Frenan ambicioso plan minero nacional

Fecha de Publicación: 25/12/2021
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


El decreto del llamado "Pedma", al que solo le falta la firma de Alberto Fernández y la publicación en el Boletín Oficial, quedará para 2022. Antes, el ministro Matías Kulfas convocará al diálogo a sectores científicos y ambientalistas, y la Secretaría de Minería avanzará en un sistema de información pública con datos económicos, sociales y de sustentabilidad de la minería.
 El Ministerio de Desarrollo Productivo decidió frenar el anuncio de un ambicioso plan minero, que busca promover la actividad a nivel nacional para triplicar las exportaciones. El decreto del llamado “Pedma”, al que solo le falta la firma de Alberto Fernández y la publicación en el Boletín Oficial, quedará para 2022. Antes, el ministro Matías Kulfas convocará al diálogo a sectores científicos y ambientalistas, y la Secretaría de Minería avanzará en un sistema de información pública con datos económicos, sociales y de sustentabilidad de la minería.
En el Gabinete económico y en el Ejecutivo hay una postura común a favor de la minería, que sea “sustentable” con el medio ambiente. Así lo expresaron públicamente el Presidente y Kulfas. En el Ministerio de Economía consideran que “la minería es parte de la solución”, y a Cancillería llegan constantemente propuestas de inversiones. Pero las fuertes protestas en Chubut tras la aprobación de la ley de zonificación en la meseta de la provincia, que fue derogada en menos de una semana, obligaron a cambiar los planes.
El Plan Estratégico para el Desarrollo Minero (Pedma) iba a ser anunciado entre las elecciones primarias y las generales. Proyecta que en la próxima década las exportaciones podrían triplicarse, al pasar de casi u$s 3 mil millones a 12 mil millones, con inversiones por u$s 25 mil millones, en uno de los sectores con los mayores sueldos de la economía ($254 mil promedio). Sin embargo, uno de los asesores políticos de la campaña decidió frenarlo.
En la Secretaría de Minería, que depende de Desarrollo Productivo, consideraban que “no tenían nada para ocultar”. Por el contrario, aseguraban que debe hablarse “todavía más” de minería, por lo importante que son los recursos como el litio y el cobre para la transición a las energías limpias.
El fuerte rechazo a la minería en Chubut obligó a un cambio de planes. Según dijeron a Ámbito, el Pedma sigue “totalmente” en pie. Saldrá por decreto y habrá un anuncio. Sin embargo, antes lanzarán un “sistema federal de información minera”, con mapas y proyectos provincia por provincia. El portal será público, como una especie de “censo minero”, e incluirá datos económicos y de medio ambiente.
Por otro lado, la entidad oficial Segemar (Servicio Geológico Minero), trabaja en un informe con un comparativo del uso del agua en distintas actividades económicas. Sin embargo, Rolando González, director del Centro Nacional Patagónico (Cenpat), anticipó que “la comunidad no confía en los organismos de control ambiental”. Por ese motivo, también Kulfas convocará a mesas de trabajo “semanales” para dialogar con sectores científicos, ambientalistas y comunidades locales, tanto “a favor como en contra”.
En el Gobierno consideran que la minería junto a otras actividades como los hidrocarburos pueden significar el “fin de la restricción externa”, y temen que ocurra lo mismo que con las pasteras, como en el caso de Botnia, que “rezagó la industria foresto industrial”. El objetivo será “brindar información, discutir y desenmascarar mentiras”, afirmó una fuente oficial, aunque la decisión final sobre el uso de los recursos la tendrán las provincias.
Además, también los empresarios decidieron involucrarse. El martes hubo una reunión entre Kulfas y el titular de UIA, Daniel Funes de Rioja, junto con la mesa minera de la entidad. Si bien la reunión ya estaba pactada desde antes que estallara el conflicto en Chubut, fue uno de los temas de la charla. Según comentaron fuentes del sector privado, Kulfas les pidió que “salgan a explicar lo que hacen” y los criticó por ser un sector que se caracterizó por el “hermetismo”. Tras el encuentro, la UIA rechazó la violencia en las manifestaciones y pidió avanzar en una agenda minera sustentable.
Sobre lo ocurrido en Chubut, el Gobierno consideró que fue un “fracaso de la política”. El día que se trató en la Legislatura, ya estaba al tanto la empresa Pan American Silver, que busca explotar un proyecto de plata, pero no el Ministerio de Desarrollo Productivo. En el gabinete económico creen que además del rechazo de la ciudadanía, hubo internas políticas y bloqueo de otros sectores económicos.
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Contaminación ambiental en la Patagonia: cómo controlar los volcados químicos de la industria pesquera

Fecha de Publicación: 25/12/2021
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Chubut - Santa Cruz


Ambientalistas de Chubut y Santa Cruz advirtieron sobre el alto nivel de desechos industriales en sus aguas y la cercanía con las colonias de pingüinos y las playas de la zona. La palabra de los expertos
Como resultado de los desechos industriales volcados por empresas pesqueras de manera constante en las provincias de Chubut y Santa Cruz, se encendió una alarma entre los vecinos de la Patagonia y ambientalistas que presentaron dos denuncias penales con el objetivo de poner fin a una problemática de más de 30 años.
Dos situaciones puntuales fueron los disparadores para la reacción de los patagónicos sobre el daño ambiental sufrido en la región:
El primer episodio sucedió en la laguna del Corfo, que ocupa un espacio de entre 10 y 15 hectáreas, y está ubicada en el Parque Industrial de Trelew, Chubut, cuando sus aguas amanecieron teñidas de rosa y, a pesar de que se informó que el color desaparecería en pocas semanas, esto no sucedió. Incluso, luego de varios meses, la situación se agravó y el color de la laguna se transformó en un morado intenso.
El ingeniero ambiental y virólogo Federico Restrepo indicó a la agencia AFP que el color rosado tenía que ver con la presencia de sulfito de sodio, utilizado por las fábricas de pesca locales para conservar los langostinos para su exportación. “La ley requiere que las fábricas traten los desechos de pescado que contienen sulfito de sodio, que es un químico antibacteriano, antes de tirarlos”, aclaró.
Además, vecinos denunciaron olores nauseabundos y proliferación de insectos, entre otros daños al medioambiente.
La segunda situación que generó preocupación fue advertida por ambientalistas de Puerto Deseado, que encendieron las alarmas por el peligro que corren las colonias de pingúinos Magallanes y Penacho Amarillo, por el altísimo nivel de contaminación de la Ría de Deseado, lugar en donde las pesqueras realizan sus volcados que, denunciaron, son ilegales.
Estos episodios fueron la antesala de las denuncias judiciales por la presunta comisión de delitos contra el medioambiente, por parte de las empresas pesqueras que no tratan sus residuos y los vuelcan ilegalmente en las aguas patagónicas.
Una de las denuncias fue presentada por un vecino de Puerto Deseado ante la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Contra el Medioambiente (UFIMA). La otra se presentó en Comodoro Rivadavia ante la justicia provincial.
Estas presentaciones buscan que se investigue el posible delito de daño ambiental y en ambos casos, la incorrecta gestión y volcado indebido de efluentes a un cuerpo líquido receptor.
La denuncia realizada en Puerto Deseado está acompañada por muestras de laboratorio tomadas de las aguas y de la cual surge que existe un exceso de materia orgánica, grasas y aceites y valores fuera de los límites de lo permitido.
Ambientalistas de Puerto Deseado hace tiempo que vienen advirtiendo la situación en la Ría, ya que presenta una tonalidad anaranjada en sus aguas. “El muestreo y análisis de laboratorio de los efluentes industriales pesqueros que se vuelcan en el agua de la Ría superan los límites permisibles establecidos en la norma de los parámetros: DBO5 (demanda biológica de oxígeno), DQO (demanda química de oxígeno), grasas-aceites, sólidos sedimentables y nutrientes”, afirmó a Infobae la licenciada en Protección y Saneamiento Ambiental Débora De Monte, experta en medioambiente del lugar. y Agregó: “además las muestras analizadas arrojaron valores alarmantes de bacterias coliformes, lo que resulta una prueba química irrefutable que habla del estado de afectación del agua y resulta gravoso para el equilibrio del ecosistema del lugar”.
Aclaró que en Puerto Deseado son aproximadamente nueve las pesqueras que vuelcan sus efluentes sin tratamiento hace más de 30 años en esa zona, “lo hacen sobre la Ría que es considerada una reserva natural intangible”.
Para ella, la solución de esta problemática debería pasar por los entes de control ambiental. “Es necesario hacer cumplir la ley, sobre todo porque esto ocurre hace tanto tiempo”, agregó. Sin embargo, consideró que también la población de Puerto Deseado debería actuar para mejorar la situación. “Creo que es necesaria una mayor participación ciudadana. Los ciudadanos de Puerto Deseado deberían exigirle a los funcionarios y empresarios de la ciudad que cumplan con la ley. A pesar de que generan mano de obra, pero los líquidos residuales caen directamente sobre la población. los empresarios pesqueros, en caso de no poder innovar deberían tratar sus efluentes con operadores habilitados“, explicó.
Detalló que lo más alarmante es que ocurre a escasos metros donde la gente va la playa y se pone a nadar; donde se realizan actividades náuticas. Por eso aclaró que no sólo afecta a los pingüinos y a la fauna sino que es un riesgo para la salud de la población. “Los resultados de laboratorio muestran relaciones de bacterias que ponen en peligro principalmente la salud de los niños que frecuentan esas playas”, concluyó.
Entre las principales consecuencias que describió la ambientalista se encuentran infecciones por microorganismos patógenos, modificación de la vida acuática por disminución del oxígeno disuelto, generación de olores desagradables y alteraciones estéticas por la presencia de espumas, turbidez y color en el cuerpo de agua receptor de los efluentes.
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Vialidad Nacional frenó una obra en la Ruta 33 para proteger a una población de loros barranqueros

