Resistencia a herbicidas: su uso masivo pone en jaque a la agricultura moderna

Fecha de Publicación: 11/07/2024
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


La fuerte aplicación de agroquímicos ha incrementado la resistencia de malezas en Argentina, poniendo en riesgo la sostenibilidad agrícola
Los sobrenombres no son muy amenos: enemigas del rinde, hierba mala, plantas no deseables, las malezas crecen en los campos de cultivo y compiten con ellos por recursos esenciales como luz, agua y nutrientes. Esta competencia puede reducir significativamente los rendimientos de los cultivos, afectando la productividad agrícola y, por ende, la disponibilidad de alimentos.
En las últimas dos décadas, la agricultura argentina ha dependido en gran medida del uso de agroquímicos para controlarlas. Sin embargo, esta práctica intensiva ha generado un problema significativo: la resistencia de estas malas hierbas a los herbicidas.
Un estudio reciente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) ha revelado que 24 especies de malezas en Argentina ya han desarrollado resistencia a varios herbicidas, con el glifosato como el más afectado.

Lo que no mata, fortalece
Desde la adopción de la siembra directa y los cultivos transgénicos tolerantes a herbicidas en los años 90, el uso masivo y constante de estos productos ha llevado a un incremento alarmante en la cantidad de malezas resistentes. Fernando Oreja, investigador principal del estudio publicado en la revista científica Weed Research, señaló que desde 2010 la cantidad de especies resistentes no ha dejado de aumentar. Según Oreja, quien actualmente trabaja en la Universidad de Oregón, más de la mitad de estas especies resistentes son gramíneas.
En el cultivo de soja se han identificado 19 especies resistentes, en maíz, 13 y en trigo y cebada, 10. El glifosato, uno de los herbicidas más utilizados, ha generado un 92% de los casos de resistencia, especialmente en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. En Buenos Aires predominan las malezas de invierno relacionadas con el cultivo de trigo, mientras que en Córdoba y Santa Fe, las malezas de verano como los yuyos colorados son más comunes, asociadas a la producción de soja y maíz.

¿De qué están hechos los agroquímicos?
La palabra lo anticipa: los agroquímicos son compuestos químicos utilizados en la agricultura para controlar plagas, enfermedades y malezas. Estos productos incluyen herbicidas, insecticidas y fungicidas.
Los herbicidas están diseñados para eliminar o inhibir el crecimiento de malezas sin dañar los cultivos. Están compuestos por sustancias químicas que actúan sobre procesos biológicos específicos en las plantas, como la fotosíntesis, la síntesis de aminoácidos o la división celular. El glifosato, por ejemplo, inhibe una enzima esencial para la síntesis de aminoácidos en las plantas, provocando su muerte.

Agroquímicos: cuánto y dónde
Este fenómeno no es exclusivo de Argentina. A nivel mundial, el uso de agroquímicos ha aumentado drásticamente en las últimas décadas. Desde la Revolución Verde en los años 60, la producción agrícola ha dependido cada vez más de herbicidas, pesticidas y fertilizantes químicos para aumentar los rendimientos y alimentar a una población en crecimiento.
Esta tendencia ha llevado a la proliferación de malezas resistentes en todos los grandes países agrícolas, creando un desafío global para la agricultura sostenible.

La clave está en la integración
La resistencia de las malezas a los herbicidas tiene consecuencias graves para el ecosistema. La utilización intensiva de agroquímicos no solo afecta la biodiversidad de las áreas agrícolas, sino que también pone en riesgo la salud del suelo y del agua, afectando a la fauna y flora circundantes.
Además, la resistencia a los herbicidas lleva a un uso aún mayor de estos productos, creando un ciclo vicioso que resulta en un impacto ambiental cada vez más severo.
Frente a este desafío, es crucial adoptar un enfoque de manejo integrado de malezas. Este enfoque va más allá de la simple aplicación de herbicidas y promueve una serie de prácticas que buscan minimizar la resistencia y proteger el ambiente. Fernando Oreja sugiere que el manejo integrado incluye mejorar la ventaja competitiva de los cultivos mediante la modificación de la distancia entre surcos, la densidad y las fechas de siembra. Además, la adopción de cultivos de cobertura puede prevenir que las malezas resistentes produzcan semillas.
La rotación de cultivos y la realización de controles mecánicos también son fundamentales en este enfoque. Si se decide seguir utilizando herbicidas, es recomendable alternar los productos entre años y utilizar aquellos que actúen de manera diferente sobre las malezas. Aplicar las dosis adecuadas en los momentos precisos es igualmente esencial para evitar la selección de plantas resistentes.

La Importancia de un Cambio de Paradigma
El cambio hacia un manejo integrado de malezas requiere un cambio de paradigma en la agricultura. Es necesario alejarse de la dependencia exclusiva de los agroquímicos y adoptar una estrategia más holística y sostenible. Implementar estas prácticas demanda tiempo y estudio, lo que puede resultar complejo para los asesores y productores que enfrentan múltiples desafíos en su trabajo diario.
A nivel global, la tendencia para resolver el problema de la resistencia a los agroquímicos se enfoca en la diversificación de las estrategias de manejo de cultivos. Esto incluye la promoción de prácticas agrícolas sostenibles, como la agroecología, que integra el manejo biológico de plagas, el uso de abonos orgánicos y la conservación del suelo. Además, se están desarrollando y promoviendo tecnologías de precisión que permiten una aplicación más eficiente y localizada de agroquímicos, reduciendo su uso generalizado y minimizando los impactos ambientales.
No obstante, estudios realizados por la FAUBA indican que tanto asesores como productores agropecuarios están cada vez más inclinados a adoptar el manejo integrado de malezas. Esta tendencia es un paso positivo hacia la protección del ecosistema y la sostenibilidad a largo plazo de la agricultura.
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Monitoreo de contaminación ambiental: encuentran microplásticos en focas de la Antártida

Fecha de Publicación: 10/07/2024
Fuente: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Provincia/Región: Nacional


Un equipo del CONICET participó, junto a colegas de Brasil, en la determinación de la composición química de las partículas halladas: había polímeros y pigmentos utilizados en la industria del plástico, textil, alimenticia, de embalaje y de la construcción. La investigación, impulsada por el Instituto Antártico Argentino, podría contribuir a la elaboración de estrategias efectivas de conservación y manejo del ecosistema antártico.
La idea de la Antártida como ambiente inmaculado y prístino, lejos de la intervención humana y donde la naturaleza existe con la sola compañía de sí misma es, de mínima, inocente. En rigor, es de hecho irreal, no solo por el tiempo que lleva la ocupación en el sitio –Argentina fue el primer país en instalar una base permanente en 1904– sino, sobre todo, por las múltiples comunicaciones y movilidad global que acortan las distancias entre continentes y conectan a los rincones más aislados con el resto del mundo. La contaminación por basura es una de las principales muestras de esta realidad, y la preocupación se reaviva ahora tras una reciente investigación multidisciplinar con participación del CONICET que demuestra la presencia de microplásticos en las heces de focas que habitan la península Antártica. El trabajo, publicado en la revista Science of the Total Enviroment, no deja lugar a dudas: las partículas fueron detectadas en el cien por ciento de las muestras analizadas.
Las especies estudiadas fueron tres: foca cangrejera (Lobodon carcinophaga), leopardo (Hydrurga leptonyx), y de Weddell (Leptonychotes weddellii), a partir de 29 muestras de excrementos, también llamados fecas. En todas ellas predominaban un tipo de partículas menores a 5 milímetros (mm) denominadas microplásticos. ¿La composición? Poliestireno, poliésteres –entre ellos tereftalato de polietileno o PET–, poliamida, polipropileno y poliuretano, todos polímeros ampliamente utilizados en diversas industrias como alimenticia, textil, de envases y embalajes, de la construcción, y otras. “Nosotros recibimos las muestras y las analizamos mediante dos técnicas para determinar la composición química: microespectroscopía RAMAN y de infrarrojo”, relatan Lucas Rodríguez Pirani y Lorena Picone, especialistas del CONICET en el Centro de Química Inorgánica (CEQUINOR, CONICET-UNLP-asociado a CICPBA) y participantes de la investigación.
Mientras que la primera de las tecnologías está disponible en el CEQUINOR, la segunda fue realizada en el Laboratorio Nacional de Luz Sincrotrón (LNLS) ubicado en Campinas, en el estado brasileño de San Pablo. “La potencia y resolución que nos brindan estas herramientas es clave para precisar la composición de las fibras y fragmentos encontrados. Por algunas características morfológicas como color y forma es posible establecer si se trata de un plástico o no, pero en este nivel estamos determinando qué moléculas componen los materiales”, describe Picone. Además de los polímeros mencionados, también fue posible determinar la presencia de pigmentos muy utilizados en la industria textil y del plástico: índigo, reactive blue 238, y ftalocianina de cobre azul y verde. Los usos de los materiales observados permiten concluir su origen antrópico, es decir, producido o modificado por acción humana. El hallazgo se completa con otro elemento llamado negro de carbón (Carbon Black), un producto de la quema incompleta de combustible que podría provenir de embarcaciones o de hollín suspendido en el aire.
La toma de muestras estuvo a cargo de Julieta Cebuhar, bióloga argentina y estudiante de doctorado en la Universidad Federal de Río Grande, Brasil, autora principal de la investigación. Según describe, se trata de una tarea oportunista en la que prima la rapidez para detectar materia fecal fresca asociada a un individuo en particular, colectarla de bandejones de hielo y témpanos a la deriva bajo procedimientos limpios, y conservarla en recipientes herméticos a 20 grados bajo cero hasta su llegada al laboratorio. “Se encontraron residuos plásticos en todas las muestras analizadas y solo hubo diferencias en el tamaño: las focas leopardo habrían ingerido restos más grandes que las otras”, explica la científica, y continúa: “En general este tipo de ingesta tiene efectos negativos para muchas especies, y existen numerosos estudios al respecto, pero esta es la primera vez que se realiza en focas. Por el momento, no estamos en condiciones de afirmar que las enferme o afecte su salud, y las concentraciones halladas son bajas en comparación con otros animales. Lo importante, primero, es reportarlo y después continuar el monitoreo para poder elaborar estrategias efectivas de conservación y manejo del ecosistema antártico”.
La dieta de las focas cangrejeras suele estar representada en más de un 80 por ciento por kril antártico, crustáceo también consumido por las focas leopardo pero en menor medida, ya que estas se alimentan mayormente de peces y cefalópodos –calamares y pulpos– al igual que las focas de Weddell, aunque aquellas también comen pingüinos e incluso crías de otras especies de focas o lobos marinos. “Estas especies suelen ser consideradas predadores tope y mesopredadores, ya que ocupan niveles altos y medios de las cadenas tróficas. Son animales longevos capaces de recorrer extensas áreas en busca de su alimento y en determinadas épocas se agrupan en sitios relativamente accesibles”, comenta el investigador del CONICET a cargo del Programa de Mamíferos Marinos del Instituto Antártico Argentino (IAA) y también autor del estudio, Javier Negrete. Por estas características, explica, son consideradas centinelas o bioindicadores de los ecosistemas, ya que al estudiarlas se puede detectar cambios  en el ambiente que ocupan y en las poblaciones de las que se alimentan a distintas escalas de tiempo y espacio.
“Por eso, la detección de microplásticos y otras sustancias contaminantes en las heces de estas tres especies que se alimentan de una amplia gama de animales y en un gran sector del territorio antártico argentino podría indicar que la concentración de estas sustancias en el ecosistema tal vez sea mayor de lo que se cree”, concluye Negrete. “El impacto antrópico en la región se mide por las diversas actividades humanas, principalmente el turismo y la pesca y, en menor medida, por las propias bases científicas que, si bien tienen protocolos para el cuidado del medioambiente, su sola presencia genera indefectiblemente un impacto en términos de contaminación. También hay que considerar lo que puede llegar desde otros continentes a través de corrientes marinas y atmosféricas de los llamados microplásticos secundarios”, apunta Rodríguez Pirani en referencia a las partículas de tamaño microscópico resultantes de la degradación de residuos durante decenas de años por efecto de la luz y la abrasión del clima, entre otros factores. Cabe mencionar que estas piezas tienen la capacidad de absorber contaminantes orgánicos persistentes, que al ingresar al organismo de los animales que los ingieren podrían multiplicar los peligros a los que se exponen.
De acuerdo con datos provistos por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la humanidad produce más de 430 millones de toneladas de plástico al año, de las cuales dos tercios son de un solo uso o de vida corta y en poco tiempo se convierten en basura que, en su mayor parte, desemboca en los océanos. Como no son materiales biodegradables sino que se descomponen en un tiempo que se calcula entre cien y mil años, pasan esa abrumadora cantidad de tiempo flotando en la superficie o encallados en el lecho marino mientras se van degradando lentamente, si no es que antes terminan en el estómago de algún animal que los ingiere por accidente. “La producción de plástico se proyecta en aumento, con lo cual su descarte también seguirá creciendo exponencialmente hasta alcanzar cantidades verdaderamente inconmensurables. Hablamos de una industria que data de la década del ’50, con lo cual en este caso tranquilamente podemos estar analizando fragmentos de aquel entonces”, concluyen los especialistas.
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Biocombustibles: Santa Fe lidera un proyecto para que el país sea un polo de química verde

