Advierten de la calidad del aire en Capital Federal
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Eco Sitio |
Advierten que la contaminación del aire en la Ciudad es muy alta
Fecha de Publicación: 06/09/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: CABA
Un relevamiento señaló que supera los parámetros internacionales. Otro informe de la OMS ya había marcado lo mismo. El Gobierno porteño afirma que se cumplen con los límites oficiales. El tránsito y la falta de espacios verdes, las principales causas.
En ocasiones, cuando pasamos mucho tiempo en un espacio cerrado puede invadirnos cierta sensación de asfixia. En la mayoría de los casos el alivio viene de la mano de una acción lógica: "salir a tomar aire". Si bien ese contacto con el afuera supone un bienestar inmediato, en ciudades como Buenos Aires los efectos a largo plazo podrían resultar todo lo contrario. Un reciente informe volvió a traer al primer plano la discusión sobre la contaminación del aire en la Ciudad, que sigue superando los parámetros saludables.
Así lo demuestra un relevamiento elaborado por Greenpeace. El muestreo se llevó a cabo en 20 puntos de Capital, donde hay nueve escuelas primarias, ocho jardines maternales y tres hospitales pediátricos. De marzo a julio pasado, por un período de tres días y en un rango de 12 horas, se midió el nivel de exposición a la materia particulada 2.5 (PM 2.5), uno de los tóxicos provenientes de la polución del aire que genera la quema de combustibles fósiles y del gasoil.
Según los índices, en barrios como Balvanera el "límite seguro" se llega a superar por un 356%, mientras que en Caballito, donde los efectos no son tan marcados, está un 80% por encima.
Otro de los materiales que se tuvo en cuenta para el informe es el dióxido de nitrógeno (NO2), también presente en el aire porteño en valores poco recomendables. “El 31% de todas las mediciones de NO2 violan los límites de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y peor aún sucede con el caso del PM2.5, materia que podemos considerar venenosa por sus graves efectos a la salud y que en el 72% de las mediciones superó los límites”, resumió Ingo Boltz, coordinador de la campaña que llevó a cabo la ONG ambientalista. Para el trabajo se utilizaron unos dispositivos traídos de la Universidad de Exeter, en Inglaterra, donde Greenpeace tiene un laboratorio propio.
La OMS establece el límite de exposición diaria a PM 2.5 en 25 ?micrómetros por metro cúbico. Durante el estudio, en cambio, el se encontró por ejemplo que en los alrededores de la Escuela Infantil N°5 del Distrito Escolar 2, donde también funciona la primaria N°16 Presidente Mitre, en Balvanera, presenta la cifra más alta en este sentido: 35.6 ?micrómetros.
La propia OMS había advertido sobre la polución en Buenos Aires. Hace dos años, en el marco de un relevamiento en 3.000 ciudades y usando las propias estadísticas oficiales, denunció que el aire tiene un 30% más de componentes nocivos que lo tolerado.
Entre los efectos nocivos para la salud por inhalación continua de PM2.5 se encuentran enfermedades respiratorias como el asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), cáncer, enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares (ACV).
Una de las discusiones tiene que ver con los controles que se hacen para ver cómo está la polución en la Capital Federal. En Greenpeace afirman que las estaciones de medición del Gobierno porteño son insuficientes y que debería haber al menos diez, como en otras ciudades comparables.
Desde el Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño, del que depende la Agencia de Protección Ambiental (APRA) a cargo de las mediciones, responden: "Contamos con cuatro estaciones de calidad de aire, en La Boca, avenida Córdoba y Rodríguez Peña, Parque Centenario y en Villa Lugano. Los valores registrados de calidad de aire cumplen con los límites establecidos por la normativa local, la que a su vez está en línea con lo exigido por la agencia ambiental de Estados Unidos", afirman.
El tema es que esos límites son un poco más tolerantes que los de la OMS. Y además en la Ciudad las mediciones son distintas: en los controles porteños aún no se sigue el PM2.5, justamente uno de los parámetros cuestionados. "Actualmente APRA cuenta con tres equipos con los que se comenzó a medir PM 2.5, y que están siendo sometidos a procesos de validación para que puedan arrojar un diagnóstico certero", explicaron en el ministerio.
La quema de combustibles por el alto tránsito vehicular es uno de los principales contaminantes del aire que respiran los porteños. Del otro lado, la escasez de espacios verdes suficientes impide una mejor oxigenación.
"Cualquier plan de acción tiene que ser gradual pero constante. No se trata de sacar de circulación todos los camiones o colectivos, pero eliminar sólo el 20% ya haría una diferencia sustancial. También se puede transformar parte de la flota del transporte público a otras tecnologías. Por ejemplo, las unidades que circulan por los carriles de Metrobuses podrían ser eléctricas", menciona Damián Bikiel, investigador y miembro del Instituto de Química, Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (INQUIMAE) del Conicet.
La suma de nuevas construcciones, muchas de ellas en altura, es otra de las cuestiones. "Buenos Aires es una ciudad con una densidad de espacios verdes bajísima, por debajo de lo recomendado por la OMS. La pérdida de estos espacios o su planificación incorrecta tiene grandes efectos negativos en la calidad de aire. En forma similar, la capacidad de ventilación de la ciudad depende de la altura y densidad de sus construcciones, aumentar las fuentes y disminuir la capacidad de autolimpieza de la atmósfera no es la forma para reducir la contaminación", afirma Bikiel.
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Fecha de Publicación: 06/09/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: CABA
Un relevamiento señaló que supera los parámetros internacionales. Otro informe de la OMS ya había marcado lo mismo. El Gobierno porteño afirma que se cumplen con los límites oficiales. El tránsito y la falta de espacios verdes, las principales causas.
En ocasiones, cuando pasamos mucho tiempo en un espacio cerrado puede invadirnos cierta sensación de asfixia. En la mayoría de los casos el alivio viene de la mano de una acción lógica: "salir a tomar aire". Si bien ese contacto con el afuera supone un bienestar inmediato, en ciudades como Buenos Aires los efectos a largo plazo podrían resultar todo lo contrario. Un reciente informe volvió a traer al primer plano la discusión sobre la contaminación del aire en la Ciudad, que sigue superando los parámetros saludables.
Así lo demuestra un relevamiento elaborado por Greenpeace. El muestreo se llevó a cabo en 20 puntos de Capital, donde hay nueve escuelas primarias, ocho jardines maternales y tres hospitales pediátricos. De marzo a julio pasado, por un período de tres días y en un rango de 12 horas, se midió el nivel de exposición a la materia particulada 2.5 (PM 2.5), uno de los tóxicos provenientes de la polución del aire que genera la quema de combustibles fósiles y del gasoil.
Según los índices, en barrios como Balvanera el "límite seguro" se llega a superar por un 356%, mientras que en Caballito, donde los efectos no son tan marcados, está un 80% por encima.
Otro de los materiales que se tuvo en cuenta para el informe es el dióxido de nitrógeno (NO2), también presente en el aire porteño en valores poco recomendables. “El 31% de todas las mediciones de NO2 violan los límites de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y peor aún sucede con el caso del PM2.5, materia que podemos considerar venenosa por sus graves efectos a la salud y que en el 72% de las mediciones superó los límites”, resumió Ingo Boltz, coordinador de la campaña que llevó a cabo la ONG ambientalista. Para el trabajo se utilizaron unos dispositivos traídos de la Universidad de Exeter, en Inglaterra, donde Greenpeace tiene un laboratorio propio.
La OMS establece el límite de exposición diaria a PM 2.5 en 25 ?micrómetros por metro cúbico. Durante el estudio, en cambio, el se encontró por ejemplo que en los alrededores de la Escuela Infantil N°5 del Distrito Escolar 2, donde también funciona la primaria N°16 Presidente Mitre, en Balvanera, presenta la cifra más alta en este sentido: 35.6 ?micrómetros.
La propia OMS había advertido sobre la polución en Buenos Aires. Hace dos años, en el marco de un relevamiento en 3.000 ciudades y usando las propias estadísticas oficiales, denunció que el aire tiene un 30% más de componentes nocivos que lo tolerado.
Entre los efectos nocivos para la salud por inhalación continua de PM2.5 se encuentran enfermedades respiratorias como el asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), cáncer, enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares (ACV).
Una de las discusiones tiene que ver con los controles que se hacen para ver cómo está la polución en la Capital Federal. En Greenpeace afirman que las estaciones de medición del Gobierno porteño son insuficientes y que debería haber al menos diez, como en otras ciudades comparables.
Desde el Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño, del que depende la Agencia de Protección Ambiental (APRA) a cargo de las mediciones, responden: "Contamos con cuatro estaciones de calidad de aire, en La Boca, avenida Córdoba y Rodríguez Peña, Parque Centenario y en Villa Lugano. Los valores registrados de calidad de aire cumplen con los límites establecidos por la normativa local, la que a su vez está en línea con lo exigido por la agencia ambiental de Estados Unidos", afirman.
El tema es que esos límites son un poco más tolerantes que los de la OMS. Y además en la Ciudad las mediciones son distintas: en los controles porteños aún no se sigue el PM2.5, justamente uno de los parámetros cuestionados. "Actualmente APRA cuenta con tres equipos con los que se comenzó a medir PM 2.5, y que están siendo sometidos a procesos de validación para que puedan arrojar un diagnóstico certero", explicaron en el ministerio.
La quema de combustibles por el alto tránsito vehicular es uno de los principales contaminantes del aire que respiran los porteños. Del otro lado, la escasez de espacios verdes suficientes impide una mejor oxigenación.
"Cualquier plan de acción tiene que ser gradual pero constante. No se trata de sacar de circulación todos los camiones o colectivos, pero eliminar sólo el 20% ya haría una diferencia sustancial. También se puede transformar parte de la flota del transporte público a otras tecnologías. Por ejemplo, las unidades que circulan por los carriles de Metrobuses podrían ser eléctricas", menciona Damián Bikiel, investigador y miembro del Instituto de Química, Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (INQUIMAE) del Conicet.
