Así la Barrick perfora y vuela la cordillera
08:30 | 
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Explosivo: mirá cómo la Barrick busca oro y plata en San Juan
Fecha de Publicación: 16/12/2012
Fuente: MDZ
Fecha de Publicación: 16/12/2012
Fuente: MDZ
Provincia/Región: San Juan
Filmado y editado de manera amateur, el impresionante video muestra las tareas de perforación y voladura de la cordillera en el área de Veladero.
El impresionante video que te muestra MDZ circula mayormente en las netbooks y teléfonos celulares de quienes han trabajado o trabajan en el proyecto Veladero, que lleva adelante la minera multinacional Barrick en la provincia de San Juan.
En el clip pueden observarse maniobras de perforación y de voladura en alta montaña, imágenes que usualmente las mineras tratan de evitar que se filtren por los controles de seguridad y trasciendan al público en general.
De hecho cámaras fotográficas y filmadoras están terminantemente prohibidas en las explotaciones mineras, por lo que el advenimiento masivo de los teléfonos celulares con internet, cámara y grabadora de video incorporado -pero que a la vez son artículos de uso personal y por tanto no "confiscables"- les han puesto la misión de evitar estas filtraciones sumamente difícil a los encargados de la seguridad.
Las tareas de perforación y voladura, conocidas en inglés como "drilling and blasting" fueron registradas en el área de Veladero, donde la empresa de origen canadiense extrae principalmente oro y plata de la Cordillera de los Andes.
Según explica la empresa en su página Barrick Sudamérica (la unidad de negocios de Barrick Gold Corp. en la región), Veladero es "explotada a través de voladuras controladas" para volver más transportable "la masa sólida de roca".
El trabajo que se aprecia en el video casero y del que se desconoce su artífice, se hace en "bancos que alcanzan una altura de unos 15 metros y que siguen un diseño para "garantizar la seguridad" de la operación.
Luego de volarlo y cargarlo en camiones, el mineral es trasladado para su trituración y agregado de cal, como paso previo a su lixiviación.
El método de lixiviación en el caso de la extracción de oro y plata (los minerales más buscados por Barrick), es altamente cuestionado por la utilización de cianuro y mercurio, dos componentes en extremo tóxicos para los animales y los seres humanos.
A raíz de la utilización del método de lixiviación, Barrick ha sido acusado en diferentes partes del mundo donde ha explotado minerales, de prácticas ambientalmente perjudiciales. También ha sido criticado por derrames tóxicos de cianuro, mercurio y otros metales pesados.
En Argentina, Barrick Sudamericana lleva a cabo la operación minera de Veladero, y en la misma región comparte con Chile el proyecto Pascua-Lama (Pascua del lado argentino y Lama del lado chileno), primer proyecto binacional consistente en la explotación de una mina a cielo abierto para la extracción de oro, plata, cobre y otros minerales.
También en el caso de Pascua-Lama el oro se extraerá con el método de lixiviación empleando cianuro, lo que ha despertado un fuerte rechazo por parte de grupos ambientalistas como Greenpeace de ambos lados de la cordillera. La razón más poderosa para oponerse al proyecto es la posibilidad de contaminación del agua de los glaciares próximos a la zona de extracción.
Explosivo II: Barrick responde por el video de las voladuras
La minera que extrae oro y plata en San Juan explicó cómo se hace esta tarea y dijo que es "imposible verificar" que el video corresponda a Veladero. Hace una semana, Barrick fue denunciada desde Chile por "falsificar" el protocolo de Pascua Lama.
Recientemente MDZ publicó un video aportado por una fuente que aseguró ser ex empleado de la minera Barrick en Veladero. En las imágenes se pueden ver tareas de perforación y voladuras en una zona montañosa.
A través de la red social Twitter, la multinacional canadiense en su cuenta argentina salió al cruce del video indicando que "es imposible verificar que tales imágenes correspondan a nuestra mina Veladero".
"Sin embargo -consigna la compañía- es necesario explicar que la voladura es parte del proceso de minado en cualquier operación minera a cielo abierto". Y en un tuit más adelante Barrick invita a ver una infografía (http://barricksudamerica.com/proceso-de-produccion-del-oro/barrick/2012-08-06/183541.html) donde se explica el proceso en detalle.
El mismo video que mostró MDZ sobre una serie de trabajos de perforación y voladura que se le atribuyen a Barrick, fue publicado hace un año en el portal de videos YouTube por el usuario Mauriten, con la diferencia que en su publicación (debajo) hay agregadas dos placas. La primera está ubicada al comienzo y dice "Drilling and blasting Barrick VELADERO", mientras que la segunda puede verse al final del contenido y dice "Muchas Gracias".
La actividad de Barrick es resistida por un sector de la ciudadanía y ONG proambientalistas como Greenpeace (fundada en Canadá) porque realizan procesos de lixiviación con cianuro para extraer oro y por el temor de que los proyectos mineros en alta montaña deterioren los glaciares y por ende la calidad del agua que toman los sanjuaninos montaña abajo.
La minera Barrick no es la única cuestionada por sus accionar en la vecina provincia. La canadiense McEwen Mining ha sido denunciada recientemente en Canadá por el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) con sede en Córdoba, y la Fundación Ciudadanos Independientes (FuCI), argumentando la destrucción de glaciares y periglaciares en su proyecto Los Azules, situado en la cordillera de Los Andes.
Según el CEDHA, básicamente el problema con McEwen es que ponen en peligro glaciares sanjuaninos sólo con los trazados de los caminos exploratorios que han iniciado, a fin efectuar unaa prospección de cobre en alta montaña.
Por lo pronto, en Canadá y según el CEDHA la Oficina del Consejero de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) del Sector Extractivo del Gobierno de Canadá hizo lugar a su reclamo, por lo que McEwen se retiró de la mediación por el impacto de sus tareas en Los Azules y prefirió ir con sus argumentos a la Justicia para dirimir el asunto.
Al respecto, la colega Cecilia Jamasmie, periodista del portal Mining ya advertía en mayo de este año que McEwen tenía serias intenciones de "despojarse" de su proyecto en Los Azules o compartirlo (join-venture) entre dos o más empresas, divulgando a la prensa que lo haría efectivo "una vez que la propiedad del proyecto en disputa se resuelva el próximo año" (por si fuera poco el asunto de los glaciares, la McEwen tiene otro litigio con su par TNR Gold, una novel empresa minera canadiense, por la mitad de la parte norte del proyecto Los Azules).
Denuncian a Barrick en Chile
Sabido es que Barrick es la protagonista del primer proyecto binacional para la explotación y extracción de oro y plata en alta montaña. Este proyecto es conocido como Pascua-Lama. Pascua se ubica del lado chileno y Lama del lado argentino, dentro de la provincia de San Juan.
El jueves próximo pasado, y según informó el portal de noticias chileno El Ciudadano, el abogado Juan Guillermo Torres Fuentealba presentó una solicitud de exhorto de carácter internacional contra los propietarios del Proyecto Pascua-Lama, fundamentando la querella en que Barrick incluyó en el protocolo pertenencias mineras sobre las que no tenía título de propiedad.
Entrevistado por el colega trasandino Leonardo Robles, Torres Fuentealba sostiene que las propiedades mineras "concesiones Tesoro Uno 1 al 30 a Tesoro Doce 1 al 5" que incluye Barrick, en realidad pertenecen a "don Héctor Unda Llanos", un vecino chileno, y no a Barrick Gold Corporation (ni a Minera Nevada SpA, ni a ninguna de las filiales que tiene la minera canadiense en Chile).
El hecho de incluirlas para poder así trabajar en las concesiones antes enumeradas es, según el documento legal presentado ante la Fiscalía, "falsificación de instrumento público y/o uso malicioso del Protocolo Pascua-Lama".
.Siempre de acuerdo a la información recogida por el periódico chileno de la Región de los Ríos, el director legal regional para Sudamérica de la Compañía Minera Barrick Chile Limitada, abogado Manuel Fumagalli Drago, declaró con respecto al tema que "las decisiones de índole gubernamental son tomadas por Kevin Dushnisky", por lo que los implicados en la supuesta falsificación son los directores residentes en Canadá.
Es por esto que la "carta rogatoria internacional" , fundada en base a las declaraciones de Drago llama a comparecer ante los tribunales de Canadá a una docena de ejecutivos de Barrick Gold, comenzando por el presidente y fundador de la megaminera, William D.Birchall y su vicepresidente, Gustavo Cisneros.
Mientras tanto y de acuerdo a la información proporcionada por la minera canadiense, el proyecto Pascua-Lama sigue firme en su camino hacia la extracción de oro y plata de la cordillera de Los Andes. De hecho por estos días quienes desarrollan Pascua-Lama y sus colegas alrededor del mundo están festejando además un nuevo reconocimiento, pues Barrick Gold Corporation fue distinguida por la publicación canadiense Corporate Knights como la "compañía con mejor desempeño en el ranking de sustentabilidad de compañías mineras canadienses".
Según la publicación chilena sobre el exhorto antes descripto, para llevar ante un tribunal a los directivos de Barrick, una de las compañías internacionales más grandes y poderosas y la primera gran productora de oro a nivel mundial, hará falta la voluntad y el trabajo conjunto del Ministerio Público, la Corte Suprema, el Ministerio de Relaciones Exteriores chilenos, y por supuesto las instituciones judiciales que tengan competencia en el caso en Toronto, Canadá, donde están ubicadas las oficinas centrales de Barrick Gold Corporation.
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La minera que extrae oro y plata en San Juan explicó cómo se hace esta tarea y dijo que es "imposible verificar" que el video corresponda a Veladero. Hace una semana, Barrick fue denunciada desde Chile por "falsificar" el protocolo de Pascua Lama.
Recientemente MDZ publicó un video aportado por una fuente que aseguró ser ex empleado de la minera Barrick en Veladero. En las imágenes se pueden ver tareas de perforación y voladuras en una zona montañosa.
A través de la red social Twitter, la multinacional canadiense en su cuenta argentina salió al cruce del video indicando que "es imposible verificar que tales imágenes correspondan a nuestra mina Veladero".
"Sin embargo -consigna la compañía- es necesario explicar que la voladura es parte del proceso de minado en cualquier operación minera a cielo abierto". Y en un tuit más adelante Barrick invita a ver una infografía (http://barricksudamerica.com/proceso-de-produccion-del-oro/barrick/2012-08-06/183541.html) donde se explica el proceso en detalle.
El mismo video que mostró MDZ sobre una serie de trabajos de perforación y voladura que se le atribuyen a Barrick, fue publicado hace un año en el portal de videos YouTube por el usuario Mauriten, con la diferencia que en su publicación (debajo) hay agregadas dos placas. La primera está ubicada al comienzo y dice "Drilling and blasting Barrick VELADERO", mientras que la segunda puede verse al final del contenido y dice "Muchas Gracias".
La actividad de Barrick es resistida por un sector de la ciudadanía y ONG proambientalistas como Greenpeace (fundada en Canadá) porque realizan procesos de lixiviación con cianuro para extraer oro y por el temor de que los proyectos mineros en alta montaña deterioren los glaciares y por ende la calidad del agua que toman los sanjuaninos montaña abajo.
La minera Barrick no es la única cuestionada por sus accionar en la vecina provincia. La canadiense McEwen Mining ha sido denunciada recientemente en Canadá por el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) con sede en Córdoba, y la Fundación Ciudadanos Independientes (FuCI), argumentando la destrucción de glaciares y periglaciares en su proyecto Los Azules, situado en la cordillera de Los Andes.
Según el CEDHA, básicamente el problema con McEwen es que ponen en peligro glaciares sanjuaninos sólo con los trazados de los caminos exploratorios que han iniciado, a fin efectuar unaa prospección de cobre en alta montaña.
Por lo pronto, en Canadá y según el CEDHA la Oficina del Consejero de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) del Sector Extractivo del Gobierno de Canadá hizo lugar a su reclamo, por lo que McEwen se retiró de la mediación por el impacto de sus tareas en Los Azules y prefirió ir con sus argumentos a la Justicia para dirimir el asunto.
Al respecto, la colega Cecilia Jamasmie, periodista del portal Mining ya advertía en mayo de este año que McEwen tenía serias intenciones de "despojarse" de su proyecto en Los Azules o compartirlo (join-venture) entre dos o más empresas, divulgando a la prensa que lo haría efectivo "una vez que la propiedad del proyecto en disputa se resuelva el próximo año" (por si fuera poco el asunto de los glaciares, la McEwen tiene otro litigio con su par TNR Gold, una novel empresa minera canadiense, por la mitad de la parte norte del proyecto Los Azules).
Denuncian a Barrick en Chile
Sabido es que Barrick es la protagonista del primer proyecto binacional para la explotación y extracción de oro y plata en alta montaña. Este proyecto es conocido como Pascua-Lama. Pascua se ubica del lado chileno y Lama del lado argentino, dentro de la provincia de San Juan.
El jueves próximo pasado, y según informó el portal de noticias chileno El Ciudadano, el abogado Juan Guillermo Torres Fuentealba presentó una solicitud de exhorto de carácter internacional contra los propietarios del Proyecto Pascua-Lama, fundamentando la querella en que Barrick incluyó en el protocolo pertenencias mineras sobre las que no tenía título de propiedad.
Entrevistado por el colega trasandino Leonardo Robles, Torres Fuentealba sostiene que las propiedades mineras "concesiones Tesoro Uno 1 al 30 a Tesoro Doce 1 al 5" que incluye Barrick, en realidad pertenecen a "don Héctor Unda Llanos", un vecino chileno, y no a Barrick Gold Corporation (ni a Minera Nevada SpA, ni a ninguna de las filiales que tiene la minera canadiense en Chile).
El hecho de incluirlas para poder así trabajar en las concesiones antes enumeradas es, según el documento legal presentado ante la Fiscalía, "falsificación de instrumento público y/o uso malicioso del Protocolo Pascua-Lama".
.Siempre de acuerdo a la información recogida por el periódico chileno de la Región de los Ríos, el director legal regional para Sudamérica de la Compañía Minera Barrick Chile Limitada, abogado Manuel Fumagalli Drago, declaró con respecto al tema que "las decisiones de índole gubernamental son tomadas por Kevin Dushnisky", por lo que los implicados en la supuesta falsificación son los directores residentes en Canadá.
Es por esto que la "carta rogatoria internacional" , fundada en base a las declaraciones de Drago llama a comparecer ante los tribunales de Canadá a una docena de ejecutivos de Barrick Gold, comenzando por el presidente y fundador de la megaminera, William D.Birchall y su vicepresidente, Gustavo Cisneros.
Mientras tanto y de acuerdo a la información proporcionada por la minera canadiense, el proyecto Pascua-Lama sigue firme en su camino hacia la extracción de oro y plata de la cordillera de Los Andes. De hecho por estos días quienes desarrollan Pascua-Lama y sus colegas alrededor del mundo están festejando además un nuevo reconocimiento, pues Barrick Gold Corporation fue distinguida por la publicación canadiense Corporate Knights como la "compañía con mejor desempeño en el ranking de sustentabilidad de compañías mineras canadienses".
Según la publicación chilena sobre el exhorto antes descripto, para llevar ante un tribunal a los directivos de Barrick, una de las compañías internacionales más grandes y poderosas y la primera gran productora de oro a nivel mundial, hará falta la voluntad y el trabajo conjunto del Ministerio Público, la Corte Suprema, el Ministerio de Relaciones Exteriores chilenos, y por supuesto las instituciones judiciales que tengan competencia en el caso en Toronto, Canadá, donde están ubicadas las oficinas centrales de Barrick Gold Corporation.
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Riachuelo: lista la primera estación de monitoreo
Habilitan la primera estación de monitoreo de agua del Riachuelo
Fecha de Publicación: 15/12/2012
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Riachuelo
Está en el Club Regatas, en Rosetti y Güifra, un punto estratégico para estas mediciones. Permitirá tener un mayor registro de los episodios que alteran la calidad del líquido y los vuelcos clandestinos.
El plan de saneamiento del Riachuelo sigue adelante y ahora es momento de corroborar si las medidas están teniendo resultado. Por eso, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) decidió poner en funcionamiento la primera estación de monitoreo del agua y la instaló en Avellaneda.
Está ubicada en el Club Regatas, en Rosetti y Güifra, Piñeiro. La colocaron ahí por considerar ese espacio un lugar estratégico para este tipo de trabajos.
Se trata de una construcción chica de dos plantas: en la de abajo se ubica el instrumental para un control continuo del agua del Riachuelo y en la de arriba, los equipos para estudiar la calidad del aire.
Medirán variables ambientales como porcentaje de cromo, oxígeno disuelto, amonio, fósforo, PH, hidrocarburos y nitratos. El análisis se hace automáticamente a través de tableros digitales, aunque también habrá personal especializado trabajando en el lugar.
Desde ACUMAR informaron que su existencia permitirá tener un mayor registro y control de los episodios que alteran la calidad del agua, como los vuelcos clandestinos, y poder tomar medidas concretar para evitarlos. Además, van a monitorear la dinámica hídrica en esta sección del río, su caudal y las situaciones de sudestadas.
“Para Avellaneda es muy bueno, porque desde la Municipalidad estamos habilitados a monitorear los resultados online. Es importante poder ver si las condiciones establecidas se están cumpliendo para que el proyecto siga creciendo”, explicó Humberto Borsani, secretario de Ambiente de la Comuna.
A esta estación le seguirá la instalación de otras tres: en el Puente La Noria, en el cruce con la Autopista Ricchieri y en Cañuelas.
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Fecha de Publicación: 15/12/2012
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Riachuelo
Está en el Club Regatas, en Rosetti y Güifra, un punto estratégico para estas mediciones. Permitirá tener un mayor registro de los episodios que alteran la calidad del líquido y los vuelcos clandestinos. El plan de saneamiento del Riachuelo sigue adelante y ahora es momento de corroborar si las medidas están teniendo resultado. Por eso, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) decidió poner en funcionamiento la primera estación de monitoreo del agua y la instaló en Avellaneda.
Está ubicada en el Club Regatas, en Rosetti y Güifra, Piñeiro. La colocaron ahí por considerar ese espacio un lugar estratégico para este tipo de trabajos.
Se trata de una construcción chica de dos plantas: en la de abajo se ubica el instrumental para un control continuo del agua del Riachuelo y en la de arriba, los equipos para estudiar la calidad del aire.
Medirán variables ambientales como porcentaje de cromo, oxígeno disuelto, amonio, fósforo, PH, hidrocarburos y nitratos. El análisis se hace automáticamente a través de tableros digitales, aunque también habrá personal especializado trabajando en el lugar.
Desde ACUMAR informaron que su existencia permitirá tener un mayor registro y control de los episodios que alteran la calidad del agua, como los vuelcos clandestinos, y poder tomar medidas concretar para evitarlos. Además, van a monitorear la dinámica hídrica en esta sección del río, su caudal y las situaciones de sudestadas.
