Botnia: decisión a favor de ambientalistas
22:42 | 
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Botnia: confirman una decisión a favor de los ambientalistas
Fecha de Publicación: 25/10/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Entre Ríos
La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná rechazó una apelación que había presentado la fiscal Daniela Neyra y confirmó la decisión del juez federal Gustavo Pimentel de no citar a indagatoria a los diez ambientalistas de Gualeguaychú querellados por el Gobierno por el corte del puente a Fray Bentos.
En la causa, en la que el juez aceptó al Gobierno nacional como querellante, el juez había desestimado el pedido de que fueran citados a indagatoria los asambleístas, a los que se les imputaron los delitos de homicidio culposo, amenazas, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes, instigación a cometer delitos, intimidación pública, apología del delito, otros atentados al orden público, delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación, atentados al orden constitucional y a la vida democrática, sedición, atentado y resistencia contra la autoridad y encubrimiento.
La fiscal Neyra presentó una apelación contra esa decisión. Pero la Cámara, por dos votos contra uno, consideró "mal concedido" el recurso de apelación.
Un centenar de integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú saludó con aplausos la novedad judicial.
Sin embargo, la decisión de la Cámara, que pidió "la readecuación del trámite", no implica el cierre de la causa, ya que la fiscal puede reunir más pruebas e insistir en que se habilite el proceso contra los ambientalistas de Gualeguaychú.
Fecha de Publicación: 25/10/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Entre Ríos
La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná rechazó una apelación que había presentado la fiscal Daniela Neyra y confirmó la decisión del juez federal Gustavo Pimentel de no citar a indagatoria a los diez ambientalistas de Gualeguaychú querellados por el Gobierno por el corte del puente a Fray Bentos.
En la causa, en la que el juez aceptó al Gobierno nacional como querellante, el juez había desestimado el pedido de que fueran citados a indagatoria los asambleístas, a los que se les imputaron los delitos de homicidio culposo, amenazas, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes, instigación a cometer delitos, intimidación pública, apología del delito, otros atentados al orden público, delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación, atentados al orden constitucional y a la vida democrática, sedición, atentado y resistencia contra la autoridad y encubrimiento.
La fiscal Neyra presentó una apelación contra esa decisión. Pero la Cámara, por dos votos contra uno, consideró "mal concedido" el recurso de apelación.
Un centenar de integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú saludó con aplausos la novedad judicial.
Sin embargo, la decisión de la Cámara, que pidió "la readecuación del trámite", no implica el cierre de la causa, ya que la fiscal puede reunir más pruebas e insistir en que se habilite el proceso contra los ambientalistas de Gualeguaychú.
Fondo para bosques sigue generando polémica
El fondo para bosques sigue generando polémica
Fecha de Publicación: 24/10/2010
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Nacional - Salta
La morosidad de la Nación en el reparto a las provincias de los recursos presupuestados para este año para conservar los bosques nativos, y la ausencia de ese fondo en el presupuesto 2011 siguen generando polémica. Mientras desde el Gobierno de la Provincia aseguran que se realizan gestiones para destrabar ese dinero, un funcionario nacional relativizó la posibilidad de enviarlo a las provincias en el corto plazo.
El ministro de Ambiente, López Sastre, remarcó que ningún distrito recibió ni un peso del dinero previsto.
Concretamente, el subsecretario de Planificación y Política Ambiental de la Nación sostuvo que “ni la Nación ni las provincias tienen las herramientas apropiadas” para la aplicación de la ley 26.331. Lograr el real cumplimiento de la norma, para La Rocca, va a necesitar de un período de tiempo en el que los recursos se aplicarán progresivamente.
Estas declaraciones fueron realizadas en una entrevista concedida a la revista Argentina Forestal. Allí el subsecretario afirmó que la enorme cantidad de dinero prevista por la ley no puede volcarse de manera automática a las provincias ni a los privados, “porque no existe una fórmula que diga con seguridad cuánto corresponde pagar por el servicio ambiental de un bosque”.
La Rocca sostuvo que “ningún pago puede hacerse si no se tiene una valoración estricta del servicio. Pedir un pago automático a una provincia es prácticamente imposible, por el momento, desde el punto de vista administrativo”, dijo.
La postura de Salta
Desde el gobierno salteño señalaron, sin embargo, que la provincia se pondrá al frente del reclamo, y que están buscando la participación de otras provincias que tienen espacios protegidos. Sobre este punto el ministro de Ambiente, Francisco López Sastre, informó que el gobernador Juan Manuel Urtubey redactó una carta que envió a sus pares de otras provincias, en la cual se sustancia el reclamo. Y dijo que ya recibió adhesiones, aunque no precisó cuáles.
López Sastre también enumeró una serie de acciones que lleva adelante para conseguir que en el presupuesto 2011 se incluya la totalidad de los fondos previstos por la ley 26.331 que, según algunos cálculos, deberían ascender a unos $1.800 millones.
El funcionario provincial recordó que durante la última reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), llevada a cabo hace un mes, “hemos puesto el acento en este reclamo a la Nación. De allí salió una resolución, firmada por todos los asistentes, donde se deja en claro la necesidad de contar con todos los fondos previstos por la Nación”.
El ministro relató además que “hemos llevado el reclamo, junto a los madereros del norte provincial, a los diputados nacionales por Salta, quienes nos recibieron en el Congreso hace dos semanas”.
Fortuny: “La Nación está morosa”
Fernando Fortuny, dirigente de la Asociación Pro Grano, resaltó que “el perjuicio causado por la paralización de los desmontes en cuatro departamentos desde hace tres años, se puede medir en decenas de millones de dólares de inversiones perdidas o postergadas, con el consecuente atraso en la ampliación de las fronteras productivas”.
El productor resaltó además que “la Nación está morosa con el tema de los desmontes gracias a una clara maniobra dilatoria. Pasa que mediante una disposición obligó a efectuar un censo de las comunidades aborígenes, para luego regularizar su situación dominial, cosa que ellos mismos nunca terminan de realizar, postergando así el fin de la medida de no desmontar”.
Pro Grano y otras organizaciones de productores dicen que resulta inconcebible “que nosotros, simples ciudadanos, seamos los que estamos pidiendo, requiriendo, tratando de obligar a la Nación a que cumpla la ley que ella misma propició, sancionó y promulgó”.
Fortuny recordó que “cuando la ley fue sancionada y entró en vigencia, se declaró una moratoria en los desmontes y los aprovechamientos forestales hasta tanto las provincias se den sus propias leyes de ordenamiento territorial. Luego, la Provincia tuvo que recurrir a la Corte de Justicia para que levante la moratoria a los aprovechamientos forestales, pero quedó vigente la moratoria para los desmontes”.
Los productores tienen claro que Salta sigue siendo importadora de carne y lecha vacuna y sostienen que con inversiones adecuadas y medidas políticas sostenidas en el tiempo ese panorama puede revertirse a mediano plazo.
La provincia tiene todas las condiciones para llegar al autoabastecimiento en materia ganadera, pero la paralización de la habilitación de tierras para desmontes, especialmente en los departamento Orán, San Martín, Santa Victoria y Rivadavia, impide que el desarrollo iniciado hace una década continúe.
Además, Fortuny sostuvo que “junto a las inversiones llegan la generación de empleos, la capacitación para los habitantes de las distintas zonas, la incorporación de tecnología que les sirve también a los pequeños productores locales y la generación de riqueza. Todo eso está parado por culpa de esta política de Nación de impedir la expansión de los fronteras agropecuarias”, concluyó.
“La ley que impulsaba Bonasso es un fracaso”
El ingeniero agrónomo Roberto Neumann, experto en manejo de bosques, analizó la polémica acerca del fondo y comentó que “ahora la situación aparece muy clara en el sentido de que la famosa ley de bosques de Bonasso, que trataba de conservar los bosques y la biodiversidad, es un fracaso”.
Neumann recordó que él junto a Ana María Pontussi, de Fundesnoa, hicieron un aporte alternativo para mejorar la ley en virtud de todas las fallas que evidenciaba. “Lo que se aprobó en definitiva fue una mezcla no muy razonable de lo que decía el proyecto original de Bonasso y lo que decíamos nosotros”, expresó.
“Hoy, después de tres años de sancionada la ley, Salta no puede por un lado cobrar ni un peso de los subsidios previstos para las zonas reservadas; pero al mismo tiempo tenemos una prohibición de la Corte Suprema para cuatro departamentos donde no se puede hacer agricultura, ni ganadería ni extracción forestal con tecnología adecuada”, cuestionó.
Los fondos recibidos
Por otra parte, y respecto al envío de fondos nacionales a Salta, el ministro López Sastre explicó ayer que “si bien es cierto que recibimos $1.300.000 de Ambiente de la Nación, esos fondos no tienen nada que ver con el fondo de los bosques nativos, sino con la financiación de planes piloto aprobados por la Nación durante la gestión anterior, que fueron destinados a manejo de tres áreas protegidas, como Acambuco, Laguna Pintascayo y Los Palmares; y al el Ex Lote Fiscal 4.
Fecha de Publicación: 24/10/2010
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Nacional - Salta
La morosidad de la Nación en el reparto a las provincias de los recursos presupuestados para este año para conservar los bosques nativos, y la ausencia de ese fondo en el presupuesto 2011 siguen generando polémica. Mientras desde el Gobierno de la Provincia aseguran que se realizan gestiones para destrabar ese dinero, un funcionario nacional relativizó la posibilidad de enviarlo a las provincias en el corto plazo.
El ministro de Ambiente, López Sastre, remarcó que ningún distrito recibió ni un peso del dinero previsto.
Concretamente, el subsecretario de Planificación y Política Ambiental de la Nación sostuvo que “ni la Nación ni las provincias tienen las herramientas apropiadas” para la aplicación de la ley 26.331. Lograr el real cumplimiento de la norma, para La Rocca, va a necesitar de un período de tiempo en el que los recursos se aplicarán progresivamente.
Estas declaraciones fueron realizadas en una entrevista concedida a la revista Argentina Forestal. Allí el subsecretario afirmó que la enorme cantidad de dinero prevista por la ley no puede volcarse de manera automática a las provincias ni a los privados, “porque no existe una fórmula que diga con seguridad cuánto corresponde pagar por el servicio ambiental de un bosque”.
La Rocca sostuvo que “ningún pago puede hacerse si no se tiene una valoración estricta del servicio. Pedir un pago automático a una provincia es prácticamente imposible, por el momento, desde el punto de vista administrativo”, dijo.
La postura de Salta
Desde el gobierno salteño señalaron, sin embargo, que la provincia se pondrá al frente del reclamo, y que están buscando la participación de otras provincias que tienen espacios protegidos. Sobre este punto el ministro de Ambiente, Francisco López Sastre, informó que el gobernador Juan Manuel Urtubey redactó una carta que envió a sus pares de otras provincias, en la cual se sustancia el reclamo. Y dijo que ya recibió adhesiones, aunque no precisó cuáles.
López Sastre también enumeró una serie de acciones que lleva adelante para conseguir que en el presupuesto 2011 se incluya la totalidad de los fondos previstos por la ley 26.331 que, según algunos cálculos, deberían ascender a unos $1.800 millones.
El funcionario provincial recordó que durante la última reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), llevada a cabo hace un mes, “hemos puesto el acento en este reclamo a la Nación. De allí salió una resolución, firmada por todos los asistentes, donde se deja en claro la necesidad de contar con todos los fondos previstos por la Nación”.
El ministro relató además que “hemos llevado el reclamo, junto a los madereros del norte provincial, a los diputados nacionales por Salta, quienes nos recibieron en el Congreso hace dos semanas”.
Fortuny: “La Nación está morosa”
Fernando Fortuny, dirigente de la Asociación Pro Grano, resaltó que “el perjuicio causado por la paralización de los desmontes en cuatro departamentos desde hace tres años, se puede medir en decenas de millones de dólares de inversiones perdidas o postergadas, con el consecuente atraso en la ampliación de las fronteras productivas”.
El productor resaltó además que “la Nación está morosa con el tema de los desmontes gracias a una clara maniobra dilatoria. Pasa que mediante una disposición obligó a efectuar un censo de las comunidades aborígenes, para luego regularizar su situación dominial, cosa que ellos mismos nunca terminan de realizar, postergando así el fin de la medida de no desmontar”.
Pro Grano y otras organizaciones de productores dicen que resulta inconcebible “que nosotros, simples ciudadanos, seamos los que estamos pidiendo, requiriendo, tratando de obligar a la Nación a que cumpla la ley que ella misma propició, sancionó y promulgó”.
Fortuny recordó que “cuando la ley fue sancionada y entró en vigencia, se declaró una moratoria en los desmontes y los aprovechamientos forestales hasta tanto las provincias se den sus propias leyes de ordenamiento territorial. Luego, la Provincia tuvo que recurrir a la Corte de Justicia para que levante la moratoria a los aprovechamientos forestales, pero quedó vigente la moratoria para los desmontes”.
Los productores tienen claro que Salta sigue siendo importadora de carne y lecha vacuna y sostienen que con inversiones adecuadas y medidas políticas sostenidas en el tiempo ese panorama puede revertirse a mediano plazo.
La provincia tiene todas las condiciones para llegar al autoabastecimiento en materia ganadera, pero la paralización de la habilitación de tierras para desmontes, especialmente en los departamento Orán, San Martín, Santa Victoria y Rivadavia, impide que el desarrollo iniciado hace una década continúe.
Además, Fortuny sostuvo que “junto a las inversiones llegan la generación de empleos, la capacitación para los habitantes de las distintas zonas, la incorporación de tecnología que les sirve también a los pequeños productores locales y la generación de riqueza. Todo eso está parado por culpa de esta política de Nación de impedir la expansión de los fronteras agropecuarias”, concluyó.
“La ley que impulsaba Bonasso es un fracaso”
El ingeniero agrónomo Roberto Neumann, experto en manejo de bosques, analizó la polémica acerca del fondo y comentó que “ahora la situación aparece muy clara en el sentido de que la famosa ley de bosques de Bonasso, que trataba de conservar los bosques y la biodiversidad, es un fracaso”.
Neumann recordó que él junto a Ana María Pontussi, de Fundesnoa, hicieron un aporte alternativo para mejorar la ley en virtud de todas las fallas que evidenciaba. “Lo que se aprobó en definitiva fue una mezcla no muy razonable de lo que decía el proyecto original de Bonasso y lo que decíamos nosotros”, expresó.
“Hoy, después de tres años de sancionada la ley, Salta no puede por un lado cobrar ni un peso de los subsidios previstos para las zonas reservadas; pero al mismo tiempo tenemos una prohibición de la Corte Suprema para cuatro departamentos donde no se puede hacer agricultura, ni ganadería ni extracción forestal con tecnología adecuada”, cuestionó.
Los fondos recibidos
Por otra parte, y respecto al envío de fondos nacionales a Salta, el ministro López Sastre explicó ayer que “si bien es cierto que recibimos $1.300.000 de Ambiente de la Nación, esos fondos no tienen nada que ver con el fondo de los bosques nativos, sino con la financiación de planes piloto aprobados por la Nación durante la gestión anterior, que fueron destinados a manejo de tres áreas protegidas, como Acambuco, Laguna Pintascayo y Los Palmares; y al el Ex Lote Fiscal 4.
Bonia: dictarán el fallo contra los asambleistas
El lunes se conocerá el fallo contra los asambleistas de Gualeguaychú
Fecha de Publicación: 23/10/2010
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Entre Ríos
La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná dará a conocer la semana próxima la resolución que confirmará o rechazará la continuidad de la causa iniciada por el gobierno nacional contra los ambientalistas que cortaron durante casi cuatro años la ruta 136
La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná dará a conocer el lunes próximo la resolución que confirmará o rechazará la continuidad de la causa iniciada por el gobierno nacional contra los asambleístas que cortaron durante casi cuatro años la ruta 136, que conduce al puente General San Martín, en protesta por la instalación de la pastera Botnia en el Uruguay.
