Vecinos denuncian a empresa de Quilmes por contaminación y piden su clausura

Fecha de Publicación: 17/01/2023
Fuente: InfoCronos
Provincia/Región: Buenos Aires


Los habitantes del barrio 25 de Mayo denunciaron ante la Defensoría del Pueblo de la Provincia a la Refinería Redering emanar presuntos gases tóxicos.
La localidad de Bernal mantiene una fuerte disconformidad por parte de sus vecinos, la cual manifestaron con denuncias hacia la Refinería Redering. Los habitantes del barrio 25 de Mayo se expresaron ante la Defensoría del Pueblo contra la empresa, la cual fue acusada por estos mismos de contaminar el ambiente con emanación de gases, que presuntamente son tóxicos.                                                  
Los vecinos decidieron alzar la voz y pidieron a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires que se haga una investigación por medio de inspecciones y, en caso de comprobar los hechos de los cuales los habitantes acusan a la empresa, piden que se clausure.
La empresa ya había sido denunciada con anterioridad y mantiene un largo y oscuro historial de denuncias, como por ejemplo con el ministerio de Medio Ambiente bonaerense, la OPDS y la Policía Ecológica.
En ese sentido, también cabe destacar que previamente fue clausurada en 2018, al comprobarse el vertido a la red pública de efluentes que contenían gran cantidad de materia grasa sin tratamiento. El que terminó saliendo por las canillas de los vecinos del barrio.              
Angelo Mascara fue quien efectuó la denuncia y en el medio local "Info Quilmes”, expresó: “Están contaminando todo el territorio, enfermando seres humanos y envenenando el medio ambiente”. Además, habló de las nubes que reflejan la contaminación del predio y las describió como “nubes ácidas que flotan permanentemente sobre la zona con olores nauseabundos, lluvias de sustancias que queman plantas, corroen el meta”.
En ese sentido, el denunciante afirmó:“En las personas provocan manchas en la piel, vómitos, bronquitis, dolores de cabeza e insomnio y elevados fallecimientos de vecinos por cáncer. También vemos contaminación de los arroyos, napas subterráneas y del aire que es irrespirable, más el ruido colosal de motores que terminan destrozando la vida de las personas”.
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Salta: La ciudad eliminó el pago de patente para los vehículos que no contaminan

Fecha de Publicación: 17/01/2023
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta


Con el objetivo de fomentar el desarrollo sustentable en la ciudad, la Municipalidad, a través de la ordenanza 15.952, exceptuará el pago del impuesto a la Radicación de Automotores a los vehículos con sistemas no contaminantes para el medio ambiente. Es una de las que tomó tal decisión.
La intendenta Bettina Romero impulsa distintas medidas para cuidar el medio ambiente en la Ciudad de Salta y así luchar contra el cambio climático con una mirada puesta en un futuro más sustentable.
Siguiendo esta política de gobierno, la Municipalidad implementó una exención impositiva a todos los vehículos con sistemas que no contaminen el medio ambiente.
La acción fue impulsada desde el ejecutivo, aprobada mediante la ordenanza 15.952. La cual, incorpora una exención en el código tributario municipal, en el impuesto a la Radicación de Automotores. La misma es del 100% en el 1º año, 75% en el 2º año, 50% en el 3º año, y del 25% en el 4º año.“
“Marcamos un rumbo claro hacía una ciudad más sustentable. Por eso, trabajamos para reducir la contaminación en nuestro medio ambiente con esta y distintas acciones que impulsamos desde que iniciamos la gestión. Lo hacemos pensando en un lugar más sano para todos los salteños y las futuras generaciones”, sostuvo la intendenta.
Y luego, recordó que desde la Municipalidad, se trabaja separando los residuos en origen, con distintas tareas de limpieza y erradicación de microbasurales. También, levantando vehículos abandonados de la vía publica y con operativos de descacharrado.
Y finalizó: “Lograr una ciudad sustentable es una política de Estado que va más allá de quiénes gobiernan y sabemos que lo lograremos con la comunidad involucrada”.

Datos relevantes en la Argentina
Entre enero y octubre de 2021, se patentaron en Argentina casi 5.000 unidades impulsadas por energía verde, según estimaciones de ADEFA (Asociación de Fábrica de Automotores). Ahora, ya son diez los distritos provinciales y comunales que establecen claras ventajas impositivas para los rodados sustentables.
Se trata de Mendoza, San Luis, Chubut y Santa Fe, la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad de Neuquén, Río Grande, Ushuaia, La Plata y se incorporó a este listado: La ciudad de Salta.
En tanto, en 2022 se comercializaron 7.846 vehículos híbridos y eléctricos un 33,4% más que en 2021.

Fundamentos de la medida
La tecnología de los vehículos híbridos y eléctricos ya son una realidad en nuestra región, lo que nos impulsa a redefinir aspectos esenciales de su tributación local. Ya que facilitan la sustitución del transporte impulsado con combustibles fósiles, lo que permite reducir los gases nocivos del efecto invernadero provenientes de estos medios de movilidad.
Es por eso, que desde el municipio se fomenta la utilización de este tipo de vehículos sustentables y amigables con el medio ambiente, de cara a reducir el impacto ambiental que genera el consumo de combustibles líquidos.
Al respecto, el titular de ARMSA, Alejandro Levin, expresó: “Con esta Ordenanza otorgamos exenciones impositivas a los vehículos que no emiten gases contaminantes. Resulta necesario que cada uno haga su aporte desde el lugar que ocupa y desde la Municipalidad aportamos políticas públicas que favorecen el uso de medios de transporte más amigables con el ambiente”.
Y también, destacó que con la acción se busca promover su conveniencia desde la óptica socioeconómica, como pauta concreta para fomentar el cambio en las conductas de la población, buscando ambientes sanos y en equilibrio ecológico.
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Los desafíos ambientales de Argentina en 2023: frenar la deforestación y poner en marcha la lucha contra el cambio climático durante un año electoral

Fecha de Publicación: 16/01/2023
Fuente: Mongabay
Provincia/Región: Nacional


En 2023 Argentina vivirá las diferentes etapas de unos comicios donde se elegirán presidente de la Nación, gobernadores de varias provincias, intendentes [alcaldes] de miles de municipios y se renovará parcialmente el Congreso. Entre agosto y noviembre habrá primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, primera vuelta y, de ser necesario, un ballotage o segunda vuelta, para decidir quién ocupará la Casa Rosada.
Este dato pone en contexto todo lo que puede suceder —o no suceder— en torno a los asuntos socioambientales del año que comienza. Las campañas electorales son particularmente largas en Argentina y tienden a concentrar todo el interés y los esfuerzos de la clase política, eclipsando cualquier otra iniciativa a largo y mediano plazo.
De esa manera, temas que deberían considerarse prioritarios corren riesgo de quedar aparcados al borde del camino. En esa lista se encuentran la puesta en marcha de las medidas contempladas en el Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático presentado por Argentina en la COP27 de Egipto; la aprobación y ejecución de leyes que detengan el imparable deterioro de humedales y bosques, la creación de criterios para efectuar estudios de impacto ambiental de participación ciudadana en la ejecución de proyectos industriales; y la decisión sobre el manejo que tendrá la llamada Hidrovía Paraná-Paraguay, arteria vital por la que circulan los principales productos de exportación del país.
Estas elecciones, además, llegan envueltas en un clima político y una situación económico-financiera complicada. Por un lado, la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, máxima referente del oficialismo, fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos y anunció su renuncia a presentarse como candidata en las listas de su partido, lo cual altera aún más las discusiones internas, tanto en su sector político como en la principal oposición.
Por otro lado, el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional para el pago de una deuda de 44 000 millones de dólares obliga a recortes y ajustes presupuestarios que pueden aumentar unos índices de pobreza y marginalidad que ya afectan al 40 % de la población del país.
Este es el contexto que enmarca a algunos de los desafíos ambientales que tendrá Argentina en 2023 y que aquí presentamos.

