Cómo el cambio climático impactaría en biodiversidad de plantas en Patagonia

Fecha de Publicación: 25/06/2024
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Patagonia


Científicos de instituciones públicas usaron modelos que permiten hacer proyecciones para el futuro.
Algunas especies de flora autóctona de la Patagonia no lograrán sobrevivir a los impactos del cambio climático en los próximos años. Y la hermosa selva valdiviana en el norte patagónico podría ser una de las áreas más afectadas. Otras especies, en cambio, conseguirán adaptarse a refugios naturales más hacia el sur patagónico. Esas proyecciones son parte de un trabajo que hicieron científicos de instituciones públicas.
Seleccionaron 22 especies de flora autóctona de la Patagonia. Con sistemas de modelaje, evaluaron los efectos que el cambio climático tendría en cada una de esas especies. Las conclusiones no son del todo optimistas ya que la biodiversidad se verá amenazada ante el aumento de las temperaturas, la escasez de precipitaciones y las actividades humanas.
Los resultados del informe fueron publicados por la revista científica Biodiversity and Conservation, un trabajo colaborativo entre investigadores integrantes de la Red Internacional Alianza Biodiversidad. Es la combinación de un trabajo inédito y una recopilación bibliográfica.
«Trabajamos en la genética de poblaciones. Nos enfocamos en especies arbóreas nativas de la Patagonia. En este trabajo intentamos recabar información de todos los estudios disponibles vinculados con datos genéticos para especies a fin de reinterpretar sus patrones de diversidad genética», puntualizó en diálogo con Diario RIO NEGRO la investigadora Carolina Soliani, integrante del Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias Bariloche (IFAB) que depende del INTA y el Conicet, que participó del estudio.
En primer lugar, se realizó una búsqueda bibliográfica de la que fueron seleccionados 300 trabajos científicos publicados. La selección de artículos se realizó en base a criterios predefinidos, y a la distribución actual de las especies vegetales en la Patagonia.
Con esa información, se elaboraron mapas de vegetación y, a la vez, se proyectó geográficamente su diversidad genética. Posteriormente, en base a la previsión del cambio climático, se proyectó la distribución a futuro. Esto resultó ser la tarea más inédita.
Soliani explicó que esos modelos «de nichos ecológicos» son «interpretaciones en base a información histórica». «En base a una cierta información con que se cuenta se puede transferir a un mapa o a un área geográfica la distribución potencial de una especie», afirmó la investigadora adjunta del Conicet.
Explicó que hay todo un cúmulo de información disponible que se ingresa a estos modelos para realizar las interpretaciones como así también una proyección del clima, que incluye no solo los registros climáticos sino los datos del terreno, los tipos de suelo (montañosos o no) y la posibilidad de escurrimiento del agua, entre otros. Esa proyección se realiza en un rango de tiempo. En este caso, se proyectó del 2050 al 2100, aunque el trabajo se centró en el año 2070.
«Esas proyecciones del cambio climático también están basadas en los gases de efecto invernadero que se emiten en a la atmósfera, las actividades productivas industriales de los países, el aprovechamiento de los recursos naturales y las políticas de mitigación del cambio climático que los distintos estados aplican en función de los acuerdos internacionales», indicó.
Los modelos entonces toman en cuenta la distribución actual de las especies nativas patagónicas y el hábitat en que están insertas y, proyectan los cambios que podrían ocurrir a futuro. «De esta forma, se puede analizar si la especie va a permanecer en el tiempo o no. O si encontrará áreas geográficas propicias para habitar. Nos interesaba conocer la predicción de distribución a futuro considerando el cambio climático. Pero además de esa interpretación, empezamos a indagar sobre los centros de diversidad genética: si esas especies se iban a perpetuar o a desaparecer, si están en riesgo o no», especificó.
De las 22 especies nativas que los investigadores lograron modelar, la mayoría son icónicas de la región, como la Araucaria araucana, el ciprés de la cordillera, el ñire, la lenga, el roble, el raulí y otras especies de la estepa o y del monte (arbustivas y herbáceas).
Partieron de la hipótesis de que el cambio climático afectaría en gran medida la distribución de especies. Sin embargo, se encontraron con una diversidad de situaciones. «Hay que tener en cuenta que son modelos de predicción del cambio climático, con una cierta probabilidad de ocurrencia, aun así, no sabemos qué podrá pasar a futuro. Pensamos que a muchas especies les iría mal por el cambio de los patrones actuales del clima. Pero nos encontramos con un panorama más amplio», reconoció la investigadora.
Según el estudio, algunas poblaciones de las especies estudiadas podrían desaparecer, como el raulí, el roble pellín, o un arbusto pinchudo conocido como “alas de loro o matasebo. Otras perderán gran parte de su distribución geográfica respecto a la actual, como la araucaria, la lenga y el ciprés de la cordillera.
Unas pocas especies, en cambio, encontrarían nuevas áreas de distribución. «Con el cambio climático, encontrarían nuevos nichos donde distribuirse, como el neneo y como otras especies en las zonas de las turberas en la Patagonia Austral», aclaró.
De esta forma, se detectó que hay áreas que podrían actuar como refugios naturales al sur de la Patagonia donde no se perderían tantas especies ya que los cambios del clima no serían tan drásticos.
El informe también definió un patrón: la Patagonia Norte -que incluye Río Negro y Neuquén, la región de Los Lagos y la selva valdiviana en Chile-, donde se superpone la riqueza de especies, será la más afectada. Los cambios de las temperaturas, las precipitaciones y otros factores que tienen que ver con el uso de la tierra o el impacto antrópico afectarán esa área genéticamente diversa. Ahí, coinciden los investigadores, habrá que poner la mirada.
En el sur de Patagonia, los cambios en las condiciones no serán tan drásticos y, por lo tanto, actuarán como una especie de refugio para la vegetación.
«Esta información permite identificar áreas geográficas que estarían en riesgo de perderse o cambiar. De esta forma, se podrían implementar estrategias de conservación o mitigación. Los cambios son irreversibles. Pero identificar áreas de riesgo permite desarrollar políticas de mitigación o conservación si es que queremos frenar la desaparición de ciertas especies vegetales», subrayó Soliani.
«Los modelos ¿solo contemplan las variables estrictamente climáticas?», preguntó este diario. «Lo que más se reportan son los aumentos de la temperatura y la disminución de las precipitaciones, pero también inciden las actividades humanas, la explotación de recursos naturales. También incide la forma en que los países se paran frente al cambio climático y adoptan medidas para aplicar políticas de transformación», respondió Soliani.
Este estudio apuesta a contribuir con los organismos dedicados a las políticas de conservación, como Parques Nacionales, las áreas naturales protegidas y las direcciones de Bosques de las provincias. «Crear nuevas áreas a proteger sería lo ideal, pero también muy difícil y costoso. No toda la Patagonia está protegida hoy día, menos aún hacia la zona de la estepa patagónica (en relación al área de bosques). Hay una situación muy distinta en Chile. Si bien hay una combinación de áreas de protección estricta y otras donde se intervienen los bosques, en cuanto a porcentaje de superficie de áreas protegidas, Chile nos gana», concluyó.
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Advierten que la ruta 19 registra más atropellamientos de fauna

Fecha de Publicación: 25/06/2024
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones


Tanto el tramo que va desde Wanda hasta Andresito como el que conduce a Iguazú son considerados los más críticos. Trabajan en un mapa para reforzar la prevención
El atropellamiento es una de las principales amenazas para la conservación de muchas especies animales y un riesgo para la seguridad vial. En la provincia de Misiones se trabaja en la conformación de un mapa en el cual se visualicen los puntos en los que ocurren la mayor cantidad de accidentes de este tipo con el objetivo de prevenirlos.
El ministro de Ecología de la Provincia, Martín Recaman -en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7-, apuntó que hay que tener muy presente la señalización y carteles cuando se está ingresando a un parque provincial o a un parque federal “como puede ser el Campo San Juan sobre ruta 12 o en la zona de Wanda en el Parque Urugua-í”.
“Todas las rutas que estén vinculadas a un parque provincial o a un área natural protegida es donde realmente debemos bajar la velocidad”, dijo el ministro y agregó que se debe respetar la indicación de circular a 60 kilómetros por hora porque se pueden ocasionar daños o siniestros viales fatales.
Recaman indicó que es importante y oportuno en la previa de un fin de semana largo transmitir y recordar estas cuestiones “porque la idea es cuidarnos entre todos, cuidar nuestra fauna, transitar con cuidado y respetar las reglas de tránsito”.

