Las empresas se suman a las renovables
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Cada vez más empresas producen su propia electricidad y venden lo que les sobra a la red
Fecha de Publicación: 28/11/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Si uno pudiera mirar de arriba el techo de las oficinas de la empresa harinera Gastaldi Hermanos, en el pueblo cordobés de General Deheza, la vería cubierta de rectángulos azules y brillantes. Son 30 paneles solares que generan el 35% de la energía que se consume en ese edificio. Gastaldi Hermanos es una de las empresas que, alentadas por la reciente implementación de la Ley de Generación Distribuida de Energía, completaron los pasos para "enchufarse" a la red pública de electricidad y venderle el excedente de energía generada.
El sistema funciona del siguiente modo. La empresa hace la instalación y, en los momentos que no alcanza a generar toda la energía que necesita, la toma del sistema. En cambio, cuando genera más de la que consume, inyecta automáticamente el excedente en la red. Luego, los saldos se compensan en la factura eléctrica, lo que durante los primeros tres meses le significó a la cerealera más de $20.000 de ahorro solo en las oficinas.
Según los registros oficiales de octubre pasado, en el país hay 48 usuarios-generadores (entre residenciales y empresas) con una potencia instalada de 430 kilovatios (kW). Esto significa el triple respecto del mes anterior, y para fines de noviembre se espera que se sumen otros 33 usuarios con 400 kW adicionales que ya tienen la instalación completa, pero están esperando el cambio de medidor por uno bidireccional, que registra tanto la energía que el usuario toma de la red como la que entrega. Además, hay 267 proyectos en trámite que involucran 2573 kW.
"El trámite para gestionar esto online lo lanzamos en marzo pasado. Hubo unos primeros meses de aprendizaje y la tendencia muestra que desde entonces no solo crecen exponencialmente los usuarios mes a mes, sino que cada vez se instalan equipos más grandes", dijo a LA NACION Ignacio Romero, director de Generación Distribuida en la Secretaría de Energía de la Nación.
Antes de la sanción de la ley 27.424, aprobada en 2017, pero reglamentada e implementada recién éste año, existían ya usuarios particulares que generaban energía, pero se trataba de una motivación fundamentalmente ecológica, porque no existía un método para aprovecharla al 100% y vender el excedente al sistema, aumentando el ahorro económico. La única forma de optimizar el uso de las instalaciones era hacer coincidir el momento de mayor generación con el de mayor consumo.
"Ahora, con lo que generás de día podés cubrir los consumos de la noche; usás a la red de batería, porque al final de mes se compensan lo que vos inyectaste con lo que consumiste", explicó Franco Borrello, fundador y director de Cleanergy Renovables, la firma cordobesa de energía renovable que asesora a Gastaldi Hermanos.
Además, el Gobierno incentiva la autogeneración con créditos fiscales para compensar IVA o Ganancias. "Eso está dinamizando fuerte la demanda en el sector pyme porque estos certificado pueden representar 30% del valor de la inversión", detalló Romero. El monto del certificado es de $30.000 por kW instalado, hasta un máximo de $2 millones por instalación.
Uno de los proyectos en trámite más grandes es el de la bodega Trivento, ubicada en la localidad mendocina de Maipú. La bodega cuenta con un predio industrial de 80.000 metros cuadrados e instaló una planta fotovoltaica de 270 kW, lo que cubre el 10% de su consumo promedio anual. Calculan que generará un ahorro anual promedio de $1,6 millones.
Según dijo el gerente general de la bodega, Marcos Jofré, "no es un ahorro significativo en términos monetarios, pero aporta a un modelo de negocio que se basa en la sustentabilidad". En la instalación de paneles solares Trivento hizo una inversión de $16 millones y calcula que la recuperará en un plazo de entre nueve y diez años.
Rocsa está ubicada en Parque Avellaneda y fue la primera empresa en conectarse a la distribuidora Edesur. Autoconsume el 60% de la energía que genera con los 12 paneles ubicados en su terraza y pasaron de abonar facturas de $3000 a aproximadamente $1200. "Más allá de la intención de contribuir al medioambiente y ser cada vez más sustentables, las pymes tenemos la motivación extra del aumento de las tarifas", señaló Graciela González, gerenta administrativa de Rocsa, empresa dedicada a las energías renovables que importa generadores italianos con baterías de acumulación.
Si bien es muy difícil calcular el precio de los dispositivos, porque depende de sus características y su potencia, González estima que un equipo para una casa, con batería de acumulación, comienza en US$15.000 y uno sin acumulación de 1,3 kW, en US$1000.
Los empresarios del sector aseguran que en los últimos cinco o seis años fueron bajando los costos de los dispositivos por la mejora de las tecnologías y la ampliación de la oferta. La recuperación de la inversión tiene un período aproximado de seis años y los equipos tienen una vida útil de 25 años.
"Todavía tenemos componente de subsidio en las tarifas, pero el costo eléctrico es muy alto para las pymes. Con esto, como la vida útil son 20, 25 años, te aseguras un gran porcentaje de reducción de consumo eléctrico que lo vas a poder sostener en el tiempo y prácticamente sin mantenimiento", agregó Romero.
Este régimen aplica para las empresas medianas y chicas. Las compañías más grandes están encuadradas dentro de la figura de Grandes Usuarios Habilitados y desde la sanción de la ley 27.191, en 2015, están obligadas a cubrir parte de su demanda eléctrica con energías renovables (el objetivo suscrito en el Acuerdo de París es alcanzar el 20% para 2025). Para cumplir pueden comprarle la "energía limpia" a un generador privado (es el caso de Toyota, Budweiser o Coca-Cola) o pueden autogenerarla, como YPF o Aluar. Otra diferencia es que por por su volumen de consumo, les conviene mucho más recurrir a un parque eólico que a paneles solares.
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Fecha de Publicación: 28/11/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Si uno pudiera mirar de arriba el techo de las oficinas de la empresa harinera Gastaldi Hermanos, en el pueblo cordobés de General Deheza, la vería cubierta de rectángulos azules y brillantes. Son 30 paneles solares que generan el 35% de la energía que se consume en ese edificio. Gastaldi Hermanos es una de las empresas que, alentadas por la reciente implementación de la Ley de Generación Distribuida de Energía, completaron los pasos para "enchufarse" a la red pública de electricidad y venderle el excedente de energía generada.
El sistema funciona del siguiente modo. La empresa hace la instalación y, en los momentos que no alcanza a generar toda la energía que necesita, la toma del sistema. En cambio, cuando genera más de la que consume, inyecta automáticamente el excedente en la red. Luego, los saldos se compensan en la factura eléctrica, lo que durante los primeros tres meses le significó a la cerealera más de $20.000 de ahorro solo en las oficinas.
Según los registros oficiales de octubre pasado, en el país hay 48 usuarios-generadores (entre residenciales y empresas) con una potencia instalada de 430 kilovatios (kW). Esto significa el triple respecto del mes anterior, y para fines de noviembre se espera que se sumen otros 33 usuarios con 400 kW adicionales que ya tienen la instalación completa, pero están esperando el cambio de medidor por uno bidireccional, que registra tanto la energía que el usuario toma de la red como la que entrega. Además, hay 267 proyectos en trámite que involucran 2573 kW.
"El trámite para gestionar esto online lo lanzamos en marzo pasado. Hubo unos primeros meses de aprendizaje y la tendencia muestra que desde entonces no solo crecen exponencialmente los usuarios mes a mes, sino que cada vez se instalan equipos más grandes", dijo a LA NACION Ignacio Romero, director de Generación Distribuida en la Secretaría de Energía de la Nación.
Antes de la sanción de la ley 27.424, aprobada en 2017, pero reglamentada e implementada recién éste año, existían ya usuarios particulares que generaban energía, pero se trataba de una motivación fundamentalmente ecológica, porque no existía un método para aprovecharla al 100% y vender el excedente al sistema, aumentando el ahorro económico. La única forma de optimizar el uso de las instalaciones era hacer coincidir el momento de mayor generación con el de mayor consumo.
"Ahora, con lo que generás de día podés cubrir los consumos de la noche; usás a la red de batería, porque al final de mes se compensan lo que vos inyectaste con lo que consumiste", explicó Franco Borrello, fundador y director de Cleanergy Renovables, la firma cordobesa de energía renovable que asesora a Gastaldi Hermanos.
Además, el Gobierno incentiva la autogeneración con créditos fiscales para compensar IVA o Ganancias. "Eso está dinamizando fuerte la demanda en el sector pyme porque estos certificado pueden representar 30% del valor de la inversión", detalló Romero. El monto del certificado es de $30.000 por kW instalado, hasta un máximo de $2 millones por instalación.
Uno de los proyectos en trámite más grandes es el de la bodega Trivento, ubicada en la localidad mendocina de Maipú. La bodega cuenta con un predio industrial de 80.000 metros cuadrados e instaló una planta fotovoltaica de 270 kW, lo que cubre el 10% de su consumo promedio anual. Calculan que generará un ahorro anual promedio de $1,6 millones.
Según dijo el gerente general de la bodega, Marcos Jofré, "no es un ahorro significativo en términos monetarios, pero aporta a un modelo de negocio que se basa en la sustentabilidad". En la instalación de paneles solares Trivento hizo una inversión de $16 millones y calcula que la recuperará en un plazo de entre nueve y diez años.
Rocsa está ubicada en Parque Avellaneda y fue la primera empresa en conectarse a la distribuidora Edesur. Autoconsume el 60% de la energía que genera con los 12 paneles ubicados en su terraza y pasaron de abonar facturas de $3000 a aproximadamente $1200. "Más allá de la intención de contribuir al medioambiente y ser cada vez más sustentables, las pymes tenemos la motivación extra del aumento de las tarifas", señaló Graciela González, gerenta administrativa de Rocsa, empresa dedicada a las energías renovables que importa generadores italianos con baterías de acumulación.
Si bien es muy difícil calcular el precio de los dispositivos, porque depende de sus características y su potencia, González estima que un equipo para una casa, con batería de acumulación, comienza en US$15.000 y uno sin acumulación de 1,3 kW, en US$1000.
Los empresarios del sector aseguran que en los últimos cinco o seis años fueron bajando los costos de los dispositivos por la mejora de las tecnologías y la ampliación de la oferta. La recuperación de la inversión tiene un período aproximado de seis años y los equipos tienen una vida útil de 25 años.
"Todavía tenemos componente de subsidio en las tarifas, pero el costo eléctrico es muy alto para las pymes. Con esto, como la vida útil son 20, 25 años, te aseguras un gran porcentaje de reducción de consumo eléctrico que lo vas a poder sostener en el tiempo y prácticamente sin mantenimiento", agregó Romero.
Este régimen aplica para las empresas medianas y chicas. Las compañías más grandes están encuadradas dentro de la figura de Grandes Usuarios Habilitados y desde la sanción de la ley 27.191, en 2015, están obligadas a cubrir parte de su demanda eléctrica con energías renovables (el objetivo suscrito en el Acuerdo de París es alcanzar el 20% para 2025). Para cumplir pueden comprarle la "energía limpia" a un generador privado (es el caso de Toyota, Budweiser o Coca-Cola) o pueden autogenerarla, como YPF o Aluar. Otra diferencia es que por por su volumen de consumo, les conviene mucho más recurrir a un parque eólico que a paneles solares.
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Juticia frena explotación agrícola en isla entrerriana
Frenaron definitivamente explotación sojera y maicera en zona de islas protegida
Fecha de Publicación: 28/11/2019
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Entre Ríos
Desde 2008, la multinacional mantenía la explotación ilegal en la isla Irupé, sobre el arroyo Los Laureles. Había intervenido el humedal con un terraplén de 19 kilómetros y un drenaje. Levantó silos y un enorme galpón para sus maquinarias. La máxima instancia judicial entrerriana le bajó el pulgar
La multinacional holandesa Bema Agri comenzó hace años a explotar territorio del humedal del Paraná, más precisamente las islas entrerrianas frente a Rosario y la región, para lo cual intervino con terraplenes, drenajes y rellenos poniendo en serio riesgo al frágil ecosistema insular, regulador del clima en la zona y fuente de biodiversidad. Las denuncias contra la incursión productiva intensiva en un ambiente que no la soporta fueron impulsadas principalmente por organizaciones y colectivos ecologistas. Difusión por redes sociales y algunos medios de comunicación, más presentaciones ante Tribunales, hicieron un ruido que destapó los oídos de las autoridades con jurisdicción en la zona, las de la Municipalidad de Victoria. El Ejecutivo local accionó para que cesara la actividad, ilegal por asentarse en áreas protegidas. Aunque obtuvo un fallo favorable en las primeras instancias, la firma apeló con un recurso que rechazó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Entre Ríos en un dictamen que se conoció este viernes y que pone punto final a la controversia, habilitando la recuperación de los terrenos invadidos.
El STJ entrerriano rechazó por inadmisible el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por Bema Agri BV. La causa contra la firma holandesa es por la construcción de un muro de contención de 19 kilómetros de extensión en una isla del Delta, en jurisdicción de Victoria. Esa obra se complementa con un canal interior de drenaje, combo de intervenciones destinado a permitir una explotación agropecuaria intensiva.
Una década de ilegalidad y daño ambiental
Bema Agri había construido un dique en campos de islas del departamento Victoria, en la zona de la isla Irupé, sobre el arroyo Los Laureles. Desde 2008 venía realizando prácticas prohibidas: construcción de terraplenes para cercar superficie donde sembró soja y maíz. Allí habían montado una infraestructura con galpones para la maquinari y silos.
La comuna de Victoria ordenó el cese de la actividad, pero la firma recurrió a la Justicia desconociendo la potestad del municipio.
Bema Agri BV se constituyó en la Argentina entre fines de 2005 y principios de 2006. Está inscripta en la Afip como explotador de las actividades de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. El gobierno entrerriano la intimó en 2009 a informarle sobre “cualquier actividad que estuviera desarrollando sobre la zona del Delta, debiendo presentar toda documentación habilitante y estudio de impacto ambiental hechos”. La holandesa respondió cuatro años después, en febrero de 2013, para blanquear una “obra de hidráulica de defensa de inundación para producción agrícola con rotación de cultivos y engorde de bovinos bajo sistema tradicional”. Continuó con las dilaciones y las actividades ilegales. Cuando levantó los silos y un enorme galpón, los colectivos ambientalistas renovaron las denuncias, ya con inocultables muestras de las violaciones jurídicas.
Hito en la jurisprudencia ambiental
Jorge Daneri, abogado de la Unidad de Vinculación Ecologista (UVE) de la Fundación de La Hendija, calificó la decisión judicial como “un hito central en una jurisprudencia que subraya la necesidad de atender muy especialmente la defensa de los humedales, frente a proyectos de agricultura extensiva o intervenciones inmobiliarias, como sucedió en el Caso Amarras, en Gualeguaychú”.
La causa, de acuerdo a lo que informa el portal Verde, está caratulado “Bema Agri B.V c/ la Municipalidad de Victoria y Estado Provincial (Contencioso Administrativo)”.
