Producción porcina con reaseguros

Fecha de Publicación: 02/09/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


El gobierno informó que será postergada hasta noviembre la firma del acuerdo con China para la exportación de carne porcina. “Hemos incorporado especialmente al Memorándum de Entendimiento con China un artículo donde se asegura el respeto de las leyes de protección ambiental, los recursos naturales y la bioseguridad. Por eso, su firma se atrasará hasta noviembre”, informó Cancillería, que pretende rubricar el acuerdo en la próxima Feria de Negocios de Shanghai.
Si bien la incorporación del tema ambiental de forma explícita en el acuerdo es una señal ante las críticas del ambientalismo, en sí misma no representa una exigencia adicional a las que ya existen en el ámbito de la producción agropecuaria.
El gobierno informó que "el Memorandum de Entendimiento propuesto por la Cancillería Argentina a China para el desarrollo de inversiones en la industria porcina incorpora un marco de respeto al medioambiente, las leyes de protección ambiental y los compromisos internacionales en la materia". "También promueve las buenas prácticas ambientales para que las actividades no sólo sean respetuosas de las leyes ambientales sino que además contribuyan a promover la salud de los ecosistemas y la protección de los recursos naturales en las regiones directamente involucradas", agregó.
La producción global de carne porcina registra un volumen cercano a las 122 millones de toneladas. El principal productor es China, con el 45 por ciento de la producción total. Lo siguen en orden de importancia, con una participación relativa mucho menor, los Estados Unidos (10 por ciento), Alemania (4,5), España (3,7), Brasil (3,1), Canadá (1,8) y Dinamarca (1,3).
La producción porcina de Argentina representa el 0,5 por ciento del total mundial. El acuerdo con China, dicen en el gobierno, permitiría extender esa participación al 1 por ciento.
Según el texto del acuerdo con el país asiático, "el esquema de incremento de la producción se ha planteado sobre la base del desarrollo de 25 unidades integradas de 12 mil madres cada una. Se trata de unidades cerradas que comprenden plantas de elaboración de alimento balanceado, biodigestores (generación de energía y bio fertilizantes), criadero ciclo completo, frigorífico exportador, proceso sin laguna de efluentes, oficina de Senasa y Aduana".
Se calcula una inversión total de 3,7 mil millones de dólares, la generación de 9500 puestos de trabajo y exportaciones por 2500 millones de dólares anuales.
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Cabandié cuestionó a la Justicia Federal de Paraná por los incendios en las islas

Fecha de Publicación: 02/09/2020
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Litoral Argentino


"¿Para dónde está mirando la Justicia federal con asiento en Paraná? Apagamos el fuego y a los pocos días lo vuelven a prender", se quejó el ministro de Ambiente de la Nación.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, cuestionó a la Justicia Federal de Paraná por su actuación frente a las quemas de pastizales en el Delta del Paraná, y afirmó: "El juez federal Alonso no está actuando".
"¿Para dónde está mirando la Justicia federal con asiento en Paraná? Apagamos el fuego y a los pocos días lo vuelven a prender. El juez federal Alonso no está actuando. Debe apresar urgente a los responsables del ecocidio. El lugar de cada uno de ellos es la cárcel", escribió el ministro a través de su cuenta de Twitter.
De esta manera, Cabandié se refirió al juez federal de Paraná, Daniel Edgardo Alonso, quien a principios de julio determinó, mediante una medida cautelar, la prohibición de la quema de pastizales y de otras acciones humanas "con capacidad para alterar el medio ambiente". Pese a ello, las quemas en las islas continuaron durante estos meses.
Tal como publicó días atrás La Capital, en la Justicia Penal de Paraná se tramitan por lo menos seis denuncias contra los dueños de los campos donde se produjeron las quemas, pero además hay otra presentación en la fiscalía de Rosario; y otras cuatro causas civiles que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenará unificar.
Ayer, Cabandié también se manifestó sobre el tema al afirmar que "el 95% de los incendios son intencionales" y que frente a ello "es fundamental que la Justicia federal aprese a los responsables".
El ministro estuvo ayer en Entre Ríos junto al gobernador Gustavo Bordet, donde firmaron un acta para la implementación de un Faro de Conservación para el cuidado y conservación del Delta del Paraná, y la detección temprana, prevención y disuasión de incendios.
"El primero (de los faros) es en Puerto Gaboto, lo hemos inaugurado con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti hace 15 días. Este es el segundo, aspiramos a poder inaugurar en algunos días más el tercero, que va a ser en la isla Charigüé y el cuarto seguramente en Villa Constitución", dijo Cabandié. A mediados de mes, el ministro puso en marcha en Puerto Gaboto su proyecto para instalar siete Faros de Conservación para controlar, con guardaparques, los incendios en las islas. En un acto realizado en esa localidad se firmaron los acuerdos para comenzar esa tarea. Frente a Rosario también habrá un faro: será en la zona del Charigüé.
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Formalizaron a tres empleados de una empresa que habían enterrado 438 bidones de Agroquímicos

Fecha de Publicación: 02/09/2020
Fuente: InfoPico
Provincia/Región: La Pampa


En la mañana de hoy se llevó a cabo la Audiencia de Formalización en el Palacio de Justicia de Pico. El juez de audiencia Diego Ambrogetti fue quién estuvo a cargo de la misma y quién escuchó los argumentos de la doctora, Verónica Campo, quién se encuentra a cargo de la investigación.
Cabe recordar que en el día de ayer se realizaron allanamientos en las localidades de Ojeda y General Pico en instalaciones de FerroExpreso. En estos procedimientos se detuvo a 3 personas.
A raíz de ello en la mañana de hoy se le tomó las declaraciones correspondientes y posterior se llevó a cabo la Audiencia de Formalización donde se los imputó por el delito previsto en el art. 55 de la ley 24051 de Residuos Peligrosos, que establece una pena de Prisión de 3 a 10 años.
“El hecho es por enterrar 438 bidones de agroquímicos generando contaminación al medio ambiente y presumiblemente las aguas”, dijeron desde el Ministerio Público Fiscal.  En el caso de uno de ellos, el responsable de la logística, la fiscal,  Verónica Campo, solicitó Prisión Preventiva de 15 días. El juez Ambrogetti resolvió ordenar la Prisión Preventiva hasta el 13 de septiembre de 2020.

Cientos de bidones
Los bidones se ubicaban al costado de un camino vecinal en medio de la localidad de Vértiz y de Ojeda, en una franja de unos 30 metros lineales y a unos 4 metros de profundidad. “No sabemos cuál fue el grado de contaminación que pudo haber generado, creemos que es mínimo porque es muy reciente, pero hay que tomar las precauciones del caso. Vamos a hacer los análisis correspondientes, las napas están muy cerca están a un metro, por lo que es indignante y esperemos que no pase a mayores”, señaló ayer el subsecretario de Ambiente de La Pampa, Fabián Tittarelli.
Cabe recordar que esta situación surge a partir de una denuncia en la Dirección de Agricultura, luego se pusieron en contacto con Ambiente y se comenzó a recabar información hasta llegar a este lugar.
“La colaboración de los intendentes, sobre todo de Vértiz y de Alta Italia es para destacar. Enseguida nos facilitaron su maquinaria, el accionar de la Policía también en todo momento se prestó para colaborar”.
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Quiénes son los dirigentes y los sectores que buscan frenar la ley de humedales

Fecha de Publicación: 01/09/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