La suma de nuevas construcciones, muchas de ellas en altura, es otra de las cuestiones. "Buenos Aires es una ciudad con una densidad de espacios verdes bajísima, por debajo de lo recomendado por la OMS. La pérdida de estos espacios o su planificación incorrecta tiene grandes efectos negativos en la calidad de aire. En forma similar, la capacidad de ventilación de la ciudad depende de la altura y densidad de sus construcciones, aumentar las fuentes y disminuir la capacidad de autolimpieza de la atmósfera no es la forma para reducir la contaminación", afirma Bikiel.
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Misiones: autoridades sancionan el desmonte cuestionado
Ecología sancionó por apeo ilegal que afectó a comunidad mbya
Fecha de Publicación: 06/09/2018
Fuente: El Territorio (Misiones)
Provincia/Región: Misiones
El Ministerio de Ecología de Misiones dio inicio a un sumario administrativo para determinar responsabilidades por la realización de tareas de apeo selectivo de árboles nativos en inmediaciones a la comunidad mbya conocida como Arroyo 9. La inspección de Ecología se concretó en el lote del municipio de San Vicente.
Por lo informado por Ecología, la comisión procedió a entrevistarse con el cacique de la comunidad, Nicasio Casimiro Fernández, quien informó de la situación que se está produciendo a partir de las tareas de aprovechamiento en el lote.
“Luego se procedió a recorrer en compañía del cacique las zonas del lote que fueron afectadas por trabajos realizados por el personal del obraje, en violación de las reglamentaciones vigentes”.
Por lo informado desde Ecología, “se constató la realización de un empuje del monte, abriendo caminos, operación que significó el ingreso de maquinaria hasta escasos metros de las viviendas de los miembros de la comunidad mbya”.
Además, añadieron que “la extracción de madera significó el tránsito de las máquinas a escasos 20 metros de las vertientes de agua, sin respetar el radio de 50 metros al punto de la vertiente, necesario para conservar el recurso, conforme lo prevé la Ley de Bosques Protectores y Fajas Ecológicas”.
Consignaron además que el plan de aprovechamiento se encuentra suspendido por el Ministerio de Ecología y se dio inicio al sumario administrativo para determinar las responsabilidades.
La comisión estuvo integrada por el equipo de profesionales de la Dirección de Control Forestal, apoyados por guardaparques del Ministerio de Ecología, junto al responsable técnico del plan de aprovechamiento y personal técnico perteneciente a la delegación de San Vicente.
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Fecha de Publicación: 06/09/2018
Fuente: El Territorio (Misiones)
Provincia/Región: Misiones
El Ministerio de Ecología de Misiones dio inicio a un sumario administrativo para determinar responsabilidades por la realización de tareas de apeo selectivo de árboles nativos en inmediaciones a la comunidad mbya conocida como Arroyo 9. La inspección de Ecología se concretó en el lote del municipio de San Vicente.
Por lo informado por Ecología, la comisión procedió a entrevistarse con el cacique de la comunidad, Nicasio Casimiro Fernández, quien informó de la situación que se está produciendo a partir de las tareas de aprovechamiento en el lote.
“Luego se procedió a recorrer en compañía del cacique las zonas del lote que fueron afectadas por trabajos realizados por el personal del obraje, en violación de las reglamentaciones vigentes”.
Por lo informado desde Ecología, “se constató la realización de un empuje del monte, abriendo caminos, operación que significó el ingreso de maquinaria hasta escasos metros de las viviendas de los miembros de la comunidad mbya”.
Además, añadieron que “la extracción de madera significó el tránsito de las máquinas a escasos 20 metros de las vertientes de agua, sin respetar el radio de 50 metros al punto de la vertiente, necesario para conservar el recurso, conforme lo prevé la Ley de Bosques Protectores y Fajas Ecológicas”.
Consignaron además que el plan de aprovechamiento se encuentra suspendido por el Ministerio de Ecología y se dio inicio al sumario administrativo para determinar las responsabilidades.
La comisión estuvo integrada por el equipo de profesionales de la Dirección de Control Forestal, apoyados por guardaparques del Ministerio de Ecología, junto al responsable técnico del plan de aprovechamiento y personal técnico perteneciente a la delegación de San Vicente.
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Justicia de Santa Fe ordena control de agrotóxicos en verduras
La justicia ordenó que se controlen agroquímicos en frutas y verduras
Fecha de Publicación: 06/09/2018
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Lo dictaminó una jueza federal de Rosario. Un estudio realizado hace un año mostró niveles por encima de lo tolerado y mezclas no autorizadas
La justicia federal de Rosario ordenó al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) que realice al menos seis inspecciones y veinticuatro monitoreos anuales en las frutas, verduras y hortalizas que se comercializan en la ciudad. La decisión llegó después de que estudios encargados el año pasado por el abogado ambientalista Enrique Augusto Zárate detectaran hasta 11 agroquímicos en el 75% de las muestras analizadas. Entre los productos había químicos prohibidos en Argentina, dosis mayores a las permitidas y mezclas no autorizadas.
Así lo resolvió el miércoles pasado la jueza Sylvia Aramberri, titular del Juzgado Federal Nº 2 de Rosario, quien hizo lugar a la acción de amparo ambiental presentada por Zárate en junio del año pasado y le ordenó al Senasa que ponga la lupa sobre los alimentos que realizan tráfico federal y que se comercializan en los mercados de Concentración de Fisherton y en el de Productores.
También le exigió a ese organismo que informe los resultados de sus monitoreos "a los fines de su contralor por la parte de la actora y la ciudadanía en general, en cumplimiento de las disposiciones de la ley de acceso a la información pública nº 27.275".
Según detalló (en una nota publicada por este diario el 24 de julio de 2017) el propio Zárate, tras analizar muestras de rúcula, pimiento, lechuga, apio, tomate, puerro, espinaca, zanahoria, frutilla y manzana tomadas en dos verdulerías (una del centro y otra de zona norte) se detectó la presencia de agroquímicos en el 75 por ciento de los productos.
En esa paleta de químicos encontrados en los alimentos había de todo: algunos prohibidos total o parcialmente por la ley argentina; otros tolerados en Argentina pero prohibidos en otros países; otros cuyas mezclas no han sido estudiadas debidamente, y otros tolerados en el país pero aplicados en mayores dosis a las establecidas por el propio Senasa.
La jueza constató esos análisis y en base a eso concluyó que tanto las inspecciones como los monitoreos efectuados por Senasa dentro del Plan de Control de Residuos e Higiene de Alimentos de Origen Vegetal (CREHA Vegetal), "en cuanto a su periodicidad carecían de representatividad, atento la gran cantidad de productores que operan en la jurisdicción".
Sólo dos
Para ilustrar la falta de periodicidad, el fallo explicita que durante el año 2016 se efectuaron inspecciones en Rosario "solamente en dos meses del año, octubre y noviembre, y sobre seis muestras de vegetales".
Para Aramberri, esa conducta omisiva del organismo encargado de fiscalizar el buen estado de los alimentos es "reprochable", ya que no brinda un "acabado y veraz cumplimiento a su deber de control y fiscalización de los vegetales provenientes del tráfico federal en forma regular, oportuna y continua para evitar la producción y comercialización de vegetales contaminados por plaguicidas en valores por encima de los límites máximos permitidos, y evitar el riesgo a la salud del consumidor".
Al mismo tiempo, recuerda que la responsabilidad del Senasa se circunscribe al control y fiscalización de la producción y acopio de los productos de origen vegetal que realicen tráfico federal, mientras que la calidad de las frutas y verduras de producción santafesina se encuentra bajo la responsabilidad de las autoridades sanitarias provinciales y municipales.
Fecha de Publicación: 06/09/2018
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Lo dictaminó una jueza federal de Rosario. Un estudio realizado hace un año mostró niveles por encima de lo tolerado y mezclas no autorizadas
La justicia federal de Rosario ordenó al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) que realice al menos seis inspecciones y veinticuatro monitoreos anuales en las frutas, verduras y hortalizas que se comercializan en la ciudad. La decisión llegó después de que estudios encargados el año pasado por el abogado ambientalista Enrique Augusto Zárate detectaran hasta 11 agroquímicos en el 75% de las muestras analizadas. Entre los productos había químicos prohibidos en Argentina, dosis mayores a las permitidas y mezclas no autorizadas.
Así lo resolvió el miércoles pasado la jueza Sylvia Aramberri, titular del Juzgado Federal Nº 2 de Rosario, quien hizo lugar a la acción de amparo ambiental presentada por Zárate en junio del año pasado y le ordenó al Senasa que ponga la lupa sobre los alimentos que realizan tráfico federal y que se comercializan en los mercados de Concentración de Fisherton y en el de Productores.
También le exigió a ese organismo que informe los resultados de sus monitoreos "a los fines de su contralor por la parte de la actora y la ciudadanía en general, en cumplimiento de las disposiciones de la ley de acceso a la información pública nº 27.275".
Según detalló (en una nota publicada por este diario el 24 de julio de 2017) el propio Zárate, tras analizar muestras de rúcula, pimiento, lechuga, apio, tomate, puerro, espinaca, zanahoria, frutilla y manzana tomadas en dos verdulerías (una del centro y otra de zona norte) se detectó la presencia de agroquímicos en el 75 por ciento de los productos.
En esa paleta de químicos encontrados en los alimentos había de todo: algunos prohibidos total o parcialmente por la ley argentina; otros tolerados en Argentina pero prohibidos en otros países; otros cuyas mezclas no han sido estudiadas debidamente, y otros tolerados en el país pero aplicados en mayores dosis a las establecidas por el propio Senasa.