La sentencia del máximo organismo judicial ratifica lo resuelto por la Cámara en lo Contencioso Administrativo 1 de Paraná en julio de 2018. Entonces, los jueces Marcelo Baridón, Gisela Schumacher y Hugo González Elías no habían admitido la acción promovida por la empresa holandesa, que pretendía desarrollar actividades agrícolas en amplias extensiones con diques y terraplenes. El dato más grave: intervino un Área Natural Protegida por una ordenanza municipal y una ley provincial.
Daneri insistió en que el TSJ ratificó así “una jurisprudencia cada vez más sólida en defensa del sistema de humedales del Delta argentino, que da enorme valor a dos leyes de Áreas Naturales Protegidas Provinciales y a la norma constitucional entrerriana fruto de la reforma de 2008, que salvaguarda el sistema de humedales y sus ecosistemas asociados (leyes 9.485 y 9.718)”.
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Fecha de Publicación: 28/11/2019
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Entre Ríos
Desde 2008, la multinacional mantenía la explotación ilegal en la isla Irupé, sobre el arroyo Los Laureles. Había intervenido el humedal con un terraplén de 19 kilómetros y un drenaje. Levantó silos y un enorme galpón para sus maquinarias. La máxima instancia judicial entrerriana le bajó el pulgar
La multinacional holandesa Bema Agri comenzó hace años a explotar territorio del humedal del Paraná, más precisamente las islas entrerrianas frente a Rosario y la región, para lo cual intervino con terraplenes, drenajes y rellenos poniendo en serio riesgo al frágil ecosistema insular, regulador del clima en la zona y fuente de biodiversidad. Las denuncias contra la incursión productiva intensiva en un ambiente que no la soporta fueron impulsadas principalmente por organizaciones y colectivos ecologistas. Difusión por redes sociales y algunos medios de comunicación, más presentaciones ante Tribunales, hicieron un ruido que destapó los oídos de las autoridades con jurisdicción en la zona, las de la Municipalidad de Victoria. El Ejecutivo local accionó para que cesara la actividad, ilegal por asentarse en áreas protegidas. Aunque obtuvo un fallo favorable en las primeras instancias, la firma apeló con un recurso que rechazó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Entre Ríos en un dictamen que se conoció este viernes y que pone punto final a la controversia, habilitando la recuperación de los terrenos invadidos.
El STJ entrerriano rechazó por inadmisible el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por Bema Agri BV. La causa contra la firma holandesa es por la construcción de un muro de contención de 19 kilómetros de extensión en una isla del Delta, en jurisdicción de Victoria. Esa obra se complementa con un canal interior de drenaje, combo de intervenciones destinado a permitir una explotación agropecuaria intensiva.
Una década de ilegalidad y daño ambiental
Bema Agri había construido un dique en campos de islas del departamento Victoria, en la zona de la isla Irupé, sobre el arroyo Los Laureles. Desde 2008 venía realizando prácticas prohibidas: construcción de terraplenes para cercar superficie donde sembró soja y maíz. Allí habían montado una infraestructura con galpones para la maquinari y silos.
La comuna de Victoria ordenó el cese de la actividad, pero la firma recurrió a la Justicia desconociendo la potestad del municipio.
Bema Agri BV se constituyó en la Argentina entre fines de 2005 y principios de 2006. Está inscripta en la Afip como explotador de las actividades de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. El gobierno entrerriano la intimó en 2009 a informarle sobre “cualquier actividad que estuviera desarrollando sobre la zona del Delta, debiendo presentar toda documentación habilitante y estudio de impacto ambiental hechos”. La holandesa respondió cuatro años después, en febrero de 2013, para blanquear una “obra de hidráulica de defensa de inundación para producción agrícola con rotación de cultivos y engorde de bovinos bajo sistema tradicional”. Continuó con las dilaciones y las actividades ilegales. Cuando levantó los silos y un enorme galpón, los colectivos ambientalistas renovaron las denuncias, ya con inocultables muestras de las violaciones jurídicas.
Hito en la jurisprudencia ambiental
Jorge Daneri, abogado de la Unidad de Vinculación Ecologista (UVE) de la Fundación de La Hendija, calificó la decisión judicial como “un hito central en una jurisprudencia que subraya la necesidad de atender muy especialmente la defensa de los humedales, frente a proyectos de agricultura extensiva o intervenciones inmobiliarias, como sucedió en el Caso Amarras, en Gualeguaychú”.
La causa, de acuerdo a lo que informa el portal Verde, está caratulado “Bema Agri B.V c/ la Municipalidad de Victoria y Estado Provincial (Contencioso Administrativo)”.
La sentencia del máximo organismo judicial ratifica lo resuelto por la Cámara en lo Contencioso Administrativo 1 de Paraná en julio de 2018. Entonces, los jueces Marcelo Baridón, Gisela Schumacher y Hugo González Elías no habían admitido la acción promovida por la empresa holandesa, que pretendía desarrollar actividades agrícolas en amplias extensiones con diques y terraplenes. El dato más grave: intervino un Área Natural Protegida por una ordenanza municipal y una ley provincial.
Daneri insistió en que el TSJ ratificó así “una jurisprudencia cada vez más sólida en defensa del sistema de humedales del Delta argentino, que da enorme valor a dos leyes de Áreas Naturales Protegidas Provinciales y a la norma constitucional entrerriana fruto de la reforma de 2008, que salvaguarda el sistema de humedales y sus ecosistemas asociados (leyes 9.485 y 9.718)”.
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Intentan controlar al visón americano
Buscan detener el avance del visón americano, el terror de la fauna patagónica
Fecha de Publicación: 28/11/2019
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Santa Cruz
Fecha de Publicación: 28/11/2019
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Santa Cruz
Un proyecto de control del visón americano para conservar y proteger al pato de los torrentes, especie ícono de la ciudad santacruceña de El Chaltén y en riesgo de extinción, no consigue la captura del animal y las crecidas por el deshielo se llevaron y destruyeron varias de las trampas balsa activadas en el río Las Vueltas.
"Estamos aprendiendo sobre esta nueva cuenca porque la experiencia que tenemos es en el Parque Nacional Patagonia, donde los ríos se comportan totalmente distinto, por lo que estamos evaluando para el año que viene, quizá en los momentos de deshielo, levantar las trampas y cuando el río se acomoda volver a colocarlas", dijo a Télam Ernesto Juan, biólogo y director regional Patagonia Austral de Parques Nacionales.
El doctor en Biología presentó las novedades del proyecto en el Centro de Informes de Parques Nacionales en El Calafate ante guías de turismo y la comunidad en general "para que conozcan, colaboren y nos puedan avisar si ven visones en otros lugares, porque en el sur del Parque no tenemos registro pero no quiere decir que no haya", dijo.
Exterminio de la plaga
"Se trata de hacer la difusión del proyecto de control del visón americano, contar por qué decidimos sacrificar a estos animales, la manera en que lo vamos a hacer, que no lo vamos a hacer sufrir, para que los guías y la comunidad se involucren y colaboren" señaló.
Juan contó a esta agencia que desde que fueron activadas unas 86 trampas balsa en los cien kilómetros de extensión del río Las Vueltas, hasta su desembocadura en el Lago del Desierto, no se han producido capturas del visón americano, si bien el animal defecó en los dispositivos.
"Estos animales son bastante desconfiados, entonces cuesta encontrar el cebo más óptimo para estos lugares, ya que en el Patagonia andaba muy bien la carne de vaca y acá estamos viendo que no es lo más atractivo para ellos y evaluamos utilizar chinuk, este pez exótico, para llevar los animales", agregó.
Juan rescató que "la comunidad de El Chaltén se prendió muchísimo, está colaborando mucho, hay mucho voluntario colaborando con el proyecto".
El especialista anunció además para el mes de diciembre un censo de pato de los torrentes, que está relacionado con este proyecto, ya que uno de los objetivos es conservar y proteger las poblaciones de la especie.
"El Chaltén viene realizando un censo en febrero y marzo y lo que planteamos a partir de este año es hacer también uno en diciembre, porque es donde están los pichones y podés ver cómo va evolucionando la cría, si se la predan en el camino o no, y conocer cuáles son las áreas que utiliza para anidar y tener a su cría", explicó Juan.
El proyecto de control de visón americano en El Chaltén es parte del desarrollo de una estrategia nacional para abordar la problemática de las especies exóticas invasoras, que lleva adelante la Secretaría de Ambiente de Nación.
En Santa Cruz corresponde a la extensión de una experiencia que Aves Argentinas realiza con el visón americano desde hace diez años en el Parque Patagonia, donde el visón americano es una de las principales amenazas que tiene el macá tobiano en sus áreas de reproducción.
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Neuquén: quieren modificar ley de Bosques para más loteos
La nueva ley de Bosques habilitará loteos en nueve áreas de montaña de Neuquén
Fecha de Publicación: 28/11/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Organizaciones socioambientales cuestionaron los cambios propuestos por el Poder Ejecutivo y advirtieron que libera zonas de cerro Bayo y Chapelco para desarrollos inmobiliarios. El oficialismo busca aprobarlo en los primeros días de diciembre.
El proyecto de modificación de la ley de Bosques que presentó el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, habilitará la transformación de al menos nueve puntos clave en San Martín de los Andes y Villa La Angostura que ahora podrían ser explotados con fines inmobiliarios. Esa es la conclusión de las organizaciones socioambientales que participaron de los talleres para la actualización de la ley 2780 y que denuncian una “desprotección” de las zonas montañosas.
Si bien los cuatro mapas que el gobierno adjuntó al proyecto para su análisis en la Legislatura no permiten distinguir en detalle la afectación por localidad, en los presentados en los talleres de San Martín y La Angostura se pueden comparar los cambios propuestos en las categorías de riesgo.
Según planteó uno de los integrantes de la asamblea socioambiental de San Martín de los Andes, Marcelo Fernández, con estos cambios, de las 140 hectáreas en el cerro Chapelco pasarían a verde “las 75 hectáreas que están más abajo, pegadas al Complejo Las Pendientes”. Cuestionó que “el espíritu de la ley permite aumentar el status de conservación, no bajarlo”.
Ayer también se pronunció la seccional Sur de ATE a través de un comunicado en el que manifestaron su “repudio y rechazo” al proyecto. Denunciaron que intenta “modificar las restricciones que la norma establece para el avance del negocio inmobiliario en Chapelco y Cerro Bayo al cambiar las categorías de preservación”.
Según el proyecto presentado por Gutiérrez, la cobertura total de superficie de bosque nativo cuando se aprobó la ley en 2012 era de 543.917 hectáreas, número que subió a 594.628 en el nuevo proyecto. La categoría que más hectáreas incorporó fue la de color rojo, cuyo incrementó sería del 86%. Sin embargo, también lo hizo la verde, de menor protección, que se elevó por encima del 43%. En cambio, la amarilla cayó un 33%.
Eso es, en parte, porque la ley vigente contenía algunas categorías “intermedias” como la naranja y amarillo urbano que fueron eliminadas. Los opositores al proyecto indicaron también que unas 900 hectáreas quedaron sin categoría y, por tanto, “desprotegidas”.
El objetivo del oficialismo es aprobar la modificación de la ley de Bosques en las sesiones del 4 y 5 de diciembre, las últimas del año. El miércoles, los diputados del Movimiento Popular Neuquino lograron aprobar una moción de preferencia para apurar su tratamiento, lo que generó críticas de casi todo el arco opositor por querer forzar un debate “exprés” para una norma de alta complejidad.
El proyecto deberá pasar por la comisión de Medio Ambiente el próximo miércoles, donde el MPN sólo tiene asegurados siete de los ocho votos que necesita para emitir despacho.
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Fecha de Publicación: 28/11/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Organizaciones socioambientales cuestionaron los cambios propuestos por el Poder Ejecutivo y advirtieron que libera zonas de cerro Bayo y Chapelco para desarrollos inmobiliarios. El oficialismo busca aprobarlo en los primeros días de diciembre.
El proyecto de modificación de la ley de Bosques que presentó el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, habilitará la transformación de al menos nueve puntos clave en San Martín de los Andes y Villa La Angostura que ahora podrían ser explotados con fines inmobiliarios. Esa es la conclusión de las organizaciones socioambientales que participaron de los talleres para la actualización de la ley 2780 y que denuncian una “desprotección” de las zonas montañosas.
Si bien los cuatro mapas que el gobierno adjuntó al proyecto para su análisis en la Legislatura no permiten distinguir en detalle la afectación por localidad, en los presentados en los talleres de San Martín y La Angostura se pueden comparar los cambios propuestos en las categorías de riesgo.
Según planteó uno de los integrantes de la asamblea socioambiental de San Martín de los Andes, Marcelo Fernández, con estos cambios, de las 140 hectáreas en el cerro Chapelco pasarían a verde “las 75 hectáreas que están más abajo, pegadas al Complejo Las Pendientes”. Cuestionó que “el espíritu de la ley permite aumentar el status de conservación, no bajarlo”.
Ayer también se pronunció la seccional Sur de ATE a través de un comunicado en el que manifestaron su “repudio y rechazo” al proyecto. Denunciaron que intenta “modificar las restricciones que la norma establece para el avance del negocio inmobiliario en Chapelco y Cerro Bayo al cambiar las categorías de preservación”.
Según el proyecto presentado por Gutiérrez, la cobertura total de superficie de bosque nativo cuando se aprobó la ley en 2012 era de 543.917 hectáreas, número que subió a 594.628 en el nuevo proyecto. La categoría que más hectáreas incorporó fue la de color rojo, cuyo incrementó sería del 86%. Sin embargo, también lo hizo la verde, de menor protección, que se elevó por encima del 43%. En cambio, la amarilla cayó un 33%.
Eso es, en parte, porque la ley vigente contenía algunas categorías “intermedias” como la naranja y amarillo urbano que fueron eliminadas. Los opositores al proyecto indicaron también que unas 900 hectáreas quedaron sin categoría y, por tanto, “desprotegidas”.
El objetivo del oficialismo es aprobar la modificación de la ley de Bosques en las sesiones del 4 y 5 de diciembre, las últimas del año. El miércoles, los diputados del Movimiento Popular Neuquino lograron aprobar una moción de preferencia para apurar su tratamiento, lo que generó críticas de casi todo el arco opositor por querer forzar un debate “exprés” para una norma de alta complejidad.
El proyecto deberá pasar por la comisión de Medio Ambiente el próximo miércoles, donde el MPN sólo tiene asegurados siete de los ocho votos que necesita para emitir despacho.
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Argentina y la próxima COP de cambio climático
El cambio climático y la agenda socioambiental de la Argentina
Fecha de Publicación: 27/11/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
El cambio climático es el problema socioambiental de mayor resonancia mundial ya que afecta a todas las regiones. Tiene fuertes relaciones con la desigualdad social y su solución requiere del esfuerzo colectivo internacional. Existen abundantes evidencias científicas de su impacto local, así como también del papel no despreciable que tiene nuestro país en contribuir a las emisiones de gases de efecto invernadero que lo producen.