“Para Avellaneda es muy bueno, porque desde la Municipalidad estamos habilitados a monitorear los resultados online. Es importante poder ver si las condiciones establecidas se están cumpliendo para que el proyecto siga creciendo”, explicó Humberto Borsani, secretario de Ambiente de la Comuna.
A esta estación le seguirá la instalación de otras tres: en el Puente La Noria, en el cruce con la Autopista Ricchieri y en Cañuelas.
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Agroquímicos sin control a nivel nacional
Agroquímicos: sin diagnóstico en el país
Fecha de Publicación: 15/12/2012
Fuente: http://blogs.lanacion.com.ar/ecologico
Provincia/Región: Nacional
A una semana de la nube tóxica por un pesticida que generó pánico en la ciudad de Buenos Aires, aún sigue sin quedar claro cuál es el manejo de las sustancias peligrosas en el puerto de Buenos Aires. Nada se ha avanzado tampoco respecto de los agroquímicos y su uso. Precisamente un reciente informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) es bastante lapidario al respecto.
Entre las observaciones del organismo de control se destaca que la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos -CNIA- que se creó en 2009 para diagnosticar la situación a nivel nacional y elaborar conclusiones a partir de las cuales se trazaron estrategias para la toma de decisiones, permanece inactiva desde hace dos años.
“La auditoría observa que a pesar de estos avances y de la relevancia de la información producida, la CNIA permanece inactiva desde 2010. Por otra parte no se han extremado las medidas de control en la aplicación de los agroquímicos para garantizar el buen uso de los mismos y que no afecten a los habitantes de las zonas colindantes a los cultivos mediante límites mínimos de fumigación; un registro único nacional de aplicadores; controles efectivos al transporte, almacenamiento y disposición final de envases de carácter uniforme en todo el territorio del país“, dice el informe.
El proyecto pretende dar un abordaje público al registro, autorización y restricción de agroquímicos, entre los cuales son los más conocidos y difundidos el endosulfán y el glifosato.
“Estamos observando también que las responsabilidades del SENASA son muy abarcativas y persiguen metas de gran magnitud, lo cual de alguna manera implica que ese servicio requiera algún tipo de fortalecimiento, y recomendamos conferirle mayor autonomía y autarquía al área. Hacemos una categórica observación en relación con la prohibición del endosulfán“, dicen los auditores. El equipo de auditoría participó de procedimientos de tomas de muestra y detectó que no todas ellas se analizan, y que la dirección a cargo de los análisis “no cuenta con estadísiticas actualizadas respecto a la cantidad de muestras tomadas”, las analizadas y los incumplimientos.
Leandro Despouy, presidente de la AGN sostuvo: “Pareciera que se han concentrado en el SENASA nuevas tareas que difícilmente esté en condiciones de cumplir con su estructura actual”.
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Fecha de Publicación: 15/12/2012
Fuente: http://blogs.lanacion.com.ar/ecologico
Provincia/Región: Nacional
A una semana de la nube tóxica por un pesticida que generó pánico en la ciudad de Buenos Aires, aún sigue sin quedar claro cuál es el manejo de las sustancias peligrosas en el puerto de Buenos Aires. Nada se ha avanzado tampoco respecto de los agroquímicos y su uso. Precisamente un reciente informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) es bastante lapidario al respecto.Entre las observaciones del organismo de control se destaca que la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos -CNIA- que se creó en 2009 para diagnosticar la situación a nivel nacional y elaborar conclusiones a partir de las cuales se trazaron estrategias para la toma de decisiones, permanece inactiva desde hace dos años.
“La auditoría observa que a pesar de estos avances y de la relevancia de la información producida, la CNIA permanece inactiva desde 2010. Por otra parte no se han extremado las medidas de control en la aplicación de los agroquímicos para garantizar el buen uso de los mismos y que no afecten a los habitantes de las zonas colindantes a los cultivos mediante límites mínimos de fumigación; un registro único nacional de aplicadores; controles efectivos al transporte, almacenamiento y disposición final de envases de carácter uniforme en todo el territorio del país“, dice el informe.
El proyecto pretende dar un abordaje público al registro, autorización y restricción de agroquímicos, entre los cuales son los más conocidos y difundidos el endosulfán y el glifosato.
“Estamos observando también que las responsabilidades del SENASA son muy abarcativas y persiguen metas de gran magnitud, lo cual de alguna manera implica que ese servicio requiera algún tipo de fortalecimiento, y recomendamos conferirle mayor autonomía y autarquía al área. Hacemos una categórica observación en relación con la prohibición del endosulfán“, dicen los auditores. El equipo de auditoría participó de procedimientos de tomas de muestra y detectó que no todas ellas se analizan, y que la dirección a cargo de los análisis “no cuenta con estadísiticas actualizadas respecto a la cantidad de muestras tomadas”, las analizadas y los incumplimientos.
Leandro Despouy, presidente de la AGN sostuvo: “Pareciera que se han concentrado en el SENASA nuevas tareas que difícilmente esté en condiciones de cumplir con su estructura actual”.
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Obstinación atómica nacional
Atucha II profundiza la obstinación atómica y posterga a las energías limpias
Fecha de Publicación: 14/12/2012
Fuente: Greenpace
Provincia/Región: Nacional
Greenpeace criticó hoy la continuidad del proceso de puesta en marcha de la Central Nuclear Atucha II, donde el ministro de Planificación, Julio De Vido, anunció la carga de combustible en el reactor.
“Es un paso más en la generación de energía sucia, peligrosa, cara y obsoleta”, declaró el
coordinador de la campaña de Energía de Greenpeace, Mauro Fernández, y agregó: “Atucha II superará en 2013 los 6.000 millones de dólares, equiparando el costo de las más modernas centrales en el mundo, pero con un reactor de los años setenta y con un diseño desaconsejado por la Agencia Internacional de Energía Atómica”.
La organización ambientalista exigió a las autoridades nacionales el cumplimiento de la Ley 26.190 que establece que para 2016, un 8% de la generación eléctrica debe provenir de fuentes renovables y demandó que no se desvíen los fondos necesarios para ese desarrollo en la profundización del Plan Nuclear relanzado en 2006.
“La obstinación por esta tecnología arcaica y peligrosa, pone en riesgo a más de 22 millones de personas, fomenta la expansión de la minería contaminante y genera basura radiactiva por miles de años. Las inversiones deben redirigirse al desarrollo de fuentes renovables y seguras, como la eólica, al cumplimiento del GENREN y de la Ley 26.190, una obligación que el Gobierno parece no querer asumir”, finalizó Fernández.
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Fecha de Publicación: 14/12/2012
Fuente: Greenpace
Provincia/Región: Nacional
Greenpeace criticó hoy la continuidad del proceso de puesta en marcha de la Central Nuclear Atucha II, donde el ministro de Planificación, Julio De Vido, anunció la carga de combustible en el reactor. “Es un paso más en la generación de energía sucia, peligrosa, cara y obsoleta”, declaró el
coordinador de la campaña de Energía de Greenpeace, Mauro Fernández, y agregó: “Atucha II superará en 2013 los 6.000 millones de dólares, equiparando el costo de las más modernas centrales en el mundo, pero con un reactor de los años setenta y con un diseño desaconsejado por la Agencia Internacional de Energía Atómica”.
La organización ambientalista exigió a las autoridades nacionales el cumplimiento de la Ley 26.190 que establece que para 2016, un 8% de la generación eléctrica debe provenir de fuentes renovables y demandó que no se desvíen los fondos necesarios para ese desarrollo en la profundización del Plan Nuclear relanzado en 2006.
“La obstinación por esta tecnología arcaica y peligrosa, pone en riesgo a más de 22 millones de personas, fomenta la expansión de la minería contaminante y genera basura radiactiva por miles de años. Las inversiones deben redirigirse al desarrollo de fuentes renovables y seguras, como la eólica, al cumplimiento del GENREN y de la Ley 26.190, una obligación que el Gobierno parece no querer asumir”, finalizó Fernández.
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Lanzaron el Observatorio Nacional De Biodiversidad
Ambiente lanzó el Observatorio Nacional De Biodiversidad
Fecha de Publicación: 14/12/2012
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Se busca visibilizar las políticas públicas en materia de recursos naturales que se implementan en nuestro país
La Subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la Nación, Dra. Silvia Révora, encabezó la presentación del Observatorio Nacional de Biodiversidad (OBIO), una plataforma online que servirá como instrumento para acceder a la información relevante de la diversidad biológica de Argentina y que está desarrollada, junto a otros organismos, por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que conduce el Dr. Juan José Mussi.
“Gracias al trabajo conjunto con Jefatura de Gabinete de Ministros y el Instituto Geográfico Nacional, podemos lanzar esta herramienta que tendrá amplia participación de sectores del ámbito nacional, provincial y local, el académico y la sociedad civil”, explicó Révora.
“Se podrá acceder a información sobre biodiversidad y los recursos naturales del territorio a través de las 18 ecorregiones que cuenta el país (15 continentales y 3 extracontinentales)”, contó la subsecretaria, al tiempo que advirtió que “Latinoamérica posee el 40% de las especies vegetales y animales que habitan el planeta, por eso debemos preservar nuestros recursos naturales, sobre los que ejercen mucha presión los países desarrollados”.
La misión principal del Observatorio Nacional de Biodiversidad será fortalecer la función proactiva del Estado, cooperando con el proceso de profundización de la democracia, al construir un ámbito de información disponible para todos los ciudadanos y, de esta manera, visibilizar las políticas públicas en materia de recursos naturales que se implementan en Argentina.
En el Auditorio Néstor Kirchner de la cartera ambiental, el Jefe de Gabinete del organismo, Dr. Ricardo Salvioli, transmitió el mensaje de Mussi: “el Observatorio será un ámbito de sistematización y análisis de la información ambiental, y cuya vocación será articular la sinergia de lo político y lo social”.
Por su parte, el Subsecretario de Tecnologías de Gestión de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Lic. Mariano Greco, dijo que “la función de OBIO será transmitir información de calidad a la ciudadanía, como parte de una herramienta más de la política de acceso a la información dentro de un proceso que inició Argentina de inversión en tecnología y conectividad”.
La presentación en sociedad del OBIO contó con una puesta multimedia, una pantalla gigante, sonido e iluminación de tal manera que permitió dimensionar el potencial de la herramienta que se pone a consideración y disposición de la ciudadanía. Se podrá acceder a través de la web: www.obio.ambiente.gob.ar
Del lanzamiento también participaron el coordinador de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Daniel Tomasini, el Subdirector del Instituto Geográfico Nacional, Julio César Benedetti, el director nacional de Ordenamiento Ambiental y Conservación de la Biodiversidad, Pablo Mesa, y la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano durante la última presidencia de Perón, Yolanda Ortiz, entre otras autoridades de la secretaría de ambiente y provinciales.
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Fecha de Publicación: 14/12/2012
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Se busca visibilizar las políticas públicas en materia de recursos naturales que se implementan en nuestro país
La Subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la Nación, Dra. Silvia Révora, encabezó la presentación del Observatorio Nacional de Biodiversidad (OBIO), una plataforma online que servirá como instrumento para acceder a la información relevante de la diversidad biológica de Argentina y que está desarrollada, junto a otros organismos, por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que conduce el Dr. Juan José Mussi.
“Gracias al trabajo conjunto con Jefatura de Gabinete de Ministros y el Instituto Geográfico Nacional, podemos lanzar esta herramienta que tendrá amplia participación de sectores del ámbito nacional, provincial y local, el académico y la sociedad civil”, explicó Révora.
“Se podrá acceder a información sobre biodiversidad y los recursos naturales del territorio a través de las 18 ecorregiones que cuenta el país (15 continentales y 3 extracontinentales)”, contó la subsecretaria, al tiempo que advirtió que “Latinoamérica posee el 40% de las especies vegetales y animales que habitan el planeta, por eso debemos preservar nuestros recursos naturales, sobre los que ejercen mucha presión los países desarrollados”.
La misión principal del Observatorio Nacional de Biodiversidad será fortalecer la función proactiva del Estado, cooperando con el proceso de profundización de la democracia, al construir un ámbito de información disponible para todos los ciudadanos y, de esta manera, visibilizar las políticas públicas en materia de recursos naturales que se implementan en Argentina.
En el Auditorio Néstor Kirchner de la cartera ambiental, el Jefe de Gabinete del organismo, Dr. Ricardo Salvioli, transmitió el mensaje de Mussi: “el Observatorio será un ámbito de sistematización y análisis de la información ambiental, y cuya vocación será articular la sinergia de lo político y lo social”.
Por su parte, el Subsecretario de Tecnologías de Gestión de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Lic. Mariano Greco, dijo que “la función de OBIO será transmitir información de calidad a la ciudadanía, como parte de una herramienta más de la política de acceso a la información dentro de un proceso que inició Argentina de inversión en tecnología y conectividad”.
La presentación en sociedad del OBIO contó con una puesta multimedia, una pantalla gigante, sonido e iluminación de tal manera que permitió dimensionar el potencial de la herramienta que se pone a consideración y disposición de la ciudadanía. Se podrá acceder a través de la web: www.obio.ambiente.gob.ar
Del lanzamiento también participaron el coordinador de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Daniel Tomasini, el Subdirector del Instituto Geográfico Nacional, Julio César Benedetti, el director nacional de Ordenamiento Ambiental y Conservación de la Biodiversidad, Pablo Mesa, y la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano durante la última presidencia de Perón, Yolanda Ortiz, entre otras autoridades de la secretaría de ambiente y provinciales.
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Piden demandar a Mendoza por el Atuel
Demanda contra Mendoza por el Atuel
Fecha de Publicación: 14/12/2012
Fuente: Diario La Reforma
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
El secretario de Recursos Hídricos de la provincia, Raúl Lastiri, recibió el reclamo airado de los diputados en torno a la necesidad de que La Pampa demande judicialmente a la provincia de Mendoza por los daños ambientales que viene ocasionando el corte unilateral de las aguas del río Atuel. El funcionario del Ejecutivo concurrió ayer a la comisión de Hacienda para dar cuenta de lo que recibirá presupuestariamente su área en 2013 y lo que hará con ese dinero durante el próximo ejercicio.
Si bien el secretario remarcó que continúan las negociaciones por el río Atuel y que es optimista respecto a la solución de “este conflicto interjurisdiccional que genera desigualdades en el ordenamiento territorial de la zona, en el desarrollo ambiental y productivo”, lo cierto es que desde Diputados se le recriminó con dureza que no se avance de una vez por todas con la demanda por el daño ambiental generado por el corte del caudal.
Los diputados Pedro Etchalús y Carmen Bertone (PJ-Plural) cuestionaron tanto la demora en hacer la demanda judicial como la ausencia del Gobierno en la audiencia del Tribunal Latinoamericana del Agua. En tanto Hugo Pérez, radical, dijo que “a esta altura tenemos una actitud de complicidad del Poder Ejecutivo provincial con Mendoza. La situación se define con el calificativo de complicidad más que otra cosa”.
Se defendió Lastiri explicando que el gobernador Jorge mantiene negociaciones permanentes en torno al conflicto por el Atuel, y que ‘cada vez que va a Buenos Aires toca el tema’. Cuando se le consultó específicamente por el reclamo de múltiples sectores respecto a la necesidad de que se demande a Mendoza, el funcionario dijo que “es una proyección que puede llegar a ser cierta”, pero se inclinó por mostrarse ‘optimista’ ante lo que podría ser una salida política.
No obstante, dijo que “hoy en día hay muchas actitudes o acciones políticas que no ayudan a la celebración de un acuerdo”, pero prefirió no hablar de plazos para una posible demanda judicial. “Estamos tratando de establecer un programa a desarrollar que es parte de la negociación que está llevando adelante el gobernador”, sostuvo.
3,2 millones de pesos
Lastiri indicó que el Gobierno le asignó a su área un monto de 3,2 millones de pesos, que representa un incremento de más del 20 por ciento respecto al presupuesto del año en curso. Entre las principales acciones a desarrollar están las referidas a la gestión de cuencas y a la aplicación del Código Hídrico, donde se hará un inventario de los recursos hídricos de la Provincia.
Además, según dijo el funcionario, se trabajará a partir del convenio firmado con el Ministerio de Salud de la Nación y con la Secretaría de Recursos Hídricos de Nación por el plan nacional de arsénico, firmado por veinte provincias con la particularidad de ser articulado entre Recursos Hídricos y Salud Pública, con el objetivo de analizar cuál es el efecto del arsénico en la población.
Lastiri explicó que el trabajo sobre el arsénico “va a servir para establecer en cada zona cuál es el real impacto y cuál es el parámetro aceptable para este elemento en el agua. En este sentido -dijo-, hay una norma que establece el código alimentario argentino que es de muy bajo nivel, tomada de otras experiencias y a través de las gestiones del Consejo Hídrico Federal, en el que participamos todas las provincias, se logró posponer la aplicación de este límite tan bajo”.
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Fecha de Publicación: 14/12/2012
Fuente: Diario La Reforma
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
El secretario de Recursos Hídricos de la provincia, Raúl Lastiri, recibió el reclamo airado de los diputados en torno a la necesidad de que La Pampa demande judicialmente a la provincia de Mendoza por los daños ambientales que viene ocasionando el corte unilateral de las aguas del río Atuel. El funcionario del Ejecutivo concurrió ayer a la comisión de Hacienda para dar cuenta de lo que recibirá presupuestariamente su área en 2013 y lo que hará con ese dinero durante el próximo ejercicio.Si bien el secretario remarcó que continúan las negociaciones por el río Atuel y que es optimista respecto a la solución de “este conflicto interjurisdiccional que genera desigualdades en el ordenamiento territorial de la zona, en el desarrollo ambiental y productivo”, lo cierto es que desde Diputados se le recriminó con dureza que no se avance de una vez por todas con la demanda por el daño ambiental generado por el corte del caudal.
Los diputados Pedro Etchalús y Carmen Bertone (PJ-Plural) cuestionaron tanto la demora en hacer la demanda judicial como la ausencia del Gobierno en la audiencia del Tribunal Latinoamericana del Agua. En tanto Hugo Pérez, radical, dijo que “a esta altura tenemos una actitud de complicidad del Poder Ejecutivo provincial con Mendoza. La situación se define con el calificativo de complicidad más que otra cosa”.
Se defendió Lastiri explicando que el gobernador Jorge mantiene negociaciones permanentes en torno al conflicto por el Atuel, y que ‘cada vez que va a Buenos Aires toca el tema’. Cuando se le consultó específicamente por el reclamo de múltiples sectores respecto a la necesidad de que se demande a Mendoza, el funcionario dijo que “es una proyección que puede llegar a ser cierta”, pero se inclinó por mostrarse ‘optimista’ ante lo que podría ser una salida política.