1. Adaptarse y mitigar para sobrevivir
Los efectos del cambio climático ya se hacen sentir de manera notoria en Argentina. Tres años de sequía, bajantes pronunciadas de los ríos, olas de calor cada vez más intensas y frecuentes en el norte del país, tormentas de tierra de tonos apocalípticos, continuos incendios forestales e inundaciones periódicas componen un panorama que impulsa a tomar decisiones inmediatas.
“Hemos cuantificado lo que nos costaría ahora mismo alcanzar todos los objetivos expuestos en el Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático que presentamos en la COP27. Serían 185 000 millones de dólares”, dice Cecilia Nicolini, secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del gobierno nacional. En su conversación con Mongabay Latam también indica que “la inacción tendría un costo adicional. Viendo la virulencia de los impactos del cambio climático en nuestro territorio, todo lo que no se invierta ahora se irá agravando y la cifra se irá encareciendo”.
El Plan es, sin duda, ambicioso y contempla más de 250 medidas. Entre las seis líneas estratégicas de trabajo que componen su núcleo central se incluyen la conservación de la biodiversidad; la gestión alimentaria, de los bosques, los residuos y las infraestructuras urbanas; y las transiciones en materia energética, productiva y de movilidad. A su vez, estas estrategias se complementan con enfoques que atraviesan temas de género, diversidad, salud, empleo y líneas instrumentales referidas a la financiación, investigación y desarrollo, innovación y fortalecimiento de las instituciones.
Si bien no se establecen resultados parciales que permitan conocer los avances en cada etapa del proceso, sus metas finales son cumplir con los compromisos adquiridos por el país: reducir a 349 Mt de dióxido de carbono las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 2030 y alcanzar la carbono neutralidad en 2050. Cómo llegar a esos puntos y qué avances podrán apreciarse a finales de 2023 son los grandes interrogantes.
“Argentina tiene una enorme biocapacidad”, afirma Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina, quien puntualiza: “Podemos colaborar con la transición energética global aportando gas natural (y planificando el cierre de su utilización en 2050); alimentar a una población creciente con modelos de producción agrícola y ganadera libre de deforestación; modificar la matriz energética del país hacia las energías renovables. Incluso, regenerar los suelos y la capacidad productiva de bosques, pastizales, humedales y de nuestro mar para aumentar nuestra resiliencia. Lo que debemos hacer es pasar de una vez por todas de los compromisos a la acción”.
Por supuesto, el Plan no está exento de críticas. “En un contexto global que requiere una transición en dirección contraria a los combustibles fósiles, resulta complejo entender cómo insertar la expansión de la frontera hidrocarburífera [que plantea el gobierno] en la transformación integral del sector energético”, señala Catalina Gonda, co-coordinadora del área de Política Climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Desde su posición, la secretaria Nicolini explica los motivos: “Soy la primera que firmaría producir energía solo con renovables, pero no podemos abrir 30 o 40 parques eólicos o importar miles de placas solares de la noche a la mañana. La transición energética necesita financiarse y el gas es un combustible fósil que a largo plazo no soluciona el problema pero, debido al papel que está teniendo en el mundo a corto y mediano plazo, es una herramienta funcional a esa transición”.
La funcionaria del ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible va más lejos: “Hoy Argentina importa gas y el que tenemos en el yacimiento de Vaca Muerta nos permitirá dejar de comprar y tener un saldo exportable. Queremos usar esos dólares para financiar las renovables y desarrollar el hidrógeno verde”.
La realidad indica que Argentina ha hecho muy poco para implementar planes de mitigación desde la firma del Acuerdo de París hasta la fecha. La matriz energética sigue dependiendo en más de un 80 % de los combustibles fósiles y el uso de la energía mantiene altos niveles de ineficiencia. Las dificultades políticas en un año electoral solo suman un obstáculo más.
“2023 tendría que ser el año en el que el sector político tome el cambio climático y la conservación de la biodiversidad como banderas centrales para atraer a los votantes que estén realmente preocupados y comprometidos con la naturaleza”, comenta Jaramillo, mientras que Nicolini aspira a activar todas las líneas estratégicas del Plan: “Me gustaría conseguir unos porcentajes de generación eléctrica a través de energías renovables cada vez más altos y reducir la emisión de GEI por causa de la deforestación, que es uno de los principales déficits que tenemos. Y que en diciembre [de 2023] podamos ver claramente que una política climática robusta tiene un impacto ambiental, económico, social y en términos de empleo. Sería la manera de comprobar que el desarrollo de un país es completamente compatible con la sostenibilidad”.

2. Aprobar varias leyes que son imprescindibles
El 2022 fue el décimo año que transcurrió sin que se llegara a sancionar la Ley de Humedales, tal vez la más emblemática de las normas ambientales que una y otra vez ve frustrada su sanción en el Congreso. En este caso, y luego de muchas discusiones y postergaciones, dos proyectos fueron aprobados por las comisiones de la Cámara de Diputados encargadas de estudiar el tema, pero las divergencias entre oficialismo y oposición impidieron que fueran tratados en el recinto y todo quedó postergado para el periodo de sesiones que comenzará el próximo 1 de marzo. Las perspectivas, en todo caso, no resultan halagüeñas.
“Lo ideal hubiera sido tener la aprobación en Diputados y que en 2023 la discusión ya estuviera en el Senado. El año electoral acortará los tiempos y pondrá la mayor atención en la campaña”, se lamenta Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de FARN. Casi sin excepción, la ley encuentra teóricos apoyos a uno y otro lado del arco político, pero al mismo tiempo genera resistencias insalvables. Los intereses mineros, agropecuarios, forestales e inmobiliarios influyen y logran poner obstáculos que atraviesan las cuestiones ideológicas. “Me pregunto por qué les resulta tan inconveniente aprobar la ley cuando muchos puntos de los que se plantean deberían estar cumpliéndose a partir de las normas que tienen las provincias”, se cuestiona Enrique Derlindati, doctor en biología, docente e investigador en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Salta.
El sistema federal que rige en la Argentina, que brinda a los 24 distritos provinciales amplias competencias en el uso y regulación de sus bienes y recursos naturales, se encuentra detrás de estas dificultades. Las disposiciones que surgen del Parlamento nacional o del Poder Ejecutivo brindan un marco jurídico general pero son implementadas, ejecutadas y controladas en cada distrito, y allí los objetivos y niveles de cumplimiento tienden a diluirse en función de necesidades, acuerdos o grises entramados locales.
“Cuando la potestad queda solo en manos de las provincias un gobernador puede decidir sustraer varios miles de hectáreas de un área protegida para transformarla en otra cosa”, aclara Derlindati. “El gobierno nacional hace sobreabuso de los artículos de la Constitución que otorgan a las provincias la explotación de los recursos que se encuentran dentro de sus límites”, explica Manuel Jaramillo, refiriéndose a la muy escasa o nula intervención del Poder Ejecutivo respecto a las decisiones que toman las autoridades de los diferentes distritos, incluso cuando estas incumplen parcial o totalmente las leyes del Congreso Nacional.
Los sectores ambientalistas y el propio gobierno nacional impulsan que una Ley de Evaluación de Impacto Ambiental también vea la luz en 2023. “Necesitamos una norma de este tipo para que todos los procesos de ejecución de un proyecto industrial sean transparentes y rigurosos”, manifiesta Nicolini. Y es que lo ocurrido en la represa Presidente Néstor Kirchner, una de las dos que se están construyendo sobre el río Santa Cruz en el extremo sur del país, así lo demuestra.
Los trabajos, que comenzaron en 2017, sufrieron varias interrupciones por procesos judiciales y falta de financiamiento, y continuaron avanzando con tareas menores pese a las denuncias de inconsistencia del informe de impacto ambiental presentado por la sociedad chino-argentina encargada de las obras. Un informe posterior del Instituto Nacional de Previsión Sísmica manifestó sus inseguridades respecto al lugar de emplazamiento de la represa, cercano a una falla geológica que atraviesa el río, y la aparición de una grieta de 20 metros en un muro de hormigón obligará a cambiar la ubicación. Teniendo en cuenta esta modificación, la coalición de ONG Río Santa Cruz Libre, demandante en la principal causa legal contra el proyecto, solicitó un pedido de reajuste del estudio de impacto ambiental. Hasta la fecha no obtuvo respuesta.
El caso anterior es solo una muestra de la urgencia de sancionar —y después implementar y hacer cumplir— las leyes ambientales que permitan controlar con mayor eficiencia los recursos naturales del país.

3. Mayor participación ciudadana en la toma de decisiones
En enero de 2021 se realizó en la ciudad de Buenos Aires la audiencia pública destinada a debatir el proyecto de edificación de dos nuevos barrios de torres residenciales junto al Río de la Plata. Este tipo de convocatorias, en la que puede participar libremente cualquier ciudadano, están contempladas en la Ley General del Ambiente aprobada en 2002. En teoría deben ser realizadas antes de que se autorice cualquier actividad que pueda dañar el medio ambiente. Sin embargo, no siempre ocurre así, y además, no son vinculantes. En esa ocasión participaron 2057 personas, de las cuales el 97 % se manifestó en contra. A pesar de esto, en diciembre de ese año, la Legislatura porteña aprobó los nuevos barrios.
Casi simultáneamente, en julio, tuvo lugar una primera audiencia pública para debatir el proyecto de prospección de pozos de gas y petróleo en un área del mar argentino situada a unos 300 kilómetros de distancia de Mar del Plata, el principal centro de vacaciones del país. Hubo 373 intervenciones de las cuales 345 se mostraron contrarias al proyecto y solo 12 a favor. Seis meses más tarde, el gobierno nacional, de signo político contrario al que dirige los destinos en la capital del país, autorizaba las prospecciones. La coincidencia en desoír la voz popular es toda una muestra de que la grieta ideológica que divide el país se difumina cuando se trata de tomar decisiones que afectan el medio ambiente.
Casos semejantes se reproducen a lo largo y ancho del país, fundamentalmente en relación a proyectos mineros, del agronegocio o inmobiliarios. Y se agravan en ámbitos rurales, donde los afectados son menos o pertenecen a comunidades indígenas. “Los gobiernos ni siquiera nos llaman cuando deben decidir la entrada de alguna empresa a nuestros territorios, llevan a cabo lo que quieren hacer sin ninguna consulta previa”, confirma Evis Millán, integrante de la comunidad mapuche-tehuelche Pillan Mahuiza y activista del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas del Buen Vivir.
Las convocatorias para las audiencias suelen ser irregulares, ya sea porque se anuncian tarde, se realizan en lugares de difícil acceso para los pobladores, los interesados acuden sin haber recibido antes la información necesaria para conocer el asunto que se debate, o porque las audiencias no se traducen a las lenguas de los pueblos originarios en los casos donde están implicados.
El fondo de la cuestión se resume en dos palabras: “licencia social”, es decir, el aval de la mayoría de la sociedad para que una obra se lleve a cabo. “La destrucción del bosque chaqueño, por ejemplo, no la tiene. Los habitantes del monte, ya sean de pueblos originarios o campesinos criollos no son los que deforestan”, afirma Micaela Camino, bióloga, integrante de la plataforma Somos Monte y ganadora del Premio Whitley 2022.
Incrementar y mejorar la calidad de la participación ciudadana para fortalecer esa licencia social en cuestiones ambientales es otro de los desafíos del año. También en este punto existe una propuesta de ley para que en todo el país se unifique la forma de actuar en cuestiones concretas relacionadas con la utilización de recursos naturales. Fue presentada por el diputado oficialista Hernán Pérez Araujo en 2021 y el punto más conflictivo para los intereses del poder económico y político es la posibilidad de que los resultados que se produzcan pasen a ser vinculantes. “No se le da a la participación ciudadana el lugar central que debería tener a la hora de desarrollar cualquier proyecto extractivista”, explicó el legislador al presentar su propuesta. Hasta el momento, la idea fue archivada y nunca avanzó un solo centímetro.