La ciudad de Madrid será, entre el 2 y el 13 de diciembre, sede de la 25ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, llamada COP25. Teniendo en cuenta la crisis económica que afecta a la Argentina y el cambio de gobierno inminente, así como la grave situación social y de gobernabilidad que sufren algunos de los países de nuestra región, los debates que se den en la COP25 pueden llegar a verse como alejados o en un plano secundario. Sin embargo, un análisis más profundo nos muestra que la vinculación de los problemas sociales con los ambientales y la articulación entre las políticas nacionales e internacionales pueden facilitar el camino para lograr el bienestar de nuestro país.
Argentina tiene una larga historia en participar en las discusiones multilaterales sobre el tema y, como firmante del Acuerdo de París, se ha comprometido a contribuir a su solución. En este contexto, la COP25 tratará temas relevantes para el desarrollo económico y social de Argentina. Los acuerdos que se logren sobre los mecanismos para promover la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero en un esquema donde todos contribuimos con la solución, podrían permitir soluciones más costo-efectivas para los países, incluyendo Argentina. Aunque esos acuerdos internacionales tienen que reconocer las responsabilidades, capacidades y circunstancias nacionales, evitando que la carga recaiga de modo desproporcionado sobre ciertos sectores, especialmente en países en desarrollo.
La COP25 revisará también los mecanismos sobre las pérdidas y daños asociados con los efectos adversos del cambio climático y discutirá sobre el Fondo de Adaptación, que contribuye a que los países en desarrollo puedan progresar en sus planes y acciones de adaptación. Los eventos especiales de la COP25 sobre agricultura, energía, transporte, bosques pueden tener también relevancia en el desarrollo local. Sería deseable, entonces, que la transición hacia el nuevo gobierno nacional contemple la participación en la COP25 a la vez que considere el fortalecimiento de la gestión del ambiente, cambio climático y desarrollo sustentable.
Es posible lograr el desarrollo económico nacional teniendo en cuenta las dimensiones sociales y ambientales, e integrando las políticas al contexto internacional. Necesitamos contar con políticas nacionales transversales que definan horizontes a corto, mediano y largo plazo que permitan alcanzar el bienestar social, en armonía con la naturaleza, incluyendo la solución al cambio climático. Esto implica la transición hacia una economía inclusiva y menos dependiente de los recursos naturales, que promueva el desarrollo industrial y la sustitución de importaciones; la transición a un sistema agrícola-ganadero ambientalmente sustentable y socialmente equitativo; la transición a centros urbanos incluyentes, habitables, justos y sustentables; y la transición a un sector energético ambientalmente sustentable.
Esos nuevos horizontes comunes requieren de una fuerte articulación entre los gobiernos e instituciones de nivel municipal, provincial y nacional, así como del diálogo entre los sectores público y privado, con amplia participación ciudadana. De la construcción e integración de esos lazos dependerá su éxito.
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Fecha de Publicación: 27/11/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
El cambio climático es el problema socioambiental de mayor resonancia mundial ya que afecta a todas las regiones. Tiene fuertes relaciones con la desigualdad social y su solución requiere del esfuerzo colectivo internacional. Existen abundantes evidencias científicas de su impacto local, así como también del papel no despreciable que tiene nuestro país en contribuir a las emisiones de gases de efecto invernadero que lo producen.
La ciudad de Madrid será, entre el 2 y el 13 de diciembre, sede de la 25ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, llamada COP25. Teniendo en cuenta la crisis económica que afecta a la Argentina y el cambio de gobierno inminente, así como la grave situación social y de gobernabilidad que sufren algunos de los países de nuestra región, los debates que se den en la COP25 pueden llegar a verse como alejados o en un plano secundario. Sin embargo, un análisis más profundo nos muestra que la vinculación de los problemas sociales con los ambientales y la articulación entre las políticas nacionales e internacionales pueden facilitar el camino para lograr el bienestar de nuestro país.
Argentina tiene una larga historia en participar en las discusiones multilaterales sobre el tema y, como firmante del Acuerdo de París, se ha comprometido a contribuir a su solución. En este contexto, la COP25 tratará temas relevantes para el desarrollo económico y social de Argentina. Los acuerdos que se logren sobre los mecanismos para promover la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero en un esquema donde todos contribuimos con la solución, podrían permitir soluciones más costo-efectivas para los países, incluyendo Argentina. Aunque esos acuerdos internacionales tienen que reconocer las responsabilidades, capacidades y circunstancias nacionales, evitando que la carga recaiga de modo desproporcionado sobre ciertos sectores, especialmente en países en desarrollo.
La COP25 revisará también los mecanismos sobre las pérdidas y daños asociados con los efectos adversos del cambio climático y discutirá sobre el Fondo de Adaptación, que contribuye a que los países en desarrollo puedan progresar en sus planes y acciones de adaptación. Los eventos especiales de la COP25 sobre agricultura, energía, transporte, bosques pueden tener también relevancia en el desarrollo local. Sería deseable, entonces, que la transición hacia el nuevo gobierno nacional contemple la participación en la COP25 a la vez que considere el fortalecimiento de la gestión del ambiente, cambio climático y desarrollo sustentable.
Es posible lograr el desarrollo económico nacional teniendo en cuenta las dimensiones sociales y ambientales, e integrando las políticas al contexto internacional. Necesitamos contar con políticas nacionales transversales que definan horizontes a corto, mediano y largo plazo que permitan alcanzar el bienestar social, en armonía con la naturaleza, incluyendo la solución al cambio climático. Esto implica la transición hacia una economía inclusiva y menos dependiente de los recursos naturales, que promueva el desarrollo industrial y la sustitución de importaciones; la transición a un sistema agrícola-ganadero ambientalmente sustentable y socialmente equitativo; la transición a centros urbanos incluyentes, habitables, justos y sustentables; y la transición a un sector energético ambientalmente sustentable.
Esos nuevos horizontes comunes requieren de una fuerte articulación entre los gobiernos e instituciones de nivel municipal, provincial y nacional, así como del diálogo entre los sectores público y privado, con amplia participación ciudadana. De la construcción e integración de esos lazos dependerá su éxito.
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Salta: audiencia por el basural de San Javier
Nueva audiencia por la contaminación en el vertedero San Javier
Fecha de Publicación: 27/11/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta
La empresa que recolecta y trata los residuos salteños deberá presentar los estudios de impacto ambiental y dar cuenta del cumplimento de sus obligaciones contractuales.
Hoy se realizará una audiencia pública convocada por el juez Marcelo Domínguez, de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, en el marco de la causa por contaminación del vertedero San Javier iniciada por denuncia de vecina Jorgelina Franco, del barrio Solidaridad.
En la audiencia se evaluará el grado de cumplimiento de la Municipalidad de Salta y de la empresa Agrotécnica Fueguina con respecto a la resolución cautelar dictada por el juez en abril de este año, que emplazaba al Ejecutivo Municial para que en cuatro meses presentara la evaluación de impacto ambiental sobre la prefactibilidad, factibilidad y diseño de la construcción del Módulo IV del vertedero San Javier, así como el avance del proceso licitatorio de compra y colocación de la geo membrana destinada a cubrir la base de esta Trinchera.
La audiencia está convocada a partir de las 9, en el Salón de Grandes Juicios.
La demanda por contaminación presentada por Franco señala incumplimientos varios de parte de la empresa concesionaria, contratada en 1999.
Según Franco, que fue concejala del Partido Obrero, Agrotécnica no realizó las inversiones obligatorias y en las zonas cercanas al relleno sanitario los vecinos conviven con "olores nauseabundos, distintos tipos de alimañas e insectos, sufriendo enfermedades infecciosas que provocan pérdida de cabello y granos cómo consecuencia de la contaminación ambiental".
Desde la empresa, Lucía Barcia, directora ejecutiva de la firma de la familia García, aseguró que en una década de trabajo en el lugar, "ni un solo empleado tuvo enfermedades de origen bacteriano, virales, respiratorias o producto de la contaminación", con lo que considera que no hay prueba suficiente de los vínculos entre lo que sucede en el vertedero y lo que les pasa a los vecinos.
"La gente que trabaja en el relleno no tiene enfermedades relacionadas con el relleno, ¿cómo puede haber personas que viven cerca y tienen enfermedades que dicen que están vinculadas con el relleno? En 10 años, ningún empleado se enfermó y ellos están adentro. Nunca se agarraron enfermedades virósicas, ni bacterianas, ni respiratorias. Nada. A mi me importa mucho la gente, esta es una empresa con un capital humano importante. Ninguno tiene enfermedades", dijo la abogada.
Con respecto al incumplimiento de obligaciones del contrato, entre los que se señala la falta del perímetro forestado que debería tener el predio donde se encuentran las trincheras, Barcia aseguró que en "no tuvimos suerte con los árboles". "Hicimos una plantación con una ingeniera ambiental forestal. Plantamos todos los árboles y no proliferaron, este verano vamos a cambiar las especies. Hubo buen perímetro, pero se murieron los árboles", dijo en entrevista con Salta/12.
Con respecto a la denuncia de Franco, la ejecutiva sostuvo que las denuncias tienen origen incierto y que, por otro lado, todos los rellenos sanitarios "son perfectibles". "Este es un relleno sanitario perfectible, mejorable, con un programa de mejoras continuas, pero es un relleno sanitario, con normas de rellenos sanitarios, es un lujo que la ciudad de Salta sea una de las pocas del país con un relleno sanitario, entonces más allá de los condimentos políticos, o las intencionalidades de los denunciantes, y nosotros quedamos en el medio. Los datos que denuncian no están contrastados empíricamente", aseguró.
Desde el PO, principal impulsor de la denuncia, la concejala Cristina Foffani aseguró que la empresa recibe "casi tres millones de pesos por día" y que la última gestión del intendente Gustavo Sáenz no la obligó a realizar las inversiones necesarias "para que cumpla con su obligación de depositar la basura en un relleno sanitario". "Fueguina se lleva la cuarta parte del presupuesto anual del municipio y está provocando una brutal contaminación", señala la concejala.
Foffani se refirió al contrato que en la última redeterminación de precios abona honorarios por $70.548.785 a Agrotécnica Fueguina, un total que representa unos 2,3 millones de pesos por día y que en diciembre próximo se actualizará de manera retroactiva hasta marzo de 2019.
"Es un importe muy bajo comparado con otras ciudades. Lo podemos soportar porque es una empresa familiar", señaló por su parte Barcia y agregó que, de ese monto, solo una parte se dedica al relleno.
La discusión por la geomembrana
Entre los temas centrales de la denuncia se encuentra la compra de una geomembrana para proteger de posibles filtraciones de líquidos lixiviados en la Trinchera IV, una inversión que ronda los ocho millones de dólares y que ni el municipio ni la empresa están dispuestos a realizar.
Según Barcia, esa compra debe hacerla la ciudad, pero el Tribunal de Cuentas rechazó el decreto de Sáenz que ordenaba la compra de la geomembrana por tratarse de una obligación de la empresa contratada.
De esta manera, la apertura de la nueva trinchera se sigue postergando, mientras los camiones siguen "rellenando" la Trinchera I, colapsada y reabierta también con autorización de la comuna. "Esto es un relleno de cuidado. Se sigue rellenando por autorización de la Municipalidad, el municipio lo autorizó. No es difícil reabrir trincheras", aseguró Barcia y señaló que se están realizando los estudios de impacto ambiental para la apertura de la nueva trinchera, que podría ponerse a funcionar en los próximos meses. "Si me preguntan por qué no se abrió antes la nueva trinchera, no lo sé", agregó.
"Nosotros hacemos todo de acuerdo a las normas nacionales e internacionales de rellenos sanitarios de tratamientos físicos de lixiviados y de la planta de gas. Suficiente no es nada, pero hacemos todo lo que se puede hacer. Tenemos una planta de biogás, que no hay muchas y por lo menos el 50% del metano que perfora el ozono, acá se elimina. Hay cosas para mejorar, muchísimas", dijo.
La definición sobre la situación de la contaminación en el vertedero San Javier está en manos de la justicia, mientras el contrato con Agrotécnica Fueguina entra en su tramo final y será el municipio el que defina su continuidad o un nuevo llamado a licitación para la gestión del servicio más costoso que debe afrontar la ciudad.
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Fecha de Publicación: 27/11/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta
La empresa que recolecta y trata los residuos salteños deberá presentar los estudios de impacto ambiental y dar cuenta del cumplimento de sus obligaciones contractuales.
Hoy se realizará una audiencia pública convocada por el juez Marcelo Domínguez, de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, en el marco de la causa por contaminación del vertedero San Javier iniciada por denuncia de vecina Jorgelina Franco, del barrio Solidaridad.
En la audiencia se evaluará el grado de cumplimiento de la Municipalidad de Salta y de la empresa Agrotécnica Fueguina con respecto a la resolución cautelar dictada por el juez en abril de este año, que emplazaba al Ejecutivo Municial para que en cuatro meses presentara la evaluación de impacto ambiental sobre la prefactibilidad, factibilidad y diseño de la construcción del Módulo IV del vertedero San Javier, así como el avance del proceso licitatorio de compra y colocación de la geo membrana destinada a cubrir la base de esta Trinchera.
La audiencia está convocada a partir de las 9, en el Salón de Grandes Juicios.
La demanda por contaminación presentada por Franco señala incumplimientos varios de parte de la empresa concesionaria, contratada en 1999.
Según Franco, que fue concejala del Partido Obrero, Agrotécnica no realizó las inversiones obligatorias y en las zonas cercanas al relleno sanitario los vecinos conviven con "olores nauseabundos, distintos tipos de alimañas e insectos, sufriendo enfermedades infecciosas que provocan pérdida de cabello y granos cómo consecuencia de la contaminación ambiental".
Desde la empresa, Lucía Barcia, directora ejecutiva de la firma de la familia García, aseguró que en una década de trabajo en el lugar, "ni un solo empleado tuvo enfermedades de origen bacteriano, virales, respiratorias o producto de la contaminación", con lo que considera que no hay prueba suficiente de los vínculos entre lo que sucede en el vertedero y lo que les pasa a los vecinos.
"La gente que trabaja en el relleno no tiene enfermedades relacionadas con el relleno, ¿cómo puede haber personas que viven cerca y tienen enfermedades que dicen que están vinculadas con el relleno? En 10 años, ningún empleado se enfermó y ellos están adentro. Nunca se agarraron enfermedades virósicas, ni bacterianas, ni respiratorias. Nada. A mi me importa mucho la gente, esta es una empresa con un capital humano importante. Ninguno tiene enfermedades", dijo la abogada.
Con respecto al incumplimiento de obligaciones del contrato, entre los que se señala la falta del perímetro forestado que debería tener el predio donde se encuentran las trincheras, Barcia aseguró que en "no tuvimos suerte con los árboles". "Hicimos una plantación con una ingeniera ambiental forestal. Plantamos todos los árboles y no proliferaron, este verano vamos a cambiar las especies. Hubo buen perímetro, pero se murieron los árboles", dijo en entrevista con Salta/12.
