Comunidad indígena de Catamarca resiste la explotación minera

Fecha de Publicación: 22/06/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Catamarca


El conflicto entre la empresa minera Elevado Gold y la Comunidad Indígena de Peñas Negras en la puna catamarqueña llegó a su punto más álgido en estos últimos días. Desde hace meses la empresa, en complicidad con el Gobierno provincial, pretende ingresar al territorio comunitario para efectuar estudios de prospección pese a no contar con el consentimiento de la Comunidad. Lo que dio lugar a múltiples hechos de violencia en los que se han desconocido y vulnerado los derechos indígenas. Hace 10 días, se organizó una expedición integrada por geólogos y efectivos de la policía provincial para subir al cerro y desde entonces las familias encuentran sosteniendo una ronda comunitaria frente al campamento minero.
El conflicto lleva meses y se va agudizando cada vez más, sin que el Gobierno provincial tome cartas en el asunto para garantizar que se resguarden los derechos indígenas. Al contrario, la posición del Gobierno, como sostuvo el Ministro de Gobierno Jorge Moreno el pasado 28/5 en reunión con la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Belén, es que los estudios de exploración tienen que hacerse “para recién después hacer la consulta” y que la minería está fuera de discusión.
El 13/5, la Comunidad de Peñas Negras presentó un escrito a través de su abogada Andrea Morales Leanza al Ministro de Minería Marcelo Murúa, con copia al Gobernador, solicitando se revoque el permiso concedido a las empresas mineras Millaray S.A. (concesionaria) y Elevado Gold S.A. (operador), otorgando la “ampliación de plazos para la realización de actividades prospectivas no invasivas en el área del Proyecto Minero Alto del Mulato”, observando que no se estaba respetando el “derecho constitucional a la consulta previa, libre e informada” y que se estaba perturbando el modo de vida comunitario. Petición que a la fecha no tiene respuesta. De hecho, en una reunión anterior que tuvo lugar el 20/3/2021 con la Secretaria de Desarrollo Minero Olga Teresita Regalado, los Caciques de la Unión Diaguita sostuvieron que la minería “es incompatible con la cría de la hacienda y que no se permiten actividades mineras en territorios indígenas”. Pero lo mismo la empresa minera se introdujo con la complicidad del Estado, generando un conflicto interno en la Comunidad de Aguas Calientes que tuvo como resultado la fisión de la misma en una nueva comunidad, la Comunidad de Peñas Negras.
Representantes de la empresa Elevado Gold, Jorge Granillo, Bernardo Perisek y un tal Mario “el Chileno”, en complot con Honorato Casimiro, Cacique de Aguas Calientes, y la familia Pachado (familia terrateniente de la región y denunciada por múltiples violaciones a los derechos humanos), trataron de ingresar por la fuerza a Peñas Negras, desconociendo a la nueva comunidad y amenazando con “hacer detener” a los comuneros, según consta en la denuncia hecha ante fiscalía de Belén por el Cacique de la Comunidad de Peñas Negras, Sebastián Gutiérrez, los primeros días de diciembre del año pasado (Expte. Letra G 030/21). Sin embargo, la fiscal de Belén, Marina Villagra, ordenó detener al Cacique Sebastián el 9/12/2021 por supuestas amenazas, imputándolo penalmente a él y a otras comuneras que habrían cerrado el paso a los mineros. Mientras, las denuncias hechas por el Cacique Sebastián en diciembre y en el pasado mes de febrero ante los continuos hostigamientos que sufren desde hace meses, no han merecido ninguna medida por parte de la fiscal.
Por otro lado el Gobernador Raúl Jalil estuvo al tanto de los hechos y no sólo no tomó ninguna medida para garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada, sino que incluso durante el acto del 23/5 trató de presentar oficialmente el proyecto minero Alto El Mulato sabiendo que el mismo no contaba con el consentimiento comunitario. Es decir que, tanto la fiscal como el Gobierno se niegan a reconocer los derechos indígenas en nombre de los intereses económicos de la empresa y de una razón de Estado: la minería como destino manifiesto al que tienen que sujetarse las poblaciones y territorios de nuestra provincia, con lo que la Constitución y las Leyes estarían por debajo del Código de Minería. Hoy, pues, ninguna institución del Estado provincial vela por los derechos de la Comunidad, ni la reconoce como sujeto de derecho.
Como dice Martín, comunero de Peñas Negras: “…nos sentimos mal que el gobierno desconozca que nosotros como comuneros estamos defendiendo nuestros derechos, nuestros recursos, no sé por qué el Gobierno no nos escucha, por qué nos toma como que no somos nada, como que no existimos… (…)
 "Queremos que la empresa minera se vaya, por favor lo pedimos, que se vayan urgente, ya hace seis meses que vivimos mal, muy mal. Queremos que el gobierno nos defienda, duele tanto que el gobierno esté a la contra de nosotros, comuneros de Peñas Negras, es triste lo que estamos viviendo desde hace seis meses”.
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En Rafaela quieren autorizar fumigaciones a 50 metros de escuelas y viviendas

Fecha de Publicación: 22/06/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Santa Fe


La ciudad de Rafaela, en el centro-oeste de Santa Fe, cuenta con dos figuras políticas fuertes: el juez de la Corte Suprema y especialista en derecho ambiental, Ricardo Lorenzetti, y el gobernador, Omar Perotti. De la misma ciudad es el ingeniero químico Horacio Beldomenico, quien realizó un detallado informe donde recopila 400 estudios científicos que confirman el efecto en la salud y el ambiente de los agrotóxicos del agronegocio. Vecinos y vecinas de Rafaela están movilizados porque el Municipio está cerca de autorizar fumigaciones a solo 50 metros de viviendas y escuelas.
El juez Lorenzetti vive en el barrio Brigadier López de Rafaela, lindero al aeródromo municipal, donde además de aviones se dejan ver tierras destinadas al cultivo de soja, fumigadas con agrotóxicos. En el mismo barrio se encuentra la planta potabilizadora, que provee de agua a buena parte de la ciudad. En el otro extremo de Rafaela están los barrios Barranquitas, Mora, Virgen del Rosario y Monseñor Zaspe, que también sufre las fumigaciones con glifosato, atrazina y 2-4D.
La localidad contaba con una ordenanza de 2003 (con decreto reglamentario de 2008) que limitaba a 200 metros las fumigaciones, pero en diciembre de 2021 --en sintonía con los pedidos de la Sociedad Rural, sectores del agronegocio del INTA y otros grandes productores-- los concejales de Rafaela aprobaron una la Ordenanza 5331, que reduce a solo 50 metros las distancias. Se trata de una medida "regresiva", considerada inconstitucional porque las nuevas normativas no pueden reducir las medidas de protección previas.
Horacio Beldomenico es ingeniero químico, director del Programa de Investigación y Análisis de Residuos y Contaminantes Químicos (Universidad del Litoral) y estudia el efecto de los químicos desde inicios de la década del 80. Publicó a fines de 2021 una sistematización de más de 400 investigaciones e informes recientes sobre el uso de agrotóxicos. “Impacto de los plaguicidas en los alimentos, el ambiente y la salud en Argentina. Revisión bibliográfica y propuestas superadoras”, es el título del trabajo, de 106 páginas.
Confirma la presencia de glifosato en aguas superficiales, subterráneas e incluso en agua de lluvia en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Alerta por la presencia del herbicida en alimentos de consumo masivo (frutas y verduras) y denuncia la presencia del insecticida clorpirifós en cereales para niños. “Le estamos dando a bebés un neurotóxico muy potente en alimentos”, alerta Beldomenico.
Y recuerda una crítica que lleva décadas y nunca fue atendida por el Senasa (Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) ni ningún otro organismo de agro, ambiente o salud de Argentina. Al momento de medir la peligrosidad de un agroquímico el Estado argentino utiliza la llamada "dosis letal 50 (DL50)", que solo mide el efecto agudo y qué dosis de plaguicida mata al 50 por ciento de animales de experimentación. Los organismos estatales de control no tiene en cuenta el efecto crónico: cómo afecta un agrotóxico a la salud en pequeñas dosis a mediano y largo plazo. "Las empresas de agroquímicos, y esa forma de producción, están experimentando con nosotros, con la población", denuncia.
"No hay dudas de lo perjudicial para la salud que es este modelo con agroquímicos. La ciencia seria, no empresaria, ya lo confirmó", asegura Beldomenico. Explica que se deben contemplar tres pilares: ambiente, salud y producción. "En Argentina solo miran la producción que genera dólares. El Estado debiera preocuparse por la salud y el ambiente, pero es parte interesada del negocio, está cooptada por las empresas del agro", resume.
"Rafaela sin venenos, por la agroecología", es el nombre del colectivo de vecinos, vecinas y organizaciones que se conformó para exigir al intendente Luis Castellano --aliado del gobernador Perotti-- y al Concejo Municipal la derogación de la Ordenanza 5331. Alertan que la cuestionada normativa, suspendida por el decreto municipal 52.670, podría entrar en vigencia a fines de este mes. "Esto implicaría un grave retroceso en la protección de la salud de la población y del ambiente en la ciudad", afirman desde el colectivo y llaman a firmar un petitorio virtual.
También reclaman extender la protección a la salud. Explican que los 200 metros establecidos en 2008 "están completamente desactualizado" porque en los últimos 14 años se conocieron cientos de estudios científicos que demuestran los graves impactos de los agrotóxicos en la salud y el ambiente. Y precisan numerosos fallos judiciales que priorizan la salud de las personas por sobre los negocios: "La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ratificó en noviembre de 2021 la distancia de 1000 metros sin fumigaciones en la localidad de Zenón Pereyra". La misma distancia que precisa Beldomenico en su estudio.
Los vecinos también remarcan que en esas hectáreas sin fumigaciones se podrá producir de forma agroecológica y exigen que se suspendan los cultivos con uso de agrotóxicos en el aeródromo local (propiedad del Municipio), que fumiga con venenos a los barrios del sur de la ciudad. "Es urgente que la Municipalidad de Rafaela cumpla con el artículo 41 de la Constitucional Nacional, con el principio de no regresión y con el principio precautorio presente en la Ley General del Ambiente. ¡La salud no se negocia! ¡Por una ciudad sin venenos y con agroecología!", destaca el comunicado de Rafaela Sin Venenos.
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UPM-Botnia: Se realizó la audiencia pública, convocada por el juez Viri

