Rechazo de la Justicia a Bayer por patentes de gen
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La justicia rechazó un reclamo de Bayer de patentar un gen que le da a la soja mas tolerancia al glifosato
Fecha de Publicación: 04/01/2020
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
El Juzgado Federal Civil y Comercial N°8 porteño no dio lugar a la demanda presentada por el gigante alemán contra el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Organizaciones ambientales celebraron el fallo. "Se priorizó el bien común de toda la sociedad civil por sobre la pretensión apropiadora de la empresa sobre las semillas".
El Juzgado Federal Civil y Comercial N° 8 porteño rechazó la demanda presentada por Bayer en la que reclamaba derechos de patentes por una invención de secuencia genética que les permite a las plantas modificadas con el transgen (el gen extraño que lleva inserta la secuencia genética) tolerar niveles de hasta 4 kg/ha de glifosato. La organización Naturaleza de Derechos, que monitoreó la causa desde su origen en 2012, celebró “el rechazo a la pretensión apropiadora de Bayer sobre las semillas, priorizando el bien común de toda la sociedad civil de Argentina”.
Se trata de la causa "Bayer Crospience SA c/ Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual" que estuvo frenada hasta noviembre de 2015, cuando la Cámara Federal Civil y Comercial de la Ciudad de Buenos Aires rechazó la pretensión de la empresa (hoy Bayer - Monsanto) que perseguía un objetivo mucho más amplio: patentar la totalidad de las plantas transgénicas. En aquella oportunidad, el tribunal sostuvo que “la molécula de ADN recombinante, las células vegetales transformadas por ella y las plantas generadas a partir de estas últimas incluidas en la solicitud de Bayer, es materia no patentable”.
Además, consideró que “cualquier aporte técnico que se realice en el campo de la biotecnología y que tenga aplicación industrial no necesariamente es patentable, ya que la mera innovación no es equiparable a la inventiva, pues se nos presenta solo una modificación de la materia ya existente en la naturaleza que no constituye creación humana alguna, requisito esencial para la procedencia del patentamiento previsto en la legislación”.
Frente al revés judicial, Bayer reactivó su reclamo, ya no por una molécula de ADN recombinante y las células vegetales insertas, sino por el reconocimiento de los derechos de patentes de secuencias genéticas, bajo la consideración de que las mismas son construcciones que se realizan artificialmente en los laboratorios, es decir, según el gigante alemán, no formarían parte de la planta, y por ello, serían patentables.
“El transgen con la secuencia genética, que sería como un código de barras, se insertan en la planta y hace que tolere el glifosato. El primer transgen, de mediados de los 90, hacía que la planta tolerara 0.8 kilos/litros de glifosato por hectárea. El que reclamaba Bayer toleraba 4 kilos/ litros y apunta, sobre todo, a la soja y al maíz. Los nuevos códigos, por ejemplo los de 2019, toleran más de 10 litros”, explica Fernando Cabaleiro, abogado e integrante de Naturaleza de Derechos, la ONG que expuso sobre la pretensión de Bayer en el panel inicial de la Asamblea de los Pueblos, en el marco del Tribunal Monsanto de octubre de 2016 en La Haya.
Ahora, el fallo del juez Marcelo Gota consideró, en base a las conclusiones de peritos, que “la accionante (Bayer) no ha logrado demostrar la ilegitimidad de la conducta del instituto emplazado (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial). Ante ello, es oportuno reiterar la regla que predica que quien demanda tiene a su cargo la prueba, quien aduce una situación de hecho tiene la carga de aportar evidencia suficiente, punto elemental para fundar su pretensión, porque no es posible dictar una sentencia condenatoria sobre la base de meras conjeturas, máxima en asuntos de ribetes técnico científicos como el presente”.
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Fecha de Publicación: 04/01/2020
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
El Juzgado Federal Civil y Comercial N°8 porteño no dio lugar a la demanda presentada por el gigante alemán contra el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Organizaciones ambientales celebraron el fallo. "Se priorizó el bien común de toda la sociedad civil por sobre la pretensión apropiadora de la empresa sobre las semillas".
El Juzgado Federal Civil y Comercial N° 8 porteño rechazó la demanda presentada por Bayer en la que reclamaba derechos de patentes por una invención de secuencia genética que les permite a las plantas modificadas con el transgen (el gen extraño que lleva inserta la secuencia genética) tolerar niveles de hasta 4 kg/ha de glifosato. La organización Naturaleza de Derechos, que monitoreó la causa desde su origen en 2012, celebró “el rechazo a la pretensión apropiadora de Bayer sobre las semillas, priorizando el bien común de toda la sociedad civil de Argentina”.
Se trata de la causa "Bayer Crospience SA c/ Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual" que estuvo frenada hasta noviembre de 2015, cuando la Cámara Federal Civil y Comercial de la Ciudad de Buenos Aires rechazó la pretensión de la empresa (hoy Bayer - Monsanto) que perseguía un objetivo mucho más amplio: patentar la totalidad de las plantas transgénicas. En aquella oportunidad, el tribunal sostuvo que “la molécula de ADN recombinante, las células vegetales transformadas por ella y las plantas generadas a partir de estas últimas incluidas en la solicitud de Bayer, es materia no patentable”.
Además, consideró que “cualquier aporte técnico que se realice en el campo de la biotecnología y que tenga aplicación industrial no necesariamente es patentable, ya que la mera innovación no es equiparable a la inventiva, pues se nos presenta solo una modificación de la materia ya existente en la naturaleza que no constituye creación humana alguna, requisito esencial para la procedencia del patentamiento previsto en la legislación”.
Frente al revés judicial, Bayer reactivó su reclamo, ya no por una molécula de ADN recombinante y las células vegetales insertas, sino por el reconocimiento de los derechos de patentes de secuencias genéticas, bajo la consideración de que las mismas son construcciones que se realizan artificialmente en los laboratorios, es decir, según el gigante alemán, no formarían parte de la planta, y por ello, serían patentables.
“El transgen con la secuencia genética, que sería como un código de barras, se insertan en la planta y hace que tolere el glifosato. El primer transgen, de mediados de los 90, hacía que la planta tolerara 0.8 kilos/litros de glifosato por hectárea. El que reclamaba Bayer toleraba 4 kilos/ litros y apunta, sobre todo, a la soja y al maíz. Los nuevos códigos, por ejemplo los de 2019, toleran más de 10 litros”, explica Fernando Cabaleiro, abogado e integrante de Naturaleza de Derechos, la ONG que expuso sobre la pretensión de Bayer en el panel inicial de la Asamblea de los Pueblos, en el marco del Tribunal Monsanto de octubre de 2016 en La Haya.
Ahora, el fallo del juez Marcelo Gota consideró, en base a las conclusiones de peritos, que “la accionante (Bayer) no ha logrado demostrar la ilegitimidad de la conducta del instituto emplazado (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial). Ante ello, es oportuno reiterar la regla que predica que quien demanda tiene a su cargo la prueba, quien aduce una situación de hecho tiene la carga de aportar evidencia suficiente, punto elemental para fundar su pretensión, porque no es posible dictar una sentencia condenatoria sobre la base de meras conjeturas, máxima en asuntos de ribetes técnico científicos como el presente”.
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Localidad de Córdoba de acampe contra fumigaciones
Córdoba: 80 días de acampe contra fumigaciones con agroquímicos
Fecha de Publicación: 04/01/2020
Fuente: notasperiodismopopular.com.ar
Provincia/Región: Córdoba
Habitantes de Sebastián Elcano, una pequeña localidad de 3 mil personas, se mantienen en pie de lucha y reclaman la efectiva aplicación de una ley provincial que prohíbe la utilización de productos con glifosato.
En la ciudad cordobesa de Sebastián Elcano los vecinos y las vecinas mantienen un acampe desde hace más de 80 días en reclamo contra el uso de agroquímicos para fumigaciones rurales. Denuncian que no se cumple con la ley ni se realizan controles regulatorios.
Desde la Asamblea de Autoconvocados de Sebastián Elcano explicaron que el municipio no garantiza el cumplimiento de la Ley Provincial de Agroquímicos Nº 9.164 frente a situaciones de fumigaciones ilegales. Por el contrario, son les habitantes quienes alertan frente a cada pulverización con sustancias tóxicas.
Sin ir más lejos, cuentan que presentaron iniciativas al intendente radical, Manolo Bonaldi, que fueron cajoneadas, o peor, modificadas con puntos que retrotraían lo pedido originalmente por la asamblea.
En concreto, el municipio ofertó restringir las fumigaciones a sólo 100 metros del ejido urbano, cuando el reclamo asambleario es por 1.500 metros de distancia para aplicaciones terrestres y 3.000 metros para las aéreas.
Mónica Ponce, integrante de la Federación de Organizaciones de Base (FOB) y de la asamblea, explicó en diálogo con La Ronda que ya presentaron denuncias por contaminación ambiental, luego de que varias personas comenzaran a registrar serios problemas en su salud.
Además, consideró que Sebastián Elcano no era el único pueblo que está siendo invadido por fumigaciones con agrotóxicos sino también localidades cercanas.
“Queremos concientizar a las otras regiones de que nos están envenenando para que los vecinos hagan el mismo paso que estamos haciendo nosotros y se vea que se puede sembrar y trabajar sin agrotóxicos”, concluyó.
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Fecha de Publicación: 04/01/2020
Fuente: notasperiodismopopular.com.ar
Provincia/Región: Córdoba
Habitantes de Sebastián Elcano, una pequeña localidad de 3 mil personas, se mantienen en pie de lucha y reclaman la efectiva aplicación de una ley provincial que prohíbe la utilización de productos con glifosato.
En la ciudad cordobesa de Sebastián Elcano los vecinos y las vecinas mantienen un acampe desde hace más de 80 días en reclamo contra el uso de agroquímicos para fumigaciones rurales. Denuncian que no se cumple con la ley ni se realizan controles regulatorios.
Desde la Asamblea de Autoconvocados de Sebastián Elcano explicaron que el municipio no garantiza el cumplimiento de la Ley Provincial de Agroquímicos Nº 9.164 frente a situaciones de fumigaciones ilegales. Por el contrario, son les habitantes quienes alertan frente a cada pulverización con sustancias tóxicas.
Sin ir más lejos, cuentan que presentaron iniciativas al intendente radical, Manolo Bonaldi, que fueron cajoneadas, o peor, modificadas con puntos que retrotraían lo pedido originalmente por la asamblea.
En concreto, el municipio ofertó restringir las fumigaciones a sólo 100 metros del ejido urbano, cuando el reclamo asambleario es por 1.500 metros de distancia para aplicaciones terrestres y 3.000 metros para las aéreas.
Mónica Ponce, integrante de la Federación de Organizaciones de Base (FOB) y de la asamblea, explicó en diálogo con La Ronda que ya presentaron denuncias por contaminación ambiental, luego de que varias personas comenzaran a registrar serios problemas en su salud.
Además, consideró que Sebastián Elcano no era el único pueblo que está siendo invadido por fumigaciones con agrotóxicos sino también localidades cercanas.
“Queremos concientizar a las otras regiones de que nos están envenenando para que los vecinos hagan el mismo paso que estamos haciendo nosotros y se vea que se puede sembrar y trabajar sin agrotóxicos”, concluyó.
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Neuquén y el ordenamiento territorial de sus bosques nativos
El ordenamiento territorial de los bosques nativos en Neuquén
Fecha de Publicación: 04/01/2020
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
En el marco de la ley nacional Nº 26331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, la Provincia del Neuquén promulgó en 2011 la ley provincial Nº 2780 de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN). De acuerdo a la normativa nacional mencionada, el OTBN de cada provincia debe actualizarse obligatoriamente cada 5 años. Para ello existe una metodología que se debe respetar, aprobada por el Consejo Federal de Medio Ambiente, un órgano de concertación de las políticas ambientales en el que participan las provincias y el Ejecutivo nacional. En Neuquén, la metodología planteada fue aplicada en su totalidad, garantizando la participación en cada una de las instancias propuestas por la ley nacional.
Un Ordenamiento Territorial es una herramienta de planificación que contempla políticas económicas, sociales, culturales y ambientales. Esto requiere la integración, de manera sustentable, de las actividades económicas, la preservación ambiental y la diversidad cultural. Los ordenamientos territoriales contribuyen a dar respuestas a las problemáticas de los habitantes de ese territorio, orientando el accionar tanto de privados como de organismos públicos. En el caso de los bosques nativos, resulta imprescindible para la priorización de áreas de conservación, restauración y manejo de esos bosques.
En este contexto el ex Ministerio de Producción y Turismo, actual Ministerio de Producción e Industria, inició el proceso de actualización en el 2016, que terminó recién en octubre de 2019.
La normativa nacional considera estas actualizaciones como procesos de revisión integral, incluyendo tanto los aspectos normativos como la zonificación de los bosques a escala provincial.
Esta zonificación es el resultado del análisis del territorio y la aplicación de los 10 Criterios de Sustentabilidad Ambiental establecidos en la ley nacional, en connivencia con talleres participativos y abiertos a las comunidades que se asientan en los sistemas de bosques nativos provinciales, y también con relevamientos a campo para corroboración y ajuste de la información elaborada. Estos resultados se van volcando y analizando sobre un sistema de información geográfica.
El proceso de OTBN que ha finalizado en nuestra provincia ha dado como resultado el aumento de la superficie de bosques nativos en casi 50.000 hectáreas y un aumento considerable de la categoría de máxima conservación (roja).
