Reabren la investigación: el enigmático caso de los 300 barriles oxidados con petróleo enterrados en una playa bonaerense

Fecha de Publicación: 19/06/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires


Por décadas parecieron grandes dunas de arena, pero nunca lo fueron. Muchos visitantes y hasta los mismos vecinos de Arroyo Parejas, en el municipio bonaerense de Coronel Rosales, las rodeaban sin percatarse de que, bajo aquellos montículos repartidos en esta zona situada 40 minutos al sur de Bahía Blanca, se escondían más de 300 barriles de petróleo avejentados, varios de ellos rotos.
Guadalupe Álvarez fue una de las primeras en verlos en 2022 y la única que denunció ante las autoridades la presencia de “más de 70 tambores” corroídos por décadas de contacto con la humedad marina. Ella vive en Coronel Rosales, el pueblo vecino; es ingeniera ambiental y directora de una organización ambientalista llamada Humedal Arroyo Pareja-Isla Cantarelli (Hapic). Cuando los encontró, estaba haciendo un monitoreo de aves después de una fuerte sudestada que golpeó la costa bahiense en marzo de ese año.
En 2023, unos meses después del hallazgo, la Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas de Bahía Blanca, conocida como “policía ecológica”, identificó alrededor de 300 tambores oxidados, con capacidad para almacenar 200 litros de petróleo cada uno, abultados y soterrados cerca de la costa. Varios de ellos tenían una inscripción en relieve que decía en mayúsculas YPF.
“Evidentemente, alguien los había tapado con tierra y después de la tormenta se empezaron a ver. Yo no tenía idea ni de que YPF había estado acá”, reconoció Álvarez en diálogo con LA NACIÓN. Por iniciativa propia, empezó una investigación que después se convertiría en denuncia penal. Además de ser activista e ingeniera, Álvarez es perito ambiental para la gobernación provincial. Hace averiguaciones como esta en su día a día.
Así pudo saber que la empresa estatal petrolera había operado en una zona franca costera entre Coronel Rosales y Bahía Blanca hasta 1994. Se enteró también que, dos años antes de que se fuera de aquel puerto, hubo un derrame de alrededor de 700 m³ de petróleo –alrededor de 3500 tambores– a pocos kilómetros de la zona; al menos eso fue lo que la prensa en aquellos años reprodujo. En 1996 aquel sitio pasó a manos de Otamerica, antes Oil Tanking Ebytem SA, la filial nacional de una empresa de almacenamiento de crudo de origen holandés. 
El derrame ocurrió frente a la base naval Puerto Belgrano y se extendió sobre las rías bahienses hasta llegar a Monte Hermoso, a 100 kilómetros del epicentro. En la zona, el incidente se convirtió en un escándalo mediático que acumuló denuncias municipales, una investigación de la Prefectura Naval y la preocupación por los daños que generaría en el ambiente. La empresa estatal tomó medidas de remediación y recolectó los remanentes de petróleo que pudo. No está claro a dónde fueron aquellos tambores.
Cuando Álvarez descubrió esto, le pareció que los barriles que había encontrado y el derrame de 1992 tenían un punto de conexión. Decidió entonces tomar medidas legales. En la demanda que presentó, testificaría ante la policía ecológica que dos trabajadores de YPF de aquella época le confirmaron que habían llevado los tambores con el petróleo de aquel derrame a dos locaciones: una dentro de la planta en la que hoy trabaja Otamerica y otra en donde, en marzo de 2022, una sudestada dejaría al descubierto los barriles que ella encontró.
LA NACION se comunicó con YPF y explicaron que aquel derrame terminó en una acción de remediación. Aunque no pudieron dar certeza de qué pasó después con los hidrocarburos recuperados, pusieron en duda el vínculo entre los 300 barriles y la petrolera estatal, pues “en aquella época todas las empresas usaban los barriles de YPF”, afirmaron. “Podría haber sido cualquiera y en distintos momentos. Tampoco hay una orden judicial para investigarlo”, aclararon.
A principios de 2023, Álvarez radicó una denuncia penal y se abrió un expediente en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº12 del Departamento Judicial Bahía Blanca, a cargo de la fiscal Leila Scavarda. Esa investigación condensó una serie de evidencias fotográficas actuales y archivo hemerográfico. Las imágenes mostraban los tambores de petróleo soterrados en aquella zona cercana a Coronel Rosales. Según la ingeniera, el principal acusado sería YPF, aunque según se expone en la causa la relación entre la empresa y los tambores no fue comprobada. No obstante, hay un responsable de resarcir los daños.
La ley de pasivos ambientales (14.343) establece en su artículo 5 que “están obligados a recomponer los pasivos ambientales y/o sitios contaminados, los sujetos titulares de la actividad generadora del daño y/o los propietarios de los inmuebles, en el caso de que no se pueda ubicar al titular de la actividad”. Según Álvarez, la Provincia es la propietaria de esa zona y el responsable sería el consorcio del Puerto Coronel Rosales, cuyo presidente en aquella época era Rodrigo Aristimuño (PJ), hoy director del puerto e intendente de Coronel Rosales. En diálogo con LA NACION, Aristimuño negó ser responsable de aquel pasivo ambiental y también dijo que ese sitio no es administrado por el consorcio. A pesar de ello, sostuvo que después de la denuncia fueron ellos los que se encargaron de pagar para que se tomaran las medidas de remediación correspondientes.
En julio de 2023 contrataron a la empresa especializada en saneamiento ambiental DSL SA para que se encargara de aquella zona contaminada. También recibieron asesoría técnica y préstamo de herramientas de parte de Otamerica. Según los reportes y análisis de suelo a los que este medio tuvo acceso, correspondientes a esa fecha, los valores parecen óptimos.
Joaquín Maltas, especialista en recuperación de suelos contaminados y presidente de la empresa DSL SA, descartó la versión de Álvarez. Piensa que, más que barriles de un derrame, aquel sitio fue solamente un depósito de chatarra de todas las compañías que trabajaron en el puerto. Confirmó que su empresa fue la encargada de hacer los estudios y la remediación, aunque hasta el momento –y a pesar de existir una causa abierta– Álvarez no supo que habían ejecutado esa remediación. Ella asegura que sigue habiendo contaminación por petróleo en aquella playa y que existen irregularidades en esos estudios, como la falta de un análisis de contaminación en agua.
“Lo que me importa es que se invierta en remediar los daños, porque no solo fue el derrame sino que probablemente barriles de petróleo recuperado podrían seguir enterrados en Arroyo Parejas”, planteó la perito.
La zona donde se encontraron los barriles está justo al lado de la Reserva Natural Bahía Blanca, que es también parte de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras (WHSRN por sus siglas en inglés). En la costa argentina, casi un 40% de las aves son consideradas vulnerables, están amenazadas, en peligro o en peligro crítico de extinción. Estas, en general, se alimentan de peces, cangrejos o algún sedimento orgánico que se entremezcla con la arena. Para Álvarez, el petróleo de estos barriles contaminó por décadas el sitio y podría seguir haciéndolo.
La idea de un derrame conduce a imágenes de animales recubiertos de un betún negro y brillante, pero el caso de Arroyo Parejas es distinto. La teoría de Álvarez es que, con el tiempo, el petróleo que había dentro de aquellos tambores se fue haciendo cada vez más viscoso. Prueba de ello serían los terrones de arena que había en la superficie del suelo en aquel sitio en 2022 y que perduran hasta la actualidad.
La consistencia del petróleo avejentado se acerca más a la de brea, que, según Álvarez, con el calor se fluidifica y se esparce. Para ella, además, existe una gran posibilidad de que una parte de esos 300 tambores se hayan roto y el líquido en su interior se haya escurrido.
“El problema es lo que no vemos, lo que está abajo, porque todos los derrames de este tipo lo que hacen es generar una pluma subterránea de derrame”, advirtió Álvarez. Ella teme que exista petróleo algunos metros debajo de la superficie que siga contaminando el agua y el suelo.
Maltas aseguró que debajo de los barriles no había ninguna señal de plumas hidrocarburíferas profundas. O sea que no había manchones que, al escarbar, revelaran que había más petróleo. “Se hicieron vuelos con drones a muy baja altura, barridos con drones, y después se hicieron recorridos a pie. Para mí era chatarra de tambores vacíos o semivacíos”, ponderó el experto. Con esto, el presidente de DSL SA se refiere a que había solo remanentes petroleros en los tambores.
En general, los estudios de suelo muestran valores óptimos y, según Maltas, análisis de agua no fueron necesarios por la superficialidad de la contaminación, a pesar de que en un primer momento fueron solicitados de forma expresa por el gobierno provincial. “Por como estaba el suelo, se decidió no tomar muestreos del agua superficial para el informe, aunque internamente los hicimos y nos dieron valores normales”, explicó a LA NACION. Además de los estudios técnicos, DSL SA se encargó de retirar los tambores y afirmaron que probablemente se llevaron más de 300.
El proceso duró alrededor de seis meses y los estudios fueron aprobados por el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires y el entonces presidente de Puerto Coronel Rosales, Aristimuño, que desde diciembre de 2023 es intendente del municipio. Este medio se comunicó con estos actores, quienes afirmaron que todos los protocolos se ejecutaron de manera correcta. 
En la fiscalía, la causa fue archivada en octubre del año pasado, aunque se desarchivó poco después de las consultas de LA NACION sobre el caso. En primera instancia, habían dicho que no existían “elementos de prueba que permitan acreditar con el grado de certeza requerido”; se aclaró que la resolución de archivo no era una sentencia definitiva y que no extinguía la acción penal. Según el propio Código Procesal Penal, “nuevas circunstancias pueden fundar la persecución penal en el futuro”. En diciembre del año pasado, Álvarez había apelado la decisión de archivar el expediente y fue unas semanas atrás que la fiscalía retomó la investigación.
En enero pasado, Álvarez había regresado a la zona afectada para inspeccionarla. Tomó registros fotográficos y de video en los que muestra todavía fragmentos de tambores soterrados y terrones de presunto petróleo recubierto de arena. En diálogo con este medio, consideró que la remediación fue un engaño y que los estudios tuvieron un proceso irregular.
A pesar de ello, tanto el presidente de DSL SA como el Ministerio de Ambiente bonaerense, Aristimuño y representantes de Otamerica dicen haber realizado y aprobado la remediación, respectivamente, hace tiempo. Todos mostraron su sorpresa ante la reactivación del caso después de la sudestada, con una causa archivada y ahora reabierta.
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Sector forestal de Corrientes fortalece su compromiso con la biodiversidad y el ambiente