Fecha de Publicación: 10/07/2024
Fuente: Urgente 24
Provincia/Región: Nacional

Santa Fe representa el 82% de la producción de biodiesel y, junto a otras 5 provincias, presentó un anteproyecto de Ley de Biocombustibles.
El gobierno provincial presentó un anteproyecto de Ley de Biocombustibles junto a cinco provincias más. Entre ellas se encuentran Jujuy, Salta, Tucumán, Entre Ríos y Córdoba, las cuales integran la Liga Bioenergética con un propósito en conjunto que viene desde hace meses.

Mercado de biocombustibles
Cabe remarcar que Santa Fe representa el 82% de la producción de biodiesel y que la elaboración de Bio no es únicamente el biocombustible, sino que también genera otros subproductos con gran potencial, por ende la importancia de cuidar y fomentar la industria.
En base a ello, la titular de Energía santafesina, Verónica Geese, señaló que "Desde que se presentó la Ley Bases, estuvimos trabajando desde la Liga en un documento superador que tome los conceptos del gobierno nacional y las miradas de las provincias sobre cómo tiene que ser un mercado de biocombustibles y hacia dónde debe crecer el sector".
Sobre esa línea, valoró que "producto de esa labor, nace este texto que cuenta con el consenso de las 6 provincias, que puede sumar a otras y que también tiene el apoyo de los actores privados, de empresas y cámaras".
Así, la funcionaria provincial aseguró: "El proyecto recoge todas las miradas para que el sector crezca", y subrayó que "el objetivo es que Argentina se convierta en un gran polo de la química verde para la bioeconomía, que genere valor agregado, desarrollo, y mayor empleo en el interior productivo".
El ante proyecto propone un aumento en el corte obligatorio de biocombustibles y otros criterios de relevancia para las provincias.

Consensos y articulaciones
Dentro de ese marco, referentes de las provincias que integran la Liga Bioenergética fueron recibidos días atrás por el secretario de Bioeconomía de la Nación, Fernando Vilella, y el subsecretario de Combustibles Líquidos de la Secretaría de Energía, Luis De Ridder. La finalidad del encuentro fue analizar e intercambiar ideas sobre los principales lineamientos del anteproyecto de Ley de Biocombustibles que impulsan y su tratamiento en el Congreso.
Desde la Liga destacaron que la Ley vigente es contraproducente para la producción y que el nuevo texto normativo es superador, buscando vencer las barreras que en otro momento generaban diferencias entre las provincias productoras de biocombustibles.
"Con el apoyo del gobierno nacional, vamos a realizar la presentación legislativa. Queremos que el país sea un gran polo de química verde. Esto significa lograr un enfoque que desarrolle nuevos productos con mayor valor agregado que provengan de la biomasa que reclama el mundo, que se produce en nuestros territorios y se procesa en las biorrefinerías que producen biocombustible", manifestó Geese.
De la reunión con Nación por Santa Fe participó Geese; por Córdoba, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López; el secretario de Planificación Energética, Sergio Mansur; el director de Infraestructura Agropecuaria, Franco Mugnaini; por Entre Ríos, la secretaria de Energía, Noelia Zapata; por Jujuy, el secretario de Desarrollo Industrial y Comercial, Diego Suárez y la directora de Energía, Agustina Otaola; por Salta, el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín De los Ríos; y por Tucumán, el secretario de Desarrollo Productivo, Eduardo Castro y el director de IPAAT, Jorge Etchandy.
Por su parte, en representación del gobierno nacional estuvieron junto a Vilella, el jefe de gabinete de la Subsecretaría de Política Industrial de la Nación, Antonio de Luca; los directores de Agricultura, Nicolás Bronzovich y de Bioenergía, Miguel Almada, y el subsecretario de Bioindustrias, Biotecnologías e Innovación, Pablo Nardone.
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A 16 años del fallo de la Corte por el Riachuelo: piden al Gobierno que no abandone el trabajo de saneamiento de la cuenca

Fecha de Publicación: 09/07/2024
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo


Organizaciones que integran el cuerpo colegiado de la causa del saneamiento del Matanza- Riachuelo enviaron un documento a la Corte Suprema para que exija al Estado que se ocupe de cumplir con la sentencia de 2008. “Las omisiones y demoras en el cumplimiento son sustanciales y no se encuentran debidamente justificadas”, destacaron. El 60% de la población que vive afectada todavía no fue relocalizada
Desde hace 200 años. Desde que las primeras poblaciones arrabaleras se instalaron “atrás” del puerto de La Boca, trabajadores de la carne, marineros, obreros migrantes y marginados, animales, vivos y muertos, el Riachuelo es una especie de lombriz de agua negra que corta el borde sur de la ciudad de Buenos Aires y que arrastra desde los primeros tiempos los desechos de industrias y barrios enteros. La podredumbre se acumuló con los siglos hasta que un día como hoy de hace 16 años la Corte Suprema le exigió en un fallo histórico al Estado terminar de una vez por todas con el proceso de contaminación y degradación que afectaba la salud de millones de personas alrededor de la cuenca.
Pero eso no ocurrió. Aunque el Riachuelo se convirtió en este último tiempo en un río más amable, y volvieron los pájaros y algunos peces, y ahora se mantienen limpias sus orillas y ya no flotan lavarropas, ni bolsas de nylon, ni latas de pintura y ni zapatillas viejas sobre la superficie, una década y media más tarde, el trabajo está lejos de completarse. Por caso, apenas se logró relocalizar al 40% de la población que vivía en condiciones indignas y sumamente expuestas al daño ambiental.
“Las omisiones y demoras en el cumplimiento integral de la sentencia son sustanciales y no se encuentran debidamente justificadas. Este cuadro de situación se agrava al advertir el contexto actual”, expusieron organizaciones sociales y ambientalistas que integran el cuerpo colegiado de la causa.
Lo escribieron en un documento que días atrás presentaron ante la Corte Suprema para reclamar el llamado del Máximo Tribunal a una Audiencia Pública y que le exija al Gobierno nacional la reasignación de partidas presupuestarias para la Acumar, la autoridad tripartita de la cuenca, nacida a la luz del fallo, y que de ese modo esta pueda cumplir, aunque sea mínimamente, con lo exigido en la sentencia judicial. Con las medidas económicas de ajuste del último tiempo, sostienen, el plan quedará a la deriva si no se actúa rápido.
Para la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y la Asociación Vecinos de La Boca (AVLB), que integran el cuerpo colegiado, resulta “de vital trascendencia” un pronunciamiento de la Corte para evitar que las obras para el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo “se sigan demorando y así lograr que los cronogramas se cumplan en los plazos previstos”. Y agregaron: “Indudablemente, para que esto pueda lograrse es fundamental que la Acumar cuente con un presupuesto actualizado y se dejen sin efecto los retrocesos institucionales que ha sufrido en los últimos meses. Sólo la Corte Suprema puede y debe adoptar una decisión para revertir este cuadro de situación”.
Del último informe de Acumar presentado ante la Corte se desprende que se solucionó el 41% de la situación habitacional, es decir, 7.247 casos terminados, y proyectan para fin de año un total de 8.433, es decir, llegar al 47%. Según fuentes de la Corte consultadas, la Autoridad destacó que en los últimos 5 años avanzaron “notoriamente”: de 2010 a 2018 se entregaron 3.992 soluciones habitacionales; mientras que de 2019 a 2024, se entregaron 3.255 soluciones. “El Juzgado Federal de Morón tuvo gran injerencia en la aceleración, al dictar resoluciones que acotaron la discrecionalidad política a la hora de fijar prioridades respecto de sus políticas públicas en materia de acceso a la vivienda”, explicó una fuente del tribunal supremo.
Sin embargo, hay complicaciones. A mediados de mayo, el gobierno nacional decidió cortar el vínculo laboral con 40 trabajadores de Acumar, la mayoría empleados que operaban sobre los territorios y no en oficinas administrativas. Integrantes y ex integrantes del organismo advirtieron en ese momento lo perjudicial que puede ser eso para el plan de trabajo contra la contaminación. “Si no hay gente que opere las embarcaciones que limpian el Riachuelo, se va a volver a ensuciar”, explicaban.
En 2008, la Corte resolvió que el Plan Integral de Saneamiento Ambiental del Riachuelo tenía como metas mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, recomponer el ambiente en todos sus componentes (agua, aire y suelos) y prevenir los daños al ecosistema con suficiente grado de predicción. Para cumplir con estos objetivos, los magistrados establecieron ocho mandas: información pública; cesación de la contaminación de origen industrial; saneamiento de basurales; limpieza de los márgenes del río; expansión de la red de agua potable; extensión del sistema de desagües pluviales y saneamiento cloacal; y el establecimiento de un plan sanitario de emergencia.
“Podemos constatar que todavía subsisten demoras en la ejecución de obras y que los indicadores utilizados por Acumar apenas reflejan la complejidad que implica la medición del cumplimiento de la sentencia, además de observarse un bajo nivel de ejecución”, explicaron desde FARN. Cristian Fernández, abogado y coordinador del área de Asuntos Legales de FARN, detalló que “las infancias y adolescencias son más vulnerables a la contaminación del aire, suelo y agua, por lo que requieren de una mayor protección y defensa de sus derechos” y aseguró que “los relevamientos y diagnósticos de ACUMAR en lo que respecta a la afectación diferenciada de la contaminación en la niñez resultan precarios e insuficientes”.
Según un informe de mediados de junio publicado por Naciones Unidas, la contaminación atmosférica se convirtió en el segundo factor de riesgo de muerte, más preponderante que el tabaco y la mala alimentación, incluso en niños menores a cinco años. Estudios anteriores cifraban las muertes por esta causa en siete millones anuales, pero el último relevamiento, publicado por el Instituto de Efectos sobre la Salud, con sede en Estados Unidos, concluyó que la contaminación ambiental cargó a su cuenta 8,1 millones de muertes en todo el mundo en 2021. “Es un avance constante”, advirtió Naciones Unidas.
El cuerpo colegiado solicitó la convocatoria a una audiencia pública ante la Corte para que la autoridad de la cuenca brinde las explicaciones correspondientes sobre la efectividad y cumplimiento de las mandas judiciales; y para que especialistas en materia ambiental, hídrica, toxicología, de gestión de residuos, entre otras disciplinas, expongan ante el Tribunal su conocimiento técnico y brinden mayores herramientas para una decisión judicial razonable y eficaz.
“En el actual escenario inflacionario y sin presupuesto actualizado, Acumar no podrá desarrollar acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las mandas que integran la condena. Es crucial que el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo sea considerado una auténtica política de Estado y, en consecuencia, cuente con el presupuesto necesario. Sólo la Corte Suprema puede y debe adoptar una decisión para revertir este cuadro de situación”, advirtieron desde FARN.
“Se observan algunos avances sustantivos y un alto grado de incumplimiento en este fallo. El juicio de 2008 ordenó la institucionalidad, hay una Autoridad de cuenca que tiene bastante trabajo que hacer porque, según ellos, mismos advierten hay un alto grado de incumplimiento, en especial con la elaboración de soluciones habitacionales conveniadas en 2010″, coincidió Leandro Vera Belli, coordinador del área Tierra, vivienda y justicia económica del CELS, que también integra el cuerpo colegiado.

Avances y retrocesos, 16 años después
La causa judicial, conocida como “Mendoza y otros vs. Estado Nacional y otros”, llegó a la Corte Suprema de Justicia tras una denuncia hecha en 2004. Dos años más tarde, el máximo tribunal intimó a los demandados -el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y 44 empresas- a presentar un plan integral de saneamiento.
Así nació Acumar, que tiene la misión de coordinar las acciones para descontaminar y proteger a las poblaciones afectadas. En 2008, finalmente, la Corte ordenó crear un cuerpo colegiado que supervisara el trabajo. Dieciséis años después, empezaron a verse buenas noticias, como por ejemplo la liberación total del camino de sirga.
Hace unos años se suspendió de forma preventiva la navegación de barcos que desde los primeros tiempos trasladaban frutas, verduras, arena, materiales de construcción a lo largo de todo del cauce, que nace en Cañuelas, hasta La Boca. Esto es porque la navegación remueve los lodos impregnados de la toxicidad letal acumulada en las décadas.
Además, se inició una transformación de la zona con la instalación de calles, bicisendas, parques y espacios de recreación. Los puentes levadizos, antes en uso, quedaron inhabilitados para el levantamiento, excepto el puente ferroviario del tren de carga.
La limpieza y recuperación implican el trabajo de embarcaciones especializadas que levantan constantemente la basura que flota o es llevada por las corrientes. Decenas de miles de toneladas se quitan cada año del agua o de las márgenes, donde hombres y mujeres de cooperativas trabajan con la limpieza de las orillas, o al menos lo hacían hasta la asunción del nuevo gobierno. Las estaciones de bombeo juegan un papel crítico en la prevención de inundaciones al remover el agua cuando los niveles del río aumentan.
La contaminación del agua, sin embargo, sigue siendo un problema generado por vertidos industriales y cloacales. Solo el 56% de la población que vive alrededor del Riachuelo tiene acceso a cloacas, lo que genera que, por ahora, toda la materia fecal de la zona baje al río. Esto disminuye el oxígeno en el agua y afecta negativamente la vida acuática. Hay peces, pero son peces nadando entre excremento humano diluido en agua.
Un buen sistema de cloacas y tratamiento de aguas es clave para abordar el problema. Hay avances, como la construcción del Colector Margen Izquierdo de Aysa, una obra monumental y multimillonaria que se hace con un préstamo del Banco Mundial, lo que impide que integre la lista de obras públicas frenadas por Milei.
Según un informe de la Corte al que tuvo acceso este medio, los agentes contaminantes (aquellos que generan un impacto negativo en el aire, suelo agua o en el ambiente en general) pasaron de 847 (en 2018) a 434 (en 2024).
Las obras de saneamiento en Villa 20 están avanzadas, dicen en Acumar, con colectores y plantas de tratamiento casi finalizados. Se espera que la contaminación disminuya gracias a estos procesos biológicos que se activarán tras detener la contaminación. La iniciativa fue impulsada desde el gobierno de Cristina Kirchner, continuada por el de Mauricio Macri. Se esperaba que finalice bajo la gestión de Alberto Fernández, pero la pandemia demoró los trabajos. Sobre los planes que tiene el gobierno de Milei no hay información. Infobae intentó la respuesta de voceros pero al cierre de esta nota no obtuvo respuestas.
Semanas atrás había retumbado fuerte un rumor difundido por el diario La Nación que indicaba que la Corte pretendía cerrar la causa Riachuelo. Las organizaciones del cuerpo colegiado reclamaron que haya especial atención sobre este punto. Una fuente cercana a los jueces del máximo tribunal despejó los temores ante la consulta de este medio e indicó que están trabajando en un documento que atienda el pedido del cuerpo colegiado, del que tomaron nota.
Esto sería requerir a la Acumar, al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en un plazo de 30 días elaboren un dispositivo que garantice una amplia participación ciudadana en los diversos aspectos de la implementación del programa de saneamiento y facilite la participación de las personas en situación de vulnerabilidad en los procesos de relocalización y reurbanización.
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Nuevos (y viejos) debates alrededor de la minería del cobre

Fecha de Publicación: 09/07/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


La demanda de cobre seguirá en aumento en las próximas décadas. Argentina corre desde atrás en el sector pero hay varios proyectos con distinto grado de avance. El impacto socioambiental y la discusión sobre el "cobre verde".
La Cordillera de los Andes es una de las regiones con mayor concentración de depósitos minerales del mundo, abarcando el sur de Perú, el norte de Chile, y noroeste y centro-oeste de Argentina. Ello incluye el cobre, un mineral de cada vez mayor demanda por la transición energética.
Mientras que Chile y Perú se han convertido en dos de los principales productores de cobre, Argentina no ha desarrollado el sector y actualmente no tiene ninguna mina en operación. La última, Bajo de la Alumbrera, en la provincia de Catamarca, cerró en 2018.
El desarrollo de una mina de cobre requiere de inversiones de miles de millones de dólares que hasta ahora no han ocurrido en Argentina. Además, la industria es cuestionada por organizaciones sociales y ambientales debido al potencial de contaminación, disputas sobre el uso del agua y otros conflictos en las zonas que rodean las minas.
El desarrollo del sector del cobre en Argentina es una de las principales apuestas del gobierno de Javier Milei, que busca relajar la normativa medioambiental en un intento de fomentar la inversión y la extracción. La reciente aprobación de la Ley Bases podría suponer una amplia desregulación en esta materia.
Según estimaciones de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), para 2031 Argentina pasaría a convertirse en el sexto productor de cobre más importante del mundo con un promedio anual de exportación en torno a los 8.440 millones de dólares. Para ello, ya existen ocho proyectos en etapa de exploración avanzada. Con el desarrollo de al menos tres, la minería se convertiría en en el tercer complejo exportador argentino, sostiene Victor Delbuono, investigador en el think-tank argentino Fundar. “Esto permitiría balancear un desarrollo históricamente centrado en el sector agropecuario y dinamizar otras zonas donde existen pocas alternativas”, agrega.

