Continúa sin control un incendio forestal
09:06 | 
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Continúa sin control un incendio forestal
Fecha de Publicación: 23/02/2012
Fuente: Telam
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Autoridades de Tierra del Fuego admitieron que aún no pueden controlar el incendio forestal iniciado hace nueve días en la reserva "Corazón de la Isla", en inmediaciones de la comuna de Tolhuin en el centro provincial.
Las llamas que afectan bosque nativo de lengas y ñires ya devoraron unas 850 hectáreas y son combatidas por 88 brigadistas, incluido personal del Plan Nacional de Manejo del Fuego.
El último parte oficial indicó que la mayor actividad del incendio se encuentra ahora circunscripta a un perímetro determinado, siendo más reducidos los efectos tanto en los flancos como en la cabeza del área afectada?.
En consecuencia, no ha crecido la superficie del siniestro, que en jornadas anteriores había experimentado un avance progresivo.
Un primer grupo de 14 brigadistas que trabaja sobre la cabeza del incendio sufrió la complicación de que un árbol cayó sobre una de las líneas de agua. Otro de los grupos, sobre el sector izquierdo, controló varios focos secundarios.
Además, las llamas siguen siendo atacadas con dos topadores y camiones cisterna que pudieron ser transportados hasta la zona, ubicada a mitad de camino entre Ushuaia y Río Grande y a 193 metros sobre el nivel del mar.
En el sitio del incendio se encuentra personal de la Dirección de Bosques, Defensa Civil provincial, policías, bomberos, maquinistas y motosierristas de empresas particulares y brigadistas de los parques nacionales Nahuel Huapi, Los Alerces, Lanín y Tierra del Fuego.
El secretario de Desarrollo Sustentable y Ambiente de la provincia, Ariel Martínez, confirmó que está demorada la llegada de un helicóptero provisto por la Provincia de Buenos Aires, debido a un inconveniente mecánico.
Martínez confirmó que por decreto, firmado por el vicegobernador Roberto Crocianelli, se declaró la emergencia ambiental y la veda total para fogones en zonas rurales.
El incendio forestal de la reserva Corazón de la Isla es el tercero en lo que va del año, contando los registrados en Bahía Torito y Bahía San Pablo.
Fecha de Publicación: 23/02/2012
Fuente: Telam
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Autoridades de Tierra del Fuego admitieron que aún no pueden controlar el incendio forestal iniciado hace nueve días en la reserva "Corazón de la Isla", en inmediaciones de la comuna de Tolhuin en el centro provincial.
Las llamas que afectan bosque nativo de lengas y ñires ya devoraron unas 850 hectáreas y son combatidas por 88 brigadistas, incluido personal del Plan Nacional de Manejo del Fuego.
El último parte oficial indicó que la mayor actividad del incendio se encuentra ahora circunscripta a un perímetro determinado, siendo más reducidos los efectos tanto en los flancos como en la cabeza del área afectada?.
En consecuencia, no ha crecido la superficie del siniestro, que en jornadas anteriores había experimentado un avance progresivo.
Un primer grupo de 14 brigadistas que trabaja sobre la cabeza del incendio sufrió la complicación de que un árbol cayó sobre una de las líneas de agua. Otro de los grupos, sobre el sector izquierdo, controló varios focos secundarios.
Además, las llamas siguen siendo atacadas con dos topadores y camiones cisterna que pudieron ser transportados hasta la zona, ubicada a mitad de camino entre Ushuaia y Río Grande y a 193 metros sobre el nivel del mar.
En el sitio del incendio se encuentra personal de la Dirección de Bosques, Defensa Civil provincial, policías, bomberos, maquinistas y motosierristas de empresas particulares y brigadistas de los parques nacionales Nahuel Huapi, Los Alerces, Lanín y Tierra del Fuego.
El secretario de Desarrollo Sustentable y Ambiente de la provincia, Ariel Martínez, confirmó que está demorada la llegada de un helicóptero provisto por la Provincia de Buenos Aires, debido a un inconveniente mecánico.
Martínez confirmó que por decreto, firmado por el vicegobernador Roberto Crocianelli, se declaró la emergencia ambiental y la veda total para fogones en zonas rurales.
El incendio forestal de la reserva Corazón de la Isla es el tercero en lo que va del año, contando los registrados en Bahía Torito y Bahía San Pablo.
Tucumán: Acheral afectado por el glifosato
Fumigaciones con glifosato y problemas de salud en la localidad de Acheral
Fecha de Publicación: 22/02/2012
Fuente: El Siglo
Provincia/Región: Tucumán
Habitantes de esa comuna, ubicada a 45 kilómetros de la Capital tucumana, denunciaron que la utilización de ese herbicida en un campo de soja, ubicado a metros de sus casas y frente a una escuela, ocasionó enfermedades a varias personas que viven en la zona. Dicen que el delegado comunal no da la cara. Anuncian protestas.
Los vecinos de Acheral, localidad ubicada a 45 kilómetros de la Capital tucumana, ya forman parte del cada vez mayor grupo de argentinos para quienes la palabra "soja", en lugar de representar riqueza y progreso, significa contaminación y enfermedades.
Ello debido a las cada vez más frecuentes fumigaciones con glifosato, un peligroso y contaminante herbicida, de un campo sembrado con dicha oleaginosa que está ubicado a metros de sus casas y frente a la escuela secundaria donde estudian sus hijos.
Debido a esta situación, que ya fue denunciada ante las autoridades comunales y policiales sin lograr una respuesta positiva, los pobladores anunciaron que en los próximos días iniciarán un plan de lucha para exigir que se prohíba el uso de glifosato en la zona.
Vecinos de Acheral, encabezados por Alfredo Olea, María Villarreal, Graciela Salomón y Norberta Lorenzo, visitaron la redacción de EL SIGLO para poner en conocimiento de este tema a la opinión pública y a las autoridades pertinentes.
Informaron que todo comenzó en diciembre último, cuando se inició un sembradío de soja en un terreno ubicado a escasos metros de sus viviendas y de la escuela.
"No estamos en contra de la soja, pero sí en contra de los agroquímicos que se usan en estas plantaciones", aclararon.
Informaron que "se realizo una presentación al delegado comunal Victor Hugo Cardozo con las firmas de los vecinos pidiéndole que no se realicen las fumigaciones, porque en ellas se utilizan glifosato. Tenemos conocimientos de lo que pueden ocasionar a nuestra salud y en principal a los niños y ancianos, como ser distintos tipos de cáncer, esterilidad, malformaciones genéticas, dermatitis y leucemia, y no tuvimos respuesta de parte de la autoridad del pueblo", se quejaron.
Efectos en la salud
Los vecinos precisaron que la primera fumigación con ese plaguicida se realizó el pasado 4 de enero y que sus efectos se hicieron sentir de inmediato. "Se fumigo a las 9 de la mañana eran 4 de la tarde y no se aguantaba el olor del veneno, se murieron perritos y pollos, los árboles de las veredas estaban todos amarillos. Además, varios vecinos presentaron problemas respiratorios, a la vista, dermatológicos, y del aparato digestivo durante todo el día. Cuando fumigaron, Analía Galindez nos contó que estuvo todo ese día con vómitos, mareos y mucho dolor de cabeza, como así también toda su familia, en especial sus hijos", graficaron.
También comentaron que a Alicia Castillo, otra vecina de la zona, la fumigación con glifosato "le causo irritación en la piel, dolor de estómago y náuseas. A Graciela Salomón le costaba respirar, le faltaba el aire, sentía ahogarse, recurrió al dispensario para ser atendida, se trato de comunicar con el delegado (Cardozo), pero no nos quiso atender", denunciaron.
Los vecinos informaron que en su intento por "parar las fumigaciones desmedidas alrededor del pueblo, no se le permitió al arrendatario (del campo mencionado), Ariel Mena, fumigar detrás de la escuela el pasado 30 de enero". Agregaron que "en un diálogo con esta persona y frente a la autoridad policial, Carlos Castells, (Mena) admitió estar fumigando con glifosato", por lo que hicieron una presentación judicial que frenó la fumigación en el sector lindero con el establecimiento educativo.
No obstante, advirtieron que cuatro días más tarde el arrendatario del campo "esperando que no se encuentre el juez y en hora de la siesta", ordenó fumigar nuevamente el sector. "Cuando los vimos estaban terminando de fumigar y salieron como si habrían robado algo, los seguimos y a un kilómetro nos dimos cuenta de que estaba el arrendatario Mena con su camioneta; se le pidió la cartilla del veneno con la autorización pertinente, pero apenas mostró una hoja que tenía preguntas sobre el glifosato dada por el INTA, según él, y no nos la quiso entregar diciendo que la iba a presentar el lunes ante el juez, lo cual no fue hecho", relataron.
Los vecinos señalaron que la tercera fumigación en ese campo tuvo lugar el 14 de febrero último "a las 3 de la madrugada, para evitar que alguien interfiera". "Ya estamos cansados por esta situación, porque la persona que vela por la integridad y salud de los vecinos, o sea el delegado comunal Cardozo, nunca da la cara. El dice que esto es política, pero nosotros respondemos que esto es conciencia ciudadana, defendiendo la salud nuestra y de todas nuestras familias", sentenciaron.
Por último plantearon que se encuentran "con gran incertidumbre ya que comienzan las clases en las escuelas y estas se encuentran a sólo diez metros de las plantaciones de soja. Tampoco podemos mandar a nuestros hijos a la única escuelita de fútbol del pueblo, donde van chicos desde 5 a 12 años que practican su actividad, en los predios de dicha escuela", completaron.
Qué es el glifosato
Introducido en el mercado a mediados de 1983 como una nueva sustancia, el glifosato es un herbicida de amplio espectro, no selectivo y que se utiliza para la matanza de hierbas. Este mismo está acompañado de la semilla transgénica de soja que es resistente al glifosato. La semilla de soja genéticamente modificada posee un gen que le permite resistir a dicho herbicida en el proceso de fumigación.
Si bien el glifosato no es más tóxico que otros agroquímicos, Santiago Sarandon, Titular de la Cátedra de Agroecología de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Plata señala que "el problema no es la molécula del glifosato, sino el uso masivo y eso es lo que nosotros desde la agroecología señalamos: el uso indiscriminado de cosas artificiales, que aparentemente son inocuos en el ambiente". Esto se da en el marco de las 16.000.000 de hectáreas, que hoy están cultivadas con la soja transgénica en nuestro país.
Con el auge de la soja las grandes empresas de semillas empezaron a introducir variaciones genéticas en las mismas para lograr un mayor rendimiento en la cosecha. Así la empresa multinacional Monsanto, una de las pioneras en interesarse en esto, lanzó al mercado hace ya más de dos décadas, su producto llamado Roundup, que contiene glifosato. Distintos informes denuncian que este producto, además de degradar el suelo, traería como consecuencia problemas de salud en la población.
Hay investigadores y científicos que afirman esto. El ejemplo mas revelador es el documental titulado "El mundo según Monsanto", de la francesa Marie-Monique Robin, que se atreve a pronosticar que este herbicida no sólo es contaminante sino que además trae aparejado malformaciones genéticas y causa cáncer de distintos tipos.
Fecha de Publicación: 22/02/2012
Fuente: El Siglo
Provincia/Región: Tucumán
Habitantes de esa comuna, ubicada a 45 kilómetros de la Capital tucumana, denunciaron que la utilización de ese herbicida en un campo de soja, ubicado a metros de sus casas y frente a una escuela, ocasionó enfermedades a varias personas que viven en la zona. Dicen que el delegado comunal no da la cara. Anuncian protestas.
Los vecinos de Acheral, localidad ubicada a 45 kilómetros de la Capital tucumana, ya forman parte del cada vez mayor grupo de argentinos para quienes la palabra "soja", en lugar de representar riqueza y progreso, significa contaminación y enfermedades.
Ello debido a las cada vez más frecuentes fumigaciones con glifosato, un peligroso y contaminante herbicida, de un campo sembrado con dicha oleaginosa que está ubicado a metros de sus casas y frente a la escuela secundaria donde estudian sus hijos.
Debido a esta situación, que ya fue denunciada ante las autoridades comunales y policiales sin lograr una respuesta positiva, los pobladores anunciaron que en los próximos días iniciarán un plan de lucha para exigir que se prohíba el uso de glifosato en la zona.
Vecinos de Acheral, encabezados por Alfredo Olea, María Villarreal, Graciela Salomón y Norberta Lorenzo, visitaron la redacción de EL SIGLO para poner en conocimiento de este tema a la opinión pública y a las autoridades pertinentes.
Informaron que todo comenzó en diciembre último, cuando se inició un sembradío de soja en un terreno ubicado a escasos metros de sus viviendas y de la escuela.
"No estamos en contra de la soja, pero sí en contra de los agroquímicos que se usan en estas plantaciones", aclararon.
Informaron que "se realizo una presentación al delegado comunal Victor Hugo Cardozo con las firmas de los vecinos pidiéndole que no se realicen las fumigaciones, porque en ellas se utilizan glifosato. Tenemos conocimientos de lo que pueden ocasionar a nuestra salud y en principal a los niños y ancianos, como ser distintos tipos de cáncer, esterilidad, malformaciones genéticas, dermatitis y leucemia, y no tuvimos respuesta de parte de la autoridad del pueblo", se quejaron.
Efectos en la salud
Los vecinos precisaron que la primera fumigación con ese plaguicida se realizó el pasado 4 de enero y que sus efectos se hicieron sentir de inmediato. "Se fumigo a las 9 de la mañana eran 4 de la tarde y no se aguantaba el olor del veneno, se murieron perritos y pollos, los árboles de las veredas estaban todos amarillos. Además, varios vecinos presentaron problemas respiratorios, a la vista, dermatológicos, y del aparato digestivo durante todo el día. Cuando fumigaron, Analía Galindez nos contó que estuvo todo ese día con vómitos, mareos y mucho dolor de cabeza, como así también toda su familia, en especial sus hijos", graficaron.
También comentaron que a Alicia Castillo, otra vecina de la zona, la fumigación con glifosato "le causo irritación en la piel, dolor de estómago y náuseas. A Graciela Salomón le costaba respirar, le faltaba el aire, sentía ahogarse, recurrió al dispensario para ser atendida, se trato de comunicar con el delegado (Cardozo), pero no nos quiso atender", denunciaron.
Los vecinos informaron que en su intento por "parar las fumigaciones desmedidas alrededor del pueblo, no se le permitió al arrendatario (del campo mencionado), Ariel Mena, fumigar detrás de la escuela el pasado 30 de enero". Agregaron que "en un diálogo con esta persona y frente a la autoridad policial, Carlos Castells, (Mena) admitió estar fumigando con glifosato", por lo que hicieron una presentación judicial que frenó la fumigación en el sector lindero con el establecimiento educativo.
No obstante, advirtieron que cuatro días más tarde el arrendatario del campo "esperando que no se encuentre el juez y en hora de la siesta", ordenó fumigar nuevamente el sector. "Cuando los vimos estaban terminando de fumigar y salieron como si habrían robado algo, los seguimos y a un kilómetro nos dimos cuenta de que estaba el arrendatario Mena con su camioneta; se le pidió la cartilla del veneno con la autorización pertinente, pero apenas mostró una hoja que tenía preguntas sobre el glifosato dada por el INTA, según él, y no nos la quiso entregar diciendo que la iba a presentar el lunes ante el juez, lo cual no fue hecho", relataron.
