliga al infractor a que repare el daño. Es decir, que reforeste el predio desmontado con especies iguales a las extraídas.
El anteproyecto también pena a quienes, infringiendo las leyes, comercien u obtengan otro beneficio de los recursos genéticos de la flora y fauna silvestres.
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Fecha de Publicación: 16/02/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Amplía las conductas consideradas como contaminantes y pena el daño a la flora y a la fauna silvestres. Una especialista cordobesa tiene dudas sobre su efectividad.
Si se aprueba tal cual está, el nuevo Código Penal argentino incluirá por primera vez delitos contra el ambiente.
El título XI del nuevo texto se llama “Delitos contra el ambiente, la fauna y la flora. El jueves, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió el anteproyecto de la mano de los juristas encargados de redactarlo.
En la presentación, los autores explican que este apartado ambiental concuerda con lo que establece la Constitución Nacional en su artículo 41º, y con las diferentes convenciones y declaraciones ambientales a las que Argentina adhirió.
El primer artículo de este título (al 204º de todo el Código Penal) se refiere a la contaminación. Esta palabra, ahora tan frecuente, no figura en el actual Código Penal, por lo que representa una novedad.
Una figura parecida en el código vigente es el artículo 200, el cual se refiere al envenenamiento o adulteración de agua potable, sustancias alimenticias o medicinales con riesgo para la salud.
En el proyecto, el daño penado se extiende más allá de la salud humana. Incluye aquellas acciones de polución del agua, aire y tierra que provoquen un “grave riesgo para la salud humana, de mortandad de animales o de alteración o destrucción significativa de la flora”.
En la actualidad, la ley de residuos peligrosos (24.051) reprime con las mismas penas establecidas en el artículo 200 del Código Penal al que contaminare “de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general” con los residuos designados como peligrosos por esta norma.
Si se aprueba, el nuevo Código Penal también penará la contaminación con residuos no peligrosos; por ejemplo, los residuos industriales.
La pena por contaminación va de tres a ocho años y se agrava por diferentes motivos. Por ejemplo, cuando la contaminación tornara impropia la ocupación humana de un sitio, impidiera el uso público de cuerpos de agua o provocara el desplazamiento de una población.
Finalmente, otorga un máximo de 30 años de prisión (la pena máxima prevista por el anteproyecto) cuando la contaminación produjera muerte o lesiones gravísimas a una o más personas.
Crítica
Alicia Morales Lamberti, especialista en Derecho Ambiental y docente de la Universidad Nacional de Córdoba, sugiere que el texto podría no ser efectivo.
“Parece que se ha optado por la protección de ciertos microbienes que integran la noción de ambiente natural (excluido el ambiente social o construido), incluyendo recursos naturales como agua, suelo y aire, mediante la punición de conductas de contaminación de esos bienes”, explica.
Y agrega: “En definitiva, la tutela está dirigida a un bien jurídico tradicional, ya consagrado en el actual código: la salud pública. Aunque ahora incluye también la protección de bienes ambientales como la flora y fauna silvestres”.
Morales Lamberti también cree que se terminan prohibiendo las conductas que “encierran un disvalor apreciable o un daño intolerable para el bien jurídico”. Por ejemplo, para penarla, la acción de contaminar deberá tener aptitud para generar “grave peligro” para la salud humana, de mortandad de animales o de alteración o destrucción significativa de la flora.
Por otro lado, Morales Lamberti no coincide en que hay que penar la contaminación sólo cuando hay “violación de leyes o reglamentos”, como indica el artículo 200 del proyecto.
“Está claro que no necesariamente el cumplimiento de determinada reglamentación significa que se obró conforme a derecho”, comenta. Y agrega: “En materia ambiental, es frecuente que, pese a un estricto cumplimiento de la reglamentación, se genere un riesgo o un peligro grave de bienes ambientales”, explica.
Además, según la especialista, muchas veces adecuarse a las actuales leyes ambientales no es sinónimo de no contaminar. “Esto, debido a que las normas que regulan estándares ambientales (límites de emisiones, vertidos y otros) generalmente son obsoletas e inadecuadas a los nuevos riesgos, o bien, directamente, dichos estándares técnicos no existen”.
Otra novedad: prisión para el que desmonta
En el actual Código Penal no hay ninguna referencia a este tema.
El artículo 208 del anteproyecto prevé prisión de seis meses hasta tres años a quien en violación de lo dispuesto por leyes y reglamentos “extrajera o utilizare ejemplares (de flora silvestre o acuática) en cantidad no autorizada”.
Y también al que “sin autorización o excediendo la que tuviere” tale bosques o tierras forestales para fines distintos del uso doméstico.
En la actualidad, la ley nacional de protección del bosque nativo (26.331) faculta a las provincia a que determinen las sanciones. En Córdoba, la ley 9.814 prevé multas, suspensión de actividades y arresto de hasta 60 días para el que realice un desmonte ilegal.
También se obliga al infractor a que repare el daño. Es decir, que reforeste el predio desmontado con especies iguales a las extraídas.
El anteproyecto también pena a quienes, infringiendo las leyes, comercien u obtengan otro beneficio de los recursos genéticos de la flora y fauna silvestres.
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Alumbrera: el Procurador General le bajó el pulgar
Procuración General de la Nación pide parar Alumbrera
Fecha de Publicación: 16/02/2014
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca - Nacional
La Procuración General de la Nación emitió un dictamen donde considera que se deben suspender los trabajos en las minas de Bajo la Alumbrera y Bajo el Durazno.
De igual forma, este dictamen no es vinculante, pero será tenido en cuenta por los miembros de la Corte para definir la resolución final.
El dictamen de la Procuración se enmarca en una causa iniciada en la Justicia Federal con asiento en Catamarca hace varios años por un grupo de personas que denunciaron contaminación por parte de la empresa. La causa es conocida como " Cruz Felipa y otros contra Minera Alumbrera Límite y otros".
Esta denuncia fue rechaza en el Juzgado Federal de Catamarca. Posteriormente, fue analizada por la Cámara Federal con asiento en Tucumán que también desestimó el planteo. Finalmente, la demanda llegó a la Corte Suprema de Justicia donde se encuentra en análisis.
Es en ese ámbito, donde la Procuración General emitió su dictamen a favor de los denunciantes.
El procurador fiscal subrogante ante la Corte Suprema, Marcelo Sachetta, fue quien solicitó hacer lugar al recurso presentado por la Fiscalía Federal de Tucumán para que se suspenda la actividad minera de estos dos yacimientos.
Los denunciantes habían hecho la presentación ante la Justicia Federal de Catamarca pidiendo una medida cautelar para que se suspenda la actividad en estos dos emprendimientos. El planteo fue rechazado por el juez Guillermo Moreno, por lo que los demandantes llevaron la presentación a la Cámara de Apelaciones de Tucumán. La Cámara tomó la misma postura de Moreno. No obstante, la Fiscalía General interpuso un recurso extraordinario, instancia que también fue denegada por la Cámara Federal. Ante esta situación, se presentó un Recurso de Queja ante el máximo tribunal de justicia.
De acuerdo con medios nacionales, Sachetta argumentó su postura al señalar que la medida cautelar desechada por la Cámara de Apelaciones es una decisión que se tomó "sin considerar las circunstancias particulares del caso".
Así también, recordó lo argumentado por la Fiscalía de Tucumán en su momento que sostuvo: "La decisión del Tribunal reviste el carácter de definitiva, en tanto causa un gravamen concreto y actual, de imposible reparación ulterior, valorando la gravedad del impacto ambiental y social causado por la actividad minera a cielo abierto en su fase de exploración".
"El fallo recurrido rechazó la medida cautelar solicitada sin considerar las circunstancias particulares del caso y sobre la base de una argumentación dogmática que prescinde del gravamen irreparable que podría irrogar su negativa, por lo que, en tales condiciones, corresponde sostener el recurso y su consecuente queja", señala el dictamen de Sachetta.
Postura de la empresa
Consultada Minera Alumbrera sobre el dictamen emitido por Sachetta, sus voceros manifestaron que: “se trata de una medida cautelar interpuesta hace algunos años en el marco de una infundada acción de amparo ambiental, iniciada ante la Justicia Federal de Catamarca por una familia que dice ser propietaria de las tierras donde se encuentra Bajo de la Alumbrera".
"Es en el marco de este recurso de queja que se ha emitido el dictamen del procurador subrogante, el cual de manera alguna resulta vinculante para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual oportunamente deberá resolver" agregan.
Por último, los representantes de la minera señalaron: "Confiamos en que la Justicia continuará resolviendo adecuadamente en un caso en el que claramente no corresponde hacer lugar al pedido. Es por todos conocidos el apego de la empresa al cumplimiento de las normas ambientales y a los más altos estándares en la materia, más allá de los estrictos controles a los que la operación es sometida desde su comienzo por parte de autoridades nacionales y provinciales. La empresa ha operado siempre en cumplimiento de las normas y contando con todas las autorizaciones requeridas. En virtud de ello, no cabe más que esperar con total tranquilidad la decisión de la CSJN.
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Fecha de Publicación: 16/02/2014
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca - Nacional
La Procuración General de la Nación emitió un dictamen donde considera que se deben suspender los trabajos en las minas de Bajo la Alumbrera y Bajo el Durazno.
De igual forma, este dictamen no es vinculante, pero será tenido en cuenta por los miembros de la Corte para definir la resolución final.
El dictamen de la Procuración se enmarca en una causa iniciada en la Justicia Federal con asiento en Catamarca hace varios años por un grupo de personas que denunciaron contaminación por parte de la empresa. La causa es conocida como " Cruz Felipa y otros contra Minera Alumbrera Límite y otros".
Esta denuncia fue rechaza en el Juzgado Federal de Catamarca. Posteriormente, fue analizada por la Cámara Federal con asiento en Tucumán que también desestimó el planteo. Finalmente, la demanda llegó a la Corte Suprema de Justicia donde se encuentra en análisis.
Es en ese ámbito, donde la Procuración General emitió su dictamen a favor de los denunciantes.
El procurador fiscal subrogante ante la Corte Suprema, Marcelo Sachetta, fue quien solicitó hacer lugar al recurso presentado por la Fiscalía Federal de Tucumán para que se suspenda la actividad minera de estos dos yacimientos.
Los denunciantes habían hecho la presentación ante la Justicia Federal de Catamarca pidiendo una medida cautelar para que se suspenda la actividad en estos dos emprendimientos. El planteo fue rechazado por el juez Guillermo Moreno, por lo que los demandantes llevaron la presentación a la Cámara de Apelaciones de Tucumán. La Cámara tomó la misma postura de Moreno. No obstante, la Fiscalía General interpuso un recurso extraordinario, instancia que también fue denegada por la Cámara Federal. Ante esta situación, se presentó un Recurso de Queja ante el máximo tribunal de justicia.
De acuerdo con medios nacionales, Sachetta argumentó su postura al señalar que la medida cautelar desechada por la Cámara de Apelaciones es una decisión que se tomó "sin considerar las circunstancias particulares del caso".
Así también, recordó lo argumentado por la Fiscalía de Tucumán en su momento que sostuvo: "La decisión del Tribunal reviste el carácter de definitiva, en tanto causa un gravamen concreto y actual, de imposible reparación ulterior, valorando la gravedad del impacto ambiental y social causado por la actividad minera a cielo abierto en su fase de exploración".
"El fallo recurrido rechazó la medida cautelar solicitada sin considerar las circunstancias particulares del caso y sobre la base de una argumentación dogmática que prescinde del gravamen irreparable que podría irrogar su negativa, por lo que, en tales condiciones, corresponde sostener el recurso y su consecuente queja", señala el dictamen de Sachetta.
Postura de la empresa
Consultada Minera Alumbrera sobre el dictamen emitido por Sachetta, sus voceros manifestaron que: “se trata de una medida cautelar interpuesta hace algunos años en el marco de una infundada acción de amparo ambiental, iniciada ante la Justicia Federal de Catamarca por una familia que dice ser propietaria de las tierras donde se encuentra Bajo de la Alumbrera".
"Es en el marco de este recurso de queja que se ha emitido el dictamen del procurador subrogante, el cual de manera alguna resulta vinculante para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual oportunamente deberá resolver" agregan.
Por último, los representantes de la minera señalaron: "Confiamos en que la Justicia continuará resolviendo adecuadamente en un caso en el que claramente no corresponde hacer lugar al pedido. Es por todos conocidos el apego de la empresa al cumplimiento de las normas ambientales y a los más altos estándares en la materia, más allá de los estrictos controles a los que la operación es sometida desde su comienzo por parte de autoridades nacionales y provinciales. La empresa ha operado siempre en cumplimiento de las normas y contando con todas las autorizaciones requeridas. En virtud de ello, no cabe más que esperar con total tranquilidad la decisión de la CSJN.
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Pascua Lama tira abajo a la Barrick
Barrick reporta fuertes pérdidas trimestrales afectadas por menor valor de Pascua Lama
Fecha de Publicación: 15/02/2014
Fuente: La Tercera (Chile)
Provincia/Región: San Juan
La minera anotó una pérdida de US$2.830 millones el cuarto trimestre afectada por cargos ante un menor valor de activos, incluidos US$896 millones por Pascua Lama.
La minera canadiense Barrick Gold reportó este jueves que durante el cuarto trimestre del año pasado registró pérdidas netas por US$2.830 millones, que incluyen cargos por desvalorización de activos de US$2.820 millones, incluidos US$896 millones por Pascua Lama.
La mayor productora de oro del mundo, sin embargo, mejoró sus resultado respecto a los US$3.010 millones que perdió en el último trimestre de 2012.
Para todo el año 2013, Barrick informó pérdidas netas por US$10.370 millones, que incluyen cargos por desvalorización de activos después de impuestos de US$11.540 millones.
Las utilidades netas ajustadas para el conjunto del año pasado fueron de US$2.570 millones. El flujo de caja operacional fue US$4.240 millones y el flujo de caja operacional ajustado fue US$4.360 millones, lo que refleja la fortaleza subyacente de las operaciones mineras de alta calidad que la compañía posee, aseveró la minera.
“El marco disciplinado de asignación de capital que adoptamos a mediados de 2012 ha estado en el centro de cada decisión que hemos tomado en este último año y medio y nos ha puesto en una posición más sólida para hacer frente al desafiante entorno del precio del oro que nuestra industria está experimentando actualmente", dijo Jamie Sokalsky, presidente y CEO de Barrick.
“Hemos aumentado nuestro foco en el flujo de caja libre y los retornos ajustados a riesgo y hemos ejecutado de manera exitosa nuestras prioridades clave, entre las que se incluye la excelencia operacional, un balance más sólido y la optimización permanente de nuestro portafolio de activos. Esto ha requerido acciones decisivas, que incluyen la desaceleración temporal de Pascua Lama e incluso un foco mucho más grande en la generación de retornos más altos, aún cuando eso signifique producir menos onzas. Estas fueron decisiones correctas para nuestros accionistas y para la compañía y ahora estamos apreciando los beneficios tangibles de nuestros esfuerzos”, agregó.
El ejecutivo enfatizó que “el 2013 fue un año duro para Barrick independiente de la medida en cuestión, pero con un foco renovado en la disciplina de capital y la excelencia operacional generalizadas, hemos restablecido nuestro foco y revitalizado los prospectos de la compañía. No nos desviaremos de este rumbo, que ha entregado resultados sólidos, ha reducido costos y ha mejorado la flexibilidad financiera”.
Lo informado al mercado sobre los costos del oro de Barrick en el 2014 son los más bajos entre los principales productores, con costos sostenidos todo incluido (AISC, en inglés) esperados de US$920-US$980 por onza y costos operacionales ajustados proyectados de US$590-US$640 por onza, señaló la compañía.
La minera indicó que anticipa una producción de oro para el 2014 de 6,0-6,5 millones de onzas.
"La menor producción en el 2014 es reflejo de la estrategia de maximizar el flujo de caja libre y los retornos sobre las onzas, la venta de minas de costo alto y períodos de vida cortos, la producción más baja de Cortez y la decisión de cerrar Pierina. Estas bajas se compensarán, en parte, por una mayor producción en Pueblo Viejo", aseveró la minera.
Agregó que se espera que los gastos de capital totales disminuyan aproximadamente un 50% en 2014 a US$2.400-US$2.700 millones, una disminución de aproximadamente US$2.500 millones en comparación con el 2013. Los gastos más bajos son un reflejo de la desaceleración temporal de la construcción en Pascua Lama y menos requerimientos de capital de apoyo y ampliación de la faena, precisó.
La compañía proyecta además costos financieros más altos de US$800-US$825 millones en 2014 como resultado de la decisión de desacelerar temporalmente Pascua Lama, donde ya no se capitalizarán intereses.
A fines del año pasado Barrick anunció la suspensión temporal de la construcción de su proyecto de oro Pascua Lama.