No obstante, dijo que “hoy en día hay muchas actitudes o acciones políticas que no ayudan a la celebración de un acuerdo”, pero prefirió no hablar de plazos para una posible demanda judicial. “Estamos tratando de establecer un programa a desarrollar que es parte de la negociación que está llevando adelante el gobernador”, sostuvo.
3,2 millones de pesos
Lastiri indicó que el Gobierno le asignó a su área un monto de 3,2 millones de pesos, que representa un incremento de más del 20 por ciento respecto al presupuesto del año en curso. Entre las principales acciones a desarrollar están las referidas a la gestión de cuencas y a la aplicación del Código Hídrico, donde se hará un inventario de los recursos hídricos de la Provincia.
Además, según dijo el funcionario, se trabajará a partir del convenio firmado con el Ministerio de Salud de la Nación y con la Secretaría de Recursos Hídricos de Nación por el plan nacional de arsénico, firmado por veinte provincias con la particularidad de ser articulado entre Recursos Hídricos y Salud Pública, con el objetivo de analizar cuál es el efecto del arsénico en la población.
Lastiri explicó que el trabajo sobre el arsénico “va a servir para establecer en cada zona cuál es el real impacto y cuál es el parámetro aceptable para este elemento en el agua. En este sentido -dijo-, hay una norma que establece el código alimentario argentino que es de muy bajo nivel, tomada de otras experiencias y a través de las gestiones del Consejo Hídrico Federal, en el que participamos todas las provincias, se logró posponer la aplicación de este límite tan bajo”.
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Siguen pidiendo control de petroleras en Neuquén
Piden control por contaminación
Fecha de Publicación: 13/12/2012
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
El Defensor del Pueblo solicitó al Ejecutivo que inspeccione a una empresa de servicios petroleros ubicada en el barrio Valentina Sur.
El Defensor del Pueblo de la ciudad, Ricardo Riva, le solicitó a la dirección de Control y Fiscalización Ambiental de la Municipalidad que inspeccione las instalaciones de una empresa ubicada en calle Futaleufú al 2000 del barrio Valentina Sur que estaría ejerciendo actividades prohibidas por el Plan Urbano Ambiental en esa zona.
Andres Rabassa, encargado de Medio Ambiente en la Defensoría contó que la presentación se hizo por posibles efectos de contaminación ambiental de suelo y aire como consecuencia de sus actividades que serían de servicios petroleros. Agregó que el organismo descentralizado actuó luego de denuncias que llegaron de los vecinos.
“Esta empresa tiene aparentemente una autorización para funcionar como reparación de máquinas agrícolas pero estaría realizando otras actividades relacionadas a los servicios petroleros”, dijo Rabassa quien contó que en una inspección que hizo la Defensoría al lugar pudo observar que había maquinaria petrolera por lo que se infiere que no se está cumpliendo con el PUA pero advirtió que en el momento que estuvieron no había actividad.
Desde la Defensoría se explicó que lo que se solicitó al municipio fue que confirme si tiene licencia comercial y para qué la tiene, y que investigue qué actividad está realizando. También se pregunta sobre si esta empresa debería estar desarrollando sus actividades en Parque Industrial.
En el informe que se presentó al Ejecutivo se detalla que en el predio de la empresa se observaron depositados varios camiones de gran porte además de maquinaria voluminosa que correspondería a la industria petrolera y que observó un gran galpón sin cerramiento seis metros de viviendas. “En el momento de la inspección, alrededor de las 16, se encontraban operarios soldando y martillando metal, lo que ocasionaba ruidos molestos y ensordecedores”, se detalla.
“No está permitida la localización de actividades difundidas por la empresa en su página web, ni tampoco otras como las que se relacionan con la actividad de servicios agrícolas”, agregó Rabassa, quien agregó que la contaminación del suelo estaría dada porque las denuncias de los vecinos mencionan que se lava maquinaria petrolera en el lugar.
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Fecha de Publicación: 13/12/2012
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
El Defensor del Pueblo solicitó al Ejecutivo que inspeccione a una empresa de servicios petroleros ubicada en el barrio Valentina Sur.
El Defensor del Pueblo de la ciudad, Ricardo Riva, le solicitó a la dirección de Control y Fiscalización Ambiental de la Municipalidad que inspeccione las instalaciones de una empresa ubicada en calle Futaleufú al 2000 del barrio Valentina Sur que estaría ejerciendo actividades prohibidas por el Plan Urbano Ambiental en esa zona.
Andres Rabassa, encargado de Medio Ambiente en la Defensoría contó que la presentación se hizo por posibles efectos de contaminación ambiental de suelo y aire como consecuencia de sus actividades que serían de servicios petroleros. Agregó que el organismo descentralizado actuó luego de denuncias que llegaron de los vecinos.
“Esta empresa tiene aparentemente una autorización para funcionar como reparación de máquinas agrícolas pero estaría realizando otras actividades relacionadas a los servicios petroleros”, dijo Rabassa quien contó que en una inspección que hizo la Defensoría al lugar pudo observar que había maquinaria petrolera por lo que se infiere que no se está cumpliendo con el PUA pero advirtió que en el momento que estuvieron no había actividad.
Desde la Defensoría se explicó que lo que se solicitó al municipio fue que confirme si tiene licencia comercial y para qué la tiene, y que investigue qué actividad está realizando. También se pregunta sobre si esta empresa debería estar desarrollando sus actividades en Parque Industrial.
En el informe que se presentó al Ejecutivo se detalla que en el predio de la empresa se observaron depositados varios camiones de gran porte además de maquinaria voluminosa que correspondería a la industria petrolera y que observó un gran galpón sin cerramiento seis metros de viviendas. “En el momento de la inspección, alrededor de las 16, se encontraban operarios soldando y martillando metal, lo que ocasionaba ruidos molestos y ensordecedores”, se detalla.
“No está permitida la localización de actividades difundidas por la empresa en su página web, ni tampoco otras como las que se relacionan con la actividad de servicios agrícolas”, agregó Rabassa, quien agregó que la contaminación del suelo estaría dada porque las denuncias de los vecinos mencionan que se lava maquinaria petrolera en el lugar.
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Mendoza: concientizan sobre invasiones biológicas
Los invasores que ponen en riesgo la biodiversidad provincial
Fecha de Publicación: 13/12/2012
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Mendoza
Provienen de otros hábitats y su proliferación afecta el ambiente. Si bien el fenómeno tiene varios siglos, creció con la globalización y el desarrollo de los transportes.
Que alguien viaje a algún lugar lejano y decida traer como souvenir alguna mascota exótica no es algo extraño, pero puede tener consecuencias sobre el ambiente en el que se inserta. Lo mismo puede ocurrir con insectos y plantas y no necesariamente de manera intencional.
A nivel científico este fenómeno se denomina especies exóticas invasoras (EEI) que, al reproducirse de manera indiscriminada, perjudican la biodiversidad, los recursos naturales, las actividades económicas, el turismo y la salud pública, todas ellas relacionadas con la calidad de vida de las personas.
La trucha, la carpa, ratas, palomas y hasta la rosa mosqueta, están señalados con el dedo en la provincia por representar un riesgo que debe ser controlado. “Desde hace unos diez años esto es un tema de debate a nivel internacional y en nuestro país está empezando a tratarse”, dijo la doctora en Ciencias Biológicas e investigadora del Cricyt, Claudia Campos, quien participó de un taller sobre el tema que se realizó en la provincia (ver aparte). Organizado por la secretaría de Ambiente de la Nación, apuntó a un abordaje regional para la formulación de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras.
Control, no erradicación
Se denomina especies exóticas invasoras a aquellas plantas, animales o microorganismos que, habiendo sido trasladados más allá de sus límites naturales de distribución, son capaces de establecerse y avanzar de manera espontánea en los nuevos ambientes donde son introducidos, causando allí impactos severos.
La presencia de especies de otros lugares está directamente vinculada a la comunicación y el transporte. Por ejemplo, las ratas llegaron en las bodegas de los barcos de los colonizadores, mientras que las liebres europeas eran dejadas por los marinos entre los siglos XIV y XVI para contar con alimento en diferentes lugares en caso de naufragio.
Sin embargo, las EEI se incrementaron de la mano de la globalización, siempre con el hombre como vector. “Actualmente hay mayor aparición de EEI porque es más fácil viajar y los sistemas de transporte y comunicación se han globalizado. Entonces cualquiera viaja a Asia, Europa o América del Norte y lleva y trae especies”, explicó Hugo Asencio, jefe del departamento de Fauna de la Dirección de Recursos Naturales.
Respecto del escenario actual, destacó que “Mendoza es una ruta bioceánica y recibe y envía mercancías a todo el mundo”, pero hay que tener en cuenta que “somos una provincia de colonos que tenían una visión productivista diferente a la de los pueblos originarios y que, en determinado contexto, ciertos sectores de la sociedad introdujeron especies pero luego no se hacía un manejo de ellas”. Tal es el caso de la trucha, que ingresó a la provincia a comienzos del siglo XX con fines culinarios. Asencio explicó que muchas veces su desarrollo está vinculado a acciones gubernamentales, al igual que su control.
Así, la falta de intervenciones durante mucho tiempo hizo que algunas especies proliferaran de manera indiscriminada y esto es justamente lo que busca revertirse en la actualidad. Al haberse trasladado de su hábitat no cuentan con predadores naturales, principal causa por la que se vuelven invasoras, y por lo cual en la mayoría de los casos es el hombre el que debe encargarse de limitar su reproducción.
Aunque por el clima no cualquiera subsiste, “las que sobreviven son muy plásticas y se reproducen a tasas muy altas”, detalló Campos. En esto coincidió el director de Recursos Naturales, Daniel Gómez, para quien “si se adaptan son más fuertes y voraces que las locales”.
Los especialistas son conscientes de que no hay chances de erradicarlas, pero sí se apunta al control. “En el mundo hay muy pocos ejemplos de erradicaciones exitosas, por eso es importante tomar acciones en la primera etapa de la instalación aunque muchas veces las medidas que se toman suelen provocar más daño”, dijo la bióloga Campos.
Por eso se hace hincapié en la necesidad de educar a la gente para que tome conciencia respecto de las mascotas exóticas y cómo se debe actuar ante determinadas circunstancias para evitar el traslado. Por ejemplo, la limpieza de implementos de pesca cuando se viaja a ciertos lugares como Canadá o la Patagonia, de donde puede traerse un alga muy invasiva que destruye la fauna y flora acuáticas.
Campos mencionó además que si bien hay especies que no representan un riesgo, las que no son autóctonas igual producen alguna perturbación.
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Fecha de Publicación: 13/12/2012
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Mendoza
Provienen de otros hábitats y su proliferación afecta el ambiente. Si bien el fenómeno tiene varios siglos, creció con la globalización y el desarrollo de los transportes. Que alguien viaje a algún lugar lejano y decida traer como souvenir alguna mascota exótica no es algo extraño, pero puede tener consecuencias sobre el ambiente en el que se inserta. Lo mismo puede ocurrir con insectos y plantas y no necesariamente de manera intencional.
A nivel científico este fenómeno se denomina especies exóticas invasoras (EEI) que, al reproducirse de manera indiscriminada, perjudican la biodiversidad, los recursos naturales, las actividades económicas, el turismo y la salud pública, todas ellas relacionadas con la calidad de vida de las personas.
La trucha, la carpa, ratas, palomas y hasta la rosa mosqueta, están señalados con el dedo en la provincia por representar un riesgo que debe ser controlado. “Desde hace unos diez años esto es un tema de debate a nivel internacional y en nuestro país está empezando a tratarse”, dijo la doctora en Ciencias Biológicas e investigadora del Cricyt, Claudia Campos, quien participó de un taller sobre el tema que se realizó en la provincia (ver aparte). Organizado por la secretaría de Ambiente de la Nación, apuntó a un abordaje regional para la formulación de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras.
Control, no erradicación
Se denomina especies exóticas invasoras a aquellas plantas, animales o microorganismos que, habiendo sido trasladados más allá de sus límites naturales de distribución, son capaces de establecerse y avanzar de manera espontánea en los nuevos ambientes donde son introducidos, causando allí impactos severos.
La presencia de especies de otros lugares está directamente vinculada a la comunicación y el transporte. Por ejemplo, las ratas llegaron en las bodegas de los barcos de los colonizadores, mientras que las liebres europeas eran dejadas por los marinos entre los siglos XIV y XVI para contar con alimento en diferentes lugares en caso de naufragio.
Sin embargo, las EEI se incrementaron de la mano de la globalización, siempre con el hombre como vector. “Actualmente hay mayor aparición de EEI porque es más fácil viajar y los sistemas de transporte y comunicación se han globalizado. Entonces cualquiera viaja a Asia, Europa o América del Norte y lleva y trae especies”, explicó Hugo Asencio, jefe del departamento de Fauna de la Dirección de Recursos Naturales.
Respecto del escenario actual, destacó que “Mendoza es una ruta bioceánica y recibe y envía mercancías a todo el mundo”, pero hay que tener en cuenta que “somos una provincia de colonos que tenían una visión productivista diferente a la de los pueblos originarios y que, en determinado contexto, ciertos sectores de la sociedad introdujeron especies pero luego no se hacía un manejo de ellas”. Tal es el caso de la trucha, que ingresó a la provincia a comienzos del siglo XX con fines culinarios. Asencio explicó que muchas veces su desarrollo está vinculado a acciones gubernamentales, al igual que su control.
Así, la falta de intervenciones durante mucho tiempo hizo que algunas especies proliferaran de manera indiscriminada y esto es justamente lo que busca revertirse en la actualidad. Al haberse trasladado de su hábitat no cuentan con predadores naturales, principal causa por la que se vuelven invasoras, y por lo cual en la mayoría de los casos es el hombre el que debe encargarse de limitar su reproducción.
Aunque por el clima no cualquiera subsiste, “las que sobreviven son muy plásticas y se reproducen a tasas muy altas”, detalló Campos. En esto coincidió el director de Recursos Naturales, Daniel Gómez, para quien “si se adaptan son más fuertes y voraces que las locales”.
Los especialistas son conscientes de que no hay chances de erradicarlas, pero sí se apunta al control. “En el mundo hay muy pocos ejemplos de erradicaciones exitosas, por eso es importante tomar acciones en la primera etapa de la instalación aunque muchas veces las medidas que se toman suelen provocar más daño”, dijo la bióloga Campos.
Por eso se hace hincapié en la necesidad de educar a la gente para que tome conciencia respecto de las mascotas exóticas y cómo se debe actuar ante determinadas circunstancias para evitar el traslado. Por ejemplo, la limpieza de implementos de pesca cuando se viaja a ciertos lugares como Canadá o la Patagonia, de donde puede traerse un alga muy invasiva que destruye la fauna y flora acuáticas.
Campos mencionó además que si bien hay especies que no representan un riesgo, las que no son autóctonas igual producen alguna perturbación.
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Entre Ríos: ley de agroquímicos sigue discutiéndose
Ecologistas, empresas y funcionarios opinaron sobre la ley de agroquímicos
Fecha de Publicación: 13/12/2012
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos
En la Comisión de Producción del Senado expusieron sus puntos de vista repersentantes del Foro Ecologista de Paraná, empresas agroaéreas y funcionarios de Producción.
En el marco de una reunión de la Comisión de Producción, que preside el representante de Colón Oscar Arlettaz, los legisladores que conforman este espacio recibieron la opinión de representantes del Foro Ecologista de Paraná, de la Cámara de Empresas Agro Aéreas y de funcionarios del ministerio de la producción sobre el proyecto de ley para regular el uso de agroquímicos. Los legisladores pidieron que las propuestas se hagan por escrito.
“El manejo y aplicación de agroquímicos es un tema central de nuestra agenda”, explicó Arlettaz y señaló que “el Senado mantiene y profundiza su concepto de oír a los interesados en brindar un punto de vista sobre los temas que tratamos”.
Después del encuentro, al que calificó que “intenso y enriquecedor”, comentó que le pidió a los participantes que acerquen por escrito sus posturas, tomando como base el proyecto que se encuentra en comisión.
Agregó que seguramente hará lo propio el conjunto de profesionales y asociaciones que trabajó en la sede del Colegio de Profesionales de la Agronomía y reiteró que “más allá de las posturas, hay que destacar el interés de los productores entrerrianos en contar con una norma moderna sobre regulación de agroquímicos y de los sectores de la comunidad organizada a través de asociaciones”.
“Cuando nos vayan entregando la documental la vamos a analizar con los asesores”, dijo, y reveló que “entre los senadores hemos observado la posibilidad de que una vez consensuado por nosotros un texto, lo volveremos a poner a consideración”.
“No es fácil encontrar un marco regulatorio que conforme a todos los interesados, pero habrá un trabajo a conciencia, recibiendo aportes como lo hacemos siempre, y de puertas abiertas para oír la mayor cantidad de opiniones posible”, reflexionó.
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Fecha de Publicación: 13/12/2012
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos
En la Comisión de Producción del Senado expusieron sus puntos de vista repersentantes del Foro Ecologista de Paraná, empresas agroaéreas y funcionarios de Producción.
En el marco de una reunión de la Comisión de Producción, que preside el representante de Colón Oscar Arlettaz, los legisladores que conforman este espacio recibieron la opinión de representantes del Foro Ecologista de Paraná, de la Cámara de Empresas Agro Aéreas y de funcionarios del ministerio de la producción sobre el proyecto de ley para regular el uso de agroquímicos. Los legisladores pidieron que las propuestas se hagan por escrito.
“El manejo y aplicación de agroquímicos es un tema central de nuestra agenda”, explicó Arlettaz y señaló que “el Senado mantiene y profundiza su concepto de oír a los interesados en brindar un punto de vista sobre los temas que tratamos”.
Después del encuentro, al que calificó que “intenso y enriquecedor”, comentó que le pidió a los participantes que acerquen por escrito sus posturas, tomando como base el proyecto que se encuentra en comisión.
Agregó que seguramente hará lo propio el conjunto de profesionales y asociaciones que trabajó en la sede del Colegio de Profesionales de la Agronomía y reiteró que “más allá de las posturas, hay que destacar el interés de los productores entrerrianos en contar con una norma moderna sobre regulación de agroquímicos y de los sectores de la comunidad organizada a través de asociaciones”.
“Cuando nos vayan entregando la documental la vamos a analizar con los asesores”, dijo, y reveló que “entre los senadores hemos observado la posibilidad de que una vez consensuado por nosotros un texto, lo volveremos a poner a consideración”.
“No es fácil encontrar un marco regulatorio que conforme a todos los interesados, pero habrá un trabajo a conciencia, recibiendo aportes como lo hacemos siempre, y de puertas abiertas para oír la mayor cantidad de opiniones posible”, reflexionó.
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Pileta ilegal de vinaza de 5 km de largo
Detectan una pileta ilegal de vinaza de 5 km de largo, en el límite con Santiago
Fecha de Publicación: 12/12/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Por este motivo, el profesional tucumano Oscar Sarrulle denunció en la Justicia Federal la existencia de un gran riesgo ambiental por los residuos generados por el ingenio La Florida.