Con respecto a la denuncia de Franco, la ejecutiva sostuvo que las denuncias tienen origen incierto y que, por otro lado, todos los rellenos sanitarios "son perfectibles". "Este es un relleno sanitario perfectible, mejorable, con un programa de mejoras continuas, pero es un relleno sanitario, con normas de rellenos sanitarios, es un lujo que la ciudad de Salta sea una de las pocas del país con un relleno sanitario, entonces más allá de los condimentos políticos, o las intencionalidades de los denunciantes, y nosotros quedamos en el medio. Los datos que denuncian no están contrastados empíricamente", aseguró.
Desde el PO, principal impulsor de la denuncia, la concejala Cristina Foffani aseguró que la empresa recibe "casi tres millones de pesos por día" y que la última gestión del intendente Gustavo Sáenz no la obligó a realizar las inversiones necesarias "para que cumpla con su obligación de depositar la basura en un relleno sanitario". "Fueguina se lleva la cuarta parte del presupuesto anual del municipio y está provocando una brutal contaminación", señala la concejala.
Foffani se refirió al contrato que en la última redeterminación de precios abona honorarios por $70.548.785 a Agrotécnica Fueguina, un total que representa unos 2,3 millones de pesos por día y que en diciembre próximo se actualizará de manera retroactiva hasta marzo de 2019.
"Es un importe muy bajo comparado con otras ciudades. Lo podemos soportar porque es una empresa familiar", señaló por su parte Barcia y agregó que, de ese monto, solo una parte se dedica al relleno.
La discusión por la geomembrana
Entre los temas centrales de la denuncia se encuentra la compra de una geomembrana para proteger de posibles filtraciones de líquidos lixiviados en la Trinchera IV, una inversión que ronda los ocho millones de dólares y que ni el municipio ni la empresa están dispuestos a realizar.
Según Barcia, esa compra debe hacerla la ciudad, pero el Tribunal de Cuentas rechazó el decreto de Sáenz que ordenaba la compra de la geomembrana por tratarse de una obligación de la empresa contratada.
De esta manera, la apertura de la nueva trinchera se sigue postergando, mientras los camiones siguen "rellenando" la Trinchera I, colapsada y reabierta también con autorización de la comuna. "Esto es un relleno de cuidado. Se sigue rellenando por autorización de la Municipalidad, el municipio lo autorizó. No es difícil reabrir trincheras", aseguró Barcia y señaló que se están realizando los estudios de impacto ambiental para la apertura de la nueva trinchera, que podría ponerse a funcionar en los próximos meses. "Si me preguntan por qué no se abrió antes la nueva trinchera, no lo sé", agregó.
"Nosotros hacemos todo de acuerdo a las normas nacionales e internacionales de rellenos sanitarios de tratamientos físicos de lixiviados y de la planta de gas. Suficiente no es nada, pero hacemos todo lo que se puede hacer. Tenemos una planta de biogás, que no hay muchas y por lo menos el 50% del metano que perfora el ozono, acá se elimina. Hay cosas para mejorar, muchísimas", dijo.
La definición sobre la situación de la contaminación en el vertedero San Javier está en manos de la justicia, mientras el contrato con Agrotécnica Fueguina entra en su tramo final y será el municipio el que defina su continuidad o un nuevo llamado a licitación para la gestión del servicio más costoso que debe afrontar la ciudad.
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15 escuelas contaminadas con agroquímicos en Tandil
Tandil: Según un estudio, 15 escuelas fueron contaminadas con agroquímicos
Fecha de Publicación: 27/11/2019
Fuente: El Faro
Provincia/Región: Buenos Aires
Según un trabajo realizado por el área de Extensión de la Universidad Nacional del Centro en escuelas rurales del partido de Tandil, sobre la aplicación de agroquímicos biosidas, la totalidad de los establecimientos relevados, mostraron distintos niveles de contaminación.
En diálogo con ABCHoy la docente Patricia Ackerley y la investigadora Graciela Canziani dieron precisiones sobre el tema.
El dato que surgió del relevamiento en 15 escuelas rurales del distrito, fue realmente alarmante: todas estaban contaminadas con agroquímicos biosidas. “Algunas un poco más y otras un poco menos”, señaló Canziani, quien resaltó que las escuelas de Santa Teresa y La Porteña “son las que más concentración” de producto arrojaron.
“El año pasado el grupo de estudiantes que se acercó a la escuela de Santa Teresa se encontró con que acababa de pasar el mosquito a las 8 de la mañana y los chicos estaban encerrados y las estudiantes que participaron en esta actividad nos decían que era la primera vez que les tocaba respirar el producto”.
“El problema es que después de la aplicación y hasta 48 horas existe la deriva gaseosa que se mantiene en el aire, incluso después de ese lapso sigue habiendo una deriva secundaria y terciaria que puede durar hasta semanas y meses dependiendo del producto” manifestó.
“La gente no entiende que el producto es también tóxico en el largo plazo por aplicaciones repetidas, no se trata sólo del momento de la aplicación. Eso sería una toxicidad aguda que irrita piel, ojos y el aparato respiratorio” explicó la investigadora.
“Pero aparte de eso, en pequeñas dosis estos agroquímicos son en su mayor parte o cancerígenos o disruptores endocrinos o tienen efectos neurotóxicos” agregó.
Otros de los resultados del relevamiento en los establecimiento, fue que los alumnos “algunos saben que los productos son peligrosos porque los papás les explican, pero otros no lo saben porque aplican juntos con sus padres” consideró. “Incluso un chico comentaba que ‘me chorrea todo el producto por la espalda cuando papá me coloca la mochila’” relató. “Otros chiquitos de primaria que trabajan de banderilleros” agregó.
Consideró que “en general hay un desconocimiento de las precauciones que tiene que tener sobre usar una ropa adecuada, que la ropa del aplicador no se lava junto con la de la familia o vuelven a reutilizar los envases usados, algo que es peligrosísimo”.
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Fecha de Publicación: 27/11/2019
Fuente: El Faro
Provincia/Región: Buenos Aires
Según un trabajo realizado por el área de Extensión de la Universidad Nacional del Centro en escuelas rurales del partido de Tandil, sobre la aplicación de agroquímicos biosidas, la totalidad de los establecimientos relevados, mostraron distintos niveles de contaminación.
En diálogo con ABCHoy la docente Patricia Ackerley y la investigadora Graciela Canziani dieron precisiones sobre el tema.
El dato que surgió del relevamiento en 15 escuelas rurales del distrito, fue realmente alarmante: todas estaban contaminadas con agroquímicos biosidas. “Algunas un poco más y otras un poco menos”, señaló Canziani, quien resaltó que las escuelas de Santa Teresa y La Porteña “son las que más concentración” de producto arrojaron.
“El año pasado el grupo de estudiantes que se acercó a la escuela de Santa Teresa se encontró con que acababa de pasar el mosquito a las 8 de la mañana y los chicos estaban encerrados y las estudiantes que participaron en esta actividad nos decían que era la primera vez que les tocaba respirar el producto”.
“El problema es que después de la aplicación y hasta 48 horas existe la deriva gaseosa que se mantiene en el aire, incluso después de ese lapso sigue habiendo una deriva secundaria y terciaria que puede durar hasta semanas y meses dependiendo del producto” manifestó.
“La gente no entiende que el producto es también tóxico en el largo plazo por aplicaciones repetidas, no se trata sólo del momento de la aplicación. Eso sería una toxicidad aguda que irrita piel, ojos y el aparato respiratorio” explicó la investigadora.
“Pero aparte de eso, en pequeñas dosis estos agroquímicos son en su mayor parte o cancerígenos o disruptores endocrinos o tienen efectos neurotóxicos” agregó.
Otros de los resultados del relevamiento en los establecimiento, fue que los alumnos “algunos saben que los productos son peligrosos porque los papás les explican, pero otros no lo saben porque aplican juntos con sus padres” consideró. “Incluso un chico comentaba que ‘me chorrea todo el producto por la espalda cuando papá me coloca la mochila’” relató. “Otros chiquitos de primaria que trabajan de banderilleros” agregó.
Consideró que “en general hay un desconocimiento de las precauciones que tiene que tener sobre usar una ropa adecuada, que la ropa del aplicador no se lava junto con la de la familia o vuelven a reutilizar los envases usados, algo que es peligrosísimo”.
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Mendoza: comunas rechazan actividad minera en sus zonas
Los jefes comunales también quieren zonificar la minería
Fecha de Publicación: 26/11/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Rechazan la actividad en sus propios departamentos pero abren la puerta a que se haga donde “haya licencia social”.
El viernes en Tunuyán, uno de los departamentos que más rechazan la minería, la Cámara de Comercio de ese departamento pidió “zonificar” el desarrollo de la minería. En un contexto de intentos de sesiones legislativas frustradas, manifestaciones de ambientalistas y promineros, la mirada está puesta ahora en los intendentes. La amplia mayoría de los consultados por Los Andes rechazan la actividad en su zona, pero también sostienen que se haga donde “haya licencia social”.
La tan pedida “convocatoria” del gobernador electo, Rodolfo Suárez, por parte del peronismo, otorga un rol importante a los jefes comunales (actuales y electos), quienes han tenido posturas diferentes respecto de qué debería ocurrir con la ley 7.722.
Por ejemplo, Fernando Ubieta (La Paz) se mostró en contra de las reformas a la ley, mientras que Roberto Righi y Flor Destéfanis (Santa Rosa) abrieron una puerta a la discusión sobre dónde se podría practicar minería y dónde no. Lo mismo pasó con Emir Félix (San Rafael), quien no dio más detalles, pero no se mostró concretamente en contra.
El lavallino sostuvo que “la falta de agua que hay en el Norte provincial ha hecho que cada vez tengamos menos para nuestra producción”, por lo que expresó que, “teniendo en cuenta el proyecto San Jorge (en Las Heras) en el nacimiento del río Mendoza, tengo que priorizar el agua”.
No obstante, destacó que se podría hacer minería “tal vez en otros departamentos donde hay menos actividad agrícola, como puede ser Malargüe, siempre y cuando tenga licencia social y haya controles sólidos y fiables, que hoy no tenemos”.
La santarrosina Destéfanis, por su parte, puso énfasis también en la crisis hídrica en su comuna y expresó que es necesario “defender el agua que llega a nuestros productores, y fortalecer una economía agrícolo-ganadera”.
Pero también abrió la puerta a la actividad en otros departamentos, precisamente en los que tienen consenso social. “Creemos que también se debe respetar esa postura, siempre y cuando se garantice el cuidado del medio ambiente y del recurso hídrico”.
Sin dar detalles, el sureño Félix aseguró que para opinar “hay que hacerlo sobre un proyecto concreto”.
Ubieta, intendente electo de La Paz, dijo que toda la provincia “está pasando por un momento crítico en lo que es disponibilidad de agua”.
“En una situación normal se podría dar la actividad minera y la agropecuaria, pero en escasez de agua no”, expresó, y además añadió que la minería “es una actividad riesgosa y se necesitan controles que muchas veces fallan en esta actividad”, completó.
Cambia Mendoza, en disidencia
Los jefes comunales del oficialismo provincial, al igual que el peronismo, tuvieron sus posturas diferentes respecto de la reforma o no de la 7.722.
Si bien varios opinaron en relación a este tema, es importante tener en cuenta qué piensa Daniel Orozco, intendente de Las Heras, ya que este departamento, junto con Malargüe, son los que efectivamente podrían tener explotaciones de minería metalífera, tal como sostuvo el subsecretario de Energía Emilio Guiñazú (ver aparte).
Sin embargo, a diferencia de la opinión de la mayor parte del arco radical, Orozco expresó, de manera tajante, que es un “militante del agua”, y que está “a favor de la ley y en contra de la modificación”.
Claramente en contraposición se manifestó Juan Ojeda, concejal de Malargüe que fue electo intendente y que asumirá en pocos días. “Estoy convencido de que tenemos que habilitar la explotación de minería en Mendoza, y para eso tenemos que reformar, derogar o plantear una nueva ley, que permita la actividad en donde haya licencia social”.
“Yo creo en una nueva ley. Malargüe tiene las posibilidades, sobre todo en capital social, ya que el departamento se formó siendo minero, pero desde 2007 se nos prohibió consolidarnos. Hay que hacer una ley superadora, que regule dónde sí y dónde no, y se tenga en cuenta una licencia social real, donde haya participación de los ciudadanos”, remató.
En contra se mostró Rolando Scanio, jefe comunal electo de San Carlos, quien también fue terminante en sus dichos, al decir que su postura es “no” a la modificación.
Walther Marcolini, de General Alvear, también defendió a la actual ley. “La ratificamos porque no es antiminera. Se puede practicar una actividad cumpliendo la ley, como el caso de Río Colorado, o Hierro Indio”, dijo.
Gustavo Soto, de Tupungato, opinó en contra de “posiciones fanáticas”. Apeló a “analizar las leyes. Donde se pueda hacer minería, con control y licencia social, que se discuta. En el Valle de Uco no se puede hacer minería a cielo abierto. Técnicamente es imposible. Además, no hay licencia social. Si en otros departamentos se dan las condiciones ¿por qué no hacerlo?”.
Por último, Sebastián Bragagnolo, intendente electo de Luján, consideró necesaria la ampliación de la matriz productiva “siempre y cuando se realice con una clara defensa del medio ambiente y el agua. Sobre todo con un control real y firme del Estado sobre la actividad minera”, finalizó.
“No llegaría a consumir el 1% del agua disponible”
El subsecretario de Energía, Guiñazú, quien fue confirmado en el gabinete de Suárez por el futuro ministro de Economía, Enrique Vaquié, se mostró optimista respecto de la discusión de la reforma de la ley 7.722 en la Legislatura, pese al fracaso en la sesión de la semana pasada.
En diálogo con Agenda Los Andes, por radio Jornada, destacó que la expectativa respecto de la posible aprobación de la reforma se dio “por cómo se habían manifestado Suárez y (Anabel) Fernández Sagasti en la campaña electoral, quienes hablaron de minería positivamente y con la necesidad de desarrollarla”.
El funcionario valoró el hecho que las principales cámaras empresariales del Valle de Uco dieran opción a una actitud más flexible, al estar de acuerdo en una “zonificación” de la actividad minera.
No obstante, dijo que “la resistencia en el Valle de Uco no se entiende”, al decir que no se podría hacer minería metalífera en esa zona.
“Hay un desconocimiento importante en torno a cómo se trabaja con la minería. Llevamos una década de campañas en contra de la actividad, diciendo que envenena el agua y rompe todo, lo que generó una desconfianza de la sociedad. Se muestra como una amenaza y es lógico que se reaccione con miedo”, acotó.
En este sentido, dijo que desde hace tiempo se está trabajando en “terminar con los mitos en contra de la minería”, y adelantó que el Ministerio abrirá un portal digital georreferenciado de minería y petróleo. Se podrá ver el mapa de Mendoza con los yacimientos y canteras, con toda la información de las mismas.
Respecto del uso del agua, Guiñazú sostuvo que “en el escenario más optimista y soñador de la minería, no llegaría a consumir el 1% del agua disponible en Mendoza, cuando en el agro se consume el 90% con sólo un 50% de eficiencia”.
“Casi 60% del agua de la provincia se pierde por ineficiencia en el sistema de riego. Si se abre paso a la minería, parte de las regalías irán a la tecnificación del riego agrícola”.