Fecha de Publicación: 19/06/2025
Fuente: Diario Corrientes Hoy
Provincia/Región: Corrientes


Durante el pasado Día Internacional de la Biodiversidad, se destacó que el sector forestal de Corrientes se posiciona como un actor clave en el estudio y la conservación de la fauna nativa. En un contexto donde el desarrollo productivo y el cuidado ambiental parecen a veces opuestos, esta experiencia demuestra que es posible integrarlos de forma planificada, sostenida en el tiempo y basada en evidencia científica.
Desde hace varios años, empresas de Corrientes, vienen realizando monitoreos de fauna silvestre en las plantaciones forestales y zonas de AVC (alto valor de conservación) con técnicas modernas y no invasivas como el uso de cámaras trampa.
Estos estudios permiten relevar la presencia de mamíferos medianos y grandes en sus predios, generando información valiosa sobre la riqueza, distribución y comportamiento de especies, muchas de ellas protegidas o en peligro.
Un ejemplo de ello es el trabajo que realiza la Fundación ProYungas junto a la empresa Bosques del Plata, quienes brindaron los datos del último relevamiento realizado en 2023 en predios vinculados a la cuenca del Bañado Virocay y el arroyo Yohaza, donde se obtuvieron más de 4.900 imágenes en 576 días-cámara. El resultado: 264 registros independientes que confirmaron la presencia de 11 especies de mamíferos nativos, incluyendo al ocelote (Leopardus pardalis) —una especie clasificada como vulnerable a nivel nacional—, y otras especies de valor como el tamanduá (Tamandua tetradactyla) y la paca (Cuniculus paca), ambas Cercanas a la amenaza.
El monitoreo se realizó en 12 estaciones distribuidas entre mogotes de monte nativo y forestaciones, sin el uso de cebos ni interferencias.
Esta metodología permite registrar especies sin alterar su comportamiento natural, aportando datos valiosos sobre su abundancia relativa, patrones de actividad y uso de hábitat. Además, se registraron 15 especies de aves, entre ellas una que representa el primer registro formal para Corrientes: la paloma montera castaña (Geotrygon montana).
Estos estudios se inscriben en un proceso de largo plazo que busca no solo monitorear, sino también construir corredores biológicos, reconocer áreas de refugio para fauna y sensibilizar al personal forestal en conservación de biodiversidad.

Objetivo de los programas de monitoreo de fauna
A través de estos monitoreos, se busca identificar y mitigar posibles impactos negativos de las actividades en la fauna local, promoviendo prácticas de manejo sostenible que favorezcan tanto la producción forestal como a la protección de la vida silvestre.
Corrientes cuenta en la actualidad con más de 500.000 hectáreas de forestaciones implantadas, siendo la provincia con mayor superficie del país, y junto con Misiones producen más del 70% de la madera comercial. Por eso, entender el papel de estas plantaciones dentro del ecosistema es esencial. El sector forestal no es solo parte del paisaje productivo, sino también del entramado ecológico que puede sostener especies clave si se maneja con planificación y responsabilidad.
Argentina se pretende fomentar, priorizando el enfoque de conservación de producción, especialmente en ecorregiones de alta biodiversidad como los campos y malezales del noreste argentino.
Los datos generados no solo enriquecen el conocimiento científico de la región, sino que también abren nuevas puertas para políticas de manejo sustentable, planificación territorial y educación ambiental.
En este Día de la Biodiversidad, el mensaje es claro: la conservación no es un freno al desarrollo, sino una forma de hacerlo en forma sostenible.
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Polémica ambientalista en Hudson por la construcción de un barrio privado

Fecha de Publicación: 18/06/2025
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires


Organizaciones ambientalistas mostraron su preocupación por el desarrollo del emprendimiento inmobiliario Ayres de Hudson, un barrio privado que avanza en una zona de Hudson, en el partido de Berazategui, a pocos metros de la Reserva de Biósfera Pereyra Iraola.
El proyecto, impulsado por la empresa Fiducia Urbana S.A. —parte del Grupo Klover—, contempla la construcción de 134 viviendas sobre un terreno de 13 hectáreas ubicadas al oeste de las vías del tren. Según explican los ambientalistas de la zona, para habilitar el loteo, el municipio “vendió 182 metros de la calle Lisandro de la Torre a precio fiscal”, eso decir, por debajo del valor comercial.
“Esto benefició directamente al desarrollador y representó una pérdida para el patrimonio público”, denunció Ernesto Salgado, referente del Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente. “El municipio, además, se negó a entregar información sobre el proyecto, lo que nos obligó a judicializar el caso. La Cámara de Apelaciones nos dio la razón y ordenó que se garantice el acceso a la documentación”, agregó.
Desde el Foro y otras organizaciones sociales y ambientales sostienen que el área intervenida debería ser considerada parte de la zona de amortiguación de la Reserva, tal como recomendó la UNESCO. “Los árboles que están siendo talados son idénticos a los que se preservan dentro del perímetro formal de la Reserva. Son parte del mismo ecosistema”, advirtió Salgado.
Entre los puntos del proyecto que más preocupan a las organizaciones se encuentra la falta de conexión a la red de agua potable. La empresa planea extraer agua del acuífero Puelche mediante un pozo central, lo que podría afectar la sostenibilidad del recurso. En cuanto a los efluentes cloacales, el informe presentado por la empresa indica que se canalizarán hacia una planta interna que los derivará a la red pública. Sin embargo, según Salgado, esta red ya presenta graves deficiencias y podría colapsar ante la sobrecarga.
Otra preocupación clave es el destino de las aguas pluviales. El proyecto prevé su descarga en el arroyo Baldovinos, que atraviesa sectores de la Reserva. “No se trata solo de agua de lluvia: arrastran contaminantes domésticos como detergentes, aceites y otros residuos”, explicaron desde la Asamblea de la Reserva.
El Foro cuestiona el emprendimiento por su proximidad a un área natural de valor estratégico para toda la región. Y explican “Ademas los pluviales terminarían en el arroyo Baldovinos, que corre por detrás del barrio en una parte y en otra por el borde. Los pluviales como se saben son contaminantes porque la gente arroja jabón, aceite, entre otros elementos”.
Por ahora, llaman a actuar con urgencia para evitar una degradación ambiental irreversible, pero no descartan tomar otras medidas.
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Alarma por un inminente decreto para modificar la Ley de Glaciares: “Vienen por el agua, es un hecho”