Ello no se debe a que entre 2011 y 2019 se extendieron los sistemas de bosques, sino a que se trabajó sostenidamente en mejorar la metodología para su análisis, teniendo en cuenta no solo las coberturas existentes de los sistemas de información geográfica, sino que se integraron y analizaron los aportes de los actores sociales presentes en los talleres abiertos (instituciones locales, provinciales y nacionales, organizaciones no gubernamentales, comunidades originarias) que se fueron realizando en las distintas localidades de la provincia, al igual que en las instancias de reunión particulares con comunidades originarias inmersas en el bosque y, por supuesto, las contribuciones de técnicos institucionales y privados, con experiencia en la materia.
Asimismo, y como parte del proceso, se trabajó conjuntamente con las áreas competentes de los municipios que tienen bosques nativos dentro de sus ejidos, con el fin de compatibilizar su planificación territorial –en pos de su autonomía y visión sobre el desarrollo de su comunidad– con la normativa nacional y provincial, objeto de esta actualización.
Si bien la metodología de análisis ha sido perfeccionada, tanto por la existencia de nuevas tecnologías a nivel de sistemas de información geográfica e imágenes satelitales, el estudio de los criterios de sustentabilidad y los talleres realizados, existen ciertas limitaciones de la normativa actual que, en algunos casos, se contraponen con las actividades económicas, sociales, culturales y ancestrales existentes en nuestra provincia, aun décadas antes de que se pensara una ley de presupuestos mínimos para los bosques nativos a nivel nacional.
Esta ley de OTBN permite planificar y ordenar el territorio con presencia de bosques. No tiene competencia en el análisis y aprobación de desarrollos inmobiliarios.
Es por ello que, para respetar las actividades preexistentes a la ley y no cerciorar derechos individuales ni colectivos, en el anteproyecto de ley elevado a la Legislatura provincial se proponen modificaciones a la ley 2780, para poder compatibilizarlas. El caso más representativo es el de los crianceros trashumantes cuyas veranadas se encuentran dentro de las áreas de mayor conservación de los bosques nativos.
Y es por ello que en la categoría roja se incluyó especialmente la consideración de sus actividades, que también se sustentan en la ley provincial N° 3016 de trashumancia, promulgada en 2017.
Asimismo, cabe aclarar que si bien esta ley de OTBN permite planificar y ordenar el territorio con presencia de bosques, no tiene competencia en el análisis y aprobación de desarrollos inmobiliarios, ya sea preexistentes a la sanción de la ley en la provincia, o posteriores.
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Fecha de Publicación: 04/01/2020
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
En el marco de la ley nacional Nº 26331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, la Provincia del Neuquén promulgó en 2011 la ley provincial Nº 2780 de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN). De acuerdo a la normativa nacional mencionada, el OTBN de cada provincia debe actualizarse obligatoriamente cada 5 años. Para ello existe una metodología que se debe respetar, aprobada por el Consejo Federal de Medio Ambiente, un órgano de concertación de las políticas ambientales en el que participan las provincias y el Ejecutivo nacional. En Neuquén, la metodología planteada fue aplicada en su totalidad, garantizando la participación en cada una de las instancias propuestas por la ley nacional.
Un Ordenamiento Territorial es una herramienta de planificación que contempla políticas económicas, sociales, culturales y ambientales. Esto requiere la integración, de manera sustentable, de las actividades económicas, la preservación ambiental y la diversidad cultural. Los ordenamientos territoriales contribuyen a dar respuestas a las problemáticas de los habitantes de ese territorio, orientando el accionar tanto de privados como de organismos públicos. En el caso de los bosques nativos, resulta imprescindible para la priorización de áreas de conservación, restauración y manejo de esos bosques.
En este contexto el ex Ministerio de Producción y Turismo, actual Ministerio de Producción e Industria, inició el proceso de actualización en el 2016, que terminó recién en octubre de 2019.
La normativa nacional considera estas actualizaciones como procesos de revisión integral, incluyendo tanto los aspectos normativos como la zonificación de los bosques a escala provincial.
Esta zonificación es el resultado del análisis del territorio y la aplicación de los 10 Criterios de Sustentabilidad Ambiental establecidos en la ley nacional, en connivencia con talleres participativos y abiertos a las comunidades que se asientan en los sistemas de bosques nativos provinciales, y también con relevamientos a campo para corroboración y ajuste de la información elaborada. Estos resultados se van volcando y analizando sobre un sistema de información geográfica.
El proceso de OTBN que ha finalizado en nuestra provincia ha dado como resultado el aumento de la superficie de bosques nativos en casi 50.000 hectáreas y un aumento considerable de la categoría de máxima conservación (roja).
Ello no se debe a que entre 2011 y 2019 se extendieron los sistemas de bosques, sino a que se trabajó sostenidamente en mejorar la metodología para su análisis, teniendo en cuenta no solo las coberturas existentes de los sistemas de información geográfica, sino que se integraron y analizaron los aportes de los actores sociales presentes en los talleres abiertos (instituciones locales, provinciales y nacionales, organizaciones no gubernamentales, comunidades originarias) que se fueron realizando en las distintas localidades de la provincia, al igual que en las instancias de reunión particulares con comunidades originarias inmersas en el bosque y, por supuesto, las contribuciones de técnicos institucionales y privados, con experiencia en la materia.
Asimismo, y como parte del proceso, se trabajó conjuntamente con las áreas competentes de los municipios que tienen bosques nativos dentro de sus ejidos, con el fin de compatibilizar su planificación territorial –en pos de su autonomía y visión sobre el desarrollo de su comunidad– con la normativa nacional y provincial, objeto de esta actualización.
Si bien la metodología de análisis ha sido perfeccionada, tanto por la existencia de nuevas tecnologías a nivel de sistemas de información geográfica e imágenes satelitales, el estudio de los criterios de sustentabilidad y los talleres realizados, existen ciertas limitaciones de la normativa actual que, en algunos casos, se contraponen con las actividades económicas, sociales, culturales y ancestrales existentes en nuestra provincia, aun décadas antes de que se pensara una ley de presupuestos mínimos para los bosques nativos a nivel nacional.
Esta ley de OTBN permite planificar y ordenar el territorio con presencia de bosques. No tiene competencia en el análisis y aprobación de desarrollos inmobiliarios.
Es por ello que, para respetar las actividades preexistentes a la ley y no cerciorar derechos individuales ni colectivos, en el anteproyecto de ley elevado a la Legislatura provincial se proponen modificaciones a la ley 2780, para poder compatibilizarlas. El caso más representativo es el de los crianceros trashumantes cuyas veranadas se encuentran dentro de las áreas de mayor conservación de los bosques nativos.
Y es por ello que en la categoría roja se incluyó especialmente la consideración de sus actividades, que también se sustentan en la ley provincial N° 3016 de trashumancia, promulgada en 2017.
Asimismo, cabe aclarar que si bien esta ley de OTBN permite planificar y ordenar el territorio con presencia de bosques, no tiene competencia en el análisis y aprobación de desarrollos inmobiliarios, ya sea preexistentes a la sanción de la ley en la provincia, o posteriores.
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Chaco: confirman cautelar por desmontes
Confirman la medida cautelar que suspendió desmontes en “Zona Amarilla” en el Chaco
Fecha de Publicación: 03/01/2020
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
Lo resolvió la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial en un fallo dictado a fines de noviembre. Así, ratificó la medida del juez Julián Flores, quién hizo lugar al planteo de la Defensoría del Pueblo del Chaco pero que aún no se expidió sobre la cuestión de fondo.
Un fallo de segunda instancia confirmó la suspensión de los permisos para desmontes en “zona amarilla” otorgados por el gobierno del Chaco hasta tanto se resuelva una acción de amparo mediante la cual la Defensoría del Pueblo del Chaco pidió que se declaren nulos todos esos permisos por violar la ley nacional de Presupuestos Mínimos de Bosques Nativos. Así, se confirma la resolución de primera instancia del titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 21 de Resistencia, Julián Flores, quién había hecho lugar a la medida cautelar innovativa del ombudsman provincial pero que aún no se expidió sobre la cuestión de fondo.
La sentencia, a la que tuvo acceso CHACODIAPORDIA.COM, fue dictada el 27 de noviembre pasado, y lleva las firmas de los camaristas Fernando Heñin y Diego Derewicki. Confirma, así, la medida dictada por el juez Flores mientras se sustancia la acción de amparo sobre la que el juez de primera instancia deberá expedirse.
En la presentación realizada por la Defensoría del Pueblo del Chaco se señalaba que por el decreto Nº 298/19 se habían derogado tres disposiciones de la Subsecretaría de Recursos Naturales del Chaco para “regular las presentaciones y evaluación de las solicitudes de revisión de categorías de conservación predial” -eufemismo técnico para referirse a los desmontes-. El decreto del por entonces gobernador Domingo Peppo buscaba crear un ámbito para garantizar la participación ciudadana y así recibir los aportes de las organizaciones ambientalistas. Sin embargo, esa resolución no había suspendido los desmontes por lo que solicitó a la justicia provincial la suspensión de esos permisos ya otorgados.
El fallo de Cámara
En sus fundamentos, el fallo de la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones recalca que la ley 26.331 señala en uno de sus artículos que no podrán autorizarse desmontes de bosques nativos en las categorías I (Rojo) y II (amarillo). También subraya cuáles son los requisitos a cumplir por quienes soliciten autorización para manejo sostenible de bosques nativos clasificados en las categorías II (Amarillo) y III (Verde) y que tales planes de acción deberán elaborarse de acuerdo a la reglamentación que para cada región y zona establezca la Autoridad de Aplicación. En el caso del Chaco, esta recae en la Subsecretaría de Recursos Naturales, siempre dependiente del Ministerio de Producción, algo cuestionado por las organizaciones ambientalistas que reclaman que la conservación de los bosques nativos quede bajo el ámbito de las áreas de Ambiente.
El fallo de Cámara advirtió una contradicción en cuanto a la apelación de la medida cautelar por parte de la Fiscalía de Estado, teniendo en cuenta que el propio Poder Ejecutivo había anulado el decreto 233/17 por lo que, según los camaristas, “válido es suponer que lo motiva, o la insuficiencia de tal normativa o su no adecuación a los presupuestos mínimos estipulados en las normas superiores”.
No retroceder
Por otro lado, la sentencia de la Cámara subrayó que “no puede soslayarse que la modificación de las leyes ambientales en modo alguno puede implicar un retroceso en los niveles de protección existentes, sino que debe propender a incrementarlos, puesto que cualquier disminución en la protección colisionaría directamente con los principios ambientales de ‘no regresión ambiental’, ‘equidad intergeneracional’, ‘precautorio’, de ‘progresividad’ y de ‘sustentabilidad'”. En ese contexto, también citaron una resolución del Consejo Federal de Medio Ambiente (CoFeMa), la 236/12, que puntualiza que “los cambios de zonificación prediales deberán ser concedidos solamente para casos excepcionales y nunca ser de aplicación general y sistemática, debiendo manejarse un criterio coherente con el principio de no regresividad en materia ambiental”.
Por último, los camaristas descartaron que con la medida judicial se afecten los derechos de terceros, es decir, de aquellos propietarios de predios rurales que habían solicitado los permisos de desmonte, y también señalaron que la Fiscalía de Estado no contaba con legitimación para presentarse en defensa de derechos de terceros.
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Fecha de Publicación: 03/01/2020
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
Lo resolvió la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial en un fallo dictado a fines de noviembre. Así, ratificó la medida del juez Julián Flores, quién hizo lugar al planteo de la Defensoría del Pueblo del Chaco pero que aún no se expidió sobre la cuestión de fondo.
Un fallo de segunda instancia confirmó la suspensión de los permisos para desmontes en “zona amarilla” otorgados por el gobierno del Chaco hasta tanto se resuelva una acción de amparo mediante la cual la Defensoría del Pueblo del Chaco pidió que se declaren nulos todos esos permisos por violar la ley nacional de Presupuestos Mínimos de Bosques Nativos. Así, se confirma la resolución de primera instancia del titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 21 de Resistencia, Julián Flores, quién había hecho lugar a la medida cautelar innovativa del ombudsman provincial pero que aún no se expidió sobre la cuestión de fondo.
La sentencia, a la que tuvo acceso CHACODIAPORDIA.COM, fue dictada el 27 de noviembre pasado, y lleva las firmas de los camaristas Fernando Heñin y Diego Derewicki. Confirma, así, la medida dictada por el juez Flores mientras se sustancia la acción de amparo sobre la que el juez de primera instancia deberá expedirse.
En la presentación realizada por la Defensoría del Pueblo del Chaco se señalaba que por el decreto Nº 298/19 se habían derogado tres disposiciones de la Subsecretaría de Recursos Naturales del Chaco para “regular las presentaciones y evaluación de las solicitudes de revisión de categorías de conservación predial” -eufemismo técnico para referirse a los desmontes-. El decreto del por entonces gobernador Domingo Peppo buscaba crear un ámbito para garantizar la participación ciudadana y así recibir los aportes de las organizaciones ambientalistas. Sin embargo, esa resolución no había suspendido los desmontes por lo que solicitó a la justicia provincial la suspensión de esos permisos ya otorgados.
El fallo de Cámara
En sus fundamentos, el fallo de la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones recalca que la ley 26.331 señala en uno de sus artículos que no podrán autorizarse desmontes de bosques nativos en las categorías I (Rojo) y II (amarillo). También subraya cuáles son los requisitos a cumplir por quienes soliciten autorización para manejo sostenible de bosques nativos clasificados en las categorías II (Amarillo) y III (Verde) y que tales planes de acción deberán elaborarse de acuerdo a la reglamentación que para cada región y zona establezca la Autoridad de Aplicación. En el caso del Chaco, esta recae en la Subsecretaría de Recursos Naturales, siempre dependiente del Ministerio de Producción, algo cuestionado por las organizaciones ambientalistas que reclaman que la conservación de los bosques nativos quede bajo el ámbito de las áreas de Ambiente.
