La Justicia suspendió todos los permisos de desmontes en Chaco

Fecha de Publicación: 20/10/2020
Fuente: Diario Chaco
Provincia/Región: Chaco


La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Chaco suspendió todos los permisos de desmontes y cambios de uso de suelo en la provincia al hacer lugar a una medida cautelar, que fue presentada por la asociación “Conciencia Solidaria al Cuidado del Medio Ambiente, el Equilibrio Ecológico y los Derechos Humanos Asociación Civil”.
El fallo, con fecha de este viernes 16 de octubre de 2020, lleva la firma de las juezas Silvia Geraldine Varas y Natalia Prato. Abarca a las categorías de conservación rojo, amarillo y verde, a excepción de planes y trabajos de conservación que no impliquen la afectación y/o conversión de los bosques.
Así mismo, la Justicia solicitó la entrega de un informe, en el plazo de cinco días, detallado sobre la totalidad de los permisos y/o autorizaciones otorgadas desde el mes de diciembre del año 2010 y su estado de ejecución, con los datos del propietario, datos catastrales del predio, departamento, superficie catastral y superficie de trabajo. Como también notificarlos fehacientemente de la medida ordenada.
Desde la organización Somos Monte celebraron la medida judicial y recordaron: “El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, pilar fundamental de la Ley de Bosques, se encuentra vencido en Chaco desde el 2014 y las autoridades no fueron capaces de organizar el proceso participativo para actualizarlo, con lo cual todos los permisos se encuentran hoy en un estado de discutida legalidad desde el punto de vista legal”.

LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL FALLO
I. Hacer lugar a la medida cautelar innovativa peticionada, y ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal, Subsecretaría de Recursos Naturales, del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco:
1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de aprovechamiento y/o cambios de uso de suelo -desmonte, etc. correspondientes a las categorías de conservación I (rojo) -excepto planes y trabajos de conservación que no impliquen la afectación y/o conversión de los bosques-, II (amarillo) y III (verde III) de la Ley N  1762-R, en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente;
2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de aprovechamiento y/o cambios de uso de suelo -desmonte, etc.-, recategorizaciones o actividad alguna, vinculadas a las categorías de conservación I (rojo) -excepto planes y trabajos de conservación que no impliquen la afectación y/o conversión de los bosques-, II (amarillo) y III (verde III) de la Ley N° 1762-R, en cualquier estado de ejecución en que se encuentre;
3) Informe en el plazo de cinco (05) días la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de aprovechamiento y/o cambios de uso de suelo -desmonte, etc. correspondientes a las categorías de conservación I (rojo), II (amarillo) y III (verde III) de la Ley N  1762-R, otorgadas desde el mes de diciembre del año 2010 y su estado de ejecución, debiéndose detallar: datos del propietario, datos catastrales del predio, departamento, superficie catastral y superficie de trabajo.
4) Notificar fehacientemente de la medida ordenada a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de aprovechamiento y/o cambios de uso de suelo -desmonte, etc. correspondientes a las categorías de conservación I (rojo) -excepto planes y trabajos de conservación que no impliquen la afectación y/o conversión de los bosques-, II (amarillo) y III (verde III) de la Ley N° 1762-R, aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar su cumplimiento. Bajo apercibimiento de correr vista al Fiscal en turno por las responsabilidades penales, administrativas, civiles y ambientales que correspondan.
II.- Una vez cumplimentado lo ordenado en el Pto. I, 3), SOLICITAR la colaboración de los Juzgados de Paz y Faltas de las jurisdicciones correspondientes, la inspección y verificación del estado de ejecución de los permisos y/o autorizaciones de aprovechamiento y/o cambios de uso de suelo -desmonte, etc. suspendidos por la presente medida.
III.- Previa caución juratoria que deberá prestar la apoderada de la accionante.
IV.- Regístrese, notificar conforme Anexo a la Resolución N  162/19 del Superior Tribunal de Justicia -Reglamentación de las notificaciones electrónicas-.


El sector forestal de la provincia preocupado por la suspensión de permisos de desmontes

Carpinteros, muebleros, aserraderos, motosierristas, ladrilleros, pymes y empresas productores de carbón y tanino, que conforman el sector forestal chaqueño manifestaron su preocupación por una nueva orden judicial que ordena “la inmediata suspensión del sector forestal en todo el territorio provincial”.
Se trata de una sentencia cautelar dictada por la Sala Primera de la Cámara Contenciosa Administrativa del Poder Judicial que ordena “suspender todos los permisos forestales otorgados desde el año 2014 a la fecha”. También resuelve que la provincia debe interrumpir la evaluación de aquellos que se encuentren en trámite.
Esta sentencia implica que la Dirección de Bosques suspenderá los permisos otorgados y no continuará con la evaluación de permisos en trámites, lo que impedirá a productores de toda la provincia ejecutar trabajos de aprovechamiento, silvopastoril y cambio de uso de suelo, que son necesarios para el desarrollo de la actividad agropecuaria.
A raíz de la misma, los productores manifestaron que se verán "impedidos de solicitar la emisión de guías de productos forestales por lo que no podrán comercializar sus productos y abastecer a las industrias del tanino, del carbón, carpinterias, y del aserrado en general”.
La sentencia, según señalaron desde el sector, “no diferencia entre grandes, pequeños o medianos productores. Todos estamos afectados por la prohibición”. Al mismo tiempo, recordaron que “alrededor de 20 mil chaqueños y sus familias de manera directa se verán afectados por esta medida al no poder circular con su producción primaria o industrial. Se interrumpirán procesos de exportación y de industria vitales para nuestra economía provincial y nacional”.
En esa línea, los integrantes del sector forestal solicitan a las autoridades provinciales, judiciales y legislativas “que intervengan en el caso y se garantice la producción y el trabajo del sector forestal y los sectores afectados indirectos”.
Calificaron, además, a la mencionada decisión judicial de “arbitraria” y aseveraron que “el sector forestal no es desmonte, el sector forestal es trabajo, industria, valor agregado, es el sostén de miles de fuentes de trabajo, especialmente en el interior provincial”.
Piden que se revea la decisión judicial y “no se paralice una actividad tan importante para los chaqueños y chaqueñas”.
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La CARU posterga indefinidamente las obras del Laboratorio en el Puente Internacional

Fecha de Publicación: 20/10/2020
Fuente: Máxima On Line
Provincia/Región: Nacional


Además le pedirán al Comité Científico que brinde "explicaciones" sobre los resultados de los monitoreos realizados a la pastera Botnia, según dijo el titular de la Delegación Uruguaya ante la CARU.
El titular de la Delegación Uruguaya ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (DUCARU) Mario Ayala anunció la postergación de las obras que se iban a realizar en el Puente Internacional General San Martín para la instalar allí el Laboratorio donde estaba previsto que el Comité Científico analizara las muestras que se obtienen en los monitoreos mensuales que se realizan en la desembocadura del río Gualeguaychú y en la pastera de Botnia.  Actualmente esas muestras se envían para su análisis a laboratorios de Canadá, a un costo aproximado para la CARU de unos 700 mil dólares anuales.
La creación de este Laboratorio Binacional fue acordada en enero de 2016 por los entonces Presidentes Tabaré Vázquez y Mauricio Macri, “con el fin de apoyar el control ambiental de espacios de interés compartido de ambos países y constituirse en una referencia científica y analítica con reconocimiento a nivel regional e internacional que permita determinar la calidad ambiental del ecosistema agua, sedimento y biota, para la definición de medidas de prevención, conservación y mejora de la calidad del agua del río (Uruguay)”, según de anunciaba oficialmente hace más de cuatro años.