Fecha de Publicación: 25/12/2021
Fuente: todoprovincial.com
Provincia/Región: Buenos Aires


La dirección Nacional de Vialidad y la empresa Decavial SA frenaron por un mes la obra de construcción de la Autopista en la ruta nacional 33 entre Bahía Blanca y Tornquist, especie en peligro de extinción que cuenta con protección en la Provincia de Buenos Aires.
La obra fue detenida a la altura del kilómetro 29,5 de la traza. Al momento de tirar abajo los montículos de tierra, advirtieron que había una comunidad de loros barranqueros y sus crías recién nacidas. Se estima que se tratan de unas 100 parejas de esta especie.
El  Jefe de la región 19 de Vialidad Nacional Gustavo Trankels explicó a Radio Reflejos de Sierra de la Ventana la obra será detenida “hasta mediados de enero cuando los pichones vuelan y ellos abandonan los nidos”.
“Los loros aprovecharon para hacer sus nidos, pasó gente que entiende en el tema y trabaja en la parte de fauna y lo que nos sugería, al ser una especie protegida y que ya habían anidado, sería deseable esperarlos hasta mediados de enero”, señaló Trankels.
La decisión tomada fue dejar una suerte de pared de tierra de unos 5 metros de ancho donde anidaron los loros hasta que llegue el momento en que los animales emigren del lugar.
“Nosotros no solo tratamos de hacer una obra vial que le mejore la calidad de vida a la gente, sino que la responsabilidad social que tiene Vialidad Nacional es contemplar la flora y la fauna”, agregó el funcionario del organismo.
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Misiones refuerza su política ambiental proponiendo el primer Sitio Ramsar para protección de humedales

Fecha de Publicación: 24/12/2021
Fuente: Economis
Provincia/Región: Misiones


El Gobierno de la Provincia de Misiones propone incorporar la Cuenca del Urugua-í como Sitio Ramsar en el marco de la Convención internacional sobre humedales, conocido como Convenio de Ramsar. Además de la concientización a la población sobre la importancia ambiental de la conservación de los humedales, esta declaración abrirá la puerta a la recepción de recursos para el desarrollo de proyectos sustentables.
Este martes la provincia de Misiones, a través del Ministerio de Cambio Climático liderado por el Ministro Patricio Lombardi, propuso oficialmente a la cuenca de Urugua-í para ser declarado el primer Sitio Ramsar del territorio misionero. Este reconocimiento se enmarca en la Convención Ramsar, tratado internacional firmado en 1971 que busca proteger los humedales y servicios ambientales que éstos prestan. Actualmente 171 países adhirieron al tratado y cuentan con más de 2100 humedales de interés internacional bajo esta denominación.
La categorización de Sitio Ramsar en el Urugua-í generaría un reconocimiento internacional del valor ambiental y social del humedal, propiciando tanto el desarrollo de proyectos de conservación y manejo sustentable de la cuenca, como el flujo de fondos internacionales hacia los municipios participantes y actores involucrados. Los humedales son los sumideros de carbono más efectivos del planeta y aliados naturales para enfrentar la crisis climática global, ya que además de absorber el agua de lluvia, reducen las inundaciones y retrasan el inicio de las sequías, siendo fundamentales para la adaptación al cambio climático y el desarrollo de la resiliencia.
No obstante, su pérdida y degradación es preocupante. En los últimos 45 años se redujo más de la tercera parte, desapareciendo tres veces más rápido que los bosques. De esta manera contribuyen al calentamiento global al dejar de ser sumideros naturales de carbono para transformarse en fuentes de emisiones, volviéndose la causa de casi una cuarta parte de la liberación mundial del metano, uno de los principales gases de efecto invernadero.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación promueve la designación de Sitios Ramsar y apoya a las autoridades locales en el manejo, para que sean efectivos en el logro de sus objetivos. Esta declaración no implica una figura de reserva estricta y es compatible con las actividades que ya se están desarrollando en la cuenca. Lo que busca promover es el uso sustentable de los recursos, actividades turísticas, desarrollar nuevas tecnologías o alternativas de manejo y producción que minimicen los efectos nocivos sobre la biodiversidad y calidad ambiental del humedal, a la vez de propiciar proyectos que fomenten la valorización del medio por parte de los habitantes de la cuenca y los servicios ecosistémicos que brindan los humedales en la mitigación de los efectos del cambio climático.

¿Por qué es importante la designación de un Sitio Ramsar en la Provincia de Misiones?
Hasta el día de la fecha existen 23 Sitios Ramsar en la República Argentina, distribuidas en 16 provincias y CABA, en la provincia de Misiones y a pesar de contener humedales con características únicas, aún no existe ningún sitio que haya sido declarado dentro de esta categoría. El Acuerdo de París sobre el cambio climático reconoce la función que éstos desempeñan al limitar la cantidad de carbono presente en la atmósfera. Son una solución fundamental al principal reto al que nos enfrentamos: cómo afrontar el cambio climático y al mismo tiempo limitar el calentamiento global a un nivel por debajo de los 2°C.
Para ello, es importante la sanción de Ley de Presupuestos Mínimos para humedales en Argentina que, de aplicarse, se enfocará en zonas con humedales únicos, en particular los que reciban la categoría de humedal de importancia internacional, por lo que apuntar a la creación de un sitio Ramsar en la cuenca del Urugua-í podría representar potenciales beneficios tanto para los municipios y actores involucrados, como para los habitantes de la cuenca, que recibirán ingresos económicos asociados con la conservación y manejo sustentable de los humedales de la zona. La decisión política incluye la conservación y restauración de los humedales, así como la acción ambiental fundamental de cumplimentar con los objetivos trazados en el Acuerdo de París.
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Doñate presentó un proyecto de ley para promover el uso del hidrógeno verde   

Fecha de Publicación: 24/12/2021
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Nacional