Transición energética
El cobre, un conductor eléctrico, es uno de los minerales críticos ―junto con el litio, el cobalto y el níquel, entre muchos otros― para la transición energética. Se utiliza en la fabricación de vehículos eléctricos, baterías, paneles solares, turbinas eólicas y las redes eléctricas que conectan las fuentes renovables a los hogares y las empresas.
De acuerdo con un informe de la Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés), la demanda del cobre se incrementaría en un 40 por ciento en las próximas dos décadas si se cumplen las metas del Acuerdo de París de limitar el aumento de temperatura en 1,5 grados centígrados.
Un auto eléctrico cuadriplica las necesidades de cobre respecto a los vehículos convencionales, mientras que la instalación prevista de energía solar supondría triplicar la demanda de cobre del sector solar. Además, las mejoras de las redes de transmisión que serán necesarias para apoyar la expansión de las energías renovables supondría duplicar la demanda de cobre que se observa actualmente para estas infraestructuras.
En consecuencia, este escenario pone en tensión la capacidad de suministro del cobre y eleva las perspectivas de su costo. Los precios superaron los 11.000 dólares por tonelada en mayo, alcanzando máximos históricos, y se prevé que alcancen los 12.000 dólares por tonelada en 2025, según un informe de Citibank publicado en diciembre.
La producción mundial de cobre es liderada por Chile, con un 24 por ciento del total en 2022, seguido por Perú y la República Democrática del Congo, con un 10 por ciento cada uno. Las proyecciones de CAEM prevén que Argentina ocupe el 5 por ciento del total del total de la producción mundial en 2031.
Las proyecciones de demanda a futuro son todavía más desafiantes y calculan que, en 2050, la misma aumentará un 142 por ciento. Eso supone una producción adicional de 40 millones de toneladas, equivalente a más de siete veces del volumen total de Chile, principal productor del mundo.
“En teoría, los precios más altos deberían fomentar la aprobación de proyectos y una mayor oferta. Sin embargo, las condiciones para ejecutar proyectos son desafiantes, con obstáculos políticos, sociales y ambientales más altos que nunca”, afirma Eleni Joannides, directora de investigación de Wood Mackenzie. El problema es que, del descubrimiento a la puesta en marcha, cada proyecto requiere, en promedio, de 16 años.

Proyectos en Argentina
El primer proyecto en entrar en producción sería Josemaría en la provincia de San Juan, que se encuentra en etapa de preconstrucción y pertenece al Grupo Lundin. La empresa estadounidense aspira a ponerlo en marcha entre 2026 y 2027, lo que, se estima, demandará entre 4 y 5 mil millones de dólares. La mina tendría una vida útil de 19 años, en los cuales se exportarían unos 1.100 millones de dólares anuales.
Otro de los proyectos que está avanzado es la mina Los Azules, de la empresa canadiense Mc Ewen Copper, también en San Juan. Aquí, la inversión requerida gira en torno a la mitad de Josemaría, a pesar de tener una expectativa de producción de 10.000 toneladas más de cobre al año y ocho años más de vida útil. Principalmente, esto se debe al uso de un método de producción menos intensivo en energía y por menores costos logísticos gracias a su ubicación.
“Estamos ubicados en un lugar estratégico, a muy pocos kilómetros de la red eléctrica y a una altitud relativamente baja comparado con el promedio de la región. Cuando entremos en producción, Los Azules podría representar alrededor del 35 por ciento del producto bruto de toda la provincia de San Juan”, indica el presidente de la firma, Michael Meding.
El listado se completa con El Pachón, Filo del Sol y Altar, también en la provincia de San Juan; Taca-Taca en Salta; Mara en Catamarca; y San Jorge en Mendoza. Todos estos proyectos se encuentran en distintas fases de desarrollo.
Las dificultades económicas de Argentina y la actual incertidumbre en torno a la legislación nacional suponen un reto para el sector, según declaró a Dialogue Earth el ministro de Minería de la provincia de San Juan, Juan Pablo Perea: “Los factores macroeconómicos del país y sus políticas regulatorias deben brindar un marco de previsibilidad y competitividad para atraer las inversiones necesarias”.

Preocupaciones ambientales
Los glaciares y el ambiente periglaciar representan el 70 por ciento del agua dulce de Argentina. La Ley de Glaciares argentina estipula que el pozo ―denominado pit― creado por el proceso de voladura y excavación para la extracción de cobre no puede estar en un entorno periglaciar, es decir, una zona situada en el borde de un glaciar con suelos a menudo congelados, que actúa como regulador del agua. La ONG medioambiental Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) ha denunciado que la mina a cielo abierto de Josemaría estaría incumpliendo con ese requerimiento.
“En base a la información provista por la Evaluación de Impacto Ambiental y de acuerdo a informes técnicos independientes, la mina a cielo abierto podría cortar un glaciar de escombros, y una de las escombreras estaría ubicada en un área con probabilidad de ocurrencia de permafrost (área de ambiente periglacial)”, sostuvo FARN en un comunicado.
Si bien para Perea “los glaciares no se pueden tocar” al estar protegidos por la Ley de Glaciares, la misma ya se intentó modificar, sin éxito, por el gobierno de Milei para permitir la minería en las áreas periglaciares.
La otra gran preocupación de la minería del cobre pasa por el consumo de agua. Desde FARN ponen el ejemplo de La Alumbrera, la última mina de cobre en el país, como caso testigo. “Llegó a consumir más de 25 mil millones de litros anuales. Esto equivale al 34 por ciento de lo que consumen todos los habitantes de la provincia de Catamarca. El impacto se ha reflejado a lo largo de los años con la disminución de superficies cultivadas, una menor producción agropecuaria y la pérdida de calidad de cultivos por estrés hídrico”, aseguró Leandro Gómez, el coordinador de política ambiental de la organización.
Sin embargo, desde CAEM argumentan que toda la actividad minera argentina utiliza menos del 1 por ciento del consumo total de agua de la Argentina y que, de ese total, la gran mayoría se recircula a través de circuitos cerrados. “Vamos a consumir entre 150 y 250 litros de agua por segundo. Es lo mismo que usa un viñedo promedio en San Juan que apenas le da trabajo a 20 personas”, dice Meding, presidente de Los Azules.
Por su parte, desde Josemaría señalan que se utilizarán circuitos cerrados para recircular y recuperar la mayor cantidad de agua. “Se utilizará agua subterránea como principal suministro, proveniente de campos de pozos cercanos a la planta de procesamiento”, añaden y remarcan la aprobación de su Informe de Impacto Ambiental en abril de 2022 como prueba de haber alcanzado los estándares requeridos.
Domingo Jofré, miembro de la asamblea Jáchal No Se Toca, creada en San Juan en 2015 en respuesta a un derrame de una mina de oro de la empresa Barrick Gold, agrega: “Lo más grave es el uso de enormes cantidades de agua. Hoy nuestro río Jáchal aporta tres metros cúbicos [de agua por segundo] al dique Cuesta del Viento, la misma cantidad que consumirá Josemaría. Además, el área está ubicada en un área glacial y periglacial, donde la napa freática está a un metro de profundidad”.

El "cobre verde"
Las empresas mineras sostienen que, a partir de las exigencias ambientales que solicitan desde mercados internacionales, se está trabajando en toda la cadena de producción para exportar un mineral con una baja huella de carbono. Por eso lo denominan “cobre verde”.
“El concepto incluye un uso más eficiente del agua en la explotación del cobre, incorporar maquinarias eléctricas o camiones a hidrógeno verde para reducir las emisiones de dióxido de carbono dentro de la explotación minera y una comprensión integral para que sea un proceso virtuoso para las comunidades”, precisa Delbuono.
En la última cumbre de PDAC, el mayor evento minero a nivel mundial realizado en Toronto, el subsecretario de Desarrollo Económico y Energía del Departamento de Estado de los Estados Unidos, José Fernández, afirmó que están ofreciendo financiamiento para desarrollar este tipo de iniciativas en Argentina, bajo la condición de que las empresas certifiquen su sostenibilidad ambiental.
Del mismo modo, el embajador argentino en Alemania, Fernando Brun, indicó que hay líneas de crédito disponibles del Banco de Desarrollo Alemán (KFW) para construir líneas de alta tensión para poder llevar electricidad de fuente renovable a los distintos proyectos mineros. “El objetivo es que los minerales que demanda la transición energética, como el litio y el cobre, tengan una muy baja huella de carbono”.
Josemaría, por ejemplo, construirá una línea de alta tensión de 300 kilómetros con fondos propios para poder electrificar toda la operación que se abastecería con energía renovable y reducir al mínimo el consumo de gasoil. Del mismo modo, Los Azules espera llegar a la carbono neutralidad para 2038 a partir de la electrificación de todo transporte vehicular que se utilice.
Chile, cuya economía depende en un 10 por ciento del cobre, ha fijado como objetivo ser fuerte en el “cobre verde”. Codelco, la empresa estatal dedicada al cobre, dijo haber alcanzado en 2021 el 100 por ciento de trazabilidad en la producción del mineral. La empresa espera además para 2030 reducir 70 por ciento sus emisiones, 60 por ciento el consumo de agua y 65 por ciento los residuos industriales.
“Los países mineros que no sean capaces de transitar hacia ese tipo de minería podrían verse enfrentados a reducir su producción, ya que los mercados y sociedades discriminarán entre un mineral de esas características y aquel que no lo es”, sostiene un documento de 2022 del Senado chileno en el que participaron más de 150 científicos, académicos, expertos y representantes de la industria y la ciudadanía.
Sin embargo, a pesar de este aparente mayor compromiso medioambiental de la industria, FARN desconfía del término “cobre verde” y lo califica de estrategia de “lavado verde” o “greenwashing”. “Siguen promoviendo una actividad que, por definición, implica la extracción de minerales finitos. No creemos que sea posible hablar de minería ‘sustentable’ o de ‘cobre verde'”, dice Gómez.