Al respecto la minera señaló este jueves que el plan de desaceleración se está cumpliendo en los tiempos estimados.
Agregó que espera incurrir en costos de alrededor de US$300 millones este año por la desaceleración y las obligaciones ambientales y sociales.
"La decisión de reiniciar el ritmo de construcción dependerá de una mejor economía y de una menor incertidumbre en relación a los requerimientos legales y regulatorios en Chile", indicó la minera.
El desarrollo restante tendrá lugar en distintas etapas con programas de trabajo y presupuestos específicos. Este enfoque facilitará una planificación y una ejecución más eficiente y un mejor control de costos. En el inter tanto, Barrick indagará oportunidades para mejorar los retornos ajustados a riesgos del proyecto, que incluyen alianzas estratégicas o royalties o acuerdos que generan ingresos, agregó.
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Fecha de Publicación: 15/02/2014
Fuente: La Tercera (Chile)
Provincia/Región: San Juan
La minera anotó una pérdida de US$2.830 millones el cuarto trimestre afectada por cargos ante un menor valor de activos, incluidos US$896 millones por Pascua Lama.
La minera canadiense Barrick Gold reportó este jueves que durante el cuarto trimestre del año pasado registró pérdidas netas por US$2.830 millones, que incluyen cargos por desvalorización de activos de US$2.820 millones, incluidos US$896 millones por Pascua Lama.
La mayor productora de oro del mundo, sin embargo, mejoró sus resultado respecto a los US$3.010 millones que perdió en el último trimestre de 2012.
Para todo el año 2013, Barrick informó pérdidas netas por US$10.370 millones, que incluyen cargos por desvalorización de activos después de impuestos de US$11.540 millones.
Las utilidades netas ajustadas para el conjunto del año pasado fueron de US$2.570 millones. El flujo de caja operacional fue US$4.240 millones y el flujo de caja operacional ajustado fue US$4.360 millones, lo que refleja la fortaleza subyacente de las operaciones mineras de alta calidad que la compañía posee, aseveró la minera.
“El marco disciplinado de asignación de capital que adoptamos a mediados de 2012 ha estado en el centro de cada decisión que hemos tomado en este último año y medio y nos ha puesto en una posición más sólida para hacer frente al desafiante entorno del precio del oro que nuestra industria está experimentando actualmente", dijo Jamie Sokalsky, presidente y CEO de Barrick.
“Hemos aumentado nuestro foco en el flujo de caja libre y los retornos ajustados a riesgo y hemos ejecutado de manera exitosa nuestras prioridades clave, entre las que se incluye la excelencia operacional, un balance más sólido y la optimización permanente de nuestro portafolio de activos. Esto ha requerido acciones decisivas, que incluyen la desaceleración temporal de Pascua Lama e incluso un foco mucho más grande en la generación de retornos más altos, aún cuando eso signifique producir menos onzas. Estas fueron decisiones correctas para nuestros accionistas y para la compañía y ahora estamos apreciando los beneficios tangibles de nuestros esfuerzos”, agregó.
El ejecutivo enfatizó que “el 2013 fue un año duro para Barrick independiente de la medida en cuestión, pero con un foco renovado en la disciplina de capital y la excelencia operacional generalizadas, hemos restablecido nuestro foco y revitalizado los prospectos de la compañía. No nos desviaremos de este rumbo, que ha entregado resultados sólidos, ha reducido costos y ha mejorado la flexibilidad financiera”.
Lo informado al mercado sobre los costos del oro de Barrick en el 2014 son los más bajos entre los principales productores, con costos sostenidos todo incluido (AISC, en inglés) esperados de US$920-US$980 por onza y costos operacionales ajustados proyectados de US$590-US$640 por onza, señaló la compañía.
La minera indicó que anticipa una producción de oro para el 2014 de 6,0-6,5 millones de onzas.
"La menor producción en el 2014 es reflejo de la estrategia de maximizar el flujo de caja libre y los retornos sobre las onzas, la venta de minas de costo alto y períodos de vida cortos, la producción más baja de Cortez y la decisión de cerrar Pierina. Estas bajas se compensarán, en parte, por una mayor producción en Pueblo Viejo", aseveró la minera.
Agregó que se espera que los gastos de capital totales disminuyan aproximadamente un 50% en 2014 a US$2.400-US$2.700 millones, una disminución de aproximadamente US$2.500 millones en comparación con el 2013. Los gastos más bajos son un reflejo de la desaceleración temporal de la construcción en Pascua Lama y menos requerimientos de capital de apoyo y ampliación de la faena, precisó.
La compañía proyecta además costos financieros más altos de US$800-US$825 millones en 2014 como resultado de la decisión de desacelerar temporalmente Pascua Lama, donde ya no se capitalizarán intereses.
A fines del año pasado Barrick anunció la suspensión temporal de la construcción de su proyecto de oro Pascua Lama.
Al respecto la minera señaló este jueves que el plan de desaceleración se está cumpliendo en los tiempos estimados.
Agregó que espera incurrir en costos de alrededor de US$300 millones este año por la desaceleración y las obligaciones ambientales y sociales.
"La decisión de reiniciar el ritmo de construcción dependerá de una mejor economía y de una menor incertidumbre en relación a los requerimientos legales y regulatorios en Chile", indicó la minera.
El desarrollo restante tendrá lugar en distintas etapas con programas de trabajo y presupuestos específicos. Este enfoque facilitará una planificación y una ejecución más eficiente y un mejor control de costos. En el inter tanto, Barrick indagará oportunidades para mejorar los retornos ajustados a riesgos del proyecto, que incluyen alianzas estratégicas o royalties o acuerdos que generan ingresos, agregó.
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Más de 260 loros que eran trasladados en forma ilegal
Rescatan más de 260 loros en dos operativos en Santa Fe y Chaco
Fecha de Publicación: 15/02/2014
Fuente: Agencia DyN
Provincia/Región: Santa Fe - Chaco
Las aves eran trasladadas en forma ilegal. Los animales fueron enviados a la ciudad de Esperanza "con el fin de garantizar su crianza, cuidado y alimentación hasta su posterior liberación a la vida silvestre".
Más de 260 loros que eran trasladados en forma ilegal fueron rescatados por Gendarmería Nacional en dos operativos que realizó en las provincias de Santa Fe y Chaco.
En uno de los operativos la fuerza rescató 200 aves de esa especie, que eran transportados en un vehículo sin documentación en la provincia de Santa Fe.
Gendarmería informó en un comunicado que efectivos de la sección Seguridad Vial Rafaela realizaban un control en la ruta nacional 34, kilómetro 219, cuando interceptaron una camioneta Volkswagen Amarok.
"Al momento de efectuar la requisa del rodado, los gendarmes constataron que en el baúl transportaba 200 loros sin la documentación que avale su legal tenencia o traslado", reportó.
Gendarmería indicó que ello configuraba infracción a la Ley Nacional 22421 de Conservación de la Fauna y a la Ley Provincial 4830, de Caza y Pesca.
Los gendarmes decomisaron las aves, que fueron trasladadas al ministerio de la Producción de Santa Fe.
Esa cartera, en tanto, envió los loros a la ciudad de Esperanza "con el fin de garantizar su crianza, cuidado y alimentación hasta su posterior liberación a la vida silvestre".
En otro operativo, la fuerza rescató la semana pasada en Chaco unos 61 loros que eran transportados bajo la misma modalidad y sostuvo que eso "permitió neutralizar el accionar de las grandes organizaciones dedicadas al traslado y comercialización de animales silvestres".
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Fecha de Publicación: 15/02/2014
Fuente: Agencia DyN
Provincia/Región: Santa Fe - Chaco
Las aves eran trasladadas en forma ilegal. Los animales fueron enviados a la ciudad de Esperanza "con el fin de garantizar su crianza, cuidado y alimentación hasta su posterior liberación a la vida silvestre".
Más de 260 loros que eran trasladados en forma ilegal fueron rescatados por Gendarmería Nacional en dos operativos que realizó en las provincias de Santa Fe y Chaco.
En uno de los operativos la fuerza rescató 200 aves de esa especie, que eran transportados en un vehículo sin documentación en la provincia de Santa Fe.
Gendarmería informó en un comunicado que efectivos de la sección Seguridad Vial Rafaela realizaban un control en la ruta nacional 34, kilómetro 219, cuando interceptaron una camioneta Volkswagen Amarok.
"Al momento de efectuar la requisa del rodado, los gendarmes constataron que en el baúl transportaba 200 loros sin la documentación que avale su legal tenencia o traslado", reportó.
Gendarmería indicó que ello configuraba infracción a la Ley Nacional 22421 de Conservación de la Fauna y a la Ley Provincial 4830, de Caza y Pesca.
Los gendarmes decomisaron las aves, que fueron trasladadas al ministerio de la Producción de Santa Fe.
Esa cartera, en tanto, envió los loros a la ciudad de Esperanza "con el fin de garantizar su crianza, cuidado y alimentación hasta su posterior liberación a la vida silvestre".
En otro operativo, la fuerza rescató la semana pasada en Chaco unos 61 loros que eran transportados bajo la misma modalidad y sostuvo que eso "permitió neutralizar el accionar de las grandes organizaciones dedicadas al traslado y comercialización de animales silvestres".
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Trabajo conjunto para preservar al Macá Tobiano
Buscan preservar al Macá Tobiano, un emblema de la Patagonia
Fecha de Publicación: 14/02/2014
Fuente: Diario Crónica
Provincia/Región: Patagonia
El Proyecto Macá Tobiano, es llevado adelante por Asociación Aves Argentinas, Asociación Ornitológica del Plata (AA) y la Asociación Ambiente Sur, a las que se suma la empresa Pan American Energy (PAE), con motivo de preservar a la especie.
En el marco de los festejos del Día Internacional de los Humedales, el 2 de febrero, y como parte de las actividades relacionadas con la preservación del Medio Ambiente de PAE, la compañía ha firmado un acuerdo de colaboración con la Asociación de Aves, para contribuir al proyecto. Esto incluye colaboración en tareas de investigación que permitan identificar las colonias de macá tobiano, minimizar los riesgos de predación, estudiar científicamente las amenazas, colaborar en el desarrollo de campañas de educación ambiental y maximizar las posibilidades de reproducción y cría de los macá. Así como realizar actividades en materia de educación y cultura, como talleres, charlas y muestras.
Proyecto Macá Tobiano
Aves Argentinas es una ONG que desarrolla proyectos y actividades de conservación, investigación, educación y difusión al respecto de las aves silvestres y sus ambientes. Su principal objetivo es estudiar hábitats de alta prioridad para las especies de aves amenazadas y promover su conservación.
Hernán Casañas, coordinador del proyecto se mostró satisfecho con el acuerdo firmado y señaló que todos los aportes “son de suma importancia para la realización de este tipo de proyectos que requieren muchos recursos porque el trabajo es personal, frente a las lagunas, protegiendo a los macá tobianos de depredadores, tomando notas”, y agregó que “por eso los costos de combustible, comida y materiales son altos. En ese sentido, el aporte de PAE es de gran importancia para el proyecto”.
Por su parte, Gastón Malbos, Relaciones Institucionales de PAE, afirmó que están muy contentos de poder ser parte del proyecto y señaló que “a lo largo del año buscaremos llevar a cabo actividades que contribuyan a generar conciencia en todos los habitantes de la región. Así estaremos sumando nuestro esfuerzo concreto a la preservación de esta ave, que es única en el mundo y se encuentra en nuestro país”.
Sobre la especie
El macá tobiano es un ave zambullidora y una de las especies más emblemáticas de la fauna argentina, que hoy se encuentra en peligro de extinción, con menos de 800 ejemplares. La única región del mundo donde se lo puede observar es en la provincia de Santa Cruz, donde habita en lagos, lagunas y estuarios, según la época del año. Aves Argentinas, la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y organizaciones internacionales incluyeron al Macá Tobiano como una especie en situación crítica.
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Fecha de Publicación: 14/02/2014
Fuente: Diario Crónica
Provincia/Región: Patagonia
El Proyecto Macá Tobiano, es llevado adelante por Asociación Aves Argentinas, Asociación Ornitológica del Plata (AA) y la Asociación Ambiente Sur, a las que se suma la empresa Pan American Energy (PAE), con motivo de preservar a la especie.
En el marco de los festejos del Día Internacional de los Humedales, el 2 de febrero, y como parte de las actividades relacionadas con la preservación del Medio Ambiente de PAE, la compañía ha firmado un acuerdo de colaboración con la Asociación de Aves, para contribuir al proyecto. Esto incluye colaboración en tareas de investigación que permitan identificar las colonias de macá tobiano, minimizar los riesgos de predación, estudiar científicamente las amenazas, colaborar en el desarrollo de campañas de educación ambiental y maximizar las posibilidades de reproducción y cría de los macá. Así como realizar actividades en materia de educación y cultura, como talleres, charlas y muestras.
Proyecto Macá Tobiano
Aves Argentinas es una ONG que desarrolla proyectos y actividades de conservación, investigación, educación y difusión al respecto de las aves silvestres y sus ambientes. Su principal objetivo es estudiar hábitats de alta prioridad para las especies de aves amenazadas y promover su conservación.
Hernán Casañas, coordinador del proyecto se mostró satisfecho con el acuerdo firmado y señaló que todos los aportes “son de suma importancia para la realización de este tipo de proyectos que requieren muchos recursos porque el trabajo es personal, frente a las lagunas, protegiendo a los macá tobianos de depredadores, tomando notas”, y agregó que “por eso los costos de combustible, comida y materiales son altos. En ese sentido, el aporte de PAE es de gran importancia para el proyecto”.
Por su parte, Gastón Malbos, Relaciones Institucionales de PAE, afirmó que están muy contentos de poder ser parte del proyecto y señaló que “a lo largo del año buscaremos llevar a cabo actividades que contribuyan a generar conciencia en todos los habitantes de la región. Así estaremos sumando nuestro esfuerzo concreto a la preservación de esta ave, que es única en el mundo y se encuentra en nuestro país”.
Sobre la especie
El macá tobiano es un ave zambullidora y una de las especies más emblemáticas de la fauna argentina, que hoy se encuentra en peligro de extinción, con menos de 800 ejemplares. La única región del mundo donde se lo puede observar es en la provincia de Santa Cruz, donde habita en lagos, lagunas y estuarios, según la época del año. Aves Argentinas, la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y organizaciones internacionales incluyeron al Macá Tobiano como una especie en situación crítica.
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Posible desvío de fondos por parte de ACUMAR
Piden informes sobre el saneamiento del Riachuelo
Fecha de Publicación: 14/02/2014
Fuente: El Parlamentario
Provincia/Región: Riachuelo
El diputado nacional Alberto Asseff (UNIR-Fte. Renovador) pidió informes al Poder Ejecutivo sobre los avances en el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo para investigar si hubo un desvío de fondos por parte de ACUMAR.
“Es literalmente vergonzoso el estado de situación que sobrelleva la cuenca Matanza-Riachuelo desde hace más de seis décadas. La contaminación es constante. Para colmo, se sanea parcialmente y al mismo tiempo se la sigue envenenando con el vuelco de efluentes prohibidos”, explicó Asseff.
Por otra parte, advirtió que ACUMAR “administra un préstamo del Banco Mundial por us$840 millones”. “Se sabe que cuando existe tanto dinero y la información y control públicos son casi nulos, la tendencia es a apropiarse de esos fondos en detrimento de la plasmación de las obras”, alertó.
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Fecha de Publicación: 14/02/2014
Fuente: El Parlamentario
Provincia/Región: Riachuelo
El diputado nacional Alberto Asseff (UNIR-Fte. Renovador) pidió informes al Poder Ejecutivo sobre los avances en el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo para investigar si hubo un desvío de fondos por parte de ACUMAR.
“Es literalmente vergonzoso el estado de situación que sobrelleva la cuenca Matanza-Riachuelo desde hace más de seis décadas. La contaminación es constante. Para colmo, se sanea parcialmente y al mismo tiempo se la sigue envenenando con el vuelco de efluentes prohibidos”, explicó Asseff.
Por otra parte, advirtió que ACUMAR “administra un préstamo del Banco Mundial por us$840 millones”. “Se sabe que cuando existe tanto dinero y la información y control públicos son casi nulos, la tendencia es a apropiarse de esos fondos en detrimento de la plasmación de las obras”, alertó.