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Fecha de Publicación: 26/11/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Rechazan la actividad en sus propios departamentos pero abren la puerta a que se haga donde “haya licencia social”.
El viernes en Tunuyán, uno de los departamentos que más rechazan la minería, la Cámara de Comercio de ese departamento pidió “zonificar” el desarrollo de la minería. En un contexto de intentos de sesiones legislativas frustradas, manifestaciones de ambientalistas y promineros, la mirada está puesta ahora en los intendentes. La amplia mayoría de los consultados por Los Andes rechazan la actividad en su zona, pero también sostienen que se haga donde “haya licencia social”.
La tan pedida “convocatoria” del gobernador electo, Rodolfo Suárez, por parte del peronismo, otorga un rol importante a los jefes comunales (actuales y electos), quienes han tenido posturas diferentes respecto de qué debería ocurrir con la ley 7.722.
Por ejemplo, Fernando Ubieta (La Paz) se mostró en contra de las reformas a la ley, mientras que Roberto Righi y Flor Destéfanis (Santa Rosa) abrieron una puerta a la discusión sobre dónde se podría practicar minería y dónde no. Lo mismo pasó con Emir Félix (San Rafael), quien no dio más detalles, pero no se mostró concretamente en contra.
El lavallino sostuvo que “la falta de agua que hay en el Norte provincial ha hecho que cada vez tengamos menos para nuestra producción”, por lo que expresó que, “teniendo en cuenta el proyecto San Jorge (en Las Heras) en el nacimiento del río Mendoza, tengo que priorizar el agua”.
No obstante, destacó que se podría hacer minería “tal vez en otros departamentos donde hay menos actividad agrícola, como puede ser Malargüe, siempre y cuando tenga licencia social y haya controles sólidos y fiables, que hoy no tenemos”.
La santarrosina Destéfanis, por su parte, puso énfasis también en la crisis hídrica en su comuna y expresó que es necesario “defender el agua que llega a nuestros productores, y fortalecer una economía agrícolo-ganadera”.
Pero también abrió la puerta a la actividad en otros departamentos, precisamente en los que tienen consenso social. “Creemos que también se debe respetar esa postura, siempre y cuando se garantice el cuidado del medio ambiente y del recurso hídrico”.
Sin dar detalles, el sureño Félix aseguró que para opinar “hay que hacerlo sobre un proyecto concreto”.
Ubieta, intendente electo de La Paz, dijo que toda la provincia “está pasando por un momento crítico en lo que es disponibilidad de agua”.
“En una situación normal se podría dar la actividad minera y la agropecuaria, pero en escasez de agua no”, expresó, y además añadió que la minería “es una actividad riesgosa y se necesitan controles que muchas veces fallan en esta actividad”, completó.
Cambia Mendoza, en disidencia
Los jefes comunales del oficialismo provincial, al igual que el peronismo, tuvieron sus posturas diferentes respecto de la reforma o no de la 7.722.
Si bien varios opinaron en relación a este tema, es importante tener en cuenta qué piensa Daniel Orozco, intendente de Las Heras, ya que este departamento, junto con Malargüe, son los que efectivamente podrían tener explotaciones de minería metalífera, tal como sostuvo el subsecretario de Energía Emilio Guiñazú (ver aparte).
Sin embargo, a diferencia de la opinión de la mayor parte del arco radical, Orozco expresó, de manera tajante, que es un “militante del agua”, y que está “a favor de la ley y en contra de la modificación”.
Claramente en contraposición se manifestó Juan Ojeda, concejal de Malargüe que fue electo intendente y que asumirá en pocos días. “Estoy convencido de que tenemos que habilitar la explotación de minería en Mendoza, y para eso tenemos que reformar, derogar o plantear una nueva ley, que permita la actividad en donde haya licencia social”.
“Yo creo en una nueva ley. Malargüe tiene las posibilidades, sobre todo en capital social, ya que el departamento se formó siendo minero, pero desde 2007 se nos prohibió consolidarnos. Hay que hacer una ley superadora, que regule dónde sí y dónde no, y se tenga en cuenta una licencia social real, donde haya participación de los ciudadanos”, remató.
En contra se mostró Rolando Scanio, jefe comunal electo de San Carlos, quien también fue terminante en sus dichos, al decir que su postura es “no” a la modificación.
Walther Marcolini, de General Alvear, también defendió a la actual ley. “La ratificamos porque no es antiminera. Se puede practicar una actividad cumpliendo la ley, como el caso de Río Colorado, o Hierro Indio”, dijo.
Gustavo Soto, de Tupungato, opinó en contra de “posiciones fanáticas”. Apeló a “analizar las leyes. Donde se pueda hacer minería, con control y licencia social, que se discuta. En el Valle de Uco no se puede hacer minería a cielo abierto. Técnicamente es imposible. Además, no hay licencia social. Si en otros departamentos se dan las condiciones ¿por qué no hacerlo?”.
Por último, Sebastián Bragagnolo, intendente electo de Luján, consideró necesaria la ampliación de la matriz productiva “siempre y cuando se realice con una clara defensa del medio ambiente y el agua. Sobre todo con un control real y firme del Estado sobre la actividad minera”, finalizó.
“No llegaría a consumir el 1% del agua disponible”
El subsecretario de Energía, Guiñazú, quien fue confirmado en el gabinete de Suárez por el futuro ministro de Economía, Enrique Vaquié, se mostró optimista respecto de la discusión de la reforma de la ley 7.722 en la Legislatura, pese al fracaso en la sesión de la semana pasada.
En diálogo con Agenda Los Andes, por radio Jornada, destacó que la expectativa respecto de la posible aprobación de la reforma se dio “por cómo se habían manifestado Suárez y (Anabel) Fernández Sagasti en la campaña electoral, quienes hablaron de minería positivamente y con la necesidad de desarrollarla”.
El funcionario valoró el hecho que las principales cámaras empresariales del Valle de Uco dieran opción a una actitud más flexible, al estar de acuerdo en una “zonificación” de la actividad minera.
No obstante, dijo que “la resistencia en el Valle de Uco no se entiende”, al decir que no se podría hacer minería metalífera en esa zona.
“Hay un desconocimiento importante en torno a cómo se trabaja con la minería. Llevamos una década de campañas en contra de la actividad, diciendo que envenena el agua y rompe todo, lo que generó una desconfianza de la sociedad. Se muestra como una amenaza y es lógico que se reaccione con miedo”, acotó.
En este sentido, dijo que desde hace tiempo se está trabajando en “terminar con los mitos en contra de la minería”, y adelantó que el Ministerio abrirá un portal digital georreferenciado de minería y petróleo. Se podrá ver el mapa de Mendoza con los yacimientos y canteras, con toda la información de las mismas.
Respecto del uso del agua, Guiñazú sostuvo que “en el escenario más optimista y soñador de la minería, no llegaría a consumir el 1% del agua disponible en Mendoza, cuando en el agro se consume el 90% con sólo un 50% de eficiencia”.
“Casi 60% del agua de la provincia se pierde por ineficiencia en el sistema de riego. Si se abre paso a la minería, parte de las regalías irán a la tecnificación del riego agrícola”.
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Acampe en Mendoza contra el fracking
Continúan los acampes en la plaza San Martín contra el fracking
Fecha de Publicación: 26/11/2019
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
Como informó el diario de los sanrafaelinos, semana a semana se llevan adelante manifestaciones en contra del fracking y de la minería contaminante. En esta oportunidad, los manifestantes esperaban la asunción de los nuevos concejales ya que quieren que se trate la ordenanza contra esta práctica.
Mingo Basalvivaso y Alan Riquelme dialogaron con el móvil de FM Vos (94.5) y expresaron que el acampe que comenzó el jueves a las 18, tiene que ver con la permanente intención de “cuidar el agua” oponiéndose a la técnica del fracking. “La idea es dejarles un mensaje a los concejales que asumen y que los vecinos que pasan por la puerta de la municipalidad pueden verlo en una bandera, y es el pedido de que los nuevos funcionarios se declaren a favor del cuidado del agua, o que por lo menos manifiesten su postura fehacientemente, cuáles son las intenciones que traen en cuanto a la posible modificación a la Ley 7.722 que es la protectora del agua”, señaló Riquelme, quien recordó que desde hace ocho semanas están manifestándose en la misma plaza y que “ha habido un pequeño interés por parte del municipio, pero no el que la situación amerita”, pues pretenden –como vecinos– ser escuchados. A modo de ejemplo, dijo que la semana pasada estuvieron en la Legislatura de Mendoza, donde en el marco de la discusión sobre la modificación a la ley en cuestión, ingresaron al recinto empresarios mineros y no miembros de las asambleas que se oponen. “Toda la política está priorizando el discurso de la minería, hoy ninguno quiere cargar con el costo político que significa oponerse a regalar la provincia y el agua de la provincia a las mega-corporaciones dominantes”, añadió.
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Fecha de Publicación: 26/11/2019
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
Como informó el diario de los sanrafaelinos, semana a semana se llevan adelante manifestaciones en contra del fracking y de la minería contaminante. En esta oportunidad, los manifestantes esperaban la asunción de los nuevos concejales ya que quieren que se trate la ordenanza contra esta práctica.
Mingo Basalvivaso y Alan Riquelme dialogaron con el móvil de FM Vos (94.5) y expresaron que el acampe que comenzó el jueves a las 18, tiene que ver con la permanente intención de “cuidar el agua” oponiéndose a la técnica del fracking. “La idea es dejarles un mensaje a los concejales que asumen y que los vecinos que pasan por la puerta de la municipalidad pueden verlo en una bandera, y es el pedido de que los nuevos funcionarios se declaren a favor del cuidado del agua, o que por lo menos manifiesten su postura fehacientemente, cuáles son las intenciones que traen en cuanto a la posible modificación a la Ley 7.722 que es la protectora del agua”, señaló Riquelme, quien recordó que desde hace ocho semanas están manifestándose en la misma plaza y que “ha habido un pequeño interés por parte del municipio, pero no el que la situación amerita”, pues pretenden –como vecinos– ser escuchados. A modo de ejemplo, dijo que la semana pasada estuvieron en la Legislatura de Mendoza, donde en el marco de la discusión sobre la modificación a la ley en cuestión, ingresaron al recinto empresarios mineros y no miembros de las asambleas que se oponen. “Toda la política está priorizando el discurso de la minería, hoy ninguno quiere cargar con el costo político que significa oponerse a regalar la provincia y el agua de la provincia a las mega-corporaciones dominantes”, añadió.
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Media sanción en Santa Fe a cambio de ley de agroquímicos
Diputados aprobó otro cambio en la ley de agroquímicos de Santa Fe
Fecha de Publicación: 26/11/2019
Fuente: Rosario Plus
Provincia/Región: Santa Fe
La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó y dio media sanción a un proyecto para modificar la ley provincial 11.273, que regula el uso de productos fitosanitarios en la región, y ampliar los límites para la fumigación. Además, la iniciativa propone sanciones más severas para los infractores.
Tras obtener media sanción este jueves por la tarde en la Cámara Baja, la propuesta quedó en manos de los senadores santafesinos.
Entre los principales cambios a la normativa vigente, se encuentra la ampliación de los límites para la fumigación terrestre y aérea en áreas urbanas. En el primer caso, la distancia en las zonas urbanas pasaría de 500 metros a 1.000 metros, y en el segundo de 3.000 a 5.000 metros.
"Consideramos que es un avance en relación a la actual ley vigente en la provincia y si bien no llena todas nuestras expectativas, estamos contentos con el avance logrado", indicaron desde la multisectorial Paren de Fumigarnos, a través de un comunicado, y agregaron: "Ahora este proyecto pasa a la Cámara de Senadores, donde seguiremos al pie del cañón para que sea aprobado definitivamente".
Además de las limitaciones más rigurosas, el proyecto contempla sanciones más severas para los infractores y la conformación de un órgano de aplicación de sanciones que involucre a más de un Ministerio (actualmente el control está en manos de Producción, con la mosificación se sumarían Ambiente y Salud).
En tanto, la nueva regulación eliminaría las excepciones a los municipios o comunas que cuentan con ordenanzas que permitan la aplicación de algunos productos de clase toxicológica C o D dentro del radio de 500 metros.
Hasta el momento, en Santa Fe rige la Ley Provincial 11273 de Productos Fitosanitarios, la cual establece en su capítulo 11, de sanciones y prohibiciones, lo siguiente:
ARTÍCULO 33. Prohíbese la aplicación aérea de productos fitosanitarios de clase toxicológica A y B dentro del radio de 3.000 metros de las plantas urbanas. Excepcionalmente podrán aplicarse productos de clase toxicológica C o D dentro del radio de 500 metros, cuando en la jurisdicción exista ordenanza municipal o comunal que lo autorice, y en los casos que taxativamente establecerá la reglamentación de la presente. Idéntica excepción y con iguales requisitos podrán establecerse con los productos de clase toxicológica B para ser aplicados en el sector comprendido entre los 500 y 3.000 metros.
ARTÍCULO 34. Prohíbese la aplicación terrestre de productos fitosanitarios de clase toxicológica A y B dentro del radio de 500 metros de las plantas urbanas. La aplicación por este medio de productos de clase toxicológica C y D se podrá realizar dentro del radio de los 500 metros y conforme a la reglamentación.
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Fecha de Publicación: 26/11/2019
Fuente: Rosario Plus
Provincia/Región: Santa Fe
La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó y dio media sanción a un proyecto para modificar la ley provincial 11.273, que regula el uso de productos fitosanitarios en la región, y ampliar los límites para la fumigación. Además, la iniciativa propone sanciones más severas para los infractores.
Tras obtener media sanción este jueves por la tarde en la Cámara Baja, la propuesta quedó en manos de los senadores santafesinos.
Entre los principales cambios a la normativa vigente, se encuentra la ampliación de los límites para la fumigación terrestre y aérea en áreas urbanas. En el primer caso, la distancia en las zonas urbanas pasaría de 500 metros a 1.000 metros, y en el segundo de 3.000 a 5.000 metros.
"Consideramos que es un avance en relación a la actual ley vigente en la provincia y si bien no llena todas nuestras expectativas, estamos contentos con el avance logrado", indicaron desde la multisectorial Paren de Fumigarnos, a través de un comunicado, y agregaron: "Ahora este proyecto pasa a la Cámara de Senadores, donde seguiremos al pie del cañón para que sea aprobado definitivamente".
Además de las limitaciones más rigurosas, el proyecto contempla sanciones más severas para los infractores y la conformación de un órgano de aplicación de sanciones que involucre a más de un Ministerio (actualmente el control está en manos de Producción, con la mosificación se sumarían Ambiente y Salud).
En tanto, la nueva regulación eliminaría las excepciones a los municipios o comunas que cuentan con ordenanzas que permitan la aplicación de algunos productos de clase toxicológica C o D dentro del radio de 500 metros.