El fallo de Cámara advirtió una contradicción en cuanto a la apelación de la medida cautelar por parte de la Fiscalía de Estado, teniendo en cuenta que el propio Poder Ejecutivo había anulado el decreto 233/17 por lo que, según los camaristas, “válido es suponer que lo motiva, o la insuficiencia de tal normativa o su no adecuación a los presupuestos mínimos estipulados en las normas superiores”.
No retroceder
Por otro lado, la sentencia de la Cámara subrayó que “no puede soslayarse que la modificación de las leyes ambientales en modo alguno puede implicar un retroceso en los niveles de protección existentes, sino que debe propender a incrementarlos, puesto que cualquier disminución en la protección colisionaría directamente con los principios ambientales de ‘no regresión ambiental’, ‘equidad intergeneracional’, ‘precautorio’, de ‘progresividad’ y de ‘sustentabilidad'”. En ese contexto, también citaron una resolución del Consejo Federal de Medio Ambiente (CoFeMa), la 236/12, que puntualiza que “los cambios de zonificación prediales deberán ser concedidos solamente para casos excepcionales y nunca ser de aplicación general y sistemática, debiendo manejarse un criterio coherente con el principio de no regresividad en materia ambiental”.
Por último, los camaristas descartaron que con la medida judicial se afecten los derechos de terceros, es decir, de aquellos propietarios de predios rurales que habían solicitado los permisos de desmonte, y también señalaron que la Fiscalía de Estado no contaba con legitimación para presentarse en defensa de derechos de terceros.
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Avistamiento de un yaguareté con crías en Las Yungas
"Las Yungas de Jujuy serán el hábitat futuro del yaguareté"
Fecha de Publicación: 03/01/2020
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Jujuy
El titular de la Fundación ProYungas, Alejandro Brown, lo señaló así tras el reciente avistamiento del felino en Caimancito.
El reciente avistamiento de un yaguareté con crías, en el Yacimiento Caimancito, es una prueba más de que nuestra provincia resguarda la especie del mayor felino de América. Y es que gracias al impecable sistema de las cámaras trampa que fueron instaladas en el lugar, se corroboró que su principal refugio de la especie está en las Yungas del Norte. Aún existen poblaciones en Misiones y algunos lugares de Chaco. En tanto que, a nivel país, se estima que quedan menos de 250 ejemplares.
Por la caza. En el país, el tigre está reducido en su distribución geográfica a menos del 5 % de lo que fue su distribución natural.
En las imágenes captadas el viernes 6 del corriente, durante una campaña de revisión de cámaras trampa instaladas en el Yacimiento, a menos de dos kilómetros de la RN 34, dos técnicos de la Fundación ProYungas, Matías Ritzer y Roberto Cáceres, vieron al animal adulto acostado en el medio de un camino de tierra, mientras que su cría se cruza de derecha hacia izquierda y desaparece entre la maleza. "Las Yungas de Jujuy- Salta es el único lugar del país donde la especie tiene posibilidades de supervivencia a largo plazo", dijo el presidente de la Fundación , Alejandro Brown, al señalar que se trata de uno de los sitios con mayor diversidad de felinos en el mundo, donde habitan 7 especies de felinos, desde el más grande que es el yaguareté, hasta el gato montés, que tiene la talla de un animal doméstico.
A su vez, destacó que este felino - considerado como el más grande de América (junto con el león, la pantera y el tigre asiático), su presencia, es un indicador de que en las Yungas existe buena conservación de la especie. Sin embargo, la cruda realidad es que a pesar de que el felino sea considerado un Monumento Natural Nacional y estar amparado por leyes tanto a nivel nacional como provincial, atraviesa una situación crítica, lo que significa que la especie está enfrentando un riesgo de extinción en estado silvestre.
La caza y la pérdida de hábitat
El principal factor de amenaza de la especie, tiene que ver con la caza por el conflicto con el ganado, "el jaguar come el ganado y por ende es cazado por los ganaderos, esto sucede no sólo en Argentina sino en el mundo", dijo Brown al mencionar que en un segundo plano -pero lejos- el otro factor es la pérdida de hábitat que contribuye a que la especie tenga menos lugares donde reine la tranquilidad y la cantidad de presas que necesita para sobrevivir. "Las Yungas todavía es un espacio tranquilo y con más de un millón de hectáreas de selva en buen estado de conservación con mucha diversidad de mamíferos que son presas del yaguareté. Por eso estamos seguros de que será el hábitat del futuro del yaguareté en Argentina", sostuvo.
En tanto, mencionó que las otras regiones en donde la naturaleza está mucho más implicada y vinculada con actividades productivas y sobre todo ganaderas, como la región Chaqueña, "la probabilidad de que el tigre pueda sobrevivir a largo plazo es casi nula", remarcó.
Un sistema para conservarlos
El registro que se viene realizando en conjunto por la empresa Jemse, la Fundación Pro Yungas y el Ministerio de Ambiente de la Provincia, a través de las cámaras trampa tiene dos propósitos. "Conocer mejor la biodiversidad asociada con las Yungas, ver cómo ésta evoluciona en el tiempo, qué especies aún se mantienen y qué factores están a favor o en contra de las especies", finalizó.
El relevamiento de las Yungas empezó hace 5 años, desde el Parque Nacional Baritú (Salta) y en 2017 en Jujuy, sector de Calilegua.
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Fecha de Publicación: 03/01/2020
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Jujuy
El titular de la Fundación ProYungas, Alejandro Brown, lo señaló así tras el reciente avistamiento del felino en Caimancito.
El reciente avistamiento de un yaguareté con crías, en el Yacimiento Caimancito, es una prueba más de que nuestra provincia resguarda la especie del mayor felino de América. Y es que gracias al impecable sistema de las cámaras trampa que fueron instaladas en el lugar, se corroboró que su principal refugio de la especie está en las Yungas del Norte. Aún existen poblaciones en Misiones y algunos lugares de Chaco. En tanto que, a nivel país, se estima que quedan menos de 250 ejemplares.
Por la caza. En el país, el tigre está reducido en su distribución geográfica a menos del 5 % de lo que fue su distribución natural.
En las imágenes captadas el viernes 6 del corriente, durante una campaña de revisión de cámaras trampa instaladas en el Yacimiento, a menos de dos kilómetros de la RN 34, dos técnicos de la Fundación ProYungas, Matías Ritzer y Roberto Cáceres, vieron al animal adulto acostado en el medio de un camino de tierra, mientras que su cría se cruza de derecha hacia izquierda y desaparece entre la maleza. "Las Yungas de Jujuy- Salta es el único lugar del país donde la especie tiene posibilidades de supervivencia a largo plazo", dijo el presidente de la Fundación , Alejandro Brown, al señalar que se trata de uno de los sitios con mayor diversidad de felinos en el mundo, donde habitan 7 especies de felinos, desde el más grande que es el yaguareté, hasta el gato montés, que tiene la talla de un animal doméstico.
A su vez, destacó que este felino - considerado como el más grande de América (junto con el león, la pantera y el tigre asiático), su presencia, es un indicador de que en las Yungas existe buena conservación de la especie. Sin embargo, la cruda realidad es que a pesar de que el felino sea considerado un Monumento Natural Nacional y estar amparado por leyes tanto a nivel nacional como provincial, atraviesa una situación crítica, lo que significa que la especie está enfrentando un riesgo de extinción en estado silvestre.
La caza y la pérdida de hábitat
El principal factor de amenaza de la especie, tiene que ver con la caza por el conflicto con el ganado, "el jaguar come el ganado y por ende es cazado por los ganaderos, esto sucede no sólo en Argentina sino en el mundo", dijo Brown al mencionar que en un segundo plano -pero lejos- el otro factor es la pérdida de hábitat que contribuye a que la especie tenga menos lugares donde reine la tranquilidad y la cantidad de presas que necesita para sobrevivir. "Las Yungas todavía es un espacio tranquilo y con más de un millón de hectáreas de selva en buen estado de conservación con mucha diversidad de mamíferos que son presas del yaguareté. Por eso estamos seguros de que será el hábitat del futuro del yaguareté en Argentina", sostuvo.
En tanto, mencionó que las otras regiones en donde la naturaleza está mucho más implicada y vinculada con actividades productivas y sobre todo ganaderas, como la región Chaqueña, "la probabilidad de que el tigre pueda sobrevivir a largo plazo es casi nula", remarcó.
Un sistema para conservarlos
El registro que se viene realizando en conjunto por la empresa Jemse, la Fundación Pro Yungas y el Ministerio de Ambiente de la Provincia, a través de las cámaras trampa tiene dos propósitos. "Conocer mejor la biodiversidad asociada con las Yungas, ver cómo ésta evoluciona en el tiempo, qué especies aún se mantienen y qué factores están a favor o en contra de las especies", finalizó.
El relevamiento de las Yungas empezó hace 5 años, desde el Parque Nacional Baritú (Salta) y en 2017 en Jujuy, sector de Calilegua.
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La Pampa, un convenio para estudiar el bosque
Convenio para intervenir en el bosque nativo
Fecha de Publicación: 03/01/2020
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
El Ministerio de la Producción firmó un convenio de colaboración mutua y complementación técnica con la Universidad Nacional de La Pampa en materia de fauna silvestre, bosque nativo y forestación.
El ministro de la Producción, Ricardo Moralejo suscribió dicho convenio con los decanos de las Facultades de Ciencias Veterinarias, Abelardo Ferrán; de Agronomía, Ana Urioste; y de Exactas y Naturales, María Eva Ascheri.
La acción busca el cumplimiento de objetivos comunes fundamentalmente en materia de clínica y sanidad de animales de la fauna silvestre (a cargo de la Facultad de Veterinaria); formación e investigación, evaluación de programas de conservación, manejo y gestión tanto de la fauna silvestre como del bosque nativo (con la Facultad de Exactas y Naturales); y la investigación y formación para la realización de gestiones e intervenciones en el bosque nativo como también respecto del estudio y gestión de plantaciones a través de los diversos esquemas de forestación tanto rural, urbana y periurbana, de mitigación ambiental e institucional (a cargo de Agronomía).
Todo ello se realizará mediante actividades y programas de capacitación y extensión relacionados con dichas temáticas, con la participación de recursos humanos y materiales de ambas partes.
Los mismos proveerán al intercambio de información técnica y científica y de recursos humanos; la realización de trabajos de investigación, capacitación, difusión y extensión en común; promoción de actividades conjuntas; creación y desarrollo de grupos de trabajo; promoción tecnológica; ejecución de proyectos y prestación de servicios a terceros.
Los mencionados convenios se dan en el marco del Convenio de Colaboración Mutua, suscripto entre el Gobierno provincial y la Universidad Nacional de La Pampa, el 14 de mayo de 1987 y ratificado por Ley Nº 1011.
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Fecha de Publicación: 03/01/2020
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
El Ministerio de la Producción firmó un convenio de colaboración mutua y complementación técnica con la Universidad Nacional de La Pampa en materia de fauna silvestre, bosque nativo y forestación.
El ministro de la Producción, Ricardo Moralejo suscribió dicho convenio con los decanos de las Facultades de Ciencias Veterinarias, Abelardo Ferrán; de Agronomía, Ana Urioste; y de Exactas y Naturales, María Eva Ascheri.
La acción busca el cumplimiento de objetivos comunes fundamentalmente en materia de clínica y sanidad de animales de la fauna silvestre (a cargo de la Facultad de Veterinaria); formación e investigación, evaluación de programas de conservación, manejo y gestión tanto de la fauna silvestre como del bosque nativo (con la Facultad de Exactas y Naturales); y la investigación y formación para la realización de gestiones e intervenciones en el bosque nativo como también respecto del estudio y gestión de plantaciones a través de los diversos esquemas de forestación tanto rural, urbana y periurbana, de mitigación ambiental e institucional (a cargo de Agronomía).
Todo ello se realizará mediante actividades y programas de capacitación y extensión relacionados con dichas temáticas, con la participación de recursos humanos y materiales de ambas partes.
Los mismos proveerán al intercambio de información técnica y científica y de recursos humanos; la realización de trabajos de investigación, capacitación, difusión y extensión en común; promoción de actividades conjuntas; creación y desarrollo de grupos de trabajo; promoción tecnológica; ejecución de proyectos y prestación de servicios a terceros.
Los mencionados convenios se dan en el marco del Convenio de Colaboración Mutua, suscripto entre el Gobierno provincial y la Universidad Nacional de La Pampa, el 14 de mayo de 1987 y ratificado por Ley Nº 1011.
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Gabinete completo del Ministerio de Ambiente
El Ministerio de Ambiente presenta su gabinete
Fecha de Publicación: 02/01/2020
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional
Tras la publicación en Boletín Oficial quedaron designados los funcionarios que acompañarán a Juan Cabandié en la cartera nacional de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación oficializó, luego del nombramiento mediante el Decretro 94/2019, el gabinete que asistirá al ministro Juan Cabandié en su gestión al frente del organismo nacional encargado de velar por la agenda ambiental federal como política de Estado.
La titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio será María Soledad Cantero, licenciada en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario y magister en Diseño y Gestión de Programas Sociales de FLACSO, Argentina. Con una sólida formación académica en Coaching, Liderazgo y Psicología Organizacional, posee una vasta trayectoria en coordinación de equipos de gestión. Fue jefa de Gabinete de la Presidencia de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, directora de Proyectos en la Dirección de Desarrollo Social de esa misma institución y estuvo al frente de varios equipos de gestión pública en gobiernos nacionales, provinciales y municipales. También se desempeñó como docente universitaria en FLACSO y en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER.
