Corte Suprema aceptó tratar un reclamo ambiental por el Parque Nacional Calilegua

Fecha de Publicación: 16/11/2021
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Jujuy


En base al convenio firmado en 2018 por Gerardo Morales y Sergio Bergman, el que ponía en juego mil hectáreas de pozos petroleros.
La Corte Suprema rechazó un pedido de medida cautelar de dos organizaciones ambientalistas sobre la explotación del Parque Nacional Calilegua, en la provincia de Jujuy, pero aceptó tratar una acción de amparo como "competencia originaria".
La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y la Fundación Greenpeace Argentina promovieron un amparo colectivo contra la Provincia de Jujuy y contra la Administración de Parques Nacionales para que sean declarados "inconstitucionales y nulos" el Convenio de Regularización Parque Nacional Calilegua firmado en 2018 por el gobierno nacional, a cargo de Mauricio Macri, y el provincial, en manos de Gerardo Morales.
Las organizaciones ecologistas pidieron la suspensión cautelar de ese convenio, pero el máximo tribunal -en un fallo firmado por los cuatro jueces- desestimó el planteo.
No obstante, aceptó hacerse cargo como tribunal único del reclamo de fondo y, en ese contexto, emplazó al Estado Nacional; a la Administración de Parques Nacionales y a la Provincia de Jujuy para que informen sus posturas sobre el tema en debate.
El convenio Estado - Nación cuestionado establece "sin un plazo cierto y determinado, la creación por parte de la Nación de una condición suspensiva de dominio y jurisdicción concediendo el uso y goce de una cierta área del parque mencionado a la provincia".
Ello incluye que "el Estado Nacional renuncia a interponer acciones de reparación ambiental a favor de la provincia de Jujuy quien se la reserva para sí, pero sin obligarse a realizarlas en un plazo determinado".
El planteo de las organizaciones ambientalistas apunta a que "se prohíba a los demandados disminuir de manera permanente o transitoria la protección ambiental actualmente vigente de todo o parte del territorio del Parque Nacional Calilegua".
La medida apunta a preservar más de 30.000 hectáreas del parque, especialmente unas mil hectáreas de Selva Yungas.
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Humedal sin ley: allanaron una plantación ilegal de maíz de 5 mil hectáreas en las islas Lechiguanas

Fecha de Publicación: 16/11/2021
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Entre Ríos


La empresa El Mapuche, dedicada a agricultura y ganadería, fue denunciada hace un año por organizaciones ambientalistas, en pleno avance de las quemas, por levantar terraplenes, secar los terrenos, llevar semillas y agroquímicos. Pudo sembrar, cosechar y vender antes de que el juez actuara
La Justicia Federal ordenó este miércoles el allanamiento de un campo de 5 mil hectáreas en un área protegida de las islas Lechiguanas donde hay una plantación ilegal de maíz, producción vedada por su característica y escala en el humedal. Allí encontraron máquinas cosechadoras y silobolsas. El procedimiento es consecuencia de varias denuncias de organizaciones ambientalistas, pero se concretó después de un año, cuando el daño al fragil ecosistema estaba hecho y los negocios facturados.
El campo es propiedad de la empresa El Mapuche SRL., dedicada a la explotación agrícola y ganadera con domicilio en María Ignacia (Estación Vela), del partido bonaerense de Tandil. Los responsables son Fabio Ernesto Di Fonzo, como productor, y Juan Pedro Nazar –hermano del creador de la marca de indumentaria Cardon– como propietario de los terrenos. El primero ya tiene denuncias por actividades prohibidas en las islas, y otros allanamiento pedidos por la Afip por comercialización de granos en negro.
La inspección de esta semana estuvo a cargo de la Prefectura Naval Argentina. Los efectivos constataron la presencia de silobolsas con maíz recién cosechado y otros contenedores con granos. El puestero del lugar confirmó que habían ingresado maquinarias para levantar la cosecha en embarcaciones que ya fueron identificadas.
Hubo un aviso de la Justicia que fue violado: una medida cautelar dictada en diciembre pasado por el mismo juez federal de Paraná Daniel Edgardo Alonso, por la que se estableció la “prohibición absoluta” de ingreso y uso de maquinarias, de aplicación de agroquímicos, movimiento de suelos, entre otras actividades perjudiciales para la conservación de esa área de humedales. La medida no se cumplió, y la Justicia no actuó hasta un año después.
Las acciones legales se iniciaron con la denuncia por actividad agrícola ilegal que presentaron las organizaciones Unidos por la Vida y el Medio Ambiente (Upva) y Cuenca del Río Paraná. Pero los colectivos ambientalistas no están conformes con el accionar del juez Alonso: “Actuó solo, sin comunicarle al fiscal y a las organizaciones denunciantes, y comisionó a la Prefectura para que allane el predio de islas que en primera instancia no pudo controlar, ya que las máquinas ingresaron a pesar de la prohibición”, reprocharon. Y agregaron: “Si bien el juez confirmó que la cautelar fue violada, lo hizo después de que el maíz fue levantado y vendido”.
Por eso, señalaron que “la demora en el accionar del juez permitió la explotación del lugar y no logró evitar que se dañe el ambiente”.
El conjunto de islas Lechiguanas comprende unas 250 mil hectáreas de humedales ubicadas en la zona del Delta del departamento Gualeguay, en el sur de Entre Ríos, frente a la ciudad bonaerense de San Nicolás, que resultan vitales para la biodiversidad de la zona y el sustento del medio ambiente.
 
Todo ilegal
Fabián Maggi, abogado especializado en derecho ambiental, recibido en la UNR y parte del equipo legal de la ONG Cuenca del Río Paraná, explicó al sitio ERA Verde que en las 5 mil hectáreas allanadas se construyeron “terraplenes y otras obras hidráulicas, como canalizaciones y depresiones en el terreno”. El ambientalista recalcó que se trata de “una zona de mucho valor ambiental, a punto que era una zona de estudio del Conicet, que la monitorea desde hace varios años y ahora fue destruida por estos empresarios que justamente decidieron hacer una explotación agrícola ganadera”.
En noviembre de 2020, en pleno avance de los incendios que habían comenzado a principios de año, el colectivo Upva de Ramallo presentó una denuncia por las quemas frente a esta localidad que involucraba al mismo productor, Fabio Di Fonzo. En esa presentación, lo consideraron responsable de atentado ambiental por desviar ilegalmente un curso de agua y así dar el primer paso hacia la sequía y quema de una zona que, interpretaron con buen tino, se pretendía vaciar de agua para cultivos como los comprobados esta semana.
“Nuestra organización lleva nueve años. Desde agosto (de 2020) venimos padeciendo las quemas en las islas del lado de Entre Ríos porque las tenemos a 7 kilómetros. Hicimos varias denuncias, pero Prefectura no se hizo cargo. Dicen que no es su jurisdicción. Lo mismo con el municipio”, contó en esa oportunidad la integrante de Upva Evangelina Romano a Radio Tandil.
La organización, junto a las asociaciones civiles Cuenca Río Paraná y Foro Medio Ambiental, presentó ante la Justicia entrerriana en julio del año pasado un pedido de medida cautelar “por daño ambiental”, sustentada “en el principio precautorio y la ley general de ambiente”.
“Cuando empezaron las quemas, ya teníamos conexión con organizaciones sociales de Entre Ríos y de Santa Fe porque los focos de incendio son ciento por ciento antrópicos, es decir que los produce el hombre. Ya sea por accidente o, como en este caso, un tema agropecuario. Lo comprobamos porque hicimos un seguimiento de investigación de campo que nos llevó tres meses”, explicó Romano.
“No dijimos ni una palabra para verificarlo y agarrarlos con las manos en la masa. Hay un encubrimiento detrás del sector agropecuario para sembrar en las islas. Ahora se hizo visible gracias a un video que conseguimos con un dron identificando la máquina”, refirió la ambientalista. Añadió que detectaron un mosquito (para fumigar), un camión hidrante, agroquímicos como glifosato y 24D y semillas. “Todo ese material está registrado en fotos, también los tenemos en video fumigando”, insistió Romano. El colectivo registró cosechadoras trillando y el buque “Flecha Misionera” operando en horario nocturno para evadir los controles de Prefectura.
La organización encaró una investigación con la biológa e investigadora del Conicet Natalia Morandeira. El trabajo permitió cursar una denuncia con pruebas sobre dos terraplenes en las Lechiguanas que cierran para secado sendas áreas de 800 y 4500 hectáreas.
“Cerraron el paso que se llama Zanjón de San Gregorio debido a unas fotos que empezaron a circular por redes sociales, para que la gente no pasara. Los isleños y quienes tienen sus ranchos allí tampoco podían pasar. Cerraron con cadenas porque estaban fumigando y no querían que los vieran. Hicieron un terraplenado para que el agua no se filtre, secando aún más los humedales. Hicieron un secado con bombas de todas las lagunas internas. Y todo para preparar la siembra”, contó Romano a Radio Tandil hace más de un año.
“El productor que denunciamos en nuestro comunicado es Fabio Di Fonzo. Lo sabemos porque los isleros nos dijeron que anda allí con la maquinaria y con un helicóptero”, dijo entonces. Pasó un año, el empresario sembró, cosechó y vendió sin que la Justicia interviniera.
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Gracias a la pandemia creció la población del hipocampo patagónico en las costas de Río Negro

