Ya quieren cambiar la ley de glaciares ante el fallo adverso
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El Gobierno planea modificar una ley por el fallo de glaciares
Fecha de Publicación: 10/06/2019
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
Buscan definir con precisión el ambiente periglaciar para evitar controversias que entorpezcan la minería.
El día después de conocido el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referido a la demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Glaciares, en el Gobierno provincial buscan ahora modificar la legislación local, con una nueva norma o con precisiones a la vigente, la 8.144. La idea es definir con precisión el ambiente periglaciar, mencionado en forma genérica en la ley nacional, la 26.639, y que podría prestarse para confusiones, para evitar controversias que puedan entorpecer el desarrollo de la actividad minera en San Juan.
"Hay una indefinición del ambiente periglaciar, que es muy amplio y las sociedades científicas han dicho que hay que precisarlo porque es un concepto indefinido que, de esa forma, abarca toda la cordillera", dijo ayer el fiscal de Estado, Jorge Alvo. El funcionario, junto al ministro de Minería, Alberto Hensel, participó ayer en una conferencia de prensa para explicar los alcances del fallo del máximo tribunal de justicia del país. "En principio, el fallo de ninguna manera afecta el normal desarrollo de la actividad minera en San Juan. Es un claro reconocimiento a las atribuciones y derechos de las provincias sobre sus recursos originarios y una mención al necesario funcionamiento del sistema federal", dijo, tal como lo había adelantado el día anterior.
La Corte Suprema se pronunció el martes rechazando una demanda de inconstitucionalidad de la ley 26.639, planteada por las empresas mineras Barrick Exploraciones Argentinas S.A. y Exploraciones Mineras Argentinas SA, concesionarias del emprendimiento Pascua Lama y Minera Argentina Gold SA, del proyecto Veladero.
Despejada la duda en el sentido de que con el dictamen no se verán afectados los proyectos en marcha ni los futuros, en el Gobierno sanjuanino buscan avanzar en un camino en el que no se vayan a encontrar obstáculos que puedan entorpecer la actividad. Una de las cuestiones es la indefinición del término ambiente periglaciar, demasiado amplio, por lo que en la administración provincial entienden que hay que avanzar para despejar cualquier duda. Una alternativa, la más cercana según las fuentes consultadas, es o bien modificar la norma provincial o sancionar una nueva que aclare convenientemente el término. Intentar una modificación de la Ley de Glaciares, que es sobre la que se ha pronunciado la Corte Suprema, está descartado porque sería incentivar una nuevo debate nacional sobre la minería, una posibilidad que en el Gobierno local no ven con buenos ojos. Otras alternativas, mencionadas por el propio fiscal Alvo, podría ser a través de un decreto reglamentario. "Lo más propicio sería una reforma de la ley o del decreto reglamentario, para que no haya ahora la incertidumbre que hay". También podrían ser ordenanzas municipales en los departamentos mineros, como Iglesia, Jáchal y Calingasta. Además falta avanzar con el inventario de los glaciares argentinos que realiza el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla, ver infografía).
Quien también opinó sobre el fallo judicial fue el abogado Diego Seguí, de la Asamblea Jáchal No Se Toca. "Una crítica es que la participación de la Provincia haya sido en adhesión al interés privado y particular de una empresa y no tomando participación defendiendo el interés general, público y colectivo", expresó el profesional. Y sobre la resolución agregó que "la Corte no tenía mucho margen para decir otra cosa que la que dijo, desestimó primero el planteo de inconstitucionalidad in límine, diciendo que no se han reunido los requisitos formales para la admisión. Sin embargo ha dicho que frente a un interés individual y uno colectivo debe primar este último". "Entiendo que lo que la Corte ha hecho es transmitir seguridad jurídica respecto a que hay lugares que no se pueden afectar, lo que lleva tranquilidad para los inversores también", sostuvo.
Desde la Fiscalía de Estado, que defiende los intereses de la provincia, se hace hincapié en que no hay que perder de vista la preservación del recurso hídrico, sea para el consumo humano, la agricultura, la biodiversidad, para recarga de cuencas hidrográficas u otras cuestiones científicas. Y después que, donde se vaya a desarrollar cualquier actividad, hay que cuidar estos conceptos de agua, ya sea como glaciar, glaciar cubierto, ambiente periglaciar, y determinar dónde habría una afectación al recurso del agua. En definitiva, tener seguridad jurídica para que lleguen inversiones y licencia social para que las permitan avanzar.
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Fecha de Publicación: 10/06/2019
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
Buscan definir con precisión el ambiente periglaciar para evitar controversias que entorpezcan la minería.
El día después de conocido el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referido a la demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Glaciares, en el Gobierno provincial buscan ahora modificar la legislación local, con una nueva norma o con precisiones a la vigente, la 8.144. La idea es definir con precisión el ambiente periglaciar, mencionado en forma genérica en la ley nacional, la 26.639, y que podría prestarse para confusiones, para evitar controversias que puedan entorpecer el desarrollo de la actividad minera en San Juan.
"Hay una indefinición del ambiente periglaciar, que es muy amplio y las sociedades científicas han dicho que hay que precisarlo porque es un concepto indefinido que, de esa forma, abarca toda la cordillera", dijo ayer el fiscal de Estado, Jorge Alvo. El funcionario, junto al ministro de Minería, Alberto Hensel, participó ayer en una conferencia de prensa para explicar los alcances del fallo del máximo tribunal de justicia del país. "En principio, el fallo de ninguna manera afecta el normal desarrollo de la actividad minera en San Juan. Es un claro reconocimiento a las atribuciones y derechos de las provincias sobre sus recursos originarios y una mención al necesario funcionamiento del sistema federal", dijo, tal como lo había adelantado el día anterior.
La Corte Suprema se pronunció el martes rechazando una demanda de inconstitucionalidad de la ley 26.639, planteada por las empresas mineras Barrick Exploraciones Argentinas S.A. y Exploraciones Mineras Argentinas SA, concesionarias del emprendimiento Pascua Lama y Minera Argentina Gold SA, del proyecto Veladero.
Despejada la duda en el sentido de que con el dictamen no se verán afectados los proyectos en marcha ni los futuros, en el Gobierno sanjuanino buscan avanzar en un camino en el que no se vayan a encontrar obstáculos que puedan entorpecer la actividad. Una de las cuestiones es la indefinición del término ambiente periglaciar, demasiado amplio, por lo que en la administración provincial entienden que hay que avanzar para despejar cualquier duda. Una alternativa, la más cercana según las fuentes consultadas, es o bien modificar la norma provincial o sancionar una nueva que aclare convenientemente el término. Intentar una modificación de la Ley de Glaciares, que es sobre la que se ha pronunciado la Corte Suprema, está descartado porque sería incentivar una nuevo debate nacional sobre la minería, una posibilidad que en el Gobierno local no ven con buenos ojos. Otras alternativas, mencionadas por el propio fiscal Alvo, podría ser a través de un decreto reglamentario. "Lo más propicio sería una reforma de la ley o del decreto reglamentario, para que no haya ahora la incertidumbre que hay". También podrían ser ordenanzas municipales en los departamentos mineros, como Iglesia, Jáchal y Calingasta. Además falta avanzar con el inventario de los glaciares argentinos que realiza el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla, ver infografía).
Quien también opinó sobre el fallo judicial fue el abogado Diego Seguí, de la Asamblea Jáchal No Se Toca. "Una crítica es que la participación de la Provincia haya sido en adhesión al interés privado y particular de una empresa y no tomando participación defendiendo el interés general, público y colectivo", expresó el profesional. Y sobre la resolución agregó que "la Corte no tenía mucho margen para decir otra cosa que la que dijo, desestimó primero el planteo de inconstitucionalidad in límine, diciendo que no se han reunido los requisitos formales para la admisión. Sin embargo ha dicho que frente a un interés individual y uno colectivo debe primar este último". "Entiendo que lo que la Corte ha hecho es transmitir seguridad jurídica respecto a que hay lugares que no se pueden afectar, lo que lleva tranquilidad para los inversores también", sostuvo.
Desde la Fiscalía de Estado, que defiende los intereses de la provincia, se hace hincapié en que no hay que perder de vista la preservación del recurso hídrico, sea para el consumo humano, la agricultura, la biodiversidad, para recarga de cuencas hidrográficas u otras cuestiones científicas. Y después que, donde se vaya a desarrollar cualquier actividad, hay que cuidar estos conceptos de agua, ya sea como glaciar, glaciar cubierto, ambiente periglaciar, y determinar dónde habría una afectación al recurso del agua. En definitiva, tener seguridad jurídica para que lleguen inversiones y licencia social para que las permitan avanzar.
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Otra iniciativa que busca prohibir el Glifosato
El Senado busca regular el uso de agroquímicos
Fecha de Publicación: 10/06/2019
Fuente: Revista Chacra
Provincia/Región: Nacional
Los asesores de las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, y de Ambiente y Desarrollo Sustentable se reunirán para analizar proyectos.
La iniciativa prohíbe en todo el territorio nacional la utilización del herbicida "Glifosato", sus productos formulados y derivados, a partir del quinto año de sancionada la presente ley, a fin de proteger la salud e integridad física de la población, de las futuras generaciones y del ambiente.
En sus argumentos, indica que la Ley 25.675, de Ambiente establece que la política ambiental nacional está sujeta, entre otros, al principio precautorio y al de prevención. Si bien los datos y casos denunciados en relación al glifosato habilitaban su aplicación desde hace tiempo, la reciente declaración de la OMS "nos obliga a ponerlos en funcionamiento y detener el uso de este producto categorizado como probablemente cancerígeno. La protección de la salud pública es una política de Estado".
Entre los proyectos de ley, se encuentra un texto del senador José Ojeda (FPV-Tierra del Fuego), que prohíbe en todo el territorio nacional la utilización del herbicida "glifosato", sus productos formulados y derivados.
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Fecha de Publicación: 10/06/2019
Fuente: Revista Chacra
Provincia/Región: Nacional
Los asesores de las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, y de Ambiente y Desarrollo Sustentable se reunirán para analizar proyectos.
La iniciativa prohíbe en todo el territorio nacional la utilización del herbicida "Glifosato", sus productos formulados y derivados, a partir del quinto año de sancionada la presente ley, a fin de proteger la salud e integridad física de la población, de las futuras generaciones y del ambiente.
En sus argumentos, indica que la Ley 25.675, de Ambiente establece que la política ambiental nacional está sujeta, entre otros, al principio precautorio y al de prevención. Si bien los datos y casos denunciados en relación al glifosato habilitaban su aplicación desde hace tiempo, la reciente declaración de la OMS "nos obliga a ponerlos en funcionamiento y detener el uso de este producto categorizado como probablemente cancerígeno. La protección de la salud pública es una política de Estado".
Entre los proyectos de ley, se encuentra un texto del senador José Ojeda (FPV-Tierra del Fuego), que prohíbe en todo el territorio nacional la utilización del herbicida "glifosato", sus productos formulados y derivados.
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Construyeron casas con materiales de descarte industrial
Una ONG construyó cerca de 200 casas con materiales reciclados
Fecha de Publicación: 10/06/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Techo utiliza los desechos que donan las empresas para la construcción de viviendas de emergencia en los asentamientos del país. Realizan pilotes y ecoplacas que buscan reemplazar la madera con material de descarte industrial, compuesto de celulosa y polímeros.
La organización social Techo realizó alrededor de 200 viviendas con material reciclado del descarte de plástico de distintas empresas y evitó que más 900 toneladas fueran a la basura en los últimos dos años, informaron hoy desde la institución.
Según explicaron, la Fábrica Social de la ONG utiliza los desechos que donan las empresas para la construcción de viviendas de emergencia en los asentamientos del país, con el cual realizan pilotes y ecoplacas que buscan reemplazar la madera con material de descarte industrial, compuesto de celulosa y polímeros.
“Actualmente estos descartes van a parar a relleno sanitario como disposición final. Nosotros les acercamos la oportunidad a las empresas de transformar este descarte en placas y pilotes, que utilizamos como material en nuestras viviendas de emergencia", explicó a Télam Joaquín Castro Madero, gerente general de la Fábrica Social.
