Multan por $68M a una finca por incumplir con una reforestación

Fecha de Publicación: 10/06/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Aún resta conocer qué sucederá con la multa de 171 millones de pesos impulsada en 2016 desde la Procuración General de la Provincia.
A siete años de la firma de un acuerdo de reforestación que incumplió recurrentemente, la Justicia salteña impuso una multa de casi 68 millones de pesos a Juan José Karlen, quien debía recomponer un ambiente donde había demostado 11 mil hectáreas, casi equivalente a la superficie de la ciudad de Salta, que tiene 12 mil hectáreas.
La multa dispuesta por la jueza Viviana Yance, del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia de Tartagal (ciudad cabecera del departamento San Martín), fue en respuesta a un pedido de la fiscal civil de Tartagal, Rosa Vélez.
Esta decisión es en relación a un desmonte que desde 2012 venían denunciando campesinos e indígenas del departamento San Martín. Las denuncias no encontraron eco en aquel momento, incluso la Secretaría de Ambiente de la provincia hasta llegó a negar la existencia de las topadoras.
Pero en abril de 2013 la propia AFIP comprobó que el desmonte de 11 mil hectáreas era real. Fue en el marco de una inspección en la que encontró a personas en situación de trabajo esclavo.
Recién ante la evidencia se impulsaron acciones. En 2016 la Procuración General de la Provincia, entonces a cargo de Pablo López Viñals, pidió que se le aplicara a Karlen una multa de 171.413.473 pesos.
El finquero pidió una conciliación en la que consiguió un acuerdo judicial para restaurar el bosque nativo. Sin embargo, nunca cumplió este compromiso. Hubo reiteradas instancias para tratar de avanzar en la remediación ambiental, y reiteradas conciliaciones sin que se cumplieran tampoco estos otros acuerdos para tratar de reparar el monte destruído.
Denuncias de lugareños de Dragones (pueblo ubicado en el límite de los departamentos Rivadavia y San Martín) dieron cuenta de que en esos años en que las tierras debían restaurarse seguían siendo explotadas con diversas producciones. La finca nunca fue clausurada.

Incumplimiento sistemático
“El 20 de septiembre de 2017, Juan José Karlen asumió voluntariamente el compromiso de ceder sus pretensiones agropecuarias sobre 11 mil hectáreas desmontadas clandestinamente y acordó con la Procuración General de la provincia de Salta un plan de recomposición ambiental que debía abarcar toda la finca y extenderse por 30 años”, explicó ayer la Procuración General al recordar la fecha en la cual el bosque debía comenzar a ser reforestado. Los estudios que en ese momento se hicieron determinaban que antes del desmonte se había clasificado a la superficie en un estado “bueno”.
Entre otros objetivos del acuerdo, se contemplaba la creación de un vivero con 120 mil ejemplares por temporada, la forestación de entre 200 a 245 árboles nativos por cada hectárea y una importante inversión en materia social, incluyendo a comunidades aborígenes y criollas.
Finalmente, en el acuerdo homologado el 3 de diciembre de 2018, se estableció que en caso incurrir en omisiones, la finca quedaría afectada como área protegida privada hasta su total recomposición natural.
“Desde entonces, la fiscal Civil, Comercial y Laboral de Tartagal, Rosa Vélez Román, ha reclamado sistemáticamente el cumplimiento del acuerdo y ha reiterado inspecciones técnicas con personal del CIF, Bosques de la Provincia e INTA, sin resultados apreciables”, indicó la Fiscalía.
La fiscal requirió la multa por incumplimiento que finalmente fue consentida por el Juzgado, intimando a Karlen a cumplir desde el 19 de mayo de 2020. Desde ese momento los procedimientos judiciales se continuaron recurrentemente.
Finalmente, el pasado 30 de mayo la jueza Viviana Yance resolvió que, como ya hace cuatro años que se intima a la firma a cumplir cabalmente con su resolución del 3 de noviembre de 2020 sin éxito, "corresponde rechazar todos los planteos de nulidades de Karlen". Y ordenó formar expediente de ejecución de la deuda líquida y exigible a diciembre de 2023 por $67.920.000,00 en contra de la demandada.

“No se da una buena señal”
El desmonte de Karlen es uno de los casos emblemáticos que mencionó la asociación ambientalista Greenpeace para pedir que el desmonte sea categorizado como un delito penal. Pero el proyecto de ley nunca prosperó y quedó sin estado parlamentario.
“No se da una buena señal”, dijo el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, más aún cuando en el Día del Ambiente (que se conmemoró ayer), surge que se otorga una multa por incumplimiento, 103 millones de pesos menos que la multa que se había impulsado originalmente por desmontar. Si bien la actual es por los incumplimientos al acuerdo aceptado.
En mayo de 2017, López Viñals (ahora juez de la Corte salteña) hablaba de que la demanda millonaria contra Karlen “había entrado en una etapa decisiva”, ante los incumplimientos. Al tomar el dato entre abril de aquel año y abril de 2024, los registros indican que la inflación acumulada fue de 5.250 por ciento. Según ese índice, la actualización llevaría la multa a casi 9 mil millones de pesos.
“Lo importante es la restauración y que vuelva el bosque”, añadió Giardini al recordar que siempre se apuntó contra las multas porque el costo del incumplimiento también se incorpora en el costo de los desmontes.
“Todos estos años se llenaron los bolsillos”, al continuar con la producción en las tierras cuando “las deberían haber restaurado”, cuestionó el coordinador. Sostuvo que para ello es preciso que se clausure la finca de una vez por todas. “Es uno de los desmontes ilegales más grandes de los últimos años y le van a aplicar una multa menor a la original”, insistió en la crítica.
.

Día Mundial de los océanos: Ambiente celebra y llama a la acción

Fecha de Publicación: 10/06/2024
Fuente: Subsecretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional


Desde el año 2008, cada 8 de junio se conmemora el Día Mundial de los Océanos, fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de reconocer la importancia que tienen los océanos como fuente de vida, regulador del clima, proveedor de alimentos, y parte fundamental de la biósfera ya que sostienen una gran biodiversidad.
El lema elegido para este año apunta al despertar en las personas nuevas miradas más profundas para comprender, colaborar y comprometerse con el océano.
Entre los principales problemas que afectan a estas grandes masas de agua a nivel global, se encuentran la pérdida de diversidad biológica, el uso no sostenible de los recursos marinos, los impactos climáticos como consecuencia del aumento de la temperatura, la acidificación, y la contaminación, incluida la provocada por plásticos.
La Plataforma Continental Argentina es una de las más amplias del mundo y el mar argentino posee un elevado índice de productividad, es un refugio de importancia alta para una gran variedad de especies marinas que lo habitan, además de ser una magnífica fuente de recursos pesqueros.
El ecosistema costero del mar argentino se caracteriza por la presencia de importantes colonias de aves y mamíferos marinos que hacen uso de este espacio para su alimentación. Otros grupos, como las tortugas marinas, también se alimentan en nuestras aguas. Asimismo, hay áreas de reproducción de peces y crustáceos, praderas de algas y bancos de moluscos. Estos espacios proveen un gran número de bienes y servicios ecosistémicos, por ejemplo, ser sumidero de carbono permite mitigar el impacto climático, la provisión de alimentos e insumos para remedios, el uso recreativo y deportivo, entre otros. Además, las características oceánicas constituyen las bases de actividades económicas como la pesca, la acuicultura, el turismo, el transporte, el desarrollo portuario, la industria y la producción de energía.
Desde la Subsecretaría de Ambiente de la Nación se llevan adelante políticas, planes y programas para la protección y conservación de nuestros océanos. El Programa Costero Marino fue creado con el objetivo de impulsar la conservación y uso sostenible de este ecosistema, así como mantener los servicios ecosistémicos que brindan, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población, articular las acciones en el marco del federalismo y observar el cumplimiento de los diversos acuerdos internacionales relativos a la temática, de los que nuestro país es signatario. Otras herramientas de gestión son el enfoque ecosistémico de la pesca, las áreas marinas protegidas, la Red Federal de Varamientos de este tipo de Fauna, el abordaje del impacto de residuos marinos sobre la biodiversidad, la planificación espacial marina así como otras medidas de conservación basadas en áreas (OMEC).
Por otro lado, se destacan como líneas de trabajo la cooperación regional e internacional. Se incluyen la implementación y el seguimiento de los compromisos internacionales asumidos por Argentina tales como el Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles (ACAP), la Comisión Ballenera Internacional (CBI), la Convención de Especies Migratorias (CMS), la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (CIT) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 14).
Asimismo, con respecto a la contaminación por plásticos, la Subsecretaría de Ambiente se encuentra en plena participación y trabajo activo en las reuniones del Comité Intergubernamental de Negociación, encargado de elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos, en particular en el medio marino, en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y otros organismos nacionales.
Con todo es necesario entonces, tomar conciencia para poder así despertar a un auténtico compromiso con el océano, y comprender la importancia de este recurso natural para el futuro de nuestra supervivencia en este mundo.
.