Fecha de Publicación: 16/11/2021
Fuente: Minuto Uno
Provincia/Región: Río Negro


Se trata de la especie Hippocampus patagonicus, que está en riesgo de extinción pero cuya población aumentó cuatro veces en la Bahía de San Antonio ante la ausencia de turistas durante la pandemia.
La población de caballitos de mar o hipocampos, una especie que estaba en peligro de extinción en la Bahía de San Antonio, creció un 400 por ciento debido a la ausencia de turistas en la zona como producto de la pandemia de coronavirus.
Según estudios del investigador del Conicet Diego Luzzatto, estos pequeños peces de cuerpo comprimido que lateralmente nadan en posición vertical y cuya cabeza recuerda a la de un caballo, estaban al borde de la extinción ya que su población se había reducido en un 90 por ciento antes de la pandemia por el incremento del turismo en esa zona de la provincia de Río Negro.
"Desde que los estudio nunca se había detenido la tendencia decreciente", posteó en Facebook Luzzatto, para advertir a las autoridades sobre la importancia de controlar la actividad turística para evitar la desaparición del Hippocampus patagonicus.
"El verano pasado no hubo la intervención en el mar y en la costa que hay todos los años, hubo menos gente, vehículos y redes playeras", explicó el investigador sobre aumento de esta especie, señalando que "hace 10 años que los vengo estudiando y esta es la primera vez que veo que la población aumentó".
Luzzatto realizó tres análisis en el lugar para verificar la expansión de ejemplares, y junto con eso confirmó que se trata de individuos jóvenes. "No estoy encontrando animales de años anteriores, son los que nacieron entre la primavera y el verano pasado", explicó, aunque alertó que con el regreso de los turistas en esta temporada la situación puede cambiar, lo que lo llevó a advertir sobre el tema a través de las redes sociales.
"Hay áreas intangibles que son las que están en riesgo si no hay control turístico; si bien Punta Perdices no está dentro de un área intangible, está nominada como área primitiva que sólo permite el turismo de bajo impacto, cosa que hoy no se verifica", aseguró Luzzatto sobre otra de las áreas en estudio.
El investigador indicó que allí "la gente usa redes playeras para pescar cornalitos, lo que genera uno de los peores impacto en la zona porque son peces pequeños que no llegan a ser adultos y nunca se reproducen". Ese comportamiento humano altera las cadenas tróficas de las especies que llegan para reproducirse a la bahía.
"Las están pescando con esas redes playeras y nadie se da cuenta que también pescan a los jóvenes caballitos de mar", alertó, preocupado con lo que ocurra en la temporada, y considerando que el decreto provincial 398/14 prohíbe el uso de redes dentro del Área Natural Protegida Bahía de San Antonio.
El investigador explicó que se trata de una especie "que no patalea y quedan mezclada y atrapada con las algas que se sacan con las redes; puede haber hasta 10 caballitos de mar chiquititos que mueren cuando apenas alcanzan los tres centímetros de longitud... El destino final casi seguro los caballitos de mar juveniles es el de ser descartados en la playa junto a la masa de algas", se lamentó.
En tanto, la secretaria de Ambiente de Río Negro, Dina Migani, confirmó que "se ampliará la planta de guardas ambientales para las 14 Áreas Naturales Protegidas de la provincia" de cara a la temporada turística que se avecina y que, según las estimaciones, tendrá una afluencia masiva de turistas hacia la costa atlántica de la provincia.
"Cada área tiene su plan de manejo donde se detalla cuales son las especies que hay que conservar, y que lugares son más frágiles", indicó la funcionaria, quien precisó que allí estarán los guardas ambientales dedicados a atender a las personas y cuidar la fauna provincial.
Para eso, "se pretende contratar sólo por la temporada a 70 agentes de conservación ambiental, desde el primero de diciembre hasta principios de abril; muchos serán egresados de la carrera de la Universidad de Río Negro", añadió.
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Cambio climático: los claroscuros de Argentina en la cumbre COP26

Fecha de Publicación: 15/11/2021
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional


Su participación inició con un “encendido” discurso presidencial, pero el país mostró poco compromiso para frenar el calentamiento global, aunque se mostró más constructivo que en otras ediciones.
Con tiempo extra para este sábado, la cumbre sobre cambio climático de la ONU en Glasgow, Escocia (COP26) está llegando a su fin. La participación argentina estuvo marcada por un encendido discurso del presidente Alberto Fernández en el tercer día.
Sin embargo, para algunos expertos esa potencia discursiva no se traduce en acciones concretas. Esto se debe a las indefiniciones en el interior de gabinete con sectores como la energía y el agro, en puja con el área de ambiente.
La tensión es tal que el país falló en presentar sus metas de largo plazo para lograr la neutralidad de carbono en 2050, como se había comprometido. La propuesta de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero hasta 2030 es buena, pero no está claro cómo se materializará en acciones.
“Decepcionó que el país no presentara su estrategia de descarbonización de largo plazo. Pero Argentina es un país constructivo en la negociación climática. Logró incorporar a Paraguay en un bloque de negociación de todo el Mercosur”, asegura Enrique Maurtua Konstantinidis, experto en cambio climático de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn).
En cambio, Juan Carlos Villalonga, histórico referente del ambientalismo argentino y exdiputado por Cambiemos, cree que en la COP26 el país llevó la “delegación más deslucida de la historia″.
Y agrega: “No se ve clara la postura. Hubo un discurso altisonante pero cero acción y con indefiniciones sobre qué hacer con los bosques, el metano y los océanos. Esto se debe a la interna que hay dentro del gabinete”.
Konstantinidis asegura que la delegación nacional se mostró activa en los temas que históricamente trabaja Argentina. Aunque distingue este trabajo de diplomacia internacional con las acciones que debe hacer puertas adentro para enfrentar la cambio climático. Allí sí observa tensiones entre los diferentes ministerios.
En su discurso, el Presidente propuso que los países puedan cambiar deuda externa por acción climática. La iniciativa fue valorada como factible por los expertos, pero coincidieron en que la COP26 y el Acuerdo de París no eran el marco para llevar adelante esa negociación.
Los expertos creen que el compromiso de reducción de emisiones de nuestro país es bueno, ya que implica una estabilización de la contaminación. Sin embargo, no han aparecido los lineamientos y acciones que puede asegurar ese logro.
“Hay que construir una política integral y coherente con ese compromiso. Sabemos que luego deberemos avanzar en la neutralidad de carbono para 2050 y que seguramente antes de 2025 tengamos que reducir nuestra meta 2030″, sostiene.
Por qué es importante. El Acuerdo de París firmado por todos los países en 2015 plantea que la temperatura media global no debe aumentar por encima de los 1,5 grados a fin siglo respecto de los valores preindustriales.
Superar ese límite puede intensificar una serie de eventos climáticos como inundaciones, sequías, olas de calor y subida del nivel del mar que pondrían en riesgo la vida de las personas, la accesibilidad al agua y la producción de alimentos.

