La ley de glaciares divide el oficialismo
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La ley de glaciares divide opiniones en el oficialismo
Fecha de Publicación: 13/09/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Varios senadores kirchneristas se niegan a aprobar un proyecto fuertemente cuestionado
La sanción de una ley de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares mantiene al bloque kirchnerista del Senado en un virtual estado de rebelión, como consecuencia de la queja de varios legisladores que no quieren quedar "pegados" a las denuncias de las organizaciones ambientalistas.
La disputa está dada por la disyuntiva que debe afrontar la Cámara alta entre sancionar la versión aprobada por la Cámara de Diputados en agosto último, impulsada por los ambientalistas, o insistir en la sanción del año pasado de la Cámara alta, que es apoyada por las provincias con intereses mineros.
El problema radica en que esta última versión, que fue aprobada por unanimidad, quedó fuertemente impugnada por las denuncias del diputado Miguel Bonasso, quien dijo en varias oportunidades que el texto favorece a las empresas mineras y, sobre todo, a la canadiense Barrick Gold.
Esta firma tiene su mayor emprendimiento en la provincia de San Juan. Por eso a nadie extraña que el principal impulsor de la insistencia en el texto del Senado sea César Gioja, senador por esa provincia y hermano del gobernador, José Luis Gioja.
Lo cierto es que las denuncias de Bonasso y de las organizaciones ambientalistas como Greenpeace caló hondo entre varios senadores del bloque kirchnerista.
"No queremos quedar pegados con la Barrick Gold. Si tanto les interesa el proyecto, que lo voten ellos", se ha quejado al menos un par de legisladores oficialistas ante el jefe de bloque, Miguel Pichetto, en las últimas semanas.
El "ellos" es en alusión a los hermanos Gioja y a sus compañeros de bloque que representan a provincias con intereses en la minería. Este grupo es encabezado por el porteño Daniel Filmus, que, paradojas de la política, fue miembro informante del proyecto que aprobó el Senado el año pasado y que ahora se niega a votar.
A este miedo a quedar expuestos ante la opinión pública favoreciendo a un interés particular se suma el silencio que ha adoptado el Poder Ejecutivo desde que el mes pasado Diputados modificó el proyecto originalmente sancionado por el Senado.
Peor aún, la presidenta Cristina Kirchner dijo que no iba a vetar la ley, cualquiera que fuere la versión que finalmente terminara siendo sancionada.
El problema radica en que el mensaje público no se condice con el que llega a los despachos de los principales referentes del bloque kirchnerista.
"En realidad, el Gobierno no quiere el proyecto aprobado por Diputados, pero no quieren hablar más del tema", confesó un prominente senador oficialista a LA NACION cuando se lo consultó sobre del Poder Ejecutivo.
La respuesta no se hizo esperar. "Nosotros necesitamos que alguien explique y justifique en público la razón para votar por la versión del Senado y no por la de Diputados", se le escuchó decir a un senador en la última reunión de bloque, el martes pasado.
Exposición pública
Para evitar males mayores, los Gioja decidieron asumir la responsabilidad que el Poder Ejecutivo viene negándose a asumir.
Así, a partir de la semana próxima, concurrirán a la Comisión de Ambiente y Desarrollo Humano del Senado gobernadores y funcionarios de las provincias mineras.
La cita es para el 21 del actual. Ese día se presentarán los mandatarios de las provincias de Cuyo, en particular San Juan y Mendoza, quienes más vienen bregando por la sanción de la ley tal cual la aprobó el Senado en primera instancia. Después, se espera que asistan los gobernadores de otras provincias, como La Rioja, Salta y Catamarca, que también rechazan el texto de Diputados por considerar que avasalla potestades que la Constitución reconoce a los estados provinciales.
Pero la polémica por los glaciares atraviesa a todos los bloques. Así, por ejemplo, los radicales catamarqueños avalan a las provincias mineras, al igual que los tres senadores salteños, ninguno de los cuales responde al kirchnerismo.
La definición se conocerá el próximo 30 del corriente, cuando el tema se debata en sesión especial.
Fecha de Publicación: 13/09/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Varios senadores kirchneristas se niegan a aprobar un proyecto fuertemente cuestionado
La sanción de una ley de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares mantiene al bloque kirchnerista del Senado en un virtual estado de rebelión, como consecuencia de la queja de varios legisladores que no quieren quedar "pegados" a las denuncias de las organizaciones ambientalistas.
La disputa está dada por la disyuntiva que debe afrontar la Cámara alta entre sancionar la versión aprobada por la Cámara de Diputados en agosto último, impulsada por los ambientalistas, o insistir en la sanción del año pasado de la Cámara alta, que es apoyada por las provincias con intereses mineros.
El problema radica en que esta última versión, que fue aprobada por unanimidad, quedó fuertemente impugnada por las denuncias del diputado Miguel Bonasso, quien dijo en varias oportunidades que el texto favorece a las empresas mineras y, sobre todo, a la canadiense Barrick Gold.
Esta firma tiene su mayor emprendimiento en la provincia de San Juan. Por eso a nadie extraña que el principal impulsor de la insistencia en el texto del Senado sea César Gioja, senador por esa provincia y hermano del gobernador, José Luis Gioja.
Lo cierto es que las denuncias de Bonasso y de las organizaciones ambientalistas como Greenpeace caló hondo entre varios senadores del bloque kirchnerista.
"No queremos quedar pegados con la Barrick Gold. Si tanto les interesa el proyecto, que lo voten ellos", se ha quejado al menos un par de legisladores oficialistas ante el jefe de bloque, Miguel Pichetto, en las últimas semanas.
El "ellos" es en alusión a los hermanos Gioja y a sus compañeros de bloque que representan a provincias con intereses en la minería. Este grupo es encabezado por el porteño Daniel Filmus, que, paradojas de la política, fue miembro informante del proyecto que aprobó el Senado el año pasado y que ahora se niega a votar.
A este miedo a quedar expuestos ante la opinión pública favoreciendo a un interés particular se suma el silencio que ha adoptado el Poder Ejecutivo desde que el mes pasado Diputados modificó el proyecto originalmente sancionado por el Senado.
Peor aún, la presidenta Cristina Kirchner dijo que no iba a vetar la ley, cualquiera que fuere la versión que finalmente terminara siendo sancionada.
El problema radica en que el mensaje público no se condice con el que llega a los despachos de los principales referentes del bloque kirchnerista.
"En realidad, el Gobierno no quiere el proyecto aprobado por Diputados, pero no quieren hablar más del tema", confesó un prominente senador oficialista a LA NACION cuando se lo consultó sobre del Poder Ejecutivo.
La respuesta no se hizo esperar. "Nosotros necesitamos que alguien explique y justifique en público la razón para votar por la versión del Senado y no por la de Diputados", se le escuchó decir a un senador en la última reunión de bloque, el martes pasado.
Exposición pública
Para evitar males mayores, los Gioja decidieron asumir la responsabilidad que el Poder Ejecutivo viene negándose a asumir.
Así, a partir de la semana próxima, concurrirán a la Comisión de Ambiente y Desarrollo Humano del Senado gobernadores y funcionarios de las provincias mineras.
La cita es para el 21 del actual. Ese día se presentarán los mandatarios de las provincias de Cuyo, en particular San Juan y Mendoza, quienes más vienen bregando por la sanción de la ley tal cual la aprobó el Senado en primera instancia. Después, se espera que asistan los gobernadores de otras provincias, como La Rioja, Salta y Catamarca, que también rechazan el texto de Diputados por considerar que avasalla potestades que la Constitución reconoce a los estados provinciales.
Pero la polémica por los glaciares atraviesa a todos los bloques. Así, por ejemplo, los radicales catamarqueños avalan a las provincias mineras, al igual que los tres senadores salteños, ninguno de los cuales responde al kirchnerismo.
La definición se conocerá el próximo 30 del corriente, cuando el tema se debata en sesión especial.
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Se rompió un caño de Botnia y hay afectados
Se rompió un caño de Botnia y hay afectados en Fray Bentos
Fecha de Publicación: 12/09/2010
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos
El jueves se rompió un caño en la pastera Botnia, según dieron cuenta los asambleístas y varios vecinos de Fray Bentos.
La información trascendió ayer, aunque las autoridades uruguayas sindicaban a los olores desagradables a la actividad de un frigorífico fraybentino. Lo curioso es que ninguna autoridad pública en ambas orillas, de ningún nivel, confirmó o desmintió la información, generando con ese silencio el crecimiento de la sospecha.
Más extraño aún fue el silencio de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), que tiene a cargo el monitoreo de la planta y del recurso compartido. Ni siquiera articularon un sistema de comunicación para saber qué realmente está ocurriendo.
El integrante de la Asamblea Ciudadana Ambiental, Jorge Fritzler, dijo que recibieron llamadas de vecinos de Fray Bentos “que avisaron que se rompió un caño en Botnia y hay mucha gente descompuesta, con náuseas, alergias, laringitis por el olor desagradable que hay”.
“Muchos vecinos se comunicaron con nosotros para informarnos del mal olor que hay por el caño roto, sin embargo, como nadie quiere reconocer esto, se le estaba echando la culpa a un frigorífico que está cerca, pero sabemos que no es así, que la culpa es de la pastera”, indicó el ambientalista en declaraciones al programa A quien corresponda (Radio De la Plaza).
En ese sentido remarcó: “Ayer estaban muy concurridos la clínica y el hospital de Fray Bentos por este episodio de contaminación que se dio”.
Mañana, como los asambleístas volverán a reunirse en Arroyo Verde, y tal como se mocionó se realizará una concentración sobre la ruta internacional 136.
Fecha de Publicación: 12/09/2010
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos
El jueves se rompió un caño en la pastera Botnia, según dieron cuenta los asambleístas y varios vecinos de Fray Bentos.
La información trascendió ayer, aunque las autoridades uruguayas sindicaban a los olores desagradables a la actividad de un frigorífico fraybentino. Lo curioso es que ninguna autoridad pública en ambas orillas, de ningún nivel, confirmó o desmintió la información, generando con ese silencio el crecimiento de la sospecha.
Más extraño aún fue el silencio de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), que tiene a cargo el monitoreo de la planta y del recurso compartido. Ni siquiera articularon un sistema de comunicación para saber qué realmente está ocurriendo.
El integrante de la Asamblea Ciudadana Ambiental, Jorge Fritzler, dijo que recibieron llamadas de vecinos de Fray Bentos “que avisaron que se rompió un caño en Botnia y hay mucha gente descompuesta, con náuseas, alergias, laringitis por el olor desagradable que hay”.
“Muchos vecinos se comunicaron con nosotros para informarnos del mal olor que hay por el caño roto, sin embargo, como nadie quiere reconocer esto, se le estaba echando la culpa a un frigorífico que está cerca, pero sabemos que no es así, que la culpa es de la pastera”, indicó el ambientalista en declaraciones al programa A quien corresponda (Radio De la Plaza).
En ese sentido remarcó: “Ayer estaban muy concurridos la clínica y el hospital de Fray Bentos por este episodio de contaminación que se dio”.
Mañana, como los asambleístas volverán a reunirse en Arroyo Verde, y tal como se mocionó se realizará una concentración sobre la ruta internacional 136.
Para que no vuelva la fiebre del oro en Chubut
Para que no vuelva la fiebre del oro
Fecha de Publicación: 11/09/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Chubut
Desde la polémica por la mina de oro en Esquel, Chubut tiene una ley que prohíbe la minería, pero avanza un proyecto en el centro de la provincia. Asambleas socioambientales y comunidades indígenas marchan hoy para reclamar que no se concrete.
“La explotación minera no es la única alternativa de desarrollo. Todos estos años hemos vivido sin minería, hemos vivido de nuestro trabajo y animales. La explotación minera nos dejará más pobres”, explican con firmeza las comunidades originarias de la meseta de Chubut que hoy realizarán una marcha de antorchas por las calles de Gan Gan, en el centro geográfico de la provincia, donde la compañía canadiense Pan American Silver impulsa la extracción de plomo y plata, a pesar de la negativa de los pueblos originarios y una ley que prohíbe la actividad extractiva. También se movilizarán asambleas socioambientales y organizaciones sociales de los extremos de la provincia, cordillera y la costa este, que alertan sobre las consecuencias sociales y ambientales de la megaminería metalífera, con enormes consumos de agua, en la zona más pobre y desértica de la provincia.
En marzo de 2003, y luego de un proceso de movilización y consulta popular, la comunidad de Esquel rechazó la instalación de una mina de oro a diez kilómetros de la ciudad. Fue el puntapié para lograr que la Legislatura provincial sancionara la Ley 5001, que prohíbe en toda la provincia la minería metalífera a gran escala, con uso de sustancias tóxicas.
“Marcharemos hacia los pueblos de Gan Gan, Gastre, Lagunita Salada y Telsen, la meseta de Chubut, la región que el gobierno pretende declarar ‘zona de sacrificio’ para entregarla a las empresas mineras sin importar la tierra y el agua”, denunció el Foro Ambiental Social de la Patagonia (FASP), que anunció caravanas de vehículos que partirán desde la zona cordillerana (Esquel, Lago Puelo y El Bolsón) y también del Este (Puerto Madryn, Trelew, Rawson, y Comodoro Rivadavia).
El yacimiento Navidad es uno de los depósitos de plomo y plata más grandes del mundo aún sin explotar. En 2002 se detectaron reservas por 3000 millones de dólares, pero la última estimación, realizada por la empresa Aquiline Resource en 2008, fijaba un piso de minerales por diez mil millones de dólares.
A pesar de que Chubut y Río Negro cuentan con leyes que limitan la minería a gran escala, la compañía canadiense Pan American Silver adquirió en diciembre de 2009 dos yacimientos: Calcatreu (Río Negro) y Navidad. Compañía líder del sector, explota en Santa Cruz el yacimiento de oro Manantial Espejo y cuenta con otros seis proyectos en México, Perú y Bolivia. El gerente de Relaciones Institucionales para Argentina, Fernando Muratore, señaló que “la empresa respeta todas las leyes, no se avanzará mientras exista la prohibición” y confirmó que la etapa de factibilidad terminaría en el primer trimestre de 2011. “En cuanto el gobierno dé luz verde, nosotros arrancaremos con la construcción, es nuestra decisión y hemos invertido 600 millones de dólares para que el proyecto entre en producción”, afirmó Muratore, que prefirió no opinar sobre la posible derogación de la ley.
El Foro Ambiental y la Asamblea de Esquel acusan al gobernador, Mario Das Neves, de querer modificar la Ley 5001. Página/12 consultó al Ministerio de Ambiente de Chubut, pero prefirieron no referirse al tema.
Sí habló el director ejecutivo de la compañía, Geoff Burns, el 19 de agosto pasado. Brindó una conferencia de prensa en Canadá, luego de reunirse con Das Neves. “El gobierno provincial está completamente al tanto de nuestros progresos y solicitudes para el desarrollo del proyecto Navidad. Estoy absolutamente confiado en que la enmienda necesaria a la actual ley minera, que nos permitirá proseguir, será introducida antes de fines de este año”, sinceró.
En la meseta de Chubut viven desde hace más de cien años nueve comunidades indígenas que rechazan el avance minero sobre sus territorios. Cuentan con leyes específicas que le dan la legitimidad: el artículo 75 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT (pacto internacional al que Argentina suscribió) legislan sobre la obligación de “asegurar la participación indígena en la gestión de sus recursos naturales”.
El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) de Chubut realiza desde hace tres años un relevamiento anual sobre la situación del pueblo mapuche y tehuelche. “En la provincia se vulneran sistemáticamente los derechos de autodeterminación, participación y consentimiento previo, libre e informado, todos derechos que los Estados deben hacer respetar”, denunció.