Fecha de Publicación: 21/06/2022
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos


El Juzgado Federal de Gualeguaychú a cargo del Dr. Hernán Viri, convocó a participar de la audiencia pública abierta este jueves a las 11 h en el Centro de Convenciones, Estrada 1080. Fueron citados todos los actores involucrados en la denuncia a las pasteras de Uruguay.
Quien expuso en primer lugar fue el expresidente de la delegación Argentina ante la CARU, ing. Hernán Orduna, que puso a disposición de la causa una copia en soporte papel de 6 biblioratos con información sobre lo expuesto ante el juzgado de C del Uruguay, del Juez federal Dr. Seró en el año 2016. Denunció obstaculizaciones constantes por parte de la DiNaMa, que impiden sacar conclusiones para “poder comparar y medir la influencia de contaminantes de la planta industrial” y afirmó que UPM “no solo contamina, sino que es contínua”.
En segundo lugar, por parte de la  Policía Federal, el comisario y químico Sr Alberto R. Candia, se refirió a los lugares precisos donde se tomaron, para el informe presentado en el expediente,  nueve muestras sólidas y líquidas y de cuyos resultados, expresó “no se obtuvieron valores por encima de la tabla”.
Luego habló la directora de laboratorio del Ministerio de Ambiente de Provincia de Buenos Aires, Silvina Ambrosio, quien expresó que,  aún con equipamiento muy sofisticado, es complejo poder lograr una medición cuantificable  y planteó un monitoreo de 24 hs, para poder captar todo el aporte de la pastera en ese período. También aportó al Juez Federal Dr. Viri, la posible fecha  de medición -siempre que se den las condiciones de vientos favorables- para la toma de muestra en aire, programada para la semana próxima.
En cuarto lugar expuso el Dr. Jorge Etcharrán, quien planteó la importancia de obtener mediciones: “lo fundamental sería tener valores de emisión de la empresa Botnia” y la posibilidad de modificar la estación EPA  que, afirmó “que dejó de tomar medidas en 2014”.
 A continuación, la secretaria de Ambiente por la provincia de Entre Ríos, Daniela García, explicó cómo se realizaron los muestreos de calidad de agua que se llevaron a Canadá. “Hasta diciembre de 2019 se publicaron los resultados de estos muestreos, que en general no indican contaminación” expresó. Relató, también, la preocupación por la invasión del lugar del muestreo, ya que se cedieron esos lotes para viviendas de peones de la zona.
El fiscal federal del circuito, Dr. Pedro Rebollo declaró que se ha modificado lo que comenzó como una denuncia de tentativa de contaminación por parte de la pastera Botnia :”hoy el objeto cambió, lo que se investiga es una contaminación consumada”.  Recalcó que en el marco del expediente es que se van a pedir medidas y expuso una cita de la SCJN en el fallo Mendoza que, según sus palabras “hace a nuestra cuestión”, sobre la tutela del ambiente.
El séptimo disertante, Dr. Carlos Goldaracena, representante de la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú, realizó un resumen de la contaminación provocada por la empresa pastera, expuso que en 2009 un informe presentado en La Haya por el Dr. Colombo “ya había detectado aumento de hierro y otros compuestos orgánicos” y otras anomalías como fósforo elevado en almejas y sábalos, y puso a disposición del juez el material detallado de la presentación del Dr. Colombo antes mencionada. Asimismo denunció, durante los últimos minutos de su exposición que “no se puede hacer un control ambiental correcto de una empresa de semejante envergadura si solamente pueden entrar dos científicos argentinos para las tomas de muestras y avisando con 10 días de anterioridad” y  expresó que solo se puede saber si existe contaminación realizando tres tipos de monitoreo: químico, biológico, y la evaluación toxicológica: “ De esta manera y relacionando estos tres ítems uno puede decir si una planta contamina”.
Por último habló  el presidente municipal Dr. Esteban M. Piaggio, quien resaltó la importancia de poder ejercer los derechos colectivos y la soberanía de un pueblo y destacó : “ que en un juzgado con asiento en nuestra ciudad se  impulsen, mediante esta audiencia,  nuevas medidas de pruebas, revaluar todo lo que ha sucedido interpelando e investigando a los responsables de la contaminación es un hecho inédito y que renueva las esperanzas.”
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Libertad Avanza, la única fuerza que votó en contra de los parques nacionales

Fecha de Publicación: 21/06/2022
Fuente: La Nueva Mañana
Provincia/Región: Nacional


El espacio autodenominado "libertario" fue el único que no dio aval en Diputados para Ansenuza y otras áreas protegidas. Milei, de gira.
La diputada nacional Victoria Villarruel, de Libertad Avanza -el partido de Javier Milei- fue la única legisladora de todo el cuerpo votó en contra de la creación y ampliación de varios parques nacionales, en tanto que el propio economista libertario no participó de la sesión en la que se aprobó como tema central un alivio fiscal para monotributistas y autónomos.
Milei no participó de la sesión de este jueves, ya que se encuentra en Colombia para dar una charla en Bogotá junto a Eduardo Bolsonaro y José Antonio Kast y apoyar al candidato presidencial de la derecha de ese país, Rodolfo Hernández.
"Estoy a favor de proteger nuestros recursos, flora y fauna pero NO lo estoy para crear zonas donde el Estado NO ejerce la soberanía, NO protege ni avala a los guardaparques y fortalece cajas", escribió Villarruel, defensora pública de genocidas, en su cuenta de Twitter, al fundamentar su rechazo.
El plenario legislativo aprobó por 193 votos y uno negativo la ampliación del Parque Nacional Pre Delta, mientras que la creación, del Parque Reserva Nacional Ansenuza en Córdoba, y la del Parque Nacional en Islote Lobos en Río Negro, se sancionó por 195 sufragios contra 1.
El único voto negativo correspondió a Victoria Villarruel.
En tanto, la ausencia de Milei en el recinto fue cuestionada por varios legisladores como Leandro Santoro (Frente de Todos) que afirmó: "Los libertarios que se la pasaron todo el año diciendo que el Estado tenía que hacer una reducción impositiva, no vinieron a trabajar".
También, desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman tuiteó, junto a una foto con la imagen de la butaca vacía de Milei: "La vagancia avanza".
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Minería: crece la polémica por un supuesto derrame de Barrick

Fecha de Publicación: 20/06/2022
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: San Juan


Un consultor del municipio de Jáchal, de San Juan, asegura que no hay resultados concluyentes. La minera canadiense insiste en que la calidad del agua no ha cambiado en la zona evaluada.
Esta semana, el pueblo de Jáchal volvió a tener presencia en los medios nacionales. Es que desde la Asamblea “Jáchal no se toca” denunciaron que los estudios realizados periódicamente por la Facultad de Ingeniería de la UNCuyo arrojaron que, en febrero de este año, en uno de los puntos de muestra se encontraron niveles altos de mercurio, superiores a los del derrame de 2015 en Veladero (la multinacional canadiense, Barrick Gold, vertió un millón de litros de agua contaminada). Sin embargo, desde el Gobierno de San Juan aseguran que esto se debe a que, por las lluvias, no se pudo llegar al punto habitual de muestreo y se optó por otro, donde confluyen dos ríos, uno de los cuales tiene un alto contenido natural de este compuesto.
También desde Barrick Gold destacan que los puntos de monitoreo en los que basan esta afirmación se encuentran a unos 200 kilómetros aguas abajo de la mina y señalan que “el propio programa de monitoreo de Veladero, que presenta los resultados de la calidad del agua a los organismos reguladores todos los meses, no muestra cambios en la calidad del agua”.
Así mismo, sostienen que sus propios equipos de investigación obtuvieron resultados que muestran que los niveles de mercurio están “por debajo de los límites de detección de laboratorio y dentro de la normativa”.