El tribunal se encuentra desde el 15 de este mes analizando la sentencia del juez federal subrogante de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, quien decidió no llamar a declaración indagatoria a los asambleístas por el corte de la ruta 136.
El magistrado decidió no citar a los diez asambleístas querellados por el gobierno nacional por entender que obraron en un error de prohibición invencible, lo que constituye una causal que los exime de culpabilidad.
La decisión del juez fue apelada por la fiscal federal, Daniela Neyra y, por esa razón la cámara citó el 15 a los asambleístas para escuchar sus argumentos, al igual que los del fiscal federal de Paraná, Ricardo Alvárez. La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná está integrada por Daniel Alonso, Cintia Gómez y Gustavo Ibañez.
Los asambleístas querellados son Sira Muñoz, Paola Robles, Cristina Limba, Víctor Limba, Alejandra Crimella, Jorge Fritzler, Juan Ferrarri, Osvaldo Fernández, José Gómez y Juan Veronesi.
Si la Cámara de Apelaciones rechaza el pedido de la fiscal federal Neyra, el expediente volverá al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay y quedará confirmada la sentencia del juez Pimentel, quien decidió no llamar a declaración indagatoria a los asambleístas por el corte.
Si, en cambio, los camaristas hacen lugar a la apelación, el expediente volverá al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, pero el juez Pimentel quedaría apartado de la causa y se ordenaría la indagatoria a los asambleístas, tal como lo pide la fiscal federal Neyra, con un nuevo magistrado.
Fecha de Publicación: 23/10/2010
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Entre Ríos
La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná dará a conocer la semana próxima la resolución que confirmará o rechazará la continuidad de la causa iniciada por el gobierno nacional contra los ambientalistas que cortaron durante casi cuatro años la ruta 136
La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná dará a conocer el lunes próximo la resolución que confirmará o rechazará la continuidad de la causa iniciada por el gobierno nacional contra los asambleístas que cortaron durante casi cuatro años la ruta 136, que conduce al puente General San Martín, en protesta por la instalación de la pastera Botnia en el Uruguay.
El tribunal se encuentra desde el 15 de este mes analizando la sentencia del juez federal subrogante de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, quien decidió no llamar a declaración indagatoria a los asambleístas por el corte de la ruta 136.
El magistrado decidió no citar a los diez asambleístas querellados por el gobierno nacional por entender que obraron en un error de prohibición invencible, lo que constituye una causal que los exime de culpabilidad.
La decisión del juez fue apelada por la fiscal federal, Daniela Neyra y, por esa razón la cámara citó el 15 a los asambleístas para escuchar sus argumentos, al igual que los del fiscal federal de Paraná, Ricardo Alvárez. La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná está integrada por Daniel Alonso, Cintia Gómez y Gustavo Ibañez.
Los asambleístas querellados son Sira Muñoz, Paola Robles, Cristina Limba, Víctor Limba, Alejandra Crimella, Jorge Fritzler, Juan Ferrarri, Osvaldo Fernández, José Gómez y Juan Veronesi.
Si la Cámara de Apelaciones rechaza el pedido de la fiscal federal Neyra, el expediente volverá al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay y quedará confirmada la sentencia del juez Pimentel, quien decidió no llamar a declaración indagatoria a los asambleístas por el corte.
Si, en cambio, los camaristas hacen lugar a la apelación, el expediente volverá al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, pero el juez Pimentel quedaría apartado de la causa y se ordenaría la indagatoria a los asambleístas, tal como lo pide la fiscal federal Neyra, con un nuevo magistrado.
Cura opositor a la minería en Mendoza
Para el cura que se opone a la minera, no hay que ser “tibios”
Fecha de Publicación: 23/10/2010
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
El sacerdote Pablo López dice que está cumpliendo con su misión de advertirle al Gobierno. Y descree que las autoridades estén en condiciones de concretar los controles que prometen.
Pablo López (37) es el cura párroco de Uspallata desde hace cinco años y medio, y participa activamente en los grupos en contra de la minería que se han constituido entre los vecinos de esa localidad de Las Heras. Para él, hay que tomar una posición y no ser “tibio”.
El Arzobispado de Mendoza difundió el jueves un comunicado en el que repudia el desembarco de la minera San Jorge en Uspallata y le aconseja al Gobierno una medida precautoria que posponga “la puesta en marcha de actividades que puedan afectar el ambiente y la salud de los ciudadanos o comprometer seriamente el uso de recursos naturales para las generaciones futuras, cuando los datos científicos disponibles son contradictorios o no son suficientes”.
Para López, oriundo de Luján, “el comunicado hace alusión a una cuestión ética y moral que es propia de la Iglesia. Pero la Iglesia no le dice al Gobierno lo que tiene que hacer, está advirtiendo que hay cosas que no están muy claras. Le habla al Gobierno, a la empresa, a los científicos y a los mismos cristianos de Uspallata. El comunicado tiene muchos destinatarios, cada uno en el nivel que le corresponde”.
Según el párroco, el Arzobispado de Mendoza trabaja sobre este comunicado desde hace tiempo, y él fue convocado hace una semana y media para ser consultado al respecto.
“El obispo ha venido en algunas oportunidades aquí, ha estado con la gente de la parroquia y ha escuchado a los científicos y a la gente de las universidades. La Iglesia no es experta en estas cosas, así que en cuestiones más científicas necesita ayuda de gente que es especializada en eso”, dijo el sacerdote a UNO.
Con respecto a los peligros de la instalación de la minera San Jorge, López fue duro. “ Confiaríamos si se fueran a realizar controles periódicos –señaló–, pero el Estado no alcanza y no es efectivo en esto, no sólo de esta nueva problemática, sino de otras que le son propias. Ellos dicen que la comunidad también va a poder controlar, pero ¿qué poder de policía va a tener la comunidad? No es propio de una comunidad fiscalizar esto, eso es propio de un ente especializado”.
Entre los temas que más preocupan al clero mendocino con respecto a la explotación minera en Uspallata, como se detalla en el primer punto del comunicado, está el deterioro social. “En el mismo informe de impacto ambiental elaborado por la empresa dice que van a aumentar la prostitución y las enfermedades de transmisión sexual”, explicó el sacerdote.
El prelado manifestó temor también por el trabajo de los ciudadanos uspallatinos que ofrecen servicios turísticos. “Acá hay mucha gente que vive del turismo y todos, por emprendimientos privados. El Gobierno no promociona; en infraestructura es muy pobre lo que el Gobierno ofrece... ¿En qué medida la minería va a afectar la vida de los que se dedican al turismo?”, preguntó.
Con respecto al daño puramente ambiental que podría acarrear la explotación minera, el comunicado del Arzobispado de Mendoza versa sobre el impacto en el agua. Denuncia “la afectación de la calidad del aire a raíz del polvo en suspensión provocado por los movimientos de suelo y las voladuras”, y “la posible afectación de la flora y la fauna autóctonas, las cuales incluyen especies protegidas especialmente por la legislación vigente”.
“La Iglesia entiende que hay que cuidar la naturaleza, porque es el lugar donde vivimos. El Papa este año se dedicó al tema ambiental como un tema de paz futura y presente, y el tema del agua también lo va a ser. Mendoza está hoy en emergencia hídrica y con este tema del cambio climático también va a empeorar. El agua es un recurso vital, no es algo que podemos llegar a conseguir”, expresó López.
La solución propuesta por la Iglesia mendocina al conflicto es la aplicación de una medida precautoria. “Hasta no tener las cosas claras, no sigamos avanzando. Que se pause y se investigue mejor, y se hagan estudios más serios”, pidió el sacerdote.
Fecha de Publicación: 23/10/2010
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
El sacerdote Pablo López dice que está cumpliendo con su misión de advertirle al Gobierno. Y descree que las autoridades estén en condiciones de concretar los controles que prometen.
Pablo López (37) es el cura párroco de Uspallata desde hace cinco años y medio, y participa activamente en los grupos en contra de la minería que se han constituido entre los vecinos de esa localidad de Las Heras. Para él, hay que tomar una posición y no ser “tibio”.
El Arzobispado de Mendoza difundió el jueves un comunicado en el que repudia el desembarco de la minera San Jorge en Uspallata y le aconseja al Gobierno una medida precautoria que posponga “la puesta en marcha de actividades que puedan afectar el ambiente y la salud de los ciudadanos o comprometer seriamente el uso de recursos naturales para las generaciones futuras, cuando los datos científicos disponibles son contradictorios o no son suficientes”.
Para López, oriundo de Luján, “el comunicado hace alusión a una cuestión ética y moral que es propia de la Iglesia. Pero la Iglesia no le dice al Gobierno lo que tiene que hacer, está advirtiendo que hay cosas que no están muy claras. Le habla al Gobierno, a la empresa, a los científicos y a los mismos cristianos de Uspallata. El comunicado tiene muchos destinatarios, cada uno en el nivel que le corresponde”.
Según el párroco, el Arzobispado de Mendoza trabaja sobre este comunicado desde hace tiempo, y él fue convocado hace una semana y media para ser consultado al respecto.
“El obispo ha venido en algunas oportunidades aquí, ha estado con la gente de la parroquia y ha escuchado a los científicos y a la gente de las universidades. La Iglesia no es experta en estas cosas, así que en cuestiones más científicas necesita ayuda de gente que es especializada en eso”, dijo el sacerdote a UNO.
Con respecto a los peligros de la instalación de la minera San Jorge, López fue duro. “ Confiaríamos si se fueran a realizar controles periódicos –señaló–, pero el Estado no alcanza y no es efectivo en esto, no sólo de esta nueva problemática, sino de otras que le son propias. Ellos dicen que la comunidad también va a poder controlar, pero ¿qué poder de policía va a tener la comunidad? No es propio de una comunidad fiscalizar esto, eso es propio de un ente especializado”.
Entre los temas que más preocupan al clero mendocino con respecto a la explotación minera en Uspallata, como se detalla en el primer punto del comunicado, está el deterioro social. “En el mismo informe de impacto ambiental elaborado por la empresa dice que van a aumentar la prostitución y las enfermedades de transmisión sexual”, explicó el sacerdote.
El prelado manifestó temor también por el trabajo de los ciudadanos uspallatinos que ofrecen servicios turísticos. “Acá hay mucha gente que vive del turismo y todos, por emprendimientos privados. El Gobierno no promociona; en infraestructura es muy pobre lo que el Gobierno ofrece... ¿En qué medida la minería va a afectar la vida de los que se dedican al turismo?”, preguntó.
Con respecto al daño puramente ambiental que podría acarrear la explotación minera, el comunicado del Arzobispado de Mendoza versa sobre el impacto en el agua. Denuncia “la afectación de la calidad del aire a raíz del polvo en suspensión provocado por los movimientos de suelo y las voladuras”, y “la posible afectación de la flora y la fauna autóctonas, las cuales incluyen especies protegidas especialmente por la legislación vigente”.
“La Iglesia entiende que hay que cuidar la naturaleza, porque es el lugar donde vivimos. El Papa este año se dedicó al tema ambiental como un tema de paz futura y presente, y el tema del agua también lo va a ser. Mendoza está hoy en emergencia hídrica y con este tema del cambio climático también va a empeorar. El agua es un recurso vital, no es algo que podemos llegar a conseguir”, expresó López.
La solución propuesta por la Iglesia mendocina al conflicto es la aplicación de una medida precautoria. “Hasta no tener las cosas claras, no sigamos avanzando. Que se pause y se investigue mejor, y se hagan estudios más serios”, pidió el sacerdote.
Misiones regula el consumo de leña
Regularán el consumo de leña proveniente de bosques naturales
Fecha de Publicación: 22/10/2010
Fuente: Territorio Digital
Provincia/Región: Misiones
La Legislatura provincial aprobó la iniciativa presentada por los diputados Mirta Hendrie y Carlos Rovira, mediante la cual proponen que se prohíba, a partir del 1 de enero del 2015, la producción, comercialización y consumo industrial de leña y de carbón vegetal provenientes de bosques naturales
La ley busca mejorar la eficiencia energética en los procesos de uso y manejo de leña renovable en las agroindustrias. También, sustituir la producción, comercialización y consumo industrial de leña y de carbón vegetal originados en bosques naturales, por leña de bosques cultivados, subproductos y residuos biomásicos de la forestoindustria.
Pretende disminuir el impacto ambiental en las industrias de transformación física de la madera, como la polución del aire por humo y partículas en suspensión, los gases de efecto invernadero y los riesgos de incendios en las comunidades locales. Asimismo, apunta a mejorar la calidad de vida y sustentabilidad de pequeños leñateros y carboneros.
Para lograr estos objetivos se prohibirá, a partir del 1 de enero del 2015, la producción, comercialización y consumo industrial de leña y de carbón vegetal, de origen de bosques naturales, y la disposición final a cielo abierto de aserrín, viruta, costaneros y todo otro residuo biomásico de la forestoindustria.
En la misma línea, estará prohibida la quema de estos recursos a partir del 1 de enero de 2012, y a partir de esa fecha los secaderos de yerba mate y de té deberán disminuir el consumo de leña de bosques nativos en un cincuenta por ciento, para lo cual se busca la implementación de un plan de mejora de la eficiencia energética.
La iniciativa propone como autoridad de aplicación a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Ministerio del Agro y la Producción, ámbito en el cual se crearía un Registro de Demandantes Agro y Foresto Industriales de Recursos Dendroenergéticos, de Acopiadores de Leña y Productores de Carbón.
La autoridad de aplicación tendrá la responsabilidad de implementar programas que tengan por finalidad promover y regular el establecimiento y manejo de bosques cultivados productores de leña o bosques cultivados energéticos; la promoción de la producción y acondicionamiento de subproductos biomásicos energéticos de micro y pequeñas industrias de transformación física de la madera, y de producción de subproductos biomásicos energéticos originados en rezagos de biomasa post cosecha y tratamientos silviculturales de plantaciones forestales, mediante el otorgamientos de créditos blandos y subsidios para el acondicionamiento tecnológico.
También buscará generar programas que contribuyan a la inclusión social, apoyo y reconversión de familias leñateras y carboneras de micro y pequeña escala, mediante planes de mejoramiento, sustentabilidad y de reconversión de rubro de sus emprendimientos.
En las sanciones previstas para los casos de incumplimientos se contemplan apercibimientos, multas, decomiso de los materiales utilizados en la infracción y clausura de establecimientos.
“Transformación”
Rovira dijo que es una ley “que implica una enorme transformación en actividades que hoy forman parte importante del producto bruto geográfico de la provincia, pero también forman parte importante del empleo, de nuestra historia; focalizar por caso al sector forestal, al sector de bosques nativos, significa nada más y nada menos que mirar todo el territorio de la provincia”.
“Los bordes formales de la ley, como los fundamentos científicos de la misma, nos ponen en el tema de que estamos tratando una ley de verdadero corte estratégico, moderna, donde por primera vez en Misiones se discute una terminología que solamente en los países de avanzada están tratando, que es la Biopolítica; ya aquí por segunda vez utilizamos este término y empieza a ser frecuente y recurrente en el territorio provincial, anticipándonos incluso al escenario nacional en tratamiento de cuestiones que hacen a la toma de decisiones de las nuevas dirigencias políticas que, en este caso, sí están centradas en lo que le interesa a la gente: hoy estamos tratando una ley que interesa al millón de misioneros, a sus familias y sobre todo a las nuevas generaciones”, remarcó el legislador.