Identificaron restos de agroquímicos y contaminantes en abejas de la miel

Fecha de Publicación: 08/06/2024
Fuente: Portal quedigital.com.ar
Provincia/Región: Nacional


Desde Conicet advierten por las consecuencias de los modelos productivos intensivos. Los resultados de la investigación que encontró restos de plaguicidas prohibidos.
Una investigación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) identificó la presencia de restos de agroquímicos, en su mayoría ya prohibidos en el país, y otros contaminantes industriales en muestras de abejas, cera y miel. Científicos de Mar del Plata y Córdoba advierten por la posible afectación en la producción de miel, derivados de la colmena y la polinización.
Publicada en una revista científica internacional, la investigación se centró en el análisis de muestras recolectadas en primavera y otoño en apiarios −conjunto de colmenas− en Buenos Aires, Córdoba y Río Negro. Allí, las y los investigadores identificaron la presencia de distintos tipos de agroquímicos y contaminantes industriales en las abejas, su pan (alimento para abejas adultas y larvas), pero también en la cera y miel.
Según señala el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) a partir de cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), Argentina es el segundo productor y exportador a nivel mundial de miel.
En total, el 95% de la miel producida en el país se exporta a más de 20 países y, remarcan desde el Conicet, la industria apícola se sostiene a través de unos 30 mil productores que trabajan al menos 3 millones de colmenas distribuidas en el territorio nacional, aunque concentradas principalmente en la Pampa Húmeda.
En su análisis, las y los investigadores se centraron en un apiario de Córdoba cercano a zonas ampliamente cultivadas con soja y maíz en donde “se utilizan muchos agroquímicos”, pero también tomaron muestras en otras localidades como Santa Paula, Buenos Aires, y Choele-Choel, Río Negro, en donde se presentaban “paisajes con vegetación diferente”, describió el coautor del estudio, Leonardo Galetto.
En concreto, desde el organismo identificaron que las abejas melíferas (abeja europea, también conocida como abeja de la miel), enfrentan “amenazas” relacionadas a las transformaciones en el uso de los suelos con las actividades productivas que, según la lógica del agronegocio, se vuelven cada vez más intensivas no solo en búsqueda de un mayor rinde sino ante la necesidad de aplicar más plaguicidas para controlar las malezas generando una cadena de efectos, tanto para el ambiente y los ecosistemas como también para la salud de la población argentina, según indicó un estudio reciente que halló restos de plaguicidas en el cuerpo humano.
En detalle, la investigación del Conicet halló en los tres territorios muestreados, y en ambas estaciones, residuos de contaminantes organoclorados y clorpirifos −un insecticida que calificaron como “altamente tóxico” y “muy” utilizado en Argentina hasta el 2023−, bifenilos policlorados (PCBs) y éteres de bifenilos polibromados (PBDEs), unos compuestos tóxicos provenientes de zonas industriales y urbanas, indicaron.
Según explicó Karina Miglioranza, investigadora del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras de Mar del Plata, “en el caso de los plaguicidas organoclorados, en su mayoría fueron prohibidos en el Convenio de Estocolmo del 2001. El último fue el endosulfán, muy utilizado en nuestro país hasta que se prohibió en 2013″.
Además aclaró que la presencia de los contaminantes en las muestras se da porque, a pesar de estar prohibidos en la actualidad, persisten en el ambiente por hasta 20 o 30 años: “Los bifenilos policlorados también están prohibidos, pero aún se encuentran en algunos transformadores eléctricos y capacitores hasta el 2025 que es la fecha establecida por el Convenio de Estocolmo para sacarlos de circulación”, aclaró.
De todas maneras, la investigación señala que todas las mediciones “se encuentran por debajo de los límites máximos” que establece la Unión Europea y que las concentraciones en los productos apícolas dependen de sus características fisicoquímicos. Señalan, por ejemplo, que los compuestos contaminantes se asocian fácilmente a los lípidos, es decir, a las grasas, y que por ese motivo se concentran más en la cera de abeja en comparación a la miel: “En la cera también se registró una mayor acumulación de clorpirifos, sobre todo en la primavera, en asociación con el periodo de aplicación de plaguicidas en la agricultura”.
Otro de los hallazgos tiene que ver con la presencia generalizada de los contaminantes industriales en los apiarios, a pesar de encontrarse en tierras agrícolas. Es que, según resaltaron, ese tipo de contaminantes, al ser “volátiles” pueden trasladarse largas distancias. Sobre ello reparó Matías Maggi, un investigador del Investigaciones en Producción, Sanidad y Ambiente de Conicet-Mar del Plata y señaló las posibles diferentes afecciones en las abejas.
Según señaló el experto, pueden quedar desorientadas en su vuelo, que se les acorte su tiempo de vida, manifestar alguna alteración en sus órganos reproductivos, que no puedan retornar a la colmena o que no realicen bien su danza para indicar a sus compañeros donde están las fuentes de alimento: “Generalmente los efectos se ven a mediano y largo plazo“. Y aunque los valores están dentro de los límites establecidos por las entidades regulatorias, aseguró que ello “puede variar año a año”.
.

Se demora una obra clave para la energía nuclear por los recortes y falta de presupuesto

Fecha de Publicación: 08/06/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Se trata de una central de energía cerca de Atucha cuyos trabajos civiles están avanzados hasta un 70%; la Uocra advirtió sobre las consecuencias de la paralización del proyecto
La política de recortes, revisión de gastos y ajustes que desplegó desde su campanazo de largada la gestión de Javier Milei demora uno de los proyectos locales más ambiciosos en lo relativo a la energía nuclear. Se trata del Carem (por Central Argentina de Elementos Modulares), un reactor de 25 megawatts (MW) de potencia que se puede combinar con hasta cuatro módulos, dando lugar a una central de 100 MW y que es la única central nuclear de potencia que está en construcción en la Argentina tras la paralización de Atucha III.
El flamante presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Germán Guido Lavalle, reconoció en una entrevista con LA NACION retrasos en el avance de la obra civil y en lo que respecta a la ingeniería, pero rechazó la eventual paralización del proyecto, que se desarrolla en la localidad de Lima, en la provincia de Buenos Aires, cerca Zárate. Además, reconoció que está a la espera de que el Gobierno nacional le envíe dinero para continuar con los trabajos pendientes.
La aclaración de Lavalle se da cuando la Unión Obrera de la Construcción Argentina (Uocra), el gremio que reúne a los albañiles, denunció que en la actualidad hay 3500 obras públicas paralizadas en todo el país. Una de ellas, según la organización que dirige Gerardo Martínez, sería el Carem, que depende de la CNEA. La Uocra advirtió que está en riesgo la continuidad laboral de unas 600 familias y afirmó que la obra civil está completa en un 80%. “Se trata del primer reactor nuclear de potencia totalmente desarrollado por la Comisión Nacional de Energía Atómica y afianza el rol de la Argentina como uno de los líderes en el uso pacífico de la energía nuclear. No es gasto, es una inversión Milei, no es gasto, es una inversión. Invertir en tecnología y soberanía para nosotros. Es un proyecto estratégico para el desarrollo del país. Queremos trabajar”, planteó la Uocra a través de una carta abierta al Presidente sobre el tema puntual de Carem.
La versión sindical, sin embargo, no coincide con la de Lavalle. “Hay una exageración del avance y la significación del Carem. Estaba avanzando a un paso lento, a un ritmo de ejecución de 2% anual, algo así. La idea es avanzar y estamos con la idea de cerrar la ingeniería, la idea es continuar. Se dijo que hubo despidos de trabajadores y se dieron de baja 70 porque hay menos obra civil, pero hay 1500 empleados en el Carem, es lo normal en un proyecto de esta envergadura donde lo central es electromecánico”, dijo el presidente de la CNEA. Y añadió: “La realidad es que no hay parate del Carem.Se está poniendo hormigón todos los días. Pero lo interesante es que podamos desarrollar una versión comercial del prototipo. Ahora se pondrá más esfuerzo en el trabajo de ingeniería para hacer algo que pueda abastecer al mercado mundial. Una revisión de la ingeniería es lo principal que tenemos que hacer. Que haya reactores en serie, no solo el prototipo”.
El reactor Carem, desarrollado por la CNEA, es el primer reactor nuclear de potencia íntegramente diseñado en la Argentina. De concretarse este avance, el país se perfilaría como uno de los líderes mundiales en el segmento de reactores modulares de baja y media potencia, que tienen una gran proyección para el abastecimiento eléctrico de zonas alejadas de los grandes centros urbanos o de polos fabriles e industriales con alto consumo de energía (incluyendo la capacidad de alimentar plantas de desalinización de agua de mar).
El prototipo está siendo construido en Lima, provincia de Buenos Aires. El edificio que lo contendrá comprende una superficie de 18.500 m2, de los cuales alrededor de 14.000 m2 corresponden al llamado “módulo nuclear”, el sector que incluye la contención del reactor, la sala de control y todos los sistemas de seguridad y de operación de la central.
La obra civil comenzó el 8 de febrero de 2014: en ese momento, el Carem se constituyó como el primer SMR del mundo en estar oficialmente en construcción. La idea es que el prototipo esté en marcha entre 2028 y 2030. Esos plazos se mantienen hoy, según informaron a LA NACION fuentes al tanto del proyecto. El proyecto está actualmente en un 70% realizado en lo que respecta a la obra civil. No es igual el avance en lo relativo a la ingeniería.
Esta primera versión de los reactores tipo Carem sería capaz de generar 32 megavatios eléctricos. “Con esa central chiquita, que está al lado de Atucha I y II, demostramos la capacidad de hacer una central nuclear de potencia de diseño argentino y que se puede escalar. Una central de ese tamaño abastece a una ciudad de 150.000 habitantes sin problemas. Y hay muchos interesados en ese tipo de reactores. Hemos tenido reuniones con Indonesia, por ejemplo, que está compuesta de miles de islas: el costo de abastecer esas islas con diesel es enorme. Un reactor pequeño como el Carem ocupa 50x20 metros”, dijo la gerenta de área Adriana Serquis a LA NACION en marzo de 2024.
.