La jueza constató esos análisis y en base a eso concluyó que tanto las inspecciones como los monitoreos efectuados por Senasa dentro del Plan de Control de Residuos e Higiene de Alimentos de Origen Vegetal (CREHA Vegetal), "en cuanto a su periodicidad carecían de representatividad, atento la gran cantidad de productores que operan en la jurisdicción".
Sólo dos
Para ilustrar la falta de periodicidad, el fallo explicita que durante el año 2016 se efectuaron inspecciones en Rosario "solamente en dos meses del año, octubre y noviembre, y sobre seis muestras de vegetales".
Para Aramberri, esa conducta omisiva del organismo encargado de fiscalizar el buen estado de los alimentos es "reprochable", ya que no brinda un "acabado y veraz cumplimiento a su deber de control y fiscalización de los vegetales provenientes del tráfico federal en forma regular, oportuna y continua para evitar la producción y comercialización de vegetales contaminados por plaguicidas en valores por encima de los límites máximos permitidos, y evitar el riesgo a la salud del consumidor".
Al mismo tiempo, recuerda que la responsabilidad del Senasa se circunscribe al control y fiscalización de la producción y acopio de los productos de origen vegetal que realicen tráfico federal, mientras que la calidad de las frutas y verduras de producción santafesina se encuentra bajo la responsabilidad de las autoridades sanitarias provinciales y municipales.
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Santa Fe se sumó a la ola del anti-glifosato
Otro revés para el glifosato: ahora Santa Fe vetó el uso y comercialización del herbicida que creó Monsanto
Fecha de Publicación: 05/09/2018
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Santa Fe
El rechazo al uso del herbicida glifosato sigue multiplicándose entre las ciudades de la Argentina. Tras lo establecido por Rosario, Paraná, Gualeguaychú y Concordia, entre otros centros urbanos, ahora Santa Fe acaba de aprobar una ordenanza que veta la comercialización y el uso dentro del ejido del producto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) vincula con el cáncer.
La normativa, además de fijar la prohibición, establece como obligación que la local Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos municipal genere "medidas alternativas para el control de malezas y plagas, en armonía con el ambiente, la salud humana y los derechos de la naturaleza".
En caso de incumplimiento, la disposición fija sanciones monetarias que, en caso de recurrencias en la falta, puede derivar en la inhabilitación definitiva de "establecimientos, empresas y profesionales responsables".
Esto último alcanza a la actividad de los ingenieros agrónomos, quienes en sintonía con las principales organizaciones del agro han sabido consolidarse, sobre todo en las últimas dos décadas, como los grandes promotores del uso del herbicida.
Respecto del significado de la medida ahora fijada en Santa Fe, referentes como Facundo Viola, integrante de la multisectorial Paren de Fumigarnos, aseguraron ante iProfesional que "la normativa se constituye como una herramienta importante para el resguardo de la salud de los santafecinos ya que prohíbe la venta del biocida en forma minorista".
"Es común ver en la ciudad y su periurbano como los supermercados, las ferreterías y viveros, comercializan el glifosato como 'matayuyo', algo que está normalizado y es de uso común para reducir hierbas en jardines y alrededor de piscinas. Incluso se lo puede conseguir fraccionado de forma irregular y sin etiquetas que adviertan su peligrosidad", detalló el también comunicador.
Viola señaló que la ordenanza tiene un valor simbólico contundente en tanto erradica la utilización del glifosato en la capital de una de las provincias "feudo" de la producción de soja transgénica en la Argentina.
"Mucho se engañó a la población diciendo que el herbicida hasta se podía beber sin consecuencias para la salud. De esa forma se instaló un modelo agroindustrial. Hoy dimos otro paso para librarnos del glifosato, un veneno que mata", concluyó.
El final para el glifosato en Santa Fe llega a tono con la condena a la multinacional Monsanto, creadora del herbicida en 1974, que deberá indemnizar con casi u$s290 millones al jardinero estadounidense Dewayne Johnson tras comprobarse que contrajo cáncer luego efectuar pulverizaciones con la etiqueta RoundUp del plaguicida.
La sanción a la compañía, hoy bajo control accionario de la alemana Bayer, corrió por cuenta de un tribunal de San Francisco. Johnson aplicó glifosato en predios escolares de California entre los años 2012 y 2014.
El dictamen en Norteamérica reabrió la discusión en todo el mundo respecto de la validez de los controles que en su momento derivaron en la habilitación comercial del producto en los Estados Unidos. Sobre esa misma documentación, ahora cuestionada por el fallo, surgió el permiso para el uso y la venta del glifosato en la Argentina.
Plaguicida clave
El glifosato es una pata clave del modelo de producción de soja transgénica en la Argentina, aunque también es determinante para el cultivo de variedades de maíz, algodón y alfalfa manipuladas genéticamente para resistir al agrotóxico.
Hoy, de los casi 400 millones de litros de plaguicidas que se aplican anualmente en la actividad agrícola local en todas sus escalas –a excepción de la alternativa agroecológica–, se estima que 320 millones corresponden a variedades de glifosato.
El glifosato es el principio componente del RoundUp, el herbicida desarrollado por Monsanto de mayor difusión en el agro local aunque, vale aclararlo, en la Argentina también se ofrece bajo marcas como Zamba (comercializado por Nidera), Sulfosato (Syngenta), o Sitrin (Bayer).
La sentencia en San Francisco coincidió con el dictamen de marzo de 2015 de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), vinculada a la OMS, el cual expuso que existe evidencia suficiente para relacionar de este agroquímico con la proliferación del cáncer.
En julio de 2016, un trabajo que lleva la firma de, entre otros, Alicia Ronco -fallecida en noviembre de ese mismo año- y Damián Marino, investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), confirmó que la cuenca del río Paraná, considerada la segunda más importante de Sudamérica detrás de la que comprende al Amazonas y con desembocadura en el Río de la Plata, está altamente contaminada con glifosato o AMPA, metabolito originado de su degradación.
Más ciencia
Un estudio contundente para demostrar la toxicidad del compuesto fue realizado por Andrés Carrasco, un científico que -fallecido en mayo de 2014- llegó a presidir el CONICET y probó que la sustancia produce desde muerte celular hasta malformaciones.
En Francia, investigaciones del científico Gilles-Eric Séralini aportaron nuevos argumentos al trabajo realizado por Carrasco en la Argentina.
“Trabajamos en células de recién nacidos con dosis del producto cien mil veces inferiores a las que cualquier jardinero común está en contacto. El RoundUp programa la muerte de esas células en pocas horas”, indicó el profesional, especialista en biología molecular.
En julio pasado, y tal como publicó iProfesional a modo de primicia, un estudio realizado por científicos del Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM), dependiente de la Universidad de La Plata, develó que las lluvias presentaron recurrentes concentraciones de herbicidas como el glifosato.
Y que la carga máxima cuantificada de agrotóxicos en las precipitaciones locales es hasta 20 veces superior a la registrada en países como Estados Unidos, el territorio con más trayectoria en lo que hace al uso de plaguicidas y el principal promotor mundial del uso de estas sustancias y su aplicación a través de las muy cuestionadas fumigaciones.
En la actualidad, los efectos nocivos sobre la salud humana y el medioambiente en general derivados de la aplicación de glifosato llenan las páginas de más de 800 trabajos científicos independientes desarrollados alrededor del mundo.
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Fecha de Publicación: 05/09/2018
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Santa Fe
El rechazo al uso del herbicida glifosato sigue multiplicándose entre las ciudades de la Argentina. Tras lo establecido por Rosario, Paraná, Gualeguaychú y Concordia, entre otros centros urbanos, ahora Santa Fe acaba de aprobar una ordenanza que veta la comercialización y el uso dentro del ejido del producto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) vincula con el cáncer.
La normativa, además de fijar la prohibición, establece como obligación que la local Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos municipal genere "medidas alternativas para el control de malezas y plagas, en armonía con el ambiente, la salud humana y los derechos de la naturaleza".
En caso de incumplimiento, la disposición fija sanciones monetarias que, en caso de recurrencias en la falta, puede derivar en la inhabilitación definitiva de "establecimientos, empresas y profesionales responsables".
Esto último alcanza a la actividad de los ingenieros agrónomos, quienes en sintonía con las principales organizaciones del agro han sabido consolidarse, sobre todo en las últimas dos décadas, como los grandes promotores del uso del herbicida.
Respecto del significado de la medida ahora fijada en Santa Fe, referentes como Facundo Viola, integrante de la multisectorial Paren de Fumigarnos, aseguraron ante iProfesional que "la normativa se constituye como una herramienta importante para el resguardo de la salud de los santafecinos ya que prohíbe la venta del biocida en forma minorista".
"Es común ver en la ciudad y su periurbano como los supermercados, las ferreterías y viveros, comercializan el glifosato como 'matayuyo', algo que está normalizado y es de uso común para reducir hierbas en jardines y alrededor de piscinas. Incluso se lo puede conseguir fraccionado de forma irregular y sin etiquetas que adviertan su peligrosidad", detalló el también comunicador.
Viola señaló que la ordenanza tiene un valor simbólico contundente en tanto erradica la utilización del glifosato en la capital de una de las provincias "feudo" de la producción de soja transgénica en la Argentina.
"Mucho se engañó a la población diciendo que el herbicida hasta se podía beber sin consecuencias para la salud. De esa forma se instaló un modelo agroindustrial. Hoy dimos otro paso para librarnos del glifosato, un veneno que mata", concluyó.
El final para el glifosato en Santa Fe llega a tono con la condena a la multinacional Monsanto, creadora del herbicida en 1974, que deberá indemnizar con casi u$s290 millones al jardinero estadounidense Dewayne Johnson tras comprobarse que contrajo cáncer luego efectuar pulverizaciones con la etiqueta RoundUp del plaguicida.
La sanción a la compañía, hoy bajo control accionario de la alemana Bayer, corrió por cuenta de un tribunal de San Francisco. Johnson aplicó glifosato en predios escolares de California entre los años 2012 y 2014.