Techo lleva producidas más de 8.000 viviendas de emergencia para palear la situación de emergencia habitacional, precariedad y hacinamiento en la que viven miles de personas en los asentamientos de nuestro país, según informaron en un comunicado.
"Invitamos a las empresas a ser parte de un programa de triple impacto: se reducen considerablemente los costos de la vivienda, reducimos el deterioro del medio ambiente y generamos un impacto positivo directo en las familias con las que trabajamos", aseguró Castro Madero.
"Además nos permite crecer creando más puestos de trabajo formal para los vecinos de asentamientos en la línea de producción”, concluyó.
El proceso cuenta con el asesoramiento del Instituto Argentino del Envase (IAE), entidad que certifica el tratamiento de los materiales y el desarrollo de los nuevos productos de material reciclado.
La Fábrica también lleva a cabo productos, objetos y muebles, realizados con la madera sobrante de la producción de viviendas de emergencia.
De este modo, las cuatro toneladas de madera sobrante que se obtienen cada mes se vuelven productos para financiar el trabajo que lleva a cabo la organización, explicaron.
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Fecha de Publicación: 10/06/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Techo utiliza los desechos que donan las empresas para la construcción de viviendas de emergencia en los asentamientos del país. Realizan pilotes y ecoplacas que buscan reemplazar la madera con material de descarte industrial, compuesto de celulosa y polímeros.
La organización social Techo realizó alrededor de 200 viviendas con material reciclado del descarte de plástico de distintas empresas y evitó que más 900 toneladas fueran a la basura en los últimos dos años, informaron hoy desde la institución.
Según explicaron, la Fábrica Social de la ONG utiliza los desechos que donan las empresas para la construcción de viviendas de emergencia en los asentamientos del país, con el cual realizan pilotes y ecoplacas que buscan reemplazar la madera con material de descarte industrial, compuesto de celulosa y polímeros.
“Actualmente estos descartes van a parar a relleno sanitario como disposición final. Nosotros les acercamos la oportunidad a las empresas de transformar este descarte en placas y pilotes, que utilizamos como material en nuestras viviendas de emergencia", explicó a Télam Joaquín Castro Madero, gerente general de la Fábrica Social.
Techo lleva producidas más de 8.000 viviendas de emergencia para palear la situación de emergencia habitacional, precariedad y hacinamiento en la que viven miles de personas en los asentamientos de nuestro país, según informaron en un comunicado.
"Invitamos a las empresas a ser parte de un programa de triple impacto: se reducen considerablemente los costos de la vivienda, reducimos el deterioro del medio ambiente y generamos un impacto positivo directo en las familias con las que trabajamos", aseguró Castro Madero.
"Además nos permite crecer creando más puestos de trabajo formal para los vecinos de asentamientos en la línea de producción”, concluyó.
El proceso cuenta con el asesoramiento del Instituto Argentino del Envase (IAE), entidad que certifica el tratamiento de los materiales y el desarrollo de los nuevos productos de material reciclado.
La Fábrica también lleva a cabo productos, objetos y muebles, realizados con la madera sobrante de la producción de viviendas de emergencia.
De este modo, las cuatro toneladas de madera sobrante que se obtienen cada mes se vuelven productos para financiar el trabajo que lleva a cabo la organización, explicaron.
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Multa millonaria a minera en San Juan
San Juan impuso una millonaria multa a una empresa minera por negligencia y omisión
Fecha de Publicación: 08/06/2019
Fuente: Diario La Provincia
Provincia/Región: San Juan
El ministro de Minería Alberto Hensel impuso a Pachón SA la multa de $41,5 millones y la imposibilidad de presentar nuevos Informes de Impacto Ambiental.
Por no haber informado de primera mano de la existencia de la escombrera Cerro Amarillo constituida por Minera Pelambres en territorio sanjuanino, la firma Pachón SA (PSA) deberá pagar una multa de 41,5 millones de pesos, además de remediar de forma completa el suelo para poder seguir presentando Informes de Impacto Ambiental (IIA).
Esta medida es inédita en la historia minera provincial y el ministro Alberto Hensel firmó una instrucción de sumario sin precedentes por varios aspectos. Por primera vez se sanciona a una empresa en etapa exploratoria por omitir responsabilidades. Es decir, permitió que se construyera una escombrera de 40 millones de toneladas de material estéril en territorio sanjuanino, sin informar a la autoridad minera de inmediato.
PSA informó dónde estaba la escombrera pero nunca dijo cuándo la encontraron, y así figura en el dictamen. La autoridad minera tiene que salir no a castigar, sino a modificar conductas.
Hensel remarcó que la decisión política es alentar las inversiones en el sector minero, pero sin especulación. “Que desarrollen los proyectos. Esto muestra la posición del gobierno de que hay que cumplir con la ley. La seguridad jurídica es avenida de doble mano, para ellos y nosotros. Se traduce en estos instrumentos y en el cumplimiento estricto de la normativa ambiental minera”, aseguró Hensel.
Qué dice la resolución 561 MM-19
“Que de los cargos ampliados se presupone una actitud negligente por parte de la empresa PSA, puesto que hizo menos de lo que debió hacer ante el hallazgo de material fragmentado producto de faenas mineras (Escombrera), enclavado dentro de una propiedad minera concedida a la sumariada y dentro del territorio argentino”.
Que en virtud del Código de Minería y del derecho a un ambiente sano “se exige que ante la existencia de un hecho o acción que en forma actual o inminente pueda lesionar, alterar, degradar o causar un peligro, riesgo o daño al ambiente, quienes tengan la obligación de preservarlo, deben actuar con premura y poner en conocimiento de inmediato a las Autoridades Ambientales el hecho ocurrido a fin evitar un daño mayor”.
“Que la idea fuerza acerca del deber de comunicar o dar aviso de modo inmediato a la Autoridad Minera, resulta de aplicación a cualquier etapa de la actividad minera (prospección, exploración u explotación) y a cualquier clase de evento, intempestivo o no, que ocasione en forma actual o inminente algún peligro, riesgo o daño entre los cuales el ambiente sin dudas se encuentra incluido”.
“Que en consonancia con lo manifestado, surge en forma inequívoca desde el artículo 256° del Código de Minería, que todo obligado a presentar Informe de Impacto Ambiental debe no sólo actualizar el mencionado informe en forma bianual, sino también comunicar hechos nuevos que se hubieren producido”.
Por lo tanto, el Ministerio de Minería resolvió “se proceda a rechazar los Informes de Impacto Ambiental (IIA) de actualización presentados por PSA”. Asimismo, determinó que “corresponde aplicar acumulativamente las multas analizadas conforme la conducta asumida por PSA. Ello equivale a un total de 60 veces el canon anual que abona la mina, que arriba a la suma de Pesos Cuarenta y Un Millones Cuatrocientos Noventa y Un Mil Doscientos con 00/100 ($ 41.491.200,00)”.
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Fecha de Publicación: 08/06/2019
Fuente: Diario La Provincia
Provincia/Región: San Juan
El ministro de Minería Alberto Hensel impuso a Pachón SA la multa de $41,5 millones y la imposibilidad de presentar nuevos Informes de Impacto Ambiental.
Por no haber informado de primera mano de la existencia de la escombrera Cerro Amarillo constituida por Minera Pelambres en territorio sanjuanino, la firma Pachón SA (PSA) deberá pagar una multa de 41,5 millones de pesos, además de remediar de forma completa el suelo para poder seguir presentando Informes de Impacto Ambiental (IIA).
Esta medida es inédita en la historia minera provincial y el ministro Alberto Hensel firmó una instrucción de sumario sin precedentes por varios aspectos. Por primera vez se sanciona a una empresa en etapa exploratoria por omitir responsabilidades. Es decir, permitió que se construyera una escombrera de 40 millones de toneladas de material estéril en territorio sanjuanino, sin informar a la autoridad minera de inmediato.
PSA informó dónde estaba la escombrera pero nunca dijo cuándo la encontraron, y así figura en el dictamen. La autoridad minera tiene que salir no a castigar, sino a modificar conductas.
Hensel remarcó que la decisión política es alentar las inversiones en el sector minero, pero sin especulación. “Que desarrollen los proyectos. Esto muestra la posición del gobierno de que hay que cumplir con la ley. La seguridad jurídica es avenida de doble mano, para ellos y nosotros. Se traduce en estos instrumentos y en el cumplimiento estricto de la normativa ambiental minera”, aseguró Hensel.
Qué dice la resolución 561 MM-19
“Que de los cargos ampliados se presupone una actitud negligente por parte de la empresa PSA, puesto que hizo menos de lo que debió hacer ante el hallazgo de material fragmentado producto de faenas mineras (Escombrera), enclavado dentro de una propiedad minera concedida a la sumariada y dentro del territorio argentino”.
Que en virtud del Código de Minería y del derecho a un ambiente sano “se exige que ante la existencia de un hecho o acción que en forma actual o inminente pueda lesionar, alterar, degradar o causar un peligro, riesgo o daño al ambiente, quienes tengan la obligación de preservarlo, deben actuar con premura y poner en conocimiento de inmediato a las Autoridades Ambientales el hecho ocurrido a fin evitar un daño mayor”.
“Que la idea fuerza acerca del deber de comunicar o dar aviso de modo inmediato a la Autoridad Minera, resulta de aplicación a cualquier etapa de la actividad minera (prospección, exploración u explotación) y a cualquier clase de evento, intempestivo o no, que ocasione en forma actual o inminente algún peligro, riesgo o daño entre los cuales el ambiente sin dudas se encuentra incluido”.
“Que en consonancia con lo manifestado, surge en forma inequívoca desde el artículo 256° del Código de Minería, que todo obligado a presentar Informe de Impacto Ambiental debe no sólo actualizar el mencionado informe en forma bianual, sino también comunicar hechos nuevos que se hubieren producido”.
Por lo tanto, el Ministerio de Minería resolvió “se proceda a rechazar los Informes de Impacto Ambiental (IIA) de actualización presentados por PSA”. Asimismo, determinó que “corresponde aplicar acumulativamente las multas analizadas conforme la conducta asumida por PSA. Ello equivale a un total de 60 veces el canon anual que abona la mina, que arriba a la suma de Pesos Cuarenta y Un Millones Cuatrocientos Noventa y Un Mil Doscientos con 00/100 ($ 41.491.200,00)”.
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Salta busca la creación de fiscalías ambientales
Avanza la creación de fiscalías para el medio ambiente
Fecha de Publicación: 08/06/2019
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió al senador por Metán, Roberto Gramaglia, autor del proyecto que establece la creación en el ámbito de la Procuración General, de la Fiscalía con competencia en Protección del Medio Ambiente, Animales y Patrimonio Cultural. Abordará integralmente la problemática ambiental, el resguardo del patrimonio cultural de Salta y el maltrato animal.
Cornejo realizó distintos aportes a la iniciativa del legislador Gramaglia, quien recordó que el proyecto de ley volvió a la Cámara de Senadores después de haber obtenido media sanción en Diputados y con modificaciones.
La iniciativa de ley establece que el fiscal de Medio Ambiente ejercerá sus funciones ante autoridades administrativas nacionales, provinciales y municipales, entidades descentralizadas del Estado, empresas prestadoras de servicios públicos y tribunales arbitrales y judiciales que correspondan, en función de las intervenciones y acciones que instauren en defensa del ambiente natural y construido y el patrimonio cultural provincial.
El proyecto ingresó a comisión el 18 de octubre del año pasado, se aprobó en el Senado el 29 de noviembre del mismo año y fue aprobado con modificaciones por Diputados, el 14 de mayo último.
En la Cámara Baja, los legisladores modificaron el punto que establecía la creación de ocho fiscalías divididas y en cambio, decidieron aprobar la creación de una sola, para sumar otras en forma progresiva.
Al término de la reunión, Gramaglia dijo que el próximo paso será compartir los aportes del procurador con sus pares y definir cómo será aprobada la ley. "Me llevo ideas claras sobre cómo abordar la problemática", afirmó el legislador.
Necesario
La creación de una Fiscalía Ambiental es muy necesaria en el sur provincial, ya que el fiscal a cargo podría intervenir directamente en las problemáticas ambientales, como la mortandad de peces que se produjo en dique El Tunal y generó una gran polémica.