Por Fernando Heredia - Magíster en Economía Política (Flacso) y en Energía (UBA). Este artículo fue publicado originalmente en Dialogue Earth.
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Daño ambiental: detectaron agroquímicos en uno de los acuíferos más importantes del país

Fecha de Publicación: 08/07/2024
Fuente: Canal 12 de Misiones
Provincia/Región: Buenos Aires


Los estudios indicaron que la contaminación se produjo en proximidades a la planta de Atanor, en San Nicolás. Las aguas del acuífero Puelche fueron contaminadas con atrazina. Los vecinos indicaron que continúan con problemas respiratorios a raíz del incidente.
A más de tres meses de la explosión de la fábrica de Atanor en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, la Autoridad del Agua de Buenos Aires (ADA) reveló a través de un estudio, que las aguas del acuífero Puelche fueron contaminadas con atrazina. Se trata de uno de los productos que manipulaba la firma en el momento que estaba en funcionamiento.
Desde el incidente, la empresa está clausurada y los vecinos siguen reclamando para que la reubiquen y les brinden agua envasada ya que desconfían del suministro de la red. Además, remarcaron que continúan con problemas respiratorios.
Los análisis se conocieron durante las protestas que, una vez por mes, realizan los vecinos del barrio Química contra la firma para que reubique su planta, cuestión que está judicializada.

Los detalles del estudio
En concreto, los resultados de las pruebas tomadas por la ADA arrojaron que el acuífero Puelche, que abastece a San Nicolás y a otras ciudades bonaerenses presentó restos de atrazina, compuesto químico utilizado para la fabricación de agroquímicos, en muestras tomadas en mayo del año pasado. La empresa utiliza el acuífero como punto de extracción para desarrollar sus actividades industriales.
El estudio que llevó adelante la ADA, la máxima autoridad en materia de agua en la provincia de Buenos Aires, se desarrolló sobre tres pozos de abastecimiento y cuatro de monitoreo en la zona de la planta de Atanor, en los que detectó presencia de atrazina y sus derivados.
En ese sentido, desde la ADA señalaron que “se cuantificó presencia de plaguicida y se solicitó a la firma presentar informe de revisión de las instalaciones y de las prácticas de manipulación de los productos utilizados, y realizar un estudio de caracterización del sitio en relación a los valores encontrados”.
Tras el incidente de marzo de este año, la ADA analizó pozos, red y planta potabilizadora del servicio municipal de abastecimiento de agua (que, aclararon, es una fuente de alimentación mixta entre los pozos de explotación y una toma de agua superficial del río Paraná), específicamente en zonas cercanas a la fábrica. “Se obtuvieron, en todos los casos, resultados no cuantificables para atrazina”, indicaron.
Este medio consultó si se iban a repetir los estudios para verificar si los derivados de atrazina continúan en el acuífero, a una mayor profundidad, pero no recibió respuesta.
A los estudios del ADA se sumaron evaluaciones hechas por Greenpeace respecto del suelo. El análisis llevado adelante por la ONG advierte que tras la explosión y a pesar de que la empresa limpió la zona y hubo lluvias, se detectaron niveles de atrazina en pisos, paredes, plantas y autos cercanos a la fábrica.

Preocupación de vecinos
Luego de que se conocieran los resultados, vecinos del barrio pidieron a la Municipalidad que les provea agua envasada porque no confían en el suministro de la red.
“No tuvimos respuestas oficiales, veremos después de esta movida”, expresó a TN Gabriel Godoy, vecino de la planta de Atanor, luego de una manifestación llevada adelante en conjunto con Greenpeace en la puerta de la fábrica, que continúa clausurada.
Los vecinos refieren que a pesar del cese de operaciones, se sienten aún fuertes olores en el ambiente. “Seguimos con problemas de respiración. No tanto como cuando la empresa funcionaba al 100%, pero persisten”, aseguró Raúl Giles, otro de los vecinos del barrio.
También sumó su preocupación por la contaminación del agua y añadió: “No tuvimos respuestas del municipio. Ojalá que se pueda solucionar porque así no se puede vivir”. “Estamos a la deriva, nadie nos defiende. Es increíble que nadie tome cartas en el asunto”, se lamentó.

Acuífero contaminado
El acuífero Puelche abarca una región que comprende las provincias de Santa Fe y Buenos Aires, que llega hasta La Plata en dirección al sur. De este sistema subterráneo, ubicado a unos 50 metros de la superficie, se abastece, en parte, San Nicolás y otras localidades bonaerenses.
No es simple estimar la magnitud de la contaminación de sus aguas, aunque, por su dirección, la misma se extiende aguas abajo; es decir, hacia el sur.
“Cada contaminante se comporta diferente. La atrazina es más densa que el agua, tiene cierta solubilidad, pero no tanta. El agua es un agente de transporte de contaminantes, como un auto que lo lleva y que se va acomodando en función de sus características”, explicó Marta Paris, decana de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).
Y agregó: “El agua, dentro de un acuífero, se mueve y puede arrastrar contaminantes que pueden ir cambiando por varios motivos. El Puelche tiene una extensión grande. En el caso de una contaminación, hay que ser muy cauto para saber qué pasó y cómo se volcó ese contaminante. Siempre teniendo en cuenta que hay una contaminación confirmada”.
En tanto, Paris remarcó que se considera contaminación “cuando una sustancia es agregada a un ambiente, al agua subterránea en este caso, por una actividad humana. Y la atrazina no es natural del ambiente subterráneo”.
“Se debe evaluar cómo proceder con la remediación del sitio, cómo sacar el contaminante y cómo disponerlo. O evaluar cómo se sigue”, consideró.

Causa en movimiento
El abogado Fabián Maggi, que lleva adelante la demanda por la reubicación de la empresa, detalló que “hay mucho movimiento en la causa”. Al respecto, adelantó que este viernes hubo una audiencia entre la jueza Luciana Bancalari, que entiende en la causa, y funcionarios del Ministerio de Ambiente de la provincia.
“La empresa pide que se levante la medida cautelar para volver a funcionar. El primer intento fue rechazado”, indicó el abogado, además de resaltar que la ADA presentó sus análisis, los cuales se incorporaron al expediente de la causa penal.
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¿Hacia un nuevo “boom” del litio en Argentina?

Fecha de Publicación: 08/07/2024
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional


La aprobación del Rigi en la Ley Bases reaviva el interés por relanzar proyectos de explotación de litio en el país. Cuál es la situación hoy, qué ventajas tiene la nueva ley para las mineras y cuáles son los riesgos ambientales.
Celulares, computadoras, cámaras o autos eléctricos: gran parte de los elementos tecnológicos de uso cotidiano más extendido en el mundo utilizan litio en sus baterías, lo que vuelve cada vez más indispensable a este mineral.
También en eso, Argentina es privilegiada: gracias a los recursos que existen principalmente en tres provincias –Jujuy, Salta y Catamarca–, el país es uno de los cuatro productores mundiales más importantes de productos derivados del litio. Integra el llamado “Triángulo del litio”, junto a Bolivia y Chile, con un 65% de los recursos mundiales en toda esa zona.
Argentina y Chile producen actualmente el 30% del litio en el mundo. Y sólo Argentina tiene el 20,5% de las reservas mundiales.
Hay más de 40 proyectos en danza para extraer el mineral, aunque por ahora sólo dos de estos emprendimientos están en etapa de producción: el proyecto Fénix en el Salar del Hombre Muerto, Catamarca, por parte de la empresa estadounidense Livent; y Sales de Jujuy (en el salar de Olaroz, Jujuy), sociedad integrada por la australiana Allkem (con 66,5% de las acciones, la principal operadora), la japonesa Toyota Tsusho (25%) y la empresa estatal de la provincia de Jujuy, Jemse (8,5%).
Pero esas empresas que producen carbonato y cloruro de litio en Argentina serán ahora una sola. Esto es así tras la fusión de Livent con Allkem. Ambas compañías son ahora Arcadium Lithium.
Los dos principales propietarios de acciones de Livent son Blackrock y Vanguard, dos de los fondos de inversión más grandes del mundo, radicados ambos en Estados Unidos En el caso de Allkem, sus principales accionistas son las empresas bancarias y financieras JP Morgan (EE.UU.) y HSBC (Reino Unido).
Por otro lado, la minera Exar comenzaría en breve la producción en el Proyecto Olaroz–Cauchari, después de una inversión de US$ 976 millones en la construcción de una planta en el departamento Susques, Jujuy. Tendrá una capacidad de producción de 40 mil toneladas de carbonato de litio.
Será el tercer emprendimiento en el país en etapa de producción.

Ley Bases y Rigi
El Código Minero argentino, que rigió hasta ahora y fue aprobado en 1993, durante el gobierno de Carlos Menem, estableció fuertes beneficios de todo tipo para las empresas.
Fue entonces cuando se definió, por ejemplo, el 3% de regalías para las provincias, porcentaje que muchos consideran escaso, si se tienen en cuenta las ganancias obtenidas por Livent y Allkem en los últimos años, a raíz del precio internacional alcanzado por el litio.
La primera gran variante a esa normativa acaba de ser aprobada junto a la Ley Bases. Se trata del Régimen de Incentivo a las grandes inversiones (Rigi), que abarca proyectos de forestoindutria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgía, energía, petróleo y gas.

