Jujuy: resistencias a la minería de litio
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Litio y "sacrificio ambiental"
Fecha de Publicación: 11/02/2019
Fuente: Pagina 12
Provincia/Región: Jujuy
Los pueblos de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc realizaron esta semana una asamblea contra la autorización otorgada por el gobernador Morales a un emprendimiento minero de litio. "La empresa no puede actuar sin el acuerdo de todas las comunidades que se encuentran en el territorio y que se verán afectadas por los trabajos”, denunciaron.
Mientras el gobernador Gerardo Morales continúa su pelea con Bolivia para cobrarle la atención de salud a los extranjeros, los pueblos indígenas de Jujuy resisten el avance de las grandes mineras sobre la provincia. A pesar de la dispersión en el territorio y la asimetría entre las comunidades originarias y el poder económico de estas empresas que cuentan con el aval del Estado, los pueblos de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc realizaron esta semana una asamblea en la que reafirmaron que están dispuestas a luchar por sus derechos. A más de 3700 metros de altura, en el Paraje Pozo Dulce, en medio de un paisaje desierto, integrantes y referentes de los distintos espacios bloquearon el ingreso a un emprendimiento minero que autorizó el gobierno provincial y enviaron una carta a los empresarios a través de la cual los intiman a abandonar el campamento. Además, reclamaron al gobierno provincial que anule el llamado a licitación para nuevos proyectos de explotación de litio. Exigen a Gerardo Morales que respete las leyes nacionales e internacionales vinculadas con la Consulta Previa, Libre e Informada que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y denuncian que la extracción del litio deja una zona llamada de “sacrificio ambiental” que elimina toda forma de vida en el lugar.
Verónica Chávez es de Santuario Tres Pozos, una pequeña localidad en el departamento de Cochinoca que se encuentra a 150 kilómetros de la capital jujeña. “Nosotros estamos aquí haciéndonos respetar. Somos los dueños de este territorio y aquí entraron las empresas sin nuestra consulta y no sé cómo los autorizó el gobierno”, dijo a Página/12 apenas concluyó la asamblea. Además, recalcó que la explotación del litio consume las reservas de agua dulce. “Nosotros vamos a resistir hasta que se desaloje la empresa que está aquí. Le pido al señor Gobernador que nos respete”.
De las tres comunidades que están en el área donde se encuentra el pedimento minero en el cual las empresas Luis Losi S.A., Ekeko S.A y A.I.S. Resources –contra las que se realizó la protesta el pasado martes—realizan las tareas de exploración, sólo una aceptó el acuerdo. “Les dan 1000 dólares mensuales para toda la comunidad –señaló Chalabe. La tonelada de litio hoy está en 14 mil dólares. Se aprovechan de una situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los habitantes y les dan migajas. Las empresas cuando terminan de explotar los recursos se van, pero en el camino destruyen por completo el medio de vida de las comunidades que viven ancestralmente en esos territorios. Pero además, la empresa no puede actuar sin el acuerdo de todas las comunidades que se encuentran en el territorio y que se verán afectadas por los trabajos”.
Walter Alancay, de la comunidad Aborigen de Aguas Blancas explicó: “Hace poco empezaron a trabajar en nuestro territorio, en la laguna de Guayatayoc. Es una empresa de litio, propiedad de la empresa Losi y le da trabajo a otra empresa que se llama Ekeko. Están haciendo tareas de perforación para la explotación de litio, pero en ningún momento nosotros como Cuenca hemos tenido una consulta ni tampoco nos han informado. Nosotros tenemos un acuerdo que establece que todos los trabajos que se lleven a cabo en el territorio, específicamente en cuestión de litio, tiene que ser informado a las 33 comunidades de la cuenca y todas deben dar su consentimiento”.
El año pasado, durante una jornada organizada por la cátedra de Economía Agraria de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA), la abogada Pía Marchegiani, docente de la Facultad de Derecho de la UBA y directora del área de Política Ambiental en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) advirtió: “Las empresas generan la información para los estudios de impacto ambiental, pero sólo en un área de influencia definida por su propio proyecto. No están obligadas a hacer los estudios que contemplen la cuenca hídrica en su totalidad, que es mucho más grande que el área específica asignada al proyecto”, advirtió. Eso es lo que reclaman las comunidades. Que cualquier exploración que se realice en un punto de la Cuenca, afecta a las demás y por eso exigen ser consultadas en su totalidad.
Los pueblos indígenas de la zona viven de la agricultura y la ganadería en medio de ecosistemas frágiles donde el agua es escasa. La producción de carbonato de litio amenaza con agotar las reservas acuíferas que hay en la zona. “Tenemos experiencia porque los hermanos del departamento de Susques están sufriendo lo mismo. Son daños y perjuicios que están dejando las empresas. Semejantes trabajos de exploración y trabajo de pileta que hacen para la evaporación del agua. La verdad que prácticamente desaparece la identidad, desaparece la cultura, desaparece la forma de organizarse como comunidad, desaparece la cosecha que se hace en el campo, el tema del ganado, el tema de la artesanía”, señaló Alancay.
Si bien el Congreso de la Nación aprobó en 1992 a través de la ley 24071 el Convenio 169 de la OIT según el cual los gobiernos deben realizar consultas previas, libres e informadas antes de adoptar cualquier decisión que de alguna manera pueda afectar a los pueblos indígenas, la provincia de Jujuy no reglamentó, al día de hoy, dicho procedimiento. En el año 2016, Gerardo Morales se reunió junto a su gabinete de ministros con las comunidades originarias en la localidad de San Francisco de Alfarcito. Ahí se comprometió a aprobar por decreto el Kachi Yupi, también conocido como “Huellas de la Sal”. Se trata de un protocolo que elaboraron las propias comunidades, en un proceso participativo, que llevó dos años de debate y en el que se establece de qué manera se deben realizar las consultas para que se cumplan con los derechos de los distintos pueblos. A casi tres años de dicha promesa, al estilo Mauricio Macri, Morales continúa sin cumplirla.
A la hora de aprobar los proyectos mineros, actualmente en Jujuy sólo se aplica el decreto 5772, que dictó en 2010 Eduardo Fellner y que establece el procedimiento de protección ambiental para la actividad. Cada vez que se va a desarrollar un emprendimiento, explicó Chalabe, el juez de Minas envía un oficio a la Secretaría de Pueblos Originarios para que informe cuáles son las comunidades que existen en ese territorio. Las propias empresas son las encargadas de notificarlas del emprendimiento que van a realizar y deben entregarle el informe de impacto ambiental a los representantes de los pueblos afectados. “El Estado delega en las empresas el cumplimiento de un derecho que hoy tiene un vacío legal. Porque llevar el informe ambiental a un representante de una comunidad no cumple con los requisitos de una consulta previa, libre e informada. Incluso ha habido casos en los que las compañías entregaron a las comunidades los informes de impacto ambiental en inglés. Para que se cumpla el procedimiento que establece la OIT y que está incorporado a nuestro sistema normativo, se debe aprobar una ley en la provincia a través de la cual se garantice el debido proceso, se establezca qué organismo del Estado va a llevar adelante el proceso de consulta, que se defina la representatividad de las comunidades y que se establezcan mecanismos para que las comunidades puedan interpretar los proyectos y tomen conocimiento de cuál va a ser el impacto real que van a tener en sus comunidades los proyectos de explotación minera. Hoy nada de eso ocurre”, aseguró.
Hoy vence el plazo de 72 horas que las comunidades le dieron al Gobernador de Jujuy para que públicamente cumpla y responda al pedido efectuado en una carta que entregaron el martes en la Casa de Gobierno. “Advertimos explícitamente la amenaza, el perjuicio y el daño irreversible que no tiene fronteras de afectación a los recursos naturales, ambientales, culturales y el buen vivir de las comunidades indígenas en el territorio. Solicitamos se dé cumplimiento a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado y que frene y deje sin efecto los emprendimientos mineros en nuestro territorio y/o de caso contario cuenten con nuestra resistencia firme y determinada para defendernos”.
Negocio para pocos, daño para muchos
Argentina, Bolivia y Chile conforman lo que se conoce como “el triángulo del litio” y concentran más del 85% de las reservas terrestres. Sin embargo, por la falta de controles, de regulación y la ausencia de restricciones, el país que gobierna Mauricio Macri es el más tentador para que se instalen las empresas multinacionales. En el caso de Jujuy, si bien las empresas canadienses estimaban que las reservas permitirían obtener carbonato de litio durante 40 años, estudios realizados por especialistas en base a información elaborada por las propias multinacionales, los proyectos que están actualmente en funcionamiento en la cuenca de Olaroz Cauchari y las técnicas de explotación de las salmueras de litio por medio de la evaporación de agua aseguran que las posibilidades de producción del carbonato se agotarán en cinco años. Además de incumplir con los requerimientos de los estudios de impacto ambiental que obligan a presentar métodos de explotación alternativos, también se violan los requisitos de concesión que establece el Código de Aguas de la provincia de Jujuy.
A diferencia de Argentina, tanto Chile como Bolivia desarrollaron políticas nacionales específicas respecto al litio. Según publicó el coordinador del libro Geopolítica del litio, Bruno Fornillo, investigador de la UBA-CONICET en “Pulso Ambiental” --una revista de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)--, “dos empresas explotan el salar de Atacama, SQM y Rockood, y no es sencillo realizar más concesiones porque el litio fue declarado recurso estratégico durante la dictadura de Pinochet, por su interés para la energía nuclear. Actualmente, la renegociación de los contratos con las firmas privadas supuso un aumento sustancial de las regalías que cobra el Estado trasandino, la provisión local del 25% del litio producido a precios preferenciales para generar materiales activos -química compleja- para las baterías, cerca de 20 millones de dólares anuales destinados a la investigación y un 3,5% de las ganancias a las comunidades”.
En el caso de Bolivia, señaló Fornillo, desde 2007 el país que gobierna Evo Morales, a propuesta de los sindicatos comunitarios locales, busca tener una injerencia completa del tránsito que va del salar a la batería. “Cuentan al día de hoy con una técnica de extracción propia, creada por científicos locales articulados al proyecto litífero; instalaron las plantas de producción de potasio y de litio y realizaron un emprendimiento conjunto para la producción de baterías con la empresa alemana AC System, la cual desembolsará 13000 millones de dólares, facilitará el mercado europeo para las baterías y Yacimiento Litíferos Bolivianos contará con el 51% de las acciones”.
En cambio, en Argentina, la explotación del litio tiene lugar como una actividad extractiva que no desarrolla ningún tipo de industrialización. “Las baterías de litio y todos los productos derivados de este metal blando terminan produciéndose en el exterior, convirtiendo al país en un mero exportador de materias primas, dependientes de la demanda extranjera”, señalaron Pamela Landini y Tomás Marchetta de la FARN. Además, las empresas en el país sólo deben pagar el 3% de regalías que se cobran en base a lo que las empresas, sin control, declaran en sus balances.
Marcelo Sticco es hidrogeólogo, e integra el departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. En 2011 las comunidades que habitan la Cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc hicieron presentaciones ante la Defensoría del Pueblo de la Nación preocupados por el impacto ambiental que generarían los trabajos en el salar. El entonces titular del organismo, Carlos Haquim --hoy vicegobernador de Jujuy-- ordenó realizar los estudios correspondientes. “Ese primer estudio les dio la razón a las comunidades y lo que entonces era una luz amarilla, hoy es una luz roja a partir de datos actualizados y vinculados con la explotación concreta del salar. Vemos que en pocos meses y de continuar utilizando las técnicas de explotación de las salmueras por medio de la evaporación, se va a agotar el agua dulce”.
El agua dulce no sólo es necesaria para la vida de las comunidades sino también para la propia producción del carbonato del litio. De modo que la explotación actual no sólo atenta contra los habitantes de la Cuenca sino también contra el propio negocio. “Para las empresas igualmente sigue siendo rentable invertir en el país por la falta de controles, de regulación y la ausencia de restricciones”, señaló Sticco a este medio.
Entre las conclusiones del estudio que finalizó el hidrogeólogo en octubre del año pasado, en base a información propia de las empresas que se encuentran en el área realizando la explotación del litio, “se determinó un riesgo significativo de pérdida de las reservas de agua dulce en la cuenca de Olaroz Cauchari en el orden de un año y se determinó posible riesgo de pérdida de las reservas de agua dulce en la cuenca de Salinas Grandes”. Sin embargo, explicó Sticco, hay alternativas de producción de carbonato de litio con tecnología más amigable y que reduciría considerablemente los riesgos de agotamiento del agua. El Decreto Reglamentario 5980/06 de “Evaluación de Impacto Ambiental y Normas Técnicas de Calidad Ambiental para la Protección de la Atmósfera, de las Aguas y del Suelo”, establece que los estudios de impacto ambiental deben incluir un examen de las alternativas técnicamente viables y fundamentar el método de explotación elegido. Sin embargo, las empresas no cumplen con este requisito y el gobierno tampoco se los exige.