Debido a ello, el juez del Tribunal de Juicio de Metán, Sebastián Fucho, encabezó en marzo pasado una inspección ocular en el lago, en el marco de un recurso de amparo presentado por el intendente de El Galpón, Federico Sacca, por la muerte de miles de especies, que se produjo en febrero.
La acción de amparo, que debe resolver el magistrado, es en contra de la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia, AES Central Hidroeléctrica El Tunal y la Policía de la provincia, división Lacustre.
"Como es de público conocimiento aparecieron miles de peces sin vida en dique El Tunal. Muchas fueron las versiones de la causa de la mortalidad, pero todas ellas carecieron de rigor científico. Lo único que objetivamente se comprobó fue el brusco descenso del nivel de agua del dique y que sería esa la causa que provocó la muerte de los peces", dijo Sacca en la presentación.
"Al ser muy numerosa la fauna ictícola y al disminuir el oxígeno, por menor cantidad de agua, se produjo la muerte de las especies, que aparecieron en sectores del dique e inclusive en inmediaciones al predio del Club de Pesca y Caza 20 de Febrero, lo cual torna poco creíble la teoría de que la muerte de los peces obedeció a detonaciones de explosivos", dijo.
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Fecha de Publicación: 08/06/2019
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió al senador por Metán, Roberto Gramaglia, autor del proyecto que establece la creación en el ámbito de la Procuración General, de la Fiscalía con competencia en Protección del Medio Ambiente, Animales y Patrimonio Cultural. Abordará integralmente la problemática ambiental, el resguardo del patrimonio cultural de Salta y el maltrato animal.
Cornejo realizó distintos aportes a la iniciativa del legislador Gramaglia, quien recordó que el proyecto de ley volvió a la Cámara de Senadores después de haber obtenido media sanción en Diputados y con modificaciones.
La iniciativa de ley establece que el fiscal de Medio Ambiente ejercerá sus funciones ante autoridades administrativas nacionales, provinciales y municipales, entidades descentralizadas del Estado, empresas prestadoras de servicios públicos y tribunales arbitrales y judiciales que correspondan, en función de las intervenciones y acciones que instauren en defensa del ambiente natural y construido y el patrimonio cultural provincial.
El proyecto ingresó a comisión el 18 de octubre del año pasado, se aprobó en el Senado el 29 de noviembre del mismo año y fue aprobado con modificaciones por Diputados, el 14 de mayo último.
En la Cámara Baja, los legisladores modificaron el punto que establecía la creación de ocho fiscalías divididas y en cambio, decidieron aprobar la creación de una sola, para sumar otras en forma progresiva.
Al término de la reunión, Gramaglia dijo que el próximo paso será compartir los aportes del procurador con sus pares y definir cómo será aprobada la ley. "Me llevo ideas claras sobre cómo abordar la problemática", afirmó el legislador.
Necesario
La creación de una Fiscalía Ambiental es muy necesaria en el sur provincial, ya que el fiscal a cargo podría intervenir directamente en las problemáticas ambientales, como la mortandad de peces que se produjo en dique El Tunal y generó una gran polémica.
Debido a ello, el juez del Tribunal de Juicio de Metán, Sebastián Fucho, encabezó en marzo pasado una inspección ocular en el lago, en el marco de un recurso de amparo presentado por el intendente de El Galpón, Federico Sacca, por la muerte de miles de especies, que se produjo en febrero.
La acción de amparo, que debe resolver el magistrado, es en contra de la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia, AES Central Hidroeléctrica El Tunal y la Policía de la provincia, división Lacustre.
"Como es de público conocimiento aparecieron miles de peces sin vida en dique El Tunal. Muchas fueron las versiones de la causa de la mortalidad, pero todas ellas carecieron de rigor científico. Lo único que objetivamente se comprobó fue el brusco descenso del nivel de agua del dique y que sería esa la causa que provocó la muerte de los peces", dijo Sacca en la presentación.
"Al ser muy numerosa la fauna ictícola y al disminuir el oxígeno, por menor cantidad de agua, se produjo la muerte de las especies, que aparecieron en sectores del dique e inclusive en inmediaciones al predio del Club de Pesca y Caza 20 de Febrero, lo cual torna poco creíble la teoría de que la muerte de los peces obedeció a detonaciones de explosivos", dijo.
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San Juan impulsa el reciclado de pilas
Ambiente comenzó la elaboración de procedimientos de reciclado de pilas
Fecha de Publicación: 08/06/2019
Fuente: Gobierno de San Juan
Provincia/Región: San Juan
Las investigaciones comenzaron junto a la Facultad de Ingeniería. El objetivo es realizar procedimientos para el reciclado de las pilas y baterías de toda la provincia.
La Planta de Tratamiento de Residuos de Aparatos Eléctricas y Electrónicas (RAEE), Pilas y Baterías, que funcionará en el Parque Industrial Tecnológico Ambiental Regional, estará ubicada en el Parque Industrial Tecnológico Ambiental Regional (PITAR).
Para ello, ya fue realizada la audiencia pública a través de la cual los ciudadanos se manifiestan ante la autoridad de aplicación, de modo de influir en el proceso toma de decisión referido a la factibilidad ambiental del proyecto. Para ello fueron convocadas personas físicas, jurídicas, públicas o privadas, a las organizaciones no gubernamentales debidamente acreditadas interesadas en la preservación del medio ambiente.
Con vistas a una pronta instalación de la planta de reciclado de pilas, la Secretaría de Ambiente y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan, a través del Departamento de Ingeniería Química, comenzaron con el desarrollo de procedimientos.
Para ello, especialistas de ambas reparticiones realizaron la toma de muestras en contenedores de pilas, para iniciar la elaboración de procedimientos de reciclado de cada uno de los componentes, según el tipo de pila.
Componentes
Las pilas y las baterías son pequeñas celdas o cámaras electroquímicas compuestas por distintos tipos de componentes, los que están contenidos en su interior con el fin de desencadenar la reacción química que permite la posterior generación de energía.
El zinc, el óxido de manganeso, el níquel, el cadmio y el óxido de mercurio son algunos de los compuestos más utilizados para la fabricación de estos dispositivos energéticos en diferentes formatos y voltajes.
Todos estos elementos químicos son metales pesados y poseen un alto poder de contaminación, con efectos sumamente tóxicos sobre cualquier organismo viviente. Por eso, es fundamental que estos químicos siempre estén envasados herméticamente incluso después del vencimiento de su vida útil.
Aunque la mayoría de los fabricantes del rubro se han esforzado para que sus productos sean seguros, lo cierto es que las carcasas metálicas de las pilas y las baterías no pueden evitar que los componentes químicos que almacenan tomen contacto con el exterior. Es que el metal de las carcasas puede sufrir una corrosión interna (cuando la pila o batería se gasta y los componentes ácidos comienzan a corroer la cobertura metálica desde el interior) y/o una corrosión externa (la humedad y otros factores climáticos también contribuyen a la oxidación de la carcasa). Dadas las dificultades para mantener estos compuestos corrosivos dentro de sus envases originales, se deben tomar precauciones especiales al momento de desechar las pilas y baterías en desuso.
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Fecha de Publicación: 08/06/2019
Fuente: Gobierno de San Juan
Provincia/Región: San Juan
Las investigaciones comenzaron junto a la Facultad de Ingeniería. El objetivo es realizar procedimientos para el reciclado de las pilas y baterías de toda la provincia.
La Planta de Tratamiento de Residuos de Aparatos Eléctricas y Electrónicas (RAEE), Pilas y Baterías, que funcionará en el Parque Industrial Tecnológico Ambiental Regional, estará ubicada en el Parque Industrial Tecnológico Ambiental Regional (PITAR).
Para ello, ya fue realizada la audiencia pública a través de la cual los ciudadanos se manifiestan ante la autoridad de aplicación, de modo de influir en el proceso toma de decisión referido a la factibilidad ambiental del proyecto. Para ello fueron convocadas personas físicas, jurídicas, públicas o privadas, a las organizaciones no gubernamentales debidamente acreditadas interesadas en la preservación del medio ambiente.
Con vistas a una pronta instalación de la planta de reciclado de pilas, la Secretaría de Ambiente y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan, a través del Departamento de Ingeniería Química, comenzaron con el desarrollo de procedimientos.
Para ello, especialistas de ambas reparticiones realizaron la toma de muestras en contenedores de pilas, para iniciar la elaboración de procedimientos de reciclado de cada uno de los componentes, según el tipo de pila.
Componentes
Las pilas y las baterías son pequeñas celdas o cámaras electroquímicas compuestas por distintos tipos de componentes, los que están contenidos en su interior con el fin de desencadenar la reacción química que permite la posterior generación de energía.
El zinc, el óxido de manganeso, el níquel, el cadmio y el óxido de mercurio son algunos de los compuestos más utilizados para la fabricación de estos dispositivos energéticos en diferentes formatos y voltajes.
Todos estos elementos químicos son metales pesados y poseen un alto poder de contaminación, con efectos sumamente tóxicos sobre cualquier organismo viviente. Por eso, es fundamental que estos químicos siempre estén envasados herméticamente incluso después del vencimiento de su vida útil.
Aunque la mayoría de los fabricantes del rubro se han esforzado para que sus productos sean seguros, lo cierto es que las carcasas metálicas de las pilas y las baterías no pueden evitar que los componentes químicos que almacenan tomen contacto con el exterior. Es que el metal de las carcasas puede sufrir una corrosión interna (cuando la pila o batería se gasta y los componentes ácidos comienzan a corroer la cobertura metálica desde el interior) y/o una corrosión externa (la humedad y otros factores climáticos también contribuyen a la oxidación de la carcasa). Dadas las dificultades para mantener estos compuestos corrosivos dentro de sus envases originales, se deben tomar precauciones especiales al momento de desechar las pilas y baterías en desuso.
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Arcioni no vetó la ley. El glifosato prohibido en Chubut
El gobierno de Chubut promulgó una ley que prohíbe el glifosato
Fecha de Publicación: 07/06/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Chubut
La norma había sido aprobada de manera unánime por la Legislatura provincial el 16 de mayo. El gobernador Mariano Arcioni había anticipado que la iba a vetar, algo que finalmente no sucedió
Chubut se convirtió esta semana en la primera provincia argentina en prohibir oficialmente la fabricación, comercialización y uso del herbicida glifosato en todo su territorio.
A través de un decreto firmado este martes, el gobernador provincial, Mariano Arcioni, refrendó con su firma la promulgación de la ley, que había sido aprobada de manera unánime por la Legislatura local el pasado 16 de mayo.
La decisión generó sorpresa porque el mandatario se había pronunciado en contra de la iniciativa y, de hecho, había anunciado que la vetaría. El 22 de mayo pasado, Arcioni le dijo a distintos medios chubutenses que el proyecto tenía fines electorales, con miras a los comicios provinciales del próximo 9 de junio: "No se hizo participar a absolutamente nadie. Fue de una irresponsabilidad total. En principio, la vamos a vetar, pero con fundamentos, y vamos a convocar a todos los sectores para ver la reglamentación y los cuidados que corresponden", dijo en su momento.
Hasta ahora el gobernador no ha dado una explicación pública acerca de las razones que motivaron el cambio de posición respecto al tema.
En concreto, la ley prohíbe en todo el territorio de la provincia la "importación, introducción, tenencia con fines de comercialización, fabricación, fraccionamiento, distribución, transporte y aplicación del herbicida glifosato en todas sus variantes. Como así también se prohíben todos los productos que tengan como base o principio activo el glifosato".
Si bien Chubut se convirtió en pionera en el plano provincial, no es la primera jurisdicción que toma pasos en este sentido. En noviembre de 2017 el Concejo Municipal de Rosario aprobó un proyecto que prohíbe su uso en la ciudad.
A la hora de fundamentar el proyecto, Osvaldo Miatello, su impulsor, indicó que "son muchos los informes e investigaciones que arrojaron resultados alarmantes sobre los efectos que tiene el herbicida".
En tanto, en abril de 2018, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú, en Entre Ríos, aprobó una ordenanza que prohíbe la aplicación, expendio, almacenamiento, transporte, comercialización y venta del glifosato en todo el límite urbano.
