Incendios en Argentina: 2020 es el año con más focos del Siglo 21

Fecha de Publicación: 03/11/2020
Fuente: Contexto Tucuman
Provincia/Región: Nacional

En 2020, la Argentina rompió un récord en cantidad de incendios. Con algo más de 69.600 focos acumulados desde el 1° de enero, el país alcanzó el pico máximo anual registrado de manera satelital en los últimos veinte años. Analistas consideran que los fenómenos de calentamiento global son responsables y que harán que sigan subiendo hasta las fiestas de fin de año.
Los datos se desprenden de un análisis del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE por sus siglas en portugués), que hace una medición satelital desde 1999 en la que evalúa, mes a mes, el número de “puntos calientes” de los países de América del Sur. El organismo, con una amplia legitimidad internacional, se hizo conocido en 2019, cuando denunció la desidia del Gobierno de Jair Bolsonaro para frenar los incendios en la Amazonia.
En la Argentina, según el INPE, el récord en la cantidad de incendios (no de superficie quemada) se había registrado en 2003, con 69.317 puntos calientes. En lo que va de 2020 -hasta el 30 de octubre-, la cifra es de 69.632. Y si se comparan los datos de agosto, el mes en el que históricamente hay más focos de incendio del año, 2020 ya supera por un 9% a 2003.

Arde Argentina
En 2020 hubo 130% más incendios que el año pasado en agosto, el mes en el que anualmente se da el máximo de focos igneos del año. La cifra es 9% más alta que el record anterior de 2003.
Sólo en cuatro oportunidades (2003, 2004, 2008 y lo que va de 2020), la cantidad de incendios pasó los 50 mil. Siempre de acuerdo a los datos del INPE, la cantidad de incendios mensuales promedio de los primeros nueve meses de 2020 fue de 6.892. Si se proyecta ese número a diciembre teniendo en cuenta datos históricos, la cantidad de focos en el año podría superar los 85 mil.

Previsiones para el resto del año
"En lo que va del año, hubo más de un 15% más de incendios que en igual período de 2003 (año récord)", advirtió el meteorólogo Mauricio Saldívar, uno de los especialistas locales en gestión de riesgo de desastres. Consultado por Clarín apuntó que, además, la tendencia al alza no tiene previsión de descender por las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en relación a la llegada del fenómeno “La Niña” durante la primavera y parte del verano de 2021. “El escenario de ’La Niña’ favorecerá el déficit de precipitaciones al menos hasta fin de año”, agregó Saldívar.
Se trata de un fenómeno estructural, explicó el experto: “Estamos en un proceso de calentamiento global que ha hecho que el período que va de enero a septiembre de 2020 haya sido el segundo más cálido en los registros a nivel global, y septiembre de 2020, el septiembre más cálido. Probablemente 2020 termine como el segundo año más cálido”.

Las mediciones en la Argentina
Consultado por este diario, el Ministerio de Ambiente de la Nación indicó que el país acumula, en lo que va de 2020, 318.181 “focos de calor”, que pueden ser incendios o puntos de altas temperaturas del suelo de otro origen. La cifra representa casi el doble (un aumento de un 93%) respecto del promedio de números de incendios registrados en los ocho años anteriores.
La cartera a cargo de Juan Cabandié detalló que actualmente la Argentina utiliza el Sistema de Información sobre Incendios para la Gestión de Recursos (Firms) de la NASA, para medir los focos de calor. Además, el país usa dos mecanismos de sensores: el Modis que sirve para ver los datos históricos, y el Viirs, más preciso, que comenzó a funcionar en la Argentina a partir de 2012. “Antes de ese año, el país utilizaba el mecanismo Modis, que es lo que muestra el informe de Brasil”, apuntaron.
Si bien “la cantidad de focos de calor es alta”, desde Ambiente resaltaron que "no siempre hay una correlación directa entre los focos de calor y la superficie realmente afectada por esos fuegos”. Y puntualizaron que en las regiones Centro, NEA y NOA, en los últimos cinco años el registro de focos de calor es superior a la media, pero en el período 2016-2017, los daños fueron muy superiores respecto a la superficie afectada.

“Ecocidio” intencional
Más de la mitad de las provincias de la Argentina tuvieron focos de incendios activos en septiembre, según datos del Sistema Nacional del Manejo del Fuego (SNMF). Las más afectadas fueron Salta, Entre Ríos y Córdoba. En la provincia mediterránea se quemó una superficie que equivale a más de diez veces la de la Ciudad de Buenos Aires: más de 300 mil hectáreas; de ellas, 182.724 hectáreas eran de bosques.
“Ecocidio masivo y deliberado”: así se refieren al hecho muchas asambleas ambientales y organizaciones que luchan contra el fuego y que les apuntan a “los intereses económicos que pretenden reemplazar áreas de bosque nativo por explotaciones agropecuarias, negocios inmobiliarios y desarrollos urbanísticos”.
Desde el Gobierno nacional coinciden con esa lectura. “Está claro que más del 95% de los incendios a escala mundial son de origen humano”, destacaron desde el Ministerio de Ambiente a Clarín. “Independientemente de la cantidad de focos, hay una fuerte similitud entre los incendios de los últimos dos años en Brasil, en la zona del Amazonas y regiones cercanas, y lo que está ocurriendo en la Argentina, particularmente en el Delta”, apuntó Sergio Federovisky, secretario de Control y Monitoreo Ambiental de la cartera de Ambiente nacional.
“Es decir, los factores que más inciden -amplió el funcionario- son la sequía, que se presume es una de las consecuencias del cambio climático, con una extensión fuera de lo común; y el uso del fuego como herramienta de desmonte, no sólo para limpieza de pastizales y búsqueda de rebrotes, sino como instrumento de reemplazo de la topadora para avanzar con la frontera agropecuaria”.
En esa línea, un proyecto de ley, presentado en la Cámara de Diputados por distintos bloques políticos e impulsado por el oficialismo, busca poner fin a la especulación financiera e inmobiliaria detrás de los incendios. De aprobarse, la nueva norma prohibiría por 60 años realizar modificaciones en el uso y destino de las superficies de humedales, áreas protegidas y bosques nativos o implantados que se hayan quemado. Juntos por el Cambio tilda el proyecto de "excesivo, confiscatorio e inconstitucional".

Falta de estrategia nacional
Para el meteorólogo Mauricio Saldívar, más allá de los efectos de la crisis climática -que agudiza las sequías en las zonas donde ya falta el suministro hídrico y las vuelve material combustible-, existe “un problema de educación ambiental y de falta de una estrategia nacional de gestión del riesgo de incendios, con planes a largo plazo”.

Mediciones locales
En ese sentido, opinó que señalar únicamente a “los negocios inmobiliarios o la extensión de las fronteras agropecuarias es desconocer el problema y desviar la responsabilidad de la gestión del riesgo”. La quema de pastizales, aseguró, “es una práctica ancestral en la agricultura, que está regulada en varias provincias”.
En la Argentina, son las provincias las responsables de controlar los incendios y de elevar pedidos de asistencia a Nación en caso de no dar abasto. Desde la Asamblea Ambiental San Marcos Sierras señalan que en Córdoba el sistema de bomberos está compuesto de voluntarios, y que está sufriendo un vaciamiento de recursos y un desfinanciamiento muy significativo por parte del Gobierno actual. "Esto pone en evidencia una negligencia histórica con el asunto del manejo del fuego que nos asola año tras año”, acusan.
“Es fundamental la articulación con los distritos”, aseguró el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, a Clarín. “Quiero resaltar el compromiso asumido por el Cofema (Consejo Federal de Medio Ambiente) para fortalecer el manejo del fuego en cada una de las jurisdicciones locales. Vamos a implementar un sistema de reuniones bilaterales con cada una de las provincias”, adelantó el ministro.

La gestión de incendios volvió a Ambiente
La gestión del Sistema Federal del Manejo del Fuego volvió al Ministerio de Ambiente el 29 de agosto de 2020. Había sido transferido a la órbita de Seguridad en 2017 desde la dependencia comandada por el rabino Sergio Bergman, tras su aparición vestido de planta y algunas declaraciones poco felices. Como cuando, en torno a los incendios y después de un recorte presupuestario en su área, sugirió que lo más “útil” era “rezar”.
“Estamos diseñando el emplazamiento de dos nuevas bases del Servicio Nacional de Manejo del Fuego en las ciudades de Embalse (Córdoba) y Apóstoles (Misiones) y la incorporación de nuevas dotaciones de 50 brigadistas con el objetivo de dar respuesta a los incendios”, detallaron a este diario desde el Ministerio de Ambiente. Y agregaron que ya se compraron 1.500 equipos de protección individual (EPI) para los brigadistas del sistema federal.
Cabandié contó que su cartera trabaja con el Congreso para poder robustecer los recursos de su área. “Queremos ampliar el presupuesto y avanzar en una nueva licitación para la contratación de medios aéreos, destinados al combate en cada una de las provincias que soliciten nuestro apoyo”, aseguró.
“No podemos pasar por alto que, más allá de todas estas acciones que estamos llevando adelante, los fuegos son, casi en su totalidad, intencionales, y eso la Justicia tiene que penarlo. Creemos que todo el peso de la ley tiene que caer sobre los responsables de esos campos que queman indiscriminadamente, produciendo un ecocidio”, apuntó el ministro.
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Cambio Climático: Cabandié y Azulay encabezaron una asamblea extraordinaria del COFEMA