Por su parte, la secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación será María del Pilar Bueno, licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad de Rosario y doctora en Relaciones Internacionales por la misma casa de estudios. Bueno es investigadora y docente de grado y posgrado en diferentes instituciones nacionales e internacionales, fue copresidenta del Comité de Adaptación de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y coordinadora de Adaptación del Grupo de los 77 + China de la misma convención. También ocupó numerosos cargos de gestión institucional vinculados a formación y políticas ambientales.
En tanto, la secretaria de Política Ambiental en Recursos Naturales será Alejandra Esther Moreyra, ingeniera forestal de la Universidad Nacional de la Plata y doctora en Ciencias Ambientales de la Universidad de Wageningen de Países Bajos. Es investigadora del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y docente en la Universidad Nacional de La Plata. La flamante funcionaria también participó en numerosos proyectos técnicos y de formación académica y científica.
El secretario de Control y Monitoreo Ambiental será Sergio Gustavo Federovisky, biólogo especializado en Ecología, con posgrado en Economía Ecológica. Federovisky integró el Consejo Directivo de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo entre 2016 y 2017. También se desempeñó como periodista ambiental y condujo el ciclo “Ambiente y Medio” por la TV Pública Argentina desde 2016. Además, fue asesor, consultor e investigador en política ambiental y desastres naturales y autor de numerosos libros propios o en colaboración.
En esa misma Secretaría, el subsecretario de Fiscalización y Recomposición será Gerardo Darío López Arrojo, arquitecto y maestrando en Gestión Ambiental Metropolitana de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA. López Arrojo fue presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, director de proyectos en la Dirección General de Control de Obras y Servicios Públicos, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires y asesor de la Presidencia del mismo organismo. También se desempeñó como asesor dentro de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, entre otros cargos en áreas gubernamentales en ámbitos nacionales, provinciales y municipales.
A cargo de la Subsecretaría Interjurisdiccional e Interinstitucional estará Florencia María Gloria Gómez, abogada de la Universidad Católica de Santiago del Estero y maestranda en Administración Pública de la UBA. Gómez fue directora nacional del Registro Nacional de Tierras Rurales, coordinadora dentro del área de Tierras del Ministerio de Agricultura, asesora en el Senado de la Nación, consultora de proyectos con financiamiento externo y asesora en organizaciones de la sociedad civil y el Estado. Además es docente y ha realizado trabajos de investigación ligados al derecho de comunidades campesinas.
Por último, el subsecretario de Gestión Administrativa será Lautaro Eduardo Erratchu, abogado de la Universidad del Salvador. Entre otros cargos, fue director general de Asuntos Legales en la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, director de Sumarios en la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, director general de Recursos Deportivos y director general de Administración de Infracciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. También trabajó como investigador en la Oficina Anticorrupción y como secretario de la Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en la Justicia Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires.
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Fecha de Publicación: 02/01/2020
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional
Tras la publicación en Boletín Oficial quedaron designados los funcionarios que acompañarán a Juan Cabandié en la cartera nacional de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación oficializó, luego del nombramiento mediante el Decretro 94/2019, el gabinete que asistirá al ministro Juan Cabandié en su gestión al frente del organismo nacional encargado de velar por la agenda ambiental federal como política de Estado.
La titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio será María Soledad Cantero, licenciada en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario y magister en Diseño y Gestión de Programas Sociales de FLACSO, Argentina. Con una sólida formación académica en Coaching, Liderazgo y Psicología Organizacional, posee una vasta trayectoria en coordinación de equipos de gestión. Fue jefa de Gabinete de la Presidencia de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, directora de Proyectos en la Dirección de Desarrollo Social de esa misma institución y estuvo al frente de varios equipos de gestión pública en gobiernos nacionales, provinciales y municipales. También se desempeñó como docente universitaria en FLACSO y en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER.
Por su parte, la secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación será María del Pilar Bueno, licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad de Rosario y doctora en Relaciones Internacionales por la misma casa de estudios. Bueno es investigadora y docente de grado y posgrado en diferentes instituciones nacionales e internacionales, fue copresidenta del Comité de Adaptación de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y coordinadora de Adaptación del Grupo de los 77 + China de la misma convención. También ocupó numerosos cargos de gestión institucional vinculados a formación y políticas ambientales.
En tanto, la secretaria de Política Ambiental en Recursos Naturales será Alejandra Esther Moreyra, ingeniera forestal de la Universidad Nacional de la Plata y doctora en Ciencias Ambientales de la Universidad de Wageningen de Países Bajos. Es investigadora del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y docente en la Universidad Nacional de La Plata. La flamante funcionaria también participó en numerosos proyectos técnicos y de formación académica y científica.
El secretario de Control y Monitoreo Ambiental será Sergio Gustavo Federovisky, biólogo especializado en Ecología, con posgrado en Economía Ecológica. Federovisky integró el Consejo Directivo de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo entre 2016 y 2017. También se desempeñó como periodista ambiental y condujo el ciclo “Ambiente y Medio” por la TV Pública Argentina desde 2016. Además, fue asesor, consultor e investigador en política ambiental y desastres naturales y autor de numerosos libros propios o en colaboración.
En esa misma Secretaría, el subsecretario de Fiscalización y Recomposición será Gerardo Darío López Arrojo, arquitecto y maestrando en Gestión Ambiental Metropolitana de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA. López Arrojo fue presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, director de proyectos en la Dirección General de Control de Obras y Servicios Públicos, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires y asesor de la Presidencia del mismo organismo. También se desempeñó como asesor dentro de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, entre otros cargos en áreas gubernamentales en ámbitos nacionales, provinciales y municipales.
A cargo de la Subsecretaría Interjurisdiccional e Interinstitucional estará Florencia María Gloria Gómez, abogada de la Universidad Católica de Santiago del Estero y maestranda en Administración Pública de la UBA. Gómez fue directora nacional del Registro Nacional de Tierras Rurales, coordinadora dentro del área de Tierras del Ministerio de Agricultura, asesora en el Senado de la Nación, consultora de proyectos con financiamiento externo y asesora en organizaciones de la sociedad civil y el Estado. Además es docente y ha realizado trabajos de investigación ligados al derecho de comunidades campesinas.
Por último, el subsecretario de Gestión Administrativa será Lautaro Eduardo Erratchu, abogado de la Universidad del Salvador. Entre otros cargos, fue director general de Asuntos Legales en la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, director de Sumarios en la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, director general de Recursos Deportivos y director general de Administración de Infracciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. También trabajó como investigador en la Oficina Anticorrupción y como secretario de la Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en la Justicia Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires.
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Otro incidente en Neuquén con Vaca Muerta
Se registró un incidente en un pozo de gas de Vaca Muerta
Fecha de Publicación: 02/01/2020
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Las pérdidas ocurrieron esta madrugada cuando se realizaban trabajos de workover. Fue en el área El Orejano que opera YPF.
Un trabajo de mantenimiento en un pozo del área El Orejano, que opera YPF, generó una pérdida de gas durante esta madrugada. Desde la petrolera se informó que la situación fue rápidamente contenida y que se encuentra normalizada.
La falla se produjo en un pozo del bloque El Orejano, ubicado al norte de Añelo, en donde YPF junto a Dow llevan adelante lo que fue el primer desarrollo de shale gas de Vaca Muerta.
Desde YPF se informó que "en la madrugada de hoy se detectó una manifestación de un pozo en el yacimiento El Orejano, mientras se retomaba una intervención con un equipo de workover de la empresa San Antonio Internacional".
En un comunicado de prensa de la operadora se aseguró que "la situación fue contenida gracias a la rápida respuesta del equipo de YPF y no se produjo afectación a las personas que se encontraban trabajando en el lugar ni tampoco en el ambiente" y se remarcó que "la situación se encuentra normalizada y el pozo bajo monitoreo".
A su vez desde YPF se aseguró que se dio intervención por lo ocurrido a las autoridades de aplicación.
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Fecha de Publicación: 02/01/2020
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Las pérdidas ocurrieron esta madrugada cuando se realizaban trabajos de workover. Fue en el área El Orejano que opera YPF.
Un trabajo de mantenimiento en un pozo del área El Orejano, que opera YPF, generó una pérdida de gas durante esta madrugada. Desde la petrolera se informó que la situación fue rápidamente contenida y que se encuentra normalizada.
La falla se produjo en un pozo del bloque El Orejano, ubicado al norte de Añelo, en donde YPF junto a Dow llevan adelante lo que fue el primer desarrollo de shale gas de Vaca Muerta.
Desde YPF se informó que "en la madrugada de hoy se detectó una manifestación de un pozo en el yacimiento El Orejano, mientras se retomaba una intervención con un equipo de workover de la empresa San Antonio Internacional".
En un comunicado de prensa de la operadora se aseguró que "la situación fue contenida gracias a la rápida respuesta del equipo de YPF y no se produjo afectación a las personas que se encontraban trabajando en el lugar ni tampoco en el ambiente" y se remarcó que "la situación se encuentra normalizada y el pozo bajo monitoreo".
A su vez desde YPF se aseguró que se dio intervención por lo ocurrido a las autoridades de aplicación.
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El Córdoba se perdieron 22 mil has en manos del fuego
Unas 22 mil hectáreas quemadas en 2019
Fecha de Publicación: 02/01/2020
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Unas 22.500 hectáreas se sumaron, durante 2019, a la superficie quemada en Córdoba por incendios forestales y rurales. La cifra es aún estimada, porque los focos de fuego se mantuvieron activos incluso hasta ayer y restan mediciones más precisas a través de imágenes satelitales.
Lo que el fuego se llevó este año terminará siendo algo más que el registro de 2018, cuando se contaron 20.900 hectáreas. A la vez, es la mitad del área bajo llamas de 2017 pero el doble de la que se contó en 2016. Lo quemado en 2019 está lejos del registro de los peores años de las dos últimas décadas.
Sin embargo, en términos ambientales, económicos y paisajísticos, el dilema que complejiza la ecuación es el impacto acumulativo del fuego a través de los años.
De hecho, la suma en los últimos 15 años roza el millón de hectáreas quemadas: entre 2005 y 2019 se hicieron humo en Córdoba 917.500. Ese número da una media de 61 mil anuales.
Para tomar dimensión: todo el territorio provincial suma 16 millones de hectáreas.
Un punto crítico es que la mayor parte de la superficie afectada corresponde a zonas serranas con bosque nativo, conservado o potencial, en una provincia que viene perdiendo masa boscosa en forma alarmante desde hace tiempo.
Un diciembre inusual
Claudio Vignetta, secretario de Gestión del Riesgo y Catástrofes de la Provincia, precisó a La Voz que el relevamiento oficial marcaba 19.800 hectáreas quemadas al 6 de diciembre pasado.
Parecía entonces cerrarse la temporada de fuegos en Córdoba, aunque no se descartaban algunos focos aislados más. Pero lo que sobrevino entre el 15 y el 25 de diciembre fue una vorágine de llamas, con incendios complejos que –en algunos casos– demandaron varios días de trabajo hasta ser controlados.
En estos días de diciembre, hubo focos serranos entre Capilla del Monte y Ongamira, en Pampa de Olaen, en Salsacate y en San Javier, además de otros en zonas de llanuras. Pero tres de los serranos fueron especialmente complejos: el que arrasó 800 hectáreas con alta forestación autóctona cerca de Las Calles (Traslasierra), el que tomó a un pinar abandonado y de muy difícil acceso cerca de Alpa Corral (Sierras del Sur) y se expandió sobre unas 400 hectáreas, y el que preocupó en la zona de La Paz (Traslasierra) y que recién ayer fue posible controlar tras cuatro días de tareas en los que quemó unas 300 hectáreas.
Fueron unas dos mil hectáreas bajo fuego en sólo 10 días de diciembre.
Hasta años atrás, era muy poco frecuente que en el último mes del año hubiera incendios en Córdoba. Pero, con el cambio del clima que supimos conseguir, la época de riesgo se fue ampliando: ya no corre entre mayo y octubre como hasta la década pasada, sino que se expande hasta bien entrado el verano. Más, si como ocurrió este año, diciembre tiene registros de lluvias por debajo de lo habitual.
Días de furia
Este año venía con una muy baja incidencia de incendios hasta septiembre. Pero entre fines de ese mes y los inicios de octubre, en apenas 10 días de furia, las llamas quemaron unas 11 mil hectáreas.
Los mayores focos, en esos días, fueron los que quemaron dos mil hectáreas en Sierras del Sur (Río de los Sauces), unas 1.800 en Punilla (que metió miedo muy cerca de zonas urbanas en La Cumbre y en Villa Giardino), otras 2.500 en Pocho (en la zona de Las Palmas), y –el mayor del año– las tres mil hectáreas que durante cinco días arrasaron el Valle de Traslasierra, entre Villa Cura Brochero y el dique La Viña.
A esa lista de grandes focos se suman decenas de siniestros menores, aunque unos cuantos complejos de controlar, como los ocurridos en Carlos Paz, en Santa María de Punilla y en el dique Los Molinos, entre otros.
En el balance, entre esos 10 días de septiembre-octubre y otros 10 de diciembre, se concentran unas 14 mil de las 22.500 hectáreas que se contarían en todo el año.
La superficie total afectada en 2019 resulta mucho menor que la de los años más gravosos. En 2013, por ejemplo, hubo más de 150 mil hectáreas incendiadas, con una enorme pérdida ambiental, paisajística y económica. Otro pésimo año fue 2009, que incluyó pérdidas de vidas humanas y 226 mil hectáreas bajo fuego.
6,5 inicios por día
Las cifras oficiales suman tanto las áreas afectadas en la zona serrana (de mayor riesgo y con más forestación) como las regiones del llano, dominadas por el uso agropecuario y ya casi sin presencia de bosques.
A las cifras oficialmente relevadas, de todos modos, les faltaría sumar la de los muy numerosos focos más pequeños que alcanzan a ser controlados antes de su expansión por bomberos de una localidad, sin movilizar al Plan Provincial de Manejo del Fuego.