En los últimos meses, distintas cortes condenaron a Monsanto (ahora propiedad de la alemana Bayer), una de las empresas multinacionales que comercializan productos a base de glifosato, a pagar millonarias indemnizaciones a particulares como consecuencia de los efectos nocivos del herbicida.
En mayo pasado, un jurado de California condenó a Monsanto a pagar más de USD 2 mil millones en el marco de una demanda presentada por una pareja, que aseguró que el herbicida Roundup con base de glifosato les causó que contrajeran un linfoma no Hodgkin. Este fue el tercer fallo consecutivo de un jurado estadounidense contra la compañía.
El jurado determinó que la compañía era responsable y ordenó el pago de USD 18 millones en daños compensatorios y mil millones de dólares en daños punitivos a Alva Pilliod y USD 37 millones en daños compensatorios y mil millones en daños punitivos a su esposa, Alberta Pilliod.
El jurado sostuvo que Roundup había sido diseñado de manera defectuosa, que Monsanto no advirtió sobre el riesgo de cáncer del herbicida y que la compañía actuó de manera negligente.
En tanto, el 10 de febrero, la revista ScienceDirect publicó los resultados de una investigación que relacionaba la exposición a herbicidas con glifosato con un aumento del 41% en la probabilidad de desarrollar linfoma no Hodgkin (LNH).
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Fecha de Publicación: 07/06/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Chubut
La norma había sido aprobada de manera unánime por la Legislatura provincial el 16 de mayo. El gobernador Mariano Arcioni había anticipado que la iba a vetar, algo que finalmente no sucedió
Chubut se convirtió esta semana en la primera provincia argentina en prohibir oficialmente la fabricación, comercialización y uso del herbicida glifosato en todo su territorio.
A través de un decreto firmado este martes, el gobernador provincial, Mariano Arcioni, refrendó con su firma la promulgación de la ley, que había sido aprobada de manera unánime por la Legislatura local el pasado 16 de mayo.
La decisión generó sorpresa porque el mandatario se había pronunciado en contra de la iniciativa y, de hecho, había anunciado que la vetaría. El 22 de mayo pasado, Arcioni le dijo a distintos medios chubutenses que el proyecto tenía fines electorales, con miras a los comicios provinciales del próximo 9 de junio: "No se hizo participar a absolutamente nadie. Fue de una irresponsabilidad total. En principio, la vamos a vetar, pero con fundamentos, y vamos a convocar a todos los sectores para ver la reglamentación y los cuidados que corresponden", dijo en su momento.
Hasta ahora el gobernador no ha dado una explicación pública acerca de las razones que motivaron el cambio de posición respecto al tema.
En concreto, la ley prohíbe en todo el territorio de la provincia la "importación, introducción, tenencia con fines de comercialización, fabricación, fraccionamiento, distribución, transporte y aplicación del herbicida glifosato en todas sus variantes. Como así también se prohíben todos los productos que tengan como base o principio activo el glifosato".
Si bien Chubut se convirtió en pionera en el plano provincial, no es la primera jurisdicción que toma pasos en este sentido. En noviembre de 2017 el Concejo Municipal de Rosario aprobó un proyecto que prohíbe su uso en la ciudad.
A la hora de fundamentar el proyecto, Osvaldo Miatello, su impulsor, indicó que "son muchos los informes e investigaciones que arrojaron resultados alarmantes sobre los efectos que tiene el herbicida".
En tanto, en abril de 2018, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú, en Entre Ríos, aprobó una ordenanza que prohíbe la aplicación, expendio, almacenamiento, transporte, comercialización y venta del glifosato en todo el límite urbano.
En los últimos meses, distintas cortes condenaron a Monsanto (ahora propiedad de la alemana Bayer), una de las empresas multinacionales que comercializan productos a base de glifosato, a pagar millonarias indemnizaciones a particulares como consecuencia de los efectos nocivos del herbicida.
En mayo pasado, un jurado de California condenó a Monsanto a pagar más de USD 2 mil millones en el marco de una demanda presentada por una pareja, que aseguró que el herbicida Roundup con base de glifosato les causó que contrajeran un linfoma no Hodgkin. Este fue el tercer fallo consecutivo de un jurado estadounidense contra la compañía.
El jurado determinó que la compañía era responsable y ordenó el pago de USD 18 millones en daños compensatorios y mil millones de dólares en daños punitivos a Alva Pilliod y USD 37 millones en daños compensatorios y mil millones en daños punitivos a su esposa, Alberta Pilliod.
El jurado sostuvo que Roundup había sido diseñado de manera defectuosa, que Monsanto no advirtió sobre el riesgo de cáncer del herbicida y que la compañía actuó de manera negligente.
En tanto, el 10 de febrero, la revista ScienceDirect publicó los resultados de una investigación que relacionaba la exposición a herbicidas con glifosato con un aumento del 41% en la probabilidad de desarrollar linfoma no Hodgkin (LNH).
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BA produce en renovables para un millón de hogares
La Provincia ya genera energía limpia para abastecer un millón de hogares
Fecha de Publicación: 07/06/2019
Fuente: OPDS
Provincia/Región: Buenos Aires
Desde la creación del Renovar, el plan de Energías Renovables impulsado por la Secretaría de Energía de la Nación, el territorio bonaerense está en condiciones de generar más de 350 MW de energía a través de los parques eólicos construidos a partir de 2016.
A los proyectos ya inaugurados como Parque Corti en Bahía Blanca o Parque Villalonga en Carmen de Patagones, se sumarán este año 7 nuevos emprendimientos de energía eólica que en condiciones óptimas podrán generar 600 MW, el equivalente al consumo de dos millones de hogares.
“Invertir en las energías renovables es apostar de manera sustentable a nuestro futuro y el de las nuevas generaciones. Uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 7, de energía asequible y no contaminante, promueve la energía limpia. Y diversificar nuestra matriz energética es a la vez clave para para el desarrollo productivo de nuestro país” afirmó Rodrigo Aybar, director ejecutivo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS).
El OPDS es la autoridad ambiental de la Provincia de Buenos Aires, que evalúa el impacto ambiental de los proyecto de generación de energía renovable (entre otros) conforme lo dispone la Ley 11.723. En ese marco, esta semana se publicó la Resolución 264/19 que crea una instancia de certificación de prefactibilidad para estos proyectos. El fin es otorgar una primera aprobación general para dar mayor seguridad y agilidad a las licitaciones, como las del Plan RENOVAR.
Una vez aprobado y adjudicado el proyecto, puede solicitar la Declaración de Impacto Ambiental para operar, que también otorga el OPDS. En este sentido, se decidió agilizar el primer paso para la presentación de proyectos, con este nuevo certificado de prefactibilidad, que el inversor puede obtener en un mes. “Esta prefactibilidad es una buena noticia para fomentar el uso de energías renovables en línea con el compromiso que asumimos en el Acuerdo de París en la lucha contra el cambio climático”, sostuvo Aybar
El municipio de Bahía Blanca por ejemplo, ya produce más energía con el viento de la que consumen sus hogares. Sólo en los dos primeros meses de 2019 los molinos eólicos inyectaron a la red 170 GWh, mientras que la distribuidora local de energía entregó en la ciudad 120 GWh en el mismo período. Otros parques se desarrollan en Necochea, Miramar y Villarino.
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Fecha de Publicación: 07/06/2019
Fuente: OPDS
Provincia/Región: Buenos Aires
Desde la creación del Renovar, el plan de Energías Renovables impulsado por la Secretaría de Energía de la Nación, el territorio bonaerense está en condiciones de generar más de 350 MW de energía a través de los parques eólicos construidos a partir de 2016.
A los proyectos ya inaugurados como Parque Corti en Bahía Blanca o Parque Villalonga en Carmen de Patagones, se sumarán este año 7 nuevos emprendimientos de energía eólica que en condiciones óptimas podrán generar 600 MW, el equivalente al consumo de dos millones de hogares.
“Invertir en las energías renovables es apostar de manera sustentable a nuestro futuro y el de las nuevas generaciones. Uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 7, de energía asequible y no contaminante, promueve la energía limpia. Y diversificar nuestra matriz energética es a la vez clave para para el desarrollo productivo de nuestro país” afirmó Rodrigo Aybar, director ejecutivo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS).
El OPDS es la autoridad ambiental de la Provincia de Buenos Aires, que evalúa el impacto ambiental de los proyecto de generación de energía renovable (entre otros) conforme lo dispone la Ley 11.723. En ese marco, esta semana se publicó la Resolución 264/19 que crea una instancia de certificación de prefactibilidad para estos proyectos. El fin es otorgar una primera aprobación general para dar mayor seguridad y agilidad a las licitaciones, como las del Plan RENOVAR.
Una vez aprobado y adjudicado el proyecto, puede solicitar la Declaración de Impacto Ambiental para operar, que también otorga el OPDS. En este sentido, se decidió agilizar el primer paso para la presentación de proyectos, con este nuevo certificado de prefactibilidad, que el inversor puede obtener en un mes. “Esta prefactibilidad es una buena noticia para fomentar el uso de energías renovables en línea con el compromiso que asumimos en el Acuerdo de París en la lucha contra el cambio climático”, sostuvo Aybar
El municipio de Bahía Blanca por ejemplo, ya produce más energía con el viento de la que consumen sus hogares. Sólo en los dos primeros meses de 2019 los molinos eólicos inyectaron a la red 170 GWh, mientras que la distribuidora local de energía entregó en la ciudad 120 GWh en el mismo período. Otros parques se desarrollan en Necochea, Miramar y Villarino.
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Salta: avanza la minería sobre la Puna
Avanzan las conversaciones para impulsar el proyecto de desarrollo minero en la Puna
Fecha de Publicación: 07/06/2019
Fuente: Informate Salta
Provincia/Región: Salta
Fue en el marco de una ronda de trabajo -que nucleó a cámaras mineras, empresarios, legisladores e intendentes- durante la cual se avanzó en el marco legal que generará el respaldo necesario para atraer más inversiones a la zona y continuar con el trabajo concretado en el lugar.
El Jefe de Gabinete de Ministros, Fernando Yarade encabezó una nueva ronda de trabajo que nucleó a cámaras mineras, empresarios, legisladores e intendentes de la región de la Puna. La finalidad es continuar avanzando con el paquete de medidas destinadas al desarrollo de la industria minera en Salta y al crecimiento de las comunas involucradas en la actividad.
En la oportunidad también se analizaron cuestiones vinculadas al proyecto que generará el respaldo necesario para atraer más inversiones a la zona, especialmente aquellas que generen gran impacto social.
Durante el encuentro, legisladores y jefes comunales destacaron la decisión política de continuar aportando al desarrollo económico de la Puna, principalmente regulando la contratación de la mano de obra local y manteniendo la estabilidad fiscal; característica indispensable para dotar a Salta de mayor previsibilidad.
Antes de concluir con el encuentro, Yarade garantizó que el Estado brindará a éstas empresas las herramientas necesarias para efectivizar el crecimiento previsto para el área.
También se evaluó la posibilidad de que la Provincia optimice los caminos, para mejorar la transitabilidad vehicular de la zona.
Acompañaron al Jefe de Gabinete en esta ronda de trabajo: el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy, los ministros de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Graciela Pinal de Cid, y de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias.
También estuvieron presentes el secretario de Minería, Ricardo Blasco; representantes de los municipios de San Antonio de los Cobres, La Poma y Tolar Grande; legisladores de los departamentos La Poma y Los Andes; el presidente de la Cámara Minera de Salta, Facundo Huidobro, el presidente de la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de la Puna, Luis Vaca y empresarios del sector.
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Fecha de Publicación: 07/06/2019
Fuente: Informate Salta
Provincia/Región: Salta
Fue en el marco de una ronda de trabajo -que nucleó a cámaras mineras, empresarios, legisladores e intendentes- durante la cual se avanzó en el marco legal que generará el respaldo necesario para atraer más inversiones a la zona y continuar con el trabajo concretado en el lugar.