Según datos publicados por la Jefatura de Gabinete de la Nación en diciembre de 2016, de los 63 proyectos de litio en el país, sólo 13 correspondían a Jujuy. El 13 de agosto de 2018 Morales dictó el decreto 7180 con el objetivo de canalizar procesos de inversión privada a través de Jujuy, Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) y el 11 de enero de este año llamó a concurso de oferentes para la exploración y explotación de proyectos mineros en las zonas de Salinas Grandes, Guayatayoc y Salar de Jama. Se estima que a partir de esta licitación se realizarán alrededor de 2000 piletones para extraer litio en la zona. Si en la actualidad el riesgo concreto de agotamiento de agua dulce es un hecho, con estos nuevos emprendimientos los tiempos se acelerarán.
A las comunidades que viven del pastoreo y la agricultura en la zona, cuyo derecho a la consulta previa, libre e informada no se respeta, no le dejan más opción que la realización de medidas de fuerza directa para defender sus territorios y recursos.
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Catamarca licita más áreas mineras
Licitación para la prospección y exploración de áreas mineras
Fecha de Publicación: 11/02/2019
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
La gobernadora Lucía Corpacci participó ayer en Casa de Gobierno, del acto de apertura de sobres del Concurso Público-Mejora de oferta para la prospección y exploración de las áreas de Valle Ancho e Interceptor en el departamento Tinogasta, convocado por la Secretaría de Minería.
Se trata de dos áreas de un gran potencial, pertenecientes al llamado Cinturón de Maricunga, rico en manifestaciones de oro, cobre y plata, entre otros metales. Estas áreas se hallaban inmovilizadas por un conflicto entre privados que se bloquearon mutuamente durante más de 10 años. “Hoy es un día muy importante para la Provincia porque estas son áreas que estaban totalmente en manos de privados, sin ningún desarrollo, no tenían la posibilidad de ponerse en valor”, manifestó el secretario de Minería Rodolfo Micone.
La convocatoria es para realizar trabajos de prospección, exploración, con opción a producción. En una primera instancia se llamó a concurso de iniciativas privadas para concretar esas inversiones.
La empresa Lama SA elevó una propuesta de exploración en asociación con CAMYEN SE, con quien firmó cartas de intención para el desarrollo conjunto de estas áreas y Filo de las Vicuñas, que es propiedad de la minera provincial. Esta iniciativa fue evaluada y aprobada por la Secretaríade Minería; y en una segunda instancia, a través de licitación pública, se citó a una mejora de la oferta.
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Fecha de Publicación: 11/02/2019
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
La gobernadora Lucía Corpacci participó ayer en Casa de Gobierno, del acto de apertura de sobres del Concurso Público-Mejora de oferta para la prospección y exploración de las áreas de Valle Ancho e Interceptor en el departamento Tinogasta, convocado por la Secretaría de Minería.
Se trata de dos áreas de un gran potencial, pertenecientes al llamado Cinturón de Maricunga, rico en manifestaciones de oro, cobre y plata, entre otros metales. Estas áreas se hallaban inmovilizadas por un conflicto entre privados que se bloquearon mutuamente durante más de 10 años. “Hoy es un día muy importante para la Provincia porque estas son áreas que estaban totalmente en manos de privados, sin ningún desarrollo, no tenían la posibilidad de ponerse en valor”, manifestó el secretario de Minería Rodolfo Micone.
La convocatoria es para realizar trabajos de prospección, exploración, con opción a producción. En una primera instancia se llamó a concurso de iniciativas privadas para concretar esas inversiones.
La empresa Lama SA elevó una propuesta de exploración en asociación con CAMYEN SE, con quien firmó cartas de intención para el desarrollo conjunto de estas áreas y Filo de las Vicuñas, que es propiedad de la minera provincial. Esta iniciativa fue evaluada y aprobada por la Secretaríade Minería; y en una segunda instancia, a través de licitación pública, se citó a una mejora de la oferta.
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Salta en problema con su mega vertedero
El vertedero está desbordado y no se vislumbran soluciones
Fecha de Publicación: 11/02/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
La trinchera 1 ya superó su capacidad y la 4 aún sigue sin ser habilitada. Se observan incumplimientos del contrato como el cordón forestal.
Como lo anticipó El Tribuno hace un año, el vertedero San Javier colapsó y trabaja por fuera de sus capacidades. La trinchera que se utiliza actualmente para depositar la basura ya no tiene espacio, mientras que la nueva sigue sin habilitarse porque falta una membrana impermeabilizante. Por otro lado, continúan ingresando más de 800 toneladas de basura diaria al vertedero.
La trinchera que se usa actualmente es la uno, que había sido cerrada en 1999 con una altura de 1 metro y medio. Fue reabierta a comienzos de 2016 y hace un año, según lo indicado a este medio por el coordinador del vertedero, Julio Cabral, llegaba a los 17,5 metros. Es decir que había aumentado su altura en 16 metros durante 2016 y 2017, ocho metros anuales. Cabral indicó entonces que la trinchera tenía un año de vida útil, ya que a principios de 2019 llegaría a los 24 metros de altura. La trinchera dos fue clausurada con esa altura: 24 metros, y la tres se explotó hasta llegar a los 27 metros, cuando los camiones recolectores no podían trepar para seguir dejando las bolsas.
Alberto Soria, director de Inspección y Certificación dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente municipal, contradijo las estimaciones del coordinador del vertedero. "La trinchera 1 debe tener como 7 metros. Falta mucho para completar, tenemos hasta mitad de año, al llegar a la altura de 7 metros que es lo razonable para dejar de operar. Si no se hace dificultoso para los camiones", indicó. Según señaló el funcionario municipal, están "avanzando hacia el este" con el depósito de basura.
La trinchera cuatro aún no se puede habilitar porque falta la geomembrana, necesaria para asegurar la impermeabilización y que no se filtren los líquidos lixiviados hacía los ríos Ancho y Arenales. La membrana, que hace un año tenía un costo de 24 millones de pesos, en un principio iba a ser costeada por Agrotécnica, luego la Municipalidad anunció que iba a hacerse cargo, pero se echó atrás ante el cuestionamiento que le hizo el Tribunal de Cuentas, que señaló que Agrotécnica debía pagarla. Luego, el intendente Sáenz señaló que la pagaría el Gobierno nacional. "No aparecen los fondos, Nación los iba a proveer", señaló Soria.
"¿Hay plazos?", consultó en una audiencia a mediados del año pasado el juez de Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Marcelo Domínguez, sobre la instalación de la geomembrana. El magistrado está a cargo del amparo que presentaron vecinos contra Agrotécnica, la Municipalidad y la Provincia porque denuncian que el vertedero contamina.
Según funcionarios municipales y Agrotécnica Fueguina, la membrana no es necesaria porque el suelo del vertedero es arcilloso e impermeable. "En el 2010, el geólogo Peralta hizo un estudio con georradares de la Provincia que nos dio la razón. Se encontró que cerca de la superficie, en algunas zonas había grava y por ahí podía filtrarse líquido lixiviado", aseguró la concejal Cristina Foffani, del Partido Obrero, quien intentó realizar una visita de inspección para evaluar el estado del vertedero ayer.Para la edil, este estudio zanjó la discusión "Isa debería haber impermeabilizado y Sáenz debe impermeabilizar”, aseveró la concejal, que no pudo recorrer como esperaba el predio ayer. Soria le redujo el paso a través de los guardias de seguridad por “no contar con la autorización de su jefe”.
“La capa sobre la trinchera no puede pasar los dos metros. Debería ser una fosa, no una montaña de basura. Hace poco casi se cae un camión”, advirtió la concejal. Soria le salió al cruce y aclaró que “no necesariamente tiene que ser trinchera. El relleno sanitario es distribuir los residuos, tapar y compactar para evitar que vengan los vectores”, afirmó mientras bolsas plásticas volaban detrás de él.
Foffani advirtió que la empresa tampoco cumple con el adecuado relleno: “No cubren ni compactan todos los días, como dice el contrato, para que los vecinos de barrios aledaños no tengan ratas. Si lo hicieran, la basura no volaría”. Los cuestionamientos molestaron a Soria. “Si tienen un criterio claro, ¿para qué vienen?”, planteó. “Para asegurarnos de cuán grande es la falta”, contestó la concejal.
Luego de los cruces, la edil pudo llegar hasta la trinchera 1. Allí advirtió que había líquidos lixiviados a la vista, “cuando deberían estar siendo absorbidos por un piletón que está adentro de la trinchera y se lo debe llevar a una fosa de cemento para la termoevaporación. Esto está yendo directamente a las napas”, señaló escandalizada.
También se advirtió sobre la falta del cordón forestal durante la visita. Según el secretario de Medio Ambiente, Gastón Galíndez ,se iban a plantar arboles alrededor del predio.
Una vez obtenida la geomembrana, la trinchera no estará lista porque se necesitarán realizar los estudios preliminares que, según Soria, llevarían en tre “4 y 5 meses”.
El futuro del vertedero San Javier
La empresa quiere extender el predio, mientras otros se oponen.
Cuando finalmente se inaugure la trinchera cuatro, que tiene 200 por 300 metros, tendrá una vida útil de entre “7 y 8 años”, según señaló el ingeniero Alberto Soria, director de Inspección y Certificación de la Secretaría de Medio Ambiente.
Consultado sobre cuáles son las proyecciones para cuando se clausure esa trinchera, indicó que el nuevo depósito se construiría “detrás de la trinchera 1”, lo que provocó el rechazo de la concejal del Partido Obrero Cristina Foffani, por la cercanía de ese lugar al río Arenales. “Sí, llega a estar a cuatro metros del río, pero solo en algunos lugares”, reconoció el funcionario.
Foffani aseveró que enviarían un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante para que se mude el vertedero a otra zona, para evitar los daños a vecinos. El proyecto contemplaría el tiempo “que tarde en colmarse la trinchera cuatro, para que vayan buscando un lugar para desplazar el vertedero lejos de la ciudad”.
Separemos juntos
Soria aseguró que el objetivo es bajar las 800 toneladas diarias de basura que recibe el vertedero con la separación en origen mediante la extensión del plan “Separemos Juntos”. “Si bien no hay una ordenanza que lo exija, este año lo ampliaremos al 50 por ciento más”, destacó. Pero Foffani le recordó que “hay una ordenanza y la están incumpliendo”. “Cuando se modificó la ordenanza 3276, se le dio un año a Agrotécnica para que extienda el plan al 100 por ciento de los barrios, pero nada”, advirtió la concejal.
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Fecha de Publicación: 11/02/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
La trinchera 1 ya superó su capacidad y la 4 aún sigue sin ser habilitada. Se observan incumplimientos del contrato como el cordón forestal.
Como lo anticipó El Tribuno hace un año, el vertedero San Javier colapsó y trabaja por fuera de sus capacidades. La trinchera que se utiliza actualmente para depositar la basura ya no tiene espacio, mientras que la nueva sigue sin habilitarse porque falta una membrana impermeabilizante. Por otro lado, continúan ingresando más de 800 toneladas de basura diaria al vertedero.
La trinchera que se usa actualmente es la uno, que había sido cerrada en 1999 con una altura de 1 metro y medio. Fue reabierta a comienzos de 2016 y hace un año, según lo indicado a este medio por el coordinador del vertedero, Julio Cabral, llegaba a los 17,5 metros. Es decir que había aumentado su altura en 16 metros durante 2016 y 2017, ocho metros anuales. Cabral indicó entonces que la trinchera tenía un año de vida útil, ya que a principios de 2019 llegaría a los 24 metros de altura. La trinchera dos fue clausurada con esa altura: 24 metros, y la tres se explotó hasta llegar a los 27 metros, cuando los camiones recolectores no podían trepar para seguir dejando las bolsas.
Alberto Soria, director de Inspección y Certificación dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente municipal, contradijo las estimaciones del coordinador del vertedero. "La trinchera 1 debe tener como 7 metros. Falta mucho para completar, tenemos hasta mitad de año, al llegar a la altura de 7 metros que es lo razonable para dejar de operar. Si no se hace dificultoso para los camiones", indicó. Según señaló el funcionario municipal, están "avanzando hacia el este" con el depósito de basura.