El secretismo CARU
Recién el 28 de mayo de 2019 –más de tres años después del acuerdo firmado por Vázquez y Macri-  se dieron a conocer los ganadores del “Concurso Público Binacional de Anteproyectos Arquitectónicos”, convocado por la CARU para la construcción del Laboratorio de Control para el análisis ambiental del Río Uruguay en el área adyacente a la cabecera del Puente Internacional sobre la margen oriental del río, en la ciudad de Fray Bentos.
Se presentaron 97 proyectos de arquitectos tanto de Uruguay como de nuestro país y el seleccionado fue el que tiene como autores a los uruguayos Marcelo y Martín Gualano, titulares del Estudio de Arquitectura Gualano & Gualano, con domicilio en Manuel Haedo 2918 de Montevideo. En el proyecto también participaron los arquitectos Mateo Leite,  Noela Barreiro y Mathías Rojas. Se da la circunstancia que Martín Gualano, tiene un pasado en el ministerio de Transporte y Obras Públicas uruguayo, en donde estuvo entre 1989 y 2002.  
El 22 de octubre de 2019, el entonces titular de la CARU, el macrista Mauro Vazón y el ex Vicepresidente de la Delegación Uruguaya, Rogelio Texeira, firmaron con los arquitectos Gualano el contrato para el Proyecto Ejecutivo del Laboratorio que debía ser presentado en un plazo de 120 días.
Así como son secretos los montos de los sueldos de los 10 vocales que integran la CARU y jamás publica los contratos de los asesores que trabajan en el organismo, en esta oportunidad la CARU –siguiendo su tradición secretista- nunca dio a conocer oficialmente el monto ni las condiciones de ese contrato firmado con el Estudio Gualano, es decir que se trata de un “contrato no público”.  
Tampoco se conoce si el Estudio Gualano presentó en tiempo y forma el Proyecto objeto de ese contrato confidencial. De más está decir que hasta ahora no se conoce – ni siquiera estimativamente- el presupuesto que podría demandar la realización de las obras del Laboratorio.

Postergación indefinida
Ahora, según lo expresado por Ayala, el nuevo presidente de la Delegación Uruguaya en la CARU, la decisión de postergar la realización de las obras se adoptó por los efectos económicos que generó la pandemia en las arcas de la Comisión Administradora del Rio Uruguay (CARU), lo que obligo a la Entidad Binacional a “reformular” el proyecto.
Ayala indicó que “estamos ahora en el proceso de trasladar el laboratorio del Comité Científico a la casa del Administrador del Puente Internacional”, un inmueble que en estos momentos está desocupado. El presidente de la Delegación Uruguaya ante la CARU dijo también que “seguramente comenzarían a principios del año próximo para darle más comodidad al Comité Científico, pero no se hará la inversión que originalmente estaba estipulada ya que estamos con dificultades financieras. La CARU actualmente está con el 50 por ciento de los ingresos debido al poco tránsito que hay en los Puentes que están bajo su administración, todo debido a la pandemia”.
A continuación,  el funcionario del organismo binacional agregó que “por tal motivo hemos buscado el camino del medio a través de esta mudanza del Comité Científico, que funcionará en la casa del Administrador del Puente General San Martín".
Sin embargo, estas explicaciones, pretendiendo utilizar la pandemia del COVID-19 para hacer creer que una obra de semejante envergadura se financia con los peajes del Puente Internacional son, simplemente, grotescas.
Si bien la recaudación de la CARU en concepto de peajes en el Puente Internacional es muy importante, no se puede ignorar que en el Acuerdo firmado por los ex presidentes Vázquez y Macri, los Estados de Uruguay y Argentina se comprometieron a hacer los aportes necesarios para llevar a cabo dicha obra.  Así ha sido siempre que la CARU ha encarado otros proyectos de importancia, como lo ha sido el dragado del río Uruguay, por citar un ejemplo. Tanto Argentina como Uruguay realizan anualmente aportes de millones de dólares a la CARU para que pueda llevar adelante las diferentes obras y planes que tiene a su cargo.
Mientras la pandemia no impidió que Botnia continúe las obras de construcción de su segunda planta de pasta de celulosa a orillas del río Negro, es la misma pandemia la causante de la suspensión de la construcción del Laborarorio Binacional. Las razones esgrimidas por Ayala intentando justificar que "no se hará la inversión que originalmente estaba estipulada" para concretar el Laboratorio de la CARU son insólitas y demuestran un desconocimiento supino de los Acuerdos suscriptos por ambos países.
Asimismo Ayala manifestó que las obras de construcción del nuevo Laboratorio para el Comité Científico “quedan postergadas porque este no es el momento oportuno, no estamos en condiciones de afrontar semejante erogación y llegado el momento se analizará nuevamente”. Es decir que no se sabe cuándo llegará “el momento”.

Los monitoreos
Al ser consultado respecto a los resultados de los monitoreos parciales a la pastera de Botnia entre noviembre de 2018 y julio de 2019, que fueron publicados por la CARU a principios de este mes, Ayala reveló que “le estamos pidiendo para el mes de noviembre al Comité Científico que nos haga una presentación sobre esos resultados para tener una mejor información y entender mejor lo que son esos estudios. Pero adelantamos que no hay absolutamente ningún tipo de impacto significativo que pueda alterar el tema ambiental”.
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El diagnóstico nacional de montañas será actualizado junto a cuatro universidades

Fecha de Publicación: 20/10/2020
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


Mediante la suscripción de convenios, el Ministerio de Ambiente Nacional y un grupo de casas de estudio se comprometieron a trabajar en la ampliación de información sobre estos territorios.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a cargo de Juan Cabandié, suscribió convenios marco con las universidades nacionales de Córdoba (UNC), Cuyo (UNCUYO), Catamarca (UNCA) y Comahue (UNCOMA), con el propósito de impulsar acciones de cooperación, complementación e intercambio de información científica y técnica, para actualizar y ampliar el diagnóstico de montañas a nivel nacional. De esta forma, la cartera nacional de Ambiente busca contribuir con la información más reciente sobre los territorios montañosos.
En la reunión, que fue realizada de forma remota, el ministro Juan Cabandié destacó la importancia de contar con este trabajo y sostuvo: “es sumamente importante para la preservación y la conservación de estos ecosistemas”, y agregó, “poder hacerlo con las universidades públicas es una alegría, es como debe ser”. “Confiamos mucho en lo que podamos desarrollar juntos a partir de la firma de estos convenios.”
En tanto la titular de la Unidad de Gabinete de Ministros, Soledad Cantero, resaltó que la actualización y diagnóstico nacional de las zonas de montañas de la República Argentina, se enmarca en un proceso fuerte de generación de políticas públicas ambientales que “están permitiendo achicar la brecha entre las demandas reales del territorio y lo que se puede generar desde el Estado”.
Este trabajo, que será encabezado mediante la Dirección Nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio de la Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales, buscará renovar la información disponible sobre los atributos espaciales y geográficos, analizar los capitales ambientales, económicos, sociales e institucionales, al mismo tiempo que describir las principales problemáticas que afectan el desarrollo de las comunidades rurales que viven en zonas de montaña. Contar con las bases científicas y la participación de las universidades de la región garantizarán una formulación eficaz y una implementación coordinada.
Cabe recordar que el primer diagnóstico de montañas fue realizado en el año 2011. En este sentido, el director nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio, Abelardo Llosa, señaló: “estamos de cara a una actualización y ampliación de aquel diagnóstico, con cuatro universidades públicas y con fondos del Tesoro Nacional, en una clara política de puesta en valor del Estado, de las universidades públicas y del conocimiento argentino”.
El objetivo de este trabajo es realizar un ordenamiento ambiental del territorio en las montañas para conservar todos los bienes y servicios ecosistémicos, necesarios para la comunidad. Asimismo, será un diagnóstico y pronóstico, ya que contará con una mirada prospectiva a partir de la identificación y cuantificación de variables, que permitirán identificar cuáles son los posibles escenarios para nuestras montañas en el futuro.
Por su parte, los representantes de las universidades nacionales presentes en la reunión celebraron la iniciativa de la cartera nacional de Ambiente de impulsar este trabajo de carácter federal, que reivindica todo lo que el sistema universitario puede brindarle al país.
Participaron del evento, la directora de Seguimiento de Gestión de la misma cartera, Cristina Ruiz del Ferrier y el equipo técnico de la Dirección de Planificación y Ordenamiento Ambiental del territorio.
En representación de las distintas casas de estudio, formaron parte del encuentro los rectores: Hugo Juri de UNC, Daniel Pizzi, de UNCUYO; Flavio Fama, de UNCA; Gustavo Crisafulli de UNCOMA; y el decano de la Facultad de Agronomía, Marcelo Conrero también de UNC.
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Costa Salguero: “los espacios verdes son imprescindibles desde una mirada ambiental”