Fecha de Publicación: 03/11/2020
Fuente: Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional

El Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) realizó una videoconferencia en la que participaron todas las jurisdicciones y la Nación.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, junto al presidente del COFEMA y secretario de Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay, encabezaron la apertura de la Asamblea Extraordinaria del Consejo, convocada para abordar, entre otros temas, la urgencia de la acción climática junto a las autoridades ambientales de todo el país.
“Argentina no es ajena a la crisis climática global. La experimentamos en las sequías pronunciadas que afectan a las provincias, en los aumentos de temperatura, y en los incendios que tanto daño han causado, afirmó el ministro Cabandié, asimismo expresó: "Desde Ambiente de Nación creemos necesario avanzar en mejorar la Ley de Bosques e impulsamos mayores herramientas para que el Plan Nacional de Manejo del Fuego cuente con los recursos para hacer frente a los incendios y así mitigar los efectos del Cambio Climático". También resaltó: "Los desafíos que enfrentamos son grandes, y por eso necesitamos el compromiso de todos y todas, de cada una de las provincias, y de la Justicia para que sea implacable con quienes atentan contra nuestros bienes naturales".
En tanto, Azulay afirmó que el cambio climático enfrenta a las provincias a “nuevos desafíos de gestión” y sostuvo: “Desde el COFEMA, nos parece importante ser parte de la agenda propositiva, en la cual se generen políticas públicas a largo plazo que se levanten la bandera de la Patria, de los recursos naturales y de la sostenibilidad”.
En la reunión, realizada de manera virtual, la cartera de Ambiente nacional, a través del secretario de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Rodrigo Rodríguez Tornquist, y la directora nacional de Cambio Climático, Florencia Mitchell, presentaron un informe que da cuenta del proceso de degradación ambiental— a nivel global y nacional—, en el cual, el cambio climático es uno de los factores impulsores y las consecuencias e impactos de este fenómeno. Los funcionarios del Ministerio también comentaron que la Nación trabaja en la revisión de la Contribución Determinada a nivel Nacional y en conjunto con las autoridades federales en los planes de respuesta, que están elaborando las jurisdicciones en el marco de la mesa de articulación provincial del Gabinete Nacional de Cambio Climático.
En esa dirección, durante el encuentro se expuso lo actuado en el ámbito de la Comisión de Cambio Climático del COFEMA, entre lo que además de los mencionados planes de respuesta provinciales se destacó el trabajo mancomunado entre la Nación y las jurisdicciones con respecto a capacitaciones regionales y reuniones bilaterales en la materia, como las consultorías sobre adaptación y mitigación y el armado de iniciativas legislativas locales.
Otro de los asuntos de interés tratados fue el relacionado a los incendios forestales, que guarda estrecha relación con el tema principal de la asamblea extraordinaria n.° 42 del Consejo. Al respecto, Cabandié señaló que “las consecuencias del cambio climático se manifiestan cada vez con mayor nitidez y generan condiciones propicias para la expansión de los incendios de manera más frecuente e intensa”, y, sobre la problemática del fuego, que en un 95 por ciento se relaciona a factores antrópicos, el ministro la vinculó a la “especulación de los sectores inmobiliario y agropecuario, el mal manejo de la ganadería y la desidia de la justicia”.
El titular de la cartera de Ambiente nacional, asimismo, destacó que el proyecto de ley de presupuesto 2021, que ayer obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, contempla fortalecer el financiamiento del Fondo Nacional del Manejo del Fuego mediante recursos obtenidos del 3 por mil de las pólizas de seguros, con excepción de las del ramo vida. Además dijo que está por iniciarse una campaña de prevención y que, dado a que “la temporada estival puede ser de mucho riesgo”, se prevé incrementar los recursos aéreos disponibles. Para finalizar subrayó: “Hemos estado al lado de cada provincia y puesto a disposición todos los recursos disponibles del Servicio Nacional de Manejo del Fuego”.
En este sentido, María Inés Zigarán, ministra de Ambiente de Jujuy, agradeció a la cartera que conduce Cabandié los recursos dispuestos para contener los incendios forestales en dicha provincia y destacó que “el trabajo de los brigadistas forestales es titánico”.
Hacia el cierre de la asamblea extraordinaria, las autoridades nucleadas en el Consejo declararon de interés ambiental federal la resolución sobre el fortalecimiento de las capacidades de las jurisdicciones en la prevención de incendios, y otra que reconoce y destaca la actuación de los brigadistas forestales en el combate de focos ígneos. Hicieron lo propio con las iniciativas de la provincia de Santa Fe, una sobre el proyecto de ley de acción climática provincial y otra sobre el Programa Plantar para el Futuro.
En representación del Ministerio de Ambiente nacional también estuvieron presentes Florencia Gómez, secretaria de Política Ambiental en Recursos Naturales; Sergio Federovisky, secretario de Control y Monitoreo; y Néstor Salcedo, director de Articulación Interjurisdiccional y Acceso a la Información.
Al encuentro asistieron la vicepresidenta del Consejo y secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río Negro, Dina Migani; por Chubut, Eduardo Arzani, ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable; por Santa Fe, Erika Gonnet, ministra de Ambiente y Cambio Climático; por Misiones, Mario Vialey, ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables, y Patricio Lombardi, ministro de Cambio Climático; por Catamarca, Emanuel Soberón, secretario de Ambiente; por Entre Ríos, Martín Barbieri, secretario de Ambiente; por Santa Cruz, Mariano Bertinat, secretario de Medio Ambiente; por San Juan, Raúl Tello, secretario de Ambiente; y por Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Eugenia Álvarez, secretaria de Ambiente.
También participaron por la provincia de Buenos Aires Mercedes Fino, directora provincial de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Renzo Morosi, presidente Agencia de Protección Ambiental, y Yanina Fasano, subgerenta Operativa de Organismos Interjurisdiccionales Ambientales; por Córdoba, Silvana Zaninetti, directora de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático; por Corrientes, Mario Rujana, administrador general del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA); por Chaco, Paula Soneira, subsecretaria de Ambiente y Biodiversidad; por Chubut, Carolina Humphreys, subsecretaria de Gestión Ambiental, Ana Marino, directora General de Gestión Ambiental, y Juan Arens, responsable del Programa Provincial de Cambio Climático; por Formosa, Hugo Bay, subsecretario de Recursos Naturales Ordenamiento y Calidad Ambiental, y Franco Del Rosso, director de Recursos Forestales y Gestión; por La Pampa, Fabián Tittarelli, subsecretario de Ambiente; por Mendoza, Sebastián Melchor, director de Recursos Naturales; por Neuquén, Juan de Dios, Lucchelli, subsecretario de Ambiente; por Salta, Constanza Pelleschi, asesora de la Dirección Ambiental; por San Juan, Gustavo Mercado, subsecretario Administrativo Financiero, y Laura Assandri, directora de Articulación de la Secretaría de Ambiente; por San Luis, Darío Sklarek, Jefe del Programa Medio Ambiente; por Santiago del Estero, Carlos Salmoiraghi, subsecretario de Medio Ambiente; y por Tucumán, Florencia Sayago, directora de Medio Ambiente, y Silvina Mendilaharzu, subdirectora de Minería.
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Schiaretti presentó la ley de promoción de biocombustibles

Fecha de Publicación: 03/11/2020
Fuente: Hoy Día Córdoba
Provincia/Región: Córdoba

El gobernador Juan Schiaretti presentó ayer el proyecto de ley de promoción y desarrollo para la producción y consumo de biocombustibles y bioenergía, en un acto realizado en Río Cuarto junto a miembros de su gabinete y autoridades diversas, como el intendente Juan Manuel Llamosas.
“El primer motivo por el cual hay que ir hacia los biocombustibles es, sin dudas, por el cuidado de la ecología, el cuidado del desarrollo sustentable para nuestra Córdoba, para nuestro país y para el planeta. Tenemos que combatir los efectos adversos del cambio climático. Los biocombustibles producen muchísima menor polución que los combustibles fósiles, por eso son una necesidad”, remarcó Schiaretti en la ceremonia, donde aseveró que “es fundamental que, junto a esta ley, lancemos distintas medidas, por ejemplo, ya hemos puesto en el presupuesto del próximo año, un cupo fiscal para hacer la promoción como corresponde”.
“Tenemos que avanzar en una reducción de los impuestos de Ingresos Brutos para aquellos que venden biocombustible, avanzar en la reducción de impuesto a la patente para aquellos transportes públicos que lo utilizan, como ómnibus y camiones, avanzar en la exención del impuesto a los Sellos, lo cual estará vigente a partir del año que viene”, detalló el mandatario, quien precisó que para incentivar la producción, se otorgarán créditos del Banco de Córdoba. “Precisamos incentivar la producción, pero también incentivar el consumo. Si no hay consumo, no va a haber demanda”, concluyó.
El proyecto busca consolidar la producción de biocombustibles y la transformación de la biomasa y sus derivados, “promoviendo procesos productivos que impacten de forma positiva en el desarrollo socio-económico regional, en el ambiente, en el uso responsable y sustentable de los recursos naturales, el cuidado de los ecosistemas y la salud pública”, según informó la Provincia.
La iniciativa aspira a alcanzar al sector público (por ejemplo, en el transporte de pasajeros) y privado (con la implementación de programas de fomento y promoción de actividades que transformen la biomasa generada en biocombustibles y bioenergías), la investigación y el desarrollo científico-tecnológico (con incentivos a través de organizaciones y planes específicos) y la educación. “También se establecerá un programa de fomento, incentivos, exenciones, subsidios, beneficios fiscales a los fines de facilitar y acelerar las inversiones requeridas y alentar el consumo de biocombustibles, bioenergías y bioproductos”, se detalló.
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Más de mil científicos enviaron una carta abierta al gobierno contra el trigo transgénico

Fecha de Publicación: 02/11/2020
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional

En esta carta, ya se expresaron con gran preocupación más de 1200 investigadores y docentes universitarios de todo el país .
Más de 1200 investigadores y docentes universitarios de todo el país expresaron la gran preocupación ante la medida del gobierno de aprobar el cultivo de trigo transgénico . Además hicieron el pedido concreto de dejar sin efecto su aprobación y pensar alternativas hacia otros modelos productivos. La misma fue enviada ayer a los ministros de ambiente, agricultura, ciencia y tecnología, educación y salud; además de la Jefatura de Gabinete y al Presidencia. Se plantea la necesidad de abrir un espacio de debate democrático alrededor del tema.