La trinchera cuatro aún no se puede habilitar porque falta la geomembrana, necesaria para asegurar la impermeabilización y que no se filtren los líquidos lixiviados hacía los ríos Ancho y Arenales. La membrana, que hace un año tenía un costo de 24 millones de pesos, en un principio iba a ser costeada por Agrotécnica, luego la Municipalidad anunció que iba a hacerse cargo, pero se echó atrás ante el cuestionamiento que le hizo el Tribunal de Cuentas, que señaló que Agrotécnica debía pagarla. Luego, el intendente Sáenz señaló que la pagaría el Gobierno nacional. "No aparecen los fondos, Nación los iba a proveer", señaló Soria.
"¿Hay plazos?", consultó en una audiencia a mediados del año pasado el juez de Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Marcelo Domínguez, sobre la instalación de la geomembrana. El magistrado está a cargo del amparo que presentaron vecinos contra Agrotécnica, la Municipalidad y la Provincia porque denuncian que el vertedero contamina.
Según funcionarios municipales y Agrotécnica Fueguina, la membrana no es necesaria porque el suelo del vertedero es arcilloso e impermeable. "En el 2010, el geólogo Peralta hizo un estudio con georradares de la Provincia que nos dio la razón. Se encontró que cerca de la superficie, en algunas zonas había grava y por ahí podía filtrarse líquido lixiviado", aseguró la concejal Cristina Foffani, del Partido Obrero, quien intentó realizar una visita de inspección para evaluar el estado del vertedero ayer.Para la edil, este estudio zanjó la discusión "Isa debería haber impermeabilizado y Sáenz debe impermeabilizar”, aseveró la concejal, que no pudo recorrer como esperaba el predio ayer. Soria le redujo el paso a través de los guardias de seguridad por “no contar con la autorización de su jefe”.
“La capa sobre la trinchera no puede pasar los dos metros. Debería ser una fosa, no una montaña de basura. Hace poco casi se cae un camión”, advirtió la concejal. Soria le salió al cruce y aclaró que “no necesariamente tiene que ser trinchera. El relleno sanitario es distribuir los residuos, tapar y compactar para evitar que vengan los vectores”, afirmó mientras bolsas plásticas volaban detrás de él.
Foffani advirtió que la empresa tampoco cumple con el adecuado relleno: “No cubren ni compactan todos los días, como dice el contrato, para que los vecinos de barrios aledaños no tengan ratas. Si lo hicieran, la basura no volaría”. Los cuestionamientos molestaron a Soria. “Si tienen un criterio claro, ¿para qué vienen?”, planteó. “Para asegurarnos de cuán grande es la falta”, contestó la concejal.
Luego de los cruces, la edil pudo llegar hasta la trinchera 1. Allí advirtió que había líquidos lixiviados a la vista, “cuando deberían estar siendo absorbidos por un piletón que está adentro de la trinchera y se lo debe llevar a una fosa de cemento para la termoevaporación. Esto está yendo directamente a las napas”, señaló escandalizada.
También se advirtió sobre la falta del cordón forestal durante la visita. Según el secretario de Medio Ambiente, Gastón Galíndez ,se iban a plantar arboles alrededor del predio.
Una vez obtenida la geomembrana, la trinchera no estará lista porque se necesitarán realizar los estudios preliminares que, según Soria, llevarían en tre “4 y 5 meses”.
El futuro del vertedero San Javier
La empresa quiere extender el predio, mientras otros se oponen.
Cuando finalmente se inaugure la trinchera cuatro, que tiene 200 por 300 metros, tendrá una vida útil de entre “7 y 8 años”, según señaló el ingeniero Alberto Soria, director de Inspección y Certificación de la Secretaría de Medio Ambiente.
Consultado sobre cuáles son las proyecciones para cuando se clausure esa trinchera, indicó que el nuevo depósito se construiría “detrás de la trinchera 1”, lo que provocó el rechazo de la concejal del Partido Obrero Cristina Foffani, por la cercanía de ese lugar al río Arenales. “Sí, llega a estar a cuatro metros del río, pero solo en algunos lugares”, reconoció el funcionario.
Foffani aseveró que enviarían un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante para que se mude el vertedero a otra zona, para evitar los daños a vecinos. El proyecto contemplaría el tiempo “que tarde en colmarse la trinchera cuatro, para que vayan buscando un lugar para desplazar el vertedero lejos de la ciudad”.
Separemos juntos
Soria aseguró que el objetivo es bajar las 800 toneladas diarias de basura que recibe el vertedero con la separación en origen mediante la extensión del plan “Separemos Juntos”. “Si bien no hay una ordenanza que lo exija, este año lo ampliaremos al 50 por ciento más”, destacó. Pero Foffani le recordó que “hay una ordenanza y la están incumpliendo”. “Cuando se modificó la ordenanza 3276, se le dio un año a Agrotécnica para que extienda el plan al 100 por ciento de los barrios, pero nada”, advirtió la concejal.
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Riachuelo y la eterna carga ambiental
El Riachuelo, la contaminación imparable y más de 5 millones de personas en riesgo
Fecha de Publicación: 09/02/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
Cada día recibe casi 90.000 metros cúbicos de desechos industriales y 368.000 de aguas servidas. Hay más de 100 basurales a cielo abierto y el agua tiene niveles de mercurio, zinc, plomo y cromo de hasta 50 veces más de lo permitido. La salud de los pobladores, el plomo en la sangre de los niños y qué hace falta para sanear la Cuenca
La historia es vieja. Nadie la resuelve en su totalidad. Demuestra la fragmentación de poderes entre la Justicia, la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y gran cantidad de municipios.
Hablamos de la Cuenca del Riachuelo, una cloaca abierta, una vergüenza argentina que muchas veces nos dejó sin argumento cuando, por ejemplo, se evidenciaron las protestas en el país contra las plantas de elaboración de papel frente al Uruguay. Tiene 64 kilómetros de extensión, atraviesa catorce municipios y cubre 2.000 kilómetros cuadrados.
Su permanente contaminación afecta a 5 millones y medio de habitantes, entre los cuales casi 4 de cada 10 no tienen agua potable y más de la mitad no posee cloacas. Cada día, históricamente hablando, el Riachuelo recibe casi 90.000 metros cúbicos de desechos industriales de muchas de las fábricas instaladas en su orillas. En toda la Cuenca hay 13.000 establecimientos industriales.De ese total, 1397 han sido declarados agentes contaminantes.
A esos afluentes químicos se les suman 368.000 metros cúbicos de aguas servidas por día, de las cuales – según algunos organismos controladores- sólo 5 por ciento recibe tratamiento específico. Si se sigue la opinión de Acumar (Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo), creada especialmente para que todas las jurisdicciones afectadas se pongan de acuerdo y no se peleen entre sí, un tercio del caudal intoxicador proviene de descargas industriales. Aseguraron en ACUMAR que de las industrias contaminantes 412 fueron reconvertidas ambientalmente y hay otras 512 en proceso.
En esa misma Cuenca hay más de 100 basurales a cielo abierto y el agua tiene niveles de mercurio, zinc, plomo y cromo de hasta 50 veces más de lo permitido, usada por 13 villas de emergencia en la parte baja del río.
En Villa Inflamable, es el caso, los niños tienen 5 veces más plomo que lo aceptable.
El plomo enferma a quien lo padece, atrasa su crecimiento, lo lleva a comportamientos agresivos, afecta la piel y le produce consecuencias dolorosas hasta el día de su muerte.
Eso no es todo. En muestras recogidas en la zona se detectó en laboratorios especializados en el exterior la presencia de nonifenol, que va destruyendo el sistema reproductivo y la hormona estrógeno. También se encontraron rastros de insecticidas cancerígenos y el prohibido DDT. Se comprobó la presencia de elementos que afectan el cerebro y los riñones, otro que se ensaña con los riñones y el hígado.
Daños a la salud de tal magnitud que se asemeja a una guerra, con gente afectada de por vida, sin solución de continuidad.
La campaña por la limpieza urgente del Riachuelo se inició a comienzos se la década del 90. La solventó APOC, la asociación del personal de Organismos de Control, por sus propias investigaciones y la acción de asociaciones vecinales. APOC demostró entonces que con solo 50 millones de dólares Inglaterra había podido limpiar a fondo y para siempre el río Támesis, muy contaminado.
La extinta María Julia Alsogaray, alta funcionaria del gobierno de Carlos Menem, dijo con omnipotencia, que en un corto tiempo ella haría que se revirtiera el problema. No pasó nada. Fue una promesa tirada al viento.
El asunto fue tan relevante que llegó a la Corte Suprema quien ordenó la limpieza de la Cuenca sin resultado alguno: nadie obedeció. Como la acción no depende de un solo ente sino de varios (Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y municipios, como ya dijimos) no había manera de unir criterios, presupuestos y conveniencias políticas. Un antiguo drama que es el desentendimiento argentino.
En un segundo tiempo, la Corte Suprema de Justicia decidió, en la causa caratulada "Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/el Estado Nacional s/daños y perjuicios", condenar al Estado Nacional, a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires a ejecutar de una vez por todas un programa de saneamiento sobre la aguas del Riachuelo y alrededores del mismo.
La contienda tuvo su origen en el año 2006 cuando 17 damnificados promovieron demanda contra los poderes constituidos y contra 44 empresas. La Corte especificó un programa de acción que obligaba a codificar la partidas presupuestarios y asignar a la Auditoría General de la Nación la realización de un control permanente de la asignación de recursos y de ejecución presupuestaria.
Actuó ACUMAR a lo largo del tiempo pero los resultados dejan mucho que desear. Un grupo de ONGs acusó, precisamente a ACUMAR, de ser "incapaz" de limpiar el Riachuelo. Pedían enfrentar las problemáticas desde una mirada integral, multidisciplinaria y participativa.
Si bien ACUMAR organizó un encuentro con especialistas de Alemania, Colombia, España, Corea del Sur, Ecuador , Estados Unidos, Italia y Brasil donde se debatió sobre sanidad ambiental, las ONGs combativas cuestionaron la "falta de cumplimiento de las funciones constitucionales y legales de la Corte Suprema de Justicia" y reprobaron "el desempeño de ACUMAR por su vaciamiento". Exigieron trasparentar el funcionamiento de
ACUMAR en cuanto a su presupuesto y su ejecución.
El presidente de la Asociación de Vecinos de La Boca, Alfredo Alberti, advirtió que el recorte presupuestario para cumplir el objetivo es muy evidente. En cuanto a la atención medica faltan personal y recursos. El Hospital Argerich está colapsado y los centros de salud de la zona no tienen capacidad. Las afecciones que más se registran en la zona -señaló Alberti- son las alergias en la piel y en las vías respiratorias. Lo recalcan los médicos de la zona y las farmacias.
La contaminación sigue omnipresente. En el segundo semestre del año pasado, en las obras de ampliación de las redes cloacales, pluviales y de agua potable en la Villa 21-24 de Barracas, se detectaron restos de plomo.
En esa villa una muestra tomada sobre 962 niños menores de 6 años, el 25 por ciento tiene plomo en la sangre según todos los organismos y representaciones oficiales.
Y se aclaró : "El plomo compite en el organismo con el calcio y el hierro lo que puede predisponer a la persona a dos respuestas iniciales: trastorno en el desarrollo para el aprendizaje del niño y anemia. Puede afectar al sistema nervioso central en la forma de cefaleas, insomnio, alteraciones del carácter y la memoria, graves dolores en el cuerpo, cambios drásticos de humor". El padecimiento crónico es el "saturnismo".
Hay especialistas quienes aseguran que en tres años y un presupuesto de 300 millones de dólares para su limpieza total el Riachuelo pasaría a "ser apto para el desarrollo de actividades recreativas pasiva y de vida acuática". ¿ Sueños de una noche de verano ?
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Beneficios a mineras: "simplifican" trámites
Otorgan a nuevos beneficios a mineras para atraer inversiones
Fecha de Publicación: 09/02/2019
Fuente: El Sol
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno Nacional simplificó, mediante las resoluciones 06/2019 y 09/2019 publicadas este lunes en el Boletín Oficial, los trámites relacionados con la actividad minera, lo que permitirá a las empresas que inviertan en el sector ahorrar más de $376 millones anuales, reducir tiempos y costos, y otorgar al sistema de transparencia y trazabilidad.