Fecha de Publicación: 19/10/2020
Fuente: Perfil
Provincia/Región: CABA


Argentina es el octavo país más grande del mundo. Sin embargo, el 90% de la población vive en grandes ciudades. La Legislatura Porteña, al aprobar que en un área de circulación pública se construyan torres, “no protege las zonas verdes”.
Nací en la ciudad de Buenos Aires. Cerati una vez la bautizó como “la ciudad de la furia”. La ciudad del tango, de la Plaza de Mayo, del barrio de la Boca, del freestyle en las plazas y del Teatro Colón.
Joaquin Sabina, un conocido cantautor español, en una de sus canciones nos cuenta sobre su intento fallido de enamorar a una mujer de Buenos Aires que “...no quería más amor que el del Río de La Plata”. No sé muy bien que pasó, pero parece que nos fuimos olvidando de ese amor, y la imagen de los porteños disfrutando del río en comunidad fue cediendo a la especulación inmobiliaria, la construcción no planificada y la desaparición de nuestros espacios verdes.
¿De qué otra manera podemos explicar darle la espalda al río? ¿De qué otra manera podemos explicar no haber saneado el Riachuelo, aún con una sentencia de la Corte Suprema que ya cumplió 12 años? ¿Dequé otra manera podemos explicar que los niños y niñas de la ciudad no puedan crecer jugando en la calle?
En ocasiones se acusa a los porteños (con razón) de querer digitar el destino del país desde la Ciudad. Lo gracioso es que nos ocupamos tanto de lo que pasa por fuera que nos olvidamos de cuidar el territorio que llamamos nuestro hogar.*El intento de construir un barrio privado de lujo en Costa Salguero y Punta Carrasco es un ejemplo más de una práctica que amenaza con dejarnos sin espacios verdes de acceso público. *Todavía restan audiencias públicas y una segunda revisión en el recinto, pero esta semana el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, retomó en la Legislatura porteña el tema de la venta de terrenos público y la rezonificación de los 200 mil metros cuadrados del Complejo de Costa Salguero para construir un mega proyecto inmobiliario frente al río.
Somos el octavo país más grande del mundo y sin embargo el 90% de nuestra población vive en grandes ciudades. Normalmente cuando hablamos de problemáticas ambientales en Argentina, solemos mencionar el fracking, la megaminería, los pueblos fumigados y el avance del monocultivo de soja, pero nos olvidamos de mencionar que en las grandes urbes tenemos incontables problemáticas ecológicas. La gestión de residuos, la falta de acceso a agua potable en las villas, la imposibilidad de acceder a la vivienda, y algo que el abogado ambientalista Enrique Viale resume de forma magistral:  “extractivismo urbano”. Los “recursos naturales” de las grandes ciudades son los espacios públicos y en vez de protegerlos, los entregamos a los negocios inmobiliarios.
El acceso a espacios verdes es una de nuestras principales herramientas para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Estos espacios nos proveen de numerosos servicios ecosistémicos, entre los que se incluyen: la mejora de la calidad del aire, la regulación de temperatura y por consiguiente, la disminución de la isla de calor, la captación de CO2, la prevención de inundaciones y por sobre todas las cosas, la posibilidad de crear comunidad.
¿Qué fue lo primero que pedimos tras meses de un aislamiento que nos desconectó de nuestros seres queridos? Volver a la plaza con nuestros afectos. Y es que entre todas aquellas dificultades y desigualdades que expuso el *COVID-19*, la insuficiencia de espacios verdes en las ciudades densamente pobladas es aquella que más se ha puesto de manifiesto.
En la actualidad, la normativa indica que el predio que corresponde a Costa Salguero y Punta Carrasco debe destinarse en un 98% a espacio público parquizado. Lo que falta es la voluntad política para llevarlo a cabo.
Buenos Aires es una ciudad de historias. De acá a 10 años, cuando contemos la historia de cómo los vecinos y las vecinas recuperamos la vista al río, van a contar cómo todo comenzó cuando la comunidad local dejó de mirar al costado y decidimos organizarnos para recuperar lo que nos pertenece.
Hagamos de Costa Salguero la piedra fundacional para unir a los porteños en la construcción de una ciudad, que empiece a mirar hacia el horizonte.

Por Eyal Weintraub . Fundados de Jóvenes por el Clima
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Ambiente Nación avanza en la protección de la biodiversidad y en el enfoque ecosistémico de la pesca

Fecha de Publicación: 19/10/2020
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional

En un encuentro virtual con representantes de áreas ambientales y pesqueras de Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro y Buenos Aires, se presentaron las actividades que se realizán para tal fin.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales, organizó un encuentro virtual en el que participaron autoridades de las provincias con litoral marítimo para presentar las actividades contempladas en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la gestión y protección de la biodiversidad costero marina en áreas ecológicas clave y la aplicación del enfoque ecosistémico de la pesca”.
La apertura estuvo a cargo de la subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional, Florencia Gómez, quien subrayó la importancia del federalismo y la articulación con las provincias. “La política pública interjurisdiccional y el trabajo con las provincias son claves para la soberanía nacional y la protección ambiental”, afirmó la funcionaria.
Por su parte, Gabriela González Trilla, directora Nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, realizó una exposición sobre la vinculación de las provincias en lo referente al manejo costero integrado, al varamiento de fauna marina y a la gestión de la basura marina.
La reunión contó además con representantes de las áreas ambientales y pesqueras de las provincias de Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro y Buenos Aires, quienes participaron de las líneas de trabajo para fortalecer las capacidades locales. En cuanto a las actividades en curso, se planteó la creación de una base de datos de registro de varamientos de fauna marina, capacitaciones, además de la generación de contenido para escuelas, al fortalecimiento del programa de observadores a bordo y los planes de acción nacional de tortugas, aves, mamíferos y condrictios, entre otros.
Proyecto “Proteger la biodiversidad marina: enfoque ecosistémico de la pesca y áreas protegidas”
La iniciativa, a cargo del Ministerio de Ambiente nacional, cuenta con la colaboración del Consejo Federal Pesquero y con las provincias que poseen litoral marítimo: Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura es la agencia de implementación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial.
Su objetivo es fortalecer las capacidades de gestión y protección de la biodiversidad marina en áreas de importancia ecológica, ampliando el conocimiento sobre los aspectos biológicos, sociales y económicos de los ecosistemas marinos, creando y fortaleciendo áreas marinas protegidas, aplicando el enfoque ecosistémico de la pesca, para minimizar los impactos negativos de la actividad.
Cabe destacar que contar con un enfoque ecosistémico de la pesca permite asumir una mirada amplia de las pesquerías, que contemple elementos que consideren no solamente cuestiones relativas al recurso sino también el contexto social.
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Advierten que si no se rectifica el precio del biodiesel, cerrarán más de 30 pymes del interior del país

Fecha de Publicación: 19/10/2020
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional

Frente a la actualización de los precios del biodiesel del 10% que publicó este jueves la Secretaría de Energía de la Nación en el Boletín Oficial después de 9 meses de falta de respuestas ante desesperados reclamos, las empresas Pymes Regionales elaboradoras de Biocombustibles alertan que esta resolución "no alcanza" ni para cubrir los costos de las materias primas.
De esta forma, advirtieron que si no hay una rectificación inmediata, las empresas pasarán de estar paralizadas a transitar un proceso de  reestructuración y cierre, con las suspensiones y despidos que eso conlleva.
Según explicaron, son 10.000 puestos de trabajo que generan más de 30 empresas, que en su mayoría están radicadas en el interior del país, en las provincias de La Pampa, Santa Fe, San Luis, Entre Ríos, Santiago del Estero y Buenos Aires, y que se encuentran en una situación terminal, a punto de cerrar y desaparecer.  
Teniendo en cuenta que más del 80% del costo de la producción del biodiesel proviene del aceite de soja, y que desde diciembre pasado a hoy registró un aumento del 30% en dólares, y además el dólar tuvo un incremento del 30% en el mismo período, la rectificación de tan sólo el 10% del precio de biodiesel NO permite cubrir los costos productivos, ni mantener en pie las plantas operativas.  
Todas las empresas que forman parte de La Cámara de Empresas Pyme Regionales Elaboradoras de Biocombustible (CEPREB) solicitaron al Gobierno Nacional la urgente revisión para que la recomposición del precio del biodiesel esté en el orden del 40%, es decir, que sea suficiente como para mantener viva la industria y de esta forma, evitar una ola de despidos por el inminente cierre de la gran parte de sus plantas.

