Causa ATANOR: la firma no tiene los permisos de habilitación del Ministerio de Ambiente de la Provincia por no presentar la documentación necesaria.

Fecha de Publicación: 27/08/2024
Fuente: Prensa Libre SN
Provincia/Región: Buenos Aires


Para determinar si se reabrirá o no en el lugar en el que hoy se emplaza, la Justicia aguarda que el CONICET lleve adelante una evaluación de riesgo ambiental que demandaría, al menos, seis meses.
En el marco de la medida cautelar que tiene paralizado el funcionamiento de la empresa ATANOR, al menos, hasta completar una serie de medidas que llevará adelante el CONICET, Prensa Libre SN pudo acceder al detalle de los pasos pendientes, los cuales arrojarán un informe que determinará si es posible o no la reapertura. Aunque esto llevaría alrededor de 6 meses, según informaron a este medio desde la parte demandante.
Los pasos a seguir:
1. Relevamiento de información especifica disponible.
2. Auditoria in situ.
3. Actualización de la información de producción.
4. Actualización de la información de cumplimiento de normativa.
5. Análisis critico de la información, diagnostico preliminar.
6. Relevamiento impacto en vecinos.
7. Modelado de la disposición de emisiones desde fuentes fijas. Discusión técnica de red de monitoreo diseñada. Informe parcial.
8. Determinar plaguicidas y otros compuestos asociados en aire (MP y MPS), suelos y agua subterránea.
9. Discusión técnica con directivos y personal de la planta.
10. Conclusiones, propuestas.
Según lo que arroje dicho análisis, la justicia dispondrá o no la reapertura de ATANOR en el mismo lugar en el que hoy se emplaza.
Recordemos que hace pocos días, la propia jueza Bancalari fue la encargada de difundir un comunicado en el que dejó claro que “la función judicial es preservar la salud de la población y el medio ambiente”. Asimismo, durante la ultima audiencia celebrada entre las partes el ultimo viernes se desprendió que la empresa no cuenta con los permisos de habilitación necesarios expedidos por el Ministerio de Ambiente de la Provincia por falta de presentación de documentación.
De este ultimo encuentro formal en el ámbito judicial participaron, agentes de justicia, representantes del CONICET, los abogados de ATANOR y de FOMEA, personal profesional de la empresa, expertos pertenecientes a la Mesa de Gestión Universitaria, el subsecretario del Ministerio de Ambiente bonaerense, representantes de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA) y el subsecretario de Contralor de la Municipalidad de San Nicolás.
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Denuncias de aldeas mbya por apeo de monte nativo

Fecha de Publicación: 27/08/2024
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones


El Ministerio de Ecología se reunió con Emipa y Endepa para debatir soluciones. Suspendieron los trabajos preventivamente
Tres comunidades de pueblos originarios realizaron denuncias sobre el apeo del monte nativo en sus territorios. Estas comunidades, que dependen profundamente del monte para su sustento y cultura, expresaron su preocupación ante lo que consideran una falta de consulta adecuada en los procesos de autorización para actividades forestales.
Según el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la provincia, en dos de los casos denunciados, las actividades de desmonte contaban con autorizaciones emitidas años atrás. Sin embargo, el ministerio decidió suspender preventivamente estos trabajos para evaluar si se cumplió con la obligación de consultar a las aldeas cercanas antes de proceder con el desmonte.
El primer episodio fue un intento de usurpación de tierras de una aldea del valle del Cuñá Pirú. Se trata de lotes que fueron cedidos en su momento por la Universidad Nacional de La Plata. El avance de los intrusos fue desactivado tras la presencia de guardaparques.
Luego se conoció el reclamo de la cacique Gregoria Duarte, quien alertó sobre un desmonte no avalado por la comunidad Tekoa Eldoradito de San Vicente. Esto motivó la presencia in situ de los guardabosques de la Dirección de Control Forestal de Ecología, que inspeccionaron el territorio y constataron que se trataba de un cambio de uso de suelo autorizado de 23 hectáreas, de las cuales ya se habían ejecutado 14. De manera preventiva, se labró un acta y se informó al responsable de las actividades que quedaban suspendidos los trabajos hasta tanto se evaluara si se habían cumplimentado todos los pasos de consulta a la aldea cercana.
Una situación similar se dio en la comunidad Yabotí Mirí, situado en la Reserva de Biósfera Yabotí. Desde allí alertaron de un desmonte. La inspección del sitio indicado arrojó que se trataba de un aprovechamiento forestal con autorización. Como en el caso anterior, el plan en cuestión fue suspendido de manera provisoria, hasta tanto se corrobore de qué manera se realizó el proceso de consulta a los habitantes de pueblos originarios.
Para abordar estos problemas y garantizar que las comunidades tengan voz en los procesos que afectan sus territorios, el Ministerio de Ecología está trabajando en una resolución que obligará a dar intervención a la Dirección de Asuntos Guaraníes en todos los expedientes relacionados con actividades en bosques nativos cercanos a aldeas.
En una reunión reciente en Aristóbulo del Valle, el director general de Bosques Nativos, Milton Morán, se reunió con representantes del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y el Equipo Nacional de Pastoral Social Aborigen (Endepa) para discutir las denuncias y explorar soluciones. Este encuentro, si bien representó un espacio de diálogo, dejó en evidencia las tensiones existentes entre las comunidades y el gobierno provincial en lo que respecta a la gestión de los recursos naturales.
El Ministerio emitió una circular que exige a los propietarios o proponentes de planes de cambio de uso de suelo presentar con carácter urgente la documentación que demuestre la consulta y acuerdo de las comunidades indígenas cercanas. Aunque esta medida busca corregir los errores del pasado, la efectividad de su implementación dependerá de la voluntad política y del compromiso de las autoridades para respetar y proteger los derechos de los pueblos originarios.
El manejo de los recursos naturales en territorios indígenas sigue siendo un tema de gran sensibilidad y complejidad en la provincia. Mientras las comunidades exigen una mayor participación y respeto por sus derechos, el gobierno enfrenta el desafío de balancear el desarrollo económico con la protección ambiental y cultural. La intervención del Ministerio en estos casos es un paso, pero también pone de manifiesto la necesidad de un enfoque más integral y respetuoso hacia las comunidades que han sido históricamente marginadas.
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Chaco: Gendarmería allanó Casa de Gobierno por una denuncia de desmontes indiscriminados

Fecha de Publicación: 26/08/2024
Fuente: Diario Panorama
Provincia/Región: Chaco


Los uniformados allanaron una subsecretaría en Casa de Gobierno y dos sedes administrativas en la ciudad de Roque Sáenz Peña.
Personal de la Gendarmería Nacional Argentina realizó dos allanamientos en Presidencia Roque Sáenz Peña y uno en Resistencia. La jueza federal Zunilda Niremperger ordenó las diligencias en el marco de una denuncia presentada por la Asociación de Abogados Ambientalistas.
Los procedimientos en Sáenz Peña se llevaron a cabo en la Dirección de Bosques, ubicada en la calle Pellegrini entre San Martín y Belgrano, donde se secuestraron computadoras y otros elementos considerados importantes para la causa.
Posteriormente, se realizó otro allanamiento en una consultora que se sospecha es propiedad del actual ministro de Producción del Chaco. Esta consultora gestionaba permisos de desmontes hasta el año 2021, durante la gestión de Jorge Capitanich.
El tercer allanamiento tuvo lugar en la Casa de Gobierno en Resistencia, en la sede de la actual Subsecretaría de Desarrollo Forestal. Niremperger resolvió suspender los desmontes en el Chaco por tres meses, mientras investiga una denuncia presentada por abogados ambientalistas.
Por su lado, el fiscal Patricio Sabadini expuso la existencia de un presunto mecanismo de corrupción público-privado que se beneficiaba ilegalmente con la destrucción del bosque nativo. Niremperger recibió la denuncia del fiscal Sabadini, quien alertó sobre una posible "mafia de los desmontes" en el Chaco.
Según la investigación de los abogados ambientalistas, el actual ministro Hernán Halavacs habría tramitado la mayor cantidad de permisos de desmonte en la última década: 353 de los 876 permisos otorgados por la Dirección de Bosques entre 2014 y 2021, cuando Halavacs dirigía la consultora situada a solo una cuadra de la Dirección de Bosques en Sáenz Peña.
Sabadini ha solicitado una instrucción formal contra Hernán Javier Halavacs, Miguel Ángel López, Luciano Olivares, Atlanto Honcheruk, Juan José Bergia, Zenón Cuellar y, póstumamente, Hernán Miguel Brunswig.
Los cargos incluyen "abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público", "tráfico de influencias", "negociaciones incompatibles con la función pública", "malversación de caudales públicos" y "asociación ilícita".
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Pesqueros denuncian que la desregulación atenta contra la sostenibilidad

Fecha de Publicación: 26/08/2024
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Nacional