Fecha de Publicación: 18/06/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


“La modificación la escribieron los abogados de la Barrick Gold”, denunció el abogado ambientalista Enrique Viale. Ya hubo un primer intento por reducir la protección de glaciares a través de la Ley Bases, pero el punto fue eliminado del documento final. Ahora el Gobierno vuelve a la carga.
“La modificación de la Ley de Glaciares es un viejo anhelo del lobby minero, que siempre trabajó muy fuertemente contra esta norma. Tanto cuando se sancionó por primera vez –y logró su veto presidencial– como cuando insistimos con esa ley en 2010. El lobby siempre buscó la forma de boicotearla. Ahora creen que hay una ventana, con este gobierno liberal que no tiene en agenda la cuestión ambiental y es negacionista de la problemática ecológica. Creen que es la gran oportunidad. Todos los rumores y datos que tenemos indican que van contra la Ley de Glaciares y que lo harían o buscando su modificación en el Congreso o con un decreto, que puede ser un DNU o un decreto reglamentario que termine desvirtuado los alcances de protección de la norma”. Lo decía el abogado ambientalista Enrique Viale en octubre del año pasado. En los últimos días y ante la inminencia de un decreto presidencial para modificar la Ley 26.639, la preocupación recrudeció: “Vienen por el agua, es un hecho”, alertó el letrado.
Según trascendió en las últimas horas, el Gobierno modificará la ley de Glaciares mediante un decreto para ampliar las áreas habilitadas de explotación a través de la reducción de zonas protegidas. Según consignó TN, se busca también darles atribuciones a las provincias sobre los espacios donde pueden generar industrias, supuestamente tras exigir informes de impacto ambiental.
La intención de modificar la Ley de Glaciares no es nueva. Hubo un primer intento antes de la sanción de la Ley de Bases. En una primera versión de esa normativa el Gobierno nacional incluyó los cambios a la ley “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, pero fue eliminada del documento final por falta de apoyo legislativo y cuestionamientos por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que calificó al proyecto de “regresivo”.
Luego, a fines del año pasado, la entonces subsecretaria de Ambiente de la Nación, Ana Lamas, admitió ante la prensa que se estaba trabajando para sacar “escollos” en una normativa que tiene “mucha indefinición”. No hubo precisiones y la funcionaria renunció en febrero de este año. Pero el objetivo sigue firme.

«Nuestra vida en la tierra es gracias a los glaciares»
Siempre bajo el argumento de priorizar el fomento de inversiones extranjeras, el Gobierno apunta a un cambio en la normativa que resguarda los glaciares. “Quieren permitir la explotación en la zona periglaciar, hoy protegida por la ley”, advirtió la presidenta de la agrupación Jóvenes por el Clima Argentina, Nicole Becker.
A través de su cuenta de Instagram remarcó que “en Argentina tenemos más de 16.000 glaciares. Como todos los glaciares del mundo, nuestros glaciares cada vez están derritiéndose más. El Perito Moreno (que no es de los que más retrocedió para nada) perdió 1,92 km² de superficie en solo 7 años. ¿Cuánto es eso? Aproximadamente 320 canchas de fútbol”.
Sobre los riesgos que implica desproteger los glaciares, enfatizó: “Nuestra vida en la tierra es gracias a los glaciares. No sólo el 70% del agua dulce del mundo viene de los glaciares sino que también regulan la temperatura a nivel mundial (porque reflejan la luz solar). No tiene ningún tipo de sentido desprotegerlos aún más”.

“Lo escribió la Barrick”
“Lo que están haciendo es un decreto que elimina gran parte de los glaciares del ambiente de protección. La modificación la escribieron los abogados de la Barrick Gold”, denunció Viale en diálogo con CNN Radio. Añadió que la iniciativa “es la misma que se quiso hacer en 2016 y que logramos pararla con las movilizaciones y que se quiso hacer con la Ley Bases. Es quirúrgica la modificación que se hace pero es suficiente para destruir estas fábricas de agua”.
“Gran parte de Argentina es árida y semiárida y gran parte se nutre de agua de los ríos que nacen en la cordillera a partir de los glaciares. En ese lugar –insistió- las grandes transnacionales mineras están acechando, desde que se sancionó la ley, en 2010, para destruir los glaciares y sacar minerales de abajo”.
“Estos emprendimientos son muy voraces y no reconocen límites. Quieren hacer una actividad netamente extractivista, en 10 o 15 años explotarla de la forma más salvaje posible, de una forma irracional”, pronosticó. Y remató: “La afectación de esto es para siempre”. Después, no habrá vuelta atrás.

Más Información:

Tiempo Sur - Presentan proyecto en repudio a posibles cambios en la Ley de Glaciares
Diputados de Santa Cruz propusieron una resolución para rechazar cualquier intento del Ejecutivo nacional de modificar por decreto la Ley N.º 26.639, que protege los glaciares y ambientes periglaciares. 
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Los recursos ambientales se agotan

Fecha de Publicación: 17/06/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


El día del sobregiro, a partir del cual el país utiliza más recursos de los que es capaz de regenerar, está cerca y ambientalistas llamaron la atención sobre la pérdida de diversidad, el desfinanciamiento y la retirada del Estado.
Según la organización Global Footprint Network, el día donde Argentina consume más recursos de los que la Tierra puede regenerar en un año llega este 2025 el 3 de julio. El promedio mundial para este año es apenas 21 días después: el 24 de julio. Con respecto a esta fecha,  la organización internacional de sustentabilidad difundió: "Actualmente, la humanidad utiliza la naturaleza un 80% más rápido de lo que los ecosistemas terrestres tardan en regenerarse, haciendo que este sobregiro sea equivalente a usar 1.8 planetas Tierra".
Así, explicaron que este nivel de sobreexplotación se debe al agotamiento del "capital natural" que compromete la seguridad de los recursos a largo plazo. "Las consecuencias son visibles en la deforestación, la erosión del suelo, la pérdida de biodiversidad y la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera. Esto contribuye a una mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos y a la disminución de la producción de alimentos", detallaron.
Lucas Micheloud, co-director ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, describió la situación actual como una "regresión ambiental inaceptable" en diálogo con Página/12. Advirtió que estar cerca de la fecha de sobregiro es "una grave alarma". Sin embargo, puntualizó: "la responsabilidad no está distribuida de manera equitativa. No son los sectores populares quienes empujan este colapso, sino un modelo económico basado en el sobreconsumo de recursos, la exportación de naturaleza y la profundización del extractivismo como modelo de (mal)desarrollo".
El artículo 41 de la Constitución Nacional "implica una obligación concreta del Estado: no sólo evitar el daño ambiental, sino prevenirlo, restaurarlo y garantizar el principio de sustentabilidad. Sin embargo, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), junto con la profundización del modelo extractivista --basado en el saqueo de bienes comunes como el litio, los hidrocarburos y los minerales--, va en sentido contrario", comentó el abogado. Actualmente, 16 provincias están adheridas al RIGI.
Micheloud indicó que este régimen vulnera el ambiente --entendiéndolo como el "entramado vital que sostiene nuestras vidas y donde se desarrolla la vida humana y no humana"-- de manera estructural, ya que "promueve la megaminería, el fracking, el offshore y el agronegocio sin participación ciudadana, sin licencia social y sin estudios de impacto ambiental serios".