Explicó también que “el Estado y la dirigencia política que ha impulsado esta iniciativa, el proyecto político que la lleva adelante, está poniendo a Misiones en el tratamiento del primer mecanismo de desarrollo limpio MDL”.
“Estas siglas son reconocidas globalmente en relación a legislaciones, programas y gestiones de los ejecutivos del mundo de cara a las discusiones del Protocolo de Kioto, y sus derivados, la Cumbre de Rio, y sobre todo a la inquietud de las comunidades de este planeta, más que las organizaciones políticas y los estados, sobre una toma de posiciones y empezar cambios, una época de cambios y transformaciones”, señaló.
“Quizá sea la comodidad de nuestro espacio político, de concebir e implementar permanentes cambios y transformaciones, la que explique desde el punto de vista político cómo hemos podido llevar adelante ésta y otras innumerables transformaciones y cambios en todos los sectores de la vida comunitaria”, indicó Rovira.
En esa línea, precisó que “la incorporación de la ciencia y de la tecnología a Misiones, a nuestras chacras, a nuestros más de 800 establecimientos por medio de esta ley transformadora, va a hacer la transición de salir del pasado y empezar un futuro de la mano de la ciencia y de esta tecnología más amigable, en términos de biopolítica sostenible”.
“Sostenible, porque por un lado, la ley que estamos impulsando ha creado los mecanismos de focalización de proyectos, mas un listado de incentivos que promueva la verdadera actividad de todo el sector no sólo de la yerba mate, del té, sino del sector forestal, a incorporar esta nueva metodología”, aclaró.
Destacó asimismo que se llevará adelante un registro que “va a ser fundamental para detectar la demanda creciente en un economía que, aunque no les guste a algunos, crece más del 10% y esperamos que siga así mucho tiempo”.
Fecha de Publicación: 22/10/2010
Fuente: Territorio Digital
Provincia/Región: Misiones
La Legislatura provincial aprobó la iniciativa presentada por los diputados Mirta Hendrie y Carlos Rovira, mediante la cual proponen que se prohíba, a partir del 1 de enero del 2015, la producción, comercialización y consumo industrial de leña y de carbón vegetal provenientes de bosques naturales
La ley busca mejorar la eficiencia energética en los procesos de uso y manejo de leña renovable en las agroindustrias. También, sustituir la producción, comercialización y consumo industrial de leña y de carbón vegetal originados en bosques naturales, por leña de bosques cultivados, subproductos y residuos biomásicos de la forestoindustria.
Pretende disminuir el impacto ambiental en las industrias de transformación física de la madera, como la polución del aire por humo y partículas en suspensión, los gases de efecto invernadero y los riesgos de incendios en las comunidades locales. Asimismo, apunta a mejorar la calidad de vida y sustentabilidad de pequeños leñateros y carboneros.
Para lograr estos objetivos se prohibirá, a partir del 1 de enero del 2015, la producción, comercialización y consumo industrial de leña y de carbón vegetal, de origen de bosques naturales, y la disposición final a cielo abierto de aserrín, viruta, costaneros y todo otro residuo biomásico de la forestoindustria.
En la misma línea, estará prohibida la quema de estos recursos a partir del 1 de enero de 2012, y a partir de esa fecha los secaderos de yerba mate y de té deberán disminuir el consumo de leña de bosques nativos en un cincuenta por ciento, para lo cual se busca la implementación de un plan de mejora de la eficiencia energética.
La iniciativa propone como autoridad de aplicación a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Ministerio del Agro y la Producción, ámbito en el cual se crearía un Registro de Demandantes Agro y Foresto Industriales de Recursos Dendroenergéticos, de Acopiadores de Leña y Productores de Carbón.
La autoridad de aplicación tendrá la responsabilidad de implementar programas que tengan por finalidad promover y regular el establecimiento y manejo de bosques cultivados productores de leña o bosques cultivados energéticos; la promoción de la producción y acondicionamiento de subproductos biomásicos energéticos de micro y pequeñas industrias de transformación física de la madera, y de producción de subproductos biomásicos energéticos originados en rezagos de biomasa post cosecha y tratamientos silviculturales de plantaciones forestales, mediante el otorgamientos de créditos blandos y subsidios para el acondicionamiento tecnológico.
También buscará generar programas que contribuyan a la inclusión social, apoyo y reconversión de familias leñateras y carboneras de micro y pequeña escala, mediante planes de mejoramiento, sustentabilidad y de reconversión de rubro de sus emprendimientos.
En las sanciones previstas para los casos de incumplimientos se contemplan apercibimientos, multas, decomiso de los materiales utilizados en la infracción y clausura de establecimientos.
“Transformación”
Rovira dijo que es una ley “que implica una enorme transformación en actividades que hoy forman parte importante del producto bruto geográfico de la provincia, pero también forman parte importante del empleo, de nuestra historia; focalizar por caso al sector forestal, al sector de bosques nativos, significa nada más y nada menos que mirar todo el territorio de la provincia”.
“Los bordes formales de la ley, como los fundamentos científicos de la misma, nos ponen en el tema de que estamos tratando una ley de verdadero corte estratégico, moderna, donde por primera vez en Misiones se discute una terminología que solamente en los países de avanzada están tratando, que es la Biopolítica; ya aquí por segunda vez utilizamos este término y empieza a ser frecuente y recurrente en el territorio provincial, anticipándonos incluso al escenario nacional en tratamiento de cuestiones que hacen a la toma de decisiones de las nuevas dirigencias políticas que, en este caso, sí están centradas en lo que le interesa a la gente: hoy estamos tratando una ley que interesa al millón de misioneros, a sus familias y sobre todo a las nuevas generaciones”, remarcó el legislador.
Explicó también que “el Estado y la dirigencia política que ha impulsado esta iniciativa, el proyecto político que la lleva adelante, está poniendo a Misiones en el tratamiento del primer mecanismo de desarrollo limpio MDL”.
“Estas siglas son reconocidas globalmente en relación a legislaciones, programas y gestiones de los ejecutivos del mundo de cara a las discusiones del Protocolo de Kioto, y sus derivados, la Cumbre de Rio, y sobre todo a la inquietud de las comunidades de este planeta, más que las organizaciones políticas y los estados, sobre una toma de posiciones y empezar cambios, una época de cambios y transformaciones”, señaló.
“Quizá sea la comodidad de nuestro espacio político, de concebir e implementar permanentes cambios y transformaciones, la que explique desde el punto de vista político cómo hemos podido llevar adelante ésta y otras innumerables transformaciones y cambios en todos los sectores de la vida comunitaria”, indicó Rovira.
En esa línea, precisó que “la incorporación de la ciencia y de la tecnología a Misiones, a nuestras chacras, a nuestros más de 800 establecimientos por medio de esta ley transformadora, va a hacer la transición de salir del pasado y empezar un futuro de la mano de la ciencia y de esta tecnología más amigable, en términos de biopolítica sostenible”.
“Sostenible, porque por un lado, la ley que estamos impulsando ha creado los mecanismos de focalización de proyectos, mas un listado de incentivos que promueva la verdadera actividad de todo el sector no sólo de la yerba mate, del té, sino del sector forestal, a incorporar esta nueva metodología”, aclaró.
Destacó asimismo que se llevará adelante un registro que “va a ser fundamental para detectar la demanda creciente en un economía que, aunque no les guste a algunos, crece más del 10% y esperamos que siga así mucho tiempo”.
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Crean comisión para proteger cuencas
Crean comisión para proteger cuencas
Fecha de Publicación: 21/10/2010
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Neuquén y Río Negro
Los vicegobernadores de Neuquén y Río Negro, Ana Pechen y Bautista Mendioroz, encabezaron ayer una conferencia de prensa en la que anunciaron la creación de una comisión interprovincial, que se abocará delinear acciones para la preservación de las cuencas de los ríos y lagos de ambas provincias.
Del encuentro participaron entre otros funcionarios la presidenta de la comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la Legislatura de Neuquén, la diputada Graciela Muñiz Saavedra y el presidente de la Comisión de Aprovechamiento Integral de los Recursos Hídricos, Recursos Energéticos y Servicios Públicos Tarifados de la Cámara rionegrina, el diputado Adrián Torres.
Pechen señaló que "el gran tema del futuro es la preservación del recurso hídrico y debe ser una política de estado más allá de las distintas visiones". Destacó al respecto la importancia del crecimiento de la población a lo largo de la cuenca de más de un millón de habitantes, lo que genera una mayor actividad económica y torna necesario la preservación de los recursos hídricos de ambas provincias. "La cuenca de nuestros ríos es una unidad territorial, biológica, ambiental, no hay límites entre ambas provincias para trabajar por la cuestión central que es la ambiental", dijo por su parte Mendioroz.
La comisión estará conformada por el presidente de la Comisión de Asuntos Hídricos de la Legislatura de Río Negro, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la Legislatura del Neuquén, dos legisladores por cada una de dichas comisiones, cuatro legisladores por Río Negro y cuatro por Neuquén -a designar por los correspondientes cuerpos deliberativos- y un integrante de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC). Se invitará a la Provincia de Buenos Aires a participar con un representante por Patagones.
Fecha de Publicación: 21/10/2010
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Neuquén y Río Negro
Los vicegobernadores de Neuquén y Río Negro, Ana Pechen y Bautista Mendioroz, encabezaron ayer una conferencia de prensa en la que anunciaron la creación de una comisión interprovincial, que se abocará delinear acciones para la preservación de las cuencas de los ríos y lagos de ambas provincias.
Del encuentro participaron entre otros funcionarios la presidenta de la comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la Legislatura de Neuquén, la diputada Graciela Muñiz Saavedra y el presidente de la Comisión de Aprovechamiento Integral de los Recursos Hídricos, Recursos Energéticos y Servicios Públicos Tarifados de la Cámara rionegrina, el diputado Adrián Torres.
Pechen señaló que "el gran tema del futuro es la preservación del recurso hídrico y debe ser una política de estado más allá de las distintas visiones". Destacó al respecto la importancia del crecimiento de la población a lo largo de la cuenca de más de un millón de habitantes, lo que genera una mayor actividad económica y torna necesario la preservación de los recursos hídricos de ambas provincias. "La cuenca de nuestros ríos es una unidad territorial, biológica, ambiental, no hay límites entre ambas provincias para trabajar por la cuestión central que es la ambiental", dijo por su parte Mendioroz.
La comisión estará conformada por el presidente de la Comisión de Asuntos Hídricos de la Legislatura de Río Negro, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la Legislatura del Neuquén, dos legisladores por cada una de dichas comisiones, cuatro legisladores por Río Negro y cuatro por Neuquén -a designar por los correspondientes cuerpos deliberativos- y un integrante de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC). Se invitará a la Provincia de Buenos Aires a participar con un representante por Patagones.
“La Ley de OT en Salta no conserva bosques”
“La Ley de Ordenamiento Territorial en Salta no conserva ningún bosque”
Fecha de Publicación: 21/10/2010
Fuente: Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF)
Provincia/Región: Nacional
En el marco de la primer jornada del Seminario Tierra, Agua y Bosque: Vida para la Región Chaqueña, organizado por la REDAF, especialistas y funcionarios del Estado expusieron diferentes puntos de visita sobre el manejo de los recursos naturales de la región. El tema recurrente del día fue la Ley de Bosques y su aplicación en las distintas provincias.
Cerca de 300 personas, entre las que se contaban dirigentes de organizaciones campesinas e indígenas, técnicos, investigadores y público en general, participaron del debate.
“¿Qué pasó con la Ley Nacional de Protección de Bosques Nativos en Salta? La ley provincial 7543 tiene una contradicción flagrante con la Ley Nacional, ya que no surge de un proceso participativo sino de las necesidades de ampliación de la frontera agropecuaria, de los intereses económicos representados por algunos legisladores provinciales. Este es uno de los argumentos para pelear por su inconstitucionalidad”, declaró el Dr. Guillermo Baudino, en el marco de la primer jornada del Seminario Taller Tierra, Agua y Bosque: Vida para la Región Chaqueña, organizado la Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF) en la Universidad de Córdoba.
En su intervención el Dr. Baudino - especialista en hidrogeología y ex Decano de la Universidad de Ciencias Naturales Universidad Nacional de Salta -, retomó un punto que ya había denunciado públicamente a propósito del alud que afectó a la ciudad de Tartagal en febrero de 2008. “La cobertura de los bosques nativos es la regulación natural de las lluvias en el noroeste argentino. El cambio de estas condiciones va a generar violentas crecientes y la disminución de la infiltración, provocando que no se recarguen las napas o los acuíferos. El agua no queda en el Chaco Sudamericano, se nos va…”.
Sobre las resistencias a la Ley 7543, señaló: “El consejo Superior de la Universidad Nacional de Salta, a través de su resolución 606 del 2008, dispuso iniciar acciones legales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para obtener la declaración de nulidad absoluta insanable de la ley 7543 de la Provincia de Salta. La ley provincial es contraria a un ambiente sano, que es un derecho constitucional, no promueve la conservación de los bosques nativos y su aplicación va a provocar desequilibrios ambientales irreversibles.”
La Rocca: “La participación se resuelve provincia por provincia”
Otra mirada fue la del Subsecretario de Planificación y Política Ambiental de la Nación, el Ingeniero Sergio La Rocca, para quien la ley de bosques es la herramienta de gestión de los RRNN. “Pretendemos, a través del Reordenamiento Territorial de cada una de las provincias, empezar a limitar el desmonte en las zonas en donde, de acuerdo a un estudio de impacto ambiental, se pueda justificar esa conversión y asentar modelos sobre el bosque nativo que sean rentables para la población.”
El subsecretario expresó también su preocupación por el actual modelo productivo: “Los bosques están sometidos a una gran presión de conversión, el desmonte. Y aquellos que no están sometidos a presión de desmonte, están sobreexplotados, sin un manejo adecuado. El bosque chaqueño ha brindado a la comunidad nacional e internacional ingentes cantidades de recursos. Y siguen saliendo recursos que no están valorizados dentro de la economía nacional. Esta riqueza, que se ha convertido en miseria para las poblaciones, es un ejemplo de lo que no hay que hacer.”
Y a su vez agregó: “Cómo no se van a hacer desmontes si hay provincias que tienen para su sistema de contralor 7 millones o 4 millones de hectáreas de bosques y tienen direcciones de bosques escuálidas, sin ingenieros forestales, sin control. Hablar de políticas porque hay una Ley, no te garantiza nada. Lo que garantiza es la participación de las comunidades, la organización, el estado fortalecido. Así vamos a poder empezar a revertir un modelo que es el que queremos cambiar.”
Con respecto a la preocupación por la poca participación otorgada a las comunidades en el proceso Ordenamiento Territorial en cada provincia, La Rocca dijo que “desde Nación opinamos que el tema de la participación se va a ir resolviendo provincia por provincia a través de un diálogo permanente con los gobiernos provinciales y con las comunidades.”
El Seminario Tierra, Agua y Bosque: Vida para la Región Chaqueña, continúa hasta el próximo viernes 22 de octubre. Las actividades se desarrollan en el salón de actos del Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba. Este evento es organizado por la Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF), la Universidad Nacional de Córdoba y la agencia de cooperación alemana MISEREOR.
Para la jornada de hoy jueves, destaca un panel con representantes de organizaciones campesinas e indígenas de distintas provincias de la región, (9 horas) ly a presentación del documental Octubre Pilagá (a las 19 horas).
Fecha de Publicación: 21/10/2010
Fuente: Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF)
Provincia/Región: Nacional
En el marco de la primer jornada del Seminario Tierra, Agua y Bosque: Vida para la Región Chaqueña, organizado por la REDAF, especialistas y funcionarios del Estado expusieron diferentes puntos de visita sobre el manejo de los recursos naturales de la región. El tema recurrente del día fue la Ley de Bosques y su aplicación en las distintas provincias.