Las pymes regionales, un caso de éxito
El sector de pymes regionales elaboradoras de biodiesel nace en 2006 cuando se promulga la ley 26.093 durante el mandato del ex presidente Néstor Kirchner, con una clara definición de Política de Estado que buscaba desarrollar los biocombustibles,  dictando el corte obligatorio de los combustibles y promoviendo la diversificación de la matriz energética, el desarrollo de economías regionales, la sustitución de importaciones, la sustentabilidad medioambiental, el federalismo y el trabajo argentino.
Se trata de un caso de éxito, que surge como parte de un plan para federalizar la Argentina, y rediseñar un país más equitativo, desarrollando las economías del interior. Por eso, 14 años más tarde, quienes integran CEPREB confían en que las máximas autoridades del país intervendrán haciendo cumplir la ley y de esta manera, mantener en pie los puestos laborales, la industria nacional y el progreso de distintas regiones, que necesitan desesperadamente ser escuchadas, ya que no se trata de una crisis, sino de la desaparición del sector.  
Por ese motivo, los integrantes de la Cámara desde hace meses están a la espera de ser recibidos por las autoridades con el objetivo de entablar un diálogo que les permita llegar a una negociación que salve las empresas.
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Acuerdan promover agroecología en la Cuenca Matanza Riachuelo

Fecha de Publicación: 17/10/2020
Fuente: Revista Chacra
Provincia/Región: Riachuelo

La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo firmó un acuerdo con el INTA para promover la agroecología, la producción de alimentos de la agricultura familiar y la agricultura urbana y periurbana en los 14 distritos que componen la cuenca.
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) firmó un acuerdo con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para promover la agroecología, la producción de alimentos de la agricultura familiar y la agricultura urbana y periurbana en los 14 distritos que componen la cuenca.
"Este convenio aborda el eje de la producción sostenible en la cuenca y la problemática de la seguridad y soberanía alimentaria", destacó el titular de Acumar, Martín Sabbattella, en un comunicado.
El funcionario remarcó que el acuerdo "promueve el trabajo conjunto, desde el Gobierno nacional, con el provincial y los municipios, en la promoción de la agroecología y la producción de alimentos, no solo generando y apoyado las unidades de producción asociativas, sino también la formación, el acompañamiento a productores agroecológicos radicados en la Cuenca".
Por su parte, la presidenta del INTA, Susana Mirassou, destacó que el convenio de cooperación permitirá "impulsar la producción de alimentos sanos y seguros en la Cuenca Matanza Riachuelo y también poner en valor el gran trabajo que se viene haciendo con la intendencia de Marcos Paz en esta huerta municipal".
El acuerdo, que se firmó en el Centro Demostrativo "Huerta La Esperanza", ubicado en Marcos Paz, busca genera y apoyar unidades de producción asociativas y demostrativas, con capacidad de experimentación, de capacitación, y de producción, en los municipios de la cuenca, entre otras cuestiones.
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Elevarán las multas para los que inicien incendios en Jujuy

Fecha de Publicación: 17/10/2020
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Jujuy

El gobernador Morales aseguró que enviará un proyecto para declarar la emergencia en la provincia de Jujuy.
Dos focos de incendios forestales se mantenían activos ayer en el Parque Nacional Calilegua, donde ya arrasaron al menos 948 hectáreas de área protegida, por lo que sumaron brigadistas y dos aviones hidrantes para aplacar las llamas.
Los incendios forestales en las zonas de Zanjón Seco, iniciado el 18 de septiembre, y Finca Peggini/Macagno, iniciado el 10 de este mes, fueron los primeros focos ígneos que con el paso de los días se propagaron hacia el área natural.
"Actualmente, en lo que es el área protegida y su zona de amortiguamiento se están sucediendo dos grandes incendios forestales y el primero que ingresó al área protegida, el pasado 2 de octubre, afectó hasta el momento 842 hectáreas del sitio", precisó a Télam Cecilia Iriarte, intendenta del Parque Nacional Calilegua.
En ese sentido, agregó que durante los días del último fin de semana se conformaron diversos incendios en el tramo de la ruta nacional 34, "a partir de esos focos se conformó otro gran incendio, llamado Arroyo Yuto, que afectó a 106 hectáreas del Parque Nacional", detalló la funcionaria al referirse a la contingencia que suma un total de 948 hectáreas afectadas en la región de las Yungas.
El Parque Nacional Calilegua posee una superficie de 76.306 hectáreas, y en este sitio se protege una muestra representativa de las Yungas y resguarda un alto valor de biodiversidad.
A través del Sistema Nacional de Manejo del Fuego y de la Dirección de Incendios Forestales de la Administración de Parques Nacionales, el Gobierno Nacional desplegó dos aviones hidrantes, vehículos especiales y equipos operativos como complemento a las estructuras jurisdiccionales de lucha contra el fuego.
De esta manera, sumados al personal del Parque Nacional Calilegua, se encuentran trabajando guardaparques y brigadistas de los Parques Nacionales Copo, Impenetrable, Chaco y El Rey, además de más de un centenar de bomberos voluntarios de diversos puntos de la provincia de Jujuy.
También arribaron a la provincia 14 integrantes del Sistema Nacional y se espera para hoy la llegada de 20 combatientes de los Parques Nacionales del sur del país.

En total son 5.600 has afectadas
La superficie afectada por el fuego sería de 5.600 has, de las cuales casi mil pertenecen al Parque Calilegua.
La intendenta del Parque, Cecilia Iriarte manifestó que “actualmente tenemos dos grandes focos que estamos atravesando, uno en Zanjón Seco, al cual lo venimos combatiendo desde el 18 de septiembre, que afecta a 2 mil hectáreas; el otro gran incendio que comenzó el viernes es el de Arroyo Yuto que ya lleva consumiendo 3.600 hectáreas. De todas, 1.000 pertenecen al Parque”, dijo.
Indicó que “hasta el viernes teníamos un solo incendio, un plan de trabajo más o menos controlado, pero el sábado se incendiaron muchísimos focos en el trayecto de la ruta nacional 34 desde Chalicán hasta Yuto, y con los fuertes vientos que tuvimos entre el sábado y el domingo generaron que estos incendios crecieran desmedidamente y se hicieron incontrolables”.
La intendente del Parque también informó que “es mucho el personal que está trabajando, vino gente del Sistema Nacional del Manejo del Fuego, vinieron catorce brigadistas, aparte de los dos aviones hidrantes, que le aporta el sistema nacional a la provincia; tenemos todos los guardaparques de Calilegua junto con el equipo del Icer (Incendio, Comunicaciones y Emergencias)”.
Agregó que “también se sumaron otros guardaparques de otros parques nacionales de la región, y el miércoles (por hoy) están llegando 20 brigadistas de parques nacionales del sur”.
Dijo a modo de anuncio: “también nos va acompañar el director nacional de Lucha contra Incendios Forestales, todo esto lo hacemos de manera conjunta y articulada con la Dirección de Incendios Forestales de la Provincia. Es mucho el equipo y despliegue que tenemos en terreno para enfrentar este gran incendio, son más de 100 personas sin contar a las Asociaciones de Bomberos Voluntarios”.
Iriarte confirmó que el lunes estuvo sobrevolando y recorriendo los lugares de incendio el gobernador Gerardo Morales.
"Es prioritario para nosotros el ataque del incendio del Arroyo Yuto porque es el que mayores dimensiones tiene por lo que se han desplegado todos los recursos para abordar todos los límites de este foco ígneo", sostuvo Iriarte.
Por otra parte los dos incendios forestales de mayores dimensiones, el denominado Zanjón Seco y Arroyo Yuto afectaron a unas 4.488 hectáreas por fuera del Parque Nacional, según estimaron las autoridades.
El gobernador Gerardo Morales, luego de recorrer la zona, adelantó que enviará a la Legislatura provincial un proyecto para declarar la emergencia por incendios forestales. "He tomado la decisión de dictar la Emergencia en Jujuy, que incluye la creación de dos bases y el cambio en la normativa para quienes provoquen incendios, con multas más fuertes", sostuvo el mandatario provincial en sus redes sociales
Morales también expresó su "angustia de ver la zona de las Yungas jujeñas incendiadas. Hay distintos puntos críticos donde el fuego sigue activo. Tenemos como prioridad preservar la vida de la gente y también de resguardar las zonas del área natural protegida", agregó. Desde la Intendencia del Parque Calilegua indicaron que el 95% de los fuegos es producido por intervenciones humanas, y que factores climáticos inciden en su propagación.
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Descongelan precios para el biodiésel y el etanol pero alertan que no alcanza para revertir la crisis