Trabajadores de la pesca denunciaron que la derogación de una serie de normas por parte del Gobierno nacional atentan contra la sostenibilidad de las especies de la fauna marina nacional y, en consecuencia, a sus fuentes de trabajo. Además afirman que las desregulaciones propuestas no generaban costo para el Estado.
La denuncia apunta a la Resolución 76/2024 de la Secretaría de Bioeconomía que derogó 12 normas  sancionadas entre 2021 y 2023 que, según los trabajadores, desmanteló cuatro unidades de certificación, seguimiento y control de la producción pesquera.
El secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo, capitán Mariano Moreno, sostuvo que  "no se puede ir contra una reglamentación que no hace más que cuidar el recurso, y que ha posicionado a la Argentina como uno de los productores de mariscos más importantes y avanzados del mundo. No tiene lógica".
Entre las normas derogadas se encuentran 11 resoluciones de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y una disposición de la Subsecretaría de Fortalecimiento Productivo y Sustentable para Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios, perteneciente a la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Por otro lado, Moreno denunció que, en paralelo a esta desregulación, el gobierno intervino en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) con la designación de Gonzalo Eduardo Bacigalupo.
"Es una intervención encubierta porque designaron a un trader de pescado, violando el artículo cuarto de la Ley 21673 que crea el organismo, que es muy clara: el director debe ser un profesional con título universitario en alguna disciplina vinculada con las ciencias del mar", apuntó Moreno.
La principal preocupación gira en torno a la eliminación de cuatro entes clave para la administración del sector pesquero, como la Unidad de Certificación de Capturas y Exportaciones, la Unidad de Coordinación Pesquera, la Unidad de Seguimientos Especiales Pesqueros y la Unidad de Ingresos al FONAPE.
Moreno aseguró: "Los trabajadores vamos a pedir que se revea esta situación, porque va en contra de los intereses del Estado mismo, y vamos a exigir que no se innove con las designaciones y las derogaciones".
"En un tiempo vamos a tener agua vacía, sin el recurso natural para trabajar", advirtió el sindicalista.
Por otro lado, trabajadores manifestaron que “se encuentran en alerta permanente ante la indefinición sobre el futuro del Régimen de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) de las especies Merluza Hubbsi, Merluza de Cola, Polaca y Merluza Negra que vence el 31 de diciembre del presente año”.
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El gobierno de Milei acelera la aprobación de transgénicos

Fecha de Publicación: 24/08/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


En los nueve meses que lleva su mandato se aprobaron cuatro eventos de semillas genéticamente modificadas, y van casi 80 en los últimos 25 años. Así se profundiza el extractivismo, la concentración económica y el vertido de agrotóxicos.
Con un récord de cuatro aprobaciones de semillas genéticamente modificadas (dos para maíz, una para soja y otra para algodón), el gobierno que encabeza Javier Milei se encamina a una liberalización extrema del agronegocio y el mercado de agrotóxicos.
Casi todos tienen una combinación de secuencias genéticas que vuelven a estas semillas resistentes al glifosato, el glufosinato de amonio y el 24D, todos ellos potentes herbicidas que generan daños a la salud y el ambiente.
“El principal riesgo de los transgénicos es que están directamente asociados a los agrotóxicos. Las modificaciones genéticas en las semillas buscan su tolerancia a estos químicos. Y no hay buenas prácticas agrícolas cuando estas tecnologías habilitan a un uso indiscriminado y exponencial de venenos”, dice Carla Poth, investigadora e integrante de la Asamblea Semillas Libres Ya!
“Hoy existe evidencia científica sobre el daño de los agrotóxicos no solo en las poblaciones fumigadas, sino también en la población urbana, porque llegan a nuestra mesa con los alimentos”, apunta Damián Verzeñassi, director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario.

Una historia que no es nueva
La historia de los transgénicos se inició en 1996 con la aprobación de la soja RR resistente al herbicida Roundup, tal el nombre comercial del glifosato. “Entró al país bajo falsas promesas, como la de aumentar la producción de alimentos, generar mejoras en los cultivos y en la alimentación”, comenta Guillermo Folguera, biólogo, investigador y activista ambiental. Pasaron casi 30 años y no sólo no se concretaron esas promesas sino que se incrementaron los problemas. Tenemos casi un 60% de la población bajo la línea de pobreza y eso tiene que ver con un proceso acelerado de concentración de la tierra que atenta contra la diversidad biológica y de la matriz productiva”.
Los casi 80 transgénicos aprobados desde el 96 hasta hoy generan alarma. Y cada evento transgénico que se presenta como un “avance tecnológico”, implica un retroceso en la salud y la biodiversidad. “El trigo HB4, resistente a la sequía y al glufosinato de amonio, favorece la deforestación porque permite cultivar en zonas con estrés hídrico donde antes había bosques, pastizales o monte”, dice Folguera.
Esta variedad, desarrollada por la firma Bioceres junto a la Universidad Nacional del Litoral y el Conicet, fue aprobada para cultivo en Argentina en octubre de 2020 y para su comercialización en 2022, pese a que diversas organizaciones ambientales y científicas advirtieron sobre los efectos de este herbicida para la salud y el ambiente, y los riesgos de contaminación cruzada entre el trigo convencional y el transgénico.
“Esto ocurre en un contexto de desfinanciamiento y desmantelamiento de los organismos de control, con medidas como el mega DNU, la Ley Bases y el Régimen para Grandes Inversores (RIGI), que profundizan el extractivismo y la destrucción del ambiente”, advierte el agrónomo Carlos Manessi, de la multisectorial “Paren de Fumigarnos”.

La carrera por la desregulación
La expansión del modelo extractivista que impulsa el agronegocio no es privativa del gobierno de Milei. Según registros del colectivo “Semillas Libres Ya!”, en la presidencia de (Carlos) Menem se liberaron 5 transgénicos (un promedio de 2,5 por año). Con De la Rúa 2 en 2001 (1 por año). Con Nestor Kirchner, 4 (1 por año). Con Cristina Fernández fueron 24 en sus dos presidencias (3 por año); En el gobierno de Macri 25 (6 por año); en el de Alberto Fernández 14 (3,5 por año) y con Javier Milei se liberaron 4 en los 8 primeros meses, lo que da una proyección de 7 por año.
Además de sus impactos en la salud y la biodiversidad, los organismos genéticamente modificados (OGM) afectan la soberanía alimentaria ya que solo cuatro compañías dominan el mercado (Bayer-Monsanto; Syngenta; Dow-Dupont y BASF) y dicen qué cultivar, dónde y cómo; desarticulando a las economías regionales y campesinas, ya que los pequeños y medianos productores no acceden a la compra de insumos, o lo hacen a un precio que luego se traslada al consumidor”, señala Poth.
“Todas las medidas que está tomando el gobierno, desde el DNU a la Ley Bases y el RIGI, van en el sentido del desarraigo y el corrimiento de la frontera de los agronegocios, amenazando la salud humana y ambiental”, señala Ricardo Garzia, presidente de FECOFE e integrante de la Mesa Agroalimentaria, junto a la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y otras organizaciones de la agricultura campesina.
Este modelo de producción y comercialización concentrada tiene dos grandes perdedores: los productores en sus territorios, y los consumidores, porque les llegan al plato alimentos caros, y no saludables”, concluye.

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¿Qué pasa en el INTA?

El organismo transita una etapa de indefiniciones e incógnitas sobre su futuro, en medio de acusaciones de censura y el polémico cierre del programa Pro Huerta. Los pequeños productores y la agricultura familiar totalmente afuera del radar.
La primera versión de la Ley Bases tenía al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) dentro de los organismos que podían ser disueltos e intervenidos por decisión del Poder Ejecutivo. Entre las debilidades parlamentarias del Gobierno, las presiones de la oposición, la resistencia de sus trabajadores y la advertencias de buena parte de la comunidad agraria, el INTA quedó dentro de una lista de 20 organismos descentralizados que no podrán ser fusionados ni cerrados. Así transcurrieron los primeros meses durante la presidencia de Javier Milei: en medio de un ajuste fiscal drástico, el INTA zafó de los peores destinos, pero su futuro sigue siendo una incógnita con algunos indicios alarmantes, especialmente por el deterioro y la fragilización del del vínculo con los pequeños productores de todo el país.
La conducción del INTA fue uno de los casilleros que Milei tenía previsto cubrir desde que asumió. A diferencia de otras áreas, que siguen con cargos estratégicos sin designación, el INTA fue rápidamente cubierto. En la presidencia del organismo fue nombrado el cordobés Juan Cruz Molina Hafford, un ingeniero agrónomo especializado en agronegocios. Su vice es María Beatríz «Pilu» Giraudo que es presidenta honoraria de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) y fue funcionaria del gobierno de Mauricio Macri entre junio de 2016 y febrero de 2018, como coordinadora de Políticas para el Desarrollo Sustentable, cuando estaba bajo la órbita de Ministerio de Agroindustria, conducido por Ricardo Buryaile y luego por el extitular de la Sociedad Rural Luis Etchevehere.
Molina Hafford no es ajeno a la gestión pública. Antes de ser designado al frente del instituto fue director del Centro Regional Córdoba del INTA y también fue secretario de Agricultura y Ganadería de esa provincia. Fue seis años funcionario del ministro Sergio Busso, el referente agropecuario del entonces gobernador Juan Schiaretti.