Un estudio publicado por este diario en 2007, sobre la base de un trabajo de profesionales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), determinó una asombrosa ocurrencia promedio de 6,5 focos de fuego por día en Córdoba.
Esa investigación sobre mapas de calor detectó en 15 años el inicio de 35.366 focos. Sólo algunos pocos terminaron en incendios de magnitud, pero el dato muestra el riesgo latente que esos fenómenos representan para Córdoba.
70 y 30
En 2018, la estadística oficial había concluido que hubo 299 incendios forestales y rurales reportados al Plan Provincial. El promedio fue de 25 por mes. Para 2019 se estiman números similares, con picos entre septiembre y octubre, y, luego, en diciembre.
En los últimos años, algo más del 70 por ciento ocurre sobre pastizales y bosques en las zonas de riesgo (las Sierras y el noroeste provincial) y casi un 30 por ciento, sobre rastrojos (restos secos de cultivos) en campos de zonas llanas. Otro dato: el 75 por ciento de los focos suele iniciarse entre las 10 y las 18.
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Fecha de Publicación: 02/01/2020
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Unas 22.500 hectáreas se sumaron, durante 2019, a la superficie quemada en Córdoba por incendios forestales y rurales. La cifra es aún estimada, porque los focos de fuego se mantuvieron activos incluso hasta ayer y restan mediciones más precisas a través de imágenes satelitales.
Lo que el fuego se llevó este año terminará siendo algo más que el registro de 2018, cuando se contaron 20.900 hectáreas. A la vez, es la mitad del área bajo llamas de 2017 pero el doble de la que se contó en 2016. Lo quemado en 2019 está lejos del registro de los peores años de las dos últimas décadas.
Sin embargo, en términos ambientales, económicos y paisajísticos, el dilema que complejiza la ecuación es el impacto acumulativo del fuego a través de los años.
De hecho, la suma en los últimos 15 años roza el millón de hectáreas quemadas: entre 2005 y 2019 se hicieron humo en Córdoba 917.500. Ese número da una media de 61 mil anuales.
Para tomar dimensión: todo el territorio provincial suma 16 millones de hectáreas.
Un punto crítico es que la mayor parte de la superficie afectada corresponde a zonas serranas con bosque nativo, conservado o potencial, en una provincia que viene perdiendo masa boscosa en forma alarmante desde hace tiempo.
Un diciembre inusual
Claudio Vignetta, secretario de Gestión del Riesgo y Catástrofes de la Provincia, precisó a La Voz que el relevamiento oficial marcaba 19.800 hectáreas quemadas al 6 de diciembre pasado.
Parecía entonces cerrarse la temporada de fuegos en Córdoba, aunque no se descartaban algunos focos aislados más. Pero lo que sobrevino entre el 15 y el 25 de diciembre fue una vorágine de llamas, con incendios complejos que –en algunos casos– demandaron varios días de trabajo hasta ser controlados.
En estos días de diciembre, hubo focos serranos entre Capilla del Monte y Ongamira, en Pampa de Olaen, en Salsacate y en San Javier, además de otros en zonas de llanuras. Pero tres de los serranos fueron especialmente complejos: el que arrasó 800 hectáreas con alta forestación autóctona cerca de Las Calles (Traslasierra), el que tomó a un pinar abandonado y de muy difícil acceso cerca de Alpa Corral (Sierras del Sur) y se expandió sobre unas 400 hectáreas, y el que preocupó en la zona de La Paz (Traslasierra) y que recién ayer fue posible controlar tras cuatro días de tareas en los que quemó unas 300 hectáreas.
Fueron unas dos mil hectáreas bajo fuego en sólo 10 días de diciembre.
Hasta años atrás, era muy poco frecuente que en el último mes del año hubiera incendios en Córdoba. Pero, con el cambio del clima que supimos conseguir, la época de riesgo se fue ampliando: ya no corre entre mayo y octubre como hasta la década pasada, sino que se expande hasta bien entrado el verano. Más, si como ocurrió este año, diciembre tiene registros de lluvias por debajo de lo habitual.
Días de furia
Este año venía con una muy baja incidencia de incendios hasta septiembre. Pero entre fines de ese mes y los inicios de octubre, en apenas 10 días de furia, las llamas quemaron unas 11 mil hectáreas.
Los mayores focos, en esos días, fueron los que quemaron dos mil hectáreas en Sierras del Sur (Río de los Sauces), unas 1.800 en Punilla (que metió miedo muy cerca de zonas urbanas en La Cumbre y en Villa Giardino), otras 2.500 en Pocho (en la zona de Las Palmas), y –el mayor del año– las tres mil hectáreas que durante cinco días arrasaron el Valle de Traslasierra, entre Villa Cura Brochero y el dique La Viña.
A esa lista de grandes focos se suman decenas de siniestros menores, aunque unos cuantos complejos de controlar, como los ocurridos en Carlos Paz, en Santa María de Punilla y en el dique Los Molinos, entre otros.
En el balance, entre esos 10 días de septiembre-octubre y otros 10 de diciembre, se concentran unas 14 mil de las 22.500 hectáreas que se contarían en todo el año.
La superficie total afectada en 2019 resulta mucho menor que la de los años más gravosos. En 2013, por ejemplo, hubo más de 150 mil hectáreas incendiadas, con una enorme pérdida ambiental, paisajística y económica. Otro pésimo año fue 2009, que incluyó pérdidas de vidas humanas y 226 mil hectáreas bajo fuego.
6,5 inicios por día
Las cifras oficiales suman tanto las áreas afectadas en la zona serrana (de mayor riesgo y con más forestación) como las regiones del llano, dominadas por el uso agropecuario y ya casi sin presencia de bosques.
A las cifras oficialmente relevadas, de todos modos, les faltaría sumar la de los muy numerosos focos más pequeños que alcanzan a ser controlados antes de su expansión por bomberos de una localidad, sin movilizar al Plan Provincial de Manejo del Fuego.
Un estudio publicado por este diario en 2007, sobre la base de un trabajo de profesionales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), determinó una asombrosa ocurrencia promedio de 6,5 focos de fuego por día en Córdoba.
Esa investigación sobre mapas de calor detectó en 15 años el inicio de 35.366 focos. Sólo algunos pocos terminaron en incendios de magnitud, pero el dato muestra el riesgo latente que esos fenómenos representan para Córdoba.
70 y 30
En 2018, la estadística oficial había concluido que hubo 299 incendios forestales y rurales reportados al Plan Provincial. El promedio fue de 25 por mes. Para 2019 se estiman números similares, con picos entre septiembre y octubre, y, luego, en diciembre.
En los últimos años, algo más del 70 por ciento ocurre sobre pastizales y bosques en las zonas de riesgo (las Sierras y el noroeste provincial) y casi un 30 por ciento, sobre rastrojos (restos secos de cultivos) en campos de zonas llanas. Otro dato: el 75 por ciento de los focos suele iniciarse entre las 10 y las 18.
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Un triunfo contra la megaminería
Derogaron la ley que permitía el uso de tóxicos para la minería en Mendoza
Fecha de Publicación: 31/12/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Mendoza
La Legislatura mendocina dejó sin efecto la ley 9209 y restauró la vigencia de la 7722. Los manifestantes que se habían movilizado una vez más en defensa del agua a la espera de la derogación celebraron el freno a la explotación minera contaminante.
La Legislatura de Mendoza derogó la ley 9209 , que habilitaba la minería contaminante-- y restauró la vigencia de la 7722. La derogación fue producto de las masivas protestas en rechazo al uso de cianuro y otros químicos peligrosos y fue celebrada por los manifestantes que también hoy se convocaron en defensa del agua a la espera de que los legisladores cumplieran la marcha atrás que el gobernador Rodolfo Suárez había anunciado el último viernes.
El debate arrancó temprano en el Senado mendocino. Con 34 votos a favor y dos en contra, esa Cámara dio media sanción al proyecto de derogación de la ley 9209. Las legisladoras que votaron en contra de la derogación fueron Gladys Ruiz (UCR) e Hilda Quiroga (Frente Elegí). Ambas son de Malargüe, la ciudad en la que la presión de las mineras viene siendo fuerte para que quede excluida de los alcances de la ley 7722 en caso de que se restaure de modo definitivo.
Tras la media sanción en el Senado, el texto fue girado de inmediato a Diputados. En menos de dos horas de debate esa Cámara sancionó la derogación.
Fuera de la Legislatura una concentración con la consigna “Mendoza despertó”, convocada por las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP), siguió con atención las sesiones especiales. Los mendocinos que esperaron el resultado definitivo con bombos, redoblantes, pancartas y banderas celebraron la sanción de la derogación. La Legislatura estaba vallada y con un fuerte operativo policial.
El viernes el gobernador Rodolfo Suárez anunció que derogaría la ley que habilitaba el uso de sustancias químicas como el ácido sulfúrico y el cianuro en la actividad. Lo hizo ante la fuerte presión de la ciudadanía mendocina, que de plano rechazó la introducción de la minería contaminante en esa provincia.
El último domingo un histórico banderazo fue parte de la espera de la derogación. Sucedió con mucha potencia en los departamentos del Valle de Uco y en Kilómetro 0, en la ciudad; también en Maipú, Malargüe, San Rafael, Luján, Potrerillos, Alvear y Las Heras. Miles de mendocinos se movilizaron con la bandera nacional, con la intención de mostrar que este es un conflicto en que “no hay grietas” ni “colores políticos” dentro de la comunidad. Suscita preocupación el destino del departamento de Malargüe, donde es fuerte la presión de las mineras para quedar por fuera de los alcances de la 7722 (para desarrollar proyectos mineros aunque sin cianuro) que esta tarde quedaría restaurada.
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Fecha de Publicación: 31/12/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Mendoza
La Legislatura mendocina dejó sin efecto la ley 9209 y restauró la vigencia de la 7722. Los manifestantes que se habían movilizado una vez más en defensa del agua a la espera de la derogación celebraron el freno a la explotación minera contaminante.
La Legislatura de Mendoza derogó la ley 9209 , que habilitaba la minería contaminante-- y restauró la vigencia de la 7722. La derogación fue producto de las masivas protestas en rechazo al uso de cianuro y otros químicos peligrosos y fue celebrada por los manifestantes que también hoy se convocaron en defensa del agua a la espera de que los legisladores cumplieran la marcha atrás que el gobernador Rodolfo Suárez había anunciado el último viernes.
El debate arrancó temprano en el Senado mendocino. Con 34 votos a favor y dos en contra, esa Cámara dio media sanción al proyecto de derogación de la ley 9209. Las legisladoras que votaron en contra de la derogación fueron Gladys Ruiz (UCR) e Hilda Quiroga (Frente Elegí). Ambas son de Malargüe, la ciudad en la que la presión de las mineras viene siendo fuerte para que quede excluida de los alcances de la ley 7722 en caso de que se restaure de modo definitivo.
Tras la media sanción en el Senado, el texto fue girado de inmediato a Diputados. En menos de dos horas de debate esa Cámara sancionó la derogación.
Fuera de la Legislatura una concentración con la consigna “Mendoza despertó”, convocada por las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP), siguió con atención las sesiones especiales. Los mendocinos que esperaron el resultado definitivo con bombos, redoblantes, pancartas y banderas celebraron la sanción de la derogación. La Legislatura estaba vallada y con un fuerte operativo policial.
El viernes el gobernador Rodolfo Suárez anunció que derogaría la ley que habilitaba el uso de sustancias químicas como el ácido sulfúrico y el cianuro en la actividad. Lo hizo ante la fuerte presión de la ciudadanía mendocina, que de plano rechazó la introducción de la minería contaminante en esa provincia.
El último domingo un histórico banderazo fue parte de la espera de la derogación. Sucedió con mucha potencia en los departamentos del Valle de Uco y en Kilómetro 0, en la ciudad; también en Maipú, Malargüe, San Rafael, Luján, Potrerillos, Alvear y Las Heras. Miles de mendocinos se movilizaron con la bandera nacional, con la intención de mostrar que este es un conflicto en que “no hay grietas” ni “colores políticos” dentro de la comunidad. Suscita preocupación el destino del departamento de Malargüe, donde es fuerte la presión de las mineras para quedar por fuera de los alcances de la 7722 (para desarrollar proyectos mineros aunque sin cianuro) que esta tarde quedaría restaurada.
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Alerta por presencia de mejillones dorados en Tucumán
El Cadillal, en alerta por la invasión y expansión de mejillones dorados
Fecha de Publicación: 31/12/2019
Fuente: Contexto Tucumán
Provincia/Región: Tucumán
Tucumán se encuentra en estado de alerta preventiva ante la presencia y expansión de una especie exótica de molusco: el Mejillón dorado
La especie Limnoperna fortunei, conocida como “mejillón dorado” es la especie invasora de moluscos bivalvos, originaria de China y en el sudeste asiático, que llegó a la Argentina en el año 1991.
Esta especie pertenece a la familia Mytilidae, que solo presenta especies marinas en nuestro país. Limnoperna fortunei fue detectada por primera vez en el balneario Bagliardi ubicado en el partido de Berisso, en Buenos Aires. Desde esa vez, donde solo se hallaron unos pocos especímenes, ha invadido toda la Cuenca del Plata, el Rio de La Plata, el Rio Paraná, Paraguay y el Rio Uruguay así como en distintos puntos de Córdoba además de países limítrofes como en Brasil y Uruguay.
Ha llegado ahora el turno a Tucumán, ya que esta especie fue detectada por personal del Instituto de Biodiversidad Neotropical (CONICET) en conjunto con la Lic. Palacios y su equipo de la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia. Se realizaron muestreos en diferentes puntos del Dique El Cadillal y el Rio Loro, encontrándose poblaciones de mejillón dorado extendidos en la zona más poblada del Dique. El mejillón dorado es en la actualidad es la especie invasora dulceacuícola más agresiva en América del Sur.