Cerca de 300 personas, entre las que se contaban dirigentes de organizaciones campesinas e indígenas, técnicos, investigadores y público en general, participaron del debate.
“¿Qué pasó con la Ley Nacional de Protección de Bosques Nativos en Salta? La ley provincial 7543 tiene una contradicción flagrante con la Ley Nacional, ya que no surge de un proceso participativo sino de las necesidades de ampliación de la frontera agropecuaria, de los intereses económicos representados por algunos legisladores provinciales. Este es uno de los argumentos para pelear por su inconstitucionalidad”, declaró el Dr. Guillermo Baudino, en el marco de la primer jornada del Seminario Taller Tierra, Agua y Bosque: Vida para la Región Chaqueña, organizado la Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF) en la Universidad de Córdoba.
En su intervención el Dr. Baudino - especialista en hidrogeología y ex Decano de la Universidad de Ciencias Naturales Universidad Nacional de Salta -, retomó un punto que ya había denunciado públicamente a propósito del alud que afectó a la ciudad de Tartagal en febrero de 2008. “La cobertura de los bosques nativos es la regulación natural de las lluvias en el noroeste argentino. El cambio de estas condiciones va a generar violentas crecientes y la disminución de la infiltración, provocando que no se recarguen las napas o los acuíferos. El agua no queda en el Chaco Sudamericano, se nos va…”.
Sobre las resistencias a la Ley 7543, señaló: “El consejo Superior de la Universidad Nacional de Salta, a través de su resolución 606 del 2008, dispuso iniciar acciones legales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para obtener la declaración de nulidad absoluta insanable de la ley 7543 de la Provincia de Salta. La ley provincial es contraria a un ambiente sano, que es un derecho constitucional, no promueve la conservación de los bosques nativos y su aplicación va a provocar desequilibrios ambientales irreversibles.”
La Rocca: “La participación se resuelve provincia por provincia”
Otra mirada fue la del Subsecretario de Planificación y Política Ambiental de la Nación, el Ingeniero Sergio La Rocca, para quien la ley de bosques es la herramienta de gestión de los RRNN. “Pretendemos, a través del Reordenamiento Territorial de cada una de las provincias, empezar a limitar el desmonte en las zonas en donde, de acuerdo a un estudio de impacto ambiental, se pueda justificar esa conversión y asentar modelos sobre el bosque nativo que sean rentables para la población.”
El subsecretario expresó también su preocupación por el actual modelo productivo: “Los bosques están sometidos a una gran presión de conversión, el desmonte. Y aquellos que no están sometidos a presión de desmonte, están sobreexplotados, sin un manejo adecuado. El bosque chaqueño ha brindado a la comunidad nacional e internacional ingentes cantidades de recursos. Y siguen saliendo recursos que no están valorizados dentro de la economía nacional. Esta riqueza, que se ha convertido en miseria para las poblaciones, es un ejemplo de lo que no hay que hacer.”
Y a su vez agregó: “Cómo no se van a hacer desmontes si hay provincias que tienen para su sistema de contralor 7 millones o 4 millones de hectáreas de bosques y tienen direcciones de bosques escuálidas, sin ingenieros forestales, sin control. Hablar de políticas porque hay una Ley, no te garantiza nada. Lo que garantiza es la participación de las comunidades, la organización, el estado fortalecido. Así vamos a poder empezar a revertir un modelo que es el que queremos cambiar.”
Con respecto a la preocupación por la poca participación otorgada a las comunidades en el proceso Ordenamiento Territorial en cada provincia, La Rocca dijo que “desde Nación opinamos que el tema de la participación se va a ir resolviendo provincia por provincia a través de un diálogo permanente con los gobiernos provinciales y con las comunidades.”
El Seminario Tierra, Agua y Bosque: Vida para la Región Chaqueña, continúa hasta el próximo viernes 22 de octubre. Las actividades se desarrollan en el salón de actos del Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba. Este evento es organizado por la Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF), la Universidad Nacional de Córdoba y la agencia de cooperación alemana MISEREOR.
Para la jornada de hoy jueves, destaca un panel con representantes de organizaciones campesinas e indígenas de distintas provincias de la región, (9 horas) ly a presentación del documental Octubre Pilagá (a las 19 horas).
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Problema crónico: ¿dónde ponemos la basura?
Un problema crónico y un dilema sin respuesta: ¿dónde ponemos la basura?
Fecha de Publicación: 20/10/2010
Fuente: El Día
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
El paro que cumplieron los trabajadores de la Ceamse registra, sin duda, contaminaciones políticas, que incluyen la gravitación directa de Hugo Moyano en las decisiones del gremio de ese personal; y tiene que ver también con intereses corporativos que apuntan a que el actual sistema de disposición final de los residuos (desarrollado por un ente estatal del que participan los gobiernos bonaerense, porteño y de los municipios del Conurbano y de nuestra región, a través de representantes políticos) no sea reemplazado por sistemas operados por el sector privado (ver pág. 10). Pero el conflicto se desarrolla sobre una problemática crónica, compleja y que, a juzgar por lo que viene ocurriendo desde hace años, parece atorada en un callejón sin salida.
El sistema de enterramiento de la basura ideado hace 30 años para una región que hoy tiene unos 15 millones de habitantes registró su primer colapso hace seis años, cuando hubo que cerrar el relleno de Villa Domínico, en Avellaneda, porque la contaminación se había tornado insostenible.
El área produce actualmente 15 mil toneladas diarias de residuos, un volumen que, lejos de ir descendiendo mediante prometidos mecanismos de separación y reciclado, viene en constante aumento. Todo ese caudal de basura se vuelca en tres predios de la Ceamse: uno en José L. Suárez, que recibe 12.400 toneladas de la capital federal (5.000 tn) y el norte-oeste del Conurbano; otro en González Catán (La Matanza), para el sur del Conurbano (1.400 toneladas); y el de Punta Lara, para nuestra región (700 toneladas).
Pero los rellenos de Catán y Punta Lara ya colapsaron hace más de dos años; tanto que sobre el de nuestra región pesa una orden de cierre de la Suprema Corte y el de La Matanza también está bajo intimación judicial de clausura. Y los especialistas dicen que falta muy poco para que el de zona norte también se sature.
El tema es que, aunque hace más de una década que se conocía esta problemática, desde los gobiernos nada se ha hecho para superarla. Y la gente también juega un rol clave. Hace cinco años se dictó una ley provincial que apunta a mantener el sistema de enterramiento y a abrir nuevos rellenos para ir cerrando los actuales. Pero los pocos intentos que hubo de definir localizaciones de esos predios -como una zona de Brandsen- se encontraron con durísimas protestas de rechazo de los vecinos.
Así, la cantidad de basura producida crece cada día; no parece haber lugar alguno donde la gente no vaya a rechazar un relleno; y el gobierno se muestra totalmente paralizado, sin atinar a definir nuevos sistemas -la decisión de las comunas de nuestra región de crear un sistema sin enterramiento es una saludable excepción- y sin saber dónde poner la basura.
Fecha de Publicación: 20/10/2010
Fuente: El Día
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
El paro que cumplieron los trabajadores de la Ceamse registra, sin duda, contaminaciones políticas, que incluyen la gravitación directa de Hugo Moyano en las decisiones del gremio de ese personal; y tiene que ver también con intereses corporativos que apuntan a que el actual sistema de disposición final de los residuos (desarrollado por un ente estatal del que participan los gobiernos bonaerense, porteño y de los municipios del Conurbano y de nuestra región, a través de representantes políticos) no sea reemplazado por sistemas operados por el sector privado (ver pág. 10). Pero el conflicto se desarrolla sobre una problemática crónica, compleja y que, a juzgar por lo que viene ocurriendo desde hace años, parece atorada en un callejón sin salida.
El sistema de enterramiento de la basura ideado hace 30 años para una región que hoy tiene unos 15 millones de habitantes registró su primer colapso hace seis años, cuando hubo que cerrar el relleno de Villa Domínico, en Avellaneda, porque la contaminación se había tornado insostenible.
El área produce actualmente 15 mil toneladas diarias de residuos, un volumen que, lejos de ir descendiendo mediante prometidos mecanismos de separación y reciclado, viene en constante aumento. Todo ese caudal de basura se vuelca en tres predios de la Ceamse: uno en José L. Suárez, que recibe 12.400 toneladas de la capital federal (5.000 tn) y el norte-oeste del Conurbano; otro en González Catán (La Matanza), para el sur del Conurbano (1.400 toneladas); y el de Punta Lara, para nuestra región (700 toneladas).
Pero los rellenos de Catán y Punta Lara ya colapsaron hace más de dos años; tanto que sobre el de nuestra región pesa una orden de cierre de la Suprema Corte y el de La Matanza también está bajo intimación judicial de clausura. Y los especialistas dicen que falta muy poco para que el de zona norte también se sature.
El tema es que, aunque hace más de una década que se conocía esta problemática, desde los gobiernos nada se ha hecho para superarla. Y la gente también juega un rol clave. Hace cinco años se dictó una ley provincial que apunta a mantener el sistema de enterramiento y a abrir nuevos rellenos para ir cerrando los actuales. Pero los pocos intentos que hubo de definir localizaciones de esos predios -como una zona de Brandsen- se encontraron con durísimas protestas de rechazo de los vecinos.
Así, la cantidad de basura producida crece cada día; no parece haber lugar alguno donde la gente no vaya a rechazar un relleno; y el gobierno se muestra totalmente paralizado, sin atinar a definir nuevos sistemas -la decisión de las comunas de nuestra región de crear un sistema sin enterramiento es una saludable excepción- y sin saber dónde poner la basura.
Suprema Corte instó a Scioli a cerrar un relleno
La Suprema Corte instó a Scioli a cerrar un relleno
Fecha de Publicación: 19/10/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires volvió a intimar al gobernador bonaerense, Daniel Scioli, y a la Ceamse para que, nuevamente, expliquen por qué no se cumplió con el convenio judicial de cierre del relleno sanitario de Punta Lara, en el distrito de Ensenada, informó a LA NACION un vocero de ese supremo tribunal.
Si bien hace poco menos de un mes el Poder Ejecutivo bonaerense presentó su descargo, que en un principio había sido rechazado porque no llevaba la firma del gobernador Scioli, ahora la Corte exige que la administración bonaerense brinde más precisiones sobre el tema, como por ejemplo si se ha determinado alguna ubicación, dentro del territorio de los municipios de La Plata, Berisso y Ensenada, para la construcción y funcionamiento de una nueva estación de transferencia de residuos. Anoche, voceros oficiales dijeron que la ampliación del documento presentado al máximo tribunal de la provincia se realizará en los próximos días y será entregada en los tiempos que define la Corte.
El principal conflicto entre los vecinos de la región (que piden el cierre definitivo del relleno sanitario de Punta Lara) y la Ceamse estalló durante la gestión del ex gobernador Felipe Solá (2004-2007). Fue entonces cuando se encargaron estudios a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) para determinar el estado de ese basurero. Los profesionales de la casa de altos estudios concluyeron que el sistema Ceamse está agotado por degradar el ambiente y sugirieron que se debe realizar una política integral en el manejo de los residuos.
Fue así que, poco antes de terminar su mandato y por pedido de la Justicia, Solá se comprometió a cerrar el predio de Punta Lara. Pero el tiempo pasó, llegó Scioli y el relleno sanitario continúa abierto. Por eso, durante el mes último, agrupaciones ecologistas y vecinos de la región volvieron reclamar el inmediato cierre del establecimiento. También la Corte se hizo eco de esos reclamos y pidió informes para saber por qué no se había cumplido con el compromiso, que volvió a ser puesto bajo la lupa a partir del paro de trabajadores de la Ceamse que pusieron en rojo el sistema de recolección en la Capital y el conurbano.
La Ceamse fue creada en 1977, durante la dictadura militar, a partir de un decreto ley que asoció, por partes iguales, a la provincia de Buenos Aries y a la Capital, y tiene un amplio historial de disputas con organismos ecologistas y vecinos del área metropolitana.
Uno de los conflictos con mayor exposición mediática fue el generado en torno al relleno sanitario más grande del país, situado en Villa Dominico, en Avellaneda. Durante muchos meses agrupaciones ecologistas denunciaron el agotamiento de ese predio y exigieron su clausura, que se concretó en 2003.
Fecha de Publicación: 19/10/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires volvió a intimar al gobernador bonaerense, Daniel Scioli, y a la Ceamse para que, nuevamente, expliquen por qué no se cumplió con el convenio judicial de cierre del relleno sanitario de Punta Lara, en el distrito de Ensenada, informó a LA NACION un vocero de ese supremo tribunal.
Si bien hace poco menos de un mes el Poder Ejecutivo bonaerense presentó su descargo, que en un principio había sido rechazado porque no llevaba la firma del gobernador Scioli, ahora la Corte exige que la administración bonaerense brinde más precisiones sobre el tema, como por ejemplo si se ha determinado alguna ubicación, dentro del territorio de los municipios de La Plata, Berisso y Ensenada, para la construcción y funcionamiento de una nueva estación de transferencia de residuos. Anoche, voceros oficiales dijeron que la ampliación del documento presentado al máximo tribunal de la provincia se realizará en los próximos días y será entregada en los tiempos que define la Corte.
El principal conflicto entre los vecinos de la región (que piden el cierre definitivo del relleno sanitario de Punta Lara) y la Ceamse estalló durante la gestión del ex gobernador Felipe Solá (2004-2007). Fue entonces cuando se encargaron estudios a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) para determinar el estado de ese basurero. Los profesionales de la casa de altos estudios concluyeron que el sistema Ceamse está agotado por degradar el ambiente y sugirieron que se debe realizar una política integral en el manejo de los residuos.
Fue así que, poco antes de terminar su mandato y por pedido de la Justicia, Solá se comprometió a cerrar el predio de Punta Lara. Pero el tiempo pasó, llegó Scioli y el relleno sanitario continúa abierto. Por eso, durante el mes último, agrupaciones ecologistas y vecinos de la región volvieron reclamar el inmediato cierre del establecimiento. También la Corte se hizo eco de esos reclamos y pidió informes para saber por qué no se había cumplido con el compromiso, que volvió a ser puesto bajo la lupa a partir del paro de trabajadores de la Ceamse que pusieron en rojo el sistema de recolección en la Capital y el conurbano.
La Ceamse fue creada en 1977, durante la dictadura militar, a partir de un decreto ley que asoció, por partes iguales, a la provincia de Buenos Aries y a la Capital, y tiene un amplio historial de disputas con organismos ecologistas y vecinos del área metropolitana.
Uno de los conflictos con mayor exposición mediática fue el generado en torno al relleno sanitario más grande del país, situado en Villa Dominico, en Avellaneda. Durante muchos meses agrupaciones ecologistas denunciaron el agotamiento de ese predio y exigieron su clausura, que se concretó en 2003.
Proponen emergencia en Jujuy por los RSU
Residuos: Baca propone declarar la emergencia
Fecha de Publicación: 18/10/2010
Fuente: El Libertario
Provincia/Región: Jujuy
El Bloque de la Unión Cívica Radical, a través de una iniciativa del diputado Pablo Baca, propuso que se declare la emergencia provincial en materia de recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos por el término de seis meses, atendiendo la problemática existente en todo el territorio provincial. El proyecto tomó estado parlamentario en la sesión del jueves último.
Las acciones a cumplirse dentro de la emergencia propuesta “estarán orientadas al manejo sustentable y ambientalmente sano de los residuos sólidos urbanos, que garanticen la protección de la salud de la población y del ambiente” precisó el legislador quien preside la Comisión de Ecología de la Legislatura.