El punto de conflicto
Para entender mejor el conflicto, se debe retomar lo ocurrido días atrás. La preocupación por parte de un grupo de habitantes de la localidad sanjuanina de Jáchal surge a partir de los resultados diferentes que arrojan dos estudios, uno de ellos realizado por la UNCuyo y otro por la Universidad Católica de Cuyo, con las mismas muestras. En el primer caso, se señala que, en dos puntos de muestreo, en el río La Palca y el río Blanco, se encontró presencia de diversos metales -aluminio, manganeso, níquel, plomo y mercurio, entre otros- por sobre lo recomendado por ciertos organismos de referencia, como la Organización Mundial de la Salud y el Código Alimentario Argentino.
Mientras que el realizado por la Universidad Católica de Cuyo y el Laboratorio del Cipcami (Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero Industrial) plantea que, en los mismos puntos de muestreo, “comparado los resultados obtenidos con los valores mínimos y máximos de línea de base de los históricos del río Jáchal, del Ministerio de Minería de San Juan, los resultados se encuentran dentro del rango de variación natural del río Jáchal y no se han superado sus valores históricos”.

Control riguroso
Desde setiembre de 2015, cuando se filtró alrededor de un millón de litros de solución cianurada proveniente de la mina Veladero a la cuenca del río Jáchal, el municipio decidió realizar controles periódicos por parte de la UNCuyo y de la Universidad Católica de Cuyo. Se acordaron 13 puntos de muestreo, algunos en ríos y otros en escuelas y diversos sitios urbanos.
Lo cierto es que en febrero de este año, cuando se tomaron las muestras, producto de la creciente de los ríos por las lluvias, no se pudo llegar a dos de los sitios. En uno no se tomaron muestras y en otro, se modificó el punto y, en lugar de tomar el río La Palca antes de unirse con el Blanco, se tomó en la confluencia de ambos, en el badén de La Chigua.
Desde el Gobierno de San Juan sostienen que el río Blanco, que viene desde La Rioja, tiene mercurio en su composición natural, pero resaltan que este metal no se encontró cuando se filtró el agua para un análisis posterior, lo que evidencia que no se trata de mercurio soluble, producto de la actividad minera.

El análisos técnico
El consultor ambiental contratado por el municipio, Miguel Mas, explicó que la cordillera es de origen volcánico y que hay muchos metales y compuestos químicos, solubles e insolubles, en los ríos. En el caso del mercurio que está en la cuenca de manera natural, señaló que es estable y una partícula inerte, que no causa perjuicio en la salud. En cambio, cuando se trata de una solución cianurada, como la que se utiliza en la minería, la mezcla de cianuro con mercurio lo torna soluble, por lo que pasa a la sangre y sí es perjudicial.
Por ser febrero un mes de lluvias en San Juan, no pudieron tomar, como se suele hacer, muestras en el río La Palca y el río Blanco por separado, sino en un punto 60 kilómetros más al sur, donde ambos ríos se unen. Mas resaltó que este nuevo sitio, en el badén de La Chigua, no tiene línea base, ya que, durante siete años, los muestreos de los ríos se han hecho en un mismo punto, que se tuvo que modificar en esta medición.
Pero, sobre todo, resaltó que “el mercurio que se midió es total y no soluble”. Asimismo, detalló que, “cuando hay un derrame, el mercurio lixivia”. Esto significa que, como tiene un poder de extracción tan fuerte -razón por la que se usa en la minería-, va arrastrando otra serie de minerales y metales, por lo que se alteran diversos parámetros en la medición y no uno solo.
Por otro lado, el ingeniero químico contó que otra solución que puede escapar es la de cianuro de zinc, y que, con las turbulencias de los ríos de alta montaña, desaparece pronto el cianuro, pero se hubiera notado la presencia de zinc; algo que no se vio. Mas acotó que la cuenca del río Jáchal es, de por sí, de baja calidad, con alta presencia de arsénico y boro.
Por su parte, Saúl Zeballos, de la Asamblea “Jáchal no se toca”, recordó que, luego del derrame de cianuro y mercurio del 13 de setiembre de 2015, el pico de contaminación en el río La Palca se produjo dos días después, cuando se detectaron 0,0012 miligramos de mercurio total y 0,086 miligramos de cianuro total por litro de agua.
En tanto, el 15 de febrero de este año, el muestreo arrojó la presencia de 0,0033 miligramos de mercurio total. Y si bien reconoce que no hubo niveles preocupantes de cianuro, en 2015 se conoció, cuando la abogada de la empresa Barrick Gold presentó un escrito ante el Defensor del Pueblo de San Juan y la Justicia provincial, que se había utilizado hipoclorito de sodio para neutralizar el contenido de cianuro. De hecho, el 16 de setiembre de ese año, en el badén de La Chigua, sólo se detectó mercurio -que no se puede degradar- pero ya no cianuro.
Por eso, resaltó que, para ellos, el elemento determinante para poder detectar si se produjo un derrame es la presencia de mercurio. Por otra parte, recordó que “en los tres derrames anteriores confirmados en Veladero -el del 13 de setiembre de 2015, el del 8 de setiembre de 2016 y el del 28 de marzo de 2017- la primera reacción por parte de la empresa Barrick Gold y del gobierno sanjuanino, cuando comenzaron los trascendidos, fue negar la información”.
Zeballos sumó que, si bien el río Blanco siempre ha traído arsénico y boro, la línea de base del Cipcami, del 2004 al 2010, muestra que ni en ese río ni en el La Palca ha habido esos niveles de mercurio. Y expresó que, aunque en el centro de Jáchal beben agua que proviene de otra cuenca, aún beben del río Jáchal (que nace de la confluencia de los otros dos) en los puestos rurales y se utiliza para la producción agropecuaria, siendo que el mercurio pasa a los alimentos y a quienes los consumen.
Este último punto será central en la resolución del conflicto, debido al impacto económico que un supuesto derrame podría tener en la zona productiva.
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El parque solar del fin del mundo ya tiene sus primeros paneles montados   

Fecha de Publicación: 20/06/2022
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén


Se trata del complejo El Alamito, ubicado en el norte de la provincia de Neuquén. En total contará con 2.200 paneles. Esperan que comience a inyectar energía a fines de septiembre.
Con la Cordillera del Viento como telón de fondo, los primeros paneles del futuro parque solar El Alamito, el proyecto fotovoltaico más austral del continente, ya están colocados y se avanza a buen ritmo para que el complejo neuquino comience a inyectar su energía verde a fines de septiembre.
Los trabajos de montaje de los primeros paneles solares comenzaron hace pocos días, una vez que se finalizó con gran parte del trabajo de suelo y la construcción de las bases donde se montarán los paneles.
En total, el parque El Alamito, tendrá en esta primera etapa 2.200 paneles de tipo bifaciales, que consisten en placas de doble cara diseñadas para producir energía solar a través tanto de su cara superior como de la inferior.
El parque solar está emplazado a la vera de la Ruta Provincial 43, a pocos kilómetros de la localidad de Chos Malal. La disposición de los paneles en forma inclinada y su característica bifacial, apuntan a lograr la mayor captación de energía solar a lo largo de todo el año.
Es por esto que la primera sección de paneles arranca a una altura de más de 40 centímetros del suelo para finalizar a una altura de 3,25 metros, en un desarrollo que será visible para quienes transiten por la ruta.
Este es el primer parque solar de Neuquén, es desarrollado por la Agencia de Inversiones de Neuquén (ADI-NQN) un organismo del estado provincial y tiene la particularidad adicional de que el cliente de la energía que se generará en esta primera fase (1 MW) será el Poder Judicial de Neuquén.
De acuerdo a las autoridades de la ADI-NQN se espera que el próximo 28 de julio se termine el montaje de paneles y que a partir del 28 de septiembre comience la venta de la energía.
El gobernador, Omar Gutiérrez, destacó la iniciativa porque pone a Neuquén “como una de las pocas provincias que está desarrollando energía limpia, renovable y no contaminante”. Y reiteró que el emprendimiento “forma de parte de la ampliación de la matriz energética y económica que permite generar trabajo y desarrollo social” en la provincia.
La construcción del parque fue financiada en su primera etapa con fondos resultantes de la venta del proyecto de ingeniería por parte de ADI NQN en el parque eólico Vientos Neuquinos I, en Bajada Colorada y demandó una inversión de 1,3 millones de dólares.
Una vez en operación, el parque solar será dirigido por una mujer y se operará mediante un organismo provincial (ADI-NQN), transportará su energía en la red eléctrica provincial del EPEN, para que sea consumida por otro organismo provincial, en este caso, el Poder Judicial neuquino.