El Congreso busca avanzar con una norma que ponga freno a los incendios intencionales. Los empresarios que se benefician con el ecocidio recorren despachos de gobernadores, diputados y funcionarios para evitar el debate.
Las asociaciones empresarias que nuclean a las arroceras, la Sociedad Rural, la Federación Agraria, grandes productores agropecuarios, empresas agroexportadoras y mineras juegan fuerte para evitar la sanción de una ley de presupuestos mínimos para resguardar a los humedales. El lobby de los sectores interesados en frenar el debate de la norma no es novedad. La ley fue frustrada dos veces en los últimos años por la acción de corporaciones que tienen intereses sobre esos territorios. Desde las distintas organizaciones que reclaman por la preservación de los ecosistemas humedos no dudan en señalar que los dirigentes y empresarios que recorren los pasillos del Congreso para hacer naufragar el debate, son responsables de los incendios intencionales que desde hace semanas arrasan con las reservas naturales.
Los incendios de los últimos meses en el Delta del Paraná volvieron a poner en el centro de la escena la urgencia de sancionar una ley que regule las actividades en los humedales, pero al mismo tiempo dejaron expuestos a los sectores que utilizan el fuego como el primer engranaje para poner en marcha sus negocios. Muchos de los denunciados e investigadas por daños ambientales tienen vínculos directos con empresas que militan en contra la cualquier norma que ponga limites al ecocidio. En ese marco, las cámaras empresarias plantean un falso dilema entre la aprobación de una ley que proteja el medio ambiente y la actividad productiva. En algunos casos, el poder político provincial hace suya la postura de las corporaciones y repite los argumentos en reuniones con autoridades y funcionarios.
En Argentina el área de humedales alcanza cerca de 21,5 por ciento del territorio nacional, según la organizaciones ambientales. En ellos se llevan a cabo plantaciones de arroz, la extracción de litio, la ganadería --que ha aumentado sus proporciones en una escala desmedida por la expansión de la soja-- y también se construyen countries, motivo por el cuál también existe lobby, aunque en una proporción menor, por parte de distintas empresas inmobiliarias.
Para regular la actividad en estos territorios que cuentan con ecosistemas de gran biodiversidad, que son capaces de regular el caudal de agua, absorber y atenuar inundaciones, se impulsaron leyes en 2013 y 2016. En ambas ocasiones fueron bloqueadas. En julio de este año se presentaron seis proyectos, de los cuáles el impulsado por el diputado del Frente de Todos, Leonardo Grosso, es el que más avanzó. Sin embargo, más rápido que la ley, crece el lobby de las grandes corporaciones y el fuego en los humedales.
Dentro del Congreso, el proyecto divide las aguas dentro de los bloques. La disciplina partidaria no logra, por ahora, romper la lógica territorial que impera en el debate. En ese marco, como cada vez que se discute una norma que enfrenta el lobby de un sector poderoso, la desición política del Poder Ejecutivo resulta determinante. Ante ese escenario, Grosso se mostró optimista y afirmó ante Página/12 que "hay un compromiso de todo el arco político a que se generen los consensos necesarios para sancionar la ley", y agregó: "Estamos haciendo un esfuerzo grande para tener la mejor ley posible. Tenemos la decisión política de avanzar por muchas que sean las resistencias, porque lo que el Estado no regula el mercado lo está destruyendo".
En las distintas provincias las presiones para que no avance proyecto, son variadas. Corrientes es uno de los ejemplos más significativos. Hace unas semanas, la Coordinadora de Entidades Productivas de dicha provincia --de la que forman parte, entre otras, la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz (ACPA), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Federación Agraria Argentina (FAA)-- lanzaron una declaración en contra del proyecto, ya que consideran “preocupantes los efectos que tendría sobre el bienestar humano, así como sobre el futuro desarrollo económico de la Provincia, y de una gran extensión de la Argentina”. En el mismo escrito, estas entidades señalaron que los proyectos que se debaten en el Congreso “poseen una mirada sesgada sobre el ambiente, ya que se ocupan exclusivamente de lo natural, en desmedro del hombre y sus necesidades; encarecen y amenazan la puesta en marcha de proyectos y podrían limitar el desarrollo de represas para riego y obras de regulación y desagüe”.
Producto de estas presiones, el Senado de la provincia de Corrientes rechazó la normativa que pretende regular la actividad y sus representantes afirmaron que tendrá "implicancias negativas hacia el sistema productivo" del nordeste del país.
Chirstian Jetter es uno de los voceros de los empresarios que se oponen a la ley. Es integrante de ACPA y gerente de la empresa Copra S.A, una firma dedicada al arroz y ,en menor medida, a la ganadería.  Jetter afirmó: “en nuestra provincia no vemos un problema ambiental real. El problema se da en las islas del delta y algunas regiones de Buenos Aires, pero no en la provincia de Corrientes”. A su vez, el gerente de Copra consideró que los proyectos de ley podrían “restringir actividades o poner exagerados controles” sobre las actividades agropecuarias tradicionales. Los hermanos de Chirstian son Ingrid Jetter, diputada por Corrientes de Juntos por el Cambio, y Martín Jetter, intendente del municipio correntino de Riachuelo en donde, hasta el momento, se quemaron unas tres mil hectáreas.
Por su parte, José Antonio Aranda, presidente de Copra, posee tierras en Corrientes y es uno de los productores más grandes de arroz del país. En 2011, junto a la empresa Adecoagro, se unieron para intentar realizar un proyecto que consistía en represar el arroyo Ayuí, destruyendo así las selvas ribereñas y humedales, y haciendo desaparecer un arroyo público para convertirlo en un reservorio de agua para fines privados. Si bien ese proyecto logró ser frenado, el empresario continuó expandiendo sus plantaciones de arroz sobre las reservas acuíferas, y hoy Copra es una fuerte detractora de la ley.
Según explicó en diálogo con Página/12 Adriana Arzolin, licenciada en química con un posgrado en impactos ambientales y miembro de la Fundación Humedales, “el proceso de sojización y de la expansión de su frontera hizo que el ganado fuera a parar a tierras que antes eran marginales, principalmente al Delta. Ahí siempre hubo cría de ganado, pero en cantidades mucho menores, el problema es que el aumento desmedido". "Lo que hacen, entonces, es prender fuego los terrenos en los que ahora están los animales para renovar los pastos que son su alimento”, aseguró la especialista.
Otro empresario poderoso que está imputado por la justicia federal de Paraná por estar detrás de las quemas es Rufino Baggio, descendiente del socio fundador de RBP S.A, la firma que controla la famosa empresa de Jugos Baggio. El empresario tiene 35 hectáreas en el Delta y miles más en la provincia de Entre Ríos. Por otra parte, en la provincia mesopotámica también fueron imputados otros productores y empresarios como Enzo Federico Vignales; Raúl Álvaro Morist y Rachinsky; Esteban Ricardo Morist y Rachinsky; Julián Marcelo Luraschi; Amelia Marta Barinotto y José María Vicenti, cuyas causas se tramitan en el Juzgado Federal N°4 a cargo de El juez federal Marcelo Bailaque. Por su parte, en la provincia de Santa Fe, el fiscal Jorge Onel imputó a seis personas acusadas de “provocación dolosa de incendios, con peligro para los bienes”.
Según Arzolin “es importante desmontar es ese discurso que quiere hacerle creer a la gente que si sale una ley de humedales no se va a poder hacer nada. Eso es lo que vienen agitando ciertos sectores que no quieren ningún tipo de regulación. El objetivo de la ley es ordenar y ver la aptitud que tiene cada uno de los suelos para la producción. Ahora se está haciendo cualquier cosa y la prueba son los fuegos incontrolables”. “Lo que puede hacer una ley es determinar la capacidad de carga del ecosistema, qué actividad y con qué intensidad se puede usar cada humedal. Obviamente habrá algunos muy frágiles en los que no se podrá hacer nada y otros que podrán seguir siendo usados en condiciones ordenadas y bajo ciertas normativas”, explicó.
Con respecto a los debates en el Congreso, la experta indicó que “hay un lobby muy poderoso, pero lo que tienen que entender los empresarios es que los humedales contienen agua que son un bien común. Las reservas naturales son de todos, no de un puñado de gente y con este desmadre que hay son pocos los que ganan y muchos los que nos perjudicamos". Luego Arzolin agregó que "por supuesto que luego habrá que hacer cumplir la ley, sabemos que no nos dará una solución absoluta, pero será una herramienta más que es sumamente necesaria".
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El puma, un felino “clave” pero incomprendido de la Patagonia argentina

Fecha de Publicación: 01/09/2020
Fuente: Agencia EFE
Provincia/Región: Patagonia


La Cueva de las Manos, situada en la provincia sureña de Santa Cruz, es uno de los lugares de arte rupestre más espectaculares del mundo. Durante miles de años, sus pobladores plasmaron en las paredes no sólo el contorno de sus dedos, sino también las siluetas de los animales con los que convivían a diario, entre ellos el mayor carnívoro de la región: el puma.
Este felino solitario, con capacidad de cubrir miles de hectáreas de territorio, continúa a día de hoy campando por los rincones de la Patagonia, en donde juega un rol ecológico “clave” por el control que ejerce sobre las poblaciones de herbívoros locales, principalmente del guanaco, una especie de llama salvaje.
Sin embargo, la presencia del puma todavía despierta suspicacias en los ganaderos ovinos de la zona, una circunstancia que la fundación de Rewilding Argentina pretende revertir a través de un proyecto que busca transformar, en colaboración con las autoridades provinciales, la imagen negativa de estos animales en una oportunidad de crecimiento económico, gracias al “ecoturismo”.
“En esta región de Santa Cruz, nadie ve al puma como algo que pueda ser positivo, pero si vos empezás a desarrollar actividades de ecoturismo, basadas en la observación de fauna, empezará a haber un sector de la sociedad cuya economía dependa de que estas especies estén presentes”, cuenta Sebastián Di Martino, biólogo y director de conservación de Rewilding Argentina, en una entrevista concedida a Efe con motivo del Día Internacional del Puma, que se celebra este 30 de agosto.