En retirada
Matías Arrigazzi, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina, explicó en comunicación con Página/12: "Mientras que combatir el cambio climático ayuda a proteger las especies y su hábitat, la preservación de la biodiversidad también juega un papel esencial en la regulación del clima a nivel global". Sin embargo, la biodiversidad nacional fue afectada. La superficie de bosques patagónicos quemada esta temporada estival se cuadruplicó en comparación con la anterior: se afectaron 31.722 hectáreas en seis meses. En Greenpeace lo describieron como de los peores incendios --por su magnitud e impacto-- de las últimas tres décadas. La retirada del Estado en las políticas públicas ambientales contribuyó a esa estadística: "prácticamente todas las áreas sensibles como el control forestal, la fiscalización ambiental, el sistema de cuencas o el acceso a la información ambiental están siendo desguazadas", agregó Micheloud.
"Se paralizan programas, se despide personal técnico, se desfinancian organismos de control, se ataca a los científicos y se desoye la voz de las comunidades", denunció Micheloud y ejemplificó: "Áreas clave como el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) fue transferido del ex Ministerio de Ambiente --hoy reducido a una Secretaria junto a Turismo y Deportes-- al Ministerio de Seguridad de Bullrich". Así, el SNMF cambió una lógica de prevención, restauración y gestión ecosistémica del fuego por "una mirada punitiva y militarizada, donde el fuego se aborda como una amenaza a ser 'controlada', y no como un fenómeno complejo a ser entendido y prevenido con enfoque ambiental", describió el abogado.
Alrededor del 38% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país provienen de la deforestación, la ganadería y la agricultura. En este sentido, Micheloud reiteró que "no se trata de cambiar hábitos individuales, sino de transformar estructuras. Necesitamos frenar el avance de los proyectos extractivos, fortalecer las economías regionales, respetar los límites ecológicos, proteger a las comunidades campesinas, indígenas y urbanas vulnerables y defender nuestros ecosistemas. También es clave apoyar las luchas territoriales y construir una transición justa, que entienda que no hay justicia ambiental si no hay justicia social". Para él, la pobreza y la desigualdad son el resultado directo de un "sistema extractivo que contamina y mata".

Extintos
Las organizaciones alertaron sobre la pérdida de diversidad: a nivel mundial, más de un millón de especies se están extinguiendo y en Argentina aves, peces, reptiles y mamíferos están en peligro de extinción. Arrigazzi destacó al yaguareté "que ocupa un rol fundamental en la cadena trófica y en el equilibrio de sus ecosistemas", pero que actualmente corre este peligro porque se pierde su habitat, debido a la deforestación y al cambio climático. Sin embargo, existen proyectos de reintroducción de la especie para repoblar los Parques Nacionales y Arrigazzi contó el trabajo de la organización para lograr la "deforestación cero y la conservación de corredores biológicos en el Gran Chaco".
"Cada día que pasa sin medidas concretas es una oportunidad perdida para proteger el ambiente en todas sus formas. Restaurar y conservar nuestros ecosistemas es esencial para garantizar agua, aire limpio y alimento para las generaciones presentes y futuras", concluyó Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace.
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La Justicia emplazó al gobierno rionegrino para que cumpla con el ordenamiento de bosques

Fecha de Publicación: 17/06/2025
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


El STJ le otorgó 30 días para resolver el tema, al acoger una acción de mandamus presentada por dos ongs. El atraso para ejecutar lo establecido en la ley ya superó los 10 años. 
El Superior Tribunal de Justicia consideró injustificado el atraso de varios años que acumula el gobierno de Río Negro en definir y aprobar el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y le otorgó un plazo de 30 días hábiles para presentar “un plan de trabajo que detalle las tareas a realizar y la duración que insumirá la ejecución de las distintas etapas del cronograma” para cumplir con esa obligación.
El STJ falló en esos términos al dar curso a un mandamus presentado por la Asociación Árbol de Pie y la Fundación Ambiente, Desarrollo y Hábitat Sustentables, de Bariloche, que accionaron después de topar una y otra vez con el rechazo o las dilaciones de la Subsecretaría de Recursos Forestales cuando intentaron lo mismo por vía administrativa.
La tarea sin hacer que arrastra la provincia desde hace más de una década consiste en relevar y clasificar las áreas con presencia de bosque nativo dentro de su territorio y elaborar un mapa con los colores rojo, amarillo y verde, que la ley nacional estableció como regla para regular las actividades permitidas y el estátus de protección que corresponda en cada caso.
La normativa nacional que Río Negro adoptó como propia a través de la ley 4.552 impone la realización de un mapa inicial (elaborado en 2010) y luego revisiones quinquenales, que nunca se efectuaron. Ese incumplimiento generó repetidas quejas especialmente en la zona cordillerana, donde hay valiosas superficies cubiertas de vegetación nativa expuestas al desmonte indiscriminado.

Ritmo de trabajo
El Superior Tribunal ordenó a la provincia que cumpla en el plazo fijado con las tareas que le encomienda la ley y que “deberán acotarse a la mínima expresión de tiempo y mayor ritmo de trabajo posible”.
La falta de un mapa actualizado, según las organizaciones que recurrieron a la Justicia, fue aprovechada en Bariloche y la región para avanzar con emprendimientos inmobiliarios que afectan al bosque, que consiguieron permisos del municipio, y que no hubieran prosperado de existir un mapa protector actualizado.
Luego de conocer el fallo, aclararon que ahora “tanto la subsecretaría de Recursos Forestales como las autoridades municipales deben abstenerse de dar nuevas autorizaciones de apeos o desmontes hasta tanto el mapa de bosques sea actualizado y aprobado por la Legislatura”.
El descargo de la Fiscalía de Estado provincial (que no convenció a los jueces) había negado la existencia de «rehusamiento” de parte del gobierno a cumplir con la ley y a brindar los informes requeridos, “ni mucho menos una afectación de derechos de la ciudadania”. La sentencia tampoco atendió el dictamen del procurador Jorge Crespo, quien propuso rechazar el mandamus por considerarlo “improcedente”.

El pacto de Escazú
Al impugnar la conducta seguida hasta ahora por el Ejecutivo provincial, el fallo observó que “no logra vislumbrarse un impedimento concreto para la revisión” del ordenamiento de bosques como lo exige la ley 4.552. Al desacreditar cualquier razón para la demora subrayó también que esa ley provincial “no fue modificada ni reemplazada por una nueva norma”.
En otra novedad que fue destacada por los demandantes, el máximo tribunal consideró aplicable la regla establecida por el acuerdo de Escazú (un convenio internacional incorporado por ley y que tiene rango constitucional) según el cual rige para los temas ambientales “la carga dinámica de la prueba”.
Es decir que la obligación de probar la eventual inexistencia de daños en el ambiente corresponde a la autoridad competente, en este caso la subsecretaría de Recursos Forestales. Y no al revés.
Los denunciantes destacaron que entre los fundamentos del fallo se indica que la falta de actualización del mapa de bosques por más de diez años configura un “rehusamiento notorio del deber legal”. Y que la provincia no acreditó las razones concretas de ese atraso.
Según el STJ, la urgencia por resolver el tema y el plazo acotado que otorga el fallo se funda en que “la omisión de actualización de dicho instrumento normativo (por el ordenamiento de bosques) es susceptible de afectar negativamente los objetivos fijados por la legislación protectoria”, a la que definió como “una herramienta para la conservación de los ecosistemas forestales naturales”.
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El peligro acecha en el río Paraná: confirmaron los niveles de glifosato más altos de Sudamérica en uno de sus afluentes

Fecha de Publicación: 16/06/2025
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Litoral Argentino


El registro científico de la contaminación de los cursos de agua de Entre Ríos que desembocan en el Paraná se presentó en el VIII Congreso Internacional de Salud Socioambiental
Encontrar en uno de los arroyos que desembocan en el río más importante de Argentina la concentración con glifosato más alta de Sudamérica, debería encender alguna alarma que derive en acciones urgentes. Por esa razón, el grupo de científicos que realizó éste y otros descubrimientos preocupantes en relación a la contaminación extrema de los cursos de agua que confluyen en el río Paraná, fueron divulgados recientemente en una revista científica y en un foro internacional de salud socioambiental.
Tal como lo vienen haciendo desde hace años, el biólogo Rafael Lajmanovich junto a un equipo de científicos de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), el Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conicet), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y el Instituto Nacional de Limnología (Inali), realizaron nuevos estudios que confirmaron la contaminación extrema de cuatro cursos de agua ubicados en Entre Ríos y que desembocan en el río Paraná.
Las conclusiones que fueron recientemente publicadas en la revista científica Water Environment Research, se presentaron ante el auditorio del VIII Congreso Internacional de Salud Socioambiental que se desarrolló entre el 10 y el 12 de junio en Rosario, bajo la consigna “El rol de las ciencias ante la crisis civilizatoria”.