Encontraron 330 peces dentro de cuatro conservadoras en un ómnibus que circulaba por Panamericana

Fecha de Publicación: 07/06/2024
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires


Efectivos del Escuadrón Seguridad Vial Autopista “Noroeste” detuvieron un ómnibus en la Ruta Nacional N° 9, a la altura del acceso a la Autopista Panamericana, que viajaba desde Misiones hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Durante la inspección de la bodega del vehículo, los agentes encontraron cuatro conservadoras de telgopor etiquetadas como “peces vivos”. Procedieron a requisar las conservadoras, descubriendo 330 peces empaquetados en bolsas plásticas, en violación a la Ley 22.421 de Conservación de la Flora y Fauna Silvestre.
La operación contó con la intervención del Juzgado Federal de San Martín. Además, personal de la Subsecretaría de Ambiente se encargó del traslado, resguardo y conservación de los peces, informó Gendarmería Nacional.
En otro procedimiento similar a principios del mes de mayo pasado, personal de la Sección de Seguridad Vial “Lapachito”, adscrito al Escuadrón 14 “Las Palmas” de Gendarmería Nacional, llevaba a cabo un operativo de seguridad vial cuando detuvieron la marcha de un auto procedente de la ciudad de Formosa con destino final en Corrientes.
Durante la inspección del automóvil, los agentes notaron la presencia de una jaula de transporte de animales y al abrir la misma, descubrieron la presencia de un ejemplar de “Alouatta Caraya”, más conocido como mono Carayá, especie protegida por la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna.
Ante este hallazgo, las autoridades informaron a la División Rural La Leonesa de la Policía de Chaco, quienes se encargaron del traslado del animal a la Brigada Operativa Ambiental para recibir la atención adecuada.
Mientras tanto, el individuo responsable permanecerá bajo investigación, enfrentando cargos por violación a la Ley Provincial N.º 1429-R de Manejo de Recursos de la Fauna Silvestre y la Caza Deportiva.
Y a mediados del mes de marzo pasado, un suceso ocurrido durante la noche en el Puesto de Control Fijo “Cuay Grande” del Escuadrón 57 “Santo Tomé” de la Gendarmería, ubicado en el kilómetro 669 de la Ruta Nacional N° 14, en la provincia de Corrientes, captó la atención de las autoridades locales.
Es que durante una inspección de rutina a un ómnibus proveniente de Bernardo de Irigoyen, con destino a San Justo, en el Gran Buenos Aires, los efectivos descubrieron una situación alarmante en el área de carga del vehículo.
Allí, ocultos en dos valijas se hallaron 90 serpientes, 236 arañas de distintas especies y un ciempiés, lo que generó un operativo inmediato por parte de las autoridades presentes en el lugar.
La rápida intervención de los gendarmes permitió identificar al propietario del equipaje en cuestión, quien fue detenido siguiendo las órdenes de la Fiscalía Ambiental y Rural de Santo Tomé, en coordinación con la oficina de Flora y Fauna según informó la misma fuerza federal en su página web.
En tanto, los animales fueron incautados y entregados a la dirección de Fauna de la provincia, mientras que el pasajero detenido enfrentará las consecuencias legales correspondientes por este acto ilegal.
Y lamentablemente, este incidente no es un caso aislado en la región. A principios de diciembre del año pasado, efectivos de la Policía Federal llevaron a cabo una operación similar en el AMBA.
En aquella oportunidad, se rescataron más de 130 animales exóticos que estaban siendo comercializados ilegalmente en varios domicilios y en estos allanamientos, se detuvo a cuatro personas y se descubrió un criadero ilegal en el barrio porteño de Villa Urquiza, lo que condujo a la detención de un quinto sospechoso.
En esos lugares, se hallaron ejemplares de dragones barbudos (pogona vitticeps), procedentes de Australia; geckos leopardo y leopardo azul (ublepharis macularius), de Oriente Medio (de Irán hasta Pakistán); tiliquas, de Australia e Indonesia; gecko crestado, de Islas de Nueva Caledonia; pitón bola, de África Central; ranas arborícolas verdes, de Australia, Nueva Guinea, Nueva Zelanda y EEUU. También mamíferos como petauros del azúcar (petaurus breviceps), de Australia e islas del Indo-Pacífico; y peces pulmonados de la cuenca del Amazonas.
En total, los efectivos rescataron 128 reptiles, entre ranas, lagartos, tortugas, serpientes e insectos; dos mamíferos; y siete peces, todo en infracción a la Ley de Conservación de Fauna Silvestre 22.421, Ley de Maltrato Animal y Actos de Crueldad 14.346, y Ley 22.344 de C.I.T.E.S.
Asimismo, secuestraron elementos destinados a la cría y almacenamiento de estos animales, junto a documentación que comprueba su comercialización. También incautaron celulares y notebooks que serán analizados para obtener información que permita establecer la procedencia de los ejemplares.
En una acción coordinada con especialistas, los animales rescatados fueron trasladados a una reserva privada en Escobar y al Serpentario Educativo del Tigre para su rehabilitación y se evaluará la posibilidad de reintegrarlos a sus hábitats naturales o repatriarlos, según corresponda.
La investigación sobre este caso está a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de Morón, bajo la dirección del fiscal Sebastián Basso.
.

Minería en Catamarca: negocio para pocos

Fecha de Publicación: 07/06/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Catamarca


Empresarios santamarianos presentaron una recusación con causa en contra del normalizador de la Asociación de Producción y Minería, además reiteraron el direccionamiento de las elecciones a favor de Manuel Gómez Bello.
Los pequeños empresarios que buscan ser parte del proceso de normalización de la e la Asociación de la Cámara Santamariana de Producción y Minería, realizaron una nueva denuncia en contra del Presidente de la Cámara Provincial de Proveedores Mineros y su apoderado, designado por el Gobierno para que realice la normalización del organismo que desde hace 8 años funciona con irregularidades.
La lista Alternativa por el Cambio presentó una recusación con causa en contra de Cristian Zanacchi, normalizador designado por la Dirección General de Inspección General de Personas Jurídicas.
Los postulantes pudieron comprobar que  Zanacchi es abogado apoderado de Manuel Gómez Bello, presidente de la Cámara Provincial de Proveedores Mineros y actual presidente de la Asociación Satamariana.
La presentación expone que "La designación del Dr. Zanacchi tenía por objeto y finalidad normalizar la situación de la asociación, y en estas instancias esa designación resulta altamente sospechosa, ya que la administración no designó a los normalizadores propuestos por más del 50% de los asociados en Nota de fecha 22/04/2024 y se designa a un abogado que tiene vínculos directos con quien ejercía de forma irregular el carácter de presidente y que luego se presenta con una lista para ese cargo, y se suceden una serie de hechos y resoluciones por parte del normalizador con el claro objetivo de favorecer al Sr. Gómez Bello y perjudicar a nuestra lista", afirman.
Como prueba. adjuntaron una copia de decreto emitido por el Juzgado de Santa María en donde se da participación al Dr. Zanacchi como abogado apoderado de Manuel Gómez Bello. En consecuencia solicitaron declarar nulo el acto de designación de Zanacchi y todos los acto realizados por el mismo en su cargo de normalizador.
En la presentación los integrantes de la lista agregan: "Queda palmariamente demostrado que existió un operativo y una estrategia por parte de quien pretende seguir ocupando irregularmente el cargo de Presidente o de quienes tienen un interés de que ello suceda, que ocasionó que la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas designe, por error o con dolo, como normalizador a una persona que tenía objetivos preestablecidos, y vínculos directos con Manuel Gómez Bello. Por lo que corresponde en esta instancia revertir el daño que se esta haciendo a la asociación y a la mayoría de sus socios, dando transparencia al proceso de normalización y seguridad jurídica a los involucrados".

Favoritismo
Los pequeños empresarios apuntan contra el direccionamiento que se le está dando a las elecciones desde el Gobierno a través de la figura del director de Personería Jurídica, Facundo Ripoll, órganismo que además de designar a Zanacchi como normalizador, ha rechazado todas las presentaciones realizadas por la lista opositora.
Detrás de la disputa por el manejo de la Asociación está la puesta en marcha del Proyecto Mara que producirá cobre, molibdeno, oro y plata, con la misma infraestructura de Minera Bajo de la Alumbrera. Los empresarios santamarianos advirtieron que "la minería en Catamarca parece ser negocio para unos pocos y para quienes direcciona el Gobierno" y que durante estos 8 años de la Asociación “Había 32 socios de los cuales trabajaban solo 5 empresas, los cuales se volvieron multimillonarios y esto es lo que queremos cambiar”, señalaron.
Además alertaron que con el parate de la obra pública la situación se hace más difícil, "no puede ser que se llenen la boca diciendo que la minería es desarrollo para nuestros lugares y que no permitan crecer a nuestras empresas", afirmaron.
En tanto también lamentaron no haber recibido ninguna respuesta del Ministro de Minería.
.