“Muchos años vivimos sin minería y no vamos a dar el brazo a torcer. Vamos a defender la tierra”, advirtieron ayer en un comunicado conjunto las comunidades Laguna Fría, Los Pino y Mallín de los Cual y explicaron que Navidad pretende ser la primera de “una serie de mineras a instalarse”.
El 20 de mayo último las comunidades indígenas de la meseta se movilizaron hasta Rawson. Llevaban escrito su rechazo a la minería y su reclamo por el reconocimiento efectivo de las tierras que habitan desde hace generaciones. Ancianos y niños, hombres y mujeres, todos marcharon por las calles y esperaron siete horas frente a la casa de gobierno una entrevista con Das Neves, pero no fueron recibidos. Las nueve comunidades de la meseta difundieron una carta abierta: “Al gobernador y los legisladores les exigimos que respeten y hagan efectivos nuestros derechos. No permitiremos que invadan y contaminen nuestros territorios”.
Fecha de Publicación: 11/09/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Chubut
Desde la polémica por la mina de oro en Esquel, Chubut tiene una ley que prohíbe la minería, pero avanza un proyecto en el centro de la provincia. Asambleas socioambientales y comunidades indígenas marchan hoy para reclamar que no se concrete.
“La explotación minera no es la única alternativa de desarrollo. Todos estos años hemos vivido sin minería, hemos vivido de nuestro trabajo y animales. La explotación minera nos dejará más pobres”, explican con firmeza las comunidades originarias de la meseta de Chubut que hoy realizarán una marcha de antorchas por las calles de Gan Gan, en el centro geográfico de la provincia, donde la compañía canadiense Pan American Silver impulsa la extracción de plomo y plata, a pesar de la negativa de los pueblos originarios y una ley que prohíbe la actividad extractiva. También se movilizarán asambleas socioambientales y organizaciones sociales de los extremos de la provincia, cordillera y la costa este, que alertan sobre las consecuencias sociales y ambientales de la megaminería metalífera, con enormes consumos de agua, en la zona más pobre y desértica de la provincia.
En marzo de 2003, y luego de un proceso de movilización y consulta popular, la comunidad de Esquel rechazó la instalación de una mina de oro a diez kilómetros de la ciudad. Fue el puntapié para lograr que la Legislatura provincial sancionara la Ley 5001, que prohíbe en toda la provincia la minería metalífera a gran escala, con uso de sustancias tóxicas.
“Marcharemos hacia los pueblos de Gan Gan, Gastre, Lagunita Salada y Telsen, la meseta de Chubut, la región que el gobierno pretende declarar ‘zona de sacrificio’ para entregarla a las empresas mineras sin importar la tierra y el agua”, denunció el Foro Ambiental Social de la Patagonia (FASP), que anunció caravanas de vehículos que partirán desde la zona cordillerana (Esquel, Lago Puelo y El Bolsón) y también del Este (Puerto Madryn, Trelew, Rawson, y Comodoro Rivadavia).
El yacimiento Navidad es uno de los depósitos de plomo y plata más grandes del mundo aún sin explotar. En 2002 se detectaron reservas por 3000 millones de dólares, pero la última estimación, realizada por la empresa Aquiline Resource en 2008, fijaba un piso de minerales por diez mil millones de dólares.
A pesar de que Chubut y Río Negro cuentan con leyes que limitan la minería a gran escala, la compañía canadiense Pan American Silver adquirió en diciembre de 2009 dos yacimientos: Calcatreu (Río Negro) y Navidad. Compañía líder del sector, explota en Santa Cruz el yacimiento de oro Manantial Espejo y cuenta con otros seis proyectos en México, Perú y Bolivia. El gerente de Relaciones Institucionales para Argentina, Fernando Muratore, señaló que “la empresa respeta todas las leyes, no se avanzará mientras exista la prohibición” y confirmó que la etapa de factibilidad terminaría en el primer trimestre de 2011. “En cuanto el gobierno dé luz verde, nosotros arrancaremos con la construcción, es nuestra decisión y hemos invertido 600 millones de dólares para que el proyecto entre en producción”, afirmó Muratore, que prefirió no opinar sobre la posible derogación de la ley.
El Foro Ambiental y la Asamblea de Esquel acusan al gobernador, Mario Das Neves, de querer modificar la Ley 5001. Página/12 consultó al Ministerio de Ambiente de Chubut, pero prefirieron no referirse al tema.
Sí habló el director ejecutivo de la compañía, Geoff Burns, el 19 de agosto pasado. Brindó una conferencia de prensa en Canadá, luego de reunirse con Das Neves. “El gobierno provincial está completamente al tanto de nuestros progresos y solicitudes para el desarrollo del proyecto Navidad. Estoy absolutamente confiado en que la enmienda necesaria a la actual ley minera, que nos permitirá proseguir, será introducida antes de fines de este año”, sinceró.
En la meseta de Chubut viven desde hace más de cien años nueve comunidades indígenas que rechazan el avance minero sobre sus territorios. Cuentan con leyes específicas que le dan la legitimidad: el artículo 75 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT (pacto internacional al que Argentina suscribió) legislan sobre la obligación de “asegurar la participación indígena en la gestión de sus recursos naturales”.
El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) de Chubut realiza desde hace tres años un relevamiento anual sobre la situación del pueblo mapuche y tehuelche. “En la provincia se vulneran sistemáticamente los derechos de autodeterminación, participación y consentimiento previo, libre e informado, todos derechos que los Estados deben hacer respetar”, denunció.
“Muchos años vivimos sin minería y no vamos a dar el brazo a torcer. Vamos a defender la tierra”, advirtieron ayer en un comunicado conjunto las comunidades Laguna Fría, Los Pino y Mallín de los Cual y explicaron que Navidad pretende ser la primera de “una serie de mineras a instalarse”.
El 20 de mayo último las comunidades indígenas de la meseta se movilizaron hasta Rawson. Llevaban escrito su rechazo a la minería y su reclamo por el reconocimiento efectivo de las tierras que habitan desde hace generaciones. Ancianos y niños, hombres y mujeres, todos marcharon por las calles y esperaron siete horas frente a la casa de gobierno una entrevista con Das Neves, pero no fueron recibidos. Las nueve comunidades de la meseta difundieron una carta abierta: “Al gobernador y los legisladores les exigimos que respeten y hagan efectivos nuestros derechos. No permitiremos que invadan y contaminen nuestros territorios”.
Botnia: Informarán sobre los estudios
Informarán a asambleístas sobre los estudios de vigilancia ambiental en Gualeguaychú
Fecha de Publicación: 10/09/2010
Fuente: Info Pública
Provincia/Región: Entre Ríos
Con el fin de evaluar y medir el impacto en la salud de la población de Gualeguaychú que puede provocar el funcionamiento de la pastera, el Ministerio de Salud viene realizando acciones del Programa de Vigilancia Epidemiológica y de Salud Ambiental en esa ciudad, elaborado en conjunto con la Nación en 2007. El ministro de Salud, Angel Giano, junto a funcionarios de su cartera y al intendente Juan José Bahillo brindarán detalles a los asambleístas e información del Protocolo de Investigación en el impacto en la salud de la población.
El Ministerio lleva adelante estas acciones a través de la Secretaria de Gestión Sanitaria, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud; la Dirección de Epidemiología, junto al nodo epidemiológico y especialmente la dirección del hospital Centenario, de Gualeguaychú.
El ministro trabajó junto a funcionarios de la cartera sanitaria provincial y el director del hospital, Hugo Gorla, sobre la información pertinente a los estudios prospectivos respecto al impacto en la salud de enfermedades ambientales y el Plan de Vigilancia Ambiental que se viene desarrollando en Gualeguaychú, que será brindada a los miembros de la Asamblea Ambiental este viernes, junto al intendente Bahillo.
Junto al secretario de Gestión Sanitaria, Pablo Basso; la subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud, Fabiana Leiva, la directora de Epidemiología, Silvina Saavedra, y el director del hospital local, Giano analizo los datos de los estudios de impacto sobre la salud que se realizan desde 2008 en Gualeguaychú, por parte de las autoridades del nosocomio y en base a un Plan de Vigilancia elaborado el Ministerio de Salud de Nación con la provincia en 2007 y que toma como base 11 enfermedades: de tipo influenza: asma, bronquiolitis, neumonía; dermatitis en piel; diarrea y enterovirus; hepatitis A; tumores; leptospirosis y hantavirus; malformaciones congénitas; trastornos del desarrollo; vigilancia sobre casos de mortalidad; transtornos conductuales e intoxicaciones agudas.
“Se están estudiando y se analizan aquellas variables relacionadas con factores ambientales y que pueden impactar negativamente en la salud de la población”, explicaron los funcionarios, al tiempo que indicaron que el tipo de investigación es prospectivo.
En este sentido, Basso indicó que de acuerdo al consenso de los especialistas en las distintas áreas de investigación “se están realizando estudios cualitativos de medición de la percepción de riesgos; estudios comparativos de indicadores de la salud con población no expuesta; se complementa el protocolo de estudio binacional y se efectúa un corte en el período 2008-2012 para realizar los estudios comparativos de casos”.
Estudios prospectivos
El ministro indicó que “el gobernador nos pidió que fuéramos a Gualeguaychú a reunirnos con los asambleistas y brindemos información sobre lo que se viene realizando desde el año 2008, como parte de la política de salud centrada en la detección temprana y oportuna de las enfermedades vinculadas con el impacto ambienta y en el marco del Plan de Vigilancia elaborado por el Ministerio de Salud de Nación junto con la provincia”.
Los especialistas, entre ellos Hugo Gorla que ha participado en todo el proceso, explicaron que con esta orientación se realizó un estudio en la población pediátrica de la ciudad de Gualeguaychú que analiza el estado químico, biológico y bioquímico de una franja de 500 niños aproximadamente elegidos al azar en la localidad, en los aspectos clínicos, bioquímicos y radiológicos.
“Esta es la primera etapa que continuará desarrollándose comparando estos parámetros con un estado posterior medido de la misma manera y sobre la misma población, que se pretende llevar a cabo para el año 2012”. Desde el Ministerio de Salud ya se están procesando los datos en un primer informe oficial sobre indicadores formales comparativos de mortalidad y morbilidad en la región, que estará listo en los primeros meses del 2011, dado que el documento necesita completar los datos del 2010.
Luego de registrase consultas referidas a patologías compatibles con daño ambiental, el Ministerio de Salud ha realizado un fuerte seguimiento de afecciones en la salud de la comunidad y realizó estudios -los denominados corredores endémicos- para detectar precozmente, mediante vigilancia ambiental y epidemiológica, cualquier cambio en las características en las enfermedades habituales de esa población.
Plan de Vigilancia Ambiental y protocolo
El Programa de Vigilancia Epidemiólogica y de Salud Ambiental es ejecutado por el Ministerio de Salud mediante un Protocolo de Estudio de Salud Ambiental prospectivo, con el objetivo de medir las consecuencias en la salud de la población de Gualeguaychú que, se estima, puede estar produciendo la planta de producción de pasta base de celulosa y además poder registrar e inferir en esas consecuencias de la salud que es lo que atañe a la cartera sanitaria entrerriana.
Este protocolo consta en sus etapas iniciales de un estudio y estado de situación inicial de recolección de datos, cartografía, investigación sobre varias consideraciones.
Entre las etapas efectuadas a fines de 2007 ya se habían iniciado actividades de formación permanente y capacitación en aspectos clínico–toxicológico, atención primaria ambiental, sistemas de información en salud ambiental, indicadores de salud ambiental, evaluación de programas de salud, emergencias toxicológicas entre otros. La jornada fue destinada al personal de los equipos de salud de la ciudad de Gualeguaychú: médicos, bioquímicos, enfermeros, promotores de salud y comunitarios, administrativos del Hospital Centenario, Centros de Salud municipales y provinciales, equipo técnico de la Asamblea Ambiental. A partir de esta reunión surgieron varias consideraciones como la necesidad de crear un Consultorio de Salud Ambiental –sobre el cual se está trabajando- con un grupo de especialistas conformado entre otros por profesionales médicos, epidemiólogos, enfermeros. Asimismo se definió la construcción de una mesa intersectorial donde se lleve a cabo una participación conjunta entre los gobiernos provincial y municipal; la implementación y fortalecimiento de estrategias epidemiológicas ambientales y el diseño y aplicación de protocolos para sospecha temprana y derivación oportuna de pacientes con síntomas de contaminación química ya que, tal como lo revela el Ministerio de Salud, la prevención es una estrategia central.
Fecha de Publicación: 10/09/2010
Fuente: Info Pública
Provincia/Región: Entre Ríos
Con el fin de evaluar y medir el impacto en la salud de la población de Gualeguaychú que puede provocar el funcionamiento de la pastera, el Ministerio de Salud viene realizando acciones del Programa de Vigilancia Epidemiológica y de Salud Ambiental en esa ciudad, elaborado en conjunto con la Nación en 2007. El ministro de Salud, Angel Giano, junto a funcionarios de su cartera y al intendente Juan José Bahillo brindarán detalles a los asambleístas e información del Protocolo de Investigación en el impacto en la salud de la población.
El Ministerio lleva adelante estas acciones a través de la Secretaria de Gestión Sanitaria, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud; la Dirección de Epidemiología, junto al nodo epidemiológico y especialmente la dirección del hospital Centenario, de Gualeguaychú.
El ministro trabajó junto a funcionarios de la cartera sanitaria provincial y el director del hospital, Hugo Gorla, sobre la información pertinente a los estudios prospectivos respecto al impacto en la salud de enfermedades ambientales y el Plan de Vigilancia Ambiental que se viene desarrollando en Gualeguaychú, que será brindada a los miembros de la Asamblea Ambiental este viernes, junto al intendente Bahillo.
Junto al secretario de Gestión Sanitaria, Pablo Basso; la subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud, Fabiana Leiva, la directora de Epidemiología, Silvina Saavedra, y el director del hospital local, Giano analizo los datos de los estudios de impacto sobre la salud que se realizan desde 2008 en Gualeguaychú, por parte de las autoridades del nosocomio y en base a un Plan de Vigilancia elaborado el Ministerio de Salud de Nación con la provincia en 2007 y que toma como base 11 enfermedades: de tipo influenza: asma, bronquiolitis, neumonía; dermatitis en piel; diarrea y enterovirus; hepatitis A; tumores; leptospirosis y hantavirus; malformaciones congénitas; trastornos del desarrollo; vigilancia sobre casos de mortalidad; transtornos conductuales e intoxicaciones agudas.
“Se están estudiando y se analizan aquellas variables relacionadas con factores ambientales y que pueden impactar negativamente en la salud de la población”, explicaron los funcionarios, al tiempo que indicaron que el tipo de investigación es prospectivo.
En este sentido, Basso indicó que de acuerdo al consenso de los especialistas en las distintas áreas de investigación “se están realizando estudios cualitativos de medición de la percepción de riesgos; estudios comparativos de indicadores de la salud con población no expuesta; se complementa el protocolo de estudio binacional y se efectúa un corte en el período 2008-2012 para realizar los estudios comparativos de casos”.
Estudios prospectivos
El ministro indicó que “el gobernador nos pidió que fuéramos a Gualeguaychú a reunirnos con los asambleistas y brindemos información sobre lo que se viene realizando desde el año 2008, como parte de la política de salud centrada en la detección temprana y oportuna de las enfermedades vinculadas con el impacto ambienta y en el marco del Plan de Vigilancia elaborado por el Ministerio de Salud de Nación junto con la provincia”.