Reconocimiento
La investigación fue aceptada previamente por un comité de expertos, para ser publicada en la prestigiosa revista de divulgación científica como el “paper” titulado “Impacto ecotoxicológico de la agroindustria en los arroyos de una cuenca sudamericana: renacuajos anfibios como indicadores de salud ambiental”.
El propósito del trabajo de investigación fue “evaluar la contaminación compleja causada por actividades antrópicas relacionadas con actividades urbanas, industriales y agrícolas en cuatro arroyos de Entre Ríos, Argentina (Las Conchas, Espinillo, Crespo y Las Tunas), siendo el primero la principal fuente de agua de la reserva de conservación riparia (ribereña) subtropical Parque Escolar Rural Enrique Berduc ”.

Agroquímicos y medicamentos
En el paper se demostró que “las industrias agrícolas contribuyen a la contaminación del agua, liberando agroquímicos, materia orgánica, nutrientes y medicamentos veterinarios”.
El estudio tuvo como objetivo “evaluar la calidad del agua y los efectos ecotoxicológicos de un arroyo que recibe efluentes agroindustriales de la producción lechera a escala industrial y la escorrentía pluvial de las actividades agrícolas”.
Abordó además un análisis integral de parámetros fisicoquímicos, metales, pesticidas, medicamentos veterinarios y aspectos microbiológicos en tres sitios de muestreo ubicados aguas arriba, cerca de una descarga de drenaje lechero y también aguas abajo. Se evaluaron bioensayos de ecotoxicidad crónica letal y biomarcadores en larvas de Rhinella arenarum.
La exposición de Lajmanovich en el congreso de salud sociambiental, contó con la presentación de imágenes actuales e impactantes de grandes cañerías volcando efluentes en los arroyos de la cuenca del Paraná, así como de fauna con malformaciones.

Arroyos peligrosos
Concretamente en los arroyos Las Tunas y Crespo en Entre Ríos “se documentaron condiciones de extrema toxicidad: cocteles de agrotóxicos, coloración negra, olor pútrido, oxígeno disuelto por debajo de niveles críticos y niveles de Escherichia coli miles de veces superiores a los valores guía para la vida acuática. En bioensayos, el 100% de los renacuajos expuestos murieron tras 24 horas”, de acuerdo a lo explicado por Lajmanovich.Lajmanovich resaltó que “este estudio está dedicado a Daniel Verzeñassi, activista ambiental y miembro del Foro Ecologista de Paraná, por su labor social y sus esfuerzos para detener el uso de pesticidas agrícolas en alimentos y seres humanos” .
El equipo de investigadores estuvo conformado por Ana Cuzziol Boccioni, Rafael Lajmanovich, María Rosa Repetti, Andrés Attademo, Cristina Zalazar, Agustina Manassero, Karen Russell-White, María Lancelle, Ayelén Muchiutti, Evelina J. León y Paola Peltzer. Los científicos integran distintas cátedras y laboratorios del Conicet, la UNL, el Inta, y el Inali. El grupo de científicos reunió diferentes disciplinas como la química, la biología y la microbiología, entre otras.
“Tuvimos el objetivo de estudiar en profundidad un fenómeno que veníamos ya dilucidando hace muchos años, tanto en Santa Fe como en Entre Ríos, que es la contaminación de los cursos de agua, sobre todo los arroyos, que desaguan en el río Paraná”, indicó el biólogo.

De larga data
De acuerdo a lo manifestado por el investigador la contaminación se registra desde hace muchos años. “Desde 2008 teníamos antecedentes de estudios en el arroyo Las Tunas; ya para esa época, estaba muy contaminado. Tuvimos unos antecedentes recientes en el arroyo Salto (cerca de Diamante), que también tenía altísimo grado de contaminación y alta cantidad de residuos de pesticidas”.
Agregó que “después realizamos estudios en el arroyo Los Troncos de Santa Fe, que como todos, vuelca en el Paraná. Ahí también detectamos gran contaminación y mortandad de fauna. Y tomando en cuenta lo que había ocurrido este verano con los volcados clandestinos y varios fenómenos de volcados en distintos cursos de agua que terminaban en el arroyo Espinillo y luego en el arroyo Las Conchas, decidimos estudiar toda la cuenca del arroyo Las Conchas; unas 200 mil hectáreas”. 
El biólogo apuntó que los resultados “fueron alarmantes. Con unos niveles de toxicidad extremadamente altos, en especial se destaca el arroyo Las Tunas, donde se encuentran los mayores cocteles contaminantes, agroquímicos y una gran contaminación bacteriana. Es un proceso de contaminación de muchos años. En los otros sitios parecería ser algo más reciente, pero está impactando gravemente”.

Siempre el glifosato
Destacó que “todo está inmerso en un sistema productivo con acumulación de sustancias en los sedimentos, sobre todo glifosato, que es el marcador. Y eso encontramos en el arroyo Las Conchas, donde confluyen estos arroyos. El sedimento del arroyo Las Conchas presentó la mayor concentración de glifosato registrada en Sudamérica (5002 µg/kg) y los bioensayos mostraron una letalidad del 100% en los tratamientos sin diluir".
“Estos hallazgos resaltan la alarmante degradación ambiental que amenaza el concepto ‘Una sola salud’, enfatizando la necesidad de prácticas sustentables y un control severo por parte de la ciencia y el gobierno para proteger y restaurar ecológicamente las fuentes de agua dulce”.

Conclusiones
“Se encontró mala calidad del agua cerca de los puntos de descarga industrial, caracterizada por niveles elevados de amonio, demanda biológica de oxígeno, demanda química de oxígeno y altas concentraciones de metales que excedían las pautas ambientales”, explicó el resumen de la investigación.
También advirtió que “en todos los sitios, se detectaron aspectos microbianos, coliformes totales y coliformes fecales, junto con detergentes, residuos de pesticidas e ivermectina en altas concentraciones, que exhibieron perfiles diversos. Los bioensayos de toxicidad crónica mostraron mortalidad en larvas de anfibios”.
Finalmente el estudio puso énfasis en “la urgente necesidad de mejorar la gestión y la normativa de efluentes en la región para proteger las fuentes de agua dulce y subterránea, la fauna acuática y la salud humana”.
Ahora resta esperar para ver quién recoge el guante de esta realidad que hace tiempo viene siendo denunciada desde diferentes sectores ambientalistas y que la ciencia avaló con sus estudios.
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Proponen una Ley de Emergencia Pesquera Nacional por 24 meses para enfrentar la crisis del sector

Fecha de Publicación: 16/06/2025
Fuente: Portal Pescare
Provincia/Región: Nacional


 Un proyecto de ley propone declarar la Emergencia Pesquera Nacional por 24 meses para enfrentar la crisis económica, social y productiva del sector. Incluye incentivos fiscales, un fondo especial y un sistema obligatorio de trazabilidad. 
Un proyecto de ley ingresado al Congreso propone crear la Ley de Emergencia Pesquera Nacional por el término de 24 meses, con posibilidad de prórroga, con el objetivo de enfrentar la crisis económica, social, ambiental y productiva que atraviesa el sector. La medida alcanzaría a todas las jurisdicciones con actividad pesquera, haciendo foco en las provincias marítimas y fluviales de mayor volumen extractivo e industrialización. El proyecto es impulsado por el diputado nacional por Santa Cruz, José Luis Garrido.
Entre sus objetivos, la iniciativa busca recuperar la sustentabilidad económica del sector, fortalecer el empleo, modernizar la industria, garantizar la trazabilidad de los productos pesqueros y combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). También promueve la expansión de los mercados internacionales y el incremento del consumo interno de productos del mar y de río.
Durante el período de emergencia, el proyecto prevé la suspensión de aumentos impositivos y vencimientos fiscales y previsionales que impacten directamente en la pesca y la acuicultura. Asimismo, se propone la creación del Fondo de Fomento y Sostenibilidad Pesquera (FOFOSPE), que se financiará con recursos provenientes de multas por pesca ilegal, aportes provinciales, fondos del presupuesto nacional, asistencia internacional y donaciones.
En paralelo, se pondrá en marcha un régimen de incentivos fiscales para empresas que inviertan en innovación, reconversión productiva y sostenibilidad. Además, se creará un Fondo Rotatorio con créditos blandos para proyectos de modernización tecnológica.
Una de las medidas centrales del texto es la implementación obligatoria del Sistema Argentino de Trazabilidad de la Pesca y la Acuicultura (SUTraP), con validación técnica a cargo del INIDEP y en línea con estándares de la FAO. Las empresas que exportan deberán adaptarse al sistema en el plazo de un año, mientras que las que operan en el mercado interno tendrán un plazo de tres años.
Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el de Economía deberán diseñar estrategias de diversificación y apertura de mercados internacionales, mientras que el Ministerio de Salud y el de Agricultura impulsarán campañas de promoción del consumo local de pescado como alimento saludable.
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca será la autoridad de aplicación de la ley, en coordinación con organismos como el INIDEP, el SENASA y el Consejo Federal Pesquero. A los 18 meses de entrada en vigencia, deberá presentar un informe de evaluación de impacto al Congreso, incluyendo la evolución de indicadores económicos, estado de los fondos y recomendaciones para la continuidad o ajuste de las medidas
Finalmente, se establece la creación de un portal público y gratuito donde se difunda información sobre la ejecución del FOFOSPE, beneficiarios de incentivos fiscales y el avance en materia de sostenibilidad.
De aprobarse, el Ejecutivo tendrá 60 días para reglamentar la norma.
Un exceso de legislación asfixiante, una autoridad de control que opera desde la ignorancia más absoluta de la dinámica real de la actividad, y una propuesta que, lejos de ofrecer soluciones tangibles, se limita a maquillar el problema con fórmulas vacías. En el fondo, no se trata de avanzar, sino de aparentar que se hace algo, mientras el núcleo del conflicto permanece intacto, erosionando cada día más la legitimidad y la eficacia del sistema. Este proyecto, de avanzar, no soluciona ni la forma ni el fondo de la cuestión.
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Suman tecnología innovadora para registrar valores de conservación natural del Parque Nacional Nahuel Huapi