La Secretaría de Política Minera del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, junto a las secretaría de Simplificación Productiva de esa misma cartera, y la de Gobierno de Modernización de la Nación trabajaron en la simplificación del registro para acceder a los beneficios de la legislación para inversiones del sector, que incluye la rebaja de impuestos en gastos de exploración.
A partir de este mes, las empresas y organismos públicos que deseen inscribirse en el registro podrán hacerlo de manera digital en la plataforma Trámites a Distancia (TAD), y de esta forma adquirir los beneficios impositivos relacionados con la amortización de Ganancias y el certificado de Estabilidad Fiscal para Inversiones Mineras.
"Estas medidas, no sólo ahorran gran cantidad de tiempo y recursos, sino que además dotan al sistema de transparencia y trazabilidad, fundamentales para atraer inversiones a un sector altamente competitivo a nivel mundial", sostuvo el secretario de Simplificación Productiva de la Nación, Pedro Inchauspe.
En tanto, la secretaria de Política Minera, Carolina Sánchez, señaló que "la desburocratización del acceso a los beneficios de la Ley de Inversiones Mineras contribuye a generar un clima favorable para las exploraciones y producción minera en Argentina" dijo y aseguró que "la iniciativa es un aporte importante para la simplificación de los trámites y para hacer más competitivo a nuestro país como destino de inversiones".
Sánchez explicó que "la primera resolución fue la del 30/2018 que regula la inscripción, mantenimiento y baja del registro de beneficiarios de la ley de Inversiones Mineras. Allí se incorporó la regulación en términos de la ley de impuestos a las ganancias también para aquellos casos donde hubo cambio de estructura de las sociedades. Esta resolución deroga 10 resoluciones y perfecciona los mecanismos para reducir las cargas administrativas y aprovechar todos los procesos de digitalización".
El sistema se encontrará operativo desde fines de febrero en la plataforma de Trámites A Distancia (TAD).
En lo que refiere a la digitalización del registro de la ley de Inversiones Mineras la simplificación permitirá reducir a menos de la mitad los requisitos de inscripción y el tiempo de tramitación se acortará en un 90% (de 1 año a 30 días).
En referencia al impuesto a las ganancias genera una amortización acelerada de bienes de la actividad minera y además permite una deducción del 100% del impuesto en los gastos de exploración y de la previsión medioambiental en el balance contable.
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Fecha de Publicación: 09/02/2019
Fuente: El Sol
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno Nacional simplificó, mediante las resoluciones 06/2019 y 09/2019 publicadas este lunes en el Boletín Oficial, los trámites relacionados con la actividad minera, lo que permitirá a las empresas que inviertan en el sector ahorrar más de $376 millones anuales, reducir tiempos y costos, y otorgar al sistema de transparencia y trazabilidad.
La Secretaría de Política Minera del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, junto a las secretaría de Simplificación Productiva de esa misma cartera, y la de Gobierno de Modernización de la Nación trabajaron en la simplificación del registro para acceder a los beneficios de la legislación para inversiones del sector, que incluye la rebaja de impuestos en gastos de exploración.
A partir de este mes, las empresas y organismos públicos que deseen inscribirse en el registro podrán hacerlo de manera digital en la plataforma Trámites a Distancia (TAD), y de esta forma adquirir los beneficios impositivos relacionados con la amortización de Ganancias y el certificado de Estabilidad Fiscal para Inversiones Mineras.
"Estas medidas, no sólo ahorran gran cantidad de tiempo y recursos, sino que además dotan al sistema de transparencia y trazabilidad, fundamentales para atraer inversiones a un sector altamente competitivo a nivel mundial", sostuvo el secretario de Simplificación Productiva de la Nación, Pedro Inchauspe.
En tanto, la secretaria de Política Minera, Carolina Sánchez, señaló que "la desburocratización del acceso a los beneficios de la Ley de Inversiones Mineras contribuye a generar un clima favorable para las exploraciones y producción minera en Argentina" dijo y aseguró que "la iniciativa es un aporte importante para la simplificación de los trámites y para hacer más competitivo a nuestro país como destino de inversiones".
Sánchez explicó que "la primera resolución fue la del 30/2018 que regula la inscripción, mantenimiento y baja del registro de beneficiarios de la ley de Inversiones Mineras. Allí se incorporó la regulación en términos de la ley de impuestos a las ganancias también para aquellos casos donde hubo cambio de estructura de las sociedades. Esta resolución deroga 10 resoluciones y perfecciona los mecanismos para reducir las cargas administrativas y aprovechar todos los procesos de digitalización".
El sistema se encontrará operativo desde fines de febrero en la plataforma de Trámites A Distancia (TAD).
En lo que refiere a la digitalización del registro de la ley de Inversiones Mineras la simplificación permitirá reducir a menos de la mitad los requisitos de inscripción y el tiempo de tramitación se acortará en un 90% (de 1 año a 30 días).
En referencia al impuesto a las ganancias genera una amortización acelerada de bienes de la actividad minera y además permite una deducción del 100% del impuesto en los gastos de exploración y de la previsión medioambiental en el balance contable.
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La Rioja: licitan instalación de kits solares en zona rural
Licitan la instalación de kits solares para hogares rurales
Fecha de Publicación: 09/02/2019
Fuente: Nueva Rioja
Provincia/Región: La Rioja
El proyecto, que se implementa desde el año 2000, es financiado por el Banco Mundial.
La Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética de la Nación llamó a Licitación Pública Internacional para el Servicio de distribución, entrega e instalación de Kits Solares Domiciliarios y Lámparas Solares Recargables para más de 20 mil hogares rurales de La Rioja, Santiago del Estero y Catamarca a través de la financiación del Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER).
El objetivo principal del PERMER es proveer, de manera gratuita, sistemas fotovoltaicos a aquellos pobladores e instituciones públicas de todo el país que no están conectados a la red de distribución de electricidad.
Con ese propósito la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética de la Nación llamó a Licitación Pública Internacional para el Servicio de distribución, entrega e instalación de Kits Solares Domiciliarios y Lámparas Solares Recargables para 23.350 hogares rurales de La Rioja, Santiago del Estero y Catamarca por un monto total de diez millones de dólares.
Según se detalló, el kit será de la marca D.Light, Modelo X-732, y cuenta con un módulo fotovoltaico; una caja central integrando la batería; el regulador de carga y una interfaz que indica al usuario su estado de funcionamiento; cuatro lámparas LED fijas con sus correspondientes cables e interruptores; una radio AM/FM con batería recargable y conexiones de tipo USB. Las lámpara solar recargables son de la misma marca que el kit.
En ese marco el PERMER seleccionará a uno o más proveedores para llevar adelante la distribución e instalación de los equipos. En La Rioja el Gobierno Provincial será el encargado de operar y mantener los sistemas.
Cabe señalar que, en la provincia la Unidad Ejecutora del PERMER funciona bajo la órbita del Ministerio de Planeamiento e Industria y es coordinada por el director de Energías Renovables. Dante Godoy. La integran también representantes de los Ministerios de Educación, de Producción y de Infraestructura y de la Cámara de Diputados.
Al respecto Godoy comentó que “el PERMER se implementa desde el 2000, es financiado por el Banco Mundial y tiene como finalidad proveer equipamiento que capta energía de fuentes renovables y la transforma en energía eléctrica, es un programa muy federal ya que llega al corazón profundo del país, en La Rioja el Gobierno se hará cargo de la operación y mantenimiento de los sistemas, cuya instalación es muy práctica y sencilla que incluso el propio beneficiario podrá realizarla”.
“La licitación se dividió en dos tramos, primero se llamó para la adquisición del equipamiento que vendrá desde China, y ahora se está convocando a las empresas que harán la instalación”, resaltó.
Asimismo detalló que “el programa tiene cuatro componentes, el primero es el de abastecimiento de electricidad a instituciones públicas, especialmente escuelas, a través de sistemas fotovoltaicos, en la provincia serán 25 las beneficiadas, pertenecientes a nueve Departamentos, en los próximos días se iniciará con un relevamiento para localizar dónde se instalarán los equipos”.
Seguidamente expresó que “el segundo componente es el Plan de Acceso Universal a la Energía Básica 2020 que brinda equipamiento fotovoltaico a los pobladores rurales que no están conectados a la red de distribución, en ese sentido ya se realizó un relevamiento en conjunto con los municipios de diferentes Departamentos y se firmó un Acta Compromiso para beneficiar a 1050 familias del interior, la idea es que absolutamente toda la población esté integrada”.
“Se provee a los pobladores de paneles solares de última generación que utilizan energía limpia y lámparas de led de muy bajo costo, apuntando al ahorro y a la eficiencia energética, cabe aclarar que estos sistemas son gratuitos y el Gobierno Provincial sólo brindará atención al usuario”, dijo.
Y añadió que “La Rioja será una de las primeras provincias del país donde toda la población tendrá acceso a la electricidad, cumpliendo con los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS 2020) planteados por Naciones Unidas”.
En cuanto al tercer componente del PERMER Godoy indicó que “es de uso productivo, en la provincia se realizará una prueba piloto de producción de boyeros eléctricos que se emplean para el manejo de rebaños en zonas rurales, hay 200 potenciales beneficiarios que surgieron de un relevamiento en conjunto con el INTA y ya se llamó a licitación”.
Para finalizar el director señaló que “el cuarto, y último, componente aún se encuentra en proceso de desarrollo y tiene que ver con la provisión de sistemas solares al Paso Internacional Pircas Negras, el cual requiere de energía eléctrica”.
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Fecha de Publicación: 09/02/2019
Fuente: Nueva Rioja
Provincia/Región: La Rioja
El proyecto, que se implementa desde el año 2000, es financiado por el Banco Mundial.
La Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética de la Nación llamó a Licitación Pública Internacional para el Servicio de distribución, entrega e instalación de Kits Solares Domiciliarios y Lámparas Solares Recargables para más de 20 mil hogares rurales de La Rioja, Santiago del Estero y Catamarca a través de la financiación del Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER).
El objetivo principal del PERMER es proveer, de manera gratuita, sistemas fotovoltaicos a aquellos pobladores e instituciones públicas de todo el país que no están conectados a la red de distribución de electricidad.
Con ese propósito la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética de la Nación llamó a Licitación Pública Internacional para el Servicio de distribución, entrega e instalación de Kits Solares Domiciliarios y Lámparas Solares Recargables para 23.350 hogares rurales de La Rioja, Santiago del Estero y Catamarca por un monto total de diez millones de dólares.
Según se detalló, el kit será de la marca D.Light, Modelo X-732, y cuenta con un módulo fotovoltaico; una caja central integrando la batería; el regulador de carga y una interfaz que indica al usuario su estado de funcionamiento; cuatro lámparas LED fijas con sus correspondientes cables e interruptores; una radio AM/FM con batería recargable y conexiones de tipo USB. Las lámpara solar recargables son de la misma marca que el kit.
En ese marco el PERMER seleccionará a uno o más proveedores para llevar adelante la distribución e instalación de los equipos. En La Rioja el Gobierno Provincial será el encargado de operar y mantener los sistemas.
Cabe señalar que, en la provincia la Unidad Ejecutora del PERMER funciona bajo la órbita del Ministerio de Planeamiento e Industria y es coordinada por el director de Energías Renovables. Dante Godoy. La integran también representantes de los Ministerios de Educación, de Producción y de Infraestructura y de la Cámara de Diputados.
Al respecto Godoy comentó que “el PERMER se implementa desde el 2000, es financiado por el Banco Mundial y tiene como finalidad proveer equipamiento que capta energía de fuentes renovables y la transforma en energía eléctrica, es un programa muy federal ya que llega al corazón profundo del país, en La Rioja el Gobierno se hará cargo de la operación y mantenimiento de los sistemas, cuya instalación es muy práctica y sencilla que incluso el propio beneficiario podrá realizarla”.
“La licitación se dividió en dos tramos, primero se llamó para la adquisición del equipamiento que vendrá desde China, y ahora se está convocando a las empresas que harán la instalación”, resaltó.
Asimismo detalló que “el programa tiene cuatro componentes, el primero es el de abastecimiento de electricidad a instituciones públicas, especialmente escuelas, a través de sistemas fotovoltaicos, en la provincia serán 25 las beneficiadas, pertenecientes a nueve Departamentos, en los próximos días se iniciará con un relevamiento para localizar dónde se instalarán los equipos”.