¿Qué nuevos beneficios propone este nuevo régimen? En síntesis:
Objetivo. Incentivar las grandes inversiones a partir de los 200 millones de dólares.
Importación. Las empresas tendrán incentivos y derechos sobre la mercadería e insumos que importen para ser destinadas a prestaciones de los sujetos incorporados al Rigi (y casi 0 tributo por importación de bienes de capital).
Incentivos tributarios. Tasa del impuesto a las ganancias empresaria de 25% –en lugar del 35%–, sobre 7% de dividendos (después de siete años, sobre 3,5%) o no gravabilidad de los insumos en el IVA, entre otros.
Impuesto al cheque. Computable como pago a cuenta del impuesto a las ganancias.
Incentivos cambiarios. No es obligatorio ingresar o liquidar en el mercado de cambios los aportes de capital o los préstamos.
Exportaciones. Quedan exceptuadas en distintos porcentajes de la obligación de ingreso y liquidación en el mercado de cambios: 20% a dos años, 40% a tres años y 100% tras el cuarto año.
Estabilidad. Por 30 años en materia tributaria, aduanera y cambiaria desde la adhesión al Rigi.
En relación a las cuestionadas regalías, que en algún momento el Ejecutivo propuso subir de 3% a 5% –y tras la queja de las empresas–, quedarán en 3% para los proyectos vigentes, aunque las provincias podrán elevar al 5% a los desarrollos mineros nuevos.
Así las cosas, las mineras no ocultan su entusiasmo por esta nueva normativa que, decididamente, contempla casi la totalidad de sus deseos.

Listas para entrar
Una de las pruebas de que las mineras aguardaban con ansias esta nueva ley es que, incluso cuando aún no se había terminado de aprobar, compañías como la surcoreana Posco ya habían hecho su pedido de ingreso al nuevo mecanismo de promoción económica. Al mismo tiempo, la estatal Coal India también comunicó que busca hacer pie en Catamarca y que la inversión se hará efectiva bajo el paraguas del Rigi.
Según informó IProfesional, el titular de Cosco, Jeong Ki–seop, ya se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo, para discutir la hoja de ruta de los proyectos de litio en la Argentina.
Varias empresas más avanzarán en el mismo sentido. Se estima, según Energy Report, que hay anuncios en carpeta por parte de las energéticas y mineras por al menos U$S 80.000 millones para la próxima década.
“El Rigi es una buena noticia que mejora a la Argentina como destino para nuestras inversiones. La aprobación de la Ley nos llevó a reevaluar el plan para aumentar significativamente el tamaño original a fin de ingresar con, al menos, el monto mínimo estipulado en la legislación. Regresamos hace pocos días de una visita a la Argentina, de la que nos llevamos grandes expectativas. Estamos abocados a estructurar nuestro nuevo plan de inversión, que esperamos hacer público prontamente”, anticipó a Clarín Gerardo Tyszberowicz, director para América latina de la israelí XtraLi, que se especializa en la extracción directa de litio del Mar Muerto.
Desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (Caem), señalaron que se abre un proceso de análisis en las compañías, “donde entran en la ecuación una serie de variables que influyen en las decisiones: cuestiones impositivas y financieras, de logística, previsibilidad, socio–ambientales, competitividad internacional y evolución de los precios de los minerales. El país cuenta con grandes proyectos en carpeta, con buen nivel de avance. El Rigi propiciará su puesta en marcha”.

Críticas, conflictos y pasivo ambiental
No son pocos los cuestionamientos al nuevo Rigi, que en algunos casos actualizan viejas críticas sobre la producción de litio en el país.
Las pymes (en especial las de Vaca Muerta) celebraron la modificación introducida al final en relación a que al menos un 20% de la totalidad de inversión debe ir a proveedores en organizaciones nacionales, pero el artículo abre una excepción al agregar “siempre y cuando la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad”.
El titular de Industriales Pymes Argentinos, Daniel Rosato, dijo en Página 12 que “antes de abrir las importaciones, el Gobierno debería ayudar a las empresas locales a bajar los costos para ser más productivos”. Y agregó que dicha apertura “con cero arancel pondría en jaque todo el entramado industrial del país”.
Lo mismo advirtió la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), al señalar que los beneficios “pueden generar competencia desleal con la industria local”.
Otros sectores afirman que el techo de inversión mínimo de 200 millones de dólares también deja fuera a muchas pymes.
En relación con la situación ambiental, podrían acelerarse y aumentar los conflictos que ya existen en Jujuy y Catamarca.
La principal crítica está relacionada con el uso del agua en las áreas de explotación del lito, ya que se trata del principal insumo necesario para la extracción de este mineral.
En marzo de 2023, la Corta Suprema de Justicia de la Nación ordenó a las provincias de Salta y de Jujuy brindar toda la información relativa a las autorizaciones de exploración y explotación minera de litio y borato otorgados en cada una de esas provincias, así como la información sobre la participación ciudadana, denuncias e impugnaciones contra dichos permisos.
La resolución se dio en el marco de un amparo ambiental iniciado en 2019 por las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que busca prevenir “el daño grave e irreversible que provocará la minería de litio y borato en el sistema hídrico de la cuenca”.
El caso más reciente es el de la medida cautelar dictada por la Corte de Justicia de Catamarca, que ordenó al Ministerio de Minería de esa provincia “abstenerse de otorgar nuevos permisos y/o autorizaciones en la zona y la realización de un estudio de impacto ambiental acumulativo e integral del desarrollo de la actividad minera (litio), que deberá versar sobre el impacto ambiental acumulado sobre el Río Los Patos - Salar del Hombre Muerto–Dpto. Antofagasta de la Sierra, sobre el paisaje, la fauna y flora del lugar, el clima y el ambiente en general, como las condiciones de vida de los habitantes del lugar y de la comunidad indígena afectadas”.
Uno de los argumentos es que se “considera probada la existencia de diversos proyectos mineros cuyas consecuencias impactan sobre la misma zona, sin que se adviertan acciones tendientes al estudio de impacto ambiental”.
Se menciona el caso específico de la vega del río Trapiche, que se secó tras más de 20 años de explotación del Salar del Hombre Muerto por parte de Livent, en esa provincia.

Sin mención ambiental en el Rigi
Enrique Viale, de la Asociación de Abogades Ambientalistas, fue uno de los expositores de la sociedad civil cuando se debatía la Ley Bases en la Cámara de Diputados. En ese entonces afirmó “Estábamos discutiendo leyes del siglo 21 y pasamos a discutir temas del siglo XIX”. Agregó: “Estamos ante un gobierno negacionista del cambio climático y de la cuestión ecológica”. “Este proyecto significa más extractivismo, menos democracia y un gobierno que pone todo el aparato represivo al servicio de las corporaciones”, resumió Viale.
Durante la sesión en Diputados, la senadora Edith Terenzi (Juntos por el Cambio, Chubut), quien preside la Comisión de Ambiente, señaló que “el régimen se concentra únicamente en cuestiones económicas. Sin embargo, todos sabemos que va a haber un fuerte impacto de los proyectos incluidos en el Rigi en los derechos ambientales. A lo largo de todo el articulado no hay mención de la materia ambiental, de pasivos ambientales y de su remediación con respecto a los proyectos de inversión que se propongan. No hay ninguna condición a las empresas beneficiarias para presentar estudios de impacto ambiental ni evaluaciones de los impactos acumulativos de estos proyectos”, argumentó.
Propuso agregar el requisito de que los emprendimientos den pruebas de su “sustentabilidad ambiental” para ser aprobados y que el incumplimiento de la normativa ambiental sea causal de exclusión del régimen. Pero ninguna de esas propuestas se tuvieron en cuenta.
Los movimientos ambientalistas en Jujuy y Catamarca ya expresaron públicamente su rechazo a la normativa, y anticipan que crecerán los conflictos.

Exportaciones récord
Hasta el año pasado (con datos hasta 2022), toda la actividad relacionada con el litio en Argentina podía seguirse en el Tablero Global del litio del Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (Siacam).
El sitio no se actualiza desde hace más de un año.
Pero tanto los volúmenes de producción, así como de divisas marcaron en 2023 nuevos máximos para el litio argentino, según cálculos de la Bolsa de Comercio de Rosario.
Mientras que en 2020 el comercio exterior de este mineral representaba el 3,6% de las exportaciones mineras argentinas, en 2023 pasó a ser de cerca del 15%.
Y en los primeros dos meses de 2024 se exportaron más de 9.000 toneladas de carbonato de litio, cerca del 25% de la exportación nacional del año récord 2023.
Además, las exportaciones del primer bimestre también son récord.
La mala noticia viene con la caída de los precios internacionales, debido a la baja demanda china en los mercados internacionales. Mientras que 2023 inició con precios del carbonato de litio por US$ 75.000 por tonelada, a comienzos de 2024 cayeron a US$ 13.500/tn. Aunque ya comenzaron a recuperarse.
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Cómo es el trabajo en Argentina para evitar la extinción de animales autóctonos

Fecha de Publicación: 06/07/2024
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Nacional


Al menos 576 especies de vertebrados se encuentran amenazadas, pero hay oportunidades para salvar a estos animales a través del movimiento global Revertir el Rojo
"Salvar especies es posible" afirma Fundación Temaikèn, resaltando el trabajo que se está llevando adelante para revertir el peligro de extinción de animales y plantas. Casos locales e internacionales dan una luz de esperanza para disminuir las "listas rojas" de especies amenazadas tanto en Argentina como en la región.
El último Informe Planeta Vivo de WWF reveló una disminución media mundial del 69% en las poblaciones de animales silvestres entre 1970 y 2018, con niveles alarmantes como un promedio de -94% en América Latina y el Caribe. Sin embargo, en las últimas tres décadas, acciones de conservación han salvado al menos 47 especies de mamíferos y aves de la extinción inminente.
 Desde Fundación Temaikén explican que ya hay en el mundo evidencias de que los programas de conservación que, incorporando estrategias de trabajo con animales y plantas bajo cuidado humano, están teniendo buenos resultados. Algunos ejemplos son el guacamayo de Lear, el caballo de Przewalski, la rana morada y el cocodrilo filipino, entre otros.
"Las cifras del estado de la biodiversidad son alarmantes, pero a través de esfuerzos coordinados, mucho compromiso y dedicación, podemos marcar la diferencia. Revertir el Rojo está centrado en mejorar el estado de conservación de nuestra vida silvestre, llevándolo del rojo (señal de alerta) al verde (poblaciones sanas y sustentables)" indica Paula Gonzalez Ciccia, Directora de Conservación, Educación, Ciencia y Salud de Fundación Temaikèn.