Fecha de Publicación: 14/06/2025
Fuente: El Cordillerano
Provincia/Región: Río Negro


La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi, a través del Área Biología de la Conservación y el Área GIS (División Conservación, Departamento de Conservación y Educación Ambiental) – Programa CENAC (Programa de Estudios Aplicados a la Conservación del Parque Nacional Nahuel Huapi), informa sobre la implementación de una innovadora planilla para el Registro de Valores de Conservación Naturales del Parque Nacional Nahuel Huapi.
Esta herramienta digital, desarrollada con nuevas tecnologías, facilita que quienes habitan, visitan y/o trabajan en el Parque registren de manera sencilla las especies de flora y fauna que encuentran, especialmente aquellas destacadas en el Plan de Gestión como valores de conservación.
Los registros se vincularán con el Sistema de Información de Biodiversidad (SIB) de la Administración de Parques Nacionales, transformando tus observaciones en datos cruciales para la conservación. El desarrollo de esta propuesta estuvo a cargo de un equipo interdisciplinario del área protegida.

¿Cómo acceder a la Planilla?
Hay dos maneras:
- Acceso Directo: Encontrá el enlace a la planilla de forma directa al ingresar en la página junto al botón del Registro de Trekking en www.nahuelhuapi.gov.ar
- Solicitar Enlace: pedir el enlace escribiendo a conservacionnh@apn.gob.ar.

¿Cómo subir tu Registro?
Una vez que ingreses a la planilla, podrás:
- Responder preguntas sobre la especie que observaste.
- Adjuntar fotografías y videos de tu registro.
- Utilizar la herramienta tanto en línea como en modo “fuera de línea”, lo que te permite registrar información en el terreno sin necesidad de conexión a internet.
Han creado un MANUAL DE USO para que la puedan utilizar con todo su potencial. Automáticamente, los datos que ingresen generarán una planilla en formato Excel, facilitando su integración con otros sistemas de gestión.
Las especies que se pueden registrar no son todas las que habitan en el Parque sino que son aquellas identificadas como valores de conservación naturales en el Plan de Gestión del área protegida. Podés consultar este listado en https://nahuelhuapi.gov.ar/que-es-una-evve/ y el Plan de Gestión en https://nahuelhuapi.gov.ar/plan-de-gestion/.
Si tenés consultas o querés comunicarte con el equipo de desarrollo de la herramienta, podés escribir a conservacionnh@apn.gob.ar.
¡Te invitamos a sumar tu información, ser parte de este importante registro y colaborar con la conservación de la biodiversidad del Parque Nacional Nahuel Huapi!
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Inédito: el Gobierno habilitó el uso de biocombustibles en barcos

Fecha de Publicación: 14/06/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


La Secretaría de Energía autorizó que se utilicen “voluntariamente” sean puros o mezclados; reclamos por la habilitación de autos flex y por la fijación de precios
La aprobación oficial del uso “voluntario” de biocombustibles “en estado puro o mezclados en distintos porcentajes con combustibles fósiles” en embarcaciones fluviales y marítimas fue bien recibida por el sector, aunque hay voces que plantean que la misma lógica debería aplicarse para autorizar los autos con tecnología flex que ya se producen en el país.
Marcelo Kusznierz, consultor y gerente de Relaciones Institucionales de Doble L Bioenergías, productora instalada en Santa Fe, elogió en sus redes sociales a la Secretaría de Energía por ser “pragmática con las energías que requiere el mundo”. Desde las pymes del sector indicaron a LA NACION que esa es la posición de la industria aunque aclararon que todavía esperan detalles sobre cómo será la instrumentación.
La normativa que habilita el uso de biocombustibles para cubrir la demanda de combustible en el sector marítimo no establece una mezcla con carácter obligatorio como ocurre con las naftas y el gasoil para los vehículos del parque automotor argentino. La utilización de biocombustibles en ese sector será libre y el precio estará determinado por la negociación sin regulación entre los actores privados.
Axel Boerr, presidente de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados, explicó que la legislación argentina no contemplaba este uso y que por “gestiones iniciadas” por Explora -productora instalada en Santa Fe controlada por el grupo Endriven- fueron las que derivaron en la resolución 252/2025 que lo habilita. Así “se eliminó el tope de mezcla antes vigente, derogando la prohibición previa en el marco de la Ley 27.640”, añade.
La normativa crea la figura regulada del “Operador de Búnker” dentro del Registro de Biocombustibles. Es decir, que ahora las empresas pueden registrarse para suministrar combustible a buques (bunkering) que incluyan biocombustibles, cumpliendo ciertas exigencias de almacenamiento, trazabilidad, calidad y compatibilidad técnica.
“Esta actualización normativa reconoce explícitamente que los biocombustibles reducen significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero respecto de los combustibles de origen fósil; y que los biocombustibles; y se sincera al admitir que los biocombustibles se pueden utilizar puros”, precisa Boerr.
Para el experto es un “avance” para el sector pero, aun en ese contexto, insiste en que hay otros aspectos claves en que Energía desconoce: “No está cumpliendo la legislación vigente en tanto publica precios de biodiésel que no alcanzan a cubrir los costos de producción, y lo hace en forma tardía, agregando imprevisibilidad -que en economía significa mayor tasa de interés-. Además, lo hace en pesos pese a que el 85% de su costo está nominado en divisas porque los commodities se transan en dólares y pese a los esfuerzos que hace el mismo Estado para que incluso los automóviles se vendan en dólares y en cuotas”. 
Sobre ese punto añade que la suba de precios anunciada por YPF y justificado en los cambios de impuestos específicos de los combustibles es “superior a lo necesario para la compensación y generan un margen adicional en contexto de una compañía que gana más de US$2000 millones en emergencia energética”.
También el diputado nacional cordobés del bloque Encuentro Federal, Carlos Gutiérrez, celebró la medida pero pidió más: “¿El mismo criterio no corre para autos con tecnología flex? Que, además, se producen en Córdoba y están contemplados en la Ley 27.640″.
Gutiérrez viene planteando la necesidad de una nueva ley de biocombustibles que contemple el desarrollo de bioenergías como parte de una política de innovación sustentable. El esquema actual tiene 19 años.
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Reglamentan una ley provincial clave para conservar los humedales santafesinos

Fecha de Publicación: 13/06/2025
Fuente: Portal Rosario3
Provincia/Región: Santa Fe