Los especialistas, entre ellos Hugo Gorla que ha participado en todo el proceso, explicaron que con esta orientación se realizó un estudio en la población pediátrica de la ciudad de Gualeguaychú que analiza el estado químico, biológico y bioquímico de una franja de 500 niños aproximadamente elegidos al azar en la localidad, en los aspectos clínicos, bioquímicos y radiológicos.
“Esta es la primera etapa que continuará desarrollándose comparando estos parámetros con un estado posterior medido de la misma manera y sobre la misma población, que se pretende llevar a cabo para el año 2012”. Desde el Ministerio de Salud ya se están procesando los datos en un primer informe oficial sobre indicadores formales comparativos de mortalidad y morbilidad en la región, que estará listo en los primeros meses del 2011, dado que el documento necesita completar los datos del 2010.
Luego de registrase consultas referidas a patologías compatibles con daño ambiental, el Ministerio de Salud ha realizado un fuerte seguimiento de afecciones en la salud de la comunidad y realizó estudios -los denominados corredores endémicos- para detectar precozmente, mediante vigilancia ambiental y epidemiológica, cualquier cambio en las características en las enfermedades habituales de esa población.
Plan de Vigilancia Ambiental y protocolo
El Programa de Vigilancia Epidemiólogica y de Salud Ambiental es ejecutado por el Ministerio de Salud mediante un Protocolo de Estudio de Salud Ambiental prospectivo, con el objetivo de medir las consecuencias en la salud de la población de Gualeguaychú que, se estima, puede estar produciendo la planta de producción de pasta base de celulosa y además poder registrar e inferir en esas consecuencias de la salud que es lo que atañe a la cartera sanitaria entrerriana.
Este protocolo consta en sus etapas iniciales de un estudio y estado de situación inicial de recolección de datos, cartografía, investigación sobre varias consideraciones.
Entre las etapas efectuadas a fines de 2007 ya se habían iniciado actividades de formación permanente y capacitación en aspectos clínico–toxicológico, atención primaria ambiental, sistemas de información en salud ambiental, indicadores de salud ambiental, evaluación de programas de salud, emergencias toxicológicas entre otros. La jornada fue destinada al personal de los equipos de salud de la ciudad de Gualeguaychú: médicos, bioquímicos, enfermeros, promotores de salud y comunitarios, administrativos del Hospital Centenario, Centros de Salud municipales y provinciales, equipo técnico de la Asamblea Ambiental. A partir de esta reunión surgieron varias consideraciones como la necesidad de crear un Consultorio de Salud Ambiental –sobre el cual se está trabajando- con un grupo de especialistas conformado entre otros por profesionales médicos, epidemiólogos, enfermeros. Asimismo se definió la construcción de una mesa intersectorial donde se lleve a cabo una participación conjunta entre los gobiernos provincial y municipal; la implementación y fortalecimiento de estrategias epidemiológicas ambientales y el diseño y aplicación de protocolos para sospecha temprana y derivación oportuna de pacientes con síntomas de contaminación química ya que, tal como lo revela el Ministerio de Salud, la prevención es una estrategia central.
Desmonte y menos precipitaciones en Chaco
La deforestación provoca una disminución de precipitaciones en la región del Gran Chaco
Fecha de Publicación: 10/09/2010
Fuente: Emprender en la región
Provincia/Región: Chaco
La deforestación de los bosques nativos y el consecuente avance de la frontera agrícola impactarán de manera progresiva en distintas variables climáticas de la Región del Gran Chaco. A esa conclusión arribó un estudio presentado recientemente en el Congreso Internacional de la American Geophisical Union, por el Grupo de Investigación de Ciencias Atmosféricas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste.
El estudio “El impacto de la deforestación en las precipitaciones de la región del Gran Chaco” analiza las modificaciones en los valores de la precipitación producto de la deforestación actual en la región debido a la sojización y a la intensa actividad ganadera que se desarrolla. Se explican además, los mecanismos de los procesos de interacción suelo-atmósfera, mediante simulaciones con un modelo climático.
De acuerdo a lo expresado por el doctor Manuel Pulido, director del Grupo, la trascendencia de las conclusiones se debe al hecho de que hay muy pocos estudios que se han concentrado en esta región Subtropical. “Está muy estudiada la deforestación del Amazonas y sus consecuencias por ser considerado como un pulmón para el planeta. Pero en la región subtropical del gran Chaco no se conoce la respuesta climática debido al desmonte de la región".
La utilización de modelos climáticos de simulación permite analizar distintos escenarios posibles, obtener respuestas, extrapolarlas, para finalmente trasladar esas conclusiones a la realidad y comprobar su cumplimiento.
La región del Gran Chaco estudiada abarca parte de la República del Paraguay, Formosa, Chaco hasta el centro de la provincia de Santa Fé. Hacia el oeste se extiende hasta Uruguay; Entre Ríos, Corrientes, y el sur de Brasil. Se tomó esa región como objeto de estudio porque es donde se ha producido una importante intensificación de la agricultura en los ultimos años.
Desmonte. “En principio nosotros lo que queremos es medir las variaciones en el clima regional producto del desmonte que se esta realizando por el avance de la frontera agropecuaria" señaló Patricia Blatter becaria de CONICET e integrante del grupo de investigación.
La deforestación está generando efectos climáticos notables. “A pesar de que estamos trabajando aún con casos idealizados, hay evidencia contundente de estos procesos”, expresó el doctor Juan Ruíz otro miembro del grupo.
“La conclusión más importante es la gran sensibilidad que se observó en las variables climáticas al uso del suelo. Más allá de que todavía la investigación está en pleno curso, se pudo comprobar la notable sensibilidad que hay en las variables climáticas en el cambio del uso del suelo” expresó el doctor Manuel Pulido.
Trabajo. Para poder realizar este estudio se eligieron dos casos (de manera simulada) y en cada uno de ellos se modificó el uso de suelo actual de la región de estudio. En uno de los casos se cubrió el suelo de la región con pasto, de esta manera se pretendió simular el escenario extremo en el cual toda la región del Gran Chaco este destinada a la producción agrícola y a la agricultura. En el siguiente caso, el suelo estuvo cubierto por bosques, representando así, la composición original de la región. Esto representaría el escenario extremo de hace 200 años, en el cual no hubo ningún tipo de deforestación.
Los resultados muestran que la precipitación simulada para el primer caso, fue menor que la precipitación simulada para el caso bosque.
Otros de los resultados obtenidos son los siguientes:
-También se vieron modificaciones en los flujos de los vientos. Para el caso bosque, se midieron flujos de vientos. Estos penetraron más al sur, más al interior de la región del Gran Chaco, si se lo compara con el caso pastura.
- Se encontraron respuestas dipolares en las precipitaciones. Es decir intensas lluvias en determinadas regiones y disminución en otras. Principalmente en la zona de Misiones se vio que las precipitaciones eran mayores para el caso pasturas, que para el caso bosque.
- Respuesta en la temperatura. Las temperaturas estuvieron también ligadas con las modificaciones que se introdujeron. Para el caso bosque hubo una disminución de la temperatura, en cambio para el caso pastura la temperatura fue mayor.
Modelo Climático. Para el estudio se utilizó un modelo que básicamente permite simular el comportamiento de la atmósfera. Un programa de computadora que resuelve ecuaciones, y simula como será el comportamiento de la atmósfera en una región determinada.
Entre las distintas situaciones que tiene el modelo en cuenta para poder representar el comportamiento de la atmósfera, es el uso que se hace de la superficie. Dicho de otra forma, cómo interactúa la atmósfera con lo que hay en la superficie. Hay flujos de vapor, evaporación de agua desde la superficie hacia la atmósfera, flujos de calor desde la superficie a la atmósfera y viceversa. Entonces el uso que se haga de la superficie evidentemente afectará a lo que sucede en la atmósfera.
Actualmente estos modelos son muy precisos y la distribución de suelo que presentan, están en función a mediciones satelitales. De esta manera se permite ver la distribución de la vegetación, y en base a eso se realizan los pronósticos y las simulaciones.
Fecha de Publicación: 10/09/2010
Fuente: Emprender en la región
Provincia/Región: Chaco
La deforestación de los bosques nativos y el consecuente avance de la frontera agrícola impactarán de manera progresiva en distintas variables climáticas de la Región del Gran Chaco. A esa conclusión arribó un estudio presentado recientemente en el Congreso Internacional de la American Geophisical Union, por el Grupo de Investigación de Ciencias Atmosféricas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste.
El estudio “El impacto de la deforestación en las precipitaciones de la región del Gran Chaco” analiza las modificaciones en los valores de la precipitación producto de la deforestación actual en la región debido a la sojización y a la intensa actividad ganadera que se desarrolla. Se explican además, los mecanismos de los procesos de interacción suelo-atmósfera, mediante simulaciones con un modelo climático.
De acuerdo a lo expresado por el doctor Manuel Pulido, director del Grupo, la trascendencia de las conclusiones se debe al hecho de que hay muy pocos estudios que se han concentrado en esta región Subtropical. “Está muy estudiada la deforestación del Amazonas y sus consecuencias por ser considerado como un pulmón para el planeta. Pero en la región subtropical del gran Chaco no se conoce la respuesta climática debido al desmonte de la región".
La utilización de modelos climáticos de simulación permite analizar distintos escenarios posibles, obtener respuestas, extrapolarlas, para finalmente trasladar esas conclusiones a la realidad y comprobar su cumplimiento.
La región del Gran Chaco estudiada abarca parte de la República del Paraguay, Formosa, Chaco hasta el centro de la provincia de Santa Fé. Hacia el oeste se extiende hasta Uruguay; Entre Ríos, Corrientes, y el sur de Brasil. Se tomó esa región como objeto de estudio porque es donde se ha producido una importante intensificación de la agricultura en los ultimos años.
Desmonte. “En principio nosotros lo que queremos es medir las variaciones en el clima regional producto del desmonte que se esta realizando por el avance de la frontera agropecuaria" señaló Patricia Blatter becaria de CONICET e integrante del grupo de investigación.
La deforestación está generando efectos climáticos notables. “A pesar de que estamos trabajando aún con casos idealizados, hay evidencia contundente de estos procesos”, expresó el doctor Juan Ruíz otro miembro del grupo.
“La conclusión más importante es la gran sensibilidad que se observó en las variables climáticas al uso del suelo. Más allá de que todavía la investigación está en pleno curso, se pudo comprobar la notable sensibilidad que hay en las variables climáticas en el cambio del uso del suelo” expresó el doctor Manuel Pulido.
Trabajo. Para poder realizar este estudio se eligieron dos casos (de manera simulada) y en cada uno de ellos se modificó el uso de suelo actual de la región de estudio. En uno de los casos se cubrió el suelo de la región con pasto, de esta manera se pretendió simular el escenario extremo en el cual toda la región del Gran Chaco este destinada a la producción agrícola y a la agricultura. En el siguiente caso, el suelo estuvo cubierto por bosques, representando así, la composición original de la región. Esto representaría el escenario extremo de hace 200 años, en el cual no hubo ningún tipo de deforestación.
Los resultados muestran que la precipitación simulada para el primer caso, fue menor que la precipitación simulada para el caso bosque.
Otros de los resultados obtenidos son los siguientes:
-También se vieron modificaciones en los flujos de los vientos. Para el caso bosque, se midieron flujos de vientos. Estos penetraron más al sur, más al interior de la región del Gran Chaco, si se lo compara con el caso pastura.
- Se encontraron respuestas dipolares en las precipitaciones. Es decir intensas lluvias en determinadas regiones y disminución en otras. Principalmente en la zona de Misiones se vio que las precipitaciones eran mayores para el caso pasturas, que para el caso bosque.
- Respuesta en la temperatura. Las temperaturas estuvieron también ligadas con las modificaciones que se introdujeron. Para el caso bosque hubo una disminución de la temperatura, en cambio para el caso pastura la temperatura fue mayor.
Modelo Climático. Para el estudio se utilizó un modelo que básicamente permite simular el comportamiento de la atmósfera. Un programa de computadora que resuelve ecuaciones, y simula como será el comportamiento de la atmósfera en una región determinada.
Entre las distintas situaciones que tiene el modelo en cuenta para poder representar el comportamiento de la atmósfera, es el uso que se hace de la superficie. Dicho de otra forma, cómo interactúa la atmósfera con lo que hay en la superficie. Hay flujos de vapor, evaporación de agua desde la superficie hacia la atmósfera, flujos de calor desde la superficie a la atmósfera y viceversa. Entonces el uso que se haga de la superficie evidentemente afectará a lo que sucede en la atmósfera.
Actualmente estos modelos son muy precisos y la distribución de suelo que presentan, están en función a mediciones satelitales. De esta manera se permite ver la distribución de la vegetación, y en base a eso se realizan los pronósticos y las simulaciones.
Argentina planea construir tres plantas atómicas
Argentina planea construir tres plantas atómicas
Fecha de Publicación: 09/09/2010
Fuente: Generacion
Provincia/Región: Nacional
Quiere pertenecer al selecto grupo de países que dominan el ciclo completo de energía nuclear.
Buenos Aires.- Argentina quiere retomar el liderazgo nuclear de la región y anunció un ambicioso plan para construir tres plantas atómicas en los próximos años, aunque tengan la oposición de grupos ecologistas.
“Argentina por primera vez en muchos años tiene un plan nuclear concreto desde el punto de vista electronuclear”, manifestó José Luis Antúnez, vicepresidente de la estatal Nucleoeléctrica Argentina.
El plan incluye concluir la central Atucha II, estancada durante más de una década, levantar dos nuevas centrales y extender la vida útil de Embalse, segunda planta nuclear construida en el país.
Según Antúnez lo que busca el gobierno de la presidenta Cristina Fernández es que Argentina se integre al selecto club de países que dominan el ciclo completo de la energía atómica y que está conformada por EE UU, Francia, Alemania y China.
Fecha de Publicación: 09/09/2010
Fuente: Generacion
Provincia/Región: Nacional
Quiere pertenecer al selecto grupo de países que dominan el ciclo completo de energía nuclear.
Buenos Aires.- Argentina quiere retomar el liderazgo nuclear de la región y anunció un ambicioso plan para construir tres plantas atómicas en los próximos años, aunque tengan la oposición de grupos ecologistas.
“Argentina por primera vez en muchos años tiene un plan nuclear concreto desde el punto de vista electronuclear”, manifestó José Luis Antúnez, vicepresidente de la estatal Nucleoeléctrica Argentina.
El plan incluye concluir la central Atucha II, estancada durante más de una década, levantar dos nuevas centrales y extender la vida útil de Embalse, segunda planta nuclear construida en el país.
Según Antúnez lo que busca el gobierno de la presidenta Cristina Fernández es que Argentina se integre al selecto club de países que dominan el ciclo completo de la energía atómica y que está conformada por EE UU, Francia, Alemania y China.
Rechazan pedido de levantar multas a Bibiloni
Riachuelo: la Justicia rechazó pedido para levantar multas contra el secretario de Ambiente
Fecha de Publicación: 09/09/2010
Fuente: Centro de Información Judicial
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Lo resolvió el juez Luis Armella. Se trata de dos de las cuatro multas de $1.000 diarios impuestas a Homero Bibilioni. Las restantes fueron suspendidas hasta que se resuelvan pedidos de revisión realizados por el funcionario.
El juez federal de Quilmes, Luis Armella, rechazó levantar dos de las cuatro multas con las que había sancionado al secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Homero Bibiloni, por incumplir órdenes judiciales sobre la limpieza del Riachuelo dispuesta en el fallo Mendoza de la Corte Suprema.
El juez había sancionado al funcionario con cuatro multas de 1.000 pesos diarios cada una por el incumplimiento de cuatro disposiciones distintas. Tras una presentación de Bibiloni, Armella resolvió suspender dos de las cuatro sanciones hasta tanto se verifiquen las defensas planteadas por el funcionario, pero rechazó el levantamiento de las otras.