4. Frenar la deforestación y apagar los incendios
“En la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) no hemos planteado desmonte cero, pero sí un ordenamiento que de manera progresiva va en favor del ambiente”, dice Marta Soneira, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la provincia del Chaco. Lo que ocurre con los bosques en ese distrito es posiblemente el mejor ejemplo de las tensiones que convierten a la deforestación en uno de los grandes dramas ambientales del país.
Solo en la región del Chaco argentino, que comprende cuatro provincias (Salta, Formosa, Santiago del Estero y Chaco), se perdieron 80 938 hectáreas en 2019, 114 716 en 2020 y 110 180 en 2021. El 54 % de ellas de forma ilegal según los datos oficiales. En 2022 Soneira acepta la pérdida de otras 26 000 hectáreas en su distrito —la organización Greenpeace amplía ese número hasta las 47 000—, incluso pese a que una medida judicial prohíbe, desde octubre de 2020, los cambios de uso de suelo que impliquen reducir la masa boscosa.
Pendiente desde 2013, la actualización del OTBN chaqueño es centro de una discusión que lleva más de dos años y  ha ido en aumento de manera progresiva. Científicos, ONG y diferentes expresiones de la sociedad civil manifiestan su inconformidad con las propuestas oficiales, a las que califican de “regresivas”, ya que “blanquea los desmontes ilegales producidos sin sancionar económicamente a los propietarios ni obligarlos a restaurar esas áreas”, sostiene Matías Mastrángelo, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
Desde el mundo empresarial, por el contrario, entienden que la última proposición de diciembre de 2022, mencionada por Soneira, es una marcha atrás que afectaría la producción y la economía: “Frena el desarrollo productivo y tendría consecuencias negativas para la provincia”, afirma un comunicado de la Federación Chaqueña de Asociaciones Rurales.
En el resto del país son los incendios forestales los que concentran la atención pues, en los últimos años, han sido los promotores de pérdidas de zonas de bosques, pastizales y humedales, además de plantaciones de la industria forestal. “El 2022 ha sido un año muy crítico en esa materia”, admite Sergio Federovisky, viceministro de Ambiente de la Nación.
Según los datos oficiales, incompletos aún para el 2022, las llamas consumieron 490 000 hectáreas en 2019; 1 167 985 en 2020; 326 000 en 2021; y hasta agosto de 2022 habían ardido otras 375 000, aunque otras mediciones de ONG ambientalistas, pero también de una entidad estatal como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, hablan de 800 000 solo en los incendios ocurridos en febrero en la provincia de Corrientes.
La lucha contra la deforestación y los incendios, en la que conviven las quemas voluntarias para provocar el rebrote de pastos tiernos para el ganado (por ejemplo, en las islas el Delta del río Paraná, una de las zonas más afectadas), la negligencia y los efectos de tres años continuos de sequía se encuentra, nuevamente, entre los grandes retos de Argentina para 2023.

5. Un rumbo claro para la Hidrovía
El río Paraná y su afluente del norte, el Paraguay, constituyen la ruta central de salida de los buques que transportan los granos y las carnes que conforman el 60 % de las exportaciones argentinas. Sin embargo, la gestión presente y futura de la denominada Hidrovía se encuentra en estado provisional desde el 2020. Ese año caducó el contrato con la empresa que se ocupaba de las tareas de mantenimiento —dragado, balizamiento y señalización—, y del cobro de peajes a los más de 4500 buques que recorren el río.
Después de algunas idas y vueltas, el gobierno creó el Ente Nacional de Control y Gestión de la Hidrovía y le entregó a la Administración Nacional de Puertos la gestión de las tareas más técnicas. Lo que se espera para 2023 es que el Estado presente los pliegos de una segunda y definitiva licitación internacional (la primera quedó sin efecto) para resolver la situación. De las condiciones que se planteen dependerá en buena medida el futuro ambiental de un sitio especialmente sensible. En el contexto del cambio climático, el Paraná sufrió en 2021 la segunda bajante más severa de la historia y en las orillas e islas de los tramos medio e inferior del cauce se mantiene un alto nivel de estrés hídrico que alimenta los constantes y voraces incendios que se presentan en la zona.
“Habría que adecuar las vías navegables para optimizar la carga potencial transportada de los buques modernos de mayores dimensiones y calado”, proponía en su momento Daniel Nasini, expresidente de la Bolsa de Comercio de Rosario. “Necesitamos más profundidad y zonas de cruce”, afirman los actuales directivos del ente que reúne a las grandes industrias cerealeras nacionales y multinacionales que operan en las más de 80 terminales portuarias distribuidas a lo largo del río. El propósito: permitir la entrada de buques cuya capacidad de carga sea de hasta 70 mil toneladas en lugar de las actuales 48 mil. Sin embargo, este objetivo encuentra resistencias entre los defensores socioambientales.
“Cada sector busca su beneficio. Los armadores quieren reactivar la marina mercante y los astilleros; los patrones y capitanes de barcos pretenden una traza de doble vía para mejorar la seguridad… Nadie hace un balance ni incluye a los grupos sociales más desprotegidos; tampoco se preocupan por las cuestiones ambientales, que es donde recaen los mayores impactos”, opina Nadia Boscarol, coordinadora de Política del programa Corredor Azul en la Fundación Humedales.
La contaminación que dejan los residuos que arrojan los barcos, el polvillo que desprenden los cereales durante el proceso de carga en los puertos, los desagües cloacales sin tratamiento previo de ciudades y pueblos al río y los efectos que el dragado permanente produce sobre los micoorganismos que habitan en el fondo de las aguas son solo algunos de los inconvenientes que se han ido creando en las orillas y en el lecho del río durante lo últimos 25 años, cuando comenzó su transformación en Hidrovía. Seis provincias tienen acceso directo al complejo Paraná-Paraguay y su participación en las discusiones le añaden complejidad a lo que vaya a determinarse.
Como en el resto de los temas, la política tendrá la última palabra. “Todo es un rompecabezas muy complejo que necesita de muchísimo trabajo, consenso y también de dejar el cinismo de lado”, resume Cecilia Nicolini. En un año electoral la tarea se antoja doblemente difícil.
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Más mineras desembarcan en Entre Ríos para extraer arena silícea para el fracking

Fecha de Publicación: 16/01/2023
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos


La empresa Minera Orosmayo SA es una de las tres firmas que a fines de 2021 se les habría otorgado el visto bueno para iniciar los trámites que les permita asentar sus plantas de extracción del material usado para obtener petróleo no convencional mediante fracking.
En la Escuela Secundaria Nº 4 de Médanos (Departamento Islas del Ibicuy), Orosmayo SA daba a conocer su informe en donde expondría su plan para explotar dos campos arrendados en los que se prevé extraer 2,8 millones de toneladas de arena silícea en cinco años, para lo cual consumirán 429.333 metros cúbico de agua (429.333.000 litros) que obtendrán de una perforación subterránea, según consignó el portal Era Verde.
La convocatoria a la audiencia pública estaba llamada para el miércoles pasado, a las 12. En la charla en el Salón de Usos Múltiples de la escuela secundaria “Anselmo Sáenz Valiente de Médanos”, la firma Orosmayo -con domicilio legal en Rivadavia 1.157, 5º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, y bajo la representación de su presidente, José Luis Gualtieri, expondría su plan de manejo para lo que serán dos nuevas plantas de extracción y lavado de la arena usada como insumo para el sistema de fractura hidráulica, el sistema utilizado para obtener combustible en la cuenca neuquina de Vaca Muerta. Es la primera de un total de tres nuevas empresas que habrían iniciado las gestiones a fines de 2021 para instalarse en el Sur de Entre Ríos, considerada la “meca del oro blanco”.
Orosmayo planea asentarse en dos campos para la explotación minera. Una de extracción y lavado de arena, en un yacimiento arrendado que cuenta con una superficie de 25 hectáreas sobre la Ruta Nacional Nº 12, kilómetro 183 (Norte). Allí “se prevé extraer una cantidad estimada de 1,5 millones de toneladas de arena en un tiempo estimado de 5 años”, dice el estudio de impacto ambiental firmado por Nicolás Poletti, el ingeniero matriculado 41625 que da cuenta del trámite para la habilitación dado a conocer por el portal Era Verde.
El otro inmueble donde solicitan autorización para el acopio y lavado de arena está ubicado en el kilómetro 181 del mismo enlace vial. Este predio cuenta con una superficie de 22 hectáreas, y allí también se prevé extraer arena en un volumen de 1,3 millones de toneladas en el mismo período de explotación. Los dos inmuebles están situados al Norte de la menciona ruta, por lo cual se encuentran bajo jurisdicción del distrito Ceibas (Departamento Gualeguaychú).
De acuerdo al detalle, para la extracción de arena se realizará con cortes de taludes mediante el uso de retroexcavadoras, palas cargadoras frontales y camiones para el transporte. Una vez acopiada la arena “cruda” se procederá a su lavado y clasificación. Para esto se deposita en una cinta transportadora que alimenta una planta tipo “McLanahan” donde mediante el uso de agua se “purifica la arena al nivel deseado, para luego clasificarla por tamaños.
Una vez clasificada se carga en camiones para su transporte final”. El informe asegura que no se utilizan químicos en este procedimiento.
 “La arena tiene por finalidad ser comercializada para fracturación hidráulica o ‘fracking’, por lo que es sometida a un tratamiento que tiene por objetivo principal la obtención de los diferentes tipos de arenas con las calidades que requieren las industrias de perforación. Debido que las arenas brutas a tratar son muy limpias y de mucha pureza silícea el proceso de lavado resulta rápido y ágil, utilizando pocas cantidades de agua”, se describió.
Se estima un consumo de agua de 23 metros cúbicos por hora para procesar en este lapso unas 150 toneladas de material en bruto. El informe alude a un permiso solicitado al Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa) para la aprobación de un pozo. Con las dos plantas se prevé así obtener un total de 2.800.000 toneladas de arena.
Sobre el producto del lavado, el estudio de impacto ambiental apunta que el lodo resultante se decantará en piletones que “serán transferidos a una etapa final de secado natural. El agua sin sedimento es reutilizada en el proceso de lavado”.
Esta actividad minera, se aclara, “no genera productos elaborados ya que el material, luego del lavado, es destinado como subproducto en la industria del petróleo”.
Se estima que 10 personas trabajarán de forma permanente como maquinistas y operadores.
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Ambientalistas realizaron reclamos en un acto oficial de Alberto Fernández