Seguidamente expresó que “el segundo componente es el Plan de Acceso Universal a la Energía Básica 2020 que brinda equipamiento fotovoltaico a los pobladores rurales que no están conectados a la red de distribución, en ese sentido ya se realizó un relevamiento en conjunto con los municipios de diferentes Departamentos y se firmó un Acta Compromiso para beneficiar a 1050 familias del interior, la idea es que absolutamente toda la población esté integrada”.
“Se provee a los pobladores de paneles solares de última generación que utilizan energía limpia y lámparas de led de muy bajo costo, apuntando al ahorro y a la eficiencia energética, cabe aclarar que estos sistemas son gratuitos y el Gobierno Provincial sólo brindará atención al usuario”, dijo.
Y añadió que “La Rioja será una de las primeras provincias del país donde toda la población tendrá acceso a la electricidad, cumpliendo con los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS 2020) planteados por Naciones Unidas”.
En cuanto al tercer componente del PERMER Godoy indicó que “es de uso productivo, en la provincia se realizará una prueba piloto de producción de boyeros eléctricos que se emplean para el manejo de rebaños en zonas rurales, hay 200 potenciales beneficiarios que surgieron de un relevamiento en conjunto con el INTA y ya se llamó a licitación”.
Para finalizar el director señaló que “el cuarto, y último, componente aún se encuentra en proceso de desarrollo y tiene que ver con la provisión de sistemas solares al Paso Internacional Pircas Negras, el cual requiere de energía eléctrica”.
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El 2018 nos dejó 40.965 hectáreas de bosques menos
En 2018 se desforestó el equivalente a dos veces la Ciudad de Buenos Aires
Fecha de Publicación: 08/02/2019
Fuente: Télam
Provincia/Región: Nacional
La organización ambientalista Greenpeace denunció este martes que en 2018 la superficie deforestada de bosques protegidos en Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco fue equivalente a dos veces el territorio de la ciudad de Buenos Aires.
En medio de las inundaciones en el norte y el litoral del país que se registraron en las últimas semanas, los datos obtenidos a partir de imágenes satelitales revelaron que el total de la superficie deforestada entre enero y diciembre de 2018 en Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco fue de 112.766 hectáreas.
"Casi el 40 por ciento de la deforestación se produjo en bosques protegidos por la Ley de Bosques (clasificados en las Categorías I – Rojo y II – Amarillo), alcanzando las 40.965 hectáreas, equivalente a dos veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires", advirtió Greenpeace en un comunicado.
Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de la organización, detalló que "las principales causas de la pérdida de bosques son el avance de la frontera agropecuaria, mayormente por la soja transgénica y ganadería intensiva, y los incendios"."Los gobiernos no pueden seguir incumpliendo la normativa nacional y permitiendo desmontes dónde está prohibido", añadió.
Según datos oficiales, desde la sanción de la Ley de Bosques en 2007 hasta finales de 2017 Greenpeace advierte que "se deforestaron 2,6 millones de hectáreas, de las cuales más de 840 mil eran protegidas". Además, el Informe expone que en 2018 la provincia con mayor deforestación fue Santiago del Estero con 34.751 hectáreas, de las cuales 23.910 eran bosques protegidos.
En segundo lugar está Chaco, donde denuncia que se deforestaron 33.972 hectáreas (14.744 de bosques protegidos), y le siguen Formosa, con desmontes en 23.996 hectáreas (261 protegidas) y Salta donde fueron 20.047 hectáreas que incluyen 2.050 protegidas.
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Fecha de Publicación: 08/02/2019
Fuente: Télam
Provincia/Región: Nacional
La organización ambientalista Greenpeace denunció este martes que en 2018 la superficie deforestada de bosques protegidos en Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco fue equivalente a dos veces el territorio de la ciudad de Buenos Aires.
En medio de las inundaciones en el norte y el litoral del país que se registraron en las últimas semanas, los datos obtenidos a partir de imágenes satelitales revelaron que el total de la superficie deforestada entre enero y diciembre de 2018 en Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco fue de 112.766 hectáreas.
"Casi el 40 por ciento de la deforestación se produjo en bosques protegidos por la Ley de Bosques (clasificados en las Categorías I – Rojo y II – Amarillo), alcanzando las 40.965 hectáreas, equivalente a dos veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires", advirtió Greenpeace en un comunicado.
Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de la organización, detalló que "las principales causas de la pérdida de bosques son el avance de la frontera agropecuaria, mayormente por la soja transgénica y ganadería intensiva, y los incendios"."Los gobiernos no pueden seguir incumpliendo la normativa nacional y permitiendo desmontes dónde está prohibido", añadió.
Según datos oficiales, desde la sanción de la Ley de Bosques en 2007 hasta finales de 2017 Greenpeace advierte que "se deforestaron 2,6 millones de hectáreas, de las cuales más de 840 mil eran protegidas". Además, el Informe expone que en 2018 la provincia con mayor deforestación fue Santiago del Estero con 34.751 hectáreas, de las cuales 23.910 eran bosques protegidos.
En segundo lugar está Chaco, donde denuncia que se deforestaron 33.972 hectáreas (14.744 de bosques protegidos), y le siguen Formosa, con desmontes en 23.996 hectáreas (261 protegidas) y Salta donde fueron 20.047 hectáreas que incluyen 2.050 protegidas.
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Mendoza: cuestionan uso de suelo para fabricar ladrillos
Mendoza sigue descuidando el ambiente
Fecha de Publicación: 08/02/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Para que el desarrollo productivo de la provincia sea armónico, es imprescindible cuidar el medio ambiente.
La provincia tiene una historia de mitos vinculados al ambiente por los cuales aparecen miles de definiciones maravillosas acerca de la importancia de su cuidado, pero en la vida diaria seguimos con prácticas que lo dañan cada día más ante la mirada impasible de las autoridades y de los propios mendocinos.
Vivimos hablando del cuidado del agua, nuestro recurso escaso, y aún seguimos vendiendo el agua por metro cuadrado en las zonas urbanas y por horas de turno de riesgo, el sector agrícola. En ningún caso la vendemos por litro, que es lo que corresponde a un recurso escaso. Lógicamente, como no existe esa convicción, nunca se hicieron las inversiones necesarias y así después nos quejamos de que tenemos el mayor consumo per cápita del país. Lo mismo ocurre con el cuidado de los árboles, pues tenemos una arboleda ciudadana muy antigua y sin registros de su estado de salubridad ni control de las frecuencias de riego por los canales naturales, que son las acequias. Pero mientras tanto se hacen talas indiscriminadas y es mucho más peligroso cuando se verifican en zonas donde corresponde a vegetación autóctona.
Hay que recordar que los árboles son los que permiten vivir sanamente en Mendoza por su valioso aporte al ambiente. Un caso paradigmático de nuestra desidia en el cuidado del ambiente es la fabricación de ladrillos. Para su fabricación se usa tierra de lo que fueron fincas fértiles para luego armar los hornos y cocinarlos quemando árboles o arbustos previamente talados, que nadie controla de dónde han salido. Es una paradoja, castigamos al que hace asado con jarilla pero miramos a otro lado a los que hacen talas para cocinar ladrillos. Como se ve, la construcción de una casa basada en ladrillos implica un doble daño ecológico, ya que se destruye tierra fértil que luego se cocina apelando a la tala indiscriminada de árboles arbustos, pero todos lo ven como natural y a nadie le perturba la conciencia el daño producido. Es necesario comenzar a tomar conciencia pero, también, establecer normas claras para evitar daños.
Las zonas actuales de fabricación de ladrillos en El Borbollón y El Algarrobal están asentada sobre antiguas fincas dedicadas a la horticultura que ya no sirven más para uso agrícola pues hay propiedades en las que se cavado hasta un metro de profundidad generando un desequilibrio que va a dañar a todas fincas de la región, cuya recuperación llevará muchos años. Pero nadie hace nada con la excusa de defender puestos de trabajo, pero esta actividad ya no es compatible con la subsistencia del inestable ecosistema del oasis cuya población aumentó y superó las previsiones que justificaron permitir este negocio. Mendoza debería dejar de lado la construcción con ladrillos, algo que ya se hace en edificios e incluso en algunas construcciones donde se usan placas de hormigón y divisiones interiores con panelería. Mendoza, hasta por cuestiones sísmicas, debería adoptar sistemas constructivos livianos, muchos de los cuales ya tiene autorización por haberse probado sus aptitudes antisísmicas.
El puntapié debería darlo el IPV en la construcción de nuevos barrios adoptando este tipo de sistemas que, además, acortan los tiempos para la finalización y entrega de las unidades de vivienda. Pero indudablemente hace falta una normativa que sea obligatoria en toda la provincia que debe partir de la prohibición de fabricar ladrillos tradicionales en el territorio provincial, dejando espacio para ciertas unidades cerámicas o de material. La provincia debe adoptar normas constructivas modernas y para eso hay muchos ejemplos que se pueden seguir de lo que ya se está aplicado en el mundo, como el Pacto Solar de Brasil, que estableció la obligatoriedad de alimentar con energía solar los nuevos edificios. Algunas iniciativas privadas ya han comenzado a incursionar en nuestra provincia pero hay que darle mayor impulso. La modernidad también implica cuidar el hábitat.
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Fecha de Publicación: 08/02/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Para que el desarrollo productivo de la provincia sea armónico, es imprescindible cuidar el medio ambiente.
La provincia tiene una historia de mitos vinculados al ambiente por los cuales aparecen miles de definiciones maravillosas acerca de la importancia de su cuidado, pero en la vida diaria seguimos con prácticas que lo dañan cada día más ante la mirada impasible de las autoridades y de los propios mendocinos.
Vivimos hablando del cuidado del agua, nuestro recurso escaso, y aún seguimos vendiendo el agua por metro cuadrado en las zonas urbanas y por horas de turno de riesgo, el sector agrícola. En ningún caso la vendemos por litro, que es lo que corresponde a un recurso escaso. Lógicamente, como no existe esa convicción, nunca se hicieron las inversiones necesarias y así después nos quejamos de que tenemos el mayor consumo per cápita del país. Lo mismo ocurre con el cuidado de los árboles, pues tenemos una arboleda ciudadana muy antigua y sin registros de su estado de salubridad ni control de las frecuencias de riego por los canales naturales, que son las acequias. Pero mientras tanto se hacen talas indiscriminadas y es mucho más peligroso cuando se verifican en zonas donde corresponde a vegetación autóctona.
Hay que recordar que los árboles son los que permiten vivir sanamente en Mendoza por su valioso aporte al ambiente. Un caso paradigmático de nuestra desidia en el cuidado del ambiente es la fabricación de ladrillos. Para su fabricación se usa tierra de lo que fueron fincas fértiles para luego armar los hornos y cocinarlos quemando árboles o arbustos previamente talados, que nadie controla de dónde han salido. Es una paradoja, castigamos al que hace asado con jarilla pero miramos a otro lado a los que hacen talas para cocinar ladrillos. Como se ve, la construcción de una casa basada en ladrillos implica un doble daño ecológico, ya que se destruye tierra fértil que luego se cocina apelando a la tala indiscriminada de árboles arbustos, pero todos lo ven como natural y a nadie le perturba la conciencia el daño producido. Es necesario comenzar a tomar conciencia pero, también, establecer normas claras para evitar daños.
Las zonas actuales de fabricación de ladrillos en El Borbollón y El Algarrobal están asentada sobre antiguas fincas dedicadas a la horticultura que ya no sirven más para uso agrícola pues hay propiedades en las que se cavado hasta un metro de profundidad generando un desequilibrio que va a dañar a todas fincas de la región, cuya recuperación llevará muchos años. Pero nadie hace nada con la excusa de defender puestos de trabajo, pero esta actividad ya no es compatible con la subsistencia del inestable ecosistema del oasis cuya población aumentó y superó las previsiones que justificaron permitir este negocio. Mendoza debería dejar de lado la construcción con ladrillos, algo que ya se hace en edificios e incluso en algunas construcciones donde se usan placas de hormigón y divisiones interiores con panelería. Mendoza, hasta por cuestiones sísmicas, debería adoptar sistemas constructivos livianos, muchos de los cuales ya tiene autorización por haberse probado sus aptitudes antisísmicas.