La pequeña localidad santiagueña El Palomar, en el departamento Jiménez, se ve nuevamente amenazada por la vinaza que genera el ingenio La Florida, de Tucumán, quien hace aproximadamente un mes, arrojó más de 80 millones de litros de desecho puro a la población a través del canal interprovincial del Este. Según reveló el abogado Oscar Sarrulle en diálogo exclusivo con EL LIBERAL, la firma que señaló pertenece a Jorge Rocchia Ferro y a su esposa Catalina Lonac, construyó dos reservorios clandestinos de vinaza de 5 kilómetros de largo, por 45 metros de ancho y 4,5 metros de profundidad, y que uno de ellos está repleto del desecho que se genera en la elaboración de bioetanol o alcohol de la melaza de caña de azúcar, muy cerca del acueducto.
“Santiago del Estero y la población de El Palomar se encuentran en riesgo”, indicó el letrado quien la semana pasada radicó una denuncia contra La Florida, al señalar que violó una disposición judicial del citado Juzgado Federal, que le impedía utilizar como reservorio los canales públicos de la vecina provincia.
Sarrulle hizo la presentación al tomar conocimiento del vuelco que se produjo el mes pasado en Tucumán y que llegó hasta la localidad santiagueña del departamento Jiménez. El abogado explicó que La Florida violó una sentencia dictada en 2011 en un recurso de amparo ambiental iniciado por Ramón Ricardo Rojas y otros 200 pobladores de la localidad de El Palomar, a quienes Sarrulle representó. Recordó que el entonces titular del Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán, Mario Racedo, prohibió arrojar vinaza en los canales de dominio público.
En tal sentido dijo que el Dr. Poviña debería pronunciarse rápidamente, en un trámite sumarísimo, y aplicar una multa que guarde relación con la magnitud del daño y con el beneficio que la planta industrial obtuvo al evitar el costo de tratar el residuo industrial. En tal sentido, haciendo cálculos de los 80 millones de litros de vinaza, y que a razón de que por cada litro de bioetanol se obtienen 13 litros de vinaza, Sarrulle expuso que la fábrica produjo 6.153.846 litros de biocombustible y que se paga $ 5 por litro. Por lo tanto, entiende que una multa debería superar los $ 30 millones, que resulta de multiplicar la cantidad de biocombustible por 5, el valor del litro de bioetanol.
“Esa es la clave de la bóveda, la producción de biocombustible es un negocio multimillonario, produce una renta extraordinaria al externalizar las industrias azucareras el costo de tratar la vinaza y trasladárselo a los pobres de Santiago del Estero”, cuestionó.
Al preguntársele si esos responsables tienen nombre y apellido, disparó: “En este caso, sí, Jorge Rocchia Ferro y Catalina Lonac, son los dueños, más allá de que le pongan nombre de fantasía como grupo Los Balcanes a la propietaria de la firma”.
Como se recordará, Santiago del Estero a través del fiscal de Estado, Raúl Abate; y el defensor del Pueblo, Martín Díaz Achával, radicaron una denuncia en el Juzgado Federal de Santiago del Estero, por el vuelco de vinaza de La Florida.
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Fecha de Publicación: 12/12/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Por este motivo, el profesional tucumano Oscar Sarrulle denunció en la Justicia Federal la existencia de un gran riesgo ambiental por los residuos generados por el ingenio La Florida.La pequeña localidad santiagueña El Palomar, en el departamento Jiménez, se ve nuevamente amenazada por la vinaza que genera el ingenio La Florida, de Tucumán, quien hace aproximadamente un mes, arrojó más de 80 millones de litros de desecho puro a la población a través del canal interprovincial del Este. Según reveló el abogado Oscar Sarrulle en diálogo exclusivo con EL LIBERAL, la firma que señaló pertenece a Jorge Rocchia Ferro y a su esposa Catalina Lonac, construyó dos reservorios clandestinos de vinaza de 5 kilómetros de largo, por 45 metros de ancho y 4,5 metros de profundidad, y que uno de ellos está repleto del desecho que se genera en la elaboración de bioetanol o alcohol de la melaza de caña de azúcar, muy cerca del acueducto.
“Santiago del Estero y la población de El Palomar se encuentran en riesgo”, indicó el letrado quien la semana pasada radicó una denuncia contra La Florida, al señalar que violó una disposición judicial del citado Juzgado Federal, que le impedía utilizar como reservorio los canales públicos de la vecina provincia.
Sarrulle hizo la presentación al tomar conocimiento del vuelco que se produjo el mes pasado en Tucumán y que llegó hasta la localidad santiagueña del departamento Jiménez. El abogado explicó que La Florida violó una sentencia dictada en 2011 en un recurso de amparo ambiental iniciado por Ramón Ricardo Rojas y otros 200 pobladores de la localidad de El Palomar, a quienes Sarrulle representó. Recordó que el entonces titular del Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán, Mario Racedo, prohibió arrojar vinaza en los canales de dominio público.
En tal sentido dijo que el Dr. Poviña debería pronunciarse rápidamente, en un trámite sumarísimo, y aplicar una multa que guarde relación con la magnitud del daño y con el beneficio que la planta industrial obtuvo al evitar el costo de tratar el residuo industrial. En tal sentido, haciendo cálculos de los 80 millones de litros de vinaza, y que a razón de que por cada litro de bioetanol se obtienen 13 litros de vinaza, Sarrulle expuso que la fábrica produjo 6.153.846 litros de biocombustible y que se paga $ 5 por litro. Por lo tanto, entiende que una multa debería superar los $ 30 millones, que resulta de multiplicar la cantidad de biocombustible por 5, el valor del litro de bioetanol.
“Esa es la clave de la bóveda, la producción de biocombustible es un negocio multimillonario, produce una renta extraordinaria al externalizar las industrias azucareras el costo de tratar la vinaza y trasladárselo a los pobres de Santiago del Estero”, cuestionó.
Al preguntársele si esos responsables tienen nombre y apellido, disparó: “En este caso, sí, Jorge Rocchia Ferro y Catalina Lonac, son los dueños, más allá de que le pongan nombre de fantasía como grupo Los Balcanes a la propietaria de la firma”.
Como se recordará, Santiago del Estero a través del fiscal de Estado, Raúl Abate; y el defensor del Pueblo, Martín Díaz Achával, radicaron una denuncia en el Juzgado Federal de Santiago del Estero, por el vuelco de vinaza de La Florida.
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Peritarán a Atanor por posible contaminación
El lunes comienzan los peritajes en Atanor por posible contaminación: buscarán detectar si es cierto que se enterraban residuos
Fecha de Publicación: 12/12/2012
Fuente: Diario El Norte
Provincia/Región: Buenos Aires
En el marco de una causa judicial que tiene por objeto determinar si existen o no desechos químicos contaminantes enterrados en el predio en que opera la planta química de Atanor en la zona sur de nuestra ciudad, a partir de este lunes comenzarán a desarrollarse peritajes ordenados por la Procuradora General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falbo, y coordinados localmente desde la Unidad Funcional de Instrucción Nº6 (UFI 6) del Departamento Judicial de San Nicolás, a cargo del Dr. Darío Giagnorio.
El dato fue revelado desde la ong local «Protección Ambiental del Río Paraná, Control de la Contaminación y Restauración del Hábitat», que tiene como presidente a Walter Ibarra, ex trabajador de Atanor y testigo que declaró en el marco de la causa.
Desde la UFI 6 todavía no brindaron mayores precisiones al respecto, pero sí adelantaron que en la tarde del jueves o la mañana del viernes emitirán un comunicado de prensa a los medios locales informando cómo se instrumentará el operativo.
Los datos en cuanto a la metodología de los peritajes no serán de menor importancia, dado que es una cuestión en que Ibarra como la propia Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires tienen puesta su expectativa.
En concreto, Ibarra comentó a EL NORTE su intención de ser citado -junto con el resto de los testigos- a participar de las pericias “para indicar el lugar exacto donde están enterrados los productos”. Otro punto que el presidente de «Protección Ambiental del Río Paraná» entiende que es de importancia decisiva, tiene que ver con el método empleado para la constatación de eventuales desechos bajo la superficie del suelo.
“Hay que perforar”
“Luego de enterrar desechos contaminantes se hizo una especie de bóveda de hormigón. Por ese motivo, si en vez de perforar el suelo se emplean artefactos detectores, el resultado será negativo, porque dado el grosor de la capa de hormigón los artefactos no llegarán a detectar los materiales contaminantes”, explicó Ibarra.
Incluso refirió que el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Dr. Carlos Bonicatto, comparte estos criterios y estará este jueves en San Nicolás para participar -a las 12:30- de una reunión con el fiscal, a la que incluso sería convocado el intendente municipal Ismael Passaglia.
“Utilizando su poder, la empresa está tratando de digitar el allanamiento y pericias dispuestos por la Justicia en el marco de la investigación de la contaminación de los suelos, imponiendo pautas de manera de encubrir y retardar la aparición de la verdad. Nosotros [los testigos] deseamos señalar personalmente y en el lugar, el sitio donde se encuentra cada una de las fuentes de contaminación”, expresó la ong a través de un comunicado difundido ayer.
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Fecha de Publicación: 12/12/2012
Fuente: Diario El Norte
Provincia/Región: Buenos Aires
En el marco de una causa judicial que tiene por objeto determinar si existen o no desechos químicos contaminantes enterrados en el predio en que opera la planta química de Atanor en la zona sur de nuestra ciudad, a partir de este lunes comenzarán a desarrollarse peritajes ordenados por la Procuradora General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falbo, y coordinados localmente desde la Unidad Funcional de Instrucción Nº6 (UFI 6) del Departamento Judicial de San Nicolás, a cargo del Dr. Darío Giagnorio.El dato fue revelado desde la ong local «Protección Ambiental del Río Paraná, Control de la Contaminación y Restauración del Hábitat», que tiene como presidente a Walter Ibarra, ex trabajador de Atanor y testigo que declaró en el marco de la causa.
Desde la UFI 6 todavía no brindaron mayores precisiones al respecto, pero sí adelantaron que en la tarde del jueves o la mañana del viernes emitirán un comunicado de prensa a los medios locales informando cómo se instrumentará el operativo.
Los datos en cuanto a la metodología de los peritajes no serán de menor importancia, dado que es una cuestión en que Ibarra como la propia Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires tienen puesta su expectativa.
En concreto, Ibarra comentó a EL NORTE su intención de ser citado -junto con el resto de los testigos- a participar de las pericias “para indicar el lugar exacto donde están enterrados los productos”. Otro punto que el presidente de «Protección Ambiental del Río Paraná» entiende que es de importancia decisiva, tiene que ver con el método empleado para la constatación de eventuales desechos bajo la superficie del suelo.
“Hay que perforar”
“Luego de enterrar desechos contaminantes se hizo una especie de bóveda de hormigón. Por ese motivo, si en vez de perforar el suelo se emplean artefactos detectores, el resultado será negativo, porque dado el grosor de la capa de hormigón los artefactos no llegarán a detectar los materiales contaminantes”, explicó Ibarra.
Incluso refirió que el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Dr. Carlos Bonicatto, comparte estos criterios y estará este jueves en San Nicolás para participar -a las 12:30- de una reunión con el fiscal, a la que incluso sería convocado el intendente municipal Ismael Passaglia.
“Utilizando su poder, la empresa está tratando de digitar el allanamiento y pericias dispuestos por la Justicia en el marco de la investigación de la contaminación de los suelos, imponiendo pautas de manera de encubrir y retardar la aparición de la verdad. Nosotros [los testigos] deseamos señalar personalmente y en el lugar, el sitio donde se encuentra cada una de las fuentes de contaminación”, expresó la ong a través de un comunicado difundido ayer.
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Siguen los asesinatos al pueblo Qom
Más asesinatos en la comunidad Qom de Formosa
Fecha de Publicación: 12/12/2012
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Formosa
Mientras este domingo en Plaza de Mayo se festejaba la democracia y los derechos humanos, en la comunidad qom de Misión Tacaaglé de Formosa, las fuerzas de seguridad se llevaron otra vida. Ricardo Coyipé, su señora Celestina Jara y su nieta de ocho meses fueron atropellados por el gendarme Cardozo.
Celestina falleció durante la tarde, el esposo está muy herido y la beba muy grave. Félix Díaz dijo que "Cardozo después de atropellarlos se bajó del auto y en vez de auxiliarlos pateó al hermano".
Ricardo Coyipé y su esposa Celestina Jara, de la comunidad qom Misión Tacaaglé, en horas del mediodía del domingo circulaban en moto por la ruta cuando el gendarme Cardozo los atropelló con su auto. El matrimonio iba con su nieta de ocho meses. La señora falleció durante la tarde, Ricardo está "muy herido" pero "teme ir al hospital" y la beba "fue trasladada a Formosa Capital, en estado muy grave", según informó Clorinda Noticias.
El juez Gabriel Garzón, el mismo que acudió durante la represión a los qom el 23 de noviembre de 2010, se presentó en el lugar y caratuló la causa de "Homicidio Culposo".
Ricardo Coyipé había participado de la protesta en la ruta 86, el 23 de noviembre de 2010 y quedó con muchas secuelas por las heridas recibidas durante la brutal represión, cuando reclamaban el territorio ancestral que les quitaron.
Félix Díaz, de la comunidad qom, habló con Ricardo Romano de la fuente citada y dijo que "el gendarme Cardozo es de la zona" y "conoce a Coyipé". También agregó que "fue un acto totalmente intencional, fue intento de homicidio porque Cardozo después de atropellarlos se bajó del auto y en vez de auxiliarlos pateó al hermano. Siento mucho dolor porque nos tratan de esta forma, mucha impotencia, mucha injusticia, porque en vez de ser escuchados nos tratan de esta manera, tratan de matarnos y nos discriminan. En el reclamo territorial hay muchos intereses creados entonces nos presionan de esta manera, hasta matándonos, para que abandonemos la lucha, pero nunca dejaremos esta lucha porque la sangre que se derrama es muy valiosa y ya nunca se podrá retroceder. Porque la vida no tiene precio, porque es igual que la tierra y la tierra es la vida misma para nosotros", finalizó.
Una vez más, en la provincia de Formosa se demuestra que los derechos humanos no son para los aborígenes.
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Fecha de Publicación: 12/12/2012
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Formosa
Mientras este domingo en Plaza de Mayo se festejaba la democracia y los derechos humanos, en la comunidad qom de Misión Tacaaglé de Formosa, las fuerzas de seguridad se llevaron otra vida. Ricardo Coyipé, su señora Celestina Jara y su nieta de ocho meses fueron atropellados por el gendarme Cardozo.Celestina falleció durante la tarde, el esposo está muy herido y la beba muy grave. Félix Díaz dijo que "Cardozo después de atropellarlos se bajó del auto y en vez de auxiliarlos pateó al hermano".
Ricardo Coyipé y su esposa Celestina Jara, de la comunidad qom Misión Tacaaglé, en horas del mediodía del domingo circulaban en moto por la ruta cuando el gendarme Cardozo los atropelló con su auto. El matrimonio iba con su nieta de ocho meses. La señora falleció durante la tarde, Ricardo está "muy herido" pero "teme ir al hospital" y la beba "fue trasladada a Formosa Capital, en estado muy grave", según informó Clorinda Noticias.
El juez Gabriel Garzón, el mismo que acudió durante la represión a los qom el 23 de noviembre de 2010, se presentó en el lugar y caratuló la causa de "Homicidio Culposo".
Ricardo Coyipé había participado de la protesta en la ruta 86, el 23 de noviembre de 2010 y quedó con muchas secuelas por las heridas recibidas durante la brutal represión, cuando reclamaban el territorio ancestral que les quitaron.
Félix Díaz, de la comunidad qom, habló con Ricardo Romano de la fuente citada y dijo que "el gendarme Cardozo es de la zona" y "conoce a Coyipé". También agregó que "fue un acto totalmente intencional, fue intento de homicidio porque Cardozo después de atropellarlos se bajó del auto y en vez de auxiliarlos pateó al hermano. Siento mucho dolor porque nos tratan de esta forma, mucha impotencia, mucha injusticia, porque en vez de ser escuchados nos tratan de esta manera, tratan de matarnos y nos discriminan. En el reclamo territorial hay muchos intereses creados entonces nos presionan de esta manera, hasta matándonos, para que abandonemos la lucha, pero nunca dejaremos esta lucha porque la sangre que se derrama es muy valiosa y ya nunca se podrá retroceder. Porque la vida no tiene precio, porque es igual que la tierra y la tierra es la vida misma para nosotros", finalizó.
Una vez más, en la provincia de Formosa se demuestra que los derechos humanos no son para los aborígenes.
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Macri dice que trabajará para reducir la basura
Aprobarán el plan de Macri para reducir basura
Fecha de Publicación: 11/12/2012
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Capital Federal
La Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) aprobará hoy la propuesta que formalizó la semana pasada el gobierno de Mauricio Macri para reducir hasta en un 78% el envío de basura al relleno Norte III de José León Suárez.
El organismo, que integran por partes iguales el gobierno porteño y el bonaerense, se reunirá este mediodía en asamblea extraordinaria para darle fuerza de acta acuerdo al plan diseñado por Mauricio Macri y que fue aceptado por Daniel Scioli. Participarán del encuentro el jefe de Gabinete bonaerense, Alberto Pérez; el ministro de Espacios Públicos, Diego Santilli: y el titular del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Hugo Bilbao.
El acta servirá de herramienta legal para controlar el ingreso de basura porteña al territorio provincial y fiscalizar que la Ciudad cumpla con su compromiso. El martes pasado, luego del ultimátum de Scioli, Macri presentó un plan para achicar las toneladas de residuos hasta en un 78% en el plazo de un año y medio, a través de un esquema escalonado que arrancará en enero con una baja del 10 por ciento. Hoy, la Ciudad entierra 6000 toneladas diarias en el relleno de San Martín, es decir que a partir del primer mes de 2013, deberá enviar 600 toneladas menos. En marzo, deberá bajar un 30% más y en junio de 2014 deberá cumplir la meta del 78 por ciento.
¿Qué ocurrirá si el gobierno porteño no cumple? El gobierno de Scioli ya advirtió que devolverá la basura que exceda la pauta fijada. "El acta de la asamblea extraordinaria indicará que el kilo de basura que exceda el compromiso asumido por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, será devuelto, es decir, no aceptado en Ceamse", sostuvo el titular del OPDS, Hugo Bilbao, y advirtió que el acta "es una ley, es una regla, determina y obliga a determinadas condiciones".