Los vecinos señalaron que la tercera fumigación en ese campo tuvo lugar el 14 de febrero último "a las 3 de la madrugada, para evitar que alguien interfiera". "Ya estamos cansados por esta situación, porque la persona que vela por la integridad y salud de los vecinos, o sea el delegado comunal Cardozo, nunca da la cara. El dice que esto es política, pero nosotros respondemos que esto es conciencia ciudadana, defendiendo la salud nuestra y de todas nuestras familias", sentenciaron.
Por último plantearon que se encuentran "con gran incertidumbre ya que comienzan las clases en las escuelas y estas se encuentran a sólo diez metros de las plantaciones de soja. Tampoco podemos mandar a nuestros hijos a la única escuelita de fútbol del pueblo, donde van chicos desde 5 a 12 años que practican su actividad, en los predios de dicha escuela", completaron.
Qué es el glifosato
Introducido en el mercado a mediados de 1983 como una nueva sustancia, el glifosato es un herbicida de amplio espectro, no selectivo y que se utiliza para la matanza de hierbas. Este mismo está acompañado de la semilla transgénica de soja que es resistente al glifosato. La semilla de soja genéticamente modificada posee un gen que le permite resistir a dicho herbicida en el proceso de fumigación.
Si bien el glifosato no es más tóxico que otros agroquímicos, Santiago Sarandon, Titular de la Cátedra de Agroecología de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Plata señala que "el problema no es la molécula del glifosato, sino el uso masivo y eso es lo que nosotros desde la agroecología señalamos: el uso indiscriminado de cosas artificiales, que aparentemente son inocuos en el ambiente". Esto se da en el marco de las 16.000.000 de hectáreas, que hoy están cultivadas con la soja transgénica en nuestro país.
Con el auge de la soja las grandes empresas de semillas empezaron a introducir variaciones genéticas en las mismas para lograr un mayor rendimiento en la cosecha. Así la empresa multinacional Monsanto, una de las pioneras en interesarse en esto, lanzó al mercado hace ya más de dos décadas, su producto llamado Roundup, que contiene glifosato. Distintos informes denuncian que este producto, además de degradar el suelo, traería como consecuencia problemas de salud en la población.
Hay investigadores y científicos que afirman esto. El ejemplo mas revelador es el documental titulado "El mundo según Monsanto", de la francesa Marie-Monique Robin, que se atreve a pronosticar que este herbicida no sólo es contaminante sino que además trae aparejado malformaciones genéticas y causa cáncer de distintos tipos.
Reclaman fondos para los RSU en Tucumán
Reclama $ 10 millones la firma que opera en Pacará Pintado
Fecha de Publicación: 22/02/2012
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
"Vamos a exigir lo que nos corresponde", advirtió Criado ante la estatización del servicio. Desde el 1 de febrero es el consorcio intermunicipal el que se hace cargo de la disposición final de los residuos en Overa Pozo.
Sorpresa. Esta fue la palabra que usó el gerente de la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL, Juan Manuel Criado, para referirse a la decisión del Gobierno de no renovarle el contrato para que la firma continúe con la concesión de la gestión de los residuos sólidos urbanos.
Hasta el 1 de febrero, la empresa estuvo a cargo del manejo de la basura que se origina en los seis municipios del Gran San Miguel de Tucumán que integran el consorcio metropolitano. Y desde ese momento, es el propio Estado, a través del consorcio, el que se encarga de la gestión de la basura, tal como lo adelantó LA GACETA en su edición de ayer.
Juan Manuel Criado es el hijo de Mario Criado, y en estos momentos está a cargo de la administración de la firma. El novel empresario afirmó estar sorprendido por la decisión y remarcó que Servicios y Construcciones La Banda SRL "fue imprescindible" -en un determinado momento- para el Gobierno, luego del cierre del cuestionado vaciadero ubicado en Los Vázquez.
"Como primera medida, queremos aclarar que nosotros nos hicimos cargo de una situación crítica que vivía la provincia con el vaciadero de Los Vázquez. El Gobierno nos convocó para que nos hagamos cargo en 2004, a través de nuestro predio en Pacará Pintado, que era una planta piloto. A partir de ahí, respondimos a una política implementada por la Provincia y utilizamos Pacará Pintado para la disposición final de los residuos. No nos olvidemos que era una planta piloto", aclaró el gerente de la empresa.
Luego señaló que el Gobierno los convocó "de urgencia" porque el vaciadero de Los Vázquez debía ser cerrado. "El Gobierno pagaba $ 50.000 en astreintes por cada día que el basural de Los Vázquez permanecía abierto", recordó el empresario.
¿Qué pasará con la planta de Overa Pozo?, se le consultó. "A nosotros nos toma por sorpresa el cambio de gestión por parte del Gobierno. No estamos en contra de esa decisión porque formamos parte del sistema. Lo que sí quiero aclarar es que la empresa invirtió $ 10 millones en la construcción de esa planta. Y si el Gobierno decide expropiarla o algo por el estilo, vamos a exigir lo que nos corresponde", aventuró el encargado.
¿Se sienten usados por el Gobierno?, se le inquirió. "¿Y a usted qué le parece?", respondió Criado escuetamente. "Nosotros pusimos toda la ingeniería, las maquinarias, el personal...Y si todo eso pasa a manos del Estado... Vamos a esperar los próximos pasos", agregó.
Criado afirmó que la empresa que representa todavía sigue explotando el servicio de transferencia y transporte de la basura. "Lo que dejamos de prestar es el servicio de disposición final en Overa Pozo", concluyó.
Fecha de Publicación: 22/02/2012
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
"Vamos a exigir lo que nos corresponde", advirtió Criado ante la estatización del servicio. Desde el 1 de febrero es el consorcio intermunicipal el que se hace cargo de la disposición final de los residuos en Overa Pozo.
Sorpresa. Esta fue la palabra que usó el gerente de la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL, Juan Manuel Criado, para referirse a la decisión del Gobierno de no renovarle el contrato para que la firma continúe con la concesión de la gestión de los residuos sólidos urbanos.
Hasta el 1 de febrero, la empresa estuvo a cargo del manejo de la basura que se origina en los seis municipios del Gran San Miguel de Tucumán que integran el consorcio metropolitano. Y desde ese momento, es el propio Estado, a través del consorcio, el que se encarga de la gestión de la basura, tal como lo adelantó LA GACETA en su edición de ayer.
Juan Manuel Criado es el hijo de Mario Criado, y en estos momentos está a cargo de la administración de la firma. El novel empresario afirmó estar sorprendido por la decisión y remarcó que Servicios y Construcciones La Banda SRL "fue imprescindible" -en un determinado momento- para el Gobierno, luego del cierre del cuestionado vaciadero ubicado en Los Vázquez.
"Como primera medida, queremos aclarar que nosotros nos hicimos cargo de una situación crítica que vivía la provincia con el vaciadero de Los Vázquez. El Gobierno nos convocó para que nos hagamos cargo en 2004, a través de nuestro predio en Pacará Pintado, que era una planta piloto. A partir de ahí, respondimos a una política implementada por la Provincia y utilizamos Pacará Pintado para la disposición final de los residuos. No nos olvidemos que era una planta piloto", aclaró el gerente de la empresa.
Luego señaló que el Gobierno los convocó "de urgencia" porque el vaciadero de Los Vázquez debía ser cerrado. "El Gobierno pagaba $ 50.000 en astreintes por cada día que el basural de Los Vázquez permanecía abierto", recordó el empresario.
¿Qué pasará con la planta de Overa Pozo?, se le consultó. "A nosotros nos toma por sorpresa el cambio de gestión por parte del Gobierno. No estamos en contra de esa decisión porque formamos parte del sistema. Lo que sí quiero aclarar es que la empresa invirtió $ 10 millones en la construcción de esa planta. Y si el Gobierno decide expropiarla o algo por el estilo, vamos a exigir lo que nos corresponde", aventuró el encargado.
¿Se sienten usados por el Gobierno?, se le inquirió. "¿Y a usted qué le parece?", respondió Criado escuetamente. "Nosotros pusimos toda la ingeniería, las maquinarias, el personal...Y si todo eso pasa a manos del Estado... Vamos a esperar los próximos pasos", agregó.
Criado afirmó que la empresa que representa todavía sigue explotando el servicio de transferencia y transporte de la basura. "Lo que dejamos de prestar es el servicio de disposición final en Overa Pozo", concluyó.
Quién es quién en el debate sobre megaminería
Quién es quién en el debate sobre megaminería
Fecha de Publicación: 21/02/2012
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Existe pensamiento crítico y credibilidad en provincias y universidades. No así en gobernadores ni en el Estado nacional, en clara alianza estratégica con las mineras.
Lejos de abrir a un “debate serio y responsable”, como decía proponer hace unos días la Presidenta, la reciente Organización Federal de Estados Mineros, que reúne a las provincias mineras, pone en evidencia las intenciones de los gobiernos nacional y provinciales de renovar sus apoyos al modelo extractivo y clausurar cualquier posibilidad de una discusión de fondo sobre la espinosa cuestión de la megaminería , que incluya, entre otras cosas, la modificación de las leyes mineras sancionadas en los `90.
Este “pacto”, decidido de espaldas a la sociedad , se inserta en un escenario marcado por una gran conflictividad social y una escalada represiva en el noroeste argentino, cuyo epicentro se desplazó desde Tinogasta a Andalgalá, donde se implantó un virtual e inédito estado de sitio, sostenido por los sectores promineros.
Existe toda una casuística en las provincias que es necesario valorizar a la hora de pensar críticamente esta problemática. Así, cabe preguntar con qué credibilidad cuentan los gobernadores para hablar de megaminería y desarrollo . Basta mirar Catamarca, que tras 15 años de explotación megaminera presenta índices desastrosos de desarrollo humano, así como la tasa de empleo público más alta del país -25% de la población económicamente activa trabaja en el Estado, según consignaba el diario El Ancasti en 2010-, lo cual se repite en relación a la Asignación Universal por Hijo , para concluir que este modelo está lejos de haberse convertido en “motor de desarrollo” , como pregonan sus defensores.
Asimismo, de qué nuevos desafíos tecnológicos, económicos y ambientales se nos habla, en nombre de las empresas mixtas, si basta examinar la historia de la asociación del Estado catamarqueño con una empresa multinacional a través del YMAD (Yacimientos Mineros Aguas del Dionisio), la cual confirma la inexistencia de controles estatales sobre la extracción minera , a lo cual se suma la opacidad económica de dicha alianza, que incluye a la Universidad Nacional de Tucumán.
Por último, cabe preguntar con qué autoridad política y ética puede hablar la gobernadora Lucía Corpacci, como si ella no tuviera currículum político alguno , cuando en realidad fue vicegobernadora entre 2007 y 2009, durante uno de los mandatos del radical K, Brizuela del Moral, antes de ser senadora nacional por su provincia. Más aún, cómo puede pretender dar cátedra sobre minería, información y democracia, si la misma se ha desentendido de toda responsabilidad política respecto de la brutal represión de Tinogasta y aún hoy acusa un silencio elocuente sobre lo sucedido en Andalgalá.
En segundo lugar, no es verdad, como muchos afirman con ligereza, que no hubo debates sobre megaminería en el país.
Sin tales debates, resultaría muy difícil explicar la sanción de 9 leyes provinciales – dos de ellas, hoy derogadas- en contra de la megaminería . En realidad, los debates acerca de qué entendemos por desarrollo, así como del carácter insustentable de este tipo de minería, se han venido dando al compás de las luchas, a partir de 2003, primero en Esquel, pero con mayor fuerza desde 2006, en diferentes territorios provinciales.
Por último, hay quienes tienden a silenciar que, a partir de 2009, se han llevado a cabo debates en las universidades públicas sobre los controversiales fondos que Bajo la Alumbrera comenzó a distribuir entre las mismas.
Hay que destacar la ejemplar resolución del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, que en diciembre de 2009 rechazó los 3,3 millones de pesos procedentes de la distribución de utilidades de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio. Esta decisión, adoptada después de consultas con profesionales de las más diversas disciplinas, concluyó en una larga y fundamentada resolución en contra de la megaminería , que planteó la necesidad de revisar los contratos mineros y la legislación existente , al tiempo que manifestó su apoyo a las comunidades afectadas por la minería en sus reclamos reivindicatorios. Una declaración similar proviene de la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Habrá entonces que acusar de “fundamentalistas” y “dogmáticas” o tildar de “ambientalistas” estas resoluciones avaladas por diferentes universidades, y apoyadas sobre investigaciones independientes y documentación científica? Así, debemos reconocer que, como en tantas otras épocas, el debate comenzó entonces en el interior, para instalarse -de modo tardío- en la agenda política y mediática nacional.
Pero esto no se debe solamente a las lógicas desconexiones entre lo local/provincial y lo nacional, ni tampoco exclusivamente a la matriz productivista que acusa la tradición peronista, sino a los silencios y zonas ciegas que el progresismo oficialista ha venido acumulando sobre la cuestión de la megaminería , a raíz de la alianza estratégica que el Estado nacional, además de los gobiernos provinciales, mantiene con las corporaciones mineras. No es casual que hoy, frente a la nacionalización de la cuestión, consumada por la pueblada de Famatina, todavía estén aquellos que se resisten a reconocer el carácter genuino de estas movilizaciones, al tiempo que buscan desconocer los aportes que desde el pensamiento crítico en toda América latina se vienen elaborando sobre el tema.
Este hecho incontestable nos advierte acerca de las verdaderas dificultades que atraviesa un debate de esta complejidad, pues no todos están dispuestos a llevar a cabo una discusión de fondo sobre qué entendemos hoy por desarrollo, democracia, soberanía y derechos humanos.
Fecha de Publicación: 21/02/2012
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Existe pensamiento crítico y credibilidad en provincias y universidades. No así en gobernadores ni en el Estado nacional, en clara alianza estratégica con las mineras.
Lejos de abrir a un “debate serio y responsable”, como decía proponer hace unos días la Presidenta, la reciente Organización Federal de Estados Mineros, que reúne a las provincias mineras, pone en evidencia las intenciones de los gobiernos nacional y provinciales de renovar sus apoyos al modelo extractivo y clausurar cualquier posibilidad de una discusión de fondo sobre la espinosa cuestión de la megaminería , que incluya, entre otras cosas, la modificación de las leyes mineras sancionadas en los `90.
Este “pacto”, decidido de espaldas a la sociedad , se inserta en un escenario marcado por una gran conflictividad social y una escalada represiva en el noroeste argentino, cuyo epicentro se desplazó desde Tinogasta a Andalgalá, donde se implantó un virtual e inédito estado de sitio, sostenido por los sectores promineros.
Existe toda una casuística en las provincias que es necesario valorizar a la hora de pensar críticamente esta problemática. Así, cabe preguntar con qué credibilidad cuentan los gobernadores para hablar de megaminería y desarrollo . Basta mirar Catamarca, que tras 15 años de explotación megaminera presenta índices desastrosos de desarrollo humano, así como la tasa de empleo público más alta del país -25% de la población económicamente activa trabaja en el Estado, según consignaba el diario El Ancasti en 2010-, lo cual se repite en relación a la Asignación Universal por Hijo , para concluir que este modelo está lejos de haberse convertido en “motor de desarrollo” , como pregonan sus defensores.