Acuerdos sectoriales
Las negociaciones oficiales de la COP26 no auguraban un buen resultado. No obstante, en los primeros días se cerraron varios acuerdos que marcaron compromisos voluntarios de las naciones para mejorar las propuestas de mitigación del calentamiento global. ¿Qué papel tuvo Argentina?
Bosques. Los líderes de países que representan más del 85por ciento de los bosques del mundo se comprometieron a detener y revertir la deforestación y la degradación de la tierra para 2030. Argentina firmó este acuerdo. El contraste: por 13º año consecutivo el presupuesto nacional para bosques nativos estará por debajo del 5 por ciento de lo que prevé la ley.
Metano. Argentina también firmó el compromiso para reducir las emisiones de metano, un gas de efecto invernadero 28 veces más poderoso que el dióxido de carbono de los autos. Se genera en la cadena de producción de combustibles, por la ganadería y otras industrias. La meta es bajar las emisiones un 30 por ciento para 2030 respecto de 2020. La decisión de sumarse a este compromiso fue criticada por el sector agropecuario nacional, el principal emisor de este gas.
Automóviles. Varios países, automotrices y otras empresas se comprometieron a terminar con los vehículos a combustible fósil para el 2040. Argentina no firmó este acuerdo, pero sí lo hicieron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) y la provincia de Catamarca. En Argentina es el segundo rubro con más emisiones, detrás de la ganadería.
Alianza “más allá del petróleo y el gas” (Boga). Esta alianza de solo diez países y sin el aval argentino da en el eje de la discusión. Liderada por Costa Rica y Dinamarca, se plantea eliminar estos dos combustibles, que en Argentina son el 85 por ciento de la energía que se consume. Argentina también tiene millones de toneladas enterradas en el yacimiento de Vaca Muerta, sobre el que no hay señales de que vaya a frenarse su producción.
Carbón. La Declaración de Transición del Carbón hacia Energías Limpias fue firmada por unos 50 países, pero no incluye a Argentina. El objetivo es que las grandes economías dejen de utilizar carbón para producir energía en 2030. Se trata del combustible fósil más contaminante. En el país solo representa el 2 por ciento de su matriz energética. Sin embargo, en el presupuesto de este año por cada peso destinado a la protección de bosques nativos se asignaron ocho pesos a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
Buenos Aires. Autoridades de Caba presentaron su propio plan de acción climática en un evento de la COP26. “Nuestro objetivo es reducir el 53 por ciento de nuestras emisiones para 2030 y más del 84 por ciento para 2050″, indicó Clara Muzzio, ministra de Espacio Público e Higiene Urbana de Caba.
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El crudo relato de un exempleado del zoológico de Luján: "Me mandaban a matar cachorros"

Fecha de Publicación: 15/11/2021
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Buenos Aires


En su denuncia, Christopher Rodríguez admitió ser obligado a "ahogar, asfixiar y/o degollar" a crías de tigres y leones. Incluso, se le llegó a pedir que descuartizara caballos y vacas para que sirvieran de alimento para los felinos.
Un exempleado del zoológico de Luján reveló el miércoles 10 de noviembre que el dueño del establecimiento para animales obligaba a los trabajadores que tenían a su cargo a, entre otras cosas, asesinar cachorros de tigre y de león cuando éstos nacían.
En un informe de Telefe Noticias, Christopher Rodríguez denunció: “Cuando nacían, nos daban la orden de matarlos. Me mandaban a matar a los cachorros de felinos, de tigres y leoncitos. Si había una reproducción, el primero que lo viera tenía que matarlo”.
Bajo la misma línea, Rodríguez, quien fue despedido por manifestarse en contra de aquellas prácticas, detalló: “Terminaban ahogándolos en un balde con agua, o los agarraban del cuello y los asfixiaban, o con una cuchilla los degollaban”.
Sobre las condiciones de hacinamiento en el zoológico, remarcó: “Los felinos estaban apretados, en un solo lugar. Las jaulas, en malas condiciones y con mucha sobrepoblación". En consecuencia, recibieron la orden de "separar a los machos de las hembras".
"Nos dijeron que no tenía que haber más reproducciones”, relató el exempleado y agregó: “Ellos nunca les hicieron caso. Dijeron que les daban anticonceptivos y todas esas cosas, pero jamás les hicieron eso. Nunca les importó”.
"Si tenían cría, le sacábamos los cachorritos recién nacidos. Agarrábamos en una pieza, donde encerrábamos a los animales, cruzábamos de jaula a las madres con un pedazo de comida y cerrábamos para dejar solos a los cachorros", precisó.
El hecho es investigado por una fiscalía de Luján y activistas reclaman por el cierre definitivo del establecimiento. Asimismo, el expediente incluye fotografías y videos aportados por Rodríguez, que dan cuenta de otras de las tareas que debía realizar.
Entre ellas, descuartizar caballos y vacas para que sirvieran de alimento de los felinos. En este contexto y tras múltiples reclamos por maltrato animal a lo largo de los años, el Ministerio de Ambiente decidió emitir un comunicado al respecto.
A través del mismo, la dependencia a cargo de Juan Cabandié remarcó: "volvimos a inspeccionar el Zoológico de Luján. Durante esta fiscalización se constató que persisten las irregularidades que llevaron a la cartera a clausurar el zoológico hace 14 meses".
A continuación, señalaron que “durante la inspección, se constató la ausencia de garantías reales de separación entre los felinos machos y hembras, situación que en fiscalizaciones anteriores, con el zoo clausurado, se había solicitado resolver".
"Vale recordar que la cartera ambiental clausuró el zoológico a mediados de septiembre de 2020, habida cuenta de las sostenidas irregularidades identificadas en el predio en materia de la normativa vigente sobre conservación de fauna", precisaron.
Y aclararon: "En el momento de la clausura, se había demandado a las autoridades del zoológico que cumplieran con una serie de requisitos. Uno de ellos era cesar las procreaciones, lo que significaba mantener la separación de ejemplares".
Finalmente, sentenciaron: "También debían presentar un plan de reconversión ante el Ministerio. El mismo se realizó hace pocos meses y es está siendo evaluado todavía por la cartera nacional. Además, se solicitó garantizar el bienestar animal".
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Agroquímicos: la Justicia suspendió las fumigaciones en campos de Presidencia Roca

Fecha de Publicación: 15/11/2021
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco


Se trata de una medida cautelar innovativa dictada por el juez de garantías subrogante de General San Martín, Luis Allende. El fallo se da luego de las denuncias por personas intoxicadas tras fumigaciones aéreas que serían ilegales en la zona de Presidencia Roca.
El juez de Garantías subrogante de la ciudad de General San Martín (Chaco), Luis Eugenio Allende, hizo lugar este miércoles a una medida cautelar innovativa y ordenó la suspensión de todo tipo de fumigación con agroquímicos “hasta tanto se verifique su realización conforme las normativas aplicables y con seguridad para el medio ambiente y la población en general”. La medida judicial comprende al Establecimiento “Don Panos”, Eduardo Eurnekian, Unitec Agro SA, Unitec Bio SA y Marpfra SA y en forma subsidiaria a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente del Chaco por presunta “violación al deber de cuidado y contralor”.
En su resolución, el juez libró oficios al Juzgado de Presidencia Roca para que notifique a los involucrados y fijó una primera audiencia para que los impulsores de la acción de amparo presten caución juratoria. En ese contexto, programó una audiencia para el próximo miércoles 17 de noviembre a las 11 horas, a la que deberán concurrir las partes interesadas.
La cautelar fue dictada como tutela anticipada en el marco del trámite de una acción de amparo impulsada por el concejal del Frente de Todos de Presidencia Roca, Gustavo Latapié y de Facundo Silvestri, con el patrocinio del abogado Juan Alberto Sánchez. En la presentación, solicitaron que de manera urgente “cesen las fumigaciones/pulverizaciones aéreas, terrestres con biocidas que vienen realizando en la zona rural y/o suburbana de la ciudad de Presidencia Roca llamada Colonia San Francisco y sobre el pueblo de Presidencia Roca hasta que se verifique la seguridad de las mismas y su no afectación a las comunidades lindantes y al medio ambiente”.
“En el estrecho marco de conocimiento que ofrece el estudio de la cuestión, aparece con suficiente claridad que, los demandados se dedican a la actividad agrícola y por lo tanto usan fertilizantes, lo que debe suspenderse provisoriamente hasta tanto se dicte sentencia de fondo o los organismos determinen que los demandados cumplen con todos los recaudos y condiciones legales para el uso de las mismas”, sostiene el juez Allende entre sus fundamentos.
En ese contexto, agrega que “frente a la evidencia que surge de la documentación acompañada, con la que se ha acreditado con el grado de verosimilitud que la instancia requiere y teniendo gran relevancia la materia medioambiental, como también la salud de toda una ciudad y sus colonias aledañas, por lo que frente a la clara necesidad de contar con pruebas de los organismos públicos pertinentes que desacrediten el peligro social y medio ambiental”.
“Mantenerse dichas fumigaciones con agrotóxicos no resulta razonable, tampoco estrictamente necesaria, ni proporcional, y tampoco se ajustan a los derechos constitucionales que rige en la materia”, puntualiza el magistrado.
“Atento a lo expuesto y al peligro en la demora, comprobada la verosimilitud del derecho que se pretende asegurar, a fin de evitar circunstancias que hagan difícil o frustren en definitiva la realización de la tutela jurisdiccional de los accionantes y de toda la ciudad de Presidencia Roca y sus colonias, estimo que resulta procedente la medida cautelar peticionada”, dictaminó el juez en la medida cautelar dictada este miércoles.
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Alerta ambiental: la ley de humedales a punto de perder estado parlamentario

Fecha de Publicación: 13/11/2021
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


La norma obtuvo dictamen de mayoría en la comisión de Recursos Naturales, pero quedó trabada.
Desde el año 2013 se han presentado diferentes proyectos de ley de humedales, pero todos perdieron estado parlamentario. En la actualidad está en stand by el debate de una nueva iniciativa que tomó propuestas de distintos proyectos presentados en 2020 en momentos de la ola de incendios en todo el país.
El proyecto que se unificó giró a cuatro comisiones: Recursos Naturales, Agricultura y Ganadería, Intereses Marítimos y Pesqueros; y Presupuesto y Hacienda. Salvo Intereses Marítimos, que es comandada por el diputado del PRO Juan Aicega, el resto son presididos por el oficialismo. Sin embargo, el proyecto sólo se debatió en la comisión de comanda Leonardo Grosso (Recursos Naturales).
En noviembre del año pasado obtuvo dictamen de mayoría en esa comisión que firmaron diputados del Frente de Todos y de Unidad Federal para el Desarrollo. Gran parte de los miembros de Juntos por el Cambio y Consenso Federal votaron en disidencia parcial. Tres diputados del PRO y un radical realizaron el dictamen en minoría.
En los últimos días, y a la espera de los resultados de las elecciones legislativas de este domingo, organizaciones ambientalistas alertaron que este proyecto podía perder estado parlamentario. Según el reglamento interno de la Cámara Baja “todo proyecto de ley sometido a la consideración del Congreso que no obtenga sanción en una de sus Cámaras durante el año parlamentario en que tuvo entrada en el cuerpo o en el siguiente se tendrá por caducado”.
En principio, algunos legisladores del oficialismo confían que luego del 15 de noviembre el proyecto se vuelva a poner en la agenda y sea debatido en las tres comisiones restantes  para poder llevarlo al recinto. De no lograrlo, con el recambio de Cámara, después del 10 de diciembre, se caerá el dictamen logrado en Recursos Naturales y a volverá a empezar.
En Argentina hay más de 600.000 kilómetros de humedales y abarcan el 21,5% de la superficie del país. La iniciativa promueve la creación de un inventario de estos terrenos, el establecimiento de presupuestos mínimos para su conservación y el uso racional y sostenible. Cambia la definición de humedal para que la protección abarque el bien jurídico protegido en su totalidad.
Asimismo, fija plazos para concluir el inventario de humedales y una moratoria de actividades que los continúan depredando. Y establece como autoridad de aplicación al Ministerio de Ambiente y fija una  coordinación entre el Estado nacional, provincias e instituciones públicas del sector para evitar la demora en su aplicación.
Por otro lado, propone la creación un “Fondo Nacional de Humedales” y un manejo integral de las cuencas y un sistema de “semáforos” -similar al de la ley de Bosques- para delimitar las zonas de protección y donde será posible la continuidad de la producción, adaptada a las necesidades ambientales y de los productores locales.
Durante el año pasado, se realizaron distintas manifestaciones fuera del Congreso con el reclamo de que se apruebe la ley. Uno de los últimos,  surgió en agosto tras  la aparición de carpinchos en un barrio cerrado de Nordelta. Los humedales son el hábitat natural de los carpinchos, por lo que la noticia volvió a instalar el reclamo en las redes.
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Multan por mas de 77 millones de pesos a 4 compañías que incumplieron con normas de manejo de agroquímicos

Fecha de Publicación: 13/11/2021
Fuente: Diario Cuatro Vientos
Provincia/Región: Buenos Aires


Las firmas Basf Argentina S.A., Red Surcos S.A., Cofco International Argentina S.A. y Rotam Argentina S.R.L. recibieron sentencia de primera instancia, confirmando la sanción que les fuera impuesta por el OPDS por  infracción a la ley nacional 27.279, que obliga a las empresas que venden productos fitosanitarios (agroquímicos) a organizar, operar, mantener y financiar un sistema de gestión integral de envases.
Las compañías mencionadas, representadas por la Fundación Campo Limpio, no adecuaron su gestión a la normativa vigente en el plazo previsto por la Ley y fueron multadas por $49.460.154 (Basf Argentina), $12.062.398 (Red Surcos), $8.992.755 (Rotam Argentina) y $6.982.356 (Cofco). La Justicia confirmó estas sanciones con una reducción de un diez por ciento “en función de lo resuelto en materia de atenuantes y agravantes”.
De los más de 13 millones de envases declarados y volcados al mercado de la provincia de Buenos Aires durante 2019, las empresas recolectaron poco más de 1 millón, lo que representa un aproximado de 8% del total de los envases que les correspondía gestionar. Más de 12 millones de envases fueron abandonados en los campos o pasaron a formar parte de circuitos ilegales de recolección, reciclado y disposición final de plástico y otros materiales. La gestión deficiente de este tipo de envases representa un peligro potencial para el ambiente y la salud.
El OPDS, como órgano ejecutor de la Ley Nacional 27.279 para todo el territorio bonaerense, llevó adelante en tiempo y forma los procesos de notificación (1110 notificaciones a 107 empresas apercibidas y/o sancionadas) y posteriormente, como señala la letra de la Ley, procedió a multar por un total de más de 700 millones de pesos a 26 empresas en infracción.
Durante la segunda quincena de octubre el fuero penal resolvió el recurso de apelación interpuesto por la Fundación Campo Limpio, fallando a favor de lo señalado por la resolución administrativa dictada por la Subsecretaría de Fiscalización y Evaluación Ambiental de OPDS.
En su fallo, el juez Tatarsky señala el incumplimiento de varios artículos de la Ley 27.279 por parte de las empresas y Campo Limpio, quien “no ofreció prueba alguna que desmienta los extremos afirmados por el informe (elevado por el OPDS), en tanto y en cuanto indicaban en lo esencial, que no se había adecuado el régimen legal dentro del plazo, y que incumplía con la debida gestión de los envases vacíos de los productos fitosanitarios que vendía”.
El fallo agrega que “…de lo señalado se advierte que el informe no es nulo -sino que, en tal caso, se lo debió desmentir prueba mediante- y de ello se deduce que no hay nulidad del procedimiento sancionatorio”.
La correcta implementación de un sistema de gestión de envases –obligación de las empresas, que OPDS controla- previene la contaminación del agua y el suelo, resguardando la salud de las y los trabajadores y productores agrícolas y de la población en general, preservando los ecosistemas y los servicios ecológicos. De esta manera se garantiza una gestión segura de los envases y se contribuye al circuito de recuperación y revalorización de residuos para la elaboración de nuevos productos en base a plástico reciclado.
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Lanzan convocatoria por $1.000 millones para iniciativas que promuevan la transición energética