Fecha de Publicación: 17/10/2020
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional

Después de varios meses de reclamos de las empresas del sector, el Gobierno fijó los nuevos precios para el etanol elaborado a partir de caña de azúcar y de maíz. Para ambos lo estableció en $32,789 por litro. Además, fijó en $ 48.533 por tonelada el precio del biodiésel para su mezcla obligatoria con gasoil y sostuvo que el plazo de pago no podrá exceder los 30 días corridos desde la emisión de la factura.
Las etanoleras de maíz habían dejado de entregar a las petroleras porque el precio mínimo de $29,80 el litro les implica una pérdida; reclamaban $37 como precio de referencia, aunque advertían que con la actualización por la fórmula el precio es de $40. Es decir, que el fijado por resolución publicada en el Boletín Oficial sigue debajo de lo necesario para operar con rentabilidad.
 Juan Facciano, de ArgenBio, explicó a LA NACION que la recomposición de precios que se registra es "para la foto, de un 10%".
 "En el contexto en que está la Argentina, hay que reconocer la decisión de publicar una actualización pero en términos objetivos los problemas siguen", precisó.
"Las 27 pymes elaboradoras de biodiésel estaban paradas y seguirán paradas; diez meses después de que se fijara en $44.121 la tonelada el Gobierno actualiza un 10% cuando el aceite de soja aumentó 16% en dólares y 5% más por la modificación de las retenciones; el insumo representa el 85% del costo", apuntó. A eso se le suma la devaluación del 29%, según destacan.
 El ejecutivo planteó que todas las empresas del sector tienen certificación MyPyme y si no facturan por biodiésel no lo hacen por ningún otro producto. "El sector llegó hasta acá tratando de solventar y ponerle el hombro hasta donde podía; desde agosto facturamos cero. Desde el punto de vista práctico hoy estamos igual que ayer", señaló.
Al precio del aceite de soja de ayer -US$594- las empresas requerían para tener toda la materia prima para octubre $47.520 por tonelada. "Con la diferencia de $1500 hay que cubrir el resto de las variables, lo que es imposible. Entendemos que de un plumazo no se puede resolver todo el problema, pero desde el punto de vista práctico la resolución no reactiva el sector", afirmó.
Desde la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) afirmaron que el ajuste no alcanza, ya que es de apenas el 10% cuando se esperaba un mínimo del 25/30% para poner las plantas operativas. Aseguraron que con este ajuste no pueden volver a funcionar.
"Desgraciadamente, con el aumento generalizado de los costos más los 10 meses de espera, este precio ni siquiera cubre la materia prima. Vemos como positivo la actualización, pero en estas condiciones las pymes no van a volver a operar. Hoy el ajuste debería estar cercano al 30%", aseguró Francisco Jáuregui, presidente de Cepreb.
"Acá estamos hablando de la desaparición del sector, ya no es más una crisis. Necesitamos que nos escuchen, es la primera vez que estamos hablando de la desaparición de la industria. Hay que entender la gravedad que atraviesa la industria que desde hace 11 años le ponen la espalda. Ni siquiera tenemos un norte del Gobierno, ningún plan. No hay nada, solo silencio de radio", amplió. Según destacó, el secretario de Energía, Darío Martínez, todavía no se ha acercado para entablar diálogo con el sector.

Etanol
Jorge Feijoo, presidente del Centro Azucarero de la Argentina, planteó ante este medio que esperaban un aumento mayor para el etanol. "Según la fórmula vigente, para septiembre la suba debería haber sido del 45%. Necesitamos que se ajuste a la fórmula para funcionar", afirmó. Indicó que las productoras están entregando porque "no pueden guardar el alcohol en una zafra que está en un avance del 80%. La capacidad de almacenaje no da para almacenar".
"Después de diez meses la suba ayuda -agregó-, aunque no alcanza. Las expectativas están puestas en la prórroga de la ley para el sector".
Desde Biomaíz, entidad que aglutina a productoras de bioetanol de maíz de la Argentina, su director ejecutivo, Patrick Adam, ratificó que después de esperar casi un año el alza autorizada "no arregla nada; con un incremento de la materia prima de más del 50%, insumos dolarizados y una inflación del 40%, no saca a las empresas de la zona de quebranto. Es absolutamente insuficiente".
Agregó: "No reestablecen los mecanismos de fijación de precios, por lo que todo queda sujeto a la arbitrariedad del regulador, que parece tener un sesgo petrolero importante. Están matando en silencio y progresivamente a una industria que invirtió más de 600 millones de dólares en el país, para que el petroleo contaminante vuelva a reinar. El fracaso de YPF se lo hacen pagar a los productores de biocombustibles".

Posición oficial
El secretario de Energía, Darío Martínez, expresó que se vienen "de cuatro años de una gestión que dejó graves secuelas, potenciadas por una pandemia que ni el más pesimista hubiera imaginado. Por eso, con mucho esfuerzo, estamos empezando a reparar la delicada situación del sector de los biocombustibles, con una actualización del precio que marca el rumbo que queremos dar y comenzar a armonizar la actividad".
"Es muy importante para las economías regionales que la actividad de los biocombustibles se pueda poner en marcha, para reactivar la producción y el trabajo del motor económico de varias regiones del país", dijo y agregó que la actualización es el "punto de partida" del trabajo conjunto con el presidente Alberto Fernández y el ministro Martín Guzmán "con los representantes de los productores de biocombustibles para generar políticas que le den señales a un sector que viene muy castigado".
"Estuvimos trabajando con los representantes de los productores de biocombustibles porque tenemos muchos temas por resolver. El precio es uno, sobre el cual hoy damos una señal y seguiremos trabajando, pero también hay otras problemáticas tanto del sector como de cada región productora que requieren soluciones federales. Así como nuestro horizonte está puesto en una Argentina que comience a producir, en momentos difíciles todos hacemos un esfuerzo", sostuvo.
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"No hay ningún justificativo ético ni científico para la aprobación del trigo transgénico"

Fecha de Publicación: 16/10/2020
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional

El químico ambiental Damián Marino explica que el glufosinato de amonio, asociado a la flamante semilla modificada genéticamente, es 15 veces más tóxico que el glifosato y destaca que ya hay estudios en animales que demostraron que causa, entre otros efectos, retraso del crecimiento y deformidades del cerebro. "Eso va a llegar a tu mesa, y no solo en el pan, también en los fideos, en las galletitas y en todo lo que se te ocurra”, avisa.
“Tomemos solo la información oficial, nos guste o no nos guste –pide el químico ambiental Damián Marino–. La FAO (la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) establece que para el glifosato la ingesta diaria admisible, es decir, lo que se supone que una persona puede consumir sin que le genere efectos, es de 0,3 miligramos por kilo de peso corporal. Para el glufosinato de amonio es de 0,02 miligramos. La FAO te está diciendo entonces que el glufosinato es 15 veces más tóxico y más problemático que el glifosato. Eso es lo que va a estar en la mesa de tu casa y en tu alacena con la aprobación del trigo transgénico”.
La resolución 41/2020 de la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional del Ministerio de Agricultura de la Nación autorizó la comercialización del trigo HB4 capaz de tolerar situaciones de sequía y salinidad, y se vanaglorió de “la primera variedad transgénica del mundo”. La noticia provocó una avalancha de rechazos, no solo de parte de los referentes y organizaciones ambientales, sino también del campo de la ciencia, donde ya se probaron las graves consecuencias del modelo agroindustrial.
Desarrollado por la empresa Bioceres, en colaboración con la Universidad Nacional del Litoral y el CONICET, la flamante semilla modificada genéticamente es resistente al glufosinato de amonio, un potente herbicida al que la Organización Mundial de la Salud (OMS) califica como “moderadamente peligroso”.
“Dicen los sabios que solo el hombre tropieza dos veces con la misma piedra y algo de eso está pasando. Después de todo lo que aprendimos del glifosato en los últimos 20 años, con más de 1000 citas científicas y estudios internacionales, de saber lo que genera en el ambiente, en los pueblos fumigados, en los cuerpos de agua, en los suelos, en la calidad del aire y en la producción de alimentos, no pueden decir que no conocen los riesgos del glufosinato. Son prácticamente iguales, la única diferencia entre ellos es un átomo de carbono. Por eso hasta el nombre es parecido”, se queja Marino.
La suerte del HB4 está atada al interés comercial de Brasil, en donde el trigo argentino representa casi el 60% del abastecimiento total. Sin embargo, las expectativas no son buenas. La Asociación Brasileña de la Industria del Trigo (Abitrigo) ya avisó que no van a apoyar la comercialización de la semilla transgénica como tampoco la de ninguno de sus derivados.
“Hoy –insiste Marino– no existe una demanda del trigo transgénico en el campo de lo social ni de la soberanía alimentaria. La única necesidad que hay es la empresarial y es la que nos quieren instalar”.