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Córdoba: denuncian a juez que defendió a Monsanto
Denunciaron a un juez que defendió a la firma Monsanto
Fecha de Publicación: 14/02/2014
Fuente: Hoy Día
Provincia/Región: Córdoba
Eduardo Salas, dirigente del Partido Obrero (PO), y Cintia Frencia, legisladora provincial por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, acompañados por miembros de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, realizaron anteayer una presentación ante el Tribunal de Disciplina del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia contra Miguel Ángel Azar, vocal de la Sala Segunda de la Cámara del Trabajo de Córdoba, en el marco de las pulseadas generadas por la controvertida radicación de la firma Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas. Tras efectuar la presentación en el edificio de Tribunales I, Salas explicó que “solicitamos la apertura de un sumario al juez Azar por incumplimiento de funciones durante el proceso de amparo presentado por miembros de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida contra la instalación de Monsanto. El voto negativo por parte del juez Azar al fallo de la mayoría del tribunal, que determinaba la suspensión de la construcción de la planta, mostró serias violaciones a los procedimiento judiciales, quebrantando los principios y normas que rigen el accionar de los jueces”. Como se recordará, el 9 de enero del presente año la Sala 2 de la Cámara del Trabajo de Córdoba suspendió las obras civiles de la planta de Monsanto hasta la aprobación del estudio de impacto ambiental, informe que fue rechazado por el gobierno provincial el lunes último. En aquel fallo de hace un mes, dos de los tres magistrados se expresaron por darle la razón a los amparistas. Pero el tercero - Azar- firmó en disidencia. Sobre el particular, Salas precisó que “Azar argumentó su voto a favor de Monsanto admitiendo con total naturalidad que durante la feria, violando cualquier tipo de procedimiento judicial, accedió a la invitación de Monsanto a conocer la planta de Rojas, en la provincia de Buenos Aires. De esta forma, violó el principio de objetividad e imparcialidad, tomando partido por la empresa demandada”. Asimismo, el referente del PO agregó que “el cuadro de irregularidades se completa con las declaraciones donde afirma que el uso de glifosato es una práctica común en su familia y que no ha generado secuelas en la salud”. Finalmente, el intendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani, responsabilizó a Monsanto por no cumplir con los requisitos de la Secretaría de Ambiente para la radicación de la planta de producción de semillas de maíz. “Nosotros siempre hemos sostenido que mientras (Monsanto) no tenga la licencia ambiental no va a tener la posibilidad de instalarse”, indicó.
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Fecha de Publicación: 14/02/2014
Fuente: Hoy Día
Provincia/Región: Córdoba
Eduardo Salas, dirigente del Partido Obrero (PO), y Cintia Frencia, legisladora provincial por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, acompañados por miembros de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, realizaron anteayer una presentación ante el Tribunal de Disciplina del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia contra Miguel Ángel Azar, vocal de la Sala Segunda de la Cámara del Trabajo de Córdoba, en el marco de las pulseadas generadas por la controvertida radicación de la firma Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas. Tras efectuar la presentación en el edificio de Tribunales I, Salas explicó que “solicitamos la apertura de un sumario al juez Azar por incumplimiento de funciones durante el proceso de amparo presentado por miembros de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida contra la instalación de Monsanto. El voto negativo por parte del juez Azar al fallo de la mayoría del tribunal, que determinaba la suspensión de la construcción de la planta, mostró serias violaciones a los procedimiento judiciales, quebrantando los principios y normas que rigen el accionar de los jueces”. Como se recordará, el 9 de enero del presente año la Sala 2 de la Cámara del Trabajo de Córdoba suspendió las obras civiles de la planta de Monsanto hasta la aprobación del estudio de impacto ambiental, informe que fue rechazado por el gobierno provincial el lunes último. En aquel fallo de hace un mes, dos de los tres magistrados se expresaron por darle la razón a los amparistas. Pero el tercero - Azar- firmó en disidencia. Sobre el particular, Salas precisó que “Azar argumentó su voto a favor de Monsanto admitiendo con total naturalidad que durante la feria, violando cualquier tipo de procedimiento judicial, accedió a la invitación de Monsanto a conocer la planta de Rojas, en la provincia de Buenos Aires. De esta forma, violó el principio de objetividad e imparcialidad, tomando partido por la empresa demandada”. Asimismo, el referente del PO agregó que “el cuadro de irregularidades se completa con las declaraciones donde afirma que el uso de glifosato es una práctica común en su familia y que no ha generado secuelas en la salud”. Finalmente, el intendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani, responsabilizó a Monsanto por no cumplir con los requisitos de la Secretaría de Ambiente para la radicación de la planta de producción de semillas de maíz. “Nosotros siempre hemos sostenido que mientras (Monsanto) no tenga la licencia ambiental no va a tener la posibilidad de instalarse”, indicó.
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Detienen a activistas de Greenpeace en Salta
Greenpeace denuncia la detención en Salta de activistas de su organización
Fecha de Publicación: 13/02/2014
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
La policía salteña Salta detuvo a un voluntario de Greenpeace por participar de la difusión de una campaña contra la deforestación.
Cristian Morales, integrante del grupo de voluntarios de Greenpeace en Salta, fue detenido esta tarde por la policía salteña y trasladado al Edificio de Contravenciones, por estar con sus compañeros pegando adhesivos con la leyenda “9 de Oro asesino de los bosques de Salta” en paquetes del producto.
“Es insólito que la policía de Salta se lleve preso a quien en forma pacífica denuncia públicamente a los responsables de un verdadero crimen ambiental. El gobierno de Urtubey está autorizando desmontes en zonas protegidas por la Ley a pedido de los grandes terratenientes, como los dueños de Bizcochos 9 de Oro. Reclamamos a la empresa que no desmonte donde la Ley de Bosques no lo permite”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
La ONG señaló a través de su sitio web que "La estancia, denominada “El Carmen”, tiene 7.407 hectáreas. Es propiedad de Aldo Adriano Navilli y sus hijos, dueños también de Molino Cañuelas, fabricantes de los bizcochos. El predio a desmontar se ubica cerca de la ciudad de Embarcación, en Salta y está protegido por la Ley. Sin embargo, a solicitud sus dueños, el gobierno provincial autorizó el cambio de zonificación para que puedan ser desmontadas 6.457 hectáreas, una extensión equivalente a un tercio de la Ciudad de Buenos Aires".
Voluntarios de la organización ecologista están realizando actividades para difundir la campaña de protección de los bosques en supermercados de Salta, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Bahía Blanca, Mendoza y Paraná, señaló en su sitio web la organización ecologista.
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Fecha de Publicación: 13/02/2014
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
La policía salteña Salta detuvo a un voluntario de Greenpeace por participar de la difusión de una campaña contra la deforestación.
Cristian Morales, integrante del grupo de voluntarios de Greenpeace en Salta, fue detenido esta tarde por la policía salteña y trasladado al Edificio de Contravenciones, por estar con sus compañeros pegando adhesivos con la leyenda “9 de Oro asesino de los bosques de Salta” en paquetes del producto.
“Es insólito que la policía de Salta se lleve preso a quien en forma pacífica denuncia públicamente a los responsables de un verdadero crimen ambiental. El gobierno de Urtubey está autorizando desmontes en zonas protegidas por la Ley a pedido de los grandes terratenientes, como los dueños de Bizcochos 9 de Oro. Reclamamos a la empresa que no desmonte donde la Ley de Bosques no lo permite”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
La ONG señaló a través de su sitio web que "La estancia, denominada “El Carmen”, tiene 7.407 hectáreas. Es propiedad de Aldo Adriano Navilli y sus hijos, dueños también de Molino Cañuelas, fabricantes de los bizcochos. El predio a desmontar se ubica cerca de la ciudad de Embarcación, en Salta y está protegido por la Ley. Sin embargo, a solicitud sus dueños, el gobierno provincial autorizó el cambio de zonificación para que puedan ser desmontadas 6.457 hectáreas, una extensión equivalente a un tercio de la Ciudad de Buenos Aires".
Voluntarios de la organización ecologista están realizando actividades para difundir la campaña de protección de los bosques en supermercados de Salta, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Bahía Blanca, Mendoza y Paraná, señaló en su sitio web la organización ecologista.
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Los antecedentes de Pluspetrol no son de lo mejor
Contaminación y remediaciones sin terminar: los antecedentes de Pluspetrol en Neuquén
Fecha de Publicación: 13/02/2014
Fuente: OPS
Provincia/Región: Neuquén
Pluspetrol, la responsable del incendio en Plottier, tiene antecedentes por contaminación en la zona. Además, en marzo de este año se denunció que la empresa no había llego a cumplir ni la mitad de la remediación comprometida con la provincia para el periódo 2009-2011. Destacamos dos artículos sobre el tema publicados hoy por la prensa neuquina.
Detectaron contaminación petrolera en Valentina Norte
Un informe encargado por el Municipio en 2010 encontró hidrocarburos en las napas freáticas. La zona es operada por la empresa Pluspetrol. El trabajo, que fue realizado por un especialista de la UNCo, tomó numerosas muestras de 73 puntos del barrio neuquino.
Napas freáticas y tierra contaminadas con hidrocarburos. Aguas subterráneas que no son aptas ni para riego ni para recreación. Unos 46 pozos petroleros que conviven con barrios, tomas y chacras. Ese es el saldo de la actividad que la empresa Pluspetrol realiza desde hace dos décadas en Valentina Norte, según un voluminoso estudio de impacto ambiental que encargó el Municipio capitalino durante la gestión de Martín Farizano y que recién se conoció en estos días.
El trabajo, que fue realizado por el especialista de la UNCo Juan Manuel Mendía, tomó numerosas muestras de 73 puntos del barrio neuquino. Varias de ellas dieron cuenta de la presencia de hidrocarburos en la tierra.
Lo mismo ocurrió con el agua de las napas freáticas de distintas locaciones, cuyas mediciones “superan los valores recomendados en cuanto a utilización para recreación (por ejemplo, piletas de natación)”. Se trata de un parámetro que se utiliza habitualmente para medir el grado de contaminación de lagos, ríos o cursos. Esto suele implicar en la mayoría de los casos que, sin tratamiento, esa agua tampoco es apta para consumo humano.
El estudio explica que los “valores de contaminación” llegan por filtraciones. “Es de suponer que la actividad petrolera actual es la fuente potencial de contaminación”, concluye el trabajo.
Críticas
El estudio fue encargado en 2010, de común acuerdo con Pluspetrol, en el marco de un convenio de Responsabilidad Social Empresaria que se firmó con la compañía. Fue finalizado en mayo de 2012, pero no fue difundido públicamente.
El concejal del ARI Juan José Dutto obtuvo una copia y tomó los resultados como base para un proyecto de ordenanza que busca prohibir el fracking en zonas urbanas. Ahora, a la luz de lo ocurrido en Plottier, piensa incluir también la actividad de extracción convencional.
“No puede ser que tenga que pasar esto para que empecemos a accionar sobre el tema. Hay que evitar que haya operaciones cerca de donde viven familias”, reseñó el edil.
En su proyecto de ordenanza, el concejal señala que hay varias denuncias de vecinos de Valentina Norte por vertidos y derrames, ruidos molestos, perforación cerca de viviendas, apertura de calles, destrucción de tierras productivas y contaminación de los acuíferos.
Contó que hasta la década del 90 la zona que integra el área hidrocarburífera Centenario perteneció a YPF. “Con el menemismo, se concesionó a Pluspetrol”, remarcó y advirtió que la empresa tiene planes para realizar explotaciones no convencionales en la zona.
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Fecha de Publicación: 13/02/2014
Fuente: OPS
Provincia/Región: Neuquén
Pluspetrol, la responsable del incendio en Plottier, tiene antecedentes por contaminación en la zona. Además, en marzo de este año se denunció que la empresa no había llego a cumplir ni la mitad de la remediación comprometida con la provincia para el periódo 2009-2011. Destacamos dos artículos sobre el tema publicados hoy por la prensa neuquina.
Detectaron contaminación petrolera en Valentina Norte
Un informe encargado por el Municipio en 2010 encontró hidrocarburos en las napas freáticas. La zona es operada por la empresa Pluspetrol. El trabajo, que fue realizado por un especialista de la UNCo, tomó numerosas muestras de 73 puntos del barrio neuquino.
Napas freáticas y tierra contaminadas con hidrocarburos. Aguas subterráneas que no son aptas ni para riego ni para recreación. Unos 46 pozos petroleros que conviven con barrios, tomas y chacras. Ese es el saldo de la actividad que la empresa Pluspetrol realiza desde hace dos décadas en Valentina Norte, según un voluminoso estudio de impacto ambiental que encargó el Municipio capitalino durante la gestión de Martín Farizano y que recién se conoció en estos días.
El trabajo, que fue realizado por el especialista de la UNCo Juan Manuel Mendía, tomó numerosas muestras de 73 puntos del barrio neuquino. Varias de ellas dieron cuenta de la presencia de hidrocarburos en la tierra.
Lo mismo ocurrió con el agua de las napas freáticas de distintas locaciones, cuyas mediciones “superan los valores recomendados en cuanto a utilización para recreación (por ejemplo, piletas de natación)”. Se trata de un parámetro que se utiliza habitualmente para medir el grado de contaminación de lagos, ríos o cursos. Esto suele implicar en la mayoría de los casos que, sin tratamiento, esa agua tampoco es apta para consumo humano.
El estudio explica que los “valores de contaminación” llegan por filtraciones. “Es de suponer que la actividad petrolera actual es la fuente potencial de contaminación”, concluye el trabajo.
Críticas
El estudio fue encargado en 2010, de común acuerdo con Pluspetrol, en el marco de un convenio de Responsabilidad Social Empresaria que se firmó con la compañía. Fue finalizado en mayo de 2012, pero no fue difundido públicamente.
El concejal del ARI Juan José Dutto obtuvo una copia y tomó los resultados como base para un proyecto de ordenanza que busca prohibir el fracking en zonas urbanas. Ahora, a la luz de lo ocurrido en Plottier, piensa incluir también la actividad de extracción convencional.
“No puede ser que tenga que pasar esto para que empecemos a accionar sobre el tema. Hay que evitar que haya operaciones cerca de donde viven familias”, reseñó el edil.
En su proyecto de ordenanza, el concejal señala que hay varias denuncias de vecinos de Valentina Norte por vertidos y derrames, ruidos molestos, perforación cerca de viviendas, apertura de calles, destrucción de tierras productivas y contaminación de los acuíferos.
Contó que hasta la década del 90 la zona que integra el área hidrocarburífera Centenario perteneció a YPF. “Con el menemismo, se concesionó a Pluspetrol”, remarcó y advirtió que la empresa tiene planes para realizar explotaciones no convencionales en la zona.
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Golcorp intenta minimizar el impacto del cianuro
A partir de marzo Goldcorp transporatará cianuro hacia Cerro Negro
Fecha de Publicación: 13/02/2014
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Santa Cruz
La megaminera Golcorp SA, propietaria del Yacimiento Cerro Negro , entre otros, en las localidades de Perito Moreno y San Julián , han comenzado a informar a través de un escueto folleto y charlas con directivos de hospitales , bomberos y policías de la zona que ya ha establecido "el recorrido del cianuro", que detalla la ruta recorrerán los camiones de la Empresa Cruz del Sur en el traslado de este elemento, a usar en sus actividades productivas .
Goldcorp se atribuye la gestión responsable del cianuro, compuesto químico compuesto de carbono y nitrógeno, que son sólidos blancos y huelen a almendras, detalla que está presente en distintos elementos de la naturaleza y también el el cuerpo humano.
Añade que el cianuro no produce cáncer, no es bioacumulable en animales y peces. Goldcorp asegura que el cianuro es de fácil destrucción , y no deja impactos a largo plazo ,y al igual que otros químicos de uso industrial el cianuro se puede manejar de forma segura "...para proteger a las personas y al mediomabiente..."
El traslado del cianuro se realizará siguiendo la detallada ruta: "...desde Australia al puerto de la vecina ciudad de Puerto Deseado (RN 281 ) con primer pueblo de paso Jaramillo (KM58), llegando a ruta 3 después de 126 kms sobre ruta 281. Con orientación norte sobre ruta nacional n°3, se continúa hasta la localidad de Fitz Roy ( 14 kms desde cruce ruta 3 y 281 ). Se tomará pasando esta localidad , la ruta n° 43 con destino a Pico Truncado , prosiguiendo el mismo a la Ciudad de Las Heras. Desde allí se dirigirá por la ruta 43 hasta llegar con la ruta 39 , por la cual transitará hasta llegar al punto de ingreso este al Proyecto Cerro Negro ..."
Recorriendo la ruta del Cianuro
Goldcorp ha comenzado su campaña de prensa reuniéndose con los intendentes de las localidades "premiadas" con el transporte del cianuro, ,autoridades de hospitales públicos, bomberos y policía, dependientes del gobierno de la provincia.
No hay convocatorias desde la Minera a la ciudadanía común hasta ahora ni audiencias públicas como lo fija la ley , y solo se ha a contactado con autoridades políticas,y de manera permanente se remite AL CÓDIGO INTERNACIONAL DEL MANEJO DEL CIANURO (CIANYDE CODE ) , como marco referencial para el transporte de la sustancia letal.
¿Qué es el Código Internacional para el Manejo del Cianuro?