El dictamen en Norteamérica reabrió la discusión en todo el mundo respecto de la validez de los controles que en su momento derivaron en la habilitación comercial del producto en los Estados Unidos. Sobre esa misma documentación, ahora cuestionada por el fallo, surgió el permiso para el uso y la venta del glifosato en la Argentina.
Plaguicida clave
El glifosato es una pata clave del modelo de producción de soja transgénica en la Argentina, aunque también es determinante para el cultivo de variedades de maíz, algodón y alfalfa manipuladas genéticamente para resistir al agrotóxico.
Hoy, de los casi 400 millones de litros de plaguicidas que se aplican anualmente en la actividad agrícola local en todas sus escalas –a excepción de la alternativa agroecológica–, se estima que 320 millones corresponden a variedades de glifosato.
El glifosato es el principio componente del RoundUp, el herbicida desarrollado por Monsanto de mayor difusión en el agro local aunque, vale aclararlo, en la Argentina también se ofrece bajo marcas como Zamba (comercializado por Nidera), Sulfosato (Syngenta), o Sitrin (Bayer).
La sentencia en San Francisco coincidió con el dictamen de marzo de 2015 de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), vinculada a la OMS, el cual expuso que existe evidencia suficiente para relacionar de este agroquímico con la proliferación del cáncer.
En julio de 2016, un trabajo que lleva la firma de, entre otros, Alicia Ronco -fallecida en noviembre de ese mismo año- y Damián Marino, investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), confirmó que la cuenca del río Paraná, considerada la segunda más importante de Sudamérica detrás de la que comprende al Amazonas y con desembocadura en el Río de la Plata, está altamente contaminada con glifosato o AMPA, metabolito originado de su degradación.
Más ciencia
Un estudio contundente para demostrar la toxicidad del compuesto fue realizado por Andrés Carrasco, un científico que -fallecido en mayo de 2014- llegó a presidir el CONICET y probó que la sustancia produce desde muerte celular hasta malformaciones.
En Francia, investigaciones del científico Gilles-Eric Séralini aportaron nuevos argumentos al trabajo realizado por Carrasco en la Argentina.
“Trabajamos en células de recién nacidos con dosis del producto cien mil veces inferiores a las que cualquier jardinero común está en contacto. El RoundUp programa la muerte de esas células en pocas horas”, indicó el profesional, especialista en biología molecular.
En julio pasado, y tal como publicó iProfesional a modo de primicia, un estudio realizado por científicos del Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM), dependiente de la Universidad de La Plata, develó que las lluvias presentaron recurrentes concentraciones de herbicidas como el glifosato.
Y que la carga máxima cuantificada de agrotóxicos en las precipitaciones locales es hasta 20 veces superior a la registrada en países como Estados Unidos, el territorio con más trayectoria en lo que hace al uso de plaguicidas y el principal promotor mundial del uso de estas sustancias y su aplicación a través de las muy cuestionadas fumigaciones.
En la actualidad, los efectos nocivos sobre la salud humana y el medioambiente en general derivados de la aplicación de glifosato llenan las páginas de más de 800 trabajos científicos independientes desarrollados alrededor del mundo.
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Ambiente no es más Ministerio
Confirmado: Macri redujo a 10 los Ministerios
Fecha de Publicación: 05/09/2018
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional
Luego de un raid de reuniones con funcionarios y dirigentes de Cambiemos en la Quinta de Olivos durante el último fin de semana, el presidente Mauricio Macri anunció hoy un profundo cambio en su Gabinete, con la eliminación de una docena de ministerios, muchos de los cuales se fusionan con otros y se degradan al nivel de secretarías. Se espera que algunos de los titulares hasta ayer de esas carteras dejen sus cargo.
El Presidente anunció que el Ministerio de Producción, que seguirá a cargo de Dante Sica, absorberá a los de Trabajo y Agroindustria, que bajarán al nivel de secretarías. En esas carteras se mantendrán sus actuales titulares, Jorge Triaca y Luis Miguel Etchevehere, respectivamente.
Asimismo, la jefatura de Gabinete, donde quedó ratificado Marcos Peña, incluirá al actual Ministerio de Modernización. Andrés Ibarra se incorpora como vicejefe, ocupando el rol que hasta ahora tenían Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, eyectados de sus cargos.
Mientras que Nicolás Dujovne seguirá al frente de Hacienda y Finanzas, que ahora se volverá a llamar Economía, pese a que todo el fin de semana se habló de su alejamiento y hasta se filtró que presentó dos veces su renuncia. En ese lugar sonaba la llegada de Carlos Melconian, histórico asesor de Macri en materia económica. Sin embargo, según trascendidos, éste no habría aceptado porque supuestamente no logró concesiones de Macri, que incluían el manejo del Banco Central y la salida de Luis Caputo. En la estructura de Hacienda se sumará Energía, que hoy está a cargo de Javier Iguacel.
Además, desaparecen los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Sergio Bergman) y de Turismo (Gustavo Santos), que ahora dependerán directamente de Presidencia.
Educación, con Alejandro Finocchiaro a la cabeza, sumará a Cultura y Ciencia, cuyos actuales ministros, Pablo Avelluto y Lino Barañao, ahora serán secretarios. En tanto que Seguridad (Patricia Bullrich), Justicia (Germán Garavano) y Defensa (Oscar Aguad) no tendrán cambios. Lo mismo que Interior (Rogelio Frigerio) y Transporte (Guillermo Dietrich).
La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, quedó fortalecida con la incorporación de Salud, que ahora será una secretaría en control de su actual titular, Adolfo Rubinstein.
También se mencionó que Alfonso Prat Gay, exministro Economía, regresaría al Gabinete como canciller, aunque finalmente eso no se concretó. En el cargo seguirá Jorge Faurie.
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Fecha de Publicación: 05/09/2018
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional
Luego de un raid de reuniones con funcionarios y dirigentes de Cambiemos en la Quinta de Olivos durante el último fin de semana, el presidente Mauricio Macri anunció hoy un profundo cambio en su Gabinete, con la eliminación de una docena de ministerios, muchos de los cuales se fusionan con otros y se degradan al nivel de secretarías. Se espera que algunos de los titulares hasta ayer de esas carteras dejen sus cargo.
El Presidente anunció que el Ministerio de Producción, que seguirá a cargo de Dante Sica, absorberá a los de Trabajo y Agroindustria, que bajarán al nivel de secretarías. En esas carteras se mantendrán sus actuales titulares, Jorge Triaca y Luis Miguel Etchevehere, respectivamente.
Asimismo, la jefatura de Gabinete, donde quedó ratificado Marcos Peña, incluirá al actual Ministerio de Modernización. Andrés Ibarra se incorpora como vicejefe, ocupando el rol que hasta ahora tenían Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, eyectados de sus cargos.
Mientras que Nicolás Dujovne seguirá al frente de Hacienda y Finanzas, que ahora se volverá a llamar Economía, pese a que todo el fin de semana se habló de su alejamiento y hasta se filtró que presentó dos veces su renuncia. En ese lugar sonaba la llegada de Carlos Melconian, histórico asesor de Macri en materia económica. Sin embargo, según trascendidos, éste no habría aceptado porque supuestamente no logró concesiones de Macri, que incluían el manejo del Banco Central y la salida de Luis Caputo. En la estructura de Hacienda se sumará Energía, que hoy está a cargo de Javier Iguacel.
Además, desaparecen los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Sergio Bergman) y de Turismo (Gustavo Santos), que ahora dependerán directamente de Presidencia.
Educación, con Alejandro Finocchiaro a la cabeza, sumará a Cultura y Ciencia, cuyos actuales ministros, Pablo Avelluto y Lino Barañao, ahora serán secretarios. En tanto que Seguridad (Patricia Bullrich), Justicia (Germán Garavano) y Defensa (Oscar Aguad) no tendrán cambios. Lo mismo que Interior (Rogelio Frigerio) y Transporte (Guillermo Dietrich).
La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, quedó fortalecida con la incorporación de Salud, que ahora será una secretaría en control de su actual titular, Adolfo Rubinstein.
También se mencionó que Alfonso Prat Gay, exministro Economía, regresaría al Gabinete como canciller, aunque finalmente eso no se concretó. En el cargo seguirá Jorge Faurie.
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Neuquén: ahora el contról de los ríos está en los municipios
Contaminación de los ríos: el control pasa a municipios
Fecha de Publicación: 05/09/2018
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Tras un año de demora, el gobernador Omar Gutiérrez aprobó ayer la letra chica de la ley de alerta hídrico-ambiental. Lo hizo a través de un decreto, en el que responsabilizó a los municipios por el control de la contaminación, así sean vertidos cloacales, pluviales o industriales.
El decreto es el número 1326/18 y reglamenta una ley sancionada en junio del año pasado, luego de sucesivas marchas contra la contaminación de los ríos en la Confluencia. En la reglamentación, Gutiérrez enfatizó que los municipios son “especialmente responsables” de controlar los vertidos a los ríos porque “son los dueños de los servicios que se prestan en sus localidades”, tanto de agua como de cloacas, y manejan los desagües pluviales y aluvionales.
El decreto establece que cada comuna deberá controlar, junto con la concesionaria del servicio cloacal, todos los vuelcos finales “y los vertidos particulares a las redes públicas”.
También tendrán que monitorear sus sistemas pluviales o aluvionales y asegurarse de que no haya una “invasión” de residuos arrastrados por la lluvia en la red cloacal.
Además, los municipios deberán asegurar, “con inspecciones periódicas, que los frentistas de su localidad posean las descargas pluviales de sus predios a terrenos absorbentes o a la cuneta exterior de la vía pública”.
Como si eso fuera poco, deberán controlar a todas las empresas potencialmente contaminantes, como carnicerías, estaciones de servicio, clínicas y lavaderos. Cada tres meses, elevarán un informe sobre este seguimiento a la subsecretaría provincial de Recursos Hídricos.