Asimismo, de qué nuevos desafíos tecnológicos, económicos y ambientales se nos habla, en nombre de las empresas mixtas, si basta examinar la historia de la asociación del Estado catamarqueño con una empresa multinacional a través del YMAD (Yacimientos Mineros Aguas del Dionisio), la cual confirma la inexistencia de controles estatales sobre la extracción minera , a lo cual se suma la opacidad económica de dicha alianza, que incluye a la Universidad Nacional de Tucumán.
Por último, cabe preguntar con qué autoridad política y ética puede hablar la gobernadora Lucía Corpacci, como si ella no tuviera currículum político alguno , cuando en realidad fue vicegobernadora entre 2007 y 2009, durante uno de los mandatos del radical K, Brizuela del Moral, antes de ser senadora nacional por su provincia. Más aún, cómo puede pretender dar cátedra sobre minería, información y democracia, si la misma se ha desentendido de toda responsabilidad política respecto de la brutal represión de Tinogasta y aún hoy acusa un silencio elocuente sobre lo sucedido en Andalgalá.
En segundo lugar, no es verdad, como muchos afirman con ligereza, que no hubo debates sobre megaminería en el país.
Sin tales debates, resultaría muy difícil explicar la sanción de 9 leyes provinciales – dos de ellas, hoy derogadas- en contra de la megaminería . En realidad, los debates acerca de qué entendemos por desarrollo, así como del carácter insustentable de este tipo de minería, se han venido dando al compás de las luchas, a partir de 2003, primero en Esquel, pero con mayor fuerza desde 2006, en diferentes territorios provinciales.
Por último, hay quienes tienden a silenciar que, a partir de 2009, se han llevado a cabo debates en las universidades públicas sobre los controversiales fondos que Bajo la Alumbrera comenzó a distribuir entre las mismas.
Hay que destacar la ejemplar resolución del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, que en diciembre de 2009 rechazó los 3,3 millones de pesos procedentes de la distribución de utilidades de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio. Esta decisión, adoptada después de consultas con profesionales de las más diversas disciplinas, concluyó en una larga y fundamentada resolución en contra de la megaminería , que planteó la necesidad de revisar los contratos mineros y la legislación existente , al tiempo que manifestó su apoyo a las comunidades afectadas por la minería en sus reclamos reivindicatorios. Una declaración similar proviene de la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Habrá entonces que acusar de “fundamentalistas” y “dogmáticas” o tildar de “ambientalistas” estas resoluciones avaladas por diferentes universidades, y apoyadas sobre investigaciones independientes y documentación científica? Así, debemos reconocer que, como en tantas otras épocas, el debate comenzó entonces en el interior, para instalarse -de modo tardío- en la agenda política y mediática nacional.
Pero esto no se debe solamente a las lógicas desconexiones entre lo local/provincial y lo nacional, ni tampoco exclusivamente a la matriz productivista que acusa la tradición peronista, sino a los silencios y zonas ciegas que el progresismo oficialista ha venido acumulando sobre la cuestión de la megaminería , a raíz de la alianza estratégica que el Estado nacional, además de los gobiernos provinciales, mantiene con las corporaciones mineras. No es casual que hoy, frente a la nacionalización de la cuestión, consumada por la pueblada de Famatina, todavía estén aquellos que se resisten a reconocer el carácter genuino de estas movilizaciones, al tiempo que buscan desconocer los aportes que desde el pensamiento crítico en toda América latina se vienen elaborando sobre el tema.
Este hecho incontestable nos advierte acerca de las verdaderas dificultades que atraviesa un debate de esta complejidad, pues no todos están dispuestos a llevar a cabo una discusión de fondo sobre qué entendemos hoy por desarrollo, democracia, soberanía y derechos humanos.
Preocupa la contaminación del glifosato
Preocupa el alto grado de contaminación del glifosato
Fecha de Publicación: 20/02/2012
Fuente: Mendoza Opina
Provincia/Región: Nacional
Este producto está provocando una gran contaminación en las áreas rurales fumigadas también en ciertos lugares de las ciudades donde se utiliza. Contamina el suelo, agua superficial, subterránea, seres vivos, flora, fauna y seres humanos.
El glifosato es un herbicida no selectivo que se utiliza para desmalezar terrenos y plantaciones de soja transgénica y otros cultivos.
La contaminación para las personas puede ser por el aire, el agua, en el contacto en la piel, o la ingesta de productos alimenticios en especial verduras que contengan residuos de glifosato.
Según las características del producto, tiene una permanencia en el suelo de 60 días, aunque hay casos en los que se encontraron residuos de este producto sin descomponer, luego de un año.
En poblaciones expuestas al glifosato se encuentran altas cantidades de casos de cáncer, lupus, problemas reproductivos, intoxicaciones, daños genéticos, niños recién nacidos con patologías asociadas a este tipo de toxicidad, entre muchos otros problemas de salud.
Es altamente peligroso el uso de este herbicida que ayuda a mejorar las cosechas pero genera grandes riesgos de salud.
Como es habitual, las empresas solo muestran los beneficios de su producto a consumidores pero como en este caso no les informa a los productores que el uso del glifosato pondrá en riesgo su salud y la de las personas que se encuentren en las zonas de influencia.
Difundir estos datos es importante para buscar alternativas a este tipo de productos, porque existen.
Los estados también deben actuar y prohibir la fabricación, comercialización y utilización de productos tan tóxicos y dañinos para el medio ambiente y para las personas. Además deben hacerles asumir las responsabilidades a las empresas por las consecuencias que provocan sus productos ya que ellos se enriquecen, sabiendo que el uso de su producto no es seguro para las personas ni para el medio ambiente, publicó ambiente.net
Antecedentes judiciales
Indica el diario Página 12 de Argentina que el fallo fue emitido por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (Sala II) de Santa Fe y ratifica la prohibición de las fumigaciones con glifosato en cercanías de zonas urbanas que había solicitado en marzo del año pasado.
Además, la Cámara ha invertido la carga de prueba y en lugar de solicitar a los damnificados que prueben su denuncia, ha pedido al gobierno de Santa Fe y a la Universidad Nacional del Litoral (UNL) que demuestren en el plazo de seis meses que el glifosato no es dañino para la salud.
Es decir: se ha fallado en favor de las personas y el ambiente en lugar de las compañías e intereses económicos.
La Cámara que emitió el fallo reconoció que tomar esta decisión fue complejo, entre otras cosas por las "controversias científicas, intereses económicos, presiones y contrapresiones de orden político y empresario" que rodean al asunto. Es que las empresas productoras de agroquímicos tienen enormes intereses en un país que depende de ellas para producir.
Fecha de Publicación: 20/02/2012
Fuente: Mendoza Opina
Provincia/Región: Nacional
Este producto está provocando una gran contaminación en las áreas rurales fumigadas también en ciertos lugares de las ciudades donde se utiliza. Contamina el suelo, agua superficial, subterránea, seres vivos, flora, fauna y seres humanos.
El glifosato es un herbicida no selectivo que se utiliza para desmalezar terrenos y plantaciones de soja transgénica y otros cultivos.
La contaminación para las personas puede ser por el aire, el agua, en el contacto en la piel, o la ingesta de productos alimenticios en especial verduras que contengan residuos de glifosato.
Según las características del producto, tiene una permanencia en el suelo de 60 días, aunque hay casos en los que se encontraron residuos de este producto sin descomponer, luego de un año.
En poblaciones expuestas al glifosato se encuentran altas cantidades de casos de cáncer, lupus, problemas reproductivos, intoxicaciones, daños genéticos, niños recién nacidos con patologías asociadas a este tipo de toxicidad, entre muchos otros problemas de salud.
Es altamente peligroso el uso de este herbicida que ayuda a mejorar las cosechas pero genera grandes riesgos de salud.
Como es habitual, las empresas solo muestran los beneficios de su producto a consumidores pero como en este caso no les informa a los productores que el uso del glifosato pondrá en riesgo su salud y la de las personas que se encuentren en las zonas de influencia.
Difundir estos datos es importante para buscar alternativas a este tipo de productos, porque existen.
Los estados también deben actuar y prohibir la fabricación, comercialización y utilización de productos tan tóxicos y dañinos para el medio ambiente y para las personas. Además deben hacerles asumir las responsabilidades a las empresas por las consecuencias que provocan sus productos ya que ellos se enriquecen, sabiendo que el uso de su producto no es seguro para las personas ni para el medio ambiente, publicó ambiente.net
Antecedentes judiciales
Indica el diario Página 12 de Argentina que el fallo fue emitido por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (Sala II) de Santa Fe y ratifica la prohibición de las fumigaciones con glifosato en cercanías de zonas urbanas que había solicitado en marzo del año pasado.
Además, la Cámara ha invertido la carga de prueba y en lugar de solicitar a los damnificados que prueben su denuncia, ha pedido al gobierno de Santa Fe y a la Universidad Nacional del Litoral (UNL) que demuestren en el plazo de seis meses que el glifosato no es dañino para la salud.
Es decir: se ha fallado en favor de las personas y el ambiente en lugar de las compañías e intereses económicos.
La Cámara que emitió el fallo reconoció que tomar esta decisión fue complejo, entre otras cosas por las "controversias científicas, intereses económicos, presiones y contrapresiones de orden político y empresario" que rodean al asunto. Es que las empresas productoras de agroquímicos tienen enormes intereses en un país que depende de ellas para producir.
Destacan potencial eólico de la Argentina
Destacan potencial eólico de la Argentina
Fecha de Publicación: 20/02/2012
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Nacional
El Consejo Internacional de Energía Eólica plantea que el país tiene un “futuro promisorio”. Brasil y México encabezan el ranking de la región. Planes en Córdoba.
Gabriela Origlia | Especial para LA MAÑANA
La capacidad eólica instalada en Latinoamérica creció un 53,8% en 2010 y alcanzó los 2GW en total, según un informe del Consejo Internacional de Energía Eólica (GWEC). El mismo reporte identifica en particular a Argentina como un “promisorio mercado a futuro” para la industria de la generación eólica.
El trabajo destaca en particular que la empresa estatal Enarsa adjudicó contratos por proyectos eólicos con una capacidad combinada de 755Mw. Las iniciativas están enmarcadas en el programa Genren que plantea objetivos sobre renovables de cara al 2016, cuando se espera que el ocho por ciento de la generación eléctrica sea cubierta por este tipo de fuentes.
Enarsa durante 2010 realizó dos licitaciones y, en ese marco, recibió 32 propuestas de nuevos parques eólicos. Las adjudicatarias deberán afrontar las obras con recursos y financiamiento propios y, a cambio, el Estado les garantiza la compra de energía por 15 años con tarifas dolarizadas. Ese esquema les permitirá a las compañías recuperar las inversiones y embolsar una utilidad razonable.
En junio, en la primera licitación, se adjudicaron 754 Mw para generación eólica concentrados en cuatro empresas, tres nacionales y una subsidiaria de un holding español. Dominan el escenario Emgasud Renovables con 300 Mw (incluyendo las tres nuevas empresas del holding: Energías Sustentables, International New Energies y Patagonia Wind Energy SA), Isolux con 200 Mw, Impsa (grupo Pescarmona) con 155 Mw y Sogesic con 99 Mw. En la licitación de setiembre se sumaron ofertas por otros 215 Mw. Las ofertas se reparten entre las provincias de Santa Cruz, Chubut, La Rioja, Neuquén, Mendoza, La Rioja y Buenos Aires.
Los especialistas interpretan estos procesos como señales sobre las posibilidades concretas que se abren para el desarrollo eólico en Argentina, a la vez que también evidencia las dificultades que aún deben resolverse para que el potencial se desarrolle.
Lo más importante de las licitaciones se relaciona con los precios, ya que la modalidad de la oferta se basó en la tarifa ofrecida por las empresas participantes. Esa tarifa, expresada en dólares y sin las regulaciones que hoy alcanzan al mercado eléctrico en particular y energético en general, posibilitaron prever el recupero de la inversión en los parques y la rentabilidad estipulada por las compañías.
Córdoba
En Córdoba se han realizado estudios para determinar un mapa de vientos y hay potencial. Por ahora, en firme existe un proyecto para Morteros para el que se firmó una carta de intención entre la Cooperativa de Servicios Públicos de la localidad, Generadora Córdoba (Gecor) y el Grupo Minero Aconcagua.
Por otro lado, y con una inversión prevista de entre 60 y 70 millones de dólares, Electroingeniería estudia las condiciones en Río Cuarto para levantar un parque eólico que genere 25Mw y aporte al Sistema Interconectado Nacional.
Fecha de Publicación: 20/02/2012
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Nacional
El Consejo Internacional de Energía Eólica plantea que el país tiene un “futuro promisorio”. Brasil y México encabezan el ranking de la región. Planes en Córdoba.
Gabriela Origlia | Especial para LA MAÑANA
La capacidad eólica instalada en Latinoamérica creció un 53,8% en 2010 y alcanzó los 2GW en total, según un informe del Consejo Internacional de Energía Eólica (GWEC). El mismo reporte identifica en particular a Argentina como un “promisorio mercado a futuro” para la industria de la generación eólica.
El trabajo destaca en particular que la empresa estatal Enarsa adjudicó contratos por proyectos eólicos con una capacidad combinada de 755Mw. Las iniciativas están enmarcadas en el programa Genren que plantea objetivos sobre renovables de cara al 2016, cuando se espera que el ocho por ciento de la generación eléctrica sea cubierta por este tipo de fuentes.
Enarsa durante 2010 realizó dos licitaciones y, en ese marco, recibió 32 propuestas de nuevos parques eólicos. Las adjudicatarias deberán afrontar las obras con recursos y financiamiento propios y, a cambio, el Estado les garantiza la compra de energía por 15 años con tarifas dolarizadas. Ese esquema les permitirá a las compañías recuperar las inversiones y embolsar una utilidad razonable.
En junio, en la primera licitación, se adjudicaron 754 Mw para generación eólica concentrados en cuatro empresas, tres nacionales y una subsidiaria de un holding español. Dominan el escenario Emgasud Renovables con 300 Mw (incluyendo las tres nuevas empresas del holding: Energías Sustentables, International New Energies y Patagonia Wind Energy SA), Isolux con 200 Mw, Impsa (grupo Pescarmona) con 155 Mw y Sogesic con 99 Mw. En la licitación de setiembre se sumaron ofertas por otros 215 Mw. Las ofertas se reparten entre las provincias de Santa Cruz, Chubut, La Rioja, Neuquén, Mendoza, La Rioja y Buenos Aires.
Los especialistas interpretan estos procesos como señales sobre las posibilidades concretas que se abren para el desarrollo eólico en Argentina, a la vez que también evidencia las dificultades que aún deben resolverse para que el potencial se desarrolle.
Lo más importante de las licitaciones se relaciona con los precios, ya que la modalidad de la oferta se basó en la tarifa ofrecida por las empresas participantes. Esa tarifa, expresada en dólares y sin las regulaciones que hoy alcanzan al mercado eléctrico en particular y energético en general, posibilitaron prever el recupero de la inversión en los parques y la rentabilidad estipulada por las compañías.
Córdoba
En Córdoba se han realizado estudios para determinar un mapa de vientos y hay potencial. Por ahora, en firme existe un proyecto para Morteros para el que se firmó una carta de intención entre la Cooperativa de Servicios Públicos de la localidad, Generadora Córdoba (Gecor) y el Grupo Minero Aconcagua.