El nombre completo es Código Internacional para el Manejo del Cianuro en la Fabricación, el Transporte y el Uso en la Producción de Oro. Es un programa de adhesión voluntaria para las compañías mineras creado en el año 2000 por una comisión multisectorial, bajo el amparo del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) y el Consejo Internacional de Metales y el Medio Ambiente (ICME).
El cianuro se transportará sobre los puentes del Río Deseado
Desde hace mucho tiempo el agua apta para el consumo humano es escasa en la zona y ninguno de los anuncios políticos sobre la puesta en marcha de nuevas fuentes de agua o el mejoramiento del transporte del vital elemento han pasado de eso. Anuncios preeleccionarios.
Si bien en el folleto de Golcorp no se menciona , los camiones de la empresa Cruz del Sur con cianuro transitarán sobre los puentes del Río Deseado, río subterráneo y fuente natural de agua dulce de la zona.
Los puentes ( ver fotos propias ) tienen el ancho suficiente como para que transite un auto pequeño y liviano , tiene sus cimientos carcomidos por el paso del tiempo, han sido arrancados los cordones de contención y son numerosos los testimonios de transportistas de la zona sobre el precario estado de los puentes para el transporte de los camiones de gran porte.
Ayer, en la zona , pudimos apreciar que la empresa MILICIC está a cargo del repaso de la ruta 39 ( camino a Bajo Caracoles ) pero son caminos hostiles, solitarios , no apto para autos y donde se pueden observar distintos especímenes de la fauna de la zona .
Fotografiamos en el trayecto de " la ruta del cianuro " el acceso a la reserva Paisman Vera, a distintas estancias de la zona y el añejo y derruido puesto policial "Las Marías " .
No se han conocido comunicaciones oficiales de autoridades hospitalarias, policiales o de bomberos al respecto de estas actividades inminentes, pero el pueblo habla. Siempre están los hechos en los relatos de las comunidades.
Los bomberos y el Hospital de Las Heras deberán atender cualquier contingencia que surja entre Las Heras y Perito Moreno camino al yacimiento, con una población estimada de 1000 personas. La minera tiene una ambulancia simple, un vehículo básico de asistencia y traslado.
¿ Que sucederá si , como hecho mas que factible un camión de Cruz del Sur hace colapsar los añejos puentes y cae al lecho del Río Deseado?
¿ Están el Hospital Local y Bomberos locales preparados y capacitados para hacer frente a una contingencia de esta magnitud ?
¿ Hay infraestructura y medios para auxiliar eventos que se pueden producir por el transporte de sustancias peligrosas ?
¿ Cuales han sido las acciones que ha tomado el Sr Omar Fernandez , responsable de mediombiente de la zona norte a este respecto?
La ciudadanía, la gente comun, la de a pié , espera estas respuestas.
Desde San Julián los vecinos comentan ".... acá hace mucho que de traslada cianuro a Cerro Vanguardia, pero por el método del Chancho Robado, y todos sabemos ...." informaban via telefónica los vecinos.
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Fecha de Publicación: 13/02/2014
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Santa Cruz
La megaminera Golcorp SA, propietaria del Yacimiento Cerro Negro , entre otros, en las localidades de Perito Moreno y San Julián , han comenzado a informar a través de un escueto folleto y charlas con directivos de hospitales , bomberos y policías de la zona que ya ha establecido "el recorrido del cianuro", que detalla la ruta recorrerán los camiones de la Empresa Cruz del Sur en el traslado de este elemento, a usar en sus actividades productivas .
Goldcorp se atribuye la gestión responsable del cianuro, compuesto químico compuesto de carbono y nitrógeno, que son sólidos blancos y huelen a almendras, detalla que está presente en distintos elementos de la naturaleza y también el el cuerpo humano.
Añade que el cianuro no produce cáncer, no es bioacumulable en animales y peces. Goldcorp asegura que el cianuro es de fácil destrucción , y no deja impactos a largo plazo ,y al igual que otros químicos de uso industrial el cianuro se puede manejar de forma segura "...para proteger a las personas y al mediomabiente..."
El traslado del cianuro se realizará siguiendo la detallada ruta: "...desde Australia al puerto de la vecina ciudad de Puerto Deseado (RN 281 ) con primer pueblo de paso Jaramillo (KM58), llegando a ruta 3 después de 126 kms sobre ruta 281. Con orientación norte sobre ruta nacional n°3, se continúa hasta la localidad de Fitz Roy ( 14 kms desde cruce ruta 3 y 281 ). Se tomará pasando esta localidad , la ruta n° 43 con destino a Pico Truncado , prosiguiendo el mismo a la Ciudad de Las Heras. Desde allí se dirigirá por la ruta 43 hasta llegar con la ruta 39 , por la cual transitará hasta llegar al punto de ingreso este al Proyecto Cerro Negro ..."
Recorriendo la ruta del Cianuro
Goldcorp ha comenzado su campaña de prensa reuniéndose con los intendentes de las localidades "premiadas" con el transporte del cianuro, ,autoridades de hospitales públicos, bomberos y policía, dependientes del gobierno de la provincia.
No hay convocatorias desde la Minera a la ciudadanía común hasta ahora ni audiencias públicas como lo fija la ley , y solo se ha a contactado con autoridades políticas,y de manera permanente se remite AL CÓDIGO INTERNACIONAL DEL MANEJO DEL CIANURO (CIANYDE CODE ) , como marco referencial para el transporte de la sustancia letal.
¿Qué es el Código Internacional para el Manejo del Cianuro?
El nombre completo es Código Internacional para el Manejo del Cianuro en la Fabricación, el Transporte y el Uso en la Producción de Oro. Es un programa de adhesión voluntaria para las compañías mineras creado en el año 2000 por una comisión multisectorial, bajo el amparo del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) y el Consejo Internacional de Metales y el Medio Ambiente (ICME).
El cianuro se transportará sobre los puentes del Río Deseado
Desde hace mucho tiempo el agua apta para el consumo humano es escasa en la zona y ninguno de los anuncios políticos sobre la puesta en marcha de nuevas fuentes de agua o el mejoramiento del transporte del vital elemento han pasado de eso. Anuncios preeleccionarios.
Si bien en el folleto de Golcorp no se menciona , los camiones de la empresa Cruz del Sur con cianuro transitarán sobre los puentes del Río Deseado, río subterráneo y fuente natural de agua dulce de la zona.
Los puentes ( ver fotos propias ) tienen el ancho suficiente como para que transite un auto pequeño y liviano , tiene sus cimientos carcomidos por el paso del tiempo, han sido arrancados los cordones de contención y son numerosos los testimonios de transportistas de la zona sobre el precario estado de los puentes para el transporte de los camiones de gran porte.
Ayer, en la zona , pudimos apreciar que la empresa MILICIC está a cargo del repaso de la ruta 39 ( camino a Bajo Caracoles ) pero son caminos hostiles, solitarios , no apto para autos y donde se pueden observar distintos especímenes de la fauna de la zona .
Fotografiamos en el trayecto de " la ruta del cianuro " el acceso a la reserva Paisman Vera, a distintas estancias de la zona y el añejo y derruido puesto policial "Las Marías " .
No se han conocido comunicaciones oficiales de autoridades hospitalarias, policiales o de bomberos al respecto de estas actividades inminentes, pero el pueblo habla. Siempre están los hechos en los relatos de las comunidades.
Los bomberos y el Hospital de Las Heras deberán atender cualquier contingencia que surja entre Las Heras y Perito Moreno camino al yacimiento, con una población estimada de 1000 personas. La minera tiene una ambulancia simple, un vehículo básico de asistencia y traslado.
¿ Que sucederá si , como hecho mas que factible un camión de Cruz del Sur hace colapsar los añejos puentes y cae al lecho del Río Deseado?
¿ Están el Hospital Local y Bomberos locales preparados y capacitados para hacer frente a una contingencia de esta magnitud ?
¿ Hay infraestructura y medios para auxiliar eventos que se pueden producir por el transporte de sustancias peligrosas ?
¿ Cuales han sido las acciones que ha tomado el Sr Omar Fernandez , responsable de mediombiente de la zona norte a este respecto?
La ciudadanía, la gente comun, la de a pié , espera estas respuestas.
Desde San Julián los vecinos comentan ".... acá hace mucho que de traslada cianuro a Cerro Vanguardia, pero por el método del Chancho Robado, y todos sabemos ...." informaban via telefónica los vecinos.
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Laguna de Rocha en la agenda de Acumar
Se realizó otra reunión del Comité de Gestión de la Laguna de Rocha
Fecha de Publicación: 12/02/2014
Fuente: Acumar
Provincia/Región: Riachuelo
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo participó de la segunda reunión del Comité de Gestión, el órgano de participación social y fiscalizador de la Reserva Natural, Integral y Mixta Laguna de Rocha, en el Municipio de Esteban Echeverría.
Durante el encuentro, presidido por el Intendente Fernando Gray, se trabajó en las unidades temáticas de ordenamiento territorial y de Reglamento con la asistencia de la Defensoría del Pueblo.
El Director General de Relaciones Institucionales, Antolín Magallanes, participó de la reunión que tuvo como objetivo tratar el anteproyecto de reglamento interno de funcionamiento del comité, que está conformado por el Municipio de Esteban Echeverría, organismos nacionales y provinciales competentes y organizaciones de la sociedad civil, según la Ley Provincial 14.488, por la que se creó la Reserva Natural y Mixta.
También participaron el coordinador de la Comisión de Participación Social (CPS) de ACUMAR, Roberto Felicetti; el integrante de la Coordinación de Calidad Ambiental, Eugenio Coconier; y miembros del Instituto Nacional del Agua, Universidad del Museo Social Argentino, Autoridad del Agua (ADA), Colectivo Ecológico, Vecinos de la Laguna de Rocha, Club de Observadores de Aves, Centro de Residentes Santiagueños, Centro de Veteranos de Guerra, Asociación Civil Montecitos, Instituto de Formación Docente y Técnica Nº 35, Club de Automóviles Clásicos, Preservando el Patrimonio Echeverriano, Sociedad Italiana, la Asociación Puente Verde y el Centro de Estudios Históricos de Esteban Echeverría.
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Fecha de Publicación: 12/02/2014
Fuente: Acumar
Provincia/Región: Riachuelo
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo participó de la segunda reunión del Comité de Gestión, el órgano de participación social y fiscalizador de la Reserva Natural, Integral y Mixta Laguna de Rocha, en el Municipio de Esteban Echeverría.
Durante el encuentro, presidido por el Intendente Fernando Gray, se trabajó en las unidades temáticas de ordenamiento territorial y de Reglamento con la asistencia de la Defensoría del Pueblo.
El Director General de Relaciones Institucionales, Antolín Magallanes, participó de la reunión que tuvo como objetivo tratar el anteproyecto de reglamento interno de funcionamiento del comité, que está conformado por el Municipio de Esteban Echeverría, organismos nacionales y provinciales competentes y organizaciones de la sociedad civil, según la Ley Provincial 14.488, por la que se creó la Reserva Natural y Mixta.
También participaron el coordinador de la Comisión de Participación Social (CPS) de ACUMAR, Roberto Felicetti; el integrante de la Coordinación de Calidad Ambiental, Eugenio Coconier; y miembros del Instituto Nacional del Agua, Universidad del Museo Social Argentino, Autoridad del Agua (ADA), Colectivo Ecológico, Vecinos de la Laguna de Rocha, Club de Observadores de Aves, Centro de Residentes Santiagueños, Centro de Veteranos de Guerra, Asociación Civil Montecitos, Instituto de Formación Docente y Técnica Nº 35, Club de Automóviles Clásicos, Preservando el Patrimonio Echeverriano, Sociedad Italiana, la Asociación Puente Verde y el Centro de Estudios Históricos de Esteban Echeverría.
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Reingeniería del proyecto minero de Agua Rica
Catamarca: estudian alternativas para hacer viable Agua Rica
Fecha de Publicación: 12/02/2014
Fuente: Períodico El Inversor Energético y Minero
Provincia/Región: Catamarca
Un equipo de técnicos y especialistas estudia el proyecto de llevar el mineral y la escombrera a través de una cinta trasportadora con un campamento fijo en la localidad de Andalgalá, con la finalidad de hacer más viable y accesible el proyecto minero de Agua Rica, en Catamarca. En ese marco, los responsables técnicos del emprendimiento trabajan arduamente en una “reingeniería” del proyecto tendiente a bajar los costos de inversión y hacer más viable la iniciativa, que le daría continuidad al yacimiento de Alumbrera, empalmando ambas propuestas. Actualmente, la vida útil del proyecto más importante de Catamarca se realiza a través de la mina Bajo El Durazno, pero las expectativas siguen centradas en el futuro del yacimiento minero Agua Rica. Según consignó la agencia Télam, como consecuencia de ello se están evaluando varias alternativas posibles, y una de ellas “es eliminar el túnel y la escombrera de El Globo”, de tal manera de sacar el mineral y material estéril mediante una cinta transportadora hacia Alumbrera. Asimismo, el proyecto en cuestión prevé cambiar el proyecto “base” a la ciudad de Andalgalá. De ese modo, se retornaría al viejo acceso a la mina vía El Potrero. Será, entonces, la Empresa Minera Catamarca (Camyen) la encargada de entrar en diálogo con todas las compañías que por estos días están trabajando en la provincia. Por su parte, el secretario catamarqueño de Minería, Rodolfo Micone, será quien lleve adelante las negociaciones con el propósito de “allanar el camino de la actividad que pone sus ojos en el futuro provincial a través de la actividad minera”.
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Fecha de Publicación: 12/02/2014
Fuente: Períodico El Inversor Energético y Minero
Provincia/Región: Catamarca
Un equipo de técnicos y especialistas estudia el proyecto de llevar el mineral y la escombrera a través de una cinta trasportadora con un campamento fijo en la localidad de Andalgalá, con la finalidad de hacer más viable y accesible el proyecto minero de Agua Rica, en Catamarca. En ese marco, los responsables técnicos del emprendimiento trabajan arduamente en una “reingeniería” del proyecto tendiente a bajar los costos de inversión y hacer más viable la iniciativa, que le daría continuidad al yacimiento de Alumbrera, empalmando ambas propuestas. Actualmente, la vida útil del proyecto más importante de Catamarca se realiza a través de la mina Bajo El Durazno, pero las expectativas siguen centradas en el futuro del yacimiento minero Agua Rica. Según consignó la agencia Télam, como consecuencia de ello se están evaluando varias alternativas posibles, y una de ellas “es eliminar el túnel y la escombrera de El Globo”, de tal manera de sacar el mineral y material estéril mediante una cinta transportadora hacia Alumbrera. Asimismo, el proyecto en cuestión prevé cambiar el proyecto “base” a la ciudad de Andalgalá. De ese modo, se retornaría al viejo acceso a la mina vía El Potrero. Será, entonces, la Empresa Minera Catamarca (Camyen) la encargada de entrar en diálogo con todas las compañías que por estos días están trabajando en la provincia. Por su parte, el secretario catamarqueño de Minería, Rodolfo Micone, será quien lleve adelante las negociaciones con el propósito de “allanar el camino de la actividad que pone sus ojos en el futuro provincial a través de la actividad minera”.
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Atuel: "Es tarde para dialogar"
Atuel: "Es tarde para dialogar", responden diputados a Mendoza
Fecha de Publicación: 12/02/2014
Fuente: La Arena (La Pampa)
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
Un documento legislativo dio cuenta del compromiso que toma la Cámara de Diputados luego de conocerse el fallo por el que la CSJ se declara competente y emplazó a la provincia de Mendoza.
Aunque la bancada del Frepam firmó el documento conjunto de la Legislatura provincial, apoyando lo que se considera el "nuevo escenario en la lucha por recuperar los caudales del río Atuel", fue más allá al consignar -en forma separada- que era necesario "apurar al Poder Ejecutivo Provincial para que inicie una nueva demanda a la Provincia de Mendoza y al Estado Nacional, más allá de las acciones y/o resultados que deriven del fallo motivo del documento".
Precisamente ayer la Cámara de Diputados difundió un comunicado firmado por su presidenta, Norma Durango; el vicepresidente Juan Pablo Morisoli, y los presidentes de cada uno de los bloques, Daniel Lovera (PJ), Carlos Bruno (Frepam), Sandra Fonseca (Frente Comunidad Organizada), Daniel Robledo (Pueblo Nuevo) y Darío Casado (PRO).
El texto refiere "a la buena noticia" de que la demanda que presentaron los abogados Miguel Palazzani y Andrés Gil Domínguez, solicitando la distribución equitativa de los caudales del río Atuel en nuestra provincia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tuvo respuesta favorable de parte del alto tribunal".
Dice el Poder Legislativo que se trata de un "gran paso, de máxima importancia para La Pampa que viene sufriendo desde hace 66 años el corte de las aguas del Atuel de forma unilateral por parte de Mendoza, situación agravada por la construcción del complejo los Nihuiles, por parte de la Nación en su territorio".