“Golpe en la nuca”: la reacción de las asociaciones que controlan el saneamiento del Riachuelo por el posible cierre de la causa

Fecha de Publicación: 06/06/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo


Integrantes del cuerpo colegiado mostraron sorpresa y rechazo ante el trascendido de que la Corte Suprema daría por terminado el expediente, tras condenar a la Nación, la Ciudad y la Provincia por daño ambiental y exigirles recuperar el río
Sorpresa, incredulidad y un “golpe bajo”. El cuerpo colegiado que monitorea la sentencia que ordenó sanear el Riachuelo, reaccionó luego de trascender que la Corte Suprema de Justicia podría cerrar el caso a 16 años de haber dictado ese fallo. Integrantes del organismo, compuesto por asociaciones civiles, mostraron un rechazo general a la posibilidad que los jueces del máximo tribunal den por terminada la causa que en 2008 condenó al Estado nacional, a la Ciudad, a la Provincia de Buenos Aires y la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) por daño ambiental y les exigió recuperar el río de llanura contaminado sobre el que habita uno de cada diez argentinos.
La ejecución del fallo está hoy a cargo de dos juzgados federales, uno del juez Jorge Rodríguez y otro en el que se desempeña Ariel Lijo, uno de los candidatos propuestos por el presidente Javier Milei para integrar la plaza disponible en la Corte Suprema. Hasta el momento, el máximo tribunal no ha emitido una resolución sobre la clausura de las actuaciones y los miembros del cuerpo colegiado guardan cautela hasta que tal escenario no sea una realidad.
“Que la Corte nos dé la espalda ahora es un golpe bajo que no esperábamos recibir a esta altura de la contienda, después de 25 años de lucha por el Riachuelo y sus habitantes”, dice a LA NACION Alfredo Alberti, presidente de la Asociación Vecinos de La Boca.
Alberti es un vecino histórico del barrio quien, junto con Beatriz Mendoza y otros habitantes de la cuenca, promovió la demanda contra el Estado y 44 empresas que derivó en un fallo trascendental para la Justicia argentina en materia ambiental. Una vez dictada la sentencia, fue designado por la Corte Suprema para integrar el cuerpo colegiado, una comisión que audita los avances de la recuperación del Riachuelo. Además de la Asociación Vecinos de La Boca, lo integran: la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Fundación Greenpeace Argentina, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH). Entre sus funciones tiene también la responsabilidad de monitorear el Plan Integral de Saneamiento (PISA) que ejecuta el ente tripartito Acumar.
“Nos enteramos por los medios. Estamos en diálogo permanente con los miembros de la Justicia y esto nos sorprendió. Es un golpe en la nuca, inesperado de la Corte Suprema, cuando ellos mismos hicieron este fallo que está incumplido. No lo entendemos, no lo podemos creer. Que se confirme el cierre de la causa sería nefasto en la historia tan penosa de la cuenca. Esperemos que recapaciten, redoblen el esfuerzo en la zona donde está afectada la salud de seis millones de personas y que defiendan la causa que marcó un rumbo para el Riachuelo y el resto de los ríos contaminados del país”, agrega Alberti.
Para el dirigente vecinal, el fallo de 2008 fue un momento bisagra en el saneamiento de la cuenca, aunque insuficiente por la demora y la falta de eficiencia de los funcionarios políticos en implementar los cambios. Por otro lado, lamenta que la causa pueda “ir al cajón” en un contexto en el que, entiende, las políticas de la gestión de Milei “han sido ineficientes” en temas ambientales.
“Queremos que la Corte defienda lo que ella misma expuso, comprendió y exigió en 2008. Se da en un momento político donde el Gobierno, por razones presupuestarias, está cerrando obras importantes para el saneamiento, lo que demuestra una poca vocación de la Justicia en la protección del ambiente”, reclama.
Por su lado, Cristian Fernández, abogado y representante de FARN, no considera posible el cierre de la causa. “No hay motivos para cerrarla. Al contrario, tendría que intimar a las autoridades a redoblar los esfuerzos. La Corte no puede actuar contra sí misma cuando todavía hay muchas mandas judiciales de la sentencia cautelar que no fueron cumplidas”, afirma.
Y agrega: “Si se confirmase lo trascendido, sería de gravedad institucional, porque estaríamos ante el reconocimiento de la Corte Suprema de que ha fracasado en monitorear el cumplimiento de una megacausa de hace 16 años muy importante, lo que incluso debilitaría la imagen de la Justicia y de todas las causas ambientales. Espero que no suceda. Vamos a mostrar con contundencia como cuerpo colegiado que estamos totalmente en contra de la idea de cerrarla”.
El abogado estima que, en el expediente, el próximo paso del máximo tribunal será convocar pronto a una audiencia pública en la que se interpele a las autoridades estatales a cumplir con el fallo. Recientemente, los jueces supremos habían solicitado informes de la evolución de los expedientes al juzgado de Lijo y al de Rodríguez, que es el que tiene más expedientes vinculados a la ejecución del fallo Mendoza. Estos fueron presentados por los magistrados en conjunto con un informe de la Acumar que ahora el cuerpo colegiado se encuentra estudiando. Tienen plazo para plantear sus dudas u objeciones al informe hasta el 14 de junio.
“Si la Corte llegara a evaluar después de los informes presentados por los jueces que no se hicieron bien las cosas judicialmente, la solución no puede ser cerrar el caso. Además, nos encontramos en un contexto de retroceso en el Riachuelo porque la Acumar tiene prorrogado el presupuesto del año pasado, lo que significa que va a ejecutar menos medidas de las que haría si tuviese un presupuesto actualizado por inflación”, concluye Fernández.
La Acumar cuenta este año con un presupuesto congelado de $19.000 millones, los mismos que tuvo en 2023 y que le fueron asignados teniendo en cuenta el índice inflacionario de 2022. La gestión presidida por Lucas Figueras, quien representa al gobierno nacional en el ente tripartito, además redujo la estructura del organismo en un 50%.
Diego Salas, director de programas de Greenpeace Andino, señala que la causa Riachuelo significó un hito ambiental por la inclusión de las organizaciones en el cuerpo colegiado y el control a las industrias contaminantes.
“El rol de la Justicia en estos casos es indispensable. Lamentablemente, aunque hubo avances, todavía queda mucho por hacer y el eje judicial es fundamental para ello. Es un riesgo cerrar la causa porque significa abandonar los objetivos planteados, como la mejora en la calidad de vida de la población de la Cuenca Matanza Riachuelo, la recomposición del ambiente y la prevención de los daños a futuro. Las autoridades deben implementar todas las medidas necesarias para que eso no ocurra”, dice Salas.
De acuerdo con el representante de Greenpeace, lo único que podría justificar el cierre definitivo de la causa es un escenario en el que se acredite en el expediente haberse cumplido todos los requisitos que los jueces de la Corte exigieron en el fallo Mendoza.
Consultados por LA NACION, desde la ACDH no emitieron hasta el momento declaración mientras que representantes del CELS sostuvieron que no tienen información de que pueda cerrarse el caso.
.

Argentina presentó en Bélgica el sistema de trazabilidad exportadora para garantizar embarques de productos libres de deforestación

Fecha de Publicación: 06/06/2024
Fuente: Bichos de campo
Provincia/Región: Nacional