Por otro lado, y con una inversión prevista de entre 60 y 70 millones de dólares, Electroingeniería estudia las condiciones en Río Cuarto para levantar un parque eólico que genere 25Mw y aporte al Sistema Interconectado Nacional.
Las razones de la minería
Las razones de la minería
Fecha de Publicación: 19/02/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Por José Natanson - Director de Le Monde diplomatique, Edición Cono Sur.
Africa, partes de Asia y América latina viven con tensiones el boom extractivo, que cambió de métodos y alimenta un mercado voraz. De la mano de las inversiones llegan los conflictos políticos y medioambientales
La minería atraviesa un período de auge mundial que se explica por varias razones. La primera son las innovaciones tecnológicas, que hoy permiten explotar minerales dispersos en áreas relativamente amplias, superando así el agotamiento de la tradicional explotación de veta. La segunda es la escalada de precios resultante de la voracidad de algunos países emergentes en procesos de intensa industrialización, en particular China, que hoy consume el 46 por ciento del acero, el 40 por ciento del cobre y el 50 por ciento del carbón que se produce en el mundo, lo que la ha convertido en lo que los economistas, esos virtuosos del lenguaje, definen como un monopsonio (un actor económico que logra controlar el mercado por su capacidad de consumo, algo así como un monopolio de la demanda). Además, la debacle de los mercados financieros convencionales disparada por la crisis mundial de 2008-2011 llevó a muchos especuladores a refugiarse en las materias primas, lo que también contribuyó a aumentar sus precios.
Junto con Africa y algunas zonas de Asia, América del Sur es una de las regiones más ricas en minerales del planeta. En los últimos años, casi todos los países han visto una expansión acelerada de la actividad. En Brasil, por ejemplo, la producción de bauxita pasó de 19,3 millones de toneladas en 2003 a 29 millones en 2010, mientras que la de hierro creció de 263,7 a 370 millones de toneladas. En Perú, que hoy lidera el ranking minero de la región, las exportaciones totales registraron en 2011 el record de 45.726 millones de dólares, lo que representó un incremento de 28 por ciento en comparación al año anterior: de ellas, el 58 por ciento son minerales. Las exportaciones mineras provenientes del Mercosur ampliado pasaron de 13 mil millones de dólares en 2003 a 42 mil millones en 2009 (todos datos de la Cepal).
El investigador uruguayo Eduardo Gudynas, muy crítico con el auge de la minería y las condiciones sociales y ambientales en las que se desarrolla, distingue sin embargo diferentes realidades (“Estado compensador y nuevos extractivismos”, revista Nueva Sociedad Nº 237).
Para Gudynas, países como Perú y Colombia practican un extractivismo clásico, en el cual las empresas trasnacionales de-sempeñan un rol centralísimo, con escasos o nulos controles estatales, mientras que otros países han intentado esquemas más o menos articulados, más o menos efectivos, que tienden a incrementar el papel regulador al Estado y aumentar los porcentajes de apropiación de la renta minera, ya sea mediante la creación de joint ventures (contratos de riesgo compartido) entre empresas nacionales y extranjeras, como en Bolivia, donde la Korea Resource se asoció con la Corporación Minera, sea a través de la creación de empresas estatales, como en Catamarca o Santa Cruz, o vía la imposición de nuevos tributos, como las retenciones argentinas o ecuatorianas.
Gudynas aclara que nada de esto modifica la inserción subordinada en la economía mundial de los países sudamericanos, que siguen siendo “tomadores de precios” y que se han mostrado incapaces de coordinar entre sí estrategias conjuntas al estilo de las potencias petroleras reunidas en la OPEP. Al final, las pulsiones del boom minero resultan tan irresistibles como las de la soja y condenan a los países de la región a su rol de exportadores de productos con escaso valor agregado, un problema no por conocido menos real y que ha sido retratado infinidad de veces, por ejemplo, por el padre del cine boliviano, Jorge Ruiz, en un documental cuyo título lo dice todo: Un poquito de diversificación económica.
En este contexto, decir que los gobernadores cordilleranos argentinos son “gobernadores mineros” es tan correcto como afirmar que Evo Morales u Ollanta Humala son “presidentes mineros”. Todos ellos enfrentan la resistencia de las comunidades locales al desarrollo de algunos de estos proyectos, como sucedió con el plan de la empresa australiana Republic Gold Limited para invertir 59 millones de dólares en la mina de oro Amayapampa, en el suroeste de Bolivia, o con el proyecto aurífero Conga, en Perú. En Bolivia, el intento de construir una carretera para unir las regiones de Cochabamba y Beni a través del Parque del Territorio Indígena Isiboro Sécure generó el rechazo de las comunidades que lo habitan, quienes fueron ferozmente reprimidas por la policía, a punto tal que Evo Morales tuvo que cambiar medio gabinete y anunciar la suspensión del proyecto.
La significación económica que ha adquirido la minería ayuda a entender por qué líderes como Lula o Evo, que difícilmente puedan ser calificados como conservadores, insisten con ella. No tanto por la capacidad de los emprendimientos mineros de crear trabajo o articularse virtuosamente con otras actividades económicas, pues en general funcionan como enclaves bastante cerrados, pero sí por su impacto en las exportaciones, con sus cruciales efectos en la balanza comercial de economías siempre sedientas de divisas, y como vía para incrementar los recursos fiscales, a través de la apropiación de un porcentaje variable de la renta minera.
Si se mira bien, esto es lo que está sucediendo en Argentina, donde la minería contribuye a fortalecer las cuentas fiscales de provincias con entramados productivos muy frágiles, como Catamarca o La Rioja o San Juan, y a mejorar la balanza comercial: se calculan unos 4 mil millones de dólares de exportaciones mineras en 2011 y, lo que es todavía más importante, con tendencia creciente (aunque, claro, debido a cargas tributarias comparativamente más bajas que las que pesan sobre, por ejemplo, la soja). En todo caso, la minería alimenta las exportaciones en un momento en el que ha reaparecido, aunque moderada, la temible “restricción externa”, que tantos problemas ocasionó a la economía argentina en el pasado. Y no sólo aquí. En Brasil, donde el gobierno acaba de anunciar un fabuloso ajuste fiscal, la minería constituye un rubro importante de exportación (la compañía brasileña Vale Do Rio Doce es de hecho la segunda minera más importante ¡del mundo!).
Como tantas otras cosas, el debate un poco exasperante que se vive hoy en Argentina es la versión local de una tendencia más amplia. Sin meterme en la cuestión de fondo (¿contamina la minería?, ¿crea progreso o es una garantía de expoliación y atraso?), creo que vale la pena revisarlo desde un punto de vista más político.
Puede ser hasta obvio decirlo, pero en medio de una discusión estridente, en la que algunos medios insospechados de sensibilidad ambiental se han vuelto ecologistas furiosos, quizá sea necesario: los gobernadores cordilleranos que apuestan a los emprendimientos mineros acaban de ser revalidados popularmente con porcentajes en algunos casos altísimos de votos. Con todo su cianuro, José Luis Gioja se impuso, hace apenas dos meses, con casi el 70 por ciento de los sufragios. ¿Quiere decir esto que Gioja tiene razón, o que los sanjuaninos no se equivocaron al votarlo? Ciertamente no: la idea de que el pueblo siempre tiene la razón es una pavada galáctica, desmentida por la historia cientos de veces. Aparte del hecho de que “razón” significa poco en política, no prueba nada, salvo tal vez una cosa: los sanjuaninos creen que es el hombre más adecuado para manejar su provincia, lo que al menos podría invitar a los analistas porteños a preguntarnos por los motivos de esta adhesión, y a explorar con cuidado temas fundamentales pero olímpicamente obviados en el debate actual, como la relación entre minas y votos, que es la relación entre ecología y democracia.
Una pista interesante en este sentido es la sugerida por Mario Wainfeld: “la licencia social”, es decir, la aprobación de las poblaciones involucradas a través de mecanismos como plebiscitos o referéndums, como condición para la realización de los proyectos mineros. Este tipo de consultas ayudarían a generar un debate amplio acerca de las ventajas y desventajas de los emprendimientos y permitirían definir situaciones trabadas de manera democrática. El problema, me parece, surge cuando se hila más fino y se avanza en cuestiones de implementación, la primera de las cuales es el alcance. ¿Quiénes deberían votar? ¿Los habitantes de la ciudad de Famatina? ¿Los del departamento? ¿O todos los riojanos, que tras la reforma constitucional del ’94 se convirtieron en los únicos propietarios de su subsuelo? No hace falta ser Artemio López para adivinar que el resultado variaría sustancialmente.
En Argentina hay unos pocos ejemplos de consultas populares: el plebiscito por el Beagle en 1984 y, más acá en el tiempo, el rechazo cerrado (81 por ciento) de los habitantes de Esquel a un proyecto minero y la negativa de los misioneros (89 por ciento) a la construcción de la represa de Corpus Cristi. En los últimos tiempos, América latina ha construido una breve pero intensa experiencia en este sentido, aunque en general relacionada con reformas constitucionales y revocatorias presidenciales, como en Venezuela, Bolivia y Ecuador. El método, en todo caso, ha sido probado, y de hecho Evo Morales sugirió una consulta popular para zanjar el diferendo de la carretera y Pepe Mujica mencionó la posibilidad de realizar un plebiscito en la disputa por la minera de Aratirí. Curiosamente, en el caso de Gualeguaychú, que la socióloga Maristella Svampa ha definido como el “símbolo de la resistencia socioambiental asamblearia”, la Asamblea de vecinos se negó siempre a aceptar la resolución vía plebiscito, como propuso en su momento el gobernador Jorge Busti. Es el problema de los métodos de la democracia institucional, por más directa que sea: quienes se someten a ellos están obligados a acatar el resultado, sea cual fuere.
Debate
Por Alfredo Zaiat
El debate sobre la minería ha adquirido mayor complejidad porque durante años las multinacionales dispusieron una política de ocultamiento de su actividad en el área de explotación. También por la subordinación de los poderes político y judicial provinciales a los intereses de esas megacompañías. Y por el silencio que cubrió las protestas y represiones a pobladores de esas zonas durante años, con muy pocas excepciones, entre ellas la de este diario. El kirchnerismo se ha sentido cómodo en ese marco de negocios de las mineras, incluso ha impulsado con énfasis esas inversiones. Ante las fuertes restricciones legales para implementar cambios profundos en el generoso esquema de promoción diseñado en los noventa, sólo pudo avanzar con fijar retenciones a las exportaciones del 5 al 10 por ciento, medida que algunas mineras resisten en la Justicia, y, desde noviembre pasado, con obligarlas a liquidar los dólares de sus ventas al exterior en el mercado local. Y en el marco de redefinición de la política de subsidios, le retiraron los que gozaban para la electricidad. Ahora también ha alentado la unión de las provincias mineras para unificar estrategias ante el poder de las mineras. El aspecto ambiental de la minería es relevante, como lo es también el de la producción sojera, petrolera, química, de curtiembres, petroquímica, y de toda industria. Concentrar el tema minero exclusivamente en la contaminación, cuando toda intervención humana en la naturaleza altera el ecosistema y cuando la actual fase del capitalismo transita el estadio del consumismo extremo, debilita y restringe el debate. La cuestión de la minería adquiere mayor densidad cuando se aborda además la articulación del poder económico, la apropiación de rentas de recursos estratégicos no renovables, la distribución del excedente y el perfil de especialización productivo.
A diferencia de Chile, país con el que se comparte la cordillera rica en recursos mineros, Argentina no tenía una historia importante en la actividad, excepto la de Yacimientos Carboníferos Fiscales. Sin antecedentes, en la formación de suficientes cuadros técnicos ni en inversiones de magnitud en la exploración, como lo hubo en el área de hidrocarburos con YPF desde las primeras décadas del siglo pasado, en la primera mitad de los ’90 se diseñó un cuadro normativo para el desembarco de las grandes compañías mineras, que traían los dólares y el conocimiento para comenzar la explotación, ya no con la tecnología antigua del socavón, que arrasa por dentro a la montaña, sino con la de cielo abierto, que directamente la dinamita.
El actual modelo minero fue estructurado con el acuerdo federal minero, con el Código Minero y con la reforma constitucional del ’94, que en su artículo 124 dispone que les corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Esto último ha provocado una grieta difícil de reparar para instrumentar una administración nacional e integral de las riquezas hidrocarburíferas y mineras.
Ese marco legal facilitó el desarrollo de lo que se denomina “economía de enclave”: ingresan capitales del exterior para explotar ricos yacimientos mineros, realizan millonarias inversiones, pagan una muy baja proporción de impuestos en relación a su giro (por ejemplo, están exentos del impuesto al cheque, a los combustibles), tienen estabilidad fiscal por treinta años y gozan de un régimen de importación sin aranceles. Las regalías abonadas a las provincias son bajas (de 2,5 a 4,0 por ciento en boca de mina), pero a la vez esos recursos son muy importantes para las finanzas de esos gobiernos. Esta dependencia fiscal explica la defensa férrea que legisladores y gobernadores de provincias mineras realizan de esa actividad.
Para eludir las restricciones de ese marco legal, que además se refuerza con los Tratados Bilaterales de Inversión que implicaron la pérdida de la jurisdicción nacional a manos del tribunal internacional Caidi-Banco Mundial, se ha empezado a evaluar, aunque en forma incipiente, la participación del Estado, nacional y provincial, a través de empresas públicas en emprendimientos mineros. De esa forma, parte de la renta extraordinaria minera podría ser apropiada por toda la sociedad.
En esa misma línea, el Gobierno podría alentar en el Congreso la modificación del esquema regulatorio de la minería, aunque todavía no ha manifestado esa voluntad política. Esos cambios legislativos no alterarían los proyectos en curso por la existencia de derechos adquiridos, pero establecerían, para futuros emprendimientos, normas equilibradas entre el interés privado y el desarrollo nacional. Como la renta minera es generosa, en un contexto internacional de alza estructural de los precios de esas materias primas, las corporaciones mineras primero rechazarían esos cambios alertando por una caída de las inversiones, pero se sabe por otros antecedentes, pasados y recientes, que finalmente las realizarán –incluso asociadas con el Estado– por las abundantes riquezas escondidas en cerros y montañas.
Desde que se inició la minería en gran escala hace poco más de quince años, la actividad tuvo un crecimiento exponencial. Hay actualmente doce grandes proyectos en operación, tres en construcción y 340 “prospectos” en diversas etapas de desarrollo para extraer diversos minerales. Entre 1998 y 2009, la participación de la minería en el PBI saltó del 1,5 al 4,5 por ciento. Podría alcanzar el 6,0 por ciento cuando dentro de poco entre en funcionamiento el gigante Pascua-Lama, un emprendimiento binacional argentino-chileno en San Juan que tiene reservas de 18 millones de onzas de oro, de acuerdo a la información difundida a la prensa.