A continuación, el inicio de la carta:

En el Boletín Oficial el 9 de octubre fue publicada la Resolución 412020 de la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que aprueba el primer trigo transgénico del mundo y anuncia su cultivo en el país, sujeto a que Brasil lo admita, dado que es el comprador del 45% de las exportaciones argentinas de este cereal. El trigo genéticamente modificado autorizado se denomina HB4 (trigo IND-ØØ412-7) y presenta, según consta en la mencionada resolución, dos características introducidas por técnicas de ingeniería genética: resistencia a la sequía y tolerancia al herbicida glufosinato de amonio.
Esta autorización remite a un modelo de agronegocio que se ha demostrado nocivo en términos ambientales y sociales, causante principal de las pérdidas de biodiversidad, que no resuelve los problemas de la alimentación y que amenaza además la salud de nuestro pueblo confrontando la seguridad y la soberanía alimentarias. Esto nos lleva a cuestionarnos acerca de los supuestos beneficios que traería aparejado.

Los daños del modelo del agronegocio
Existen evidencias acerca de las consecuencias negativas que producen los modos y los paquetes tecnológicos usados actualmente en la producción agrícola en Argentina, en Latinoamérica y en varios países centrales, especialmente en Estados Unidos. Cientos de investigaciones sobre daños ambientales y sanitarios han sido publicadas en revistas científicas internacionales y muchos más testimonios y denuncias han sido impulsadas de manera sostenida por comunidades, trabajadores de la salud y movimientos sociales de nuestra región. Es indudable que el actual modelo productivo hegemónico de la agroindustria, concentra capital, profundiza la desigualdad económica y social, genera el deterioro de la salud de las comunidades y de los ecosistemas y acelera la pérdida de biodiversidad, amenazando la seguridad alimentaria y dejando a su paso territorios devastados ambiental y socialmente.
Algunos de los principales daños que está produciendo este modelo se deben al uso intensivo de agrotóxicos. Lejos de reducirse, como anunciaban hace más dos décadas los promotores del paquete tecnológico soja-glifosato, el uso de agrotóxicos se ha incrementado exponencialmente ya que la práctica de la siembra directa con semillas transgénicas y barbecho químico actualmente está concentrando la mayor demanda de glifosato y otros agrotóxicos. La agricultura basada en el uso de organismos genéticamente modificados (OGM), tolerantes a diversos herbicidas selecciona a las malezas resistentes que proliferan, lo cual obliga a aumentar las dosis, a realizar mezclas de múltiples activos y a su vez recurrir al consumo de nuevos herbicidas más potentes. En Argentina, hay falta de registros oficiales de uso y, en función de las proyecciones, actualmente se usan más de 525 millones de kglitros de formulados de agrotóxicos por año (alrededor de 12 litros por habitante, la tasa más alta del mundo), esparcidos en miles de millones de litros de caldos de aplicación. La autorización del trigo resistente al glufosinato de amonio implicará aumentar aún más ese volumen, que de por sí resulta exorbitante.
El glufosinato de amonio es un herbicida que, mirado desde la seguridad alimentaria según FAO, es 15 veces más tóxico que el glifosato, ampliamente cuestionado y prohibido en muchos países por  su toxicidad aguda y sus efectos neurotóxicos, genotóxicos y  alteradores de la colinesterasa.
Es letal para organismos que contribuyen naturalmente a mantener la dinámica de los agroecosistemas: arañas, ácaros, artrópodos depredadores, mariposas y otros polinizadores y microorganismos del suelo. Además, en estos agroecosistemas desequilibrados aumenta la susceptibilidad de los cultivos a enfermedades, con el consecuente aumento en la dependencia del uso de más agroquímicos. Asimismo, deteriora enormemente la calidad del agua dulce acelerando procesos de eutrofización, siendo además tóxico para algunos organismos acuáticos. Además, penetra hacia napas subterráneas, aumentando la lixiviación del nitrógeno de los suelos.
La incorporación del trigo transgénico incrementaría la frecuencia de las fumigaciones, extendiéndolas durante todo el año. Hasta ahora, las fumigaciones masivas con agrotóxicos se circunscribían a las temporadas de primavera y verano (también se aplican a finales del invierno como “barbecho químico”). Dado que el trigo es un cultivo de invierno, la aplicación del glufosinato de amonio dará lugar a fumigaciones con este herbicida, en una estación del año en la que se prolonga la vida media de plaguicidas en el ambiente, debido a la incidencia de las bajas temperaturas en los procesos de biodegradación yo a la baja irradiancia solar en la fotodegradación, todo lo cual coincide además con la mayor susceptibilidad de la población a contraer enfermedades respiratorias.
Hasta el momento, el uso del paquete tecnológico estaba particularmente asociado al cultivo de soja, maíz y algodón, cultivos principalmente vinculados a la producción de granos para forraje y aceites.
El trigo, en cambio, es la base de la alimentación de las y los argentinos, ya que con él se elabora el pan y gran parte de nuestros alimentos que están basados en sus harinas. A partir de esta autorización, el trigo HB4 tendrá residuos de glufosinato al igual que las harinas y sus derivados, es decir, habrá glufosinato en alimentos básicos de consumo diario. Dado que en Argentina no hay ley de etiquetado de transgénicos, toda la población estaría expuesta a su ingesta en la dieta diaria.
Por otra parte, el trigo podría correr una suerte similar a la soja no transgénica, que ha sido completamente reemplazada por variedades transgénicas. No es posible la coexistencia de trigo transgénico y no transgénico, entre otras cosas por la llamada “contaminación genética” que ocurre durante la  olinización.
El trigo se autofecunda en un gran porcentaje, pero también se cruza con otros cultivos de trigo que se encuentren en las cercanías. Del mismo modo que en el caso de la soja, una vez liberadas las variedades transgénicas en pocos años se podrían diseminar debido a la fecundación cruzada por polinización con las variedades no transgénicas, en un proceso irreversible de flujo genético. Además de los procesos naturales, el mercado también podría imponer la adopción de OGM, haciendo llegar a los productores insumos sin identificación a bajo costo, como ocurrió en el caso de la soja RR.
La reconfiguración de la producción hacia la agricultura de mercado y la producción de commodities basada en precios internacionales han llevado a un avance descontrolado de la frontera agrícola en las últimas décadas para ampliar las áreas de cultivo en nuestro país. Este escenario se agrava con la aprobación de la “Iniciativa DOSCIENTOS MILLONES (200.000.000) de toneladas de cereales, oleaginosas y legumbres” que, junto con el Anexo registrado con el Nº IF-2020-65541846-APN-SSA#MAGYP, no toma en cuenta ninguna consideración respecto a las consecuencias ambientales de este emprendimiento.
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Cabandié encabezó el relanzamiento de la comisión nacional de biodiversidad

Fecha de Publicación: 31/10/2020
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional

Se trata de la CONADIBIO. En la reunión plenaria, representantes de múltiples organismos acordaron realizar mesas temáticas para la conservación de la biodiversidad.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, encabezó la reunión plenaria de la Comisión Nacional Asesora para la Conservación y Utilización de la Diversidad Biológica (CONADIBIO), en calidad de presidente de la secretaría técnica de este órgano. En el encuentro realizado de manera virtual, se presentaron las nuevas autoridades, el plan de implementación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y se consensuó una propuesta de mesas de trabajo en la temática, que estarán vinculadas a las metas de la estrategia nombrada y que serán insumo para su actualización.
“Que estemos realizando este encuentro es un hecho político”, afirmó el ministro Juan Cabandié, asimismo expresó “Nos da mucha felicidad poder encabezar este proceso en el marco de la CONADIBIO para construir, producir y elaborar políticas públicas en el sentido de la preservación y cuidado de nuestros bienes naturales”, aseguró, a la par que afirmó que la forma de vinculación con estos recursos “determina nuestro presente y nuestro futuro”.
Por su parte, la secretaria de Política Ambiental en Recursos Naturales, Florencia Gómez, expresó que la pandemia del coronavirus da cuenta de la importancia de la biodiversidad y dijo: “Un virus que presumiblemente se ha generado a partir de una zoonosis nos marca la urgencia de poder replantearnos la importancia de la biodiversidad y qué hacemos desde el Estado, la sociedad civil y la academia para poder conservar la biodiversidad desde una perspectiva social”, a lo que agregó que “ la conservación es con la gente”. También resaltó: “La acción ambiental y las políticas ambientales son claves para defender la soberanía nacional, que se protege en términos también de información genética originada en la biodiversidad”. Por último, la funcionaria sostuvo que hay cuestiones transversales que se vinculan a la conservación de la biodiversidad, como las de género y derechos humanos.
La CONADIBIO es el principal ámbito nacional a través del cual se lleva adelante la integración de la biodiversidad a las políticas públicas de todos los organismos del Estado y los no gubernamentales, sobre la base del consenso entre los actores involucrados. Fue creada en 1994 y adoptada por el Convenio sobre la Biodiversidad Biológica (Ley n.° 24375).
Esta comisión nacional es un espacio consultivo, propositivo y el ámbito en el cual es posible revisar la Estrategia Nacional Biodiversidad, que este año culminará su primera etapa. Su mecanismo de funcionamiento se lleva a cabo a través de reuniones y la toma de decisiones se realiza por consenso mediante votación.
En tal sentido, durante esta reunión plenaria, un elemento central fue poner bajo discusión y consenso una agenda de temas importantes que abarcara las metas de la estrategia, la que fue aceptada de manera unánime hacia el cierre del encuentro. Se trata de los siguientes temas, divididos en futuras mesas de trabajo: producción sostenible y comercio justo; problemas para la biodiversidad; participación pública y Estrategia Nacional de Biodiversidad; inventario de la biodiversidad; articulación para la formación de economías regionales, participación y gobernanza; recursos genéticos y conocimientos tradicionales.
Del encuentro participaron secretarios, subsecretarios y directores nacionales de los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Relaciones Exteriores y Culto, de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Educación, de Desarrollo Social, de Cultura y de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. También estuvieron presentes representantes de la Administración de Parques Nacionales (APN), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP), organizaciones gremiales y profesionales, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) por la sociedad civil, cámaras empresariales y referentes de pueblos originarios y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se hizo presente mediante su presidenta, la profesora María Delfina Veiravé.
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La Justicia frena desmonte de la empresa Carba SA en tierras indígenas de Tekoa Ka’a Kupe

Fecha de Publicación: 31/10/2020
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones

El amparo se conoció este lunes y había sido solicitado por los representantes legales de la comunidad Mbya Guaraní. La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Familia hizo lugar al pedido de amparo y ordenó la suspensión provisional de los efectos de la Resolución Nº411/19, disponer el cese de la ejecución del Plan de Manejo Sostenible aprobado por la misma y con ello tala de bosques en el Lote 7- B, Colonia Seguin, Municipio Campo Grande, hasta tanto se resuelvan los recursos introducidos por la Comunidad Mbya Guaraní Tekoa Kaa Kupe en instancia administrativa
“La comunidad indígena, después de reclamar administrativamente frente al Ministerio de Ecología su decisión de no cortar más árboles de su territorio, lo hizo judicialmente y logró el amparo a su favor. Este pedido de amparo busca proteger el monte, que en el fondo es un bien para toda la provincia y la humanidad”, expresan desde EMIPA (Equipo Misionero de Pastoral Aborigen).
La Comunidad Mbya Tekoa Ka’a Kupe, solicitó el amparo “por la manifiestamente arbitraria e ilegal autorización y/o tolerancia a los inconstitucionales desmontes y talas indiscriminadas de bosques nativos situados el Departamento de Cainguás, Lote 7 B Colonia Seguin, Municipio de Campo Grande, que causan un gravísimo daño que afecta en forma directa e inmediata a los derechos de la Nación Guaraní. En tanto y a pesar de haberse opuesto formal recurso de reconsideración contra la Resolución que autorizó la tala Nº4121/2019 y sin que a la fecha haya sido resuelto el mismo, el desmonte se ha llevado adelante violando la suspensión que la interposición del recurso establece, afectando además los recursos de subsistencia, árboles nativos, plantas medicinales, lugares de caza, pesca y recolección de la comunidad, arroyos y nacientes de agua, sin ningún tipo de control ni prevención de daños.”
Frente a esta circunstancia, pidieron a la Justicia el cese inmediato y definitivo de los desmontes y talas de bosque nativo, la declaración de inconstitucionalidad y nulidad absoluta e insanable de las autorizaciones administrativas otorgadas y que se prohíba a futuro nuevas autorizaciones para tala y desmonte, imponiendo a los demandados el deber de recomponer el ambiente y de resultar ello imposible, se fije una indemnización sustitutiva a favor de las Comunidades Indígenas afectadas, sin perjuicio de terceros.
Asimismo, peticionaron medida cautelar consistente en el cese provisional del desmonte y la tala de bosques nativos, durante el tiempo que dure el litigio. Posteriormente, ampliaron demanda reiterando pedido de medida cautelar.
Los autos caratulados “Expte. Nº40318/2020 Comunidad Mbya Guaraní Tekoa Kaa Kupe c/ Estado de la Provincia de Misiones y Otro/a s/Amparo” elevados por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº7, a fin de resolver el recurso de apelación introducido por la actora (fs. 473/485) contra la sentencia de fs. 469/472vta., recurso concedido a fs. 489 en relación y con efecto suspensivo.
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Deforestación en el Chaco argentino: una medida legal intentó paralizarla pero solo duró tres días

Fecha de Publicación: 31/10/2020
Fuente: Mongabay
Provincia/Región: Chaco

En el Gran Chaco Argentino, la deforestación no se detiene y los intentos por frenarla a veces solo duran tres días. El viernes 16 de octubre, y ante una demanda presentada por la organización civil Conciencia Solidaria, dos juezas del fuero contencioso administrativo dictaron una medida cautelar que suspendía los permisos de deforestación y cambio de uso de suelo en todo el territorio provincial. El lunes 19, sin embargo, otro juez, en este caso del fuero civil y comercial, emitía a su vez una medida contraria, judicialmente denominada “anticautelar”. Estas dos decisiones han desatado una batalla legal de la que depende la conservación de un sector importante del segundo bosque más grande de Sudamérica.
El eje de la cuestión: la controvertida ley 26.331 o Ley de Bosques. En ella se establece que cada jurisdicción del país debe realizar un Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) que es obligatorio revisar cada cinco años. Dicho ordenamiento categoriza las áreas boscosas según su importancia ecosistémica en zonas rojas (prohibición absoluta de deforestación), amarillas (autorizaciones parciales y sujetas a condiciones muy precisas) y verdes (se permite la deforestación con permiso de la autoridad competente).
En el caso concreto del Chaco, el ordenamiento territorial de bosques se efectuó en 2009 y estableció la existencia, en ese momento, de 4 926 602 hectáreas de bosque nativo (el 49,45 por ciento de la superficie provincial). De ellas, el 62,93 por ciento correspondía a zona amarilla; el 31,09 por ciento a zona verde; y apenas el 6 por ciento se encontraba en zona roja. El problema es que desde entonces no se realizaron, como manda la ley, las revisiones a las categorías —roja, amarilla y verde— que hubiesen correspondido ser efectuadas en 2014 y 2019.
“Esta irregularidad tiene un efecto práctico sobre el bosque”, señala Ricardo Tiddi, físico investigador e integrante de las organizaciones civiles Somos Monte y Conciencia Solidaria. “Desde 2014 se conceden permisos de cambio de uso de suelo —como la Administración denomina al desmonte o deforestación— según las condiciones que había en 2009”, explica Tiddi. “Hoy, una década después, los cambios climáticos y la pérdida de monte ocurrida en este tiempo han modificado la mirada y, seguramente, bosques que en su momento fueron incluidos en zona verde ahora lo estarían en amarilla o roja”.
Por esta razón, el 16 de octubre, las juezas Natalia Prato y Silvia Varas firmaron la medida cautelar que ordena a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal local la “inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de aprovechamiento y/o cambios de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre de 2014 y hasta el presente”. También ordena que se suspendan los trámites de otorgamiento de permisos para dichas actividades, al tiempo que se le solicita a la citada dependencia la información sobre todos los permisos emitidos desde 2010 hasta la fecha y se le otorga un plazo de cinco días para entregarla.