Fernando Vilella representó al país en la presentación europea de Visec, la herramienta que con que los exportadores certifican que los embarques con productos que lleguen a la comunidad europea, provengan de zonas libres de deforestación, tal cual indica la exigencia de aquella región económica que comenzará a regir a partir de enero de 2025.
Esta presentación había sido anunciada en horas de la mañana de hoy en conferencia de prensa por el vocero presidencial Adorni, y es una señal de acercamiento y de rendición a las exigencias europeas, asegurando que toda la mercadería que Argentina exporte, cumplirá con las reglamentaciones requeridas.
En un evento organizado por el IPCVA (Instituto de Promoción de la Carne Vacuna) los exportadores presentaron la herramienta a los importadores y autoridades europeas en la residencia de la Embajada argentina ante la Unión Europa en Bruselas. Se trata de un sistema que permite cumplir la exigencia de la UE integrado a la plataforma VISEC (Visión Sectorial Gran Chaco).
“Esta herramienta innovadora, desarrollada para asegurar la trazabilidad y certificación de productos libres de deforestación y del que participa toda la cadena de ganado bovino, garantiza que los embarques que lleguen a los mercados europeos provendrán de establecimientos ganaderos  no deforestados, en cumplimiento con el Reglamento (UE) 2023/1115 (EUDR) de la Unión Europea, aprobado a mediados de 2023 y que entrará en vigencia el 30 de diciembre de 2024”, aseguraron los organizadores.
Si bien Visec fue mostrada a los europeos, los exportadores argentinos dejaron en claro que esta nueva reglamentación no debe transformarse en una nueva barrera comercial: “Argentina siempre ha afirmado que el sector agrobioindustrial es parte de la solución a los problemas globales, y que cualquier medida debe tener base científica y adaptarse a las realidades locales. En ese sentido, Argentina espera que este Reglamento, siendo una medida unilateral y autónoma implementada por la UE, no afecte los flujos comerciales normales hacia dicho mercado y no se convierta en una barrera de acceso a partir de su plena implementación el 1 de enero de 2025” dijeron sus representantes.
Asimismo, el IPCVA manifestó que el gobierno argentino viene efectuando un seguimiento detallado de los potenciales impactos de esta norma, y que por eso “ha señalado ante autoridades comunitarias a nivel bilateral y en foros multilaterales su preocupación respecto del impacto extraterritorial de esta medida, advirtiendo sobre los efectos adversos en las corrientes comerciales. Sin perjuicio de ello, en lo inmediato y a fin de reducir estos riesgos potenciales, se ha venido apoyando el desarrollo de iniciativas del sector privado nacional para adaptarse a las exigencias que les demandarán los operadores europeos”.
En lo que respecta específicamente al ganado bovino, la Argentina ya realizó con éxito la primera prueba piloto con un embarque de carne exportada a Alemania el 15 de mayo pasado, además de las pruebas piloto con soja, otro de los productos de exportación argentinos que deberán cumplir con la nueva legislación.
Jorge Grimberg, presidente del IPCVA, sostuvo: “A través del nuevo sistema VISEC Carnes y sus características naturales de producción, Argentina se consolida como uno de los países líderes en producción sustentable”. En tanto, Mario Ravetino, vicepresidente del IPCVA, aseguró que “el cumplimiento de esta regulación de la UE es imprescindible para mantener y desarrollar el mercado que demanda los cortes premium de mayor valor”.
VISEC es una plataforma de sustentabilidad ambiental y social que reúne a miembros de las distintas cadenas de valor para que los productos agroindustriales argentinos satisfagan las nuevas tendencias internacionales y nacionales, manteniendo la competitividad del país en los mercados globales. Tiene como objetivo reducir el potencial  impacto negativo del Reglamento (UE) 2023/1115 a nuestras exportaciones, a través de un riguroso sistema de trazabilidad y certificación.
VISEC Carnes efectúa la trazabilidad desde los establecimientos de origen del ganado bovino, a nivel de cría y engorde, incluyendo toda la etapa de comercialización, hasta el procesamiento y exportación a la UE, asegurando que provenga de fuentes libres de deforestación y cumpla con las leyes locales e internacionales pertinentes.
Se emiten certificados que confirman la procedencia sostenible de la carne y el cuero, utilizando tecnología georreferenciada para una mayor precisión y confiabilidad. Por cada embarque de carne vacuna a la Unión Europea, se emitirá un Certificado de Producto Libre de Deforestación (CLD) como evidencia de que la biomasa cumple con los requisitos establecidos en la normativa europea, respaldado a su vez en un riguroso sistema de documentación y validación con tecnología Blockchain.
El certificado será emitido por organismos de verificación autorizados por VISEC, de acuerdo con estándares internacionales reconocidos. Los CLD podrán ser utilizados por los exportadores e importadores como prueba de conformidad ante las autoridades de los países miembros de la UE, en el marco de la diligencia debida que deben cumplir.
.

De Estocolmo a Nairobi: más de 50 años de lucha por el ambiente

Fecha de Publicación: 05/06/2024
Fuente: Subsecretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional


El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Ambiente, en homenaje a la Primera Conferencia de Medio Ambiente, que se desarrolló en Suecia en 1973.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), con sede en Nairobi, Kenia, celebra su 52º aniversario, hito que marca décadas de esfuerzos globales en la preservación ambiental. Fue en 1973 cuando se instauró el 5 de junio como Día Mundial del Ambiente, en homenaje a la fecha en la que se realizó la Primera Conferencia de Medio Ambiente en Estocolmo, Suecia, en 1972. Desde entonces, el PNUMA ha abordado las preocupaciones ambientales crecientes de todo el planeta. A nivel local, desde la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes del Ministerio del Interior, y en particular, desde la Subsecretaría a mi cargo, nos toca ocuparnos con políticas e impronta propias.
Sin embargo, a nivel internacional parecería que poco se ha avanzado. Enfrentamos desafíos sin soluciones claras o consistentes. Si bien algunos han sido abordados con éxito -como la mejora de la capa de ozono o el manejo de los residuos-, otras problemáticas aún generan preocupación o están en proceso de gestión a medida que surgen nuevas alertas.
Aunque hemos progresado en muchos aspectos, aún nos enfrentamos a una triple crisis global: el impacto climático, la pérdida de biodiversidad y la problemática de la contaminación. Es decir, todavía queda mucho para lograr un equilibrio justo con la naturaleza.
Desde la Primera Conferencia de Medio Ambiente, cada década ha sido testigo de grandes esfuerzos para abordar estos desafíos. Desde los años 70 hemos abordado la problemática de la contaminación de océanos, la basura marina y los microplásticos, a través de la firma de acuerdos regionales y de la elaboración de planes de acción tierra-agua. A la fecha, están en proceso de confección dos convenios relacionados con plásticos y con biodiversidad, que trascienden la jurisdicción nacional. Vale mencionar, también, en relación con las especies migratorias y con el comercio de especies amenazadas de flora y fauna, la creación de campañas de difusión a cargo de personalidades del ambiente artístico y cultural comprometidas con la protección y conservación de los recursos naturales.
Entre los principales hitos, señaló el inicio del Programa de Montevideo de legislación ambiental en los 80, con el propósito de generar marcos jurídicos y fortalecer el estado de derecho en la materia. Luego se instauró el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que alerta sobre la afectación del clima sobre la tierra a partir del conocimiento científico, técnico y socioeconómico. Y a fines de esa década, el Protocolo de Montreal-Convención de Viena, con el objetivo de reducir y eliminar la producción y el consumo de sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO), marco en el que se crea el Programa Ozono. La Enmienda Kigali (2019) -y la reducción gradual de los HFC- ratifica los esfuerzos del protocolo.
Asimismo, en los años 90 se aprobó la Convención de Basilea, que regula los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos y otros desechos -que hoy se trata en conjunto con las convenciones de Rotterdam (químicos peligrosos-convenio global de químicos) y Estocolmo (contaminantes orgánicos persistentes)-.
Luego, se llevó adelante la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, donde se firmó el Convenio de Biodiversidad -con Protocolo Kunming Montreal por pérdida de biodiversidad, naturaleza y desertificación- y surgieron mecanismos de financiamiento como el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, por su sigla en inglés) y la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI por su sigla en inglés), para respaldar iniciativas ambientales con inversiones sustentables y el Net Zero de emisiones.
Por último, en los años 2000 se adoptó el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, un tratado de alcance mundial para proteger la salud humana y el ambiente de los efectos adversos generados por ese elemento. Asimismo, se impulsaron planes de acción para la protección de bosques a través del Programa de colaboración de las Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones de la Deforestación y la Degradación de los bosques en los países en desarrollo (ONU-REDD). En lo que respecta a las variaciones climáticas, el consumo y la producción sostenibles, se definió y determinó la brecha entre lo alcanzado y lo a alcanzar. En esta línea, se creó la Coalición del Clima y Aire Limpio, una asociación internacional que trabaja para proteger el clima y mejorar la calidad del aire a través de acciones para reducir los contaminantes climáticos de vida corta como el metano, el carbono negro, el ozono troposférico y los hidrofluorocarbonos (HFC).
También se destaca la conformación de la Alianza de Acción para una Economía Verde (PAGE, por su sigla en inglés), que busca apoyar a los esfuerzos nacionales en la transición hacia economías verdes que sean social, económica y ambientalmente sostenibles. Por último, en 2014 se realizó en Nairobi, Kenia, la primera Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (UNEA, por su sigla en inglés), oportunidad en la que se firmaron una serie de resoluciones vinculadas a la contaminación del aire, responsable de 7 millones de muertes al año y un desafío que es necesario afrontar para ayudar a salvar vidas y mejorar la gestión del impacto del clima, los servicios de los ecosistemas, la biodiversidad y la seguridad alimentaria. Otros temas de relevancia a mencionar en esta década se vinculan con las turberas y su protección, la consolidación de la prohibición del plomo en los combustibles y la restauración de los ecosistemas terrestres y acuáticos.
En síntesis, la historia nos demuestra que en las últimas décadas se han logrado grandes avances, compromiso y dedicación en el abordaje. Sin embargo no basta, queda mucho por hacer.
La mejor manera de conmemorar este día es honrar a aquellos que, a lo largo de los años, han dedicado sus esfuerzos en pos de mejorar y conservar el ambiente. Solo así podremos salvar el planeta: con compromiso individual que aliente e inspire al colectivo.
.