A principios de diciembre, Scioli intimó a Macri mediante una dura carta a cumplir con la Ley de Basura Cero, bajo amenaza de prohibir el ingreso de residuos sólidos al territorio bonaerense. El gobierno provincial trabaja, por su parte, para que los municipios del Conurbano también reduzcan las toneladas que envían al Norte III.«
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Fecha de Publicación: 11/12/2012
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Capital Federal
La Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) aprobará hoy la propuesta que formalizó la semana pasada el gobierno de Mauricio Macri para reducir hasta en un 78% el envío de basura al relleno Norte III de José León Suárez.El organismo, que integran por partes iguales el gobierno porteño y el bonaerense, se reunirá este mediodía en asamblea extraordinaria para darle fuerza de acta acuerdo al plan diseñado por Mauricio Macri y que fue aceptado por Daniel Scioli. Participarán del encuentro el jefe de Gabinete bonaerense, Alberto Pérez; el ministro de Espacios Públicos, Diego Santilli: y el titular del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Hugo Bilbao.
El acta servirá de herramienta legal para controlar el ingreso de basura porteña al territorio provincial y fiscalizar que la Ciudad cumpla con su compromiso. El martes pasado, luego del ultimátum de Scioli, Macri presentó un plan para achicar las toneladas de residuos hasta en un 78% en el plazo de un año y medio, a través de un esquema escalonado que arrancará en enero con una baja del 10 por ciento. Hoy, la Ciudad entierra 6000 toneladas diarias en el relleno de San Martín, es decir que a partir del primer mes de 2013, deberá enviar 600 toneladas menos. En marzo, deberá bajar un 30% más y en junio de 2014 deberá cumplir la meta del 78 por ciento.
¿Qué ocurrirá si el gobierno porteño no cumple? El gobierno de Scioli ya advirtió que devolverá la basura que exceda la pauta fijada. "El acta de la asamblea extraordinaria indicará que el kilo de basura que exceda el compromiso asumido por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, será devuelto, es decir, no aceptado en Ceamse", sostuvo el titular del OPDS, Hugo Bilbao, y advirtió que el acta "es una ley, es una regla, determina y obliga a determinadas condiciones".
A principios de diciembre, Scioli intimó a Macri mediante una dura carta a cumplir con la Ley de Basura Cero, bajo amenaza de prohibir el ingreso de residuos sólidos al territorio bonaerense. El gobierno provincial trabaja, por su parte, para que los municipios del Conurbano también reduzcan las toneladas que envían al Norte III.«
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Las tormentas fuertes serán más frecuentes
Pronostican para el verano tormentas fuertes cada 4 días
Fecha de Publicación: 11/12/2012
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Capital Federal
Según los meteorólogos que trabajan para la Ciudad serán intensas y se darán en enero y febrero. Explicaron que se las llama “lluvias de recurrencia”, un fenómeno que no sucede desde 1963.
En 30 días la Ciudad padeció tres intensas tormentas que colapsaron calles y avenidas, dejaron miles de semáforos a oscuras, vecinos sin luz durante muchas horas, comerciantes en ruinas, autos flotando y el transporte público sin servicio; las vías de los trenes tapadas por el agua y cataratas ingresando a los subterráneos. Y en el Gran Buenos Aires el último temporal del jueves 6 fue peor, porque terminó en tragedia.
Tres hombres murieron : uno electrocutado en San Pedro y otros dos vecinos (uno de José León Suárez y el otro de Los Polvorines) fueron arrastrados por las aguas de un zanjón y un arroyo en medio de la lluvia.
La de ayer –cayeron 44 milímetros de agua en un lapso de algo más de dos horas– fue la más leve de las tres tormentas. Y aunque hubo barrios en los que también cayó granizo, al menos no hubo inundaciones importantes (ver Lluvia, viento ...).
Fue casi un anticipo de lo que vendrá. Según los meteorólogos que trabajan para el Gobierno porteño, durante el verano habría una tormenta cada cuatro días . Y pronostican que serán muy intensas.
Lo había dicho Mauricio Macri el jueves pasado cuando los comerciantes de la zona de Belgrano, afectados por el lento escurrimiento del arroyo Vega, todavía estaban sacando el agua del interior de sus locales: “Entre enero y febrero vamos a tener ocho tormentas cada mes ”, dijo Mauricio Macri.
Desde hace un tiempo el Ministerio de Ambiente y Espacio Público cuenta con un grupo de meteorólogos trabajando junto a la Dirección General de Sistema Pluvial. De este equipo surgió el dato que Macri trasladó a la opinión pública.
“El Niño es un fenómeno que se puede predecir con hasta doce meses de anticipación. Sabemos que se relaciona con lluvias más intensas, o por encima de lo normal, dentro de los ciclos previstos como lluviosos, que en nuestro país se dan entre septiembre y abril . Todo el tiempo estamos tratando de entender qué sucede con el clima. Por lo pronto ahora mismo existe una corriente antártica que genera fuertes descargas de agua en nuestra región. Es una cantidad de lluvia inusual que está padeciendo la Ciudad. Se denomina lluvias de recurrencia y el fenómeno no se daba tan claramente desde 1963”, explicó el meteorólogo Carlos Nadále, al frente del equipo. Por eso estimaron entre 6 y 8 tormentas por mes en el trimestre de diciembre, enero y febrero.
“Nuestro promedio histórico –registrado a lo largo de cien años– es de seis tormentas en enero. Lo que no quiere decir que esto suceda. De hecho la tormenta más espectacular de la que hayamos tenido noticias se dio un 31 de mayo de 1985, cuando llovieron 305 milímetros en solo 16 horas”, graficó a Clarín el director del Servicio Meteorológico Nacional, Héctor Ciappesoni. Hace casi 49 años que trabaja allí y recuerda como “la Ciudad quedó partida en dos por la avenida Juan B. Justo” (ver 31/5/1985). “Lo que sucede en los últimos tiempos es que no aumentó la cantidad de lluvia caída a lo largo del año, sino que han aumentado su intensidad . Tenemos que entender que vivimos en una Ciudad cuya red pluvial fue diseñada a principios del siglo pasado y pensada para soportar la caída de 30 milímetros de agua por hora . Es una Ciudad muy plana, con poco desnivel, sin pendiente y el agua no escurre”, sintetizó Ciappesoni.
Por su parte, el ministro del área, Diego Santilli, prometió ayer que en los próximos meses “la Ciudad estará en alerta constante con cuadrillas de limpieza, equipos de desobstrucción de sumideros y de arbolado. Además estarán en la calle los equipos de emergencias y Defensa Civil”. Y exhortó a la gente a cambiar los hábitos: “Ayer, cuando hacía varios días que se había anunciado la tormenta, había bolsas de basura en la calle a las 15”.
La última gran obra hidráulica fue la ampliación del entubamiento del arroyo Maldonado . Así es que al menos los vecinos de Juan B. Justo por fin acabaron con los padecimientos. Ahora todos miran a los de Belgrano, que esperan que arranquen cuanto ante las obras en el arroyo Vega .
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Fecha de Publicación: 11/12/2012
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Capital Federal
Según los meteorólogos que trabajan para la Ciudad serán intensas y se darán en enero y febrero. Explicaron que se las llama “lluvias de recurrencia”, un fenómeno que no sucede desde 1963.
En 30 días la Ciudad padeció tres intensas tormentas que colapsaron calles y avenidas, dejaron miles de semáforos a oscuras, vecinos sin luz durante muchas horas, comerciantes en ruinas, autos flotando y el transporte público sin servicio; las vías de los trenes tapadas por el agua y cataratas ingresando a los subterráneos. Y en el Gran Buenos Aires el último temporal del jueves 6 fue peor, porque terminó en tragedia.
Tres hombres murieron : uno electrocutado en San Pedro y otros dos vecinos (uno de José León Suárez y el otro de Los Polvorines) fueron arrastrados por las aguas de un zanjón y un arroyo en medio de la lluvia.
La de ayer –cayeron 44 milímetros de agua en un lapso de algo más de dos horas– fue la más leve de las tres tormentas. Y aunque hubo barrios en los que también cayó granizo, al menos no hubo inundaciones importantes (ver Lluvia, viento ...).
Fue casi un anticipo de lo que vendrá. Según los meteorólogos que trabajan para el Gobierno porteño, durante el verano habría una tormenta cada cuatro días . Y pronostican que serán muy intensas.
Lo había dicho Mauricio Macri el jueves pasado cuando los comerciantes de la zona de Belgrano, afectados por el lento escurrimiento del arroyo Vega, todavía estaban sacando el agua del interior de sus locales: “Entre enero y febrero vamos a tener ocho tormentas cada mes ”, dijo Mauricio Macri.
Desde hace un tiempo el Ministerio de Ambiente y Espacio Público cuenta con un grupo de meteorólogos trabajando junto a la Dirección General de Sistema Pluvial. De este equipo surgió el dato que Macri trasladó a la opinión pública.
“El Niño es un fenómeno que se puede predecir con hasta doce meses de anticipación. Sabemos que se relaciona con lluvias más intensas, o por encima de lo normal, dentro de los ciclos previstos como lluviosos, que en nuestro país se dan entre septiembre y abril . Todo el tiempo estamos tratando de entender qué sucede con el clima. Por lo pronto ahora mismo existe una corriente antártica que genera fuertes descargas de agua en nuestra región. Es una cantidad de lluvia inusual que está padeciendo la Ciudad. Se denomina lluvias de recurrencia y el fenómeno no se daba tan claramente desde 1963”, explicó el meteorólogo Carlos Nadále, al frente del equipo. Por eso estimaron entre 6 y 8 tormentas por mes en el trimestre de diciembre, enero y febrero.
“Nuestro promedio histórico –registrado a lo largo de cien años– es de seis tormentas en enero. Lo que no quiere decir que esto suceda. De hecho la tormenta más espectacular de la que hayamos tenido noticias se dio un 31 de mayo de 1985, cuando llovieron 305 milímetros en solo 16 horas”, graficó a Clarín el director del Servicio Meteorológico Nacional, Héctor Ciappesoni. Hace casi 49 años que trabaja allí y recuerda como “la Ciudad quedó partida en dos por la avenida Juan B. Justo” (ver 31/5/1985). “Lo que sucede en los últimos tiempos es que no aumentó la cantidad de lluvia caída a lo largo del año, sino que han aumentado su intensidad . Tenemos que entender que vivimos en una Ciudad cuya red pluvial fue diseñada a principios del siglo pasado y pensada para soportar la caída de 30 milímetros de agua por hora . Es una Ciudad muy plana, con poco desnivel, sin pendiente y el agua no escurre”, sintetizó Ciappesoni.
Por su parte, el ministro del área, Diego Santilli, prometió ayer que en los próximos meses “la Ciudad estará en alerta constante con cuadrillas de limpieza, equipos de desobstrucción de sumideros y de arbolado. Además estarán en la calle los equipos de emergencias y Defensa Civil”. Y exhortó a la gente a cambiar los hábitos: “Ayer, cuando hacía varios días que se había anunciado la tormenta, había bolsas de basura en la calle a las 15”.
La última gran obra hidráulica fue la ampliación del entubamiento del arroyo Maldonado . Así es que al menos los vecinos de Juan B. Justo por fin acabaron con los padecimientos. Ahora todos miran a los de Belgrano, que esperan que arranquen cuanto ante las obras en el arroyo Vega .
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Botnia contamina a veces, a veces no... por ahí...
Uruguay reconoce que 'Botnia contamina en casos aislados y en forma alternada'
Fecha de Publicación: 11/12/2012
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Nacional
Para el presidente de la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru), Gastón Silberman, “UPM contamina en casos aislados y en forma alternada”. También admitió que se oponen a que se informe a la población en tiempo real.
El 27 de noviembre se realizó una interpelación en la Comisión de Asuntos Internacionales del parlamento uruguayo, donde asistieron el canciller Luis Almagro; el presidente de la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru), el capitán de navío (R) Gastón Silberman; entre otros funcionarios. Allí, Silberman reconoció que la pastera Botnia (UPM) contamina “en casos aislados y en forma alternada”.
EL ARGENTINO accedió a la versión taquigráfica N° 1405 del 27 de noviembre de 2012 del parlamento uruguayo, donde constan estas declaraciones de forma textual, además de otras que dejan al descubierto la constante negativa uruguaya para que se informe a la población en tiempo real.
Allí, Silberman hace un repaso a los parlamentarios desde la declaración conjunta de los Presidentes en Anchorena hasta el Acuerdo de Olivos y las notas reversales firmadas por los cancilleres donde se da una serie de pautas para proceder al monitoreo de la planta Orión, ex Botnia.
Al responder por qué no se ha podido divulgar los informes de los monitoreos, Silberman reconoció que “ha habido diferencias en la interpretación de distintos elementos que han ido cambiando con el tiempo. Quiero aclarar que cuando se hace un ingreso a la planta de UPM, es a los alrededores, no al funcionamiento dentro de la planta”.
“Las muestras que se toman se dividen en dos partes. Una, va para el Comité Científico y, la otra, para la Dinama. Lo mismo ocurre en el río Gualeguaychú. Es decir que en nuestro país, Dinama realiza los mismos análisis de las mismas muestras. Uruguay tiene los resultados de su propia Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama)”.
“Con respecto a los monitoreos, en las notas reversales estaban establecidos tres planes específicos. El primero se está llevando adelante ahora en UPM y en la desembocadura del río Gualeguaychú; el segundo se hará en cuanto a la calidad de aguas a lo largo de los quinientos kilómetros de aguas comunes jurisdiccionales del río Uruguay, desde Nueva Palmira, Punta Gorda, hasta el Río Cuareim; el tercero será un monitoreo puntual de una y otra ribera de los centros poblados de los establecimientos agropecuarios y de las plantas industriales”, contextualizó y sostuvo que “el primer plan de trabajo es el que ahora se está llevando adelante. El segundo plan está elaborado, pero todavía está a estudio y no está aprobado. El tercero será más distante en el tiempo y todavía no se ha elaborado”.
“La pregunta concreta es la situación actual con respecto a por qué no se ha podido hacer un informe procedente de la Comisión Administradora del Río Uruguay y de su órgano subsidiario, el Comité Científico. Ha habido diferentes causas. La primera fue una diferencia en la temperatura de los efluentes de la planta Orión UPM y en su interpretación.
Admite violación al Tratado y al Digesto del río Uruguay
Silberman reconoció que Botnia presentó “una solicitud de modificación de temperatura de vertido de los efluentes”. Y describió que “luego de efectuados todos los estudios correspondientes por parte de la Dirección de Medio Ambiente (Dinama), se emite la Resolución Nº 370 del 29 de abril de 2011, donde establece que la temperatura máxima de los efluentes podría llegar hasta 37 grados. Quiero aclarar que esto no es para el río Uruguay”, es decir, es una autorización exclusiva para Botnia y no para el resto de las industrias. Luego reconoce que la normativa en Entre Ríos para el caso estricto del río Uruguay “se ajusta a los propios estatutos y el propio Digesto”, algo que Uruguay no ha respetado.
Silberman ahonda y sostiene que “por la Resolución Nº 370, se autoriza a que los efluentes de la planta Orion puedan tener una temperatura de hasta 37 grados. Hasta ahora, la realidad es que la temperatura de los efluentes nunca superó los 32 grados; por lo general ha sido de 31 grados y décimas. ¿Qué ocurrió? Ese cambio fue notificado por la delegación uruguaya a la delegación argentina, para que a su vez lo trasladara a su Cancillería, a su Estado, pero ésta no accedió”, es decir, Argentina rechazó esa autorización.
“Lógicamente, como la CARU es un organismo binacional, para que como tal se pueda expedir, debe tener la aprobación de las dos delegaciones. En este caso, la delegación argentina no aceptó la modificación introducida. Por lo tanto, no se le pudo dar al Comité Científico el cambio de temperatura admitido”, reconoció.
“Ese fue el elemento que durante muchos meses no permitió que la Caru pudiera sacar sus conclusiones de las muestras remitidas a laboratorios canadienses -cuyos resultados los recibe la Caru, las delegaciones y los presidentes de las delegaciones. No se pudieron difundir los resultados ni llegar a una conclusión porque, según el Comité Científico, para los delegados argentinos la temperatura de los efluentes era de 30 grados y para los delegados uruguayos, la temperatura máxima de los mismos era de 37 grados”. Es oportuno recordar que para el Digesto del Río Uruguay (que es una normativa Caru), la temperatura del agua que se introduzca al río no puede ser superior a la ambiente. Y esto es grave: porque introducir temperatura al río es introducir energía y eso es –manual básico- contaminar.
“Contamina, pero de vez en cuando”
Acto seguido, Silberman reconoció que “existe la convicción de que no hay contaminación que supere los parámetros establecidos, aunque de vez en cuando, algún parámetro es sobrepasado”.
“Uno de los últimos planteos argentinos fue hacer de público conocimiento los resultados de la planta Orion, de UPM. Argentina planteaba publicar, por un lado, los resultados de UPM y, además, que los resultados fueran publicados en pantallas públicas, en las plazas o en lugares de mucha concurrencia, tanto en Gualeguaychú como en Fray Bentos”.
“También pretendía introducir -lo cual no estaba previsto en las Notas Reversales ni en los protocolos- algo que se hace científicamente, pero no para la gente común: exhibir cálculos másicos. Por ejemplo, planteaban que hay un parámetro que se excedió: fósforo, nitrógeno. Este es un excedente similar a los efluentes de una ciudad de 238 mil habitantes”, admitió Silberman la intensidad de la contaminación de Botnia. Al respecto es oportuno recordar que Gualeguaychú tardó 200 años en tener aproximadamente 90 mil habitantes y de un solo acto se instala una planta como la de Botnia que contamina al nivel de una ciudad de casi 240 mil habitantes, es decir, Botnia representa poco más que dos Gualeguaychú y medias.
Por eso Silberman les aclaró a los parlamentarios que esa propuesta “no fue aceptada por Uruguay”. Y sostuvo esa negativa porque “más allá de lo que estaba establecido en las Notas Reversales (de los cancilleres) y en los protocolos (científicos), había una intención de influir psicológicamente en la población. Si bien en el ámbito científico son elementos que se tienen en cuenta y se intercambian”.
“Podemos aseverar que no hay contaminación con mayúsculas por encima de los parámetros, salvo en casos aislados y en forma alternada”, reiteró el presidente de la delegación uruguaya ante la Caru.
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Fecha de Publicación: 11/12/2012
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Nacional
Para el presidente de la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru), Gastón Silberman, “UPM contamina en casos aislados y en forma alternada”. También admitió que se oponen a que se informe a la población en tiempo real. El 27 de noviembre se realizó una interpelación en la Comisión de Asuntos Internacionales del parlamento uruguayo, donde asistieron el canciller Luis Almagro; el presidente de la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru), el capitán de navío (R) Gastón Silberman; entre otros funcionarios. Allí, Silberman reconoció que la pastera Botnia (UPM) contamina “en casos aislados y en forma alternada”.
EL ARGENTINO accedió a la versión taquigráfica N° 1405 del 27 de noviembre de 2012 del parlamento uruguayo, donde constan estas declaraciones de forma textual, además de otras que dejan al descubierto la constante negativa uruguaya para que se informe a la población en tiempo real.