Detalles del parque solar del fin del mundo
Las obras del parque contemplan una playa de maniobra y transformación de tensión de última generación, que quedará en propiedad del EPEN, para abastecer el consumo eléctrico del paraje El Alamito y cubrir hasta 7 veces su consumo actual de energía.
También tendrá una planta piloto de investigación, con fines científicos como es el caso del trabajo con universidades e institutos como el INTA, INTI y Balseiro entre otros muchos organismos.
En este sentido se informó que se podría obtener información tal como datos meteorológicos certificados y homologados de la zona; radiación para generar proyectos en diferentes zonas de la provincia; estudios in situ de la producción energética real de la provincia; generador de hidrógeno verde por deshumidificación de aire, entre otros servicios.
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Nuevos parques nacionales: se aprobó la creación de Islote Lobos   

Fecha de Publicación: 18/06/2022
Fuente: Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


El Congreso nacional sancionó la ley de conformación del área protegida, que se convirtió en el segundo parque nacional en Río Negro y el número 40 en el país.
Nuevos parques nacionales: se aprobó la creación de Islote Lobos El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, acompañado por la vicepresidenta de la Administración de Parques Nacionales (APN), Natalia Jauri, presenció la sesión de la Cámara de Diputados en la que obtuvo sanción definitiva el proyecto de ley que crea el Parque Nacional Islote Lobos, ubicado sobre el golfo San Matías en la costa atlántica de la provincia de Río Negro. De esta manera, avanza la creación y ampliación de áreas protegidas, impulsadas por la cartera ambiental y la APN.
Luego de la sanción, el ministro Juan Cabandié expresó: “Es una inmensa alegría que todas y todos los argentinos podamos tener un nuevo parque nacional. La creación de áreas protegidas es uno de los grandes objetivos que nos propusimos en nuestra gestión porque son, sin lugar a duda, una herramienta fundamental en la lucha contra el cambio climático”.
Asimismo, Cabandié resaltó: “Seguimos avanzando en este sentido, hay varios proyectos para la creación de nuevos parques que cada vez están más cerca de concretarse, como es el caso de Ansenuza, en Córdoba, Laguna el Palmar, en Chaco, el Área Marina Protegida Bentónica Agujero Azul, la ampliación del Parque Nacional Aconquija y del Parque Nacional Pre- Delta, entre otros”.
Por su parte, el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Lautaro Erratchu, destacó: “Celebramos el logro de un trabajo conjunto que venimos desarrollando desde hace tiempo con los legisladores, con la provincia de Rio Negro, con la comunidad de Sierra Grande y con el equipo de técnicos y guardaparques de la APN”.
“Además de ser un organismo de conservación, Parques Nacionales tiene un rol muy importante en el desarrollo de las economías regionales, trabajando con los pobladores que viven en las áreas protegidas e impulsando fuertemente la actividad turística: el turismo de naturaleza es cada vez más demandado y en este sentido creemos que Parques Nacionales está a la altura de liderar esta actividad”, finalizó Erratchu.
Con la creación de Islote Lobos, que contaba con media sanción por parte del Senado, la Patagonia tendrá una nueva área protegida. Este parque nacional, que es el segundo de la provincia de Río Negro, tiene una superficie de casi 20.000 hectáreas y alberga una rica biodiversidad.
El Área Natural Protegida Complejo Islote Lobos, ubicada al norte del balneario de Playas Doradas, fue creada en 1977 con el propósito de conservar los ambientes sumamente sensibles allí presentes. La misma cuenta con una notable biodiversidad debido a la importante concentración de colonias reproductivas de diferentes especies de aves marinas y costeras, incluyendo migratorias, además de conservar una alta calidad paisajística y un valioso registro arqueológico.
Entre sus singularidades se destacan la colonia de pingüinos de magallanes (Spheniscus magellanicus) más septentrional en el mundo y una importante colonia reproductiva de lobo marino de un pelo (Otaria lavescens). A su vez, alberga una variada fauna continental que incluye guanacos, zorros y peludos, entre otros.
La concreción de este nuevo parque nacional contribuirá al desarrollo económico de la región y de sus habitantes al ampliar el espectro de actividades comerciales, turísticas y de servicios en una iniciativa de desarrollo turístico integral, que permite convocar al público a vivir experiencias únicas al sureste de Río Negro, respetando sus singulares valores naturales y culturales y colaborando con su protección.
Asimismo, en la sesión de Diputados se dio media sanción a la creación de la Reserva y Parque Nacional Ansenuza, en la provincia de Córdoba, y a la ampliación del Parque Nacional Pre-delta, en la provincia de Entre Ríos. Con la reciente aprobación de la Cámara baja, ambos proyectos de ley pasarán al Senado.
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Inspeccionan ingenios azucareros de Tucumán

Fecha de Publicación: 18/06/2022
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán


Comenzó la 2da Inspección Anual a Industrias Sucroalcoholeras de Tucumán, primera parada de la comisión 1 de un total de 3, en Ingenio Santa Bárbara. Se inspeccionarán un total de 10 ingenios.
La inspección se enmarca en el acuerdo, suscripto el 30 de diciembre de 2011, por el que, el gobierno de Tucumán y, en especial, los empresarios, se comprometieron a la reconversión de sus industrias: vinaza cero, ceniza cero y recuperación de agua de lavado de caña. Ello, más el control permanente y tripartito, de Santiago del Estero, Tucumán y Nación, bajo la observancia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, permitió la recuperación de la cuenca Sali-Dulce.
Todo, producto de una decidida acción y gestión del gobierno de la provincia, en ese entonces a cargo del Gobernador, Dr. Gerardo Zamora, que planteó, con Fiscalía de Estado y la Defensoría del Pueblo, un amparo ambiental constitucionalizado contra el gobierno de Tucumán, en defensa del embalse de Río Hondo.
El acuerdo suscripto contempló además de la inspección periódica a las industrias, y el monitoreo permanente de efluentes industriales en los afluentes de la cuenca, durante los 365 días del año, durante ya más de 10 años, con los resultados que actualmente se observan en la cuenca. A la fecha no se ha alcanzado el tratamiento definitivo de los desechos industriales objeto del Acta Acuerdo. El control sobre las actividades industriales debe dar un salto cualitativo y avanzar hacia un control efectivo y permanente de todo efluente de origen industrial, frutihorticolas, frigoríficos, sin dejar de lado el que corresponde a la planta de tratamiento, líquidos cloacales.
Inspección con la participación de la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero y Ministerio del Agua, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y la SEMA, Tucumán.
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Megaminería polémica en San Juan: denuncian un nuevo derrame, pero Barrick y Uñac lo niegan