Mapeo
El ministro a continuación comentó que más allá del número, la cartera trabaja en determinar cuáles son los sectores que han tenido una mayor cantidad de accidentes vinculados a atropellamiento de fauna, “y podemos decir que es la ruta 19, la que va de Wanda hasta Andresito; otro sector es la que va de Wanda a Iguazú en ruta 12, ingresando a lo que es lago Urugua-í. Otra de las rutas es la 101 lo que es la zona de Campo San Juan que tiene su señalización”.
Añadió que en los puntos de concentración se comenzará un proceso de incorporar más señalización en conjunto con Vialidad Provincial con la instalación de carteles en los que se identificará dónde la naturaleza elige para transitar.
En ese sentido, el funcionario recordó que en Misiones existen 33 pasafaunas, uno que es aéreo, “lo importante es estar atentos e ir visualizando con mucha atención esta concentración cuando uno atraviesa esta área porque son lugares donde pueden suceder accidentes o puede cruzar algún animalito”.
“Los animales más vistos son los zorros, tapires, venados y lo que ha marcado es cuando ocurre con un yaguareté”.
Resaltó el trabajo que hace tanto Güirá Oga y El Puma, desde donde rescatan a los animales y los ayudan en su proceso de recuperación, “son ellos también los que insisten mucho con el cuidado porque son los que generalmente están en contacto siempre con el Ministerio de Ecología”, recalcó.
La Red de Argentina de monitoreo de fauna atropellada es una iniciativa interinstitucional y abierta de monitoreo participativo. Con la Red se realizó un registro de atropellamientos de fauna silvestre en rutas del país que se encuentra actualizada hasta el 11 de marzo de 2024.

Ciervo axis
El ministro se refirió también a la situación del ciervo axis en la tierra colorada y contó que se ha estado trabajando con el Instituto Misionero de Biodiversidad (Imibio), el Ministerio de Ecología como también con fundaciones y asociaciones, “y nos han aportado información en lo que es el relevamiento, tener datos con respecto a dónde hay una mayor concentración del ciervo axis. Tenemos más de 300 puntos y esto va aumentando a medida que va pasando el tiempo y la idea es construir un mapa de la distribución o el reconocimiento del ciervo axis en el territorio”.
“Hoy con los datos que tenemos puedo mencionar que la zona Sur con más pastizales se adapta con mayor facilidad y no tiene tanto impedimento para transitar, es de mayor concentración que sería Posadas y Apóstoles no así en la zona Norte o en la zona Centro que, aunque se lo ha percibido, es muy puntual y en determinados municipios”, aclaró.
Finalmente mencionó que a partir de este relevamiento se hablará con los especialistas para evaluar la gravedad de la situación “y ver en función de eso qué medidas existen o se aplican en diferentes partes del mundo para controlar la población. Lo que tenemos en claro es que hay que controlar la población, pero ahora hay que conocer qué método utilizar, qué costo tiene cada uno y qué es lo que podemos abordar en función de lo que es la provincia de Misiones y su contexto ambiental”.

Güirá Oga registró otro caso
Desde Güirá Oga, dieron a conocer un reciente atropellamiento en la ruta provincial 19, dentro del Parque Provincial Urugua-í, donde perdió la vida una hembra adulta de tapir (Tapirus terrestris) que se encontraba con su cría.
En la necropsia el equipo de veterinarios del refugio pudo constatar múltiples fracturas y ruptura de órganos y que además se encontraba con un avanzado estado de preñez.
“Lamentablemente se perdió la vida de la madre y su cría en gestación. La otra cría que la acompañaba no se pudo ver en el estado que se encontraba ya que se internó al monte”, informaron.
Por tal motivo también hicieron “un llamado a la conciencia de todos los conductores que circulen por nuestra provincia: respetar las velocidades permitidas es crucial para evitar tragedias”.
Recordaron que junto a varias instituciones que vienen trabajando en conservación se han acercado propuestas para el abordaje a esta problemática y poder modificarla.
“Cada vida silvestre cuenta y merece ser protegida. Cuidemos juntos de nuestra fauna. Respetemos las señalizaciones, las vidas salvajes dependen de ello y hagamos que nuestro paso sea cuidadoso y respetuoso en cada viaje que emprendamos”, fue la recomendación realizada.
El Centro de Rescate de Fauna Silvestre Güirá Oga es gestionado por la Fundación Azara y el Ministerio de Ecología de Misiones.
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La motosierra pone en riesgo el saneamiento obligado del Riachuelo

Fecha de Publicación: 24/06/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Riachuelo


Las ONG piden al Máximo Tribunal que interceda ante el desfinanciamiento del Gobierno. "La consecuencia es el empeoramiento de la calidad de vida de las personas", advierten.
El próximo 8 de julio se cumplirán 16 años del fallo judicial que ordena al Estado sanear el Riachuelo. En la previa, hay movimientos que preocupan en torno a una causa de dimensiones descomunales y cuyos alcances afectan a millones de personas que viven en la cuenca. Mientras el impacto de la motosierra se hace sentir, las organizaciones de la sociedad civil advierten sobre lo mucho que falta para cumplir aquella sentencia y piden al Máximo Tribunal que interceda ante el desfinanciamiento por parte del Gobierno.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y la Asociación Vecinos de La Boca (AVLB) –integrantes del Cuerpo Colegiado que interviene en la causa- entregaron un documento a la Corte, en respuesta al pedido de que analicen el último informe presentado por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar). Con un relevamiento detallado del estado de situación compartieron su mirada crítica sobre lo hecho hasta ahora, pero también advirtieron sobre los riesgos de un retroceso ante los recortes y ajustes que recaen sobre el sector.
Además de pedir al Máximo Tribunal que tenga por incumplida la sentencia de 2008 en la llamada Causa Mendoza, convoque a una audiencia pública sobre el tema e inste a la designación de un Defensor del Pueblo, solicitaron que “se requiera al Jefe de Gabinete de Ministros la reasignación de partidas presupuestarias a efectos de que la Acumar cuente con los fondos suficientes a fines de desarrollar las tareas necesarias para el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo”. Reclamaron también “que se ordene restituir todas las direcciones y coordinaciones eliminadas o disminuidas de categoría” por la nueva gestión.

Fondos congelados
En abril, el presidente de Acumar designado por el mileísmo –Lucas Figueras, quien ya había estado a cargo durante el macrismo- acudió a la cita del juez Jorge Rodríguez, a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº2, para presentar el plan de acción del ente sobre la cuenca. Uno de sus ejes fue el ajuste presupuestario: aludió a los fondos congelados de 2023 y dio cuenta de un achique de la estructura del organismo en un 50%. Es decir, despidos y cierre de áreas.
“El informe de Acumar dice ‘acá no puedo avanzar porque no hay presupuesto’. Eso no es aceptable. La Corte debería exigir al Congreso partidas que permitan cumplir el fallo”, dijo Leandro Vera Belli, coordinador del área Tierra, vivienda y justicia económica del CELS, en diálogo con Tiempo.
En el informe presentado por las organizaciones sociales a la Corte alertan: “En el actual escenario inflacionario y sin presupuesto actualizado, la Acumar no podrá desarrollar acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las acciones y programas comprometidos en el cumplimiento de las mandas que integran la condena”. Y agregan: “El argumento presupuestario por parte de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo es a todas luces insuficiente para desligarse del cumplimiento de una decisión judicial que ya tiene 16 años. La consecuencia es el empeoramiento de la calidad de vida de las personas que viven en la Cuenca Matanza Riachuelo”.
El desguace no sólo se da en forma de despidos y achique del organigrama. Tiene efectos cotidianos tan palpables como la suspensión de la entrega de bidones de agua potable en Villa Inflamable (Avellaneda). El titular de Acumar dijo ante la Justicia que esa provisión continuaba. El informe de las organizaciones advirtió que “lamentablemente, esto no es así. La distribución de bidones de agua potable a la población se interrumpió a fines de febrero último, y ello es de conocimiento de Acumar que  fue notificada reiteradamente por quejas de los vecinos y mediante una nota” en mesa de entradas.

Cuentas pendientes
“Queda mucho camino por recorrer. No decimos que no se hizo nada. Estamos diciendo que, respecto de lo que se fijó hace 16 años, el cumplimiento es bajo en porcentaje”, apuntó Cristián Fernández, coordinador del área de Asuntos Legales de FARN, para resumir el análisis sobre lo concretado y lo pendiente para acatar la sentencia de 2008.
“Las falencias de Acumar en el control de las descargas químicas y orgánicas de origen industrial es la causa principal de la contaminación de las aguas superficiales, del sedimento del cauce y del aire de la cuenca”, plantea el documento que firman FARN, CELS y demás organizaciones. Advierte al respecto que “resulta imprescindible esclarecer los motivos por los cuales existen 86 establecimientos declarados como agentes contaminantes cuyos Planes de Adecuación aún no han sido aprobados. Ello, dado lo prioritario de la posterior ejecución y puesta en marcha de dichos planes” para mejorar los niveles de calidad de agua y aire. Si bien en los últimos años hubo avances en esos aspectos, con cambios incluso visibles en el paisaje, hay mediciones con indicadores que siguen preocupando.
En materia habitacional, Acumar dio cuenta de un cumplimiento del 40% de las soluciones acordadas en el Convenio Marco de 2010. En su plan de acción para este año, indicó que podría concluir 1.255 soluciones habitacionales ya iniciadas. Pero, en función del desfinanciamiento y ajuste, las organizaciones advirtieron que “de lo expuesto por la propia Acumar en su presentación ante la CSJN el 22/05/2024, surge que el cumplimiento de esta manda se encuentra muy lejos de haberse alcanzado. Por otro lado, no se presenta ninguna estrategia o plan definido para alcanzar este cumplimiento”.
Así, el Cuerpo Colegiado advierte a la Corte que “Acumar no brinda ninguna propuesta ni estrategia a futuro de como concretar las obras necesarias, limitándose a plantear problemas financieros pero informando la desarticulación de aquellos programas que permitieron los magros avances que reseñan como logros”.