La declaración de emergencia faculta al Poder Ejecutivo a “adoptar las medidas necesarias de asesoramiento, apoyo y colaboración con las autoridades municipales para el desarrollo de un plan provincial de tratamiento de residuos que contemple sistemas de recolección, tratamiento y disposición final de residuos que reúnan las necesarias condiciones de calidad y eficacia”.
Además el Poder Ejecutivo deberá “realizar lo necesario para la puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento y disposición final en la localidad de Chanchilllos y diseñar y construir otros centros de disposición final de residuos accesibles en todas las regiones de la provincia”, así como “llevar a cabo la erradicación de los basurales a cielo abierto, basurales clandestinos y microbasurales”.
También el proyecto prevé la realización de “controles a efectos de establecer en qué condiciones se presta el servicio en las distintas municipalidades y comisiones municipales, efectuando un diagnóstico de la situación actual del servicio en los distintos lugares de la provincia”. Prevé asimismo “efectuar un relevamiento para establecer si se hace clasificación de los mismos o si tienen algún otro tipo de tratamiento y el modo en que se lleva a cabo la disposición final de los residuos”.
La emergencia propuesta además incluye el impulso a “la formación de consorcios entre municipalidades para que se asocien en la prestación de ese servicio y optimicen los recursos con que cuentan” y la colaboración con las autoridades municipales para hacer más eficiente los procedimientos de recaudación de la tasa que corresponde por el servicio.
“Realizar convenios de colaboración con municipalidades y comisiones municipales, a través de los cuales puedan dotarse de equipos, herramientas, recursos económicos, etc.; efectuar un relevamiento ambiental de la provincia a fin de establecer los daños que se hubieran causado al ambiente por causa de la indebida disposición de residuos y llevar a cabo las necesarias tareas de remediación; garantizar el adecuado tratamiento y disposición final de los residuos patogénicos” son otras de las facultades que se le asigna al Poder Ejecutivo en el marco de la emergencia.
Finalmente, el proyecto habilita la posibilidad de “modificar partidas presupuestarias y reasignarlas a fin de efectuar contrataciones para la adquisición de herramientas, equipo, realizar estudios, planificar programas y toda otra medida que resulte necesaria” para abordar la problemática planteada.
Los fundamentos del proyecto
Explicó el diputado Pablo Baca que “en la mayoría de los municipios y comisiones municipales, el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos se presta en condiciones deficitarias y directamente incompatibles con la protección de la salud de los vecinos y del ambiente”.
“Las deficiencias se hacen cada vez más notorias y dan lugar a conflictos sociales frente a una comunidad sensibilizada en los temas relacionados con el medio ambiente y el cuidado de la salud. La preocupación tiene que ser compartida por los poderes públicos, dados los problemas que traen consigo la contaminación y degradación del suelo, del aire, y de las aguas superficiales y subterráneas” agregó.
La problemática referida impacta además sobre el turismo que es una actividad económica de relevancia en la región, agregó el legislador radical y observó que urge “enfrentar integralmente los problemas ambientales y sanitarios derivados del crecimiento de la producción y del manejo inadecuado de los residuos y en este sentido la provincia, frente a la gravedad y urgencia de la situación, tiene responsabilidades insoslayables que asumir”.
Entre los problemas existentes –detalló Baca- “tenemos la proliferación de basurales a cielo abierto, basurales clandestinos y microbasurales en distintas áreas urbanas y periurbanas, así como la quema de residuos. En esos basurales es frecuente la presencia de vectores transmisores de enfermedades, la degradación del paisaje y el daño al ambiente. Dado que no se emplean técnicas de confinamiento se trata de zonas en permanente expansión”.
Pero además, añadió Pablo Baca, “si analizamos la prestación del servicio que cumplen la mayoría de las municipalidades y comisiones municipales, es notoria la falta de equipos, herramientas de trabajo e indumentaria, o bien se cuenta con elementos deteriorados y que han dejado de ser aptos para el servicio”.
Por otra parte, señaló el diputado de la UCR que “existen problemas para brindar el servicio de recolección de residuos en todas las zonas donde es requerido y hay también un déficit en las frecuencias de la recolección. Esto lleva en muchos casos a que los particulares dispongan de la basura en cualquier lugar”.
Acotó Baca que actualmente “no se realiza la separación de partes orgánicas para su posterior aprovechamiento. No se presta cuidado con los residuos con bordes cortantes. Los residuos peligrosos son retirados junto con los residuos domiciliarios comunes. Los residuos expuestos a la descomposición biológica se encuentran mezclados en algunos casos con aguas, lo que forman líquido de percolado que posee un potencial elevado de contaminación del agua superficial o subterránea”.
Un párrafo aparte dedicó finalmente Pablo Baca al Municipio de San Salvador de Jujuy que “dispone de un predio para los residuos en la Finca El Pongo que se encuentra ya al límite de sus posibilidades. La ubicación de un lugar alternativo en Chanchillos en este momento se encuentra pendiente de concreción. Como se trata del municipio que mayor cantidad de residuos debe tratar, el problema presenta una especial urgencia”.
Fecha de Publicación: 18/10/2010
Fuente: El Libertario
Provincia/Región: Jujuy
El Bloque de la Unión Cívica Radical, a través de una iniciativa del diputado Pablo Baca, propuso que se declare la emergencia provincial en materia de recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos por el término de seis meses, atendiendo la problemática existente en todo el territorio provincial. El proyecto tomó estado parlamentario en la sesión del jueves último.
Las acciones a cumplirse dentro de la emergencia propuesta “estarán orientadas al manejo sustentable y ambientalmente sano de los residuos sólidos urbanos, que garanticen la protección de la salud de la población y del ambiente” precisó el legislador quien preside la Comisión de Ecología de la Legislatura.
La declaración de emergencia faculta al Poder Ejecutivo a “adoptar las medidas necesarias de asesoramiento, apoyo y colaboración con las autoridades municipales para el desarrollo de un plan provincial de tratamiento de residuos que contemple sistemas de recolección, tratamiento y disposición final de residuos que reúnan las necesarias condiciones de calidad y eficacia”.
Además el Poder Ejecutivo deberá “realizar lo necesario para la puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento y disposición final en la localidad de Chanchilllos y diseñar y construir otros centros de disposición final de residuos accesibles en todas las regiones de la provincia”, así como “llevar a cabo la erradicación de los basurales a cielo abierto, basurales clandestinos y microbasurales”.
También el proyecto prevé la realización de “controles a efectos de establecer en qué condiciones se presta el servicio en las distintas municipalidades y comisiones municipales, efectuando un diagnóstico de la situación actual del servicio en los distintos lugares de la provincia”. Prevé asimismo “efectuar un relevamiento para establecer si se hace clasificación de los mismos o si tienen algún otro tipo de tratamiento y el modo en que se lleva a cabo la disposición final de los residuos”.
La emergencia propuesta además incluye el impulso a “la formación de consorcios entre municipalidades para que se asocien en la prestación de ese servicio y optimicen los recursos con que cuentan” y la colaboración con las autoridades municipales para hacer más eficiente los procedimientos de recaudación de la tasa que corresponde por el servicio.
“Realizar convenios de colaboración con municipalidades y comisiones municipales, a través de los cuales puedan dotarse de equipos, herramientas, recursos económicos, etc.; efectuar un relevamiento ambiental de la provincia a fin de establecer los daños que se hubieran causado al ambiente por causa de la indebida disposición de residuos y llevar a cabo las necesarias tareas de remediación; garantizar el adecuado tratamiento y disposición final de los residuos patogénicos” son otras de las facultades que se le asigna al Poder Ejecutivo en el marco de la emergencia.
Finalmente, el proyecto habilita la posibilidad de “modificar partidas presupuestarias y reasignarlas a fin de efectuar contrataciones para la adquisición de herramientas, equipo, realizar estudios, planificar programas y toda otra medida que resulte necesaria” para abordar la problemática planteada.
Los fundamentos del proyecto
Explicó el diputado Pablo Baca que “en la mayoría de los municipios y comisiones municipales, el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos se presta en condiciones deficitarias y directamente incompatibles con la protección de la salud de los vecinos y del ambiente”.
“Las deficiencias se hacen cada vez más notorias y dan lugar a conflictos sociales frente a una comunidad sensibilizada en los temas relacionados con el medio ambiente y el cuidado de la salud. La preocupación tiene que ser compartida por los poderes públicos, dados los problemas que traen consigo la contaminación y degradación del suelo, del aire, y de las aguas superficiales y subterráneas” agregó.
La problemática referida impacta además sobre el turismo que es una actividad económica de relevancia en la región, agregó el legislador radical y observó que urge “enfrentar integralmente los problemas ambientales y sanitarios derivados del crecimiento de la producción y del manejo inadecuado de los residuos y en este sentido la provincia, frente a la gravedad y urgencia de la situación, tiene responsabilidades insoslayables que asumir”.
Entre los problemas existentes –detalló Baca- “tenemos la proliferación de basurales a cielo abierto, basurales clandestinos y microbasurales en distintas áreas urbanas y periurbanas, así como la quema de residuos. En esos basurales es frecuente la presencia de vectores transmisores de enfermedades, la degradación del paisaje y el daño al ambiente. Dado que no se emplean técnicas de confinamiento se trata de zonas en permanente expansión”.
Pero además, añadió Pablo Baca, “si analizamos la prestación del servicio que cumplen la mayoría de las municipalidades y comisiones municipales, es notoria la falta de equipos, herramientas de trabajo e indumentaria, o bien se cuenta con elementos deteriorados y que han dejado de ser aptos para el servicio”.
Por otra parte, señaló el diputado de la UCR que “existen problemas para brindar el servicio de recolección de residuos en todas las zonas donde es requerido y hay también un déficit en las frecuencias de la recolección. Esto lleva en muchos casos a que los particulares dispongan de la basura en cualquier lugar”.
Acotó Baca que actualmente “no se realiza la separación de partes orgánicas para su posterior aprovechamiento. No se presta cuidado con los residuos con bordes cortantes. Los residuos peligrosos son retirados junto con los residuos domiciliarios comunes. Los residuos expuestos a la descomposición biológica se encuentran mezclados en algunos casos con aguas, lo que forman líquido de percolado que posee un potencial elevado de contaminación del agua superficial o subterránea”.
Un párrafo aparte dedicó finalmente Pablo Baca al Municipio de San Salvador de Jujuy que “dispone de un predio para los residuos en la Finca El Pongo que se encuentra ya al límite de sus posibilidades. La ubicación de un lugar alternativo en Chanchillos en este momento se encuentra pendiente de concreción. Como se trata del municipio que mayor cantidad de residuos debe tratar, el problema presenta una especial urgencia”.
Impuesto en Córdoba para las "fábricas de agua"
Proponen crear un tributo para proteger las "fábricas de agua"
Fecha de Publicación: 17/10/2010
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Científicos y ONG plantean formar un fondo para compensar a los dueños de las tierras donde se forman los arroyos.
El agua no sobra en esta provincia. La mayor parte de la que consumimos los cordobeses nace en las sierras. Pero somos cada vez más y el agua que “fabrican” nuestras sierras es cada vez menos.
Varios estudios muestran que en los últimos años, en los meses de estación seca, las vertientes serranas aportan menos agua, por efecto de la menor cubierta vegetal (pastizales y bosques nativos). Donde esa vegetación se conserva, la generación de agua sería mayor.
Córdoba ha hecho –y está haciendo– poco y nada por preservar esa fábrica de agua. Sobrepastoreo, incendios y desmontes están entre las causas. Y las zonas declaradas como reservas hídricas por leyes provinciales no se preservan como tales.
En ese marco, y ante la inacción estatal, desde diversos sectores empiezan a plantear ideas para la discusión. ¿Cómo generar recursos para reforestar las sierras altas? ¿Cómo compensar a los dueños serranos que hagan prácticas de preservación para que “vendan” el agua que sus suelos producen y Córdoba necesita?
Desde algunos ámbitos científicos y entidades no gubernamentales empiezan a analizar ideas para generar un fondo provincial que asegure recursos específicos, continuos y controlables con este fin.
Con ese dinero se podría incentivar a dueños de tierras serranas altas a preservar sus suelos. En lugar de vender ganado, por ejemplo, proporcionarían más agua, al cuidar los suelos y sumar más vegetación. O que hagan ambas cosas pero con más equilibrio que hoy.
Otra idea paralela sería que ese fondo le permita al Estado reforestar las decenas de miles de hectáreas en altura ganadas por la erosión.
Desde esta perspectiva, se cita el antecedente del “impuesto al fuego”. El tributo creado años atrás, que pagan todos los cordobeses con la factura de energía, financia el Plan Provincial de Manejo del Fuego y recauda por año unos 45 millones de pesos.
Algunos sugieren algo similar, pero sobre la tarifa de agua. Otros creen que se podría usar parte de ese tributo ya existente, para no despertar antipatías con una nueva tasa.
Cuatro sugerencias
Sandra Díaz. La investigadora especialista en servicios ambientales de la Universidad Nacional de Córdoba y del Conicet advirtió en 2008 que entre otras medidas para garantizar el agua del futuro en Córdoba “es fundamental la protección de la vegetación de las sierras”.
Entonces, la integrante del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático que obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 2007, ya sugería la creación de “incentivos, por ejemplo, mediante un mínimo porcentaje de la tarifa de agua potable para destinar a planes de conservación y desarrollo sustentable en las sierras”.
“Destinar una pequeña parte de lo que se paga por agua a ese fin sería posible, mientras se haga muy transparente, creíble y controlable”, agrega. La experta entiende que ese aporte nunca “debería ser para pagar costos de las empresas distribuidoras” y propone fijar un “criterio de trazabilidad”, que permita a la sociedad hacer un seguimiento de cuánto se recauda y en qué se gasta.
Germán Jaacks. La autoridad del Parque Nacional Quebrada del Condorito sostiene que “es hora de asumir el concepto de pagar por los servicios ambientales que se prestan a toda la comunidad”.
“Se podría acordar con dueños en zonas de cuencas para que en vez de una vaca cada dos hectáreas tengan una cada seis, ayudando así a cuidar suelos y vegetación, pero compensándolo por la diferencia. Otras sociedades han llegado a acuerdos de este tipo”, señala.
Jaacks considera que si se creó un fondo para los incendios, por qué no hacer algo similar con el agua, gravando sobre todo a los consumos excesivos. Aunque señala que “la gente podría reclamar por tener un nuevo costo impositivo, compara: “Pagar un costosísimo acueducto desde el Paraná, como sugiere el Gobierno, será mucho más caro e irracional para los contribuyentes que preservar las sierras que ya tenemos fabricando agua”.
Daniel Renison. El biólogo de la UNC y el Conicet viene realizando estudios sobre la relación entre agua y bosques en las sierras. “Es una buena idea generar incentivos, para reconocer a los de la sierra alta como productores de agua”, opina. Tras admitir que puede “sonar utópico” considera que es el camino en el que están avanzando en otros países.
Federico Kopta. El coordinador del Foro Ambiental Córdoba cree que hacen falta recursos para conservar las cuencas degradadas y dar la discusión para asegurarlos.
El biólogo y docente universitario apunta que el Estado hoy no destina fondos a este fin y que la falta de políticas activas ya muestra las consecuencias. Pero a la vez, admite que crear una contribución a cargo de los usuarios “parece complejo porque corre con la desventaja de lo odioso que resulta todo nuevo tributo, aunque sea mínimo”.
Kopta se pregunta si, dado que ya existe el “impuesto al fuego”, no podría destinarse una parte a este nuevo fin. “Ahora se deriva el 30 por ciento de ese tributo a erradicar basurales”, apunta
Kopta se lamenta que el problema se agudice con la nueva ley de bosques nativos, sancionada por la Legislatura cordobesa. “Conspira contra los criterios de conservación de las cuencas hídricas”, asegura.