El decreto remarca que los municipios “no podrán emitir inicio de obra ni convalidar obras ejecutadas ni emitir licencias comerciales” sin una autorización de la empresa que opere la red cloacal o de Recursos Hídricos.
Además, los “propietarios y explotadores” de barrios privados o cualquier establecimiento costero deberán permitir que ingresen inspectores públicos a medir algún posible foco contaminante. En caso de negarse, se podrá entrar con la fuerza pública sin necesidad de orden judicial.
El decreto no incluyó precisiones sobre el fondo para un “plan estratégico de alerta”. Respecto del comité provincial ambiental que creó la ley, establece que los miembros tendrán un año de mandato y se evitará la reelección de los representantes de organizaciones sociales.
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Fecha de Publicación: 05/09/2018
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Tras un año de demora, el gobernador Omar Gutiérrez aprobó ayer la letra chica de la ley de alerta hídrico-ambiental. Lo hizo a través de un decreto, en el que responsabilizó a los municipios por el control de la contaminación, así sean vertidos cloacales, pluviales o industriales.
El decreto es el número 1326/18 y reglamenta una ley sancionada en junio del año pasado, luego de sucesivas marchas contra la contaminación de los ríos en la Confluencia. En la reglamentación, Gutiérrez enfatizó que los municipios son “especialmente responsables” de controlar los vertidos a los ríos porque “son los dueños de los servicios que se prestan en sus localidades”, tanto de agua como de cloacas, y manejan los desagües pluviales y aluvionales.
El decreto establece que cada comuna deberá controlar, junto con la concesionaria del servicio cloacal, todos los vuelcos finales “y los vertidos particulares a las redes públicas”.
También tendrán que monitorear sus sistemas pluviales o aluvionales y asegurarse de que no haya una “invasión” de residuos arrastrados por la lluvia en la red cloacal.
Además, los municipios deberán asegurar, “con inspecciones periódicas, que los frentistas de su localidad posean las descargas pluviales de sus predios a terrenos absorbentes o a la cuneta exterior de la vía pública”.
Como si eso fuera poco, deberán controlar a todas las empresas potencialmente contaminantes, como carnicerías, estaciones de servicio, clínicas y lavaderos. Cada tres meses, elevarán un informe sobre este seguimiento a la subsecretaría provincial de Recursos Hídricos.
El decreto remarca que los municipios “no podrán emitir inicio de obra ni convalidar obras ejecutadas ni emitir licencias comerciales” sin una autorización de la empresa que opere la red cloacal o de Recursos Hídricos.
Además, los “propietarios y explotadores” de barrios privados o cualquier establecimiento costero deberán permitir que ingresen inspectores públicos a medir algún posible foco contaminante. En caso de negarse, se podrá entrar con la fuerza pública sin necesidad de orden judicial.
El decreto no incluyó precisiones sobre el fondo para un “plan estratégico de alerta”. Respecto del comité provincial ambiental que creó la ley, establece que los miembros tendrán un año de mandato y se evitará la reelección de los representantes de organizaciones sociales.
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Grave denuncia de desmonte en Misiones
Frenan desmonte en comunidad Mbya
Fecha de Publicación: 04/09/2018
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones
El Ministerio de Ecología tomó conocimiento de una posible afectación de tierras propiedad de la comunidad guaraní Arroyo 9, en el municipio de San Vicente, y siguiendo instrucciones del ministro Juan Manuel Díaz se procedió a “suspender inmediatamente todas las actividades de aprovechamiento de bosques nativos, realizada por la firma ‘Tschirsch, Pablo Juan y otros’-, habilitada para realizar tareas de aprovechamiento de bosque nativo de su propiedad lindante a dicha comunidad”.
La acción surge luego de la denuncia del cacique Casimiro Nicasio Fernández sobre el accionar de personas ajenas a la comunidad mbya que apeaban y extraían árboles nativos, lo que afecta no sólo a la flora, sino también a los cursos de agua cercanos.
La cartera ecológica comisionó a personal de la Dirección de Control Forestal a fin de constatar posibles desvíos a los lineamientos del Plan de Manejo.
En sintonía, desde Greenpeace exigieron “la detención del desmonte”. Manifestaron su preocupación por el avance de las máquinas, que llegó “hasta pocos metros de sus viviendas. Esto impactó directamente en sus vertientes de agua, obstaculizado el cauce de arroyos y arruinado las posibilidades de desarrollar sus actividades de pesca y caza”.
La comunidad protege 1715 hectáreas, relevadas de acuerdo a la ley 26.160.
Denuncia de tala ilegal involucra a Tschirsch y al ministro Díaz
Fuente: Misiones Cuatro
Nuevamente, el Ministro de Ecología Juan Manuel Díaz se ve involucrado en una denuncia por presunta tala ilegal, esta vez, en un terreno que figura como propiedad del ex vicegobernador Pablo Tschirsch.
Según la denuncia del cacique mbya Casimiro Fernández, de la comunidad conocida como “Arroyo 9” de San Vicente, se está cortando árboles ancestrales de forma ilegal, a metros de la aldea, incumpliéndose con los compromisos asumidos por el cuestionado ministro Díaz, respecto de no permitir tala de bosque nativo, a menos de 1000 metros de las comunidades mbya.
Fernández fue acompañado por el EMIPA (Equipo Misiones de la Pastoral Aborigen) y por un traductor, dado que no sabe hablar castellano. De hecho, es la primera vez que se traslada a Posadas.
“Hay preocupación porque cuando se destruye un árbol, se destruyen las medicinas (dentro de la cosmovisión mbya) que residen ahí. Cuando se corta un árbol, se destruyen los alimentos”, expresó el cacique, en su lengua nativa.
“Nos sentimos atropellados y tristes, no sólo yo sino toda la familia. Queremos que nos escuche toda la sociedad y el Ministerio de Ecología”, expresó el cacique, insistiendo en que unas 11 familias las que residen en esta comunidad.
“Nosotros queremos que nos acompañen para preservar el monte, que es responsabilidad de todos. Y que el responsable (Díaz), se siente a dialogar”, manifestó.
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Fecha de Publicación: 04/09/2018
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones
El Ministerio de Ecología tomó conocimiento de una posible afectación de tierras propiedad de la comunidad guaraní Arroyo 9, en el municipio de San Vicente, y siguiendo instrucciones del ministro Juan Manuel Díaz se procedió a “suspender inmediatamente todas las actividades de aprovechamiento de bosques nativos, realizada por la firma ‘Tschirsch, Pablo Juan y otros’-, habilitada para realizar tareas de aprovechamiento de bosque nativo de su propiedad lindante a dicha comunidad”.
La acción surge luego de la denuncia del cacique Casimiro Nicasio Fernández sobre el accionar de personas ajenas a la comunidad mbya que apeaban y extraían árboles nativos, lo que afecta no sólo a la flora, sino también a los cursos de agua cercanos.
La cartera ecológica comisionó a personal de la Dirección de Control Forestal a fin de constatar posibles desvíos a los lineamientos del Plan de Manejo.
En sintonía, desde Greenpeace exigieron “la detención del desmonte”. Manifestaron su preocupación por el avance de las máquinas, que llegó “hasta pocos metros de sus viviendas. Esto impactó directamente en sus vertientes de agua, obstaculizado el cauce de arroyos y arruinado las posibilidades de desarrollar sus actividades de pesca y caza”.
La comunidad protege 1715 hectáreas, relevadas de acuerdo a la ley 26.160.
Denuncia de tala ilegal involucra a Tschirsch y al ministro Díaz
Fuente: Misiones Cuatro
Nuevamente, el Ministro de Ecología Juan Manuel Díaz se ve involucrado en una denuncia por presunta tala ilegal, esta vez, en un terreno que figura como propiedad del ex vicegobernador Pablo Tschirsch.
Según la denuncia del cacique mbya Casimiro Fernández, de la comunidad conocida como “Arroyo 9” de San Vicente, se está cortando árboles ancestrales de forma ilegal, a metros de la aldea, incumpliéndose con los compromisos asumidos por el cuestionado ministro Díaz, respecto de no permitir tala de bosque nativo, a menos de 1000 metros de las comunidades mbya.
Fernández fue acompañado por el EMIPA (Equipo Misiones de la Pastoral Aborigen) y por un traductor, dado que no sabe hablar castellano. De hecho, es la primera vez que se traslada a Posadas.
“Hay preocupación porque cuando se destruye un árbol, se destruyen las medicinas (dentro de la cosmovisión mbya) que residen ahí. Cuando se corta un árbol, se destruyen los alimentos”, expresó el cacique, en su lengua nativa.
“Nos sentimos atropellados y tristes, no sólo yo sino toda la familia. Queremos que nos escuche toda la sociedad y el Ministerio de Ecología”, expresó el cacique, insistiendo en que unas 11 familias las que residen en esta comunidad.
“Nosotros queremos que nos acompañen para preservar el monte, que es responsabilidad de todos. Y que el responsable (Díaz), se siente a dialogar”, manifestó.
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bosques nativos,
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San Juan instala cámaras para controlar mineras
Instalaron un "Gran Hermano" para controlar Veladero, Pelambres y otros proyectos mineros
Fecha de Publicación: 04/09/2018
Fuente: San Juan 8
Provincia/Región: San Juan
El Ministerio de Minería colocó cinco cámaras panorámicas en lugares estratégicos para tener un constante monitoreo de lo que ocurre en proyectos y escombreras.
Con el afán de controlar lo que ocurre en cada lugar estratégico donde se realizan proyectos mineros y en las escombreras, el Ministerio de Minería colocó cámaras de última generación y con giro de 360°, para llevar adelante un especie de "Gran Hermano" las 24 horas. Las primeras cinco cámaras panorámicas estarán ubicados en el valle de Lixiviación, en Veladero, en la escombrera Cerro Amarillo y en Pelambres. Estas suman un total de 14 cámaras de seguridad para fiscalizar los proyectos.