En la zona encontraron grandes poblaciones de mejillón dorado, extendidos en la sector más poblado del Dique El Cadillal: se corroboró una amplia expansión de la especie sobre rocas, basura y ramas expuestas en la superficie, lo cual indica que la población de moluscos está instalada bajo el agua.
Su asentamiento genera un gran impacto negativo, ya que altera la dieta de las especies nativas como peces o cangrejos modificando sus hábitos alimenticios; afecta la tasa de aclareo de los cuerpos de agua; desplaza a la fauna nativa, homogeneizando las diferencias regionales en las comunidades con la consecuente pérdida de biodiversidad.
Además, genera a nivel económico grandes gastos en reparación y limpiezas de caños y filtros de refrigeración de plantas potabilizadoras, centrales hidroeléctricas y toda industria que tome agua del cuerpo de agua invadido. Cabe destacar que el área recorrida por los técnicos durante el sondeo está concesionada a Hidroeléctrica Tucumán/Hidroeléctrica Río Hondo.
Dado que este registro es el primero en la región NOA, los técnicos advierten que la provincia es actualmente un potencial foco de dispersión hacia el resto del noroeste argentino. Por ello, propusieron establecer un protocolo de Alerta Preventiva que consiste principalmente en el bloqueo de la dispersión de la especie.
Recomendaciones para pescadores y comunidad en general:
- Siempre limpie toda su embarcación (bote, lancha, velero, etc.), trailer y equipo de pesca (redes, boyas, etc.) antes de transportarla de un área potencialmente contaminada por el mejillón a otra. Nunca utilice lavandina doméstica en las proximidades de cualquier cuerpo de agua, ya que la vida acuática de éste puede ser afectada adversamente.
- En el caso de haber detectado ejemplares de mejillón dorado adheridos a su embarcación, utilice agua a alta presión o raspe la superficie con cepillo o espátulas.
- Si el tiempo es caluroso y seco, deje su bote fuera del agua por 6 o 7 días. Así, los mejillones morirán, algunos caerán, otros deberán ser raspados. Coloque los mejillones en un contenedor de basura o lejos de un cuerpo de agua o desagüe.
- Nunca transfiera agua de un ambiente acuático a otro, ya que las larvas del mejillón dorado son microscópicas y podrían ser trasladadas involuntariamente.
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Fecha de Publicación: 31/12/2019
Fuente: Contexto Tucumán
Provincia/Región: Tucumán
Tucumán se encuentra en estado de alerta preventiva ante la presencia y expansión de una especie exótica de molusco: el Mejillón dorado
La especie Limnoperna fortunei, conocida como “mejillón dorado” es la especie invasora de moluscos bivalvos, originaria de China y en el sudeste asiático, que llegó a la Argentina en el año 1991.
Esta especie pertenece a la familia Mytilidae, que solo presenta especies marinas en nuestro país. Limnoperna fortunei fue detectada por primera vez en el balneario Bagliardi ubicado en el partido de Berisso, en Buenos Aires. Desde esa vez, donde solo se hallaron unos pocos especímenes, ha invadido toda la Cuenca del Plata, el Rio de La Plata, el Rio Paraná, Paraguay y el Rio Uruguay así como en distintos puntos de Córdoba además de países limítrofes como en Brasil y Uruguay.
Ha llegado ahora el turno a Tucumán, ya que esta especie fue detectada por personal del Instituto de Biodiversidad Neotropical (CONICET) en conjunto con la Lic. Palacios y su equipo de la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia. Se realizaron muestreos en diferentes puntos del Dique El Cadillal y el Rio Loro, encontrándose poblaciones de mejillón dorado extendidos en la zona más poblada del Dique. El mejillón dorado es en la actualidad es la especie invasora dulceacuícola más agresiva en América del Sur.
En la zona encontraron grandes poblaciones de mejillón dorado, extendidos en la sector más poblado del Dique El Cadillal: se corroboró una amplia expansión de la especie sobre rocas, basura y ramas expuestas en la superficie, lo cual indica que la población de moluscos está instalada bajo el agua.
Su asentamiento genera un gran impacto negativo, ya que altera la dieta de las especies nativas como peces o cangrejos modificando sus hábitos alimenticios; afecta la tasa de aclareo de los cuerpos de agua; desplaza a la fauna nativa, homogeneizando las diferencias regionales en las comunidades con la consecuente pérdida de biodiversidad.
Además, genera a nivel económico grandes gastos en reparación y limpiezas de caños y filtros de refrigeración de plantas potabilizadoras, centrales hidroeléctricas y toda industria que tome agua del cuerpo de agua invadido. Cabe destacar que el área recorrida por los técnicos durante el sondeo está concesionada a Hidroeléctrica Tucumán/Hidroeléctrica Río Hondo.
Dado que este registro es el primero en la región NOA, los técnicos advierten que la provincia es actualmente un potencial foco de dispersión hacia el resto del noroeste argentino. Por ello, propusieron establecer un protocolo de Alerta Preventiva que consiste principalmente en el bloqueo de la dispersión de la especie.
Recomendaciones para pescadores y comunidad en general:
- Siempre limpie toda su embarcación (bote, lancha, velero, etc.), trailer y equipo de pesca (redes, boyas, etc.) antes de transportarla de un área potencialmente contaminada por el mejillón a otra. Nunca utilice lavandina doméstica en las proximidades de cualquier cuerpo de agua, ya que la vida acuática de éste puede ser afectada adversamente.
- En el caso de haber detectado ejemplares de mejillón dorado adheridos a su embarcación, utilice agua a alta presión o raspe la superficie con cepillo o espátulas.
- Si el tiempo es caluroso y seco, deje su bote fuera del agua por 6 o 7 días. Así, los mejillones morirán, algunos caerán, otros deberán ser raspados. Coloque los mejillones en un contenedor de basura o lejos de un cuerpo de agua o desagüe.
- Nunca transfiera agua de un ambiente acuático a otro, ya que las larvas del mejillón dorado son microscópicas y podrían ser trasladadas involuntariamente.
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Amianto en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires
Preocupa la presencia de asbesto en escuelas de la Ciudad de Buenos Aires
Fecha de Publicación: 31/12/2019
Fuente: Diario Perfil
Provincia/Región: CABA
El gobierno porteño reconoció que hay 24 instituciones educativas que aún tienen calderas con amianto. Ya se recuperó la mitad y en enero se completará el proceso de desasbestización en las restantes. Críticas de los representantes sindicales. La respuesta de los funcionarios.
El Equipo de Investigación de Perfil Educación confirmó que sigue habiendo preocupación por lapresencia de asbesto o amianto—otro modo de denominar al mineral—, en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno porteño reconoció que un total de 24 establecimientos empezaron un plan de desasbestización, que la mitad ya fueron recuperadas pero que aún hay 12 doce instituciones educativas que esperan a ser tratadas.
Luego de que en el receso invernal el Gobierno porteño retirara la caldera con asbesto del colegio Lenguas Vivas, la comunidad del establecimiento y los referentes sindicales reclamaron a la cartera educativa de la Ciudad la intervención en el tema. Desde la misma, se informó que para enero del 2020 se concretará la licitación para extraer el mineral.
"Estamos en alerta por el desinterés y la liviandad con que se trata el problema. Si a un estudiante o docente le llegan a aparecer secuelas hay responsabilidades civiles y penales", denunciaEdgardo Castro, licenciado en Seguridad e Higiene e Inspector de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires.
“Lo grave es que hubo años de exposición de todos los trabajadores a la dispersión del amianto en el ambiente. La falta de seriedad es no haber atacado el problema, tomar una medida inmediata y después una más a largo plazo. La tarea del retiro del asbesto es de alto riesgo y tiene que intervenir personal especializado pero, previamente, habría que encapsularlo para que luego pueda hacerse su extracción. Si no se sigue exponiendo a la gente”, dice Castro, quien en septiembre de este año denunció penalmente alJefe de Gobierno Rodríguez Larreta por la presencia de asbesto en el subte
ElEquipo de Investigación se comunicó conIgnacio Castro Cranwell,director de Relaciones Institucionales del Ministerio de Educación porteño y con Sebastián Tomaghelli a cargo de la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y de Administración de Recursos de la Ciudad que, entre otras funciones, reporta la infraestructura edilicia de las escuelas. “En Educación venimos atacando el tema del asbesto hace un par de años. Lo que acordamos es
una licitación que tiene 180 días de plazo, como máximo de culminación de obra, aunque venimos trabajando en un proceso de sesenta días para que todo el material de la escuela pueda ser retirado”, indicó Tomaghelli.
El listado de las escuelas porteñas donde se retiraron las calderas con asbesto.
“Más del 50% de las escuelas tienen por arriba de 75 años y en el pasado este material se utilizaba como aislante para evitar la pérdida de calor, con lo cual habíamos detectado veinticuatro calderas que contenían asbesto. No se retiraron antes porque nunca hubo ningún problema y en la mayoría de los casos están en lugares que no son de circulación masiva. En el Lenguas Vivas los padres sabían del retiro de la caldera y no hubo ningún problema hasta dos meses antes de las elecciones”, señaló Tomaghelli ante el Equipo de Investigación.
La próxima licitación comprende los siguientes establecimientos para desasbestizar:
“Es un tema sensible y su tratamiento requiere de mucho cuidado para no alarmar a la población. No hay que tocar el material sin medidas de seguridad adecuadas, ni querer sacarlo por cuenta propia. Se debe retirar en condiciones de suma seguridad porque, de lo contrario, es mejor dejarlo donde está. En primer lugar, hay que confirmar que se trata de asbesto”, dijo al Equipo de Investigación Susana Mühlmann, arquitecta e Investigadora de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (UBA), especializada en sustentabilidad y toxicidades de los materiales de la construcción y en procedimientos seguros para detección, tratamiento y remoción de amianto en edificios.
En un informe realizado por Mühlmann para las Jornadas de Construcción Sustentable 2017organizadas por la Fundación Hábitat y Desarrollo en conjunto con la Agencia de Protección Ambiental (APRA-GCABA), al cual accedió el
Equipo de Investigación, se explica que el asbesto es un mineral que fue considerado décadas pasadas como un material extraordinario para la construcción, por su capacidad de aislamiento térmico y acústico, su durabilidad, su fácil detección y extracción de la tierra.
"Es un tema sensible y su tratamiento requiere de mucho cuidado para no alarmar a la población y que esta no termine haciendo justamente lo opuesto a lo que hay que hacer", Susana Mühlmann.
Por sus propiedades, el amianto se encuentra de forma masiva a nivel mundial, como componente del fibrocemento para la producción de techos, tejas y chapas o como aislante de cañerías y de calderas, entre sus funciones más conocidas. Sin embargo, con el paso del tiempo descubrimientos científicos demostraron que en relación a la salud, el amianto o asbesto es tan mágico como peligroso. Según el informe nombrado, de acuerdo a la roca mineral de la que se extrae, hay dos tipos de asbesto: anfíboles y serpentina.
El riesgo extremo para el sistema respiratorio es la biopersistencia de las fibras dentro de los pulmones, que no se eliminan y pueden permanecer intactas más allá del ciclo de vida humano, lo que en un periodo de latencia, dependiendo de cada organismo, puede oscilar entre aproximadamente veinte a cuarenta años. Esto da tiempo para el potencial desarrollo de formaciones cancerosas, siendo una de las más conocidas el cáncer de pulmón.
En la Argentina, la tenencia, uso y comercialización del asbesto se prohibió en 2003 y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2006 por la Ley 1820.
El riesgo extremo para el sistema respiratorio es la biopersistencia de las fibras de asbesto, que provoca enfermedades como cáncer de pulmón.
Por su parte, en la misma línea que Mühlmann, elDr. Mariano Acevedo, Presidente de la Asociación Argentina de Expuestos al Amianto (ASAREA), señala “se debe ser cuidadoso con el tema para no generar pánico" y que "muchas veces hay material sospechado de ser amianto pero solo un análisis llevado a cabo por laboratorios especialmente autorizados pueden determinar que lo es”.
“Si bien no hay que descartar su peligrosidad, el asbesto o amianto instalado requiere una serie de procedimientos técnicos muy complejos y costosos para su retiro. Hay veces que ante la disyuntiva es mejor dejarlo como está antes que tocarlo mal. La única forma de manipularlo es hacerlo de forma correcta. En Argentina recién ahora se está tomando conciencia y conocimiento de las problemáticas que este mineral genera, pero para su tratamiento se deben seguir los pasos responsablemente”, agregó Acevedo.
"En Argentina recién ahora se está tomando conciencia y conocimiento de las problemáticas que este mineral genera, pero para su tratamiento se deben seguir los pasos responsablemente” ASAREA
Nuestro país no cuenta con un registro oficial de los edificios o espacios públicos con presencia de asbesto. Sin embargo, una investigación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) de 2008, detectó que el 15% de las muestras tomadas en 30 edificios de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires tienen presencia del material. En CABA hay seis operadores autorizados por el Estado para su retiro.
La Agencia de Protección Ambiental porteña, como autoridad de aplicación, interviene solo con el objetivo de aprobar los planes de desamiantado, según la Ley 2214 de Residuos Peligrosos, previo al inicio de las tareas en los lugares donde se ejecute la limpieza.
El asbesto tomó relevancia pública luego de que metrodelegados del subte denunciaran su presencia en algunas formaciones y se diera a conocer la situación de operarios afectados por la exposición al material. A partir de este suceso, distintos sectores comenzaron a poner el foco en diversos espacios de trabajo donde este elemento fue empleado antiguamente y aún está presente.