Fecha de Publicación: 17/06/2022
Fuente: Clarín
Provincia/Región: San Juan


Asambleístas de Jáchal advirtieron que la Universidad Nacional de Cuyo midió niveles de metales en el agua más altos que en el derrame de 2015. Para la Católica de Cuyo, “no hay evidencia”.
Hace casi siete años, el pueblo de Jáchal, en San Juan, sufrió un derrame de la mina Veladero. Corría el año 2015 y aquel fue considerado el peor desastre ambiental producido por una minera, por el que hay un juicio pendiente. Vecinos de Jáchal luego insistieron con que la mina, administrada por Barrick Gold, había tenido otros derrames. Ahora aseguran que el último fue este año.
En Jáchal, a 137 kilómetros de la capital sanjuanina, viven poco más de 20 mil personas: la mitad en el casco céntrico y el resto en la zona rural. Los primeros ya hace años que no toman el agua del río Jáchal: se los abastece de un acuífero subterráneo de otra cuenca. El resto todavía depende del recurso, que también es utilizado para la actividad productiva.
La Asamblea “Jáchal no se toca” advirtió que los niveles de metales detectados en el río Jáchal están por encima de los valores de 2015, según el último informe conocido de la Universidad Nacional de Cuyo. El juicio pendiente de resolución por aquel derrame histórico debió haberse realizado en 2020 y se suspendió por la pandemia. Aún no tiene fecha.
“En febrero de 2022 hubo un nuevo derrame en la mina Veladero", dijeron Saúl Zeballos y Domingo Jofré, dos miembros de la Asamblea. ¿En qué se basan?, les preguntó Clarín. "En septiembre de 2015 el mercurio había llegado a 1,2 microgramos por litro de agua. Y en febrero de 2022 llegó a 3,3. El manganeso, en septiembre de 2015 era 1,48 miligramos por litro de agua y en febrero de 2022, 2,10. En aluminio, era de 70 miligramos y en febrero de este año 97”, detallaron.
Estos datos, a pesar de haberse recabado en febrero, se conocieron hace pocos días. “No tenemos los informes de enero ni de marzo ni de abril, que ya se tendrían que haber hecho”, dijo Jofré. “Los informes no se están haciendo todos los meses, como se debería”, agregó.
Voceros de la minera Barrick Gold hicieron llegar a Clarín un comunicado en el que niegan que se haya producido un nuevo incidente en febrero, como denuncian los asambleístas. "La afirmación de un grupo ecologista de que contaminantes encontrados en el río Jáchal proceden de la mina de Veladero carece de fundamento", afirmó la empresa.
Agregó que "los puntos de monitoreo en los que basan esta afirmación se encuentran a unos 200 kilómetros aguas abajo de la mina y que el propio programa de monitoreo de Veladero, que presenta los resultados de la calidad del agua a los organismos reguladores todos los meses, no muestra cambios en la calidad del agua".
Por último aseguraron haber "evaluado el monitoreo y los resultados de la Universidad Nacional de Cuyo, junto con nuestros propios resultados de monitoreo tomados durante este período en tres lugares coincidentes y todos los resultados estaban por debajo de los límites de detección de laboratorio y dentro de la normativa. Esto es consistente con nuestros resultados de monitoreo anteriores".
El punto geográfico de la muestra recabada por la UNCuyo es La Chigua, 20 kilómetros al sur de la naciente del río Jáchal y a 145 kilómetros de Veladero. Los asambleístas argumentan que Barrick "es el único emprendimiento industrial aguas arriba". Y recordaron que "en el derrame de 2015 fue la propia empresa la que hizo las mediciones en ese lugar y detectó cianuro y mercurio".

Respuesta oficial
Clarín consultó al Gobierno de San Juan. Fuentes del Ministerio de Minería respondieron a la denuncia de los asambleístas con otro informe, elaborado por la Universidad Católica de Cuyo. “En todas las muestras de agua de río no hay evidencia de aumento de parámetros por actividades mineras o humanas en la cuenca”, dicen las conclusiones preliminares sobre muestras tomadas el 15 y 16 de febrero de 2022. Así lo informa una carta dirigida 16 de mayo al intendente de Jáchal, firmada por el ingeniero químico Miguel Angel Mas.
El ingeniero Mas firma el texto en carácter de -según el documento al que tuvo acceso Clarín- “coordinador del muestreo de Aguas de Jáchal”. Es ex empleado de la mina Casposo, que comenzó su actividad en 2011 y quedó paralizada en 2019. Según informó el Diario de Cuyo, la mina podría retomar sus operaciones el año próximo.
Según Jofré, “Mas fue contratado por el intendente de Jáchal para que haga una lectura técnica de los informes de los laboratorios. Pero sólo toma los datos de la Universidad Católica y de laboratorio del CIPCAMI, que es un ente del gobierno sanjuanino. Para nosotros lo que tiene valor es la información de la Universidad Nacional de Cuyo -con sede en Mendoza-, porque esos datos no están contaminados por la influencia oficial”.
¿Por qué hay dos informes técnicos contradictorios sobre la situación del agua en Jáchal? ¿Cuál tiene mayor peso? Desde noviembre de 2015 funciona el programa “Agua Segura”, creado mediante una ordenanza que promovió el ahora ex concejal José Codorniú. Codorniú habló con Clarín y explicó que “el organismo que prevé el programa para realizar los análisis del agua es la Universidad Nacional de Cuyo. El intendente, por su parte, recibe los datos de la Universidad Católica de Cuyo”.
Para la minera, los datos de la UNCuyo no son primordiales: los considera una herramienta municipal, en contraposición al resto de los informes provinciales. Este medio preguntó al gobierno sanjuanino por qué existen informes paralelos al previsto por el programa “Agua Segura”, inquietud que -al cierre de esta nota- no obtuvo respuesta. En la municipalidad de Jáchal tampoco atendieron los llamados.
¿Cómo determinar si los altos niveles de metales pesados hallados en el agua por la Universidad Nacional de Cuyo son consecuencia de la actividad de la mina, como aseguran los asambleístas? Codorniú consideró que “sería importante poder ampliar los puntos de toma de las muestras para tener un mejor control de o que ocurre en la precordillera. Hoy estamos a ciegas”.

Nuevo proyecto
El asambleísta Jofré también se refirió a otra cuestión que por estos días les preocupa en Jáchal: la aprobación de la declaración de impacto ambiental del proyecto megaminero Josemaría. “El gobernador Uñac al aprobar Josemaría está violando la Ley de Glaciares: Josemaría destruirá el glaciar GE110 y por lo menos 10 grandes geoformas periglaciales”, advirtió.
Josemaría está a cargo de la empresa canadiense Lundin Mining Corp. “El gobernador Uñac al aprobar Josemaría está condenando al Pueblo de Jáchal a la sequía extrema, porque utilizará 3.156 litros de agua fresca por segundo, que es lo mismo que decir 3 metros cúbicos por segundo, en un periodo donde el Río Jáchal trae 4 metros cúbicos por segundo”, agregó Jofré.
Los asambleístas cuestionan también que “Uñac al aprobar Josemaría está quebrantando un requisito básico de supervivencia en una provincia de muy elevada peligrosidad sísmica. No respeta el informe técnico del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) que alerta sobre: 1° la falla geológica sobre la cual se encuentra el Dique de Colas de Josemaría; 2° sobre la napa freática en superficie, 3) sobre el peligro de licuefacción dinámica por sismo”.
Fuentes del Ministerio de Minería sanjuanino respondieron que “la empresa deberá presentar los perfiles geológicos estructurales de detalle del área de proyecto que magnifiquen y caractericen el paquete sedimentario y el fallamiento. Deberá realizar y presentar identificación y magnificación de las fuentes sismogénicas imperantes en la zona hasta una distancia de 500 kilómetros y recálculo del terremoto de diseño y periodo de recurrencia para el cálculo estructural de las obras a realizar”.
Agregaron -entre otras obligaciones- que “la empresa deberá presentar en un plazo de 120 días estudios de fallas de los sistemas de corrimientos a escala regional y de detalle del proyecto definiendo su temporalidad y cinemática, sobre todo donde existe intersectan de estas estructuras, y determinar en detalle si se encuentran activas o no”.
El proyecto minero Josemaría se encuentra emplazado en la Cuenca del Río Jáchal, se empezaría a construir en septiembre y, según trascendió, sería diez veces más grande que Veladero.
Otro de los puntos cuestionados por la Asamblea: “Josemaría lo vamos a pagar entre todos los sanjuaninos. Uñac en un evento virtual organizado por Panorama Minero dijo que se va a ir descontando la infraestructura energética y vial –que la mina necesita para funcionar- de las regalías que las empresas tengan que pagar”. Detallan que 160 millones de dólares cuesta el camino a Josemaría y 240 millones de dólares, la línea eléctrica.
Sobre este último punto, las fuentes gubernamentales dijeron a Clarín que “la provincia en la actualidad no se hace cargo de ninguna obra de camino o de electricidad, aunque existen las leyes que lo permitan, siempre y cuando desde la Cámara de Diputados se declare de interés provincial, a través de la norma específica”.
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Acumar y la Provincia verificaron el estado de avance de dos importantes obras en Lanús

Fecha de Publicación: 17/06/2022
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Riachuelo