Muchos informes y un rumor
La respuesta de las organizaciones a la Corte en su pedido de analizar el último informe de Acumar se dio en un contexto particular, atravesado por un rumor que causó un sacudón. “La Corte Suprema de Justicia se apresta a cerrar, luego de 20 años, la causa en la que condenó al Estado nacional, a la ciudad de Buenos Aires y la provincia a sanear el Riachuelo”, publicó el diario La Nación.
“Si bien surgió como un rumor, los integrantes del Cuerpo Colegiado manifestamos sorpresa y preocupación por cualquier intento de cierre de la causa. Sería descabellado en este contexto, cuando más protección necesita la gente de la cuenca ante los recortes del Ejecutivo”, sostuvo María José Lubertino, presidenta de Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos.
Una fuente que trabajó en el tema durante la gestión anterior contó que llamó la atención que la Corte estuviera “pidiendo un montón de informes, que hace tiempo no pedía, a los juzgados de Ariel Lijo y Jorge Rodríguez, al organismo, a los tres Estados, sobre cómo se viene avanzando. Eso despertó esta ola de rumores”. En este marco y en contra de esa posibilidad, “el Cuerpo Colegiado expresó que faltan un montón de cosas por hacer, pero que no sólo hay algo inconcluso sino que hay un deterioro. El desfinanciamiento es absoluto”.
Lo graficó con un ejemplo visible: los peses muertos flotando en el Riachuelo a la altura de Caminito. “A fines del año pasado hubo ahí una remada, veíamos patos, peces. Pero creo que se dejó de hacer todo. Que hay menor control a las empresas y un nivel muy notorio de disminución de limpieza. Lo que dicen los representantes del Ejecutivo, los colaboradores del Presidente en Acumar, es que no hay plata. Intentan desligarse de sus responsabilidades”.
Así de claro lo dijeron las organizaciones sociales en su documento al Máximo Tribunal: “Sólo la Corte Suprema puede y debe adoptar una decisión para revertir este cuadro de situación. De no hacerlo, el nivel de cumplimiento efectivo de las acciones y medidas dispuestas para la solución del caso no sólo continuarán siendo insuficientes sino que se agravarán frustrando el principio de progresividad al extremo de vulnerar el principio de no regresión y dar lugar a retrocesos que vuelvan la situación al conflictivo punto de partida”.
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La Provincia quiere seguir buscando litio, pero tiene que esquivar el ajuste

Fecha de Publicación: 24/06/2024
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires


En agosto de 2023, las autoridades mineras de la provincia de Buenos Aires firmaron un convenio con el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) para buscar litio y otros minerales estratégicos en tierras bonaerenses. Los resultados de ese estudio ya están en manos del gobierno y son auspiciosos, pero no definitivos. La exploración debe continuar.
"El objetivo de ese trabajo era tratar de conocer un poco más el recurso", dijo en un mano a mano con INFOCIELO Laura Delgado, actual subsecretaria de Minería bonaerense. La geóloga formó parte de la iniciativa desde sus inicios y fue quien recibió a principios de este año el informe final elaborado por el SEGEMAR.
Ya había algunos antecedentes que sugerían la presencia de litio y de Elementos de Tierras Raras (ETR). Sin embargo, cuando la tonelada de un mineral pasa de 450 dólares a 65.000 dólares por tonelada (como pasó con el litio entre 2003 y 2023) esas investigaciones preliminares toman otra relevancia. Algo similar pasa con el cerio (Ce) y lantano (La), dos de las ETR que son "cruciales" —según el SEGEMAR— en un mundo que va "hacia una energía más sostenible".
Ese contexto llevó a que la Provincia se preguntara si tiene potencial para explotar esos recursos. Según el convenio que firmaron el año pasado, hicieron dos campañas de exploración de una docena de días cada una para responder esa pregunta. El presupuesto, de poco menos de dos millones de pesos de acuerdo al convenio firmado oportunamente, lo aportaría la Secretaría de Minería de la Nación.

Ni sí, ni no
Por un lado, el personal técnico recorrió canteras pertenecientes a Benito Juárez (particularmente Barker y alrededores) para extraer unas 25 muestras de un tipo de piedra que se encuentra a unos pocos metros de profundidad. Por otro, seleccionaron algunas de las lagunas salinas del sudoeste bonaerense para extraer otras 50 muestras.
"Con la plata que se tenía no se pudo hacer más. No fue suficiente ni la cantidad de muestras, ni la metodología, ni las herramientas utilizadas para poder definir", lamentó Delgado en su diálogo con este medio. La funcionaria marcó la necesidad de seguir profundizando ambas investigaciones porque los resultados sí sirvieron para ratificar la presencia "anómala" de los minerales en cuestión.
¿Alcanza para desarrollar la industria minera? "No definieron lo que nosotros queríamos definir que es que me digan sí, pero tampoco dijeron no", respondió Delgado. "Justamente, (el informe) termina concluyendo que se necesita hacer un laburo de mayor profundidad para poder definir la potencialidad", completó.

Investigar en tiempos de ajuste
Con estos nuevos indicadores, la funcionaria quiere continuar con la exploración geológica. "Son estudios muy caros", le aclaró a INOCIELO antes de proponer la alternativa al recorte de fondos que impera en Nación: el Consejo Federal de Inversiones (CFI). En síntesis, la idea es que el organismo integrado por todas las provincias del país financie la iniciativa a través de un convenio que firmaría el propio Axel Kicillof.
"Podemos intentar ir por otro lado, ya no con el presupuesto de la Secretaría de Minería, que fue lo que ocurrió el año anterior, porque las gestiones pasaron", contó Delgado. Si todo sale bien, la geóloga estima que hacia mediados de 2025 tendría resultados definitivos en sus manos. Podría ser un punto de inflexión para un sector que genera unos 4500 empleos directos y más de 2600 millones de dólares en exportaciones para la Provincia.
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Presentaron un Atlas Ambiental que revela las cartografías ocultas del fracking en Vaca Muerta

Fecha de Publicación: 22/06/2024
Fuente: Minuto Neuquén
Provincia/Región: Neuquén


La nueva publicación del Observatorio Petrolero Sur fue presentada en la ciudad de Neuquén. Su contenido grafica la situación económica, social y ambiental de la extracción no convencional de gas y petróleo en la provincia.
108 millones de litros de agua y 14700 toneladas de arenas silíceas necesitó un solo pozo de gas no convencional en el yacimiento de Fortín de Piedra, operado por Tec Petrol del grupo Techint, durante diciembre de 2021.
Tanto el agua  como las arenas refinadas son vitales para poder extraer el recurso energético de la gran roca madre denominada Vaca Muerta, a través del proceso de hidrofractura, (fracking).
El dato fue extraído del “Atlas Ambiental de Vaca Muerta, Cartografía de lo oculto”, la nueva publicación del Observatorio Petrolero Sur, que fue presentado el pasado martes en el salón azul de la Biblioteca de la Universidad Nacional del Comahue.
Para poder dimensionar la abultada cifra, el Atlas Ambiental de Vaca Muerta utilizó recursos gráficos y mapas. Por ejemplo, esos 108 millones de litros de agua representan el contenido de 3865 camiones cisterna y de otros 496 vehículos pesados que transportan arena. Si esos camiones se estacionan uno detrás de otro, sumarían una extensión de 40 kilómetros de largo.  
A fines del 2023 había 2550 pozos en proceso de perforación y fractura en la formación de Vaca Muerta. De allí se extrajo el 43,7 por ciento del gas y 47,5 por ciento del petróleo del país.       
“Atlas Ambiental de Vaca Muerta, Cartografía de lo oculto” contiene mapas de las áreas de extracción petrolera, pero vinculadas a la interacción entre extracción, ambiente y sociedad que ocasiona el fracking en la provincia de Neuquén y pretende ser un recurso didáctico para que pueda ser utilizado en las escuelas. También tiene como objetivo ser una fuente de información alternativo a las narrativas oficiales sobre la explotación de hidrocarburos.
La contaminación del agua, la sismicidad inducida que produce la explotación, el impacto sobre el clima, las dificultades derivadas de los residuos peligrosos, los conflictos sociales y económicos  en los territorios mapuches y la zona de producción agropecuaria y los accidentes a los que se exponen los trabajadores petroleros son los contenidos que elaboró Opsur. Esto, junto al geógrafo Javier Grosso y el licenciado en Ciencias Ambientales, Miguel Di Ferdinando, integrantes del Observatorio de Sismicidad Inducida.
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Alarma por plaguicidas y microplásticos en el cinturón hortícola local