Fecha de Publicación: 14/01/2023
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional


El incidente ocurrió este miércoles en Los Cardales, localidad bonaerense cercana a Caba. El martes, la camioneta presidencial fue insultada por un grupo de personas en Miramar.
“BASTA DE CANCER, PAREN DE FUMIGARNOS”. El cartel con letras en mayúsculas apareció en un acto oficial del Presidente Alberto Fernández, en Los Cardales, a 60 kilómetros de la Capital Federal. Media docena de ambientalistas, con gritos y consignas, plantearon así sus diferencias con el Gobierno nacional.
Las interrupciones llevaron a Fernández a dedicarles un párrafo de su discurso. “No hace falta maltratarnos, recuperemos la convivencia”, dijo el Presidente en tono calmo. El día anterior un grupo de vecinos de Miramar, ciudad de la Costa Atlántica, salió al cruce de la camioneta presidencial para lanzar insultos.
Desde el entorno presidencial se diferenciaron los dos episodios. El de Los Cardales fue adjudicado al derecho que tiene cualquier ciudadano de plantear sus ideas al gobernante. “Fue un reclamo ambientalista, pacífico finalmente, aunque pudiera ser molesto porque interrumpía.
Es mentira que hubo detenidos; la policía apartó a los cuatro manifestantes, pero no los llevó presos”, dijeron a este diario fuentes presidenciales. El incidente en Miramar, en cambio, fue calificado como “el típico escrache de campaña”, que impulsan grupos opositores, más puntualmente el PRO.
Alberto Fernández y su ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis (uno de los seis ministros que quedan de los 21 integrantes del gabinete original), se trasladaron a la localidad de Los Cardales para inaugurar un moderno hospital modular (327 millones de pesos de inversión). El intendente dijo que en 120 años de la localidad, nunca antes habían recibido la visita de un Presidente.
“Gracias al compañero que está allá tan enojado, gritando”, dijo Fernández, y optó, entonces, por dirigirse a los ambientalistas que interrumpían con sus reclamos.
“Nos han tocado cuatro años muy difíciles. Ahora que en el ‘bar’ (expresión que había usado antes Katopodis al aludir al ruido en los bares que a veces dificulta una conversación) hay más silencio, una de las cosas que debemos aprender es a hablarnos en voz baja y plantearnos nuestras diferencias en voz normal, sin necesidad de maltratarnos. Ya demasiado nos maltratamos como país. No hace falta maltratarnos más”, propuso Fernández.
El Presidente se refirió a la intolerancia política. “Recuperemos la convivencia democrática ahora que vemos lo que ha pasado en Brasil. Vemos lo que pasa en Perú. Reconstruyamos la convivencia democrática, conviviendo en la diversidad”, dijo.
Seguidamente, agregó: “No todos tenemos que pensar igual. Y yo estoy seguro que el compañero que se quejaba por el uso de agroquímicos lo hacía honestamente. Equivocado el modo pero lo hizo honestamente y tal vez haya que escucharlo. Pero hay que bajar los gritos y escucharnos un poco más”, insistió.
El ministro Katopodis había aludido antes de Fernández a las diferencias políticas que separan a la sociedad. “¿Se van terminar las discusiones en la Argentina? No, no se van a terminar. ¿Se va a terminar la grieta? No lo sabemos, tal vez no.
Seguramente no, porque es mucho de lo que hay que discutir en Argentina hacia adelante, y nada más y nada menos que es quién se queda con la distribución de nuestro país, quién se queda con ese crecimiento”, reconoció el ministro. Katopodis destacó las 5800 obras públicas impulsadas por el Gobierno nacional (2.802 ya terminadas).
El incidente en Miramar ocurrió el martes, cuando la comitiva presidencial dejaba la ciudad para dirigirse a Chapadmal, donde Fernández estableció un despacho paralelo durante enero. El Presidente y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, venían de la inauguración de una cancha de hockey sobre césped sintético en el Miramar Rugby Club.
Las imágenes muestran a la camioneta negra con vidrios polarizados, doblando en una esquina céntrica de Miramar, donde un grupo de personas insulta al advertir que es la comitiva presidencial. El Gobierno nacional no hizo mención al incidente.
La crítica ambientalista escuchada en Los Cardales, en cambio, parece tener relación con las objeciones planteadas por grupos minoritarios del Frente de Todos.
La incorporación como asesor presidencial de Antonio Aracre, exCeo de Syngenta (el gigante mundial en la provisión de semillas y pesticidas), motivó algunas quejas internas, entre ellas de Soberanxs, la agrupación de Alicia Castro y Amado Boudou.
“Aracre fue empleado de Syngenta. Los últimos 12 fue CEO para América Latina. Dejó Syngenta recién para pasar a la política. ¿Qué es Syngenta? Es la mayor fabricante de agrotóxicos del mundo”, criticó Alicia Castro. En Casa Rosada dicen que el apoyo a Aracre, que se incorpora en febrero al gobierno, “no está en discusión” y relativizan el peso de los grupos críticos dentro del Frente de Todos.
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Atucha II: la principal central nuclear del país está parada y aún no se sabe cuándo volverá a funcionar

Fecha de Publicación: 14/01/2023
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires


En medio de la escasez energética, la usina está en reparaciones y sin actividad desde octubre. Debería proveer el 3% de la energía del tendido eléctrico nacional
La central nuclear de Atucha II, la más importante del sistema energético argentino, está parada por una falla técnica que la obligó a frenar su actividad y aún no se sabe cuándo podrá volver a operar. Su aporte al tendido eléctrico nacional ronda el 3% del total y podría costarle al Gobierno cientos de millones de dólares para reemplazar esa fuente de energía durante los meses de mayor demanda.
Atucha II, que es una de las tres centrales nucleares argentinas junto a Atucha I y a Embalse, dejó de funcionar en octubre (el año pasado se adelantó una parada técnica antes del invierno) cuando fue desactivada para eliminar del interior del reactor una pieza “suelta” que impedía el normal trabajo de la planta. Se trata de un elemento de unos diez centímetros de largo que Nucleoeléctrica Argentina, la empresa del Estado que opera las centrales nucleares, buscará eliminar con un proceso técnico que todavía está en evaluación. Desde la compañía y expertos consultados coincidieron en que la falla no representa una amenaza a la seguridad de la planta, sino que la compromete en términos de generación eléctrica y financiera.
Pero el trabajo podría ser más largo de lo esperado. De manera oficial, en la estatal NASA aseguran que la eliminación de la pieza en cuestión –que implica un despliegue técnico muy complejo ya que esa pieza se encuentra en un sector del reactor al que no se puede tener acceso y al que se podría ingresar, como una alternativa, a través de un brazo mecánico– debería terminar cerca de junio de este año.
De todas formas, fuentes al tanto de las operaciones en la central nuclear ubicada en Zárate aseguraron que el proceso podría demorar todo 2023. Desde la conducción de la usina nuclear afirmaron ante consultas de Infobae que “no es un año de plazo para terminar el trabajo” y que “estamos evaluando distintos tipos de métodos para que el período sea más corto”. La palabra final la tendrá la autoridad regulatoria, que es la que habilitará o no el formato final que tendrá la reparación.
Fuentes con conocimiento del proceso de construcción y de actualización de Atucha II en los últimos años aseguran que, a diferencia de Atucha I y Embalse, arrastra inconvenientes técnicos no resueltos en su totalidad por defectos durante su construcción. Por eso, para algunos expertos a pesar de ser la central más grande nunca terminó de poder trabajar al 100% de su capacidad. En octubre de 2022 se decidió frenar la planta para poder hacer los ajustes que necesite el reactor.
Uno de ellos está vinculado a esa pieza, un soporte de los cuatro que funcionan en ese lugar. Una variante para encontrar y remover esa pieza fue “abrir” el reactor, pero es un proceso que llevaría mucho más tiempo, que se estima en un año más, con la planta parada. Se descartó por el momento. Por eso aparecieron en el radar opciones, como hacer ingresar un brazo mecánico por una de los pequeños orificios de la “vasija”, como se llama en la jerga a ese lugar del reactor.
Para llevar adelante un mecanismo de esa naturaleza, no obstante, sería necesario realizar pruebas preliminares que requieran incluso hasta la construcción de una maqueta en tamaño real o con una escala similar antes de operar directamente en el lugar del hecho, afirmaron fuentes con conocimiento.
De las tres centrales atómicas que tiene el país, Atucha II es la más potente del país. Funciona desde 2014, luego de décadas de esperas y demoras, y genera especial impacto durante los meses de mayor demanda. Toda la energía que no pueda obtenerse a través de Atucha debería reemplazarse, por ejemplo, con la importación de energía, lo que demandará millones de dólares a las arcas del Banco Central.
El último comunicado oficial de Nucleoeléctrica Argentina sobre el tema tuvo lugar el 1° de noviembre pasado. “Sabemos qué hacer y cómo hacerlo. Ya hemos formulado el diagnóstico de la situación y, más allá de contar con los procedimientos y herramientas previstos por el diseño de la central para este tipo de reparaciones, estamos trabajando en el uso de métodos de ingeniería de última generación para la implementación de herramientas robóticas y tecnológicas que permitan optimizar los tiempos de reparación, con el fin de volver al servicio tan pronto como sea posible”, mencionaron.
De las tres centrales atómicas que tiene el país, Atucha II es la más potente del país. Funciona desde 2014, luego de décadas de espera y demoras, y genera 745 Mwe (megawatts eléctricos), frente a Atucha I (362 Mwe) y Embalse (656 Mwe), según Nucleoeléctrica Argentina.
La construcción y puesta en marcha de Atucha II es una historia larga que llevó muchos años. Está sobre la margen derecha del Río Paraná, en Lima, partido de Zárate, a unos 100 kilómetros de CABA. Según el sitio de Nucleoeléctrica, su piedra fundamental se colocó en 1982, tuvo un derrotero muy demorado y en 1994 se paralizó hasta su reactivación en 2006. “Tras la finalización de su construcción en el marco de la reactivación del Plan Nuclear, Atucha II alcanzó su primera criticidad el 3 de junio de 2014, y el 27 de ese mismo mes se sincronizó al Sistema Interconectado Nacional”. La inauguró Cristina Kirchner, quien la rebautizó con el nombre de su esposo, el fallecido presidente Néstor Kirchner.
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Corrientes: llevan ante la Justicia a más de 150 personas por quemas intencionales