Propone la creación de un instituto sobre el tema en el marco de la planificación energética, un régimen de beneficios tributarios e impositivos, incentivos a la exportación e importación y créditos a tasas subsidiadas.
Doñate presentó un proyecto de ley para promover el uso del hidrógeno verde El senador nacional Marín Doñate (FdT) presentó un proyecto de ley para establecer un régimen que promueva la investigación, el desarrollo, la producción y el uso del hidrógeno verde como alternativa energética.
“Necesitamos como país un marco jurídico actualizado orientado a la transición hacia energías renovables y a combatir el cambio climático y sus efectos” dijo el parlamentario y agregó que «lo que garantizará esta Ley será la incentivación de la descarbonización de la matriz energética, y avanzar hacia un sistema que sea ecológicamente más sustentable, yendo, de ese modo, paulatinamente hacia una diversificación de la matriz energética. Esto nos permitirá garantizar una mayor eficiencia energética”.
También destacó la decisión de establecer la zona franca en Sierra Grande, aunque fue cauto respecto de los anuncios del gobierno nacional y provincial sobre inminente llegada de una inversión de más de 8 mil millones de dólares de la empresa australiana Fortescue Future Industries. “Hay que ser optimistas pero extremadamente cuidadosos y cautos al momento de generar tamaña expectativa”, señaló Doñate.
“Veo demasiadas fotos y algarabía pero quiero ver las inversiones concretas y que se generen las tan ansiadas fuentes de trabajo, infraestructura y energía que necesitamos, por lo pronto mi propuesta es darle un marco normativa para generar mejores condiciones para que eso suceda”, subrayó.
El proyecto de Ley propuesto por Doñate diseña un plan nacional estratégico de energías renovables y la creación del Instituto del Hidrógeno en el marco de la planificación energética, un régimen de beneficios tributarios e impositivos, incentivos a la exportación e importación y créditos a tasas subsidiadas.
En los fundamentos de la iniciativa se destaca como imprescindible generar, tal como lo estableció la ONU, transformaciones estructurales para convertir las economías y las matrices energéticas y productivas, a bajas o nulas en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero, además de mejorar la eficiencia energética. “En caso contrario, las consecuencias catastróficas del cambio climático serán cada vez más graves y con mayor frecuencia” sostuvo el legislador rionegrino.
Ante este preocupante contexto, el régimen propuesto por Doñate indica que el hidrógeno verde aparece como alternativa energética, soberana, federal, inclusiva, estable y sustentable, cuya utilización y debido a la interrelación, contribuirá al cumplimiento de otros ODS, como por ejemplo fin de la pobreza, contribuirá a la salud y el medio ambiente, a la igualdad de género, incrementará las posibilidades laborales y fomentará el crecimiento de la Industria, la innovación y la infraestructura.
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Nación desmiente que exigirá un nuevo estudio de impacto ambiental para Portezuelo

Fecha de Publicación: 24/12/2021
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza - Nacional


Silvina Batakis, secretaria de Provincias del Ministerio de Interior, aseguró que en ningún momento confirmó un nuevo estudio, tal como reflejaron varios medios patagónicos. “Reivindicamos el consenso como herramienta para encontrar verdaderas soluciones”, indicó.
La licitación para la obra Portezuelo del Viento sigue acumulando hechos noticiosos previo a su adjudicación. La Secretaría de Provincias, con Silvina Batakis al frente, desmiente publicaciones y versiones en torno a Portezuelo del Viento. Puntualmente sobre haber afirmado que se hará un nuevo estudio de impacto ambiental que es lo que pide La Pampa.
La Secretaria de Provincias, que integra la estructura de Eduardo De Pedro en el Ministerio del Interior brindó una conferencia ante medios patagónicos, el 28 de noviembre, y según reproducen varios de ellos dijo: “Hay un estudio de impacto ambiental realizado por Mendoza que ha sido objetado por los gobiernos de La Pampa, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires. Se va a realizar otro estudio de impacto ambiental y se avanzará en las negociaciones, pero no será un tema resolución inmediata”.
“Ante las versiones periodísticas en torno a la obra de Portezuelo del Viento vertidas por medios de comunicación de la provincia de Mendoza, la Secretaría de Provincias del Ministerio del Interior desmiente las expresiones adjudicadas a la titular de dicha Secretaría, Silvina Batakis, las cuales nunca existieron. En ese sentido, el Ministerio del Interior ratifica su voluntad de seguir trabajando en articulación con todas las provincias para encontrar soluciones comunes sobre la base del diálogo y los consensos”, dice un comunicado difundido por el ministerio del Interior.
Esas aseveraciones no sólo fueron reproducidas por Los Andes, sino por varios medios entre ellos La Mañana de Neuquén y el diario Río Negro. De acuerdo a la defensa de la funcionaria, ella asegura no haber afirmado un nuevo estudio de impacto ambiental. Esta acción, según sostuvieron en el Gobierno provincial, motivaron a Rodolfo Suárez para presentar un pronto despacho y exigir que Alberto Fernández laude tal como se le solicitó a fines de junio del año pasado.
A través de Twitter, la funcionaria compartió una nota de Los Andes y aseveró que “las declaraciones a las que se hace referencia nunca existieron”. Consideró lamentable que “se intente confundir” con versiones que no tienen que ver con la realidad”. En ese sentido, sostuvo que desde la cartera que conduce el camporista Eduardo De Pedro se reivindica “el diálogo sincero y el consenso como herramientas” para encontrar verdaderas soluciones.
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Cambio climático: expertos advierten que Argentina podría perder el 40% de sus playas

Fecha de Publicación: 23/12/2021
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


El informe fue publicado por Nature Climate Change. Se estima que unos 4.000 kilómetros de costa podrían desaparecer en los próximos 80 años.
Un informe internacional advirtió que para el año 2100, Argentina podría perder hasta el 40% de sus playas, como consecuencia del cambio climático. El impacto negativo de la contaminación afectaría de forma severa a varios lugares que son claves para el turismo, especialmente en vacaciones de verano.
El informe, publicado en la revista científica “Nature Climate Change”, reveló cuáles son los efectos del cambio climático. Llegó a varias conclusiones: una de ellas, estima que para el año 2100, varios países podrían perder hasta el 40% de sus playas.
En ese grupo de naciones que corren peligro de padecer una merma en sus costas se encuentra Argentina, ubicada dentro del top 10 de los países más afectados. También advirtió que en los próximos 30 años, las playas de nuestro país perderían 100 metros de arena.
“Se van a perder 4.000 kilómetros de costa en 78 años”, estimó el biólogo Fabricio Ballarini, quien profundizó sobre los detalles del informe hecho por la publicación científica Nature Climate Change.
En la Costa Atlántica bonaerense, una de las zonas más afectadas del país, se pierden hasta dos metros de playa por año. No obstante, los expertos en materia climática también advierten en el informe que el impacto puede golpear de lleno a distintos puntos de la provincia de Entre Ríos, por donde transcurren los ríos Ibicuy y el Paraná.
“La playa funciona como una especie de barrera de contención de tormentas y de la embestida del mar, mientras más extenso el terreno con arena menor será el impacto”, Ballarini consideró sobre los efectos de este fenómeno impulsado por el cambio climático.
El trabajo publicado por Nature Climate Change, reunió décadas de datos obtenidos por expertos de Estados Unidos y China. Las conclusiones han permitido a los científicos comprobar, por primera vez, que la Corriente Circumpolar Antártica (CCA) está sufriendo esa aceleración.
Para el estudio se usaron mediciones por satélite de la altura de la superficie del mar y datos recogidos por la red mundial de boyas oceánicas Argo (en pleno funcionamiento desde 2007), para detectar una tendencia en la velocidad de la capa superior del océano Antártico que había permanecido oculta para los científicos hasta ahora.
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La Provincia recibirá 2 millones de dólares del Fondo Verde del Clima y estará destinado a la conservación de los bosques nativos, y el saneamiento de la Cuenca del Morro