Piden investigar posible daño ambiental por pesca ilegal

Fecha de Publicación: 05/06/2024
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Tierra del Fuego


La Fiscalía Federal de Ushuaia, a cargo del agente federal subrogante Pablo Mansilla, solicitó investigar las tareas realizadas de forma ilegal por un buque chino interceptado por la Prefectura Naval el 21 de marzo pasado en jurisdicción del Mar Argentino y determinar el posible daño ambiental causado por la captura ilegal de ejemplares jóvenes de merluza negra.
Entre las medidas que reclamó, el fiscal le pidió al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDIEP) que remita todos los informes realizados sobre la actividad desplegada por el navío, en especial, la que llevó a cabo durante la marea de pesca entre el 4 de febrero y el 11 de marzo de este año.
Concretamente, Mansilla peticionó que se cuantifique y describa el daño ambiental que hubiere producido tal accionar y que se informe si se puede revertir.
Por otra parte, el agente le encomendó a Prefectura que remita copia certificada de la totalidad de las actuaciones administrativas labradas con relación al buque; que informe quiénes son sus propietarios (y, en caso de que fuera una sociedad anónima, quiénes integran su directorio) y si tenía habilitación entre el 4 de febrero y 11 de marzo para operar como lo hizo.
Por último, solicitó que se convoque a prestar declaración testimonial al funcionario público que estuvo a cargo de la constatación de la mercadería que llevaba a bordo el barco el 21 de marzo de 2024 en Ushuaia, para que relate lo sucedido aquel día.

Denuncia
La causa se inició a fines de marzo pasado, a raíz de una denuncia anónima remitida por correo electrónico a la Prefectura, con el fin que se investigara el posible daño ecológico cometido en el caso, más allá de las sanciones administrativas que correspondan por la violación a la Ley Federal de Pesca.
En su presentación, el denunciante indicó que aquello fue acreditado en un control realizado sobre el buque en el puerto de Ushuaia, donde se demostró la captura ilegal de merluza negra que no respetó el tamaño de los ejemplares capturados juveniles.
En esa línea, planteó que independientemente de las sanciones administrativas que les caben a los autores, la práctica de captura de juveniles de una especie internacionalmente protegida constituye, también, un daño penalmente imputable, que afectó al ecosistema marino.
Recordó que capturar ejemplares jóvenes de merluza negra está prohibido porque evita la depredación de la especie y precisó que es un delito sobre un recurso público natural, previsto en el artículo 184, inciso 5, del Código Penal, que prevé como daño agravado aquel que se produce sobre bienes públicos.
A partir de ese momento, la Fiscalía, con colaboración de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), comenzó la investigación, en la que advirtió que el buque pesquero habría capturado más toneladas que las permitidas de la especie merluza negra con una red de arrastre de fondo a profundidades cercanas a los 450 metros.
El Ministerio Púbico Fiscal (MPF) sostuvo que, como consecuencia de esa actividad, el buque habría capturado una proporción de juveniles de merluza negra superior al límite establecido por la normativa vigente.
Ponderó que, según el acta de constatación labrada el 21 de marzo pasado, durante la apertura de cajas y bolsas del pesquero investigado se observó que algunos envases tenían un rótulo que no era coincidente con lo que se encontraba en el interior.
Por ello, solicitó medidas para confirmar y, en su caso, determinar la magnitud del daño ambiental ocasionado, como también cuantificarlos, en relación con la pesca de ejemplares de merluza negra en la zona económica donde la Argentina tiene exclusiva jurisdicción y determinar si existen medidas para reparar el daño causado.
.

Por una vieja normativa vigente, se pierden casi $600.000 millones al año en desechos de autos

Fecha de Publicación: 05/06/2024
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


Desde la Cámara de Recuperadores y Venta de Autopartes (CARVA) proponen una alternativa para recuperar las partes en buen estado. Se estima que podrían generar 4.000 puestos de trabajo directos y 12.000 indirectos.
Por una vieja normativa que permite que solo se recuperen 30 piezas de autos que llegan al final de su vida útil, en la Argentina se desechan piezas por casi $600.000 millones, que podría evitarse si se actualizara la ley, tal como reclama la Cámara de Recuperadores y Venta de Autopartes (CARVA).
“Actualmente se descartan más de 35 mil automotores por año bajo esta modalidad. En los países desarrollados los tratadores de autos descartados recuperan entre el 85% y el 95% de las 4.000 piezas que los componen, que a su vez pueden ser de hasta 40 materiales diferentes. En países como Alemania y Francia, los autopartistas arman sus vehículos con piezas recuperadas como parte de sus programas de cuidado del medio ambiente”, explicó José Luis Álvarez, presidente de CARVA.

Proponen una nueva ley para recuperar más partes de autos
El dato que impacta es que, por ejemplo, se desechan al año 150.000 neumáticos reutilizables y 35.000 kilogramos de piezas de chapa en excelente estado, y a esto hay que sumar partes como ópticas, faros, espejos, asientos, paragolpes, etc. De modificarse la normativa, la Cámara estima generar más de 4 mil puestos de trabajo directos y más de 12 mil indirectos.
Las autoridades de CARVA ya han mantenido reuniones con funcionarios de las secretarías de Industria y de Comercio Exterior de la Nación para plantear este tema y próximamente serán recibidos por una comisión de legisladores preocupados por la problemática, dado el impacto económico, laboral y hasta en materia de seguridad, dado que favorece la comercialización de repuestos en el mercado ilegal.
“El problema es que en la Argentina la legislación vigente (ley 25.761 y Resolución de la Secretaria de Industria) establecen que de cada vehículo solo se pueden recuperar 30 piezas y el resto debe ser destruido. Esto limita el crecimiento de las empresas dedicadas a esta actividad, así como la generación de empleo, generando además mayor impacto ambiental dado que no se reutilizan la mayoría de las partes”, sostiene Álvarez. Acota la importancia en cuanto a la reducción del delito, dado que “aportamos piezas originales a un valor mucho más bajo que el de mercado”.
En la Argentina, existen hoy 164 empresas legales dedicadas a la recuperación y comercialización de repuestos recuperados, generando empleo para más de 1.500 personas y basándose en la premisa fundamental de la adquisición lícita de autopartes usadas, la ética comercial y el cuidado del medio ambiente. “Queremos ser parte de la solución, que la gente sepa que podríamos aportar al mercado los repuestos que hoy son escasos, pero necesitamos un cambio en la normativa”, refiere el titular de CARVA.
.

El abandono del Riachuelo

Fecha de Publicación: 03/06/2024
Fuente: Agencia TSS
Provincia/Región: Nacional - Riachuelo