Específicamente, Armella dejó vigentes las sanciones por el incumplimiento en los puntos de “contaminación de origen industrial” y “saneamiento de basurales”, mientras que dejó en suspenso desde el 3 de septiembre pasado las que corresponden a “sistema internacional de medición” e “información pública”.
“En orden al objetivo ‘Contaminación de origen Industrial’, y sin perjuicio de las acciones llevadas a cabo por la Autoridad de Cuenca tendientes a cumplir con las obligaciones impuestas respecto a dicho propósito, ellas no resultan suficientes para conmover el criterio adoptado por ésta judicatura”, señaló el juez.
Con respecto al saneamiento de basurales, el juez expresó que “toda vez que no surge palmaria modificación alguna al estado de cosas que diera lugar a la imposición de las mismas, en especial la concreta y urgente limpieza de los predios, corresponde hacer saber que ellas se mantendrán incólumes”.
En los casos de las multas que se suspenden, el magistrado advirtió que “corresponde hacer saber al Presidente de la Autoridad obligada que en caso de decidir el Suscripto mantener las sanciones, las mismas serán automáticamente exigibles y con efecto retroactivo, debiendo integrar lo que se hubiera devengado de no haber mediado suspensión alguna”.
Polo petroquímico Dock Sud
En otra resolución, el juez Armella intimó al Consejo Directivo de la Acumar para que realice “un plan integral, viable y concreto abarcativo de toda la problemática existente en el denominado ‘polo petroquímico Dock Sud’ que permita abordar y concluir con éxito la adecuación ambiental de la zona”.
“Por ello, resulta necesario intimar al Presidente de la ACUMAR; a los representantes del Poder Ejecutivo Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante esa autoridad; al ministro de la Producción de la Provincia de Buenos Aires; a la ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, al subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación; al intendente Municipal de Avellaneda y al presidente de la empresa AySA, a que se adopten en forma inmediata, articulada y concreta todas las acciones necesarias para dar estricto cumplimiento a las medidas conducentes para la realización del plan integral de adecuación ambiental del polo petroquímico Dock Sud”.
A su vez, el juez advirtió que ”en caso de no respetarse las exigencias y plazos establecidos en la presente en forma efectiva, fehaciente, concisa, acabada y pormenorizada, incurrirán inmediatamente en la responsabilidad que les correspondiere por los mandatos específicos y determinados al incumplimiento de una orden judicial, lo cual los hará pasibles de soportar con sus propios patrimonios el pago de una multa diaria por cada día de demora”.
Plan de seguridad
A su vez, el juez federal de Quilmes intimó tanto al Estado Nacional como al provincial y a la Ciudad de Buenos Aires, a que conformen conjuntamente un plan de seguridad para proteger la zona del camino de sirga, fundamental para llevar adelante el plan de saneamiento.
“Cabe reiterar la necesidad de obtener el real y concreto apoyo logístico y de prevención que los organismos de seguridad deben brindarle a la sociedad toda, como ser, en el control industrial de los establecimientos existentes en la cuenca hídrica, la recuperación y mantención de los espacios públicos y privados, el impedimento de nuevas intrusiones y formaciones de centro de disposición de residuos, las medidas restrictivas al dominio para la efectivización del “camino de sirga” -conforme lo establezca el necesario andamiaje administrativo-, el impedimento de vuelcos clandestinos en las aguas del ‘Riachuelo’ y el control sobre los vehículos de transportes, la desaparición de sustancias contaminantes indebidamente manipuladas en el radio de la Cuenca, y en definitiva, ejecutar toda actividad de control para plasmar en la realidad la correcta prosecución de la actividad saneadora de la Cuenca”, señaló el juez.
Camino de sirga
Poe último, el magistrado intimó a las autoridades de la Acumar a que en un plazo de 15 días presenten un cronograma proyectual para la liberación del camino de sirga desde el comienzo de la Cuenca Baja hasta la Ruta 4, en forma progresiva y conforme a las necesidades de éste procedimiento ejecutorio
Fecha de Publicación: 09/09/2010
Fuente: Centro de Información Judicial
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Lo resolvió el juez Luis Armella. Se trata de dos de las cuatro multas de $1.000 diarios impuestas a Homero Bibilioni. Las restantes fueron suspendidas hasta que se resuelvan pedidos de revisión realizados por el funcionario.
El juez federal de Quilmes, Luis Armella, rechazó levantar dos de las cuatro multas con las que había sancionado al secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Homero Bibiloni, por incumplir órdenes judiciales sobre la limpieza del Riachuelo dispuesta en el fallo Mendoza de la Corte Suprema.
El juez había sancionado al funcionario con cuatro multas de 1.000 pesos diarios cada una por el incumplimiento de cuatro disposiciones distintas. Tras una presentación de Bibiloni, Armella resolvió suspender dos de las cuatro sanciones hasta tanto se verifiquen las defensas planteadas por el funcionario, pero rechazó el levantamiento de las otras.
Específicamente, Armella dejó vigentes las sanciones por el incumplimiento en los puntos de “contaminación de origen industrial” y “saneamiento de basurales”, mientras que dejó en suspenso desde el 3 de septiembre pasado las que corresponden a “sistema internacional de medición” e “información pública”.
“En orden al objetivo ‘Contaminación de origen Industrial’, y sin perjuicio de las acciones llevadas a cabo por la Autoridad de Cuenca tendientes a cumplir con las obligaciones impuestas respecto a dicho propósito, ellas no resultan suficientes para conmover el criterio adoptado por ésta judicatura”, señaló el juez.
Con respecto al saneamiento de basurales, el juez expresó que “toda vez que no surge palmaria modificación alguna al estado de cosas que diera lugar a la imposición de las mismas, en especial la concreta y urgente limpieza de los predios, corresponde hacer saber que ellas se mantendrán incólumes”.
En los casos de las multas que se suspenden, el magistrado advirtió que “corresponde hacer saber al Presidente de la Autoridad obligada que en caso de decidir el Suscripto mantener las sanciones, las mismas serán automáticamente exigibles y con efecto retroactivo, debiendo integrar lo que se hubiera devengado de no haber mediado suspensión alguna”.
Polo petroquímico Dock Sud
En otra resolución, el juez Armella intimó al Consejo Directivo de la Acumar para que realice “un plan integral, viable y concreto abarcativo de toda la problemática existente en el denominado ‘polo petroquímico Dock Sud’ que permita abordar y concluir con éxito la adecuación ambiental de la zona”.
“Por ello, resulta necesario intimar al Presidente de la ACUMAR; a los representantes del Poder Ejecutivo Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante esa autoridad; al ministro de la Producción de la Provincia de Buenos Aires; a la ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, al subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación; al intendente Municipal de Avellaneda y al presidente de la empresa AySA, a que se adopten en forma inmediata, articulada y concreta todas las acciones necesarias para dar estricto cumplimiento a las medidas conducentes para la realización del plan integral de adecuación ambiental del polo petroquímico Dock Sud”.
A su vez, el juez advirtió que ”en caso de no respetarse las exigencias y plazos establecidos en la presente en forma efectiva, fehaciente, concisa, acabada y pormenorizada, incurrirán inmediatamente en la responsabilidad que les correspondiere por los mandatos específicos y determinados al incumplimiento de una orden judicial, lo cual los hará pasibles de soportar con sus propios patrimonios el pago de una multa diaria por cada día de demora”.
Plan de seguridad
A su vez, el juez federal de Quilmes intimó tanto al Estado Nacional como al provincial y a la Ciudad de Buenos Aires, a que conformen conjuntamente un plan de seguridad para proteger la zona del camino de sirga, fundamental para llevar adelante el plan de saneamiento.
“Cabe reiterar la necesidad de obtener el real y concreto apoyo logístico y de prevención que los organismos de seguridad deben brindarle a la sociedad toda, como ser, en el control industrial de los establecimientos existentes en la cuenca hídrica, la recuperación y mantención de los espacios públicos y privados, el impedimento de nuevas intrusiones y formaciones de centro de disposición de residuos, las medidas restrictivas al dominio para la efectivización del “camino de sirga” -conforme lo establezca el necesario andamiaje administrativo-, el impedimento de vuelcos clandestinos en las aguas del ‘Riachuelo’ y el control sobre los vehículos de transportes, la desaparición de sustancias contaminantes indebidamente manipuladas en el radio de la Cuenca, y en definitiva, ejecutar toda actividad de control para plasmar en la realidad la correcta prosecución de la actividad saneadora de la Cuenca”, señaló el juez.
Camino de sirga
Poe último, el magistrado intimó a las autoridades de la Acumar a que en un plazo de 15 días presenten un cronograma proyectual para la liberación del camino de sirga desde el comienzo de la Cuenca Baja hasta la Ruta 4, en forma progresiva y conforme a las necesidades de éste procedimiento ejecutorio
Glaciares en suspenso
Glaciares en suspenso
Fecha de Publicación: 08/09/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Nuevamente quedó postergado el tratamiento de la ley de protección de glaciares que ya tiene media sanción de Diputados. Ante la presión de los senadores cordilleranos y de las empresas mineras, los radicales de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable propusieron considerar el tema en la última sesión de septiembre. En soledad, el kirchnerista Daniel Filmus buscó que se firmara dictamen ayer, pero no fue acompañado por el resto de los legisladores, incluidos los de su propia bancada. Finalmente, en la reunión de presidentes de bloque se acordó convocar a una sesión especial para el 30 de septiembre y en cambio tratar hoy a las 10 una ley de acceso a la información pública, que todavía no tiene dictamen.
Aunque los senadores habían votado una preferencia en la última sesión para someter hoy el tema a consideración, el senador Alfredo Martínez (UCR-Santa Cruz) pidió ayer más tiempo para estudiar el proyecto y escuchar “a todas las voces”. Martínez, de todas formas, propuso comprometerse nuevamente, esta vez para firmar dictamen y aprobar el tema a fin de mes. Su compañero de bloque, el ex gobernador Oscar Castillo, recogió rápidamente el guante y pidió “abrir el debate”. El radical entrerriano Arturo Vera también se sumó. Incluso la senadora cordobesa, Norma Morandini, consintió prolongar su estudio. Los otros senadores que participaron de la reunión fueron Marina Riofrío (San Juan), Teresita Quintela y Ada Maza (La Rioja), Rodolfo Bermejo (Mendoza), Elida Vigo (Misiones), por el Frente para la Victoria, en su mayoría en contra de la sanción proveniente de la Cámara baja.
A la reunión de ayer concurrieron funcionarios del gobierno catamarqueño y del sanjuanino que argumentaron en contra de lo establecido en el proyecto sobre protección de los glaciares y zonas periglaciares, debido a su supuesto impacto en la economía local. En cambio, Ricardo Villalba, director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), explicó que el proyecto consensuado en Diputados tiene los mismos alcances que lo aprobado por unanimidad en el Senado el año pasado. En la Cámara baja el diputado del bloque de Proyecto Sur Miguel Bonasso había consensuado el proyecto con el senador Filmus.
Antes de la sesión especial del jueves 30 están previstas dos reuniones más de la comisión que preside el misionero Eduardo Torres, los martes 21 y 28. Allí se espera que concurran varios gobernadores a defender sus posiciones, como José Luis Gioja, de San Juan, y también otros mandatarios de provincias petroleras como Santa Cruz, Chubut, Neuquén y Río Negro.
En la reunión de presidentes de bloque realizada a las 17 se consensuó convocar a la sesión especial para el 30 y además sesionar hoy a las 10 con el proyecto de acceso a la información pública como tema central. Desde la oposición, la senadora de la Coalición Cívica María Eugenia Estenssoro salió a denunciar un supuesto acuerdo entre el PJ disidente, la UCR y el Frente para la Victoria para tratar un tema “delicado” como éste sin dictamen previo. “Hay sectores de la oposición que están siendo funcionales al kirchnerismo. Hace falta más tiempo, no podemos votar un proyecto sobre el que no sabemos su texto”, dijo la senadora.
El radicalismo y su ex compañero de bancada, Samuel Cabanchik, le replicaron que este tema ya lleva cinco meses de tratamiento en las comisiones y que existe un predictamen que hoy será considerado en el recinto del Senado. Más allá de la polémica, el acuerdo logrado entre el oficialismo y la oposición sólo alcanza al tratamiento en general del proyecto, por lo que no será sancionado hasta que no se apruebe artículo por artículo.
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Aplazan el debate por los glaciares y hubo protestas
Fecha de Publicación: 08/09/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
La organización ambientalista Greenpeace hizo ayer el montaje de un glaciar de 4 metros de altura frente al Congreso para reclamar la urgente sanción en el Senado del proyecto sobre glaciares que fue aprobado en la Cámara baja, similar al que Cristina vetó en el 2008. La acción pasó a la categoría de protesta luego del acuerdo de los bloques de senadores para postergar hasta el 30 de setiembre, en sesión especial, el debate de la ley que estaba programado para esta tarde. La decisión fue por la imposibilidad de avanzar con un dictamen en la Comisión de Ambiente, que optó por convocar a audiencias a gobernadores de zonas cordilleranas y representantes de empresas mineras y petroleras, que apoyan la ratificación del texto votado originalmente por el Senado, más laxo en la protección de zonas aledañas o periglaciares. Las posturas en favor de uno u otro proyecto atraviesan al oficialismo y a sectores de la oposición.
Hoy harán monitoreo en aguas del Sali Dulce
Hoy harán monitoreo en aguas del embalse
Fecha de Publicación: 08/09/2010
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero
Miembros del Comité de Cuenca Salí-Dulce realizarán hoy un nuevo monitoreo de las aguas del embalse de Río Hondo, con el fin de tomar los valores de distintos componentes del agua, en pos de ver si se ha morigerado la situación ambiental. Así lo confirmó ayer a Nuevo Diario, el director de Medio Ambiente de la Provincia, ingeniero Juan Carlos Targa, quien comentó que los controles se realizan una vez por semana, con mayor periodicidad que antes y esto les permitió observar que al menos, en este último tiempo, no hubo que lamentar más mortandad.
Los representantes santiagueños continuarán con su tarea mañana, cuando recorran los ríos tributarios y una vez acumulada toda la información, se convocará a una reunión del Grupo de Gestión en Tiempo Real, posiblemente para el jueves. La semana próxima se hará tarea similar, con la presencia de funcionarios tucumanos.
Habilitarán obra en escuela del interior
El próximo viernes y previo a celebrarse el Día del Maestro, el gobernador de la Provincia, Gerardo Zamora habilitará la obra de refacción y ampliación de la escuela Nº 650 en la localidad de Toro Human, departamento Pellegrini.
Esta localidad del norte provincial está ubicada a unos 350 kilómetros de la Capital de la provincia y el acto tendrá lugar en horas de la mañana, con presencia de autoridades locales y provinciales. La mejora edilicia es de gran significación y fue muy requerida y esperada por la comunidad educativa.
Fecha de Publicación: 08/09/2010
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero
Miembros del Comité de Cuenca Salí-Dulce realizarán hoy un nuevo monitoreo de las aguas del embalse de Río Hondo, con el fin de tomar los valores de distintos componentes del agua, en pos de ver si se ha morigerado la situación ambiental. Así lo confirmó ayer a Nuevo Diario, el director de Medio Ambiente de la Provincia, ingeniero Juan Carlos Targa, quien comentó que los controles se realizan una vez por semana, con mayor periodicidad que antes y esto les permitió observar que al menos, en este último tiempo, no hubo que lamentar más mortandad.