Allí, Silberman hace un repaso a los parlamentarios desde la declaración conjunta de los Presidentes en Anchorena hasta el Acuerdo de Olivos y las notas reversales firmadas por los cancilleres donde se da una serie de pautas para proceder al monitoreo de la planta Orión, ex Botnia.
Al responder por qué no se ha podido divulgar los informes de los monitoreos, Silberman reconoció que “ha habido diferencias en la interpretación de distintos elementos que han ido cambiando con el tiempo. Quiero aclarar que cuando se hace un ingreso a la planta de UPM, es a los alrededores, no al funcionamiento dentro de la planta”.
“Las muestras que se toman se dividen en dos partes. Una, va para el Comité Científico y, la otra, para la Dinama. Lo mismo ocurre en el río Gualeguaychú. Es decir que en nuestro país, Dinama realiza los mismos análisis de las mismas muestras. Uruguay tiene los resultados de su propia Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama)”.
“Con respecto a los monitoreos, en las notas reversales estaban establecidos tres planes específicos. El primero se está llevando adelante ahora en UPM y en la desembocadura del río Gualeguaychú; el segundo se hará en cuanto a la calidad de aguas a lo largo de los quinientos kilómetros de aguas comunes jurisdiccionales del río Uruguay, desde Nueva Palmira, Punta Gorda, hasta el Río Cuareim; el tercero será un monitoreo puntual de una y otra ribera de los centros poblados de los establecimientos agropecuarios y de las plantas industriales”, contextualizó y sostuvo que “el primer plan de trabajo es el que ahora se está llevando adelante. El segundo plan está elaborado, pero todavía está a estudio y no está aprobado. El tercero será más distante en el tiempo y todavía no se ha elaborado”.
“La pregunta concreta es la situación actual con respecto a por qué no se ha podido hacer un informe procedente de la Comisión Administradora del Río Uruguay y de su órgano subsidiario, el Comité Científico. Ha habido diferentes causas. La primera fue una diferencia en la temperatura de los efluentes de la planta Orión UPM y en su interpretación.
Admite violación al Tratado y al Digesto del río Uruguay
Silberman reconoció que Botnia presentó “una solicitud de modificación de temperatura de vertido de los efluentes”. Y describió que “luego de efectuados todos los estudios correspondientes por parte de la Dirección de Medio Ambiente (Dinama), se emite la Resolución Nº 370 del 29 de abril de 2011, donde establece que la temperatura máxima de los efluentes podría llegar hasta 37 grados. Quiero aclarar que esto no es para el río Uruguay”, es decir, es una autorización exclusiva para Botnia y no para el resto de las industrias. Luego reconoce que la normativa en Entre Ríos para el caso estricto del río Uruguay “se ajusta a los propios estatutos y el propio Digesto”, algo que Uruguay no ha respetado.
Silberman ahonda y sostiene que “por la Resolución Nº 370, se autoriza a que los efluentes de la planta Orion puedan tener una temperatura de hasta 37 grados. Hasta ahora, la realidad es que la temperatura de los efluentes nunca superó los 32 grados; por lo general ha sido de 31 grados y décimas. ¿Qué ocurrió? Ese cambio fue notificado por la delegación uruguaya a la delegación argentina, para que a su vez lo trasladara a su Cancillería, a su Estado, pero ésta no accedió”, es decir, Argentina rechazó esa autorización.
“Lógicamente, como la CARU es un organismo binacional, para que como tal se pueda expedir, debe tener la aprobación de las dos delegaciones. En este caso, la delegación argentina no aceptó la modificación introducida. Por lo tanto, no se le pudo dar al Comité Científico el cambio de temperatura admitido”, reconoció.
“Ese fue el elemento que durante muchos meses no permitió que la Caru pudiera sacar sus conclusiones de las muestras remitidas a laboratorios canadienses -cuyos resultados los recibe la Caru, las delegaciones y los presidentes de las delegaciones. No se pudieron difundir los resultados ni llegar a una conclusión porque, según el Comité Científico, para los delegados argentinos la temperatura de los efluentes era de 30 grados y para los delegados uruguayos, la temperatura máxima de los mismos era de 37 grados”. Es oportuno recordar que para el Digesto del Río Uruguay (que es una normativa Caru), la temperatura del agua que se introduzca al río no puede ser superior a la ambiente. Y esto es grave: porque introducir temperatura al río es introducir energía y eso es –manual básico- contaminar.
“Contamina, pero de vez en cuando”
Acto seguido, Silberman reconoció que “existe la convicción de que no hay contaminación que supere los parámetros establecidos, aunque de vez en cuando, algún parámetro es sobrepasado”.
“Uno de los últimos planteos argentinos fue hacer de público conocimiento los resultados de la planta Orion, de UPM. Argentina planteaba publicar, por un lado, los resultados de UPM y, además, que los resultados fueran publicados en pantallas públicas, en las plazas o en lugares de mucha concurrencia, tanto en Gualeguaychú como en Fray Bentos”.
“También pretendía introducir -lo cual no estaba previsto en las Notas Reversales ni en los protocolos- algo que se hace científicamente, pero no para la gente común: exhibir cálculos másicos. Por ejemplo, planteaban que hay un parámetro que se excedió: fósforo, nitrógeno. Este es un excedente similar a los efluentes de una ciudad de 238 mil habitantes”, admitió Silberman la intensidad de la contaminación de Botnia. Al respecto es oportuno recordar que Gualeguaychú tardó 200 años en tener aproximadamente 90 mil habitantes y de un solo acto se instala una planta como la de Botnia que contamina al nivel de una ciudad de casi 240 mil habitantes, es decir, Botnia representa poco más que dos Gualeguaychú y medias.
Por eso Silberman les aclaró a los parlamentarios que esa propuesta “no fue aceptada por Uruguay”. Y sostuvo esa negativa porque “más allá de lo que estaba establecido en las Notas Reversales (de los cancilleres) y en los protocolos (científicos), había una intención de influir psicológicamente en la población. Si bien en el ámbito científico son elementos que se tienen en cuenta y se intercambian”.
“Podemos aseverar que no hay contaminación con mayúsculas por encima de los parámetros, salvo en casos aislados y en forma alternada”, reiteró el presidente de la delegación uruguaya ante la Caru.
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Entre Ríos: el agro no quiere límites para fumigar
Quieren que la nueva ley no fije distancias para las fumigaciones
Fecha de Publicación: 10/12/2012
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos
La Mesa de Enlace, el INTA y la Federación Agraria se oponen este tipo de prohibición para el uso de agroquímicos. Proponen que se regule según el tipo de producto a utilizar en cada caso
La Mesa de Enlace provincial, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Facultad de Agronomía y el Colegio de Ingenieros Agrónomos elevarán al Senado antes de fin de año la propuesta para modificar algunos puntos del proyecto de ley que plantea una nueva regulación al uso de agroquímicos.
En ese marco, el dirigente de Federación Agraria (FAA) Entre Ríos, Alfredo Bel, adelantó que en su presentación habrá diferencias con el texto original en lo que refiere a las distancias que deben respetarse desde zonas pobladas o escuelas para realizar aplicaciones.
“Esta semana va a haber una nueva reunión en el Colegio de Ingenieros y vamos a ir avanzando en una propuesta concreta que vamos a llevar al Senado. Está casi lista pero tenemos que terminar de redactarla, antes de fin de año estaremos en condiciones de presentarla”, indicó al sitio digital Recintonet el dirigente de la FAA.
“Estamos de acuerdo con el tema de los registros, los organismos de aplicación, también en sostener un glosario muy amplio y especifico planteado en el proyecto, en eso no hay modificación. No obstante, seguimos con diferencias en el tema de las distancias. Nosotros volvemos a insistir en que no debe quedar marcado en la ley un límite de distancia y como contrapartida hacerlo con mecanismos que limiten el tipo de productos a usar”, señaló.
En ese sentido, explicó: “Hay productos más amigables con el medioambiente, con menor toxicidad; usar esas bandas ya establecidas para así restringir el tipo de producto”.
Bel no quiere “una cosa lineal y arbitraria por el lado de la distancia, sino decir que en tales condiciones urbanas, periurbanas, pequeños poblados, escuelas, cursos de agua y demás no se pueden usar estos productos y en estas condiciones”.
El tema volvió a estar en la consideración social durante las últimas semanas tras registrarse nuevos casos de fumigaciones en establecimientos escolares, que fueron denunciados por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos.
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Fecha de Publicación: 10/12/2012
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos
La Mesa de Enlace, el INTA y la Federación Agraria se oponen este tipo de prohibición para el uso de agroquímicos. Proponen que se regule según el tipo de producto a utilizar en cada caso
La Mesa de Enlace provincial, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Facultad de Agronomía y el Colegio de Ingenieros Agrónomos elevarán al Senado antes de fin de año la propuesta para modificar algunos puntos del proyecto de ley que plantea una nueva regulación al uso de agroquímicos.
En ese marco, el dirigente de Federación Agraria (FAA) Entre Ríos, Alfredo Bel, adelantó que en su presentación habrá diferencias con el texto original en lo que refiere a las distancias que deben respetarse desde zonas pobladas o escuelas para realizar aplicaciones.
“Esta semana va a haber una nueva reunión en el Colegio de Ingenieros y vamos a ir avanzando en una propuesta concreta que vamos a llevar al Senado. Está casi lista pero tenemos que terminar de redactarla, antes de fin de año estaremos en condiciones de presentarla”, indicó al sitio digital Recintonet el dirigente de la FAA.
“Estamos de acuerdo con el tema de los registros, los organismos de aplicación, también en sostener un glosario muy amplio y especifico planteado en el proyecto, en eso no hay modificación. No obstante, seguimos con diferencias en el tema de las distancias. Nosotros volvemos a insistir en que no debe quedar marcado en la ley un límite de distancia y como contrapartida hacerlo con mecanismos que limiten el tipo de productos a usar”, señaló.
En ese sentido, explicó: “Hay productos más amigables con el medioambiente, con menor toxicidad; usar esas bandas ya establecidas para así restringir el tipo de producto”.
Bel no quiere “una cosa lineal y arbitraria por el lado de la distancia, sino decir que en tales condiciones urbanas, periurbanas, pequeños poblados, escuelas, cursos de agua y demás no se pueden usar estos productos y en estas condiciones”.
El tema volvió a estar en la consideración social durante las últimas semanas tras registrarse nuevos casos de fumigaciones en establecimientos escolares, que fueron denunciados por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos.
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La minería avanza en La Rioja, incluso en Reservas
Minería en la reserva
Fecha de Publicación: 10/12/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: La Rioja
Las localidades riojanas de Famatina y Chilecito fueron noticia nacional luego de echar en 2007 a la minera Barrick Gold y, a inicios de 2012, por las masivas movilizaciones contra otra empresa minera (Osisko). Las asambleas socioambientales no dejaron de movilizarse, pero el gobierno de La Rioja tampoco se detiene: habilitó la actividad minera en una reserva natural y aprobó 21 proyectos de uranio, incluso en el distrito capital, donde está prohibida –por ley– toda actividad contaminante. “Desde el año 2006 el modelo extractivo se viene instalando sin pausa en nuestra región, imponiéndose a espaldas del pueblo por el accionar del gobierno nacional, provincial y municipales”, denunció Marisa Romero, de las Asambleas Ciudadanas Riojanas.
La reserva provincial Laguna Brava está ubicada al noroeste de la provincia. Cordillera riojana, zona de turismo y agricultura campesina, paisaje de postal, montañas, espejos de agua, vicuñas y flamencos. Es reserva provincial desde 1980 con el fin de proteger la “flora, fauna y cultura”. Y, desde 2003, un “sitio Ramsar”, convenio internacional de protección de humedales.
La resolución 280/12 (de agosto pasado) firmada por el secretario de Ambiente de La Rioja, Nito Brizuela, reglamentó la actividad minera en la reserva provincial bajo el término de “reserva de usos múltiples”. Las empresas pueden ingresar legalmente maquinaria pesada, explosivos y sustancias tóxicas.
Las Asambleas Riojanas realizaron un informe sobre la base de los edictos publicados por la Secretaría de Minería. Revelaron que desde 2003 hasta la actualidad se entregó a dieciséis empresas en concesión minera el 60 por ciento de la reserva provincial Laguna Brava (240 mil hectáreas de las 405 mil totales). En los últimos meses y con la nueva resolución de la Secretaría de Ambiente, el gobernador Luis Beder Herrera ya entregó en concesión 36000 hectáreas. A pesar de que es un sitio natural protegido (provincial e internacional), la intención es extraer litio, oro, plata, cobre y zinc.
También avanza en La Rioja la minería de uranio. El gobierno riojano autorizó 21 proyectos de exploración de uranio a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y 150 mil hectáreas la empresa Uranio AG. Las Asambleas Riojanas detallaron que afecta a cuatro departamentos (Sanagasta, Felipe Varela, Castro Barros y Capital). “Todos estos proyectos están ubicados a pocos kilómetros de las poblaciones”, remarcó Romero.
El intendente de la capital riojana, Ricardo Quintela, llegó al gobierno como aliado político del gobernador y no cuestionaba la minería. Luego de las masivas marchas de inicios de año, Quintela comenzó la conformación de una multisectorial opositora, reconoció sus aspiraciones a gobernador y comenzó a cuestionar la minería. En agosto pasado, impulsó la aprobación de la ordenanza 4930 que declara al municipio Capital “no tóxico, no nuclear y ambientalmente sustentable”.
Las Asambleas Ciudadanas Riojanas están conformadas por espacios asamblearios de la capital provincial, Chilecito, Nonogasta, Vichigasta, Campanas, Olta, Chamical, Patquia y Vinchina. Y a nivel nacional forma parte de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC). Periódicamente elaboran documentos precisos, en base a información de organismos públicos, sobre la avanzada extractiva en la provincia. Denunciaron que la minería de uranio viola la flamante ordenanza y también alertan que la instalación de una planta de dióxido de uranio (llamada Dioxitek).
En julio pasado, el juez de Chilecito, Daniel Flores, suspendió la actividad minera de Osisko en Famatina hasta que se realice el inventario que establece la Ley de Glaciares. El Gobierno anunció la suspensión del contrato con Osisko. Pero en agosto, con la resolución 271, Brizuela aprobó el Informe de Impacto Ambiental Osisko para el “proyecto Famatina - Etapa de prospección”.
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Fecha de Publicación: 10/12/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: La Rioja
Las localidades riojanas de Famatina y Chilecito fueron noticia nacional luego de echar en 2007 a la minera Barrick Gold y, a inicios de 2012, por las masivas movilizaciones contra otra empresa minera (Osisko). Las asambleas socioambientales no dejaron de movilizarse, pero el gobierno de La Rioja tampoco se detiene: habilitó la actividad minera en una reserva natural y aprobó 21 proyectos de uranio, incluso en el distrito capital, donde está prohibida –por ley– toda actividad contaminante. “Desde el año 2006 el modelo extractivo se viene instalando sin pausa en nuestra región, imponiéndose a espaldas del pueblo por el accionar del gobierno nacional, provincial y municipales”, denunció Marisa Romero, de las Asambleas Ciudadanas Riojanas.La reserva provincial Laguna Brava está ubicada al noroeste de la provincia. Cordillera riojana, zona de turismo y agricultura campesina, paisaje de postal, montañas, espejos de agua, vicuñas y flamencos. Es reserva provincial desde 1980 con el fin de proteger la “flora, fauna y cultura”. Y, desde 2003, un “sitio Ramsar”, convenio internacional de protección de humedales.
La resolución 280/12 (de agosto pasado) firmada por el secretario de Ambiente de La Rioja, Nito Brizuela, reglamentó la actividad minera en la reserva provincial bajo el término de “reserva de usos múltiples”. Las empresas pueden ingresar legalmente maquinaria pesada, explosivos y sustancias tóxicas.
Las Asambleas Riojanas realizaron un informe sobre la base de los edictos publicados por la Secretaría de Minería. Revelaron que desde 2003 hasta la actualidad se entregó a dieciséis empresas en concesión minera el 60 por ciento de la reserva provincial Laguna Brava (240 mil hectáreas de las 405 mil totales). En los últimos meses y con la nueva resolución de la Secretaría de Ambiente, el gobernador Luis Beder Herrera ya entregó en concesión 36000 hectáreas. A pesar de que es un sitio natural protegido (provincial e internacional), la intención es extraer litio, oro, plata, cobre y zinc.
También avanza en La Rioja la minería de uranio. El gobierno riojano autorizó 21 proyectos de exploración de uranio a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y 150 mil hectáreas la empresa Uranio AG. Las Asambleas Riojanas detallaron que afecta a cuatro departamentos (Sanagasta, Felipe Varela, Castro Barros y Capital). “Todos estos proyectos están ubicados a pocos kilómetros de las poblaciones”, remarcó Romero.
El intendente de la capital riojana, Ricardo Quintela, llegó al gobierno como aliado político del gobernador y no cuestionaba la minería. Luego de las masivas marchas de inicios de año, Quintela comenzó la conformación de una multisectorial opositora, reconoció sus aspiraciones a gobernador y comenzó a cuestionar la minería. En agosto pasado, impulsó la aprobación de la ordenanza 4930 que declara al municipio Capital “no tóxico, no nuclear y ambientalmente sustentable”.
Las Asambleas Ciudadanas Riojanas están conformadas por espacios asamblearios de la capital provincial, Chilecito, Nonogasta, Vichigasta, Campanas, Olta, Chamical, Patquia y Vinchina. Y a nivel nacional forma parte de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC). Periódicamente elaboran documentos precisos, en base a información de organismos públicos, sobre la avanzada extractiva en la provincia. Denunciaron que la minería de uranio viola la flamante ordenanza y también alertan que la instalación de una planta de dióxido de uranio (llamada Dioxitek).
En julio pasado, el juez de Chilecito, Daniel Flores, suspendió la actividad minera de Osisko en Famatina hasta que se realice el inventario que establece la Ley de Glaciares. El Gobierno anunció la suspensión del contrato con Osisko. Pero en agosto, con la resolución 271, Brizuela aprobó el Informe de Impacto Ambiental Osisko para el “proyecto Famatina - Etapa de prospección”.
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Santiago: desalojo comunidad indígena Ayllu
Jueza ordena desalojo comunidad indígena en Santiago del Estero
Fecha de Publicación: 10/12/2012
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Santiago del Estero
En explícito incumplimiento de la ley nacional 26160 y su prórroga, ley 26554, la jueza María Cecilia Paskevicius, a cargo del Juzgado Civil y Comercial de 3º Nominación de Santiago del Estero, ordenó el desalojo de una familia del territorio de la comunidad indígena Ayllu de Tulúm Tulúm del Pueblo Diaguita Cacano.
Entre los argumentos para fundar la medida la jueza habría sostenido que ni el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ni el Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (ReTeCI), nunca habrían informado que se haya relevado la comunidad en el marco de la ley 26160; que no existiría tal comunidad y; que no serían 17 familias indígenas en el territorio sino solamente una.