El proyecto Patagonia
En su dimensión meramente paisajística, el noroeste de la provincia de Santa Cruz es una de las zonas más bellas de Argentina, compuesta por la cordillera de los Andes al oeste y por una extensa meseta de estepa patagónica, la del lago Buenos Aires, al este.
Esta enorme meseta está plagada de “cañadones gigantescos”, como el del río Pinturas, en donde antiguamente desaguaban dos grandes glaciares que terminaron por derretirse, dando forma al Parque Nacional Patagonia, uno de los hábitats preferidos por los pumas.
“Es una zona de mucho contraste, de sectores muy húmedos al oeste, con bosques, a estepas muy áridas más hacia el este; desde mesetas de altura, con un relieve prácticamente llano, hacia el este, con unos cañadones muy profundos, la verdad que muy espectaculares”, relata Di Martino.
Desde principios del 2019, Di Martino y el resto de miembros de Rewilding Argentina trabajan en esta región con el puma en el marco del “Proyecto Patagonia”, que consiste en la regeneración del Parque Nacional Patagonia con la reintroducción de las especies que le son propias.
Uno de los principales lugares de trabajo de la fundación está ubicado precisamente en el Cañadón Pinturas, caracterizado por imponentes paredes de roca de hasta 300 metros de altura y en donde, por desgracia, muchas especies han desaparecido o visto reducida su población de forma considerable.
De hecho, un ejemplo claro de esto es el puma, una especie “clave” por su rol ecológico dentro del ecosistema y cuyo número descendió en “cientos” durante los últimos años.

Una relación conflictiva con los ganaderos
Detrás de esta realidad está la conflictiva relación entre el animal y los habitantes de esta región de Santa Cruz, que ven al gran felino como “algo malo o, de última, como algo neutro”, especialmente los ganaderos ovinos.
Según Di Martino, la “forma de control” del puma se basa en “matanzas indiscriminadas” y en la distribución de “venenos prohibidos”, como el furadán, que no sólo matan al puma, sino que terminan por envenenar a muchas otras especies e incluso son un peligro para las propias personas.
Esto puede crear, además, un problema aún mayor: a veces, los ganaderos matan al “puma bueno”, que es aquel que se alimenta tan sólo de animales silvestres, y dejan un espacio libre para ser ocupado por un “puma malo”.
“Si vos matás un puma, por ejemplo, un macho adulto territorial, que no te está causando problemas, ese lugar capaz lo ocupan un montón de juveniles (…). Los que más causan problemas, en general, son los animales jóvenes, que son los más inexpertos para cazar y entonces buscan la presa fácil: la oveja”, argumenta Di Martino.
En ese sentido, el biólogo defiende que “hay muchas formas para convivir con el puma y que deje de ser un problema”, principalmente a través del entrenamiento de perros pastores, que son capaces de ahuyentar con sus ladridos no sólo a pumas, sino también a zorros o perros salvajes.
Porque, ¿qué ocurriría si este enorme carnívoro, el puma, desapareciera del ecosistema? Pues un desastre ecológico: la población de guanacos se descontrolaría, negando el alimento a otras especies que dependen de su depredación, como el cóndor, y se causaría un gran daño al suelo por el que pastan las ovejas.
“Si no estuviera el rol del depredador, el guanaco estaría en números abundantísimos pastoreando en todos los lugares. Eso dañaría el suelo, haría que hubiese menos vegetación y la captación de carbono, que contribuye al efecto invernadero, sería mucho menor”, explica el biólogo de Rewilding.

Crear historias con los pumas
Para evitar una situación semejante, desde la fundación llevan un año y medio trabajando con ahínco para cambiar la percepción social en torno al puma, valiéndose de historias de individuos particulares con las que “crear empatía” hacia la especie.
De este modo, la organización sigue los pasos y las vidas de nueve felinos actualmente, ataviados todos ellos con un collar GPS que permite monitorizar sus movimientos y saber cuándo y qué comen.
“El 90 % de las presas son guanacos, a veces comen algún caballo cimarrón o algún choique, y creo que fueron dos o tres oportunidades que registramos que comieron ovejas”, reconoce Di Martino, agregando que estas investigaciones tienen también el propósito de contar “historias lindas”.
De forma simultánea, Rewilding Argentina está comenzando a preparar a jóvenes locales para tareas de avistamiento de fauna como el puma, una evidente “oportunidad de empleo” en la región, además de trabajar con los ganaderos, a quienes hay que reconocerles “que existe un daño, pero que ese daño hay que tratarlo de forma razonable y no indiscriminada”.
A este respecto, Di Martino aprecia avances en la relación de los habitantes de Santa Cruz con los pumas desde que arrancó el proyecto, y no sólo de los ganaderos, sino también de cada vez más personas cuyo interés por el felino va en aumento.
“Cuando nosotros empezamos a trabajar acá, casi que no se podía poner una foto de un puma en las redes sociales nuestras. Hoy eso es algo normal y la gente empieza a conocer a los animales, los nombra… Se va generando una empatía y se puede empezar a contar que se puede convivir con la especie”, subraya el biólogo argentino.
En cualquier caso, todavía quedan varios años por delante, alrededor de diez, para que Rewilding Argentina dé por concluido su “Proyecto Patagonia”, algo que culminará con la generación de un parque capaz de garantizar su conservación a largo plazo.
El turismo ecológico será clave en este sentido, beneficiándose de un territorio que tenga a todas sus especies “clave” presentes y creando economías locales “que necesiten de una naturaleza bien conservada”.
“Lo que nosotros queremos es que los ganaderos aprendan nuevas formas de manejo del ganado o control de los depredadores, que sean racionales; queremos que haya un sector de la sociedad que vea al puma como una oportunidad y que entonces sean los que defiendan al puma, y queremos una sociedad informada y que reconozca el valor de esta especie en el medioambiente”, concluye Di Martino.
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El agua vale más que el dólar

Fecha de Publicación: 01/09/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


El fuego en los humedales del Paraná y en las sierras cordobesas, la sequía que no cesa, la misma pandemia; las alertas frente a los vertiginosos cambios climáticos ya no pasan desapercibidas y sin embargo, cuando se habla de cómo salir de la profunda crisis económica que deja el coronavirus no se cuestionan las formas de producción y consumo que producen el desastre ambiental. El hambre está primero, pero ¿cuándo vamos a cambiar las preguntas?
Es de madrugada y el ritmo de escritura de esta nota acompaña una lluvia intermitente. Las palabras de Inés se mezclan con las gotas que caen y paran e interrumpo para averiguar si en Córdoba también está lloviendo y qué pasa en Entre Ríos. Quiero saber si esta garúa alcanzará para apagar los incendios en los humedales y en las sierras. Le escribo a una amiga. A otra. Están durmiendo. Hago fuerza como si algo de mi cuerpo pudiese apurar la tormenta.
“Las lluvias aumentaron en las regiones húmedas del planeta, en zonas tropicales, mientras muestran una tendencia a disminuir en las regiones que ya son las zonas más secas y semiáridas. Por eso en la jerga del cambio climático se suele decir que los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres en función de la disponibilidad de agua dulce”, dice Ines Camillioni, Doctora en Ciencias de la Atmósfera e investigadora del Conicet. Cuando la escucho pienso en la consigna de los lugares en los que falta: el agua vale más que el oro. La comparación refleja un sistema que aún define lo que vale con total independencia de las necesidades vitales. La abundancia será, como paradoja, el problema.
Las modificaciones en el nivel del mar por el derretimiento de hielos y también las lluvias más intensas provocarán inundaciones en todos los continentes. Lo mismo que pasa con las riquezas. Sobran a un lado, faltan del otro y esas dinámicas están conectadas y se reproducen a fondo. Hasta la muerte.
Ya nadie discute la veracidad del calentamiento global y sus consecuencias. A lo sumo los cálculos difieren sobre las fechas. En diez, veinte o treinta años regiones enteras sobre todo en las costas orientales donde hoy viven millones de personas podrían quedar cubiertas por agua provocando desplazamientos masivos y catástrofes humanitarias de magnitudes desconocidas.
A diferencia del cambio en las precipitaciones que varía según la región, la temperatura aumentó en todo el planeta. Como la desigualdad durante la pandemia. La jerga del cambio climático adoptó términos de la economía: la disponibilidad de agua como pobreza o riqueza.
A la economía también llegó el lenguaje de las ciencias de la atmósfera. Se habla cada vez más del calentamiento global y de la emisión de dióxido de carbono. Lo hacen los grandes fondos de inversión ávidos de ganancias, lxs militantes preocupadxs por el mundo que les quedará a las próximas generaciones y lo enuncian quienes sufren en sus propios cuerpos la transformación del ambiente.
Interiorizarse en estos debates es sumergirse en una sensación apocalíptica. Los escenarios futuros pueden verse en simulaciones que quitan el sueño. Se trata de un hecho que ya (casi) nadie niega. La diferencia está en los diagnósticos sobre las responsabilidades y por ende, en cómo debería abordarse.