Fecha de Publicación: 23/12/2021
Fuente: Agencia ANSL
Provincia/Región: San Luis


El anuncio del beneficio financiero se realizó en la ciudad de Buenos Aires, durante el encuentro entre el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié y la secretaria de Ambiente y Parques, Natalia Spinuzza. El Fondo Verde del Clima (FVC) forma parte de las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, a cargo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Su implementación estará destinada a la prevención de incendios forestales, acciones para combatir el desbalance hídrico de la Cuenca del Morro, y para promover el manejo sostenible del bosque nativo.
En el ámbito de una intensa agenda en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la secretaria de Medio Ambiente y Parques, Natalia Spinuzza y su equipo de trabajo, se reunieron con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, y el vice ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky. Durante el encuentro se diseñó un cronograma de actividades en conjunto, y se abordó la implementación de distintas acciones ambientales.
El eje principal del encuentro se basó en la asignación de los llamados “Fondos Verdes del Clima” (FVC), que depende de las Organización de las Naciones Unidas (ONU). El beneficio consiste en asignar a la provincia de San Luis, un monto financiero de 2 millones de dólares: la mitad estará destinado a la prevención de incendios forestales, y el resto se aplicará al trabajo de saneamiento de la Cuenca del Morro, en conjunto a diversas acciones aplicadas al cuidado de los pueblos originarios.
En este sentido la secretaria ambiental, Natalia Spinuzza se refirió a las acciones realizadas por el Gobierno provincial para poder acceder por primera vez al Fondo Verde del Clima (FVC): “ Diversas acciones permitieron a la provincia acceder a esta importante ayuda, entre ellos se encuentra la elaboración del Inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI) con el que cuenta recientemente la provincia, y la adhesión al Plan de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI) para conservar el bosque nativo, la biodiversidad y fomentar la producción sostenible”.
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Agroquímicos: quedó firme un fallo que evita fumigaciones a 1.000 metros

Fecha de Publicación: 23/12/2021
Fuente: Vía País
Provincia/Región: Santa Fe


La Corte Suprema de Justicia no dio a lugar al reclamo de la Comuna de Zenón Pereyra. La importancia radica que en sienta presendete de un mínimo de distancia basada en documentos científicos.
La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe dejó en firme una sentencia el pasado 14 de diciembre que prohibe fumigar a menos de 1.000 metros de una casa en Zenón Pereyra. Pero, lo principal del fallo, es que sienta jurisprudencia y precedentes para fijar una distancia mínima de resguardo agronómico, con fundamentos científicos.
Esto se da en el marco del debate de la ordenanza y el posterior “veto propositivo” en Rafaela de la ordenanza que bajó de 200 a 50 metros la distancia mínima para fumigar. En esos 150 metros de diferencia, solo se debería hacer con productos biológicos. Recordemos que el Ejecutivo suspendió la aplicación de la ordenanza por seis meses, hasta tanto se defina el detalle del alcance de estos nuevos productos.
De acuerdo a lo publicado por el diario El Ciudadano de Rosario, entre los considerandos, se dirime la dicotomía entre la salud y la producción. Afirman que hay otras técnicas agrarias, marcadas en el cuidado del ambiente y las personas, con las cuales se puede llevar adelante la actividad agraria, respetando la zona de exlcusión fijada.
Enrique Marchiaro, especialista en derecho municipal, dijo en declaraciones a FM Galena, que “esto es lo que siempre dicen los Tribunales y las Cámaras y las Cortes Supremas. Que se tiene que tomar una decisión que proteja a la gente: es decir, aplicar el derecho precautorio”.

Los ancedentes del fallo en Zenón Pereyra
Todo comienza en 2014. Norberto Oscar Bassi y Estefanía Bassi, padre e hija, habían presentado un amparo ambiental por cesación de contaminación en contra la Comuna de Zenón Pereyra, Carlos Schalbetter (alquilaba el campo), Luis Ballarino (dueño del campo), Ballarino Rural S.H. y “subsidiariamente” contra la provincia de Santa Fe. Los denunciantes se quejaban que las aplicaciones de 2-4D y glifosato les traían complicaciones respiratorias.
El juez de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de San Jorge, Daniel Marcelo Zoso, impuso un límite de 500 metros, tal cual lo establece la ley provincial 11.273 de fitosanitarios. Apelaron la medida, para que se amplíe este límite agronómico. Y el 12 de junio de 2020, la Cámara había anulado el fallo de primera instancia y se ordenó llevar “prudencialmente la distancia mínima a observar para las fumigaciones terrestres ­-respecto de la vivienda de los amparistas a los mil metros desde el límite exterior representado por la calle San Cayetano”.
Tomó como base la sentencia de la localidad de San Jorge, de 2009. Se basaban en “las mayores evidencias científicas existentes en torno a los efectos de los agroquímicos”, para realizar un “ajustamiento” de las distancias.
La Comuna presentó un recurso de inconstitucionalidad, apelando el fallo. Ahora, la Cámara de Apelaciones (con los votos de Eduardo Roberto Sodero, Luciano Francisco Pagliano, absteniéndose Armando Luis Drago), resolvió desestimarlo y dejar en firme este fallo con el límite de los 1.000 metros.
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La producción orgánica argentina y su potencial de crecimiento

Fecha de Publicación: 22/12/2021
Fuente: Hoy Día Córdoba
Provincia/Región: Nacional


¿La creciente demanda de producción orgánica responde a una moda o una tendencia? La pregunta era habitual cuando se analizaban estadísticas del sector, pero la inquietud quedó respondida al visualizar que se trata de una tendencia en crecimiento que se consolida año a año a nivel mundial, incluyendo los impredecibles tiempos de pandemia que aún atravesamos. Tener presentes los escenarios a futuro y preferencias de los consumidores, resulta clave para quien vuelca sus esfuerzos en la transformación, la diferenciación y el posicionamiento de su marca, más aún si la meta es un mercado altamente competitivo como lo es el de los productos que se identifican a través de un sello orgánico.
Definir orgánico es hablar de un producto que proviene de una agricultura ecológica, que respeta el ambiente y preserva los recursos naturales, que tiene estrictas normas sobre el uso de herbicidas, pesticidas y fertilizantes con la finalidad que cuente con un atributo de calidad. Este mercado gana cada día más adeptos, en el afán de cuidar su salud, preservar el hábitat y contribuir con el cuidado de la casa común, en sintonía con un estilo de vida más holístico y de conciencia plena.
En relación al alcance actual de este sistema productivo en nuestro país, según las últimas publicaciones del Senasa, durante 2020 la superficie dedicada a cultivos orgánicos cosechada en Argentina creció un 20% respecto al año anterior y aumentaron un 6% las explotaciones agropecuarias con certificación, consolidando una tendencia positiva en la última década. En este período, 4,2 millones de hectáreas se dedicaron a la producción ganadera y 232 mil a la vegetal; y el sector orgánico produjo 132 mil toneladas, de las cuales más del 96% fueron exportadas y el porcentaje restante se comercializó en el mercado interno. Estas cifras indican el potencial de crecimiento que tienen ambos mercados: el externo altamente demandante y aún insatisfecho (principalmente Estados Unidos y la Unión Europea); y el interno ávido por clarificar cómo identificar este tipo de productos, dónde comprarlos y que realmente sean una opción dentro de su economía.
Desde el Inti estamos impulsando acciones para acortar brechas tecnológicas que puedan sumar valor a un producto de por sí diferenciado a través de un sello y un sistema de respaldo que lo avala. Como ejemplos en este sentido, contamos con una planta piloto certificada orgánica (para procesar cereales, legumbres y oleaginosas); con un programa de «Diversificación de la Producción Orgánica» y con nuestra activa interacción con el propio sector, instituciones intermedias y organismos gubernamentales nacionales -como Mapo, APO, Cacer, Magyp, Senasa- así como diferentes estamentos provinciales.
También, en el instituto establecimos que el agregado de valor a la producción orgánica sea una línea estratégica de trabajo para los Consejos Asesores Regionales del Centro, Cuyo, NOA y Patagonia- regiones que reúnen el 64% de los operadores orgánicos -En este marco, se constituyeron mesas técnicas que proyectan acciones concretas para lograr su cometido, en articulación con organizaciones empresariales, gobiernos provinciales e instituciones del conocimiento cuya vinculación persigue la sinergia y complementación.
Sin dudas, las brechas tecnológicas quedan definidas por los principales desafíos técnicos que atraviesan a los operadores elaboradores orgánicos y quienes tengan interés en serlo. Contar con tecnologías adaptadas a la escala de producción, una cadena sostenida de proveedores, y una cartera de insumos diversificada; diagramar proyectos que tiendan a definir opciones de packaging (que refleje la filosofía que identifica a este tipo de productos); analizar fehacientemente los ciclos de vida de los productos que se comercializan como orgánico e incentivar a disminuir las huellas ambientales; objetivar la percepción del consumidor de orgánicos, capitalizando su opinión para el diseño de productos, la innovación y la relación de fidelidad que suele establecerse entre una marca o concepto y quien la elige; son algunos de los temas en los cuales como Inti aportamos nuestro conocimiento y asistencia, muy cerca de donde se elaboran los productos. Ello es posible gracias a la red de trabajo territorial y sus referentes regionales que establecen el vínculo y la cercanía indispensables para que una necesidad pueda ser interpretada y canalizada.
El rubro de alimentos es el que mayor oferta presenta actualmente para la producción orgánica, con más participación de algunos sobre otros. No obstante, prendas y cosméticos tienen un incipiente desarrollo en nuestro país que requiere especial atención para que se consoliden y puedan acompañar la creciente demanda del mercado. Las actuales generaciones, que en unos años tendrán capacidad de compra, así lo exigen.