Extrema gravedad
El curriculum extendido de Marino dice que es licenciado en Química, doctor en Ciencias Exactas, investigador adjunto del Conicet, profesor de la Universidad Nacional de La Plata y coordinador del área de Ambiente de la licenciatura en Química y Tecnología Ambiental y de la comisión ad hoc de la Red de Seguridad Alimentaria. Nadie como él para hablar del peligro de la exposición a los agrotóxicos.
“Alguno te va a decir que van a comenzar con pocas dosis, y es verdad porque todavía no hay malezas resistentes al glufosinato y el sistema va a trabajar para degradarlo, pero en los próximos 10 o 15 años la situación va ser de una gravedad extrema porque al coctel de glifosato y otros plaguicidas le vamos a agregar el glufosinato. No hay ningún justificativo ético ni científico para la aprobación del trigo transgénico. Así como el maíz es la base de la comida mexicana, el trigo es la base de la comida argentina. Eso quiere decir que va a llegar a tu mesa, y no solo en el pan, también en los fideos, en las galletitas y en todo lo que se te ocurra”.
El especialista destaca que ya hay estudios en animales que probaron que el glufosinato es un disruptor endócrino. En ratas, por ejemplo, se demostró que afecta el desarrollo del sistema nervioso central y que los efectos teratogénicos incluyen retraso del crecimiento y deformidades del cerebro.
“Mi planteo es extremadamente simple –concluye Marino–. Si a un nene de jardín de infantes, vos le contás todo el cuento del glifosato, lo que se investigó y el daño que se probó, y después le decís que eso lo vas a reemplazar por otro producto que es igual o peor, lo primero que te va a preguntar el nene es por qué. La respuesta es la misma de siempre. Estamos protegiendo a este modelo, aun cuando pone en jaque a la salud pública”.
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El Gobierno intimó a Mercado Libre a que elimine publicaciones de productos de fauna protegida

Fecha de Publicación: 16/10/2020
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional

Lo hizo a raíz de una denuncia presentada por la fundación Red Yaguareté que identificó la venta de un sombrero realizado con "cuero legítimo de yaguareté". "El comercio de productos o subproductos confeccionados a partir de dicha fauna silvestre implica una infracción hacia la legislación vigente en la materia", señaló el organismo a cargo de Juan Cabandié.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible intimó este miércoles a la empresa Mercado Libre a que arbitre las medidas necesarias para detener publicaciones referidas con la comercialización de productos o subproductos provenientes de fauna silvestre protegida.
A raíz de una denuncia realizada ante la cartera ambiental por la fundación Red Yaguareté, se identificó la presencia de una publicación en la mencionada plataforma donde se ofrecía a la venta un sombrero de fieltro de lana con una cinta de contorno hecha de "cuero legítimo de yaguareté" (Panthera onca).
La especie fue declarada monumento natural nacional en 2004, se encuentra en peligro de extinción en el país y está protegida por la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna y normativa provincial y por convenios internacionales suscriptos para su resguardo, indicó un comunicado de la cartera que conduce Juan Cabandié.
"El comercio de productos o subproductos confeccionados a partir de dicha fauna silvestre implica una infracción hacia la legislación vigente en la materia", señaló el escrito.
La intimación tuvo como antecedente una notificación del 15 de septiembre en la que se tomaba nota de una publicación en el mencionado portal que describía un perro con términos como "usado" o "poco usado" y en las que se observaba que el mismo presentaba un estado no saludable.
"Esas menciones podían considerarse como reñidas con la ética, atendiendo incluso el propio código de ética de la compañía", puntualizó el ministerio.
"Tanto en la presente notificación cursada hacia la empresa como en la anterior, se le solicitó que adoptara las medidas necesarias para cesar con la inclusión de ese estilo de publicaciones en el portal y en caso de no arbitrar una solución inmediata a todo lo requerido, la cartera ambiental nacional interpondrá las medidas legales correspondientes", afirmó el comunicado.
El Ministerio de Ambiente nacional efectuó la denuncia en virtud de sus responsabilidades en la implementación y el cumplimiento de las políticas públicas ambientales vinculadas al control y la fiscalización ambiental, ya que el organismo tiene entre sus tareas la fiscalización del comercio y transporte -tanto en el tránsito interprovincial como en la jurisdicción federal- en materia de animales vivos, fauna silvestre, pieles, cueros y demás productos.
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Rosario: el puesto del observatorio ambiental estará instalado en 10 días

Fecha de Publicación: 16/10/2020
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos


A pesar de la polémica por la oposición de la Municipalidad de Victoria, la base experimental científica frente a Rosario comenzará a funcionar alrededor del 23 de octubre. Estará emplazada en la zona de la reserva Los tres cerros dentro del legado Deliot.
El emplazamiento de un espacio fijo dependiente del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en las islas frente a esta ciudad sembró discordia entre autoridades de ambos lados del río Paraná. Pese a la oposición de los funcionarios de Victoria, a fines de la semana próxima estará instalado. “La idea era que esta semana ya empezábamos con los operativos, ya se firmaron los convenios y estamos viendo el momento adecuado solamente de empezar a trasladar equipos”, dijo el abogado Matías De Bueno, director del observatorio de la UNR, a El Litoral. El lugar elegido es la reserva Los tres cerros que tiene 376 hectáreas. Esta área es parte del denominado legado Deliot, un sector dentro de la jurisdicción entrerriana, pero que pertenece a la Municipalidad de Rosario. Este sector totaliza unas 1.800 hectáreas.
De Bueno habló sobre este proyecto que está muy cerca de plasmarse: “Es para poder estar cerca de todo lo que viene pasando, desarrollar distintos tipos de investigaciones, medir el aire, ver cómo se van a desarrollar los procesos de recuperación de todo lo que se quemó en el humedal, generar monitoreos de alerta temprana”. “Hay una gran cantidad de flora y fauna en el lugar que tiene que ser estudiada. Hay que trabajar en el ordenamiento ambiental del territorio y ver cuáles son las actividades permitidas y prohibidas para brindarle apoyo a los estados. No solamente al Estado de Rosario y al Estado nacional, sino también al propio Municipio de Victoria que hoy se está oponiendo a este tema”, comentó.
El Observatorio Ambiental se creó con una resolución de agosto de 2019, meses antes del inicio de las grandes quemas que afectaron la zona del delta del Paraná frente a la Cuna de la Bandera. Poner un pie en el territorio afectado parece una tarea urgente frente a los problemas incendiarios ocurridos en este 2020 tan accidentado. Este organismo trabaja en coordinación con la Plataforma Ambiental de la casa de altos estudios, dependiente del Centro de Estudios Interdisciplinarios. Desde el observatorio toman investigaciones de la plataforma y también solicitan requerimientos particulares como medición de contaminación del aire y del agua. Esa información se procesa y se elaboran las publicaciones.
La idea desde los equipos de trabajo de la UNR es generar el menor impacto posible con la base experimental de investigación y educación. “Tenemos para arrancar dos containers que están preparados para poder guardar todos los equipos de investigación. Es lograr un espacio donde nuestros investigadores puedan ir, instalarse, estar el tiempo que necesiten, tomar las muestras que necesiten, generar espacios de voluntariado para ver qué quedó de la fauna”, dijo De Bueno. El director expresó que la gran mayoría de la fauna está devastada. “Hay que ir a hacer un control sobre todo lo que fue sucediendo y brindar propuestas para recuperar toda la flora y la biodiversidad en general. El problema es que no se pueda generar la biodiversidad que había en el momento previo a la quema”.
Hay entre 50 y 60 personas que trabajan en la cuestión del humedal dentro de la UNR. “Trabajamos coordinadamente el observatorio, la Secretaría de Ciencia y Tecnología, el Centro de Estudios Interdisciplinarios, la plataforma, Planeamiento”, comentó Matías De Bueno.