El puntapié debería darlo el IPV en la construcción de nuevos barrios adoptando este tipo de sistemas que, además, acortan los tiempos para la finalización y entrega de las unidades de vivienda. Pero indudablemente hace falta una normativa que sea obligatoria en toda la provincia que debe partir de la prohibición de fabricar ladrillos tradicionales en el territorio provincial, dejando espacio para ciertas unidades cerámicas o de material. La provincia debe adoptar normas constructivas modernas y para eso hay muchos ejemplos que se pueden seguir de lo que ya se está aplicado en el mundo, como el Pacto Solar de Brasil, que estableció la obligatoriedad de alimentar con energía solar los nuevos edificios. Algunas iniciativas privadas ya han comenzado a incursionar en nuestra provincia pero hay que darle mayor impulso. La modernidad también implica cuidar el hábitat.
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Santa Fe: licitan estaciones solares
Licitaron estaciones solares para 30 localidades de la provincia
Fecha de Publicación: 08/02/2019
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
Con una nueva estética y componentes, Enerfe junto a la secretaría de Energía, comenzarán a entregar los equipos a partir del próximo mes de marzo. La inversión supera los 5 millones de pesos.
“En 10 días se va a estar procediendo a notificar el resultado de la licitación y en un lapso de 30 a 45 días vamos a entregar las primeras estaciones solares de manera parcial”, manifestó el titular de Enerfe.
Con el objetivo de impulsar las energías renovables y el cuidado del medio ambiente, la secretaría de Energía y Enerfe licitaron la instalación de 30 estaciones solares en diferentes puntos de la provincia.
“Licitamos la adquisición de 30 estaciones solares para pequeñas localidades de la provincia.
Se trata de dos modelos diferentes, con diseño propio. Queremos transformar la estética de las estaciones solares que venía entregando el gobierno de la provincia”, explicó el titular de Enerfe, Mauricio Colombo.
Las estaciones solares que se entregarán este año tendrán una nueva estética y componentes, permitiendo a las comunas pequeñas santafesinas, contar con equipos que incorporan nuevas tecnologías en energía renovables. “Recibimos dos ofertes, y ahora se están evaluando los requerimientos legales y técnicos para luego adjudicar a una de las dos empresas. El presupuesto oficial supera los 5 millones de pesos. En 10 días se va a estar procediendo a notificar el resultado de la licitación y en un lapso de 30 a 45 días vamos a entregar las primeras estaciones solares de manera parcial”, manifestó el titular de Enerfe.
Las localidades beneficiadas con los nuevos equipos solares son: Esteban Rams; Juan de Garay; Arteaga; San José de la Esquina; Villada; Colonia Raquel; Esmeralda; Cañada Rica; Pavón; Helvecia; Santa Rosa de Calchines; Amenabar; Chovet; La Chispa; Miguel Torres; Malabrigo; Correa; Elisa; Santo Domingo; Ambrosetti; Vera y Pintado; Coronel Arnold; Fuentes; Cacique Ariacaiquín; Christophersen; San Eduardo; Piamonte; Josefina; Carmen del Sauce y Marcelino Escalada.
Vale destacar que la provincia de Santa Fe es pionera en generar acciones tendientes a un desarrollo sustentable y el compromiso con el medio ambiente, a través de la secretaría de Estado de la Energía. El organismo tiene como objetivo principal promover un desarrollo de las diversas fuentes de recursos energéticos y asegurar un uso adecuado y competitivo de las mismas.
“El proyecto de estaciones solares consiste en generar un sitio de recreación al aire libre que ofrezca agua caliente para tomar mate y servicios energéticos para la recarga de celulares y computadoras para el público en general. Estos servicios son alimentados a partir de colectores solares, en el caso del agua caliente, y de paneles fotovoltaicos, en el caso de los servicios eléctricos”, explicó Colombo.
Biocombustible
Por otra parte el funcionario destacó que la última semana se desarrolló la ronda de negocios entre las empresas productoras de biocombustible y las empresas de transporte público y de cargas, en el marco del último encuentro de la Mesa de Migración para reemplazar el uso de gasoil por biodiesel.
“Se basó en una jornada de trabajo unir a productores y empresas de pasajeros y cargas que estén interesadas en entablar alguna relación con los productores. Enerfe se propone actuar como nexo comercial si así lo requieren, entre productores y consumidores”, apuntó.
La actividad se realizó en la sala Rodolfo Walsh de la sede del Gobierno Provincial en la ciudad de Rosario y fue encabezada por la secretaria de Estado de la Energía, Verónica Geese; y consistió en encontrar a las partes para coordinar la logística referente a la compra-venta de biocombustible. Participaron 9 empresas productoras de biodiesel que tienen asiento en la provincia y empresas de transporte público y de carga.
Presentaron el gasoducto Arrufó-Suardi
La secretaria de Estado de la Energía, Verónica Geese, junto al presidente de la empresa Enerfe, Mauricio Colombo, presentaron en Suardi el proyecto del Gasoducto Sudoeste del departamento San Cristóbal. El gasoducto, que se iniciará en la localidad de Arrufó y se extenderá por 50 kilómetros hasta Suardi, contará con cuatro estaciones de superficie.
Al respecto, Geese destacó que “este proyecto es posible porque tenemos en la zona al Gasoducto de Noroeste Argentino (GNEA) y porque la misión que tiene este gobierno es el desarrollo del interior de la provincia para seguir siendo lo que somos. Tenemos una potencialidad enorme y para eso se necesita infraestructura y obras esenciales que estamos concretando”.
“El GNEA pasa por el departamento San Cristóbal y recorre 900 kilómetros dentro de la provincia. Desde hace 3 meses está terminada la obra con gas adentro del caño, y se comprobó que funciona y que no tiene problemas técnicos”, sostuvo la funcionaria y agregó que “faltan unas mínimas obras de acceso a algunas de las localidades”.
En ese sentido, recordó que “hace más de un mes, la provincia a través de Enerfe hizo una presentación ante el gobierno nacional para operar y mantener el GNEA en el tramo que atraviesa nuestro territorio. Eso quiere decir que si nos lo dan, en muy poco tiempo lo pondremos en funcionamiento y podemos empezar a pensar en la instalación de estaciones de GNC, en el desarrollo de la industria, en abaratar los costos a las empresas de la región, del acceso al servicio de gas natural a gente de 37 localidades que recorre. Es una obra que pagamos todos los argentinos con nuestros impuestos”, sostuvo.
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Jujuy: originarios contra la minería por el agua
Veinte comunidades originarias exigen que se detenga la explotación de litio y la minería en Jujuy
Fecha de Publicación: 07/02/2019
Fuente: ANRed
Provincia/Región: Jujuy
Comunidades originarias de la puna jujeña en defensa del agua y el territorio, dieron 72 horas para que se retire la empresa que se encuentra, oculta, extrayendo en la Laguna de Guayatayoc, y que el gobierno anule el concurso por el cual se ofrece todas las Salinas Grades y la Laguna de Guayatayoc para explotación de Litio. Por biblioteca andina Ñawpayachaykuna.
El 4 de febrero se constituyo la Asamblea permanente de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes, conformada por mas de 20 comunidades de las salinas , ruta 11 y ruta 79 de la Provincia de Jujuy, y se espera que en la semana se sumen mas comunidades afectadas. El Objetivo de esta asamblea es la defensa del agua y del territorio que se esta viendo amenazada por los proyectos extractivos de litio y de minería a cielo abierto impulsados por el Gobierno Provincial. Como parte de las acciones la asamblea el día de ayer se presento en el lugar donde la empresa A.I.S Resourts S.A y/o Ekekos S.A, se encuentran trabajando , al tomar conocimiento y observar que se están realizando excavaciones las 24 horas del día, en medio de la laguna de guayatayoc, destruyendo las napas de agua y la biodiversidad de la región, y habiendo pasado por alto todo los mecanismos de consulta y de respeto a lo derechos de los que viven en el territorio. La Asamblea notifico al encargado de la empresa y exigió que cese las actividades destructivas que esta realizando sobre la laguna, y que se retiren en un plazo de 72 horas del territorio.
Como segunda acción se realizo una nota al Gobernador de jujuy , exigiéndole que ademas de retirar las autorizaciones de las empresas que actualmente están explorando en la región, anule el concurso que esta realizando para entregar el territorio de las salinas Grandes y la La laguna de Guyayatyoc para la explotación de litio “Concurso de oferentes para la prospección geológica, exploración y factibilización de proyecto minero en las zonas exclusivas de interés de J.E.M.S.E. ubicadas en Salinas Grandes, Laguna Guayatayoc y Salar de Jama – provincia de Jujuy, Argentina” Exped N°: 660-538/2018 concurso de oferentes N° 1/2018. (aprobado por acta de directorio n° 130 del 27/12/2018). Concurso que ademas muestra que intenta priorizar a una empresa en especial .”en todos los casos en que las ofertas presentadas fueran de equivalente conveniencia, será preferida la de la razón social Integra Recursos Naturales S.A., entendiéndose que existe tal equivalencia de ofertas cuando la diferencia entre la de la razón social Integra Recursos Naturales S.A. y la mejor calificada no supere el cinco por ciento (5%) de esta última. Ello se aplicará cualquiera sea la modalidad de adoptada, conforme a lo dispuesto por el Artículo 6o del referido Decreto-Acuerdo”.
Las comunidades dijeron que se encuentran en estado de alerta y movilización y dieron un plazo de 72 horas, para que el gobierno públicamente cumpla con este pedido y anuncie lo exigido y que de no hacerlo, las comunidades realizaran acciones contundentes, ya que expresaron que peligra la vida de sus familias y de todas su generaciones, afirmando que ademas habrá un perjuicio y daño irreversible, que no tiene fronteras de afectación a los recursos naturales, ambientales, culturales de toda la población Jujeña.
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Chaco ya sobrevuela para controlar sus bosques
Sobrevuelan bosques protegidos para controlar desmontes ilegales
Fecha de Publicación: 07/02/2019
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
Acompañados de ingenieros forestales, personal del Departamento de Operaciones Aéreas sobrevoló varias localidades como parte de un operativo para el control del desmonte ilegal. Las tareas son a modo de colaboración con el Ministerio de Producción y el área de Bosques de la Provincia.
Personal del Departamento de Operaciones Aéreas sobrevoló varias localidades de la provincia como parte de un operativo donde realizó control de desmonte ilegal en modo de colaboración con el Ministerio de Producción de Bosques de la Provincia.
Comenzaron el jueves por la mañana y terminaron por la tarde. Recorrieron Los Frentones, Pampa del infierno y Taco Pozo, para constatar distintas infracciones, donde darían intervención los Ingenieros Forestales.
El operativo fue parte de un convenio entre la Policía y el Ministerio de Producción de Bosques de la Provincia, donde concluyeron, que para apaliar los desmontes ilegales y quema de vegetación, entre otras infracciones forestales, realizarán operativos aéreos.
Los agentes colaboran con el traslado de los ingenieros forestales, quienes serían encargados de notar las infracciones para luego ellos mismos dar intervención.
La fiscalización el jueves, sobre la superficie de bosques nativos, fue desde las 6:30 hasta las 14 y abarcó zonas rurales de las localidades de Los Frentones, Pampa del infierno y Taco Pozo, según las distintas coordenadas que brindaría el GPS de la Aeronave.
Finalmente, luego de verificar y controlar desmontes clandestinos, quema de vegetación, constataron diversas infracciones forestales, emprendieron su regreso, nuevamente a la ciudad. Estos operativos se realizarían aproximadamente cada 15 días.
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Fecha de Publicación: 07/02/2019
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
Acompañados de ingenieros forestales, personal del Departamento de Operaciones Aéreas sobrevoló varias localidades como parte de un operativo para el control del desmonte ilegal. Las tareas son a modo de colaboración con el Ministerio de Producción y el área de Bosques de la Provincia.
Personal del Departamento de Operaciones Aéreas sobrevoló varias localidades de la provincia como parte de un operativo donde realizó control de desmonte ilegal en modo de colaboración con el Ministerio de Producción de Bosques de la Provincia.
Comenzaron el jueves por la mañana y terminaron por la tarde. Recorrieron Los Frentones, Pampa del infierno y Taco Pozo, para constatar distintas infracciones, donde darían intervención los Ingenieros Forestales.
El operativo fue parte de un convenio entre la Policía y el Ministerio de Producción de Bosques de la Provincia, donde concluyeron, que para apaliar los desmontes ilegales y quema de vegetación, entre otras infracciones forestales, realizarán operativos aéreos.
Los agentes colaboran con el traslado de los ingenieros forestales, quienes serían encargados de notar las infracciones para luego ellos mismos dar intervención.
La fiscalización el jueves, sobre la superficie de bosques nativos, fue desde las 6:30 hasta las 14 y abarcó zonas rurales de las localidades de Los Frentones, Pampa del infierno y Taco Pozo, según las distintas coordenadas que brindaría el GPS de la Aeronave.