Fecha de Publicación: 17/10/2010
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Científicos y ONG plantean formar un fondo para compensar a los dueños de las tierras donde se forman los arroyos.
El agua no sobra en esta provincia. La mayor parte de la que consumimos los cordobeses nace en las sierras. Pero somos cada vez más y el agua que “fabrican” nuestras sierras es cada vez menos.
Varios estudios muestran que en los últimos años, en los meses de estación seca, las vertientes serranas aportan menos agua, por efecto de la menor cubierta vegetal (pastizales y bosques nativos). Donde esa vegetación se conserva, la generación de agua sería mayor.
Córdoba ha hecho –y está haciendo– poco y nada por preservar esa fábrica de agua. Sobrepastoreo, incendios y desmontes están entre las causas. Y las zonas declaradas como reservas hídricas por leyes provinciales no se preservan como tales.
En ese marco, y ante la inacción estatal, desde diversos sectores empiezan a plantear ideas para la discusión. ¿Cómo generar recursos para reforestar las sierras altas? ¿Cómo compensar a los dueños serranos que hagan prácticas de preservación para que “vendan” el agua que sus suelos producen y Córdoba necesita?
Desde algunos ámbitos científicos y entidades no gubernamentales empiezan a analizar ideas para generar un fondo provincial que asegure recursos específicos, continuos y controlables con este fin.
Con ese dinero se podría incentivar a dueños de tierras serranas altas a preservar sus suelos. En lugar de vender ganado, por ejemplo, proporcionarían más agua, al cuidar los suelos y sumar más vegetación. O que hagan ambas cosas pero con más equilibrio que hoy.
Otra idea paralela sería que ese fondo le permita al Estado reforestar las decenas de miles de hectáreas en altura ganadas por la erosión.
Desde esta perspectiva, se cita el antecedente del “impuesto al fuego”. El tributo creado años atrás, que pagan todos los cordobeses con la factura de energía, financia el Plan Provincial de Manejo del Fuego y recauda por año unos 45 millones de pesos.
Algunos sugieren algo similar, pero sobre la tarifa de agua. Otros creen que se podría usar parte de ese tributo ya existente, para no despertar antipatías con una nueva tasa.
Cuatro sugerencias
Sandra Díaz. La investigadora especialista en servicios ambientales de la Universidad Nacional de Córdoba y del Conicet advirtió en 2008 que entre otras medidas para garantizar el agua del futuro en Córdoba “es fundamental la protección de la vegetación de las sierras”.
Entonces, la integrante del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático que obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 2007, ya sugería la creación de “incentivos, por ejemplo, mediante un mínimo porcentaje de la tarifa de agua potable para destinar a planes de conservación y desarrollo sustentable en las sierras”.
“Destinar una pequeña parte de lo que se paga por agua a ese fin sería posible, mientras se haga muy transparente, creíble y controlable”, agrega. La experta entiende que ese aporte nunca “debería ser para pagar costos de las empresas distribuidoras” y propone fijar un “criterio de trazabilidad”, que permita a la sociedad hacer un seguimiento de cuánto se recauda y en qué se gasta.
Germán Jaacks. La autoridad del Parque Nacional Quebrada del Condorito sostiene que “es hora de asumir el concepto de pagar por los servicios ambientales que se prestan a toda la comunidad”.
“Se podría acordar con dueños en zonas de cuencas para que en vez de una vaca cada dos hectáreas tengan una cada seis, ayudando así a cuidar suelos y vegetación, pero compensándolo por la diferencia. Otras sociedades han llegado a acuerdos de este tipo”, señala.
Jaacks considera que si se creó un fondo para los incendios, por qué no hacer algo similar con el agua, gravando sobre todo a los consumos excesivos. Aunque señala que “la gente podría reclamar por tener un nuevo costo impositivo, compara: “Pagar un costosísimo acueducto desde el Paraná, como sugiere el Gobierno, será mucho más caro e irracional para los contribuyentes que preservar las sierras que ya tenemos fabricando agua”.
Daniel Renison. El biólogo de la UNC y el Conicet viene realizando estudios sobre la relación entre agua y bosques en las sierras. “Es una buena idea generar incentivos, para reconocer a los de la sierra alta como productores de agua”, opina. Tras admitir que puede “sonar utópico” considera que es el camino en el que están avanzando en otros países.
Federico Kopta. El coordinador del Foro Ambiental Córdoba cree que hacen falta recursos para conservar las cuencas degradadas y dar la discusión para asegurarlos.
El biólogo y docente universitario apunta que el Estado hoy no destina fondos a este fin y que la falta de políticas activas ya muestra las consecuencias. Pero a la vez, admite que crear una contribución a cargo de los usuarios “parece complejo porque corre con la desventaja de lo odioso que resulta todo nuevo tributo, aunque sea mínimo”.
Kopta se pregunta si, dado que ya existe el “impuesto al fuego”, no podría destinarse una parte a este nuevo fin. “Ahora se deriva el 30 por ciento de ese tributo a erradicar basurales”, apunta
Kopta se lamenta que el problema se agudice con la nueva ley de bosques nativos, sancionada por la Legislatura cordobesa. “Conspira contra los criterios de conservación de las cuencas hídricas”, asegura.
"En Pascua-Lama se filtrarán desechos"
"Por supuesto que en Pascua-Lama se filtrarán desechos"
Fecha de Publicación: 16/10/2010
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
Anoche cerró el Foro Minería y Sociedad, organizado por la UNSJ en dos jornadas que contaron con expositores nacionales e internacionales.
"Tengo que aclarar que conozco muy poco sobre Veladero y a medida que me hago más viejo intento predecir menos el futuro. Los estudios de impacto ambiental siempre predicen el futuro y son optimistas y los consultores no lo hacemos, pero si generalizo sobre mis experiencias, por supuesto que en Pascua-Lama habrá filtraciones de desechos y durante la vida útil de la mina la compañía podrá recuperar las filtraciones a través de pozos. El problema es qué pasará cuando se vaya ¿quién va a pagar para mantener el sitio apropiadamente en un área sísmica? Pascua-Lama tendrá 20 o quizá 35 años de vida útil, pero los desechos permanecerán para siempre". La sentencia es del doctor en Ciencias Geológicas de la Universidad de Texas, Robert Moran, quien expuso ayer al mediodía en el Foro Minería y Sociedad sobre el impacto frecuente de la minería metalífera.
Moran explicó que trabaja hace más de 20 años como asesor en geoquímica y la calidad hídrica para inversores privados, reparticiones gubernamentales y organizaciones ciudadanas y resumió desde su experiencia que "para mí sigue siendo importante que como humanos no sabemos pensar a largo plazo".
El especialista dijo que no está a favor ni en contra de la minería y que sólo traía información de lo que él ha visto para que se saquen conclusiones en el Foro. Trajo al salón del Rectorado varias fotos que mostraban el impacto de la minería en distintos lugares del planeta. Expuso, entre otros, casos como el de una antigua mina de Rumania, una en Nevada (Estados Unidos), una en Bolivia, Guatemala, Honduras, Mongolia, Ganha (Africa) y hasta Siberia. Habló en particular de la rumana, señalando en las imágenes montañas cubiertas con desperdicios de rocas que están llegando a la margen del río, junto con otros comentarios en esos lugares, relacionados con sequía y contaminación.
"¿Hay en verdad un desarrollo sustentable? Jamás he visto una mina sustentable, no digo que no deben aceptar la minería sino que debemos analizar cuáles son los costos que se deben aceptar a cambio", aseguró Moran.
Agregó en su análisis que "el cianuro es un químico extremadamente peligroso si un ser humano es expuesto a eso. Para la minería se usa una solución diluida mezclada con cal. Es mucho menos tóxica, pero si el PH baja demasiado se puede formar a un gas y matar a sus propios trabajadores. El mayor problema que surge en la contaminación del agua es por los metales y metaloides, pero no es verdad decir que el cianuro no es un problema".
Y consultado sobre el caso local en particular dijo que "acá en San Juan no sé los detalles, pero la industria no quiere hacerse responsable de su propia contaminación, entonces debo suponer que el gobierno puede forzarlas a que lo hagan".
Sobre el pago a cambio de la explotación de los minerales, opinó que "no soy experto en regalías e impuestos pero si yo acordara que una mina se estableciera, pediría una ganancia mejor para mí. No sé qué porcentaje sería realista, pero debería ser mucho más alto. Por ejemplo, yo nací en San Francisco, California, donde hay viñedos en todo el Estado y no sería posible políticamente pedir permiso para poner un proyecto minero en la zona".
Fecha de Publicación: 16/10/2010
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
Anoche cerró el Foro Minería y Sociedad, organizado por la UNSJ en dos jornadas que contaron con expositores nacionales e internacionales.
"Tengo que aclarar que conozco muy poco sobre Veladero y a medida que me hago más viejo intento predecir menos el futuro. Los estudios de impacto ambiental siempre predicen el futuro y son optimistas y los consultores no lo hacemos, pero si generalizo sobre mis experiencias, por supuesto que en Pascua-Lama habrá filtraciones de desechos y durante la vida útil de la mina la compañía podrá recuperar las filtraciones a través de pozos. El problema es qué pasará cuando se vaya ¿quién va a pagar para mantener el sitio apropiadamente en un área sísmica? Pascua-Lama tendrá 20 o quizá 35 años de vida útil, pero los desechos permanecerán para siempre". La sentencia es del doctor en Ciencias Geológicas de la Universidad de Texas, Robert Moran, quien expuso ayer al mediodía en el Foro Minería y Sociedad sobre el impacto frecuente de la minería metalífera.
Moran explicó que trabaja hace más de 20 años como asesor en geoquímica y la calidad hídrica para inversores privados, reparticiones gubernamentales y organizaciones ciudadanas y resumió desde su experiencia que "para mí sigue siendo importante que como humanos no sabemos pensar a largo plazo".
El especialista dijo que no está a favor ni en contra de la minería y que sólo traía información de lo que él ha visto para que se saquen conclusiones en el Foro. Trajo al salón del Rectorado varias fotos que mostraban el impacto de la minería en distintos lugares del planeta. Expuso, entre otros, casos como el de una antigua mina de Rumania, una en Nevada (Estados Unidos), una en Bolivia, Guatemala, Honduras, Mongolia, Ganha (Africa) y hasta Siberia. Habló en particular de la rumana, señalando en las imágenes montañas cubiertas con desperdicios de rocas que están llegando a la margen del río, junto con otros comentarios en esos lugares, relacionados con sequía y contaminación.
"¿Hay en verdad un desarrollo sustentable? Jamás he visto una mina sustentable, no digo que no deben aceptar la minería sino que debemos analizar cuáles son los costos que se deben aceptar a cambio", aseguró Moran.
Agregó en su análisis que "el cianuro es un químico extremadamente peligroso si un ser humano es expuesto a eso. Para la minería se usa una solución diluida mezclada con cal. Es mucho menos tóxica, pero si el PH baja demasiado se puede formar a un gas y matar a sus propios trabajadores. El mayor problema que surge en la contaminación del agua es por los metales y metaloides, pero no es verdad decir que el cianuro no es un problema".
Y consultado sobre el caso local en particular dijo que "acá en San Juan no sé los detalles, pero la industria no quiere hacerse responsable de su propia contaminación, entonces debo suponer que el gobierno puede forzarlas a que lo hagan".
Sobre el pago a cambio de la explotación de los minerales, opinó que "no soy experto en regalías e impuestos pero si yo acordara que una mina se estableciera, pediría una ganancia mejor para mí. No sé qué porcentaje sería realista, pero debería ser mucho más alto. Por ejemplo, yo nací en San Francisco, California, donde hay viñedos en todo el Estado y no sería posible políticamente pedir permiso para poner un proyecto minero en la zona".
Riachuelo: Inaugurarán el segundo laboratorio
Riachuelo: Inaugurarán el segundo laboratorio toxicológico
Fecha de Publicación: 15/10/2010
Fuente: Prensa Argentina
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
La Acumar, autoridad encargada de revertir la contaminación en la Cuenca Matanza-Riachuelo, presentará hoy un laboratorio que realizará estudios de alta complejidad. Participarán del encuentro miembros del gobierno nacional, provincial y municipios comprometidos con el proyecto.
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) inaugurará hoy el segundo laboratorio de la Red de Laboratorios Toxicológicos para realizar estudios de alta complejidad, en la Cátedra de Toxicología y Química Legal (Cenatoxa) de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA.
El acto de apertura está pactado para las 10:00 en la sede de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, y contará con la presencia del rector de la Universidad de Buenos Aires, Rubén Hallú y del secretario de Medio Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni, quien también es presidente de la Acumar.
Según se informó, ya se invirtieron unos $7,8 millones en los cuatro laboratorios, con el objetivo de realizar un análisis exhaustivo y sistemático del impacto que causa en la salud de la población de la Cuenca Matanza-Riachuelo determinados contaminantes ambientales.
La Red de Laboratorios Toxicológicos permitirá realizar estudios de alta complejidad con tecnología innovadora en el ámbito de la Salud Pública del país, permitiendo determinar la presencia de metales pesados, hidrocarburos y otros tóxicos. Dichos estudios hasta el momento sólo se podían realizar en laboratorios privados con costos muy elevados.
La puesta en marcha de estos laboratorios, demandó a la Acumar equipar los laboratorios, capacitar al personal y adecuar ediliciamente el lugar, con el fin de cubrir con mayor eficacia la demanda de determinaciones toxicológicas ambientales.
El primer laboratorio se inauguró en el Hospital Garrahan durante el mes de agosto; y el tercero y cuarto, serán instalados en el Hospital Sor María Ludovica de La Plata y en el Hospital Alejandro Posadas de Haedo, respectivamente.
Fecha de Publicación: 15/10/2010
Fuente: Prensa Argentina
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
La Acumar, autoridad encargada de revertir la contaminación en la Cuenca Matanza-Riachuelo, presentará hoy un laboratorio que realizará estudios de alta complejidad. Participarán del encuentro miembros del gobierno nacional, provincial y municipios comprometidos con el proyecto.
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) inaugurará hoy el segundo laboratorio de la Red de Laboratorios Toxicológicos para realizar estudios de alta complejidad, en la Cátedra de Toxicología y Química Legal (Cenatoxa) de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA.
El acto de apertura está pactado para las 10:00 en la sede de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, y contará con la presencia del rector de la Universidad de Buenos Aires, Rubén Hallú y del secretario de Medio Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni, quien también es presidente de la Acumar.
Según se informó, ya se invirtieron unos $7,8 millones en los cuatro laboratorios, con el objetivo de realizar un análisis exhaustivo y sistemático del impacto que causa en la salud de la población de la Cuenca Matanza-Riachuelo determinados contaminantes ambientales.
La Red de Laboratorios Toxicológicos permitirá realizar estudios de alta complejidad con tecnología innovadora en el ámbito de la Salud Pública del país, permitiendo determinar la presencia de metales pesados, hidrocarburos y otros tóxicos. Dichos estudios hasta el momento sólo se podían realizar en laboratorios privados con costos muy elevados.
La puesta en marcha de estos laboratorios, demandó a la Acumar equipar los laboratorios, capacitar al personal y adecuar ediliciamente el lugar, con el fin de cubrir con mayor eficacia la demanda de determinaciones toxicológicas ambientales.
El primer laboratorio se inauguró en el Hospital Garrahan durante el mes de agosto; y el tercero y cuarto, serán instalados en el Hospital Sor María Ludovica de La Plata y en el Hospital Alejandro Posadas de Haedo, respectivamente.
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Argentina, país rico en recursos naturales
Argentina, entre los 10 países más ricos en recursos naturales
Fecha de Publicación: 14/10/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Es porque posee una gran diversidad de sus especies, ecosistemas y reservas de agua.