Los representantes santiagueños continuarán con su tarea mañana, cuando recorran los ríos tributarios y una vez acumulada toda la información, se convocará a una reunión del Grupo de Gestión en Tiempo Real, posiblemente para el jueves. La semana próxima se hará tarea similar, con la presencia de funcionarios tucumanos.
Habilitarán obra en escuela del interior
El próximo viernes y previo a celebrarse el Día del Maestro, el gobernador de la Provincia, Gerardo Zamora habilitará la obra de refacción y ampliación de la escuela Nº 650 en la localidad de Toro Human, departamento Pellegrini.
Esta localidad del norte provincial está ubicada a unos 350 kilómetros de la Capital de la provincia y el acto tendrá lugar en horas de la mañana, con presencia de autoridades locales y provinciales. La mejora edilicia es de gran significación y fue muy requerida y esperada por la comunidad educativa.
La ley de glaciares, con muchas posibilidades
La ley de glaciares, con muchas posibilidades
Fecha de Publicación: 07/09/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El Senado retomará esta semana su actividad con el tratamiento de la ley de protección de glaciares, venida en segunda revisión a la Cámara alta. Este tema fue aprobado en la última sesión de Diputados y fuentes del oficialismo y del radicalismo confirmaron a Página/12 que manifestaron su voluntad de sellar hoy un acuerdo en la reunión de presidentes de bloque para llevar al recinto la media sanción y así convertirla en ley. A diferencia de otras ocasiones, se prevé una sesión más bien corta, que arrancaría mañana a las 10 debido a los festejos del año nuevo judío.
Hoy a las 17 los senadores se reunirán en Labor Parlamentaria para definir en detalle la agenda de mañana. En la última sesión se votó, además de glaciares, el tratamiento en preferencia de otros temas controvertidos para el oficialismo. Por un lado, una ley de acceso a la información pública, la derogación de la prórroga de la Emergencia Económica, el marco regulatorio general de servicios públicos (tarifa social), la portabilidad numérica en el servicio de telefonía nacional y, por el otro, la modificación de Código Penal y Procesal Penal respecto del delito de desaparición forzada de personas.
Fuentes del Frente para la Victoria señalaron que de todos esos temas el que podría alcanzar consenso para ser tratado hoy es el de glaciares, que fue producto de las negociaciones que mantuvieron el kirchnerista Daniel Filmus y el diputado de Proyecto Sur Miguel Bonasso. Previo a su tratamiento en el recinto, el tema aún deberá conseguir dictamen en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que se reunirá hoy a las 15. Hasta hace 10 días existían dudas respecto de la posición que adoptaría el bloque kirchnerista, ya que habían anticipado su defensa de la media sanción realizada por unanimidad en el Senado. Finalmente, la bancada que conduce Miguel Pichetto acompañará las modificaciones de Diputados y sólo tendría un par de bajas: la de los sanjuaninos Marina Riofrío y César Gioja, hermano del gobernador José Luis Gioja.
Gioja sostuvo ayer que la provincia “tiene derecho a decidir cómo cuidar sus recursos naturales”, al defender una ley reciente, dictada a nivel provincial, sobre protección de glaciares, diferente de la que debate el Congreso. El senador se manifestó “a favor de la protección de los glaciares, que los recursos naturales que están en San Juan sean manejados, defendiéndolos por supuesto, la provincia”. La sanción que le dio la Legislatura local a un proyecto del gobierno sanjuanino no contempla la protección legal de las zonas periglaciales, como lo establece la norma con media sanción en el Congreso. Otra senadora que votaría en contra es la salteña Sonia Escudero, del PJ disidente. De todas maneras, con la mayoría del bloque kirchnerista, la UCR y otros monobloques, la iniciativa podría mañana convertirse en ley.
Dadas las características de los otros temas con preferencia para tratarse mañana, es posible que el oficialismo no le conceda al Grupo A la inclusión de las iniciativas resistidas por la Casa Rosada, como la aplicación de la tarifa social o la derogación de la Emergencia Económica.
Además de la reunión de Labor Parlamentaria, el Senado recibirá hoy a la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, en la Comisión de Economía, donde brindará precisiones sobre el programa monetario.
Fecha de Publicación: 07/09/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El Senado retomará esta semana su actividad con el tratamiento de la ley de protección de glaciares, venida en segunda revisión a la Cámara alta. Este tema fue aprobado en la última sesión de Diputados y fuentes del oficialismo y del radicalismo confirmaron a Página/12 que manifestaron su voluntad de sellar hoy un acuerdo en la reunión de presidentes de bloque para llevar al recinto la media sanción y así convertirla en ley. A diferencia de otras ocasiones, se prevé una sesión más bien corta, que arrancaría mañana a las 10 debido a los festejos del año nuevo judío.
Hoy a las 17 los senadores se reunirán en Labor Parlamentaria para definir en detalle la agenda de mañana. En la última sesión se votó, además de glaciares, el tratamiento en preferencia de otros temas controvertidos para el oficialismo. Por un lado, una ley de acceso a la información pública, la derogación de la prórroga de la Emergencia Económica, el marco regulatorio general de servicios públicos (tarifa social), la portabilidad numérica en el servicio de telefonía nacional y, por el otro, la modificación de Código Penal y Procesal Penal respecto del delito de desaparición forzada de personas.
Fuentes del Frente para la Victoria señalaron que de todos esos temas el que podría alcanzar consenso para ser tratado hoy es el de glaciares, que fue producto de las negociaciones que mantuvieron el kirchnerista Daniel Filmus y el diputado de Proyecto Sur Miguel Bonasso. Previo a su tratamiento en el recinto, el tema aún deberá conseguir dictamen en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que se reunirá hoy a las 15. Hasta hace 10 días existían dudas respecto de la posición que adoptaría el bloque kirchnerista, ya que habían anticipado su defensa de la media sanción realizada por unanimidad en el Senado. Finalmente, la bancada que conduce Miguel Pichetto acompañará las modificaciones de Diputados y sólo tendría un par de bajas: la de los sanjuaninos Marina Riofrío y César Gioja, hermano del gobernador José Luis Gioja.
Gioja sostuvo ayer que la provincia “tiene derecho a decidir cómo cuidar sus recursos naturales”, al defender una ley reciente, dictada a nivel provincial, sobre protección de glaciares, diferente de la que debate el Congreso. El senador se manifestó “a favor de la protección de los glaciares, que los recursos naturales que están en San Juan sean manejados, defendiéndolos por supuesto, la provincia”. La sanción que le dio la Legislatura local a un proyecto del gobierno sanjuanino no contempla la protección legal de las zonas periglaciales, como lo establece la norma con media sanción en el Congreso. Otra senadora que votaría en contra es la salteña Sonia Escudero, del PJ disidente. De todas maneras, con la mayoría del bloque kirchnerista, la UCR y otros monobloques, la iniciativa podría mañana convertirse en ley.
Dadas las características de los otros temas con preferencia para tratarse mañana, es posible que el oficialismo no le conceda al Grupo A la inclusión de las iniciativas resistidas por la Casa Rosada, como la aplicación de la tarifa social o la derogación de la Emergencia Económica.
Además de la reunión de Labor Parlamentaria, el Senado recibirá hoy a la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, en la Comisión de Economía, donde brindará precisiones sobre el programa monetario.
Ceamse: piden respuesta "personal" de Scioli
Ceamse: la Corte reclama una respuesta "personal" de Scioli
Fecha de Publicación: 07/09/2010
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
El alto tribunal rechazó una nota que presentó el jefe de Gabinete en nombre del Gobernador
La Suprema Corte bonaerense intimó en los últimos días al gobernador bonaerense a que informe qué acciones dispuso en relación al relleno sanitario de Punta Lara, en el marco de una causa que lleva varios años y en la que el máximo tribunal de Justicia provincial ordenó el cierre del predio. Y la Provincia contestó el pedido a través del jefe de Gabinete Alberto Pérez, pero el alto tribunal rechazó la respuesta -en rigor, la consideró no presentada- por entender que quien debió formularla es el propio Daniel Scioli.
Así lo dispuso la Corte en una resolución adoptada en las últimas horas, según pudo saber EL DIA en fuentes calificadas, al plantear que el pedido de información estuvo dirigido a Scioli y que el jefe de Gabinete no tiene atribuciones formales ni legales para representar al Gobernador. Por esa razón, demandó que sea el propio mandatario bonaerense el que suscriba y firme la contestación.
La Corte consideró que la ley de ministerios de la Provincia no le otorga al jefe de Gabinete la facultad de representar al Gobernador. Y en ese marco, le otorgó dos días de plazo a Scioli para que envíe la respuesta, o al menos para que convalide con un escrito personal el informe presentado por Pérez, de acuerdo a lo indicado por las fuentes.
Como se ha venido informando, el alto tribunal emplazó en los últimos días al gobierno provincial para que informe sobre lo actuado en relación al predio ensenadense de la Ceamse, en el marco de una causa promovida por ambientalistas de la Región y en la que se ordenó su cierre.
Ante el requerimiento de la Corte, el Ejecutivo brindó detalles de las acciones que emprendió en un escrito que, como se dijo, fue firmado por el jefe de Gabinete, Alberto Pérez. Y allí hizo referencia a los factores que postergaron el cierre de la planta y los pasos con los que se ha ido avanzando para salir del actual sistema de disposición final de residuos y encarar una nueva modalidad de tratamiento integral que involucrará a los municipios de la Región.
En el informe presentado a la Corte se dieron detalles sobre acciones vinculadas al tratamiento de los residuos del Conurbano y la capital federal y, con relación a nuestra región, se remarcó que la Provincia financiará la construcción de una planta de tratamiento integral del tipo "Basura Cero" y asistirá luego económicamente a los municipios en la misma proporción que lo hace dentro del sistema actual.
Así, tras un repaso de las acciones encaradas para ir resolviendo la problemática planteada en la región capital, el Gobierno precisó que la Provincia "se ha comprometido a solventar la financiación de la construcción de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos en el Partido de La Plata, que resulte ganadora del proceso licitatorio iniciado" por la comuna local. E indicó que se asistirá económicamente "en el pago de la tasa por tonelada de residuos sólidos urbanos tratada en el futuro de manera equivalente al aporte que rige para el subsidio de dicha tasa en el marco de la Ceamse".
El trabajo presentado por el Ejecutivo también aclara que la propuesta del oferente que gane la licitación nacional e internacional abierta por el intendente Bruera, cuyas propuestas se conocerán a fines de este mes, deberá incluir "la incorporación del personal" del relleno sanitario de la Ceamse en idénticas condiciones de vigencia y ejecución en lo referido a los contratos de trabajo vigentes al momento de la suscripción del contrato.
Por cuerda separada, el jefe de Gabinete había asegurado la semana pasada que el gobierno bonaerense confía poder cerrar el año próximo el predio de la Ceamse de Ensenada y planifica construir una "planta modelo" de tratamiento de residuos, en alusión a la que se propone construir el municipio platense.
"Se está avanzando junto al Consorcio Capital y el compromiso de la Provincia y de los municipios que lo integran, para que el año que viene sea solucionado el problema de la disposición final de residuos", indicó Pérez.
El funcionario detalló que desde el gobierno bonaerense están apoyando el proyecto que fue aprobado en el Concejo Deliberante de La Plata basado en estudios realizados por la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Tecnológica Nacional.
Fecha de Publicación: 07/09/2010
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
El alto tribunal rechazó una nota que presentó el jefe de Gabinete en nombre del Gobernador
La Suprema Corte bonaerense intimó en los últimos días al gobernador bonaerense a que informe qué acciones dispuso en relación al relleno sanitario de Punta Lara, en el marco de una causa que lleva varios años y en la que el máximo tribunal de Justicia provincial ordenó el cierre del predio. Y la Provincia contestó el pedido a través del jefe de Gabinete Alberto Pérez, pero el alto tribunal rechazó la respuesta -en rigor, la consideró no presentada- por entender que quien debió formularla es el propio Daniel Scioli.
Así lo dispuso la Corte en una resolución adoptada en las últimas horas, según pudo saber EL DIA en fuentes calificadas, al plantear que el pedido de información estuvo dirigido a Scioli y que el jefe de Gabinete no tiene atribuciones formales ni legales para representar al Gobernador. Por esa razón, demandó que sea el propio mandatario bonaerense el que suscriba y firme la contestación.
La Corte consideró que la ley de ministerios de la Provincia no le otorga al jefe de Gabinete la facultad de representar al Gobernador. Y en ese marco, le otorgó dos días de plazo a Scioli para que envíe la respuesta, o al menos para que convalide con un escrito personal el informe presentado por Pérez, de acuerdo a lo indicado por las fuentes.
Como se ha venido informando, el alto tribunal emplazó en los últimos días al gobierno provincial para que informe sobre lo actuado en relación al predio ensenadense de la Ceamse, en el marco de una causa promovida por ambientalistas de la Región y en la que se ordenó su cierre.
Ante el requerimiento de la Corte, el Ejecutivo brindó detalles de las acciones que emprendió en un escrito que, como se dijo, fue firmado por el jefe de Gabinete, Alberto Pérez. Y allí hizo referencia a los factores que postergaron el cierre de la planta y los pasos con los que se ha ido avanzando para salir del actual sistema de disposición final de residuos y encarar una nueva modalidad de tratamiento integral que involucrará a los municipios de la Región.
En el informe presentado a la Corte se dieron detalles sobre acciones vinculadas al tratamiento de los residuos del Conurbano y la capital federal y, con relación a nuestra región, se remarcó que la Provincia financiará la construcción de una planta de tratamiento integral del tipo "Basura Cero" y asistirá luego económicamente a los municipios en la misma proporción que lo hace dentro del sistema actual.
Así, tras un repaso de las acciones encaradas para ir resolviendo la problemática planteada en la región capital, el Gobierno precisó que la Provincia "se ha comprometido a solventar la financiación de la construcción de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos en el Partido de La Plata, que resulte ganadora del proceso licitatorio iniciado" por la comuna local. E indicó que se asistirá económicamente "en el pago de la tasa por tonelada de residuos sólidos urbanos tratada en el futuro de manera equivalente al aporte que rige para el subsidio de dicha tasa en el marco de la Ceamse".
El trabajo presentado por el Ejecutivo también aclara que la propuesta del oferente que gane la licitación nacional e internacional abierta por el intendente Bruera, cuyas propuestas se conocerán a fines de este mes, deberá incluir "la incorporación del personal" del relleno sanitario de la Ceamse en idénticas condiciones de vigencia y ejecución en lo referido a los contratos de trabajo vigentes al momento de la suscripción del contrato.
Por cuerda separada, el jefe de Gabinete había asegurado la semana pasada que el gobierno bonaerense confía poder cerrar el año próximo el predio de la Ceamse de Ensenada y planifica construir una "planta modelo" de tratamiento de residuos, en alusión a la que se propone construir el municipio platense.
"Se está avanzando junto al Consorcio Capital y el compromiso de la Provincia y de los municipios que lo integran, para que el año que viene sea solucionado el problema de la disposición final de residuos", indicó Pérez.
El funcionario detalló que desde el gobierno bonaerense están apoyando el proyecto que fue aprobado en el Concejo Deliberante de La Plata basado en estudios realizados por la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Tecnológica Nacional.
Córdoba: avance sojero sobre los bosques
Córdoba, caso testigo del avance sojero sobre los bosques
Fecha de Publicación: 06/09/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Córdoba
Una comisión integrada por universidades, ONG y grupos campesinos consensuó un proyecto de ley de bosques. Horas antes de la votación en la Legislatura local, el gobernador envió e hizo aprobar otro texto, elaborado por las entidades rurales.