Finalmente, luego de verificar y controlar desmontes clandestinos, quema de vegetación, constataron diversas infracciones forestales, emprendieron su regreso, nuevamente a la ciudad. Estos operativos se realizarían aproximadamente cada 15 días.
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Biodiésel abierto para el mercado europeo
Biodiésel: la reapertura hacia el mercado europeo podría generar divisas a la Argentina por casi 1.000 millones de dólares
Fecha de Publicación: 07/02/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Las ventas de biodiésel a Europa permitirían generar divisas por casi 1.000 millones de dólares anuales y reactivar las plantas oleaginosas que están totalmente paradas principalmente en el Gran Rosario.
Con los envíos hacia Europa se podría utilizar hasta el 50% de la capacidad instalada de las aceiteras, sector que aún tiene esperanzas en lograr un acuerdo similar con Estados Unidos y obtener un mayor nicho de ventas.
Así lo expresó, en diálogo con Infobae, Víctor Castro, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), quien estimó que de cumplirse con los plazos administrativos por parte de la Comisión Europea, “esperamos que a principios de marzo próximo podamos estar en condiciones de llevar adelante los primeros envíos”.
“La industria de exportación de biodiésel está totalmente parada, por las restricciones que regían por parte de Europa, y ahora con la posibilidad de comercializar 1,2 millón de toneladas -según lo acordado con Bruselas para el 2019-, se estaría trabajando por debajo del 50% de la capacidad de producción que tienen las firmas oleaginosas que se dedican a la exportación de biocombustible, siendo estas las grandes empresas que se integran con la molienda”, explicó Castro.
Además, explicó el referente de CARBIO: “Podríamos trabajar perfectamente para abastecer al mercado interno y sustituir importaciones, ya que en noviembre pasado se importaron más de 3 millones de metros cúbicos de gasoil en Argentina, cuando la industria aceitera tiene sobrada capacidad para obtener un biodiésel que permita reemplazar esta importación y además generando industrialización del aceite y la atracción que propone la harina proteica. Por otra parte, la capacidad de dar trabajo argentino”.
Un camino a seguir también con Estados Unidos
Desde el sector privado, tal como admitió Castro, se tiene muy en cuenta el acuerdo cerrado con la Unión Europea para replicar también en el marco de las gestiones abiertas con Estados Unidos. “Se sigue buscando este tipo de alternativas y vías de negociación bilateral para poder tener acceso externo. Esperamos repetir algún esquema similar con Estados Unidos, aunque no hay nada establecido como línea de trabajo en ese sentido”.
Desde la entidad empresaria, se ponderó el trabajo realizado por la Cancillería argentina ante Bruselas, ya que en el marco del acuerdo establecido se fijaron aranceles reducidos del 6,5% para el biodiésel argentino, topes exportables y precios mínimos competitivos para los envíos locales. Sin duda, dicho arancel estará muy lejos de los derechos compensatorios del 25 al 33,4% que planteaba imponer Europa. Los envíos acordados podrán además contar con un tope de incremento del 2% anual para las ventas realizadas para los próximos cinco años. Esto representaría un negocio que rondaría entre los 900 a 1.000 millones de dólares anuales.
Según Víctor Castro, “se pudo llegar a una suerte de acuerdo que pondrá un marco de referencia para poder ingresar con exportaciones de biodiésel argentino a Europa y así evitar medidas injustificadas, que se querían colocar en base a subsidios tal como denunciada Bruselas. No es lo ideal pero las reglas de juego proponen esta alternativa: restringidos en volumen y precio mínimo pero con un horizonte para poder ingresar a este bloque”.
Para la adopción de un oportuno esquema de precios para el biodiésel argentino que ingrese a Europa en los próximos meses, desde CARBIO se indicó que se deberán tomar “una referencia de precios internacionales, un cálculo que saldrá de una evaluación de los costos, siendo estos mecanismos que se autogestiones y para los cuales la Comisión Europea cuenta con procedimientos administrativos adoptados con otros países y productos”.
“Los precios mínimos que se impongan no serán tan restrictivos como un arancel, se necesitará establecer algo que sea viable para ambas partes y no sea solo una mera declaración de intenciones. Ahora esperemos poder estar operativos para principios de marzo, es decir lo antes posible, ya que todo depende de los términos administrativos de la Comisión Europea”, cerró Castro.
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Fecha de Publicación: 07/02/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Las ventas de biodiésel a Europa permitirían generar divisas por casi 1.000 millones de dólares anuales y reactivar las plantas oleaginosas que están totalmente paradas principalmente en el Gran Rosario.
Con los envíos hacia Europa se podría utilizar hasta el 50% de la capacidad instalada de las aceiteras, sector que aún tiene esperanzas en lograr un acuerdo similar con Estados Unidos y obtener un mayor nicho de ventas.
Así lo expresó, en diálogo con Infobae, Víctor Castro, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), quien estimó que de cumplirse con los plazos administrativos por parte de la Comisión Europea, “esperamos que a principios de marzo próximo podamos estar en condiciones de llevar adelante los primeros envíos”.
“La industria de exportación de biodiésel está totalmente parada, por las restricciones que regían por parte de Europa, y ahora con la posibilidad de comercializar 1,2 millón de toneladas -según lo acordado con Bruselas para el 2019-, se estaría trabajando por debajo del 50% de la capacidad de producción que tienen las firmas oleaginosas que se dedican a la exportación de biocombustible, siendo estas las grandes empresas que se integran con la molienda”, explicó Castro.
Además, explicó el referente de CARBIO: “Podríamos trabajar perfectamente para abastecer al mercado interno y sustituir importaciones, ya que en noviembre pasado se importaron más de 3 millones de metros cúbicos de gasoil en Argentina, cuando la industria aceitera tiene sobrada capacidad para obtener un biodiésel que permita reemplazar esta importación y además generando industrialización del aceite y la atracción que propone la harina proteica. Por otra parte, la capacidad de dar trabajo argentino”.
Un camino a seguir también con Estados Unidos
Desde el sector privado, tal como admitió Castro, se tiene muy en cuenta el acuerdo cerrado con la Unión Europea para replicar también en el marco de las gestiones abiertas con Estados Unidos. “Se sigue buscando este tipo de alternativas y vías de negociación bilateral para poder tener acceso externo. Esperamos repetir algún esquema similar con Estados Unidos, aunque no hay nada establecido como línea de trabajo en ese sentido”.
Desde la entidad empresaria, se ponderó el trabajo realizado por la Cancillería argentina ante Bruselas, ya que en el marco del acuerdo establecido se fijaron aranceles reducidos del 6,5% para el biodiésel argentino, topes exportables y precios mínimos competitivos para los envíos locales. Sin duda, dicho arancel estará muy lejos de los derechos compensatorios del 25 al 33,4% que planteaba imponer Europa. Los envíos acordados podrán además contar con un tope de incremento del 2% anual para las ventas realizadas para los próximos cinco años. Esto representaría un negocio que rondaría entre los 900 a 1.000 millones de dólares anuales.
Según Víctor Castro, “se pudo llegar a una suerte de acuerdo que pondrá un marco de referencia para poder ingresar con exportaciones de biodiésel argentino a Europa y así evitar medidas injustificadas, que se querían colocar en base a subsidios tal como denunciada Bruselas. No es lo ideal pero las reglas de juego proponen esta alternativa: restringidos en volumen y precio mínimo pero con un horizonte para poder ingresar a este bloque”.
Para la adopción de un oportuno esquema de precios para el biodiésel argentino que ingrese a Europa en los próximos meses, desde CARBIO se indicó que se deberán tomar “una referencia de precios internacionales, un cálculo que saldrá de una evaluación de los costos, siendo estos mecanismos que se autogestiones y para los cuales la Comisión Europea cuenta con procedimientos administrativos adoptados con otros países y productos”.
“Los precios mínimos que se impongan no serán tan restrictivos como un arancel, se necesitará establecer algo que sea viable para ambas partes y no sea solo una mera declaración de intenciones. Ahora esperemos poder estar operativos para principios de marzo, es decir lo antes posible, ya que todo depende de los términos administrativos de la Comisión Europea”, cerró Castro.
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La contaminación de Villa Inflamable no es generalizada
“Sin contaminación generalizada”
Fecha de Publicación: 06/02/2019
Fuente: Pagina 12
Provincia/Región: Riachuelo
El informe preliminar del organismo sobre el monitoreo permanente de suelos indica ausencia de contaminación generalizada y de derrames contaminantes. Se tomaron 160 muestras.
El Director de Evaluación de Impacto Ambiental, Social y Económico de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), Carlos Alberto Nadra, adelantó que desde el organismo se está realizando un monitoreo de suelos en Villa Inflamable, y anticipó que los datos preliminares indican la carencia de una contaminación generalizada y de derrames contaminantes en lagunas.
–¿Cuántas muestras se obtuvieron de Villa Inflamable?
–Ciento sesenta muestras de suelo superficial y subsuperficial obtenidas del muestreo de 80 puntos de sondeos, 10 muestras de agua superficial y sedimentos en lagunas, once muestras de agua subterránea de pozo de monitoreo instalados en los acuíferos freáticos.
–¿En qué consiste el estudio de Villa Inflamable?
–Es un estudio de caracterización de Villa Inflamable que comprende cuatro etapas, la primera es el análisis de toda la información que viene realizando Acumar. La segunda es el monitoreo de la zona, del suelo, agua superficial, agua subterránea y polvo atmosférico cubriendo todas las matrices. Eso arrojó que no existe contaminación generalizada, no hay derrames, hay algunos metales pesados, lo que estaría indicando escorias típicas del origen de estos suelos que tuvieron una actividad industrial. También se están evaluando las actividades informales que fueron comprobadas y sobre las cuales se va a trabajar en la etapa 4, como la quema de cables, la reventa de baterías, el desarme y reventa.
–¿Cómo se continuó luego de finalizada la etapa 2?
–Terminada la etapa 2 los resultados dieron muy por debajo de la 8.31 del suelo residencial, que es lo que nos interesa a nosotros. Entonces entramos a la etapa 3 que es lo que llamamos RBCA Tool Kit for Chemical Releases. La traducción es: Acciones Correctivas basadas en el Analisis de Riesgo. Y es un software.
–¿Qué es el índice de “la 8.31” y en qué consiste ese software?
–La 8.31 es el decreto reglamentario de la ley 24051 de residuos peligrosos, del año 2009, que fija los niveles guías para residencial, industrial y agrícola. Arroja los valores, cuáles son las concentraciones máximas permitidas o niveles guías. El software integral está basado en el riesgo de las rutas de exposición: contacto, ingestión, inhalación. Para ello es fundamental contar con antecedentes como los que posee Acumar de control y monitoreo de las diferentes matrices y de relevamiento social y de salud. Se hace el análisis de riesgo a la salud en donde no tiene mucho que ver la concentración de los analitos sino la evaluación de la exposición. Eso arroja un valor de riesgo para la salud que no tiene que ver con la concentración del analito sino con la vía de exposición, cuánto tiempo y de qué forma está expuesta la persona a ese analito.
–¿Qué es un analito?
–En química analito es un componente de interés. Puede ser un elemento, un compuesto o un ion. Por ejemplo, cuando decimos que hallamos cobre en suelo decimos que el analito Cobre se encontró presente en tal concentración.
–La Corte había definido en 2008 la relocalización de las personas que viven en Villa Inflamable, ¿tiene conocimiento en qué instancias está eso?
–Esa no es mi área sino de la Dirección de Ordenamiento Territorial. Había un grupo de gente que se tenía que relocalizar pero no estaba relacionado en sí a contaminaciones del suelo específicamente. A parte eso es del año 2008 y yo llegué a la Dirección de Impacto Ambiental en el 2017, así que no tengo esa información. Justamente en Villa Inflamable tenés una estación de monitoreo continuo de calidad de aire que lleva más de siete años. También hicimos una caracterización en el Barrio Alianza, un área donde está programada la relocalización, que está al costado de la zona y pidieron, en su momento, que se haga un análisis de suelo. El estudio preliminar que hicimos desde la Dirección que dirijo dio que la totalidad de muestra de suelo, tanto superficiales como subsuperficiales, presentaron concentraciones por debajo de los niveles guías de la 8.31.
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Fecha de Publicación: 06/02/2019
Fuente: Pagina 12
Provincia/Región: Riachuelo
El informe preliminar del organismo sobre el monitoreo permanente de suelos indica ausencia de contaminación generalizada y de derrames contaminantes. Se tomaron 160 muestras.