Importación y exportación (de debates)
El IPCC, Instituto para el Cambio Climático, elabora cada año un informe en el que recopila la información que existe y brinda recomendaciones a los gobiernos con un objetivo claro: tomar medidas durante los próximos diez años para reducir en 0.5c la temperatura global.
Se requiere una transición urgente en el modo en que se produce, distribuye y consume para evitar (al menos parcialmente) el desastre. A eso se le llama “transición verde” ¿Quién la organiza?¿Bajo qué parámetros?¿Con qué resultados? La única respuesta fácil es la del cinismo individualista: que nada cambie porque al fin, todxs estaremos muertos.
Hasta hace poco tiempo era frecuente escuchar, sobre todo entre economistas preocupados por mejorar las condiciones de vida de los sectores populares, que el calentamiento global era una agenda de ricos y que las soluciones provistas -bajo el paraguas de lo “sustentable” y los cambios en los hábitos individuales de consumo- eran apenas una fachada para crear nuevos mercados rentables. Y de verdad, en muchos casos, lo eran. Lo confirman las grandes cadenas de supermercados bio que cobraron popularidad, sobre todo en Europa, al mismo tiempo que lxs jóvenes se volcaban masivamente al activismo ambientalista. Góndolas llenas de envases de plástico y productos importados que recorren el cielo en aviones y dejan una huella ecológica enorme muestran algunos de los límites de las soluciones de mercado.
Hoy el debate tomó otro rumbo. Si bien todavía quedan vestigios de propuestas que piensan el tema como un asunto de voluntades de cambio individuales, lo que predomina es la discusión sobre las formas de producción. En primer lugar, la matriz energética y la producción de alimentos. En Argentina, el 53% de la emisión de gases de efecto invernadero provienen de la producción de energía, en particular, de la quema de combustibles fósiles, el 37% de la agricultura, la ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra, el 6% de procesos industriales y el 4% del sector residuos.
Podríamos decir que lxs economistas que no confían en las lógicas mercantiles pasaron por tres fases, aunque algunos siguen estancados en la segunda. Fase negación: es un problema del Norte. Fase aceptación con resignación: nada que hacer en un lugar donde hay personas que no comen todos los días. Fase preocupación: las consecuencias las van a sufrir más los sectores populares y como siempre que se haga el cruce entre género, raza y clase, las más afectadas serán mujeres de menores recursos y más aún, las racializadas.
Sobre este último punto Margarita Olivera, profesora del Instituto de Economía de la Universidade Federal de Rio de Janeiro (UFRJ) y coordinadora del projecto de extensión de economia e feminismos destacaba que “lo que sucede con el medio ambiente no está exento de las relaciones capitalistas. Por eso hablamos de racismo ambiental. Los eventos extremos ya están provocando una sobrecarga de tareas domésticas y de cuidados sobre todo para las mujeres más pobres. En las favelas hay deslizamientos, enfermedades asociadas a vectores que tienen que ver con inundaciones. Cuando alguien enferma, son ellas las que tienen que dejar su trabajo para cuidar, para acompañar”.
Margarita agrega que la mirada debe ser no sólo feminista sino también decolonial. “Los que más emiten son los países centrales. Y los que más sufrimos somos nosotrxs”, agrega. A nivel global, Estados Unidos y China lideran el ranking de emisiones. Argentina es responsable del 1% mundial, aunque es tercera en la región, detrás de México y Brasil.

Quién define el tono
Desde los organismos internacionales alineados con la agenda de la financiarización, proponen “bonos verdes”, activos financieros que otorgarían a sus tenedores permisos para emitir carbono. Es el peor de los fantasmas. En nuestro país implica una alianza perfecta entre finanzas y agronegocios: mayor primarización de la economía.
Lo que está en discusión es quién tendrá la capacidad de decidir qué se considera verde y qué reglas se imponen para la producción. Es clave contar con taxonomías propias para evitar importar intereses ajenos y dar lugar a la información que producen quienes ya aportan a la economía desde proyectos sustentables y de desarrollo local. Esto último cobra más importancia si de lo que se trata es de evitar la demanda de dólares asociada a las inversiones que requeriría la transición ecológica.
En el cruce entre economía y ambiente, debemos considerar que la información que circula tiene sesgos y muchas veces parte de preguntas erradas ¿Qué pasaría si nos preguntáramos por el impacto ambiental que genera la desigualdad de ingresos? ¿Por qué no se calcula la huella ecológica de los sectores más ricos de la población? ¿Y si aceleramos el cambio en la distribución, en cuánto evitaríamos el aumento de la temperatura de la tierra?
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Argentina: el peligro de la reactivación económica para los bosques del Gran Chaco

Fecha de Publicación: 31/08/2020
Fuente: Agencia EFE
Provincia/Región: Nacional


Aunque la pandemia se ve como una oportunidad para apostar por un desarrollo más amigable con el medio ambiente y la biodiversidad, los planes de algunas provincias Argentinas de expandir la agricultura y la ganadería para generar ingresos puede traer consecuencias a corto plazo.
La pandemia sorprendió a la Argentina en el momento más agudo de una caída económica que comenzó en 2012 y se acentuó en los últimos dos años. El gobierno que asumió sus funciones en diciembre de 2019 recibió un país que había dejado de pagar algunas de sus deudas, con índices de desempleo y pobreza en ascenso, y una inflación anual que superaba el 50 por ciento. Los expertos señalan que el coronavirus llegó simplemente para dar el golpe de gracia.
Por ello las palabras que más se repiten por estos días en Argentina son dos: reactivación económica. Aunque los científicos, organizaciones ambientales y colectivos quisieran que se sumen dos más: cuidado ambiental. En medio de este debate, el gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Capitanich, dijo en una columna de opinión publicada en el diario Clarín que “aumentar la competitividad del complejo agroindustrial es clave para posicionar al país como proveedor mundial de alimentos”. En su declaración, el mandatario chaqueño sostiene que quienes estén dispuestos a invertir en su tierra serán beneficiados con apoyos económicos que van desde subsidios hasta reintegros de capital. No menciona lo ambiental, ni el valor del bosque, ni el desarrollo de las poblaciones rurales. Al mismo tiempo, en otra columna publicada en julio en el diario La Nación, resalta el potencial que tiene la provincia para estirar la cifra actual de 1,8 millones de hectáreas cultivadas hasta los 3 millones en 2030.  «Chaco —sostiene Capitanich—  está llamado a ser el símbolo de nuestra agroindustria y el ícono de nuestra recuperación económica».
“Me plantean que es utópico pensar ahora en la cuestión ambiental, dada las urgentes necesidades económicas”, opina Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina: “Yo digo que es mucho más utópico tratar de superar este momento haciendo lo mismo de siempre. Justamente es en las urgencias cuando hay que hacer las cosas de un modo diferente”.
Se trata de una línea de pensamiento en la que coinciden varios ambientalistas. “El único modelo que conocen los gobiernos latinoamericanos para salir cuanto antes de una crisis de pobreza es el extractivismo que nos trajo hasta aquí”, subraya Hernán Giardini de Greenpeace Argentina. A su vez, Nicolás F. Avellaneda, de Sed Cero, una amplia red de organizaciones y empresas que trabaja por mejorar el acceso al agua en las poblaciones del Gran Chaco, sostiene que “la necesidad de generar divisas llevará a fortalecer un tipo de industrias que se contrapone con la lógica, el trabajo y la forma de vivir de las comunidades campesinas. Las amenazas para ellas irán en aumento”. Ricardo Tiddi abunda en la idea: “Argentina responderá como en la crisis anterior: desmontando [deforestando] y sembrando soja”.