Antecedentes.
Agrega que "es muy importante el fallo de la Corte, ya que apoyándose en el convenio marco interprovincial del año 2008, en un todo de acuerdo al exhorto de la sentencia de la misma del año 1987, suscripto entre ambas provincias y la Nación, requiere una serie de informaciones a las tres partes involucradas, las cuales deben resolverlas en un plazo de sesenta días".
Recuerda el comunicado que nuestra provincia "siempre actuó en el marco de lo que la Corte mandó en su fallo original, que repetidas veces y en distintos gobiernos se celebraron convenios y protocolos de entendimiento, como así también formamos parte de la CIAI y delineamos en forma conjunta, proyectos y planes para restablecer el equilibrio fluvioecológico y ambiental, cuyos plazos y compromisos Mendoza nunca cumplió. El último incumplimiento fue el del convenio marco tripartito de agosto de 2008".
Fue la misma Cámara de Diputados la que sancionó por unanimidad la ratificación del convenio marco a los pocos meses de firmado, pero Mendoza nunca lo hizo. La Legislatura también sancionó por unanimidad una resolución por la que se solicitó al gobernador de La Pampa "que iniciara una demanda ante la Corte Suprema de Justicia contra la provincia de Mendoza, para exigir un caudal del río Atuel para nuestra provincia, apoyándose en términos ambientales, de violación al derecho humano al agua y en la necesidad de recuperar y recomponer la desertización causada en nuestro oeste territoriano".
Compromiso.
Desde el Poder Ejecutivo se expresó también el compromiso de "seguir en la senda trazada desde hace años por otras composiciones de esta Cámara de Diputados, y a cumplir con lo que dijimos a pocos días de haber asumido el presente período de gobierno. Hoy ya es tarde para pensar en arreglos y comisiones interprovinciales. El no respeto a los plazos y a no cumplir con los compromisos asumidos los ha agotado totalmente".
Finalmente el texto firmado expresa que se ve "con esperanza el avance anunciado en el fallo de la Corte y confirmamos que fueron los responsables de este anacronismo hídrico-ecológico entre argentinos, optando por desarrollar el sur mendocino con riego, producción y energía, y como contraparte desertizar y despoblar el oeste pampeano".
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Fecha de Publicación: 12/02/2014
Fuente: La Arena (La Pampa)
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
Un documento legislativo dio cuenta del compromiso que toma la Cámara de Diputados luego de conocerse el fallo por el que la CSJ se declara competente y emplazó a la provincia de Mendoza.
Aunque la bancada del Frepam firmó el documento conjunto de la Legislatura provincial, apoyando lo que se considera el "nuevo escenario en la lucha por recuperar los caudales del río Atuel", fue más allá al consignar -en forma separada- que era necesario "apurar al Poder Ejecutivo Provincial para que inicie una nueva demanda a la Provincia de Mendoza y al Estado Nacional, más allá de las acciones y/o resultados que deriven del fallo motivo del documento".
Precisamente ayer la Cámara de Diputados difundió un comunicado firmado por su presidenta, Norma Durango; el vicepresidente Juan Pablo Morisoli, y los presidentes de cada uno de los bloques, Daniel Lovera (PJ), Carlos Bruno (Frepam), Sandra Fonseca (Frente Comunidad Organizada), Daniel Robledo (Pueblo Nuevo) y Darío Casado (PRO).
El texto refiere "a la buena noticia" de que la demanda que presentaron los abogados Miguel Palazzani y Andrés Gil Domínguez, solicitando la distribución equitativa de los caudales del río Atuel en nuestra provincia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tuvo respuesta favorable de parte del alto tribunal".
Dice el Poder Legislativo que se trata de un "gran paso, de máxima importancia para La Pampa que viene sufriendo desde hace 66 años el corte de las aguas del Atuel de forma unilateral por parte de Mendoza, situación agravada por la construcción del complejo los Nihuiles, por parte de la Nación en su territorio".
Antecedentes.
Agrega que "es muy importante el fallo de la Corte, ya que apoyándose en el convenio marco interprovincial del año 2008, en un todo de acuerdo al exhorto de la sentencia de la misma del año 1987, suscripto entre ambas provincias y la Nación, requiere una serie de informaciones a las tres partes involucradas, las cuales deben resolverlas en un plazo de sesenta días".
Recuerda el comunicado que nuestra provincia "siempre actuó en el marco de lo que la Corte mandó en su fallo original, que repetidas veces y en distintos gobiernos se celebraron convenios y protocolos de entendimiento, como así también formamos parte de la CIAI y delineamos en forma conjunta, proyectos y planes para restablecer el equilibrio fluvioecológico y ambiental, cuyos plazos y compromisos Mendoza nunca cumplió. El último incumplimiento fue el del convenio marco tripartito de agosto de 2008".
Fue la misma Cámara de Diputados la que sancionó por unanimidad la ratificación del convenio marco a los pocos meses de firmado, pero Mendoza nunca lo hizo. La Legislatura también sancionó por unanimidad una resolución por la que se solicitó al gobernador de La Pampa "que iniciara una demanda ante la Corte Suprema de Justicia contra la provincia de Mendoza, para exigir un caudal del río Atuel para nuestra provincia, apoyándose en términos ambientales, de violación al derecho humano al agua y en la necesidad de recuperar y recomponer la desertización causada en nuestro oeste territoriano".
Compromiso.
Desde el Poder Ejecutivo se expresó también el compromiso de "seguir en la senda trazada desde hace años por otras composiciones de esta Cámara de Diputados, y a cumplir con lo que dijimos a pocos días de haber asumido el presente período de gobierno. Hoy ya es tarde para pensar en arreglos y comisiones interprovinciales. El no respeto a los plazos y a no cumplir con los compromisos asumidos los ha agotado totalmente".
Finalmente el texto firmado expresa que se ve "con esperanza el avance anunciado en el fallo de la Corte y confirmamos que fueron los responsables de este anacronismo hídrico-ecológico entre argentinos, optando por desarrollar el sur mendocino con riego, producción y energía, y como contraparte desertizar y despoblar el oeste pampeano".
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Duro revés para Monsanto en Córdoba
Monsanto: la empresa presentará otro estudio de impacto ambiental
Fecha de Publicación: 11/02/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Fecha de Publicación: 11/02/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La
Provincia no aprobó el informe elaborado para la radicación de la
planta en Malvinas Argentinas. Asambleístas redoblan presión sobre el
intendente.
Monsanto ratificó su decisión de construir su planta de semillas en Malvinas Argentinas, pese a que el Gobierno provincial rechazó ayer el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa. Ante ello, la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, que desde hace un y medio resiste a la radicación de la multinacional, exigió al intendente Daniel Arzani que prohíba su instalación. El jefe comunal se negó a hacerlo, pero sostuvo: “Mientras el estudio de impacto ambiental le dé negativo, en Malvinas no va a funcionar. Que se busque otro lugar”.
Mediante una resolución de la Secretaría de Ambiente, la Provincia rechazó ayer el estudio de impacto ambiental presentado por Monsanto para la puesta en funcionamiento de una procesadora de semillas de maíz sobre la ruta A88, 16 kilómetros al este de la Capital. La decisión se fundamenta en un dictamen de una Comisión Técnica Interdisciplinaria oficial que objetó la falta de precisión sobre cómo se tratarán los residuos y efluentes líquidos, y cómo se resolverán los impactos en el tránsito vehicular.
“Vamos a presentar un nuevo estudio desde cero”, dijo a este diario Adrián Vilaplana, gerente de Asuntos Corporativos de Monsanto. “No estamos en Córdoba para hacer una inversión de temporada. Estamos para quedarnos los próximos 150 años con una planta modelo a nivel mundial”, aseveró.
También hizo declaraciones el vicepresidente de Monsanto para Latinoamérica, Pablo Vaquero: “A nosotros no nos molesta que nos levanten la vara, nos molesta la violencia”, dijo en referencia a los asambleístas que bloquean la planta desde septiembre pasado. “Pero si esto sirve para recomenzar todo el proceso y hacerlo de manera tal de que todos los actores estemos más tranquilos, bienvenido sea”, sostuvo.
Por su parte, la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida confirmó que continuará con el bloqueo y redobló su exigencia. “La lucha no se detiene hoy. Queremos que el intendente reconozca que esta empresa no tiene lugar por donde entrar”, declaró Matías Marizza, vecino de Malvinas e integrante de la asamblea. “La Justicia ya paró la obra porque es ilegal, la Provincia le rechazó el estudio de impacto ambiental, las universidades y el pueblo están en contra. ¿A quién más le tiene que preguntar Arzani?”, cuestionó Marizza.
Insuficiente
El secretario de Ambiente, Germán Pratto, dijo a este diario que Monsanto no aportó claridad en cuanto a los mecanismos de mitigación de los impactos de la actividad en el ambiente. “A criterio de la comisión técnica, los datos aportados por la empresa fueron insuficientes, reiterados y sin la profundidad necesaria”, señaló.
En consecuencia, explicó Pratto, la firma no puede iniciar la faz operativa. “Es decisión de la empresa si persiste en su instalación en Malvinas o no”, dijo el funcionario, al confirmar que Monsanto aún puede presentar otro estudio, que volverá a ser evaluado.
En cuanto a la construcción de la planta, permanece suspendida desde el 8 de enero pasado, cuando la Sala 2ª de la Cámara del Trabajo resolvió que las autorizaciones dadas por la Provincia y la Municipalidad de Malvinas a la empresa para comenzar la obra fueron “arbitrarias e inconstitucionales”, por violar la Ley General del Ambiente N° 25.675 y el artículo 41 de la Constitución Nacional.
En ese sentido, el gobernador José Manuel de la Sota anunció, el pasado 1 de febrero, que la Provincia adecuará su ley de ambiente a la de normativa nacional. Hasta ayer, no había ingresado el proyecto a la Legislatura, pero lo más probable es que Monsanto en el futuro deba adecuarse a la nueva normativa que será sancionada.
Más Información:
Dictamen de la Secretaría de Ambiente
Resolución del equipo técnico
Monsanto: claves del dictamen.
Monsanto ratificó su decisión de construir su planta de semillas en Malvinas Argentinas, pese a que el Gobierno provincial rechazó ayer el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa. Ante ello, la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, que desde hace un y medio resiste a la radicación de la multinacional, exigió al intendente Daniel Arzani que prohíba su instalación. El jefe comunal se negó a hacerlo, pero sostuvo: “Mientras el estudio de impacto ambiental le dé negativo, en Malvinas no va a funcionar. Que se busque otro lugar”.
Mediante una resolución de la Secretaría de Ambiente, la Provincia rechazó ayer el estudio de impacto ambiental presentado por Monsanto para la puesta en funcionamiento de una procesadora de semillas de maíz sobre la ruta A88, 16 kilómetros al este de la Capital. La decisión se fundamenta en un dictamen de una Comisión Técnica Interdisciplinaria oficial que objetó la falta de precisión sobre cómo se tratarán los residuos y efluentes líquidos, y cómo se resolverán los impactos en el tránsito vehicular.
“Vamos a presentar un nuevo estudio desde cero”, dijo a este diario Adrián Vilaplana, gerente de Asuntos Corporativos de Monsanto. “No estamos en Córdoba para hacer una inversión de temporada. Estamos para quedarnos los próximos 150 años con una planta modelo a nivel mundial”, aseveró.
También hizo declaraciones el vicepresidente de Monsanto para Latinoamérica, Pablo Vaquero: “A nosotros no nos molesta que nos levanten la vara, nos molesta la violencia”, dijo en referencia a los asambleístas que bloquean la planta desde septiembre pasado. “Pero si esto sirve para recomenzar todo el proceso y hacerlo de manera tal de que todos los actores estemos más tranquilos, bienvenido sea”, sostuvo.
Por su parte, la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida confirmó que continuará con el bloqueo y redobló su exigencia. “La lucha no se detiene hoy. Queremos que el intendente reconozca que esta empresa no tiene lugar por donde entrar”, declaró Matías Marizza, vecino de Malvinas e integrante de la asamblea. “La Justicia ya paró la obra porque es ilegal, la Provincia le rechazó el estudio de impacto ambiental, las universidades y el pueblo están en contra. ¿A quién más le tiene que preguntar Arzani?”, cuestionó Marizza.
Insuficiente
El secretario de Ambiente, Germán Pratto, dijo a este diario que Monsanto no aportó claridad en cuanto a los mecanismos de mitigación de los impactos de la actividad en el ambiente. “A criterio de la comisión técnica, los datos aportados por la empresa fueron insuficientes, reiterados y sin la profundidad necesaria”, señaló.
En consecuencia, explicó Pratto, la firma no puede iniciar la faz operativa. “Es decisión de la empresa si persiste en su instalación en Malvinas o no”, dijo el funcionario, al confirmar que Monsanto aún puede presentar otro estudio, que volverá a ser evaluado.
En cuanto a la construcción de la planta, permanece suspendida desde el 8 de enero pasado, cuando la Sala 2ª de la Cámara del Trabajo resolvió que las autorizaciones dadas por la Provincia y la Municipalidad de Malvinas a la empresa para comenzar la obra fueron “arbitrarias e inconstitucionales”, por violar la Ley General del Ambiente N° 25.675 y el artículo 41 de la Constitución Nacional.
En ese sentido, el gobernador José Manuel de la Sota anunció, el pasado 1 de febrero, que la Provincia adecuará su ley de ambiente a la de normativa nacional. Hasta ayer, no había ingresado el proyecto a la Legislatura, pero lo más probable es que Monsanto en el futuro deba adecuarse a la nueva normativa que será sancionada.
Más Información:
Dictamen de la Secretaría de Ambiente
Resolución del equipo técnico
Monsanto: claves del dictamen.
La CNEA nuevamente sancionada por Sierra Pintada
Nueva sanción a CNEA por infrigir la ley en Sierra Pintada
Fecha de Publicación: 11/02/2014
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Mendoza
Casi sin cobertura de los medios locales y mucho menos provinciales –a excepción de Diario San Rafael y Los Andes, que dedicó un escueto artículo días atrás- llegó a nuestro conocimiento que el DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACIÓN había aplicado a CNEA una nueva sanción por infringir la normativa vigente. Fuente: Clauidia Freire
Recuérdese que en ediciones anteriores, habíamos dado amplia difusión a la cuestión judicial planteada por CNEA cuando Irrigación le aplicó una multa de UN MILLÓN DE PESOS por contaminar en Malargüe las napas subterráneas y cauces de riego que llegaban hasta la mismísima Laguna de Llancanelo y que eran el recurso hídrico de muchos puesteros en la zona. Dicha multa fue finalmente confirmada por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y rechazado todo recurso judicial incluso por la Corte Nacional.
En esta ocasión, nuestra fuente nos informó que se trataba de SIERRA PINTADA y luego de realizar los chequeos correspondientes, pudimos acceder a la Resolución N° 0856, dictada el 30 de Setiembre de 2013, a través de la cual efectivamente el Superintendente José Luis Álvarez sancionaba nuevamente a CNEA, esta vez con multa de $ 300.000, POR CUESTIONES RELACIONADAS AL COMPLEJOSIERRA PINTADA, bajo los siguientes fundamentos:
- Que el cauce aluvional "ARROYO EL TOSCALITO" atraviesa el sector industrial del complejo, en una zona en la que se encuentran la Planta de procesamiento de Uranio, pilas de lixiviación, cuerpos de cisternas y sector de moliendas, entre otros.
- Que la obra posee características constructivas de ALTA PRECARIEDAD, con el agravante de existir ALTO CONTENIDO DE URANIO, RADIO y otras sustancias altamente peligrosas, incluyendo microorganismos patógenos.
- Que se ha producido el desborde tanto la erosión, sobre el lado posterior del cierre y las marcas del ascenso del líquido en el interior de la represa.
- Que pesa el agravante de que dichas descargas llegan al Arroyo el Tigre y de ahí al Río Diamante, puesto que aquel es un cauce tributario de éste.
- Que CNEA OMITIÓ INFORMAR A IRRIGACIÓN de la existencia de dicho reservorio y de incluirlo en el plan de remediación en los sucesivos informes que le fueran oportunamente solicitados, siendo INACEPTABLE esta omisión.
- Que en función de ello se le aplica la multa y se le exige la inmediata intervención y remediación ambiental prioritaria de la denominada REPRESA 2, y la realización de un estudio cuantitativo y cualitativo aluvional completo del Complejo.
Muchas son las reflexiones y más aún los interrogantes que nos surgen a partir de lo acontecido.
Por un lado, lamentablemente hemos tenido razón todo este tiempo cuando nos hemos cansado de denunciar que SIERRA PINTADA era y sigue siendo una bomba de tiempo, carente de control y que tanto Irrigación como la Autoridad Regulatoria Nuclear no estaban a la altura de los hechos y todos los Gobernantes miran para otro lado (Edición N° 79, Agosto de 2013).