El Jefe de Gabinete de Ministros, Fernando Yarade encabezó una nueva ronda de trabajo que nucleó a cámaras mineras, empresarios, legisladores e intendentes de la región de la Puna. La finalidad es continuar avanzando con el paquete de medidas destinadas al desarrollo de la industria minera en Salta y al crecimiento de las comunas involucradas en la actividad.
En la oportunidad también se analizaron cuestiones vinculadas al proyecto que generará el respaldo necesario para atraer más inversiones a la zona, especialmente aquellas que generen gran impacto social.
Durante el encuentro, legisladores y jefes comunales destacaron la decisión política de continuar aportando al desarrollo económico de la Puna, principalmente regulando la contratación de la mano de obra local y manteniendo la estabilidad fiscal; característica indispensable para dotar a Salta de mayor previsibilidad.
Antes de concluir con el encuentro, Yarade garantizó que el Estado brindará a éstas empresas las herramientas necesarias para efectivizar el crecimiento previsto para el área.
También se evaluó la posibilidad de que la Provincia optimice los caminos, para mejorar la transitabilidad vehicular de la zona.
Acompañaron al Jefe de Gabinete en esta ronda de trabajo: el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy, los ministros de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Graciela Pinal de Cid, y de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias.
También estuvieron presentes el secretario de Minería, Ricardo Blasco; representantes de los municipios de San Antonio de los Cobres, La Poma y Tolar Grande; legisladores de los departamentos La Poma y Los Andes; el presidente de la Cámara Minera de Salta, Facundo Huidobro, el presidente de la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de la Puna, Luis Vaca y empresarios del sector.
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Zaffaroni expuso sobre agroquímicos en el Vaticano
Zaffaroni expone en el Vaticano sobre agroquímicos
Fecha de Publicación: 06/06/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Con una nutrida delegación argentina, encabezada por el exjuez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, comenzó hoy en el Vaticano una Cumbre Panamericana de jueces sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana, que cerrará mañana el papa Francisco .
"Pensamos que este va a ser un encuentro decisivo", dijo el arzobispo argentino Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, al inaugurar el evento en el aula magna de la Casina Pío IV, espectacular edificio del Renacimiento enclavado en los Jardines del Vaticano. "Si no se reconocen primero los derechos humanos de cada hombre y mujer, no hay otros derechos. El Papa justamente lo sintetiza como Trabajo, Tierra y Techo pero el tema de los derechos es más complejo. Este encuentro no va a ser sólo expresión de discursos, sino decisiones concretas para tratar que realmente los derechos humanos se apliquen y sean disponibles para todos los habitantes del mundo. Tenemos los instrumentos globales para hacerlo, pero no siempre las fuerzas internacionales, las multinacionales, nos ayudan a la realización de los mismos", agregó.
Sánchez Sorondo ya había convocado a jueces de todo el mundo en junio de 2016 para disertar sobre la trata de personas y el crimen organizado y a juezas y fiscales, en noviembre de 2017. Esta vez, tal como explicó Andrés Gallardo, titular del juzgado N° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires y organizador de la cumbre, la reunión es una continuación de la "Primera Jornada sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana" que se realizó el 4 de junio del año pasado en la Facultad de Derecho de la UBA.
"Espero que podamos juntos desarrollar la misma sinergia que hubo entonces y que logremos corrernos del rígido papel que se le suele asignar a la figura judicial, para sensibilizarnos y comunicarnos desde otro perfil. Que humanicemos nuestro discurso para humanizar luego nuestras prácticas", dijo en la apertura Gallardo, hablando ante magistrados de Estados Unidos, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Colombia, México y demás países del continente.
Formada por más de 20 jueces, la delegación argentina es la más numerosa. Al margen de Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que disertará mañana, al igual que sus colegas Carlos Balbín, Fabiana Schafrik, Guillermo Treacy y Roberto Pompa, asisten como observadores Inés Weinberg -Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CABA y candidata del Gobierno para liderar la Procuración General de la Nación-, Alejandra Villasur, Graciela Christe, Horacio Corti, Silvia Escobar, Francisco Ferrer, María Jazmín Gallardo, César Raúl Jímenez, Elena Liberatori, Mable López Oliva, Adriana Alicia Micale, Juan Manuel Olmos, Alejandra Petrella, Mariana Pucciarello, Bruno Quadri, Luis Raffaghelli, Darío Reynoso, Guadalupe Quillén Reynoso, Felipe Silva Camilo, Graciela Slavin.
Gallardo, autor de "Francisco vs. Moloch. Ideas para una revolución ecosocial", destacó que la cumbre culminará no sólo con un documento final, sino también con la conformación de un Comité Permanente de jueces Panamericano. "La idea es lograr la mayor concreción posible de derechos sociales y ambientales y a su vez, que sea una herramienta de defensa recíproca al magistrado, porque no se nos escapa que la concreción de estos derechos nos genera a veces conflictos entre el poder político y el poder judicial", explicó a LA NACION. "Como dice Francisco, queremos ser levadura. Somos una minoría, pero la idea es que con esa función de levadura logremos expandir rápidamente los derechos sociales y que se sume mucha más gente. Creemos que hay una necesidad, sobre todo en la Argentina, de encontrar agrupamientos genuinos, transparentes, claros, con mensajes alejados de las cuestiones partidarias, coyunturales", agregó.
En su exposición, el juez Gustavo Moreno, Asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones N° 2 porteño, aseguró que el desafío de la cumbre es "la exigibilidad y la justiciabilidad" de los derechos económicos y sociales. Subrayó que pese a que, por ejemplo, 196 países ratificaron la Convención sobre los Derechos del Niño, la realidad es que pocos respetan este tratado internacional. "Al menos en mi país, más del 40% de los niños y adolescentes son pobres, según cifras de la Unicef, o de la UCA", lamentó. "¿Cuál es la relación de un tratado internacional, de aplicación inmediata, frente al 40% de niños pobres?", preguntó. "Algo estamos haciendo mal", reconoció.
"Ajustes estructurales"
"Hay muchos obstáculos a los derechos económicos y sociales que son puestos, generalmente, para reconocer no sólo la posibilidad de la garantía, sino para que estos se apliquen directamente. Y un tema central es la Ley de Presupuesto, los fondos que son necesarios para los derechos sociales", también puntualizó Moreno. El magistrado, que citó al Papa y destacó la triste realidad de los descartados, por otro lado criticó "los ajustes estructurales potenciados por organismos de financiamiento internacional que generan más pobres", aludiendo silenciosamente al Gobierno, sin nombrarlo y desencadenando un aplauso de parte de varios colegas argentinos.
"Recientemente Francisco dijo que 'donde hay un buen juez, la sociedad anda bien'. Me atrevería humildemente a interpretar que el buen juez al que se refiere el Santo Padre es sin duda aquel hombre o aquella mujer que en cumplimiento de su magistratura garantiza frente a los poderosos la sed de justicia que tienen los movimientos populares que reclaman tierra, techo y trabajo, como otras personas descartadas y desplazadas con el mismo clamor de justicia", concluyó Moreno.
En una pausa Zaffaroni -que contó que ya se encontraba en Italia porque fue profesor invitado de un curso en Nápoles-, adelantó a LA NACION que mañana, en su exposición, hablará sobre agroquímicos y lo que se puede hacer judicialmente para proteger a la población de su abuso. "Somos el país que tiene el mayor consumo de glifosato por cabeza. Eso tiene efecto inmediato en el caso de la fumigación y tiene un efecto más tardío sobre la alimentación de todos, porque quedan residuos", explicó. "Judicialmente se puede controlar lo que es la fumigación. El problema es que hay que enfrentarse con todo un aparato de política económica de exportación", apuntó. En cuanto a las expectativas de la cumbre, se manifestó esperanzado en que quede algo permanente; aunque opinó que "habría que hacer un observatorio, más que una comisión, para que haya un monitoreo de los derechos sociales en toda la región".
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Fecha de Publicación: 06/06/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Con una nutrida delegación argentina, encabezada por el exjuez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, comenzó hoy en el Vaticano una Cumbre Panamericana de jueces sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana, que cerrará mañana el papa Francisco .
"Pensamos que este va a ser un encuentro decisivo", dijo el arzobispo argentino Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, al inaugurar el evento en el aula magna de la Casina Pío IV, espectacular edificio del Renacimiento enclavado en los Jardines del Vaticano. "Si no se reconocen primero los derechos humanos de cada hombre y mujer, no hay otros derechos. El Papa justamente lo sintetiza como Trabajo, Tierra y Techo pero el tema de los derechos es más complejo. Este encuentro no va a ser sólo expresión de discursos, sino decisiones concretas para tratar que realmente los derechos humanos se apliquen y sean disponibles para todos los habitantes del mundo. Tenemos los instrumentos globales para hacerlo, pero no siempre las fuerzas internacionales, las multinacionales, nos ayudan a la realización de los mismos", agregó.
Sánchez Sorondo ya había convocado a jueces de todo el mundo en junio de 2016 para disertar sobre la trata de personas y el crimen organizado y a juezas y fiscales, en noviembre de 2017. Esta vez, tal como explicó Andrés Gallardo, titular del juzgado N° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires y organizador de la cumbre, la reunión es una continuación de la "Primera Jornada sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana" que se realizó el 4 de junio del año pasado en la Facultad de Derecho de la UBA.
"Espero que podamos juntos desarrollar la misma sinergia que hubo entonces y que logremos corrernos del rígido papel que se le suele asignar a la figura judicial, para sensibilizarnos y comunicarnos desde otro perfil. Que humanicemos nuestro discurso para humanizar luego nuestras prácticas", dijo en la apertura Gallardo, hablando ante magistrados de Estados Unidos, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Colombia, México y demás países del continente.
Formada por más de 20 jueces, la delegación argentina es la más numerosa. Al margen de Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que disertará mañana, al igual que sus colegas Carlos Balbín, Fabiana Schafrik, Guillermo Treacy y Roberto Pompa, asisten como observadores Inés Weinberg -Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CABA y candidata del Gobierno para liderar la Procuración General de la Nación-, Alejandra Villasur, Graciela Christe, Horacio Corti, Silvia Escobar, Francisco Ferrer, María Jazmín Gallardo, César Raúl Jímenez, Elena Liberatori, Mable López Oliva, Adriana Alicia Micale, Juan Manuel Olmos, Alejandra Petrella, Mariana Pucciarello, Bruno Quadri, Luis Raffaghelli, Darío Reynoso, Guadalupe Quillén Reynoso, Felipe Silva Camilo, Graciela Slavin.
Gallardo, autor de "Francisco vs. Moloch. Ideas para una revolución ecosocial", destacó que la cumbre culminará no sólo con un documento final, sino también con la conformación de un Comité Permanente de jueces Panamericano. "La idea es lograr la mayor concreción posible de derechos sociales y ambientales y a su vez, que sea una herramienta de defensa recíproca al magistrado, porque no se nos escapa que la concreción de estos derechos nos genera a veces conflictos entre el poder político y el poder judicial", explicó a LA NACION. "Como dice Francisco, queremos ser levadura. Somos una minoría, pero la idea es que con esa función de levadura logremos expandir rápidamente los derechos sociales y que se sume mucha más gente. Creemos que hay una necesidad, sobre todo en la Argentina, de encontrar agrupamientos genuinos, transparentes, claros, con mensajes alejados de las cuestiones partidarias, coyunturales", agregó.
En su exposición, el juez Gustavo Moreno, Asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones N° 2 porteño, aseguró que el desafío de la cumbre es "la exigibilidad y la justiciabilidad" de los derechos económicos y sociales. Subrayó que pese a que, por ejemplo, 196 países ratificaron la Convención sobre los Derechos del Niño, la realidad es que pocos respetan este tratado internacional. "Al menos en mi país, más del 40% de los niños y adolescentes son pobres, según cifras de la Unicef, o de la UCA", lamentó. "¿Cuál es la relación de un tratado internacional, de aplicación inmediata, frente al 40% de niños pobres?", preguntó. "Algo estamos haciendo mal", reconoció.