Según informó el Ministerio de Minería, las cámaras tienen una visión de 360º de alta definición. Producen imágenes en colores de día, con pasaje automático a visión monocromática de noche. Estas cámaras están diseñadas para operar en condiciones climáticas extremas, con un rango de -40 ºC a +60 ºC de temperatura.
La transmisión en vivo de las imágenes se hace a través de un sistema de internet satelital de alta velocidad denominado Banda K. Junto a las cámaras se instalaron estaciones meteorológicas lo que permiten, además, conocer las condiciones climáticas de cada sitio. Las imágenes se visualizan en un monitor de 55 pulgadas ubicado en el Área de Coordinación de Proyectos.
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Fecha de Publicación: 04/09/2018
Fuente: San Juan 8
Provincia/Región: San Juan
El Ministerio de Minería colocó cinco cámaras panorámicas en lugares estratégicos para tener un constante monitoreo de lo que ocurre en proyectos y escombreras.
Con el afán de controlar lo que ocurre en cada lugar estratégico donde se realizan proyectos mineros y en las escombreras, el Ministerio de Minería colocó cámaras de última generación y con giro de 360°, para llevar adelante un especie de "Gran Hermano" las 24 horas. Las primeras cinco cámaras panorámicas estarán ubicados en el valle de Lixiviación, en Veladero, en la escombrera Cerro Amarillo y en Pelambres. Estas suman un total de 14 cámaras de seguridad para fiscalizar los proyectos.
Según informó el Ministerio de Minería, las cámaras tienen una visión de 360º de alta definición. Producen imágenes en colores de día, con pasaje automático a visión monocromática de noche. Estas cámaras están diseñadas para operar en condiciones climáticas extremas, con un rango de -40 ºC a +60 ºC de temperatura.
La transmisión en vivo de las imágenes se hace a través de un sistema de internet satelital de alta velocidad denominado Banda K. Junto a las cámaras se instalaron estaciones meteorológicas lo que permiten, además, conocer las condiciones climáticas de cada sitio. Las imágenes se visualizan en un monitor de 55 pulgadas ubicado en el Área de Coordinación de Proyectos.
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Buscan solucionar el problema de quemas en islas del Litoral
El Concejo busca soluciones para las quemas en las islas
Fecha de Publicación: 04/09/2018
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Litoral
El Concejo estudia solicitar una reunión con el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
El Concejo estudia solicitar una reunión con el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, para buscar "una urgente solución" a los problemas que genera la quema indiscriminada de pastizales en la zona de las islas frente a Rosario, un problema crónico que suele agravarse en época de bajante y hacia el final del invierno, cuando los productores ganaderos "limpian" el terreno de vegetación seca para que crezcan nuevas pasturas.
El proyecto, que cuenta con las firmas de los concejales Osvaldo Miatello (peronismo) y Pablo Javkin (Frente Progresista), fue puesto a consideración y aprobado por la comisión de Ecología y se tratará en el recinto mañana con la idea de acelerar los trámites para que el gobierno nacional se involucre en el problema "debido a los problemas de jurisdicción que resultan de esta problemática".
La solicitud del Concejo se suma a una serie de acciones de la Municipalidad que incluyeron pedidos a la provincia y a la Nación para que intercedan ante el gobierno entrerriano, ya que las quemas afectan a la ciudad pero ocurren en otra provincia, un escenario que complica la toma de decisiones.
A eso se sumó una reunión que tuvo lugar la semana pasada y que agrupó a funcionarios santafesinos, entrerrianos y nacionales con el objetivo de buscar una solución concreta a la problemática.
Ayer, además, la intendenta Mónica Fein instruyó al departamento de Legales del municipio a llevar adelante acciones si persisten los focos de incendio.
Desde hace semanas se multiplican las quemas en el humedal que técnicamente pertenece al municipio de Victoria, ciudad a la cual pertenecen las cerca de 230 mil hectáreas de islas y riachos que se despliegan frente a Rosario.
El humo de esas quemas, que son legales sólo en la medida que tengan autorización previa (y vale recordar que hasta la semana pasada ninguna de las quemas detectadas tenía esa autorización), afecta la salud de los habitantes de Rosario y le suma peligro a los automovilistas que toman la ruta a Victoria, ya que disminuye considerablemente la visibilidad.
Además pone en peligro el ambiente, tanto la flora del lugar como la fauna. Así lo recordaron los concejales, que mencionan en el proyecto que las áreas afectadas son humedales, "ecosistemas de gran importancia en la región, ya que son reguladores de inundaciones, mantienen la calidad de agua y contienen una rica biodiversidad".
También reflotaron el recuerdo de las quemas del 2008, cuando el humo "ocasionó molestias a la población, lo que derivó en protestas por parte de los ciudadanos y cruces entre autoridades de la Municipalidad de Rosario y funcionarios del gobierno entrerriano".
"Aparentemente las quemas se realizan para revitalizar los pastizales y facilitar la actividad agropecuaria, pero las consecuencias afectan a la salud de los rosarinos y provocan falta de visibilidad en la ruta, lo que incrementa las probabilidades de accidentes" se explica.
Los ediles subrayaron que numerosas organizaciones ambientalistas tanto de Santa Fe como de Entre Ríos han manifestado "la necesidad de crear un área protegida en la zona de islas".
Al mismo tiempo destacaron que la ley nacional 26.562 establece en su artículo 3º que "queda prohibida en todo el territorio nacional toda actividad de quema que no cuente con la debida autorización expedida por la autoridad local competente".
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Fecha de Publicación: 04/09/2018
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Litoral
El Concejo estudia solicitar una reunión con el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
El Concejo estudia solicitar una reunión con el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, para buscar "una urgente solución" a los problemas que genera la quema indiscriminada de pastizales en la zona de las islas frente a Rosario, un problema crónico que suele agravarse en época de bajante y hacia el final del invierno, cuando los productores ganaderos "limpian" el terreno de vegetación seca para que crezcan nuevas pasturas.
El proyecto, que cuenta con las firmas de los concejales Osvaldo Miatello (peronismo) y Pablo Javkin (Frente Progresista), fue puesto a consideración y aprobado por la comisión de Ecología y se tratará en el recinto mañana con la idea de acelerar los trámites para que el gobierno nacional se involucre en el problema "debido a los problemas de jurisdicción que resultan de esta problemática".
La solicitud del Concejo se suma a una serie de acciones de la Municipalidad que incluyeron pedidos a la provincia y a la Nación para que intercedan ante el gobierno entrerriano, ya que las quemas afectan a la ciudad pero ocurren en otra provincia, un escenario que complica la toma de decisiones.
A eso se sumó una reunión que tuvo lugar la semana pasada y que agrupó a funcionarios santafesinos, entrerrianos y nacionales con el objetivo de buscar una solución concreta a la problemática.
Ayer, además, la intendenta Mónica Fein instruyó al departamento de Legales del municipio a llevar adelante acciones si persisten los focos de incendio.
Desde hace semanas se multiplican las quemas en el humedal que técnicamente pertenece al municipio de Victoria, ciudad a la cual pertenecen las cerca de 230 mil hectáreas de islas y riachos que se despliegan frente a Rosario.
El humo de esas quemas, que son legales sólo en la medida que tengan autorización previa (y vale recordar que hasta la semana pasada ninguna de las quemas detectadas tenía esa autorización), afecta la salud de los habitantes de Rosario y le suma peligro a los automovilistas que toman la ruta a Victoria, ya que disminuye considerablemente la visibilidad.
Además pone en peligro el ambiente, tanto la flora del lugar como la fauna. Así lo recordaron los concejales, que mencionan en el proyecto que las áreas afectadas son humedales, "ecosistemas de gran importancia en la región, ya que son reguladores de inundaciones, mantienen la calidad de agua y contienen una rica biodiversidad".
También reflotaron el recuerdo de las quemas del 2008, cuando el humo "ocasionó molestias a la población, lo que derivó en protestas por parte de los ciudadanos y cruces entre autoridades de la Municipalidad de Rosario y funcionarios del gobierno entrerriano".
"Aparentemente las quemas se realizan para revitalizar los pastizales y facilitar la actividad agropecuaria, pero las consecuencias afectan a la salud de los rosarinos y provocan falta de visibilidad en la ruta, lo que incrementa las probabilidades de accidentes" se explica.
Los ediles subrayaron que numerosas organizaciones ambientalistas tanto de Santa Fe como de Entre Ríos han manifestado "la necesidad de crear un área protegida en la zona de islas".
Al mismo tiempo destacaron que la ley nacional 26.562 establece en su artículo 3º que "queda prohibida en todo el territorio nacional toda actividad de quema que no cuente con la debida autorización expedida por la autoridad local competente".
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El ibuprofeno resulta un problema en los ecosistemas
El efecto colateral inesperado del ibuprofeno
Fecha de Publicación: 03/09/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El organismo humano sólo metaboliza una pequeña parte de la droga, el resto es expulsado y va a parar a los desagües y aguas superficiales. La presencia de ibuprofeno causa mutaciones en la fauna acuática. Una investigación de la Universidad Nacional de Luján.
En los pasillos del tren se escucha un hombre que vende: “Para la cartera de la dama y el bolsillo de caballero, un infaltable para dolores de cabeza, menstruales, de muela o musculares. Ibuprofeno con fecha de vencimiento al dorso del blíster”. Millones de cajas de ibuprofeno son vendidas año a año en Argentina. El 40 por ciento se compra sin receta, por lo que, probablemente, en muchos casos este consumo sea innecesario. El problema es que no sólo se medica quien tomó la pastilla: mientras el cuerpo sólo metaboliza una pequeña parte de la droga, el resto es expulsado y, por tanto, va a parar a los desagües, a las aguas superficiales y a las especies que habitan ese ecosistema.