Peor aún, también hemos tenido razón cuando hemos afirmado, en múltiples ocasiones que no se puede confiar en la información que brinda CNEA y que engaña incluso a la Justicia Federal.
Pero lo más grave de todo es lo que Irrigación sabe y lo que ha hecho o planea hacer al respecto:
- Irrigación está sancionando a CNEA por omitir informar la existencia del reservorio, y al mismo tiempo le exige un estudio aluvional completo del Complejo. ¿Acaso espera Irrigación que el informe sea veraz? Nos da la sensación que es como pedirle al lobo que informe como están las gallinas. Hemos reclamado infinitas veces y nuevamente insistimos, hoy más que nunca, que es necesario llevar a cabo una AUDITORIA COMPLETA, a cargo de un ente ABSOLUTAMENTE INDEPENDIENTE, con reconocida trayectoria, CRIIRAD de Francia, por ejemplo. Y el Gobierno debe hacerse cargo del costo. No se puede seguir esperando. Es una tarea URGENTE.
- Irrigación está sancionando a CNEA por omitir información, pero no sanciona esa contaminación, cuando la propia resolución dice que los desbordes están comprobados y que los mismos afectaron EL TIGRE y EL RÍO DIAMANTE.
¿Acaso le preocupa más la forma que el fondo? Queremos creer que sobre los mismos hechos, ahora deberá dictar la sanción por la contaminación y abogamos porque la misma sea ejemplar, en función de la gravedad de la situación. El Río Diamante afecta a más de 200.000 personas. Todo San Rafael toma agua de dicho acuífero!!
- ¿Cómo es que ningún estudio, ni de CNEA ni de IRRIGACIÓN informaron la contaminación? Siempre los estudios dan todos bien, según CNEA...
- Es evidente que la Autoridad Regulatoria Nuclear NO EXISTE. No controló en Malargüe y mucho menos lo hace en Sierra Pintada. ¿No corresponde investigar el incumplimiento de los deberes de funcionario público de sus integrantes?
- El accionar de CNEA sancionado administrativamente por IRRIGACIÓN ¿no amerita la correspondiente denuncia penal por incumplimiento de los deberes de los funcionarios de CNEA? Irrigación debe hacer esa denuncia penal.
Y finalmente, lo más grave de todo es saber si podemos los sanrafaelinos seguir consumiendo el agua del Río Diamante, cuya calidad, evidentemente no está siendo debidamente controlada.
Desde estas páginas hemos aplaudido el accionar de Irrigación cuando ha tenido el coraje, que ningún otro organismo ni autoridad gubernamental ha mostrado, de sancionar a aquellos que infringen las normas a la vista de todos y casi siempre, en perjuicio de la salud de la población. Esta vez, sin dudas la cuestión ha quedado a medias. ¿Cómo estar satisfechos con una sanción inferior a un tercio, en comparación con la aplicada a CNEA por contaminar en Malargüe, si aquí están diciendo que ha contaminado el Diamante?
¿Puede el Gobierno Provincial estar ajeno a esta problemática, con la gravedad descripta? ¿Puede el Ejecutivo Municipal dejar la salud de su población en manos de terceros?
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Fecha de Publicación: 11/02/2014
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Mendoza
Casi sin cobertura de los medios locales y mucho menos provinciales –a excepción de Diario San Rafael y Los Andes, que dedicó un escueto artículo días atrás- llegó a nuestro conocimiento que el DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACIÓN había aplicado a CNEA una nueva sanción por infringir la normativa vigente. Fuente: Clauidia Freire
Recuérdese que en ediciones anteriores, habíamos dado amplia difusión a la cuestión judicial planteada por CNEA cuando Irrigación le aplicó una multa de UN MILLÓN DE PESOS por contaminar en Malargüe las napas subterráneas y cauces de riego que llegaban hasta la mismísima Laguna de Llancanelo y que eran el recurso hídrico de muchos puesteros en la zona. Dicha multa fue finalmente confirmada por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y rechazado todo recurso judicial incluso por la Corte Nacional.
En esta ocasión, nuestra fuente nos informó que se trataba de SIERRA PINTADA y luego de realizar los chequeos correspondientes, pudimos acceder a la Resolución N° 0856, dictada el 30 de Setiembre de 2013, a través de la cual efectivamente el Superintendente José Luis Álvarez sancionaba nuevamente a CNEA, esta vez con multa de $ 300.000, POR CUESTIONES RELACIONADAS AL COMPLEJOSIERRA PINTADA, bajo los siguientes fundamentos:
- Que el cauce aluvional "ARROYO EL TOSCALITO" atraviesa el sector industrial del complejo, en una zona en la que se encuentran la Planta de procesamiento de Uranio, pilas de lixiviación, cuerpos de cisternas y sector de moliendas, entre otros.
- Que la obra posee características constructivas de ALTA PRECARIEDAD, con el agravante de existir ALTO CONTENIDO DE URANIO, RADIO y otras sustancias altamente peligrosas, incluyendo microorganismos patógenos.
- Que se ha producido el desborde tanto la erosión, sobre el lado posterior del cierre y las marcas del ascenso del líquido en el interior de la represa.
- Que pesa el agravante de que dichas descargas llegan al Arroyo el Tigre y de ahí al Río Diamante, puesto que aquel es un cauce tributario de éste.
- Que CNEA OMITIÓ INFORMAR A IRRIGACIÓN de la existencia de dicho reservorio y de incluirlo en el plan de remediación en los sucesivos informes que le fueran oportunamente solicitados, siendo INACEPTABLE esta omisión.
- Que en función de ello se le aplica la multa y se le exige la inmediata intervención y remediación ambiental prioritaria de la denominada REPRESA 2, y la realización de un estudio cuantitativo y cualitativo aluvional completo del Complejo.
Muchas son las reflexiones y más aún los interrogantes que nos surgen a partir de lo acontecido.
Por un lado, lamentablemente hemos tenido razón todo este tiempo cuando nos hemos cansado de denunciar que SIERRA PINTADA era y sigue siendo una bomba de tiempo, carente de control y que tanto Irrigación como la Autoridad Regulatoria Nuclear no estaban a la altura de los hechos y todos los Gobernantes miran para otro lado (Edición N° 79, Agosto de 2013).
Peor aún, también hemos tenido razón cuando hemos afirmado, en múltiples ocasiones que no se puede confiar en la información que brinda CNEA y que engaña incluso a la Justicia Federal.
Pero lo más grave de todo es lo que Irrigación sabe y lo que ha hecho o planea hacer al respecto:
- Irrigación está sancionando a CNEA por omitir informar la existencia del reservorio, y al mismo tiempo le exige un estudio aluvional completo del Complejo. ¿Acaso espera Irrigación que el informe sea veraz? Nos da la sensación que es como pedirle al lobo que informe como están las gallinas. Hemos reclamado infinitas veces y nuevamente insistimos, hoy más que nunca, que es necesario llevar a cabo una AUDITORIA COMPLETA, a cargo de un ente ABSOLUTAMENTE INDEPENDIENTE, con reconocida trayectoria, CRIIRAD de Francia, por ejemplo. Y el Gobierno debe hacerse cargo del costo. No se puede seguir esperando. Es una tarea URGENTE.
- Irrigación está sancionando a CNEA por omitir información, pero no sanciona esa contaminación, cuando la propia resolución dice que los desbordes están comprobados y que los mismos afectaron EL TIGRE y EL RÍO DIAMANTE.
¿Acaso le preocupa más la forma que el fondo? Queremos creer que sobre los mismos hechos, ahora deberá dictar la sanción por la contaminación y abogamos porque la misma sea ejemplar, en función de la gravedad de la situación. El Río Diamante afecta a más de 200.000 personas. Todo San Rafael toma agua de dicho acuífero!!
- ¿Cómo es que ningún estudio, ni de CNEA ni de IRRIGACIÓN informaron la contaminación? Siempre los estudios dan todos bien, según CNEA...
- Es evidente que la Autoridad Regulatoria Nuclear NO EXISTE. No controló en Malargüe y mucho menos lo hace en Sierra Pintada. ¿No corresponde investigar el incumplimiento de los deberes de funcionario público de sus integrantes?
- El accionar de CNEA sancionado administrativamente por IRRIGACIÓN ¿no amerita la correspondiente denuncia penal por incumplimiento de los deberes de los funcionarios de CNEA? Irrigación debe hacer esa denuncia penal.
Y finalmente, lo más grave de todo es saber si podemos los sanrafaelinos seguir consumiendo el agua del Río Diamante, cuya calidad, evidentemente no está siendo debidamente controlada.
Desde estas páginas hemos aplaudido el accionar de Irrigación cuando ha tenido el coraje, que ningún otro organismo ni autoridad gubernamental ha mostrado, de sancionar a aquellos que infringen las normas a la vista de todos y casi siempre, en perjuicio de la salud de la población. Esta vez, sin dudas la cuestión ha quedado a medias. ¿Cómo estar satisfechos con una sanción inferior a un tercio, en comparación con la aplicada a CNEA por contaminar en Malargüe, si aquí están diciendo que ha contaminado el Diamante?
¿Puede el Gobierno Provincial estar ajeno a esta problemática, con la gravedad descripta? ¿Puede el Ejecutivo Municipal dejar la salud de su población en manos de terceros?
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Entre Ríos quiere tratar la ley sobre Agroquímicos
En Entre Ríos, buscan tratar la ley sobre Agroquímicos "lo antes posible"
Fecha de Publicación: 11/02/2014
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Entre Ríos
Una vez que se reorganicen las comisiones y en tanto continúe como presidente de la comisión de Producción de la Cámara de Senadores provincial, Oscar Arlettaz, tratará de “sacar de inmediato” la ley de agroquímicos, confió y ratificó que consensuarán con diputados para que no sea “un ida y vuelta”.
En diálogo con AIM Digital, Arlettaz expresó que aún no hay actividades previstas de la comisión de Producción del Senado. “Recién la semana próxima comenzarán las actividades y se tienen que elegir las autoridades”, explicó.
“De seguir como presidente, tenemos que tratar de sacar la ley de agroquímicos de inmediato, pero antes hay que reunirse con Diputados, para consensuar y que se apruebe en acuerdo, sino será un ida y vuelta”, subrayó.
Ya en diciembre del año pasado, se confirmó que la media sanción de la iniciativa quedaría para 2014. “No tuvimos tiempo dados los sucesos sociales que se vivieron en torno a los saqueos y reclamos”, admitió el legislador.
Los senadores habrían dicho que la ley de agroquímicos provincial podría tener media sanción antes de fines del año pasado; sin embargo, los tiempos se dilataron.
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Fecha de Publicación: 11/02/2014
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Entre Ríos
Una vez que se reorganicen las comisiones y en tanto continúe como presidente de la comisión de Producción de la Cámara de Senadores provincial, Oscar Arlettaz, tratará de “sacar de inmediato” la ley de agroquímicos, confió y ratificó que consensuarán con diputados para que no sea “un ida y vuelta”.
En diálogo con AIM Digital, Arlettaz expresó que aún no hay actividades previstas de la comisión de Producción del Senado. “Recién la semana próxima comenzarán las actividades y se tienen que elegir las autoridades”, explicó.
“De seguir como presidente, tenemos que tratar de sacar la ley de agroquímicos de inmediato, pero antes hay que reunirse con Diputados, para consensuar y que se apruebe en acuerdo, sino será un ida y vuelta”, subrayó.
Ya en diciembre del año pasado, se confirmó que la media sanción de la iniciativa quedaría para 2014. “No tuvimos tiempo dados los sucesos sociales que se vivieron en torno a los saqueos y reclamos”, admitió el legislador.
Los senadores habrían dicho que la ley de agroquímicos provincial podría tener media sanción antes de fines del año pasado; sin embargo, los tiempos se dilataron.
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Volvieron a protestar contra Botnia
Los asambleístas de Gualeguaychú volvieron a protestar contra UPM
Fecha de Publicación: 10/02/2014
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
La protesta continúa. "No a Botnia y a la contaminación de las pasteras" volvieron a decir ayer los asambleístas de Gualeguaychú. Desde las 10 de la mañana se ubicaron en el km 28 de la ruta internacional 136 que une esa ciudad con Fray Bentos (Uruguay), y entregan volantes junto al refugio de Arroyo Verde, el sitio donde realizaron durante tres años el corte de ruta más largo de la historia. La manifestación de asambleístas se da paralelamente con las declaraciones del canciller uruguayo Luis Almagro, quien sostuvo días atrás que "se pudrió todo" con Argentina y denunció a nuestro país por lo que calificó de "agresión directa", esto es, las trabas que impuso Buenos Aires a puertos uruguayos. A su vez, Uruguay mantiene férrea su política de "cero kilo" contra Argentina, y los presidentes de ambas naciones decidieron a fin de enero volver a apostar al diálogo y suspender por ahora una nueva denuncia judicial de Argentina contra Uruguay ante La Haya por la contaminación probada que Botnia ya está causando y el aumento de producción que los orientales otorgaron a la pastera finlandesa. Dicho permiso fue dado de forma inconsulta y sin acuerdo de Argentina, pese a que afecta las aguas de un río de nacionalidad compartida.
"El 99% de los automovilistas, que son muchos en el día de hoy, aceptan el volante y saludan amablemente", dijo el asambleísta Juan Veronesi a Clarín. La semana próxima, en día a determinar, realizarán una caravana náutica frente a las pobladas playas de Gualeguaychú, "para que todos los turistas sepan lo que nos está pasando y que el conflicto no terminó", agregó el asambleísta.
Entre otras cuestiones, la Asamblea denunció este febrero que desde el inicio de producción de la planta pastera de Botnia-UPM ubicada junto a Fray Bentos, "desaparecieron las almejas en el río Uruguay". Así lo afirmó Raúl Almeida, asambleísta y guía de pesca en este río. Según declaró a la agencia DyN, "en los bancos de arena no quedó ninguna almeja", moluscos que viven en la arena de las orillas fluviales. "Argentina propuso instalar marcadores biológicos para demostrar específicamente la desaparición de las almejas, pero Uruguay se negó. Esto es como cuando alguien se niega a un control de alcoholemia", dijo Almeida.
Por otro lado, la Asamblea Ciudadana Ambiental de esta ciudad (Acag) continúa con sus reuniones semanales. Cada noche de carnaval, abren el desfile en el corsódromo con un pasacalle llevado por jóvenes, con leyendas sobre Botnia-UPM y el daño al medio ambiente. Ayer, esta acción era coordinada por el asambleísta histórico Oscar Bargas.
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Fecha de Publicación: 10/02/2014
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
La protesta continúa. "No a Botnia y a la contaminación de las pasteras" volvieron a decir ayer los asambleístas de Gualeguaychú. Desde las 10 de la mañana se ubicaron en el km 28 de la ruta internacional 136 que une esa ciudad con Fray Bentos (Uruguay), y entregan volantes junto al refugio de Arroyo Verde, el sitio donde realizaron durante tres años el corte de ruta más largo de la historia. La manifestación de asambleístas se da paralelamente con las declaraciones del canciller uruguayo Luis Almagro, quien sostuvo días atrás que "se pudrió todo" con Argentina y denunció a nuestro país por lo que calificó de "agresión directa", esto es, las trabas que impuso Buenos Aires a puertos uruguayos. A su vez, Uruguay mantiene férrea su política de "cero kilo" contra Argentina, y los presidentes de ambas naciones decidieron a fin de enero volver a apostar al diálogo y suspender por ahora una nueva denuncia judicial de Argentina contra Uruguay ante La Haya por la contaminación probada que Botnia ya está causando y el aumento de producción que los orientales otorgaron a la pastera finlandesa. Dicho permiso fue dado de forma inconsulta y sin acuerdo de Argentina, pese a que afecta las aguas de un río de nacionalidad compartida.
"El 99% de los automovilistas, que son muchos en el día de hoy, aceptan el volante y saludan amablemente", dijo el asambleísta Juan Veronesi a Clarín. La semana próxima, en día a determinar, realizarán una caravana náutica frente a las pobladas playas de Gualeguaychú, "para que todos los turistas sepan lo que nos está pasando y que el conflicto no terminó", agregó el asambleísta.
Entre otras cuestiones, la Asamblea denunció este febrero que desde el inicio de producción de la planta pastera de Botnia-UPM ubicada junto a Fray Bentos, "desaparecieron las almejas en el río Uruguay". Así lo afirmó Raúl Almeida, asambleísta y guía de pesca en este río. Según declaró a la agencia DyN, "en los bancos de arena no quedó ninguna almeja", moluscos que viven en la arena de las orillas fluviales. "Argentina propuso instalar marcadores biológicos para demostrar específicamente la desaparición de las almejas, pero Uruguay se negó. Esto es como cuando alguien se niega a un control de alcoholemia", dijo Almeida.