El Ministerio de Capital Humano de la Nación anunció que no renovará los contratos de ACUMAR con las cooperativas que hacen la limpieza de la cuenca Matanza Riachuelo en territorio bonaerense, y que trasladará esa responsabilidad al Gobierno provincial. El organismo no paga a los cooperativistas desde abril, aunque está obligado por la sentencia de la causa Mendoza. Desde la institución también alertan por más de 80 despidos.
En protesta por la falta de pago a las 56 cooperativas que realizan limpieza en la cuenca Matanza Riachuelo, el pasado martes 28 de mayo, los trabajadores de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y representantes de esas cooperativas hicieron una protesta frente al edificio de este organismo, el ex YPF de la calle Esmeralda, en el microcentro porteño, con radio pública y múltiples oradores, entre los que estuvo Beatriz Mendoza, iniciadora de la causa que impulsó la creación de ACUMAR. El organismo no paga a los 1600 cooperativistas desde abril y pretende trasladar esa responsabilidad al Gobierno bonaerense, aunque está obligado por la sentencia de la causa Mendoza, dictada por la Corte Suprema de Justicia en 2008.
En el año 2004, un grupo de personas lideradas por Mendoza presentaron una demanda contra el Estado Nacional, el de las provincia y ciudad de Buenos Aires, que luego fue ampliado a otros 14 municipios, por la contaminación del Riachuelo y las consecuencias de salud que generaba en los habitantes de la cuenca. En 2008, la Corte Suprema dictó una sentencia en la que se creaba un fondo de financiamiento para el saneamiento de la cuenca. ACUMAR es un ente autónomo, autárquico e interjurisdiccional creado a partir de entonces para cumplir con el fallo judicial y está integrado por los tres gobiernos que tienen competencia en el territorio: Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Durante los últimos 20 años, se llevó adelante la tarea de limpieza de márgenes, remoción de barcos abandonados, monitoreo de la contaminación de las empresas y un programa de readecuación industrial, que se vieron reflejados en una mejora del río y sus afluentes. Aunque con avances dispares dependiendo del interés y los recursos destinados por el gobierno de turno, siempre existió un monitoreo de la cuenta a partir de los informes pedidos por la Corte Suprema, que también exigió acciones concretas. En los meses que lleva en funciones el actual Gobierno todavía no hubo presentaciones de la Corte.
En la protesta del martes pasado, hubo presencia policial pero se acordó no cortar la calle. Se realizó un acto en el que hablaron representantes de las cooperativas como Doris Pérez, del barrio Nicol, de Virrey del Pino. El barrio tiene ese nombre porque no tiene ni colegios, ni colectivos.
En total, en la provincia de Buenos Aires trabajan 56 cooperativas vinculadas a ACUMAR con 1600 trabajadores que estaban cobrando 156.000 pesos, pero hace poco pasaron a cobrar 78.000 y ya no cobran desde abril. “Nosotros hacemos la limpieza del arroyo Morales, que es un afluente del Matanza-Riachuelo. Nos metemos y sacamos lo que hay en el río, que hasta han sido cuerpos humanos. También cortamos el pasto de las márgenes y cuidamos las plantas para que haya oxigenación del río. Antes todo el barrio se inundaba con las lluvias pero ahora que está limpio no pasa más”, le contó Pérez a TSS. Ella hace 15 años que hace este trabajo en la cooperativa 204, junto a otras 25 personas.
Lily Galeano, de la cooperativa 203, le dijo a TSS: “Somos una cooperativa de saneamiento y reciclado y ahora Nación quiere desentenderse del trabajo en el río y tirarle el fardo a la provincia, por más que está obligada por el fallo de la Corte. Se dice que las cooperativas de la ciudad van a seguir trabajando acá y sabemos que ellos siguen cobrando. Igual, a nuestros barrios no pueden mandar empresas tercerizadas como nos amenazaron, porque nadie que no sea del barrio va a entrar ahí, es peligroso”.
El área de Salud de ACUMAR fue la más afectada por los despidos, ya que sus trabajadores están en el territorio en contacto con los vecinos y sin ir a las oficinas de microcentro. Sergio Mendez, integrante del área de Salud, le contó a TSS: “Siempre trabajé en la Firección de salud, entré como encuestador y ahora estoy en zoonosis. Con la nueva gestión nos inventaron faltas. A mi me inventaron 173 faltas en 2023 cuando solo falté un día y justificado. Somos muy pocos en zoonosis y no podemos andar faltando, además de que la gestión anterior no registró ninguna falta injustificada. En zoonosis siempre sacamos fotos de los animales que atendemos por si tienen alguna enfermedad y además yo me dedico a la parte de registro de vectores, sobre todo de mosquitos. Participé en cuatro congresos en todo el país, hice investigaciones, tengo registros de todo. En Salud éramos cerca de 200 personas pero hay más de 100 intimados y ya despidieron a 60. En todo ACUMAR hay más de 80 despidos. Yo hace 12 años que trabajo y a muchos con la misma antigüedad que yo los han despedido sin pagar ni las indeminzaciones. Un compañero está en tratamiento oncológico y fue despedido, uno de los mejores veterinarios que conozco, que se lleva muy bien con la gente del territorio, que se encarga de muchas cosas y siempre anda con su riñonera cargando cosas propias para solucionar problemas. Nunca faltó y hoy se quedó sin trabajo, sin indemnización y sin obra social”.
En la navegación que realizó TSS al Riachuelo en 2023 se pudo observar una gran cantidad de animales silvestres en las costas, como garzas blancas, tortugas de río y algunos peces. También se apreció la gran cantidad de cooperativistas limpiando las márgenes y la maquinaria sacando la basura flotante. Gran parte de la contaminación que todavía queda en el río tenía que ver con el mercado de Liniers, que tiraba mucho material orgánico al arroyo Cildañez pero ya ha sido mudado a Cañuelas, y con vertidos cloacales que deben ser recolectados por el Colector Margen Izquierda, una obra que ya está terminada aunque faltaba un pequeño porcentaje de la planta de tratamiento, que todavía no está inaugurada.
El Colector Márgen Izquierdo tuvo financiamiento del Banco Mundial, así como el Emisario, el caño que deja los líquidos ya tratados río adentro del Río de la Plata. La planta de tratamiento debía ser financiada por aportes del Tesoro pero la gestión de Mauricio Macri suspendió las obras por falta de fondos. La gestión de Alberto Fernández consigió un nuevo crédito del Banco Mundial y retomó las obras, que hoy se encuentran en un 86% completadas.
“El trabajo con la gente y con la comunidad te enamora, uno trabaja para la gente, no por uno. En estos 12 años no me ascendieron pero no me importa porque veo que el laburo que hago le llega a la gente que le tiene que llegar. En estos 12 años he propuesto cosas para mejorar el río y se ven. Vemos cómo van cambiando las plantas de la orilla del río y que las nativas son el filtro natural del agua. Permitimos que las plantas palustres crezcan y no otras, porque limpian el agua. En diciembre seguí un cardúmen de sábalos que pensé que habían entrado con una sudestada y llegaron a puente Alsina pero todavía están ahí. Si querés ir a pescar sábalos abajo del puente Alsina ahí están. Pensé que era una utopía, que no iba a poder verlos en mi vida pero ahí están, veo de qué se alimentan, los voy siguiendo y filmando”, contó Méndez.
.

Empresas mineras se quejaron por los cambios al RIGI en el Senado: “Vuelve a golpear la confianza de los inversores”

Fecha de Publicación: 04/06/2024
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


La cámara de empresas del sector alertó que las modificaciones con las que el gobierno logró en el Senado dictamen a la ley Bases incluye un aumento a las regalías que es perjudicial para los grandes inversiones. Dice que desalentará los proyectos de oro, plata, cobre e incluso los de litio
La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) se manifestó hoy contra el aumento a 5% de las regalías sobre el sector, un cambio que propuso el senador santacruceño Antonio Carambia y al que el gobierno había accedido para conseguir dictamen favorable y asegurarse el voto favorable de los senadores santacruceños a la Ley Bases y, en particular, al “Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones Mineras” (RIGI) incluido en la misma.
Sin embargo, CAEM salió al cruce de esa posibilidad que –dijo- “atenta contra el espíritu inicial de la Ley de Bases y el RIGI”.
Según las empresas mineras, “la suba de las regalías complicaría el escenario para competir por inversiones y vuelve a golpear la confianza de los inversores en el país”.
Básicamente, el sector minero afirma que la modificación, que aumenta en 67% el monto de las regalías a pagar a las provincias, modifica la ley 24.196 de inversiones mineras, sancionada en 1993 “es un contrasentido y supone un retroceso en el camino hasta aquí transitado con el propósito de generar condiciones de mayor competitividad para el país”.
“La Ley de Inversiones Mineras busca ser un paraguas que brinde certezas a las empresas con voluntad de aportar para la Argentina inversiones de gran volumen, de carácter productivo y con largo plazo de recupero. La modificación de esta herramienta clave tendrá consecuencias en la confianza en nuestro país como destino de inversiones y tendrá los efectos contrarios a los que se busca propiciar con el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI)”, dice un pasaje.
CAEM afirma además que la Argentina “ya posee una carga tributaria mayor a la de aquellas naciones con las que competimos por las inversiones. La presión impositiva argentina es alta y sumamente regresiva”
El país, dice, está ante una oportunidad inigualable para desarrollar un sector estratégico, pero el aumento de las regalías, lejos de transformarse en la solución inmediata que algunos imaginan para afrontar los problemas del actual contexto económico, podría generar el efecto contrario. Más impuestos, menos competitividad, menos inversiones”.

Impacto negativo en 70% de las expo mineras
Según las mineras, el cambio “impactaría negativamente en los proyectos productivos de oro y plata, que hoy representan el 70% de las exportaciones del país”. Se trata de un segmento, prosigue, en que por falta de nuevas inversiones, los yacimientos existentes son ya maduros, con costos de producción altos y en aumento. Por lo cual, explica, “subir la presión impositiva impactará acortando su vida útil, y en consecuencia, habrá menor recaudación, alcanzando un resultado opuesto al buscado”. Para peor, afirma, se trata de un subsector minera donde no habrá recambio, pues no hay en cartera proyectos nuevos que puedan iniciar producción en los próximos años.
Más aún, según CAEM el aumento de las regalías “también afectará a los proyectos de litio, tanto los que están en construcción como los que están en producción”.
El comunicado dice al respecto que la ventana de oportunidad con la que cuenta la industria “no acepta alteraciones en la seguridad jurídica: siendo un sector en pleno desarrollo y el país con la mayor cantidad de proyectos a nivel global, el impacto en el cambio de las reglas de juego significaría un desaliento para nuevas inversiones. Por otra parte, perjudicará también a los nuevos proyectos y ampliaciones que se esperaba propiciar con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)”.
CAEM reiteró además un ejercicio teórico y contrafáctico que ya había realizado. Dice así: “si tomamos solo los principales proyectos mineros en condiciones de avanzar en los últimos diez años, y que – mayormente - por cuestiones de contexto país han sufrido dilaciones en su puesta en marcha, veremos que Argentina, al día de hoy, ha perdido exportaciones anuales por USD 8.000 millones (actualmente el sector exporta USD 4.000 millones, cuando se podrían estar exportando USD 12.000 millones). Esa pérdida no solo se mide en dinero: se traduce también en casi 100.000 puestos de trabajo que ya deberían estar activos y sumados a los que hoy reportamos, y en miles de pymes que ya deberían estar produciendo”.
Por eso, insiste, “debe entenderse claramente: perjudicar la confianza y la competitividad del país tiene un costo que pagamos a diario todos los argentinos. La inversión en minería en la Argentina no ha crecido por dos motivos fundamentales: falta de confianza y de competitividad. Frente a esto, el RIGI se muestra como una opción clave para motorizar la industria minera, especialmente los grandes proyectos de cobre. Entendemos que el RIGI apunta en el sentido correcto, y por ello nos preocupa que una medida tan largamente esperada quede diluida al ser acompañada de un proyecto que avanza en sentido contrario”.
Lejos de ser un privilegio, dice la cámara minera, con los beneficios del RIGI “apenas se lograría equiparar las condiciones que ofrecen nuestros países vecinos, en condiciones de mayor estabilidad” y por eso pide que el Congreso analice “el escenario completo y las decisiones se tomen con miras al futuro”.