Las obras aportarán soluciones integrales al problema de la contaminación en Lanús.
El presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), Martín Sabbatella, y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de bonaerense, Augusto Costa, verificaron el estado de avance de las instalaciones del Parque Industrial Curtidor (PIC) de Lanús y de su Planta de Tratamiento de Efluentes Líquidos Industriales (Pteli), dos obras que aportarán soluciones integrales al problema de la contaminación de origen industrial y que están cada vez más cerca de completarse.
Se verificó que el PIC, que promueve el acceso a una mejor infraestructura industrial para las pequeñas y medianas curtiembres de la Cuenca Matanza Riachuelo, se encuentra en un grado de avance de obra del 98% y culminará este año. Por su parte, la planta de tratamiento cuenta con un 50% ya terminado y se espera que esté operativa en el segundo semestre de 2023.
Durante la recorrida, Sabbatella destacó: “Para nosotros es muy importante avanzar en este proyecto que implica una reducción de la carga contaminante que llega al Riachuelo, pero que sobre todo conjuga el cuidado del ambiente con la producción nacional, con la industria y el desarrollo económico”, y agregó: “Esta obra, junto al Sistema Riachuelo y el traslado del Mercado de Hacienda de Liniers, que se llevó a cabo el mes pasado, van a significar un antes y después en el proceso de saneamiento de la cuenca”.
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El Ministerio Público Fiscal reclamó la suspensión urgente del trigo transgénico HB4

Fecha de Publicación: 16/06/2022
Fuente: ANRed
Provincia/Región: Nacional


El fiscal Fabián Canda volvió a pedir al juez Santiago Carrillo que dicte una medida cautelar para evitar daños «irreparables» en el ambiente. En noviembre, el Juez había determinado que la aprobación del transgénico incumplía la legislación nacional y el Acuerdo de Escazú. El trigo HB4 es cuestionado por productores, cámaras empresarias y asambleas socioambientales.
El fiscal federal Fabián Canda reiteró ante el juez federal Santiago Carrillo el pedido de suspender de manera urgente la autorización del trigo transgénico HB4 por “los perjuicios irreparables” que puede causar para el ambiente y la salud de la población. Lo hizo tras conocerse, el 12 de mayo pasado, que el gobierno nacional autorizó a la empresa Bioceres —propiedad de Hugo Sigman y Gustavo Grobocopatel, entre otros— a comercializar la semilla. Se trata del primer trigo transgénico aprobado en el mundo, cuya liberación podría impactar de manera irreversible en los ecosistemas, la agricultura y la alimentación global.
El fiscal Canda volvió a advertir ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 3 que el proceso de autorización del trigo HB4 violó derechos colectivos fundamentales garantizados por la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente. Entre ellos, el principio precautorio, que establece que ante la posibilidad de un daño grave o irreversible deben tomarse medidas eficaces para impedirlo, aunque haya dudas o se argumente falta de información. Por lo tanto, el 19 de mayo pasado, Canda exigió por escrito al Juez que tome en cuenta las presentaciones previas de la Fiscalía, de la Defensoría General de la Nación y de vecinos afectados, y que ordene de inmediato una medida cautelar que suspenda la autorización hasta que se cumpla con la legislación ambiental.
Para el Fiscal, la resolución que aprobó el transgénico es ilegal porque no se tuvo en cuenta las consecuencias para el ambiente de la liberación de la semilla ni del uso del herbicida glufosinato de amonio, que acompaña el cultivo. “Como vengo sosteniendo, todo lo atinente a la aprobación y utilización de organismos genéticamente modificados, en el caso, semillas transgénicas, se encuentra ineludiblemente unido con el uso de los agrotóxicos”, advierte el titular de la Fiscalía en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo Federal Nº 8.
Y reitera que las consecuencias socioambientales del uso “exorbitante” de agroquímicos en la Argentina ha generado rechazos dentro del mundo científico y académico, además del reclamo de numerosas organizaciones sociales y campesinas.

Trigo transgénico y glufosinato de amonio
El trigo HB4 tiene dos modificaciones genéticas hechas por la científica Raquel Chan en los laboratorios de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Una le confiere tolerancia a la sequía (así se lo publicita, pero la empresa reconoce que el resultado es que sólo “aguanta” unos días más sin lluvia). La otra lo hace resistente al glufosinato de amonio, un herbicida tres veces más tóxico que el glifosato y 15 veces más restrictivo en su consumo de acuerdo a la ingesta diaria admisible por la FAO (0,3 miligramos por kilo para el glifosato y 0,02 para el glufosinato). Ya en 2012, el científico Andrés Carrasco alertaba: “El glufosinato en animales se ha revelado con efectos devastadores. En ratones, produce convulsiones, estimula la producción de óxido nitroso y muerte celular en el cerebro”.
Sin embargo, el Gobierno argentino aprobó el transgénico de la misma manera que hace con todos: sin hacer estudios independientes sobre los efectos en la salud y el ambiente. Ni de la semilla ni del veneno que se le aplicará en grandes volúmenes a campo abierto. Tampoco garantizó la participación ciudadana, a pesar de que tiene que hacerlo por ley.
Por el momento, Bioceres avanza con un «sistema cerrado» de venta de las semillas bajo identidad reservada. Según la empresa, en la campaña pasada se sembraron 55.000 hectáreas, sobre un total de 6,7 millones de hectáreas de trigo cultivadas en el país.

Transgénico ilegal
Desde octubre de 2020, cuando el Ministerio de Agricultura dictó la resolución 41/2020 que aprobó de manera parcial el trigo HB4, tanto la Fiscalía Federal como la Defensoría General de la Nación y vecinos afectados exigen al juez Carillo que dicte una medida cautelar que se suspenda la autorización.
En esa primera resolución, el Gobierno aprobó el cultivo pero no la comercialización, que quedaba condicionada a la aprobación por parte de Brasil, principal importador del trigo argentino. Un año después, Brasil lo autorizó pero sólo en forma de harina (no de grano). Y este año, en abril y mayo, Bioceres consiguió que China aprobara la soja HB4 y que Australia y Nueva Zelanda habilitaran el trigo transgénico. La cancillería Argentina difundió estas noticias como parte de sus logros diplomáticos. Finalmente, el gobierno nacional autorizó su comercialización en la Argentina el mes pasado.
Mientras, el Ministerio Público Fiscal no sólo advertía la violación del principio precautorio, sino también señalaba “defectos insuperables” en la resolución 41/2020, entre ellas, que los fundamentos eran insuficientes. Advirtió que la autoridad administrativa (en este caso la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, a cargo de Marcelo Alos), se limitó a transcribir de manera incompleta dictámenes técnicos de la empresa. “Omitió invocar fundamentos sólidos que tornen razonable la autorización comercial de la semilla, de los productos y subproductos derivados de ésta”, señaló el Fiscal.
También insistió en el interés público que está en juego, en contraposición al interés particular de Bioceres de vender su producto. “No puede soslayarse el interés público en los procesos ambientales, siendo claro que cuando se produce un daño ambiental se compromete el interés de toda la comunidad”, señaló.
El riesgo de daño ambiental y, como consecuencia, en la salud de las personas no sólo está presente por el uso de agrotóxicos y porque no está garantizado que el transgénico no produzca efectos adversos en quienes lo consuman. Sino también porque una vez cultivado puede contaminar a los trigos no transgénicos por mezcla o fecundación cruzada. Esto motivó un fuerte reclamo por parte de cámaras agropecuarias, de acopiadores y molineros, que temen que su granos se contaminen y cargas enteras sean rechazadas en el mercado exterior, donde no se aceptan estos transgénicos.