Por otro lado, la Asamblea Ciudadana Ambiental de esta ciudad (Acag) continúa con sus reuniones semanales. Cada noche de carnaval, abren el desfile en el corsódromo con un pasacalle llevado por jóvenes, con leyendas sobre Botnia-UPM y el daño al medio ambiente. Ayer, esta acción era coordinada por el asambleísta histórico Oscar Bargas.
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Córdoba sigue desmontando y agotando sus bosques
Uno de los peores desmontes en 4 años
Fecha de Publicación: 10/02/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Diciembre de 2013 fue el segundo mes con más deforestación desde 2010. Desaparecieron 2.241 hectáreas, el equivalente a más de tres mil canchas de fútbol. La nueva gestión de Ambiente provincial promete ser implacable con los infractores.
Con altibajos, 2013 había sido un año con menos desmontes comparado con 2012. Sin embargo, en diciembre desaparecieron 2.241 hectáreas y se convirtió en el segundo mes con más deforestación en cuatro años.
Esa cifra equivale al área que ocuparían más de tres mil canchas de fútbol o la superficie de 20 parques San Martín.
El dato surge de un relevamiento satelital que realiza la ONG Guyra sobre el Gran Chaco Americano, una ecorregión que abarca parte de Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil y que está fuertemente amenazada por la extensión de la frontera agrícola.
“Hubo intervención en 71 parcelas. El desmonte más grande tiene 168 hectáreas y ocurrió en el departamento de Cruz del Eje”, puntualizó Federico Kopta, del Foro Ambiental Córdoba, que sigue de cerca el tema.
Hubo desmontes en Traslasierra, el noroeste y nordeste cordobés. En la primera región, desparecieron 1.404 hectáreas.
En tanto, en el departamento de Cruz del Eje, el desmonte total fue de 631 hectáreas. Otras 203 hectáreas fueron deforestadas en zonas cercanas a la laguna Mar Chiquita.
“A 12 kilómetros al noroeste de Villa Dolores hay once parcelas juntas desmontadas, separadas por franjas mínimas, por un total de 782 hectáreas. Serían de un mismo propietario. En las imágenes hay numerosos campos de cultivo. Uno deduce que ese desmonte sería con fines agrícolas”, explica Kopta.
El bosque serrano provee varios servicios ambientales a los cordobeses.
Sirve para retener el agua de lluvia que luego llega a nuestras canillas. A su vez, la purifica, y evita que las tormentas se transformen en inundaciones.
Además, es el refugio de especies autóctonas y la postal que todos los años atrae a miles de turistas.
Goteo verde
Este desmonte “crónico” ocurre desde 2010, cuando se sancionó la ley provincial de Bosques Nativos que obliga a proteger estos ecosistemas. En 2004, sólo quedaba el 10 por ciento de los 12 millones de hectáreas de bosque que había en Córdoba a principios del siglo 20.
A su vez, entre 2004 y 2010, desapareció el 40 por ciento de los bosques nativos del norte y oeste de la provincia. Son 269 mil hectáreas de bosques cerrados (casi el monte original) y de bosques abiertos (con hasta un 40 por ciento de cobertura de árboles autóctonos), que en su mayoría fueron destinadas a actividades agropecuarias.
A esta pérdida hay que sumarle la ocasionada por los devastadores incendios de 2013. El fuego arrasó con más de 100 mil hectáreas en Córdoba, buena parte de ellas eran bosque nativo en diferentes grados de conservación.
En busca de información
Como todos los meses, el Foro Ambiental realizó un pedido de informes a la Secretaría de Ambiente de Córdoba para que indique si los desmontes de las parcelas que figuran en el relevamiento de la ONG Guyra de diciembre fueron realizados con autorización o sin autorización de este organismo.
Germán Pratto, el nuevo secretario de Ambiente, quien asumió el 12 de diciembre pasado, explicó que están corroborando la información.
Y agregó que hacia el final de la anterior gestión (a cargo de Federico Bocco), se autorizaron desmontes para cortafuegos, picadas y raleos selectivos.
“Se van a comparar los datos del relevamiento satelital con lo autorizado y lo que se verifique in situ para determinar si se han excedido o ha habido desmontes irregulares para poder actuar y aplicar las sanciones correspondientes”, explicó.
También aclaró que en lo que va de su gestión no ha autorizado ningún tipo de intervención sobre el bosque nativo.
“El ministro (Fabián López, a cargo de la cartera de Agua, Ambiente y Servicios Públicos) nos ha pedido que vayamos hasta las últimas consecuencias y con toda dureza contra quienes incumplen la ley y nos están arrebatando lo que queda de bosque nativo”, indicó.
Pratto se reunió con ambientalistas con el objetivo de trabajar de manera colectiva para llegar antes de que el daño ocurra o al menos detectar a los delincuentes in fraganti para poder actuar.
El funcionario aclaró que, además de las sanciones económicas, las personas que desmontan deben replantar con especies de las mismas características a las extraídas y hacer el cerramiento del predio para que el monte se recupere.
“Vamos a chequear todas las sanciones anteriores para determinar si han cumplido con esto”, aseguró.
Nueva oportunidad
En 2013 otra vez Córdoba se quedó sin los fondos nacionales para proteger los bosques.
El monto estaba estimado en 19 millones de pesos que la Nación debía girarle a la Provincia en el marco de la ley de nacional 26.331.
La Nación decidió no enviarles los fondos porque la norma provincial no se adecua a la ley nacional. El último intento de la provincia fue la sanción del decreto 1.131 de 2012, que se publicó casi un año después, situación irregular denunciada por este diario.
La Nación aceptó el decreto a condición de que en 2014 Córdoba sancionara una nueva ley. La Provincia se negó.
“Hemos recuperado el dialogo institucional entre la Provincia y la Nación. Estamos dispuestos a retomar las negociaciones y a hacer un análisis pormenorizado para comparar las leyes y adecuar lo que haya que adecuar”, aseguró Pratto.
Cronología de una negociación
Sanción. El 5 de agosto de 2010, la Legislatura aprueba la Ley de Bosques Nativos. En febrero de 2011, se publica la reglamentación. Este marco legal no conforma ni a ruralistas ni a ambientalistas. La Universidad Nacional de Río Cuarto realiza un pedido de inconstitucionalidad.
Fondos. La Nación no acredita a Córdoba los fondos para proteger el bosque porque la ley no se ajusta a la norma nacional.
Decreto secreto. En 2012, la Provincia modifica la ley para percibir fondos a través de un decreto irregular. Elimina el concepto de “aprovechamiento sustentable” y la posibilidad de que se pueda realizar desmonte total si hay posibilidades de riego.
Negativa. La Nación no acepta el decreto y se niega a entregar los fondos nacionales.
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Preocupa los residuos de la Megausina de Río Turbio
Ambientalistas impulsarán acción de amparo por destino final de residuos de megausina
Fecha de Publicación: 10/02/2014
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Santa Cruz
La Asamblea Ambiental Ciudadana de Río Gallegos expresó su preocupación al actualizarse el debate sobre el destino final que tendrán los residuos de 1800 toneladas diarias de ceniza que produzca la megausina a carbón de Río Turbio, a partir de una publicación nacional a la que respondió el secretario de Minería Jorge Mayoral, deslizando que podrían ser utilizadas para rellenar las zonas anegadas, inundables, de la Cuenca Minera.
“Sabemos que es muy difícil darles destino a esos desechos sólidos, pero uno de los peores que se puede tomar son las orillas del río, porque va a impactar directamente en nuestras canillas”, advirtió el ambientalista.
“Esto nos preocupa porque si estas áreas llegan a rellenarse, el lixiviado, producto del deshielo y de las inundaciones va a terminar directamente en el río Turbio y del Turbio al Gallegos, y todos los compuestos, metales pesados y elementos radiactivos van a terminar en las canillas de los riogalleguenses”, explicó.
D’Elía dijo que por eso, “la Asamblea Ambiental prepara un escrito pidiendo una acción de amparo a la Justicia Federal, para que detenga lo que nosotros llamamos un ecocidio, o destrucción de un ecosistema, anunciado por las propias autoridades”.
Recordó el dirigente ambiental que ya en 2008, en audiencia pública, la entidad explicó los motivos por los que considera que “esta usina era técnica, económica y ambientalmente inviable”.
D’Elía declinó ahondar en las cuestiones técnicas y económicas, que consideró, “hay gente capacitada para analizarlas”, en tanto remarcó, “nuestra gran preocupación es la cuestión ambiental, si esto se pone en marcha, y la afectación directa que no solamente vamos a tener los riogalleguenses”.
Regional. El dirigente aseguró que “esta preocupación por la afectación ambiental no es sólo por los riogalleguenses, sino por toda la Patagonia austral, tanto argentina como chilena, no solo por los desechos sólidos, sino también por las 24 mil toneladas diarias de gases tóxicos que va a emitir, un nivel seis veces mayor al de la pastera Botnia, que va a impactar sobre toda la región austral”.
D’Elía observó que “ya lo han anticipado las propias autoridades de la empresa constructora de la megausina, que los gases van a impactar hasta Ushuaia”, de donde legisladores nacionales han realizado pedidos de informes dirigidos al Ministerio de Planificación Federal.
Asimismo destacó la convicción que “el cono de impacto de esos gases, y sobre todo la lluvia ácida, afectará un extensísimo territorio, por la ubicación de la usina”, también oportunamente cuestionada por la entidad.
“Nosotros ya habíamos anticipado que era inviable ambientalmente, porque no había forma de disponer de una cantidad tan grande de cenizas”, dijo D’Elía refiriéndose al planteo que la Asamblea realiza desde 2008.
El referente advirtió que todavía, a ocho años, “se están tirando propuestas sobre el uso de las cenizas, que deberían industrializarse, no se sabe qué van a hacer”, y en este contexto expresó la preocupación por las manifestaciones de Mayoral, en respuesta a una publicación nacional que además puso en duda que la producción de carbón alcance para abastecerla.
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Fecha de Publicación: 10/02/2014
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Santa Cruz
La Asamblea Ambiental Ciudadana de Río Gallegos expresó su preocupación al actualizarse el debate sobre el destino final que tendrán los residuos de 1800 toneladas diarias de ceniza que produzca la megausina a carbón de Río Turbio, a partir de una publicación nacional a la que respondió el secretario de Minería Jorge Mayoral, deslizando que podrían ser utilizadas para rellenar las zonas anegadas, inundables, de la Cuenca Minera.
“Sabemos que es muy difícil darles destino a esos desechos sólidos, pero uno de los peores que se puede tomar son las orillas del río, porque va a impactar directamente en nuestras canillas”, advirtió el ambientalista.
“Esto nos preocupa porque si estas áreas llegan a rellenarse, el lixiviado, producto del deshielo y de las inundaciones va a terminar directamente en el río Turbio y del Turbio al Gallegos, y todos los compuestos, metales pesados y elementos radiactivos van a terminar en las canillas de los riogalleguenses”, explicó.
D’Elía dijo que por eso, “la Asamblea Ambiental prepara un escrito pidiendo una acción de amparo a la Justicia Federal, para que detenga lo que nosotros llamamos un ecocidio, o destrucción de un ecosistema, anunciado por las propias autoridades”.
Recordó el dirigente ambiental que ya en 2008, en audiencia pública, la entidad explicó los motivos por los que considera que “esta usina era técnica, económica y ambientalmente inviable”.
D’Elía declinó ahondar en las cuestiones técnicas y económicas, que consideró, “hay gente capacitada para analizarlas”, en tanto remarcó, “nuestra gran preocupación es la cuestión ambiental, si esto se pone en marcha, y la afectación directa que no solamente vamos a tener los riogalleguenses”.
Regional. El dirigente aseguró que “esta preocupación por la afectación ambiental no es sólo por los riogalleguenses, sino por toda la Patagonia austral, tanto argentina como chilena, no solo por los desechos sólidos, sino también por las 24 mil toneladas diarias de gases tóxicos que va a emitir, un nivel seis veces mayor al de la pastera Botnia, que va a impactar sobre toda la región austral”.
D’Elía observó que “ya lo han anticipado las propias autoridades de la empresa constructora de la megausina, que los gases van a impactar hasta Ushuaia”, de donde legisladores nacionales han realizado pedidos de informes dirigidos al Ministerio de Planificación Federal.
Asimismo destacó la convicción que “el cono de impacto de esos gases, y sobre todo la lluvia ácida, afectará un extensísimo territorio, por la ubicación de la usina”, también oportunamente cuestionada por la entidad.
“Nosotros ya habíamos anticipado que era inviable ambientalmente, porque no había forma de disponer de una cantidad tan grande de cenizas”, dijo D’Elía refiriéndose al planteo que la Asamblea realiza desde 2008.
El referente advirtió que todavía, a ocho años, “se están tirando propuestas sobre el uso de las cenizas, que deberían industrializarse, no se sabe qué van a hacer”, y en este contexto expresó la preocupación por las manifestaciones de Mayoral, en respuesta a una publicación nacional que además puso en duda que la producción de carbón alcance para abastecerla.
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Córdoba le poné un límite a la soja
Los dólares de la soja hallan un límite ambiental en Córdoba
Fecha de Publicación: 09/02/2014
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Córdoba
Condenas por fumigación ilegal, protestas y freno a nuevas plantas de semillas abren un interrogante sobre la expansión de una actividad que para el Gobierno es sinónimo de ingreso de divisas. Las Madres de la Soja y la batalla de Monsanto. El espejo de las movilizaciones contra la minería.
La producción agropecuaria, que el Gobierno considera clave para generar divisas, se enfrenta por primera vez en la Argentina a protestas sociales que le ponen un freno por motivos ambientales. El epicentro de las movilizaciones es Córdoba, que puede convertirse, como lo fue Esquel en Chubut, con su resistencia a la actividad minera, en una tendencia extensiva a otros distritos del país.
En los últimos años, cerca de la capital provincial, nació el movimiento Madres del Barrio Ituzaingó Anexo, que perdieron a sus hijos y lo atribuyen al efecto de agroquímicos utilizados cerca de sus casas. En agosto de 2012, la Justicia cordobesa condenó a un productor y a un aeroaplicador por fumigaciones ilegales. Desde septiembre de 2013, vecinos y militantes medioambientales mantienen bloqueados los accesos a la localidad de Malvinas Argentinas, donde la fabricante de semillas transgénicas Monsanto había comenzado a construir una planta de acondicionamiento de maíz. La obra fue finalmente paralizada por la Justicia, y la pelea sigue. “A la problemática de las multinacionales asociadas al monocultivo, se le suma la devastación de los bosques nativos, los incendios e inundaciones, que han generado una conciencia muy fuerte que vincula la problemática social con el modelo de desarrollo”, explica Marcelo Ruiz, rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Río Cuarto, la segunda ciudad de Córdoba, es un polo de producción de maquinaria agrícola y vive del campo, pero el intendente Juan Jure, sin embargo, en noviembre negó por decreto la instalación de una estación experimental a la misma Monsanto, aduciendo que ponía en juego “la paz social”.
Se trata de un debate sensible para la administración de Cristina Kirchner. En la Argentina la cosecha llega a 100 millones de toneladas de granos, de los que la mitad corresponde a soja. Sólo en 2013 la exportación de la oleaginosa generó US$ 19.301 millones y se espera que este año llegue a US$ 22.968 millones, según estimaciones del Estudio Bein y Asociados. Por retenciones a productos primarios, en tanto, el Estado recaudará más de $ 29.335 millones en 2014. “La hipótesis, aun de un gobierno con sensibilidad popular como el nuestro, es que el esquema de negocio que Monsanto ha determinado asegura la mayor producción”, admitió en una entrevista a la Agencia Paco Urondo el ex titular del INTI Enrique Martínez. Por estos días, el Gobierno se desvive porque el campo venda parte de la cosecha que tiene acumulada en silobolsas para que descomprima el mercado cambiario. Un debate financiero que, desde la provincia mediterránea, puede, a mediano plazo, sumar una variable ecológica.
Reclamos. Heterogéneas, las protestas tienen un núcleo común. Ponen en cuestión el llamado “modelo Monsanto”, que resume con el nombre de una de las multinacionales fabricantes de semillas (hay varias más, como Pioneer, Dow, Nidera o Syngenta) la producción agropecuaria basada en cultivos genéticamente modificados para que resistan herbicidas (el más extendido es el glifosato), de manera tal que se pueda producir más. Se cuestiona el impacto de los cultivos transgénicos y de los plaguicidas (llamados “agrotóxicos” por los ambientalistas) en la salud. “Hay enfermedades crónicas que aparecen hasta 15 años después, como el mal de Parkinson, que es difícil de visualizar, aunque está muy probado el vínculo con el modelo sojero”, ejemplifica Javier Souza Casadinho, titular de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en América Latina y declarante en el juicio por fumigación ilegal en Córdoba. El volumen de estos químicos usados en la Argentina pasó de unos 30 a unos 400 millones de litros, al compás de una cosecha que se disparó tras la llamada “revolución tecnológica”.