Tala e incendios en cuarentena
Desde hace un cuarto de siglo, el Gran Chaco lidera el ránking argentino de ecorregiones deforestadas. Sus tierras, su biodiversidad y su gente han visto y padecido en este tiempo el avance imparable de la frontera agroganadera. Los suelos, el paisaje, la vida cotidiana y hasta el clima se han visto modificados de algún modo. Solo un aspecto no ha sufrido cambios: las cuatro provincias que conforman la mayor parte del área —Formosa, Salta, Santiago del Estero y Chaco—se mantienen entre las cinco de menor desarrollo socioeconómico del país, cualquiera sea el índice que se mire.
En semejante contexto, la irrupción del coronavirus SARS-Cov2 no es más que una nueva muesca en el revólver. Para luchar contra la epidemia, el gobierno argentino decretó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio el día 20 marzo, y todavía permanece vigente, con todas sus variantes de aperturas y cierres según fuera evolucionando la situación en cada rincón del país. Aunque desde el primer día hubo actividades declaradas “esenciales” que no se vieron interrumpidas. Por ejemplo, la agroganadera.
“La producción siempre va a ser constante y creciente porque la demanda de alimentos no se interrumpe”, razona Luciano Olivares, subsecretario de Desarrollo Forestal del Chaco como explicación a dicha medida. La explotación forestal se sumó a la lista un mes después.
Según los datos que recaba periódicamente Greenpeace a través de información satelital, en este tiempo de cuarentena, la deforestación en la región fue incluso mayor que la ocurrida en el mismo período de 2019. Alrededor de 30 000 hectáreas de bosque nativo fueron taladas entre el 15 de marzo y el 31 de julio, indica Giardini, coordinador de la campaña de bosques en Greenpeace Argentina.
“Salvo en Chaco, donde hubo mayores controles, denuncias y multas. En el resto del área, en cambio, el control fue menor al habitual”, precisa Giardini. “El último informe oficial —del 16 de mayo— dice que el 86% del área deforestada en la provincia fue ilegal, es decir, sin permisos”, agrega Ricardo Tiddi, técnico en Sistemas de Información Geográfica e integrante de Somos Monte, una asamblea de organizaciones ambientalistas.
Un trabajo realizado por el Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación (ONDTyD), sistema nacional de evaluación y monitoreo de tierras integrado por científicos de distintas instituciones estatales, confirma estas impresiones: “Los desmontes (deforestación) son una problemática presente en la zona que durante la cuarentena no se ha detenido…y también han continuado las tareas de habilitación de cambios en el uso del suelo en zona amarilla”, señala el estudio. La ley 26331, o Ley de Bosques, establece que en zona amarilla está prohibido alterar el paisaje natural, salvo autorización expresa y respetando una serie de limitaciones.
La pandemia, por otra parte, coincide con un período especialmente seco en el Chaco semiárido, lo cual ha originado un factor de riesgo añadido para el monte: los incendios. La Comisión Nacional de Actividades Espaciales pudo detectar hasta 78 focos de calor entre marzo y mayo, solo en el Departamento Almirante Brown, distrito chaqueño limítrofe con las provincias de Santiago del Estero y Salta. “Algunos incendios ocurridos en la zona fueron producto de quemas intencionales de cordones boscosos de desmontes ilegales [tala ilegal]”, precisa la investigación del ONDTyD.
Del otro lado del mostrador también existen reclamos por promesas insatisfechas que limitan cualquier intento de control y vigilancia eficaz. Luciano Olivares, subsecretario de Desarrollo Forestal de Chaco, lo resume en un pedido: “Que se actualicen e incrementen los recursos del Fondo de Bosques en función de la inflación y de los problemas que se presentan”.
El actual ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan Cabandié, avala de algún modo su reclamo: “Hay una parte del fondo creado por la Ley de Bosques que corresponde al presupuesto nacional y otra que se deriva de las exportaciones. Pero ese presupuesto estaba frenado. En mayo pudimos transferir una porción correspondiente al período 2018/2019”.
La norma ordena que las provincias reciban aportes financieros del Estado en función de la cantidad de hectáreas de bosque nativo que conservan. Dichos recursos deberían usarse para tareas de control y cuidado, pero también para compensar a los dueños de tierras ubicadas en zonas rojas (prohibición total de deforestación) o amarillas. Cabandié, desde que asumió el cargo en diciembre pasado, sostiene que la ley debería ser modificada ya que “permite hacer cualquier cosa en las zonas verdes y eso es una locura. Estoy trabajando en eso, provincia por provincia”, asegura.
“El financiamiento de la Ley de Bosques nunca alcanzó el mínimo del 0,3% del presupuesto nacional…En 2019, el presupuesto de la ley fue de tan solo el 5 por ciento de lo que debería ser”, sostenía hace unos meses Marcelo Navall, director de la Estación Experimental Santiago del Estero del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). “En otras partes del mundo, el ecoservicio tiene una retribución, hay que buscar la manera de que aquí también sea así”, subraya Alejandro Aldazábal. Para el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta, “sin ese paso, un dueño siempre estará pensando en cómo cambiarle el uso a su finca para que le sirva mejor. Hay que buscarle alternativas, como el turismo, y ayudarlo a desarrollarlas. No se puede esperar 15 años”.

Montes nativos
En el Departamento Almirante Brown, no muy lejos del Parque Nacional Copo, desarrolla su actividad Luis Dellamea, productor agroganadero pero al mismo tiempo propietario de Tantanakuy, uno de los escasos emprendimientos ecoturísticos de la región. “Tengo mis vacas y mis tierras, pero también supe ver la potencialidad turística y la posibilidad de equilibrio entre las dos actividades”. Su experiencia con el Fondo de Bosques tampoco ha sido la mejor: “Tantanakuy está en zona amarilla. La ley establece apoyos crediticios del Estado para fomento y desarrollo de infraestructuras, pero en más de una década eso nunca se concretó”.
Dellamea, por otro lado, se manifiesta contrario a algunas prácticas que incluso sufre en carne propia: “Antes de la pandemia, alrededor nuestro se habían deforestado unas 5 000 hectáreas de zona amarilla. No dejaron ni cortinas boscosas, es tierra arrasada”, se lamenta, en tanto que relata que muy cerca de su finca se produjo otro desmonte a principios de agosto: “Unas 400 hectáreas, con topadoras y cadenas. Cuando llegó la policía el monte estaba destruido”.
La consecuencia de ese nivel de destrucción ha sido que buena parte de la fauna silvestre del lugar encontró refugio en las 2 500 hectáreas de monte intacto de Tantanakuy, pero su dueño no lo ve como un elemento positivo a largo plazo: “El aumento de fauna termina siendo desastroso. Cada tatú carreta (Priodontes maximus) necesita unas 400 hectáreas para su movilidad; si se acumulan muchos ejemplares en 2 500 hectáreas, el animal acabará saliendo y lo atropellará un camión o lo cazarán para comérselo. El paisaje aquí es virgen, pero corre el peligro de quedarse solo con árboles y pájaros”. Alejandro Aldazábal, secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta comulga con esta idea: “Cada ambiente tiene una determinada capacidad de carga de individuos de una especie, si es superada empiezan a morirse por ausencia de comida, oxígeno o la razón que sea hasta alcanzar el número adecuado”.
¿Es posible que la pandemia promueva un cambio radical en la gestión de los bosques del Gran Chaco? “Tener un bosque y conservarlo debe ser algo positivo, debemos ponerlos en valor”, sostiene Aldazábal, y aporta: “En Salta, la tasa que se paga actualmente por metro cúbico de madera extraída es la misma que en 1992: 6 pesos. La diferencia es que entonces eso equivalía a 6 dólares y hoy no llega a diez centavos. Evidentemente, a nadie le importó el bosque durante todo este tiempo”.
El físico Ricardo Tiddi maneja sus propias cifras: “En Chaco se puede comprar tierra para desmontarla a 500 dólares la hectárea, pero esa misma hectárea almacena más de 300 toneladas de carbono. Si una tonelada de carbono se cotiza a 25 dólares en el mercado internacional, el valor de ese suelo debería ser de 7 500 dólares. Sin embargo, un árbol de varios siglos de edad que se corta de ese bosque se vende por unos 13 dólares”. El integrante de Somos Monte hace hincapié en lo que califica como “profundas incoherencias entres los flujos de fondos” para explicar algunas de las rutas que llevan a la pérdida de bosque.
“La pandemia debe servirnos para entender que tenemos que hacer las cosas diferentes. No podemos volver a usar los recursos naturales como los estábamos usando”, remarca Manuel Jaramillo, y agrega: “No se trata solo de dejar de deforestar. Hay que recuperar el valor productivo del bosque nativo, y esto será imposible mientras no se controle y fiscalice el uso de la madera y haya posibilidad de ingresarla ilegalmente en el comercio”.
El director ejecutivo de la Fundación Vida Silvestre Argentina apunta al postergado desarrollo de la ecorregión como eje del futuro a mediano plazo. “Hasta ahora, ni la deforestación, ni las divisas que producen la soja o la ganadería vinieron acompañadas de desarrollo”, dice, y propone “un nuevo ordenamiento ambiental que defina cuáles son las mejores prácticas productivas para promover desarrollos sociales genuinos en cada región”. En ese sentido, Marcelo Navall cree que en el Gran Chaco “la ganadería sustentable, el aprovechamiento forestal controlado, la apicultura y muchas actividades productivas más podrían ser compatibles con el cumplimiento de la ley y el sostenimiento de los servicios ecosistémicos de los bosques nativos”.