Censura recargada que viene de antes
Tanto el presidente como la vice del INTA se preservan en el perfil bajo. Prefieren que el organismo transite en el mejor segundo plano posible. Sin embargo, las críticas han sacado del silencio la situación actual del INTA. A mediados de julio, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, grabó un video donde se hacía eco de una denuncia sobre presunta censura dentro del organismo. «Es cercenar los derechos democraticos, es oscurantismo y terrapanismo en materia agropecuaria. La sustenabilibidad no es un invento progre de la agenda 2030. Hace más de 200 años Manuel Belgrano hablaba de la sustentablidad y cuidar los suelos. Las miradas cortoplacistas, las miradas extractivistas, ponen en peligro al conjunto de la producción. Podran intentar prohibir las palabras pero con eso no resuelven nada», dijo el funcionario.
La conducción salió a desmentirlo, pero según confiaron desde adentro del organismo la censura de determinadas palabras se ha profundizado. Todas aquellas que puedan tener «una connotación política», deben ser suplantadas. Los voceros del INTA lo siguen negando y dicen que es un disparate pero varias fuentes internas aseguraron a Tiempo Rural que no se puede usar la palabra «agrotóxicos» en las investigaciones. Tampoco cambio climatico, sustentabilidad de genero, ni nada vinculado a la agenda 2030. «Cómo el país no quiere reconocer el cambio climático, nos perdemos grandes posibilidades de financiamiento que estan disponibles y que no podemos tomar porque está prohibido», contó un funcionario que no puede sumar ninguna de esas palabras en los documentos oficiales.
Los investigadores no son ingenuos, siguen adelante con sus trabajos y buscan sortear los costados más burdos de la censura, pero esas directivas tienen correlatos concretos. «Detrás está el prejuicio de que se está atacando al sistema tradicional de plagicidas y que sólo visualizamos la agroecología. Eso es falso. El mundo va a hacia eso y las pruebas están en la información que está disponible, pero no se conoce», detalló la fuente. «Si se hicieran públicos todos los informes diarios del laboratorio del Mercado Central, muchos se podrían encontrar con sorpresas, pero eso esta prohibido discutirlo», lamentó el especialista consultado. Adentro del INTA no olvidan que los intentos para forzar el lenguaje y extirpar palabras también sucedió durante los gobiernos de Mauricio Macri y de Alberto Fernández.

Los golpes a la agricultura familiar
A partir del año 2001 en el INTA hubo intentos para revalorizar el rol de la agricultura familiar. Se crearon cinco institutos que eran parte de una herramienta de extensión que buscaba atender al pequeño productor capitalizado. De los cinco  institutos de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar, sólo quedaron tres dedicados a la Región Pampeana, la Patagonia y el NOA.
Pero el recorte que más impacto tuvo es el cierre del Programa PRO Huerta, que promovía semillas y huertas colectivas y también una estrategia para vender los excedentes en las ferias. Durante la gestión de Cambiemos intentaron cerrar todos los IPAF sin éxito. En su lugar borraron el programa Cambio Rural, que reunía a 20.000 ´productores.
El PRO Huerta sobrevivió en la gestión Cambiemos y durante la gestión de Fernández casi desaparece. Con la gestión libertaria finalmente lo cerraron y de ese modo desaparecieron las herramientas para los pequeños productores que podía promover el INTA.
El cierre se aplicó en marzo y originó 43 despidos. Molina Hafford tenía la posibilidad de renover el convenio con el ministerio de Capital Humano para continuar con el programa, pero el titular del INTA nunca avanzó con el trámite y así le dio el tiro de gracia.
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RIGI: La Pampa advierte sobre el impacto negativo de la minería en el Río Colorado

Fecha de Publicación: 24/08/2024
Fuente: Ambito
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza


La provincia reiteró su preocupación por la adhesión de Mendoza al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. "Es una locura, pero es lo que han votado los legisladores nacionales", advirtieron.
El presidente del Ente Provincial del Río Colorado (EPRC), Jorge Poletti, señaló que los mega proyectos de minería tienen prioridad total por la aprobación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) en el Congreso Nacional y que su aplicación, en el caso del Colorado, implicará una disminución en cantidad y calidad del recurso.
El ingeniero brindó precisiones al respecto durante la presentación de un informe ante la Comisión de Asuntos Agrarios, Turismo, Industria, Obras y Servicios Públicos de la Cámara de Diputados provincial junto a su equipo de gestión.

Alerta en La Pampa por el impacto del RIGI en el Río Colorado
Durante su presentación, el funcionario alertó por los riesgos que podrían comprometer a La Pampa como consecuencia de la aprobación del RIGI, al que adhirieron varias provincias, entre ellas Mendoza.
“El RIGI condiciona la vida misma del río, porque le da la prioridad total a los proyectos de mega minería. Todo lo que hagan las grandes empresas río arriba en cuanto a extracción indiscriminada pondrá en serio riesgo al Colorado, tanto en calidad como en calidad del recurso. Es una locura, pero es lo que han votado los legisladores nacionales, incluso algunos pampeanos”, señaló el funcionario.
Poletti, que fue concejal e intendente de su ciudad, 25 de Mayo, tiene una destacada trayectoria en el EPRC y señaló que los ejes de su gestión están relacionados con el programa de promoción de inversiones. “Es una política pública del Gobierno de Sergio Ziliotto y en esa línea estamos trabajando intensamente, poniendo el foco en la producción y en la creación de nuevas áreas productivas”, indicó.
En este sentido, remarcó la reciente cesión de parcelas para la producción de pistacho. “Un estudio del Consejo Federal de Inversiones (CFI) marcaba que el área era apta para el cultivo del pistacho y frutos secos, así que se inició esa actividad con muchas expectativas. Actualmente diría que es “el producto estrella” de la zona”, dijo Poletti.
Claro que también se están produciendo otros frutos secos, como nueces y almendras. En el caso de las nueces, una empresa de 25 de Mayo embolsó más de 250 mil kilogramos en la última temporada. Otro caso exitoso de los proyectos del Ente Provincial del Río Colorado, que este año cumplió 62 años apoyando a los productores con el riego necesario para sus cultivos.
También hizo referencia al cultivo de vides en Casa de Piedra, destacando las bondades meteorológicas de la zona.
“Tiene muy poca incidencia de heladas, lo cual significa una ventaja trascendental para la producción de vinos. El prestigioso enólogo Enzo Mugnani, que nos asesora y tiene un gran expertíse en el tema, se sorprende por la calidad del clima que tenemos. Eso nos permite producir vinos de altísima calidad y de diferentes variedades”.

Río Atuel: advertencia de La Pampa a Mendoza
A principios de mes, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, había reavivado la pulseada histórica con Mendoza por el río Atuel, al denunciar que la aprobación del RIGI en la provincia cuyana -ocurrida hace dos semanas- “habilita a las mineras el uso discrecional del agua que también es pampeana” y sostuvo que la norma dictada por el Gobierno nacional avala “la extranjerización de la explotación de los recursos naturales”.
En paralelo, el mandatario sostuvo que la normativa pondera "primero a las mineras, después a Mendoza y por último La Pampa". "El RIGI es una nueva amenaza a la lucha popular por nuestros ríos”, subrayó.
"Hoy nosotros y ustedes, los habitantes del oeste pampeano, somos ciudadanos de segunda en el acceso al agua potable, porque primero está Mendoza. Si nosotros no levantamos la voz, si no ponemos en alerta a toda la sociedad, a partir de mañana la prioridad antes que el pueblo de Mendoza la van a tener las mineras", lanzó.
Actualmente, diversas provincias ya aprobaron la adhesión al RIGI, y otras iniciaron trámites. Entre las que le dieron luz verde al proyecto están Río Negro, Jujuy, Mendoza, Chubut y San Juan, mientras que Corrientes, Salta y Catamarca presentaron proyectos al respecto.
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El Gobierno aplicó un ajuste en el presupuesto ambiental de casi un 50% real

Fecha de Publicación: 23/08/2024
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