La secretaria de Minería de la Nación estima que existen 2,3 millones de kilómetros cuadrados con potencial geológico apto para el desarrollo minero. El tipo de explotación de recursos naturales, su destino y la forma de apropiación de sus rentas extraordinarias son cuestiones clave del desarrollo. Del mismo modo que la tierra forma parte del bien común de toda la sociedad, los minerales ocultos que contiene la cordillera también son riquezas que forman parte del patrimonio colectivo. Esto implica que la intervención de las multinacionales en ambas actividades (minería y agro) no tiene diferencias porque el patrón extractivo es similar. En clave medioambiental, el cianuro y el glifosato aplicados sin controles y en forma desaprensiva provocan daños irreparables. Y en términos económicos, la necesidad de avanzar sobre la renta minera es tan relevante como la captura social a través del Estado de la renta sojera mediante retenciones. Por eso en este debate resulta orientador encontrar respuestas a lo siguiente: ¿cuál es la tasa de ganancia “normal” en esas explotaciones?; ¿shocks extraodinarios que disparan al alza el precio del mineral extraído no cambian las condiciones de la explotación fijadas por el Estado?; ¿cuál es el beneficio para la sociedad de poseer una inmensa riqueza natural, de cuyos frutos disfruta muy poco y sólo los recibe vía impuestos y empleos?; ¿cuál es la prudente estrategia financiera y de acumulación de reservas de un país con ricas áreas mineras donde se esconden abundantes reservas de oro?
Avanzar sobre esos interrogantes profundizaría el actual debate de la minería, para empezar a cuestionar el modelo de “economía de enclave”, que cuando agota el recurso natural es abandonada con consecuencias sociales y laborales. Ese patrón extractivo se supera cuando se diseñan políticas que incorporan a ese esquema productivo la elaboración local de las materias primas. En el caso de la minería, sería la etapa de procesamiento de los metales en refinerías. Esto exige fuertes desembolsos de dólares y mayores escalas, con demanda de trabajo de calidad al necesitar ingenieros, técnicos, investigadores. La tarea es construir los eslabonamientos necesarios entre recursos naturales, manufacturas y servicios. Incentivar así la innovación científico-técnica en cada uno articulándolos en torno de conglomerados productivos, incorporando a las pequeñas y medianas empresas, de modo que el impulso exportador refuerce la capacidad de arrastre sobre el resto de la economía y que los resultados de ese crecimiento se distribuyan con mayor igualdad. Este es el gran desafío de la actividad minera, como el de otras industrias extractivas, para ser parte del desarrollo nacional y no sólo un gran negocio para multinacionales.
Fecha de Publicación: 19/02/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Por José Natanson - Director de Le Monde diplomatique, Edición Cono Sur.
Africa, partes de Asia y América latina viven con tensiones el boom extractivo, que cambió de métodos y alimenta un mercado voraz. De la mano de las inversiones llegan los conflictos políticos y medioambientales
La minería atraviesa un período de auge mundial que se explica por varias razones. La primera son las innovaciones tecnológicas, que hoy permiten explotar minerales dispersos en áreas relativamente amplias, superando así el agotamiento de la tradicional explotación de veta. La segunda es la escalada de precios resultante de la voracidad de algunos países emergentes en procesos de intensa industrialización, en particular China, que hoy consume el 46 por ciento del acero, el 40 por ciento del cobre y el 50 por ciento del carbón que se produce en el mundo, lo que la ha convertido en lo que los economistas, esos virtuosos del lenguaje, definen como un monopsonio (un actor económico que logra controlar el mercado por su capacidad de consumo, algo así como un monopolio de la demanda). Además, la debacle de los mercados financieros convencionales disparada por la crisis mundial de 2008-2011 llevó a muchos especuladores a refugiarse en las materias primas, lo que también contribuyó a aumentar sus precios.
Junto con Africa y algunas zonas de Asia, América del Sur es una de las regiones más ricas en minerales del planeta. En los últimos años, casi todos los países han visto una expansión acelerada de la actividad. En Brasil, por ejemplo, la producción de bauxita pasó de 19,3 millones de toneladas en 2003 a 29 millones en 2010, mientras que la de hierro creció de 263,7 a 370 millones de toneladas. En Perú, que hoy lidera el ranking minero de la región, las exportaciones totales registraron en 2011 el record de 45.726 millones de dólares, lo que representó un incremento de 28 por ciento en comparación al año anterior: de ellas, el 58 por ciento son minerales. Las exportaciones mineras provenientes del Mercosur ampliado pasaron de 13 mil millones de dólares en 2003 a 42 mil millones en 2009 (todos datos de la Cepal).
El investigador uruguayo Eduardo Gudynas, muy crítico con el auge de la minería y las condiciones sociales y ambientales en las que se desarrolla, distingue sin embargo diferentes realidades (“Estado compensador y nuevos extractivismos”, revista Nueva Sociedad Nº 237).
Para Gudynas, países como Perú y Colombia practican un extractivismo clásico, en el cual las empresas trasnacionales de-sempeñan un rol centralísimo, con escasos o nulos controles estatales, mientras que otros países han intentado esquemas más o menos articulados, más o menos efectivos, que tienden a incrementar el papel regulador al Estado y aumentar los porcentajes de apropiación de la renta minera, ya sea mediante la creación de joint ventures (contratos de riesgo compartido) entre empresas nacionales y extranjeras, como en Bolivia, donde la Korea Resource se asoció con la Corporación Minera, sea a través de la creación de empresas estatales, como en Catamarca o Santa Cruz, o vía la imposición de nuevos tributos, como las retenciones argentinas o ecuatorianas.
Gudynas aclara que nada de esto modifica la inserción subordinada en la economía mundial de los países sudamericanos, que siguen siendo “tomadores de precios” y que se han mostrado incapaces de coordinar entre sí estrategias conjuntas al estilo de las potencias petroleras reunidas en la OPEP. Al final, las pulsiones del boom minero resultan tan irresistibles como las de la soja y condenan a los países de la región a su rol de exportadores de productos con escaso valor agregado, un problema no por conocido menos real y que ha sido retratado infinidad de veces, por ejemplo, por el padre del cine boliviano, Jorge Ruiz, en un documental cuyo título lo dice todo: Un poquito de diversificación económica.
En este contexto, decir que los gobernadores cordilleranos argentinos son “gobernadores mineros” es tan correcto como afirmar que Evo Morales u Ollanta Humala son “presidentes mineros”. Todos ellos enfrentan la resistencia de las comunidades locales al desarrollo de algunos de estos proyectos, como sucedió con el plan de la empresa australiana Republic Gold Limited para invertir 59 millones de dólares en la mina de oro Amayapampa, en el suroeste de Bolivia, o con el proyecto aurífero Conga, en Perú. En Bolivia, el intento de construir una carretera para unir las regiones de Cochabamba y Beni a través del Parque del Territorio Indígena Isiboro Sécure generó el rechazo de las comunidades que lo habitan, quienes fueron ferozmente reprimidas por la policía, a punto tal que Evo Morales tuvo que cambiar medio gabinete y anunciar la suspensión del proyecto.
La significación económica que ha adquirido la minería ayuda a entender por qué líderes como Lula o Evo, que difícilmente puedan ser calificados como conservadores, insisten con ella. No tanto por la capacidad de los emprendimientos mineros de crear trabajo o articularse virtuosamente con otras actividades económicas, pues en general funcionan como enclaves bastante cerrados, pero sí por su impacto en las exportaciones, con sus cruciales efectos en la balanza comercial de economías siempre sedientas de divisas, y como vía para incrementar los recursos fiscales, a través de la apropiación de un porcentaje variable de la renta minera.
Si se mira bien, esto es lo que está sucediendo en Argentina, donde la minería contribuye a fortalecer las cuentas fiscales de provincias con entramados productivos muy frágiles, como Catamarca o La Rioja o San Juan, y a mejorar la balanza comercial: se calculan unos 4 mil millones de dólares de exportaciones mineras en 2011 y, lo que es todavía más importante, con tendencia creciente (aunque, claro, debido a cargas tributarias comparativamente más bajas que las que pesan sobre, por ejemplo, la soja). En todo caso, la minería alimenta las exportaciones en un momento en el que ha reaparecido, aunque moderada, la temible “restricción externa”, que tantos problemas ocasionó a la economía argentina en el pasado. Y no sólo aquí. En Brasil, donde el gobierno acaba de anunciar un fabuloso ajuste fiscal, la minería constituye un rubro importante de exportación (la compañía brasileña Vale Do Rio Doce es de hecho la segunda minera más importante ¡del mundo!).
Como tantas otras cosas, el debate un poco exasperante que se vive hoy en Argentina es la versión local de una tendencia más amplia. Sin meterme en la cuestión de fondo (¿contamina la minería?, ¿crea progreso o es una garantía de expoliación y atraso?), creo que vale la pena revisarlo desde un punto de vista más político.
Puede ser hasta obvio decirlo, pero en medio de una discusión estridente, en la que algunos medios insospechados de sensibilidad ambiental se han vuelto ecologistas furiosos, quizá sea necesario: los gobernadores cordilleranos que apuestan a los emprendimientos mineros acaban de ser revalidados popularmente con porcentajes en algunos casos altísimos de votos. Con todo su cianuro, José Luis Gioja se impuso, hace apenas dos meses, con casi el 70 por ciento de los sufragios. ¿Quiere decir esto que Gioja tiene razón, o que los sanjuaninos no se equivocaron al votarlo? Ciertamente no: la idea de que el pueblo siempre tiene la razón es una pavada galáctica, desmentida por la historia cientos de veces. Aparte del hecho de que “razón” significa poco en política, no prueba nada, salvo tal vez una cosa: los sanjuaninos creen que es el hombre más adecuado para manejar su provincia, lo que al menos podría invitar a los analistas porteños a preguntarnos por los motivos de esta adhesión, y a explorar con cuidado temas fundamentales pero olímpicamente obviados en el debate actual, como la relación entre minas y votos, que es la relación entre ecología y democracia.
Una pista interesante en este sentido es la sugerida por Mario Wainfeld: “la licencia social”, es decir, la aprobación de las poblaciones involucradas a través de mecanismos como plebiscitos o referéndums, como condición para la realización de los proyectos mineros. Este tipo de consultas ayudarían a generar un debate amplio acerca de las ventajas y desventajas de los emprendimientos y permitirían definir situaciones trabadas de manera democrática. El problema, me parece, surge cuando se hila más fino y se avanza en cuestiones de implementación, la primera de las cuales es el alcance. ¿Quiénes deberían votar? ¿Los habitantes de la ciudad de Famatina? ¿Los del departamento? ¿O todos los riojanos, que tras la reforma constitucional del ’94 se convirtieron en los únicos propietarios de su subsuelo? No hace falta ser Artemio López para adivinar que el resultado variaría sustancialmente.
En Argentina hay unos pocos ejemplos de consultas populares: el plebiscito por el Beagle en 1984 y, más acá en el tiempo, el rechazo cerrado (81 por ciento) de los habitantes de Esquel a un proyecto minero y la negativa de los misioneros (89 por ciento) a la construcción de la represa de Corpus Cristi. En los últimos tiempos, América latina ha construido una breve pero intensa experiencia en este sentido, aunque en general relacionada con reformas constitucionales y revocatorias presidenciales, como en Venezuela, Bolivia y Ecuador. El método, en todo caso, ha sido probado, y de hecho Evo Morales sugirió una consulta popular para zanjar el diferendo de la carretera y Pepe Mujica mencionó la posibilidad de realizar un plebiscito en la disputa por la minera de Aratirí. Curiosamente, en el caso de Gualeguaychú, que la socióloga Maristella Svampa ha definido como el “símbolo de la resistencia socioambiental asamblearia”, la Asamblea de vecinos se negó siempre a aceptar la resolución vía plebiscito, como propuso en su momento el gobernador Jorge Busti. Es el problema de los métodos de la democracia institucional, por más directa que sea: quienes se someten a ellos están obligados a acatar el resultado, sea cual fuere.
Debate
Por Alfredo Zaiat
El debate sobre la minería ha adquirido mayor complejidad porque durante años las multinacionales dispusieron una política de ocultamiento de su actividad en el área de explotación. También por la subordinación de los poderes político y judicial provinciales a los intereses de esas megacompañías. Y por el silencio que cubrió las protestas y represiones a pobladores de esas zonas durante años, con muy pocas excepciones, entre ellas la de este diario. El kirchnerismo se ha sentido cómodo en ese marco de negocios de las mineras, incluso ha impulsado con énfasis esas inversiones. Ante las fuertes restricciones legales para implementar cambios profundos en el generoso esquema de promoción diseñado en los noventa, sólo pudo avanzar con fijar retenciones a las exportaciones del 5 al 10 por ciento, medida que algunas mineras resisten en la Justicia, y, desde noviembre pasado, con obligarlas a liquidar los dólares de sus ventas al exterior en el mercado local. Y en el marco de redefinición de la política de subsidios, le retiraron los que gozaban para la electricidad. Ahora también ha alentado la unión de las provincias mineras para unificar estrategias ante el poder de las mineras. El aspecto ambiental de la minería es relevante, como lo es también el de la producción sojera, petrolera, química, de curtiembres, petroquímica, y de toda industria. Concentrar el tema minero exclusivamente en la contaminación, cuando toda intervención humana en la naturaleza altera el ecosistema y cuando la actual fase del capitalismo transita el estadio del consumismo extremo, debilita y restringe el debate. La cuestión de la minería adquiere mayor densidad cuando se aborda además la articulación del poder económico, la apropiación de rentas de recursos estratégicos no renovables, la distribución del excedente y el perfil de especialización productivo.
A diferencia de Chile, país con el que se comparte la cordillera rica en recursos mineros, Argentina no tenía una historia importante en la actividad, excepto la de Yacimientos Carboníferos Fiscales. Sin antecedentes, en la formación de suficientes cuadros técnicos ni en inversiones de magnitud en la exploración, como lo hubo en el área de hidrocarburos con YPF desde las primeras décadas del siglo pasado, en la primera mitad de los ’90 se diseñó un cuadro normativo para el desembarco de las grandes compañías mineras, que traían los dólares y el conocimiento para comenzar la explotación, ya no con la tecnología antigua del socavón, que arrasa por dentro a la montaña, sino con la de cielo abierto, que directamente la dinamita.
El actual modelo minero fue estructurado con el acuerdo federal minero, con el Código Minero y con la reforma constitucional del ’94, que en su artículo 124 dispone que les corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Esto último ha provocado una grieta difícil de reparar para instrumentar una administración nacional e integral de las riquezas hidrocarburíferas y mineras.
Ese marco legal facilitó el desarrollo de lo que se denomina “economía de enclave”: ingresan capitales del exterior para explotar ricos yacimientos mineros, realizan millonarias inversiones, pagan una muy baja proporción de impuestos en relación a su giro (por ejemplo, están exentos del impuesto al cheque, a los combustibles), tienen estabilidad fiscal por treinta años y gozan de un régimen de importación sin aranceles. Las regalías abonadas a las provincias son bajas (de 2,5 a 4,0 por ciento en boca de mina), pero a la vez esos recursos son muy importantes para las finanzas de esos gobiernos. Esta dependencia fiscal explica la defensa férrea que legisladores y gobernadores de provincias mineras realizan de esa actividad.
Para eludir las restricciones de ese marco legal, que además se refuerza con los Tratados Bilaterales de Inversión que implicaron la pérdida de la jurisdicción nacional a manos del tribunal internacional Caidi-Banco Mundial, se ha empezado a evaluar, aunque en forma incipiente, la participación del Estado, nacional y provincial, a través de empresas públicas en emprendimientos mineros. De esa forma, parte de la renta extraordinaria minera podría ser apropiada por toda la sociedad.