En un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), que registra los cambios en la diversidad biológica, los ecosistemas y el consumo de los recursos naturales, se divulgaron datos con precisiones sobre el estado en que se encuentra el medio ambiente. En este diagnóstico a nivel global, divulgado ayer, la Argentina fue elegida entre los 10 países con mayor diversidad de recursos naturales.
El documento, conocido como Planeta Vivo 2010, sitúa a nuestro país entre las 10 naciones que totalizan más del 60% de la capacidad de la Tierra para proveer servicios ambientales de importancia global, como la producción de alimentos y la captación de dióxido de carbono (CO2). Entre los valores locales, según apunta Diego Moreno, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina, aparecen “la región boscosa chaqueña, como la zona de El Impenetrable, que concentra buena parte de los bosques y el carbono. La región de Formosa, Chaco y Corrientes se destaca por un rico sector de esteros, lagunas y bañados, como los Esteros del Iberá, que son una importante reserva de agua a nivel planetario. En áreas marinas , el golfo de San Jorge, en la región Patagónica, es uma región donde se crían especies comerciales con una mayor responsabilidad de pesca”.
El rol de la Argentina es aún más relevante si se considera que la población mundial utilizó en 2007 recursos que el planeta alcanzaría a reponer sólo en 1,5 año. De continuar a este ritmo y considerando el incremento de la población mundial, se calcula que la humanidad necesitaría del equivalente a 2 planetas para 2030. En este contexto, la Argentina cumple un rol primordial: está 9º, detrás de Brasil, China, EE.UU., Rusia, India, Canadá, Australia, Indonesia y, por delante de Francia.
El Informe Planeta Vivo 2010 de WWF es un reporte bienal producido en colaboración con la Sociedad Zoológica de Londres y la Red Global de la Huella Ecológica, que hace uso del Indice Planeta Vivo: un reflejo de los cambios en la salud de los ecosistemas, a través del análisis de tendencias de aproximadamente 8.000 poblaciones de más de 2.500 especies.
A su vez, el informe muestra la situación crítica de la pesca.
El 70% de todos los stocks pesqueros marinos comerciales está amenazado . En nuestro país, en los últimos 20 años, se perdió el 80% de la población de merluza adulta, principal recurso pesquero de nuestro país. Sobre esta situación de alerta, Moreno señala que “los servicios ambientales que brinda la Argentina exceden nuestras necesidades de consumo interno. A partir de las exportaciones de commodities (como puede ser la pesca o la agricultura), se destinan mayormente a alimentar regiones distantes como la Unión Europea o China. En un contexto futuro de recursos limitados, nuestro país tendría un rol estratégico ”.
Otro punto preocupante son los bosques y los recursos pesqueros globales. El informe indica que se perdieron 13 millones de hectáreas de bosques cada año entre 2000 y 2010 a nivel mundial (FAO), lo que equivale a 4 veces la superficie total de bosques en la Argentina, en un lapso de 10 años.
Fecha de Publicación: 14/10/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Es porque posee una gran diversidad de sus especies, ecosistemas y reservas de agua.
En un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), que registra los cambios en la diversidad biológica, los ecosistemas y el consumo de los recursos naturales, se divulgaron datos con precisiones sobre el estado en que se encuentra el medio ambiente. En este diagnóstico a nivel global, divulgado ayer, la Argentina fue elegida entre los 10 países con mayor diversidad de recursos naturales.
El documento, conocido como Planeta Vivo 2010, sitúa a nuestro país entre las 10 naciones que totalizan más del 60% de la capacidad de la Tierra para proveer servicios ambientales de importancia global, como la producción de alimentos y la captación de dióxido de carbono (CO2). Entre los valores locales, según apunta Diego Moreno, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina, aparecen “la región boscosa chaqueña, como la zona de El Impenetrable, que concentra buena parte de los bosques y el carbono. La región de Formosa, Chaco y Corrientes se destaca por un rico sector de esteros, lagunas y bañados, como los Esteros del Iberá, que son una importante reserva de agua a nivel planetario. En áreas marinas , el golfo de San Jorge, en la región Patagónica, es uma región donde se crían especies comerciales con una mayor responsabilidad de pesca”.
El rol de la Argentina es aún más relevante si se considera que la población mundial utilizó en 2007 recursos que el planeta alcanzaría a reponer sólo en 1,5 año. De continuar a este ritmo y considerando el incremento de la población mundial, se calcula que la humanidad necesitaría del equivalente a 2 planetas para 2030. En este contexto, la Argentina cumple un rol primordial: está 9º, detrás de Brasil, China, EE.UU., Rusia, India, Canadá, Australia, Indonesia y, por delante de Francia.
El Informe Planeta Vivo 2010 de WWF es un reporte bienal producido en colaboración con la Sociedad Zoológica de Londres y la Red Global de la Huella Ecológica, que hace uso del Indice Planeta Vivo: un reflejo de los cambios en la salud de los ecosistemas, a través del análisis de tendencias de aproximadamente 8.000 poblaciones de más de 2.500 especies.
A su vez, el informe muestra la situación crítica de la pesca.
El 70% de todos los stocks pesqueros marinos comerciales está amenazado . En nuestro país, en los últimos 20 años, se perdió el 80% de la población de merluza adulta, principal recurso pesquero de nuestro país. Sobre esta situación de alerta, Moreno señala que “los servicios ambientales que brinda la Argentina exceden nuestras necesidades de consumo interno. A partir de las exportaciones de commodities (como puede ser la pesca o la agricultura), se destinan mayormente a alimentar regiones distantes como la Unión Europea o China. En un contexto futuro de recursos limitados, nuestro país tendría un rol estratégico ”.
Otro punto preocupante son los bosques y los recursos pesqueros globales. El informe indica que se perdieron 13 millones de hectáreas de bosques cada año entre 2000 y 2010 a nivel mundial (FAO), lo que equivale a 4 veces la superficie total de bosques en la Argentina, en un lapso de 10 años.
Crearon un nuevo parque nacional en Santa Fe
Crearon un nuevo parque nacional
Fecha de Publicación: 14/10/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Santa Fe
En un grupo de islas en el alto delta del Paraná
La Argentina tiene desde ayer un nuevo parque nacional: Islas de Santa Fe. Ayer la Cámara de Diputados convirtió en ley la creación de una nueva área protegida en esa provincia que representa más de 2600 ha bajo la protección de la Administración Nacional de Parques Nacionales (APN).
El nuevo parque está ubicado frente a la localidad de Puerto Gaboto, sobre tres islas: Campo Rico -la de mayor superficie-, La Gallina y El Conscripto.
El proyecto es el puntapié inicial para luego ampliar la protección al humedal entrerriano situado frente a Rosario.
"Hace tiempo que trabajamos en este proyecto. Pensamos que es un sitio interesante ubicado en el alto delta del Paraná que, hasta ahora, tiene poca representación en las áreas protegidas. Fue un proyecto que, además, fue apoyado por todos los sectores políticos y seguido por varias administraciones", dijo Raúl Chiesa, del directorio de la APN.
La reserva natural El Rico, base del nuevo parque, y las islas cuentan con amplias superficies cubiertas de bancos de arena y albardones -terraplenes- en los que conviven numerosas especies de aves, como patos, caraús, chajás, cigüeñas, garzas y martín pescadores.
En la zona son comunes también el espinero rojizo -que construye grandes nidos colgantes que penden sobre el agua- y mamíferos de hábitos acuáticos, como el carpincho, la nutria y el lobito de río.
La vegetación de la reserva está compuesta por densos pajonales isleños, camalotes e irupés, con sus enormes hojas circulares flotantes.
Contar con esta catalogación de área protegida también servirá para poder tener mayor control sobre los incendios que muchas veces se generan en el delta santafecino.
El proyecto fue aprobado por el Senado el año pasado. Una vez que sea promulgada la ley sancionada ayer, Islas de Santa Fe pasará a ser el área protegida número 38 que tiene el país.
Fecha de Publicación: 14/10/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Santa Fe
En un grupo de islas en el alto delta del Paraná
La Argentina tiene desde ayer un nuevo parque nacional: Islas de Santa Fe. Ayer la Cámara de Diputados convirtió en ley la creación de una nueva área protegida en esa provincia que representa más de 2600 ha bajo la protección de la Administración Nacional de Parques Nacionales (APN).
El nuevo parque está ubicado frente a la localidad de Puerto Gaboto, sobre tres islas: Campo Rico -la de mayor superficie-, La Gallina y El Conscripto.
El proyecto es el puntapié inicial para luego ampliar la protección al humedal entrerriano situado frente a Rosario.
"Hace tiempo que trabajamos en este proyecto. Pensamos que es un sitio interesante ubicado en el alto delta del Paraná que, hasta ahora, tiene poca representación en las áreas protegidas. Fue un proyecto que, además, fue apoyado por todos los sectores políticos y seguido por varias administraciones", dijo Raúl Chiesa, del directorio de la APN.
La reserva natural El Rico, base del nuevo parque, y las islas cuentan con amplias superficies cubiertas de bancos de arena y albardones -terraplenes- en los que conviven numerosas especies de aves, como patos, caraús, chajás, cigüeñas, garzas y martín pescadores.
En la zona son comunes también el espinero rojizo -que construye grandes nidos colgantes que penden sobre el agua- y mamíferos de hábitos acuáticos, como el carpincho, la nutria y el lobito de río.
La vegetación de la reserva está compuesta por densos pajonales isleños, camalotes e irupés, con sus enormes hojas circulares flotantes.
Contar con esta catalogación de área protegida también servirá para poder tener mayor control sobre los incendios que muchas veces se generan en el delta santafecino.
El proyecto fue aprobado por el Senado el año pasado. Una vez que sea promulgada la ley sancionada ayer, Islas de Santa Fe pasará a ser el área protegida número 38 que tiene el país.
PN Sierra de las Quijadas en conflicto
La Corte le impidió a San Luis expropiar un parque nacional
Fecha de Publicación: 13/10/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional - San Luis
El gobernador Alberto Rodríguez Saá había previsto una fecha simbólica como el 12 de octubre, para desalojar el Parque Nacional Sierra de las Quijadas –el único de San Luis– y entregárselo a integrantes del pueblo huarpe que viven en la capital puntana. Pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación respondió a tiempo y le ordenó no innovar.
Situado en el noroeste de la provincia, el parque fue creado en 1991, para conservar ambientes representativos del Chaco árido y del monte, y para preservar sus yacimientos arqueológicos y paleontológicos. Fue Adolfo Rodríguez Saá, entonces gobernador y hermano del actual, quien firmó la cesión de las 73.534 hectáreas, compradas a los particulares íntegramente con fondos de la Administración de Parques Nacionales (APN), tras la sanción de una ley nacional.
Pero el 28 de julio pasado, la Cámara de Diputados de San Luis votó la expropiación del parque , manteniéndolo como área protegida, para restituirlo “a sus ancestrales y originarios pobladores, el Pueblo Nación Huarpe de San Luis”. Según la ley V-0721, el Estado nacional debía considerarse compensado con las deudas que mantendría con la provincia.
El 8 de agosto, APN solicitó una medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación . Y el 7 de octubre pidió la revocación del desalojo ante la Justicia Federal de San Luis.
APN mantiene una política de creciente integración con las comunidades indígenas que viven dentro o en la periferia de los parques nacionales. En el Lanín se estableció un comanejo con las comunidades mapuche, que administran varios servicios. Emprendimientos menores se comparten con los avá guaraní en Calilegua, y con los mbyá guaraní en Iguazú. Más aún: en Sierra de las Quijadas vive una comunidad huarpe, en Guanacache, aunque sin relación con el gobierno provincial.
Ayer, la Corte resolvió que la ley V-0721 no podrá ejecutarse. Además pidió al Juzgado Federal de San Luis remitirle las actuaciones, ya que la causa es de competencia originaria del Supremo Tribunal.
Fecha de Publicación: 13/10/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional - San Luis
El gobernador Alberto Rodríguez Saá había previsto una fecha simbólica como el 12 de octubre, para desalojar el Parque Nacional Sierra de las Quijadas –el único de San Luis– y entregárselo a integrantes del pueblo huarpe que viven en la capital puntana. Pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación respondió a tiempo y le ordenó no innovar.
Situado en el noroeste de la provincia, el parque fue creado en 1991, para conservar ambientes representativos del Chaco árido y del monte, y para preservar sus yacimientos arqueológicos y paleontológicos. Fue Adolfo Rodríguez Saá, entonces gobernador y hermano del actual, quien firmó la cesión de las 73.534 hectáreas, compradas a los particulares íntegramente con fondos de la Administración de Parques Nacionales (APN), tras la sanción de una ley nacional.
Pero el 28 de julio pasado, la Cámara de Diputados de San Luis votó la expropiación del parque , manteniéndolo como área protegida, para restituirlo “a sus ancestrales y originarios pobladores, el Pueblo Nación Huarpe de San Luis”. Según la ley V-0721, el Estado nacional debía considerarse compensado con las deudas que mantendría con la provincia.
El 8 de agosto, APN solicitó una medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación . Y el 7 de octubre pidió la revocación del desalojo ante la Justicia Federal de San Luis.
APN mantiene una política de creciente integración con las comunidades indígenas que viven dentro o en la periferia de los parques nacionales. En el Lanín se estableció un comanejo con las comunidades mapuche, que administran varios servicios. Emprendimientos menores se comparten con los avá guaraní en Calilegua, y con los mbyá guaraní en Iguazú. Más aún: en Sierra de las Quijadas vive una comunidad huarpe, en Guanacache, aunque sin relación con el gobierno provincial.
Ayer, la Corte resolvió que la ley V-0721 no podrá ejecutarse. Además pidió al Juzgado Federal de San Luis remitirle las actuaciones, ya que la causa es de competencia originaria del Supremo Tribunal.
Otra Campaña del Desierto, ahora por la soja
Otra Campaña del Desierto, ahora por la soja
Fecha de Publicación: 12/10/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
En seis provincias del Chaco argentino hay ocho millones de hectáreas en conflictos de tierras y ambientales, en gran parte por el avance de frontera agropecuaria. Están afectadas 950 mil personas, la mayoría son indígenas y campesinos.
La Campaña del Desierto fue la avanzada militar sobre los pueblos originarios del sur del país y tuvo como símbolo a Julio Argentino Roca. Menos difundida, aunque igual de cruenta, el Estado también ejecutó una campaña militar contra los pueblos indígenas del norte, llamada de dos maneras: “Conquista del Chaco” y “Campaña del Desierto Verde”. Se ejecutó entre 1884 y 1917 e implicó asesinatos masivos, trabajo esclavo, torturas y la expulsión de los pueblos indígenas de sus territorios, lo que les ocasionó perder su forma ancestral de vida y tener que vender a bajo precio su fuerza de trabajo. Un relevamiento de la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) da cuenta de una nueva avanzada sobre los pueblos originarios, esta vez protagonizada por el modelo agropecuario: contabilizó 164 conflictos de tierras y ambientales, casi ocho millones de hectáreas (el equivalente a toda la superficie de Entre Ríos o 390 veces la ciudad de Buenos Aires), y 950 mil personas, principalmente indígenas y campesinos, de seis provincias del norte argentino. El 89 por ciento de los conflictos comenzó en paralelo con la instalación del actual modelo de agropecuario, con la soja transgénica como emblema. La Redaf explica: “La raíz de los conflictos de tierra se encuentra en la disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Por un lado el agronegocio, donde la tierra es un espacio para producir y hacer negocios, y por el otro la cultura indígena y campesina, donde la tierra constituye un espacio de vida”.
“Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco argentino”, es el nombre del informe de la Redaf, integrado por un colectivo de organizaciones, académicos y técnicos de distintas disciplinas del norte del país. Identificó 259 conflictos, de los cuales procesó los datos de 164, de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, este de Salta y norte de Santa Fe y Córdoba, el grueso de las provincias que conforman la región denominada Chaco argentino. Los datos precisos: 7,8 millones de hectáreas en conflicto y 948 mil personas afectadas, mayormente pueblos originarios y campesinos. El 93 por ciento de los conflictos (153) se producen por alguna acción que vulnera los derechos de los campesinos y comunidades ancestrales con relación a la tenencia de la tierra. “Es sólo una muestra de la magnitud del problema en la región”, advierte el informe.
El grueso de los conflictos (89 por ciento) se inició a partir del 2000. “Coincide con el impulso del modelo agroexportador, favorecido por las condiciones del mercado internacional para la comercialización de la soja, que trajo como consecuencia la expansión de la frontera agropecuaria en la Región Chaqueña”, recuerda el informe. En el mercado de agronegocios mundial, Argentina es visto como un alumno modelo. En 1997 se cosecharon en Argentina once millones de toneladas de soja transgénica y se utilizaron seis millones de hectáreas. Diez años después, en 2007, la cosecha llegó a los 47 millones de toneladas, abarcando 16,6 millones de hectáreas. En la actualidad, la soja abarca 19 millones de hectáreas, la mitad de la superficie cultivable del país. Los pueblos originarios perjudicados por ese avance, sólo en las provincias relevadas, son el qom, pilagá, mocoví, wichí, chorotes, chulupies, tapietes, guaycurúes, lules, vilelas y tonocoté.
A pesar de leyes que protegen la posesión de tierras de familias ancestrales (Constitución nacional, Convenio 169 OIT, Ley 26.160, Posesión Veinteañal vigente en el Código Civil) en el 99 por ciento de los conflictos por tierras se determinó que indígenas y campesinos carecen de títulos que, por las leyes vigentes, el Estado y el Poder Judicial debieran reconocer. En el 56 por ciento de los casos las familias han sufrido intentos de desalojo y en el 31 por ciento padecieron alambrados u ocupación de sus lotes.
Sólo en los casos de tierras se contabilizaron 97.995 personas que padecen conflictos. El 60 por ciento son indígenas (59.506), 39 por ciento criollos (37.789) y 700 personas criollas-indígenas (uno por ciento). Hay un piso, sólo en casos de tierras, de 1,7 millón de hectáreas en disputa. Con casos emblemáticos: en Salta sobresale el caso de los lotes 55 y 14, en el noreste provincial, también conocido como el caso Lhaka Honhat (“Nuestra Tierra” en idioma wichí), por el nombre de la organización indígena conformada por 45 comunidades y 6000 personas.
Desde 1984, las comunidades aborígenes del Chaco salteño luchan para que el gobierno provincial les otorgue el título de propiedad de las tierras que habitan. Las comunidades quieren que sea un título comunitario, que les permita seguir viviendo como pueblos cazadores y recolectores. “El gobierno de Salta ha prometido mucho, pero ha hecho muy poco. Con aprobación del gobierno nacional, pero sin consultar a las familias, autorizó construcción de un puente internacional sobre el río Pilcomayo. También de rutas para facilitar el comercio entre los distintos países del Mercosur. Estas obras cruzan el territorio que habitan las comunidades, sin embargo ellas nunca fueron informadas sobre las consecuencias de estos proyectos”, detalla del informe.
El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en noviembre de 2006 intimó al Estado argentino para que demarque y entregue las tierras a las comunidades. En 2007, el gobierno de Salta firmó un acuerdo por el cual se comprometió a la redistribución de 643 mil hectáreas, 400 mil para aborígenes y 243 mil para los criollos. La Redaf advierte que la entrega de títulos se encuentra muy retrasada.
La Redaf también destaca el caso del Bañado la Estrella, en Formosa, donde el gobierno provincial decidió la reconstrucción de una ruta y erigió terraplenes que inundaron tierras campesinas. El informe recuerda que las familias debieron abandonar su zona de vida ancestral y perdieron animales (parte esencial de subsistencia).
El relevamiento demuestra que las víctimas del modelo agropecuario son pequeños productores. El 56 por ciento de los casos corresponde a familias con menos de 100 hectáreas. Y el 43 por ciento posee menos de 400 hectáreas. Además de la escasa cantidad de tierras, los ingenieros agrónomos de la Redaf recuerdan que 100 hectáreas en el Chaco argentino nunca tienen la misma productividad que en la Pampa húmeda. “La cantidad de tierras de que disponen las familias es escasa para desarrollar una vida digna y permitir que los jóvenes se puedan quedar a trabajar y vivir en el campo”, afirma.
Como contrapartes del conflicto, el 79 por ciento está constituida por empresas y personas físicas. Y el 16 por ciento identifica al Estado como el enemigo que disputa el territorio. El rol del Estado es uno de los puntos centrales que los indígenas y campesinos identifican como responsables, por acción u omisión, para la resolución de los conflictos.
El relevamiento destaca también el rol del Poder Judicial. Afirma que hay un retraso manifiesto de los jueces y fiscales para aplicar las leyes que protegen a campesinos e indígenas, y –cuando actúan– hay un retraso notable.
La Red Agroforestal realiza un informe permanente y dinámico de conflictos. En febrero pasado este diario informó que existían en la misma región cinco millones de hectáreas en disputa, casi 600 mil personas afectadas. Se trataba del conteo de 52 de casos de 120 relevados. En el transcurso del año se registraron y procesaron nuevos conflictos (164 procesados de 259 registrados), que serán difundidos en detalles y entregados el próximo 20 de octubre en Córdoba, en el marco del “Cuarto Seminario sobre tierra, agua y bosque de la región chaqueña”. La organización remarca que existen “muchos más casos” que los relevados.
Cuando se les preguntó a las familias afectadas qué querían, las respuestas fueron simples: poder trabajar y vivir en la tierra donde siempre vivieron. En la lista de exigencias figuran que se les reconozca el derecho a ser dueños de las tierras y que les devuelvan las tierras que les quitaron de manera fraudulenta.
Entre las conclusiones se destaca que los conflictos no son sólo por la tierra, sino que se trata de una disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Afirma que para los empresarios dedicados al agro y para el Estado “está en juego el aumento de ganancias y retenciones en el corto plazo, para ellos la tierra representa un bien económico necesario para producir ganancias, sin importar los costos ambientales, culturales y sociales que impliquen”.
En contraposición, destaca que para los pueblos indígenas y campesinos implica mucho más que negocios. “Se trata de una lucha por conservar una identidad, por mantener un modo de vida, de producir, de vivir y permanecer. La tierra es un bien social y no un bien económico, parte constitutiva de su cosmovisión y religiosidad”, asegura el informe: “Llama la atención el escaso apoyo del Estado a los campesinos e indígenas, y su intervención protagónica como la otra parte del conflicto, ya sea en forma directa o indirecta. Indica claramente que, aunque en el discurso lo cuestione, en la práctica sigue apoyando el modelo de producción extractivista y atentando contra la vida indígena y campesina”.
Fecha de Publicación: 12/10/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
En seis provincias del Chaco argentino hay ocho millones de hectáreas en conflictos de tierras y ambientales, en gran parte por el avance de frontera agropecuaria. Están afectadas 950 mil personas, la mayoría son indígenas y campesinos.
La Campaña del Desierto fue la avanzada militar sobre los pueblos originarios del sur del país y tuvo como símbolo a Julio Argentino Roca. Menos difundida, aunque igual de cruenta, el Estado también ejecutó una campaña militar contra los pueblos indígenas del norte, llamada de dos maneras: “Conquista del Chaco” y “Campaña del Desierto Verde”. Se ejecutó entre 1884 y 1917 e implicó asesinatos masivos, trabajo esclavo, torturas y la expulsión de los pueblos indígenas de sus territorios, lo que les ocasionó perder su forma ancestral de vida y tener que vender a bajo precio su fuerza de trabajo. Un relevamiento de la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) da cuenta de una nueva avanzada sobre los pueblos originarios, esta vez protagonizada por el modelo agropecuario: contabilizó 164 conflictos de tierras y ambientales, casi ocho millones de hectáreas (el equivalente a toda la superficie de Entre Ríos o 390 veces la ciudad de Buenos Aires), y 950 mil personas, principalmente indígenas y campesinos, de seis provincias del norte argentino. El 89 por ciento de los conflictos comenzó en paralelo con la instalación del actual modelo de agropecuario, con la soja transgénica como emblema. La Redaf explica: “La raíz de los conflictos de tierra se encuentra en la disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Por un lado el agronegocio, donde la tierra es un espacio para producir y hacer negocios, y por el otro la cultura indígena y campesina, donde la tierra constituye un espacio de vida”.
“Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco argentino”, es el nombre del informe de la Redaf, integrado por un colectivo de organizaciones, académicos y técnicos de distintas disciplinas del norte del país. Identificó 259 conflictos, de los cuales procesó los datos de 164, de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, este de Salta y norte de Santa Fe y Córdoba, el grueso de las provincias que conforman la región denominada Chaco argentino. Los datos precisos: 7,8 millones de hectáreas en conflicto y 948 mil personas afectadas, mayormente pueblos originarios y campesinos. El 93 por ciento de los conflictos (153) se producen por alguna acción que vulnera los derechos de los campesinos y comunidades ancestrales con relación a la tenencia de la tierra. “Es sólo una muestra de la magnitud del problema en la región”, advierte el informe.
El grueso de los conflictos (89 por ciento) se inició a partir del 2000. “Coincide con el impulso del modelo agroexportador, favorecido por las condiciones del mercado internacional para la comercialización de la soja, que trajo como consecuencia la expansión de la frontera agropecuaria en la Región Chaqueña”, recuerda el informe. En el mercado de agronegocios mundial, Argentina es visto como un alumno modelo. En 1997 se cosecharon en Argentina once millones de toneladas de soja transgénica y se utilizaron seis millones de hectáreas. Diez años después, en 2007, la cosecha llegó a los 47 millones de toneladas, abarcando 16,6 millones de hectáreas. En la actualidad, la soja abarca 19 millones de hectáreas, la mitad de la superficie cultivable del país. Los pueblos originarios perjudicados por ese avance, sólo en las provincias relevadas, son el qom, pilagá, mocoví, wichí, chorotes, chulupies, tapietes, guaycurúes, lules, vilelas y tonocoté.
A pesar de leyes que protegen la posesión de tierras de familias ancestrales (Constitución nacional, Convenio 169 OIT, Ley 26.160, Posesión Veinteañal vigente en el Código Civil) en el 99 por ciento de los conflictos por tierras se determinó que indígenas y campesinos carecen de títulos que, por las leyes vigentes, el Estado y el Poder Judicial debieran reconocer. En el 56 por ciento de los casos las familias han sufrido intentos de desalojo y en el 31 por ciento padecieron alambrados u ocupación de sus lotes.
Sólo en los casos de tierras se contabilizaron 97.995 personas que padecen conflictos. El 60 por ciento son indígenas (59.506), 39 por ciento criollos (37.789) y 700 personas criollas-indígenas (uno por ciento). Hay un piso, sólo en casos de tierras, de 1,7 millón de hectáreas en disputa. Con casos emblemáticos: en Salta sobresale el caso de los lotes 55 y 14, en el noreste provincial, también conocido como el caso Lhaka Honhat (“Nuestra Tierra” en idioma wichí), por el nombre de la organización indígena conformada por 45 comunidades y 6000 personas.
Desde 1984, las comunidades aborígenes del Chaco salteño luchan para que el gobierno provincial les otorgue el título de propiedad de las tierras que habitan. Las comunidades quieren que sea un título comunitario, que les permita seguir viviendo como pueblos cazadores y recolectores. “El gobierno de Salta ha prometido mucho, pero ha hecho muy poco. Con aprobación del gobierno nacional, pero sin consultar a las familias, autorizó construcción de un puente internacional sobre el río Pilcomayo. También de rutas para facilitar el comercio entre los distintos países del Mercosur. Estas obras cruzan el territorio que habitan las comunidades, sin embargo ellas nunca fueron informadas sobre las consecuencias de estos proyectos”, detalla del informe.
El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en noviembre de 2006 intimó al Estado argentino para que demarque y entregue las tierras a las comunidades. En 2007, el gobierno de Salta firmó un acuerdo por el cual se comprometió a la redistribución de 643 mil hectáreas, 400 mil para aborígenes y 243 mil para los criollos. La Redaf advierte que la entrega de títulos se encuentra muy retrasada.
La Redaf también destaca el caso del Bañado la Estrella, en Formosa, donde el gobierno provincial decidió la reconstrucción de una ruta y erigió terraplenes que inundaron tierras campesinas. El informe recuerda que las familias debieron abandonar su zona de vida ancestral y perdieron animales (parte esencial de subsistencia).
El relevamiento demuestra que las víctimas del modelo agropecuario son pequeños productores. El 56 por ciento de los casos corresponde a familias con menos de 100 hectáreas. Y el 43 por ciento posee menos de 400 hectáreas. Además de la escasa cantidad de tierras, los ingenieros agrónomos de la Redaf recuerdan que 100 hectáreas en el Chaco argentino nunca tienen la misma productividad que en la Pampa húmeda. “La cantidad de tierras de que disponen las familias es escasa para desarrollar una vida digna y permitir que los jóvenes se puedan quedar a trabajar y vivir en el campo”, afirma.
Como contrapartes del conflicto, el 79 por ciento está constituida por empresas y personas físicas. Y el 16 por ciento identifica al Estado como el enemigo que disputa el territorio. El rol del Estado es uno de los puntos centrales que los indígenas y campesinos identifican como responsables, por acción u omisión, para la resolución de los conflictos.
El relevamiento destaca también el rol del Poder Judicial. Afirma que hay un retraso manifiesto de los jueces y fiscales para aplicar las leyes que protegen a campesinos e indígenas, y –cuando actúan– hay un retraso notable.
La Red Agroforestal realiza un informe permanente y dinámico de conflictos. En febrero pasado este diario informó que existían en la misma región cinco millones de hectáreas en disputa, casi 600 mil personas afectadas. Se trataba del conteo de 52 de casos de 120 relevados. En el transcurso del año se registraron y procesaron nuevos conflictos (164 procesados de 259 registrados), que serán difundidos en detalles y entregados el próximo 20 de octubre en Córdoba, en el marco del “Cuarto Seminario sobre tierra, agua y bosque de la región chaqueña”. La organización remarca que existen “muchos más casos” que los relevados.
Cuando se les preguntó a las familias afectadas qué querían, las respuestas fueron simples: poder trabajar y vivir en la tierra donde siempre vivieron. En la lista de exigencias figuran que se les reconozca el derecho a ser dueños de las tierras y que les devuelvan las tierras que les quitaron de manera fraudulenta.
Entre las conclusiones se destaca que los conflictos no son sólo por la tierra, sino que se trata de una disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Afirma que para los empresarios dedicados al agro y para el Estado “está en juego el aumento de ganancias y retenciones en el corto plazo, para ellos la tierra representa un bien económico necesario para producir ganancias, sin importar los costos ambientales, culturales y sociales que impliquen”.
En contraposición, destaca que para los pueblos indígenas y campesinos implica mucho más que negocios. “Se trata de una lucha por conservar una identidad, por mantener un modo de vida, de producir, de vivir y permanecer. La tierra es un bien social y no un bien económico, parte constitutiva de su cosmovisión y religiosidad”, asegura el informe: “Llama la atención el escaso apoyo del Estado a los campesinos e indígenas, y su intervención protagónica como la otra parte del conflicto, ya sea en forma directa o indirecta. Indica claramente que, aunque en el discurso lo cuestione, en la práctica sigue apoyando el modelo de producción extractivista y atentando contra la vida indígena y campesina”.
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