En el mes de octubre del año 2011 el juez Federico Argibay Berdaguer, a cargo del Juzgado, había ordenado el desalojo de la familia Orellana del campo denominado Tulúm Tulúm en el Departamento Atamisqui, perteneciente al territorio del Ayllu Ashpa Nockayshpa Sapym Tulúm Tulúmanta (Ayllu de Tulúm Tulúm) del Pueblo Diaguita Cacano. Esta medida fue suspendida luego de que desde el INAI se informara al Juzgado de la existencia de una comunidad indígena a la cual pertenece la familia Orellana; en el mismo sentido informó el Comité de Emergencia perteneciente a la Dirección de Relaciones Institucionales dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero tras una inspección ocular solicitada por el mismo Juez. Como consecuencia de sendos informes y, en respeto a la vigencia de la Ley 26160, Argibay Berdaguer ordena la suspensión del desalojo y solicita al INAI se proceda a relevar el territorio de la comunidad. Dando cumplimiento a lo pedido por el Juzgado los días 15 y 16 de junio del corriente año se procedió al Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral del territorio de ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad, constatando la existencia de la misma y, de la familia Orellana como parte del Ayllu. Esta información fue oportunamente enviada al INAI desde el Programa de Relevamiento Territorial para su notificación al Juzgado.
Este año, luego de un recambio de jueces, asume en el citado juzgado Paskevicius, quien procede a realizar personalmente una nueva inspección ocular, quien llega al lugar acompañada de la parte que solicita el desalojo. En esa ocasión fue recibida en el domicilio de los Orellana no sólo por miembros de la familia, sino también por el resto de la comunidad, a los cuales la jueza se dirigía cuando les hablaba como “supuesta comunidad indígena”.
Como parte de esta inspección la jueza visitó al comisionado municipal de Medellín, Julio Abdala, a quien le consultó si tenía conocimiento de la existencia de alguna comunidad indígena en el territorio, a lo cual Abdala respondió que “… cara de indios tienen, pero no son… son un grupo de vagos que no saben sembrar ni una planta de perejil en una maceta y no dejan trabajar a los que vienen a traer trabajo a la zona…”. Este Abdala, a quien la jueza tomó como informante clave, es el mismo a quien el 1 de junio de 2011 el Fisco de la provincia le remató, por incumplimiento fiscal, 400,00 hectáreas también pertenecientes al Ayllu de Tulum Tulúm que él se hallaba usurpando; el mismo que en el año 2007 salió como testigo a favor del empresario de origen cordobés Sbiglio en su intento por usurpar el territorio del Ayllu Puncu Atun, declarando que en el lugar no había familias viviendo y; es el mismo que hoy, niega el agua a las familias indígenas y campesinas que no aceptan dejar su tierra y trasladarse al pueblo de Medellín. Tal vez desconoce el comisionado que el propio pueblo de Medellín se encuentra dentro del territorio de la comunidad Ayllu Taa Ayllus Kuska y que la mitad de las familias que están radicadas en el pueblo pertenecen a la comunidad. Otro informante al que recurrió la jueza Paskevicius en su visita fue la Directora de la Escuela Nº 749 de Puesto del Rosario, Marcela Gómez, quien consultada al igual que Abdala habría respondido que “algo escuchó … pero es gente que se reúne en secreto …”. A pesar del secreto que la directora dice que esta comunidad guarda, no puede ocultar que obligada por la vigencia de la Ley tuvo que aceptar en el año 2010 la presencia de censistas indígenas en el Censo Nacional de Población y Vivienda; ni las gestiones que realizó en más de una oportunidad para acercar documentación de la comunidad necesaria para las becas indígenas. Sin embargo ante la jueza sólo habría expresado que “algo escuchó”.
El relevamiento del territorio del Ayllu de Tulúm Tulúm fue de conocimiento público a raiz de la detención del comunero Víctor Anchaval por parte de personal policial de la Seccional 20 de Villa Atamisqui producida el 14 de junio, un día antes de la realización del relevamiento ordenado por el juez Argibay Berdaguer en cumplimiento de la ley 26160. Al momento de la detención Anchaval fue interrogado por la policía sobre quienes serían los que vendrían al día siguiente a la comunidad y con qué propósito.
La ley 26160, y su prórroga, expresan en su artículo 1º “Declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, …” y, en su artículo 2º “Suspéndase por el plazo de la emergencia declarada -23 de noviembre de 2013-, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el art. 1º”. Esta es la ley que la jueza Paskevicius se niega a cumplir, desestimando igualmente el resultado del relevamiento territorial realizado por el INAI así como el Informe del Comité de Emergencia que da cuenta de la existencia de la comunidad en el territorio.
El Pueblo Diaguita Cacano respetará la Ley 26160 y, en respeto de la Ley, no permitirá el desalojo de la familia Orellana del territorio del Ayllu, ni de ninguna otra familia. Es responsabilidad de la jueza Paskevicius lo que pueda ocurrir ante el intento de desalojo. Desde la Unión Solidaria de Comunidades (USC) del Pueblo Diaguita Cacano se ha puesto en conocimiento del INAI de esta situación generada desde una jueza de la provincia, que no sólo incumple con la Ley sino que además pone en grave riesgo los derechos y la integridad física de los miembros de la comunidad. Esta orden de desalojo sólo esta alentada por los intereses económicos de quienes pretenden deforestar El Alto, bosque sagrado del Pueblo Diaguita Cacano y, único cordón de bosque nativo, categorizado como I, Rojo, por la Ley de Bosques.
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Fecha de Publicación: 10/12/2012
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Santiago del Estero
En explícito incumplimiento de la ley nacional 26160 y su prórroga, ley 26554, la jueza María Cecilia Paskevicius, a cargo del Juzgado Civil y Comercial de 3º Nominación de Santiago del Estero, ordenó el desalojo de una familia del territorio de la comunidad indígena Ayllu de Tulúm Tulúm del Pueblo Diaguita Cacano.
Entre los argumentos para fundar la medida la jueza habría sostenido que ni el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ni el Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (ReTeCI), nunca habrían informado que se haya relevado la comunidad en el marco de la ley 26160; que no existiría tal comunidad y; que no serían 17 familias indígenas en el territorio sino solamente una.
En el mes de octubre del año 2011 el juez Federico Argibay Berdaguer, a cargo del Juzgado, había ordenado el desalojo de la familia Orellana del campo denominado Tulúm Tulúm en el Departamento Atamisqui, perteneciente al territorio del Ayllu Ashpa Nockayshpa Sapym Tulúm Tulúmanta (Ayllu de Tulúm Tulúm) del Pueblo Diaguita Cacano. Esta medida fue suspendida luego de que desde el INAI se informara al Juzgado de la existencia de una comunidad indígena a la cual pertenece la familia Orellana; en el mismo sentido informó el Comité de Emergencia perteneciente a la Dirección de Relaciones Institucionales dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero tras una inspección ocular solicitada por el mismo Juez. Como consecuencia de sendos informes y, en respeto a la vigencia de la Ley 26160, Argibay Berdaguer ordena la suspensión del desalojo y solicita al INAI se proceda a relevar el territorio de la comunidad. Dando cumplimiento a lo pedido por el Juzgado los días 15 y 16 de junio del corriente año se procedió al Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral del territorio de ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad, constatando la existencia de la misma y, de la familia Orellana como parte del Ayllu. Esta información fue oportunamente enviada al INAI desde el Programa de Relevamiento Territorial para su notificación al Juzgado.
Este año, luego de un recambio de jueces, asume en el citado juzgado Paskevicius, quien procede a realizar personalmente una nueva inspección ocular, quien llega al lugar acompañada de la parte que solicita el desalojo. En esa ocasión fue recibida en el domicilio de los Orellana no sólo por miembros de la familia, sino también por el resto de la comunidad, a los cuales la jueza se dirigía cuando les hablaba como “supuesta comunidad indígena”.
Como parte de esta inspección la jueza visitó al comisionado municipal de Medellín, Julio Abdala, a quien le consultó si tenía conocimiento de la existencia de alguna comunidad indígena en el territorio, a lo cual Abdala respondió que “… cara de indios tienen, pero no son… son un grupo de vagos que no saben sembrar ni una planta de perejil en una maceta y no dejan trabajar a los que vienen a traer trabajo a la zona…”. Este Abdala, a quien la jueza tomó como informante clave, es el mismo a quien el 1 de junio de 2011 el Fisco de la provincia le remató, por incumplimiento fiscal, 400,00 hectáreas también pertenecientes al Ayllu de Tulum Tulúm que él se hallaba usurpando; el mismo que en el año 2007 salió como testigo a favor del empresario de origen cordobés Sbiglio en su intento por usurpar el territorio del Ayllu Puncu Atun, declarando que en el lugar no había familias viviendo y; es el mismo que hoy, niega el agua a las familias indígenas y campesinas que no aceptan dejar su tierra y trasladarse al pueblo de Medellín. Tal vez desconoce el comisionado que el propio pueblo de Medellín se encuentra dentro del territorio de la comunidad Ayllu Taa Ayllus Kuska y que la mitad de las familias que están radicadas en el pueblo pertenecen a la comunidad. Otro informante al que recurrió la jueza Paskevicius en su visita fue la Directora de la Escuela Nº 749 de Puesto del Rosario, Marcela Gómez, quien consultada al igual que Abdala habría respondido que “algo escuchó … pero es gente que se reúne en secreto …”. A pesar del secreto que la directora dice que esta comunidad guarda, no puede ocultar que obligada por la vigencia de la Ley tuvo que aceptar en el año 2010 la presencia de censistas indígenas en el Censo Nacional de Población y Vivienda; ni las gestiones que realizó en más de una oportunidad para acercar documentación de la comunidad necesaria para las becas indígenas. Sin embargo ante la jueza sólo habría expresado que “algo escuchó”.
El relevamiento del territorio del Ayllu de Tulúm Tulúm fue de conocimiento público a raiz de la detención del comunero Víctor Anchaval por parte de personal policial de la Seccional 20 de Villa Atamisqui producida el 14 de junio, un día antes de la realización del relevamiento ordenado por el juez Argibay Berdaguer en cumplimiento de la ley 26160. Al momento de la detención Anchaval fue interrogado por la policía sobre quienes serían los que vendrían al día siguiente a la comunidad y con qué propósito.
La ley 26160, y su prórroga, expresan en su artículo 1º “Declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, …” y, en su artículo 2º “Suspéndase por el plazo de la emergencia declarada -23 de noviembre de 2013-, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el art. 1º”. Esta es la ley que la jueza Paskevicius se niega a cumplir, desestimando igualmente el resultado del relevamiento territorial realizado por el INAI así como el Informe del Comité de Emergencia que da cuenta de la existencia de la comunidad en el territorio.
El Pueblo Diaguita Cacano respetará la Ley 26160 y, en respeto de la Ley, no permitirá el desalojo de la familia Orellana del territorio del Ayllu, ni de ninguna otra familia. Es responsabilidad de la jueza Paskevicius lo que pueda ocurrir ante el intento de desalojo. Desde la Unión Solidaria de Comunidades (USC) del Pueblo Diaguita Cacano se ha puesto en conocimiento del INAI de esta situación generada desde una jueza de la provincia, que no sólo incumple con la Ley sino que además pone en grave riesgo los derechos y la integridad física de los miembros de la comunidad. Esta orden de desalojo sólo esta alentada por los intereses económicos de quienes pretenden deforestar El Alto, bosque sagrado del Pueblo Diaguita Cacano y, único cordón de bosque nativo, categorizado como I, Rojo, por la Ley de Bosques.
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El avance hacia el mar de las areas protegidas
Áreas protegidas argentinas se proyectan al mar
Fecha de Publicación: 09/12/2012
Fuente: IPS
Provincia/Región: Nacional
Argentina está dando pasos acelerados en la creación de áreas marinas protegidas. En los últimos 10 años, este tipo de preservación en aguas saladas se extendió y por primera vez se sumará a la red una zona en el océano Atlántico.
El Congreso Nacional legislativo aprobó a fines de noviembre la creación de dos parques costeros en aguas oceánicas en la austral provincia de Santa Cruz y dio media sanción al proyecto de crear un área protegida en torno a la meseta submarina identificada como Banco Burdwood.
Esta área, con una muy rica diversidad biológica y alta vulnerabilidad, está situada al sudoeste de las islas Malvinas, el archipiélago reclamado por Argentina a Gran Bretaña, y 150 kilómetros al este de la isla de los Estados, que pertenece a la austral provincia de Tierra del Fuego.
Será la primera área protegida oceánica dentro de la zona económica exclusiva de Argentina, pero fuera del área de influencia jurisdiccional de las provincias, lo cual quiere decir que, dada la estructura federal del país, quedará bajo administración del Estado nacional.
La iniciativa del Banco Burdwood convocó a múltiples actores políticos, científicos y ambientalistas, que respaldaron la idea. El proyecto fue aprobado casi por unanimidad en la Cámara de Diputados y avanza hacia su segura confirmación en el Senado.
Con estos pasos "nos acercamos mucho al compromiso de proteger 10 por ciento de los mares para 2020", dijo a IPS la coordinadora del Programa de Áreas Protegidas de la Fundación Vida Silvestre Argentina, Andrea Michelson.
La activista se refirió así a la meta 11 del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, suscrito por los países participantes en la X Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP 10), que se realizó en 2010 en la noroccidental ciudad japonesa de Nagoya.
La meta es que para 2020, al menos 10 por ciento de las zonas marinas y costeras, "especialmente las que revisten particular importancia para la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, se habrán conservado por medio de sistemas de áreas protegidas".
La Administración de Parques Nacionales indica que en este país, que tenía protegido solo 0,5 por ciento de sus costas marinas en 2003, esa área creció en noviembre hasta 1,8 por ciento tras la creación de los dos parques de Santa Cruz y, con Banco Burdwood, se podrá llegar hasta cuatro por ciento.
Hasta ahora, las áreas protegidas existentes son costeras. Se trata de los parques Marino Costero Patagonia Austral, en la sureña provincia de Chubut, Monte León y los recién creados Isla Pingüino y Makenke, todos en Santa Cruz.
Pero con la creación del área oceánica, mucho más extensa, se avanza a paso ligero para alcanzar las llamadas Metas de Aichi sobre diversidad, por el nombre de la provincia japonesa en cuya capital se firmó el Protocolo de Nagoya (https://www.cbd.int/doc/strategic- plan/2011-2020/Aichi-Targets-es.pdf).
"Es muy difícil llegar al 10 por ciento sugerido solo con áreas costeras, y no será tan rica y diversa la zona de protección si no incorporamos parte del océano", explicó Michelson, quien tiene gran expectativa en la sanción del proyecto que protege el Banco Burdwood.
Para la Fundación Vida Silvestre y otras organizaciones ambientalistas, la creación de un área protegida puramente marina plantea un enorme desafío para su manejo, a cargo de varios organismos estatales y ministerios, ya que se trata de hacer un seguimiento remoto de un espacio en el que intervienen múltiples actores.
El proyecto propone dar a la nueva área de preservación el nombre de Namuncurá, por el indígena patagónico Ceferino, fallecido joven a comienzos del siglo XX y hoy en proceso de canonización. Pero mantendrá el nombre de Burdwood para el accidente geográfico, en cuyo entorno se prevé una zonificación clave de 34.000 kilómetros cuadrados.
El biólogo Santiago Krapovickas, coordinador del Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia, dijo a IPS, refiriéndose a la creación del área oceánica, que "será la primera vez que se intenta algo así en Argentina".
"Los que trabajamos en conservación estamos muy ilusionados con esta novedad, porque se trata de un sitio único en el mar Argentino, muy singular, poco explorado, delicado, con especies que ni siquiera aún han sido descritas", anticipó.
A raíz de este proyecto, el Foro, que reúne a diversas organizaciones de Argentina, Chile, Uruguay y otras internacionales, está recopilando información científica sobre el área para divulgar la riqueza que guardan esos fondos marinos.
En el área en cuestión hay esponjas, crustáceos, tiburones, merluzas de cola, austral y negra, pingüinos de penacho amarillo y de frente dorada, variedades de albatros y petreles, delfines australes, elefantes y lobos marinos, entre otras especies. Krapovickas explicó que la meseta submarina es circunvalada por una corriente marina fría que tiene de las islas Malvinas y, al encontrarse con ese escollo, remueve el fondo, que es muy rico en nutrientes, generando un área ideal para la reproducción.
También destacó que, al ser un fondo marino relativamente poco profundo sobre la meseta -entre 100 y 200 metros-, recibe luz solar, un fenómeno que permite el desarrollo del fitoplancton que está en la base de la cadena alimenticia.
El biólogo dijo que actualmente el banco no está amenazado. No es una zona tan apetecida como pesquería, porque hay otras de más fácil acceso y porque en este momento los precios internacionales no justificarían el esfuerzo de captura.
Añadió que tampoco se aprecia riesgo de exploración de hidrocarburos, al menos no por el momento, pese a estar cerca de las islas Malvinas, en disputa de soberanía con Gran Bretaña que las ocupa desde el siglo XIX y en torno de las cuales sí hay proyectos de prospección.
De todos modos, el coordinador del Foro cree que es "un buen momento" para delimitar allí un área de protección y de paz. "Es importante para la investigación científica, que es una actividad pacífica y para beneficio de la humanidad", indicó.
Respecto del seguimiento, Krapovickas confió en que las nuevas tecnologías permitan un control y hasta un programa de investigación realizado a distancia. "No es necesario disponer todo el tiempo de barcos o helicópteros, pues tenemos satélites, incluso uno argentino, el SAC-D Aquarius, con sensores remotos diseñados especialmente para obtener datos marinos", destacó.
Por eso, sostuvo, desde ahora hay que alentar a la comunidad científica a prepararse para bajar esta información y acceder a conocimientos que permitan la mejor preservación de este confín oceánico.
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Fecha de Publicación: 09/12/2012
Fuente: IPS
Provincia/Región: Nacional
Argentina está dando pasos acelerados en la creación de áreas marinas protegidas. En los últimos 10 años, este tipo de preservación en aguas saladas se extendió y por primera vez se sumará a la red una zona en el océano Atlántico.
El Congreso Nacional legislativo aprobó a fines de noviembre la creación de dos parques costeros en aguas oceánicas en la austral provincia de Santa Cruz y dio media sanción al proyecto de crear un área protegida en torno a la meseta submarina identificada como Banco Burdwood.
Esta área, con una muy rica diversidad biológica y alta vulnerabilidad, está situada al sudoeste de las islas Malvinas, el archipiélago reclamado por Argentina a Gran Bretaña, y 150 kilómetros al este de la isla de los Estados, que pertenece a la austral provincia de Tierra del Fuego.
Será la primera área protegida oceánica dentro de la zona económica exclusiva de Argentina, pero fuera del área de influencia jurisdiccional de las provincias, lo cual quiere decir que, dada la estructura federal del país, quedará bajo administración del Estado nacional.