En esa misma línea, el Gobierno podría alentar en el Congreso la modificación del esquema regulatorio de la minería, aunque todavía no ha manifestado esa voluntad política. Esos cambios legislativos no alterarían los proyectos en curso por la existencia de derechos adquiridos, pero establecerían, para futuros emprendimientos, normas equilibradas entre el interés privado y el desarrollo nacional. Como la renta minera es generosa, en un contexto internacional de alza estructural de los precios de esas materias primas, las corporaciones mineras primero rechazarían esos cambios alertando por una caída de las inversiones, pero se sabe por otros antecedentes, pasados y recientes, que finalmente las realizarán –incluso asociadas con el Estado– por las abundantes riquezas escondidas en cerros y montañas.
Desde que se inició la minería en gran escala hace poco más de quince años, la actividad tuvo un crecimiento exponencial. Hay actualmente doce grandes proyectos en operación, tres en construcción y 340 “prospectos” en diversas etapas de desarrollo para extraer diversos minerales. Entre 1998 y 2009, la participación de la minería en el PBI saltó del 1,5 al 4,5 por ciento. Podría alcanzar el 6,0 por ciento cuando dentro de poco entre en funcionamiento el gigante Pascua-Lama, un emprendimiento binacional argentino-chileno en San Juan que tiene reservas de 18 millones de onzas de oro, de acuerdo a la información difundida a la prensa.
La secretaria de Minería de la Nación estima que existen 2,3 millones de kilómetros cuadrados con potencial geológico apto para el desarrollo minero. El tipo de explotación de recursos naturales, su destino y la forma de apropiación de sus rentas extraordinarias son cuestiones clave del desarrollo. Del mismo modo que la tierra forma parte del bien común de toda la sociedad, los minerales ocultos que contiene la cordillera también son riquezas que forman parte del patrimonio colectivo. Esto implica que la intervención de las multinacionales en ambas actividades (minería y agro) no tiene diferencias porque el patrón extractivo es similar. En clave medioambiental, el cianuro y el glifosato aplicados sin controles y en forma desaprensiva provocan daños irreparables. Y en términos económicos, la necesidad de avanzar sobre la renta minera es tan relevante como la captura social a través del Estado de la renta sojera mediante retenciones. Por eso en este debate resulta orientador encontrar respuestas a lo siguiente: ¿cuál es la tasa de ganancia “normal” en esas explotaciones?; ¿shocks extraodinarios que disparan al alza el precio del mineral extraído no cambian las condiciones de la explotación fijadas por el Estado?; ¿cuál es el beneficio para la sociedad de poseer una inmensa riqueza natural, de cuyos frutos disfruta muy poco y sólo los recibe vía impuestos y empleos?; ¿cuál es la prudente estrategia financiera y de acumulación de reservas de un país con ricas áreas mineras donde se esconden abundantes reservas de oro?
Avanzar sobre esos interrogantes profundizaría el actual debate de la minería, para empezar a cuestionar el modelo de “economía de enclave”, que cuando agota el recurso natural es abandonada con consecuencias sociales y laborales. Ese patrón extractivo se supera cuando se diseñan políticas que incorporan a ese esquema productivo la elaboración local de las materias primas. En el caso de la minería, sería la etapa de procesamiento de los metales en refinerías. Esto exige fuertes desembolsos de dólares y mayores escalas, con demanda de trabajo de calidad al necesitar ingenieros, técnicos, investigadores. La tarea es construir los eslabonamientos necesarios entre recursos naturales, manufacturas y servicios. Incentivar así la innovación científico-técnica en cada uno articulándolos en torno de conglomerados productivos, incorporando a las pequeñas y medianas empresas, de modo que el impulso exportador refuerce la capacidad de arrastre sobre el resto de la economía y que los resultados de ese crecimiento se distribuyan con mayor igualdad. Este es el gran desafío de la actividad minera, como el de otras industrias extractivas, para ser parte del desarrollo nacional y no sólo un gran negocio para multinacionales.
Chaco: Deforestación y desalojo, un entramado
Deforestación y desalojo, un entramado complejo y peligroso
Fecha de Publicación: 18/02/2012
Fuente: Data Chaco
Provincia/Región: Chaco
Desde hace varios meses, empresas pertenecientes a la “poderosa corporación forestal chaqueña” vienen talando los montes que pertenecen a las posesiones ancestrales de más de 400 familias campesinas criollas y la propiedad de la Asociación Comunitaria MEGUESOXOCHI del Teuco – Bermejito. Así lo hace saber la comunidad. Hablan de compromisos incumplidos de parte del Estado.
El FNC (Frente nacional Campesino) quiere poner en conocimiento del pueblo y de las autoridades competentes los padecimientos de los campesinos, Criollos y Originarios, del Interfluvio Teuco – Bermejito, en El Impenetrable, departamento Gral. Güemes, provincia del Chaco, Republica Argentina. Así lo hizo saber a DataChaco su referente, Benigno López.
Los campesinos criollos del Interfluvio se reunirán el próximo sábado 25 de febrero para discutir y acordar los pasos a seguir respecto a la situación planteada.
En los parajes del Interfluvio Teuco – Bermejito conviven desde hace siglos miles de personas, centenares de familias, tanto criollos como indígenas. En el Interfluvio existen panoramas contrastantes: paisajes naturales cautivantes y pobreza extrema; en los últimos años el estado nacional ha invertido mucho en nutrición, salud, vivienda y educación, pero las injusticias y sus consecuencias sigue humillando a una parte de los pobladores.
En el año 1999 la Asociación Comunitaria Meguesoxochi conquista el título de propiedad de 139.138 hectáreas, 78 aéreas y 08 centiáreas; el título de propiedad es otorgado por el Instituto de Colonización del Chaco a través de la resolución Nº 0399, de fecha 12 de abril de 1999, y lleva el 598. Esto se da durante la gestión del gobernador Ángel Rosas, de la UCR.
En el momento de otorgarse el título de propiedad a la Asociación MEGUESOXOCHI existían alrededor de 500 familias de pequeños ganaderos criollos dentro del predio adjudicado a la Asociación Indígena, el gobierno de turno negocia con los afectados propuestas de reubicaciones, indemnizaciones y compensaciones, los resultados fueron simplemente desastrosos; pero en todas las campañas electorales tanto los candidatos de la UCR como el PJ prometieron soluciones dignas para los campesinos criollos e indígenas. Lo lamentable de la historia es que la situación está cada vez más grave y no se vislumbra ninguna solución.
Desde hace varios meses, empresas pertenecientes a la “poderosa corporación forestal chaqueña” vienen talando los montes que pertenecen a las posesiones ancestrales de más de 400 familias campesinas criollas y la propiedad de la Asociación Comunitaria MEGUESOXOCHI del Teuco – Bermejito (pueblo originario).
La depredación de los montes del Interfluvio es muy grave por lo siguiente:
1. Un grupo de millonarios e influyentes empresarios forestales se enriquecen arrasando el monte perteneciente a pueblos originarios y familias campesinas.
2. A cambio de la riqueza que se llevan, los empresarios forestales distribuyen limosnas entre los que aceptan la tala de árboles y “ayudan” a los dirigentes y punteros que salen a convencer a los dueños de las tierras y de los montes.
3. Los que compran y los que venden la madera violan deliberadamente los derechos de los campesinos criollos, cuyas familias en muchos casos tienen la posesión de las tierras hace más de 100 años; derechos consagrados en el Código Civil Argentino.
4. La Dirección de Bosques de la provincia del Chaco es la que otorga los permisos a los dirigentes de la Asociación Comunitaria MEGUESOCOCHI para explotar los montes de la comunidad Indígena y de las posesiones históricas de los campesinos.
5. Grupos de choque, ligados a empresarios forestales y políticos, amenazan a pobladores, cortan alambrados, matan animales, y hasta queman las casas de las personas que se oponen a la tala irracional del monte.
6. En las bondadosas tierras del Interfluvio Teuco - Bermejito actualmente reina la tensión, abundan las denuncias ante la policía de la provincia del Chaco; ¿pero qué puede hacer la policía de la provincia? cuando las riendas del poder real en la zona están en manos de empresarios inescrupulosos.
7. Los empresarios que generan los conflictos gozan de impunidad, se escudan detrás de los más pobres entre los pobres y al parecer cuentan con representantes políticos de mucho peso.
Temen por el agravamiento del conflicto
"En los últimos días pudimos dialogar con muchos campesinos, criollos e indígenas, del Interfluvio, todos ellos, de uno y de otro lado, hablan de compromisos incumplidos de los diferentes gobiernos provinciales. Todos ellos y ellas temen el agravamiento del conflicto, todos y todas quieren evitar más hechos de violencia", relató Benigno López.
Y apuntó: "El clima de enfrentamiento entre pobres se recalentó en los últimos meses debido a la tala irracional de arboles, actividad que siembra miseria entre los campesinos y genera millones de dólares para la corporación forestal".
Según trascendidos extraoficiales, después de la tala de los montes vendría el desalojo compulsivo de los campesinos criollos y el arrinconamiento de los indígenas que habitan las fértiles tierras del interfluvio Teuco – Bermejito, desde la confluencia hasta la ex estancia La Fidelidad.
En los últimos meses se hicieron varias reuniones entre los Campesinos y el Gobierno del Chaco, se acordó trabajar para la regularización dominial de las posesiones históricas, también se trato el tema de la reubicación y se analizaron posibles compensaciones; se suscribieron actas de acuerdo pero no se pudieron concretar las metas.
Algo extraño, inesperado, sucedió en la última entrevista (según los campesinos/as), el gobernador ofrece una única salida que consistiría en una módica indemnización para que los pequeños ganaderos abandonen sus posesiones de tierra; la oferta de indemnización cayó mal entre la mayoría de los pequeños productores.
Los dirigentes campesinos consideran que: “la situación de los pequeños ganaderos en el Interfluvio (Teuco –Bermejito) es de extrema gravedad y que es pura y exclusiva responsabilidad del estado provincial ya que ningún gobierno tuvo la suficiente voluntad política para resolver el problema de tierra en la zona”.
"Como FNC estamos sumamente preocupados porque en el Interfluvio Teuco -Bermejito:
a) observamos que se están violando garantías constitucionales;
b) alertamos sobre el fomento de la xenofobia;
c) advertimos sobre la presencia de provocadores y civiles armados", dice el dirigente.
Por ello, desde el FNC solicitan "encarecidamente a las autoridades provinciales y nacionales convoquen en forma urgente a una mesa de diálogo a los diferentes actores en conflicto; proponemos que la mesa este conformado por los dirigentes Indígenas, los dirigentes de los campesinos criollos, representantes del Gobierno Provincial, Legisladores provinciales y el Gobierno Nacional. El dialogo es el único camino para encontrar soluciones a los problemas en el Interfluvio Teuco – Bermejito".
Fecha de Publicación: 18/02/2012
Fuente: Data Chaco
Provincia/Región: Chaco
Desde hace varios meses, empresas pertenecientes a la “poderosa corporación forestal chaqueña” vienen talando los montes que pertenecen a las posesiones ancestrales de más de 400 familias campesinas criollas y la propiedad de la Asociación Comunitaria MEGUESOXOCHI del Teuco – Bermejito. Así lo hace saber la comunidad. Hablan de compromisos incumplidos de parte del Estado.
El FNC (Frente nacional Campesino) quiere poner en conocimiento del pueblo y de las autoridades competentes los padecimientos de los campesinos, Criollos y Originarios, del Interfluvio Teuco – Bermejito, en El Impenetrable, departamento Gral. Güemes, provincia del Chaco, Republica Argentina. Así lo hizo saber a DataChaco su referente, Benigno López.
Los campesinos criollos del Interfluvio se reunirán el próximo sábado 25 de febrero para discutir y acordar los pasos a seguir respecto a la situación planteada.
En los parajes del Interfluvio Teuco – Bermejito conviven desde hace siglos miles de personas, centenares de familias, tanto criollos como indígenas. En el Interfluvio existen panoramas contrastantes: paisajes naturales cautivantes y pobreza extrema; en los últimos años el estado nacional ha invertido mucho en nutrición, salud, vivienda y educación, pero las injusticias y sus consecuencias sigue humillando a una parte de los pobladores.
En el año 1999 la Asociación Comunitaria Meguesoxochi conquista el título de propiedad de 139.138 hectáreas, 78 aéreas y 08 centiáreas; el título de propiedad es otorgado por el Instituto de Colonización del Chaco a través de la resolución Nº 0399, de fecha 12 de abril de 1999, y lleva el 598. Esto se da durante la gestión del gobernador Ángel Rosas, de la UCR.
En el momento de otorgarse el título de propiedad a la Asociación MEGUESOXOCHI existían alrededor de 500 familias de pequeños ganaderos criollos dentro del predio adjudicado a la Asociación Indígena, el gobierno de turno negocia con los afectados propuestas de reubicaciones, indemnizaciones y compensaciones, los resultados fueron simplemente desastrosos; pero en todas las campañas electorales tanto los candidatos de la UCR como el PJ prometieron soluciones dignas para los campesinos criollos e indígenas. Lo lamentable de la historia es que la situación está cada vez más grave y no se vislumbra ninguna solución.
Desde hace varios meses, empresas pertenecientes a la “poderosa corporación forestal chaqueña” vienen talando los montes que pertenecen a las posesiones ancestrales de más de 400 familias campesinas criollas y la propiedad de la Asociación Comunitaria MEGUESOXOCHI del Teuco – Bermejito (pueblo originario).
La depredación de los montes del Interfluvio es muy grave por lo siguiente:
1. Un grupo de millonarios e influyentes empresarios forestales se enriquecen arrasando el monte perteneciente a pueblos originarios y familias campesinas.
2. A cambio de la riqueza que se llevan, los empresarios forestales distribuyen limosnas entre los que aceptan la tala de árboles y “ayudan” a los dirigentes y punteros que salen a convencer a los dueños de las tierras y de los montes.
3. Los que compran y los que venden la madera violan deliberadamente los derechos de los campesinos criollos, cuyas familias en muchos casos tienen la posesión de las tierras hace más de 100 años; derechos consagrados en el Código Civil Argentino.
4. La Dirección de Bosques de la provincia del Chaco es la que otorga los permisos a los dirigentes de la Asociación Comunitaria MEGUESOCOCHI para explotar los montes de la comunidad Indígena y de las posesiones históricas de los campesinos.
5. Grupos de choque, ligados a empresarios forestales y políticos, amenazan a pobladores, cortan alambrados, matan animales, y hasta queman las casas de las personas que se oponen a la tala irracional del monte.
6. En las bondadosas tierras del Interfluvio Teuco - Bermejito actualmente reina la tensión, abundan las denuncias ante la policía de la provincia del Chaco; ¿pero qué puede hacer la policía de la provincia? cuando las riendas del poder real en la zona están en manos de empresarios inescrupulosos.
7. Los empresarios que generan los conflictos gozan de impunidad, se escudan detrás de los más pobres entre los pobres y al parecer cuentan con representantes políticos de mucho peso.
Temen por el agravamiento del conflicto
"En los últimos días pudimos dialogar con muchos campesinos, criollos e indígenas, del Interfluvio, todos ellos, de uno y de otro lado, hablan de compromisos incumplidos de los diferentes gobiernos provinciales. Todos ellos y ellas temen el agravamiento del conflicto, todos y todas quieren evitar más hechos de violencia", relató Benigno López.
Y apuntó: "El clima de enfrentamiento entre pobres se recalentó en los últimos meses debido a la tala irracional de arboles, actividad que siembra miseria entre los campesinos y genera millones de dólares para la corporación forestal".