Según especialistas en temas ambientales, con solo el 3% del superávit fiscal financiero alcanzaba para sostener los fondos destinados, por ejemplo, a programas de transición energética, lucha contra incendios y saneamiento del Riachuelo, entre muchas otras áreas.
Como resultado de la decisión de prorrogar el Presupuesto 2023 para este año y del objetivo "innegociable" de Gobierno de conseguir superávit fiscal, muchas partidas destinadas fundamentales para el desarrollo humano sufrieron un derrumbe de casi 50% en términos reales. En particular, especialistas en temas ambientales pusieron en tela de juicio el carácter genuino del saldo positivo logrado por Economía, ya que se trató fundamentalmente de un desfinanciamiento "brutal" de programas.
En el marco del taller "Las claves del presupuesto: cuál es su impacto económico y ambiental", Matías Cena Trebucq, economista del área de investigación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), remarcó que "el afán por superávit fiscal se tradujo en recortes presupuestarios" y que hubo "una decisión política de desfinanciar partidas ambientales" mientras se le daba una mayor prioridad, por ejemplo, a los recursos destinados para el pago de la deuda pública.
En ese sentido, desde la FARN enfatizaron sobre el hecho de que el desmantelamiento de las capacidades del Estado para el cuidado del ambiente tiene que ver más con cuestiones ideológicas que con una verdadera escasez de recursos monetarios. Según el Monitor Ambiental del Presupuesto elaborado por la entidad, con solo el 3% del superávit fiscal financiero alcanzaba para mantener estables en términos reales las partidas ambientales y las destinadas a la penetración de las energías renovables.
En términos generales, el monitor reflejó que el Presupuesto vigente en el primer semestre de 2024 experimentó una caída real de casi 24% respecto del mismo periodo del año pasado. “Es un presupuesto a valores de 2023 para a precios de 2024. Esto le permitió al Gobierno manejar los recursos con mayor discrecionalidad" señaló al respecto Natán Spollansky, economista del programa Justicia Fiscal en la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que también fue expositor en el mencionado taller.
De acuerdo con las estimaciones realizadas por Spollansky, el 60% del ajuste recayó sobre los servicios sociales, fundamentalmente en aquellos vinculados a la seguridad social, que tienen un peso muy significativo en la estructura de gasto del Estado. Otro 25% correspondió al recorte en servicios económicos, particularmente por la menor erogación en subsidios energéticos. Por el contrario, las partidas de defensa y seguridad, y la de la deuda fueron las que menos cayeron.
En la misma sintonía, Cena Trebucq sostuvo que "la deuda pública condiciona al presupuesto nacional" ya que "en los últimos 3 años fue ganando cada vez más peso en el presupuesto vigente" en detrimento de otras partidas importantes.

El recorte del presupuesto ambiental, en números
El investigador agregó que en 2024 también fue muy significativa la reducción en educación, salud, vivienda y ambiente. Respecto de este último segmento, subrayó la bajísima ejecución del presupuesto para programas vinculados al saneamiento del Riachuelo, el control de incendios y al impulso de la transición energética.
En cuanto al saneamiento del Riachuelo, el monitor de FARN mostró que entre enero y junio solo se ejecutó el 6,9% de lo presupuestado para el Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo; por cada $100 que se ejecutaron el año pasado, en 2024 se ejecutaron apenas $4. A su vez, el presupuesto vigente ya sufrió un desplome interanual real del 44,4% por efecto de la inflación.
"Para que la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), organismo público a cargo de llevar adelante las acciones establecidas por la Corte Suprema, pueda funcionar como corresponde, es fundamental que el presupuesto asignado sea acorde a las necesidades actuales y se encuentre ejecutado en tiempo y forma" se advirtió en el informe.
En paralelo, las partidas relacionadas al fuego -Manejo del Fuego y Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF)- tuvieron una ejecución de apenas el 26,7% de su presupuesto vigente, cuando el promedio de los tres años anteriores marcó un 64% para el mismo período. En este caso la caída real del dinero reservado para este capítulo es del 43,8%.
Vale remarcar que el SNMF tiene varias fuentes de financiamiento y que casi un tercio de éste corresponde a los aportes del Tesoro Nacional, los cuales no tendrán ajustes al alza en lo que resta del año según indicaron miembros del servicio a la FARN. Los fondos solo podrían aumentar, de acuerdo a los testimonios, por una mayor recaudación de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que aporta más de un tercio del financiamiento.
En materia de transición energética, los datos del monitor exhibieron una ejecución de apenas el 1,6% en el presupuesto destinado a energías renovables y una baja del 44,4% del presupuesto vigente versus mismo período de 2023.

¿Cómo afectan la ley Bases y el RIGI a la transición energética?
Sobre esto último, Cena Trebucq recordó que la ley Bases y el RIGI fomentan la extracción de combustibles fósiles, ya que tienen como espíritu la maximización de la renta del sector hidrocarburífero mediante beneficios como la liberación de precios, la eliminación de regalías, la agilización de concesiones, las exenciones impositivas y arancelarias, y el libre acceso a las divisas generadas.
Estas políticas se dan en el marco de una concepción de que no es el Estado sino la sociedad en su conjunto la que debe hacerse cargo de la transición hacia fuentes de energía más limpias, a través de sus decisiones de producción y consumo. Sin embargo, por cuestiones de costos y de experiencia acumulada, hoy los incentivos del mercado están orientados hacia los combustibles fósiles cuando hay ausencia de políticas públicas destinadas a cambiar el paradigma y proteger el futuro del ambiente, y del desarrollo económico.
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Cuáles son las empresas mineras que ya pagaban menos impuestos antes del RIGI

Fecha de Publicación: 23/08/2024
Fuente: elDiarioAR
Provincia/Región: Nacional


La irlandesa Arcadium Lithium, la sudafricana AngloGold Ashanti, la suiza Glencore y la canadiense Barrick figuran entre las que recibieron en 2023 descuentos impositivos por $28.900 millones por la ley de inversiones mineras. Con el negocio del litio se sumarán petroleras como Tecpetrol, Pluspetrol y PAE. La fundación FARN advierte que la minería no trajo desarrollo en 30 años.
Faltan pocos días para que el Gobierno reglamente el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) para impulsar siete sectores: minería, hidrocarburos, tecnología, siderurgia, turismo, infraestructura y actividad forestal. Pagarán menos impuestos, no tendrán que traer las divisas de sus exportaciones y recibirán beneficios para importar por 30 años. Habrá que ver si la reglamentación permite que la industria local provea a estos sectores o el porcentaje de proveedores nacionales quede limitado a la construcción. Pero mientras se desvela el misterio bien vale conocer quiénes han sido los beneficiarios del antecedente del RIGI, la ley de inversiones mineras, que desde 1993 otorga estabilidad tributaria por 30 años a aquellos que exploten los minerales argentinos.
 En 2023, el Estado dejó de percibir $28.900 millones en beneficios otorgados a empresas mineras por esa norma votada en el gobierno de Carlos Menem y nunca modificada, según un pedido de acceso a la información que elevó la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Las ventajas impositivas incluyen deducción de Ganancias, devolución del IVA y amortización acelerada, entre otros. “El Estado desconoce cuánto dejará de percibir el fisco por beneficios otorgados a la actividad minera en 2024”, advierte la FARN, que dirige Andrés Nápoli y que tiene a Ariel Slipak como coordinador de investigación.
“Los beneficios de la Ley de Inversiones Mineras alcanzan a 829 empresas mineras y otras 94 de servicios. Entre ellas, empresas petroleras se expanden y comienzan a hacer minería de litio. Obtienen beneficios fiscales por ambas actividades”, resalta FARN entre sus principales conclusiones. Pero si bien cientos de empresas tienen iniciados los trámites, son 42 las que efectivamente gozan de la estabilidad fiscal porque están en explotación del recurso natural. Las otras son proyectos que van de la exploración del subsuelo hasta la construcción de la futura mina.
Entre esas 42 del listado oficial al que tuvo acceso la fundación aparecen las dos empresas que llevan más tiempo sacando litio en la Argentina, Minera del Altiplano, en Catamarca, y Sales de Jujuy, que pertenecen a la nueva empresa fusionada Arcadium Lithium, con casa matriz en Irlanda. FARN señala que Arcadium podrá adherir al RIGI en sus proyectos de ampliación de los yacimientos, con lo cual sumaría beneficios cambiarios y aduaneros a los impositivos de la ley minera.
En la lista también está Cerro Vanguardia, de la sudafricana AngloGold, que extrae oro en Santa Cruz; y la suiza Glencore, dueña de las minera Alumbrera y Agua Rica, que entre ambas constituyen el proyecto Mara. Otras firmas que gozan de estabilidad fiscal son Minera Aguilar, de José Luis Manzano, que saca plomo, plata y zinc en Jujuy; la calera y cementera Loma Negra, de Olavarría, propiedad de la brasileña Camargo Corrêa; Minera Andina del Sol, que obtiene oro en San Juan y es propiedad de la canadiense Barrick Gold —con otras iniciativas a futuro— y la china Shandong Gold; y las litieras Exar, en Jujuy, de la canadiense Lithium Americas y la china Ganfeng Lithium; y Eramine, en Salta, de la francesa Eramet y la china Tsingshan. En este link, el listado completo.
“El recientemente aprobado RIGI marca una continuidad en una premisa que sostienen los gobiernos argentinos independientemente de su color político: es necesario otorgar beneficios tributarios, cambiarios y aduaneros a grandes empresas de actividades extractivas, bajo la promesa de crear empleos y desarrollo económico”, concluye FARN. “Este régimen de incentivos, que rige para sectores como la minería, viene a sumarse a una serie de beneficios existentes como los que ofrece la ley 24.196 de inversiones mineras, que se ha traducido en grandes pérdidas para el fisco. Mientras, la creación de empleo y el desarrollo económico no terminan de llegar”, advierte la fundación, que integra redes como Climate Action Network y que es presidida por Daniel Ryan.
En Argentina, la minería cuenta con 100 mil puestos de trabajo directos e indirectos pero no se puede decir que las provincias que la acogieron son desarrolladas.
“El RIGI aparece nuevamente bajo la narrativa de 'promesa de desarrollo', sin embargo, en los hechos, la Minera del Altiplano ha generado un daño ecosistémico secando la vega del río Trapiche, y ahora solicita más volúmenes de agua de la vega Los Patos”, ejemplifica FARN. En su momento, elDiarioAR dio cuenta de este conflicto a partir de la voz de los pobladores y de la propia empresa, que hasta el año pasado era de la norteamericana Livent y que ahora se fusionó en Arcadium con la australiana Allkem. Distinto fue el desempeño de la ex Allkem en Jujuy.
FARN recuerda que los $28.900 millones de beneficios a las mineras en 2023 equivalen al 0,2% del PBI argentino, y lo compara con varios presupuestos: es “más del doble de lo destinado a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). En el proyecto de presupuesto 2024, que elaboró el anterior gobierno y utilizó el de Javier Milei, se subestiman las ventajas tributarias a las mineras al calcularse en $55.00 millones, según la fundación, pero aun así equivalen al 96% del presupuesto de la Subsecretaría de Ambiente y al 79% de la Administración de Parques Nacionales. Además suponen más de 4,5 veces el presupuesto que asigna el Tesoro al Servicio Nacional del Manejo del Fuego, más de 7 veces el destinado a energías renovables y más de 11 veces el del Instituto Nacional del Cáncer.
“Lo novedoso en el listado de beneficiarios es la aparición de nuevas empresas vinculadas a proyectos de minería de litio, que son subsidiarias de grandes actores del sector petrolero”, señala FARN. Como aún no comenzaron la explotación en sí, todavía no cuentan con la estabilidad fiscal. “Así, se puede ver como por ejemplo, Pluspetrol, Pan American Energy y Tecpetrol (del Grupo Techint) se lanzan a la carrera de explotación de litio, a través de empresas subsidiarias”, se refiere a las petroleras de las familias Rey Poli; PAE, de la británica BP, la china CNOOC y los Bulgheroni; y la firma del conglomerado de Paolo Rocca.
“En este sentido aparece Alpha Lithium Argentina SA, perteneciente a Techenergy Lithium, la cual es subsidiaria de Tecpetrol. Se encuentra Lithium Corporation, de Pluspetrol; y también Lithos Minerales del Norte, ambas pertenecientes a PAE”, la dueña de Axion. “Estas son empresas que ya reciben una serie de beneficios por su actividad en el sector hidrocarburífero como los subsidios a la oferta de fósiles vinculados al Plan Gas. Durante 2023 el monto correspondiente a subsidios a la oferta de hidrocarburos resultó en más de $140.000 millones, tres veces más de lo que recibió el ex Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La inmersión de estos nuevos actores en la minería de litio les permite, a su vez, hacer uso de una narrativa vinculada a la transición energética, pretendiendo mostrarse como promotores de la transición”.
“La otra premisa que sostienen de manera ininterrumpida las diferentes gestiones es que para que haya desarrollo económico las normas ambientales deben ser flexibilizadas. En el caso del RIGI un ejemplo claro es que el régimen obliga a gobiernos subnacionales a garantizar la provisión de insumos a las empresas beneficiarias como pueden ser el agua y la energía. Así, prioriza a las empresas en el acceso por sobre la población”, advierte FARN.
“Esto es especialmente importante si consideramos que el RIGI pretende promover entre otras, la minería a gran escala, la cual consume grandes cantidades de agua y energía en áreas donde escasean, a la vez que es una actividad con grandes impactos ambientales y sociales. Los ejemplos en este sentido abundan. El 13 de septiembre de 2015 Barrick Gold derramó en su mina Veladero, en la provincia de San Juan, más de 1 millón de litros de agua cianurada”.
“En este escenario, las empresas deberían redoblar sus esfuerzos para exigir el cumplimiento de la normativa internacional (con jerarquía superior al Código de Minería y los decretos procedimentales que regulan los procesos de evaluación de impacto ambiental a nivel provincial), y la normativa nacional de aplicación en materia ambiental y de derechos humanos, así como aplicar los Principios Rectores sobre las Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, máxime si reciben incentivos económicos para el desarrollo de su actividad extractiva”, aconseja la fundación. “Sin embargo, lejos de cumplir con tales mandatos, despliegan sus intereses rompiendo acuerdos comunitarios de consulta colectiva y ofreciendo beneficios a cambio de su aprobación, en completa violación de las normas existentes y de los acuerdos comunitarios.”
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La contaminación del aire en Tucumán duplica lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud

Fecha de Publicación: 22/08/2024
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Tucumán


Un trabajo conjunto entre el Conicet, la UNT y otras instituciones científicas, arrojó que en la provincia “las concentraciones de material particulado superan los 30 microgramos por metro cúbico (µg/m³)”. Rwanda, una de las ciudades más contaminadas del mundo, registra 36,8 µg/m³. Cuáles son las zonas más afectadas.
En la actualidad, hay desplegados 19 sensores en toda la provincia para monitorear la calidad del aire en tiempo real, en un esfuerzo por medir los efectos de la quema de caña y la sequía sobre la atmósfera local, que durante julio y agosto se intensificaron ante la falta de lluvias común en esta época del año.
Esta investigación está liderada por el Laboratorio de Estudios Atmosféricos (LEA), en colaboración con el Instituto de Química Inorgánica (INQUINOA) y apoyados por un equipo de investigadores del Conicet, en conjunto con la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).
Facundo Reynoso Posse, investigador del Conicet y estudiante de doctorado especializado en calidad del aire, explicó la importancia de estos dispositivos, que permiten a la población acceder a datos actualizados sobre el aire que respiran.
"Estos monitores miden la cantidad de material particulado en suspensión en la atmósfera, que puede afectar la salud, especialmente en personas con patologías preexistentes como asma o EPOC", explicó Reynoso Posse.
Uno de los grandes desafíos es la precisión de los datos, ya que muchas de las estimaciones de calidad del aire provienen de imágenes satelitales, que pueden tener márgenes de error. “Lo que estamos haciendo en el laboratorio es afinar estos datos para que la población tenga acceso a información más real y precisa", detalló el investigador.
El material particulado es uno de los principales contaminantes atmosféricos, compuesto por una mezcla de polvo, humo y otras partículas. En épocas de sequía y quema de caña, estas partículas se elevan considerablemente.
Según Reynoso Posse, el monitoreo en tiempo real ha mostrado niveles preocupantes en algunas zonas de Tucumán, como Villa Carmela y Bella Vista, donde las concentraciones de material particulado han superado los 30 microgramos por metro cúbico (µg/m³), un valor que duplica la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 15 microgramos por metro cúbico. Por lo tanto, una exposición de 30 µg/m³ es considerablemente alta y representa un riesgo significativo para la salud de la población tucumana.
"Es importante no alarmarse por valores puntuales. Lo que realmente afecta a la salud es el promedio de exposición a largo plazo", indicó el especialista en La Gaceta. Sin embargo, advirtió que durante esta temporada de quema de caña, los valores tienden a ser más altos, lo que podría tener efectos negativos, especialmente en personas vulnerables.
Además de medir el material particulado, el equipo del Conicet está desarrollando nuevas líneas de investigación, como el análisis del transporte de microplásticos y patógenos a través del aire, en colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente y otras instituciones.
Uno de los objetivos del proyecto es que la población pueda acceder a los datos en tiempo real a través de la plataforma "Breath To Change", donde se pueden consultar los niveles de calidad del aire en diferentes zonas de la provincia. La iniciativa ha sido reconocida internacionalmente, ganando un premio de la Universidad de Chicago, que ha permitido la expansión y sostenibilidad del proyecto.
En cuanto a las soluciones, Reynoso Posse hizo un llamado a la responsabilidad ciudadana: "No debemos generar focos de incendio, ni siquiera quemar basura u hojas. Las condiciones meteorológicas actuales son extremadamente propicias para la propagación de incendios".
Finalmente, destacó la necesidad de continuar colaborando con las autoridades locales para aplicar políticas que reduzcan la contaminación atmosférica en la provincia. "Es crucial que esta información no solo sea de acceso público, sino que también se utilice para tomar decisiones que mejoren la calidad de vida de la población", concluyó Reynoso Posse.
La contaminación atmosférica causa una de cada nueve muertes en el mundo, y es la mayor amenaza medioambiental para la salud humana. Según la OMS, es responsable de unos siete millones de muertes prematuras al año en todo el mundo.
Según precisaron especialistas de la OMS, “la exposición a la contaminación atmosférica por PM2,5 provoca y agrava numerosos problemas de salud, como el asma, el cáncer, los accidentes cerebrovasculares y las enfermedades pulmonares. Además, la exposición a niveles elevados de partículas finas puede perjudicar el desarrollo cognitivo de los niños, provocar problemas de salud mental y complicar enfermedades ya existentes, como la diabetes”.
La materia particulada o PM (por sus siglas en inglés) 2.5 son partículas muy pequeñas en el aire que tiene un diámetro de 2.5 micrómetros (aproximadamente 1 diezmilésimo de pulgada) o menos de diámetro.
Con un tamaño menor que el grosor de un cabello humano, la materia particulada es una mezcla que puede incluir sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales, y es uno de los criterios de contaminantes del aire que se toman en cuenta para hacer estos estudios.
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Genneia y Satellites On Fire en alianza para proteger el ambiente y la biodiversidad

Fecha de Publicación: 22/08/2024
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut


El objetivo del acuerdo es brindar al Refugio “La Esperanza”, de Fundación Patagonia Natural, una plataforma innovadora para reducir la pérdida de biodiversidad provocada por incendios.
Genneia, empresa líder en energías renovables en el país, llegó a un acuerdo estratégico con Satellites On Fire, una plataforma argentina de detección temprana de incendios a través de satélites, cámaras e inteligencia artificial.
El objetivo del acuerdo es brindar al Refugio “La Esperanza”, de Fundación Patagonia Natural, una plataforma innovadora para reducir la pérdida de biodiversidad provocada por incendios. El área monitoreada abarca un total de 28.637 hectáreas y, a través de la startup, se podrán detectar de manera temprana posibles incendios, facilitando así una rápida movilización de recursos y una eficiente coordinación de equipos de respuesta de la Provincia de Chubut.
Esta herramienta funciona a través de alertas inmediatas vía Whatsapp, mail y notificaciones push que permite visualizar la ubicación del incidente y actuar inmediatamente en el foco del incendio. La alianza con Satellites on Fire, Genneia y Patagonia Natural, desempeña un papel crucial en la protección de la biodiversidad y colabora en la implementación de estrategias de conservación y restauración del ecosistema.
Franco Rodriguez Viau, CEO de Satellites on Fire expresa: "Nos alegra asociarnos con Genneia en este esfuerzo para proteger la biodiversidad de la Patagonia. En Satellites on Fire, creemos en el poder de la tecnología para hacer una diferencia real en la protección del ambiente, y la relevancia de que una empresa líder como Genneia apoye estas iniciativas es inmensa. Muestra la importancia de la colaboración para enfrentar los desafíos ambientales de manera efectiva y lograr un impacto profundo y positivo."
Por su parte,  Carolina Langan, Jefa de Sustentabilidad de Genneia, agregó: “Estamos orgullosos de trabajar junto a Satellites on Fire y Patagonia Natural para lograr prevenir riesgos en áreas claves de la provincia de Chubut. Es un orgullo poder apostar por iniciativas tecnológicas que enriquecen procesos de protección a la biodiversidad, los cuales se encuentran sumamente alineados con nuestro fuerte compromiso con el medio ambiente.”, expresó Carolina Langan, Jefa de Sustentabilidad de Genneia.
José María Musmeci, Presidente de Fundación Patagonia Natural, también sumó: “Es una alianza estratégica de gran valor para el trabajo de Conservación de la Estepa Costera Patagónica y posible recuperación de áreas sensibles, como una herramienta en la lucha contra la Desertificación y el Cambio Climático”.

Acerca de Satellites on Fire
Nacida de la visión de tres jóvenes argentinos en el colegio ORT, luego de haber visto casas de familiares quemarse, Satellites on Fire combina tecnología satelital, cámaras terrestres e inteligencia artificial para detectar tempranamente incendios forestales, con el objetivo de reducir las pérdidas de biodiversidad del mundo.
El sistema de Satellites on Fire llevado adelante por tres jóvenes universitarios de 20 años, captó la atención internacional, logrando una inversión de $600.000 dólares y valorando su empresa, comenzada como proyecto del secundario, en 3 millones de dólares. Esta propuesta innovadora ya supera en rapidez de detección a la NASA, y su tecnología está monitoreando 200 millones de hectáreas de usuarios, lo cual es el equivalente a 10 veces la superficie de Uruguay, a lo largo de 15 países.
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La Justicia suspendió los desmontes en Chaco por tres meses tras una denuncia de abogados ambientalistas

Fecha de Publicación: 21/08/2024
Fuente: TN
Provincia/Región: Chaco


Fue por decisión de la jueza Zunilda Niremperger, titular del Juzgado Federal N°1 de Resistencia. Un grupo funcionarios forestales y empresarios, están en la mira acusados de armar un esquema sistemático de deforestación.
El Juzgado Federal N°1 de Resistencia, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, dictó este lunes una medida cautelar que suspende todos los desmontes en la provincia de Chaco por un período de tres meses, ampliables.
Esta decisión surge en el marco de la denuncia presentada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) contra un grupo de funcionarios, exfuncionarios y empresarios, acusados de armar un esquema de desforestación sistemático de bosque nativo con graves consecuencias ambientales.
El pasado 30 de abril, la Legislatura chaqueña aprobó un nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), Ley N° 4005R, que habilita el desmonte de un millón de hectáreas, lo que desató fuertes críticas y denuncias por parte de organizaciones ambientalistas. Según AAdeAA, esta actualización legal transformó zonas protegidas, antes catalogadas como “amarillas” o “rojas”, en áreas “verdes”, permitiendo así la deforestación masiva.
De acuerdo a los datos extraidos del proyecto MapBiomas que monitorea el uso del suelo en el Gran Chaco (la región boscosa más importante, después del Amazonas) entre el 2000 y el 2021 se duplicó el área destinada a agricultura. A principio de siglo era el 9,8% de ese territorio. Hoy es el 18,5%. En cuanto a la producción forestal, en el 2000 se destinaban 57.667 hectáreas a esa actividad; mientras que en 2022 ese número se elevó a 110.865.
El pasado 30 de abril, la Legislatura chaqueña aprobó un nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), Ley N° 4005R, que habilita el desmonte de un millón de hectáreas, lo que desató fuertes críticas y denuncias por parte de organizaciones ambientalistas. Según AAdeAA, esta actualización legal transformó zonas protegidas, antes catalogadas como “amarillas” o “rojas”, en áreas “verdes”, permitiendo así la deforestación masiva.
De acuerdo a los datos extraidos del proyecto MapBiomas que monitorea el uso del suelo en el Gran Chaco (la región boscosa más importante, después del Amazonas) entre el 2000 y el 2021 se duplicó el área destinada a agricultura. A principio de siglo era el 9,8% de ese territorio. Hoy es el 18,5%. En cuanto a la producción forestal, en el 2000 se destinaban 57.667 hectáreas a esa actividad; mientras que en 2022 ese número se elevó a 110.865.
Entre los delitos imputados a los funcionarios figuran abuso de autoridad, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, y asociación ilícita, entre otros.
A su vez, la gravedad de los hechos denunciados llevó al fiscal a solicitar la aplicación de la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, lo que implica que también se investigará a empresas involucradas en estos actos, como Vicentin y otros grandes grupos agroindustriales.
Al enterarse de la medida cautelar otorgada por la Justicia, desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas expresaron: “Es un respiro para el monte chaqueño y su gente. Seguiremos hasta desarticular a la mafia del desmonte”.
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Buscan declarar monumento natural al huillín en Río Negro

Fecha de Publicación: 21/08/2024
Fuente: Portal masrionegro.com
Provincia/Región: Río Negro


El Parque Nacional Nahuel Huapi reconoce entre la fauna silvestre de valor especial al huillín (lontra provocax), conocido también como nutria de río, gato de agua, habitante acuático/terrestre exclusivo de la región cordillerana patagónica de Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego e Islas de los Estados.
Actualmente se encuentra en peligro de extinción y desde el año 1950 está prohibida su caza que diezmó la población por  el valor  comercial de  su piel.
Es un mamífero anfibio carnívoro, de hábitos nocturnos con un cuerpo hidrodinámico que lo hace excelente nadador, además puede desplazarse en la tierra con igual facilidad. Sus patas son cortas y posee membranas completas entre sus dedos. Su peso máximo ronda en los 15 kg.  Alcanza a medir entre 1,10 y 1,30 metros incluyendo la cola larga de entre  38 y 45 cm. que le permite la propulsión para nadar.
Esta especie utiliza costas angostas de arena o rocas y prepara sus descansaderos donde encuentra cavidades o sitios con raíces expuestas, ramas caídas y buena cantidad de vegetación. Otros sitios conocidos como madrigueras  son aquellos que solamente utiliza para la crianza. Depende del agua y de las costas para completar su ciclo de vida.
El huillín encuentra su alimento principalmente en el agua, donde puede permanecer sumergido hasta cincuenta segundos buscando crustáceos y peces. Puede comer en el agua haciendo la plancha, de espaldas y flotando. También se alimenta sobre troncos o rocas.
Es considerado clave en el ecosistema: su presencia es un indicador biológico del estado en que se encuentra el ambiente. Si hay nutrias, eso significa que la cadena trófica está presente. Como  depredador controla la población de crustáceos  y peces evitando  que se descontrolen y afecten la estructura del medio en que habitan. Al regular las poblaciones de sus presas, contribuye a mantener la biodiversidad y la salud de los ecosistemas acuáticos.
Es el animal emblema del Parque Nacional Nahuel Huapi, que lleva adelante el Proyecto de Conservación del Huillín que viene siendo estudiado desde la década del 80’y tiene como objetivo principal garantizar su conservación a largo plazo con acciones de investigación, gestión y educación  ambiental. Mediante la Linea 105 “emergencias ambiental”, se puede denunciar avistajes, registrar localización geográfica y descripción del acontecimiento.
Gracias al trabajo de campo, se pudo determinar que su reproducción es cada dos años y los peligros que lo asechan son  la alteración del paisaje por el uso humano; contaminación dando resultados la perdida de calidad del agua; basura en las costas;  presencia de perros. Además  a presencia de dydimo (moco de roca) puede afectar a los macrocrustáceos que es la principal alimentación del huillín. Por último, el visón es una amenaza que compite por hábitat y comida. Todo esto hace que sea necesario legislar  para protegerlo.
Es considerado en peligro de extinción a nivel internacional;  en riesgo en nuestro país y especie  de valor especial por la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. La provincia de Tierra del Fuego cuenta con la Ley 1346 que lo declaró patrimonio natural.
El presente proyecto  se respalda en la ley de protección de especies Nº 2056, la que ha sido fundamental para  cuidar y conservar especies como el huemul, la mojarra desnuda,  el cóndor andino y el cardenal amarillo.
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Ardillas, castores y carpas: las especies invasoras avanzan