La iniciativa del Banco Burdwood convocó a múltiples actores políticos, científicos y ambientalistas, que respaldaron la idea. El proyecto fue aprobado casi por unanimidad en la Cámara de Diputados y avanza hacia su segura confirmación en el Senado.
Con estos pasos "nos acercamos mucho al compromiso de proteger 10 por ciento de los mares para 2020", dijo a IPS la coordinadora del Programa de Áreas Protegidas de la Fundación Vida Silvestre Argentina, Andrea Michelson.
La activista se refirió así a la meta 11 del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, suscrito por los países participantes en la X Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP 10), que se realizó en 2010 en la noroccidental ciudad japonesa de Nagoya.
La meta es que para 2020, al menos 10 por ciento de las zonas marinas y costeras, "especialmente las que revisten particular importancia para la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, se habrán conservado por medio de sistemas de áreas protegidas".
La Administración de Parques Nacionales indica que en este país, que tenía protegido solo 0,5 por ciento de sus costas marinas en 2003, esa área creció en noviembre hasta 1,8 por ciento tras la creación de los dos parques de Santa Cruz y, con Banco Burdwood, se podrá llegar hasta cuatro por ciento.
Hasta ahora, las áreas protegidas existentes son costeras. Se trata de los parques Marino Costero Patagonia Austral, en la sureña provincia de Chubut, Monte León y los recién creados Isla Pingüino y Makenke, todos en Santa Cruz.
Pero con la creación del área oceánica, mucho más extensa, se avanza a paso ligero para alcanzar las llamadas Metas de Aichi sobre diversidad, por el nombre de la provincia japonesa en cuya capital se firmó el Protocolo de Nagoya (https://www.cbd.int/doc/strategic- plan/2011-2020/Aichi-Targets-es.pdf).
"Es muy difícil llegar al 10 por ciento sugerido solo con áreas costeras, y no será tan rica y diversa la zona de protección si no incorporamos parte del océano", explicó Michelson, quien tiene gran expectativa en la sanción del proyecto que protege el Banco Burdwood.
Para la Fundación Vida Silvestre y otras organizaciones ambientalistas, la creación de un área protegida puramente marina plantea un enorme desafío para su manejo, a cargo de varios organismos estatales y ministerios, ya que se trata de hacer un seguimiento remoto de un espacio en el que intervienen múltiples actores.
El proyecto propone dar a la nueva área de preservación el nombre de Namuncurá, por el indígena patagónico Ceferino, fallecido joven a comienzos del siglo XX y hoy en proceso de canonización. Pero mantendrá el nombre de Burdwood para el accidente geográfico, en cuyo entorno se prevé una zonificación clave de 34.000 kilómetros cuadrados.
El biólogo Santiago Krapovickas, coordinador del Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia, dijo a IPS, refiriéndose a la creación del área oceánica, que "será la primera vez que se intenta algo así en Argentina".
"Los que trabajamos en conservación estamos muy ilusionados con esta novedad, porque se trata de un sitio único en el mar Argentino, muy singular, poco explorado, delicado, con especies que ni siquiera aún han sido descritas", anticipó.
A raíz de este proyecto, el Foro, que reúne a diversas organizaciones de Argentina, Chile, Uruguay y otras internacionales, está recopilando información científica sobre el área para divulgar la riqueza que guardan esos fondos marinos.
En el área en cuestión hay esponjas, crustáceos, tiburones, merluzas de cola, austral y negra, pingüinos de penacho amarillo y de frente dorada, variedades de albatros y petreles, delfines australes, elefantes y lobos marinos, entre otras especies. Krapovickas explicó que la meseta submarina es circunvalada por una corriente marina fría que tiene de las islas Malvinas y, al encontrarse con ese escollo, remueve el fondo, que es muy rico en nutrientes, generando un área ideal para la reproducción.
También destacó que, al ser un fondo marino relativamente poco profundo sobre la meseta -entre 100 y 200 metros-, recibe luz solar, un fenómeno que permite el desarrollo del fitoplancton que está en la base de la cadena alimenticia.
El biólogo dijo que actualmente el banco no está amenazado. No es una zona tan apetecida como pesquería, porque hay otras de más fácil acceso y porque en este momento los precios internacionales no justificarían el esfuerzo de captura.
Añadió que tampoco se aprecia riesgo de exploración de hidrocarburos, al menos no por el momento, pese a estar cerca de las islas Malvinas, en disputa de soberanía con Gran Bretaña que las ocupa desde el siglo XIX y en torno de las cuales sí hay proyectos de prospección.
De todos modos, el coordinador del Foro cree que es "un buen momento" para delimitar allí un área de protección y de paz. "Es importante para la investigación científica, que es una actividad pacífica y para beneficio de la humanidad", indicó.
Respecto del seguimiento, Krapovickas confió en que las nuevas tecnologías permitan un control y hasta un programa de investigación realizado a distancia. "No es necesario disponer todo el tiempo de barcos o helicópteros, pues tenemos satélites, incluso uno argentino, el SAC-D Aquarius, con sensores remotos diseñados especialmente para obtener datos marinos", destacó.
Por eso, sostuvo, desde ahora hay que alentar a la comunidad científica a prepararse para bajar esta información y acceder a conocimientos que permitan la mejor preservación de este confín oceánico.
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Monitoreo continuo para el Riachuelo
Monitoreo continuo en la Cuenca Matanza Riachuelo
Fecha de Publicación: 09/12/2012
Fuente: Urbano
Provincia/Región: Riachuelo
Ya está en marcha la primera estación de monitoreo de calidad de agua y de aire de la Cuenca Matanza Riachuelo, esta se encuentra ubicada en el Club Regatas de Avellaneda y se le sumarán tres puestos más en el Puente La Noria, en el cruce con la Autopista Ricchieri y en Cañuelas.
La inauguración fue realizada durante la séptima remada por el Riachuelo, allí el presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, Juan José Mussi, puso en marcha la primera Estación de monitoreo continuo y automático de calidad y caudal de agua ubicada en el Club Regatas de Avellaneda, en el marco de la séptima Remada por el Riachuelo que organiza la Fundación X La Boca.
La Estación de monitoreo inicia la primera etapa de instalación y puesta en funcionamiento de este tipo de dispositivos, compuesta por otras tres estaciones más a ser instaladas próximamente en el Puente La Noria, en el cruce con la Autopista Ricchieri y en Cañuelas.
La estructura en su interior alojará en el primer piso el instrumental para monitoreo continuo de calidad de agua y en el segundo piso los equipos para el monitoreo continuo de calidad de aire. Los variables ambientales que se medirán son: caudal, temperatura, cromo total, oxígeno disuelto, amonio, fósforo total, pH, conductividad, DQO, hidrocarburos totales, nitratos.
Este monitoreo permitirá medir la dinámica hídrica en esta sección del río, considerando los pulsos de caudal por las mareas y eventos de sudestada, además de poder evaluar las variaciones de las variables en estudio y los eventos esporádicos que alteran la calidad del agua, como los vuelcos clandestinos, para proponer acciones concretas en el marco del Plan Integral de Saneamiento Ambiental.
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Fecha de Publicación: 09/12/2012
Fuente: Urbano
Provincia/Región: Riachuelo
Ya está en marcha la primera estación de monitoreo de calidad de agua y de aire de la Cuenca Matanza Riachuelo, esta se encuentra ubicada en el Club Regatas de Avellaneda y se le sumarán tres puestos más en el Puente La Noria, en el cruce con la Autopista Ricchieri y en Cañuelas.La inauguración fue realizada durante la séptima remada por el Riachuelo, allí el presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, Juan José Mussi, puso en marcha la primera Estación de monitoreo continuo y automático de calidad y caudal de agua ubicada en el Club Regatas de Avellaneda, en el marco de la séptima Remada por el Riachuelo que organiza la Fundación X La Boca.
La Estación de monitoreo inicia la primera etapa de instalación y puesta en funcionamiento de este tipo de dispositivos, compuesta por otras tres estaciones más a ser instaladas próximamente en el Puente La Noria, en el cruce con la Autopista Ricchieri y en Cañuelas.
La estructura en su interior alojará en el primer piso el instrumental para monitoreo continuo de calidad de agua y en el segundo piso los equipos para el monitoreo continuo de calidad de aire. Los variables ambientales que se medirán son: caudal, temperatura, cromo total, oxígeno disuelto, amonio, fósforo total, pH, conductividad, DQO, hidrocarburos totales, nitratos.
Este monitoreo permitirá medir la dinámica hídrica en esta sección del río, considerando los pulsos de caudal por las mareas y eventos de sudestada, además de poder evaluar las variaciones de las variables en estudio y los eventos esporádicos que alteran la calidad del agua, como los vuelcos clandestinos, para proponer acciones concretas en el marco del Plan Integral de Saneamiento Ambiental.
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Nube tóxica de agrotóxico prohibido en Europa
Nube tóxica, nube de dudas
Fecha de Publicación: 08/12/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Capital Federal
Tras el escape del plaguicida que provocó alarma el jueves en la Ciudad, hubo críticas a la empresa de la Terminal 4 por el manejo de las cargas y por la falta de información sobre las sustancias que se almacenan. El agrotóxico involucrado está prohibido en Europa.
El día después de la nube tóxica que afectó a Buenos Aires se desarrolló bajo una nube de cuestionamientos, preguntas e inquietudes de entidades ambientalistas y trabajadores portuarios. En esta nube pueden discernirse varios nubarrones específicos: 1) La acusación a la empresa que administra la Terminal 4 por falta de medidas de seguridad y mal manejo de las cargas: el accidente se habría originado en la exposición del contenedor a excesiva temperatura; 2) críticas a los gobiernos nacional y porteño por “falta de coordinación y planificación ante accidentes de este orden”; 3) “falta de información adecuada sobre presencia de sustancias tóxicas a pocas cuadras de zonas densamente pobladas”; 4) cuestionamiento de fondo al empleo de plaguicidas como el que ocasionó el accidente, cuyo uso está prohibido en la Unión Europea. En respuesta, una fuente del Ministerio de Seguridad de la Nación sostuvo que “se aplicaron protocolos internacionales” y que “hubo mala información y errores del gobierno porteño”.
Los trabajadores de la Terminal 4 del puerto de Buenos Aires –donde el jueves se produjo el estallido en un container que almacenaba el plaguicida Thiodicarb– se negaron ayer a tomar servicio y criticaron “la falta de información sobre la nube tóxica y el detalle de lo que había en el contenedor”, sumados a “un sistema de evacuación insuficiente”: responsabilizan a la empresa APM Terminal, a cargo del servicio. Según Juan Carlos Andrade –delegado de Terminal 4, Marina Mercante–, “la empresa almacena hasta un 20 por ciento más de los contenedores que caben en la Terminal 4, lo cual hace que no los disponga adecuadamente: los que tienen plaguicidas como el Thiodicarb deben estar a una temperatura que no supere los 23 grados: esto no se cumplió y podría explicar el accidente”. Además, “no hubo un plan de evacuación correcto y sí mucha confusión entre la Prefectura nacional y Defensa Civil de la Ciudad: unos decían que había que evacuar y otros que nos quedáramos”.
Por su parte, el Sindicato Unido Portuarios Argentinos (SUPA) pidió que el trabajo de los estibadores vuelva a considerarse insalubre, en relación con “la manipulación cotidiana de los contenedores”.
También Lorena Pujó –coordinadora de la Campaña de Tóxicos de Greenpeace Argentina– sostuvo que “la gente recibió información confusa, sin coordinación entre la Nación, de la que depende el puerto, y la Ciudad de Buenos Aires, donde el puerto está. Debe haber procedimientos previamente establecidos para contingencias, en los puertos de la Ciudad y de Dock Sud. Ya hace unos meses hubo un derrame de amoníaco y, el jueves, si no hubiera llovido, no sabemos hasta dónde se hubiera extendido el peligro”. Pujó también denunció que ayer “quisimos tomar muestras del agua y sedimentos, pero la Prefectura nos lo impidió”. Verónica Odriozola –coordinadora para América latina de la ONG Salud Sin Daño– advirtió que “el Thiodicarb, al incendiarse, puede haber producido compuestos con más toxicidad que la que el producto tiene en principio y, de hecho, se midió ácido sulfhídrico en el aire”.
Una fuente del Ministerio de Seguridad de la Nación respondió que, cuando se produjo el accidente, “se aplicó el protocolo internacional de seguridad. Identificada la sustancia y establecido su grado de toxicidad, moderada, el secretario de Seguridad informó a la población, procurando bajar el nivel de alarma generado por informaciones erróneas como que se trataba de mercurio. Hubo, sí, un problema de comunicación del Gobierno de la Ciudad: llegaron a evacuar el Edificio del Plata, lo cual no correspondía”. En cuanto a la prohibición de ingreso ayer a Greenpeace, “fue porque la Justicia investiga lo sucedido y hay que preservar las pruebas”.
La ambientalista Odriozola agregó que “el hecho de que esto haya sucedido en Buenos Aires hace más visible un tema que en comunidades del interior está muy presente: los riesgos del uso de plaguicidas expone a las poblaciones cercanas, como se vio en el caso testigo del barrio Ituzaingó, en Córdoba”, y destacó que “el Thiodicarb está prohibido en la Unión Europea”. Efectivamente, el 31 de mayo de 2007 la Comisión Europea decidió retirar la autorización para productos conteniendo Thiodicarb, porque implica “un riesgo dietario para niños de uno a tres años en caso de consumo de uvas tratadas con el producto, y para adultos por consumir vino”, así como por “posible contaminación de aguas subterráneas”.
Una fuente del Senasa destacó que, en el país, “el Thiodicarb está registrado como de ‘toxicidad moderada’ y su producción y uso están sujetos al cumplimiento de las normativas”.
Durante la tarde de ayer, este diario intentó en vano comunicarse con la empresa APM Terminal, así como con el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.
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Fecha de Publicación: 08/12/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Capital Federal
Tras el escape del plaguicida que provocó alarma el jueves en la Ciudad, hubo críticas a la empresa de la Terminal 4 por el manejo de las cargas y por la falta de información sobre las sustancias que se almacenan. El agrotóxico involucrado está prohibido en Europa.El día después de la nube tóxica que afectó a Buenos Aires se desarrolló bajo una nube de cuestionamientos, preguntas e inquietudes de entidades ambientalistas y trabajadores portuarios. En esta nube pueden discernirse varios nubarrones específicos: 1) La acusación a la empresa que administra la Terminal 4 por falta de medidas de seguridad y mal manejo de las cargas: el accidente se habría originado en la exposición del contenedor a excesiva temperatura; 2) críticas a los gobiernos nacional y porteño por “falta de coordinación y planificación ante accidentes de este orden”; 3) “falta de información adecuada sobre presencia de sustancias tóxicas a pocas cuadras de zonas densamente pobladas”; 4) cuestionamiento de fondo al empleo de plaguicidas como el que ocasionó el accidente, cuyo uso está prohibido en la Unión Europea. En respuesta, una fuente del Ministerio de Seguridad de la Nación sostuvo que “se aplicaron protocolos internacionales” y que “hubo mala información y errores del gobierno porteño”.
Los trabajadores de la Terminal 4 del puerto de Buenos Aires –donde el jueves se produjo el estallido en un container que almacenaba el plaguicida Thiodicarb– se negaron ayer a tomar servicio y criticaron “la falta de información sobre la nube tóxica y el detalle de lo que había en el contenedor”, sumados a “un sistema de evacuación insuficiente”: responsabilizan a la empresa APM Terminal, a cargo del servicio. Según Juan Carlos Andrade –delegado de Terminal 4, Marina Mercante–, “la empresa almacena hasta un 20 por ciento más de los contenedores que caben en la Terminal 4, lo cual hace que no los disponga adecuadamente: los que tienen plaguicidas como el Thiodicarb deben estar a una temperatura que no supere los 23 grados: esto no se cumplió y podría explicar el accidente”. Además, “no hubo un plan de evacuación correcto y sí mucha confusión entre la Prefectura nacional y Defensa Civil de la Ciudad: unos decían que había que evacuar y otros que nos quedáramos”.
Por su parte, el Sindicato Unido Portuarios Argentinos (SUPA) pidió que el trabajo de los estibadores vuelva a considerarse insalubre, en relación con “la manipulación cotidiana de los contenedores”.
También Lorena Pujó –coordinadora de la Campaña de Tóxicos de Greenpeace Argentina– sostuvo que “la gente recibió información confusa, sin coordinación entre la Nación, de la que depende el puerto, y la Ciudad de Buenos Aires, donde el puerto está. Debe haber procedimientos previamente establecidos para contingencias, en los puertos de la Ciudad y de Dock Sud. Ya hace unos meses hubo un derrame de amoníaco y, el jueves, si no hubiera llovido, no sabemos hasta dónde se hubiera extendido el peligro”. Pujó también denunció que ayer “quisimos tomar muestras del agua y sedimentos, pero la Prefectura nos lo impidió”. Verónica Odriozola –coordinadora para América latina de la ONG Salud Sin Daño– advirtió que “el Thiodicarb, al incendiarse, puede haber producido compuestos con más toxicidad que la que el producto tiene en principio y, de hecho, se midió ácido sulfhídrico en el aire”.
Una fuente del Ministerio de Seguridad de la Nación respondió que, cuando se produjo el accidente, “se aplicó el protocolo internacional de seguridad. Identificada la sustancia y establecido su grado de toxicidad, moderada, el secretario de Seguridad informó a la población, procurando bajar el nivel de alarma generado por informaciones erróneas como que se trataba de mercurio. Hubo, sí, un problema de comunicación del Gobierno de la Ciudad: llegaron a evacuar el Edificio del Plata, lo cual no correspondía”. En cuanto a la prohibición de ingreso ayer a Greenpeace, “fue porque la Justicia investiga lo sucedido y hay que preservar las pruebas”.
La ambientalista Odriozola agregó que “el hecho de que esto haya sucedido en Buenos Aires hace más visible un tema que en comunidades del interior está muy presente: los riesgos del uso de plaguicidas expone a las poblaciones cercanas, como se vio en el caso testigo del barrio Ituzaingó, en Córdoba”, y destacó que “el Thiodicarb está prohibido en la Unión Europea”. Efectivamente, el 31 de mayo de 2007 la Comisión Europea decidió retirar la autorización para productos conteniendo Thiodicarb, porque implica “un riesgo dietario para niños de uno a tres años en caso de consumo de uvas tratadas con el producto, y para adultos por consumir vino”, así como por “posible contaminación de aguas subterráneas”.
Una fuente del Senasa destacó que, en el país, “el Thiodicarb está registrado como de ‘toxicidad moderada’ y su producción y uso están sujetos al cumplimiento de las normativas”.
Durante la tarde de ayer, este diario intentó en vano comunicarse con la empresa APM Terminal, así como con el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.
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