Fecha de Publicación: 22/06/2024
Fuente: Diario El Dia de La Plata
Provincia/Región: Buenos Aires


Tras años de investigación sobre el impacto negativo de microplásticos y plaguicidas usados en el en cultivos del cinturón hortícola platense, expertos de la cátedra de Citología de la facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata pusieron en alerta el crecimiento de la utilización de estos productos que repercuten en el medio ambiente, en el agua que se consume y en la salud humana.
“Es un desafío que requiere acciones urgentes y coordinadas. Porque, si bien estos contaminantes son producto de avances tecnológicos y agrícolas, es crucial encontrar un equilibrio que permita proteger la salud de los ecosistemas y de las personas”, destacaron desde el equipo de estudio de la Dra. Sonia Soloneski, investigadora principal del CONICET y profesora a cargo de la Cátedra de Citología de la FCNyM.
“Los cultivos bajo cubierta que se llevan a cabo en el Cinturón Hortícola Platense es un área donde los plásticos están presentes y, además, su presencia está íntimamente asociada al uso extensivo de plaguicidas”, explicó al respecto Soloneski.
Teniendo en cuenta esta problemática creciente e íntimamente relacionada con la salud ambiental de La Plata y sus alrededores es que las investigadoras comenzaron a estudiar los posibles efectos de la combinación de estos contaminantes en diversos modelos de experimentación. “Así, pudimos observar que microplásticos en base a polipropileno inducen daño directo sobre el material genético”, advirtieron las expertas a cargo del estudio.
Como país agroexportador, Argentina se caracteriza por el consumo anual de una gran cantidad de plaguicidas, particularmente de herbicidas que, según se ha comprobado, tienen efectos perjudiciales en la salud de la población, como el desarrollo de numerosas enfermedades, malformaciones y cáncer, sin dejar de resaltar el impacto negativo que provocan en el ambiente y en la biota, con la consecuente disminución y pérdida de la biodiversidad.
Pero, además, en los últimos años se ha generado un enorme impacto social y ambiental por el uso de plásticos y sus derivados, que diseñado para durar mucho tiempo (se calcula que unos 300 años), aún se desconoce a ciencia cierta el verdadero impacto que tiene en la salud del hombre como de las distintas especies que habitan los ecosistemas.
Para evaluar los efectos que plaguicidas de uso extensivo como los herbicidas 2,4-D y glifosato y el insecticida imidacloprid tienen en el Cinturón Hortícola Platense, las investigadoras de la UNLP emplean diferentes modelos experimentales. Entre ellos, líneas celulares de mamíferos y diferentes especies de organismos autóctonos y representativos de la región pampeana tales como un pez nativo, la madrecita de agua y larvas del sapo común o sapo argentino.
Estos estudios, se destacó, fueron realizados empleando las concentraciones encontradas en el ambiente de plaguicidas y microplásticos, tanto de manera individual como en forma de “cócteles”. “Cuando se utilizaron las combinaciones de los plaguicidas junto con la concentración de microplástico hallada en el ambiente, el impacto observado sobre la molécula de ADN fue considerablemente mayor”, amplió Soloneski, que resaltó que “resulta necesario continuar con este tipo de investigaciones y también concientizar sobre el impacto negativo de estos ‘cocteles’ de compuestos diariamente liberados al ambiente”.
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Economía circular | INTI avanza hacia una nueva certificación para impulsar la producción de biocombustibles sólidos en el sector agro y foresto-industrial

Fecha de Publicación: 21/06/2024
Fuente: Argentina Forestal
Provincia/Región: Nacional


El nuevo programa de certificación destinado a productores de biocombustibles sólidos, como los pellets, las briquetas, los chips energéticos y una diversidad de productos energéticos derivados, tiene como objetivo garantizar que los biocombustibles sólidos cumplan con criterios específicos de calidad para usos industriales y domésticos, y se prevé un sello de calidad específico a ser desarrollado junto con el Organismo de Certificación del INTI.
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) informó que desarrollan el «Programa de Certificación para Promover Estándares de Calidad y Sostenibilidad» destinado a productores de biocombustibles sólidos, como los pellets, las briquetas, los chips energéticos y una diversidad de productos energéticos derivados.
Martin Rearte, coordinador de la Red de Biomasa del INTI, subrayó la importancia de esta iniciativa para el desarrollo industrial y las economías regionales.
“La biomasa es un recurso con una alta impronta en el desarrollo industrial y las economías regionales. Este trabajo permite no solo a las pymes agro y foresto industriales tener acceso a nuevos mercados sino impulsar el desarrollo de la bioeconomía circular, aprovechando la biomasa o la fracción apta para usos energéticos. Hoy, muchas calderas y equipos industriales pueden reconvertirse a biocombustibles sólidos sin mayores costos”, señaló Rearte.
El programa, desarrollado en colaboración con instituciones de ciencia y tecnología, IRAM y el sector privado, se basa en los estándares internacionales ISO 17225 y las normas IRAM 17225 y 17600.
Estas normas establecen los requisitos esenciales para los biocombustibles sólidos, proporcionando una guía sólida para la industria y promoviendo la certificación de origen del recurso.
La visión del programa no sólo contempla las biomasas convencionales, sino que se adaptada a la gran diversidad de cultivos y biomasas industriales que se generan a lo largo y ancho de nuestro país promoviendo la certificación de origen del recurso y estableciendo exigencias ambientales para la gestión, transporte y comercialización de los biocombustibles sólidos.
El INTI, con más de una década de experiencia en proyectos estratégicos y asistencia al sector privado, viene trabajando estrechamente con IRAM para homologar y publicar estas normas de calidad.
El nuevo programa de certificación tiene como objetivo garantizar que los biocombustibles sólidos cumplan con criterios específicos de calidad para usos industriales y domésticos, y se prevé un sello de calidad específico a ser desarrollado junto con el Organismo de Certificación del INTI.
El enfoque del programa es voluntario y colaborativo, reflejando el compromiso de Argentina con la innovación, la sostenibilidad y el fortalecimiento de su presencia en mercados internacionales.
En este sentido, Rearte destacó que esta iniciativa es fundamental para impulsar el desarrollo de la bioeconomía circular en el país, aprovechando la biomasa disponible y facilitando la conversión de equipos industriales a biocombustibles sólidos sin incurrir en grandes costos adicionales.
El Laboratorio de Biocombustibles del INTI en Tucumán será el encargado de la evaluación y certificación de estos biocombustibles sólidos, así como de los equipos de calefacción doméstica de baja potencia, que actualmente no se encuentran bajo ningún esquema de control en Argentina.
Además, la Red de Biomasa del INTI, coordinada en conjunto con la Subgerencia de Energía y Movilidad del instituto, cuenta con más de 35 profesionales y técnicos que asisten a distintos sectores del agro y la foresto-industria, permitiendo adaptar y desarrollar tecnologías para la producción de biocombustibles sólidos de última generación.
Este programa no solo mejora la competitividad de las pymes nacionales, sino que también amplía sus oportunidades de exportación, adaptándose a las exigencias de los mercados internacionales. La certificación de biocombustibles sólidos representa un paso significativo hacia un futuro más sostenible y competitivo para la industria bioenergética de Argentina.
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El tren solar hizo su primer viaje

Fecha de Publicación: 21/06/2024
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Jujuy


Se puso en marcha luego de la suspensión de ayer. El ministro de Turismo Federico Posadas dijo que esperan que para el 9 de julio esté en funcionamiento la estación Tilcara.
Por fin el tren solar se puso en marcha en Jujuy. El ansiado viaje inaugural se realizó esta mañana  a las 8, tras la reprogramación del día de ayer.
Desde el Ente Autárquico informaron que los viajes se harán desde las 8 de la mañana y se extenderá hasta las 20.
"Los tickets pueden adquirirse a través de la página web www.trensolar.com.ar y de forma presencial en cualquiera de las oficinas habilitadas en la capital jujeña y en Tumbaya, Volcán, Maimará y Purmamarca, es decir, en cualquiera de las estaciones del Tren solar", informó Juan Carlos Cabrera, presidente del Ente Autárquico del Tren Solar de la Quebrada.
Cabrera dijo que “a medida que vayan pasado los días seguramente habrá mayor demanda. Junto a la publicidad esto cada vez se hará más conocido así como los demás espacios como el Lola Mora en la capital y otros lugares”.
En tanto, el ministro de turismo Federico Posadas se mostró positivo en cuanto a las expectativas de cara al fin de semana extralargo. “Hay reservas pero en comparación con años anteriores podemos decir que las reservas son medias bajas. Hay que decir que a comparación de otros años el turista está afectado por la crisis”.
Los precios de los tickets son diferenciados para residentes locales y visitantes, tanto nacionales como extranjeros.
$40.000 para turistas nacionales y extranjeros,
$25.000 para turistas jubilados y pensionados
$10.000 para los jujeños y residentes en la provincia
El titular de la cartera de turismo dijo que esperan que para el 9 de julio la estación Tilcara ya esté en funcionamiento, “ya se hizo el traspaso de la vía por la ruta y faltan ultimar algunos detalles como al boletería y la estación”, dijo.
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Combustibles en la transición energética, en qué se avanza en la Argentina