Fecha de Publicación: 14/01/2023
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes


Solo ayer hubo cuatro focos ígneos que complicaron el tránsito y la distribución del servicio de energía eléctrica. Los bomberos dan señales de agotamiento físico.
El Gobierno provincial confirmó ayer que avanzan 150 causas judiciales por incendios intencionales y ya se labraron 400 multas. Ayer, en tanto, fue otro día complicado con al menos cuatro focos ígneos que limitaron el tránsito en la Ruta Nacional 12 y que interrumpieron el servicio de energía eléctrica. Al cierre de esta edición los bomberos trabajan por controlar el fuego.
El subdirector de Defensa Civil, Bruno Lovinson, confirmó ayer que el Gobierno llevará a los estrados judiciales a todos los responsables de los incendios que se desataron a fines del 2022 hasta ayer.
En ese sentido, recordó que la Provincia lleva adelante más de 150 causas judicializadas, además de 400 actas de contravenciones, desde los primeros incendios del 2022 hasta la actualidad.

Cuatro focos ígneos
Al menos cuatro focos ígneos, dos en el interior, ocasionaron ayer problemas en la circulación del tránsito y en la distribución de la energía. También hubo llamas en una reconocida cancha de Capital y otra quema de pastizales en campo de golf.
Uno de los focos ígneos se inició en cercanías a Goya por la Ruta Nacional 12 donde se debió interrumpir el tránsito. Fue a la altura del puente Santa Rosa y los Bomberos Voluntarios se encontraban en el lugar el cierre de esta edición, tratando de controlar las llamas. Hubo que restringir el tránsito y pidieron circular con precaución debido a la nube de humo que complicaba la visibilidad.
El otro incendio sucedió en Mocoretá por el encendido de un tendido eléctrico que afectó cuatro hectáreas de plantación forestal. Un árbol de eucaliptus cayó sobre una línea de media tensión y dejó sin energía eléctrica a toda la zona desde  las 11.10 y hasta  las 12.25.
Los bomberos confirmaron que ocurrió en la colonia San Gregorio cerca de
Prefectura Naval Argentina. Salieron las unidades 4, 16, 10 y 12 y en el lugar trabajaron 9 efectivos.
En Capital, en tanto, fueron al menos dos los focos  que confirmaron Bomberos Voluntarios. El primero, en horas de la mañana, por calles Patagonia y Calle 177 en el predio de un club próximo a viviendas.
“Estuvimos trabajando en el famoso Club Yaguareté. Fue un incendio de pastizales, pero ya se controló”, confirmó el jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Capital, Daniel Bertorello, a radio Sudamericana. “Aparentemente un vecino incendió la basura o algo así y la pequeña brisa levantó el fuego que se propagó rápidamente”, explicó.
Por la tarde, en tanto, los agentes colaboraron con el equipo de Bomberos de Santa Ana. “Personal de guardia es alertado por el Comando Operativo de Emergencia (COE), por un incendio de pastizales adentro de predio del Golf Club, próximo a viviendas”, sostuvo.
Además, trabajó el equipo de Bomberos de la Policía de Corrientes. “Venimos trabajando todo el fin de semana en esa zona, lamentablemente”, se quejó.
“Ojalá llegue la lluvia para que el personal se recupere del cansancio que acarrea. Además, para mantener los equipos listos, porque eso tiene su desgaste y vamos reemparchando sobre la marcha”, sostuvo.

Situación crítica
En tanto, el COE de la provincia de Corrientes advirtió que “la situación es crítica” en materia climática y destacaron que no va a mejorar hasta el inicio del otoño; por tanto reconocieron que la posibilidad de incendios es muy alta.
“El alerta se va a mantener en un nivel extremo”, sostuvo el subdirector de Defensa Civil, Bruno Lovinson.
Ante este panorama, el funcionario provincial que coordina el COE aseguró: “Tenemos capacidad operativa para resolver estos problemas y aplicar la normativa con todo el peso de la ley”. Por su parte, la Dirección de Recursos Forestales de Corrientes destacó que hay condiciones críticas para toda la provincia. Todos los departamentos están en alerta extrema por peligro de incendios. Entre ellos, Paso de los Libres, Corrientes, Monte Caseros, Mercedes, Bella Vista, Esquina, San Miguel, Chavarría y La Cruz.
“El sábado tuvimos diez incendios y no estamos bajando de cinco o seis incendios por día”, confirmaron.
“En todos los casos son incendios provocados. Recomendamos que las personas que quieran limpiar que lo hagan, pero que no quemen. Pedimos que pongan en bolsas negras y que lo retire el camión de la basura”, explicó.
El grupo de Bomberos Voluntarios de Capital continúa en la búsqueda de colaboración para enfrentar los focos ígneos. Solicitan a la población agua, agua
saborizada, jugos, energizantes, analgésicos y caramelos. “También alimentos no perecederos para cocinarles comida caliente a nuestros bomberos”, sostuvo Bertorello.
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Impresionante imagen satelital de la sequía

Fecha de Publicación: 13/01/2023
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Nacional


Informe del programa Copernicus de la Unión Europea, habla de la foto como "preocupante sequía en Sudamérica". La comparación entre el mapa de 2022 y el de 2023, muestra cómo desaparece el verde y predomina el suelo seco.
"Ya estamos sufriendo las consecuencias devastadoras del calentamiento de nuestro planeta" , comentó Samantha Burgess, jefa adjunta del C3S. Esos datos "demuestran claramente que, para evitar las peores consecuencias, la sociedad deberá a la vez reducir urgentemente las emisiones de dióxido de carbono y adaptarse rápidamente a la evolución del clima", añadió.
Según un informe del programa Copernicus (C3S) de la Unión Europea contra el cambio climático, durante el periodo 2015-2022, cada año registró como mínimo un aumento de su temperatura media de más de un grado centígrado respecto a la media preindustrial.
Al respecto, esta mañana, Copernicus, dio a conocer una tremenda imagen satelital, que muestra, lo que los especialistas del programa de la UE, califican como "preocupante sequía en Sudamérica".
La imagen refleja una comparación de la cuenca del río Paraná en enero de 2022 y enero de 2023, según la visión del satélite Centinela3.
La foto da a conocer cómo desaparece el verde y predomina el marrón del suelo seco. Además, se aprecia cómo disminuye el espacio que ocupan los ríos de la región.