Fecha de Publicación: 20/08/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


Hay más de 700 foráneas en Argentina, tanto por tierra como por aire y mar. Pueden causar estragos ambientales, sanitarios y económicos. Desde Luján hasta Tierra del Fuego y Corrientes, los impactos son tan diversos como peligrosos. Por qué crece su presencia en todo el país.
Las ardillas mordieron cables hasta dejar sin Internet a una parte importante de Luján. Eso las convirtió en noticia en los últimos días. Pero lo cierto es que la población local ya está acostumbrada a su presencia. Y sabe que, pese a que parecen salidas de cuentos infantiles, provocan pérdidas millonarias y hasta pueden transmitir enfermedades. También saben que no son la única comunidad que sufre invasiones: esos simpáticos animalitos están entre las más de 700 especies exóticas invasoras registradas en la Argentina y forman parte de una problemática creciente a nivel global. Las invasiones avanzan, con más o menos sigilo, por agua, aire y tierra.
La ardilla de vientre rojo fue introducida al país en 1970 y liberada con fines ornamentales en la localidad de Jáuregui, en Luján. A partir de un pequeño número de ejemplares, la población creció a gran velocidad. “Los daños visibles y cotidianos que afectan la infraestructura y servicios urbanos, como el corte de cables, tienden a atraer más atención mediática y social. Pero también hay impactos significativos menos visibles: daños a plantaciones forestales o árboles nativos y al arbolado urbano, afectan a sistemas de riego y frutales, o la posible competencia por sitios de nidificación con aves de la región”, enumeran desde el Grupo Ecología de Mamíferos Introducidos de la Universidad Nacional de Luján y del Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable (INEDES, UNLu-CONICET).
Ese animal comparte el listado de especies invasoras con seres tan diversos como el jabalí europeo, la ostra japonesa y el mosquito transmisor del dengue. Según el caso, implican riesgos para la salud, la biodiversidad y la economía. La globalización facilitó su propagación y el cambio climático está de su lado, pese a que el actual gobierno argentino relativice su existencia.
“Todos los estresores o impulsores de cambio actúan con las especies introducidas. En el mar, el aumento de temperatura hace que muchas tengan más facilidad para expandirse. Permite que especies nuevas que antes llegaban y se morían, ahora puedan sobrevivir. En el ambiente marino es clave. Y los cambios en los usos de la tierra, como el desmonte y la deforestación, también traen problemas”, advierte la bióloga Evangelina Schwindt, directora del Grupo de Ecología en Ambientes Costeros, una de las científicas argentinas que participó en Alemania de las reuniones para aprobar el informe de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (Ipbes), presentado en septiembre pasado. El relevamiento más exhaustivo hasta ahora sobre el tema.

Entre lirios y jabalíes
“Las exóticas invasoras son especies que no pertenecen a un determinado ecosistema y no tienen enemigos naturales específicos. Son introducidas accidental o voluntariamente y una vez que se introducen, si logran colonizar ambientes y expandir sus poblaciones, generan impactos negativos sobre la biodiversidad, sobre el funcionamiento del ecosistema”, explica Celeste Franceschini, al frente del Laboratorio de Herbivoría y Control Biológico del Centro de Ecología Aplicada del Litoral.
A partir de la existencia de un listado de más de 700 especies en el país, su equipo se abocó a un relevamiento regional para establecer prioridades y urgencias en Chaco, Corrientes y Formosa. El proyecto propone una mirada integral del país: “Especies como el castor en Tierra del Fuego (que allí causa estragos) no tiene relevancia acá. Es necesario mirar esta temática con enfoque más federal”.
En su región, las invasoras van desde un mamífero de gran porte como el jabalí hasta una planta de flores vistosas como el lirio amarillo. “Al jabalí europeo se lo declaró como plaga en Corrientes en 2023; se ve a simple vista su impacto. Es una especie muy brusca, arrasa con todos los cultivos, jardines, huertas. Incluso con los cercos. Personas entrevistadas contaban que estaban reacias a volver a cultivar porque arrasaba con todo. Al ciervo axis seguramente también se lo declare dentro de poco como plaga para mitigar su impacto. Son medidas que surgen cuando la invasión ya está en su etapa avanzada”, detalla Mariano Gabriel Santajuliana, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional del Nordeste.
Tanto el jabalí como el ciervo se introdujeron para la caza, como ocurre en otros países. «Hace años se desconocía el efecto de las especies invasoras y se las introducía deliberadamente, como sucedió con el castor en Tierra del Fuego, que afecta enormemente los ecosistemas, incluso a escala de paisaje. Recién ahora se conoce más y hay otra conciencia. La gente ya ve la problemática y demanda soluciones. Por eso es tan importante difundir y que los científicos hagamos educación ambiental”, remarca Franceschini.

Letales y voraces
En los ríos argentinos, las especies no nativas con mayor presencia –en número y área–son la trucha arcoíris y la carpa común, según un estudio del Instituto Nacional de Limnología (INALI-Conicet). En el mar, algunas de las invasoras son tan diminutas como las microalgas. Ellas son productoras de toxinas paralizantes en moluscos y causantes del fenómeno conocido como Marea Roja, responsable de la muerte de gran cantidad de ballenas en la Patagonia en los últimos años.
“Es un ejemplo que nadie toma muy en cuenta. Tenemos eventos de mareas rojas que causan muchos problemas. El año pasado murieron unas 30 ballenas por estas especies. Saberlo tiene que llevar a programas de prevención. Controlar o erradicar es poco probable”, apunta Schwindt, especializada en especies marinas. También está el cangrejo verde, que se expande «a una velocidad impresionante desde Chubut hasta el sur de la Provincia de Buenos Aires. La primera detección fue alrededor del año 2000 y es un depredador voraz”.
“Es muy importante en nuestro país visibilizar esta problemática. Hay muchas especies que son exóticas invasoras y la gente lo desconoce. Muchas veces se ven los efectos cuando ya es demasiado tarde para revertirlo. La clave es trabajar mancomunadamente la parte académica junto con las instituciones educativas, y es sumamente relevante el acompañamiento de las autoridades: que apoyen estas iniciativas, que generen mecanismos para contar con ordenanzas y fiscalización”, plantea Franceschini. Y completa: “sería deseable, por lo menos que este tema sea visto como prioritario”.

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El Gobierno convocó a audiencia pública por el impacto ambiental del distrito minero Malargüe

Fecha de Publicación: 20/08/2024
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza.


Técnicos finalizaron el informe ambiental para 34 proyectos ubicados en Malargüe Distrito Minero Occidental. Debe pasar por audiencia pública para su aprobación
Las direcciones de Minería y Protección ambiental de Mendoza convocaron a audiencia pública para el viernes 6 de septiembre para analizar el informe de impacto ambiental del Malargüe Distrito Minero Occidental, que abarca 34 proyectos.
Todo aquel que “invoque un interés razonable, individual o de incidencia colectiva” podrá inscribirse hasta el 5 de septiembre a las 23.59 para participar de la audiencia que se realizará al día siguiente, a las 9, en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus de Malargüe, o de manera virtual, mediante la plataforma Zoom.
Este informe, que llevó a cabo la UNCuyo, fue financiado por la empresa estatal Impulsa Mendoza. La intención es que los 34 proyectos mineros puedan comenzar lo antes posible con la exploración.