“Ley 9814” es la denominación oficial de la flamante legislación de Córdoba que regula el uso y cuidado del monte nativo. “Ley del desmonte” y “Ley de los ruralistas” fue bautizada por la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativos (Cotbn), ámbito oficial designado para consensuar una ley de bosques provincial. La Cotbn es el espacio científico y multisectorial que trabajó dos años y propuso una norma que establece cuatro millones de hectáreas como de alto valor de conservación y solicita rigurosos controles. A último momento, horas antes de la votación, la Legislatura provincial desechó el trabajo de la Cotbn y aprobó una ley que reduce el área de conservación a sólo 1,9 millón, permite actividades de peligro ambiental en esa misma zona que debería proteger y deja de lado la participación de la sociedad civil. Desde la propia Secretaría de Ambiente de Córdoba afirmaron que la ley aprobada “no es la mejor” para el ambiente y reconocieron que prevalecieron los intereses de la Mesa de Enlace, que impulsa la soja y la ganadería intensiva. Científicos y campesinos alertan sobre las consecuencias de la ley aprobada: desmontes, desalojos y mayores sequías e inundaciones.
La Cotbn es el espacio oficial designado por la Secretaría de Ambiente para consensuar un proyecto de ley que proteja los bosques nativos, donde participaron tres universidades (de Córdoba, Río Cuarto y Villa María), Parques Nacionales, ONG ambientales y el Movimiento Campesino de Córdoba. Luego de dos años de trabajo, el 4 de agosto pasado el proyecto debía ser aprobado en la Legislatura de Córdoba.
“Se aprobó un texto muy diferente al consensuado, que contiene artículos polémicos, que posibilitan actividades perjudiciales para el ambiente aun en zonas donde debiera prohibirse toda actividad productiva”, explicó la presidenta de la Cotbn, profesora de Ecología Agrícola en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) Alicia Barchuk. Fernando Barri es biólogo, docente de la UNC, investigador del Conicet y miembro de la Cotbn: “Dejaron caer todo un rico proceso participativo, con base productiva, científica y social, por el interés económico de unos pocos, Sociedad Rural y Cartez-CRA. Es una ley que habilita el desmonte”.
El lobby de la Mesa de Enlace estuvo encabezado por la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), pilar de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). También estuvieron presentes la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Federación Agraria Argentina (FAA).
Sobre la base de la ley nacional (ver aparte), las legislaciones provinciales debían realizar un mapeo que determine categorías de conservación según colores: rojo (áreas a proteger), amarillo (se permite uso sustentable) y verde (se puede desmontar). La propuesta de la Cotbn determinaba cuatro millones de hectáreas en rojo. “La ley aprobada la reduce a 1,9 millón y, sobre todo, flexibiliza todos los criterios de las áreas rojas y amarillas, por lo que están en riesgo entre seis y ocho millones de hectáreas”, explicó Mario Barcena, del Movimiento Campesino (MCC).
De los 58 artículos de la ley, el número 14 es el que desató el escándalo. “En aquellos predios (de categoría roja o amarilla) en donde exista o se genere infraestructura para producción bajo riego, se los considerará incluidos en la Categoría de Conservación III (verde).” Fernando Barri tradujo a la práctica: “Habilita de manera encubierta los desmontes en zonas protegidas. Posibilita implantar cultivos sin perjuicio además de secar el acuífero y condenar esa tierra a un futuro salitral”.
La Cotbn explicó que la ley aprobada también deja abierta la posibilidad de realizar “aprovechamiento” en zonas rojas, con uso de maquinaria y siembra de especies exóticas, a pesar de que la norma nacional deja claro que allí sólo se podrá realizar conservación del ecosistema nativo.
Otra crítica es que se eliminó la obligatoriedad de proteger zonas con pendientes superiores al cinco por ciento, que –según la Cotbn– degradarán las cuencas serranas y reducirán el aporte de agua.
La presidenta de la Cotbn, Barchuk, explicó que si no se protege el monte nativo “seguirán los fenómenos ambientales extremos”, desde sequías a inundaciones. “Si no hay bosque que retenga el líquido, el agua se desliza hacia tierras bajas y habrá inundaciones”, explicó.
La ley de bosques dividió a la Federación Agraria. Un sector (filial de Río Cuarto y la juventud federada de Villa María) participó activamente de la Cotbn y acompañó la medida. Incluso emitió una carta de rechazó público a la ley aprobada. Otro sector, ligado directamente al presidente de la FAA provincial, Agustín Pizzichini, privilegió la alianza de la Mesa de Enlace, volvió a jugar para Cartez-CRA e incluso amenazó con cortar rutas si se aprobaba el proyecto de la Cotbn.
El vicepresidente de Cartez, José Manubens Calvet, agradeció el apoyo de Federación Agraria y definió como “muchachos sin mandato” a los federados que participaron de la Cotbn. “La soja pasó todos los límites, es cierto, no se puede negar”, sinceró en tono campechano. También reconoció que la ganadería necesita lugares nuevos y, según su entender, en el norte provincial “hay espacio y necesidad, nosotros ahora podemos ir y dar trabajo”.
“Seguí de cerca todo el proceso de la ley de bosques, y la verdad que el proyecto de la Cotbn era extremo, poco más que no permitía ni cortar una flor en el arco noroeste provincial”, explicó. Preguntó dos veces si de verdad hablaba con Página/12, y las dos veces hizo un silencio que parecía anunciar el fin de la comunicación. “Usted tiene que venir a Córdoba y yo en persona lo llevo a ver lo que es el campo cordobés. Cartez es el campo, no lo dude mi amigo, y Cartez sabe lo que es bueno para la provincia”, afirmó. El presidente de Cartez es Néstor Roulet, que hasta el año pasado fue vicepresidente de CRA y uno de los principales dirigentes de la Mesa de Enlace durante el conflicto por la Resolución 125.
Manubens Calvet afirmó que dejaron la Cotbn porque “había gente sin representatividad, que no sabe nada de campo”, relató con naturalidad que –por el tema ley de bosques– tuvieron reuniones con el ministro de Agricultura (Carlos Gutiérrez) y con “muchos legisladores”. Cuestionó que el proyecto original “pretendía legislar sobre la tierra privada y reconocer a los ocupantes ilegales (campesinos con posesión veinteañal)”. Pidió que los ambientalistas y el periodismo se ocuparan “de las cloacas de la ciudad, que emanan olor insoportable”, y evaluó a la ley sancionada: “No es la ideal, pero ayuda al campo”.
El presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, José Ignacio Romero Díaz, celebró la ley. “Es una respuesta madura a propuestas inmaduras (por el proyecto de la Cotbn). ¿Por qué digo eso? Porque esa Comisión está integrada por fundamentalistas de escritorio que entienden por bosque desde una arboleda hasta un yuyito”, arremetió. Se definió como “ambientalista, pero no extremo”, y evaluó que las entidades rurales jugaron “las fichas maduramente, hablando con el ministro de Agricultura, qué sí entiende de campo, y con nuestros legisladores”.
Las tres universidades que participaron en la Cotbn (de Córdoba, de Río Cuarto y Villa María) están en proceso de evaluación técnica y legal para pedir la inconstitucionalidad de la ley, por la aparente contradicción con la ley nacional. Además, la ley nacional es el piso que deben respetar todas las normas provinciales y, según la Cotbn, la ley cordobesa es más blanda, por lo cual debe ser vetada en su totalidad.
Todo el oficialismo (que responde al gobernador Juan Schiaretti) votó a favor de la cuestionada ley. Desde el área de Prensa del Ministerio de Agricultura explicaron que el ministro estaba de viaje por el interior provincial y no podía atender preguntas. El secretario de Ambiente, Raúl Costa, derivó la entrevista en el director de Fiscalización y Control Ambiental, Alejandro Girón. “No es la ley que hubiéramos querido, no es la mejor ley, hay que reconocerlo. La propuesta de la Cotbn modificada por al Comisión de Asuntos Ecológicos era más estricta, sobre todo en las áreas rojas, pero bueno, el campo tiene su peso, hay muchos legisladores que provienen de zonas netamente agrícolas, es lógico”, se sinceró Girón y no escondió las presiones: “Se cambió la ley porque el sector ruralista exigió cuestiones concretas, como poder realizar actividades en las zonas rojas”.
–¿Agricultura se impuso sobre Ambiente? –preguntó este diario.
–Cada uno defiende lo suyo. Agricultura apuesta a la producción y tiene una capacidad de presión importante. Si esto fuera Alemania y los ambientalistas tuvieran sus diputados verdes el resultado habría sido otro.
Fecha de Publicación: 06/09/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Córdoba
Una comisión integrada por universidades, ONG y grupos campesinos consensuó un proyecto de ley de bosques. Horas antes de la votación en la Legislatura local, el gobernador envió e hizo aprobar otro texto, elaborado por las entidades rurales.
“Ley 9814” es la denominación oficial de la flamante legislación de Córdoba que regula el uso y cuidado del monte nativo. “Ley del desmonte” y “Ley de los ruralistas” fue bautizada por la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativos (Cotbn), ámbito oficial designado para consensuar una ley de bosques provincial. La Cotbn es el espacio científico y multisectorial que trabajó dos años y propuso una norma que establece cuatro millones de hectáreas como de alto valor de conservación y solicita rigurosos controles. A último momento, horas antes de la votación, la Legislatura provincial desechó el trabajo de la Cotbn y aprobó una ley que reduce el área de conservación a sólo 1,9 millón, permite actividades de peligro ambiental en esa misma zona que debería proteger y deja de lado la participación de la sociedad civil. Desde la propia Secretaría de Ambiente de Córdoba afirmaron que la ley aprobada “no es la mejor” para el ambiente y reconocieron que prevalecieron los intereses de la Mesa de Enlace, que impulsa la soja y la ganadería intensiva. Científicos y campesinos alertan sobre las consecuencias de la ley aprobada: desmontes, desalojos y mayores sequías e inundaciones.
La Cotbn es el espacio oficial designado por la Secretaría de Ambiente para consensuar un proyecto de ley que proteja los bosques nativos, donde participaron tres universidades (de Córdoba, Río Cuarto y Villa María), Parques Nacionales, ONG ambientales y el Movimiento Campesino de Córdoba. Luego de dos años de trabajo, el 4 de agosto pasado el proyecto debía ser aprobado en la Legislatura de Córdoba.
“Se aprobó un texto muy diferente al consensuado, que contiene artículos polémicos, que posibilitan actividades perjudiciales para el ambiente aun en zonas donde debiera prohibirse toda actividad productiva”, explicó la presidenta de la Cotbn, profesora de Ecología Agrícola en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) Alicia Barchuk. Fernando Barri es biólogo, docente de la UNC, investigador del Conicet y miembro de la Cotbn: “Dejaron caer todo un rico proceso participativo, con base productiva, científica y social, por el interés económico de unos pocos, Sociedad Rural y Cartez-CRA. Es una ley que habilita el desmonte”.
El lobby de la Mesa de Enlace estuvo encabezado por la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), pilar de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). También estuvieron presentes la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Federación Agraria Argentina (FAA).
Sobre la base de la ley nacional (ver aparte), las legislaciones provinciales debían realizar un mapeo que determine categorías de conservación según colores: rojo (áreas a proteger), amarillo (se permite uso sustentable) y verde (se puede desmontar). La propuesta de la Cotbn determinaba cuatro millones de hectáreas en rojo. “La ley aprobada la reduce a 1,9 millón y, sobre todo, flexibiliza todos los criterios de las áreas rojas y amarillas, por lo que están en riesgo entre seis y ocho millones de hectáreas”, explicó Mario Barcena, del Movimiento Campesino (MCC).
De los 58 artículos de la ley, el número 14 es el que desató el escándalo. “En aquellos predios (de categoría roja o amarilla) en donde exista o se genere infraestructura para producción bajo riego, se los considerará incluidos en la Categoría de Conservación III (verde).” Fernando Barri tradujo a la práctica: “Habilita de manera encubierta los desmontes en zonas protegidas. Posibilita implantar cultivos sin perjuicio además de secar el acuífero y condenar esa tierra a un futuro salitral”.
La Cotbn explicó que la ley aprobada también deja abierta la posibilidad de realizar “aprovechamiento” en zonas rojas, con uso de maquinaria y siembra de especies exóticas, a pesar de que la norma nacional deja claro que allí sólo se podrá realizar conservación del ecosistema nativo.
Otra crítica es que se eliminó la obligatoriedad de proteger zonas con pendientes superiores al cinco por ciento, que –según la Cotbn– degradarán las cuencas serranas y reducirán el aporte de agua.
La presidenta de la Cotbn, Barchuk, explicó que si no se protege el monte nativo “seguirán los fenómenos ambientales extremos”, desde sequías a inundaciones. “Si no hay bosque que retenga el líquido, el agua se desliza hacia tierras bajas y habrá inundaciones”, explicó.
La ley de bosques dividió a la Federación Agraria. Un sector (filial de Río Cuarto y la juventud federada de Villa María) participó activamente de la Cotbn y acompañó la medida. Incluso emitió una carta de rechazó público a la ley aprobada. Otro sector, ligado directamente al presidente de la FAA provincial, Agustín Pizzichini, privilegió la alianza de la Mesa de Enlace, volvió a jugar para Cartez-CRA e incluso amenazó con cortar rutas si se aprobaba el proyecto de la Cotbn.
El vicepresidente de Cartez, José Manubens Calvet, agradeció el apoyo de Federación Agraria y definió como “muchachos sin mandato” a los federados que participaron de la Cotbn. “La soja pasó todos los límites, es cierto, no se puede negar”, sinceró en tono campechano. También reconoció que la ganadería necesita lugares nuevos y, según su entender, en el norte provincial “hay espacio y necesidad, nosotros ahora podemos ir y dar trabajo”.
“Seguí de cerca todo el proceso de la ley de bosques, y la verdad que el proyecto de la Cotbn era extremo, poco más que no permitía ni cortar una flor en el arco noroeste provincial”, explicó. Preguntó dos veces si de verdad hablaba con Página/12, y las dos veces hizo un silencio que parecía anunciar el fin de la comunicación. “Usted tiene que venir a Córdoba y yo en persona lo llevo a ver lo que es el campo cordobés. Cartez es el campo, no lo dude mi amigo, y Cartez sabe lo que es bueno para la provincia”, afirmó. El presidente de Cartez es Néstor Roulet, que hasta el año pasado fue vicepresidente de CRA y uno de los principales dirigentes de la Mesa de Enlace durante el conflicto por la Resolución 125.
Manubens Calvet afirmó que dejaron la Cotbn porque “había gente sin representatividad, que no sabe nada de campo”, relató con naturalidad que –por el tema ley de bosques– tuvieron reuniones con el ministro de Agricultura (Carlos Gutiérrez) y con “muchos legisladores”. Cuestionó que el proyecto original “pretendía legislar sobre la tierra privada y reconocer a los ocupantes ilegales (campesinos con posesión veinteañal)”. Pidió que los ambientalistas y el periodismo se ocuparan “de las cloacas de la ciudad, que emanan olor insoportable”, y evaluó a la ley sancionada: “No es la ideal, pero ayuda al campo”.
El presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, José Ignacio Romero Díaz, celebró la ley. “Es una respuesta madura a propuestas inmaduras (por el proyecto de la Cotbn). ¿Por qué digo eso? Porque esa Comisión está integrada por fundamentalistas de escritorio que entienden por bosque desde una arboleda hasta un yuyito”, arremetió. Se definió como “ambientalista, pero no extremo”, y evaluó que las entidades rurales jugaron “las fichas maduramente, hablando con el ministro de Agricultura, qué sí entiende de campo, y con nuestros legisladores”.