Fecha de Publicación: 13/11/2021
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


La Agencia I + D + i busca impulsar nuevas capacidades científicas, tecnológicas y de innovación locales que aporten a la incorporación de herramientas, equipos y conocimientos que favorezcan un mejor aprovechamiento de los recursos renovables.
La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I + D + i), dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, lanzó una convocatoria por $ 1.000 millones para financiar iniciativas que promuevan la transición energética y un cambio estructural del sistema energético nacional .
“Proyectos Estratégicos para la Transición Energética” busca impulsar nuevas capacidades científicas, tecnológicas y de innovación locales que aporten a la incorporación de herramientas, equipos y conocimientos que favorezcan un mejor aprovechamiento de los recursos renovables para generar energía con baja emisión de gases de efecto invernadero , según se informó en un comunicado.
La convocatoria está destinada a asociaciones público-o público-públicas integradas por al menos una institución de Ciencia y Tecnología pública o privada sin fines de lucro para que encaren proyectos que fortalezcan las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación locales vinculadas con el proceso de Transición Energética Nacional.
El instrumento tendrá la misión de impulsar, a través de la adjudicación de aportes no reembolsables, propuestas focalizadas en atender demandas energéticas enmarcadas en los ejes de energía termosolar para aplicaciones industriales; energía eólica de potencia para generación eléctrica; producción de biocombustibles; desarrollo de la cadena de valor del litio; desarrollo de la cadena de valor del hidrógeno; desarrollo de tecnología undimotriz y la integración a red de las energías comprendidas en las líneas 1 a 6.
De acuerdo con la información oficial, mediante esta convocatoria, “se espera desarrollar conocimientos y tecnologías que contribuyen al cuidado del ambiente, contribuir al mejoramiento y la articulación de las capacidades científicas, tecnológicas e industriales del país, reducir la dependencia de los combustibles fósiles en la producción de energía, mejorar la competitividad del sector productivo y facilitar el desarrollo genuino, federal y sustentable del país”.
El responsable de estructurar los Aportes No Reembolsables y garantizar los procesos necesarios para la adjudicación, desembolso, seguimiento técnico y financiero será el Fondo Argentino Sectorial (Fonarsec). Y la agenda que atraviesa a la iniciativa fue desarrollada mediante un trabajo previo conjunto con la Secretaría de Planeamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación .
“Para mejorar la efectividad de estas iniciativas focalizadas, incrementar la pertinencia de las agendas de I + D y reforzar la articulación, estas acciones se diseñan e implementan en trabajo conjunto con la Secretaría de Energía, el Ministerio de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ”, agregó el comunicado.
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Didymo: la especie invasora que amenaza ríos y lagos en la Patagonia

Fecha de Publicación: 12/11/2021
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Patagonia

 

Un equipo de la Universidad Nacional de Río Negro está desarrollando una estrategia para el monitoreo y la contención en aguas del país y Chile
Un equipo de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) está investigando el poder invasor y el impacto ecológico del alga didymo en los ríos y los lagos de la Argentina y Chile para diseñar una estrategia que facilite su contención y su monitoreo.
Es la primera vez, según afirman los investigadores del Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología (IIPG), que se analiza de manera integrada “el potencial invasor de la especie, la susceptibilidad del ecosistema de ser invadido o su grado de receptividad y los impactos del ambiente, incluido el conjunto de organismos vivos”, definieron a través de un comunicado.
El didymo, más popularmente conocido como “moco de roca” (Didymosphenia geminata), se identificó por primera vez en el país hace dos décadas. Fue en 2010 en el río Futaleufú, Chubut. A través de un comunicado, los investigadores explicaron que se trata de una “microalga con alto poder de propagación y elevada capacidad invasiva en cortos periodos de tiempo”.
La mayoría de las especies exóticas invasoras (EEI), que pueden ser animales, plantas, hongos o microorganismos, aparecen en áreas ajenas a su lugar de distribución natural por la actividad humana, ya sea de manera intencional o accidental. Son, de acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la segunda causa de la pérdida de la biodiversidad del planeta; los más afectados son los ecosistemas acuáticos. En 2016, según publicó LA NACIÓN, habían 654 EEI identificadas en el país, y la lista oficial, que incluye el alga que estudia el equipo de la UNRN, se puede consultar aquí.

Agua y hábitat
El equipo que coordina Pablo Macchi, del IIPG de la UNRN, está estudiando el avance del didymo. “Su presencia masiva en aguas dulces de América del Sur produce cambios en la calidad del agua y alteración del hábitat existente, afectando la biodiversidad”, indicaron a través de un comunicado.
A la vez, según señalaron, la invasión “impide el crecimiento de otras algas, disminuye o hace desaparecer marcoinvertebrados (insectos, crustáceos y caracoles acuáticos, entre otros) y afecta las áreas de alimentación y reproducción de peces”. También, afecta el aspecto visual de los ambientes acuáticos y, por lo tanto, la actividad turística y económica de la zona.
“La principal preocupación socioeconómica actual para la región es el desarrollo de floraciones en ríos y lagos, donde se realiza la pesca deportiva de salmónidos, por sus efectos en los ecosistemas”, indica Macchi, docente e investigador del IIPG de la Sede Alto Valle y Valle Medio de la universidad, en General Roca.
Sin embargo, el equipo apunta que el impacto del alga didymo fue “poco investigado en la Argentina”. Las investigaciones disponibles, de acuerdo con los científicos, “no tienen en cuenta otros aspectos clave en la propagación del alga, como la invasividad y la invasibilidad”.
“El conocimiento integrado de la invasión posibilitará elaborar e implementar mejores estrategias de gestión y gobernanza, centradas en prioridades bien definidas, que permitan el desarrollo de programas de bioseguridad de especies invasoras”, dijo Macchi.
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Allanaron la Central Térmica de San Nicolás

Fecha de Publicación: 12/11/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Buenos Aires