Alimentar al mundo es la meta
Los pasos que se atisban en el horizonte, sin embargo, no parecen ir por ese camino. El nuevo Consejo Agroindustrial Argentino, que reúne a 42 entidades relacionadas al campo y la producción alimentaria, si bien en su carta de presentación menciona la necesidad de trazar “una estrategia de descarbonización de nuestra agricultura” y de “mostrar que protegemos el Gran Chaco”, tiene como objetivo principal a corto plazo “consolidar a la Argentina como líder en el comercio internacional de alimentos de origen animal y vegetal”, tal como afirma el gobernador chaqueño.
Por otro lado, en noviembre el país se apresta a firmar un acuerdo con China para la producción de un número todavía indefinido de toneladas de carne porcina destinadas exclusivamente a ese mercado. Esto implicaría la creación de grandes granjas de cría de cerdos. Existe el temor de que el Chaco, por su extensión y por encontrarse lejos de las grandes ciudades, sea uno de los sitios candidatos a acoger algunos de esos emprendimientos.
En ambos casos, la creación de empleos directos y la generación rápida de divisas es la principal motivación, siempre acompañada por la promesa de cuidados de las normas ambientales que en anteriores ocasiones se han demostrado muy difíciles de fiscalizar y de cumplir.
“Algunos sectores empiezan a entender las consecuencias que tiene el manejo de lo ambiental. Me cuesta ser optimista, aunque eso nos da una oportunidad”, se ilusiona Hernán Giardini. Por su parte, Manuel Jaramillo apuesta a que el Consejo Económico y Social que el gobierno nacional pondrá en marcha para liderar el proceso de recuperación en la pospandemia “sea también, necesariamente, Ambiental”.
Lo que vaya a ocurrir en el Gran Chaco argentino tras el paso del Covid-19 es un enorme interrogante. De los movimientos sociales y la conciencia general dependerá en buena medida que no sea otra vuelta de tuerca rumbo al desastre.
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Alertan que 30 pymes de biodiésel están paradas por una falta de actualización de precios

Fecha de Publicación: 31/08/2020
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


La cámara que aglutina a las pequeñas y medianas empresas elaboradoras de biodiésel denunciaron que ante la falta de una actualización en los precios en el sector 30 firmas están paralizadas. Hay unos 2000 empleos en riesgo. Además, alertaron que no se estaría haciendo el corte obligatorio por el cual el biocombustible se mezcla en un 10% en el gasoil. La decisión sobre los precios está ahora, desde que Energía se fue de la órbita de Desarrollo Productivo, en manos del Ministerio de Economía que comanda Martín Guzmán.
"Las plantas están totalmente paradas. Desde diciembre no hubo una nueva publicación de precios. Normalmente, el Estado publica el precio todos los meses y ahora hay un 25% de retraso en el valor del biodiésel", dijo una alta fuente de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb).
El costo del subproducto está relacionado con el valor del aceite de soja, que es el 80%, y sigue las cotizaciones externas. "Necesitamos un aumento porque con el precio actual ni siquiera cubrimos los costos variables", indicaron desde la entidad.
La crisisafecta a unos 2000 empleos que alberga el sector en el interior. En rigor, 30 empresas asumieron la pérdida y los costos fijos hasta el mes pasado y ahora directamente pararon la actividad.
"A los empleados se les dio vacaciones anticipadas o suspensiones temporarias hasta que se solucione el problema. El impacto de una pyme del interior es enorme. Todas las plantas están localizadas en pequeños pueblos, en donde tienen una gran influencia en los empleos", justificó la fuente.
Según sostienen desde el sector, el gobierno nacional les había prometido un aumento del 4,5%, pero desde que renunció el secretario de Energía, Sergio Lanziani, y asumió Darío Martínez, no se volvió a tocar el tema.
La Secretaría de Energía de la Nación, que pasó a manos del Ministerio de Economía tras estar en Desarrollo Productivo, es la encargada de tomar las medidas pertinentes en cuanto al sector y a la actualización de los precios.
La ley 26.093 obliga a que haya un corte en el biodiésel del 10% provisto por pymes. "Hoy, directamente se esta incumpliendo la ley porque no se está cortando el gasoil con biodiésel. Hay un incumplimiento total del corte y la consecuencia es ambiental", advirtieron en la cámara de las pymes.
Entendemos que "la Argentina está inmersa en una crisis por el Covid, pero esto está en el mismo Estado. Lo único que se tiene que hacer es cumplir la ley, actualizando el valor del precio conforme a lo que se establece", dijo la fuente.
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El INTA recomienda “fuertemente” la reducción de agrotóxicos en los cultivos

Fecha de Publicación: 31/08/2020
Fuente: Canal Abierto
Provincia/Región: Nacional


Un estudio solicitado por la Justicia en la causa por fumigaciones en Pergamino confirmó la presencia de plaguicidas en el agua. El INTA señaló sus riesgos y recomendó la agroecología como proceso de producción.
Pergamino es considerado el núcleo sojero de la provincia de Buenos Aires, y es allí también donde Bayer Monsanto posee sus campos de experimentación transgénica. La intensa lucha de las víctimas de fumigaciones tuvo como fruto que la Justicia se expida marcando las distancias de protección, obligando al municipio a repartir agua envasada en los barrios afectados, e imputando a dueños de campos y productores como “coautores penalmente responsables del delito decontaminación ambiental en general, mediante la utilización de residuos calificados de peligrosos”.
Un Estudio Pericial Científico del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) destacó la eficacia de la medida cautelar dispuesta por el Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás, a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo, al establecer la distancia de protección de 1.095 metros para aplicaciones terrestres y 3.000 para áreas respecto del ejido urbano. A su vez, recomendó “fuertemente la reducción de las aplicaciones (en dosis e intensidad) en los sistemas productivos, para disminuir la exposición ambiental de los plaguicidas”.
El informe científico elaborado por Virginia Aparicio, ingeniera agrónoma, investigadora del CONICET y INTA Balcarce, destaca la necesidad de una transición hacia sistemas agroecológicos y menciona resultados publicados internacionalmente por el equipo de profesionales de la Chacra Integrada Barrow (Tres Arroyos) y el INTA Balcarce.
“Es posible producir cultivos extensivos aprovechando en mayor medida los procesos naturales y las interacciones beneficiosas para reducir el uso de insumos y mejorar la eficiencia de los sistemas agrícolas”, explicó Aparicio en respuesta científica al planteo de productores que argumentan que no existen métodos alternativos al sistema agroindustrial para obtener ganancias.

El estudio
Los resultados sobre plaguicidas en muestras de agua presentan un número variable de moléculas detectadas y cuantificadas a través del tiempo. En 2018 se hallaron 18 moléculas en una misma muestra de agua, en otro informe fueron 12 y en el último muestreo se redujo a 9.
“La tendencia de reducción en los números máximos de moléculas por muestra de agua, y la reducción en el número de moléculas detectadas en cada muestreo, podrían deberse a la medida cautelar dispuesta por el Juez en esta causa de prohibir fumigar a una distancia menor a los 1.095 metros”, destacó Aparicio.
También valoró que distanciar las fumigaciones de las zonas de bombeo de agua disminuye la probabilidad de que el plaguicida atraviese el suelo y llegue al agua subterránea. “Esta es especialmente vulnerable a la contaminación persistente por plaguicidas porque, a diferencia de los cuerpos de agua que fluyen, permanece relativamente más quieta. La contaminación por plaguicidas de estas fuentes de agua, da como resultado una exposición crónica a especies no objetivo y un riesgo significativo de resultados adversos para la salud”, agregó la ingeniera.
Entre las moléculas cuantificadas, el estudio menciona a la atrazina (uno de sus metabolitos: desetil atrazina) y 2,4D, los insecticidas imidacloprid y clorpirifós y el metolaclor. El documento presentado al Juez Villafuerte Ruzzo destaca que la atrazina es una sustancia química disruptiva endocrina que puede causar problemas reproductivos en especies animales y está asociada a bajo recuento de espermatozoides y retraso en el crecimiento intrauterino en humanos; que el agrotóxico 2,4D es posiblemente carcinogénico y el clorpirifos es un compuesto químico del grupo organofosforados, que se reconoce como la familia de plaguicidas más tóxica para las especies, incluido, los seres humanos.
La dispersión no intencional de plaguicidas fuera del lugar de aplicación es otro de los puntos que fueron referidos a la Justicia. En Argentina se generó información respecto de la presencia de plaguicidas en muestras de agua de lluvia, lo que implica que al momento de producirse la lluvia los plaguicidas se encontraban suspendidos en el aire, próximos o no próximos, al lugar de aplicación”, explicó Aparicio.

Transición a la agroecología
Además de resaltar que la reducción de plaguicidas en los cultivos beneficia a la salud de quienes habitan en cercanía a campos fumigados, el INTA propuso prácticas productivas que reducen o anulan la aplicación de agroquímicos como fertilizantes y plaguicidas.
El estudio de Chacra Integrada Barrow e INTA Balcarce comparó la productividad agronómica, algunos parámetros de suelo vinculados a su calidad y los resultados económicos mediante un análisis multitemporal entre sistemas de agricultura industrial y la transición agroecológica. Los resultados demostraron que los parámetros de suelo evaluados mejoraron en el sistema de transición agroecológica respecto de la agricultura industrial.
“El sistema de transición agroecológica propuesto podría ser aplicable en producciones extensivas con climas templados sin interferir con el sustento de los productores agrícolas y permite mejorar las condiciones del suelo. Es posible producir cultivos extensivos aprovechando en mayor medida los procesos naturales para reducir el uso de insumos y mejorar la eficiencia de los sistemas agrícolas”, finalizó la ingeniera.
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Treater, la empresa bajo la mira por contaminación ambiental en Vaca Muerta

Fecha de Publicación: 29/08/2020
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Neuquén