Este analgésico está dentro de un grupo de contaminantes denominados emergentes: una serie de productos de uso cotidiano, como son los de limpieza, perfumería y medicamentos, cuyas formulaciones químicas o su combinación con otras sustancias provocan daños sobre el medio ambiente. Además, esos contaminantes pueden tener un riesgo sanitario para los humanos si los sistemas de depuración no alcanzan a retenerlos o inactivarlos y pueden ser reciclados en las redes de distribución de agua potable.
La reglamentación ambiental y sanitaria no los controla porque, hasta ahora, no se han considerado como una amenaza, pero, debido a recientes investigaciones sobre sus efectos, se han empezado a tener en cuenta.
Es así como desde la Universidad Nacional de Luján (UNLu), en el Programama de Ecofisiología Aplicada perteneciente al Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable (Inedes), la doctora Bettina Eissa y el equipo de investigación de ese laboratorio decidieron investigar la presencia de fármacos en los cuerpos de agua, puntualmente del ibuprofeno, y el correspondiente impacto ambiental que generan. ¿Las principales víctimas? Los peces.
La selección del compuesto a estudiar no fue azarosa. Según la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), en 2017 se vendieron unas 34 millones de cajas de ibuprofeno en el país (incluyendo las versiones de venta libre y de venta bajo receta de los 7 productos más vendidos). Ante estas abultadas cifras de consumo, la presencia de ibuprofeno en el agua es mucho más pronunciada que otros compuestos.
“El ibuprofeno tiene una estructura química que no se degrada fácilmente, por lo que, a través de la orina, es eliminado del cuerpo casi igual que como cuando lo consumimos, es decir entre el 30 y el 90 por ciento de las dosis de fármacos ingeridos por humanos son excretados en la orina como sustancias activas”, explica la doctora Eissa.
En el caso de este medicamento, los investigadores han observado que, más allá de lo que proviene de inodoros y lavabos o de su imprudente descarte cuando llegan a la fecha de vencimiento, otra situación preocupante se da en las plantas de depuración de efluentes donde esta droga puede traspasar las barreras de las farmacéuticas y llegar a los cursos de agua sin mayores dificultades.
Si bien el ibuprofeno no es el más tóxico, al tener niveles de consumo tan altos, sus efectos en la fauna acuática ya son visibles. “Según lo observado en nuestros estudios –plantea la investigadora de la UNLu– estos desechos afectan la capacidad de natación de la especie y, por ende, su capacidad de trasladarse, alimentarse e incluso reproducirse”.
Además, en términos reproductivos, se encuentra una proporción poco equitativa entre machos y hembras; hay muchos menos machos. Esta situación es responsabilidad de los anticonceptivos que tienen un alto nivel de estrógeno, desecho también presente en los cursos de agua.
En torno al ibuprofeno, a nivel de genotoxicidad y de comportamiento, hay resultados variables, pero en las madrecitas de agua –la especie analizada, nativa de la fauna pampeana– hay cambios en los comportamientos de cortejo. “Los que eran expuestos a ibuprofeno no tenían intentos de copula, por ende, si esto es verdaderamente así en la naturaleza, se afecta directamente la actividad y estrategia reproductiva de la especie”, alerta Bettina Eissa. “También observamos efectos sobre la natación en las carpas, especie con la que recientemente iniciamos estudios con ibuprofeno”
El consumo incesante de medicamentos es un problema que ya puso en alerta a las máximas autoridades de salud a nivel mundial. Tal vez, parte del desafío sea entender que aquella inocente pastilla, tan a mano en la cartera y en cualquier oficina, no es inocua para el ser humano y mucho menos para el ambiente en el que está inmerso.
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Fecha de Publicación: 03/09/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El organismo humano sólo metaboliza una pequeña parte de la droga, el resto es expulsado y va a parar a los desagües y aguas superficiales. La presencia de ibuprofeno causa mutaciones en la fauna acuática. Una investigación de la Universidad Nacional de Luján.
En los pasillos del tren se escucha un hombre que vende: “Para la cartera de la dama y el bolsillo de caballero, un infaltable para dolores de cabeza, menstruales, de muela o musculares. Ibuprofeno con fecha de vencimiento al dorso del blíster”. Millones de cajas de ibuprofeno son vendidas año a año en Argentina. El 40 por ciento se compra sin receta, por lo que, probablemente, en muchos casos este consumo sea innecesario. El problema es que no sólo se medica quien tomó la pastilla: mientras el cuerpo sólo metaboliza una pequeña parte de la droga, el resto es expulsado y, por tanto, va a parar a los desagües, a las aguas superficiales y a las especies que habitan ese ecosistema.
Este analgésico está dentro de un grupo de contaminantes denominados emergentes: una serie de productos de uso cotidiano, como son los de limpieza, perfumería y medicamentos, cuyas formulaciones químicas o su combinación con otras sustancias provocan daños sobre el medio ambiente. Además, esos contaminantes pueden tener un riesgo sanitario para los humanos si los sistemas de depuración no alcanzan a retenerlos o inactivarlos y pueden ser reciclados en las redes de distribución de agua potable.
La reglamentación ambiental y sanitaria no los controla porque, hasta ahora, no se han considerado como una amenaza, pero, debido a recientes investigaciones sobre sus efectos, se han empezado a tener en cuenta.
Es así como desde la Universidad Nacional de Luján (UNLu), en el Programama de Ecofisiología Aplicada perteneciente al Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable (Inedes), la doctora Bettina Eissa y el equipo de investigación de ese laboratorio decidieron investigar la presencia de fármacos en los cuerpos de agua, puntualmente del ibuprofeno, y el correspondiente impacto ambiental que generan. ¿Las principales víctimas? Los peces.
La selección del compuesto a estudiar no fue azarosa. Según la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), en 2017 se vendieron unas 34 millones de cajas de ibuprofeno en el país (incluyendo las versiones de venta libre y de venta bajo receta de los 7 productos más vendidos). Ante estas abultadas cifras de consumo, la presencia de ibuprofeno en el agua es mucho más pronunciada que otros compuestos.
“El ibuprofeno tiene una estructura química que no se degrada fácilmente, por lo que, a través de la orina, es eliminado del cuerpo casi igual que como cuando lo consumimos, es decir entre el 30 y el 90 por ciento de las dosis de fármacos ingeridos por humanos son excretados en la orina como sustancias activas”, explica la doctora Eissa.
En el caso de este medicamento, los investigadores han observado que, más allá de lo que proviene de inodoros y lavabos o de su imprudente descarte cuando llegan a la fecha de vencimiento, otra situación preocupante se da en las plantas de depuración de efluentes donde esta droga puede traspasar las barreras de las farmacéuticas y llegar a los cursos de agua sin mayores dificultades.
Si bien el ibuprofeno no es el más tóxico, al tener niveles de consumo tan altos, sus efectos en la fauna acuática ya son visibles. “Según lo observado en nuestros estudios –plantea la investigadora de la UNLu– estos desechos afectan la capacidad de natación de la especie y, por ende, su capacidad de trasladarse, alimentarse e incluso reproducirse”.
Además, en términos reproductivos, se encuentra una proporción poco equitativa entre machos y hembras; hay muchos menos machos. Esta situación es responsabilidad de los anticonceptivos que tienen un alto nivel de estrógeno, desecho también presente en los cursos de agua.
En torno al ibuprofeno, a nivel de genotoxicidad y de comportamiento, hay resultados variables, pero en las madrecitas de agua –la especie analizada, nativa de la fauna pampeana– hay cambios en los comportamientos de cortejo. “Los que eran expuestos a ibuprofeno no tenían intentos de copula, por ende, si esto es verdaderamente así en la naturaleza, se afecta directamente la actividad y estrategia reproductiva de la especie”, alerta Bettina Eissa. “También observamos efectos sobre la natación en las carpas, especie con la que recientemente iniciamos estudios con ibuprofeno”
El consumo incesante de medicamentos es un problema que ya puso en alerta a las máximas autoridades de salud a nivel mundial. Tal vez, parte del desafío sea entender que aquella inocente pastilla, tan a mano en la cartera y en cualquier oficina, no es inocua para el ser humano y mucho menos para el ambiente en el que está inmerso.
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El Obelisco en "terapia intensiva"
El Obelisco, en "terapia intensiva" por la contaminación en el aire
Fecha de Publicación: 03/09/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: CABA
El Obelisco despertó este miércoles "en terapia intensiva", a raíz de una caracterización que un grupo de activistas de Greenpeace realizó de enfermedades respiratorias consecuentes a la "contaminación del aire" en la ciudad de Buenos Aires (Caba), informó. “El aire en la ciudad nos enferma” fue el reclamo de la organización ambientalista luego de realizar un estudio sobre la calidad del aire en Capital Federal y confirmar que los valores de polución en el aire superan los niveles de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
“Desde Greenpeace exigimos aire limpio ya. Los vecinos porteños están expuestos a altos niveles de componentes tóxicos, producto en su mayoría de las emisiones del caño de escape de colectivos. Mientras el transporte público dependa de la quema de combustibles como el gasoil, respirar en la ciudad es una amenaza para todos. Los últimos resultados de nuestro estudio son alarmantes (...)”, afirmó Laura Vidal, coordinadora de la campaña de contaminación de aire de Greenpeace. Según Greenpeace, el sistema de medición de calidad del aire liderado por el Gobierno porteño "es insuficiente ya que cuenta solamente con tres estaciones de medición, mientras que ciudades tan grandes como Caba en Latinoamérica cuentan con diez o más. A su vez, las mediciones locales dejan por fuera contaminantes que representan un alto riesgo para la salud".