En 2016 la Defensoría del Pueblo de la Ciudad a través deGustavo Lesbegueris, coordinador de Educación, Ciencia, Cultura y Tecnología de la institución presentó a la Legislatura porteña una iniciativa que planteaba medidas para reemplazar instalaciones, revestimientos, aislaciones y otros materiales constructivos que contengan asbesto en escuelas de gestión estatal y privada, en todos sus niveles y modalidades.
En esa ocasión el proyecto no fue tratado, perdió estado parlamentario y fue presentado nuevamente en 2018, desde entonces permanece en estudio de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del palacio legislativo.
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Fecha de Publicación: 31/12/2019
Fuente: Diario Perfil
Provincia/Región: CABA
El gobierno porteño reconoció que hay 24 instituciones educativas que aún tienen calderas con amianto. Ya se recuperó la mitad y en enero se completará el proceso de desasbestización en las restantes. Críticas de los representantes sindicales. La respuesta de los funcionarios.
El Equipo de Investigación de Perfil Educación confirmó que sigue habiendo preocupación por lapresencia de asbesto o amianto—otro modo de denominar al mineral—, en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno porteño reconoció que un total de 24 establecimientos empezaron un plan de desasbestización, que la mitad ya fueron recuperadas pero que aún hay 12 doce instituciones educativas que esperan a ser tratadas.
Luego de que en el receso invernal el Gobierno porteño retirara la caldera con asbesto del colegio Lenguas Vivas, la comunidad del establecimiento y los referentes sindicales reclamaron a la cartera educativa de la Ciudad la intervención en el tema. Desde la misma, se informó que para enero del 2020 se concretará la licitación para extraer el mineral.
"Estamos en alerta por el desinterés y la liviandad con que se trata el problema. Si a un estudiante o docente le llegan a aparecer secuelas hay responsabilidades civiles y penales", denunciaEdgardo Castro, licenciado en Seguridad e Higiene e Inspector de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires.
“Lo grave es que hubo años de exposición de todos los trabajadores a la dispersión del amianto en el ambiente. La falta de seriedad es no haber atacado el problema, tomar una medida inmediata y después una más a largo plazo. La tarea del retiro del asbesto es de alto riesgo y tiene que intervenir personal especializado pero, previamente, habría que encapsularlo para que luego pueda hacerse su extracción. Si no se sigue exponiendo a la gente”, dice Castro, quien en septiembre de este año denunció penalmente alJefe de Gobierno Rodríguez Larreta por la presencia de asbesto en el subte
ElEquipo de Investigación se comunicó conIgnacio Castro Cranwell,director de Relaciones Institucionales del Ministerio de Educación porteño y con Sebastián Tomaghelli a cargo de la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y de Administración de Recursos de la Ciudad que, entre otras funciones, reporta la infraestructura edilicia de las escuelas. “En Educación venimos atacando el tema del asbesto hace un par de años. Lo que acordamos es
una licitación que tiene 180 días de plazo, como máximo de culminación de obra, aunque venimos trabajando en un proceso de sesenta días para que todo el material de la escuela pueda ser retirado”, indicó Tomaghelli.
El listado de las escuelas porteñas donde se retiraron las calderas con asbesto.
“Más del 50% de las escuelas tienen por arriba de 75 años y en el pasado este material se utilizaba como aislante para evitar la pérdida de calor, con lo cual habíamos detectado veinticuatro calderas que contenían asbesto. No se retiraron antes porque nunca hubo ningún problema y en la mayoría de los casos están en lugares que no son de circulación masiva. En el Lenguas Vivas los padres sabían del retiro de la caldera y no hubo ningún problema hasta dos meses antes de las elecciones”, señaló Tomaghelli ante el Equipo de Investigación.
La próxima licitación comprende los siguientes establecimientos para desasbestizar:
“Es un tema sensible y su tratamiento requiere de mucho cuidado para no alarmar a la población. No hay que tocar el material sin medidas de seguridad adecuadas, ni querer sacarlo por cuenta propia. Se debe retirar en condiciones de suma seguridad porque, de lo contrario, es mejor dejarlo donde está. En primer lugar, hay que confirmar que se trata de asbesto”, dijo al Equipo de Investigación Susana Mühlmann, arquitecta e Investigadora de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (UBA), especializada en sustentabilidad y toxicidades de los materiales de la construcción y en procedimientos seguros para detección, tratamiento y remoción de amianto en edificios.
En un informe realizado por Mühlmann para las Jornadas de Construcción Sustentable 2017organizadas por la Fundación Hábitat y Desarrollo en conjunto con la Agencia de Protección Ambiental (APRA-GCABA), al cual accedió el
Equipo de Investigación, se explica que el asbesto es un mineral que fue considerado décadas pasadas como un material extraordinario para la construcción, por su capacidad de aislamiento térmico y acústico, su durabilidad, su fácil detección y extracción de la tierra.
"Es un tema sensible y su tratamiento requiere de mucho cuidado para no alarmar a la población y que esta no termine haciendo justamente lo opuesto a lo que hay que hacer", Susana Mühlmann.
Por sus propiedades, el amianto se encuentra de forma masiva a nivel mundial, como componente del fibrocemento para la producción de techos, tejas y chapas o como aislante de cañerías y de calderas, entre sus funciones más conocidas. Sin embargo, con el paso del tiempo descubrimientos científicos demostraron que en relación a la salud, el amianto o asbesto es tan mágico como peligroso. Según el informe nombrado, de acuerdo a la roca mineral de la que se extrae, hay dos tipos de asbesto: anfíboles y serpentina.
El riesgo extremo para el sistema respiratorio es la biopersistencia de las fibras dentro de los pulmones, que no se eliminan y pueden permanecer intactas más allá del ciclo de vida humano, lo que en un periodo de latencia, dependiendo de cada organismo, puede oscilar entre aproximadamente veinte a cuarenta años. Esto da tiempo para el potencial desarrollo de formaciones cancerosas, siendo una de las más conocidas el cáncer de pulmón.
En la Argentina, la tenencia, uso y comercialización del asbesto se prohibió en 2003 y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2006 por la Ley 1820.
El riesgo extremo para el sistema respiratorio es la biopersistencia de las fibras de asbesto, que provoca enfermedades como cáncer de pulmón.
Por su parte, en la misma línea que Mühlmann, elDr. Mariano Acevedo, Presidente de la Asociación Argentina de Expuestos al Amianto (ASAREA), señala “se debe ser cuidadoso con el tema para no generar pánico" y que "muchas veces hay material sospechado de ser amianto pero solo un análisis llevado a cabo por laboratorios especialmente autorizados pueden determinar que lo es”.
“Si bien no hay que descartar su peligrosidad, el asbesto o amianto instalado requiere una serie de procedimientos técnicos muy complejos y costosos para su retiro. Hay veces que ante la disyuntiva es mejor dejarlo como está antes que tocarlo mal. La única forma de manipularlo es hacerlo de forma correcta. En Argentina recién ahora se está tomando conciencia y conocimiento de las problemáticas que este mineral genera, pero para su tratamiento se deben seguir los pasos responsablemente”, agregó Acevedo.
"En Argentina recién ahora se está tomando conciencia y conocimiento de las problemáticas que este mineral genera, pero para su tratamiento se deben seguir los pasos responsablemente” ASAREA
Nuestro país no cuenta con un registro oficial de los edificios o espacios públicos con presencia de asbesto. Sin embargo, una investigación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) de 2008, detectó que el 15% de las muestras tomadas en 30 edificios de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires tienen presencia del material. En CABA hay seis operadores autorizados por el Estado para su retiro.
La Agencia de Protección Ambiental porteña, como autoridad de aplicación, interviene solo con el objetivo de aprobar los planes de desamiantado, según la Ley 2214 de Residuos Peligrosos, previo al inicio de las tareas en los lugares donde se ejecute la limpieza.
El asbesto tomó relevancia pública luego de que metrodelegados del subte denunciaran su presencia en algunas formaciones y se diera a conocer la situación de operarios afectados por la exposición al material. A partir de este suceso, distintos sectores comenzaron a poner el foco en diversos espacios de trabajo donde este elemento fue empleado antiguamente y aún está presente.
En 2016 la Defensoría del Pueblo de la Ciudad a través deGustavo Lesbegueris, coordinador de Educación, Ciencia, Cultura y Tecnología de la institución presentó a la Legislatura porteña una iniciativa que planteaba medidas para reemplazar instalaciones, revestimientos, aislaciones y otros materiales constructivos que contengan asbesto en escuelas de gestión estatal y privada, en todos sus niveles y modalidades.
En esa ocasión el proyecto no fue tratado, perdió estado parlamentario y fue presentado nuevamente en 2018, desde entonces permanece en estudio de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del palacio legislativo.
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Hoy se derogaría la rechazada nueva ley minera de Mendoza
La Legislatura de Mendoza tratará la derogación de la ley de mineria
Fecha de Publicación: 30/12/2019
Fuente: Noticias Urbanas
Provincia/Región: Mendoza
Los senadores y diputados mendocinos tratarán este lunes en sesión especial la derogación de la reciente Ley 9.209 que establecía modificaciones a la Ley 7.722, permitiendo el uso de sustancias químicas para la explotación minera, luego de que el gobernador Rodolfo Suárez anunciara el viernes que enviaría un proyecto para restablecer la vigencia de la anterior norma.
El proyecto para dejar sin efecto la norma que habilitaba el uso de sustancias químicas, como el cianuro y el ácido sulfúrico, comenzará a tratarse partir de las 9 en el Senado y después, pasadas las 11, en la Cámara de Diputados.
El tratamiento legislativo para aprobar la derogación de la ley 9.209, y de esta manera restablecer la vigencia de la Ley 7.722, se da luego de que el gobernador Suárez (UCR) anunciara el viernes pasado, tras las protestas en contra de la normativa, que impulsaba la derogación de la norma recientemente aprobada por los legisladores.
Suárez, en conferencia de prensa, señaló que “para la exploración minera se necesitaban dos condiciones. Por un lado que se hiciera con estrictos controles y por el otro con el consenso social y esa licencia social no existe en Mendoza”.
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Fecha de Publicación: 30/12/2019
Fuente: Noticias Urbanas
Provincia/Región: Mendoza
Los senadores y diputados mendocinos tratarán este lunes en sesión especial la derogación de la reciente Ley 9.209 que establecía modificaciones a la Ley 7.722, permitiendo el uso de sustancias químicas para la explotación minera, luego de que el gobernador Rodolfo Suárez anunciara el viernes que enviaría un proyecto para restablecer la vigencia de la anterior norma.
El proyecto para dejar sin efecto la norma que habilitaba el uso de sustancias químicas, como el cianuro y el ácido sulfúrico, comenzará a tratarse partir de las 9 en el Senado y después, pasadas las 11, en la Cámara de Diputados.
El tratamiento legislativo para aprobar la derogación de la ley 9.209, y de esta manera restablecer la vigencia de la Ley 7.722, se da luego de que el gobernador Suárez (UCR) anunciara el viernes pasado, tras las protestas en contra de la normativa, que impulsaba la derogación de la norma recientemente aprobada por los legisladores.
Suárez, en conferencia de prensa, señaló que “para la exploración minera se necesitaban dos condiciones. Por un lado que se hiciera con estrictos controles y por el otro con el consenso social y esa licencia social no existe en Mendoza”.
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Jujuy también prohibiría los sorbetes
La Defensoría del Pueblo de Jujuy se suma a la campaña ambiental para la eliminación del uso del sorbete
Fecha de Publicación: 30/12/2019
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
La Defensoría del Pueblo de la Provincia se expresó a favor de la prohibición del uso de sorbetes en confiterías, kioscos y comercios afines vinculados a la venta de bebidas y refrescos en general, y se sumó a la campaña ambientalista tendiente a erradicar la contaminación del medio ambiente con este tipo de productos.
En ese marco, el organismo recomendó al gobierno provincial y a los municipios a establecer controles y aplicar sanciones a todos aquellos propietarios de establecimientos comerciales que no cumplan con estas acciones de protección de nuestro ecosistema.
En tal sentido, el ombudsman jujeño, Javier de Bedia, se mostró preocupado por los diversos estudios de impacto ambiental que dan cuenta de la importante contaminación que generan los sorbetes de un solo uso. “El plástico es un material volátil, liviano y durable en el tiempo, que puede escapar fácilmente de la gestión de residuos y afectar de manera persistente la infraestructura urbana”, reseñó.
Asimismo, de Bedia manifestó que el objetivo es reducir la existencia de este plástico para evitar la contaminación que se produce en los grandes cauces del agua. “El sorbete es un gran problema para el medio ambiente, y está comprobado que aparece como el cuarto contaminante más común que afecta al agua y puede tardar entre 100 y 400 años en degradarse”, completó.
Luego encomendó al Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Secretaría de Gestión Ambiental de la provincia, hacer observar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley 5063 que impulsa procesos de cambios en relación a las nuevas perspectivas ambientales, a los fines de generar conciencia y controlar que cada uno de los organismos estatales de cumplimiento efectivo a las medidas que rigen en la materia.
El defensor comentó además que la eliminación del uso del sorbete ya fue aplicada en ciudades como Buenos Aires, Pinamar, General Pueyrredon, Mar del Plata, Villa Gesel, Mar Chiquita Ushuaia y Mendoza, y recordó que las medidas aplicadas en esos lugares alcanzan a locales gastronómicos, kioscos, hoteles y boliches, entre otros.
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Fecha de Publicación: 30/12/2019
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
La Defensoría del Pueblo de la Provincia se expresó a favor de la prohibición del uso de sorbetes en confiterías, kioscos y comercios afines vinculados a la venta de bebidas y refrescos en general, y se sumó a la campaña ambientalista tendiente a erradicar la contaminación del medio ambiente con este tipo de productos.