Distintas firmas ganaron contratos millonarios para tratamientos de lodos base aceite. Pero quedó un basurero a cielo abierto.
Amenaza ambiental en Neuquén luego que las petroleras contrataron el servicio de tratamiento de los lodos a Comarsa, Indarsa y Treater. La figura de Cenzón, exfuncionario macrista hoy instalada en los Estados Unidos.
La expansión de Vaca Muerta dio oportunidades de negocios en toda la cadena de producción hidrocarburífera. Treater, Crexell, Comarsa e Indarsa (TSB) son las empresas que ganaron millonarios contratos para hacerse cargo de los tratamientos de los lodos base aceite. Pero quedó un basurero a cielo abierto.
Una de las empresas beneficiadas es Treater SA, que prometió que se abocaría al tratamiento y disposición final de los residuos. Está apuntada por incumplir contratos con las petroleras y señalan lazos con Edgardo David Cenzón, exfuncionario de los gobiernos de la ciudad de Buenos Aires primero y de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires después. El dirigente macrista eligió irse a vivir a los Estados Unidos.
Treater inició sus movimientos en provincias petroleras en 2012 de la mano de José Ignacio Lizarazu y Sebastián José Leis quienes formaron Treater en Río Negro, Mendoza, Chubut y Santa Cruz, para “la extracción, transporte, tratamiento o remediación, disposición final de residuos especiales, cloacales, pluviales, sanitarios, patógenos, peligrosos, contaminantes” y “el transporte en el marco de la explotación del objeto principal, de cargas generales, líquidos y fluidos, agua potable o para potabilizar; administración de terminales y estaciones de transferencia de lo que se porte”, de acuerdo a los objetos originales inscriptos en los boletines oficiales.
Según una nota de El Cohete a la Luna, en 2017 en Treater Neuquén ingresó como presidente Cenzón, recaudador de fondos de campaña del macrismo, quien se desempeñó como ministro de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en tiempos de Macri como jefe de Gobierno, y luego como ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Vidal.
El desarrollo del fracking en Vaca Muerta amplió las oportunidades de negocios para Treater. Con su SA, Neuquén presentó ante la provincia de Río Negro un proyecto de construcción, funcionamiento y abandono de la planta de tratamiento y disposición final para residuos especiales sobre la Ruta 151 en el paraje Sargento Vidal, zona rural del municipio Campo Grande.
El basurero ocupa 45 de las 11.300 hectáreas de José Bravo con permiso de ocupación ya que son tierras fiscales, según el plano de mensura que consta en el registro de catastro público. Según el estudio de impacto ambiental que tomó estado público, Treater Río Negro S.A alquiló a Bravo con opción a compra la fracción en la que se instalará el proyecto mientras se formaliza el traslado de los derechos contractuales a Treater Neuquén. La versión Neuquén es la que presentó el proyecto, que iniciará la adquisición definitiva del predio. Por ley de Tierras vigente en esa provincia los titulares de ocupación en tierras fiscales no pueden trasladar dominio ni alquilar, como en el caso de la supuesta operación de compra-venta de Bravo/Treater.
Las petroleras Exxon, Shell e YPF son las contratistas de este servicio, por el cual abonaron y ahora se encuentran frente a un grave problema ambiental.
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Diputados buscan llegar a un consenso sobre la ley de humedales

Fecha de Publicación: 29/08/2020
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


La comisión de Recursos Naturales y Ambiente de Diputados analizó las iniciativas que plantean la protección de los humedales, en medio de los incendios en el Delta del Paraná.
La comisión de Recursos Naturales y Conservaciones del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados comenzó a avanzar en el análisis de los nueve proyectos de ley de humedales que buscan establecer presupuestos mínimos para la protección del ambiente, con la intención de lograr un dictamen único de todas las fuerzas políticas.
El presidente de la comisión, Leonardo Grosso adelantó la voluntad del Frente de Todos de conseguir un acuerdo con todas las fuerzas políticas y dijo que se analiza "con asesores los nueve proyectos presentados por los legisladores de diferentes extracción política". "Vamos a empezar a ahondar criterios en busca de avanzar en el tratamiento de una ley de humedales", precisó el legislador.
La intención de los diputados es consensuar un dictamen único para facilitar su sanción en la cámara baja, donde existe una marcada paridad entre el oficialismo y la oposición.
En la comisión, hay proyectos de ley para proteger los humedales que fueron presentados por Grosso, los diputados de Juntos por el Cambio, Brenda Austin, de Consenso Federal, Graciela Camaño, del Frente de Todos, Germán Martínez, de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, y del socialismo Enrique Estévez.
En tanto, la comisión de Recursos Naturales realizó la tercera reunión informativa, en la que expusieron especialistas en medio ambiente y representantes de emprendimientos inmobiliarios. El debate se realiza mientras persiste la preocupación por los incendios en las islas del delta del Paraná.
Santiago Bolo Bolaño administrador de la estancia y reserva natural "El Cachapé" en el este del Chaco, dijo que necesitan "de los humedales y del ambiente tal cual está con sus recursos. La ley de humedales tendría que ser visible por los servicios que todos esos ambientes brindan", y pidió frenar "el avance de los grandes proyectos inmobiliarios" .
La diputada provincial entrerriana y exlegisladora nacional, Gracia Jaroslavsky, sostuvo que esta ley debe "implicar un cambio de cultura donde se tenga claro el camino para proteger los humedales" y señaló que "la naturaleza nos está gritando claramente que no estamos haciendo las cosas bien".
Jerónimo Valle, licenciado en Ciencias Ambientales UBA y primer intendente del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, señaló que "se debe buscar la mejor ley progresista" y consideró que "no se debe modificar el ambiente para que se adapte a nosotros".
En tanto, el presidente de la Cámara de Desarrolladores Urbanos, Damián Tabakman, afirmó que están "comprometidos con una inversión sustentable", por lo que pidieron que "la clasificación de humedales se realice de la manera más racional posible para crear un marco que permite la inversión".
En tanto, el secretario de la Cooperativa Apícola APINOC de la provincia de Córdoba, Eduardo Martínez, expresó su respaldo "a los proyectos que están ligados a la biodiversidad, la ampliación de una zona a la reserva natural del Uritorco y a los que se vienen trabajando".
Cecilia Martínez, miembro de la Cooperativa de Junqueros Isla Esperanza, manifestó que "nos han venido a invadir y arrasar nuestra forma de vida" y destacó que "los humedales son todo para nosotros, nos representan ya que sabemos lo que significan para el ecosistema y su diversidad".
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Vecinos y surfistas de la zona norte buscan detener la contaminación en playas

Fecha de Publicación: 29/08/2020
Fuente: Telam
Provincia/Región: Buenos Aires


Organizaron una campaña para visibilizar y exigir una solución a la basura que se acumula, con las tormentas, en el mar y la playa, debido a un desagüe pluvial que desemboca directo en la arena.
Vecinos y surfistas organizaron una campaña para visibilizar y exigir una solución a la basura que se acumula, con las tormentas, en el mar y la playa de la zona norte de Mar del Plata, debido a un desagüe pluvial que desemboca directo en la arena.
El desagüe de la avenida Constitución y el Boulevard Marítimo es uno de los más importantes de la localidad balnearia, y su impacto sobre la línea de costa es apreciable luego de cada tormenta, con botellas, bolsas de nailon, envoltorios de productos comestibles, restos de líquidos contaminantes y residuos de todo tipo que terminan en el mar y en la playa.
A poco menos de cuatro meses de la próxima temporada, un grupo de residentes y surfistas decidió realizar una convocatoria para el próximo viernes, en la que intentarán dar visibilidad a esta problemática y pedir que el Municipio dé una respuesta.
Junto a ambientalistas, activistas y referentes del surf local y nacional, recorrerán la zona para amplificar el reclamo y explicar el impacto que este foco de contaminación provoca en el medio ambiente, así como los riesgos que implica para miles de turistas y residentes que cara verano eligen esas playas, en una de las zonas de mayor crecimiento urbano y demográfico de la ciudad.
Manuel González, uno de los impulsores de la convocatoria, explicó a Télam que "el objetivo es pedir que se resuelva de una vez una situación que está a la vista de todos cada vez que llueve y que es tema constante de charla entre los vecinos y surfistas de ese sector de la ciudad".
González aseguró que el desagüe "lleva directo a la playa y al mar toda la basura que hay en la calle y que se acumula en una especie de laguna" e indicó que la campaña lanzada apunta "a buscar una solución a través de las obras necesarias desde el Municipio" y a su vez a "concientizar a los vecinos para que eviten dejar residuos en cada esquina, que terminan en el desagüe apenas llueve".
La convocatoria cuenta con el apoyo de la Asociación de Surf Argentina (ASA), que desde hace años reclama una solución, y que ha respaldado incluso un proyecto que propone transformar el lugar en un paseo recreativo, a través de la canalización de la desembocadura de ese pluvial.
"La cantidad de basura que se junta sobre la playa y termina en el mar cada vez que llueve es tremenda. Y nosotros nos sumamos institucionalmente al reclamo para que se hagan las obras necesarias", aseguró a Télam Freddy Tórtora, presidente de la ASA.
Tórtora explicó que si bien existen reglamentaciones para que se coloquen mallas de contención, "en la actualidad, toda el agua que baja cae directamente en la playa con todo lo que arrastra".
En diciembre de 2016 se sancionó una ordenanza municipal que establece que deben colocarse mallas o redes de contención para los residuos sólidos en las desembocaduras de vertidos pluviales sobre el mar y las playas, pero esto no se aplica en el caso de este desagüe, y ante cada lluvia se genera un espejo de agua mezclada con basura sobre la arena y ocupa un sector importante de la playa.
Esa normativa encomienda a Obras Sanitarias Sociedad de Estado a retirar "periódicamente los residuos y desechos contenidos en las mallas y/o redes, intensificándose el mantenimiento luego de cada período de lluvia".
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En Corrientes se han perdido 700 mil hectáreas de espacios naturales y mil hectáreas de forestación arrasadas por las llamas