Por Lic. Nadina Cazaux. Equipo de Diversificación de la Producción Orgánica (INTI)
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Neuquén busca reforzar el reciclado de aceite vegetal

Fecha de Publicación: 22/12/2021
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén


El residuo se utiliza como insumo para biocombustible. Si bien la provincia cuenta con un programa de recuperación, aseguran que falta generar concientización entre los vecinos.
El mes pasado se viralizaron en Neuquén unas imágenes de un trabajador de un carrito del Paseo de la Costa arrojando aceite vegetal usado en una alcantarilla que iba hacia el río Limay. Por el hecho, la Municipalidad elaboró infracciones a dos puestos de comida rápida. Lo ocurrido puso en debate y en manifiesto la necesidad de seguir avanzando y concientizando sobre el destino adecuado de este residuo.
El Aceite Vegetal Usado (AVU) es un elemento contaminante sino se le da una buena disposición. Pero, además, se lo puede aprovechar como insumo para la generación de biocombustible.
La Provincia de Neuquén cuenta con un programa para la gestión de AVU, en el cual participan 19 municipios y comisiones de fomento: Aluminé, Andacollo, Bajada del Agrio, Caviahue-Copahue, Centenario, El Huecú, Huingancó, Las Lajas, Loncopué, Picún Leufú, Piedra del Águila, Plaza Huincul, Santo Tomás, Senillosa, Varvarco, Villa El Chocón, Villa Traful, Vista Alegre y Zapala. Hay otros como Junín de los Andes y Neuquén (ver recuadro) que realizan su propia gestión de este tipo de residuo.
A quienes suscribieron el convenio, la Subsecretaría les proporciona maxibidones y cartelería, y cada municipio o comisión de fomento se encarga de realizar el acopio y las recolecciones dentro de la localidad.
Desde la cartera de ambiente provincial indicaron que se lograron recuperar 6.800 litros durante 2020 y 8.200 en lo que va de 2021. Uno de los que trabaja con más fuerza es Zapala, donde durante este año la recolección fue de 2.800 litros. En Aluminé fue 1.100 litros, 700 en Loncopué, 2.300 en Piedra del Águila, 400 en Senillosa, y 928 en Villa El Chocón.
“Se ve que hay un poco más de conciencia ambiental, pero en cuanto a conductas personales, hay mucho por trabajar. Pero es importante que los municipios den una opción a la población”, señaló Brenda Sapag Viera, directora general de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Subsecretaría de Ambiente.
Indicó que “la gestión de los residuos es municipal, y nosotros lo que hacemos desde provincia es asistirlos”.
Fuentes del área de Ambiente explicaron que se fomenta la economía circular a través de la correcta recolección y tratamiento del aceite vegetal, especialmente por la contaminación que genera en el agua.
Además, porque el desecho de AVU y otras grasas en el desagüe genera obstrucciones de cañerías, malos olores y afectación en el funcionamiento de las plantas de tratamiento de residuos cloacales.
Ricardo Genga, referente en Neuquén de la empresa Sodir SRL, que es la entidad que realiza la recolección del AVU en los municipios que adhirieron al plan, explicó que ese producto luego se acopia y “es la materia prima para biocombustible”. La empresa, que está ubicada en la provincia de Buenos Aires, es proveedor de plantas de Biodiesel.
Contó que la frecuencia con la que vienen a buscarlo a la región, va variando. “Vamos con una bomba, y lo traspasamos a los bidones nuestros. Si en algún lugar hay un autoelevador, se carga ese lleno y se deja uno vacío”, explicó.
La mayoría proviene de los locales gastronómicos y en menor medida de domicilios particulares.
Genga dijo que también se hizo un acuerdo con La Anónima, y se recoge en la sucursal de Zapala, Plaza Huincul y en el hipermercado de Neuquén.
En la ciudad de Neuquén en lo que va de 2021 se procesaron 102 mil litros de AVU en la disposición final, que equivale a un 30% más que lo que se contabilizó en 2020, según datos del área de Ambiente municipal.
“Hoy se hace a través de un tratador habilitado (RBA Ambiental), que por ahora es uno solo. Hay otro que presentó el trámite y se está analizando”, informó Francisco Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana.
El funcionario indicó que el tratador recorre los diferentes comercios, a demanda. Principalmente recoge el producto en los locales gastronómicos.
Sumó que otra opción disponible, es que los comerciantes puedan llevar el aceite usado en los Centros de Transferencia, ubicados en Quimey y Novella y en Tronador y Boerr, donde hay un maxi bidón de 1000 litros, “y se les da un certificado de disposición final”.
Igualmente, se ve la necesidad de ampliar el servicio por lo que Baggio anunció que esta semana tendrá una reunión con el único tratador habilitado que hoy tiene la ciudad “para ver cómo optimizar el servicio” y dijo que hay otros que manifestaron un interés al Municipio de sumarse en el registro.
Baggio sostuvo que el hecho donde un trabajador arrojó el aceite en una alcantarilla generó “precaución por la desidia y la negligencia” y marcó que el suceso negativo fue un disparador “para darle nuevamente difusión a las medidas con el aceite vegetal e intensificar los controles”.
“No se pueden tirar en la cloaca, en el inodoro, en el cordón cuneta, en la barda, en un pluvial, en una alcantarilla. Eso se controla para que no ocurra. Que el comerciante tenga un certificado de disposición final del tratador o del centro de tranferencia*, expresó el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana.
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La CNEA quiere buscar uranio en Vaca Muerta

Fecha de Publicación: 22/12/2021
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén


La Comisión Nacional de Energía Atómica solicitó un pedido de cateo a la provincia de Neuquén. Buscan estudiar un total de 10.000 hectáreas en los departamentos Añelo y Pehuenches. Avanza el proyecto de uranio en Río Negro.
El subsuelo de Neuquén podría no solo contener los recursos hidrocarburíferos de Vaca Muerta, sino también uranio, el mineral clave de la energía atómica. Y esto es lo que apunta a encontrar la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) con el pedido de permiso de cateo que presentaron al gobierno neuquino.
De acuerdo a la solicitud firmada por el Jefe de Estudios Geológicos de la CNEA, Guillermo Rojas, el organismo nacional aspirar a poder explorar una zona de nada menos que 10.000 hectáreas que comprende los departamentos de Añelo y Pehuenches.
La zona coincide no solo con dos de los departamentos neuquinos debajo de los cuales se encuentran los recursos de Vaca Muerta, sino también con la zona que actualmente cuenta con explotación hidrocarburífera, tanto en los nuevos desarrollos del no convencional, como en los viejos campos del convencional.
De esa superficie total, 8.350 hectáreas son tierras fiscales de propiedad de la provincia de Neuquén, mientras que las restantes 1.648 hectáreas (ya que en concreto el pedido es por 9.998 hectáreas) son tierras de propiedad privada correspondientes a las familias Mora, Martínez y Parada.
El pedido de cateo detalla que desde el organismo provincial apunta a la detección de minerales de primera y segunda categoría, es decir a minerales y piedras de los considerados preciosos, pero también a los de usos industriales como es el justamente el uranio que sería la prioridad en los trabajos de exploración.
El director provincial de Minería de Neuquén, Carlos Portilla, explicó que “el cateo establece una superficie en la cual, una vez concedida, una empresa puede explorar. La ley fija que la superficie se debe ir reduciendo a medida que avanza la exploración, hasta que, si se dan los resultados esperados, se avanza en el pedido de un permiso de mina”.
Portilla recordó que según el Código Nacional de Minería, son tres los tipos de minerales que se extraen. Lo de la tercera categoría son los destinados netamente a la construcción, como el mármol o el granito por ejemplo. Los de segunda categoría son los considerados minerales industriales, cuyo uso normalmente requiere de un procesamiento industrial, como es el caso de la bentonita y la baritina.
En tanto que los minerales de primera categoría comprenden a los metales y rocas preciosas, tales como el oro, la plata, los diamantes, como así también el cobre y el hierro.
Si bien el pedido presentado por la CNEA no detalla que se buscará únicamente uranio, Portilla recordó que “la CNEA administra la producción de energía atómica en el país, y el mineral que se utiliza como combustible es el uranio por lo cual este cateo, seguramente buscarán eso”.
Desde el organismo nacional no es la primera vez que se avanza en la búsqueda del mineral radiactivo, ya que en 2014 también avanzaron con pedidos para estudiar la posibilidad de dar con uranio en La Pampa.
Después de todo, Argentina no solo tiene un consumo propio del elemento tanto en las centrales nucleares como en el desarrollo de tecnología de punta, sino que hasta hace dos décadas el país era un exportador neto de este mineral.
En la principal zona hidrocarburífera de la provincia existen actualmente permisos de explotación mineros, pero se trata de elementos de la tercera categoría, en su mayoría arenas.
Más allá de las expectativas, el titular de la dirección provincial de Minería, advirtió que el proceso para convertir el pedido en una autorización aún tiene mucho camino que andar.
“Falta bastante para que se autorice esta solicitud de cateo porque no deben haber superposiciones de permisos y además tienen que tener un informe de impacto ambiental que debe estar aprobado previamente a la autorización del cateo”, aseguró.

Avanza el proyecto de uranio en Río Negro
La firma canadiense Blue Sky, perteneciente al Grosso Group, avanza con el proyecto de exploración de uranio denominado Amarillo Grande, en la zona de Valcheta, en la Línea Sur de Río Negro.
La compañía del magnate minero Joseph Grosso, completó a principios de noviembre 50 de los 100 pozos que tienen previstos en la fase de exploración de un área que comprende a 270.000 hectáreas.
El proyecto se centra en las áreas bautizadas como Ivana Central e Ivana Norte, en donde la compañía identificó entre 2007 y 2012 la presencia no solo de uranio sino también de vanadio, un mineral utilizado en la fabricación de acero.
La mineralización en el depósito Ivana tiene características de depósitos de uranio y vanadio de tipo superficial y de tipo arenisca. La mineralización tipo arenisca está relacionada con un sistema fluvial entrelazado e indica el potencial de un sistema de tamaño distrital.
Según los cálculo de la empresa, el depósito Ivana alberga recursos inferidos de 22,7 millones de libras de U3O8 y 11,5 millones de libras de V2O5 (28,0 millones de toneladas con un promedio de 0,037 % de U308 y 0,019 % de V2O5 con un corte de uranio de 100 ppm).
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Chubut: gobernador Arcioni frena la ley minera y convoca a plebiscito

Fecha de Publicación: 21/12/2021
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Chubut


El mandatario provincial prepara el llamado a un plebiscito popular para que los chubutenses definan el futuro de la actividad extractiva en la provincia.
El gobernador Mariano Arcioni suspendió la ley de zonificación minera cinco días después de conseguir su aprobación en la Legislatura de Chubut. La decisión se da en el marco de una fuerte rebelión popular.
Tras el anuncio, el mandatario provincial convocó a un plebiscito para que sea el pueblo de Chubut quien determine los pasos a seguir con un proyecto que, desde su presentación, provocó una fuerte polémica y que consiguió un hecho inédito a nivel local: el quiebre de la grieta política en favor y en contra de la ley.
“Respeto profundamente a quienes se han manifestado pacíficamente estos días y quiero pedirles de abrir una ventana de tiempo durante la cual nos demos una oportunidad, la oportunidad de pensar cómo damos trabajo a quienes no lo tienen, cómo generamos inversiones para industrializar nuestra producción, con qué recursos mejoramos nuestra educación, nuestra seguridad y nuestra salud”, inició el gobernador.
Y confirmó que “hemos decidido derogar la ley e Impulsar un plebiscito a nivel provincial para escuchar a todas las voces del pueblo. Durante este tiempo abriré un nuevo proceso de diálogo social con todos los actores involucrados en este proyecto, ya sea que estén a favor o en contra ”.
Arcioni comunicó lo resuelto luego de un claro bloqueo político de parte de buena parte de aquellos dirigentes que la semana pasada instaron por un voto positivo pero que, en vistas del clamor popular, tomaron la decisión de dar marcha atrás y reconsiderar su postura. Es así que tanto el vicegobernador y presidente de la Legislatura y el intendente de Puerto Madryn, Ricardo y Gustavo Sastre, respectivamente, tomaron la decisión de plantarse ante el gobernador para exigirle dar de baja la ley.
“Como dirigente debo reconocer el comportamiento de los vecinos de mi ciudad, que han salido a marchar en las calles en forma pacífica”, aseguró el jefe comunal antes de confirmar que vetará la ordenanza del HCD local que días atrás adhirió a la zonificación minera en respaldo a su propio jefe político.
Algo similar se dio en Comodoro Rivadavia, donde Juan Pablo Luque dio a conocer que se reunió con dos diputadas que habían dado su voto en favor de la zonificación minera (Adriana Casanovas y Mónica Saso) y le comunicaron al gobernador su postura de derogar el proyecto. “Oír a la gente siempre debe ser la prioridad de la dirigencia política y así lo ha entendido el gobernador de nuestra provincia ”, sostuvo.
Con este cambio de postura, Arcioni dejó de tener los votos necesarios para poder ir en contra del proyecto de derogación presentado en la Legislatura y, por esto, prefirió dar el paso primero. "Es un posicionamiento político. Una cosa es que te den vuelta una ley esencial en la legislatura y otra es hacerlo dejando en claro que escuchás a la gente ”, le dijo a Ámbito un dirigente oficialista.
Arcioni había conseguido su primer triunfo político como gobernador en mucho tiempo. Y una respuesta clara al presidente Alberto Fernández, quien le había pedido la aprobación de una ley que podría generar ingresos sostenidos para el país y la provincia más la generación de fuentes de empleo para una zona compleja como la meseta.
Sin embargo, el levantamiento popular que llevó a la quema de la Casa de Gobierno de Rawson, las marchas en todas las ciudades y los cortes de ruta que, hasta las últimas horas, continuaban activos, obligaron a que el gobernador tenga que dar marcha atrás y, de esta manera, anotarse una nueva derrota política luego de que sus candidatos para el Congreso terminaran en el cuarto lugar, con solo en 10 por ciento de los votos, en las recientes elecciones legislativas.