La Central Térmica San Nicolás fue allanada este martes por orden de la justicia federal, ante la denuncia de una ONG por "contaminación ambiental", por el vertido y enterramiento irregular de desechos derivados de la combustión de carbón mineral, informaron fuentes judiciales.
Los allanamientos se realizaron esta madrugada, luego de que la ONG Foro Medioambiental de San Nicolás (FOMEA) denunció ante la justicia federal que la empresa realiza el vertido de cenizas contaminantes sin tratamiento en el río Paraná y enterramientos de estos residuos en su propio predio, espacios públicos linderos al Arroyo Ramallo y al río Paraná; y en el propio relleno sanitario de la ciudad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos.
"La empresa termoeléctrica es una usina antigua que aún opera a carbón, lo que trae serios inconvenientes para la salud pública de los vecinos y al medioambiente ya que se vierten residuos sin tratamiento adecuado en la tierra y el río Paraná", dijo a Télam el abogado de FOMEA, Fabian Maggi.
"Los dos inconvenientes más importantes que presenta es la disposición de las cenizas que genera la combustión del carbón y el vuelco de los efluentes líquidos que se utilizan en la manipulación de ese desecho", especificó.
En ese sentido, remarcó que "las cenizas son peligrosas y contaminantes, causan fundamentalmente daños a las vías respiratorias, porque hay material particulado muy fino que se dispersa en el ambiente"
A su vez, señaló que "el grado de toxicidad permite suponer la probabilidad de enfermedades genotóxicas o mutagénicas como el cáncer".
"Por eso, también pedimos que se evalúen las emisiones gaseosas, porque presumimos que pueden arrastrar partículas contaminantes y perjudiciales para la salud", finalizó.
La causa judicial comenzó a raíz de la publicación de un video en la red social Facebook, en el cual se ve un camión hidrante de la empresa vertiendo al río Paraná un líquido negro oscuro que, se presume, son desechos líquidos contaminados con cenizas.
Con esa prueba, la Fiscalía Federal de San Nicolás encomendó una serie de tareas investigativas a la división de Delitos Ambientales de la Policía Federal, que realizó dos inspecciones por fuera de la planta industrial, en las que se constató la presencia de cenizas y el vuelco de una carga de residuos con metales pesados como el cadmio.
En base a ese nuevo material probatorio, el fiscal Matías Di Lello requirió ante el juez federal, Carlos Villafuerte Ruzo, que libere una orden de allanamiento, que hoy permitió indagar en las instalaciones de la termoeléctrica para recabar documentación, muestras de suelo, agua, carbón y cenizas para ser analizadas.
La empresa AES, propietaria de dicha Central Termoeléctrica desde 1993,, tiene causas internacionales por contaminación con centrales de este tipo en países como Puerto Rico y Chile, en donde la Cámara de Apelaciones de Valparaíso clausuró una de sus plantas por la misma problemática que se denuncia en San Nicolás.
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Juan Manzur se reunió con productores de Bioetanol que reclaman por el precio piso del barril

Fecha de Publicación: 12/11/2021
Fuente: La Noticia Web
Provincia/Región: Nacional


A causa de la gran incertidumbre por la corrida cambiaria de dólares los productores de biocombustible exigen un porcentaje mínimo de precios de barril y un mayor control del mecanismo.
El jefe de gabinete estuvo presente en Córdoba donde visitó las plantas de BIO4, ACABio y ProMaíz. Empresarios de las corporaciones reclamaron en primer lugar que el corte del bioetanol no sea por debajo del 6%. A su vez, los productores buscan que hayan una mayor previsibilidad en los precios ante la volatilidad que se presentó e mercado durante este último tiempo con el combustible.
En la reunión productores le manifestaron al ex gobernador de Tucumán el deseo de reducir del 6% al 3% la unión de bioetanol a base de maíz para su mezcla con las naftas.
Es muy probable que la Ley de Hidrocarburos (27.640) sancionada este año obtenga modificaciones con el fin de establecer precios de barril máximos y mínimos. En caso de que se produzca la modificación en fines de este año, se evitaría la gran volatilidad que se generó durante la pandemia en donde el precio mínimo fue de 23 dólares y llegó a alcanzar los 68 dólares de techo.
En la reunión Manzur propuso convocar una reunión para concretar el aumento de cortes en biocombustibles de nafta y gasoil con el argumento de reducir la huella de carbono. En dicha reunión podrían participar. Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA) junto con la Secretaría de Energía.
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De la naturaleza a la jaula: el tráfico de fauna se difunde por las redes sociales en Córdoba

Fecha de Publicación: 11/11/2021
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba


El comercio ilegal de especies está a un “click” de distancia para toda persona con una cuenta en redes sociales. Las facetas del problema y qué se está haciendo para resolverlo.
“Encontrá el regalo para papá”, lee un posteo de junio de 2021 en un grupo privado de Facebook que se especializa en la compra y venta de pájaros y animales exóticos en Córdoba. En la imagen, una foto de un pájaro de colores: el “regalo”.
El tráfico de fauna silvestre por internet no es algo lejano a Córdoba, ni perteneciente a la “Deep Web”. En las mismas plataformas que millones de personas navegan de forma diaria, existen páginas que venden animales, actividad prohibida en la provincia.
En grupos privados de Facebook, La Voz encontró 23 publicaciones durante junio y julio de 2021 en donde se vendía fauna silvestre que en lo mínimo, eran irregulares, y en lo máximo, ilegales.
Siete grupos de Córdoba, con nombres como “Truques...” o “Pájaros Córdoba Capital” publicitaban como “disponibles” ejemplares silvestres con fotografías de animales en cajas y jaulas, y luego cerraban la venta por canales más privados como Messenger o WhatsApp.
Los miembros de estos grupos, entre 1.000 y 5.000, publicaban de forma diaria la compraventa de todo tipo de especies: reptiles, tortugas, coipos o carpinchos, erizos, y cientos de pájaros.
En Córdoba está totalmente prohibida la venta de animales pertenecientes a la fauna silvestre, con excepción de un listado de 21 especies de pájaros que son exóticas en la provincia. Esto se determinó en el Decreto provincial 1751/11 -que regula la ley de fauna N° 7343- y establece que para su comercialización requieren un certificado de origen (Coit) que dé cuenta que estas nacieron en criaderos habilitados.
Por lo tanto, la venta, transporte, tenencia y el mascotismo están completamente prohibidos para toda especie silvestre de mamíferos, reptiles, aves, anfibios y arácnidos.
Laura Garutti, bióloga que trabaja en la Policía Ambiental, organismo del Ejecutivo provincial, explicó que esta protección incluye también a los animales que no lo están en su lugar de origen.
El tráfico pasó de la venta precaria en rutas a métodos más sofisticados. Rafael Consigli, exdirector de la Patrulla Ambiental, una de las unidades especiales de la Policía, sostuvo que el comercio ilegal por redes sociales es complicado de perseguir y juzgar, por lo que muchas veces, las denuncias que se realizan terminan en la nada. Es así que la mayoría de estos trabajos quedaban en su momento en manos de los agentes que investigaban por su propia cuenta.
A nivel mundial existe la Coalición para Poner Fin al Tráfico de Vida Silvestre en Línea, una asociación de empresas con las ongs WWF (el Fondo Mundial por la Naturaleza) y Traffic, que luchan por acabar con el tráfico de fauna online. En esta línea, uno los primeros pasos de Facebook fue prohibir la compraventa de todo tipo de animales, incluyendo los que no están protegidos y hasta domésticos, como perros y gatos. En sus políticas de comercio y sus normas comunitarias se detalla que todo contenido sobre especies de flora y fauna en peligro de extinción están prohibidos.
Del otro lado del problema, las redes sociales, como Facebook, se dieron cuenta de la magnitud del tráfico en sus plataformas y algunas decidieron tomar cartas en el asunto.