Fecha de Publicación: 28/08/2020
Fuente: Momarandu
Provincia/Región: Nacional


Así lo señaló a momarandu.com el jefe de Operaciones de Defensa Civil, Orlando Bertoni. Los incendios se han dado en once localidades de Corrientes, y han alcanzado casas, vehículos y cuarenta hectáreas de la Reserva Ecológica de San Cayetano. “Estamos en un impasse, pero sólo por el hecho de que no están soplando los vientos, eso no quiere decir que no podamos tener algún foco", señaló Bertoni. Las fuerzas de apoyo continúan en "alerta máxima".
“Los focos más grandes se han terminado alrededor de esta madrugada, los cuales fueron controlados, pero, obviamente hubo serias pérdidas de campo y forestación", dijo hoy miércoles 26 de agosto, el jefe de Operaciones de Defensa Civil, Orlando Bertoni, a momarandu.com.
En las últimas temporadas, "en total, en la provincia ya se han quemado más de 700 mil hectáreas, y aproximadamente mil hectáreas de forestación. No habría foco, en estas horas. Los focos de mayor preocupación fueron en Tatacuá, el embalsado que se quemó en las puertas de la localidad de Saladas, lo que fue Riachuelo, donde fueron focos muy fuertes y los focos de Mburucuyá, en la que se han quemado parte de galpones, coches, cayó el tendido eléctrico y se quedó la localidad sin luz por algunas horas", precisó.
"No hay forma de que estos incendios se produzcan naturalmente; esto es que alguien tiene maldad de empezar los incendios hasta la banquina, que eso hace una cadena hacia el campo, caen tendidos de alambres, postes y ahí va con la quema, que continúa con los postes eléctricos. La gente imprudente no entra en caja que estamos en una gran sequía; es una gran preocupación. Son incendios intencionales", afirmó Bertoni, molesto con la situación.
Según los registros de Defensa Civil, debieron ser atendidos focos ígneos desatados en diversos puntos de la capital, tanto como en San Luis del Palmar, Itatí, Santa Lucía, Paso de la Patria, Bella Vista, Goya, Alvear, Santa Ana y los de mayor volumen se encontraron en campos de Empedrado, Sombrero y Riachuelo.
A pesar del trabajo de los bomberos voluntarios de Riachuelo, Capital y San Cayetano, las llamas también habrían destruido más de cuarenta hectáreas de pastizales y palmares en la Reserva Ecológica de Corrientes dentro del Parque Provincial San Cayetano. De acuerdo al director de la Estación Biológica Corrientes -Conicet., Martín Kowalewski, en este lugar se habría quemado "la mitad" de la totalidad de la Reserva, con pastizales y palmares dentro.
Las fuerzas de apoyo continúan en "alerta máxima".
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Piden que se indague a empresarios por contaminación del río Negro

Fecha de Publicación: 28/08/2020
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco


Lo solicitó el fiscal federal. Ya se realizaron pericias que arrojaron alarmantes resultados. La denuncia la presentó el dirigente indígena Félix Díaz.
El fiscal federal Patricio Sabadini pidió que se indague a los responsables de un frigorífico, que funciona bajo la modalidad de cooperativa de trabajo, y a los titulares de una curtiembre por supuesta contaminación del Río Negro, un afluente del Paraná.
Concretamente para el fiscal hay elementos para creer que deben ser indagados por el artículo 55 de la Ley 24051, Ley de Residuos Peligrosos, que establece que “será reprimido con las mismas penas establecidas en el artículo 200 del Código Penal, el que, utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”.
La causa comenzó con la denuncia que presentó Félix Díaz, como presidente del Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la República Argentina, ante el fiscal Federal a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA), Ramiro González.
Y en la misma indicó que un frigorífico vertería residuos en el Río Negro y que ello generaría un grave riesgo a la salud de las comunidades indígenas del Barrio Toba, Barrio Timbó, asentamiento Berta Cáceres, Asentamiento Timbó, asentamiento La Paz, Chelillí y Barrio Crescencio I y II.
Al poco tiempo se realizó un gran trabajo pericial por esta causa que incluyó allanamientos y extracciones de muestras en las inmediaciones de diversas fábricas ubicadas en la zona de la Ruta Nacional 16.
También se supo que el peritaje realizado determinó que los vertidos desechados al Río Negro por la curtiembre y la cooperativa presentan valores que superan las concentraciones permitidas.
Y los análisis efectuados sobre el río chaqueño permitieron divisar valores altos de cinc y plomo por fuera de los niveles guía de calidad de agua para protección de vida acuática.
Además estos elevados niveles de plomo y cinc fueron detectados entre la curtiembre y el matadero.
Toda la contaminación detectada podría trasladarse a otras jurisdicciones, tomando en consideración que las aguas del Río Negro confluyen en el Río Paraná, luego de desembocar en el riacho Barranqueras.
“La incriminación penal apunta directamente contra las conductas que afectan a la salud pública, pero con un alcance más amplio que el concepto de salud pública contemplado por el Código Penal. Ya que este peligro a la salud no puede estar desconectado del objeto de protección especifico de la norma, que está integrado por el suelo, el agua, la atmósfera y el ambiente general que exige daño”, indicó una fuente consultada.
“Las aguas del río Negro confluyen en el río Paraná, luego de desembocar en el riacho Barranqueras por lo tanto la contaminación puede ser transportada a otras jurisdicciones y al río Paraná, afectando de esta manera a las personas y al ambiente fuera de los límites de esta provincia, por tratarte el agua de un medio móvil, con flujo constante de materiales”, añadió la fuente consultada.
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Santa Fe dio media sanción a proyecto de ley para impulsar uso de biodiésel

Fecha de Publicación: 28/08/2020
Fuente: BAE Negocios
Provincia/Región: Santa Fe


La iniciativa busca aumentar la participación de este biocombustible en actividades vinculadas al sector agropecuario, transporte de pásajeros y espectáculos públicos, entre otros
La Cámara de Senadores de Santa Fe dio media sanción al proyecto de ley para impulsar el uso de biodiesel en diversas actividades, como el agro, transporte públicos y espectáculos, entre otras. La cadena de valor de este biocombustible destacó que esta iniciativa permitirá consolidar al sector de bioenergías, en un escenario de incertidumbre por la falta de un precio de referencia. Con respecto a la reciente designación de Darío Martínez como nuevo Secretario de Energía, en reemplazo de Sergio Lanziani, las cámaras que nuclean a las fábricas tanto de biodiesel como bioetanol remarcaron sus expectativas favorables en relación al nombramiento.
El proyecto de ley que cuenta con media sanción fue elaborado por el senador justicialista Armando Traferri. Entre sus principales puntos, la normativa fija parámetros para el uso de biodiesel de máxima pureza, tanto en el ámbito público como privado. En el caso de obras públicas, el texto de la normativa señala que se deberá incorporar la exigencia de B100 (biodiesel de máxima pureza) en los pliegos de contratación de las obras. Por el lado del sector privado, prevé beneficios tributarios tales como la exención o reducción en impuestos como Ingresos Brutos y Patentes.
Juan Facciano, director de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer), destacó la potencialidad de esta cadena para el agregado de valor y citó el ejemplo del programa "Bio Bus", que desde 2019 provee a toda la flota de transporte público de Rosario y otras localidades de B100. Este proyecto avanza mientras el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) trabaja junto al Gobierno nacional en un plan para impulsar las exportaciones de la agroindustria y generar 700.000 puestos de trabajo.
La designación del nuevo titular de la cartera de Energía no pasó desapercibida en el sector. Ante una consulta de BAE Negocios, el director Ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, Patrick Adam, reconoció que esperan que el funcionario "normalice al sector y cumpla con lo que determina la ley, especialmente en lo referido a la actualización del precio". En el caso de esta producción, desde diciembre no registra variaciones y es de $29,808 por litro.
En el caso del biodiésel, el escenario de precios es similar, en el marco de una industria que cuenta con una capacidad instalada de 4,5 millones de toneladas y es una de las más eficientes a nivel mundial. En 2019, estas fábricas cerraron el año con una producción cercana a los 2,2 millones de toneladas y divididos en partes casi iguales entre mercado interno y exportación. Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles, Luis Zubizarreta, consideró que buscarán generar una agenda conjunta con la Secretaria de Energía para desarrollar una nueva Ley de Biocombustibles, que vence en mayo de 2021.
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