Entre la polémica y las dudas
Nora Giménez, una de las abogadas que representan a Conciencia Solidaria en la demanda, precisa que lo que buscan saber es si el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la provincia del Chaco, vencido desde 2014, permitía seguir emitiendo permisos. Y a esto sumarle quiénes fueron los beneficiados durante este tiempo. “Hace dos años que venimos pidiéndole al Estado pero no nos respondieron ninguno de los cinco escritos que presentamos, aunque sí aprovecharon para seguir desmontando”, precisa la abogada.
La difusión de esta noticia provocó la reacción inmediata de los sectores dedicados a la actividad forestal en la provincia del Chaco. “Una parte de la medida se presta a confusión y ha generado temor entre los productores”, dice Mario Bejarano, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Forestales del Chaco, entidad que funciona como nexo entre los productores forestales y las instituciones públicas. El representante del Consejo sostiene que “como el origen está en la falta de actualización del OTBN, puede pensarse que la suspensión de permisos no sería solo de cinco días sino que cabría extenderla hasta que se produzca esa actualización [del Ordenamiento]. La Justicia debió aclarar este punto”.
La forestal fue, posiblemente, la primera actividad comercial que tuvo lugar en el Chaco, incluso mucho antes que el territorio fuera declarado provincia y recibiera su nombre actual. A principios del siglo XX, la empresa británica con ese mismo nombre —La Forestal— arrasó alrededor de 2 000 000 de hectáreas de bosques en un área que incluía zonas que hoy corresponden a Santa Fe y Santiago del Estero. Su principal “víctima” fue el quebracho colorado (Schinopsis balansae), árbol del cual se extrae el tanino. La empresa poseía cinco fábricas de tanino en la región.
Desde entonces, la industria ha mantenido su importancia (Chaco ocupa el primer puesto del rubro en el país), y aunque ya no es la principal actividad comercial, las cifras de producción anual marcan su peso en la economía local. De hecho, el trabajo en el bosque y en aserraderos y fábricas fue uno de los pocos que pudo continuar durante los largos meses de pandemia.
En 2019, unos 600 permisos otorgados por la Dirección de Bosques se tradujeron en 350 000 toneladas de rollos y 500 000 toneladas de leña que, a su vez, originaron 40 000 toneladas de tanino, 160 000 de carbón y 15 millones de piezas de muebles y aberturas, acorde a los datos de la citada dependencia. Según el Consejo Profesional, la extracción de madera ronda las dos millones de toneladas al año y el volumen comercial supera los 20 millones de dólares. “Pero además, entre los obrajes y la industria se da empleo a unas 25 000 personas”, informa Mario Bejarano. Ricardo Tiddi pone en dudas la certeza de estos números: “Hemos pedido varias veces las guías que se les dan a los camiones para comparar la extracción real con la que aparece en los permisos. Nunca nos dieron ese dato. La realidad es que la Dirección de Bosques no sabe realmente la cantidad de árboles que se cortan ni de dónde se extrae la madera”.

El Estado apoya a la industria
La medida cautelar despertó alegría entre quienes defienden la necesidad de detener la constante pérdida de bosque que padece la provincia —25 700 hectáreas en 2018; 19 000 en 2019; más de 8000 en el transcurso de este año—; y pánico entre quienes participan del negocio maderero.
Estos últimos se apresuraron en acudir a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco, incluso antes de recibir la notificación oficial del juzgado, y el Estado respondió con celeridad. “La actividad forestal no es desmonte, se trata de un error conceptual muy común”, expresa en diálogo con Mongabay Latam Luciano Olivares, máximo responsable de esa dependencia, antes de abundar en la encendida defensa de la actividad: “Las industrias forestales son las primeras interesadas en que los bosques se mantengan en pie. Es una producción agropecuaria que adquiere valor agregado en los aserraderos y las fábricas de tanino y carbón, paga sus impuestos, cumple con la ley y ofrece puestos de trabajo a los chaqueños”.
La causa fue puesta en manos de Jorge Mladen Sinkovich, juez del fuero civil y comercial. El magistrado dictó en 72 horas una medida “contra cualquier resolución judicial y/o de cualquier otra índole (…) que alteren o restrinjan la ejecución de planes, permisos, guías de tránsito de productos forestales e industriales, o el avance de permisos o autorizaciones otorgadas que se encuentren en ejecución (…), o que produzcan la interrupción o suspensión de la producción y la industria forestal”.

Apelaciones y críticas
La decisión levantó revuelo en el ámbito judicial porque deja en una especie de limbo la legalidad de continuar o no con las tareas en el bosque. Una medida no anula la otra, pero le brinda a los productores forestales una herramienta para continuar realizándolas. “De todos modos, la cautelar paraliza la actividad de la Dirección de Bosques, no la forestal”, enfatiza la bióloga Micaela Camino, integrante de la asociación civil Somos Monte, una de las que forma parte de Conciencia Solidaria. “Hubo mucho movimiento popular respecto a este tema y entiendo que el Gobierno debería cuidarse de otorgar permisos hasta tanto se llegue a una definición”, sostiene Nora Giménez.
Las consecuencias de ambas medidas ya están teniendo respuestas en los juzgados. El viernes 23 de octubre, Conciencia Solidaria apeló la medida del juez Sinkovich. Del otro lado, el subsecretario Luciano Olivares confirma que el Estado hará lo mismo con la cautelar decretada por las juezas Prato y Varas, “porque sin el manejo de los permisos se le estaría prohibiendo al Estado su facultad y obligación de gestión y control de los bosques”.
La letrada Giménez, en todo caso, subraya que “el objetivo de la anticautelar es, sobre todo, impedir el envío de información, porque con ella saldría a la luz el incumplimiento de la Ley de Bosques y la consiguiente responsabilidad ambiental del Estado”. Ricardo Tiddi va más allá: “Lo que quedaría al descubierto es la disparidad entre las cifras públicas que brinda la Dirección de Bosques y las que se obtienen al observar las imágenes satelitales. Los datos no coinciden con los de los planes que ellos autorizan”. Micaela Camino concluye: “No sabemos cuál es esa información tan sensible que nos ocultan, si son los nombres de los dueños de los campos o lo que han hecho en ellos. Pero harían bien en darla porque la imaginación siempre es peor que la realidad”.
El nudo principal, en todo caso, demorará en resolverse. “La revisión del OTBN tendría que haberse hecho en su momento”, acepta Mario Bejarano. El presidente del Consejo Profesional de Ciencias Forestales cree que lo ocurrido en los últimos días puede cambiar el pensamiento en ese sentido: “El productor no se preocupa de las cuestiones técnicas, pero a partir de lo sucedido y al ver que el incumplimiento puede motivar una parálisis del sector es posible que se genere un movimiento para ponerse al día”.
La batalla legal promete ser tan ardua como la de declaraciones en los medios y las calles. La deforestación en el Chaco continúa en el ojo del huracán, a merced de los intereses, las presiones y los vientos.
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Por el sismo de ayer en Neuquén, vuelven a señalar a Vaca Muerta

Fecha de Publicación: 30/10/2020
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén

Un grupo de académicos sostienen que se registraron nuevamente desde que se reactivó la actividad petrolera. No hay estudios que lo comprueben o desmientan.    
Un sismo de magnitud 4,2° que se sintió en el Alto Valle sorprendió ayer al mediodía a los vecinos y puso nuevamente en el debate la vinculación entre los temblores y la actividad hidrocarburífera no convencional. Según los especialistas, no se puede comprobar ni desmentir porque no se cuentan con datos recogidos científicamente, punto por el que se proyectó una red de sismógrafos que aún no se puso en marcha.
El geógrafo Javier Grosso dijo que podría tener una gran vinculación con la práctica del fracking porque la profundidad donde se produjo la liberación de energía consideró que coincide con la altura donde se realiza esa práctica.
“La localización, la intensidad y la profundidad del sismo de ayer es bastante similar a otras que vienen ocurriendo desde 2015 en la zona de Sauzal Bonito y Vaca Muerta”, indicó en declaraciones a Vos A Diario, el programa matutino de RN Radio.
Según precisó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) tuvo una magnitud de 4.2° y fue a 7 kilómetros de profundidad. El epicentro se registró a 86 km al noroeste de Neuquén capital, en cercanías a Sauzal Bonito.
En marzo del año pasado se registró un temblor en un epicentro y con una magnitud similar. También se percibió en Neuquén.
Javier Grosso explicó que hay estudios que analizan la potencial reactivación de la estructura geológica conocida como dorsal Huincul. "Está en el subsuelo y recorre Neuquén de oeste a este. Una parte está debajo de Roca", informó el profesional.
Apuntó que una dorsal es una falla.  Indicó que la región está sobre la placa Sudamericana, que se mueve hacia el oeste unos cinco centímetros por año. Dentro de ellas hay subestructuras llamadas fallas. “En las zonas del límite de esas fallas, en las dorsales se produce la liberación de energía o los procesos de compresión", expuso.
Los estudios de lo que viene ocurriendo relacionan los componentes naturales y antrópicos.
El especialista integra un grupo que estudia la actividad sísmica de la zona  junto a dos de sus colegas de la Universidad del Comahue, Daniel Zúñiga y Gustavo Giménez. Además forma parte Guillermo Tamburini de la Universidad de la Patagonia Austral - Conicet y Joaquín Vázquez Marín, de la Red Geocientífica Chile.
Comentó que lo de ayer por un lado tiene componentes naturales "porque hay una respuesta geológica del subsuelo". Aunque indicó que hay que averiguar por qué esa respuesta "porqué se activó desde 2015".
Recordó que los pobladores dicen que antes de 2015 no había sismos. Por lo cual puso en cuestión "porqué aparecen en Sauzal Bonito a finales de 2018 y los primeros meses de 2019, que son los meses cuando había aparecido la actividad hidrocarburífera no convencional".
Por eso dijo que se indaga si las respuestas del subsuelo es por "el movimiento de la placa Sudamericana  o una respuesta a la intervención en el subsuelo por parte de perforaciones, detonaciones, inyecciones de miles de toneladas de arena y de litros de agua".
El geógrafo marcó que hay muchos sismos que están por fuera de la dorsal Huincul y están al norte de Añelo. Dijo que se empezaron a manifestar en diciembre del año pasado. "Meses antes había empezado las fracturas al norte de Añelo. Y esos sismos tienen profundidades de 4 a 6 kilómetros y coinciden con la capa llamada técnicamente Vaca Muerta dónde está el reservorio", desarrolló.
El profesional indicó que se registran sismos a profundidades muy bajas y que coinciden con los tramos donde se hace fracking.
No obstante, los pozos de Vaca Muerta no se encuentran a esa profundidad. Las perforaciones descienden a los 2.500 a 3.000 metros para dar lugar a ramas horizontales que con las fracturas hidráulicas suman unos 200 a 300 metros, es decir que no llegan a los 4.000 ó 6.000 metros que expuso el profesional.
Dijo que el proceso es necesario mirarlo holísticamente y como algo complejo. "Eso implica que a partir de noviembre de 2015, los sismos se multiplicaron exponencialmente y a fines de 2018 y principios de 2019 en Sauzal Bonito llegaron a haber en esos meses cerca de 100 sismos".
Y apuntó que los sismos se frenaron en agosto de 2019, que "es cuando las empresas dejaron de fracturar" y volvieron cuando retomó la actividad.
En realidad la actividad se detuvo desde el 20 de marzo hasta mediados de mayo, por el efecto de la cuarentena obligatoria. Actualmente hay solo tres empresas fracturando en Vaca Muerta a un ritmo que es menor a la mitad de lo que había el año pasado, por lo que la diferencia de actividad no es mucho mayor que en junio, cuando, durante los primeros días del mes, se registró una seguidilla de sismos. No hubo empresas afectadas por el temblor.
Sobre una posible vinculación con las represas , dijo que pueden ser inductor de sismos" aunque marcó que hubo períodos del río Neuquén que han llenado Los Barreales y Mari Menuco y no se manifestó ningún sismo en esa época".
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Congreso: buscan declarar monumento natural de Argentina al aguará guazú