Un negocio lucrativo
Los vendedores en los grupos privados de Facebook, donde no siempre se controla el contenido al menos que se denuncie, aprovechaban estas plataformas para mostrar la “mercadería”. Pero en los casos que se consultó de forma anónima a estas personas, siempre había más animales por detrás.
Gran parte de las publicaciones ofrecían animales autóctonos, algunos amenazados: tortugas terrestres (a $2.500), cardenales amarillos y rojos, reinas moras, loros habladores y coipos.
Uno de esos casos fue el de M.P., una vendedora que publicó en un grupo de Córdoba que vendía erizos - a $6.500 cada uno-, pero cuando La Voz se puso en contacto con ella, también ofreció coipos (conocidos también como falsas nutrias), animal autóctono de Córdoba (por caso de la laguna Mar Chiquita) y de otras partes del país.
Al preguntarle sobre el origen de los mismos, atinó a responder que eran de “Mar Chiquita, de un criadero”, pero manifestó no tener ningún certificado de origen.
“¿Sos de fauna? Jajaaja por las preguntas que me hacés te pregunto”, advirtió ante las interpelaciones.
Laura Garutti confirmó la existencia de criaderos de coipos, pero sostuvo que estos son para la producción de carne, y que no tienen habilitada la venta del animal como mascota ya que en Córdoba se encuentra prohibido.
Más de 100 especies de aves, 20 de reptiles y 15 mamíferos autóctonos de nuestro país están amenazadas por el tráfico. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de la Nación escribió en su página web que estos animales capturados son luego trasladados a las grandes ciudades, donde hay mayor demanda de mascotismo. Córdoba es en este sentido, un “punto caliente” por su ubicación geográfica.
“En Córdoba hay mucho tráfico porque Córdoba está ubicada en el centro del país; es el paso obligado entre las provincias del norte, con su gran cantidad de biodiversidad, y los puertos del Río de la Plata”, sostuvo Garutti.
La Policía Ambiental de Córdoba recupera entre 1200 y 1500 animales al año, de los cuales, 9 de cada 10 son pájaros. Además, este órgano registra que el 50% de los animales no sobrevive la primera semana después del rescate.
Los números son aún más alarmantes considerando que en el proceso de transporte y venta muere hasta el 80% de los animales traficados. Por lo tanto, tan sólo 2 de cada 10 ejemplares capturados llegan a manos de los compradores, sostienen por separado el Instituto Jane Godall y el Ministerio de Ambiente de la Nación.
Aun así, el comercio de especies silvestres es el cuarto negocio ilegal más lucrativo del mundo, por detrás del narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas. Según Interpol, se calcula que mueve hasta 20 mil millones de dólares anuales.
Lo lucrativo del negocio se vislumbra en los usuarios de Facebook que vuelven la venta de fauna su fuente de ingresos.
F. C. ofrece de todo a través de su usuario personal de esa red social y por grupos privados. Con presencia en las sierras de Córdoba, el vendedor publica seguido sus productos: mamíferos, aves y hasta serpientes y caimanes.
“Hola buenas tardes, tengo pájaros: Semilleros de San luis, cardenales copete rojos, cardenales azules o imperiales, cardenillas, mixto jilgueros, corbatitas, rey del bosque, erizos, rabadillas ancestrales, conejos, patitos. Tortugas me llegan la otra semana igual que las reinas moras, de Santiago. Coipos marrones blancos y dorados”, escribió F. por Messenger cuando La Voz se contactó con él.
“También tengo un halconcito a $2.500?, escribió el “comerciante”, quien recientemente sumó a sus servicios la cadetería y Mercado Pago, después de cumplir un año de ventas.

Dispares y desactualizadas
A nivel nacional, se protege a las especies silvestres bajo la ley n° 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre, que las declara de interés público. Esta tiene como base la Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), que Argentina ratificó hace más de dos décadas.
La legislación establece penas de entre 1 mes a 1 año a la caza furtiva y el transporte, almacenaje, y la compraventa de animales y productos o subproductos de fauna silvestre. Pero, como es una legislación enfocada en el manejo de los recursos naturales, la 22.421 no tiene aplicación en todo el país: tan solo Chaco, Córdoba, Formosa y Mendoza adhirieron.
La potestad de las provincias de disponer de sus propios recursos naturales trae consigo una desigual protección de la fauna silvestre en el país. “No hay uniformidad en las legislaciones. Por ejemplo, en Córdoba, el puma está protegido pero en La Pampa no”, sostuvo Alejandro Profili, secretario de la reserva natural Pumakawa.
El conflicto entre regulaciones y la falta de sistematización nacional se acentúa con la venta interprovincial y la tenencia. “Lo que pasa es que en Buenos Aires si se puede tener muchos de estos animales. Entonces una persona que compró un lorito hablador legalmente en un criadero de esa ciudad, allá lo pudo tener durante muchos años, se vino a vivir acá a Córdoba, y lo trajo al lorito porque es parte de la familia, y acá se lo sacan. Falta un acuerdo a nivel Argentina para el mascotismo de fauna silvestre”, sostuvo Constanza García Capocasa, bióloga becaria del Conicet y especialista en tráfico.
A la disparidad de legislación se le suma otros dos problemas: el hecho de que la normativa nacional está desactualizada -fue promulgada en 1981- y la falta de interés por regular con mayores esfuerzos.
Laura Garutti, de la Policía Ambiental sostuvo: “Hay que pensar en legislar nuevas herramientas técnico-legales, porque cuando se sancionó la ley 22.421, el espíritu era regular las actividades de uso de la fauna, pero no estaba enfocada bajo paradigmas de conservación. Mientras cambian los paradigmas naturales, el humano se vincula con la naturaleza de formas diferentes, por lo que es indispensable actualizar las leyes a la luz de este cambio social”.
Los delitos ambientales que sanciona la normativa nacional no contemplan ni la tentativa ni los actos preparatorios: esto significa que, aunque una persona publique una foto de un animal junto a un precio, esto no implica que esté incurriendo en tráfico.

El proceso del rescate de animales
La Policía Ambiental, a través de operativos en conjunto con la Patrulla Ambiental, Gendarmería, Policía Caminera y las patrullas rurales, secuestra los animales que provienen del tráfico o el mascotismo, y luego decide el traslado a qué centro de rescate, donde normalmente quedan en zoológicos y reservas.
Durante años, estas instituciones actuaron como centros de rescate para los animales recuperados, pero sin tener una recompensa ni económica ni impositiva; fue recién en junio de 2021 que la Secretaría de Ambiente de Córdoba les reconoció este rol.
En los centros, los animales deben pasar por un proceso de control de su estado físico, y durante una semana están en cuarentena para evitar que se contagien enfermedades entre ellos. Garutti explicó que, “del total de los animales que rescatamos, el 50% no sobrevive la primera semana”.
Los animales exóticos a Córdoba o los que llegan lastimados generalmente se quedan en los centros de rescate. Para ser liberado, un animal no solo debe estar en un buen estado de salud, sino también comportamentalmente. La bióloga continuó: “Del 50% que sobrevive la cuarentena, el 25% tiene problemas comportamentales o no está en condiciones de volver a la vida silvestre. Por lo que si liberamos un 25% de los animales que rescatamos en un año, es un número alto”.
En 2021, la Policía Ambiental ya recuperó 760 ejemplares del tráfico y el mascotismo.
Alejandro Profili de Pumakawa coincidió en que el mayor problema que presentan estas especies incautadas es el comportamiento. El secretario de uno de los centros de rescate agregó que, de no poder tratarse, los animales quedan sentenciados a terminar sus días encerrados: no son capaces de valerse por sí mismos, ni de relacionarse con otros individuos de la misma especie, ni de desempeñarse libremente en un espacio natural. “Estos animales no sobreviven si son liberados, sería una crueldad”, completó Garutti por su lado.
El caso de Pumakawa, una reserva natural dedicada a la recuperación de la fauna silvestre, da cuenta del tamaño del problema no solamente en Córdoba. La reserva tiene en este momento 60 animales, de los cuales 40 provinieron del tráfico y el mascotismo.
Finalmente, en caso de que el animal esté en condiciones de ser liberado, se presenta otro problema que tiene que ver con el “dónde”. La bióloga García Capocasa explicó sobre esto: “Hay que recuperar los ambientes para poder liberar a los animales. Tiene que haber otra política de Estado que apoye el cuidado del medioambiente a un nivel ecosistémico. Si no hay un ambiente, el esfuerzo para recuperar la especie es en vano”.