Hasta el momento, en Santa Fe rige la Ley Provincial 11273 de Productos Fitosanitarios, la cual establece en su capítulo 11, de sanciones y prohibiciones, lo siguiente:
ARTÍCULO 33. Prohíbese la aplicación aérea de productos fitosanitarios de clase toxicológica A y B dentro del radio de 3.000 metros de las plantas urbanas. Excepcionalmente podrán aplicarse productos de clase toxicológica C o D dentro del radio de 500 metros, cuando en la jurisdicción exista ordenanza municipal o comunal que lo autorice, y en los casos que taxativamente establecerá la reglamentación de la presente. Idéntica excepción y con iguales requisitos podrán establecerse con los productos de clase toxicológica B para ser aplicados en el sector comprendido entre los 500 y 3.000 metros.
ARTÍCULO 34. Prohíbese la aplicación terrestre de productos fitosanitarios de clase toxicológica A y B dentro del radio de 500 metros de las plantas urbanas. La aplicación por este medio de productos de clase toxicológica C y D se podrá realizar dentro del radio de los 500 metros y conforme a la reglamentación.
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Los que se salvaron de la extinción en nuestro país
Rewilding: cuáles son las especies que se salvaron de la extinción en la Argentina
Fecha de Publicación: 25/11/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Más de un millón de animales y plantas se encuentran en extinción a un ritmo sin precedente. Estamos ante la mayor ola de pérdida biológica desde la desaparición de los dinosaurios y el ser humano podría ser la principal causa de la sexta extinción masiva. Ahora bien, ¿es posible revertir esta tendencia? Hay quienes creen que sí y todos los días luchan para restaurar ecosistemas naturales completos.
La iniciativa de conservación conocida en todo el mundo como rewilding consiste en recuperar las especies extintas para restaurar su rol ecológico en el ambiente y aumentar las poblaciones de aquellas que se encuentran en bajo número. Todo el proceso está acompañado con una visión económica y cultural enmarcada bajo el turismo de naturaleza.
A nivel internacional, el caso de estudio más conocido y emblemático es el del lobo en el Parque Nacional de Yellowstone de Estados Unidos. En 1926 se eliminaron deliberadamente los lobos y a los pocos años la población de especies herbívoras aumentó tanto que degradó la vegetación del parque. Se intentó recuperar el ecosistema funcional con matanzas selectivas, pero esto sólo sirvió como medida temporal. Finalmente entre 1995 y 1996 se reintrodujeron 31 lobos provenientes de Canadá. La reintroducción y presencia del superpredador rápidamente restableció el equilibrio de la cascada trófica y provocó cambios drásticos positivos en todo el ecosistema.
Este trabajo de rewilding también existe en la Argentina. En nuestro país actualmente se lleva a cabo el proyecto de reintroducción multiespecie más grande de todo latinoamérica. Está encabezado por The Conservation Land Trust (CLT), fundación del fallecido filántropo estadounidense Douglas Tompkins y su mujer Kristine, la embajadora de Áreas Protegidas de la ONU.
Ellos trabajan en tres regiones geográficas de la Argentina, que cruzan las provincias de Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Misiones, Salta, Corrientes y Chaco, y se centran en proyectos de manejo de 18 especies. Siete de ellas estaban extintas y fueron reintroducidas.
El director de Rewilding de CLT Argentina, Sebastián Di Martino, explica a LA NACION: "Los ecosistemas naturales son como el cuerpo humano, tienen un estado de equilibrio. La pérdida de una especie provoca un desbalance, comienzan a fallar los mecanismos de regulación. Ahí aparece el rewilding como medicina de restauración ecológica activa".
El grueso del trabajo de rewilding en la Argentina se concentra en los Esteros de Iberá en Corrientes, una provincia que sufrió una colonización europea temprana y desarrolló una cultura de caza profunda que desencadenó en la pérdida y extinción de gran parte de su fauna.
La especie pionera del proyecto de rewilding fue el oso hormiguero que se extinguió en Corrientes a mediados del siglo XX. Su reintroducción comenzó en 2007 cuando se liberó por primera vez una pareja de osos hormigueros en la reserva Rincón del Socorro de Iberá. Los animales eran crías huérfanas rescatadas de otras provincias del norte, cuyas madres fueron víctimas de la caza furtiva. Gracias a años de trabajo de restauración de esta especie, hoy Corrientes cuenta una numerosa población autosustentable de osos hormigueros repartida alrededor de distintos núcleos de Iberá.
Este primer éxito abrió el paso para trabajar con otras especies. El venado de las pampas era un herbívoro en riesgo por la caza, la destrucción del ambiente en manos de la ganadería y las enfermedades provenientes del ganado doméstico. Sin embargo, CLT decidió traslocar a los pocos que quedaban vivos desde campos privados hacia Iberá. Hoy, los venados reintroducidos se reprodujeron y conforman la población más grande resguardada en un área protegida. A estas dos especies se le suma el pecarí de collar, otra población recuperada y que por su cantidad ya tampoco necesita de la ayuda humana para subsistir.
Sofía Heinonen, bióloga y directora ejecutiva de CLT Argentina sostiene que "antes se creía que sólo por crear Parques Nacionales y cerrarlos era suficiente, o que la naturaleza tenía un poder de curación autónoma. Pero estamos viendo que eso no basta porque el grado de destrucción es muy alto y el ecosistema no tiene la capacidad de curarse solo". Y agrega: "Hay que acelerar el proceso de restauración a través del rewilding para revertir la tendencia crítica de extinción".
Con respecto al criterio de selección de las especies, CLT responde a los lineamientos de animales en peligro de extinción de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN). Sin embargo, le agrega una mirada ecosistémica: "Hay que entender el rol ecológico que cumple cada especie en un ecosistema en particular. Por ejemplo el pecarí es considerado una especie de bajo riesgo a nivel mundial, pero que esté conservado en la mayor parte del planeta no quiere decir que en Iberá no sea necesario. Faltaba su rol ecológico ahí y había que traerlo con el mismo énfasis que la nutria gigante, que está en riesgo a nivel global", afirma Di Martino.
Actualmente, CLT se encuentra en proceso de trabajo con otras especies ya sea para el monitoreo, fortalecimiento, recuperación o reintroducción. Entre los proyectos más conocidos están: guacamayo rojo, nutria gigante, yaguareté, chuña de patas rojas y muitú en Iberá, y puma, guanaco, chinchillón anaranjado, cóndor andino, gallineta austral y choique en Patagonia. También, con la aprobación de la Administración de Parques Nacionales, llevarán adelante la primera translocación de una especie de un parque a otro: realizarán el traslado de una población fortalecida de Ciervos de los Pantanos de Iberá al Parque Nacional Impenetrable.
La Administración de Parques Nacionales es quien realiza la mayoría de las autorizaciones para que los proyectos de rewilding se ejecuten en las áreas protegidas. Su vicepresidente, Emiliano Ezcurra, explica a LA NACION: "Nosotros somos el primer directorio en la historia de Parques que promueve y favorece el rewilding en un Plan Estratégico aprobado por resolución. No es una postura, es una política".
De hecho, la Administración de Parques Nacionales también llevó adelante sus propios proyectos de rewilding con la reintroducción del guanaco en el Parque Nacional Condorito y de la vizcacha en El Palmar.
Sin embargo, no todos apoyan el concepto de rewilding. "Hay técnicos conservadores que piensan que restaurar es no tocar. Les genera dudas mezclar animales de zoológicos con silvestres e imponen muchas trabas", afirma Heinonen. Y añade: "O a veces, es la misma burocracia el problema. Por ejemplo, una reglamentación sostiene que sólo pueden ingresar animales silvestres por Ezeiza, pero a veces se torna en un viaje demasiado costoso y muy largo para el animal y conviene que llegue a otro aeropuerto".
Para combatir la multiplicidad de posturas e interpretaciones y empujar el proceso de rewilding para la protección de la biodiversidad, la IUCN encargada de elaborar la lista roja de animales en extinción, creó hace unos meses una fuerza especial de rewilding comandada por Ian Convery de la Universidad de Cumbria. Se trata de un grupo de especialistas y académicos responsables de construir el marco conceptual y metodológico para la teoría y práctica del rewilding. La comunidad científica y ambientalista aún espera la publicación de sus resultados.
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Fecha de Publicación: 25/11/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Más de un millón de animales y plantas se encuentran en extinción a un ritmo sin precedente. Estamos ante la mayor ola de pérdida biológica desde la desaparición de los dinosaurios y el ser humano podría ser la principal causa de la sexta extinción masiva. Ahora bien, ¿es posible revertir esta tendencia? Hay quienes creen que sí y todos los días luchan para restaurar ecosistemas naturales completos.
La iniciativa de conservación conocida en todo el mundo como rewilding consiste en recuperar las especies extintas para restaurar su rol ecológico en el ambiente y aumentar las poblaciones de aquellas que se encuentran en bajo número. Todo el proceso está acompañado con una visión económica y cultural enmarcada bajo el turismo de naturaleza.
A nivel internacional, el caso de estudio más conocido y emblemático es el del lobo en el Parque Nacional de Yellowstone de Estados Unidos. En 1926 se eliminaron deliberadamente los lobos y a los pocos años la población de especies herbívoras aumentó tanto que degradó la vegetación del parque. Se intentó recuperar el ecosistema funcional con matanzas selectivas, pero esto sólo sirvió como medida temporal. Finalmente entre 1995 y 1996 se reintrodujeron 31 lobos provenientes de Canadá. La reintroducción y presencia del superpredador rápidamente restableció el equilibrio de la cascada trófica y provocó cambios drásticos positivos en todo el ecosistema.
Este trabajo de rewilding también existe en la Argentina. En nuestro país actualmente se lleva a cabo el proyecto de reintroducción multiespecie más grande de todo latinoamérica. Está encabezado por The Conservation Land Trust (CLT), fundación del fallecido filántropo estadounidense Douglas Tompkins y su mujer Kristine, la embajadora de Áreas Protegidas de la ONU.
Ellos trabajan en tres regiones geográficas de la Argentina, que cruzan las provincias de Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Misiones, Salta, Corrientes y Chaco, y se centran en proyectos de manejo de 18 especies. Siete de ellas estaban extintas y fueron reintroducidas.
El director de Rewilding de CLT Argentina, Sebastián Di Martino, explica a LA NACION: "Los ecosistemas naturales son como el cuerpo humano, tienen un estado de equilibrio. La pérdida de una especie provoca un desbalance, comienzan a fallar los mecanismos de regulación. Ahí aparece el rewilding como medicina de restauración ecológica activa".
El grueso del trabajo de rewilding en la Argentina se concentra en los Esteros de Iberá en Corrientes, una provincia que sufrió una colonización europea temprana y desarrolló una cultura de caza profunda que desencadenó en la pérdida y extinción de gran parte de su fauna.
La especie pionera del proyecto de rewilding fue el oso hormiguero que se extinguió en Corrientes a mediados del siglo XX. Su reintroducción comenzó en 2007 cuando se liberó por primera vez una pareja de osos hormigueros en la reserva Rincón del Socorro de Iberá. Los animales eran crías huérfanas rescatadas de otras provincias del norte, cuyas madres fueron víctimas de la caza furtiva. Gracias a años de trabajo de restauración de esta especie, hoy Corrientes cuenta una numerosa población autosustentable de osos hormigueros repartida alrededor de distintos núcleos de Iberá.
Este primer éxito abrió el paso para trabajar con otras especies. El venado de las pampas era un herbívoro en riesgo por la caza, la destrucción del ambiente en manos de la ganadería y las enfermedades provenientes del ganado doméstico. Sin embargo, CLT decidió traslocar a los pocos que quedaban vivos desde campos privados hacia Iberá. Hoy, los venados reintroducidos se reprodujeron y conforman la población más grande resguardada en un área protegida. A estas dos especies se le suma el pecarí de collar, otra población recuperada y que por su cantidad ya tampoco necesita de la ayuda humana para subsistir.
Sofía Heinonen, bióloga y directora ejecutiva de CLT Argentina sostiene que "antes se creía que sólo por crear Parques Nacionales y cerrarlos era suficiente, o que la naturaleza tenía un poder de curación autónoma. Pero estamos viendo que eso no basta porque el grado de destrucción es muy alto y el ecosistema no tiene la capacidad de curarse solo". Y agrega: "Hay que acelerar el proceso de restauración a través del rewilding para revertir la tendencia crítica de extinción".
Con respecto al criterio de selección de las especies, CLT responde a los lineamientos de animales en peligro de extinción de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN). Sin embargo, le agrega una mirada ecosistémica: "Hay que entender el rol ecológico que cumple cada especie en un ecosistema en particular. Por ejemplo el pecarí es considerado una especie de bajo riesgo a nivel mundial, pero que esté conservado en la mayor parte del planeta no quiere decir que en Iberá no sea necesario. Faltaba su rol ecológico ahí y había que traerlo con el mismo énfasis que la nutria gigante, que está en riesgo a nivel global", afirma Di Martino.
Actualmente, CLT se encuentra en proceso de trabajo con otras especies ya sea para el monitoreo, fortalecimiento, recuperación o reintroducción. Entre los proyectos más conocidos están: guacamayo rojo, nutria gigante, yaguareté, chuña de patas rojas y muitú en Iberá, y puma, guanaco, chinchillón anaranjado, cóndor andino, gallineta austral y choique en Patagonia. También, con la aprobación de la Administración de Parques Nacionales, llevarán adelante la primera translocación de una especie de un parque a otro: realizarán el traslado de una población fortalecida de Ciervos de los Pantanos de Iberá al Parque Nacional Impenetrable.
La Administración de Parques Nacionales es quien realiza la mayoría de las autorizaciones para que los proyectos de rewilding se ejecuten en las áreas protegidas. Su vicepresidente, Emiliano Ezcurra, explica a LA NACION: "Nosotros somos el primer directorio en la historia de Parques que promueve y favorece el rewilding en un Plan Estratégico aprobado por resolución. No es una postura, es una política".
De hecho, la Administración de Parques Nacionales también llevó adelante sus propios proyectos de rewilding con la reintroducción del guanaco en el Parque Nacional Condorito y de la vizcacha en El Palmar.
Sin embargo, no todos apoyan el concepto de rewilding. "Hay técnicos conservadores que piensan que restaurar es no tocar. Les genera dudas mezclar animales de zoológicos con silvestres e imponen muchas trabas", afirma Heinonen. Y añade: "O a veces, es la misma burocracia el problema. Por ejemplo, una reglamentación sostiene que sólo pueden ingresar animales silvestres por Ezeiza, pero a veces se torna en un viaje demasiado costoso y muy largo para el animal y conviene que llegue a otro aeropuerto".
Para combatir la multiplicidad de posturas e interpretaciones y empujar el proceso de rewilding para la protección de la biodiversidad, la IUCN encargada de elaborar la lista roja de animales en extinción, creó hace unos meses una fuerza especial de rewilding comandada por Ian Convery de la Universidad de Cumbria. Se trata de un grupo de especialistas y académicos responsables de construir el marco conceptual y metodológico para la teoría y práctica del rewilding. La comunidad científica y ambientalista aún espera la publicación de sus resultados.