¿Cuál es la situación local?
En la Argentina, hay al menos 576 especies de vertebrados amenazadas de extinción, lo que equivale al 18% del total. Entre ellos se encuentran aves como el cardenal amarillo y el loro maracaná, reptiles y anfibios como la tortuga de tierra y la rana patagónica, y mamíferos como el huemul. Otros grupos, como moluscos y plantas, también se ven afectados.

El movimiento que trabaja para evitar la extinción de especies
Revertir el rojo es un movimiento que unifica experiencia y esfuerzos de conservación integrados, reuniendo a cientos de organizaciones de conservación, bioparques, jardines botánicos, zoológicos y acuarios. Es liderado globalmente por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios (WAZA).
Una de las líneas de trabajo está centrada en resguardar y reproducir animales y plantas bajo cuidado humano profesional. En muchos casos, se trata de los últimos sobrevivientes de estas especies. "En el mundo, hay al menos 84 especies catalogadas como extintas en vida silvestre, es decir que solo quedan poblaciones en instituciones zoológicas, acuarios o similares. Por ejemplo, en Argentina esa es la situación del caracol de Apipé (Aylacostoma chloroticum) y Senecio leucopeplus, una planta endémica de la provincia de Buenos Aires; en Brasil, gracias a este tipo de iniciativas se ha avanzado en la conservación del guacamayo de Spix y el paují Mitu", indica Jon Paul Rodríguez, presidente de la Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN.
"La ubicación de Argentina hace que albergue las poblaciones más australes de especies icónicas, entre las que se incluyen plantas. Si dejan de existir en Argentina, se contrae su capacidad total de recuperar territorio natural", agrega González Ciccia, resaltando la importancia de sostener una mirada optimista para salir adelante. La organización también se suma al movimiento mediante el rescate y rehabilitación de animales heridos o amenazados en la naturaleza; combatiendo los delitos contra la vida silvestre; conservando y restaurando ecosistemas y generando información clave para la conservación.
En Argentina, el movimiento Revertir el Rojo cuenta con un referente local como Fundación Temaikèn, que lleva adelante proyectos y programas de conservación, por ejemplo cardenal amarillo (ave cantora, diezmada por el tráfico para mascotismo. Una Alianza está logrando regresar animales rescatados a la naturaleza); caracol de Apipé (minúsculo caracol que vivía en los rápidos de Apipé, en el río Paraná, pero la construcción de una represa modificó su hábitat y sobrevivieron muy pocos individuos); rana patagónica (anfibio de la provincia de Neuquén que está En Peligro Crítico de extinción, por la degradación de las lagunas donde habitaba y la introducción de especies exóticas) ; guacamayo rojo (se extinguió hace 150 años en la Argentina. La experiencia de especialistas en reproducción de aves, permitió que hoy el guacamayo rojo Ara chloropterus vuelva a volar nuestros cielos); huemul (en el país quedan entre 350 y 500 huemules -Hippocamelus bisulcus- y están sumamente amenazados por la caza, la degradación del ambiente, la desnutrición y las enfermedades asociadas a esto , entre otras); plantas endémicas del Teyú Cuaré, Misiones (son especies que solo se encuentran en un lugar específico del mundo. En Misiones hay endémicas de las que se conocen muy pocos ejemplares, como Oxypetalum teyucuarense, Hedeoma teyucuarensis (mentita misionera), Austrochthamalia teyucuarensis e Hyptis australis; aguará guazú (Chrysosyon brachyurus, está amenazado ya que es víctima de mitos populares, cacería, atropellamientos, mascotismo, modificación y fragmentación del hábitat, etc.).
Además de perderse la biodiversidad, la extinción de especies puede afectar la seguridad alimentaria, la salud, el cambio climático, el bienestar y la estabilidad social, cultural y económica de las comunidades humanas. Si dejan de existir polinizadores, limpiadores de ambientes, controladores de plagas, estabilizadores de ecosistemas y mucho más, pueden generarse consecuencias de impacto negativo en escalas que van desde lo micro hasta lo más macro.
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Cuatro ingenios tucumanos están en la mira por la mortandad de peces

Fecha de Publicación: 06/07/2024
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero


Sospechan de las firmas que están sumariadas: Concepción, Bella Vista, Famaillá y Santa Rosa. Inspección conjunta de Tucumán y Santiago a todos los ingenios.
En la sede del Comité de Cuenca Salí-Dulce ubicada en la capital de  Santiago del Estero, se reunieron autoridades santiagueñas y de Tucumán, para analizar los datos de la investigación administrativa con relación a la mortandad de peces en un afluente del Salí, conocido como Río Muerto, el pasado 9 de junio, en la zona denominada Bahía de los Brito.
La comitiva de Tucumán estuvo encabezada por el secretario de la Producción, Eduardo Castro; que estuvo secundado por el director de Asuntos Jurídicos, Facundo Moreno Majnach; el subsecretario de Medio Ambiente, Alfredo Montalván; y el asesor de la Subsecretaría de Ambiente, Marcelo Lizárraga. Por la provincia de  Santiago del Estero intervino el defensor del Pueblo, Lionel Enrique Suárez; y por el Ministerio de Obras, Servicios Públicos y del Agua, el subsecretario del Agua, Sergio Zaltz.
Se informó que, la última mortandad de peces, en el afluente del río Salí, no fue por la presencia de productos tóxicos, sino por anoxia, por el presunto vuelco de azucarados de los ingenios bajo sumario administrativo: Concepción, Bella Vista, Famaillá y Santa Rosa. La causa judicial, incoada por Fiscalía de Estado y la Defensoría del Pueblo, se sostendrá ante la Justicia Federal de  Santiago del Estero ratificó el ombudsman santiagueño, Lionel Suárez. Por esta mortandad de peces, hay otras dos causas en la Justicia Federal de Tucumán.
También se rescató que a pesar de la ausencia de Nación, que es la garante del acuerdo vigente para la preservación de la cuenca, se concretarán las inspecciones a industrias. Además,  Santiago del Estero mantendrá la vigencia del Acta Acuerdo, como también la acción judicial del Amparo Constitucionalizado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, subrayó Lionel Suárez.
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Scioli encabezó la primera reunión de la Comisión de Bosques Nativos del COFEMA

Fecha de Publicación: 06/07/2024
Fuente: Subsecretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional


Se llevó a cabo esta mañana en el salón central de la Subsecretaría de Ambiente, con la presencia de integrantes provinciales y autoridades nacionales.
El Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, junto a la subsecretaría de Ambiente, Ana Lamas, celebró la primera reunión de la Comisión de Bosques Nativos del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
El encuentro contó con la presencia de Martín Recamán, presidente del COFEMA, de María Inés Zigarán, a cargo de la mencionada comisión y de representantes provinciales de organismos vinculados con los bosques. Tuvo como objetivo avanzar en la implementación de la Ley 26331 y discutir la distribución de fondos para 2024.
En ese marco, Scioli destacó: “Estas iniciativas son vitales para el planeta en lo que corresponde a la salud, al bienestar de las comunidades. Y juegan también un rol crucial en las cadenas de producción, proporcionando recursos naturales, generando empleo, sosteniendo economías regionales, locales y, especialmente, en áreas rurales”. “La deforestación es un problema no solo de riesgo de ecosistemas, también amenaza cumplimientos en el marco de la agenda internacional y los compromisos que tenemos”, aseguró Scioli e instó a “fortalecer las herramientas de control y monitoreo”.
El funcionario también se refirió a la transferencia de los fondos estipulados por la ley 26.331 a los que definió como “esenciales para la implementación de planes con respecto al manejo de estos recursos de conservación en cada una de las provincias del interior”.
Finalmente, explicó que “hay un gran desafío internacional de la Unión Europea, de normas estrictas de los productos importados de libre deforestación”. “Debemos mejorar la cadena de valor para mercados de exportación”, indicó y puntualizó: “Sabemos que Argentina sale adelante produciendo, produciendo cada vez más y exportando también para generar divisas genuinas”.
Durante la jornada, el director de Bosques de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, Octavio Pérez Pardo, detalló los puntos centrales y el estado de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos —conocida como ley de bosques— y brindó información sobre el proyecto Pago por Resultados REDD+ del Fondo Verde para el Clima. Luego se discutieron temas como la actualización de los ordenamientos territoriales de bosques nativos, la implementación del Sistema de Administración, Control y Verificación Forestal (SACVeFoR), el Sistema de Alerta Temprana (SAT) y el registro de infractores, entre otros.
Por las jurisdicciones participaron: Daniela Mónaco, directora de Bosques y Gabriel Terny, director provincial de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Bienes Comunes, de la provincia de Buenos Aires; Gustavo Vázquez, director de Bosques de Chaco; Cecilia Gajardo, secretaria de Bosques de Chubut; Yanina Fasano, subgerente operativa de Organismos Interjurisdiccionales Ambientales, CABA; Lucas Damer y Germán Ausina, de la Agencia de Protección Ambiental (APRA) de CABA; Sebastián Jara, director de Bosques de Córdoba; Luis Mestres, secretario de Desarrollo Foresto Industrial de Corrientes; Andrea Cislaghi, coordinadora de Bosques Nativos de Entre Ríos; Natalia Lupia, subsecretaria de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental de Formosa; Ana Rodríguez, secretaria de Biodiversidad y Desarrollo Sostenible y Javier Albanesi, director de Bosques de Jujuy; Carina Re, directora general de Gestión Ambiental de La Pampa.
También estuvieron presentes María Margarita Suárez, subsecretaria de Bienes Comunes Naturales de La Rioja; Francisco Immerso, coordinador de la Dirección de Áreas Protegidas de Mendoza; Milton Morán, director general de Bosques de Misiones; Fernando Román, director general de Recursos Forestales de Neuquén; Claudia Contreras, subsecretaria de Recursos Forestales de Río Negro; Ignacio Goitia, director general de Planificación Territorial de Salta; Gustavo Mercado, director de Bosques Nativos de San Juan; Alicia Trógolo, subdirectora de Gestión Ambiental de San Luis; Ayelén Alberti, directora general de Bosques y Parques de Santa Cruz; Germán Falo, subsecretario de Bosques y Áreas Protegidas y Alejandro Luciani, secretario de Biodiversidad de Santa Fe; Noelia Zanichelli, directora general de Bosques y Fauna Felipe Cisneros, presidente de la Federación Argentina de Ingeniería Forestal de Santiago del Estero; Leandro Collado, director general de Ordenamiento Territorial y Gestión de Ambientes Forestales de Tierra del Fuego y Juan Carlos Parajón, director de Flora y Fauna de Tucumán.
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Mega denuncia penal contra legisladores, funcionarios públicos y empresarios por el desmonte en el Chaco

Fecha de Publicación: 05/07/2024
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Chaco


La Asociación de Abogados Ambientalistas presentó una denuncia penal tras la sanción en la Legislatura provincial de la ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), votada en una sesión que se realizó de madrugada.
A fines de abril de 2024, la Legislatura de Chaco votó una Ley que permite un nuevo ordenamiento territorial de bosques nativos y habilita el desmonte de un millón de hectáreas.
La Cámara de Diputados de la provincia de Chaco sancionó la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), Ley Nro 4005R, y áreas que antes estaban marcadas por la Ley de Bosques como “amarillas” (se pueden hacer actividades productivas sostenibles pero no desmontar) o “rojas” (no se pueden tocar) pasaron a pintarse de verde, habilitando la deforestación.