Golpe a la producción
"La agricultura está muy afectada en la región y la cosecha, podría caer un 50 por ciento en Argentina durante 2023"  , afirma Copernicus sobre los efectos de la sequía.
"En las imágenes, observamos cómo la sequía continuó impactando en el sur del Litoral, norte de Buenos Aires y también Uruguay", indicó el Servicio Meteorológico Nacional al referirse a las mencionadas imágenes.
Por otra parte, el SMN, se refirió a las altas temperaturas que afectan al país. "En los últimos días comenzó un evento de temperaturas muy elevadas. Se destaca el norte de Patagonia con valores máximos superiores a 40 °C varios días consecutivos"  , señaló el organismo.
"Se destaca el centro del país y principalmente la Patagonia. Además, esta última región tuvo temperaturas de hasta 3 y 4 °C por encima de la media", explicó el SMN.
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Avanzan las obras del nuevo laboratorio ambiental de Acumar

Fecha de Publicación: 13/01/2023
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Riachuelo


El proyecto requiere una inversión de más de 180 millones de pesos.
En la ciudad de Avellaneda, más precisamente en el edificio Beatriz Mendoza de la localidad de Piñeyro, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) lleva adelante la construcción del primer laboratorio ambiental del organismo.
El proyecto, que cuenta con un avance del 20%, consta de la refuncionalización, adecuación y puesta en valor de las instalaciones edilicias de un piso cedido por el municipio a Acumar, que será totalmente acondicionado para la instalación de un laboratorio, y la construcción de un espacio dedicado exclusivamente para las actividades del organismo.
El nuevo laboratorio ambiental, ubicado frente al río Matanza Riachuelo, contará con equipamiento moderno que permitirá el análisis rápido y con los niveles adecuados para dar respuestas a las diferentes áreas del organismo. Además, contribuirá a la investigación y profundización del estudio sobre diversas temáticas de relevancia para la cuenca.
Según indicaron, la inversión de la ­Autoridad de Cuenca para este proyecto es de más de 180 millones de pesos, y se prevé que esté finalizado en el transcurso de este año.
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¿Hasta dónde subirá el mar? Inquietud en la costa y posibles soluciones   

Fecha de Publicación: 12/01/2023
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Diversos factores provocan que se eleve la temperatura y se acelere el aumento del nivel de las aguas; las zonas en mayor riesgo a lo largo de la Argentina
¿Hasta dónde podría subir el mar? Esta pregunta inquieta a oceanógrafos, biólogos y científicos del cambio climático, pero sobre todo a los habitantes de zonas costeras. Allí, el sonido de las olas se ha convertido en la aldaba de sus casas anunciando la llegada del agua.
El océano es el hogar de especies marinas biodiversas, muchas de las cuales aún se desconocen. En la orilla están las costas conformadas por biota variada, compuesta de marismas, manglares, dunas con vegetación y playas de arena. Tanto el océano como las zonas costeras brindan un servicio ecosistémico para mantener el equilibrio natural. Mientras que estas proporcionan barreras climáticas protectoras, aquel almacena el calor que intercambia con la atmósfera.
Como un juego de dominó, las actividades humanas –entre ellas, la quema de combustibles fósiles, la deforestación, la producción ganadera, la fertilización, la gestión de desechos y los procesos industriales– incrementan la concentración de gases que absorben y emiten radiación infrarroja a la atmósfera, es decir gases de efecto invernadero (GEI). El 90% de estos gases fueron absorbidos en las últimas décadas por el océano. Esto, sumado a otros factores, eleva la temperatura y acelera el aumento del nivel del mar.
Desde la última Cumbre Internacional sobre el Cambio Climático, la COP27, el año pasado, se informó que el calentamiento del planeta está en 1,1 grados y que el objetivo era no sobrepasar los 1,5 grados. Se estima que, aunque se cumplan las promesas globales, igualmente el calentamiento llegará a 2,5 grados. En resumen, se avanza pero no lo suficiente ni a la velocidad que se requiere.
Hoy, las palabras “resiliencia” y “adaptabilidad” son los nuevos hashtags que marcarán tendencia en el tablero universal. Gracias al trabajo de los científicos, como los expertos del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), se sabe que los gases de efecto invernadero que generó el humano afectarán hasta el año 2050. Después de esa fecha pueden variar según cómo se actúe en el presente. Para finales de siglo, el escenario es incierto.
Todos los organismos vivos, incluido el ser humano, viven dentro de un rango de temperatura. Si la temperatura aumenta o disminuye se genera estrés. Da crédito de esto Rodrigo García, biólogo y director de Medio Ambiente y Cambio Climático del gobierno del departamento de Rocha, Uruguay: “Han sucedido cosas interesantes; por ejemplo, en 2014 tuvimos el primer registro de una ballena tropical en pleno diciembre. Es una de las pocas ballenas que no migran hacia los polos, y cuando estaban aquí había alimentos inusuales de la zona, como fitoplancton y zooplancton. Las ballenas sufren, ya que si se desplazan en función de estas corrientes terminan muriendo porque no es su ambiente”.
Específicamente el desplazamiento de los trópicos hacia abajo, aclara García, es un fenómeno que no es nuevo; ocurre aproximadamente hace 20 años. “Ahora ya es muy evidente”, indica.
En comparación con lo que se viene observando desde 1970, para finales de siglo se espera que el océano se caliente de cinco a siete veces más en zonas de altas emisiones y de dos a cuatro veces en zonas de bajas emisiones de carbono, según el Quinto Informe de Evaluación del IPCC.

El mar crece a una tasa anual de 3,4 mm desde 2021, de acuerdo con registros de la NASA, en comparación con los 1,5 mm observados hasta 2018. Es decir, en el período comparado la tasa de crecimiento fue más del doble. El océano aumentará alrededor de 1,18 metros para finales del siglo XXI, aunque no se descarta una elevación de dos o más metros. Esto varía en las zonas costeras regionales según el flujo de variados factores del lugar, como la erosión. Por ejemplo, en Mar del Tuyú, en el Partido de la Costa, hace dos años se evidenció cómo una casa de la calle 66 y la costa fue alcanzada por el mar.
En tanto, en Uruguay, Pablo Sciena, primer capataz de playa del municipio de La Paloma y surfista, cuenta que los moradores que viven desde hace más de 80 años en el balneario Costa Azul que antes debían caminar de dos a cuatro cuadras hasta llegar al mar, y hoy lo tienen a 50 metros o menos.
Con mirada rioplatense, García dice: “En los últimos 10 años, el agua del océano subió alrededor de 1,7 metros de lo que normalmente era la línea intermareal [promedio de baja y alta marea].”
Otros factores que afectan al aumento del nivel del mar –y que varían según las diferentes regiones– son la pérdida de hielo terrestre, la disminución de la salinidad del océano (densidad del agua de mar), los cambios y fuerza de las corrientes oceánicas, la flotabilidad y la presión atmosférica.
En las zonas costeras de la Argentina y Uruguay, la infraestructura urbana bloquea en muchos casos el flujo natural de las corrientes de los cuerpos de agua, como los arroyos o las marismas. Esto se ve acrecentado por las aguas fluviales, pluviales y residuales que desgastan y contraen las playas. Las ramblas de Mar del Plata, Piriápolis o Montevideo enfrentan problemas de erosión, por lo que se deben realizar proyectos de drenaje y protección periódicamente.
La estabilidad de las costas se pierde progresivamente. Avenidas, calles costeras y construcciones de viviendas son algunos ejemplos de infraestructuras sobre la primera línea del mar que, al invadir el espacio de la biota costera, provocan un daño que a veces es irreversible. En la Argentina, se hace visible desde San Clemente del Tuyú hasta Mar del Plata, ya que en la década del 40 la ordenanza permitía eliminar médanos para levantar viviendas o construir sobre ellas.
Las barreras protectoras naturales y el diseño urbanístico sustentable son importantes para evitar catástrofes, ya que podrían minimizar los impactos de eventos extremos, cada vez más frecuentes como lo dejó registrado la inundación de la ciudad de La Plata, en 2013. Allí se acumularon 400 mm en solo cuatro horas, provocando además de cuantiosos daños la muerte de 89 personas.
En la Argentina, a la lista de zonas en riesgo por inundaciones extremas se agregan la Bahía de Samborombón, el Delta, las costas de Quilmes, Playa Unión, Río Gallegos y Río Grande. Las tormentas ciclónicas hacen que las olas penetren cada vez más hacia el interior generando daños catastróficos. De hecho, la tasa de pérdida de tierra por erosión puede llegar a ser 100 veces más que el propio aumento del nivel del mar.
Liliana Delfino, ingeniera agrónoma, investigadora de la flora nativa y voluntaria en protección de las zonas costeras, dice que en Montevideo hay zonas de playas que se han podido recuperar para siempre desde el punto de vista de la erosión de la arena y recuperación de flora, pero también afirma a que la nacion lo que no se va a poder evitar es “que suba el agua”.
Así lo recuerdan los vecinos del barrio Malvín: el 17 de enero de 2021 cayeron en dos horas 100 mm, lo que suele ser el registro de lluvia de un mes entero. La ingeniera Delfino relata que, en el momento de construir la rambla, se había aconsejado respetar la línea de vegetación de la duna. Allí existía un bosque psamófilo. La recomendación no se aplicó.
A la erosión se suma la contaminación. En las costas de Península Valdés, en Chubut, hay ocho kilómetros de residuos industriales pesqueros. Esto constituye al menos un 80% de las playas de Puerto Pirámides.