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Represa de Portezuelo en pujas políticas
Ambiente no aprueba Portezuelo
Fecha de Publicación: 25/11/2019
Fuente: La Arena
Fecha de Publicación: 25/11/2019
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
A solo 20 días de dejar el gobierno nacional, el presidente Mauricio Macri ordenó a sus colaboradores más directos que consigan la aprobación del informe ambiental del proyecto de la central hidroeléctrica Portezuelo del Viento, en provincia de Mendoza. El presidente debió involucrarse en persona, para favorecer a su aliado político Alfredo Cornejo, ante la negativa de los órganos técnicos a avalar un estudio que, tal como ha denunciado La Pampa, deja mucho que desear y lejos está de cumplir con las exigencias de un estudio hecho con seriedad para evaluar los posibles impactos ambientales de la represa y merituar planes de contingencia.
La novedad fue publicada ayer por el portal EconoJournal, un diario on-line especializado en Economía, energía y minería en un articulo titulado «Presión de Macri para aprobar el informe ambiental de Portezuelo del Viento».
Según el portal, la presión de Macri «busca cumplir con un compromiso asumido con el gobernador radical (de Mendoza), Alfredo Cornejo, presidente del comité nacional de la UCR y uno de los alfiles de la coalición Cambiemos».
El apuro de la Casa Rosada «generó resistencia en la Secretaría de Gobierno de Medio Ambiente que conduce Sergio Bergman», donde la línea técnica de la cartera ya le comunico a la Jefatura de Gabinete «que no firmarán el estudio de impacto ambiental de la obra porque consideran que falta documentación» y además, consideran que no corresponde el apuro cuando faltan pocos días para que asuman nuevas autoridades.
Auditoría pampeana.
Si bien el artículo no especifica a cuál de los dos estudios de impacto ambiental se refiere, la mención a «falta de documentación» remite al elaborado por las universidades de La Plata y del Litoral que contrató el comité de cuenca del río Colorado, Coirco, a pedido de La Pampa.
El otro EIA sobre la represa fue elaborado por la Universidad de Cuyo a pedido del gobierno de Mendoza y que se limitó al territorio de esa provincia, como si los impactos fueran a respetar límites políticos. Fue esa notoria falencia la que llevó a La Pampa a exigirle al comité de cuenca que en su rol de gestión de toda la cuenca, convocara la realización de un nuevo estudio, que se conoció como Estudio de Impacto Ambiental Regional (EIAR).
Este segundo estudio fue auditado y severamente criticado por el gobierno de La Pampa merced al trabajo de un equipo de profesionales de la Universidad Nacional de La Pampa que a lo largo de todo 2018 y primeros meses de 2019 analizó en detalle cada párrafo de los informes parciales y del informe final que entregaron aquellas dos universidades.
Una de las objeciones fundamentales que señaló la UNLPam fue que las universidades contratadas no habían cumplido acabadamente con el trabajo que se le había encomendado y pagado, principalmente en cuanto a la calidad del trabajo, la profundidad, las tareas de campo y los informes prometidos.
Falta información.
En el mes de marzo, en la reunión ordinaria de Coirco, los representantes pampeanos entregaron en mano a las autoridades del comité de cuenca el voluminoso libro con las objeciones realizadas al EIAR y con ese fundamento se negaron a aprobar el informe final entregado por UNL-UNLP. Los representantes de las otras provincias, por el contrario, lo apoyaron aún sin haberlo leído en detalle.
Ahora, según se desprende del artículo de EconoJournal, los profesionales de la Secretaría de Medio Ambiente han sintonizado la misma frecuencia de La Pampa y se niegan a ponerle la firma al trabajo de aquellas dos universidades.
Según EconoJournal, es el secretario de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza, Humberto Mingorance, quien está llevando adelante el lobby en Buenos Aires en nombre del gobernador Cornejo. «El informe debe ser aprobado por los secretarios de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Política Ambiental en Recursos Naturales y Control y Fiscalización, pero Bergman ya informó que no suscribirán la documentación», detalló el portal.
«Uno de los argumentos es que los términos de referencia establecen la presentación de una larga lista de requerimientos que todavía no fueron completados por la provincia -tal como señaló La Pampa-, pero, más allá de eso, no hay voluntad política de aprobar ese informe en medio de la transición porque consideran que debería ser el próximo gobierno el encargado de decidir».
La situación llegó al punto que el propio jefe de Gabinete, Marcos Peña, se involucró personalmente en el tema presionando a Bergman para que los funcionarios de Ambiente avalen la iniciativa.
La misma historia.
«Cuando el macrismo llegó al gobierno, se quejó porque el kirchnerismo había apurado la firma del informe ambiental de las represas de Santa Cruz justo antes de irse del poder», recordó EconoJournal en los párrafos finales de su artículo.
«De hecho, el 9 de diciembre de 2015, un día antes de que Cristina Kirchner dejara la presidencia, la secretaría de Medio Ambiente de Santa Cruz había aprobado la declaración de impacto ambiental y ese mismo día se había realizado la audiencia pública. Las desprolijidades de aquel proceso llevaron a la Corte Suprema a anular lo hecho en diciembre de 2016 y el gobierno de Macri debió llevar adelante otro estudio ambiental».
«Como en tantos otros temas, el presidente Mauricio Macri parece no haber aprendido de los errores del pasado, muchos de los cuales incluso cuestionó duramente, y ahora busca hacer lo mismo», concluyó.
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A solo 20 días de dejar el gobierno nacional, el presidente Mauricio Macri ordenó a sus colaboradores más directos que consigan la aprobación del informe ambiental del proyecto de la central hidroeléctrica Portezuelo del Viento, en provincia de Mendoza. El presidente debió involucrarse en persona, para favorecer a su aliado político Alfredo Cornejo, ante la negativa de los órganos técnicos a avalar un estudio que, tal como ha denunciado La Pampa, deja mucho que desear y lejos está de cumplir con las exigencias de un estudio hecho con seriedad para evaluar los posibles impactos ambientales de la represa y merituar planes de contingencia.
La novedad fue publicada ayer por el portal EconoJournal, un diario on-line especializado en Economía, energía y minería en un articulo titulado «Presión de Macri para aprobar el informe ambiental de Portezuelo del Viento».
Según el portal, la presión de Macri «busca cumplir con un compromiso asumido con el gobernador radical (de Mendoza), Alfredo Cornejo, presidente del comité nacional de la UCR y uno de los alfiles de la coalición Cambiemos».
El apuro de la Casa Rosada «generó resistencia en la Secretaría de Gobierno de Medio Ambiente que conduce Sergio Bergman», donde la línea técnica de la cartera ya le comunico a la Jefatura de Gabinete «que no firmarán el estudio de impacto ambiental de la obra porque consideran que falta documentación» y además, consideran que no corresponde el apuro cuando faltan pocos días para que asuman nuevas autoridades.
Auditoría pampeana.
Si bien el artículo no especifica a cuál de los dos estudios de impacto ambiental se refiere, la mención a «falta de documentación» remite al elaborado por las universidades de La Plata y del Litoral que contrató el comité de cuenca del río Colorado, Coirco, a pedido de La Pampa.
El otro EIA sobre la represa fue elaborado por la Universidad de Cuyo a pedido del gobierno de Mendoza y que se limitó al territorio de esa provincia, como si los impactos fueran a respetar límites políticos. Fue esa notoria falencia la que llevó a La Pampa a exigirle al comité de cuenca que en su rol de gestión de toda la cuenca, convocara la realización de un nuevo estudio, que se conoció como Estudio de Impacto Ambiental Regional (EIAR).
Este segundo estudio fue auditado y severamente criticado por el gobierno de La Pampa merced al trabajo de un equipo de profesionales de la Universidad Nacional de La Pampa que a lo largo de todo 2018 y primeros meses de 2019 analizó en detalle cada párrafo de los informes parciales y del informe final que entregaron aquellas dos universidades.
Una de las objeciones fundamentales que señaló la UNLPam fue que las universidades contratadas no habían cumplido acabadamente con el trabajo que se le había encomendado y pagado, principalmente en cuanto a la calidad del trabajo, la profundidad, las tareas de campo y los informes prometidos.
Falta información.
En el mes de marzo, en la reunión ordinaria de Coirco, los representantes pampeanos entregaron en mano a las autoridades del comité de cuenca el voluminoso libro con las objeciones realizadas al EIAR y con ese fundamento se negaron a aprobar el informe final entregado por UNL-UNLP. Los representantes de las otras provincias, por el contrario, lo apoyaron aún sin haberlo leído en detalle.
Ahora, según se desprende del artículo de EconoJournal, los profesionales de la Secretaría de Medio Ambiente han sintonizado la misma frecuencia de La Pampa y se niegan a ponerle la firma al trabajo de aquellas dos universidades.
Según EconoJournal, es el secretario de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza, Humberto Mingorance, quien está llevando adelante el lobby en Buenos Aires en nombre del gobernador Cornejo. «El informe debe ser aprobado por los secretarios de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Política Ambiental en Recursos Naturales y Control y Fiscalización, pero Bergman ya informó que no suscribirán la documentación», detalló el portal.
«Uno de los argumentos es que los términos de referencia establecen la presentación de una larga lista de requerimientos que todavía no fueron completados por la provincia -tal como señaló La Pampa-, pero, más allá de eso, no hay voluntad política de aprobar ese informe en medio de la transición porque consideran que debería ser el próximo gobierno el encargado de decidir».
La situación llegó al punto que el propio jefe de Gabinete, Marcos Peña, se involucró personalmente en el tema presionando a Bergman para que los funcionarios de Ambiente avalen la iniciativa.
La misma historia.
«Cuando el macrismo llegó al gobierno, se quejó porque el kirchnerismo había apurado la firma del informe ambiental de las represas de Santa Cruz justo antes de irse del poder», recordó EconoJournal en los párrafos finales de su artículo.
«De hecho, el 9 de diciembre de 2015, un día antes de que Cristina Kirchner dejara la presidencia, la secretaría de Medio Ambiente de Santa Cruz había aprobado la declaración de impacto ambiental y ese mismo día se había realizado la audiencia pública. Las desprolijidades de aquel proceso llevaron a la Corte Suprema a anular lo hecho en diciembre de 2016 y el gobierno de Macri debió llevar adelante otro estudio ambiental».
«Como en tantos otros temas, el presidente Mauricio Macri parece no haber aprendido de los errores del pasado, muchos de los cuales incluso cuestionó duramente, y ahora busca hacer lo mismo», concluyó.
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Ambiente presentó su informe
Ambiente Nación presenta el informe de gestión 2016-2019
Fecha de Publicación: 25/11/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El documento, disponible en línea, expone la síntesis de los principales logros del trabajo realizado durante el período en materia ambiental.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que encabeza Sergio Bergman, presenta su informe de gestión 2016-2019, con el repaso de las principales acciones, planes e iniciativas que fueron posibles durante los cuatro años de la actual administración, así como su vinculación con los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas y los objetivos de Gobierno, definidos al inicio de la presidencia de Mauricio Macri.
Entre los temas abordados por el documento se destacan la creación de nuevas áreas protegidas y la mejora de las preexistentes, la reapertura de la Escuela de Guardaparques Nacionales; junto a la gestión ambiental del agua y los ecosistemas acuáticos, tema que incluye las publicaciones del Inventario Nacional de Glaciares y del primer nivel del Inventario de Humedales, además de distintas acciones para el cuidado de la biodiversidad.
Por otra parte, se explican la creación del Fondo Fiduciario de Compensación Ambiental para la órbita federal, la preservación y el manejo de los bosques nativos, el desarrollo de la plataforma ForestAr 2030 —que busca hacer de la Argentina una potencia forestal sustentable— y las iniciativas tendientes a la planificación y al ordenamiento ambiental del territorio. A su vez, para contribuir con un mayor conocimiento de la situación ambiental de Argentina, se generó información accesible, como el Informe del Estado del Ambiente, de publicación anual.
También se describen en el informe el impulso para lograr ciudades más sustentables, la incorporación de la evaluación ambiental estratégica y la evaluación de impacto ambiental como herramientas de gestión en programas y políticas públicas, los resultados del programa para emprendedores sustentables PROESUS y el plan de sustentabilización de viviendas sociales.
Asimismo, en el período fue posible el desarrollo de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental, diversos acuerdos alcanzados con las diferentes jurisdicciones del país en el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), la creación de oficinas regionales, la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y los avances en las obras vinculadas a la temática.
En lo que toca al desarrollo de herramientas de prevención y monitoreo ambiental, se subrayan acciones como la creación de la Red Federal de Monitoreo Ambiente (Red FEMA); el impulso para la simplificación, actualización o nueva normativa ambiental; el surgimiento del Cuerpo Especializado de Fiscalización y Control Ambiental (CEFCA), que facilitó la protección de recursos naturales mediante operativos con otras fuerzas a establecimientos que pudieran poner en peligro el entorno; y el lanzamiento de una etiqueta de eficiencia energética para vehículos automotores livianos.
En materia de cambio climático, se destacan la ratificación del Acuerdo de París por parte de nuestro país, la creación del Gabinete Nacional de Cambio Climático, la revisión de la Contribución Nacional (NDC) y el desarrollo de distintos planes sectoriales de cambio climático, así como el fortalecimiento del trabajo en mitigación y adaptación y la invención del Grupo de Trabajo sobre Sustentabilidad Climática en el marco del G20.
Finalmente, se destacan la generación de proyectos con financiamiento externo para mejorar la gestión ambiental, la labor permanente en el ámbito del MERCOSUR y otros foros internacionales, así como la preparación del proceso de ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a través del desarrollo de la evaluación de desempeño ambiental que deberá realizar nuestro país.
El documento puede ser consultado en línea. Para acceder, cliquear aquí.
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Fecha de Publicación: 25/11/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El documento, disponible en línea, expone la síntesis de los principales logros del trabajo realizado durante el período en materia ambiental.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que encabeza Sergio Bergman, presenta su informe de gestión 2016-2019, con el repaso de las principales acciones, planes e iniciativas que fueron posibles durante los cuatro años de la actual administración, así como su vinculación con los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas y los objetivos de Gobierno, definidos al inicio de la presidencia de Mauricio Macri.
Entre los temas abordados por el documento se destacan la creación de nuevas áreas protegidas y la mejora de las preexistentes, la reapertura de la Escuela de Guardaparques Nacionales; junto a la gestión ambiental del agua y los ecosistemas acuáticos, tema que incluye las publicaciones del Inventario Nacional de Glaciares y del primer nivel del Inventario de Humedales, además de distintas acciones para el cuidado de la biodiversidad.
Por otra parte, se explican la creación del Fondo Fiduciario de Compensación Ambiental para la órbita federal, la preservación y el manejo de los bosques nativos, el desarrollo de la plataforma ForestAr 2030 —que busca hacer de la Argentina una potencia forestal sustentable— y las iniciativas tendientes a la planificación y al ordenamiento ambiental del territorio. A su vez, para contribuir con un mayor conocimiento de la situación ambiental de Argentina, se generó información accesible, como el Informe del Estado del Ambiente, de publicación anual.
También se describen en el informe el impulso para lograr ciudades más sustentables, la incorporación de la evaluación ambiental estratégica y la evaluación de impacto ambiental como herramientas de gestión en programas y políticas públicas, los resultados del programa para emprendedores sustentables PROESUS y el plan de sustentabilización de viviendas sociales.