Fecha de Publicación: 19/06/2024
Fuente: Portal mejorenergia.com.ar
Provincia/Región: Nacional


Los nuevos escenarios multienergéticos de la movilidad demandan soluciones que ya están en marcha en el país y que abarcan desde las nuevas generaciones de biocombustibles, la electrificación y el desarrollo del hidrógeno.
Si para muchos la suerte de los combustibles fósiles está echada, es tiempo entonces de avizorar cuáles serán los energéticos que podrán llegar en su lugar y en particular aquellos con los cuales la industria local tenga ventajas competitivas para su desarrollo, de manera que permitan asegurar el autoabastecimiento en las próximas décadas.
La etapa de maduración de los nuevos recursos ya comenzó en la Argentina con la llegada de los biocombustibles de segunda y tercera generación, el desarrollo de la infraestructura de electromovilidad y un paso más adelante en la utilización de las distintas variables del hidrógeno con un particular enfoque en los grandes medios de transporte.
El más avanzado de estos desarrollos simultáneos y convergentes hacia un nuevo modelo de matriz energética para el transporte está vinculado al escenario de los biocombustibles, en el cual el país tiene una infraestructura con capacidad de exportación desde hace más de 15 años, a partir de sus cultivos de soja, maíz y caña de azúcar.
Pero la industria energética local está avanzando a partir de esa plataforma de conocimiento en el segmento de los bios avanzados, con proyectos activos de coprocesados sostenibles que tiene la gran ventaja de poder ser utilizados con las mismas motorizaciones y tecnologías existentes, evitando los grandes cambios de infraestructura y flotas.

Los combustibles coprocesados
La crítica clásica a nivel global sobre los biocombustibles tradicionales es que se producen mayoritariamente a partir de materias primas de primera generación, lo que se considera una competencia con los cultivos para la alimentación, generan presión en los precios internacionales de esos commodities e incluso deforestación.
Surge entonces una tendencia a utilizar materias primas que no sean una competencia a las necesidades de abastecer de alimentos a la población con los bios de segunda y de tercera generación, a base de residuos orgánicos los primeros y de cultivos energéticos los segundos.
El mundo avanza con desarrollos en los que Argentina tiene una visión incipiente referida a los combustibles SAF destinados a la aviación, y los B24 y B30 para el segmento marítimo fundamentalmente y de transporte de cargas de largo alcance.
Pero los casos más extendidos y con una trayectoria exitosa en el país son los desarrollos de bioetanol y biocombustibles a partir de los cuales se disponen los cortes obligatorios de la nafta y el gasoil.
En este caso, la alternativa para reducir aún más la huella de carbono que llega hasta 50%, es la de coprocesar los productos bios con los fósiles. El circuito actual es la incorporación del corte obligatorio de bioetanol o biocombustible al final de proceso, luego de pasar por la refinería y previo a su distribución.
Pero la industria local ya estudia incorporara la materia bio en el complejo mismo de refinación lo que convierte el producto en un coprocesado, y luego -ya fuera de las refineríassumar la etapa habitual de incorporar biocombustible previo a la distribución, con una reducción de huella hasta del 85% en relación al fósil.
Este desarrollo de menor impacto se ofrece junto a otras soluciones, a través de materias primas de segunda generación como lo que ofrece el aceite de cocina usado o la grasa animal, en una solución que requiere estar certificada con normas internacionales e idénticas características técnicas que los productos actuales.

El escenario de electromovilidad
A nivel global, China está liderando la conversión del transporte por encima de los logros de Europa y Estados Unidos, con el desarrollo de nuevos modelos de vehículos eléctricos y de las baterías, cuyos precios a la baja hacen más accesible el segmento.
Regionalmente, la Argentina viene unos pasos atrás de los avances que se registran en países como Brasil, Chile o Colombia con la electromovilidad, pero lentamente no sólo comienza a acelerarse la venta local de vehículos híbridos o 100% eléctricos, sino que se empieza a desplegar una incipiente infraestructura de carga pública con equipos de hasta 150 Kv que permiten en un período de 10 a 20 minutos completar el 80% de una batería.
Entre las primeras empresas que tomaron la posta de la carga eléctrica es el gigante YPF, que desplegó una red de 1200 kilómetros de puntos de carga en sus estaciones de servicio en el corredor que se extiende a través de las ciudades de Córdoba, Rosario, Buenos Aires y la Costa Atlántica, y la vinculación Mendoza-Santiago de Chile.
Son más de 30 puntos de carga con distancia promedio de 100 a 120 kilómetros entre cargadores, que permiten un viaje de media y larga distancia sin mayores complicaciones, además de un doble anillo en el Área Metropolitana Buenos Aires para la movilidad diaria.
A la par la empresa Raizen, a través de la marca Shell, acaba de anunciar la primera red de puntos de carga eléctrica fuera de las estaciones de servicio con el despliegue de puntos exclusivos en grandes espacios como playas de estacionamiento de supermercados o complejos comerciales.
En ambos casos el usuario podrá en breve disponer de las principales prestaciones a través de una App que permitirá conocer la disponibilidad, el estado de cada “surtidor” eléctrico y gestionar la membresía de pago más adecuada, como parte del desarrollo de un nuevo negocio para las petroleras.
Para completar la reducción de la huella de carbono del sistema, YPF junto a su subsidiaria YPF Luz acaban de lanzar un acuerdo por el cual las estaciones oficiales de la marca contarán hacia fines de 2024 con la provisión de energía eléctrica del parque eólico de General Levalle, hoy en etapa final de construcción, para cerrar el ciclo 100% sostenible de la electromovilidad.

El hidrógeno, la fuente futura
En el proceso de búsqueda de nuevas tecnologías que ya permiten anticipar un escenario multienergético para la movilidad, el hidrógeno viene ganando un espacio en la estrategia de descarbonización hacia el 2050.
En la Argentina esa mirada se viene dando a través de medio centenar de empresas vinculadas en el Consorcio H2Ar. Desde ese espacio colaborativo es que se advierte que e hidrógeno, más allá de los colores de que se trate, va a tener un rol importante en industrias de alto consumo energético y en segmentos de movilidad de larga distancia como el transporte pesado de cargas marítimas, buses, camiones y trenes.
En lo industrial se anticipa su participación positiva en ramas como el refinado de combustibles, producción de acero, aluminio, cemente y generación eléctrica. En la movilidad de vehículos particulares, el costo de desarrollo ya se observa falto de competitividad ante la carga eléctrica, pero no se descarta al hidrógeno en flotas de taxis o combis con un sistema similar al GNC con un sistema casi idéntico de carga y mejor autonomía.
Por las ventajas competitivas con que cuenta el país, el hidrógeno que tendrá casi segura prioridad es el denominado azul a partir de la captura de carbono en el gas natural –más inmediato y económico- y el verde a partir de fuentes de generación eléctrica renovable. Se abren en este segmento distintos escenarios siempre con la búsqueda de reducción de emisiones de gases efecto invernadero que se puede extender no sólo al transporte, sino a distintos usos industriales -con derivados de los procesos a otras ramas- e incluso al segmento particular por ejemplo con la inyección de hidrógeno en la red de gas natural domiciliaria.
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Cambio climático en la Ciudad: el dato que aumentó en 20 años y los barrios donde harán obras clave para evitar inundaciones

Fecha de Publicación: 19/06/2024
Fuente: Clarín
Provincia/Región: CABA


El grito "no se inunda más, carajo", en plena campaña presidencial de Mauricio Macri, terminó siendo cierto en forma parcial. Durante su gestión como jefe de Gobierno se hicieron obras, como los aliviadores de los arroyos Maldonado y Vega, que resolvieron problemas históricos. Pero la naturaleza y el cambio climático siguen haciendo de las suyas, por lo que los trabajos y los planes para evitar anegamientos no pueden detenerse.
En el último temporal fuerte, a principios de febrero, hubo barrios, sobre todo en la zona sur, que recibieron 80 milímetros de agua en menos de media hora. Un fenómeno inusual y pocas veces visto, según los especialistas. El dato duro dice que en la Ciudad, en promedio, llueve un 11 por ciento más que hace 20 años. Y que episodios como el de febrero, o como el que a fines de diciembre destrozó miles de árboles, serán cada vez más frecuentes.
En función de estos datos, el Gobierno porteño anunció que se reactivan obras en barrios clave, que ya sufrieron anegamientos e inundaciones, y se inician en otros en los que la infraestructura construida es insuficiente y en los que es necesario sumar obras para prevenir las contingencias climáticas.
En pocas semanas comenzarán a lanzarse las licitaciones y arrancarán obras, sobre todo, vinculadas con el arroyo Medrano. Es el que desbordó en 2013 y provocó inundaciones y víctimas fatales sobre todo en Saavedra. Según afirman desde el Gobierno porteño, las obras locales sirven para mitigar los efectos, y de hecho el reservorio que ya está construido, también en Parque Sarmiento, es útil ante precipitaciones intensas.
Pero hacen falta obras "más profundas", según las autoridades porteñas, que deberían hacerse en el GBA, ya que al arroyo nace en el partido de San Martín. Por ahora no hay nada previsto, aseguraron desde el Ejecutivo porteño respecto de si hay negociaciones con el municipio o la Provincia. Y agregaron que otra obra que se discutió en Saavedra, que consistía en que el arroyo volviera a estar a cielo abierto en el parque del mismo nombre, quedó definitivamente descartada.