Incluye un plan de monitoreo sobre el estado de sus ecosistemas y, bajo esta norma, desde ahora, todos los proyectos susceptibles de afectar el ambiente deberán presentar un estudio
Este martes se conoció que fue aprobada la reglamentación de la ley N.º 13.932, una norma clave para la preservación, conservación y uso responsable de los humedales santafesinos que estaba en carpeta hace cinco años. La provincia de Santa Fe cuenta con tres humedales reconocidos internacionalmente por la Convención de Ramsar: Jaaukanigás, Laguna Melincué y el Delta e Islas del Paraná.
La reglamentación elaborada por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, y aprobada por el Gobierno de Santa Fe, pone en marcha herramientas concretas para una mejor protección y gestión de los humedales propiedad de la bota santafesina.
Bajo esta norma, además se encuentra la ampliación del Sistema de Áreas Naturales Protegidas, que en el último año, incorporó más de 1.100 hectáreas a esta red y trabaja en la consolidación de corredores biológicos y también la inclusión de reservas privadas.
Esta ley, que ahora rige en la provincia, establece un Plan de Monitoreo Ambiental, que implementará un sistema de evaluación continua sobre la calidad de agua, suelo, flora y fauna, incorporando parámetros químicos y biológicos para el seguimiento del estado de los humedales.
Bajo esta norma, desde ahora, todos los proyectos susceptibles de afectar el ambiente deberán presentar su estudio ambiental y obtener la correspondiente factibilidad ambiental, en cumplimiento con la Ley 11.717 y el Decreto 153/25.
Incluye además el "Inventario Provincial de Humedales", que se realiza desde hace unos años en el camino de identificar, clasificar y caracterizar flora, fauna y territorio de estos ecosistemas.
La medida, que era una deuda desde hace cinco años, convierte a Santa Fe en la segunda provincia del país (después de Misiones) en contar con una legislación reglamentada específica sobre sus ecosistemas.
“Los humedales son hogar de cientos de especies, reflejo de nuestra flora y fauna. Pero también son esenciales por regular los niveles del agua, y actúan como filtros naturales”, expresó el ministro de Ambiente, Enrique Estévez.
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Denuncian la muerte de al menos 10 ejemplares de Águila Mora en el Alto Valle

Fecha de Publicación: 13/06/2025
Fuente: Noticias Neuquén
Provincia/Región: Neuquén


El hallazgo fue realizado por ambientalistas y observadores de aves. Acusan una posible caza ilegal en una zona rural cercana a una línea de alta tensión. Piden investigar si hubo uso de armas de aire comprimido.
Una denuncia penal fue presentada este lunes ante la Fiscalía de General Roca por la muerte de al menos 10 ejemplares de Águila Mora en un campo al norte de Fernández Oro, provincia de Río Negro. La especie es nativa de la región y está protegida por la Ley Nacional N° 22.421 de Conservación de Fauna Silvestre.
El hecho fue denunciado por integrantes del Club de Observadores de Aves Ñacurutú y de la organización nacional Aves Argentinas, quienes encontraron los cuerpos sin vida de las aves el pasado 7 de junio a las 16:40 horas en inmediaciones de una torre eléctrica de 132 kv, a unos 500 metros del criadero de pollos Don Pedro Pollolín.

Sospechan que podrían haber sido cazadas
Según el escrito, en el lugar había diez ejemplares muertos de diferentes edades, sin signos visibles de heridas o descomposición, lo que sugiere una muerte reciente. Las aves utilizaban regularmente la torre como percha, evidenciado por una gran acumulación de materia fecal debajo de la estructura.
Lo que más llamó la atención de los denunciantes fue la presencia de una caja con una diana de tiro al blanco con impactos de munición de pequeño calibre, compatible con armas de aire comprimido, lo que refuerza la sospecha de una posible caza ilegal.
“Un técnico electricista consultado descartó la posibilidad de electrocución por el tipo de línea, por lo que se presume intervención humana en las muertes”, indicaron.
Además, se reportó la presencia de un ejemplar vivo en la torre, en aparente estado de alerta.

Piden medidas urgentes
La denuncia fue dirigida a la fiscal María Claudia Frezzeni, y solicita el inicio de una investigación penal para determinar la causa de muerte de las aves, recolectar pruebas y eventualmente identificar a los responsables.
También se pide la realización de necropsias y se denuncia la falta de recursos materiales y logísticos del cuerpo de Guardafaunas provinciales, que dificulta el control y fiscalización ambiental en la zona.
El Águila Mora (Geranoaetus melanoleucus) es una especie rapaz considerada clave para el ecosistema andino-patagónico. Su caza está prohibida y su protección está contemplada también en la Ley General del Ambiente (25.675) y la Ley Provincial 2056 de Fauna Silvestre de Río Negro.
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ONGs ambientales le piden a Milei que Argentina ratifique el Tratado conservacionista de Alta Mar 

Fecha de Publicación: 12/06/2025
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


Aprovechando la presencia del presidente argentino en esta cumbre ambiental, un grupo de organizaciones conservacionistas le reclamó al gobierno argentino que avance en la ratificación del Acuerdo sobre la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina. 
Ayer se conmemoró el Día Mundial de los Océanos, una fecha establecida por las Naciones Unidas con el propósito de reflexionar sobre la importancia de los océanos para la vida y promover acciones para su protección. En ese marco inicia hoy la III Cumbre Mundial de los Océanos de la ONU (UNOC3), en Francia, y a la que asistió el presidente Javier Milei.
Aprovechando su presencia en dicha Cumbre un grupo de organizaciones ambientales le reclamó al gobierno argentino que avance en la ratificación del Acuerdo sobre la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales (BBNJ, por sus siglas en inglés), también conocido como Tratado de Alta Mar.
El país, que firmó el Acuerdo en 2024, aún no ha avanzado en el proceso legislativo para su aprobación debido a que el Poder Ejecutivo no envió el proyecto de ley al Congreso de la Nación. 
El Tratado de Alta Mar es complementario de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) e introduce nuevas herramientas para proteger y conservar la alta mar mediante una mejor cooperación y coordinación de las distintas naciones. Tiene como objetivos promover la investigación científica a nivel mundial y garantizar el acceso justo y equitativo a los beneficios monetarios y no monetarios que resultan del aprovechamiento de los recursos genéticos marinos.
'Es fundamental que Argentina ratifique el Tratado de Alta Mar, no sólo porque la vida en el planeta depende de la salud de los océanos, sino porque no podemos quedarnos fuera de las negociaciones globales para su conservación y aprovechamiento responsable', manifestó desde Niza, Francia, Milko Schvartzman, encargado de conservación marina del Círculo de Políticas Ambientales.
Y agregó: 'la presencia del primer mandatario argentino en la Cumbre de los Océanos es para destacar, pero ello debe ser acompañado por acciones concretas y una de ellas es sumar al país al grupo de países que ya son parte del Tratado'.

Participantes claves
De esta UNOC3, que cuenta con el impulso de Francia, participan mandatarios de varios países, entre ellos el de Brasil, Ignacio “Lula” da Silva; Pedro Sanchez del Gobierno de España; el presidente costarricense Rodrigo Chaves y el presidente Javier Milei por la Argentina.
También asistirán los líderes de la ONU, el portugués António Guterres, y de la Comisión Europea (CE), Úrsula Von der Leyen. El gobierno de Emmanuel Macron busca que este encuentro comprometa a los gobiernos a garantizar la pronta entrada en vigor del Tratado de Alta Mar y así comenzar a establecer reglas para su uso.
Las zonas fuera de la jurisdicción nacional (o alta mar) representan cerca de dos tercios del océano y son un bien global común. En la actualidad, esas áreas están siendo sometidas a crecientes presiones con impactos cada vez más significativos en lo ambiental, económico, social y cultural. 
El acuerdo incluye, además, una serie de principios, entre ellos el que garantiza que ni éste ni sus disposiciones podrán utilizarse para realizar reclamaciones de soberanía, derechos soberanos o jurisdicción. También establece los órganos que serán necesarios para su implementación, las disposiciones de financiación, orientaciones sobre cómo resolver conflictos, etc. Fue adoptado por consenso el 19 de junio de 2023, luego de 20 años de negociaciones.