Según trascendidos extraoficiales, después de la tala de los montes vendría el desalojo compulsivo de los campesinos criollos y el arrinconamiento de los indígenas que habitan las fértiles tierras del interfluvio Teuco – Bermejito, desde la confluencia hasta la ex estancia La Fidelidad.
En los últimos meses se hicieron varias reuniones entre los Campesinos y el Gobierno del Chaco, se acordó trabajar para la regularización dominial de las posesiones históricas, también se trato el tema de la reubicación y se analizaron posibles compensaciones; se suscribieron actas de acuerdo pero no se pudieron concretar las metas.
Algo extraño, inesperado, sucedió en la última entrevista (según los campesinos/as), el gobernador ofrece una única salida que consistiría en una módica indemnización para que los pequeños ganaderos abandonen sus posesiones de tierra; la oferta de indemnización cayó mal entre la mayoría de los pequeños productores.
Los dirigentes campesinos consideran que: “la situación de los pequeños ganaderos en el Interfluvio (Teuco –Bermejito) es de extrema gravedad y que es pura y exclusiva responsabilidad del estado provincial ya que ningún gobierno tuvo la suficiente voluntad política para resolver el problema de tierra en la zona”.
"Como FNC estamos sumamente preocupados porque en el Interfluvio Teuco -Bermejito:
a) observamos que se están violando garantías constitucionales;
b) alertamos sobre el fomento de la xenofobia;
c) advertimos sobre la presencia de provocadores y civiles armados", dice el dirigente.
Por ello, desde el FNC solicitan "encarecidamente a las autoridades provinciales y nacionales convoquen en forma urgente a una mesa de diálogo a los diferentes actores en conflicto; proponemos que la mesa este conformado por los dirigentes Indígenas, los dirigentes de los campesinos criollos, representantes del Gobierno Provincial, Legisladores provinciales y el Gobierno Nacional. El dialogo es el único camino para encontrar soluciones a los problemas en el Interfluvio Teuco – Bermejito".
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Desastre en el río Tunuyán por agroquímicos
Desastre en el río Tunuyán: murieron 30 mil peces por contaminación de agroquímicos
Fecha de Publicación: 18/02/2012
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Una mortandad de peces puso en relieve una contaminación de unos 5 kilómetros del río. Se produjo a la altura de la entrada a la Ciudad de Tunuyán. Enterate de los detalles en medio de la lucha por la protección del agua pura en que se encuentra la población del Valle de Uco.
En medio del debate por la protección del agua pura enarbolada por los vecinos y ciudadanos del Valle de Uco se produjo este desastre ecológico en el río Tunuyán, pero no fue or la acción contaminante de la minería metalífera sino por la desaprensión de quienes se dedican a la agricultura en la zona
Todo salió a luz el domingo a la mañana. Y se trata de un derrame de un deshecho de una finca podría haber ocasionado el envenenamiento del agua dulce. Eso provocó la mortandad de unos 30 mil peces entre ellos, carpas y truchas jóvenes conocidas como "amur", según advirtió el dueño del coto (Rodolfo Moscuén según un forista de MDZ) a los representantes de Irrigación.
La ingeniera Maira Guiñazú de la Policía del Agua de irrigación relató que la denuncia la recibieron del dueño del coto de pesca que se encuentra sobre el río Tunuyán. Más precisamente al oeste de la entrada a la ciudad de Tunuyán en dirección norte-sur.
El tramo contaminado del río se estima en 5 kilómetros y su origen probables es una finca aguas arriba del coto de pesca. Se presume que alguien de esa propiedad limpió una maquinaria que contenía agroquímicos y ese deshecho fue a dar al arroyo Salas Caroca afluente del Tunuyán.
La Policía Científica, la Municipalidad de Tunuyán completaron el operativo de búsqueda de pruebas.
Se calcula que la contaminación tiene un costo de unos 300 mil pesos si se tiene en cuanta que cada pez está valuado en 10 pesos.
Fecha de Publicación: 18/02/2012
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Una mortandad de peces puso en relieve una contaminación de unos 5 kilómetros del río. Se produjo a la altura de la entrada a la Ciudad de Tunuyán. Enterate de los detalles en medio de la lucha por la protección del agua pura en que se encuentra la población del Valle de Uco.
En medio del debate por la protección del agua pura enarbolada por los vecinos y ciudadanos del Valle de Uco se produjo este desastre ecológico en el río Tunuyán, pero no fue or la acción contaminante de la minería metalífera sino por la desaprensión de quienes se dedican a la agricultura en la zona
Todo salió a luz el domingo a la mañana. Y se trata de un derrame de un deshecho de una finca podría haber ocasionado el envenenamiento del agua dulce. Eso provocó la mortandad de unos 30 mil peces entre ellos, carpas y truchas jóvenes conocidas como "amur", según advirtió el dueño del coto (Rodolfo Moscuén según un forista de MDZ) a los representantes de Irrigación.
La ingeniera Maira Guiñazú de la Policía del Agua de irrigación relató que la denuncia la recibieron del dueño del coto de pesca que se encuentra sobre el río Tunuyán. Más precisamente al oeste de la entrada a la ciudad de Tunuyán en dirección norte-sur.
El tramo contaminado del río se estima en 5 kilómetros y su origen probables es una finca aguas arriba del coto de pesca. Se presume que alguien de esa propiedad limpió una maquinaria que contenía agroquímicos y ese deshecho fue a dar al arroyo Salas Caroca afluente del Tunuyán.
La Policía Científica, la Municipalidad de Tunuyán completaron el operativo de búsqueda de pruebas.
Se calcula que la contaminación tiene un costo de unos 300 mil pesos si se tiene en cuanta que cada pez está valuado en 10 pesos.
Alumbrera : posible ruptura en mineraloducto
Se habrían registrado rupturas en el mineraloducto que va a la Alumbrera y afectaría cursos de agua de Santiago
Fecha de Publicación: 18/02/2012
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Catamarca
Ayer, en horas de la tarde, medios de Catamarca informaron acerca de la ruptura del sistema de filtraciones en los barroductos que van a la minera la Alumbrera.
En tal sentido, el geólogo salteño Carlos Morello reveló que hubo rupturas en los barroductos que van a la minera la Alumbrera. Dijo que se trata de un mineraloducto de 225 kilómetros y un diámetro de casi dos metros que atraviesa el Aconquija y une la planta de la Alumbrera con la estación ferroviaria de Cruz Alta, que está al norte de Tucumán.
El geólogo sostuvo que fue en este último tramo que se produjeron rupturas porque allí se hace el filtrado de la pulpa que se envía. Se trata de un material entre sólido y líquido, donde va el oro pequeño que no se puede recuperar inclusive todavía con algo de cobre.
“Esto va hasta el puerto de Rosario y de ahí se hace una última filtración en Cruz Alta”, agregó Morello y subrayó que fue allí donde se rompió el sistema de filtraciones e inmediatamente pasó a las aguas del río Salí y desde ahí se dispersó para todos lados, fundamentalmente, a Santiago del Estero.
Fecha de Publicación: 18/02/2012
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Catamarca
Ayer, en horas de la tarde, medios de Catamarca informaron acerca de la ruptura del sistema de filtraciones en los barroductos que van a la minera la Alumbrera.
En tal sentido, el geólogo salteño Carlos Morello reveló que hubo rupturas en los barroductos que van a la minera la Alumbrera. Dijo que se trata de un mineraloducto de 225 kilómetros y un diámetro de casi dos metros que atraviesa el Aconquija y une la planta de la Alumbrera con la estación ferroviaria de Cruz Alta, que está al norte de Tucumán.
El geólogo sostuvo que fue en este último tramo que se produjeron rupturas porque allí se hace el filtrado de la pulpa que se envía. Se trata de un material entre sólido y líquido, donde va el oro pequeño que no se puede recuperar inclusive todavía con algo de cobre.
“Esto va hasta el puerto de Rosario y de ahí se hace una última filtración en Cruz Alta”, agregó Morello y subrayó que fue allí donde se rompió el sistema de filtraciones e inmediatamente pasó a las aguas del río Salí y desde ahí se dispersó para todos lados, fundamentalmente, a Santiago del Estero.
La Alumbrera se defiende
Para La Alumbrera, el problema es la “mala comunicación” empresarial
Fecha de Publicación: 17/02/2012
Fuente: El Siglo
Provincia/Región: Catamarca
Hasta el momento, la estrategia defensiva sólo se basaba en argumentos de terceros e informes que categorizaban la aplicación apegada a las normas de su desarrollo operativo. Pero, esta vez, fue uno de los principales responsables de empresa La Alumbrera quien decidió salir a contrarrestar las innumerables críticas que sostienen el accionar contaminante en el que incurriría la empresa.
De esta forma, el vicepresidente de la empresa Xstrata Copper, operadora del yacimiento Julián Rooney, negó la utilización de cianuro en la explotación y aseguró que "no hay efectos en la salud de la gente que rodea al proyecto" de explotación minero. Según sostuvo, la única culpa de la industria minera es la "mala comunicación" que hubo durante años sobre la actividad.
En una entrevista concedida a la señal de cable TN, el empresario sostuvo que "la producción de oro en La Alumbrera no se hace con cianuro, es algo que ha quedado corroborado en la presentación del informe del impacto ambiental del año 1998, cuando comenzaron las operaciones". Además, destacó que "la provincia (Catamarca) hizo un estudio que encaró la fundación Funcei, en el que se corroboró que la actividad de la empresa no genera efectos en la salud de la gente que rodea al proyecto".
Justamente los riesgos de afectación de la salud y del medioambiente por la explotación minera a cielo abierto son el eje del reclamo de los vecinos y asambleístas que se vienen manifestando en las localidades catamarqueñas de Andalgalá, Tinogasta y Belén.
"Ninguna de las muestras que se tomaron dieron más allá de los parámetros establecidos por la ley que regula la descarga de las actividades industriales", precisó.
Rooney admitió que siguen con "preocupación todo lo que estuvo ocurriendo". Asimismo, recordó que "el 60 por ciento de las utilidades de la actividad minera quedan en el país" y remarcó que Xstrata Copper "emplea aproximadamente a 2 mil personas y tiene exportaciones por 1700 millones de dólares, lo que significa un importante beneficio no sólo para la región, sino para el país".
En tanto, reconoció que una de las falencias del proyecto minero, y por el que se genera la polémica sobre la actividad, es la comunicación. "Estamos en un programa de comunicación de todas estas verdades, porque las verdades hay que comunicarlas, ya que las percepciones son las que manejan las opiniones", consideró el empresario.
El gerente explicó que lo que hacen las mineras es separar el mineral estéril del que contienen cobre y oro a través de un proceso de explotación y admitió que hasta ahora "no se ha informado lo suficiente sobre las actividades de las mineras y su impacto ambiental". "Esa es la meaculpa que hacemos las empresas", agregó.
En tanto, sobre la posibilidad de que las provincias tengan sus propias empresas a través de la creación de la Organización Federal de Estados Mineros, un claro respaldo de la administración nacional a las mineras , Rooney manifestó: "Me parece muy positivo porque es un reconocimiento a la falta de impacto ambiental. Que las provincias tengan sus empresas y quieran encarar una actividad lícita que tiene grandes beneficios es un hecho muy positivo. Mal podría una empresa provincial que está inserta en esa sociedad prestarse a un tema de manejo ambiental que sea perjudicial para la población", concluyó el empresario”.
Minera La Alumbrera tiene tres causas por delitos ambientales y una por cuestiones económicas
Fecha de Publicación: 17/02/2012
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Catamarca
Un fiscal de Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca detalló las denuncias que tiene la empresa minera. En ninguna se ha llegado a juicio. Recordó que la firma está constituída por dos partes: una privada y otra estatal.
Antonio Gómez es fiscal general de las provincias de Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. En diálogo con el programa radial La Palangana (FM 103.7), relató que la empresa Minera La Alumbrera posee tres causas por delitos ambientales, en las tres provincias. La más antigua data de 1998 en donde la Cámara Federal procesó a Julián Rooney, vicepresidente de la empresa, por el agua que se tiraba al Dique El Frontal luego del proceso que se da en la planta de secado.
"Realicé una investigación por mi cuenta y tuve en cuenta informes de la misma minera que daba cuenta de altísimos índices de contaminación, informes de gendarmería, de la secretaría de Minería de la Nación y de algunas provincias. La prueba es sobre-abundante", remarcó el fiscal.
Todavía no se concretó ningún juicio. "Presentamos recursos de quejas por la demora. Lo último que nos queda es una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", aseguró.
Sobre los delitos económicos Gómez, recordó que Minera La Alumbrera está integrada por dos grupos, una privado y otro estatal. El estatal es Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), una sociedad integrada por representantes del Gobierno de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el Gobierno nacional. En el sitio web de la minera se afirma que los derechos de exploración y explotación pertenecen a YMAD.
"La minera le entrega a YMAD el 20% de todas sus ganacias netas. Esos son muchos millones de dólares. El dinero que se reciba la universidad se reparte de la siguiente manera: un 50% queda en la casa de estudios y la otra mitad va al resto de las universidades del país, por eso algunos informes son poco confiables", explicó.
Además, describió que un científico peruano radicó una denuncia tras estudiar el tipo de roca que se estaba extrayendo de la mina. Al parecer estarían explotando un grupo de minerales ocultos, valuados en 90 dólares por tonelada. "Esto implicaría un engaño a sus socios, es decir al Gobierno", añadió el fiscal.
Fecha de Publicación: 17/02/2012
Fuente: El Siglo
Provincia/Región: Catamarca
Hasta el momento, la estrategia defensiva sólo se basaba en argumentos de terceros e informes que categorizaban la aplicación apegada a las normas de su desarrollo operativo. Pero, esta vez, fue uno de los principales responsables de empresa La Alumbrera quien decidió salir a contrarrestar las innumerables críticas que sostienen el accionar contaminante en el que incurriría la empresa.
De esta forma, el vicepresidente de la empresa Xstrata Copper, operadora del yacimiento Julián Rooney, negó la utilización de cianuro en la explotación y aseguró que "no hay efectos en la salud de la gente que rodea al proyecto" de explotación minero. Según sostuvo, la única culpa de la industria minera es la "mala comunicación" que hubo durante años sobre la actividad.
En una entrevista concedida a la señal de cable TN, el empresario sostuvo que "la producción de oro en La Alumbrera no se hace con cianuro, es algo que ha quedado corroborado en la presentación del informe del impacto ambiental del año 1998, cuando comenzaron las operaciones". Además, destacó que "la provincia (Catamarca) hizo un estudio que encaró la fundación Funcei, en el que se corroboró que la actividad de la empresa no genera efectos en la salud de la gente que rodea al proyecto".
Justamente los riesgos de afectación de la salud y del medioambiente por la explotación minera a cielo abierto son el eje del reclamo de los vecinos y asambleístas que se vienen manifestando en las localidades catamarqueñas de Andalgalá, Tinogasta y Belén.
"Ninguna de las muestras que se tomaron dieron más allá de los parámetros establecidos por la ley que regula la descarga de las actividades industriales", precisó.
Rooney admitió que siguen con "preocupación todo lo que estuvo ocurriendo". Asimismo, recordó que "el 60 por ciento de las utilidades de la actividad minera quedan en el país" y remarcó que Xstrata Copper "emplea aproximadamente a 2 mil personas y tiene exportaciones por 1700 millones de dólares, lo que significa un importante beneficio no sólo para la región, sino para el país".