Las tres universidades que participaron en la Cotbn (de Córdoba, de Río Cuarto y Villa María) están en proceso de evaluación técnica y legal para pedir la inconstitucionalidad de la ley, por la aparente contradicción con la ley nacional. Además, la ley nacional es el piso que deben respetar todas las normas provinciales y, según la Cotbn, la ley cordobesa es más blanda, por lo cual debe ser vetada en su totalidad.
Todo el oficialismo (que responde al gobernador Juan Schiaretti) votó a favor de la cuestionada ley. Desde el área de Prensa del Ministerio de Agricultura explicaron que el ministro estaba de viaje por el interior provincial y no podía atender preguntas. El secretario de Ambiente, Raúl Costa, derivó la entrevista en el director de Fiscalización y Control Ambiental, Alejandro Girón. “No es la ley que hubiéramos querido, no es la mejor ley, hay que reconocerlo. La propuesta de la Cotbn modificada por al Comisión de Asuntos Ecológicos era más estricta, sobre todo en las áreas rojas, pero bueno, el campo tiene su peso, hay muchos legisladores que provienen de zonas netamente agrícolas, es lógico”, se sinceró Girón y no escondió las presiones: “Se cambió la ley porque el sector ruralista exigió cuestiones concretas, como poder realizar actividades en las zonas rojas”.
–¿Agricultura se impuso sobre Ambiente? –preguntó este diario.
–Cada uno defiende lo suyo. Agricultura apuesta a la producción y tiene una capacidad de presión importante. Si esto fuera Alemania y los ambientalistas tuvieran sus diputados verdes el resultado habría sido otro.
Gualeguaychú volvió a cortar la ruta a Uruguay
Asambleístas de Gualeguaychú volvieron a cortar la ruta a Uruguay
Fecha de Publicación: 05/09/2010
Fuente: Ambito Financiero
Provincia/Región: Entre Ríos
Durante dos horas, unos 700 vecinos de la ciudad argentina de Gualeguaychú volvieron a cortar el puente internacional con Uruguay para reiterar sus protestas contra la pastera UPM-Botnia de Fray Bentos. Luego, también sobre la ruta 136, decidieron en asamblea realizar movilizaciones a la embajada de Uruguay, Plaza de Mayo y a Fray Ventos.
Allí, los ambientalistas resolvieron realizar una marcha a Plaza de Mayo, a la embajada de Uruguay en Buenos Aires y a la ciudad de Fray Bentos para "rechazar los dichos del canciller uruguayo, Luis Almagro, quien afirmó que es imposible desmantelar la pastera UPM (ex Botnia)", indicaron en una proclama.
Por otra parte, ratificaron su decisión de efectuar asambleas en la ruta 136 todos los domingos de septiembre
En la proclama también indicaron que "es necesario realizar un balance" de todo lo actuado en su lucha contra la pastera y "darlo a conocer a la sociedad".
La ruta 136 se mantuvo cortada durante más de tres años hasta que los asambleístas decidieron efectuar una tregua de 60 días liberando el paso hacia Uruguay, aunque ahora encaran otros métodos de protesta contra la pastera.
Fecha de Publicación: 05/09/2010
Fuente: Ambito Financiero
Provincia/Región: Entre Ríos
Durante dos horas, unos 700 vecinos de la ciudad argentina de Gualeguaychú volvieron a cortar el puente internacional con Uruguay para reiterar sus protestas contra la pastera UPM-Botnia de Fray Bentos. Luego, también sobre la ruta 136, decidieron en asamblea realizar movilizaciones a la embajada de Uruguay, Plaza de Mayo y a Fray Ventos.
Allí, los ambientalistas resolvieron realizar una marcha a Plaza de Mayo, a la embajada de Uruguay en Buenos Aires y a la ciudad de Fray Bentos para "rechazar los dichos del canciller uruguayo, Luis Almagro, quien afirmó que es imposible desmantelar la pastera UPM (ex Botnia)", indicaron en una proclama.
Por otra parte, ratificaron su decisión de efectuar asambleas en la ruta 136 todos los domingos de septiembre
En la proclama también indicaron que "es necesario realizar un balance" de todo lo actuado en su lucha contra la pastera y "darlo a conocer a la sociedad".
La ruta 136 se mantuvo cortada durante más de tres años hasta que los asambleístas decidieron efectuar una tregua de 60 días liberando el paso hacia Uruguay, aunque ahora encaran otros métodos de protesta contra la pastera.
Esta semana habría ley de glaciares
Esta semana habría ley de glaciares
Fecha de Publicación: 05/09/2010
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
El miércoles, el Senado podría aprobar el proyecto que elevó Diputados, con modificaciones. Lo apoyarían algunos legisladores kirchneristas.
Buenos Aires. El Senado puede convertir en ley el miércoles el proyecto de protección a los glaciares y al entorno que los rodea (el ambiente periglacial) en la versión corregida por la Cámara de Diputados, que agregó medidas adicionales para evitar “abusos” por parte de empresas mineras.
La iniciativa, que tuvo la oposición del oficialismo en la Cámara Baja, contaría con el respaldo de kirchneristas. Cabe recordar que la presidenta Cristina Fernández dijo que no vetará ninguna ley que salga del Parlamento.
En 2008, una ley sobre glaciales votada por unanimidad en ambas cámaras se convirtió en el primer veto total de una norma por parte de Cristina Fernández, ante la advertencia de gobernadores sobre la posibilidad de que afectara el desarrollo minero en la zona cordillerana, en particular en San Juan, Mendoza y Catamarca.
El senador oficialista Daniel Filmus, presidente de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, introdujo modificaciones a esa iniciativa, con cambios en la distinción entre glaciares descubiertos, cubiertos y de escombros.
La iniciativa fue aprobada, otra vez por unanimidad, el 22 de octubre de 2009 y girada a Diputados, donde a instancias del legislador de centro-izquierda Miguel Bonasso fueron impuestas nuevas garantías para preservar a los ríos de hielo como fuentes importantes de agua potable y restringir el uso que pudiera ser contaminante por parte de la minería.
Filmus y Bonasso, tras debates públicos, acordaron un texto unificado pero no fue del gusto del oficialismo que dirige Agustín Rossi, que votó en contra, lo que generó prevenciones en el bloque del Senado, que no reconoció el acuerdo y consultó al Ejecutivo sobre cómo seguir.
Finalmente la Presidenta, que había sido acusada de “complicidad” por participar de un encuentro y fotografiarse con los propietarios de la firma minera Barrick Gold, en su visita a Canadá, inversora en la gran minería de Argentina y Chile, decidió no pagar más costos políticos y afirmó que no vetará el texto que resulte al final del proceso.
Quizá suceda eso el miércoles próximo.
Ley de Glaciares: empresas y gremios mineros cuestionan el proyecto
Aseguran que obstaculiza su actividad. Esta semana lo debatirá el Senado.
Cámaras empresarias y el gremio de los trabajadores de la minería cuestionaron hoy en una solicitada conjunta el proyecto de protección de glaciares que debatirá esta semana el Senado al sostener que busca "obstaculizar y prohibir inexplicablemente" su actividad.
El Senado puede convertir en ley el miércoles el proyecto de protección a los glaciares y al entorno que los rodea (el ambiente periglacial) en la versión corregida por la Cámara de Diputados, que agregó medidas adicionales para evitar “abusos” por parte de empresas mineras (ver Esta semana habría ley de glaciares).
El proyecto causó la reacción de los trabajadores y empresas mineras, que señalaron en un comunicado, publicado en los principales diarios del país, que "la normativa nacional y provincial vigente ya regula la protección de estos y otros cuerpos de agua". Reafirmaron además su "compromiso con el respeto por el ambiente y con un desarrollo económico responsable".
De ese modo, la cámara y la asociación obrera de la minería se refirieron a las leyes aprobadas en los últimos cuarenta días por las Legislaturas de San Juan, Salta, La Rioja, Mendoza y Jujuy que generaron sus propias normas en medio del debate por una regulación nacional en defensa de los glaciares tras el veto de la presidenta Cristina Fernández al proyecto original.
La Cámara Argentina de Empresarios Mineros y el gremio AOMA señalaron que la minería "representa el 4 por ciento del PBI nacional" y es "motor de desarrollo sustentable de varias provincias históricamente relegadas".
Pero, al opinar sobre el debate de la norma de protección de glaciares en el Senado advirtieron que "en realidad lo que busca el nuevo proyecto es obstaculizar y prohibir inexplicablemente el desarrollo de la minería".
"Si la iniciativa en Diputados fuera aprobada impediría a las provincias el aprovechamiento de recursos naturales que les pertenecen", estimaron los autores de la solicitada.
Asimismo, consideraron que "se verían afectadas otras actividades" como la construcción, el turismo y los proyectos hidrocarburíferos lo que "generaría una pérdida de empleos y oportunidades de crecimiento económico y social".
Fecha de Publicación: 05/09/2010
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
El miércoles, el Senado podría aprobar el proyecto que elevó Diputados, con modificaciones. Lo apoyarían algunos legisladores kirchneristas.
Buenos Aires. El Senado puede convertir en ley el miércoles el proyecto de protección a los glaciares y al entorno que los rodea (el ambiente periglacial) en la versión corregida por la Cámara de Diputados, que agregó medidas adicionales para evitar “abusos” por parte de empresas mineras.
La iniciativa, que tuvo la oposición del oficialismo en la Cámara Baja, contaría con el respaldo de kirchneristas. Cabe recordar que la presidenta Cristina Fernández dijo que no vetará ninguna ley que salga del Parlamento.
En 2008, una ley sobre glaciales votada por unanimidad en ambas cámaras se convirtió en el primer veto total de una norma por parte de Cristina Fernández, ante la advertencia de gobernadores sobre la posibilidad de que afectara el desarrollo minero en la zona cordillerana, en particular en San Juan, Mendoza y Catamarca.
El senador oficialista Daniel Filmus, presidente de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, introdujo modificaciones a esa iniciativa, con cambios en la distinción entre glaciares descubiertos, cubiertos y de escombros.
La iniciativa fue aprobada, otra vez por unanimidad, el 22 de octubre de 2009 y girada a Diputados, donde a instancias del legislador de centro-izquierda Miguel Bonasso fueron impuestas nuevas garantías para preservar a los ríos de hielo como fuentes importantes de agua potable y restringir el uso que pudiera ser contaminante por parte de la minería.
Filmus y Bonasso, tras debates públicos, acordaron un texto unificado pero no fue del gusto del oficialismo que dirige Agustín Rossi, que votó en contra, lo que generó prevenciones en el bloque del Senado, que no reconoció el acuerdo y consultó al Ejecutivo sobre cómo seguir.
Finalmente la Presidenta, que había sido acusada de “complicidad” por participar de un encuentro y fotografiarse con los propietarios de la firma minera Barrick Gold, en su visita a Canadá, inversora en la gran minería de Argentina y Chile, decidió no pagar más costos políticos y afirmó que no vetará el texto que resulte al final del proceso.
Quizá suceda eso el miércoles próximo.
Ley de Glaciares: empresas y gremios mineros cuestionan el proyecto
Aseguran que obstaculiza su actividad. Esta semana lo debatirá el Senado.
Cámaras empresarias y el gremio de los trabajadores de la minería cuestionaron hoy en una solicitada conjunta el proyecto de protección de glaciares que debatirá esta semana el Senado al sostener que busca "obstaculizar y prohibir inexplicablemente" su actividad.
El Senado puede convertir en ley el miércoles el proyecto de protección a los glaciares y al entorno que los rodea (el ambiente periglacial) en la versión corregida por la Cámara de Diputados, que agregó medidas adicionales para evitar “abusos” por parte de empresas mineras (ver Esta semana habría ley de glaciares).
El proyecto causó la reacción de los trabajadores y empresas mineras, que señalaron en un comunicado, publicado en los principales diarios del país, que "la normativa nacional y provincial vigente ya regula la protección de estos y otros cuerpos de agua". Reafirmaron además su "compromiso con el respeto por el ambiente y con un desarrollo económico responsable".
De ese modo, la cámara y la asociación obrera de la minería se refirieron a las leyes aprobadas en los últimos cuarenta días por las Legislaturas de San Juan, Salta, La Rioja, Mendoza y Jujuy que generaron sus propias normas en medio del debate por una regulación nacional en defensa de los glaciares tras el veto de la presidenta Cristina Fernández al proyecto original.
La Cámara Argentina de Empresarios Mineros y el gremio AOMA señalaron que la minería "representa el 4 por ciento del PBI nacional" y es "motor de desarrollo sustentable de varias provincias históricamente relegadas".
Pero, al opinar sobre el debate de la norma de protección de glaciares en el Senado advirtieron que "en realidad lo que busca el nuevo proyecto es obstaculizar y prohibir inexplicablemente el desarrollo de la minería".
"Si la iniciativa en Diputados fuera aprobada impediría a las provincias el aprovechamiento de recursos naturales que les pertenecen", estimaron los autores de la solicitada.
Asimismo, consideraron que "se verían afectadas otras actividades" como la construcción, el turismo y los proyectos hidrocarburíferos lo que "generaría una pérdida de empleos y oportunidades de crecimiento económico y social".
Siguen las polémicas por Botnia
Uruguay confirmó que no muda la pastera y reavivó la polémica
Fecha de Publicación: 04/09/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Entre Ríos
Aunque los gobiernos de Argentina y Uruguay se vienen dando señales de que el conflicto político por las pasteras está completamente terminado, el canciller oriental, Luis Almagro, dijo ayer que mudar la planta de UPM de Fray Bentos era para su país “impracticable” y le pidió a los asambleístas de Entre Ríos “esperar los resultados de los monitoreos” que empezarán hacer un grupo de científicos de ambos países por todos los establecimientos del binacional Río Uruguay.
“Es impracticable desmantelar esa inversión y trasladarla a otro lado, no existe en el mundo de la realidad”, dijo Almagro a Radio 10 y recordó además que la Argentina y su país se habían “comprometido” en el monitoreo y también “en el libre tránsito de personas y mercaderías”, lo que más pedían siempre los uruguayos en torno a los cortes fronterizos.
El mensaje de Almagro iba dirigido a los asambleístas, que siguen pidiendo la relocalización del gigantesco productor de pasta de celulosa. Pero también le apuntó a la Rosada, que hasta el 20 abril pasado pedía lo mismo que los entrerrianos. Pero ese día la Corte Internacional de Justicia de La Haya determinó que el país vecino había violado el estatuto del Río Uruguay al tiempo que evitó pedir el desmantelamiento de la planta.
A pesar de sus acuerdos con el presidente uruguayo José Mujica, Cristina camina sobre una cornisa ante el fantasma del irresuelto conflicto con los ambientalistas de Gualeguaychú, que mañana volverán a la ruta . Allí estarán cada domingo de setiembre. A favor, el Gobierno tiene el desgaste de la protesta ante la opinión pública. El jueves, el canciller Héctor Timerman tildó a los asambleístas de “protestadores constantes” ( sic ) y dijo que eran un grupo reducido.
A diferencia de lo que sostiene el Gobierno, el problema no parece resuelto. Martín Alazard, referente de los asambleístas, le respondió a Timerman que “la ciudadanía de Gualeguaychú hace muchos años que está movilizada ”.
Los asambleístas tampoco escatiman críticas hacia Timerman. Cuentan que aquel 4 de agosto cuando los recibió en la Cancillería para darles cientos de carpetas -que aún dicen no entender - con el caso judicial de las pasteras, les prometió una visita a Gualeguaychú. Y comprometió también la presencia allí de la consejera legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerutti -cabeza argentina durante el juicio contra Uruguay en La Haya- y la del ecólogo Juan Carlos Colombo, uno de los científicos argentinos que harán ahora los controles a todos los establecimientos que dan al Río Uruguay, empezando por Botnia. Colombo también integró el equipo legal argentino durante el juicio en La Haya, por lo que funcionarios uruguayos deslizaron ya sus críticas en forma anónima a través de la prensa vecina.