Sin lugar para dormir
La base no está pensada para ser habitada, sino como espacio para la investigación científica. “Se están desarrollando faros de monitoreo permanente en colaboración con la Administración de Parques Nacionales. Los guardaparques van a estar en el lugar de manera permanente y la idea es que la gente vaya y venga. No se va a armar un complejo habitacional, sino un lugar donde resguardar los equipos”, aseveró el director. De Bueno afirmó que los guardaparques estarán encargados de proteger el espacio. “Al generarse estos faros de conservación en el lugar, si bien no se constituye un parque nacional, pero sí va a haber una especie de figura ad hoc que es casi como un parque nacional en el territorio”, expresó.

“Parece el reino del revés”
De Bueno, consultado por la oposición expresada desde Victoria a esta iniciativa académica, expresó: “No lo veo bien. Parece el reino del revés. Acá se vienen devastando casi 400.000 hectáreas del humedal en lo que va del año. Nosotros tenemos un humedal que representa casi 2.000.000 de hectáreas y 400.000 ya vienen siendo consumidas. Con lo cual me parece una locura cuando nosotros queremos llevar aportes justamente para resolver la situación. Es muy curioso que en vez de recibir el aporte haya algún tipo de oposición”.
El director del observatorio agregó: “Todas las normas en materia ambiental plantean que se deben generar información y educación ambiental. Es lo que nosotros venimos a brindarle a la región porque esto es una universidad nacional. No es una universidad solamente para Rosario o para Santa Fe”. “Creo que hay un negocio realmente lamentable por atrás de todo esto que no tiene ningún tipo de racionalidad ni de sostenibilidad. Tanto la Constitución, la ley de bosques, la ley general del ambiente, todos plantean lo mismo. Es generar información para la toma de decisiones y educación para poder generar un cambio cultural”, opinó. Afirmó también que es una locura que por el afán económico se está transformando el uso del suelo de miles y miles de hectáreas.
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Nación afirmó que el actual modelo agropecuario es insostenible

Fecha de Publicación: 15/10/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Sequías e inundaciones, tensiones y desarraigo de los territorios por la falta de regularización de tenencia de tierras fueron algunos de los aspectos señalados en un informe elaborado por el Ministerio de Ambiente de Nación.
En 20 años se perdieron 6,5 millones de hectáreas de bosques nativos en el país, y desaparecieron 2,8 millones entre 2008 y 2018, pese a la existencia de la Ley de Protección de Bosques Nativos n° 26.331. De ese total, el 87% ocurrió en el Parque Chaqueño, que incluye a Salta, entre otras provincias. Así surge del informe que dio el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, ante el Senado de la Nación el miércoles pasado.
Salta representó el 21% del total de hectáreas desmontadas entre 2007 y 2018. La provincia fue la segunda que más bosque nativo deforestó, detrás de Santiago del Estero, en donde desapareció el 28%, mientras que en Chaco fue el 14% y en Formosa el 13%.
La Ley 26.331 (iniciativa que nació a raíz de la situación los ex lotes fiscales salteños 32 y 33), habría sido uno de los factores que colaboró para que en que el país disminuyera la pérdida de bosques. Según el informe, del 0,94% de deforestación de bosques nativos que se registró en 2007 (año en el que se sancionó la ley), se pasó a un 0,34% en 2015. La tasa subió un poco durante el macrismo, cuando pasó al 0,42%. De todas maneras, la tasa de deforestación sigue siendo una de las más altas de Sudamérica, ubicada detrás del Amazonas.
Si bien la Ley de Bosques indica que en zonas rojas y amarillas (o categorías I y II) no se debe desmontar, tanto en Salta como en Chaco se autorizaron las llamadas "recategorizaciones”. Es así que áreas rojas y amarillas fueron habilitadas para el paso de las topadoras, lo cual implicó que entre las dos provincias se permitiera el desmonte de 88.990 hectáreas asignadas la categoría I y 33.675 hectáreas de la categoría II.
Hubo quejas y marchas atrás, pero al menos en Salta los desmontes en zonas recategorizadas continuaron porque, antes de irse, el gobernador Juan Manuel Urtubey lo permitió, y su sucesor, Gustavo Sáenz, no lo cuestionó.

Un modelo insostenible
El informe del Ministerio de Ambiente de la Nación afirma que entre 2010 y 2017 en el país se incorporaron a la actividad agropecuaria 4,5 millones de hectáreas, lo cual implica una tasa de crecimiento agropecuario de 640.000 hectáreas anuales. Pero en esos 7 años se abandonaron 2,8 millones de hectáreas para uso agropecuario.
“Este indicador brinda una dimensión de la superficie de desmontes donde no se puede sostener una actividad agrícola en el tiempo”, asegura el informe, y estima que ese período se perdieron 400 mil hectáreas de uso agropecuario por año. Esto es una señal “de la aplicación de prácticas agropecuarias no sostenibles, que por avanzar en áreas con limitantes naturales para ese uso (con mayores riesgos ante contexto de cambio climático), no logran sostener el uso agropecuario, teniendo que abandonar tierras y buscar nuevas”, completa el documento.
El informe de la cartera ambiental nacional también hace referencia al problema del agua: “Se calcula que un bosque puede contener más de 60 millones de litros de agua por hectárea. Por el contrario, si se reemplaza un bosque del Chaco seco por un cultivo de soja, la cantidad de agua retenida en la biomasa vegetal viva es de unos 3 millones de litros de agua por hectárea”.
“El consumo de agua (evapotranspiración) del bosque regula la percolación profunda, con el consecuente efecto de evitar el ascenso de napas, lo que provoca inundaciones y salinización de suelos, que en casos extremos ha llevado a la pérdida de miles de hectáreas de tierras productivas, como en el caso de Australia (…) este tipo de procesos están generándose por ejemplo en el Chaco Salteño a partir del reemplazo de bosque por agricultura de secano”, concluye.