"Ajustes estructurales"
"Hay muchos obstáculos a los derechos económicos y sociales que son puestos, generalmente, para reconocer no sólo la posibilidad de la garantía, sino para que estos se apliquen directamente. Y un tema central es la Ley de Presupuesto, los fondos que son necesarios para los derechos sociales", también puntualizó Moreno. El magistrado, que citó al Papa y destacó la triste realidad de los descartados, por otro lado criticó "los ajustes estructurales potenciados por organismos de financiamiento internacional que generan más pobres", aludiendo silenciosamente al Gobierno, sin nombrarlo y desencadenando un aplauso de parte de varios colegas argentinos.
"Recientemente Francisco dijo que 'donde hay un buen juez, la sociedad anda bien'. Me atrevería humildemente a interpretar que el buen juez al que se refiere el Santo Padre es sin duda aquel hombre o aquella mujer que en cumplimiento de su magistratura garantiza frente a los poderosos la sed de justicia que tienen los movimientos populares que reclaman tierra, techo y trabajo, como otras personas descartadas y desplazadas con el mismo clamor de justicia", concluyó Moreno.
En una pausa Zaffaroni -que contó que ya se encontraba en Italia porque fue profesor invitado de un curso en Nápoles-, adelantó a LA NACION que mañana, en su exposición, hablará sobre agroquímicos y lo que se puede hacer judicialmente para proteger a la población de su abuso. "Somos el país que tiene el mayor consumo de glifosato por cabeza. Eso tiene efecto inmediato en el caso de la fumigación y tiene un efecto más tardío sobre la alimentación de todos, porque quedan residuos", explicó. "Judicialmente se puede controlar lo que es la fumigación. El problema es que hay que enfrentarse con todo un aparato de política económica de exportación", apuntó. En cuanto a las expectativas de la cumbre, se manifestó esperanzado en que quede algo permanente; aunque opinó que "habría que hacer un observatorio, más que una comisión, para que haya un monitoreo de los derechos sociales en toda la región".
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Chaco prohibió todo tipo de caza por el año
Por la emergencia hídrica, el gobierno prohibió la caza mayor y menor en el Chaco
Fecha de Publicación: 06/06/2019
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
El gobierno del Chaco dispuso la prohibición de la caza menor y mayor en todo el territorio provincial hasta el 31 de diciembre del corriente año. La medida se tomó en virtud de los efectos adversos que provocó la emergencia hídrica, situación que alteró el hábitat natural y las costumbres de rutina de nuestras especies silvestr
Así lo anunciaron funcionarios provinciales en la mañana de este viernes, en conferencia de prensa. Estuvieron presentes los ministros de Producción Marcelo Repetto, de Seguridad Daniel Chorvat y de Planificación y Ambiente Martin Nievas, a quienes acompañaron el subsecretario de Recursos Naturales Luciano Olivares, el jefe de la Policía del Chaco Fernando Romero y el director de Fauna y Áreas Naturales Protegidas Edgardo Wiltchiensky. También participaron el intendente del Parque Nacional El Impenetrable Leonardo Juber, el jefe del Escuadrón Sáenz Peña de Gendarmería Nacional Alberto Farías, funcionarios de la Administración de Parques Nacionales y técnicos del área de Recursos Naturales del Ministerio de Producción.
El subsecretario Olivares informó que a través de la Disposición N° 555/19 impulsada por el área a su cargo se prohíbe la actividad de caza mayor y menor en todo el territorio chaqueño, hasta el 31 de diciembre del 2019, inclusive. Indicó que la medida adoptada responde a la situación climática desfavorable que se mantuvo con gran frecuencia y en forma reiterada durante el transcurso del año, inclusive hasta mediados de este mes, siendo las zonas más afectadas de la provincia los Departamentos Mayor L. J. Fontana, Tapenagá, Santa María de Oro, San Fernando, 12 de Octubre, General Güemes, General Belgrano, San Lorenzo, 2 de Abril, Comandante Fernández, Chacabuco y 9 de Julio.
Olivares dijo que para dar cumplimiento efectivo a esta normativa se solicitó el auxilio de las fuerzas de Seguridad Provincial y de jurisdicción nacional.
“Esta emergencia hídrica implica una alta vulnerabilidad para poblaciones de nuestra fauna, al reducirse en muchas áreas la superficie por la cual pueden movilizarse y refugiarse, quedando expuestos y afectados por la caza mayor y menor, que implicaría un grave riesgo de producir daños al desarrollo natural de las mismas”, indicó el funcionario.
En paralelo, Olivares detalló que se registró el tránsito de ejemplares de la especie Yaguareté (Panthera Onca) en el Impenetrable Chaqueño, lo cual fue constatado por Guardaparques de la Dirección de Fauna y Áreas Naturales Protegidas, siendo esta especie monumento natural provincial, que habitan suelos de las provincias de Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Formosa, Misiones y Chaco.
El subsecretario indicó que en nuestra región las poblaciones de Yaguareté se encuentran en estado crítico, por lo que el Gobierno de la provincia viene realizando una serie de acciones tendientes a su rescate y conservación para las futuras generaciones.
Seguidamente, el ministro de Producción Marcelo Repetto reafirmó el compromiso que tiene el Gobierno del Chaco en la preservación y cuidado de sus Recursos Naturales: “En forma permanente vamos tomando medidas a partir de situaciones que se dan en territorio”, expresó y añadió: “Agradezco la presencia de los medios, porque muchas veces vende más una postal en la puerta de Casa de Gobierno que las acciones que hacen miles de nuestros inspectores, fuerzas policiales y de seguridad, que en silencio hacen su trabajo para preservar nuestra flora y fauna y, por supuesto, todo nuestro medio ambiente”.
El ministro celebró “que se cristalicen este tipo de iniciativas que fueron trabajadas técnicamente, porque entendemos que es responsabilidad del Estado provincial y nacional, de los municipios, las entidades vinculadas y el ciudadano, el cuidar y proteger este ambiente que nos alberga y pertenece”.
Posteriormente, el ministro de Planificación y Ambiente Martín Nievas señaló que “esta medida que hoy anunciamos no es aislada, sino que forma parte de la definición que tomó desde el mismo comienzo de gestión el gobernador Domingo Peppo, de cuidar nuestra casa y nuestro hogar común, como lo pidió el Papa Francisco”.
“Esta medida pretende proteger nuestra rica fauna en esta situación de emergencia en la que se encuentra nuestra provincia y esto nos lleva a generar educación sobre la necesidad de actuar en defensa de nuestros recursos naturales”, dijo Nievas, quien agregó que “el gobernador Peppo tomó días atrás una decisión muy valiente, al suspender todos los desmontes para preservar nuestros bosques nativos, convocando a las ONGés para que nos ayuden para avanzar en el desarrollo de la provincia con sustentabilidad”.
Nievas también hizo referencia a la presencia de un ejemplar de yaguareté en el interior de la provincia y en este sentido reiteró “el compromiso del Gobierno provincial de realizar todas las acciones que vayan en protección de un monumento natural como lo es este animal” y pidió a la población que “en caso de divisar la presencia de un yaguareté realice la denuncia correspondiente, así podemos intervenir y articular una acción para proteger a esta especie”.
En tanto, el ministro de Seguridad Daniel Chorvat destacó que “el compromiso de cuidar nuestro hogar, como lo pide el gobernador Peppo, lo hacemos hoy operativo a través de esta medida, que involucra un trabajo coordinado entre todas las áreas de nuestra fuerza de seguridad, para la protección de nuestras especies”.
A todo esto, el jefe de la Policía del Chaco Fernando Romero aseguró que la fuerza “incrementará los controles para cumplir con esta normativa y con el compromiso asumido desde siempre, que es el resguardo de la fauna y flora de nuestra provincia”.
“Hace tiempo que la Policía del Chaco viene realizando operativos donde se procede al secuestro de elementos utilizados para la pesca indiscriminada o la caza furtiva y es por eso que contamos con un puesto de control en la zona de la Línea Barilari o la Picada Olmos para la protección de áreas protegidas y de nuestras especies autóctonas, como el yaguareté, considerado monumento natural”, indicó el jefe policial.
Finalmente, el director de Fauna y Áreas Naturales Protegidas Edgardo Wilchiensky detalló que desde el área a su cargo se hará un seguimiento de las condiciones climáticas en nuestra provincia y anticipó que una vez que las condiciones climáticas vayan mejorando y quede superada la etapa de emergencia, se estudiará el levantamiento de la medida de prohibición de caza menor y mayor.
“Para poder cumplir acabadamente con este medida será muy valiosa la colaboración de las fuerzas de seguridad, en especial la Policía del Chaco, Gendarmería y Prefectura, que acompañarán a nuestros inspectores en todos los procedimientos que se realicen dentro del territorio provincial para preservar nuestras especies”, enfatizó Wilchiensky.
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Fecha de Publicación: 06/06/2019
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
El gobierno del Chaco dispuso la prohibición de la caza menor y mayor en todo el territorio provincial hasta el 31 de diciembre del corriente año. La medida se tomó en virtud de los efectos adversos que provocó la emergencia hídrica, situación que alteró el hábitat natural y las costumbres de rutina de nuestras especies silvestr
Así lo anunciaron funcionarios provinciales en la mañana de este viernes, en conferencia de prensa. Estuvieron presentes los ministros de Producción Marcelo Repetto, de Seguridad Daniel Chorvat y de Planificación y Ambiente Martin Nievas, a quienes acompañaron el subsecretario de Recursos Naturales Luciano Olivares, el jefe de la Policía del Chaco Fernando Romero y el director de Fauna y Áreas Naturales Protegidas Edgardo Wiltchiensky. También participaron el intendente del Parque Nacional El Impenetrable Leonardo Juber, el jefe del Escuadrón Sáenz Peña de Gendarmería Nacional Alberto Farías, funcionarios de la Administración de Parques Nacionales y técnicos del área de Recursos Naturales del Ministerio de Producción.
El subsecretario Olivares informó que a través de la Disposición N° 555/19 impulsada por el área a su cargo se prohíbe la actividad de caza mayor y menor en todo el territorio chaqueño, hasta el 31 de diciembre del 2019, inclusive. Indicó que la medida adoptada responde a la situación climática desfavorable que se mantuvo con gran frecuencia y en forma reiterada durante el transcurso del año, inclusive hasta mediados de este mes, siendo las zonas más afectadas de la provincia los Departamentos Mayor L. J. Fontana, Tapenagá, Santa María de Oro, San Fernando, 12 de Octubre, General Güemes, General Belgrano, San Lorenzo, 2 de Abril, Comandante Fernández, Chacabuco y 9 de Julio.
Olivares dijo que para dar cumplimiento efectivo a esta normativa se solicitó el auxilio de las fuerzas de Seguridad Provincial y de jurisdicción nacional.
“Esta emergencia hídrica implica una alta vulnerabilidad para poblaciones de nuestra fauna, al reducirse en muchas áreas la superficie por la cual pueden movilizarse y refugiarse, quedando expuestos y afectados por la caza mayor y menor, que implicaría un grave riesgo de producir daños al desarrollo natural de las mismas”, indicó el funcionario.
En paralelo, Olivares detalló que se registró el tránsito de ejemplares de la especie Yaguareté (Panthera Onca) en el Impenetrable Chaqueño, lo cual fue constatado por Guardaparques de la Dirección de Fauna y Áreas Naturales Protegidas, siendo esta especie monumento natural provincial, que habitan suelos de las provincias de Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Formosa, Misiones y Chaco.
El subsecretario indicó que en nuestra región las poblaciones de Yaguareté se encuentran en estado crítico, por lo que el Gobierno de la provincia viene realizando una serie de acciones tendientes a su rescate y conservación para las futuras generaciones.
Seguidamente, el ministro de Producción Marcelo Repetto reafirmó el compromiso que tiene el Gobierno del Chaco en la preservación y cuidado de sus Recursos Naturales: “En forma permanente vamos tomando medidas a partir de situaciones que se dan en territorio”, expresó y añadió: “Agradezco la presencia de los medios, porque muchas veces vende más una postal en la puerta de Casa de Gobierno que las acciones que hacen miles de nuestros inspectores, fuerzas policiales y de seguridad, que en silencio hacen su trabajo para preservar nuestra flora y fauna y, por supuesto, todo nuestro medio ambiente”.
El ministro celebró “que se cristalicen este tipo de iniciativas que fueron trabajadas técnicamente, porque entendemos que es responsabilidad del Estado provincial y nacional, de los municipios, las entidades vinculadas y el ciudadano, el cuidar y proteger este ambiente que nos alberga y pertenece”.