Barreras vivas que protegen
Entre Puerto Madero y el Río de la Plata se encuentra una barrera de protección con vegetación de 350 hectáreas conformada por lagunas, bañados, bosque de alisos y cortaderales. Es la Reserva Ecológica Costanera Sur, un área natural protegida.
Las dunas, en tanto, se suman a la lista de barreras vivas. Son sistemas en movimiento, ya que por el efecto del viento cambian de forma y ubicación de manera constante.
Cuando el ser humano genera alteraciones, la arena que naturalmente regresaba a su lugar ya no regresa más, disminuyendo su capacidad de contención.
En Pinamar, cuenta el intendente Martín Yeza a la nacion, desde 2016 se vienen recuperando 1,2 km lineales de playa pública, 110.000 metros nuevos de playa y se han quitado 40.000 m² de construcción en la playa con la consecuente recuperación del ancho de costa. Como iniciativa para dejar espacio a las costas, los balnearios fueron desplazados 80 metros para atrás sacrificando estacionamientos de autos. “Demolimos también 55.000 m² de hormigón, que eran las estructuras de balnearios que ya tenían varias décadas y fueron reemplazados por estructuras de madera”, explica Yeza.
“Cuando construís arriba de una duna –dice Sciena–, sabés que estás construyendo en un lugar que no deberías. Tenemos un caso en Punta Rubia, Uruguay, en donde hay una casa que está literalmente debajo de una duna”.
Otro factor, añade García, es la forestación exótica, como los pinos y las acacias. “Los vientos opuestos que devuelven esa arena ya no la devuelven más porque nosotros quebramos ese equilibrio. En Cabo Polonio, se quebró esa dinámica. También los médanos del balneario Valizas ahora son por lo menos la tercera parte de lo que eran antes”, describe.
Para regenerar las dunas se aplican soluciones basadas en la naturaleza con materiales orgánicos, como hojas de palmeras o ramas de acacias, que activan también la vegetación nativa. Gracias a esta técnica, en Uruguay se están recuperando en el balneario de La Paloma alrededor de 2500 metros de médanos. El alcalde, Sergio Muniz, comenta a la nacion: “Desde el municipio estamos realizando la conservación consciente de la primera línea de la playa con la reconstrucción de dunas. También hacemos estudios para amortiguar la salida del agua de las napas a la playa, aunque estas no son soluciones a largo plazo. Para dar una solución integral se requieren ejecutar políticas y financiamiento a nivel nacional”, afirma.
Desde Punta del Este, el alcalde Javier Carvallal explica que se ocupan desde hace seis años y que se pueden ver los trabajos, por ejemplo, en las paradas 1, 2, 3 y 10 del municipio. Lo más emblemático es ver “La Mano”, la escultura que el artista chileno Mario Irarrázabal hizo durante el verano de 1982: la duna se incrementó un 60% también gracias a una estructura de madera realizada para evitar pisar la vegetación y estabilizar la arena. “Las plantas son la piel de la duna”, ilustra la ingeniera Delfino al responder sobre qué protege los médanos.
Otro recurso para evitar derrumbes en las viviendas por la embestida de la subida del mar, en el balneario Costa Azul del departamento de Rocha, es la construcción de geotubos, que son barreras protectoras de terraplenes de tierra y granito extendidas a lo largo de 800 metros.

Desafío conjunto
El desafío más importante expresado por las Naciones Unidas en los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) es desarrollar una gobernanza
global. Esto es desde lo público a lo privado y desde lo social a lo individual. “Hay una mirada aguda en el ecosistema rioplatense que se comparte con Uruguay a través de estrategias conjuntas”, dice el viceministro del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Argentina, Sergio Federovisky. Las acciones actuales se están focalizando en “políticas de descontaminación, defensa de las zonas costeras y reducción de la vulnerabilidad de esas poblaciones”, según indica a la nacion.
En la Argentina, desde el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) se aportan análisis continuos sobre los riesgos del calentamiento global en las costas. En Uruguay se hace a través del Plan de Adaptación a la zona costera, NAP Costas.
Como advertencia, desde la COP27 se observa que el obstáculo principal de la gobernanza según resultados es la velocidad con la que se toman las decisiones.
“Las mejores herramientas para convivir en un entorno natural y disfrutarlo es cuidándolo”, opina García. “Es un tema de la cultura de la humanidad”, apunta Delfino, al hablar sobre cómo actúan los hombres con la naturaleza. Expresa que el límite del ser humano va más allá de él y contempla a la naturaleza ya que necesita aire puro para respirar.
La acción individual radical y voluntaria puede ser el impulso que faltaba para superar la visión antropocéntrica, restaurar el equilibrio natural, regenerar la convivencia sana entre especies y crear la equidad intergeneracional. Tal vez el comodín con que cada ser humano cuenta.
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¿El Riachuelo volvió a ser navegable?: la respuesta divide a los especialistas

Fecha de Publicación: 12/01/2023
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Riachuelo


El Ministerio de Turismo pidió que vuelvan a habilitar la navegación, prohibida desde 2011. Hay expertos que opinan que aún no es posible por la contaminación.
Aunque los barcos abandonados ya no estén, aunque las márgenes se vean más limpias, aunque el olor sea fuerte pero no nauseabundo, hay una pregunta que todavía sobrevuela el río más contaminado de la Argentina: ¿el Riachuelo ya es navegable? ¿Puede levantarse la restricción de hace más de una década? ¿O el nivel de degradación aún lo impide? Un pedido del Gobierno reavivó el debate.
La navegación por la cuenca Matanza Riachuelo está suspendida judicialmente desde 2011, en el marco de la causa por el saneamiento del río. La propuesta de volver a surcarlo fue presentada el año pasado por el Ministerio de Turismo de la Nación ante el Juzgado Federal de Morón, con el acompañamiento del Ente de Turismo de la Ciudad, entre otras instancias estatales.
La propuesta del Gobierno nacional se enmarca en un plan mucho más amplio y ambicioso: la creación de un paseo náutico y circuito turístico entre Quilmes y Tigre. Dentro de ese proyecto, se destaca la necesidad de “facilitar el acceso al circuito sociocultural La Boca e Isla Maciel, enlazadas por el cruce del histórico Puente Transbordador Nicolás Avellaneda”. Para eso, hay que rehabilitar la navegación en esa área.
Ante el pedido del ministerio, el juzgado dio intervención a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), a cargo de ejecutar su saneamiento, para que determine si eso es factible técnica y ambientalmente. Este mes se celebraron las dos audiencias públicas sobre el proyecto. El resultado: posiciones a favor y en contra, incluso dentro del mismo campo vecinal y ambiental.
Uno de los que se oponen es Raúl Estrada Oyuela, presidente de la Academia Argentina de Ciencias Del Ambiente y apoderado de la Asociación de Vecinos de La Boca, una de las organizaciones que integran el Cuerpo Colegiado de ONG que controlan el saneamiento.
“La idea de volver a navegar el Riachuelo es totalmente rechazable mientras, por inacción de Acumar, se mantenga la contaminación. Esta no se redujo a pesar de la sentencia de la Corte de 2008”, señala Estrada Oyuela. Se refiere al fallo que le ordenó a Nación, Ciudad y Provincia sanear la cuenca, al cual todavía le falta mucho para considerarse cumplido.
Para Estrada Oyuela, “solo se han hecho cambios cosméticos, como el retiro de los cascos abandonados en las márgenes, y el césped y los arbolitos en las barrancas de Avellaneda. Pero sigue la descarga de contaminantes industriales y cloacales sin tratamiento”.
“Las obras del Colector Margen Izquierda mandan descargas cloacales porteñas al Río de la Plata, sin tratamiento, para depositar cerca de las tomas de agua de AySA”, agrega Estrada Oyuela.
Se refiere al colector que permitirá transportar las aguas servidas de parte del AMBA y conectará con los caudales de la Cloaca Máxima, que conduce la mayor parte de los líquidos cloacales porteños. Según Acumar, el Colector Margen Izquierda está casi listo pero empezará a ser usado recién en un año, una vez que esté en funcionamiento el Sistema Riachuelo, la ampliación que evitará la contaminación del río por efluentes cloacales.
Para Andrés Nápoli, especialista en Derecho Ambiental y director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), “la propuesta de navegar el Riachuelo obedece únicamente a mostrar algo en la gestión y a allanarle el camino a las grandes areneras que quieren navegarlo”.
“Siempre planteamos la necesidad de control industrial transparente y sistemático, para que las industrias necesariamente cambien sus conductas. Sus resultados deben ser publicados: no se conocen ni los nombres de los que descargan”, remarca Nápoli.

En la otra orilla
A favor de la vuelta de la navegación está, entre otros, el propio Acumar. Su director general de Gestión Política y Social, Antolín Magallanes, aclara que “este es el primer y sensato paso para pensar en la navegación del Riachuelo. Queremos que sea solo de tipo turístico y por el momento únicamente desde el kilómetro cero, en la desembocadura del Río de la Plata, hasta el Puente Transbordador, 600 metros hacia adentro”.
“¿Está contaminado? Sí, pero hay una diferencia a partir de las obras que se vinieron haciendo. Pusimos en valor la ribera, el Puente Transbordador fue recuperado, tenemos un espejo de agua sin la cantidad de sobrenadantes que había. Además, muchos ríos se navegan con ciertos niveles de contaminación, como el Támesis, donde podés pescar y remar, pero no podés nadar”, sostiene Magallanes.
Desde su lugar de experta, la oceanógrafa Marcela Dabas plantea que el Riachuelo sí es navegable. Y lo dice como especialista en Estudios de Diagnóstico y Evaluación Ambiental y Máster en Gestión Ambiental. En 2019 coescribió el Estudio preliminar de la navegabilidad del Riachuelo desde Cuatro Bocas hasta el Mercado Central de Buenos Aires de la Facultad de Ingeniería de la UBA y la Escuela de Graduados en Ingeniería Portuaria.
“Estudié el agua superficial en 2019 y concluí que es mala para la vida acuática pero no tiene una presencia de tóxicos como para que haga daño. No hay chance de que navegando tragues esa agua. No es ski, es navegación, en principio con fines turísticos. A su vez, el transporte por agua tiene mayor eficiencia energética, consume mucho menos combustible que el terrestre”.
Para Dabas también juega un rol clave la cuestión vecinal: “Los que viven cerca de la ribera sienten que les quitaron una parte de su vida cuando suspendieron la navegación. Para todos los demás, también es importante este plan porque recuperamos un recurso y podemos volver a disfrutarlo. Es un paseo lindo”, resalta.
Jorge Zalabeite, asesor de Ambiente del Programa Riachuelo de la Fundación X La Boca, también cree que este río “puede navegarse” y que “sería un gran aporte a la recuperación de las aguas, ya que su actividad las oxigena y crea la situación propicia para su saneamiento”. Eso sí: aclara que la actividad está sujeta a las “restricciones que da la profundidad y las dimensiones de los puentes”.
“Acumar, AySA y el Gobierno de la Ciudad controlan y resuelven las descargas contaminantes detectadas -destaca Zalabeite-. Acumar, con inspecciones y clausuras. AySA, terminando con la construcción del Colector Margen Izquierda, que resolverá todos los vuelcos contaminantes del lado de la la Ciudad de Buenos Aires. El Gobierno de la Ciudad, detectando con robots teledirigidos los vuelcos clandestinos en la cuenca del lado de Capital”.
Ahora resta que el Juzgado Federal de Morón se expida para ver cuál de las posiciones sobre la navegabilidad de la cuenca pesa más. O, en otras palabras, para saber si dar un paseo por un tramo del Riachuelo será parte del futuro cercano o, por el momento, solo una utopía.
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Suelos argentinos, en la lucha contra el cambio climático