En tanto, reconoció que una de las falencias del proyecto minero, y por el que se genera la polémica sobre la actividad, es la comunicación. "Estamos en un programa de comunicación de todas estas verdades, porque las verdades hay que comunicarlas, ya que las percepciones son las que manejan las opiniones", consideró el empresario.
El gerente explicó que lo que hacen las mineras es separar el mineral estéril del que contienen cobre y oro a través de un proceso de explotación y admitió que hasta ahora "no se ha informado lo suficiente sobre las actividades de las mineras y su impacto ambiental". "Esa es la meaculpa que hacemos las empresas", agregó.
En tanto, sobre la posibilidad de que las provincias tengan sus propias empresas a través de la creación de la Organización Federal de Estados Mineros, un claro respaldo de la administración nacional a las mineras , Rooney manifestó: "Me parece muy positivo porque es un reconocimiento a la falta de impacto ambiental. Que las provincias tengan sus empresas y quieran encarar una actividad lícita que tiene grandes beneficios es un hecho muy positivo. Mal podría una empresa provincial que está inserta en esa sociedad prestarse a un tema de manejo ambiental que sea perjudicial para la población", concluyó el empresario”.
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Minera La Alumbrera tiene tres causas por delitos ambientales y una por cuestiones económicas
Fecha de Publicación: 17/02/2012
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Catamarca
Un fiscal de Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca detalló las denuncias que tiene la empresa minera. En ninguna se ha llegado a juicio. Recordó que la firma está constituída por dos partes: una privada y otra estatal.
Antonio Gómez es fiscal general de las provincias de Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. En diálogo con el programa radial La Palangana (FM 103.7), relató que la empresa Minera La Alumbrera posee tres causas por delitos ambientales, en las tres provincias. La más antigua data de 1998 en donde la Cámara Federal procesó a Julián Rooney, vicepresidente de la empresa, por el agua que se tiraba al Dique El Frontal luego del proceso que se da en la planta de secado.
"Realicé una investigación por mi cuenta y tuve en cuenta informes de la misma minera que daba cuenta de altísimos índices de contaminación, informes de gendarmería, de la secretaría de Minería de la Nación y de algunas provincias. La prueba es sobre-abundante", remarcó el fiscal.
Todavía no se concretó ningún juicio. "Presentamos recursos de quejas por la demora. Lo último que nos queda es una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", aseguró.
Sobre los delitos económicos Gómez, recordó que Minera La Alumbrera está integrada por dos grupos, una privado y otro estatal. El estatal es Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), una sociedad integrada por representantes del Gobierno de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el Gobierno nacional. En el sitio web de la minera se afirma que los derechos de exploración y explotación pertenecen a YMAD.
"La minera le entrega a YMAD el 20% de todas sus ganacias netas. Esos son muchos millones de dólares. El dinero que se reciba la universidad se reparte de la siguiente manera: un 50% queda en la casa de estudios y la otra mitad va al resto de las universidades del país, por eso algunos informes son poco confiables", explicó.
Además, describió que un científico peruano radicó una denuncia tras estudiar el tipo de roca que se estaba extrayendo de la mina. Al parecer estarían explotando un grupo de minerales ocultos, valuados en 90 dólares por tonelada. "Esto implicaría un engaño a sus socios, es decir al Gobierno", añadió el fiscal.
Polémica por parque para curtiembres en Lanús
Polémica por parque para curtiembres en Lanús
Fecha de Publicación: 17/02/2012
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Buenos Aires
La creación de un Parque Industrial Curtiembrero en Lanús, acordado entre el municipio y la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), generó fuertes críticas al ser considerado en el Concejo Deliberante, donde el oficialismo logró su aprobación por 17.
La sesión extraordinaria generó un largo debate, donde los bloques opositores reclamaron más tiempo para analizar pormenores del proyecto. El sector estará ubicado en el predio que pertenecía a Asociación Civil de Usuarios Bancarios Argentinos (ACUBA), en Olazábal y la ribera. Esa reestructuración urbana se dará en el marco del saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.
Desde el macrismo, el edil Heriberto Deibe dijo que “si el juez Luis Armella procesó al intendente por malversación de fondos en una causa relacionada con la limpieza del Riachuelo, yo no le puedo dar un cheque en blanco a Díaz Pérez para que haga semejante obra sin darnos detalles técnicos”.
“Inversión millonaria”
Asimismo, desde la oposición -PRO y FAP- no supieron estimar el monto de la obra pero aseguran que se trata de “inversión millonaria en dólares”, financiada por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. “Las preguntas que se le hicieron al oficialismo respecto de contaminación, censo de curtidores, grado de contaminación del nuevo parque no fueron contestadas. Nosotros no estamos para autorizar, estamos para legislar”, aseguró Deibe.
Por su parte María La Rosa (GEN), denunció que “parece que siguen las mismas mañas”, en alusión al cambio de autoridades en el Concejo Deliberante y la falta de tiempo para estudiar proyectos. “Al oficialismo no le interesa lo que pensamos, ni el debate ni la discusión”, se lamentó.
En tanto el concejal del PRO Jorge Schiavone criticó el escaso tiempo que tuvo para ver el expediente.
Fecha de Publicación: 17/02/2012
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Buenos Aires
La creación de un Parque Industrial Curtiembrero en Lanús, acordado entre el municipio y la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), generó fuertes críticas al ser considerado en el Concejo Deliberante, donde el oficialismo logró su aprobación por 17.
La sesión extraordinaria generó un largo debate, donde los bloques opositores reclamaron más tiempo para analizar pormenores del proyecto. El sector estará ubicado en el predio que pertenecía a Asociación Civil de Usuarios Bancarios Argentinos (ACUBA), en Olazábal y la ribera. Esa reestructuración urbana se dará en el marco del saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.
Desde el macrismo, el edil Heriberto Deibe dijo que “si el juez Luis Armella procesó al intendente por malversación de fondos en una causa relacionada con la limpieza del Riachuelo, yo no le puedo dar un cheque en blanco a Díaz Pérez para que haga semejante obra sin darnos detalles técnicos”.
“Inversión millonaria”
Asimismo, desde la oposición -PRO y FAP- no supieron estimar el monto de la obra pero aseguran que se trata de “inversión millonaria en dólares”, financiada por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. “Las preguntas que se le hicieron al oficialismo respecto de contaminación, censo de curtidores, grado de contaminación del nuevo parque no fueron contestadas. Nosotros no estamos para autorizar, estamos para legislar”, aseguró Deibe.
Por su parte María La Rosa (GEN), denunció que “parece que siguen las mismas mañas”, en alusión al cambio de autoridades en el Concejo Deliberante y la falta de tiempo para estudiar proyectos. “Al oficialismo no le interesa lo que pensamos, ni el debate ni la discusión”, se lamentó.
En tanto el concejal del PRO Jorge Schiavone criticó el escaso tiempo que tuvo para ver el expediente.
Los perjuicios del corte del Atuel en La Pampa
Corte del Atuel: "El perjuicio se expresa en éxodo poblacional, desertificación y daños ambientales"
Fecha de Publicación: 17/02/2012
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
El gobernador Oscar Jorge encabezó este viernes el acto de Presentación Sintética de Resultados del Estudio para la Cuantificación Monetaria del daño ambiental causado a la Provincia de La Pampa por la carencia de un caudal fluvioecológico del Río Atuel.
El gobernador Oscar Jorge encabezó este viernes el acto del denominado “Estudio para la cuantificación monetaria del daño causado en la provincia de La Pampa por la carencia de un caudal fluvioecológico del Río Atuel”. Ese trabajo fue encargado a la Universidad de La Pampa y su objetivo, sintetizando ese extenso título, es poder establecer el daño económico causado por el corte del Atuel desde la provincia de Mendoza.
El acto de la mañana de este viernes en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno era muy esperado. Y más en días donde se está convocando a una manifestación popular por parte de distintas organizaciones sociales. Se podía anticipar un mensaje firme del gobierno provincial sobre el conflicto histórico, pero quedó a medias.
En rigor, no se conoció un número exacto del perjuicio sufrido por nuestra provincia y es posible que no se conozca. El contrato entre el Estado pampeano y la UNLPam incluye una cláusula de confidencialidad que no permite la publicidad del resultado completo del estudio. Néstor Lastiri, secretario de Recursos Hídricos provincial, dijo ante la prensa luego de la presentación que se llevarán a cabo una serie de talleres en Santa Isabel durante las próximas semanas para hacer una evaluación global del informe de la UNLPam y que “el perjuicio” deberá ser evaluado no sólo desde el lado económico sino también social.
El gobernador Oscar Mario Jorge también habló con la prensa luego del acto, de manera breve. Descartó de plano insistir por la vía judicial y recordó que está vigente el Convenio del Atuel firmado en 2009. Aunque en Mendoza no se aprobó, dijo que había hablado con su par de esa provincia, Francisco “Paco” Pérez, para reflotarlo. “Durante la anterior gobernación, Mendoza ha avanzado en algunas obras en orden con este convenio. Y vamos a tratar por lo menos que haya un paso. Los problemas económicos, ambientales y sociales se verán en otro momento”, dijo el mandatario pampeano.
El trabajo
El acto se llevó a cabo en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno. Estuvieron Jorge, Lastiri, el rector de la UNLPam, Sergio Baudino, el diputado provincial Juan Pablo Morisoli, los ministros Ariel Rauchengerger, Sergio Violo y Abelardo Ferrán, el fiscal de Estado, Alejandro Vanini, y la asesora letrada Daniela Vassia.
El trabajo fue realizado por la Consultora Técnica de la Univesidad Nacional de La Pampa, y financiado con dinero del Consejo Federal de Inversiones (CFI).
En su alocución previa a la presentación formal, el gobernador Jorge dijo que “esta es una de las unidades hidrográficas más alteradas negativamente por la acción humana. La utilización que ha hecho y realiza la provincia de Mendoza de las aguas del río, ha impactado sobre gran parte del oeste pampeano, afectando las condiciones sociales, económicas, productivas y ambientales”. Agregó que “el perjuicio se expresa en éxodo poblacional, empobrecimiento de los productores, desertificación y severos daños ambientales desde que se hizo la obra de los Nihuiles” y que “la actitud de Mendoza no corresponde a la de una provincia hermana. Este gobierno mantiene su política y reclamo por sus recursos”.
El encargado de dar a conocer el estudio fue el coordinador del proyecto, el ingeniero Marcelo Gaviño Novillo. Explicó que lo se le entregó a la provincia “es un conjunto de opciones, no decimos lo que se tiene que hacer”. Y destacó que “no sirve resolver el conflicto del Atuel si no se resuelven otros conflictos como el de la cuencia del Salado-Desaguadero”.
El resultado final son tres tomos. El primero es una síntesis en un documento de 130 páginas; el segundo es un detalle compuesto por cinco extensos volúmenes; y el tercero son cinco DVD con toda la información cargada para ser puesta a diposición de las bases de datos de la Secretaría de Recursos Hídricos.
Gaviño Novillo insistió en que la vía de resolución debe ser “a través del diálogo basado en la razón” y que este material servía como “sustento técnico” para “tener una base para hacer valer nuestros derechos”.
Fecha de Publicación: 17/02/2012
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
El gobernador Oscar Jorge encabezó este viernes el acto de Presentación Sintética de Resultados del Estudio para la Cuantificación Monetaria del daño ambiental causado a la Provincia de La Pampa por la carencia de un caudal fluvioecológico del Río Atuel.
El gobernador Oscar Jorge encabezó este viernes el acto del denominado “Estudio para la cuantificación monetaria del daño causado en la provincia de La Pampa por la carencia de un caudal fluvioecológico del Río Atuel”. Ese trabajo fue encargado a la Universidad de La Pampa y su objetivo, sintetizando ese extenso título, es poder establecer el daño económico causado por el corte del Atuel desde la provincia de Mendoza.
El acto de la mañana de este viernes en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno era muy esperado. Y más en días donde se está convocando a una manifestación popular por parte de distintas organizaciones sociales. Se podía anticipar un mensaje firme del gobierno provincial sobre el conflicto histórico, pero quedó a medias.
En rigor, no se conoció un número exacto del perjuicio sufrido por nuestra provincia y es posible que no se conozca. El contrato entre el Estado pampeano y la UNLPam incluye una cláusula de confidencialidad que no permite la publicidad del resultado completo del estudio. Néstor Lastiri, secretario de Recursos Hídricos provincial, dijo ante la prensa luego de la presentación que se llevarán a cabo una serie de talleres en Santa Isabel durante las próximas semanas para hacer una evaluación global del informe de la UNLPam y que “el perjuicio” deberá ser evaluado no sólo desde el lado económico sino también social.
El gobernador Oscar Mario Jorge también habló con la prensa luego del acto, de manera breve. Descartó de plano insistir por la vía judicial y recordó que está vigente el Convenio del Atuel firmado en 2009. Aunque en Mendoza no se aprobó, dijo que había hablado con su par de esa provincia, Francisco “Paco” Pérez, para reflotarlo. “Durante la anterior gobernación, Mendoza ha avanzado en algunas obras en orden con este convenio. Y vamos a tratar por lo menos que haya un paso. Los problemas económicos, ambientales y sociales se verán en otro momento”, dijo el mandatario pampeano.
El trabajo
El acto se llevó a cabo en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno. Estuvieron Jorge, Lastiri, el rector de la UNLPam, Sergio Baudino, el diputado provincial Juan Pablo Morisoli, los ministros Ariel Rauchengerger, Sergio Violo y Abelardo Ferrán, el fiscal de Estado, Alejandro Vanini, y la asesora letrada Daniela Vassia.
El trabajo fue realizado por la Consultora Técnica de la Univesidad Nacional de La Pampa, y financiado con dinero del Consejo Federal de Inversiones (CFI).
En su alocución previa a la presentación formal, el gobernador Jorge dijo que “esta es una de las unidades hidrográficas más alteradas negativamente por la acción humana. La utilización que ha hecho y realiza la provincia de Mendoza de las aguas del río, ha impactado sobre gran parte del oeste pampeano, afectando las condiciones sociales, económicas, productivas y ambientales”. Agregó que “el perjuicio se expresa en éxodo poblacional, empobrecimiento de los productores, desertificación y severos daños ambientales desde que se hizo la obra de los Nihuiles” y que “la actitud de Mendoza no corresponde a la de una provincia hermana. Este gobierno mantiene su política y reclamo por sus recursos”.
El encargado de dar a conocer el estudio fue el coordinador del proyecto, el ingeniero Marcelo Gaviño Novillo. Explicó que lo se le entregó a la provincia “es un conjunto de opciones, no decimos lo que se tiene que hacer”. Y destacó que “no sirve resolver el conflicto del Atuel si no se resuelven otros conflictos como el de la cuencia del Salado-Desaguadero”.
El resultado final son tres tomos. El primero es una síntesis en un documento de 130 páginas; el segundo es un detalle compuesto por cinco extensos volúmenes; y el tercero son cinco DVD con toda la información cargada para ser puesta a diposición de las bases de datos de la Secretaría de Recursos Hídricos.
Gaviño Novillo insistió en que la vía de resolución debe ser “a través del diálogo basado en la razón” y que este material servía como “sustento técnico” para “tener una base para hacer valer nuestros derechos”.
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