Monsanto, el blanco de los ambientalistas, es un gigante de capitales estadounidenses que lidera el mercado de la producción tanto de semillas transgénicas como de “protección de cultivos”, como llaman a los plaguicidas. Factura unos US$ 15 mil millones al año en todo el mundo, y la Argentina es su tercer mercado detrás de Estados Unidos y Brasil. “Ya han pasado 15 años de uso de la biotecnología en el campo y no existe un solo caso que demuestre que afecta a la salud”, se defiende Adrián Vilaplana, gerente de Asuntos Corporativos de Monsanto en la Argentina. La compañía asegura que está decidida a cambiar su estrategia para convencer a los críticos de que no hay contaminación (ver aparte).
Así, dicen, esperan intervenir a través de un flamante mecanismo de audiencias públicas habilitado por la Legislatura de Córdoba, para insistir con la planta de Malvinas Argentinas, una inversión de US$ 400 millones que en 2012 importantes ejecutivos de la compañía le presentaron en Nueva York a la propia Cristina Kirchner. No hay plazos de ejecución de la obra ni mucho menos de su puesta en marcha. Pero aseguran que no se van del país porque lo consideran estratégico.
Prioridades. “El grado de conflictividad y el mapa de conflictos ambientales en la Argentina crece”, asegura Walter Pengue, doctor en Agroecología y coautor del Informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Pengue añade que, si como intenta el Gobierno en plena tensión financiera, “se deja que todo lo regule el mercado o la desesperación por los sojadólares que vendrán a partir de cada abril, los derechos de la gente quedan sublimados”. “El límite ambiental para la producción de soja ya existe”, expresa, y va más allá de Córdoba y los hechos de los últimos tiempos. “La sociedad urbana y rural es crítica cuando se la fumiga de manera sistemática, por lo que es necesario orden y prolijidad en este proceso”, apunta en referencia a movimientos como los encabezados por Sofía Gatica, la referente de las Madres de Ituzaingó, que ha sufrido amenazas y golpes a lo largo de estos meses de denuncia y protestas. La regulación de la apligación de agroquímicos es una de las normas que más se han extendido en el país. En Cañuelas, provincia de Buenos aires, no se puede fumigar hasta a 2 mil metros de los cascos urbanos.
La estructura productiva de Córdoba permite entender que haya espacio para un “no” al agro. Como en Esquel, donde la minería asomaba como alternativa excluyente al turismo, la provincia mediterránea tiene diversificada su fuente de ingresos. “Tiene una fuerte expansión sojera en los últimos años, pero a diferencia de otras, como Santa Fe, tiene mucha industria automotriz y servicios, como el turismo”, contextualiza Diego Giacomini, de la consultora Economía y Regiones. En la Universidad de Río Cuarto, entrevén que puede haber una reacción similar, en no mucho tiempo, nada menos que en Rosario, puerto agropecuario y foco del derrame inmobiliario de la soja. “Hay alguna similitud en términos de la agudización de las problemáticas ambientales y en algún momento se va a traducir en políticas públicas, porque la dinámica institucional y social va generando puntas de contrahegemonía”, afirma Ruiz, coautor de estudios que terminaron recomendando al municipio de Río Cuarto rechazar la llegada de Monsanto.
En la Sociedad Rural, que nuclea a grandes terratenientes y productores, relativizan el impacto que pueda tener la reacción cordobesa sobre el futuro de la agricultura en la Argentina. “Hay que tener conciencia al aplicar agroquímicos y hay que difundir buenas prácticas, porque no hay otra manera hoy de produciir alimentos con volúmenes de forma moderna”, asegura su presidente, Luis Etchevehere. Desde la Mesa de Enlace, que la SRA comparte con otras entidades agropecuarias, apuestan a que la producción de granos alcance hasta los 160 millones de toneladas en 2020. El debate con tonada cordobesa que está comenzando abre una incógnita sobre todo tipo de proyecciones.
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Fecha de Publicación: 09/02/2014
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Córdoba
Condenas por fumigación ilegal, protestas y freno a nuevas plantas de semillas abren un interrogante sobre la expansión de una actividad que para el Gobierno es sinónimo de ingreso de divisas. Las Madres de la Soja y la batalla de Monsanto. El espejo de las movilizaciones contra la minería.
La producción agropecuaria, que el Gobierno considera clave para generar divisas, se enfrenta por primera vez en la Argentina a protestas sociales que le ponen un freno por motivos ambientales. El epicentro de las movilizaciones es Córdoba, que puede convertirse, como lo fue Esquel en Chubut, con su resistencia a la actividad minera, en una tendencia extensiva a otros distritos del país.
En los últimos años, cerca de la capital provincial, nació el movimiento Madres del Barrio Ituzaingó Anexo, que perdieron a sus hijos y lo atribuyen al efecto de agroquímicos utilizados cerca de sus casas. En agosto de 2012, la Justicia cordobesa condenó a un productor y a un aeroaplicador por fumigaciones ilegales. Desde septiembre de 2013, vecinos y militantes medioambientales mantienen bloqueados los accesos a la localidad de Malvinas Argentinas, donde la fabricante de semillas transgénicas Monsanto había comenzado a construir una planta de acondicionamiento de maíz. La obra fue finalmente paralizada por la Justicia, y la pelea sigue. “A la problemática de las multinacionales asociadas al monocultivo, se le suma la devastación de los bosques nativos, los incendios e inundaciones, que han generado una conciencia muy fuerte que vincula la problemática social con el modelo de desarrollo”, explica Marcelo Ruiz, rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Río Cuarto, la segunda ciudad de Córdoba, es un polo de producción de maquinaria agrícola y vive del campo, pero el intendente Juan Jure, sin embargo, en noviembre negó por decreto la instalación de una estación experimental a la misma Monsanto, aduciendo que ponía en juego “la paz social”.
Se trata de un debate sensible para la administración de Cristina Kirchner. En la Argentina la cosecha llega a 100 millones de toneladas de granos, de los que la mitad corresponde a soja. Sólo en 2013 la exportación de la oleaginosa generó US$ 19.301 millones y se espera que este año llegue a US$ 22.968 millones, según estimaciones del Estudio Bein y Asociados. Por retenciones a productos primarios, en tanto, el Estado recaudará más de $ 29.335 millones en 2014. “La hipótesis, aun de un gobierno con sensibilidad popular como el nuestro, es que el esquema de negocio que Monsanto ha determinado asegura la mayor producción”, admitió en una entrevista a la Agencia Paco Urondo el ex titular del INTI Enrique Martínez. Por estos días, el Gobierno se desvive porque el campo venda parte de la cosecha que tiene acumulada en silobolsas para que descomprima el mercado cambiario. Un debate financiero que, desde la provincia mediterránea, puede, a mediano plazo, sumar una variable ecológica.
Reclamos. Heterogéneas, las protestas tienen un núcleo común. Ponen en cuestión el llamado “modelo Monsanto”, que resume con el nombre de una de las multinacionales fabricantes de semillas (hay varias más, como Pioneer, Dow, Nidera o Syngenta) la producción agropecuaria basada en cultivos genéticamente modificados para que resistan herbicidas (el más extendido es el glifosato), de manera tal que se pueda producir más. Se cuestiona el impacto de los cultivos transgénicos y de los plaguicidas (llamados “agrotóxicos” por los ambientalistas) en la salud. “Hay enfermedades crónicas que aparecen hasta 15 años después, como el mal de Parkinson, que es difícil de visualizar, aunque está muy probado el vínculo con el modelo sojero”, ejemplifica Javier Souza Casadinho, titular de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en América Latina y declarante en el juicio por fumigación ilegal en Córdoba. El volumen de estos químicos usados en la Argentina pasó de unos 30 a unos 400 millones de litros, al compás de una cosecha que se disparó tras la llamada “revolución tecnológica”.
Monsanto, el blanco de los ambientalistas, es un gigante de capitales estadounidenses que lidera el mercado de la producción tanto de semillas transgénicas como de “protección de cultivos”, como llaman a los plaguicidas. Factura unos US$ 15 mil millones al año en todo el mundo, y la Argentina es su tercer mercado detrás de Estados Unidos y Brasil. “Ya han pasado 15 años de uso de la biotecnología en el campo y no existe un solo caso que demuestre que afecta a la salud”, se defiende Adrián Vilaplana, gerente de Asuntos Corporativos de Monsanto en la Argentina. La compañía asegura que está decidida a cambiar su estrategia para convencer a los críticos de que no hay contaminación (ver aparte).
Así, dicen, esperan intervenir a través de un flamante mecanismo de audiencias públicas habilitado por la Legislatura de Córdoba, para insistir con la planta de Malvinas Argentinas, una inversión de US$ 400 millones que en 2012 importantes ejecutivos de la compañía le presentaron en Nueva York a la propia Cristina Kirchner. No hay plazos de ejecución de la obra ni mucho menos de su puesta en marcha. Pero aseguran que no se van del país porque lo consideran estratégico.
Prioridades. “El grado de conflictividad y el mapa de conflictos ambientales en la Argentina crece”, asegura Walter Pengue, doctor en Agroecología y coautor del Informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Pengue añade que, si como intenta el Gobierno en plena tensión financiera, “se deja que todo lo regule el mercado o la desesperación por los sojadólares que vendrán a partir de cada abril, los derechos de la gente quedan sublimados”. “El límite ambiental para la producción de soja ya existe”, expresa, y va más allá de Córdoba y los hechos de los últimos tiempos. “La sociedad urbana y rural es crítica cuando se la fumiga de manera sistemática, por lo que es necesario orden y prolijidad en este proceso”, apunta en referencia a movimientos como los encabezados por Sofía Gatica, la referente de las Madres de Ituzaingó, que ha sufrido amenazas y golpes a lo largo de estos meses de denuncia y protestas. La regulación de la apligación de agroquímicos es una de las normas que más se han extendido en el país. En Cañuelas, provincia de Buenos aires, no se puede fumigar hasta a 2 mil metros de los cascos urbanos.
La estructura productiva de Córdoba permite entender que haya espacio para un “no” al agro. Como en Esquel, donde la minería asomaba como alternativa excluyente al turismo, la provincia mediterránea tiene diversificada su fuente de ingresos. “Tiene una fuerte expansión sojera en los últimos años, pero a diferencia de otras, como Santa Fe, tiene mucha industria automotriz y servicios, como el turismo”, contextualiza Diego Giacomini, de la consultora Economía y Regiones. En la Universidad de Río Cuarto, entrevén que puede haber una reacción similar, en no mucho tiempo, nada menos que en Rosario, puerto agropecuario y foco del derrame inmobiliario de la soja. “Hay alguna similitud en términos de la agudización de las problemáticas ambientales y en algún momento se va a traducir en políticas públicas, porque la dinámica institucional y social va generando puntas de contrahegemonía”, afirma Ruiz, coautor de estudios que terminaron recomendando al municipio de Río Cuarto rechazar la llegada de Monsanto.
En la Sociedad Rural, que nuclea a grandes terratenientes y productores, relativizan el impacto que pueda tener la reacción cordobesa sobre el futuro de la agricultura en la Argentina. “Hay que tener conciencia al aplicar agroquímicos y hay que difundir buenas prácticas, porque no hay otra manera hoy de produciir alimentos con volúmenes de forma moderna”, asegura su presidente, Luis Etchevehere. Desde la Mesa de Enlace, que la SRA comparte con otras entidades agropecuarias, apuestan a que la producción de granos alcance hasta los 160 millones de toneladas en 2020. El debate con tonada cordobesa que está comenzando abre una incógnita sobre todo tipo de proyecciones.
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Arrancó la construcción de la central nuclear CAREM 25
Comenzó construcción del primer reactor de potencia 100% argentino
Fecha de Publicación: 09/02/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
La primera fase de construcción estructural de la obra civil de la central nuclear CAREM 25, primer reactor de potencia desarrollado íntegramente en Argentina, se inició hoy en la localidad bonaerense de Lima.
Al respecto, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, aseguró que "hoy es un día histórico porque con este nacimiento del reactor Carem, que es diseño y tecnología nacionales, seguimos profundizando el desarrollo nuclear que reimpulsó Néstor Kirchner desde el 2003, luego de que el neoliberalismo casi lo desmantelara", consignó la cartera que conduce en un comunicado.
"El hito de hoy sigue el camino de la terminación de Atucha II, actualmente finalizando proceso de arranque, y la próxima extensión por 30 años de vida de la central Embalse, obras son posibles en el marco del modelo de crecimiento con inclusión social que lleva adelante la presidenta Cristina Fernández de Kirchner", añadió el funcionario nacional.
Por su parte, la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Norma Boero, aseguró que "hoy es un día muy importante y de mucha emoción porque se pone en marcha un proyecto que desde 1983 estaba pensado y sólo por la decisión estratégica de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, así como el fuerte impulso del ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, de reactivar el sector nuclear, hoy nos colocamos a la vanguardia".
"Si bien existen otros proyectos de reactores similares en el mundo, este es el primero que se empieza a construir, lo cual es un orgullo no sólo para el sector nuclear si no para todos los argentinos", indicó la titular de la CNEA, quien encabezó el inicio del hormigonado del primer edificio del proyecto.
Para el CAREM 25, el Estado Nacional invertirá 3.500 millones de pesos, incluyendo toda la infraestructura necesaria para su desarrollo en los Centros Atómicos Bariloche, Constituyentes, Ezeiza, el Predio Lima y Sede Central, informó Planificación.
"Este ambicioso proyecto reafirma la capacidad para el desarrollo y puesta en marcha de centrales nucleares en el país, perfilando a la Argentina como uno de los líderes mundiales en el segmento de reactores de baja y media potencia, con un amplio horizonte para el abastecimiento eléctrico de zonas alejadas de los grandes centros urbanos o polos fabriles con alto consumo de energía", añadió la cartera que conduce De Vido en el comunicado de prensa.
Las centrales CAREM prevén que -al menos- el 70 por ciento de sus insumos, componentes y servicios vinculados sea provisto por empresas nacionales calificadas bajo los estándares internacionales de calidad supervisados por la CNEA.
Así, "el proyecto CAREM25 será también un dinamizador del sector industrial-tecnológico de punta en nuestro país", se destacó.
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Fecha de Publicación: 09/02/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
La primera fase de construcción estructural de la obra civil de la central nuclear CAREM 25, primer reactor de potencia desarrollado íntegramente en Argentina, se inició hoy en la localidad bonaerense de Lima.
Al respecto, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, aseguró que "hoy es un día histórico porque con este nacimiento del reactor Carem, que es diseño y tecnología nacionales, seguimos profundizando el desarrollo nuclear que reimpulsó Néstor Kirchner desde el 2003, luego de que el neoliberalismo casi lo desmantelara", consignó la cartera que conduce en un comunicado.
"El hito de hoy sigue el camino de la terminación de Atucha II, actualmente finalizando proceso de arranque, y la próxima extensión por 30 años de vida de la central Embalse, obras son posibles en el marco del modelo de crecimiento con inclusión social que lleva adelante la presidenta Cristina Fernández de Kirchner", añadió el funcionario nacional.
Por su parte, la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Norma Boero, aseguró que "hoy es un día muy importante y de mucha emoción porque se pone en marcha un proyecto que desde 1983 estaba pensado y sólo por la decisión estratégica de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, así como el fuerte impulso del ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, de reactivar el sector nuclear, hoy nos colocamos a la vanguardia".
"Si bien existen otros proyectos de reactores similares en el mundo, este es el primero que se empieza a construir, lo cual es un orgullo no sólo para el sector nuclear si no para todos los argentinos", indicó la titular de la CNEA, quien encabezó el inicio del hormigonado del primer edificio del proyecto.
Para el CAREM 25, el Estado Nacional invertirá 3.500 millones de pesos, incluyendo toda la infraestructura necesaria para su desarrollo en los Centros Atómicos Bariloche, Constituyentes, Ezeiza, el Predio Lima y Sede Central, informó Planificación.
"Este ambicioso proyecto reafirma la capacidad para el desarrollo y puesta en marcha de centrales nucleares en el país, perfilando a la Argentina como uno de los líderes mundiales en el segmento de reactores de baja y media potencia, con un amplio horizonte para el abastecimiento eléctrico de zonas alejadas de los grandes centros urbanos o polos fabriles con alto consumo de energía", añadió la cartera que conduce De Vido en el comunicado de prensa.
Las centrales CAREM prevén que -al menos- el 70 por ciento de sus insumos, componentes y servicios vinculados sea provisto por empresas nacionales calificadas bajo los estándares internacionales de calidad supervisados por la CNEA.
Así, "el proyecto CAREM25 será también un dinamizador del sector industrial-tecnológico de punta en nuestro país", se destacó.
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