Arroyo Medrano
En concreto, se hará un conducto que tendrá una longitud de 1,5 km e incluye "una obra de cierre (cinco compuertas), una estación de bombeo (tres bombas), tabicamiento del arroyo (mejora del 15 % en la conducción) y nuevas cámaras de inspección", anunciaron el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y el ministro de Infraestructura, Pablo Bereciartúa. Se espera, según dijeron, que se beneficien 360 mil vecinos y también habrá trabajos en la desembocadura.
En cuanto al reservorio, confirmaron que se iniciará en dos semanas. Como se dijo, se trata de la segunda etapa, con la que se busca aumentar la capacidad de retención del agua con un mecanismo que se denomina “soluciones basadas en la naturaleza". El reservorio tendrá 123 mil metros cúbicos de capacidad. Además, en los ramales Larralde y Ciudad de la Paz, que son subcuencas del Medrano, se harán trabajos de desagüe. Son 2 km de longitud que se licitarán antes de fin de año.
En otra zona de la Ciudad también habrá trabajos en el ramal Costa Rica, que está en la subcuenca del arroyo Maldonado. Se trata de un tubo de 1 kilómetro que busca evitar anegamientos en Palermo y beneficiar a 27.000 vecinos.
En cuanto a la zona sur, que sufrió el temporal de febrero más que otros barrios, se avanzará con los ramales Marti 2 y Zuviría, que son parte de las subcuencas del arroyo Cildañez. En los últimos años ya se habían hecho trabajos, con el fin de evitar anegamientos en Flores, Parque Avellaneda y Villa Lugano. Las obras se van a licitar en un mes y comenzarán antes de fin de año. Son conductos. 3,8 km, con beneficios para 23.500 vecinos.

Una cloaca bajo la Costanera
Además del plan hidráulico y las obras más recientes, en el Gobierno porteño anunciaron que hay avances con un proyecto que podría licitarse hacia fin de año y servirá para disminuir la contaminación del Río de la Plata. El objetivo, anunciaron Macri y Bereciartúa, es "proyectar un espacio de uso y disfrute del borde costero de forma limpia y sin peligros para la salud".
Es un proyecto de más largo aliento, que tendrá un plazo de ejecución de 48 meses. Se trata de un conducto de saneamiento cloacal que abarcará todo el frente del Río de la Plata desde la General Paz hasta el Riachuelo. Además, está prevista su extensión futura hacia la zona norte. El costo de la etapa inicial es de 240 millones de dólares.
La construcción es similar al mecanismo que se usó para los aliviadores de los arroyos Vega y Maldonado. Es decir, se hará con tuneladoras, por lo que será bajo tierra. Y por la dimensión del proyecto, es posible que además de avanzar en un trabajo común con Aysa, ya que se trata de un colector cloacal, se busque financiamiento de un organismo multilateral de crédito.
Además, podría conectarse con el Sistema Riachuelo, una obra cloacal que será clave para mejorar la calidad medio ambiental de la zona costera del Riachuelo, tanto en Capital como en Provincia, y que según las previsiones podría estar activa desde septiembre.
Los trabajos proyectados, cuyo mayor presupuesto será requerido por el colector de la Costanera (s calcula en 240 millones de dólares), tienen un costo estimado de 312 millones de dólares. Según la información de la Ciudad, serán en total 33 kilómetros que se sumarán a los 83 kilómetros de túneles y conductos ya hechos, que incluyen las obras principales de las cuencas de los arroyos Maldonado, Vega y Cildañez.
Ahora, además, hay ocho kilómetros de obras en ejecución, en los ramales Lugones (ya finalizado) y Elcano (Cuenca del Vega); Yerbal (Cuenca del Cildañez), y Acuña de Figueroa y Argerich Norte (Cuenca del Maldonado).
Con todo esto, aseguran las fuentes oficiales, el 82% de la Ciudad "está protegida contra el riesgo de inundaciones".
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Se suman las causas judiciales por la mortandad de peces

Fecha de Publicación: 18/06/2024
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero


Dos fiscales federal en Tucumán, abrieron sendos expedientes por este episodio de contaminación en un afluente de la cuenca Salí-Dulce, en territorio tucumano. Se suma a la causa que se tramita en la Fiscalía Federal Nº 1 de  Santiago del Estero.
Por la mortandad de peces registrada el pasado fin de semana en un brazo del río Salí, conocido como río Muerto (Tucumán), se abrieron en la Justicia Federal de Tucumán dos causas. Las mismas se suman a la que se comenzó a instruir en  Santiago del Estero, en la Fiscalía Federal Nº 1 de Pedro Simón, por una denuncia de Fiscalía de Estado y la Defensoría del Pueblo provincial.
Ayer, el fiscal federal general ante la Cámara de Apelaciones de Tucumán, Gustavo Gómez, abrió de oficio una causa penal por supuestos delitos ambientales a raíz de la mortandad de peces registrada en el sur de la vecina provincia, en un afluente de la cuenca interprovincial Salí-Dulce.
El funcionario judicial advirtió que ante los avances de la zafra azucarera "me siento en la obligación de hacerle saber a los dueños de los ingenios azucareros que tirar residuos (como la vinaza) a los cauces de los ríos, es un delito previsto por los artículos 55 y 56 de la Ley 24.051".
Paralelamente, el fiscal federal de instrucción Nº 1 de Tucumán, Carlos Brito, también dio apertura a una causa por este hecho, a partir de la denuncia de una particular. El magistrado federal, trascendió, habría solicitado las primeras medidas como tomas de muestras en la zona de la mortandad de peces.
Como se recordará, equipo del Programa de Monitoreo Permanente de Santiago del Estero tomó muestras de peces y de agua en el lugar el lunes 10, el día siguiente que se conoció esta mortandad. Estas muestras son analizadas en el laboratorio del Instituto de Hidrobiología y se esperan los resultados que den pistas del origen de este incidente.
Dos días después, el miércoles 12, en una segunda inspección por el sector, al equipo de técnicos santiagueños se sumó uno de la Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán que también tomó muestras.
Mientras tanto y con la idea de iniciar un trabajo conjunto para evitar estos episodios, la próxima semana, presumiblemente el martes, llegará a Santiago del Estero una delegación de funcionarios tucumanos para reunirse con autoridades de Fiscalía de Estado y de la Defensoría del Pueblo.
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Rehabilitan y regresan 14 pingüinos de Magallanes al mar

Fecha de Publicación: 18/06/2024
Fuente: Cadena 3 Patagonia
Provincia/Región: Buenos Aires


Un grupo de 14 pingüinos magallánicos regresó al mar en las playas de San Clemente después de ser rehabilitados por la Fundación Mundo Marino. Estas aves presentaban desnutrición, deshidratación, hipotermia y alta carga parasitaria al momento de su rescate.
Los pingüinos de la especie Spheniscus magellanicus fueron encontrados entre fines de marzo y principios de mayo en diversas playas de la Costa Atlántica bonaerense, incluyendo el Partido de La Costa, Pinamar, Valeria del Mar y Villa Gesell. Tras recibir atención y rehabilitación, fueron liberados al mar el lunes 10 de junio.
Docentes y alumnos del colegio Inmaculada Concepción de San Clemente del Tuyú participaron en la reinserción de las aves. Además de la Fundación Mundo Marino, otras instituciones colaboraron en los rescates y primeros auxilios.
La Fundación Ecológica Pinamar asistió en Valeria del Mar y Pinamar, la Fundación Rescate Verdemar en Villa Gesell, el Grupo de Rescate de Fauna Silvestre en San Bernardo, Santa Teresita y Mar del Tuyú, y la Prefectura Naval Argentina en Mar de Ajó.
Esta acción conjunta no solo permitió la recuperación de estos pingüinos, sino que también destacó la importancia de la colaboración entre diversas organizaciones para la conservación de la fauna silvestre.
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Luz verde a la Ley Bases y más política extractiva en Argentina

Fecha de Publicación: 17/06/2024
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Nacional