En ese marco, el organismo recomendó al gobierno provincial y a los municipios a establecer controles y aplicar sanciones a todos aquellos propietarios de establecimientos comerciales que no cumplan con estas acciones de protección de nuestro ecosistema.
En tal sentido, el ombudsman jujeño, Javier de Bedia, se mostró preocupado por los diversos estudios de impacto ambiental que dan cuenta de la importante contaminación que generan los sorbetes de un solo uso. “El plástico es un material volátil, liviano y durable en el tiempo, que puede escapar fácilmente de la gestión de residuos y afectar de manera persistente la infraestructura urbana”, reseñó.
Asimismo, de Bedia manifestó que el objetivo es reducir la existencia de este plástico para evitar la contaminación que se produce en los grandes cauces del agua. “El sorbete es un gran problema para el medio ambiente, y está comprobado que aparece como el cuarto contaminante más común que afecta al agua y puede tardar entre 100 y 400 años en degradarse”, completó.
Luego encomendó al Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Secretaría de Gestión Ambiental de la provincia, hacer observar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley 5063 que impulsa procesos de cambios en relación a las nuevas perspectivas ambientales, a los fines de generar conciencia y controlar que cada uno de los organismos estatales de cumplimiento efectivo a las medidas que rigen en la materia.
El defensor comentó además que la eliminación del uso del sorbete ya fue aplicada en ciudades como Buenos Aires, Pinamar, General Pueyrredon, Mar del Plata, Villa Gesel, Mar Chiquita Ushuaia y Mendoza, y recordó que las medidas aplicadas en esos lugares alcanzan a locales gastronómicos, kioscos, hoteles y boliches, entre otros.
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Kicillof también piensa en los agrotóxicos para su agenda
Agroquímicos, en la agenda 2020 de Kicillof
Fecha de Publicación: 30/12/2019
Fuente: ABC Saladillo
Provincia/Región: Buenos Aires
Desde el equipo del gobernador bonaerense anunciaron que se trabajará para establecer pautas de fumigación para los distritos. En la actualidad, no hay una legislación que establezca los sistemas y cada comuna determina los parámetros para la aplicación de fitosanitarios. En ello trabaja el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez.
Durante una visita a la localidad de Bolívar, el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, mantuvo una serie de reuniones en las que avanzó en importantes anuncios. Vale recordar que, Rodríguez fue el encargado de organizar el encuentro entre el hoy gobernador, Axel Kicillof, y la sociedad rural de Bragado allá por febrero de este año donde comenzó a tomar forma la candidatura del ex ministro de Economía.
En definitiva, uno de los hombres que pertenecen al riñón del ex diputado nacional adelantó que la aplicación de los fitosanitarios en el territorio bonaerense será uno de los principales temas de la agenda de la cartera agropecuaria. Casi a la par de la búsqueda de la reactivación de la producción a través de créditos especiales.
De esa manera, Rodríguez anunció que en materia de agroquímicos se “avanzará en generar un espacio en donde podamos incorporar el conocimiento del INTA, universidades y otras organizaciones, con el objetivo de llevar adelante una serie de recomendaciones hacia los municipios sobre las pautas que deberían tenerse”.
Cabe recordar que, como informó LaTecla.info en sus informes especiales, desde hace varios años ya, el glifosato, por caso, pasó a ser la estrella de los agroquímicos en los campos argentinos y su aplicación desmedida trae consecuencias fatales para la sociedad. Vale recordar el emblemático caso de Pergamino, con vecinos afectados de cáncer en unas escasas cuadras de distancia.
En ese sentido, el ministerio de Agroindustria bonaerense que conducía Leonardo Sarquis en la era Cambiemos, ensayó una resolución, sin consenso legislativo, pero debió dar marcha atrás ante la presión judicial.
Conforme lo detallado en su momento, a finales de 2018, desde la cartera se buscó generar una alternativa mientras diputados y senadores avanzan en consensos para legislar sobre la aplicación de fitosanitarios. Lo cierto es que, en los cajones de la Legislatura ni siquiera duerme un proyecto de Ley relacionado a la problemática.
La resolución oficial fue dejada sin efecto una vez que la abogada Florencia Casamiquela, en representación de escuelas rurales de Chivilcoy, presentó un amparo por la fumigación cerca de zonas urbanas y establecimientos educativos. Dicho punto es el que presenta el mayor de los conflictos a la hora de avanzar en una solución a la aplicación de fitosanitarios. Es que, desde sectores productores buscan libertad plena a la hora de aplicar herbicidas sobre las plantaciones. Incluso, una vez que la Provincia dio marcha atrás con la resolución que permitía fumigar cerca de zonas urbanas y escuelas, desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), pusieron el grito en el cielo y reclamaron “que tomen el toro por las astas”. Claro, la medida firmada por Sarquis que quedó sin efecto era a gusto de los productores.
Con dicho panorama, Casamiquela remarcó a LaTecla.info que «hacer frente a la problemática supone, en principio, asumir la problemática reconociendo que nuestra provincia se está fumigando indiscriminadamente afectando severamente la salud y la vida de los bonaerenses». De esa manera, subrayó: «Debemos tener voluntad y decisión política para regular la aplicación de fitosanitarios, el mundo entero avanza en esta sintonía. Nuestra provincia no puede seguir regresivamente manteniendo la desregulación, y la política no puede mirar para un costado».
«Establecer límites de respeto a las poblaciones rurales, establecimientos educativos y cursos de agua, acompañado de mecanismos de compensación son indispensables a la hora de garantizar modelos productivos que no afecten ni el derecho a la vida, ni el derecho a la salud, ni el derecho a un medio ambiente sustentable, y que a su vez sea rentable, seguro y saludable tanto para quien los produce como para quien los consume», subrayó la abogada y candidata a diputada bonaerense de Consenso Federal por la Cuarta Sección.
Así, sostuvo que con políticas públicas se puede avanzar en un control. Actualmente, “el contralor está en manos de los municipios, delegando el poder de policía y no tienen el poder suficiente para hacerlo”.
Uno de los casos testigos de la Provincia es el de San Antonio de Areco, que junto con Bolívar, se convirtieron en los primeros distritos en generar ordenanzas que regularicen la aplicación. “Hace 4 años que esta prohibida la fumigación aérea y no hemos tenido ningún problema con eso. Siempre hay puja de intereses con productores y no son todos iguales. Quienes más reaccionaron fueron los grandes, pero hoy convivimos con eso y nadie dejó de producir”, lanzó a este medio, el intendente Francisco Durañona.
En ese marco, sostuvo que “si de verdad queremos promover el arraigo, hay que regular el uso del suelo para el hábitat y la producción, regular la aplicación de agroquímicos con sus límites y prohibiciones, garantizar cinturones y zonas verdes para la agricultura familiar natural, y garantizar propiedad de los predios a los pequeños y medianos productores familiares”.
En tanto, después de la marcha atrás de Agroindustria, y en el contexto de un año en clave electoral, la cartera que conduce Sarquis direccionó su trabajo en materia preventiva y fiscalizadora.
De esa manera, al tiempo que destacan que quienes deben llevar las riendas son los gobiernos municipales, detallaron que se realizaron 211 cursos de capacitación a operarios y se entregaron más de 7 mil carnets habilitantes, además de unas 500 fiscalizaciones. Asimismo, en el equipo provincial destacan la creación de un laboratorio para controlar la plaga de “tucuras”, que deriva en la disminución del uso de agroquímicos.
En definitiva, la aplicación a fitosanitarios no cuenta con una legislación provincial y los distritos están a la suerte de las políticas que puedan –o quieran – impulsar. Mientras, los productores aprovechan el vacío legal para continuar con la utilización desmedida en detrimento de los vecinos. En ese marco, Kicillof puso los fitosanitarios en la agenda 2020.
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Fecha de Publicación: 30/12/2019
Fuente: ABC Saladillo
Provincia/Región: Buenos Aires
Desde el equipo del gobernador bonaerense anunciaron que se trabajará para establecer pautas de fumigación para los distritos. En la actualidad, no hay una legislación que establezca los sistemas y cada comuna determina los parámetros para la aplicación de fitosanitarios. En ello trabaja el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez.
Durante una visita a la localidad de Bolívar, el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, mantuvo una serie de reuniones en las que avanzó en importantes anuncios. Vale recordar que, Rodríguez fue el encargado de organizar el encuentro entre el hoy gobernador, Axel Kicillof, y la sociedad rural de Bragado allá por febrero de este año donde comenzó a tomar forma la candidatura del ex ministro de Economía.
En definitiva, uno de los hombres que pertenecen al riñón del ex diputado nacional adelantó que la aplicación de los fitosanitarios en el territorio bonaerense será uno de los principales temas de la agenda de la cartera agropecuaria. Casi a la par de la búsqueda de la reactivación de la producción a través de créditos especiales.
De esa manera, Rodríguez anunció que en materia de agroquímicos se “avanzará en generar un espacio en donde podamos incorporar el conocimiento del INTA, universidades y otras organizaciones, con el objetivo de llevar adelante una serie de recomendaciones hacia los municipios sobre las pautas que deberían tenerse”.
Cabe recordar que, como informó LaTecla.info en sus informes especiales, desde hace varios años ya, el glifosato, por caso, pasó a ser la estrella de los agroquímicos en los campos argentinos y su aplicación desmedida trae consecuencias fatales para la sociedad. Vale recordar el emblemático caso de Pergamino, con vecinos afectados de cáncer en unas escasas cuadras de distancia.
En ese sentido, el ministerio de Agroindustria bonaerense que conducía Leonardo Sarquis en la era Cambiemos, ensayó una resolución, sin consenso legislativo, pero debió dar marcha atrás ante la presión judicial.
Conforme lo detallado en su momento, a finales de 2018, desde la cartera se buscó generar una alternativa mientras diputados y senadores avanzan en consensos para legislar sobre la aplicación de fitosanitarios. Lo cierto es que, en los cajones de la Legislatura ni siquiera duerme un proyecto de Ley relacionado a la problemática.
La resolución oficial fue dejada sin efecto una vez que la abogada Florencia Casamiquela, en representación de escuelas rurales de Chivilcoy, presentó un amparo por la fumigación cerca de zonas urbanas y establecimientos educativos. Dicho punto es el que presenta el mayor de los conflictos a la hora de avanzar en una solución a la aplicación de fitosanitarios. Es que, desde sectores productores buscan libertad plena a la hora de aplicar herbicidas sobre las plantaciones. Incluso, una vez que la Provincia dio marcha atrás con la resolución que permitía fumigar cerca de zonas urbanas y escuelas, desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), pusieron el grito en el cielo y reclamaron “que tomen el toro por las astas”. Claro, la medida firmada por Sarquis que quedó sin efecto era a gusto de los productores.
Con dicho panorama, Casamiquela remarcó a LaTecla.info que «hacer frente a la problemática supone, en principio, asumir la problemática reconociendo que nuestra provincia se está fumigando indiscriminadamente afectando severamente la salud y la vida de los bonaerenses». De esa manera, subrayó: «Debemos tener voluntad y decisión política para regular la aplicación de fitosanitarios, el mundo entero avanza en esta sintonía. Nuestra provincia no puede seguir regresivamente manteniendo la desregulación, y la política no puede mirar para un costado».
«Establecer límites de respeto a las poblaciones rurales, establecimientos educativos y cursos de agua, acompañado de mecanismos de compensación son indispensables a la hora de garantizar modelos productivos que no afecten ni el derecho a la vida, ni el derecho a la salud, ni el derecho a un medio ambiente sustentable, y que a su vez sea rentable, seguro y saludable tanto para quien los produce como para quien los consume», subrayó la abogada y candidata a diputada bonaerense de Consenso Federal por la Cuarta Sección.
Así, sostuvo que con políticas públicas se puede avanzar en un control. Actualmente, “el contralor está en manos de los municipios, delegando el poder de policía y no tienen el poder suficiente para hacerlo”.
Uno de los casos testigos de la Provincia es el de San Antonio de Areco, que junto con Bolívar, se convirtieron en los primeros distritos en generar ordenanzas que regularicen la aplicación. “Hace 4 años que esta prohibida la fumigación aérea y no hemos tenido ningún problema con eso. Siempre hay puja de intereses con productores y no son todos iguales. Quienes más reaccionaron fueron los grandes, pero hoy convivimos con eso y nadie dejó de producir”, lanzó a este medio, el intendente Francisco Durañona.
En ese marco, sostuvo que “si de verdad queremos promover el arraigo, hay que regular el uso del suelo para el hábitat y la producción, regular la aplicación de agroquímicos con sus límites y prohibiciones, garantizar cinturones y zonas verdes para la agricultura familiar natural, y garantizar propiedad de los predios a los pequeños y medianos productores familiares”.
En tanto, después de la marcha atrás de Agroindustria, y en el contexto de un año en clave electoral, la cartera que conduce Sarquis direccionó su trabajo en materia preventiva y fiscalizadora.
De esa manera, al tiempo que destacan que quienes deben llevar las riendas son los gobiernos municipales, detallaron que se realizaron 211 cursos de capacitación a operarios y se entregaron más de 7 mil carnets habilitantes, además de unas 500 fiscalizaciones. Asimismo, en el equipo provincial destacan la creación de un laboratorio para controlar la plaga de “tucuras”, que deriva en la disminución del uso de agroquímicos.
En definitiva, la aplicación a fitosanitarios no cuenta con una legislación provincial y los distritos están a la suerte de las políticas que puedan –o quieran – impulsar. Mientras, los productores aprovechan el vacío legal para continuar con la utilización desmedida en detrimento de los vecinos. En ese marco, Kicillof puso los fitosanitarios en la agenda 2020.
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