Aporte minero
Sobre el aporte del sector a la economía, la CAEM afirma que, en promedio, una empresa minera deja en el país 80% de lo que genera (entre impuestos, pago de salarios, compras a proveedores nacionales, etc.)” pero que si “si los proyectos no avanzan, entre los principales perjudicados están las provincias que se ven privadas de una fuente de ingresos y de mejora económica, con claro impacto en el desarrollo social”.
Y concluye: “enfatizamos el importante rol que puede jugar la industria minera en la transformación de las economías regionales y por ello confiamos en que se tomen decisiones trascendentes, con visión estratégica, de largo plazo, y en beneficio de todos los argentinos”.
.

Autorizarán 20 mil hectáreas de desmonte

Fecha de Publicación: 03/06/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Las superficies serán restadas de las más de 700 mil que se podrían deforestar según el proyecto de actualización del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que aún no pasó por la Legislatura provincial.
Cerca de 15 audiencias públicas fueron convocadas desde diciembre del año pasado a esta parte, para desmontar unas 20 mil hectáreas aproximadamente. Aunque los Estudios de Impacto Ambiental y Social (EIAS) se llevaron en el marco del ya vencido Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), serán autorizadas.
Así lo adelantó a Salta/12 el secretario de Ambiente de la provincia, José Aldazábal, al ser consultado por las constantes publicaciones informando de audiencias públicas en el Boletín Oficial.
El funcionario explicó que la superficie que quedará autorizada para el paso de las topadoras se restará de las 721.568 hectáreas que quedaron en el área verde (de baja conservación) del nuevo OTBN que está todavía en proyecto, dado que aun no ha sido tratado por la Legislatura Pprovincial y, por lo tanto, no está vigente.
“En el caso de Chaco hubo un amparo porque el ordenamiento estaba vencido y la Corte dijo que sigue vigente hasta que lo reemplace otro”, contestó el funcionario al ser consultado por la validez del OTBN que venció en 2014, y que ya lleva una década sin ser actualizado.
Las resoluciones que autorizan los desmontes “van a ir saliendo”, dijo Aldazábal y sostuvo que el proyecto de nuevo OTBN, que fue realizado por un equipo técnico nombrado para tal fin, espera ingresar a la Legislatura en los próximos días.
“No nos meteríamos en áreas que están en rojo o amarillo”, que son las zonas donde no puede haber desmonte, afirmó. Sin embargo, el nuevo proyecto de OTBN habla de un amarillo “potencial” o “amarronado”. Esta zona puede permitir el desmonte condicionando la cantidad de tierras productivas en un área.
Por ejemplo, si en una cuenca hay 50 hectáreas en categoría verde y 100 hectáreas de amarillo potencial (suele suceder que hay menos verde siempre) y se piden desmontar 50 hectáreas, automáticamente las 50 hectáreas que están en verde (en esa misma cuenca) pasarán a ser amarillo estricto y no podrán ser transformadas. Y como se agotó el stock de tierras en verde ya en esa zona no se podrá desmontar dado que todo el amarillo potencial pasa a ser amarillo estricto.

Una deuda actualizada
Ayer se conoció que el gobernador Gustavo Sáenz informó mediante nota a la subsecretaria de Ambiente de la Nación, Ana María Vidal de Lamas, la deuda que mantiene el gobierno nacional con la provincia por el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de Bosques Nativos.
Aldazábal afirmó que se trabajó en la actualización de la deuda que viene desde que se aprobó la Ley de Bosques Nativos, N° 26.331, hasta hoy y que de acuerdo a esa actualización, sería de 28 mil millones de pesos.
Esto incluye la deuda que calculó el gobierno provincial desde la vigencia de la Ley en 2008 hasta ahora. Y el cálculo se hizo según lo establecido por la normativa, que prevé que “las partidas para el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (Fobosques) ‘no podrán ser inferiores al 0,3 por ciento del presupuesto nacional’”.
“Esos fondos sirven para compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos y es repartido anualmente entre aquellas que hayan elaborado y tengan aprobado por ley provincial su OTBN para financiar el cumplimiento de la ley”, indica el comunicado oficial.
Añade que siendo Salta “la provincia con la mayor biodiversidad y la mayor proporción de bosques de todo el país, la falta de financiamiento dificulta el cumplimiento de los objetivos establecidos por la Ley 26.331”
Con estos argumentos, el gobernador solicitó "iniciar las conversaciones para solicitar la regularización en la asignación de los fondos que por Ley corresponden a nuestra provincia”.
Uno de los reclamos siempre firmes entre las provincias (entre ellas Salta), que de una manera u otra lograron zanjar algunos cumplimientos de la Ley de Bosques, es que la Nación (sin importar la gestión de que se trate) siempre decidió discrecionalmente el otorgamiento de los fondos sin seguir lo establecido en la Ley.
Aldazábal afirmó que se hizo un cotejo de esos montos y los que deberían haberse otorgado, con aquellos que en su momento denunció la Fundación Vida Silvestre, y por ello se entiende que la deuda que acumula la Nación por estos fondos es de 28 mil millones de pesos.
“La ley no condiciona los fondos a tener el ordenamiento vigente”, aclaró el secretario ante la falta de actualización del OTBN. Y afirmó que desde la Nación “nunca se mandó el 100 por ciento de lo que correspondía. A lo sumo se dio el 18 por ciento”.
.

Se fijó fecha para tratar en audiencia la contaminación del arroyo Ludueña

Fecha de Publicación: 03/06/2024
Fuente: Mirador Provincial
Provincia/Región: Santa Fe


Por empuje de afectados y ONGs ambientales, se conformó el año pasado la Mesa Intersectorial por el Arroyo Ludueña que solicitó en octubre y diciembre que se realice la audiencia. Se desarrollará el 3 de julio.
Finalmente, después de tanto insistir las organizaciones ambientales lograron que se fije una audiencia pública para tratar, entre otros temas, la contaminación en el arroyo Ludueña. La fecha es el próximo 3 de julio. Se trata de un tema troncal que viene formando parte de la agenda mediática ante el histórico malestar de vecinos y vecinas que deben padecer el hecho de convivir con aguas tóxicas.
Por empuje de afectados y ONGs ambientales, se conformó el año pasado la Mesa Intersectorial por el Arroyo Ludueña que solicitó en octubre y diciembre que se realice la audiencia pública. El pedido se retomó en febrero, tras una reunión de la Mesa con integrantes de la Comisión de Ecología.
La audiencia pretende reunir representantes de Aguas Santafesinas (Assa), del Ente Regulador de Servicios Públicos (Enress), del Ente de Coordinación Metropolitana (Ecom), miembros del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), expertos en materia ambiental y autoridades de la provincia y el municipio para analizar la situación que atraviesa el curso de agua.
Tanto quienes viven en el Parque Habitacional Ibarlucea del lado de Rosario como los habitantes del lado de Ibarlucea, que residen en el barrio Logaritmo, insisten con el pésimo estado que presentan las aguas del canal Ibarlucea y del canal Salvat, que desagotan en el arroyo Ludueña.
Se trata de un reclamo histórico y reiterado por parte de quienes residen en la zona. El hecho de tener que convivir con el olor a residuo cloacal es una queja que no pierde vigencia y que nunca termina de solucionarse.
Pese a que las Municipalidad realizó un operativo en el que se recolectaron plásticos, químicos y materia fecal humana no es suficiente, según lo que expone el informe de la UNR, que tomó distintas muestras en diferentes desembocaduras del arroyo Ludueña y, así, pudieron detectar el alto grado de contaminación con niveles extremo de desechos humanos.
El análisis reviste de tanta gravedad que, el propio Observatorio Ambiental, les expuso a las autoridades el estado de situación del arroyo y les acercó con detalle los lugares georreferenciados donde deberían realizar acciones concretas.

No es cualquier arroyo
Se trata de uno de los cursos de agua más emblemáticos de la ciudad en el que se detectaron manchas oscuras cuando la bajante del río Paraná llegó a niveles récord. Tras la denuncia de las vecinales, se pudo detectar que el Shopping Fisherton Plaza Open Mall -ubicado frente al Aeropuerto Internacional de Rosario- arrojaba sus desagües pluviales y que drena a la altura del Golf Club.
La empresa Aguas Santafesinas (Assa) tomó muestras del arroyo, en el marco de un estudio de impacto ambiental, y constató que se estaban arrojando efluentes cloacales sin realizar el tratamiento. Esto derivó en que la Provincia intime al barrio privado y al shopping para que regularicen su situación.
El Ludueña no es un arroyo cualquiera. Se trata de un cauce fluvial que nace como red de avenamiento, de 800 kilómetros cuadrados de campos de Rosario y de localidades aledañas. Este arroyo desemboca en el río Paraná a la altura del barrio Arroyito. Es decir, es un flujo de agua que atraviesa toda la ciudad y con la que conviven a escasos metros miles de vecinos y vecinas.
La comunidad que vive en los alrededores del arroyo tienen historia de lucha. Por ejemplo, lograron que el Estado realice las obras necesarias para que no se produzcan más desbordes desde el año 1986, por la construcción de la Presa Retardadora de Crecientes en el año 1995 y los aliviadores (el segundo también en ese año y el tercero recientemente). Es por eso que pelean para la conservación y el mantenimiento, tanto aguas arriba como aguas abajo de los aliviadores, del arroyo Ludueña, por una cuestión de salubridad y medio ambiente general.
.