La Ley Bases aprobada por la Cámara de Senadores profundiza el modelo político-económico de explotación de la naturaleza, con consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. Las grandes empresas internacionales, que ya contaban con amplias ventajas de rentabilidad y ausencia de controles, celebraron la medida. Represión en las calles y el extractivismo como política de Estado.
El Senado aprobó la Ley Bases. Ahora el proyecto regresará a la Cámara de Diputados, donde se deberá revisar las modificaciones que, aunque mínimas, hizo la Cámara Alta. La iniciativa del Gobierno beneficia a grandes trasnacionales, como mineras, petroleras y firmas del agronegocio. Todas las asambleas socioambientales, movimientos campesinos y organizaciones indígenas coinciden en que esta norma profundiza el modelo extractivo y, al mismo tiempo, incrementará la presión (y los conflictos) territoriales en Argentina. Mientras se desarrollaba la sesión, las personas que se manifestaban en el Congreso fueron ferozmente reprimidas y más de 30 fueron apresadas.
Tras un empate de 36 votos afirmativos, 36 negativos y cero abstenciones, la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villaruel, resolvió a favor del proyecto del Ejecutivo. En las horas previas trascendió que la senadora Lucila Crexell será nombrada en la Embajada ante la Unesco a cambio de su voto afirmativo. También fueron llamativos los votos a favor de los peronistas Edgardo Kueider (Entre Ríos) y Carlos Espínola (Corrientes). "Este proyecto exacerba la matriz extractivista porque genera beneficios fiscales, financieros y cambiarios que acentúan la política de saqueo de nuestra naturaleza. Y su tratamiento fue escandaloso. Es la Banelco del siglo XXI. Más que una explicación política, hay que buscar una explicación criminal", afirmó tras la sesión Enrique Viale, de la Asociación de Abogades Ambientalistas.
El abogado fue uno de los expositores de la sociedad civil contra la Ley Bases en la Cámara de Diputados. "Estábamos discutiendo leyes del siglo XXI y pasamos a discutir temas del siglo XIX", afirmó entonces. Ya con la aprobación de ambas cámaras, denuncia: "Estamos ante un gobierno negacionista del cambio climático y de la cuestión ecológica, que además es entreguista y está manejado por grandes corporaciones. Esto le cae como anillo al dedo a Elon Musk para saquear el litio argentino, por ejemplo. Pero no hubiera salido sin la complicidad de gran parte de la denominada oposición". En la Cámara Alta hay sólo siete senadores oficialistas, por lo que la gran mayoría de los votos fueron de legisladores de otros bloques.
Al volver el proyecto a Diputados, se abren tres posibilidades: la primera es que esa cámara apruebe la ley tal como salió del Senado. La segunda es que la apruebe pero insista en el proyecto original (para eso necesita la mitad de uno). Y la tercera es que rechace todo. En caso de darse este último escenario, el tema no podría volver a tratarse durante este año. Pero para Viale no es probable que ocurra. "Hay que estudiar si no hubo complicidades por parte de senadores que acompañaron diciendo que hacían modificaciones, sabiendo que después vuelve a Diputados y se puede volver al proyecto original", apunta y concluye: "Hay que seguir más juntos que nunca defendiendo a la naturaleza, los territorios y la patria".

RIGI: las puertas abiertas para el saqueo
"Este proyecto significa más extractivismo, menos democracia y un gobierno que pone todo el aparato represivo al servicio de las corporaciones", resume Viale. La sanción del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) es el mayor exponente del modelo que busca instalar la Ley Bases. Dicho régimen comprenderá proyectos de "foresto industria" (como se llamó durante el debate al agronegocio), infraestructura, minería, energía y tecnología.
Las empresas de esos rubros que hagan inversiones de más de 200 millones de dólares tendrán enormes ventajas en relación al resto de las empresas del país. Entre ellas, obtendrán una reducción en el impuesto a las Ganancias, no tendrán restricciones ni aranceles para importar maquinaria e insumos —lo que desalienta la compra a proveedores nacionales— y tampoco pagarán retenciones a las exportaciones. Sumado a eso, a partir del tercer año del proyecto no tendrán obligación de liquidar ni de ingresar al país las divisas que generen por las exportaciones que realicen. Además, tendrán prioridad en el acceso a recursos como el agua o la energía ante un escenario de escasez. Durante los próximos 30 años tendrán "estabilidad fiscal": no podrán tener modificaciones impositivas ni legales.
El RIGI fue uno de los temas que generó más polémica en el Senado por los beneficios que otorga a los grandes capitales. Sin embargo, las modificaciones terminaron siendo sólo cosméticas. Uno de esos cambios fue modificar (según se observó en el debate) "agroindustria" por "foresto industria". "Con esto estamos protegiendo al campo, a la agroindustria, a sectores tradicionales argentinos. No necesitamos que vengan grandes capitales, compren el complejo aceitero de Santa Fe, hagan un RIGI y no paguen impuestos. Esto es para actividades nuevas, como la forestal, que en Argentina está tan mal manejado que terminaron todas las pasteras yéndose a Uruguay", alegó el senador salteño Juan Carlos Romero.
Al votar de forma afirmativa, el legislador también manifestó, en relación al artículo 163, que demanda la adhesión de las provincias para la aceptación de un proyecto: "Se protege el ejercicio legítimo de las provincias. Soy reacio a que le cedamos el resguardo ambiental a la Nación o que aparezcan los grupos ambientalistas porteños a decir si es bueno o no un proyecto en la Puna. La cuestión ambiental es de las provincias".
Los senadores decidieron no resguardar el derecho al ambiente sano ante el desembarco de estas empresas. Ni siquiera cuando lo solicitó en plena sesión la senadora Edith Terenzi (Juntos por el Cambio, Chubut), quien preside la Comisión de Ambiente de la Cámara Alta. "El régimen se concentra únicamente en cuestiones económicas, sin embargo todos sabemos que va a haber un fuerte impacto de los proyectos incluidos en el RIGI en los derechos ambientales. A lo largo de todo el articulado del RIGI no hay mención de la materia ambiental, de pasivos ambientales y de su remediación con respecto a los proyectos de inversión que se propongan. No hay ninguna condición a las empresas beneficiarias para presentar estudios de impacto ambiental ni evaluaciones de los impactos acumulativos de estos proyectos", argumentó. Y propuso agregar el requisito de que los emprendimientos den pruebas de su “sustentabilidad ambiental” para ser aprobados y que el incumplimiento de la normativa ambiental sea causal de exclusión del régimen.
Ninguna de las dos propuestas fueron tenidas en cuenta. Pero la legisladora terminó votando a favor.
En el mismo sentido votaron Guillermo Andrada, senador del PJ cercano al gobernador Raúl Jalil de Catamarca. Una de las modificaciones que propuso fue incluir un plan de desarrollo de proveedores locales, aunque no avanzaron en la contratación de trabajadores locales para los proyectos mineros. En la bancada oficialista también se sumaron los votos a favor del RIGI de Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy).

Sin organismos ni fondos para proteger la naturaleza
La Ley también salió del Senado con otras modificaciones en materia de regulación ambiental y cesión de recursos. En el artículo 3°, de delegación de facultades, se habilita al presidente Javier Milei a avanzar en la reforma del Estado y una reorganización administrativa. Para ello, se le permite modificar la estructura jurídica, disminuir competencias o, directamente, eliminar organismos estatales. Entre los espacios claves para la coordinación y aplicación de políticas ambientales que quedarán a merced del Presidente están el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (Orsep), el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (Ianiglia) y la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar).
En la Cámara Alta se exceptuó de este artículo a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Administración de Parques Nacionales (APN), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), el Instituto Nacional del Agua (INA), el Servicio Geológico-Minero Argentino (Segemar) y el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep).
Durante la sesión, la senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti (UP) propuso sin éxito quitar la palabra “eliminar” de las facultades cedidas al Presidente. En tanto, el artículo 5° faculta al Poder Ejecutivo “a modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos”. Entre ellos, el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, el Fondo Nacional del Manejo del Fuego, el Foder (orientado al desarrollo de energías renovables) y el Fodis (destinado a la promoción de generación distribuida de energías renovables).
La decisión del Congreso de avalar la posibilidad de eliminar estos fondos perjudica a las áreas protegidas como, por ejemplo, los bosques nativos. “La disolución del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos implicaría la derogación tácita de los artículos del 30 al 39 de la Ley de presupuestos mínimos de protección de los bosques (Ley 26.331)”, indicaron desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Hidrocarburos para la exportación
El proyecto de ley establece que el Poder Ejecutivo (nacional o provincial, según corresponda), podrá otorgar permisos de exploración y concesiones de explotación, autorizaciones de transporte y almacenaje, y habilitaciones de procesamiento de hidrocarburos. El Poder Ejecutivo Nacional no podrá intervenir o fijar los precios de comercialización en el mercado interno para ninguna de esas actividades. También se elimina la prioridad del abastecimiento interno y la potestad del Ejecutivo de fijar precios.
"Los permisionarios y concesionarios tendrán el dominio sobre los hidrocarburos que extraigan y, consecuentemente, podrán transportarlos, comercializarlos, industrializarlos y comercializar sus derivados libremente, conforme la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo Nacional", se lee en la iniciativa. De esta manera, se modifica la Ley 17.319 de Hidrocarburos; la 24.076, de Gas Natural, y la 26.741, por la cual se nacionalizó el 51 por ciento de YPF en 2012. Además, introduce cambios en los entes reguladores y en las leyes 15.336 y 24.065, sobre generación, transporte y regulación de la energía eléctrica.
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Clausuran una empresa que tiraba agua del fracking al desagüe de Centenario