Lo que nos falta aprender
Constanza García Capocasa, bióloga y becaria del Conicet, trabaja todos los días con los animales que llegan del tráfico y el mascotismo al ex-Zoológico de Córdoba, actualmente renombrado Parque de la Biodiversidad. Durante el 2020, 378 animales ingresaron exclusivamente al parque, provenientes del mascotismo y el tráfico. “Hay de todo. Las mayorías son aves, porque las aves cantoras son las más llamativas y que la gente quiere tener, ¿Quién no quiere tener un animal que canta en su casa?”, manifestó García Capocasa.
“Falta mucho para educar a la población, porque creo que muchas veces a la gente le “pica” tener un animal que no se puede tener, y sobre todo sin saber el impacto en el ecosistema que tiene”, sostuvo la bióloga, quien realiza su tesis de doctorado en tortugas provenientes del tráfico.
Las consecuencias del mascotismo y el tráfico trascienden al ejemplar en sí: cada animal tiene un “rol ecosistémico”, forma parte de un sistema en el que son codependientes. “Este es uno de los conceptos más importantes de la ecología: Cuando uno extrae ciertos animales, lo más probable es que está teniendo efectos sobre el ecosistema y el resto de los animales”, informó García Capocasa.
Alejandro Profili de Pumakawa coincidió con García Capocasa en la necesidad de educar a la población sobre el problema del tráfico: “la mayor parte de la problemática pasa por una buena educación de tenencia responsable, hacer campañas de concientización. La educación es la base para todo”.
Para los dos especialistas, que trabajan diariamente con la fauna recuperada, la sociedad debe asumir su responsabilidad en la cadena del tráfico: “porque el tráfico animal no sucede solo por el cazador, sino porque alguien lo compra”, afirmó Constanza García Capocasa.
“Los animales que nacieron para ser libres tienen el derecho de ser libres. Y acá creo que falta educación. Tenemos que aprender a ver los animales en libertad y en un ambiente sano”, manifestó la bióloga.
Si crees conocer un lugar en el que se comercializan animales ilegalmente, o conocés a alguien que tenga especies silvestres en su domicilio, hacé una denuncia a Policía Ambiental llamando al 0351 4420924 o por mail, escribiendo a Policia.Ambiental@cba.gov.ar
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Paraná cumplió 200 martes protestando contra las fumigaciones con agroquímicos en la provincia

Fecha de Publicación: 11/11/2021
Fuente: eldiarioar.com
Provincia/Región: Entre Ríos


La "Ronda de los Martes" número 200, en reclamo de una transformación del modelo agropecuario predominante en la región, fue más concurrida de lo habitual, contó con fotografías de Pablo Piovano que grafican el efecto de los agroquímicos en las personas y fue replicada en numerosas otras ciudades entrerrianas.
La larga fila de personas con velas en las manos y la enorme pancarta que reclama "Paren de fumigar" dio un martes más la vuelta alrededor de la Casa de Gobierno de Entre Ríos en Paraná. Pero esta "Ronda de los Martes" contó con más participación de lo habitual porque fue una ronda especial: la número 200.  
En 2017, la Coordinadora por una Vida sin Agrotóxicos en Entre Ríos "Basta es Basta", que agrupa a diferentes organizaciones ambientalistas y sociales de la provincia, le presentó al gobernador Gustavo Bordet un documento con 16 puntos en el que proponía iniciar una transformación del modelo agropecuario que se aplica en Entre Ríos, consistente básicamente en el cultivo extendido de soja y maíz transgénicos, con la aplicación de sus respectivos agroquímicos.
Pedían que se declarara la emergencia ambiental en la provincia, se realizaran programas y monitoreos de salud pública, en especial sobre trabajadores rurales y población vecina de los campos fumigados, se registraran tumores y nacimientos con malformaciones y su ubicación geográfica, se promovieran leyes efectivas para fomentar y proteger la agroecología y se prohibieran las pulverizaciones con insumos químicos sobre la población que contaminan los 41.500 km de ríos y arroyos que surcan la provincia y destruyen el sistema inmune y el suelo fértil, según diversos estudios científicos.
Con esos reclamos, comenzaron a dar vueltas los martes alrededor de la Casa de Gobierno, inspirados en las rondas que iniciaron las Madres de Plaza de Mayo hace 45 años.
"Lamentamos, 200 semanas después de haber iniciado esto, tener que decir que seguimos rondando sin ningún tipo de respuesta de parte del Gobierno, sin ningún tipo de política que inicie un cambio hacia una transición para un modelo productivo diferente al que predomina en estos territorios a base de venenos y transgénicos", explicó Daniela Verzeñassi, integrante de la Coordinadora.
"Todos los días recibimos mensajes de una nueva entrerriana, un nuevo entrerriano, un niño, una niña de nuestra provincia con el impacto de los venenos en sus cuerpos, entrerrianos y entrerrianas que denuncian la contaminación, el envenenamiento de sus producciones con fumigaciones colindantes a sus terrenos. O sea, este modelo sigue consolidándose, incrementando su daño sobre los ecosistemas, sobre los suelos, y su impacto directo en la salud de quienes lo habitamos", denunció a elDiarioAR.
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó cinco sentencias favorables a la protección de niños y niñas ante las fumigaciones, por lo que la causa fue llevada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, impulsada por el Foro Ecologista de Paraná, el gremio docente provincial Agmer y la Coordinadora Provincial por una Vida sin Agrotóxicos. Por el momento, la Corte no se pronunció.
Las organizaciones sumaron además a su reclamo, hace unos meses, la Iniciativa Popular para declarar la emergencia ambiental en Entre Ríos y que la agricultura a base de químicos sea declarada una actividad peligrosa para la salud y el ambiente, la que invitaron a firmar también en esta jornada de lucha.
En esta ronda 200, que fue replicada además en otras ciudades entrerrianas como Basavilbaso, Concepción del Uruguay, Concordia, San José, Villa Elisa y Gualeguaychú, entre otras, el impacto del modelo productivo se vio graficado con la muestra "El costo humano de los agrotóxicos", con las ya conocidas fotografías de Pablo Piovano tomadas en pueblos fumigados, que, además de exponerse en el sindicato docente Agmer, recorrieron diferentes puntos de la capital provincial: por la mañana, Casa de Gobierno, Tribunales y el Consejo General de Educación, y, por la tarde, la Peatonal San Martín.
 El evento contó además con un recital en el que participaron varios músicos locales como Carlos "Negro" Aguirre, Silvia "Rusa" Salomone y Luis Barbiero así como el mendocino Sebastián Narváez.
"Esta ronda es una confirmación de que los pueblos fumigados y el movimiento socio-ambiental en Entre Ríos siguen firmes, atentos a los avances de este modelo, siguen en la resistencia a estos impactos y a la consolidación de esta manera de producir y de enfermarnos y siguen insistiendo y construyendo caminos alternativos", aseguró Verzeñassi.
"Rondamos 200 veces frente a las puertas cerradas de la Casa Gris, frente a los corazones, los oídos y los micrófonos que se cierran ante el mayor conflicto ambiental de la provincia y quizás del país", señaló, en tanto, la Coordinadora en un comunicado. "Cuando la tierra y las nuevas generaciones nos lo demanden, cada quien sabrá si defendió la vida o se inclinó por el poder que destruye a la humanidad de pandemia en pandemia".
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Controversia por la supuesta autorización para cazar carpinchos en Corrientes

Fecha de Publicación: 11/11/2021
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes


La medida habría sido tomada por la Dirección de Recursos Naturales tras un pedido de relevamiento realizado por una empresa pero fue dejada sin efecto.  
La supuesta autorización para cazar 200 carpinchos por sobrepoblación en una empresa arrocera de la localidad correntina de Curuzú Cuatiá, generó repudio y revuelo en toda la provincia.
A raíz de esta información, ellitoral.com.ar consultó al  ministro de Turismo de Corrientes, Sebastián Slobayen, quien confirmó que la caza de los 200 roedores "nunca estuvo habilitada".
Según lo trascendido, la Dirección de Recursos Naturales de Corrientes había autorizado la  cacería de hasta 200 carpinchos en primera instancia, por sobrepoblación de esta especie en campos de arroz de Curuzú Cuatiá, que vieron afectada su producción por la presencia de estos animales.
Sin embargo, el ministro aseguró que  "la medida acerca de un control sobre la población de carpinchos en un campo privado quedó sin efecto".
Además, Slobayen reveló a ellitoral.com.ar que a raíz de esta decisión tomada hace días, el gobernador, Gustavo Valdés,"le solicitó la renuncia" al director de Recursos Naturales, Carlos Baqué.
Entre tanto, el titular de la cartera de Turismo reconoció en un medio local que  “Corrientes tiene un rol protagónico en la producción arrocera”, pero señaló que “también tiene que cuidar la fauna”.  
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