Las contradicciones del juez Santiago Carrillo
En noviembre pasado, el juez Carrillo dictó un falló que la Fiscalía reprochó por “contradictorio”. Por un lado, Carrillo ordenó al Ministerio de Agricultura publicar información e implementar un proceso de participación ciudadana para la aprobación del trigo transgénico HB4. En sus argumentos, el Juez sostuvo que hubo un incumplimiento “claro e incontestable” de la legislación nacional y del Acuerdo de Escazú al restringir la participación y el acceso la información pública en el proceso de aprobación. Sin embargo, no suspendió la aprobación.
Ante esto, la Fiscalía hizo una nueva presentación de 40 páginas exhortando de nuevo al juez a que suspenda la autorización. “La postura asumida por el tribunal se encuentra en abierta contradicción con la jurisprudencia emanada de la Corte Federal en materia ambiental, en particular, respecto de la aplicación del principio de precaución”, sostuvo Canda, y citó un fallo de la Corte Suprema de Justicia que afirma: “Es importante señalar que en cuestiones de medio ambiente, cuando se persigue la tutela del bien colectivo, tiene prioridad la prevención del daño futuro”.
A fines de febrero, la Corte Suprema de Justicia tomó el expediente para resolver un antiguo recurso extraordinario (que no se refería al trigo HB4 sino a otros transgénicos), lo que paralizó la causa hasta el 31 de mayo último. En ese lapso, el Gobierno avanzó con la aprobación total del trigo transgénico.
Para el fiscal Canda, esta última autorización “sella definitivamente” la posibilidad de un perjuicio irreparable por lo que es urgente que el Juez aplique los “principios de precaución y prevención” y dicte una medida cautelar que la suspenda.
Hasta ahora, el juez Carrillo no respondió si acepta este pedido. Tampoco se cumplió el proceso de participación ciudadana que ordenó en noviembre pasado, a pesar de que ya se venció el plazo de 20 días establecido en su fallo.
La presentación del fiscal Canda se enmarca en una causa judicial conocida como «Alicia Fany Giménez y otros contra el Ministerio de Agroindustria», que comenzó en 2012. En ella, grupos de vecinos y organizaciones de la sociedad civil piden al Poder Judicial que ordene la suspensión definitiva de todos los cultivos transgénicos y que sea obligatorio el etiquetado de los alimentos que contengan transgénicos, entre otras exigencias vinculadas a la salud y el ambiente. Mientras tanto, se pide a los jueces que ordenen una medida cautelar de suspender la comercialización y cultivo de transgénicos y el uso de agrotóxicos, así como el etiquetado de los alimentos con organismos genéticamente modificados.
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El fracking por Vaca Muerta en Entre Ríos genera daños graves en el Humedal del Delta del Paraná

Fecha de Publicación: 16/06/2022
Fuente: El Día
Provincia/Región: Entre Ríos


La extracción de arena silícea, destinada a la explotación de gas y petróleo en el yacimiento de Vaca Muerta, a través de la técnica del fracking, genera daños en el Humedal del Delta del Paraná, que abastece de agua dulce a más de veinte millones de argentinos, pero también “potencia el extractivismo y pone en riesgo la biodiversidad del humedal”, afirmó a AIM el ingeniero Carlos Cadoppi, quien denunció el daño irreversible que afecta a Ibicuy, Victoria, Diamante, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay.
Cadoppi está enojado y no lo disimula. Es que su postura está científicamente respaldada, ya que existen pruebas concretas de la contaminación e inundaciones, que atentan fuertemente contra el ecosistema de la zona y la vida humana, lo que generó en toda la cartografía entrerriana un amplio rechazo a las areneras que no cuentan con licencia social. “No hago esto por mí mismo, sino que, al conocer la situación, tengo la obligación de hacerla pública y exigir al Estado que frene esta depredación, que actúe. Pero claro, soy buen observador y pienso que hay demasiados intereses en juego…”, sugirió.
La preocupación del ingeniero creció cuando se abocó al estudio del proceso de extracción. “Enseguida me pregunté: ¿Qué efectos contaminantes podría ocasionar en las napas subterráneas que proveen de agua potable a la población de Ibicuy y qué daños provocan las areneras en el Humedal del Delta del Paraná, que abastece de agua dulce a más de veinte millones de argentinos? La extracción de arenas silíceas se realiza con floculantes, un químico que, según el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA) es nocivo si se ingiere, si entra en contacto con la piel o se inhala”, fustigó. “Además de salinizarla, en la medida que sigan utilizando químicos que provocan un daño irreparable en la salud humana y en el ambiente, convertirán en veneno el agua que consumen más de 20 millones de argentinos”, aseguró.

Secuencia y desobediencia
Cadoppi presentó un amparo ambiental contra el Gobierno de Entre Ríos, por considerar que las areneras que actúan en la provincia lo hacen sin las habilitaciones y controles correspondientes e incumplimiento de las técnicas que la ley y las ciencias establecen. El 29 de abril, la Justicia Federal suspendió el funcionamiento de las empresas areneras que realicen alguna actividad de extracción de arena silícea en los ríos Paraná y Uruguay, en los tramos concernientes a Entre Ríos. En rigor, les prohibió la actividad durante 45 días, si no tienen el certificado de informe técnico favorable.
Entonces, Cadoppi, quien impulsó el amparo, dijo a AIM que la medida “es un paso, porque todos los informes científicos demuestran que inundan los campos de la zona y contaminan los cursos de agua, lo que genera un negativo impacto ambiental, pero no alcanza”.
El 29 de abril de 2022, el juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, dio lugar a la apelación y estableció un plazo de 45 días para que las empresas regularicen su situación formal y el correcto manejo ambiental, pero la homologación del acuerdo empezó a correr el 7 de mayo. Sin embargo, a pesar de la resolución de la justicia federal, la arenera Cristamine sigue desobedeciendo el dictamen de la justicia y continúa con la extracción de arena. "Sigue funcionando por una habilitación que le otorgó el intendente de Ibicuy, a través del área de Ambiente del municipio. Por eso, la semana pasada hicimos una presentación legal y la semana próxima haremos otra, tanto al municipio como a la arenera, por estar desobedeciendo el dictamen de la justicia", agregó Cadoppi.

Daños irreparables
Las imágenes satelitales demuestran que, como resultado del lavado de las arenas para su separación, hay residuos que taponan arroyos, cubren campos, y generan daños productivos, ambientales y sociales, cada vez más graves e irreparables. Simultáneamente, los análisis químicos del agua de subsuelo demuestran que lo que lo que se usa para lavar la arena y separarla, genera una contaminación irreparable. Hierro, manganeso y arsénico penetran lentamente en las napas subterráneas, pero, además, el polvillo que desprende la arena sílica y que inhalan los trabajadores de las areneras, les ha provocado a muchos de ellos enfermedades irreversibles, como el cáncer de pulmón.

Denuncias
Cadoppi explicó que denunció “a todos los responsables de la destrucción de nuestro patrimonio ambiental. A la dirección Provincial de Vialidad, responsable de la construcción de obras públicas que impiden el movimiento natural de las aguas, y provocan su contaminación, destruyendo los aportes ambientales del Humedal”.
Aseguró que su denuncia alcanzó “al anterior director de Vialidad, Jorge Rodríguez, y a la actual, Alicia Benítez; a la coordinadora del Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa), Alejandra Méndez, así como a su antecesor, Daniel Olano (PJ); a los diputados provinciales Carmen Toller (PJ), Gracia Jaroslavsky (UCR), Esteban Vítor (PRO) y Martin Angiano (PRO). A todos ellos les explique el problema, y jamás investigaron nada, ni respondieron mis demandas. Los nombro para que expliciten sus posiciones ante la sociedad, ya que propician la destrucción del Humedal. Quiero que se genere un debate que los argentinos nos debemos. El día de mis presentaciones, el senador nacional Alfredo De Angeli (JXC) fue a Ibicuy, junto con algunos de los diputados que nombré, a brindar apoyo explícito al accionar delictivo de las areneras y al intendente de Ibicuy, Gustavo Roldan, empleado con licencia de una de esas empresas y de signo político contrario al del senador De Angeli”.
El ingeniero destacó que también denunció a “los emprendimientos privados que profundizan el problema y que no cuentan con ninguna aprobación para su construcción. Esta es una situación que, de continuar, traerá enfermedades y hasta la muerte de muchos de nosotros, y ocasionará la destrucción de nuestro hábitat y del patrimonio nacional”.

Teléfono para los funcionarios
Cadoppi acusó a “los políticos del oficialismo y de la oposición, nacionales y provinciales”, y señaló que todos “son cómplices de estos delitos, y responsables de que no se haya investigado nada hasta el momento. Quien fue ministro de Ambiente de la Nación entre diciembre de 2015 y septiembre de 2018, rabino Sergio Bergman, jamás se ocupó del tema, pese a que, por este desmanejo, el Delta estuvo inundado muchos años durante su gestión. Tampoco el actual ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, se involucró en el tema. Y no debemos olvidar que el expresidente Mauricio Macri fue a la zona muchas veces durante su mandato y jamás opinó sobre la inundación, aunque su helicóptero sobrevoló la zona varias veces”.
El ingeniero explicó que se trata de un tema “en el que la ignorancia, vinculada a la corrupción, campea sobre un oscuro horizonte de vida. De nuevo los políticos son actores fundamentales de la anti-nación. Lo saco a la luz para que los protagonistas seamos actores de una epopeya que abra posibilidades de realización favorables a un futuro digno de vivir. Lamentablemente, si las cosas siguen así, nuestra especie va en camino a la desaparición, en este único mundo que nos alberga”.
Cadoppi pidió decidir en conjunto, “como le damos forma a una nueva posibilidad de vida. La denuncia está hecha y cómo resolver esta encrucijada de vida, está a nuestro alcance. Los que están en la vereda de enfrente son siempre los mismos, se pongan una u otra camiseta política, aparentemente opuestos e irreconciliables, pero cómplices en la destrucción de la mano omnipresente de la corrupción”, opinó.
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Baradero: Encuentran glifosato en la orina del 40% de los niños

Fecha de Publicación: 15/06/2022
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires


Un estudio a alumnos y docentes de una escuela del distrito de Baradero en la provincia de Buenos Aires descubrió que el 40% de las muestras tenían glifisato
Durante una campaña llevada adelante por varias organizaciones socioambientales del Distrito bonaerense de Baradero, en el norte provincial, se buscaba saber “¿Que agua tomamos, qué aire respiramos?”.
En esa iniciativa los realizadores de las muestras en niños buscaron desarrollar un abordaje integral de la situación sobre los agroquímicos y su impacto en el ambiente y en la salud de las personas.
Una de las etapas planteadas fue determinar la presencia o ausencia de Glifosato y su metabolito AMPA, en el cuerpo de las personas. Para eso enviaron muestras de orina al Laboratorio Farestaie de la ciudad de Mar del Plata.
Los resultados obtenidos fueron sorprendentes y preocupantes.