Fecha de Publicación: 30/10/2020
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Nacional

El proyecto obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados de la Nación. En el debate se destacó la normativa sancionada por la provincia para la preservación de la especie.
Durante la reunión de Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados de la Nación se dio dictamen favorable para que el aguará guazú sea considerado como monumento natural. Prohibiendo en consecuencia la comercialización y caza de su especie.
La iniciativa legislativa fue presentada por el diputado nacional por Formosa, Horacio Arce de la Unión Cívica Radical y durante el encuentro se refirió a su proyecto y dijo que “el aguará guazú se encuentra en distintas provincias como Corrientes, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Misiones, Norte de Santa Fe y en algunas provincias se ha avanzado con una legislación de protección de la misma por lo que considero que es necesario que contemos con una legislación nacional de conservación”.
“Hoy la problemática del Aguará Guazú es la exclusión de su habitad, el peligro que corre en las rutas y caminos, como así también  el comercio ilegal de la especie, por lo que considero  que se debe trabajar en esta protección en forma coordinada con el Gobierno nacional y las autoridades de aplicación de las provincias”.
Para luego concluir su alocución pidiendo el acompañamiento de sus pares, entre los cuales se encuentra la legisladora nacional por Corrientes Sofía Brambilla, que también votó a favor del dictamen positivo del proyecto.
La iniciativa legislativa ingresó en la Cámara Baja del Congreso nacional a comienzo del 2019  y obtuvo dictamen favorable ayer en la comisión de Ambiente. La misma declara como monumento natural en los términos del art. 8º de la Ley Nº 22.351, al aguará guazú (Chrysocyon brachyurus).
Asimismo en su articulado prohíbe su comercialización, caza total o captura internacional, en todo el territorio nacional e insta al Poder Ejecutivo a través de la reglamentación de la presente ley designará la autoridad de aplicación.
Establece multas de setenta mil pesos ($70.000) a cincuenta millones de pesos ($50.000.000), la que llevará aparejada el comiso de los animales y demás productos, subproductos y derivados en infracción. En todos los casos se decomisarán las armas o artes empleadas, cartuchos, trampas y otros instrumentos utilizados para cometer la infracción. El destino de los animales u objetos decomisados será establecido en las disposiciones reglamentarias.
Además propone la suspensión de un mes a dos años o cancelación de la licencia de caza deportiva, sanciones que serán graduadas de acuerdo a la naturaleza y gravedad de la infracción, el perjuicio causado y los antecedentes del infractor; la suspensión, inhabilitación o clausura de los locales o comercios, como asimismo suspensión o cancelación de licencias de caza comercial.
Cabe indicar que la iniciativa señala que es importante establecer esa protección para el aguará guazú en una ley nacional específica atendiendo a las normativas que al respecto han sancionado las provincias de Corrientes (Decreto Nº 1555/1992), Chaco (Ley Nº 4306), Santa Fe (Ley Nº 12182) y Misiones (Ley Nº 4083). En el mismo sentido, en Bolivia tiene protección en todo el territorio nacional.
En el articulado se destaca que el chrysocyon brachyurus, es comúnmente conocido como aguará guazú en Argentina. El significado de su nombre científico describe aspectos biológicos de la especie. El aguará guazú fue clasificado como un cánido silvestre en peligro de extinción en Argentina por la Uicn (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) y está clasificado como una especie en peligro crítico de extinción por la Asociación Argentina de Mastozoología.

Nambi
Es un aguará guazú que fue liberado en el Parque Nacional Iberá durante el 2016 y al que le habían perdido el rastro y que fue visto a comienzo de año, tras ser encontrado en el 2015 en una casa de Virasoro.
Luego de pasar la cuarentena y los análisis sanitarios en San Cayetano, el animal fue trasladado a la isla San Alonso del Iberá, donde por un año fue entrenado para vivir en libertad.
Durante su adaptación aprendió a comer frutos nativos, a cazar pequeñas presas y a perder la confianza con las personas, contaron desde la fundación Rewilding Argentina.
En junio del 2016 fue liberado con un collar transmisor VHF para realizarle un seguimiento. Meses después Nambí desapareció hasta que fue vista a comienzo de año.
 “Lo más llamativo es que portaba un radio collar. Luego de analizar cuidadosamente las imágenes, pudimos determinar, gracias al colmillo inferior derecho que sobresalía, que se trataba de Nambí”, indicaron desde Rewilding Argentina.
Por último, Rewilding Argentina subrayó que “los depredadores de gran tamaño necesitan de grandes territorios para poder existir”, por lo que el Gran Parque Iberá “garantiza la conservación de esta y otras especies emblemáticas de Corrientes”.
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Cambio climático: buscan reducir el consumo de agua en industrias

Fecha de Publicación: 30/10/2020
Fuente: Gobierno de Tucumán
Provincia/Región: Tucumán

El sábado pasado se conmemoró el Día Internacional Contra el Cambio Climático y Tucumán no es ajeno a debates y realidades que preocupan a todo el planeta. En este marco, el secretario de Medio Ambiente de la Provincia, Alfredo Montalván, aseguró que “el cambio climático acusa recibos entre sequías e inundaciones”, y por eso hizo especial mención a la capacidad hídrica de la provincia.
Estamos pasando por un período complejo de sequía, por ello es que buscamos trazar huellas hídricas y estudiar así los consumos desmedidos que tienen algunas industrias, queremos buscar medidas correctivas”, explicó Montalván, quien remarcó que estos trabajos son interdisciplinarios, ocupan a varios ministerios del Gobierno, se realizan en conjuntos con expertos de la Universidad Nacional de Tucumán y cuentan también con participación de ingenios de la provincia.
“Tucumán tiene una ley de riego tan sabia como la de Mendoza. En Tucumán el clima es semiárido y con el cambio climático esto se agrava. Los ríos están muy mal en su caudal de agua, tenemos que avanzar en cuidar las reservas y moderar el consumo”, agregó el funcionario. “Si no fijamos pautas concretas, va a ser muy difícil dentro de diez años poder resolver estos temas“, aseguró.
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Desmontes: un estudio de la FAUBA analiza los vínculos políticos y económicos con la tala ilegal

Fecha de Publicación: 29/10/2020
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Nacional