Posteriormente, el ministro de Planificación y Ambiente Martín Nievas señaló que “esta medida que hoy anunciamos no es aislada, sino que forma parte de la definición que tomó desde el mismo comienzo de gestión el gobernador Domingo Peppo, de cuidar nuestra casa y nuestro hogar común, como lo pidió el Papa Francisco”.
“Esta medida pretende proteger nuestra rica fauna en esta situación de emergencia en la que se encuentra nuestra provincia y esto nos lleva a generar educación sobre la necesidad de actuar en defensa de nuestros recursos naturales”, dijo Nievas, quien agregó que “el gobernador Peppo tomó días atrás una decisión muy valiente, al suspender todos los desmontes para preservar nuestros bosques nativos, convocando a las ONGés para que nos ayuden para avanzar en el desarrollo de la provincia con sustentabilidad”.
Nievas también hizo referencia a la presencia de un ejemplar de yaguareté en el interior de la provincia y en este sentido reiteró “el compromiso del Gobierno provincial de realizar todas las acciones que vayan en protección de un monumento natural como lo es este animal” y pidió a la población que “en caso de divisar la presencia de un yaguareté realice la denuncia correspondiente, así podemos intervenir y articular una acción para proteger a esta especie”.
En tanto, el ministro de Seguridad Daniel Chorvat destacó que “el compromiso de cuidar nuestro hogar, como lo pide el gobernador Peppo, lo hacemos hoy operativo a través de esta medida, que involucra un trabajo coordinado entre todas las áreas de nuestra fuerza de seguridad, para la protección de nuestras especies”.
A todo esto, el jefe de la Policía del Chaco Fernando Romero aseguró que la fuerza “incrementará los controles para cumplir con esta normativa y con el compromiso asumido desde siempre, que es el resguardo de la fauna y flora de nuestra provincia”.
“Hace tiempo que la Policía del Chaco viene realizando operativos donde se procede al secuestro de elementos utilizados para la pesca indiscriminada o la caza furtiva y es por eso que contamos con un puesto de control en la zona de la Línea Barilari o la Picada Olmos para la protección de áreas protegidas y de nuestras especies autóctonas, como el yaguareté, considerado monumento natural”, indicó el jefe policial.
Finalmente, el director de Fauna y Áreas Naturales Protegidas Edgardo Wilchiensky detalló que desde el área a su cargo se hará un seguimiento de las condiciones climáticas en nuestra provincia y anticipó que una vez que las condiciones climáticas vayan mejorando y quede superada la etapa de emergencia, se estudiará el levantamiento de la medida de prohibición de caza menor y mayor.
“Para poder cumplir acabadamente con este medida será muy valiosa la colaboración de las fuerzas de seguridad, en especial la Policía del Chaco, Gendarmería y Prefectura, que acompañarán a nuestros inspectores en todos los procedimientos que se realicen dentro del territorio provincial para preservar nuestras especies”, enfatizó Wilchiensky.
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Treater: no se halló hidrocarburos en el predio
Cómo sigue el caso de las piletas de Añelo
Fecha de Publicación: 06/06/2019
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Una pericia no halló hidrocarburos en el predio de Treater SA, pero el fiscal del caso anticipó que pedirá un nuevo estudio.
Las piletas en Añelo que tiene la empresa Treater Neuquén SA no contaminaron el suelo. Los resultados de los análisis de laboratorio, en el contexto de una denuncia penal, apenas detectaron la presencia de hidrocarburos.
La empresa había sido denunciada por la Confederación Mapuche del Neuquén, apoyada por Greenpeace Argentina, debido a varias fotos que circularon de las piletas de acopio rebasadas de recortes de perforación de la industria petrolera.
Pero la causa no se cierra y la historia sigue. El fiscal de Delitos Ambientales, Maximiliano Breide Obeid, no quedó conforme con las pericias y pidió otra, con un laboratorio distinto, fuera de la zona petrolera y que no esté vinculado directamente a la industria de Vaca Muerta.
¿Las razones? El resultado de las pericias, tomadas de 20 muestras en 10 puntos diferentes del predio de Treater SA, reveló un ínfimo porcentaje de contaminación. Apenas entre 0,2% y 0,5%, muy por debajo del máximo tolerable que es 1%. El informe no conformó a los investigadores, ya que se trataría de una tierra común, como si fuese “de chacra”, algo que no concuerda con toda la descarga de desechos del predio.
La empresa tomó el resultado del laboratorio Induslab SRL de Catriel como la primera batalla ganada y en estos días aprovechó para replicarla a través de un comunicado: “Los resultados de las muestras son muy importantes porque llevan tranquilidad a toda la comunidad de Añelo, a la que pertenecemos y donde viven la mayoría de nuestros trabajadores y trabajadoras”.
La empresa fue determinante y respondió varios cuestionamientos que la tuvieron en la primera plana hasta en diarios europeos. “No somos un basurero petrolero. Somos una empresa de servicios ambientales que trata los residuos de la industria petrolera. Cumplimos con la ley y todos los requisitos que conlleva la actividad que realizamos”, indicaron en el comunicado.
No obstante, la causa sigue y todavía el fiscal no tiene previsto formular cargos ni archivar el expediente con estas pruebas, según lo que informó.
“El resultado arrojó un valor menor al que sale de la planta de tratamiento, lo cual es muy raro. Es una primera muestra exploratoria que estamos haciendo, vamos a hacer seguramente una contraprueba con otras muestras”, informó a +e el fiscal Breide Obeid.
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Fecha de Publicación: 06/06/2019
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Una pericia no halló hidrocarburos en el predio de Treater SA, pero el fiscal del caso anticipó que pedirá un nuevo estudio.
Las piletas en Añelo que tiene la empresa Treater Neuquén SA no contaminaron el suelo. Los resultados de los análisis de laboratorio, en el contexto de una denuncia penal, apenas detectaron la presencia de hidrocarburos.
La empresa había sido denunciada por la Confederación Mapuche del Neuquén, apoyada por Greenpeace Argentina, debido a varias fotos que circularon de las piletas de acopio rebasadas de recortes de perforación de la industria petrolera.
Pero la causa no se cierra y la historia sigue. El fiscal de Delitos Ambientales, Maximiliano Breide Obeid, no quedó conforme con las pericias y pidió otra, con un laboratorio distinto, fuera de la zona petrolera y que no esté vinculado directamente a la industria de Vaca Muerta.
¿Las razones? El resultado de las pericias, tomadas de 20 muestras en 10 puntos diferentes del predio de Treater SA, reveló un ínfimo porcentaje de contaminación. Apenas entre 0,2% y 0,5%, muy por debajo del máximo tolerable que es 1%. El informe no conformó a los investigadores, ya que se trataría de una tierra común, como si fuese “de chacra”, algo que no concuerda con toda la descarga de desechos del predio.
La empresa tomó el resultado del laboratorio Induslab SRL de Catriel como la primera batalla ganada y en estos días aprovechó para replicarla a través de un comunicado: “Los resultados de las muestras son muy importantes porque llevan tranquilidad a toda la comunidad de Añelo, a la que pertenecemos y donde viven la mayoría de nuestros trabajadores y trabajadoras”.
La empresa fue determinante y respondió varios cuestionamientos que la tuvieron en la primera plana hasta en diarios europeos. “No somos un basurero petrolero. Somos una empresa de servicios ambientales que trata los residuos de la industria petrolera. Cumplimos con la ley y todos los requisitos que conlleva la actividad que realizamos”, indicaron en el comunicado.
No obstante, la causa sigue y todavía el fiscal no tiene previsto formular cargos ni archivar el expediente con estas pruebas, según lo que informó.
“El resultado arrojó un valor menor al que sale de la planta de tratamiento, lo cual es muy raro. Es una primera muestra exploratoria que estamos haciendo, vamos a hacer seguramente una contraprueba con otras muestras”, informó a +e el fiscal Breide Obeid.
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La ley de glaciares fue ratificada por la Corte Suprema
La Corte Suprema ratificó que es constitucional la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 05/06/2019
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El máximo tribunal cerró así una causa iniciada por Barrick Gold en 2001. Con la ley en plena vigencia, podrían verse afectados 40 proyectos mineros en marcha y posibles inversiones por 18.000 millones de dólares.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró constitucional la Ley de Glaciares. Se trata de la norma que protege los cuerpos de agua de la Argentina y determina, entre otras cosas, dónde puede haber actividad minera y dónde no. El fallo implicará lecturas múltiples. Será leído y celebrado por ambientalistas como una medida en defensa del Medio Ambiente. Pero generará un fuerte rechazo de la industria minera, la principal perjudicada por esta decisión. Por elevación, significará un golpe para el Gobierno, que buscaba modificar la ley para garantizarse nuevas inversiones del sector.
La decisión del máximo tribunal es el punto final de un largo camino, iniciado en 2011 por la minera Barrick Gold, que opera los yacimientos de Pascua Lama y Veladero en San Juan. Entonces, la empresa pidió que se revisará la legalidad de dicha normativa. Planteaba que debían ser redefinidos los límites geográficos y morfológicos de los sitios donde puede practicarse la actividad porque en buena medida, así como está escrita la ley, los dejaba fuera del negocio.
La decisión de la Corte de declarar constitucional la ley, en contra de las pretensiones de Barrick, no solo supone un problema para esta compañía, sino que además definirá la suerte de otros 44 proyectos mineros que por su ubicación, de acuerdo con datos de la Secretaría de Ambiente, afectan áreas glaciares (glaciar propiamente dicho) o periglaciares (suelo congelado).
El fallo salió de manera unánime y que los jueces del cuerpo judicial citaron entre sus argumentos la división de poderes y la garantía constitucional del artículo 41 por un ambiente sano, así como también el cumplimiento del Acuerdo de París, en términos de lucha contra el cambio climático.
La ley de protección de glaciares establece los presupuestos mínimos para "la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad, como fuente de información científica y como atractivo turístico".
La norma tuvo un debut intrincado. El 10 de noviembre de 2008, al poco tiempo de ser sancionada, Cristina Kirchner la vetó, argumentando que excedía las facultades reservadas a la Nación en el artículo 41 de la Constitución. Sobradas fuentes señalaron entonces que aquella decisión presidencial se había dado como una concesión a las presiones de la industria minera. El periodismo lo llamó “El veto Barrick”, aludiendo a la minera Barrick Gold, cuyos proyectos Pascua Lama y Veladero, en la provincia de San Juan, se veían comprometidos por la aplicación de la ley.
Lo que vino después fue una fuerte presión social, con ecos en el parlamento, y la reglamentación definitiva en 2011, a pesar de la resistencia de la industria y por impulso del entonces diputado Miguel Bonasso.
Durante los años siguientes, por medio de amparos judiciales, la aplicación de la norma fue quedando en suspenso una y otra vez. Las mineras pudieron seguir operando. Pero esto no impidió que el Instituto Argentino de Glaciología, el IANIGLA, llevara adelante el conteo de todos los glaciares del país, un inventario que la misma ley ordenaba que se hiciera. Hace justo un año se conoció el resultado de ese relevamiento. En la Argentina hay 16.968 cuerpos de hielo (16.078 en la Cordillera y 890 en las Islas del Atlántico Sur). Ocupan 8.484 kilómetros cuadrados.
La minería es una industria muy apuntalada por el gobierno de Cambiemos y sobre todo por el puñado de gobernadores de la provincias mineras. Tanto es así que en 2017 se conoció un paper del gobierno en el que se planteaba directamente una reforma de la ley de glaciares casi a pedido de las mineras. De acuerdo con datos de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, el sector emplea a más de 80.000 personas y el año pasado pagó casi 30.000 millones de pesos en impuestos a las provincias y a la Nación. Pero el caramelo son las inversiones por casi 18.000 millones de dólares que el sector le viene prometiendo al Gobierno desde 2015. En buena medida, muchas de esas inversiones permanecieron frenadas por dos escenarios indefinidos, lo que ocurriera con la situación económica y el destino final de la ley de los cuerpos de hielo cordilleranos. Ese que se conocerá hoy.