4 de cada 10 dieron positivo
No sólo se confirmó la presencia de glifosato y AMPA en la orina. Además, los resultados arrojaron un 40% de positividad del total de muestras enviadas. Todas ellas pertenecían a niños parte del alumnado testeado y otra muestra era de una docente perteneciente a la comunidad educativa de la misma escuela rural en la cual se basó el estudio.
La imagen que acompañó los estudios en mayoría de niños demostró que los agroquímicos ingresan y pueden estar presentes en los cuerpos humanos.
Se trata, para la legislación Argentina, de un Residuo Peligroso (Ley Nº 24.051) que no debería estar presente en sangre y orina de ninguna persona, mucho menos de niños y niñas de edad temprana.
Con estos resultados, y sabiendo que la situación puede ser peor aún, los niños y adultos pertenecientes a la comunidad de Baradero exigieron a las autoridades locales que "tomen cartas en el asunto", "asuman de una vez su responsabilidad por la cual fueron elegidos como representantes del pueblo" y "hagan valer, al menos, el artículo 41 de la Constitución Nacional".
También agregaron que "El derecho a una infancia libre y el goce pleno de la salud, debe ser impostergable y deben hacer cumplir los funcionarios y concejales de manera unánime, sin grietas y mezquindades políticas. Bregar por la salud de todos y todas quienes estamos expuestos de manera directa e indirecta al uso indiscriminado de agroquímicos y fertilizantes en el partido de Baradero, es una de sus funciones", concluyó el comunicado refrendado por la comunidad de afectados por estar expuestos a los agroquímicos, ahora de manera fehaciente y probada científicamente, al menos con el glifosato como protagonista.
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Vecinos quieren frenar los desmontes de Los Maitines en Las Yungas

Fecha de Publicación: 15/06/2022
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Salta


Vecinos de San Lorenzo colectan firmas en Chang.org para que exigir al Gobierno provincial y a la Municipalidad de San Lorenzo que frenen el desmonte en Las Yungas que actualmente se hace para dar inicio a la construcción del loteo Los Maitines.
Además, recaudan fondos para tomar medidas legales de protección de la zona, a través de la aplicación https://cafecito.app/salvemosyungas.
Desde la intendencia de Fernando "Kila" Gonza, ex intendente de San Lorenzo, que la familia Patrón Costa busca llevar a cabo el proyecto inmobiliario Los Maitines S.A. en aproximadamente 125 hectáreas, para subdividir en 300 lotes destinados a viviendas y espacios de recreación. Se emplaza en las laderas y serranías de San Lorenzo y Castellanos.
Julieta Valencia, una de las vecinas en lucha por resguardar Las Yungas, indicó a Nuevo Diario que "Los Maitines desmonta el bosque nativo, que es parte de una reserva de biodiversidad y se encuentra protegido por normativas provinciales y nacionales. Los Maitines, de acuerdo a la ley de Ordenamiento Territorial de Bosques, está en Zona Amarilla tipo II, por lo que no debe haber desarrollos urbanísticos, no sólo por ser una reserva protegida, sino por la geocomposición del suelo y la pendiente de ladera que pone en riesgo las construcciones, dado que la desforestación causa el debilitamiento de las raíces de los árboles que sujetan el suelo arenoso pedregoso que compone el espacio sobre el cual avanza el proyecto".
Agregó que el proyecto también infringe la normativa nacional de Protección de Bosques Nativos y no prevé el suministro de agua dado que el recurso de la zona se extrae de lugares que hoy ya son insuficientes para el municipio.
"Según la ley provincial 7070 de Protección de Medio Ambiente, está prohibido el cambio de uso de suelo o recategorización", remarcó.
"Ellos dicen que van a hacer su propia toma, pero no de dónde la van a sacar. En San Lorenzo la extracción de agua no se puede hacer de pozo debido a la falta de napas acuíferas", explicó.
Valencia contó que la familia Patrón Costa presentó el proyecto para su aprobación en la Municipalidad de San Lorenzo la que, al no contar con los recursos técnicos para la evaluación correspondiente, derivó las gestiones a la Secretaría de Medioambiente de la Provincia. "Lo único que hicieron fue hacer un chek list de los requisitos, como la Audiencia Pública, Estudio de Impacto Ambiental. Vieron que estaba la documentación presentada, pero no evaluaron que todo estuviera correcto o cumpliera con las normativas. Con el chek list se dio pase al municipio para que autorice", indicó.  
Ya con la pandemia encima, se convocó a una audiencia pública vía zoom, lo que provocó el rechazo de los vecinos que pedían fuera presencial o se suspenda hasta que las condiciones sanitarias lo permitieran. "Este sistema imposibilitaba la participación ciudadana, dado que no todos los vecinos cuentan con el servicio de internet y los dispositivos necesarios para la conexión. Además, hubo poca información", remarcó.  
"A pesar que se vulneran tres normas (ley provincial 7070, ley nacional de bosques y ley de ordenamiento territorial) ellos siguen con los desmontes para la apertura de caminos porque dicen que obtuvieron la aprobación municipal. El emprendimiento no debería estar aprobado, ya que para avanzar sobre las leyes se requiere que sean modificadas, y no de una simple resolución de un municipio que los autorice. Claramente las urbanizaciones en zonas categorizadas en amarillo y rojo están prohibidas, ya que requieren desmontar para los accesos y levantar las propiedades", expresó Valencia.
Por último, detalló que el tema fue usado políticamente por Héctor Chibán, candidato en el 2019 a diputado nacional y por el actual intendente Manuel Saravia. "Antes de asumir (Saravia) estaba en contra de Los Maitines. Su compromiso era asumir y frenar esta situación, sin embargo fue uno de los primeros proyectos que saca".
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Aparecieron muertos zorros, caranchos y comadrejas y analizan un posible envenenamiento

Fecha de Publicación: 14/06/2022
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Santa Fe


Ocurrió en un campo cerca del paraje Villa Georgina, en las proximidades de la ciudad de Esperanza. El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático realizó la denuncia pertinente.
La provincia de Santa Fe, en conjunto con la Municipalidad de Esperanza y la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL, llevaron adelante este viernes un operativo debido a denuncias acerca de animales muertos y convalecientes en la zona.
Funcionarios del Ministerio del Ambiente y Cambio Climático de la provincia fueron alertados por parte del Municipio, quienes se comunicaron para poner en conocimiento de la causa.
De esta forma, cerca de las 14 hs del viernes profesionales del Centro de Rescate e Interpretación de Fauna "La Esmeralda", junto con la Policía provincial, se dirigeron al lugar para analizar el estado de situación.
Al llegar al lugar constataron la existencia de algunas comadrejas, zorros y caranchos recientemente muertos. Para avanzar en el esclarecimiento de las causas se trabajó en conjunto con la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL, quienes trasladaron los animales para llevar adelante la correspondiente necropsia y tratar de determinar la causa de muerte de los mismos.
Desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático se realizó la denuncia pertinente a la Policía de la localidad y al Ministerio Público de la Acusación a efectos que tomen la intervención de su competencia.
Se recuerda que la normativa vigente prohíbe expresamente el uso de cebos tóxicos que puedan afectar la fauna silvestre, por lo que de confirmarse que se está frente a un caso de envenenamiento deliberado, se procurará identificar a los responsables del hecho para que sean sancionados conforme a la legislación vigente.
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