De todas maneras, el Gobierno parece decidido a no prestarle más la atención que en el pasado le dispensaba a los asambleístas. La estrategia es claramente la de mantener encapsulado el caso en su judicialización.
Esta semana, Timerman le respondió a una de sus seguidoras de Twitter –a Clarín ya ni siquiera devuelve el llamado– que el corte del puente en Gualeguaychú “no es un tema de Cancillería” , sino “del juez y las autoridades competentes”, posiblemente su colega de Justicia, Julio Alak.
Y en el Gobierno, sabe este diario, no hay ánimo de acompañar a los ambientalistas en otra presentación judicial como buscan ahora en un tribunal internacional distinto al de La Haya.
Idas y vueltas entre las dos orillas
1 - El 28 de julio Cristina Kirchner y José Mujica acordaron un monitoreo conjunto del Río Uruguay, empezando por Botnia y en el marco de a CARU. El comité lo integrarán dos científicos uruguayos y dos argentinos.
2 - Los asambleistas entrerrianos manifestaron su desacuerdo, argumentando desconocer los detalles. Timerman los recibió el 4 de agosto en la Cancillería y les entregó carpetas con el caso presentado en La Haya.
3 - Según los ambientalistas, Timerman les prometió ir a Gualeguaychú con el equipo legal de la Cancillería y no cumplió. El Gobierno ahora busca aislarlos a través del avance de a querella judicial que presentó en su contra.
4 - El 19 de agosto venció la tregua de 60 días que dieron los asambleistas y decidieron volver al corte de la ruta 136 en Gualeguaychú. Por ahora, será sólo unas horas, los domingos de setiembre.
Fecha de Publicación: 04/09/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Entre Ríos
Aunque los gobiernos de Argentina y Uruguay se vienen dando señales de que el conflicto político por las pasteras está completamente terminado, el canciller oriental, Luis Almagro, dijo ayer que mudar la planta de UPM de Fray Bentos era para su país “impracticable” y le pidió a los asambleístas de Entre Ríos “esperar los resultados de los monitoreos” que empezarán hacer un grupo de científicos de ambos países por todos los establecimientos del binacional Río Uruguay.
“Es impracticable desmantelar esa inversión y trasladarla a otro lado, no existe en el mundo de la realidad”, dijo Almagro a Radio 10 y recordó además que la Argentina y su país se habían “comprometido” en el monitoreo y también “en el libre tránsito de personas y mercaderías”, lo que más pedían siempre los uruguayos en torno a los cortes fronterizos.
El mensaje de Almagro iba dirigido a los asambleístas, que siguen pidiendo la relocalización del gigantesco productor de pasta de celulosa. Pero también le apuntó a la Rosada, que hasta el 20 abril pasado pedía lo mismo que los entrerrianos. Pero ese día la Corte Internacional de Justicia de La Haya determinó que el país vecino había violado el estatuto del Río Uruguay al tiempo que evitó pedir el desmantelamiento de la planta.
A pesar de sus acuerdos con el presidente uruguayo José Mujica, Cristina camina sobre una cornisa ante el fantasma del irresuelto conflicto con los ambientalistas de Gualeguaychú, que mañana volverán a la ruta . Allí estarán cada domingo de setiembre. A favor, el Gobierno tiene el desgaste de la protesta ante la opinión pública. El jueves, el canciller Héctor Timerman tildó a los asambleístas de “protestadores constantes” ( sic ) y dijo que eran un grupo reducido.
A diferencia de lo que sostiene el Gobierno, el problema no parece resuelto. Martín Alazard, referente de los asambleístas, le respondió a Timerman que “la ciudadanía de Gualeguaychú hace muchos años que está movilizada ”.
Los asambleístas tampoco escatiman críticas hacia Timerman. Cuentan que aquel 4 de agosto cuando los recibió en la Cancillería para darles cientos de carpetas -que aún dicen no entender - con el caso judicial de las pasteras, les prometió una visita a Gualeguaychú. Y comprometió también la presencia allí de la consejera legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerutti -cabeza argentina durante el juicio contra Uruguay en La Haya- y la del ecólogo Juan Carlos Colombo, uno de los científicos argentinos que harán ahora los controles a todos los establecimientos que dan al Río Uruguay, empezando por Botnia. Colombo también integró el equipo legal argentino durante el juicio en La Haya, por lo que funcionarios uruguayos deslizaron ya sus críticas en forma anónima a través de la prensa vecina.
De todas maneras, el Gobierno parece decidido a no prestarle más la atención que en el pasado le dispensaba a los asambleístas. La estrategia es claramente la de mantener encapsulado el caso en su judicialización.
Esta semana, Timerman le respondió a una de sus seguidoras de Twitter –a Clarín ya ni siquiera devuelve el llamado– que el corte del puente en Gualeguaychú “no es un tema de Cancillería” , sino “del juez y las autoridades competentes”, posiblemente su colega de Justicia, Julio Alak.
Y en el Gobierno, sabe este diario, no hay ánimo de acompañar a los ambientalistas en otra presentación judicial como buscan ahora en un tribunal internacional distinto al de La Haya.
Idas y vueltas entre las dos orillas
1 - El 28 de julio Cristina Kirchner y José Mujica acordaron un monitoreo conjunto del Río Uruguay, empezando por Botnia y en el marco de a CARU. El comité lo integrarán dos científicos uruguayos y dos argentinos.
2 - Los asambleistas entrerrianos manifestaron su desacuerdo, argumentando desconocer los detalles. Timerman los recibió el 4 de agosto en la Cancillería y les entregó carpetas con el caso presentado en La Haya.
3 - Según los ambientalistas, Timerman les prometió ir a Gualeguaychú con el equipo legal de la Cancillería y no cumplió. El Gobierno ahora busca aislarlos a través del avance de a querella judicial que presentó en su contra.
4 - El 19 de agosto venció la tregua de 60 días que dieron los asambleistas y decidieron volver al corte de la ruta 136 en Gualeguaychú. Por ahora, será sólo unas horas, los domingos de setiembre.
Dique para frenar la inundación en Ayuí Grande
Dique para frenar la inundación en Ayuí Grande
Fecha de Publicación: 03/09/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Corrientes
Aníbal Fernández explicó que buscan detener los trabajos hasta tener información sobre el impacto ambiental del proyecto. “No me guío por chusmeríos”, respondió al ser consultado sobre la participación de un directivo del Grupo Clarín en el emprendimiento.
El Gobierno decidió interponer ante la Corte Suprema de la Nación un recurso de amparo para que se dicte “una medida cautelar de no innovar” con respecto al proyecto de represa de Ayuí Grande, que pretende inundar unas ocho mil hectáreas en Corrientes para un emprendimiento arrocero. La presentación apunta a detener las obras hasta tanto no se hayan llevado a cabo los estudios de impacto ambiental del proyecto que afectará una superficie equivalente a la mitad de la ciudad de Buenos Aires. “Hemos tomado esta decisión para paralizar cualquier obra que se haya comenzado, hasta poder contar con la información que nos permita evaluar los alcances del emprendimiento”, explicó el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, al anunciar la decisión. Consultado por la relación de uno de los directivos del Grupo Clarín con este emprendimiento, el funcionario negó tener esa información. “Aunque algunos lo afirman, no me guío por chusmeríos”, respondió.
“La decisión se fundamentó en dos puntos: el daño ambiental irreversible y el daño ecológico y la necesidad de garantizar el cumplimiento de los deberes autoimpuestos por la Argentina al firmar el acuerdo del Río Uruguay”, explicó Fernández, que también destacó que “Corrientes nunca ha presentado los estudios respectivos”, a pesar de que el gobierno nacional lo solicitó en tres ocasiones. “Esa omisión por parte de la provincia debe cesar. Así lo impone la Constitución. Debemos hacer las evaluaciones del caso. Debemos tener las garantías de que no habrá complicaciones”, insistió, ya que “el impacto ambiental de la obra puede ser muy negativo para Corrientes”.
Ayuí Grande es el nombre que lleva el proyecto de construir una represa sobre el caudaloso arroyo homónimo (los locales lo llaman río), que nace en las faldas de las sierras Cuchilla Grande, en la provincia de Entre Ríos, y desemboca en el río Uruguay, tras recorrer los departamentos correntinos de Mercedes, Paso de los Libres, Curuzú Cuatiá y Monte Caseros, siempre cercano a los Esteros del Iberá. La iniciativa inundará unas ocho mil hectáreas de la provincia de Corrientes, equivalentes a la mitad de la superficie de la ciudad de Buenos Aires, con la finalidad de establecer un gigantesco campo de cultivo de arroz. La inversión correría por cuenta de, entre otras, las empresas Copra SA (vinculada con el directivo del Grupo Clarín José Aranda y dueña de uno de los arrozales más grandes del país, en el departamento de Mercedes) y Adeco Agro (propiedad del magnate húngaro George Soros).
“Pretendemos una medida de no innovar hasta que terminen todos los estudios. El Gobierno procura que se haga entrega de todos los antecedentes, que deben ser analizados por los técnicos gubernamentales en medio ambiente”, expuso Fernández. “Se procura inundar miles de hectáreas, lo que afectaría el medio ambiente, y correríamos riesgos internacionales –agregó el jefe de Gabinete, en referencia al Estatuto Bilateral del Río Uruguay–. No se trata de ningún problema interno. La obra, de 77 mil hectáreas y ocho mil inundadas, provocará un grave impacto ambiental. No tenemos información adecuada y es lo que requerimos para realizar el respectivo estudio”, justificó la decisión.
El funcionario recordó que a pesar de que “el gobierno correntino permitió el inicio de las obras de Ayuí Grande en ambas márgenes del arroyo”, las autoridades locales “nunca han aportado la información adecuada de la obra” para que sea sometida al escrutinio que establecen las leyes federales en la materia. “Nuestra responsabilidad es velar por los presupuestos mínimos de protección ambiental pero, al mismo tiempo, debemos cumplimentar la ley de conservación y aprovechamiento de los bosques nativos”, completó.
“De ser como creemos, porque carecemos de los datos mínimos, el impacto que va a producir es muy grande, lo que estamos pretendiendo es conocer toda la información de lo que pretenden hacer, lo pedimos por todos los medios y hasta ahora no lo obtuvimos”, precisó, antes de recordar que “la información fue solicitada tres veces”, sin una respuesta satisfactoria. Aunque no es la primera represa de la zona, sí sería la primera de esta magnitud que se realizaría para beneficio de un emprendimiento privado y no por iniciativa y para provecho estatal.
El proyecto fue aprobado por el ex gobernador Arturo Colombi mediante un decreto que firmó poco antes de dejar su cargo y refrendado por su primo y sucesor, Ricardo Colombi, a través de una ley aprobada por el Parlamento correntino aunque denunciada por inconstitucional por organizaciones ecologistas y vecinos.
Fecha de Publicación: 03/09/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Corrientes
Aníbal Fernández explicó que buscan detener los trabajos hasta tener información sobre el impacto ambiental del proyecto. “No me guío por chusmeríos”, respondió al ser consultado sobre la participación de un directivo del Grupo Clarín en el emprendimiento.
El Gobierno decidió interponer ante la Corte Suprema de la Nación un recurso de amparo para que se dicte “una medida cautelar de no innovar” con respecto al proyecto de represa de Ayuí Grande, que pretende inundar unas ocho mil hectáreas en Corrientes para un emprendimiento arrocero. La presentación apunta a detener las obras hasta tanto no se hayan llevado a cabo los estudios de impacto ambiental del proyecto que afectará una superficie equivalente a la mitad de la ciudad de Buenos Aires. “Hemos tomado esta decisión para paralizar cualquier obra que se haya comenzado, hasta poder contar con la información que nos permita evaluar los alcances del emprendimiento”, explicó el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, al anunciar la decisión. Consultado por la relación de uno de los directivos del Grupo Clarín con este emprendimiento, el funcionario negó tener esa información. “Aunque algunos lo afirman, no me guío por chusmeríos”, respondió.
“La decisión se fundamentó en dos puntos: el daño ambiental irreversible y el daño ecológico y la necesidad de garantizar el cumplimiento de los deberes autoimpuestos por la Argentina al firmar el acuerdo del Río Uruguay”, explicó Fernández, que también destacó que “Corrientes nunca ha presentado los estudios respectivos”, a pesar de que el gobierno nacional lo solicitó en tres ocasiones. “Esa omisión por parte de la provincia debe cesar. Así lo impone la Constitución. Debemos hacer las evaluaciones del caso. Debemos tener las garantías de que no habrá complicaciones”, insistió, ya que “el impacto ambiental de la obra puede ser muy negativo para Corrientes”.
Ayuí Grande es el nombre que lleva el proyecto de construir una represa sobre el caudaloso arroyo homónimo (los locales lo llaman río), que nace en las faldas de las sierras Cuchilla Grande, en la provincia de Entre Ríos, y desemboca en el río Uruguay, tras recorrer los departamentos correntinos de Mercedes, Paso de los Libres, Curuzú Cuatiá y Monte Caseros, siempre cercano a los Esteros del Iberá. La iniciativa inundará unas ocho mil hectáreas de la provincia de Corrientes, equivalentes a la mitad de la superficie de la ciudad de Buenos Aires, con la finalidad de establecer un gigantesco campo de cultivo de arroz. La inversión correría por cuenta de, entre otras, las empresas Copra SA (vinculada con el directivo del Grupo Clarín José Aranda y dueña de uno de los arrozales más grandes del país, en el departamento de Mercedes) y Adeco Agro (propiedad del magnate húngaro George Soros).
“Pretendemos una medida de no innovar hasta que terminen todos los estudios. El Gobierno procura que se haga entrega de todos los antecedentes, que deben ser analizados por los técnicos gubernamentales en medio ambiente”, expuso Fernández. “Se procura inundar miles de hectáreas, lo que afectaría el medio ambiente, y correríamos riesgos internacionales –agregó el jefe de Gabinete, en referencia al Estatuto Bilateral del Río Uruguay–. No se trata de ningún problema interno. La obra, de 77 mil hectáreas y ocho mil inundadas, provocará un grave impacto ambiental. No tenemos información adecuada y es lo que requerimos para realizar el respectivo estudio”, justificó la decisión.
El funcionario recordó que a pesar de que “el gobierno correntino permitió el inicio de las obras de Ayuí Grande en ambas márgenes del arroyo”, las autoridades locales “nunca han aportado la información adecuada de la obra” para que sea sometida al escrutinio que establecen las leyes federales en la materia. “Nuestra responsabilidad es velar por los presupuestos mínimos de protección ambiental pero, al mismo tiempo, debemos cumplimentar la ley de conservación y aprovechamiento de los bosques nativos”, completó.
“De ser como creemos, porque carecemos de los datos mínimos, el impacto que va a producir es muy grande, lo que estamos pretendiendo es conocer toda la información de lo que pretenden hacer, lo pedimos por todos los medios y hasta ahora no lo obtuvimos”, precisó, antes de recordar que “la información fue solicitada tres veces”, sin una respuesta satisfactoria. Aunque no es la primera represa de la zona, sí sería la primera de esta magnitud que se realizaría para beneficio de un emprendimiento privado y no por iniciativa y para provecho estatal.
El proyecto fue aprobado por el ex gobernador Arturo Colombi mediante un decreto que firmó poco antes de dejar su cargo y refrendado por su primo y sucesor, Ricardo Colombi, a través de una ley aprobada por el Parlamento correntino aunque denunciada por inconstitucional por organizaciones ecologistas y vecinos.
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