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Fecha de Publicación: 05/06/2019
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El máximo tribunal cerró así una causa iniciada por Barrick Gold en 2001. Con la ley en plena vigencia, podrían verse afectados 40 proyectos mineros en marcha y posibles inversiones por 18.000 millones de dólares.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró constitucional la Ley de Glaciares. Se trata de la norma que protege los cuerpos de agua de la Argentina y determina, entre otras cosas, dónde puede haber actividad minera y dónde no. El fallo implicará lecturas múltiples. Será leído y celebrado por ambientalistas como una medida en defensa del Medio Ambiente. Pero generará un fuerte rechazo de la industria minera, la principal perjudicada por esta decisión. Por elevación, significará un golpe para el Gobierno, que buscaba modificar la ley para garantizarse nuevas inversiones del sector.
La decisión del máximo tribunal es el punto final de un largo camino, iniciado en 2011 por la minera Barrick Gold, que opera los yacimientos de Pascua Lama y Veladero en San Juan. Entonces, la empresa pidió que se revisará la legalidad de dicha normativa. Planteaba que debían ser redefinidos los límites geográficos y morfológicos de los sitios donde puede practicarse la actividad porque en buena medida, así como está escrita la ley, los dejaba fuera del negocio.
La decisión de la Corte de declarar constitucional la ley, en contra de las pretensiones de Barrick, no solo supone un problema para esta compañía, sino que además definirá la suerte de otros 44 proyectos mineros que por su ubicación, de acuerdo con datos de la Secretaría de Ambiente, afectan áreas glaciares (glaciar propiamente dicho) o periglaciares (suelo congelado).
El fallo salió de manera unánime y que los jueces del cuerpo judicial citaron entre sus argumentos la división de poderes y la garantía constitucional del artículo 41 por un ambiente sano, así como también el cumplimiento del Acuerdo de París, en términos de lucha contra el cambio climático.
La ley de protección de glaciares establece los presupuestos mínimos para "la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad, como fuente de información científica y como atractivo turístico".
La norma tuvo un debut intrincado. El 10 de noviembre de 2008, al poco tiempo de ser sancionada, Cristina Kirchner la vetó, argumentando que excedía las facultades reservadas a la Nación en el artículo 41 de la Constitución. Sobradas fuentes señalaron entonces que aquella decisión presidencial se había dado como una concesión a las presiones de la industria minera. El periodismo lo llamó “El veto Barrick”, aludiendo a la minera Barrick Gold, cuyos proyectos Pascua Lama y Veladero, en la provincia de San Juan, se veían comprometidos por la aplicación de la ley.
Lo que vino después fue una fuerte presión social, con ecos en el parlamento, y la reglamentación definitiva en 2011, a pesar de la resistencia de la industria y por impulso del entonces diputado Miguel Bonasso.
Durante los años siguientes, por medio de amparos judiciales, la aplicación de la norma fue quedando en suspenso una y otra vez. Las mineras pudieron seguir operando. Pero esto no impidió que el Instituto Argentino de Glaciología, el IANIGLA, llevara adelante el conteo de todos los glaciares del país, un inventario que la misma ley ordenaba que se hiciera. Hace justo un año se conoció el resultado de ese relevamiento. En la Argentina hay 16.968 cuerpos de hielo (16.078 en la Cordillera y 890 en las Islas del Atlántico Sur). Ocupan 8.484 kilómetros cuadrados.
La minería es una industria muy apuntalada por el gobierno de Cambiemos y sobre todo por el puñado de gobernadores de la provincias mineras. Tanto es así que en 2017 se conoció un paper del gobierno en el que se planteaba directamente una reforma de la ley de glaciares casi a pedido de las mineras. De acuerdo con datos de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, el sector emplea a más de 80.000 personas y el año pasado pagó casi 30.000 millones de pesos en impuestos a las provincias y a la Nación. Pero el caramelo son las inversiones por casi 18.000 millones de dólares que el sector le viene prometiendo al Gobierno desde 2015. En buena medida, muchas de esas inversiones permanecieron frenadas por dos escenarios indefinidos, lo que ocurriera con la situación económica y el destino final de la ley de los cuerpos de hielo cordilleranos. Ese que se conocerá hoy.
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El PI quiere derogar la ley antiminera mendocina
Este es el proyecto del PI que plantea derogar la ley 7722
Fecha de Publicación: 05/06/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Fue presentado por el diputado provincial del Partido Intransigente y precandidato a intendente de Maipú, Eduardo Martínez Guerra. Plantea derogar la legislación vigente y crear un Consejo Provincial de Protección del Agua y del Ambiente como órgano responsable de proponer una "política hídrica y ambiental consensuada para la preservación y uso eficiente de los recursos.
En medio de la campaña electoral, el Partido Intransigente ha puesto en el centro de la discusión un tema que históricamente ha sido sensible en la provincia de Mendoza. En concreto, el diputado provincial y precandidato a intendente de Maipú, Eduardo Martínez, presentó un proyecto que plantea la derogación de la ley 7722 que limita la minería en la provincia.
El proyecto de Martínez contó con la colaboración del geólogo Eliseo Sepúlveda y el geógrafo Julio Guarido. Ambos son afiliados del PI y forman parte de los cuadros técnicos del partido que lleva a Dante González como precandidato a gobernador.
En sus fundamentos, el proyecto explica que cuando se sancionó la ley 7722 en el año 207, no existía la misma tecnología que hoy para controlar los emprendimientos mineros.
En este sentido, aseguran que es una ley que no está destinada a proteger el recurso hídrico sino más bien está destinada a obstaculizar el desarrollo de la actividad minera. "La protección del agua no debe ponerse en duda, por el contrario, debe establecerse una estructura fortalecida de control, que concentre el conocimiento específico respecto a la actividad a controlar, que incorpore en la toma de decisiones a sectores de la sociedad, que desarrolle su labor en conjunto con las jurisdicciones de protección ambiental y que planifique la actividad", sostiene el proyecto.
Por eso, en su artículo 1 contempla la creación del Consejo Provincial de Protección del Agua y del Ambiente, en adelante denominado “COPROAA”,como órgano consultivo, responsable de elaborar y proponer política hídrica y ambiental consensuada para la preservación y uso eficiente de los recursos.
Además de enumerar las funciones del COPROAA, en el artículo 14 aparece el punto más polémico de la normativa. Allí, plantea la derogación de la Ley Provincial 7722. Esa posibilidad ya ha sido calificada como inviable por funcionarios del gobierno provincial.
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Fecha de Publicación: 05/06/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Fue presentado por el diputado provincial del Partido Intransigente y precandidato a intendente de Maipú, Eduardo Martínez Guerra. Plantea derogar la legislación vigente y crear un Consejo Provincial de Protección del Agua y del Ambiente como órgano responsable de proponer una "política hídrica y ambiental consensuada para la preservación y uso eficiente de los recursos.
En medio de la campaña electoral, el Partido Intransigente ha puesto en el centro de la discusión un tema que históricamente ha sido sensible en la provincia de Mendoza. En concreto, el diputado provincial y precandidato a intendente de Maipú, Eduardo Martínez, presentó un proyecto que plantea la derogación de la ley 7722 que limita la minería en la provincia.
El proyecto de Martínez contó con la colaboración del geólogo Eliseo Sepúlveda y el geógrafo Julio Guarido. Ambos son afiliados del PI y forman parte de los cuadros técnicos del partido que lleva a Dante González como precandidato a gobernador.
En sus fundamentos, el proyecto explica que cuando se sancionó la ley 7722 en el año 207, no existía la misma tecnología que hoy para controlar los emprendimientos mineros.
En este sentido, aseguran que es una ley que no está destinada a proteger el recurso hídrico sino más bien está destinada a obstaculizar el desarrollo de la actividad minera. "La protección del agua no debe ponerse en duda, por el contrario, debe establecerse una estructura fortalecida de control, que concentre el conocimiento específico respecto a la actividad a controlar, que incorpore en la toma de decisiones a sectores de la sociedad, que desarrolle su labor en conjunto con las jurisdicciones de protección ambiental y que planifique la actividad", sostiene el proyecto.
Por eso, en su artículo 1 contempla la creación del Consejo Provincial de Protección del Agua y del Ambiente, en adelante denominado “COPROAA”,como órgano consultivo, responsable de elaborar y proponer política hídrica y ambiental consensuada para la preservación y uso eficiente de los recursos.
Además de enumerar las funciones del COPROAA, en el artículo 14 aparece el punto más polémico de la normativa. Allí, plantea la derogación de la Ley Provincial 7722. Esa posibilidad ya ha sido calificada como inviable por funcionarios del gobierno provincial.
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Justicia del Chaco suspendió más de 50 permisos de desmonte
La Justicia del Chaco ordenó frenar desmontes en zonas protegidas
Fecha de Publicación: 05/06/2019
Fuente: Urgente 24
Provincia/Región: Chaco
"De ahora en más hay una nueva esperanza para los 20 yaguaretés que luchan por sobrevivir en la región chaqueña" asegura Greenpeace, organización que denunció el incumplimiento de la Ley de Bosques en la provincia.
El Juzgado Civil y Comercial N°21 de Resistencia suspendió más de 50 permisos de desmonte en áreas donde está prohibido deforestar. La medida se mantendrá hasta que se resuelva un recurso de amparo presentado por la Defensoría del Pueblo de Chaco.
"Hace algunos días velamos una figura del yaguareté frente a la Casa de Gobierno de la provincia" detalla una comunicado de Greenpeace. "Así, demostramos una vez más cómo se extingue la especie por culpa de la destrucción de bosques nativos. No hacía falta fingir la tristeza. Sabíamos que en ese momento cientos de árboles estaban desapareciendo bajo las palas afiladas y las cadenas de las topadoras", reconoce la organización internacional
"Sin dudas, el avance de la justicia es posible porque más de 180 mil personas se sumaron a la campaña en defensa de la tierras que acompaña el Foro Gualamba, el Centro Mandela, el grupo de organizaciones Somos Monte y pueblos originarios de la provincia".reconoce Greenpeace.
Luego agrega "Ahora tenemos que controlar que el fallo se cumpla y las topadoras no avancen sobre El Impenetrable" explica la filial argentina
"Hoy el yaguareté correrá por el monte protegido, sin ruidos de máquinas destructoras. Mientras tanto, vamos a seguir reclamando hasta que los desmontes ilegales terminen para siempre", concluye el comunicado que al pie refiere la firma de integrantes de la Campaña de bosques. Positivo.
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Fecha de Publicación: 05/06/2019
Fuente: Urgente 24
Provincia/Región: Chaco
"De ahora en más hay una nueva esperanza para los 20 yaguaretés que luchan por sobrevivir en la región chaqueña" asegura Greenpeace, organización que denunció el incumplimiento de la Ley de Bosques en la provincia.
El Juzgado Civil y Comercial N°21 de Resistencia suspendió más de 50 permisos de desmonte en áreas donde está prohibido deforestar. La medida se mantendrá hasta que se resuelva un recurso de amparo presentado por la Defensoría del Pueblo de Chaco.
"Hace algunos días velamos una figura del yaguareté frente a la Casa de Gobierno de la provincia" detalla una comunicado de Greenpeace. "Así, demostramos una vez más cómo se extingue la especie por culpa de la destrucción de bosques nativos. No hacía falta fingir la tristeza. Sabíamos que en ese momento cientos de árboles estaban desapareciendo bajo las palas afiladas y las cadenas de las topadoras", reconoce la organización internacional
"Sin dudas, el avance de la justicia es posible porque más de 180 mil personas se sumaron a la campaña en defensa de la tierras que acompaña el Foro Gualamba, el Centro Mandela, el grupo de organizaciones Somos Monte y pueblos originarios de la provincia".reconoce Greenpeace.
Luego agrega "Ahora tenemos que controlar que el fallo se cumpla y las topadoras no avancen sobre El Impenetrable" explica la filial argentina
"Hoy el yaguareté correrá por el monte protegido, sin ruidos de máquinas destructoras. Mientras tanto, vamos a seguir reclamando hasta que los desmontes ilegales terminen para siempre", concluye el comunicado que al pie refiere la firma de integrantes de la Campaña de bosques. Positivo.
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