La tierra, para vivir o para negociar
En más de una oportunidad, Salta/12 dio cuenta de la cantidad de conflictos que se generan en la región chaqueña por la falta de regularización de la tierra, ya sea de comunidades indígenas o criollas, con los llamados “titulares registrales”. Esos conflictos tienen que ver con la idiosincrasia de cada comunidad, su visión sobre la tierra y el uso que hace de ella.
“Buena parte de los beneficios que percibe o son apropiados por el uso de un bien o del suelo que realiza una persona o empresa pueden ir en detrimento de un beneficio social”, sostiene el informe de Ambiente, y añade que la Ley de Bosques “tiende en definitiva a compensar, reparar y equilibrar estos desequilibrios que se dan en el plano social, ambiental y económico”. Se trata de un aspecto que, al menos hasta ahora, no se logró visibilizar en las zonas más conflictivas del chaco salteño.
Una posible explicación, según el informe, es que la expansión de la agricultura en la región chaqueña del país se vio facilitada “por la liquidez de capital generado principalmente por los altos precios agrícolas y la rentabilidad de la soja”. La tierra que antes se usaba como “respaldo financiero”, pasó a ser objeto de “inversión productiva”. “Se formaron así empresas que compraban tierras con bosques, las ‘desarrollaban’ (o sea, hacían desmonte y habilitación para agricultura y ganadería), y luego las vendían a precios sustancialmente mayores”, indica el documento.
Y agrega que, con estas intervenciones, el valor de la tierra implica una negociación favorable. “Por ejemplo, en Santiago del Estero, una hectárea ocupada por bosque puede costar aproximadamente 800 dólares, mientras que su precio sin bosque alcanza 3.200 dólares, siendo el costo de desmonte de 1.200 dólares”. No por nada hay avisos que promocionan la venta de tierras desmontadas.
“Gran parte de estas tierras se encuentran bajo tenencia precaria, ya sea bajo posesión veinteañal por parte de comunidades criollas o por ser parte de territorios indígenas. Si bien en algunas provincias existen instituciones específicas que disponen de registros de las ocupaciones de tierras y de la identidad de sus ocupantes, en otras jurisdicciones las ocupaciones –tanto de criollos como de pueblos indígenas– no han sido documentadas”, afirma el documento.
Pese a la existencia de la Ley n° 26.160 de Emergencia en Materia de Posesión y Propiedad de las Tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias, el porceso de regularización “no ha sido completado aún y por lo tanto existen todavía numerosas comunidades a las que no se ha asignado todavía la propiedad”, advierte el Ministerio de Ambiente.
Esto desencadenó “fuertes conflictos entre los ocupantes y quienes disponen de los títulos de propiedad. Los conflictos por la tierra se profundizan ya que los procesos de regularización de los títulos son trámites complejos y no contemplan las condiciones de aislamiento y pobreza que caracteriza a las familias que habitan en esas tierras con bosques”.

El Banco Mundial mira pero no ve
Del informe más amplio del Ministerio de Ambiente de la Nación surge que, según un artículo publicado por el Banco Mundial (BM) en 2014, Argentina es uno de los quince países más afectado por las inundaciones, que en el año 2012 le costaron 3.400 millones de dólares en daños materiales, lo que equivale al 0,7 % del PBI.
“Si a esto se suma que casi ocho de cada diez argentinos viven en la cuenca del Paraná (4 millones de kilómetros cuadrados de superficie), podemos concluir que las inundaciones representan el desastre natural que afecta al mayor porcentaje de población del país (BM, 2014)”.
En 2016, en un nuevo informe el BM consideró que “una comparación visual entre la distribución espacial de la deforestación y los eventos de inundaciones sugiere que las mayores inundaciones ribereñas ocurren en regiones deforestadas e indicó que los escurrimientos de agua provocados por la deforestación provocan una acumulación de mayor volumen y ritmo más acelerado aguas abajo”.
Pese a las evidencias estudiadas, “tanto el BM como el discurso predominante en la política y las empresas relacionadas a la producción agropecuaria apuntan a que, para solucionar el problema recurrente de inundaciones, hay que mejorar la información hidrometeorológica, aumentar la inversión en obras de drenaje y expandir los seguros de riesgo climático (BM 2014).
Esto no tiene en cuenta una de las principales causas del problema que es el sistema productivo dominante, que ha llevado a un irresponsable cambio de uso del suelo a través de la deforestación y el reemplazo de sistemas productivos más eficientes en la regulación hídrica por el de la monocultura agrícola”, indicó el informe de la cartera a cargo de Juan Cabandié.
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Cabandié dialogó con concejalas de todo el país y presentó el Programa Gobernanza Ambiental

Fecha de Publicación: 15/10/2020
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


La iniciativa de la cartera de Ambiente nacional busca acompañar a los gobiernos locales en la identificación de problemáticas socioambientales y propiciar posibles soluciones mediante la sanción de ordenanzas municipales.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, presentó el Programa Gobernanza Ambiental a numerosas ediles nucleadas en la Red Federal de Concejalas e intendentes de la Federación Argentina de Municipios (FAM).
El titular de la cartera de Ambiente nacional señaló por videoconferencia, ante concejalas de todo el país, que “la agenda ambiental adquiere cada vez mayor importancia”, y que la misma pasó a ser prioritaria para “distintos sectores de la sociedad y las y los jóvenes”. “Se trata de una una agenda socioambiental, que trabajamos con la gente adentro, a lo largo y ancho del país, desde una visión federal”, afirmó Cabandié.
Respecto a la iniciativa, el ministro sostuvo que “la gobernanza ambiental permite que, a través de la sanción de ordenanzas municipales, se genere mayor conciencia ambiental” y celebró que sean las comunidades locales las que “obliguen a los gobernantes de turno a hacer cumplir las normas ambientales”.
En esa dirección, la secretaria de Política Ambiental en Recursos Naturales, Florencia Gómez, quien presentó el programa, indicó: “Creemos que además del cambio cultural también es necesario institucionalizarlo y plasmarlo”. “La normativa ambiental se estructura bajo el principio de progresividad ambiental o no regresividad, que establece que no se puedan revertir las leyes y ordenanzas legisladas en la materia”, dijo la funcionaria del Ministerio que encabeza Cabandié.
Además, en el encuentro virtual que convocó a concejalas de la red federal y representantes de la FAM, la secretaria Gómez puso el acento en las políticas ambientales impulsadas por mujeres, sobre lo que destacó: “La fuerza que tenemos las mujeres en el cuidado de la casa común”.
El Programa Gobernanza Ambiental, impulsado por el Ministerio de Ambiente, apoya a los municipios en el involucramiento de las problemáticas y necesidades existentes en materia ambiental en sus comunidades. La cartera nacional cumple así una función necesaria de acompañar en el desarrollo de capacidades en la materia a los gobiernos locales, con una mirada federal. Hasta la fecha, se sumaron un total de 57 municipios, pertenecientes a 7 provincias: Buenos Aires, Chubut, Jujuy, Córdoba, Santiago del Estero, Río Negro y Misiones.
En el encuentro participaron el presidente de la FAM y jefe comunal de Tafí Viejo, provincia de Tucumán, Javier Noguera, y el intendente de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, Martin Piaggio.
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Media sanción al proyecto de protección ambiental y mitigación contra el cambio climático

Fecha de Publicación: 15/10/2020
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


Entre otros puntos, la normativa busca estrategias y políticas relativas al estudio del impacto, la vulnerabilidad y las actividades de adaptación al cambio climático.
La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe dio media sanción al proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección ambiental y mitigación contra el cambio climático.
"Nuevamente ponemos en agenda esta problemática, con este proyecto de ley establecemos el marco normativo provincial para mitigar los efectos adversos del cambio climático", indicó el diputado Gabriel Real (Partido Demócrata Progresista), autor de la iniciativa parlamentaria.
Real puntualizó que la normativa busca establecer las estrategias, medidas, políticas e instrumentos relativos al estudio del impacto, la vulnerabilidad y las actividades de adaptación al cambio climático que puedan garantizar el desarrollo humano y de los ecosistemas, además de asistir y promover el desarrollo de estrategias de mitigación y reducción de gases de efecto invernadero (GEI).
También apunta a crear el plan provincial de adaptación y mitigación al cambio climático que defina las estrategias provinciales, en complemento a la ley nacional N° 27.520 de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático. Finalmente, también persigue entre sus objetivos reducir la vulnerabilidad humana y de los sistemas naturales ante el cambio climático, protegerlos de sus efectos adversos y aprovechar sus beneficios.
"Trabajamos para mejorar y apostar a un futuro en donde podamos atenuar los efectos del cambio climático y poder asegurarles a las generaciones venideras un ambiente que garantice el desarrollo en armonía con la naturaleza y los ecosistemas", indicó Real.
El legislador recordó que desde 2016 su partido plantea "iniciativas para contrarrestar efectos negativos del cambio climático". El diputado puntualizó iniciativas con ingreso parlamentario: adhesión de la provincia de Santa Fe al Acuerdo de París, el beneplácito por la Enmienda de Kigali (Ruanda), la incorporación de la especie no nativa Kiri a la ley provincial del árbol N° 13.836, el programa provincial para la recuperación y conservación de los niveles de fósforo y otros nutrientes en los suelos productivos, los programas provinciales pedagógicos sustentables, el régimen de promoción provincial aplicado al desarrollo de sistemas silvopastoriles, el día de la confraternidad antártica y el pedido de informe al Ministerio de Medio Ambiente sobre la gestión integral de los residuos peligrosos.
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