El Director de Evaluación de Impacto Ambiental, Social y Económico de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), Carlos Alberto Nadra, adelantó que desde el organismo se está realizando un monitoreo de suelos en Villa Inflamable, y anticipó que los datos preliminares indican la carencia de una contaminación generalizada y de derrames contaminantes en lagunas.
–¿Cuántas muestras se obtuvieron de Villa Inflamable?
–Ciento sesenta muestras de suelo superficial y subsuperficial obtenidas del muestreo de 80 puntos de sondeos, 10 muestras de agua superficial y sedimentos en lagunas, once muestras de agua subterránea de pozo de monitoreo instalados en los acuíferos freáticos.
–¿En qué consiste el estudio de Villa Inflamable?
–Es un estudio de caracterización de Villa Inflamable que comprende cuatro etapas, la primera es el análisis de toda la información que viene realizando Acumar. La segunda es el monitoreo de la zona, del suelo, agua superficial, agua subterránea y polvo atmosférico cubriendo todas las matrices. Eso arrojó que no existe contaminación generalizada, no hay derrames, hay algunos metales pesados, lo que estaría indicando escorias típicas del origen de estos suelos que tuvieron una actividad industrial. También se están evaluando las actividades informales que fueron comprobadas y sobre las cuales se va a trabajar en la etapa 4, como la quema de cables, la reventa de baterías, el desarme y reventa.
–¿Cómo se continuó luego de finalizada la etapa 2?
–Terminada la etapa 2 los resultados dieron muy por debajo de la 8.31 del suelo residencial, que es lo que nos interesa a nosotros. Entonces entramos a la etapa 3 que es lo que llamamos RBCA Tool Kit for Chemical Releases. La traducción es: Acciones Correctivas basadas en el Analisis de Riesgo. Y es un software.
–¿Qué es el índice de “la 8.31” y en qué consiste ese software?
–La 8.31 es el decreto reglamentario de la ley 24051 de residuos peligrosos, del año 2009, que fija los niveles guías para residencial, industrial y agrícola. Arroja los valores, cuáles son las concentraciones máximas permitidas o niveles guías. El software integral está basado en el riesgo de las rutas de exposición: contacto, ingestión, inhalación. Para ello es fundamental contar con antecedentes como los que posee Acumar de control y monitoreo de las diferentes matrices y de relevamiento social y de salud. Se hace el análisis de riesgo a la salud en donde no tiene mucho que ver la concentración de los analitos sino la evaluación de la exposición. Eso arroja un valor de riesgo para la salud que no tiene que ver con la concentración del analito sino con la vía de exposición, cuánto tiempo y de qué forma está expuesta la persona a ese analito.
–¿Qué es un analito?
–En química analito es un componente de interés. Puede ser un elemento, un compuesto o un ion. Por ejemplo, cuando decimos que hallamos cobre en suelo decimos que el analito Cobre se encontró presente en tal concentración.
–La Corte había definido en 2008 la relocalización de las personas que viven en Villa Inflamable, ¿tiene conocimiento en qué instancias está eso?
–Esa no es mi área sino de la Dirección de Ordenamiento Territorial. Había un grupo de gente que se tenía que relocalizar pero no estaba relacionado en sí a contaminaciones del suelo específicamente. A parte eso es del año 2008 y yo llegué a la Dirección de Impacto Ambiental en el 2017, así que no tengo esa información. Justamente en Villa Inflamable tenés una estación de monitoreo continuo de calidad de aire que lleva más de siete años. También hicimos una caracterización en el Barrio Alianza, un área donde está programada la relocalización, que está al costado de la zona y pidieron, en su momento, que se haga un análisis de suelo. El estudio preliminar que hicimos desde la Dirección que dirijo dio que la totalidad de muestra de suelo, tanto superficiales como subsuperficiales, presentaron concentraciones por debajo de los niveles guías de la 8.31.
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Frenan explotación de litio en San Luis
San Luis suspendió la explotación de litio
Fecha de Publicación: 06/02/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: San Luis
El gobierno de la vecina provincia dictó hoy la caducidad de los derechos de explotación de la mina Géminis, que se proponía explotar litio a 8 kilómetros de la localidad de San Francisco y a escasos 600 metros del Río Juan Gómez, distante a 100 kilómetros de la capital puntana. Aduce que no hubo trabajos de exploración o extracción en los últimos cuatro años, y que tampoco el yacimiento posee un estudio de impacto ambiental.
El gobierno de la provincia de San Luis dictó hoy la caducidad de los derechos de explotación de la mina Géminis, que se proponía explotar litio a 8 kilómetros de la localidad de San Francisco y a escasos 600 metros del Río Juan Gómez, distante a 100 kilómetros de la capital puntana.
La Dirección de Minería informó además, a través de un comunicado, que “no hay permiso de explotación del litio en ninguna zona de la provincia”.
En los fundamentos de la decisión consigna que se acreditó que, al menos en los últimos cuatro años, no se realizó ninguna actividad de explotación en el establecimiento ubicado a unos 8 kilómetros de San Francisco.
"Al haber permanecido paralizada sin registrar trabajos de exploración o explotación, el requerimiento de caducidad deviene procedente, registrándose en este caso una inactividad total y continua, del presente yacimiento", afirma el documento oficial.
Pese a la falta de actividad en la mina Géminis, el organismo encargado de regular la minería en la provincia aclaró que no existe declaración de impacto ambiental que apruebe el trabajo de cateo, exploración, ni de explotación de litio en suelo puntano, descartando así cualquier posibilidad de proyectos activos en búsqueda de ese metal.
Según el organismo la política provincial en ese rubro "respeta los mayores estándares ambientales del país" y toda actividad de ese tipo debe adecuarse a la Ley de "Preservación y restauración ambiental del sector minero", que expresa de manera contundente la prohibición del empleo de sustancias tóxicas y contaminantes.
"Toda actividad productiva que se desarrolle en la provincia debe ajustarse dentro del 'Tratado de Paz entre Progreso y Medio Ambiente'. Esto asegura que el crecimiento sea sustentable en el tiempo, que se cuiden los recursos naturales y se brinden más posibilidades a los habitantes de San Luis", indica el comunicado.
En diálogo con la agencia Télam, vecinos autoconvocados de San Francisco festejaron la decisión gubernamental y convocaron a una asamblea extraordinaria, hoy a las 20 horas, para analizar el nuevo escenario.
Uno de los asambleístas, Carlos Camargo, dijo que por ahora mantendrán "las medidas de visibilización diagramadas para el próximo viernes". Entre ellas prevén la ocupación de la media calzada de la ruta 146 en el acceso a la localidad el viernes próximo, de 8 a 20 horas.
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Fecha de Publicación: 06/02/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: San Luis
El gobierno de la vecina provincia dictó hoy la caducidad de los derechos de explotación de la mina Géminis, que se proponía explotar litio a 8 kilómetros de la localidad de San Francisco y a escasos 600 metros del Río Juan Gómez, distante a 100 kilómetros de la capital puntana. Aduce que no hubo trabajos de exploración o extracción en los últimos cuatro años, y que tampoco el yacimiento posee un estudio de impacto ambiental.
El gobierno de la provincia de San Luis dictó hoy la caducidad de los derechos de explotación de la mina Géminis, que se proponía explotar litio a 8 kilómetros de la localidad de San Francisco y a escasos 600 metros del Río Juan Gómez, distante a 100 kilómetros de la capital puntana.
La Dirección de Minería informó además, a través de un comunicado, que “no hay permiso de explotación del litio en ninguna zona de la provincia”.
En los fundamentos de la decisión consigna que se acreditó que, al menos en los últimos cuatro años, no se realizó ninguna actividad de explotación en el establecimiento ubicado a unos 8 kilómetros de San Francisco.
"Al haber permanecido paralizada sin registrar trabajos de exploración o explotación, el requerimiento de caducidad deviene procedente, registrándose en este caso una inactividad total y continua, del presente yacimiento", afirma el documento oficial.
Pese a la falta de actividad en la mina Géminis, el organismo encargado de regular la minería en la provincia aclaró que no existe declaración de impacto ambiental que apruebe el trabajo de cateo, exploración, ni de explotación de litio en suelo puntano, descartando así cualquier posibilidad de proyectos activos en búsqueda de ese metal.
Según el organismo la política provincial en ese rubro "respeta los mayores estándares ambientales del país" y toda actividad de ese tipo debe adecuarse a la Ley de "Preservación y restauración ambiental del sector minero", que expresa de manera contundente la prohibición del empleo de sustancias tóxicas y contaminantes.
"Toda actividad productiva que se desarrolle en la provincia debe ajustarse dentro del 'Tratado de Paz entre Progreso y Medio Ambiente'. Esto asegura que el crecimiento sea sustentable en el tiempo, que se cuiden los recursos naturales y se brinden más posibilidades a los habitantes de San Luis", indica el comunicado.
En diálogo con la agencia Télam, vecinos autoconvocados de San Francisco festejaron la decisión gubernamental y convocaron a una asamblea extraordinaria, hoy a las 20 horas, para analizar el nuevo escenario.
Uno de los asambleístas, Carlos Camargo, dijo que por ahora mantendrán "las medidas de visibilización diagramadas para el próximo viernes". Entre ellas prevén la ocupación de la media calzada de la ruta 146 en el acceso a la localidad el viernes próximo, de 8 a 20 horas.
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Cambiaron las reglas económicas de Vaca Muerta
Techint haría juicio por baja de subsidios en Vaca Muerta
Fecha de Publicación: 06/02/2019
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Nacional
A través de un documento, Tecpetrol -perteneciente al grupo- anunció que revisará su nivel de producción y verá si resulta damnificada por la medida de la Secretaría de Energía
Tcpetrol, empresa perteneciente al grupo Techint, anunció en el día de la víspera que revisará su nivel de producción en Vaca Muerta y se reserva tomar medidas legales, luego de considerarse damnificada por la forma en que el Gobierno Nacional pagará los subsidios en ese yacimiento petrolero.
A través de un comunicado, Tecpetrol informó que la Secretaría de Energía “decidió modificar el criterio de cálculo correspondiente a los pagos de las compensaciones económicas previstas en la Resolución 46/2017”, para el desarrollo de Vaca Muerta.
Según la compañía, el Estado impuso “un límite” al pago de las compensaciones “en función de volúmenes de producción estimados inicialmente por esta empresa en su presentación de agosto de 2017 y no acorde con el total de la producción del área, tal como había sido pautado originalmente”.
Este cambio implica “hasta septiembre 2018 un menor pago de $ 1.994 millones y, si se mantuviera para todo el 2018, el impacto total del año ascendería a $ 5.655 millones”.
Tecpetrol le comunicó a la Comisión Nacional de Valores que la Sociedad “y sus asesores legales no encuentran sustento jurídico al criterio que actualmente adopta la Secretaría de Gobierno de Energía, por lo cual hace expresa reserva de sus derechos, y se encuentra analizando los cursos de acción a seguir”.
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Fecha de Publicación: 06/02/2019
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Nacional
A través de un documento, Tecpetrol -perteneciente al grupo- anunció que revisará su nivel de producción y verá si resulta damnificada por la medida de la Secretaría de Energía
Tcpetrol, empresa perteneciente al grupo Techint, anunció en el día de la víspera que revisará su nivel de producción en Vaca Muerta y se reserva tomar medidas legales, luego de considerarse damnificada por la forma en que el Gobierno Nacional pagará los subsidios en ese yacimiento petrolero.
A través de un comunicado, Tecpetrol informó que la Secretaría de Energía “decidió modificar el criterio de cálculo correspondiente a los pagos de las compensaciones económicas previstas en la Resolución 46/2017”, para el desarrollo de Vaca Muerta.
Según la compañía, el Estado impuso “un límite” al pago de las compensaciones “en función de volúmenes de producción estimados inicialmente por esta empresa en su presentación de agosto de 2017 y no acorde con el total de la producción del área, tal como había sido pautado originalmente”.
Este cambio implica “hasta septiembre 2018 un menor pago de $ 1.994 millones y, si se mantuviera para todo el 2018, el impacto total del año ascendería a $ 5.655 millones”.
Tecpetrol le comunicó a la Comisión Nacional de Valores que la Sociedad “y sus asesores legales no encuentran sustento jurídico al criterio que actualmente adopta la Secretaría de Gobierno de Energía, por lo cual hace expresa reserva de sus derechos, y se encuentra analizando los cursos de acción a seguir”.
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