Los 34 proyectos mineros que se sumaron al informe de impacto ambiental de Impulsa Mendoza
    N° 1 S/ IIA permiso Exploración “El Seguro” (zona N° 1);
    N° 2 S/ IIA permiso Exploración “Campeones” (zonas N° 1 y 2);
    N° 3 S/ IIA permiso Exploración “Canillita” (zonas N° 1 y 2);
    N° 4 S/ permiso Exploración “Conejera” (zona N° 2);
    N° 5 S/ IIA permiso Exploración “Dibu” (zona N° 2);
    N° 6 S/ permiso Exploración “Fideo” (zona N° 2);
    N° 7 S/ IIA permiso Exploración “Hechicera” (zona N° 2);
    N° 8 S/ IIA permiso Exploración “La Herradura” (zona N° 1);
    N° 9 S/ IIA permiso Exploración “La Pechera” (zona N° 2);
    N° 10 S/ IIA permiso Exploración “Los Azulejos” (zona N° 2);
    N° 11 S/ IIA permiso Exploración “Mate Amargo” (zona N° 1);
    N° 12 S/ IIA permiso Exploración “Mochileros” (zona N° 2);
    N° 13 S/ IIA permiso Exploración “Papu” (zona N° 2);
    N° 14 S/ IIA permiso Exploración “Pehuenche Oriental” (zona N° 2);
    N° 15 - S/ IIA permiso Exploración “Vecindario” (zona N° 1);
    N° 16 - S/ IIA permiso Exploración “Los Galgos” (zona N° 3 y 4);
    N° 17 - S/ IIA permiso Exploración “Las Arañas” (zona N° 3);
    N° 18 - S/ IIA permiso Exploración “Las Estrellas” (zona N° 1);
    N° 19 - S/ IIA permiso Exploración “La Meli” (zona N° 2);
    N° 20 - S/ IIA permiso Exploración “Elena” (zona N° 1);
    N° 21 - S/ IIA permiso Exploración “El Perdido” (zona N° 1);
    N° 22 - S/ IIA permiso Exploración “Cerro de la Virgen” (zona N° 1);
    N° 23 - S/ IIA permiso Exploración “Merlot - Sirah” (zona N° 2);
    N° 24 - S/ IIA permiso Exploración “El Toro” (zona N° 3 y 4);
    N° 25 - S/ IIA permiso Exploración “Pórticos” (zona N° 4);
    N° 26 - S/ IIA permiso Exploración “Malbec” (zona N° 2);
    N° 27 - S/ IIA permiso Exploración “Calmuco” (zona N° 2);
    N° 28 - S/ IIA permiso Exploración “El Montón” (zona N° 2);
    N° 29 - S/ IIA permiso Exploración “Los Carrizos” (zona N° 2);
    N° 30 - S/ IIA permiso Exploración “Minue” (zona N° 1);
    N° 31 - S/ IIA permiso Exploración “Riesling” (zona N° 1 y 2);
    N° 32 - S/ IIA permiso Exploración “Valenciana” (zona N° 1 y 2);
    N° 33 - S/ IIA permiso Exploración “Lego” (zona N° 2);
    N° 34 - S/ IIA permiso Exploración “Huemul” (zona N° 2); presentado por el proponente Impulsa Mendoza Sostenible S.A.
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La Agenda 2030 provoca discordia: Desde la SRA, Andrés Costamagna advierte que sin incentivos concretos a los productores "no va a funcionar" un programa ambiental global exitoso

Fecha de Publicación: 19/08/2024
Fuente: Bichos de Campo
Provincia/Región: Nacional


Los debates en torno a los objetivos de la Agenda 2030 tocan de cerca al director de la Sociedad Rural Argentina (SRA) Andrés Costamagna, que es de los pocos dirigentes agropecuarios que logró instalar la agenda de la sustentabilidad dentro de una gremial del sector, en un escenario donde los productores afirman tener poco margen y paciencia para mayores imposiciones.
“Argentina tiene a la Agenda 2030 por ley, a través de la 27.270 que se sancionó en 2016, cuando gobernaba Mauricio Macri, y que después fue ratificada. O sea que si nos quisiéramos salir, hay que derogar” esas normativas, explicó Andrés en una charla con Bichos de Campo.
“A partir del Acuerdo de París es que se genera esa agenda, que se ratifica. Hay que tener en cuenta que ella nace con Barack Obama, Joe Biden y John Kerry. No es cubana, ni rusa, ni china. No tiene nada que ver con la (ofensiva) en que después se usa al cambio climático como una herramienta geopolítica y económica, con la que quieren condicionar a los territorios que se quedaron con los recursos naturales”, añadió el dirigente a continuación.
Aclarado esto, Costamagna reconoce que la aplicación de esta agenda ambiental difícilmente se dé, porque la misma “está perimida” y es “básicamente una narrativa que se instaló”. Aún así, sostiene que dentro de ella hay 17 objetivos que “son bravos y muy jodidos para Argentina”, y que el país no debería cumplir.
“Acá hay dos narrativas. Por un lado está el que quiere que se salve solo el planeta y le importa muy poco la gente, el que quiere que te quedes en Argentina con los bosques nativos y la pobreza en Formosa, en Chaco, en Salta. Hay que ver como dirimimos eso, que es parte de la agenda. La realidad es que si el Hemisferio Norte desarrolló su economía y hoy impone exigencias, debería pagarnos. Así se resolvería el problema. Ahora, si me imponés la agenda en vez de pagarme, ahí estamos todos en desacuerdo”, sostuvo el dirigente.

-¿Preferís un programa ambiental a nivel global con estímulos a los productores que hagan bien las cosas?- le preguntamos a Costamagna.
-Incentivos. Si hay incentivos esto va a funcionar. El productor está esperando un estímulo, una señal y recibe de un Estado una imposición. Así no va a funcionar porque la reacción posterior a eso va a ser destruir el recurso natural, porque si no me dejás hacer nada y es mío, yo veo qué hago. Todo esto va a generar que aquellos que quieren proteger no puedan hacerlo, lo que va a llevar a que haya mayor degradación.

-Esta discusión se exacerba con un Estado como el argentino, que le saca vía retencones una renta al productor que podría ser destinada a ser más sustentables.
-En Argentina tenemos otro claro ejemplo que es la Ley de Bosques, la 26.031, que decía que iba a pagar por el servicio ecosistémico que generarán los cuidados de los bosques. Pero en 16 años de gobierno -pasaste de Cristina a Mauricio y Alberto- y solo mandaste el 5% del presupuesto a cuidar los bosques. No hay intención del Gobierno nacional de cuidar ningún bosque, si no hubiera mandado el dinero. Si no lo podemos hacer porque tenemos otras cosas que atender, perfecto. Pero no digamos que vamos a atender los bosques con impuestos. Eso no sucede. Busquémosle otra vuelta: miremos la Ley de Ordenamiento Territorial, veamos si los créditos de carbono son una salida, veamos cómo canalizamos al sector privado invirtiendo para cuidar. Pero la manera de imponer una regla no va a funcionar porque va a degradar más el ambiente.

-En el medio se habla de bonos que compensan la sustentabilidad… Pero para eso hay que certificar y crece el número de certificadoras.
-Nosotros desde la SRA venimos tratando de ser un puente y agilizar esto con el sello de Triple Impacto, porque creemos que el dato meta relato y a partir de ahí se necesita información y medir lo que pasa en cada predio.

-Es inevitable para dar incentivos el poder medir.
-Hay que medir. Para eso tenés que invertir, tenés que comprar semillas, sembrar y cosechar carbono. Tenés que invertir para producir carbono y cosecharlo. No es que la naturaleza nos lo da gratis, es una intervención que tiene que hacer el productor. Conocemos los manejos, la tecnología, tenemos que darle los incentivos claros, tenemos que saber en la Argentina de quién es un crédito de carbono. Hay una discusión con el gobierno de Misiones y de Jujuy por la propiedad de esos bonos. La parte política está metida en el medio y después está el precio, que será la otra discusión: cuánto vale el carbono y con cuánto amortiza la inversión.

-¿Le ves oportunidad en esto a ser un país agrosustentable que aporte a esta discusión global sin aceptar imposiciones?
-Totalmente. Lo que pasa es que tenemos que tener los incentivos alineados y la política alineada. Nos pasó durante Palermo que un diputado libertario no quiso participar de la reunión porque no entiende qué es la Agenda 2030. Y como es el capo del liberalismo en Argentina no se sienta a hablar.

-¿Lo mismo que decían los kirchneristas?
-Los libertarios hacen lo mismo: “No me siento a hablar de esto porque esto es imposición”. Bueno, si no hay diálogo va a ser muy difícil que logremos un consenso para que esto suceda. Los dos extremos están mal. Lo difícil es estar en el medio, pero creo que es posible, que se puede dar esto. En la Ley Bases había cuatro artículos que hablaban de limitaciones a las emisiones, y eso creaba un marco, que obviamente iba a generar tensiones porque iba a haber que crear los inventarios. Los artículos los escribieron los libertarios, que son los mismos que están en contra de la Agenda 2030. Entonces, no se entiende mucho la cosa.
A continuación, Costamagna agregó: “Creo que es un momento de cambio. El productor tiene que dejar de pensar en producir mucho porque vale poco. ¿Qué paso con el precio? Se cayó porque hay mucha oferta. Bueno, hay que producir mucho, pero con algún valor agregado diferente para que ese atributo se pueda seguir vendiéndolo a la Unión Europea, porque nos puso la deforestación como límite. Y en otros lugares capturar un valor. Hoy la mejora viene del lado de aquel que quiera hacer las cosas diferente. ¿Está claro quién lo va a pagar? No. ¿Está claro que lo quieran pagar? Tampoco”.

-Pero está claro que va a ganar el que haga bien las cosas.
-El que se diferencie. Y tenemos una gran ventaja. Nos quedamos con los recursos naturales. Internamente seremos Carbono Cero cumpliendo la meta del 2050 mucho antes, y lo que nos sobre lo vendemos el mundo como un nuevo commoditis. Tenemos que entender que (/este negocio potencial) tiene el tamaño de negocio del gas de Vaca Muerta. Hablamos mucho de Vaca Muerta y poco de carbono de la Argentina, que tiene el mismo tamaño de negocio si lo logramos hacer.
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