Asimismo, en el período fue posible el desarrollo de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental, diversos acuerdos alcanzados con las diferentes jurisdicciones del país en el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), la creación de oficinas regionales, la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y los avances en las obras vinculadas a la temática.
En lo que toca al desarrollo de herramientas de prevención y monitoreo ambiental, se subrayan acciones como la creación de la Red Federal de Monitoreo Ambiente (Red FEMA); el impulso para la simplificación, actualización o nueva normativa ambiental; el surgimiento del Cuerpo Especializado de Fiscalización y Control Ambiental (CEFCA), que facilitó la protección de recursos naturales mediante operativos con otras fuerzas a establecimientos que pudieran poner en peligro el entorno; y el lanzamiento de una etiqueta de eficiencia energética para vehículos automotores livianos.
En materia de cambio climático, se destacan la ratificación del Acuerdo de París por parte de nuestro país, la creación del Gabinete Nacional de Cambio Climático, la revisión de la Contribución Nacional (NDC) y el desarrollo de distintos planes sectoriales de cambio climático, así como el fortalecimiento del trabajo en mitigación y adaptación y la invención del Grupo de Trabajo sobre Sustentabilidad Climática en el marco del G20.
Finalmente, se destacan la generación de proyectos con financiamiento externo para mejorar la gestión ambiental, la labor permanente en el ámbito del MERCOSUR y otros foros internacionales, así como la preparación del proceso de ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a través del desarrollo de la evaluación de desempeño ambiental que deberá realizar nuestro país.
El documento puede ser consultado en línea. Para acceder, cliquear aquí.
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Jugada del gobierno a favor de Bayer-Monsanto
Semillas: caído el proyecto de ley, buscan reflotar una norma de 2006
Fecha de Publicación: 23/11/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Tras la pérdida de estado parlamentario del proyecto oficial para modificar la actual ley de semillas, vigente desde 1973, en la cadena agroindustrial hay expectativas, y a la vez temores, sobre los pasos que podría dar el Gobierno en esta materia en los próximos días.
Según contaron a LA NACION referentes del sector, autoridades del Ministerio de Agricultura de la Nación les hicieron saber dos cosas. Por un lado, se buscaría reflotar, con cambios, una resolución de 2006 que dispuso que los agricultores solo podían utilizar semillas propias para hacer la misma superficie que implantaron con semillas certificadas en el ciclo anterior.
Por otra parte, podría modificarse el actual sistema ligado a Bolsatech para el análisis de tecnologías en semillas de soja.
La resolución 338 de 2006 en su momento estableció que no se podrá emplear para uso propio más semilla de la que se sembró con productos certificados. En esa oportunidad fijó como autoridad de aplicación al Inase, pero en la cadena indican que no se terminó de implementar.
Ahora, según pudo confirmar LA NACION, el Instituto Nacional de Semillas (Inase) convocó para el próximo jueves a una reunión extraordinaria de la Comisión Nacional de Semillas (Conase), donde está el sector privado. Figura como tema el "proyecto de implementación de la resolución 338/2006".
Bolsatech
En 2016, tras lanzar una variedad de soja resistente a insectos, Monsanto comenzó a hacer controles propios para detectar en el grano si el productor había pagado por su tecnología. Incluso, en contratos de los agricultores con exportadores había una cláusula que habilitaba los controles.
Eso generó una fuerte disputa con entidades del agro. En ese momento, el exMinisterio de Agroindustria, a cargo de Ricardo Buryaile, sacó una resolución, la 207, prohibiendo los controles privados y dejando los mismos en manos del Instituto Nacional de Semillas (Inase). Esa norma se prorroga todos los años.
Desde el sector privado, en ese marco se creó Bolsatech, al que adhirieron bolsas de cereales y cámaras arbitrales, para la administración, toma de muestras y gestión de datos de los análisis sobre semillas. Así, en lugar de ir a Monsanto, la información va primero al Inase.
Este último sistema se viene aplicando y, según dicen en el sector, con óptimos resultados. Sin embargo, la intención oficial sería modificarlo o darlo de baja. En las últimas horas hubo intensas negociaciones entre el sector privado y público.
"Es difícil de entender por qué a poco de cambiar el gobierno, se propone modificar un control que hace a la trazabilidad y da garantía a toda la cadena comercial", dijo un integrante de la cadena.
Según indicó, una propuesta que llegó al sector es pasar de un control del 100% a un muestreo aleatorio. "Eso es impracticable", agregó.
En sectores ligados con la exportación temen que una eventual baja del actual sistema traiga problemas con la venta al exterior de soja. Argumentan que quedaría desprotegido el marco para las empresas de tecnología y recuerdan que hoy es Bayer quien emite los certificados para la tecnología que se vende a China.
En esta línea, la fuente alertó por riesgos de "salir de un control del 100% implementado por Bolsatech con el Inase a un muestreo dirigido sin conocer los criterios. Esto podría significar que los exportadores vuelvan a tener problemas con los certificados de bioseguridad que los tienen las empresas titulares de los eventos que se usan".
Fuentes oficiales consultadas dijeron ayer que no había "nada" en relación a este último tema que circula en la cadena.
La convocatoria que se conoció del Inase dice, además de llamar al sector para abordar la resolución 338 de 2006, que se tratará la "renovación" de la resolución 207/2016, es decir la que en su momento le puso un marco a la disputa que se había generado con Monsanto.
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Fecha de Publicación: 23/11/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Tras la pérdida de estado parlamentario del proyecto oficial para modificar la actual ley de semillas, vigente desde 1973, en la cadena agroindustrial hay expectativas, y a la vez temores, sobre los pasos que podría dar el Gobierno en esta materia en los próximos días.
Según contaron a LA NACION referentes del sector, autoridades del Ministerio de Agricultura de la Nación les hicieron saber dos cosas. Por un lado, se buscaría reflotar, con cambios, una resolución de 2006 que dispuso que los agricultores solo podían utilizar semillas propias para hacer la misma superficie que implantaron con semillas certificadas en el ciclo anterior.
Por otra parte, podría modificarse el actual sistema ligado a Bolsatech para el análisis de tecnologías en semillas de soja.
La resolución 338 de 2006 en su momento estableció que no se podrá emplear para uso propio más semilla de la que se sembró con productos certificados. En esa oportunidad fijó como autoridad de aplicación al Inase, pero en la cadena indican que no se terminó de implementar.
Ahora, según pudo confirmar LA NACION, el Instituto Nacional de Semillas (Inase) convocó para el próximo jueves a una reunión extraordinaria de la Comisión Nacional de Semillas (Conase), donde está el sector privado. Figura como tema el "proyecto de implementación de la resolución 338/2006".
Bolsatech
En 2016, tras lanzar una variedad de soja resistente a insectos, Monsanto comenzó a hacer controles propios para detectar en el grano si el productor había pagado por su tecnología. Incluso, en contratos de los agricultores con exportadores había una cláusula que habilitaba los controles.
Eso generó una fuerte disputa con entidades del agro. En ese momento, el exMinisterio de Agroindustria, a cargo de Ricardo Buryaile, sacó una resolución, la 207, prohibiendo los controles privados y dejando los mismos en manos del Instituto Nacional de Semillas (Inase). Esa norma se prorroga todos los años.
Desde el sector privado, en ese marco se creó Bolsatech, al que adhirieron bolsas de cereales y cámaras arbitrales, para la administración, toma de muestras y gestión de datos de los análisis sobre semillas. Así, en lugar de ir a Monsanto, la información va primero al Inase.
Este último sistema se viene aplicando y, según dicen en el sector, con óptimos resultados. Sin embargo, la intención oficial sería modificarlo o darlo de baja. En las últimas horas hubo intensas negociaciones entre el sector privado y público.
"Es difícil de entender por qué a poco de cambiar el gobierno, se propone modificar un control que hace a la trazabilidad y da garantía a toda la cadena comercial", dijo un integrante de la cadena.
Según indicó, una propuesta que llegó al sector es pasar de un control del 100% a un muestreo aleatorio. "Eso es impracticable", agregó.
En sectores ligados con la exportación temen que una eventual baja del actual sistema traiga problemas con la venta al exterior de soja. Argumentan que quedaría desprotegido el marco para las empresas de tecnología y recuerdan que hoy es Bayer quien emite los certificados para la tecnología que se vende a China.
En esta línea, la fuente alertó por riesgos de "salir de un control del 100% implementado por Bolsatech con el Inase a un muestreo dirigido sin conocer los criterios. Esto podría significar que los exportadores vuelvan a tener problemas con los certificados de bioseguridad que los tienen las empresas titulares de los eventos que se usan".
Fuentes oficiales consultadas dijeron ayer que no había "nada" en relación a este último tema que circula en la cadena.
La convocatoria que se conoció del Inase dice, además de llamar al sector para abordar la resolución 338 de 2006, que se tratará la "renovación" de la resolución 207/2016, es decir la que en su momento le puso un marco a la disputa que se había generado con Monsanto.
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Neuquén: cambio en la ley de bosques que genera malestar
Gutiérrez apura en Legislatura un cambio en la ley de bosques nativos
Fecha de Publicación: 23/11/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Presentó un proyecto para modificar el ordenamiento territorial en zona montañosa a menos de tres semanas de que finalicen los mandatos legislativos.
El Movimiento Popular Neuquino buscará aprobar con tratamiento exprés una modificación a la actual Ley de Bosques presentada por el gobernador Omar Gutiérrez a menos de tres semanas del cambio de gestión. Ayer consiguió que se apruebe una moción de preferencia para que se trate en las últimas sesiones del año y la votación anticipó la polémica que traerá consigo el proyecto, pues casi todos los bloques opositores plantearon su rechazo por lo intempestivo de la presentación.
Si bien desde el oficialismo fundamentaron que se trata sólo de una actualización del relevamiento territorial de bosques y aseguraron que se realizaron las consultas necesarias, el debate promete empañar el final de gestión tras un año de baja intensidad en la Cámara.
“No convirtamos en un escándalo un tema que es clave para el desarrollo turístico de la provincia y que merece ser tratado con responsabilidad”, planteó el diputado Raúl Podestá (Frente Grande), quien alertó que la modificación de la ley de bosques “no fue tratada en los consejos consultivos” de la zona. Añadió que los talleres en Villa La Angostura y en San Martín de los Andes “han sido absolutamente críticos a las modificaciones propuestas”.
Su par Guillermo Carnaghi (FpV) también cuestionó que se haga “un tratamiento exprés” y advirtió que el proyecto, entre otras cuestiones, “define si se puede lotear o no en el complejo de esquí de Chapelco”. “Requiere un trabajo profundo y de consultas”, sostuvo.
Según dijo esta semana el ministro de Producción, Facundo López Raggi, los cambios propuestos incorporan unas 50.000 hectáreas de bosques a las áreas protegidas. También argumentó que supone una actualización de los últimos cinco años y que ajusta los criterios de zonificación a la ley nacional. El proyecto modifica 15 artículos de la ley 2780 aprobada en 2011 y deroga otros dos.
Desde la oposición sugirieron que el tema debería ser tratado por la próxima gestión legislativa que comenzará el 10 de diciembre pues sólo quedan dos sesiones ordinarias antes de que finalicen los mandatos. “Es una temática compleja que no es sencilla de abordar. Lo correcto sería que lo discuta la nueva composición”, opinó Santiago Nogueira (Libres del Sur).
El apuro para tratar el proyecto también cayó mal porque la comisión de Ambiente que debería tratarlo se reunió dos veces en el año y ahora sería la encargada de debatir el proyecto en las últimas dos semanas de gestión. Su presidencia está en manos del oficialismo.
La moción de preferencia obtuvo ayer los votos del MPN, de sus aliados Susana Nieva (Adelante Neuquén) y Francisco Rols (FRIN), y de Alejandro Vidal (UCR), Gabriel Romero (Cumplir) y Juan Monteiro (Juntos por Neuquén).
Se debatirá en la comisión de Ambiente el próximo miércoles y luego pasará a la de Asuntos Constitucionales que se reúne los martes. Las últimas sesiones del año serán el 4 y 5 de diciembre.
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Fecha de Publicación: 23/11/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Presentó un proyecto para modificar el ordenamiento territorial en zona montañosa a menos de tres semanas de que finalicen los mandatos legislativos.
El Movimiento Popular Neuquino buscará aprobar con tratamiento exprés una modificación a la actual Ley de Bosques presentada por el gobernador Omar Gutiérrez a menos de tres semanas del cambio de gestión. Ayer consiguió que se apruebe una moción de preferencia para que se trate en las últimas sesiones del año y la votación anticipó la polémica que traerá consigo el proyecto, pues casi todos los bloques opositores plantearon su rechazo por lo intempestivo de la presentación.
Si bien desde el oficialismo fundamentaron que se trata sólo de una actualización del relevamiento territorial de bosques y aseguraron que se realizaron las consultas necesarias, el debate promete empañar el final de gestión tras un año de baja intensidad en la Cámara.
“No convirtamos en un escándalo un tema que es clave para el desarrollo turístico de la provincia y que merece ser tratado con responsabilidad”, planteó el diputado Raúl Podestá (Frente Grande), quien alertó que la modificación de la ley de bosques “no fue tratada en los consejos consultivos” de la zona. Añadió que los talleres en Villa La Angostura y en San Martín de los Andes “han sido absolutamente críticos a las modificaciones propuestas”.
Su par Guillermo Carnaghi (FpV) también cuestionó que se haga “un tratamiento exprés” y advirtió que el proyecto, entre otras cuestiones, “define si se puede lotear o no en el complejo de esquí de Chapelco”. “Requiere un trabajo profundo y de consultas”, sostuvo.
Según dijo esta semana el ministro de Producción, Facundo López Raggi, los cambios propuestos incorporan unas 50.000 hectáreas de bosques a las áreas protegidas. También argumentó que supone una actualización de los últimos cinco años y que ajusta los criterios de zonificación a la ley nacional. El proyecto modifica 15 artículos de la ley 2780 aprobada en 2011 y deroga otros dos.
Desde la oposición sugirieron que el tema debería ser tratado por la próxima gestión legislativa que comenzará el 10 de diciembre pues sólo quedan dos sesiones ordinarias antes de que finalicen los mandatos. “Es una temática compleja que no es sencilla de abordar. Lo correcto sería que lo discuta la nueva composición”, opinó Santiago Nogueira (Libres del Sur).
El apuro para tratar el proyecto también cayó mal porque la comisión de Ambiente que debería tratarlo se reunió dos veces en el año y ahora sería la encargada de debatir el proyecto en las últimas dos semanas de gestión. Su presidencia está en manos del oficialismo.
La moción de preferencia obtuvo ayer los votos del MPN, de sus aliados Susana Nieva (Adelante Neuquén) y Francisco Rols (FRIN), y de Alejandro Vidal (UCR), Gabriel Romero (Cumplir) y Juan Monteiro (Juntos por Neuquén).
Se debatirá en la comisión de Ambiente el próximo miércoles y luego pasará a la de Asuntos Constitucionales que se reúne los martes. Las últimas sesiones del año serán el 4 y 5 de diciembre.
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