Expertos aseguran que estos puntos influyen en la medida y la forma en la práctica de la deforestación, principalmente en Santiago del Estero, Salta y Chaco.
Un estudio de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) sobre el desmonte ilegal encontró que el capital económico y los vínculos políticos influyen en la medida y la forma en que se produce la tala ilícita.
En este sentido, un artículo firmado por Sebastián M. Tamashiro para Sobre La Tierra revela que hay un vínculo entre las características de quienes deforestan y la magnitud de la deforestación.
Luego de la sanción de la Ley de Bosques en 2007 se redujeron los desmontes a nivel nacional, pero en ciertas provincias se siguen perdiendo ecosistemas boscosos a gran velocidad. Santiago del Estero, Salta y Chaco, son ejemplos donde entre 2009 y 2016 se deforestaron de manera ilegal 750.000 hectáreas, equivalentes a 36 veces la superficie de CABA.
“La Ley de Bosques se sancionó en el año 2007 para reducir los desmontes en la Argentina. Si bien se logró en términos generales, se siguen perdiendo bosques a un ritmo muy preocupante. La normativa autoriza la deforestación en determinadas zonas y la prohíbe en otras. En este marco, los desmontes ilegales representan una gran proporción de la deforestación total en ciertas regiones del país, como en el Chaco Seco Argentino”, destacó Daniel Blum a partir de su tesis de grado de la Licenciatura en Ciencias Ambientales de la FAUBA, dirigida por Matías Mastrangelo, investigador del Conicet, y bajo la tutoría de Sebastián Aguiar, docente de las cátedras de Ecología y Dasonomía de la Facultad.
Blum estudió 89 casos de deforestación ilegal que implicaron la pérdida de casi 150.000 hectáreas de bosque nativo.
Para su investigación, utilizó información de boletines oficiales de las provincias involucradas, documentos de las direcciones de bosques provinciales y de la Auditoría General de la Nación, denuncias e informes de ONG, noticias periodísticas que reportaron desmontes ilegales y entrevistas a informantes clave.
Entre los principales resultados de la investigación, se encontró una relación estrecha entre las deforestaciones y la posición social, económica y política de los propietarios de las fincas afectadas, a lo que se denominó “poder”.
“Definimos este concepto a partir de tres variables: el capital económico, el vínculo con funcionarios públicos y el origen geográfico del agente. Aquellos con niveles intermedios o altos de poder tenderán a desmontar áreas boscosas más grandes. El poder de quien desmonta ilegalmente tiene más influencia en cómo y cuánto se deforesta que las condiciones agroclimáticas de la zona”, resaltó Blum.
“Muchos trabajos científicos sobre las fronteras agropecuarias del mundo asumen que el productor avanza sobre bosques que tienen las mejores condiciones agronómicas para maximizar los rindes”, afirmó Mastrangelo, quien también es docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y agregó: “Sin embargo, la realidad es más compleja. Por ejemplo, en el Gran Chaco se deforestan superficies con suelos pobres y pocas lluvias para especular en el mercado inmobiliario. Los actores más poderosos compran tierras, las deforestan y esperan a que aumente su valor para venderla. Una hectárea desmontada vale más del doble que una con bosque”.
Desde hace décadas, los bosques del Chaco Seco se encuentran bajo una gran presión debido al avance de la actividad agropecuaria. Según informa el estudio, en las provincias de Salta, Chaco y Santiago del Estero, alrededor del 50% de los desmontes entre 2009 y 2016 fueron ilegales.
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Biocombustibles: el Gobierno busca prorrogar la ley y el sector respalda su continuidad

Fecha de Publicación: 29/10/2020
Fuente: BaeNegocios
Provincia/Región: Nacional

Las fábricas están favor de la medida, pero advierten que siguen en desventaja con el precio. A través de un comunicado, los empresarios de esta cadena de valor afirmaron que no son los culpables del último aumento en las naftas
El Gobierno nacional avanza en la prórroga de la Ley 26.093 de Biocombustibles, cuya vigencia se extiende hasta mayo del próximo año. Tras una sesión de la Comisión de Minería, Energía y Combustible en el Senado nacional, el proyecto presentado por la senadora santafesina del Frente de Todos, María de los Ángeles Sacnun, logró el dictamen y pasará a comisión.
Por el lado de la industria de los biocombustibles, destacaron que esta iniciativa representa un impulso para el sector, al igual que la iniciativa de la provincia de Santa Fe para fomentar el uso de esta fuente de energía. El dato a tener en cuenta es que aunque se actualizaron en un 10% los precios del biodiesel y bioetanol destinado al corte en gasoil y naftas, respectivamente, desde este sector advirtieron que esta suba no alcanza a recomponer la rentabilidad.
El proyecto de ley presentado por la legisladora de Santa Fe apunta a prorrogar hasta 2024 el actual régimen de promoción para biocombustibles. En los fundamentos de la iniciativa, Sacnun sostuvo que esta extensión "no solo otorgaría previsibilidad a los productores de biocombustibles, sino también a todo el entramado productivo del sector agrícola y de la agroindustria".
Ante una consulta de BAE Negocios, el director de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer), Juan Facciano, expresó que tanto la extensión de la Ley 26.093 como la aprobación de Santa Fe para el uso de esta fuente de energía es "fundamental para la industria y confirma que el uso de estos biocombustibles son un pilar fundamental para el desarrollo sustentable". Además, agregó: "implica la decisión tanto del Estado nacional como de Santa Fe apostar al desarrollo de las economías regionales y la diversificación de la matriz productiva".
Al presentar su proyecto durante el debate en la Cámara alta, Sacnun argumentó que su iniciativa "pone en marcha la industrialización de la ruralidad", y que permite "asegurar el valor agregado en origen". Las fábricas nacionales de biocombustible atraviesan un escenario complejo, tanto en el plano exportador como a nivel doméstico.
En esta instancia, los empresarios remarcaron que si bien el secretario de Energía, Darío Martínez, expresó que los aumentos en el valor de biodiésel y bioetanol serán graduales, un gran porcentaje de las fábricas de biocombustibles elaborados en base a soja y maíz se encuentran paralizadas. El reclamo más frecuente de estos empresarios es que la reciente actualización de precios "no alcanza siquiera para cubrir los costos de materia prima, no es suficiente para que las plantas vuelvan a producir", según expresó un directivo de este sector.
Además de manifestar su disconformidad con el actual nivel de precios para el negocio, desde esta cadena de valor emitieron un comunicado en donde descartaron "ser la causa de los incrementos de precios de naftas y gasoil, como trascendió en medios periodísticos", en referencia al último incremento de 3,5% en las naftas fijado a mediados de este mes.
En el documento, firmado por la mayoría de las cámaras que componen esta cadena de valor, afirmaron que la incidencia de los en el precio final que paga el consumidor "no es relevante y menos aún, en los aumentos que disponen por sí las refinadoras de petróleo". En el documento también sugieren que las petroleras no cumplen con los cortes obligatorios en naftas y gas.
A partir de las Resoluciones 4/2020 y 5/2020 de la cartera de Energía y publicadas en el Boletín Oficial, el precio del para su mezcla obligatoria al 10% con gas se fijó en $48.533 por tonelada, para las ventas realizadas desde el 15 de octubre. Para el bioetanol, tanto de maíz como de caña de azúcar, será de $32,7 por litro para el corte obligatorio con naftas, que es de 12%.
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El relato del medio ambiente: Salta anuncia más minería

Fecha de Publicación: 29/10/2020
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: Salta

Queda claro que el cuidado del medio ambiente es apenas un relato para los gobiernos. Salta anunció el inicio de producción de minería de oro a cielo abierto.
La mina Lindero, que explota la empresa Mansfield, realizó la fundición del primer lingote de metales preciosos, de cobre y oro, y se convirtió así en la primera mina metalífera a cielo abierto de Salta, que comenzará su producción en el primer trimestre del año que viene. Queda claro que el cuidado del medio ambiente es apenas un relato por parte de los gobiernos, cualquiera sea la bandería política. El extractivismo salvaje continúa su curso, y no frenó ni un ápice a pesar de la pandemia del covid-19.
“Es la primera mina metalífera de Salta a cielo abierto, en la Puna salteña, que logró su primer lingote de metales preciosos, principalmente cobre y oro, a nivel de prueba del proceso”, dijo a Télam el secretario de Minería provincial, Ricardo Alonso.
 El funcionario explicó que se trata de “una mina de mediana a chica”, que avanzó en “la demostración que el sistema funciona”, y ahora viene la etapa de “ajustar todos los tornillos para trabajar a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, con todas las condiciones climáticas de la Puna”.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se reunió con el gerente general de la minera Mansfield, Wilber Zamora; y los gerentes Facundo Huidobro y Agustín Frezze, en la Casa de Gobierno.
“Estas son buenas noticias en medio la pandemia, y uno de los mejores ejemplos que demuestran que para llevar adelante algo en minería es necesaria una política de estado con continuidad, reglas de juego claras y seguridad jurídica”, expresó el secretario de Minería salteño.
La planta de la minera está ubicada en el Salar de Arizaro, en la Puna salteña. La compañía minera dice que trabaja en los proyectos de sostenibilidad en temas de "seguridad, medio ambiente y desarrollo humano, con las comunidades salteñas de Tolar Grande, Pocitos y San Antonio de los Cobres".
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Dictamen favorable de comisión de Diputados al proyecto para proteger suelos y bosques

Fecha de Publicación: 28/10/2020
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional

El despacho de mayoría fue respaldado por 17 diputados del Frente de Todos, los del Interbloque Federal y de Unidad Federal para el Desarrollo, mientras que Juntos por el Cambio presentó un dictamen de minoría.
La Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados emitió este lunes dictamen favorable sobre el proyecto impulsado por Máximo Kirchner para proteger los ecosistemas de los incendios accidentales o intencionales y prohibir la venta de terrenos incendiados en plazos que van de 30 a 60 años, para evitar que se realicen en estos predios emprendimientos inmobiliarios o especulativos.
El despacho de mayoría fue respaldado por 17 diputados del Frente de Todos, los del Interbloque Federal y de Unidad Federal para el Desarrollo, mientras Juntos por el Cambio presentó un dictamen de minoría en rechazo a la iniciativa del titular del bloque oficialista.
El presidente de la comisión, Leonardo Grosso, abogó por la aprobación de la ley porque "hace varios meses hay incendios donde se han quemado 900 mil hectáreas y en el 95% son el resultado de la acción humana"
En este contexto, es "necesaria una respuesta desde el conjunto de las fuerzas políticas, no solo por los incendios sino por los desmontes para proteger nuestro ecosistema", sostuvo.
"Muchas veces los fuegos anteceden a un negocio. No queremos que el fuego sea un negocio en la Argentina. Queremos llegar antes del fuego porque vamos a tener problemas con el agua potable por culpa de los incendios intencionales", afirmó Grosso.
El diputado aludió al dtamen en minoría al considerar que "Juntos por el Cambio se pone otra vez del lado de los negocios y no del lado de la salud de la sociedad y de la protección del planeta".
La iniciativa determina que, por el término de 60 años, no se podrá cambiar el uso de los bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales, a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas, e impone una limitación de 30 años en el caso de que la afectación se produzca en una zona agrícola.
De esta manera, no se podrán usar los bosques o territorios para otros emprendimientos inmobiliarios. La sanción de la ley era respaldada desde las redes sociales con el hashtag "Ley de Fuego ya".
La vicepresidenta de la comisión, la radical Brenda Austín, dijo compartir "la intención y la preocupación expresada por muchos diputados del oficialismo de que tenemos que trabajar fuertemente en este tema, pero hay una disociación entre la herramienta que están eligiendo y los objetivos que están buscando".
"Con esta ley no se da mayor protección a los bosques, sino todo lo contrario. Dan menor protección porque modifican un artículo de la ley de Manejo del Fuego, de 2017, que estableció una protección a perpetuidad de esos bosques", agregó al justificar el rechazo al proyecto.
La diputada del Frente de Todos Daniela Vilar aseguró, al explicar los detalles del proyecto, que es necesario aprobarlo para que las tierras incendiadas no tengan "como destino emprendimientos inmobiliarios o especulativos".
"Lo más importante es evitar que esas tierras se puedan utilizar con otro fin. Es importante pensar en el futuro de nuestros pibes y pibas, nosotros estamos legislando con este proyecto también para ellos y ellas", agregó.
El diputado de Unidad Federal para el Desarrollo José Luis Ramón señaló que "hay dos cosas que nos deben quedar en claro: que es un problema ambiental y muy lejos es un problema económico, por lo cual se tienen que tomar medidas fuertes"
La diputada oficialista Gabriela Cerrutti marcó la necesidad de "cambiar las leyes y la cosmovisión. El que siente que esta ley lo está castigando es quien quiere seguir prendiendo fuego los suelos para sus negocios sin sufrir consecuencias", agregó.
La radical Josefina Mendoza señaló que "el proyecto no crea mayor protección ambiental, sino que la disminuye, por ejemplo, en lo relativo a bosques nativos".
"Se prohíbe el uso del suelo por 60 años en caso de incendios en bosques nativos, cuando la ley de bosques nativos lo prohíbe a perpetuidad, con lo cual estaríamos retrocediendo en lo relativo" a esas plantaciones, añadió.

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Boom del litio. La pandemia puso pausa a los proyectos en el norte

Fecha de Publicación: 28/10/2020
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Nacional

Escenario. En 2020 se iba a duplicar la producción. El COVID retrasó los créditos. El país genera el 7% de la demanda global.
El litio es el elemento perfecto para hacer baterías: es liviano y muy electro-activo. Aunque representa menos del 10% de los componentes, sin litio no hay batería. 2020 prometía ser una año muy importante para la minería del litio en la Argentina: con la construcción de dos nuevas minas, proyectaba superar en 2021 el doble de la capacidad instalada que tiene actualmente.
El proyecto más avanzado y próximo a producir carbonato de litio equivalente (LCE) a escala comercial es el desarrollado por Minera Exar en Jujuy, que llegó a completar con un 36% de la construcción pero retrasó su cronograma para continuarlo a principios de 2021 (para esa fecha había planificado empezar a producir).
Se trata del proyecto Cauchari-Olaroz que se ubica en el salar homónimo -el segundo recurso más grande del mundo después del salar de Atacama-, y con una inversión total de 565 millones de dólares podría alcanzar una capacidad para producir 40.000 toneladas anuales de mineral blanco “calidad/grado de batería” con una vida útil de 40 años.
Desde antes del desembarco del Covid-19 al país, la minera operada por la firma canadiense Lithium Americas Corp. y la china Ganfeng anticipó dificultades para cumplir con su cronograma debido a los retrasos por fábricas cerradas por la pandemia en la entrega de equipos chinos para la planta química. Luego, en julio, el coronavirus afectó a parte de los trabajadores en el proyecto.
“La situación de pandemia nos ha afectado, no sólo al sector minero en particular. La merma de las dotaciones, en la mayoría de los casos en porcentajes superiores al 50%, derivó en una disminución importante de la actividad. Por nuestra parte estamos seguros de que esto se irá recuperando con el tiempo, aunque nos hemos atrasado en algunas metas, por lo cual esperamos poder llegar al objetivo de producción en 2022”, detalló a +e Franco Mignacco, presidente de Exar.
Asimismo, según el ejecutivo, el proyecto cuenta con un avance “de entre el 37 al 40%”, y en ese sentido, estimó que queda por delante “un año y meses para concluir esta etapa de construcción”. “Con las restricciones que conciernen para cuidar al personal y las comunidades que nos rodean, esperamos poder seguir avanzando y que no tengamos ningún tipo de contratiempo con la pandemia. Actualmente estamos retomando actividades en un porcentaje reducido”,señaló Mignacco, quien además es el presidnete de la Cámara Minera de Jujuy, y confirmó: “Las inversiones comprometidas para ello están vigentes y en curso. Si bien, sufrimos un desfasaje por la situación que atravesamos, es una situación global, no particular”.
El otro es el proyecto Centenario-Ratones, que se encuentra en Salta y está en manos de la empresa Eramine Sudamericana –subsidiaria del grupo francés Eramet-, que dio paso a la construcción en 2018 tras casi nueve años de exploración, pero en febrero de este año decidió suspender el avance de las obras. De acuerdo a su diseño, prevé contar con una capacidad instalada de 24.000 toneladas de LCE por año y al momento de la suspensión había registrado un avance importante, de hecho ya se llevan invertidos casi unos 140 millones de dólares aproximadamente.
“La construcción está detenida desde abril, pero la ingeniería sigue adelante y la planta piloto (que ya demostró tener resultados coherentes a lo que se había planificado en la sede central en Francia) sigue operando”, confirmó a +e Daniel Chávez Díaz, director ejecutivo de Eramine Sudamericana, y anticipó “pronto podría haber novedades”.
El plan original preveía el inicio de la producción en 2022, pero las demoras ya obligaron a correr la meta. En este caso principalmente el cronograma fue afectado por las restricciones cambiarias. “El proyecto tiene que recibir 400 millones de dólares en préstamos y es completamente viable en todos los aspectos, pero lo que falta resolver es la cuestión regulatoria de las divisas”, puntualizó el directivo al momento de la suspensión.
Las dos empresas que hoy están en actividad en el país y producen en conjunto 40.000 toneladas anuales de litio, lo que implica según datos de la Secretaría de Minería de la Nación, un 7% de la producción global (mientras que Chile cuenta con un 19%), sostenían hasta el inicio de este año planes de expansión.
Para el proyecto Olaroz, por su parte, que se puso en marcha en 2014, la firma Sales de Jujuy de la minera australiana Orocobre, y con una menor participación de la compañía japonesa de fabricación de automóviles Toyota y de la empresa del estado jujeño Jemse, el plan es pasar de producir 17.500 toneladas de LCE a 42.500 anuales para 2022.
En tanto, la mina Fénix ubicada en el Salar del Hombre Muerto de la estadounidense Livent Corp, que se puso en marcha a fines de la década del 90 en Catamarca y tenía previsto ampliar su capacidad productiva actual de 22.500 toneladas de LCE anuales a 28.500 para 2021, anunció que desaceleró el ritmo de su expansión en la presentación de los resultados de 2019 realizado el 20 de febrero.
Los dos proyectos que producen en el país, Olaroz y Fénix, junto a otros dos chilenos –el de la firma SQM y el de Albemarle, en el Salar de Atacama- son los únicos en el mundo de dónde se obtiene carbonato de litio de salmueras. Hasta hace apenas un lustro, poco antes de que arranque Olaroz, los primeros tres emprendimientos en salares cubrían el 70% del litio demandado a nivel global. Hoy, la ecuación favorece a los que se producen en roca en Australia, de hecho los datos de 2018 revelaron que un 61% del litio que se consume en el mundo viene de ahí.
En paralelo, existen en el país más de 45 proyectos de exploración y prospección, distribuidos en los 23 salares ubicados en Jujuy, Salta y Catamarca. A pesar de las ventajas competitivas técnicas que posee la Argentina, las dificultades para disponer de los financiamientos ralentizan la materialización de los emprendimientos.
Para José De Castro Alem, quien puso en marcha en 2014 la última mina de litio en entrar en producción en los últimos 20 años (el Proyecto Olaroz en Jujuy), muchas compañías que encararon tareas de exploración en el país que ya deberían estar produciendo; a su entender lo que tenían que hacer las junior ya está hecho desde hace 10 años. “Hoy podríamos ser los líderes mundiales en producción, pero se perdió mucho tiempo y se posicionaron los australiamos. Si eliminamos las cuestiones coyunturales, y nuestra idiosincracia que pone barreras a la potencialidad, el recurso lo tenemos”, aseguró en diálogo con +e, quien además es director del posgrado de Ingeniería de Litio de la Universidad Austral.

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