Cómo fue la votación y el pacto político detrás de la ley de minería
La iniciativa, que había sido enviada por el gobierno provincial el año pasado, contaba con dictamen de Comisión pero no había podido ser tratada en el recinto debido a los constantes incidentes provocados en la previa de cada una de las sesiones en las que se sabía que podía tratarse.
Es por esto que, como parte de una estrategia política de silencio, y con el objetivo de garantizar la seguridad interna, el oficialismo se guardó hasta el final el tratamiento de la ley 128. El mismo miércoles por la tarde noche, ni la empresa canadiense Pan American Silver, responsable del proyecto Navidad (que conlleva inversiones por un monto cercano a los 1200 millones de dólares), estaba al tanto del movimiento de la Legislatura.
Fuentes internas de la Legislatura le habían asegurado a Ámbito que no estaba previsto tratarse ese día, pero dejaron abierta la posibilidad de que el voto se haga el jueves. Sin embargo, diputado arcionista Juan Pais pidió agregar el dictamen 128 y dos presidentes de bloque se negaron: Leyla Lloyd Jones, en representación del intendente de Trelew, Adrián Maderna, y el radical Manuel Pagliaroni. Pero el resto de los presidentes aceptó, se sometió al voto y la ley salió aprobada por 14 a 11 con dos ausencias: Xenia Gabella, referenciada en el vicegobernador y titular de la Legislatura, Ricardo Sastre, y Mario Mansilla, del Frente de Todos.
La votación no solo expuso diferentes posturas entre los diversos bloque sino que, además, dejó a la vista las internas con las que cuentan los propios legisladores y a quienes representan. De esta manera el Frente de Todos tuvo 3 diputados por la negativa y 2 por la positiva, el arcionismo contó con 9 a favor y 2 en contra; mientras que la oposición también mostró sus posiciones encontradas: con el PRO a mano alzada y la UCR en desacuerdo.
“Votaron de espaldas al pueblo. Entre gallos y medianoche. Traicionaron a la gente que los puso en esa banca porque el 80 por ciento de la Provincia no quiere saber nada con la minería. Es una vergüenza”, le dijo a Ámbito la diputada Lloyd Jones.
Y sobre los movimientos antimineros que ya exigen derogar la ley, opinó que “hay que hacerlo. El pueblo es nuestra herramienta principal. El agua vale más que el oro. No queremos que nos contaminen. Hay pueblos chicos y grandes sin agua y ahora encima la van a contaminar”.
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Agrotóxicos: en Salta hay más diagnósticos de cáncer y malformaciones congénitas

Fecha de Publicación: 21/12/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


La investigadora Mariana Schmidt dijo que “hay que poner el foco sobre cómo se distribuyen los riesgos y las ganancias".
Profesionales del Hospital Materno Infantil de la ciudad de Salta y de la Atención Primaria de la Salud refirieron que hay un aumento de diagnósticos de cáncer y malformaciones congénitas en el norte provincial. El dato surgió en la investigación científica “Regulaciones, políticas y conflictos por agroquímicos en Salta, Argentina”, publicada en la “Letras Verdes. Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales”, una edición de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO Ecuador.
La investigación expone el debate sobre la aplicación de agrotóxicos en Salta en la producción agrícola en Salta y los conflictos que se generaron a raíz de esta situación.
Mariana Schmidt, investigadora del CONICET que además contó con financiamiento del Ministerio de Salud y del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación de la Nación para realizar esta investigación, es quien analizó los aspectos relacionados a la parte normativa, política institucional, judicial y social generada con la aplicación de las sustancias que se utilizan para la producción agrícola, sobre todo a gran escala.
La investigadora detalló en el relevamiento que “En entrevistas con profesionales de la salud del servicio de oncología pediátrica del Hospital Provincial Materno Infantil (HPMI), de la ciudad de Salta, y de Atención Primaria de la Salud del Hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal (ciudad cabecera del departamento San Martín), refirieron la existencia creciente de diagnósticos de cáncer y malformaciones congénitas”.
Según este relevamiento, los profesionales señalaron que “la mayoría de los/as pacientes en oncología pediátrica en el HPMI provienen del departamento de San Martín (entre el 35 y el 40 por ciento), al tiempo que se registra gran cantidad de leucemias y linfomas en niños/as indígenas”.
Como conclusión de esta investigación que toca un tema del que poco se habla en la provincia y que es inherente al modelo de agronegocio que se desarrolla en Salta,  Schmidt entendió que “hay que poner el foco sobre cómo se distribuyen los riesgos y las ganancias” de este sistema.
Con una historia que empezó en la región pampeana una década antes que en el NOA, parece lógico considerar la posibilidad de evaluar en la población los efectos de la aplicación de estas sustancias. Sin embargo, casi no hay datos que provengan desde la salud para cuestionar el modelo impuesto en las zonas del Chaco salteño, actualmente en emergencia sanitaria en los departamentos Rivadavia, San Martín y Orán por las muertes evitables de las infancias originarias, en particular la wichí.

“Venenos útiles” y comunidades inconsultas
Al analizar la discusión legislativa en torno a las normativas que surgieron tras la estimación de los efectos nocivos de los fitosanitarios, agroquímicos o agrotóxicos, Schmidt hizo referencia a las controversias en el debate de la Ley 7.812, de 2013, cuyo objetivo es “proteger la salud humana regulando todas las acciones relacionadas con productos fitosanitarios para prevenir la contaminación del ambiente, los riesgos de intoxicación y preservar la inocuidad de los alimentos”.
Entre los ejes del debate legislativo que tuvo lugar en 2012 se identificó como uno de los principales argumentos el “insuficiente grado de conocimiento y/o de certezas respecto de los daños causados por los agroquímicos”. En palabras de un diputado: “No van a encontrar una estadística porque nunca la hubo en la provincia, no hay un trabajo en concreto sobre los efectos producidos por estos productos en ninguna región de Salta (…) cuando nos reunimos la Comisión de Producción con el sector de la Salud, vinieron los médicos y les planteamos el hecho de no contar con una estadística para conocer las reacciones que pueden producir los productos fitosanitarios, porque como sabemos en los distintos lugares en donde hay mucha producción (…), existen distintas alergias que la gente ha comenzado a tener sobre todo en la piel y en las vías respiratorias, pero nos respondieron que no existe en la provincia un registro que nos informe las causas de la contaminación que está afectando al ser humano”.
De las versiones taquigráficas de 2012 surge también otro de los hechos que atraviesa la realidad cotidiana de habitantes cercanos a las fincas en producción que usaban “los envases (de agroquímicos) como parte del techo de la casa, para soportar alguna puerta o para cortarlos y usarlos como vasija”. Entre otras escenas, los legisladores describieron cómo “los aviones de fumigación pasan por sobre las poblaciones aborígenes, donde muchas veces no les da tiempo a levantar porque se encuentran con una comunidad viviendo en una cortina de 30 metros de ancho”. Se aludió al caso de departamentos sojeros como Anta, donde, desde hacía ya una década “la fumigación aérea causaba daños porque las poblaciones que están rodeadas de la actividad de la agricultura con el tiempo comenzaron a sentir los perjuicios que provocaban los productos químicos”.
En las modificaciones durante el tratamiento legislativo se cambió el término de “agroquímico” por el de “fitosanitarios”. “Si bien se justificó en la adecuación terminológica a otras normas en vigencia, no debemos dejar de destacar lo que esto implica, al suprimir toda referencia a su naturaleza química y/o tóxica para hacer lugar a una definición que los asimila más bien a ser un ‘medicamento para plantas’, al prescindir de sus connotaciones negativas”, sostuvo Schmidt. A la inversa, también con la discusión se cambió el verbo “comprobar” los efectos en la salud, por “detectar”. Las discusiones, añadió la investigadora, se vincularon entonces con la aplicación del principio precautorio en materia ambiental.
“Una certeza recorrió la mayoría de las alocuciones”, añadió Schmidt en el artículo. En este punto, el debate legislativo adhirió a la idea que “si bien la norma afecta intereses económicos privados, no va en contra de las fuerzas del trabajo”, en un contexto en el que impera la necesidad de continuar con las actividades productivas y aplicar “venenos útiles” con tal fin.
La investigadora analizó que si bien “se realizaron reuniones y se recibieron aportes, en su mayoría de entidades productivas, en ningún caso encontramos referencias a la participación de organizaciones vecinales de los principales centros urbanos, pueblos indígenas y/o campesinos que pudieran afectarse”