La agonía del monte chaqueño
"Hemos aprobado con satisfacción el ordenamiento de nuestros bosques nativos, muy a pesar de los intereses supranacionales. Este ordenamiento permitirá llevar adelante proyectos agroindustriales de manera ordenada y controlada por el Estado, hasta ahora era más fácil desmontar y pagar la multa, el monte estaba librado a su suerte”, celebró el diputado provincial Samuel Vargas, del Interbloque de Juntos por el Cambio, según consignó el portal Diario Chaco.
A raíz de esta situación, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal con sede en la provincia de Chaco.
"Tras una investigación exhaustiva de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, se evidencia la participación activa de funcionarios públicos y empresarios en actividades ilícitas que implican la destrucción ilegal de bosques nativos. Se denunció penalmente la concentrada y millonaria maquinaria político/corporativa que se enriquece y maneja los hilos de la provincia según sus propios intereses", explica el abogado ambientalista Enrique Viale .
Según datos oficiales, desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques hasta fines de 2022 en Chaco se desmontaron 485.162 hectáreas. El monitoreo satelital de Greenpeace detectó la deforestación de 57.343 hectáreas solo en 2023.
“Es importante destacar la ilegalidad de la totalidad de las hectáreas desmontadas durante 2021, 2022, 2023 y lo que va de 2024, ya que los desmontes se encontraban suspendidos por la justicia provincial, desde el 16 de octubre de 2020, ante la falta de actualización de su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos”, señaló esa entidad.

¿Quiénes son los denunciados?
De acuerdo al escrito presentado por la Asociación de Abogados Ambientalistas, entre los denunciantes se encuentran: Hernán Halavacs; actual Ministro de Producción de Chaco, máxima autoridad ambiental de la provincia y autoridad de aplicación de la Ley de Bosques; Luciano Olivares. Subsecretario de Desarrollo Forestal durante las gestiones de los gobernadores Peppo y Capitanich, principal responsable del desmonte desde el año 2014; Atlanto Honcheruk. Diputado provincial por el Frente de Todos y empresario del transporte forestal. Titular de la mayor empresa transportista de madera de la Provincia; Miguel Ángel López. ex-Director de Bosques de la Provincia. Propietario de uno de los mayores aserraderos de la provincia: Forestales del Oeste SAS; Ana Victoria Hupaluk. Empresaria maderera y carbonera; Adolfo Eduardo Hupaluk. Empresario maderero y carbonero de Los Frentones, Juan José Bergia. Legislador de NEPar, su propio partido. Maneja la Reserva Meguesoxochi, conocida por la explotación irracional de madera, a través de Zenón Cuellar.
Según Enrique Viale, entre los delitos que se le imputan se especifican: "Defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de instrumento, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, trata de personas y/o asociación ilícita. Todos previstos en el Código Penal".

Los fundamentos de la denuncia
Según sostiene la denuncia presentada por la Asociación de Abogados Ambientalistas, "se documentó la defraudación contra la administración pública, conforme al artículo 173 inciso 7 del Código Penal argentino. Los funcionarios mencionados han otorgado permisos de desmonte ilegal y han recategorizado parcelas de manera fraudulenta, desviando fondos públicos destinados a la conservación ambiental para favorecer intereses privados".
Además -agrega la denuncia-, se han identificado casos de falsedad ideológica de instrumento público, tipificados en el artículo 292 del Código Penal. Los acusados falsificaron documentos públicos para justificar la reclasificación de terrenos forestales como aptos para actividades agropecuarias, vulnerando así las disposiciones legales destinadas a la preservación de los recursos naturales.
Por último, específica que "se registran casos de cohecho y tráfico de influencias, delitos contemplados en los artículos 256 y 268 del Código Penal, respectivamente. Los funcionarios públicos acusados habrían recibido beneficios económicos y otros favores indebidos a cambio de la facilitación de permisos de desmonte y la modificación de normativas ambientales locales. Estas prácticas ilícitas subvierten el principio de imparcialidad y objetividad que deben regir las funciones públicas, perpetuando un ciclo de corrupción que pone en riesgo tanto el ambiente como la integridad del sistema administrativo argentino".
La denuncia penal también pone sobre la lupa las empresas asociadas a la extracción del tanino, subproducto de los quebrachos desmontados y sus vínculos con funcionarios y exfuncionarios. El tanino se usa principalmente para el procesamiento y curtido del cuero y también, en menor medida, para el encamisamiento de tubos petroleros.
Aparte de la denuncia penal, los denunciantes solicitaron "el dictado urgente de una medida cautelar que suspenda los efectos de la regresiva Ley 4005-R del 30 de abril de 2024, y cese inmediatamente toda actividad de destrucción de bosque nativo que ponga en riesgo este ecosistema crucial".
"La denuncia penal -dice Enrique Viale-, "tiene como objetivo se investigue y desarticule a esta Mafia del Desmonte de Chaco y eliminar su cooptación sobre el Estado de la provincia. Una organización criminal que se enriquece a costa del Ecocidio dejando exclusión, pobreza y destrucción. Si esta Asociación Ilícita sigue en funcionamiento, el futuro de uno de los ecosistemas más importantes de América del Sur, el gran Chaco Argentino (y la población, flora y fauna que allí viven) tienen solo como destino su desaparición definitiva".
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Puerto Deseado se suma a la protección de los bosques marinos

Fecha de Publicación: 05/07/2024
Fuente: Gobierno de Santa Cruz
Provincia/Región: Santa Cruz


La Secretaría de Estado de Ambiente de Santa Cruz dio a conocer que, por unanimidad, el Concejo Deliberante de Puerto Deseado declaró de interés municipal la protección y conservación de los bosques de macroalgas, en especial la Macrocystis pyrifera.
Con una decisión unánime, el Concejo Deliberante de Puerto Deseado ha establecido la importancia de proteger y conservar los bosques de macroalgas, en particular la especie Macrocystis pyrifera, también conocida como cachiyuyo. Esta acción pone en primer plano la relevancia ecológica de estos ecosistemas submarinos, y su crucial papel en la biodiversidad marina y el desarrollo sostenible de la región.
Desde el Concejo Deliberante de Puerto Deseado, Marcelo Vidal señaló la importancia de esta declaración, resaltando la necesidad de coordinar esfuerzos, remarcando que se trata de: “Aunar criterios con las acciones que se destinan a la protección, a la conservación de los bosques de algas. Asumiendo como una política de Estado y replicando lo que se ha hecho ya en Puerto Santa Cruz, como ejemplo, y en todo el litoral costero de la provincia".
Al mismo tiempo, el secretario de Ambiente de la Provincia, Sebastián Georgión, destacó la iniciativa: “Puerto Deseado es una comunidad con un fuerte vínculo con el mar y siempre ha marcado el rumbo respecto a la importancia de conservar nuestros valores naturales”.
Por su parte, el concejal Mateo Brunetti consideró que esta declaración de interés: “Es un puntapié más que interesante. Es muy importante proteger, pero también conscientizar para lograr introducir conceptos que hacen a un desarrollo sostenible". Brunetti subrayó la interrelación entre la industria y el ambiente: "Soy ambientalista popular, considero que industria y ambiente no son asuntos separados. Muy por el contrario, creo en un Estado fuerte, consciente sobre el rol que le toca ocupar y siempre buscando detectar posibles daños ecológicos que deben ser prevenidos y evitados".
Este esfuerzo conjunto entre el sector público y privado, incluyendo la colaboración con la Fundación Por el Mar, busca generar consciencia sobre el valor biológico, cultural y social de los bosques de macroalgas. Con esta resolución, Puerto Deseado comienza a trazar un mapa costero de localidades que buscan asegurar la protección de estos valiosos ecosistemas marinos, reafirmando su compromiso con el desarrollo sostenible y la preservación del ambiente para las futuras generaciones.
La resolución se fundamenta en la Constitución Nacional y Provincial, así como en la Ley General del Ambiente, que establecen el “derecho a un ambiente sano y equilibrado y obligan a la preservación del patrimonio natural y la biodiversidad”. Además, se destaca el rol fundamental de los bosques de macroalgas en la absorción de dióxido de carbono, y la generación de oxígeno, así como su función como hábitat para numerosas especies marinas de valor económico y ecológico.
Sobre este punto, la comunidad científica ha enfatizado la importancia de estos bosques para la sostenibilidad de actividades como la pesca y el turismo, fundamentales para la economía local. Estos ecosistemas submarinos no sólo proporcionan un hábitat significativo para especies de alto valor comercial, como la centolla, el calamar y el pez gallo, sino que también contribuyen a mantener la salud general del ecosistema marino, lo que a su vez sostiene las poblaciones de peces y otros organismos marinos. Además, la belleza y biodiversidad de estos bosques atraen a turistas y buceadores, generando ingresos y fomentando el desarrollo del ecoturismo en la región.
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