Fecha de Publicación: 17/06/2024
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén


Funcionaba como un lavadero petrolero en el predio de la ex juguera ubicado en las chacras. La jueza de Faltas lo clausuró y le impuso una multa millonaria.
Un lavadero petrolero, ubicado en el medio de las chacras de Centenario, fue clausurado por derramar líquidos contaminantes del fracking al suelo y a los canales de riego, en el predio donde funcionaba la ex firma Jugos del Sur SA. La empresa fue multada con $10,3 millones por la jueza de Faltas, Carolina Vidal, por arrojar efluentes peligrosos, y en principio es la pena mínima por no ser reincidente. Pero se abrió una investigación por más irregularidades ambientales.
La situación era conocida, por el movimiento de camionetas y personal en un lote en medio de la zona rural, donde se puede ver hasta el montaje de una torre petrolera entre las alamedas, donde operan tres empresas de servicios petroleros. Los operarios utilizaban agua subterránea para lavar camionetas y tubos para la industria del fracking, y se constató la presencia de hidrocarburos en el lugar, y efluentes que se vertían en el desagüe, con una caño ilegal conectado desde las instalaciones hasta las aguas que conducen al río Neuquén.
La jueza del Tribunal de Faltas tomó la determinación luego de varias notificaciones e inspecciones realizadas a la firma que se presentó como responsable de las maniobras, Monali SAS, radicada en la ciudad de Neuquén y constituida en 2019.
Algunos vecinos se cansaron de la situación y radicaron una denuncia, de una situación que viene desde la pandemia. Pero en ese momento nadie había detectado nada, y las inspecciones no habían tenido un resultado positivo en la dirección municipal de Medio Ambiente.
Un sector del desagüe principal de Centenario se contaminó con hidrocarburos por el arrojo de efluentes e una empresa. Hubo una clausura preventiva y multa.

Denuncia vecinal o "batida"
Se habla también de una “batida” ya que las descargas de efluentes estaban a la vista de todos, a metros del cementerio municipal. La empresa comparte el predio de la ex juguera con un taller de soldadura y también con la empresa BM Inspecciones, según constataron los inspectores municipales en las actas realizadas en abril y mayo, a través de inspecciones.
A la empresa Molani SAS se le dio un plazo para que adecúe los procedimientos del lavadero, pero no lo cumplió, y las viejas instalaciones, donde funcionaba la iónica Jugos del Sur, fueron clausuradas.
La empresa operaba con cierto halo de misterio, ya que si bien tenía licencia comercial, nadie se explica cómo pudo funcionar un lavadero con residuos petroleros en medio de las chacras.
Se trata de un lavadero industrial de flota pesada y tolvas (también de caños de perforación en su momento) y en el informe ambiental de la Municipalidad consta que se usaba agua subterránea para el lavado de las unidades, los tanques de almacenamiento, sistema de recolección, tratamiento con un tema de filtros de carbón activado.

Clausura: había sido notificada pero no cumplió
La situación se destapó después de la pandemia y en estos últimos meses, por el incremento notorio de la actividad, según los vecinos de esa zona. Luego del lavado de vehículos y materiales petroleros, los efluentes iban a parar directo a los desagües, un vertido de manera constante.
De acuerdo a la información que pudo obtener LMNeuquén, se labró un acta de inspección el pasado 12 de abril donde se notificó al responsable de la empresa Monali SAS, para que cese el derrame de fluidos contentamientos. Pero esto no ocurrió.
Es que la generación de los derrames nunca paró y la compañía ni se inmutó ante las inspecciones. Se realizaron visitas en días y horarios distintos, y los efluentes contaminados con petróleo se seguían arrojando al desagüe, a la vista de todos. Era una situación además conocida por los vecinos que salen a caminar, no sólo por el sector de chacras, sino por Loteo Cabezas, un predio muy cercano a la ex juguera usado para la práctica deportiva.
El pasado 10 de mayo de 2024 se labró una segunda acta de Inspección por derrame de fluidos al desagüe, con notificación a la razón social. Se dio un plazo de remediación que nunca se cumplió.
La empresa Molani SAS funcionaba en el viejo predio de la ex Jugos del Sur SA de Centenario. También operan otras compañías.

La política: ¿Nadie vio nada?
Dentro de la investigación que hizo la comuna, se detectaron otras irregularidades que al menos llaman la atención. Hubo una informe ambiental (Expediente N° 920 del 2023), donde el personal de la ex dirección de Medio Ambiente, hizo un informe, cuyos resultados fueron negativos. No detectaron nada de vertidos ni contaminación. ¿Qué pasó? Aún no hay respuestas.
La empresa había presentado una nota con algunos de los datos solicitados en su momento por la comuna, pero omitió la constancia de inscripción de Generadora de Residuos Peligrosos. ¿Cómo es posible que pudo haber operado durante casi cuatro años una empresa sin autorización?
No había permiso de Recursos Hídricos de la provincia ni un informe sobre la generación, el tratamiento y el final de los residuos especiales (barros y efluentes contaminados con hidrocarburos) ni tampoco la autorización de agua subterránea para el lavadero.
Los plazos para la empresa se vencieron en estos dos meses y la jueza Vidal no dudó en la clausura preventiva a la compañía con toda la ruta administrativa en la mano, las fotografías y el detalle de las actas.
El caso deja de ser sólo una anécdota, ya que Centenario tiene un debate casi perdido con la irrupción del negocio de Vaca Muerta, que avanza cada vez más sobre la zona rural. Y una postal de ese debate es la torre, hoy ficticia, que se erige entre las alamedas de un pueblo que huele más a petróleo que a manzanas.
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Salta prepara la autorización de 26 mil hectáreas de desmonte

Fecha de Publicación: 15/06/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


La organización ambientalista también afirmó que la nueva propuesta de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos viola la normativa nacional.
La organización ambientalista Greenpeace denunció que desde diciembre último el gobierno provincial convocó a audiencias públicas por pedidos de 30 fincas para desmontar un total de 25.916 hectáreas. El trámite está a poco tiempo de concluir con una autorización de la Secretaría de Ambiente de Salta para que las topadoras hagan su trabajo.
La denuncia de Greenpeace se condice con lo ya manifestado a Salta/12 por el secretario de Ambiente de Salta, José Aldazábal, quien afirmó que para este año se habían desmontes sobre 20 mil hectáreas, pedidos que esperan su autorización.
“El gobierno de(l gobernador Gustavo) Sáenz avanza hacia la legalización de un ecocidio: está por autorizar desmontes por 26.000 hectáreas y pretende flexibilizar la actual ley de bosques provincial en favor de los grandes productores agropecuarios que quieren seguir arrasando bosques con total impunidad”, indicó la ambientalista.
Asimismo, recordó que en 2022, en la Cumbre Climática realizada en Glasgow, el país firmó un compromiso de Deforestación Cero para 2030. "Las provincias deberían ir en esa dirección”, afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
Entre las empresas y empresarios que obtendrán permisos de desmontes se encuentran: Agrodesmontes SA, SILHER SRL, Antonio Ricardo Talavera, María Luisa Bracero, Campos del Trópico SA, Alberto Cañizares, Rodrigo René Cuellar, José Ignacio Lecuona de Prat y Joaquín Alejandro Paz Salazar.
Cuando Salta/12 consultó a Aldazábal, el funcionario afirmó que se restarán las superficies autorizadas para el desmonte de las casi 700 mil hectáreas que permite la nueva propuesta del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que aún no fue elevada a la Legislatura provincial para su tratamiento.

Críticas al Ordenamiento
Además, Greenpeace advirtió que la propuesta de actualización del Ordenamiento de Bosques del gobierno provincial viola la Ley Nacional de Bosques y permitirá la deforestación de 720.000 hectáreas.
En enero de este año, la organización ecologista envió al gobierno provincial un documento señalando varios puntos de la propuesta de actualización de OTBN que considera violatorios de lo establecido por la Ley Nacional de Bosques. Entre las observaciones detallaron que se permite desmontes en una superficie sumamente excesiva, que valida los desmontes ilegales ya realizados y no obliga a su restauración. Además, permite autorizar desmontes en bosques actualmente protegidos, fragmenta el territorio de grandes mamíferos como el yaguareté, y no fueron previamente consultadas las comunidades indígenas.
“Esperamos que el gobierno y la Legislatura provincial no avancen con la aprobación de este nuevo ordenamiento territorial que es claramente violatorio de la Ley de Bosques. Será una catástrofe para los bosques y para las comunidades indígenas y campesinas. De aprobarse, iremos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenarlo”, advirtió Cruz.
Según datos oficiales, desde la sanción a fines de 2007 de la Ley Nacional de Bosques hasta fines de 2022, en la provincia de Salta se desmontaron 714.052 hectáreas.
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