Fecha de Publicación: 12/01/2023
Fuente: El Diario de la República
Provincia/Región: Nacional


La Región Pampeana tiene una alta capacidad de almacenar carbono en los perfiles, y para ello hay que implementar estrategias de manejo a fin de aumentar su materia orgánica.
Una de las funciones del suelo que está adquiriendo cada vez más importancia es su capacidad para capturar dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera y almacenarlo como materia orgánica estable. Este fenómeno se conoce como secuestro de carbono. La actual crisis del cambio climático puso en relieve la necesidad de implementar estrategias de mitigación —es decir, de reducción de CO2 en la atmósfera. En este contexto, los suelos cobraron gran relevancia por su capacidad para disminuir el calentamiento global, pero para alcanzar su potencial se requiere mejorar las prácticas de manejo que le permitan almacenar más carbono.
En este sentido, Miguel Taboada, docente de Edafología en la Facultad de Agronomía de la UBA (Fauba), expresó que, pese a que es una amenaza, el cambio climático también presenta una oportunidad para implementar buenas prácticas agrícolas que aumenten la capacidad de los suelos de almacenar carbono y así evitar que la temperatura global siga elevándose. Estos temas fueron abordados en el XXVIII Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo, que tuvo lugar en la Fauba entre el 15 y el 18 de noviembre de 2022.
La capacidad de los suelos para capturar carbono depende de muchos factores, como sus características físicas y químicas y el uso y el manejo que se les da. En la Argentina, los suelos con mayor potencial para mitigar el cambio climático son los de la Región Pampeana. Según Roberto Álvarez, docente de Fertilidad y Fertilizantes en la Fauba, “hasta un metro de profundidad, los suelos pampeanos pueden aumentar su nivel de carbono un 200%; es decir, tres veces su contenido actual. Como tienen una capacidad muy alta para secuestrar carbono, la cuestión es darles el manejo adecuado para que ese potencial se realice”.
No obstante, para ver si efectivamente el manejo aplicado está secuestrando carbono atmosférico es importante considerar la diferencia entre los gases que el suelo emite y captura. En este sentido, Álvarez comentó que si las prácticas implementadas para aumentar la capacidad de captura de carbono del suelo generan más gases que los que se secuestra, no estarían cumpliendo su función de disminuir el calentamiento global. Para que la captura de carbono esté realmente mitigando el cambio climático, tenemos que analizar las prácticas de manejo y medir el balance de entradas y salidas de este elemento”, explicó.
En su conferencia El retorno de los suelos a la agenda global, Taboada expresó que las consecuencias del cambio climático que más afectan los suelos son los llamados eventos extremos. “Fenómenos como las sequías, las inundaciones, los incendios —cada vez más frecuentes en nuestro país— y las tormentas erosivas, que degradan las capas superficiales, amenazan la capacidad de los suelos de producir alimentos. Por eso, uno de los grandes desafíos para la Argentina tiene que ver con implementar estrategias de manejo para evitar la degradación”.
Pero, al mismo tiempo, estas estrategias de manejo también deben aumentar la capacidad de los suelos de secuestrar carbono. Este fue el tema del panel llamado "Presente y futuro de las investigaciones de secuestro de carbono en la Argentina", en el que se conversó cómo las buenas prácticas de manejo pueden aumentar la captura de gases. En especial, se habló sobre el rol que juega la materia orgánica.
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Informe sobre la pesca ilegal china en Argentina: advierten por un saqueo que podría agotar la presencia de especies

Fecha de Publicación: 11/01/2023
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


El país asiático no sanciona a aquellos barcos que rompen el límite de la milla 200 y entran en las aguas nacionales. Las características del suelo marítimo en esa zona permiten técnicas sencillas para capturar calamares, poniendo en peligro a su población
A pesar de los múltiples reclamos internacionales y del trabajo de la Armada para intentar evitarlo, cientos de buques chinos continúan pescando ilegalmente en el mar argentino y su accionar representa un saqueo que podría agotar la presencia del calamar dientuso en la zona.
Así lo revela un informe publicado por el sitio InSight Crime, que forma parte de una serie de reportes sobre la pesca no reglamentada, que se elaboró en conjunto con el Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la Universidad Americana (CLALS).
El estudio da cuenta de la actividad que los barcos del país asiático realizan a unas 201 millas marítimas de la costa, en el límite de la línea de Zona Económica Exclusiva (ZEE), donde es territorio de aguas internacionales y capturan toneladas de calamar.
Sin embargo, tal como detalló Infobae en varias oportunidades, cientos de estos navíos utilizan diferentes maniobras para traspasar ese límite y continuar pescando más allá del área permitida, sin que las autoridades chinas implementen ninguna sanción efectiva hasta el momento.
“Muchos hablan de una ciudad flotante, pero por el ruido y las luces yo la veo más como un juego de aspiradoras dentro de una máquina gigante”, explicó al mencionado medio un experto pesquero argentino que pidió permanecer en el anonimato por su trabajo en el sector.
De acuerdo con Daniel Coluccio, jefe del Observatorio Marítimo Naval de Argentina, “más allá de la milla 200 no hay control” y estos barcos aprovechan para pescar allí “lo que pueden día y noche”, por lo que consideró que “en algún momento el recurso va a disminuir”.
En este sentido, el especialista comentó que, por ejemplo, cuando escucha la radio en el mar, le llega una gran variedad de idiomas: portugués, ruso y, sobre todo, chino. “Realmente uno no sabría si estás a 300 kilómetros de Argentina o a 300 kilómetros de China”, señaló.
En esta misma línea, el informe también cita un estudio de la ONG Oceana, que indica que la mitad de las capturas mundiales de calamar dientuso provienen de aguas argentinas, por lo que la pesca ilegal podría estar afectando a su población.
Al respecto, advirtieron que, sumado a que esta especie tiene un ciclo de vida muy corto, la sobreexplotación de sus ejemplares más jóvenes podría hacer que su presencia en esta zona disminuya o incluso que se agote.
Por otra parte, Coluccio detalló que la extensa plataforma marina de la Argentina proporciona zonas de alimentación fértiles para la vida debajo del agua y, además, tiene una profundidad relativamente poco profunda de 200 metros.
En este lugar, donde suele haber grandes cantidades de plancton, prosperan el bacalao del sur, también conocido como merluza negra, la langosta, el calamar y otras valiosas especies.
Además, esta condición facilita el trabajo de los buques, que pueden utilizar métodos fáciles para atrapar a los peces: “Nadie pescaría con una red de arrastre a 5.000, 6.000 metros, pero a 200, 250 metros, sí”, dijo Coluccio.
Asimismo, el portal detalló que estos navíos apagan regularmente sus sistemas de identificación automática (AIS), que transmiten la identidad y la posición, para así poder ingresar a la ZEE argentina si ser detectados ni dejar rastros, lo cual es ilegal.
Según datos de Oceana, basados en registros satelitales, alrededor de 433 embarcaciones con bandera china pescaron entre enero de 2018 y abril de 2021 durante 679.067 horas a lo largo de ese límite y desaparecieron de los sistemas de rastreo más de 4.000 veces.
“Argentina simplemente no puede vigilarlo”, lamentó Coluccio a InSight Crime, que también recordó algunos episodios en los que la Armada intentó interceptar a algunos de estos infractores e incluso tuvo que disparar contra ellos por la negativa de estos de acatar las órdenes.
“No hay autoridad para aplicar porque no hay ley, no hay límites claros. El vacío legal da lugar a un montón de barcos sin escrúpulos y sin ningún tipo de seguimiento, especialmente chinos, que hacen lo que quieren”, cuestionó el Dr. Rodolfo Werner, asesor principal de Argentina para la Coalición Antártica y del Océano Austral, una alianza internacional de organizaciones que trabajan en la conservación de las especies.
Por su parte, según publicó InSight Crime, las autoridades chinas son conocidas por no vigilar la flota de su país que opera en aguas distantes, a pesar de que la ley marítima internacional dice que deben hacerlo, y solamente afirmó imponer sanciones y normas más estrictas, endureciendo los requisitos de informes de transbordo y prohibiendo la pesca de calamar fuera de temporada, lo cual no se estaría cumpliendo.
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