Las razones para este acuerdo
El océano cubre más del 70 % de la superficie terrestre, produce más de la mitad del oxígeno que se respira y proporciona alimentos, empleo y medios de subsistencia a millones de personas en todo el mundo. No obstante, las cifras actuales son alarmantes: cerca del 90 % de las grandes especies de peces se encuentran sobreexplotadas y alrededor del 50 % de los arrecifes de coral han sido degradados.
En ese contexto, “Maravillas oceánicas: conservar lo que nos sostiene”, lema elegido por Naciones Unidas para la campaña 2025, resume el espíritu de esta jornada: generar conciencia, incentivar la educación ambiental y alentar la acción colectiva en favor de la sustentabilidad marina.
La Conferencia de los Océanos de la ONU se desarrolla del 9 al 13 de junio en Niza, Francia. El encuentro internacional busca acelerar el cumplimiento de la Meta 14 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), centrada en la conservación y el uso sostenible de los océanos, los mares y sus recursos.
 La República Argentina, por su ubicación geográfica, es un país marítimo. Cuenta con 4.725 kilómetros de costa continental, que se suman a los 11.325 kilómetros de las costas de la Antártida argentina e islas australes. Asimismo, posee una extensa Zona Económica Exclusiva y un importante volumen de comercio internacional que se desarrolla por vía marítima.

Más Información:

Qué es el tratado de altamar, que se espera que sea ratificado por Javier Milei
Argentina firmó el Acuerdo en 2024, pero todavía no avanzó en el Congreso para su aprobación. Hasta ahora ha sido firmado por 116 países y ratificado por 31 (principalmente europeos y del Pacífico), así como por la Unión Europea. 
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Increíble hallazgo: encontraron una lechuza nunca antes registrada en El Impenetrable

Fecha de Publicación: 12/06/2025
Fuente: Canal 26
Provincia/Región: Nacional - Chaco


Desde el Parque Nacional hicieron hincapié en la importancia de este descubrimiento, señalando que refuerza la necesidad de preservar los ecosistemas naturales.
El Parque Nacional El Impenetrable, en el Chaco argentino, fue el escenario de un hallazgo importante para la ornitología y la conservación ambiental. Allí, el guardaparque, Matías Almeida, pudo registrar la presencia de una Lechuza Canela (Aegolius harrisii), un ave poco común que hasta ahora no había sido registrada en este ecosistema.
Desde la administración del parque resaltaron la importancia de este descubrimiento, señalando que refuerza la necesidad de preservar los ecosistemas naturales y proteger la diversidad de especies que habitan en la región.

Un hallazgo que refuerza la importancia de la conservación
El descubrimiento de la Lechuza Canela en el Parque Nacional El Impenetrable es un avance crucial para la protección de la biodiversidad, evidenciando la necesidad de preservar estos espacios naturales.
Este registro abre nuevas oportunidades para el estudio y monitoreo de la especie, asegurando que sus poblaciones sean protegidas en su entorno.
Un hallazgo que recuerda que, en cada rincón del planeta, la naturaleza sigue revelando sus secretos, promoviendo un compromiso renovado con la conservación ambiental.
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Fuertes contrapuntos en la oposición por la modificación a la Ley de Glaciares que pretende hacer el Gobierno

Fecha de Publicación: 11/06/2025
Fuente: Portal ElParlamentario
Provincia/Región: Nacional


El Gobierno nacional anunció que modificará por decreto la Ley de Glaciares para una reducción de las zonas protegidas para la instalación de industrias mineras o hidrocarburíferas. Ya se había intentado introducir estos cambios con la Ley Bases. 
El Gobierno nacional continúa con su política alejada de la cuestión ambiental y anunció que modificará por decreto la Ley de Glaciares para para una reducción de las zonas protegidas para la instalación de industrias mineras o hidrocarburíferas, algo que ya había intentado introducir en la Ley Bases.
La legislación actual contempla multas de cien a cien mil sueldos básicos de la Administración Pública junto a la suspensión y el cese definitivo de la actividad de los infractores.
El oficialismo mantendrá el marco de restricciones para los glaciares cubiertos y descubiertos y asegura que continuará exigiendo informes de impacto ambiental para aprobar proyectos de inversión. Apunta también a darle mayores atribuciones a las provincias sobre los espacios donde se puedan establecer industrias.
Al trascender estas informaciones, diputados opositores dividieron las opiniones al respecto. En contra de ello, se expresó el diputado nacional y presidente de la CC Maximiliano Ferraro quien exigió: “LOS GLACIARES NO SE TOCAN”.
Ferraro explicó que la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley 26.639) es “lo que no pudo aprobar en el primer intento de la Ley Bases, ahora se intenta imponer por la fuerza de un decreto presidencial”, y alertó que “es un intento escandaloso de retroceso ambiental, sin debate democrático, y con un solo objetivo: facilitar la destrucción de ecosistemas frágiles para beneficio del negocio minero”.
“No se trata de una actualización técnica ni de una mejora legislativa. Se trata de desproteger glaciares y ambientes periglaciares que hoy están preservados, reescribiendo la definición misma de qué debe ser protegido. Se trata de permitir la explotación económica en zonas donde la ley vigente lo prohíbe, violando abiertamente el principio de no regresión ambiental consagrado en el Acuerdo de Escazú, ratificado por Argentina y en plena vigencia”, denunció el diputado de la CC.
Así, enumeró que el Gobierno busca: “Recortar la definición de glaciar, dejando afuera formaciones pequeñas pero esenciales, incluso si ya están relevadas por el Inventario Nacional. Condicionar la protección a criterios arbitrarios y discrecionales, como una supuesta “función hídrica efectiva y relevante”, desconociendo la integralidad ecosistémica. Habilitar la intervención sobre el ambiente periglacial, zona vital como reguladora hídrica, reserva de agua dulce y barrera climática”.
“Este decreto no solo contradice el derecho vigente y el artículo 41 de la Constitución Nacional, sino que responde a los intereses históricos que han buscado durante años remover los límites que impone la Ley de Glaciares. Hoy lo intenta por la ventana del decreto, sin pasar por el Congreso, sin escuchar a la ciudadanía, sin evaluar consecuencias socioambientales”, señaló Ferraro.
El presidente de la Coalición Cívica indicó que “en un contexto de crisis climática, sequías extremas, pérdida acelerada de ecosistemas y contaminación de nuestras fuentes de agua, no podemos tomarlo a la ligera.  Advertimos que cualquier modificación regresiva a la Ley de Glaciares, y más aún por decreto, es inconstitucional”, e instó a rechazar en ambas Cámaras el DNU. “Un ejemplo más de por qué debe modificarse la ley 26.122, violatoria de la división de poderes, que permite al Poder Ejecutivo obtener, con el voto afirmativo de una sola Cámara, lo que el propio Congreso debería aprobar con el voto de ambas Cámaras”, planteó.
“No pudo el kirchnerismo cuando Cristina Kirchner vetó la ley en 2010, y tampoco podrán ahora. Los glaciares no se tocan. El agua no se negocia”, cerró.
En el mismo sentido se pronunció la exdiputada nacional Graciela Camaño: “Sin dudas la ignorancia los llevará a cometer otro acto legislativo inconstitucional. La modificación por decreto de la Ley de Glaciares responde a la voracidad de las empresas mineras que pretenden los ambientes periglaciares, empresas que han tenido durante 30 años régimen de subvenciones impositivas, y que ahora tienen RIGI por 40 años. Es interesante ver el deterioro económico, fiscal y social del país en el periodo”, denunció.
“Lo que quizá no sepa el gobierno es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación referencia decisiones importantes en 3 oportunidades en el Principio pro Aqua y el Principio pro Naturaleza, motivo por el cual y en virtud de la Constitución Nacional acudiremos a la justicia para su impugnación en caso que se emitan los decretos”, anticipó.

Desde el Pro respaldan al Gobierno
De la vereda de enfrente, una diputada del Pro salió a respaldar la decisión del oficialismo. Se trata de Florencia De Sensi, que responde a Cristian Ritondo, quien celebró la modificación de la reglamentación de los glaciares porque “la normativa actual frena inversiones incluso en zonas sin función hídrica relevante. Eso no protege el ambiente: bloquea proyectos clave y empleo formal en provincias con alto potencial productivo”.
“La nueva regulación va a definir con más claridad técnica qué áreas deben cuidarse, mantener los estudios de impacto ambiental y respetar el inventario nacional”, consideró y sumó: “Dicho simple: se corrige una regulación exagerada que venía frenando el desarrollo de proyectos estratégicos que el país necesita. Este es el camino a seguir”.
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