Control sí, pero sin recursos
En un relevamiento realizado a fines de 2019 a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) de la provincia, Schmidt indicó que se indagó sobre el modo de funcionamiento y alcances de los controles. “De acuerdo con la información que suministraron allí, son escasos los recursos (materiales y humanos) disponibles para afrontar el control y monitoreo de las más de un millón de hectáreas cultivadas, sostuvo.
Precisó que "Se realiza un promedio de 70 inspecciones anuales, en dependencia de la disponibilidad de vehículos: el programa no tiene movilidad propia y son extensas las distancias que separan a la capital provincial de las localidades afectadas por las fumigaciones. Entre las principales localidades a las cuales se llega por rutas asfaltadas están Las Lajitas (200 km de distancia), Orán (280 km) y Tartagal (360 km). Si la denuncia llegara desde una comunidad indígena como Tonono (en San Martín), son entre 500 y 600 km, en un viaje de entre siete y ocho horas, que requiere atravesar caminos de tierra de difícil tránsito en épocas de lluvia”, observó.
En esa misma línea señaló como otro obstáculo que las denuncias se pueden realizar solamente “a través de una presentación ante la División Rural y Ambiental de la Policía provincial, que elabora un acta y efectúa la derivación correspondiente, o mediante la denuncia personal y/o telefónica en la oficina central en Salta”.
El desarrollo del agronegocio en la provincia implicó deforestación, conflictos sobre la tenencia de tierras con comunidades originarias y campesinas, y 20 años de en los que falló en demostrar sus beneficios a las comunidades locales. Con la ampliación de la frontera agropecuaria se instaló la fumigación para mejorar los rindes de la producción.
Este y otros puntos se debatieron en un conversatorio que se desarrolló el 3 de diciembre pasado en Anta, el departamento que es el polo del modelo del agronegocio salteño, y en el que Schmidt expuso. Allí vecinos autoconvocadxs y organizaciones civiles dieron un paso en la necesidad del debate con especialistas con el fin de concientizar sobre un problema que los aflige, y los afecta.
La investigación completa de Schmidt puede leerse en https://revistas.flacsoandes.edu.ec/letrasverdes/article/view/4939/3894
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El gobierno santafesino avanza en la creación de una reserva hídrica

Fecha de Publicación: 21/12/2021
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


La propuesta implica la protección de más de 310 mil hectáreas y cuenta con un amplio respaldo por parte de entidades productivas y sociales
 La decisión del gobierno de la provincia de crear una reserva hídrica natural en los Bajos Submeridionales cosechó un fuerte respaldo por parte de los más de 40 integrantes del Equipo Técnico Interdisciplinario, integrado por asociaciones y federaciones agrarias, institutos tecnológicos, universidades, organismos nacionales y productores, durante la presentación del proyecto que se realizó en la Estancia Las Gamas, en el departamento Vera, donde la ministra de Ambiente y Cambio Climático, Érika Gonnet, brindó detalles del ambicioso plan que busca proteger más de 310 mil hectáreas de superficie.
También participó la ministra de Infraestructura, Silvina Frana, quien presentó los avances del Plan Director de los Bajos Submeridionales, desarrollado de manera interjurisdiccional con las provincias de Santiago del Estero y Chaco.
Además, estuvieron presentes integrantes del Ministerio de la Producción y de la Dirección Provincial de Vialidad, quienes detallaron los programas y herramientas productivas destinadas a esa región, lo que se convierte en una intervención interministerial sin precedentes por parte del gobierno provincial.
“Desde el inicio de la gestión el gobernador Omar Perotti impulsamos acciones climáticas concretas, protegiendo áreas que brindan importantes servicios ecosistémicos y promoviendo modelos de desarrollo sostenible”, explicó Gonnet.
“La iniciativa de esta nueva reserva hídrica natural se suma al proyecto de ampliación del Parque Nacional Islas de Santa Fe, que implica un aumento de la superficie actual de 4.096 hectáreas a un total de más de 10.000 hectáreas”, agregó.
“Siempre estuvimos convencidos de la participación ciudadana, de las instituciones y teniendo en cuenta a los actores de la región. Para nosotros, venir al territorio a contar algo que proyectamos es fundamental porque interactuamos con quienes viven y producen acá”, expresó la funcionaria. Y continuó: “Valoramos que las cuestiones ambientales se discutan en estos ámbitos porque siempre se dieron en contextos de enfrentamiento”.

Área protegida
La nueva reserva natural hídrica en los Bajos Submeridionales contempla una superficie de 311.367 hectáreas, delimitada al norte por la ruta provincial 31; al oeste por la ruta provincial 13; hacia el sur por la ruta provincial 32, un camino comunal y la ruta provincial 40; y al este por el Arroyo Golondrina.
La iniciativa se enmarca dentro del Programa Regenera Santa Fe, el cual propone un esquema estratégico de ampliación e incorporación de áreas naturales del territorio provincial para su protección y conservación. Trabaja en base a tres ejes: la incorporación de nuevas áreas naturales protegidas, el Inventario Provincial de Humedales y la mencionada ampliación del Parque Islas de Santa Fe.
“Luego de la explicación de los técnicos de Ambiente sobre la propuesta de esta reserva se hicieron todos los aportes de entidades productivas y técnicas para mejorar la propuesta”, resaltó el coordinador del Equipo Técnico Interdisciplinario, Mario Basán. En los próximos días, el objetivo es que los aportes queden plasmados en un documento del Equipo Técnico.
En tanto, el director Regional del Inta Santa Fe, Alejandro Longo, aseveró: “El balance fue muy positivo porque se generó un ámbito de interacción entre lo público y lo privado muy importante. Estamos totalmente alineados con la propuesta que escuchamos”.

Una intervención histórica
Por su parte, la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, recordó que “desde enero del año pasado hubo una clara definición del gobierno provincial y nacional de realizar una fuerte intervención en la zona de los Bajos Submeridionales. Esto tiene que ver con una política sustentable y de arraigar a nuestra gente en el norte, a fin de generar las condiciones necesarias para que pueda vivir y desarrollarse en el lugar donde nació”.
En esa sintonía, el secretario de Desarrollo Territorial y Arraigo, Fabricio Medina, expuso sobre las diferentes herramientas y programas productivos para la región de los Bajos Submeridionales con los que cuenta el gobierno de Santa Fe.
“La Comisión enriquecerá este trabajo y permitirá tener protocolos y certificaciones. El mundo nos está demandando alimentos sanos, la mesa de cada habitante nos interpela y, sin dudas, aquí tenemos un atributo natural. Podemos contribuir a la alimentación de cientos de miles de argentinos y también al cuidado del ambiente, protegiendo a nuestra flora y fauna”, sostuvo el funcionario.
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