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Fecha de Publicación: 03/09/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: CABA
El Obelisco despertó este miércoles "en terapia intensiva", a raíz de una caracterización que un grupo de activistas de Greenpeace realizó de enfermedades respiratorias consecuentes a la "contaminación del aire" en la ciudad de Buenos Aires (Caba), informó. “El aire en la ciudad nos enferma” fue el reclamo de la organización ambientalista luego de realizar un estudio sobre la calidad del aire en Capital Federal y confirmar que los valores de polución en el aire superan los niveles de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
“Desde Greenpeace exigimos aire limpio ya. Los vecinos porteños están expuestos a altos niveles de componentes tóxicos, producto en su mayoría de las emisiones del caño de escape de colectivos. Mientras el transporte público dependa de la quema de combustibles como el gasoil, respirar en la ciudad es una amenaza para todos. Los últimos resultados de nuestro estudio son alarmantes (...)”, afirmó Laura Vidal, coordinadora de la campaña de contaminación de aire de Greenpeace. Según Greenpeace, el sistema de medición de calidad del aire liderado por el Gobierno porteño "es insuficiente ya que cuenta solamente con tres estaciones de medición, mientras que ciudades tan grandes como Caba en Latinoamérica cuentan con diez o más. A su vez, las mediciones locales dejan por fuera contaminantes que representan un alto riesgo para la salud".
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Juez y parte para autorizar el glifosato
Juez y parte del glifosato
Fecha de Publicación: 03/09/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Buenos Aires
Seis concejales de Cambiemos son productores agropecuarios que utilizan agrotóxicos y uno de ellos es aplicador. En el Concejo Deliberante, votaron una ordenanza que habilita las fumigaciones a 30 metros de la zona urbana. El intendente promete vetar la norma.
Concejales de Cambiemos aprobaron una ordenanza municipal que habilita fumigaciones con agroquímicos a 30 metros de la zona urbana en la ciudad de Benito Juárez, al sur de la provincia de Buenos Aires. Julio Marini, intendente de la localidad, se comprometió a vetar la ordenanza.
El jueves se realizó la votación del proyecto en el Concejo Deliberante. La ordenanza se sancionó gracias al voto de la presidenta del Concejo, perteneciente a la alianza Cambiemos, debido a que había quedado igualada en siete votos. En ese momento entraron vecinos ambientalistas a insultar a los concejales con carteles que decían “Fuera Monsanto”.
El proyecto había sido presentado en primera instancia por el municipio, en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial. El objetivo de la iniciativa era actualizar la regulación sobre el uso de agroquímicos y extender la zona de exclusión hacia los 500 metros desde el comienzo de la planta urbana. Sin embargo, el bloque de Cambiemos la modificó e impuso su voto mayoritario en la reunión de comisión.
El texto que se aprobó establece en su artículo 7 que “salvo Barker y Villa Cacique, se generará una zona de exclusión dentro de los 30 metros adyacentes contados desde los límites del área urbana”. Ambas localidades están ubicadas dentro del partido de Benito Juárez y, según el proyecto, se podría fumigar a 100 metros de la zona urbana.
El presidente del bloque de concejales del FpV local, Ramiro Peón, denunció que “esta ordenanza responde a intereses particulares, y en parte a cuestiones políticas provinciales y nacionales”. Además, en diálogo con radios locales, Peón sostuvo que les quedó “una sensación amarga de la sesión”.
Por su parte, Julio Marini, intendente de Benito Juárez, aseguró que mañana rechazará la ordenanza. Al igual que Peón, sostuvo que los concejales de Cambiemos son parte interesada para que se apruebe el uso de glifosato. “Seis concejales de Cambiemos son productores que usan estos productos y uno de ellos es aplicador”, dijo Marini haciendo referencia al concejal Juan Camio. “Me parece que no debería haber votado porque es juez y parte. Esa consulta la estamos haciendo también legalmente”, le contó el intendente a un medio local.
Marini calificó el proyecto de Cambiemos como “una locura” y aseguró que no se tiene en cuenta la salud de los 20 mil habitantes de Juárez, Barker y Villa Cacique. El intendente informó que la ordenanza propone forestar en las afueras de las tres localidades para formar una barrera que impida el paso del agrotóxico, pero esto le resultaría contradictorio. “Si según ellos no hay problema con el uso, ¿por qué se necesita una cortina de plantas?”, interrogó.
Además, la Municipalidad quedaría encargada del mantenimiento de las plantas. “La plata y la recaudación la hacen los productores y nosotros tenemos que hacer la inversión para que no se vaya a secar la planta”, afirmó el intendente. También explicó que se necesitan entre 10 y 12 años para que las plantas crezcan y puedan actuar como cortina. Asimismo, precisó que no basta con plantar sólo una. “Tenés que poner tres en distintas posiciones para hacer una cortina el día de mañana”, sostuvo Marini.
El intendente agregó que desde la Municipalidad se había convocado a reuniones para tratar otra ordenanza que regule las áreas de fumigación. “Convocamos al INTA, a la asociaciones de productores, a los aplicadores, a todo el concejo deliberante y a las juntas vecinales. Se trabajó un año y medio esta ordenanza”, contó Marini. Si bien se llegó a un consenso, esta ordenanza quedó anulada por Cambiemos en el Concejo Deliberante. “Se hizo un polígono donde se marcó muy bien donde se puede fumigar y dónde no, se tuvieron en cuenta los pozos de agua de donde consumimos nosotros el agua corriente. Los concejales de Cambiemos no tuvieron en cuenta los pozos de agua, los jardines, las escuelas”, señaló Marini.
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Fecha de Publicación: 03/09/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Buenos Aires
Seis concejales de Cambiemos son productores agropecuarios que utilizan agrotóxicos y uno de ellos es aplicador. En el Concejo Deliberante, votaron una ordenanza que habilita las fumigaciones a 30 metros de la zona urbana. El intendente promete vetar la norma.
Concejales de Cambiemos aprobaron una ordenanza municipal que habilita fumigaciones con agroquímicos a 30 metros de la zona urbana en la ciudad de Benito Juárez, al sur de la provincia de Buenos Aires. Julio Marini, intendente de la localidad, se comprometió a vetar la ordenanza.
El jueves se realizó la votación del proyecto en el Concejo Deliberante. La ordenanza se sancionó gracias al voto de la presidenta del Concejo, perteneciente a la alianza Cambiemos, debido a que había quedado igualada en siete votos. En ese momento entraron vecinos ambientalistas a insultar a los concejales con carteles que decían “Fuera Monsanto”.
El proyecto había sido presentado en primera instancia por el municipio, en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial. El objetivo de la iniciativa era actualizar la regulación sobre el uso de agroquímicos y extender la zona de exclusión hacia los 500 metros desde el comienzo de la planta urbana. Sin embargo, el bloque de Cambiemos la modificó e impuso su voto mayoritario en la reunión de comisión.
El texto que se aprobó establece en su artículo 7 que “salvo Barker y Villa Cacique, se generará una zona de exclusión dentro de los 30 metros adyacentes contados desde los límites del área urbana”. Ambas localidades están ubicadas dentro del partido de Benito Juárez y, según el proyecto, se podría fumigar a 100 metros de la zona urbana.
El presidente del bloque de concejales del FpV local, Ramiro Peón, denunció que “esta ordenanza responde a intereses particulares, y en parte a cuestiones políticas provinciales y nacionales”. Además, en diálogo con radios locales, Peón sostuvo que les quedó “una sensación amarga de la sesión”.
Por su parte, Julio Marini, intendente de Benito Juárez, aseguró que mañana rechazará la ordenanza. Al igual que Peón, sostuvo que los concejales de Cambiemos son parte interesada para que se apruebe el uso de glifosato. “Seis concejales de Cambiemos son productores que usan estos productos y uno de ellos es aplicador”, dijo Marini haciendo referencia al concejal Juan Camio. “Me parece que no debería haber votado porque es juez y parte. Esa consulta la estamos haciendo también legalmente”, le contó el intendente a un medio local.
Marini calificó el proyecto de Cambiemos como “una locura” y aseguró que no se tiene en cuenta la salud de los 20 mil habitantes de Juárez, Barker y Villa Cacique. El intendente informó que la ordenanza propone forestar en las afueras de las tres localidades para formar una barrera que impida el paso del agrotóxico, pero esto le resultaría contradictorio. “Si según ellos no hay problema con el uso, ¿por qué se necesita una cortina de plantas?”, interrogó.
Además, la Municipalidad quedaría encargada del mantenimiento de las plantas. “La plata y la recaudación la hacen los productores y nosotros tenemos que hacer la inversión para que no se vaya a secar la planta”, afirmó el intendente. También explicó que se necesitan entre 10 y 12 años para que las plantas crezcan y puedan actuar como cortina. Asimismo, precisó que no basta con plantar sólo una. “Tenés que poner tres en distintas posiciones para hacer una cortina el día de mañana”, sostuvo Marini.
El intendente agregó que desde la Municipalidad se había convocado a reuniones para tratar otra ordenanza que regule las áreas de fumigación. “Convocamos al INTA, a la asociaciones de productores, a los aplicadores, a todo el concejo deliberante y a las juntas vecinales. Se trabajó un año y medio esta ordenanza”, contó Marini. Si bien se llegó a un consenso, esta ordenanza quedó anulada por Cambiemos en el Concejo Deliberante. “Se hizo un polígono donde se marcó muy bien donde se puede fumigar y dónde no, se tuvieron en cuenta los pozos de agua de donde consumimos nosotros el agua corriente. Los concejales de Cambiemos no tuvieron en cuenta los pozos de agua, los jardines, las escuelas”, señaló Marini.
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Córdoba sigue perdiendo monte
Creció el desmonte en 2017
Fecha de Publicación: 02/09/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El 2017 fue un año tenso en la discusión sobre el futuro del monte nativo de Córdoba. El intento de modificar la ley de bosques (9.814) por parte de algunos legisladores oficialistas naufragó tras las multitudinarias marchas. Sin embargo, mientras la sociedad estaba movilizada, más de 14 mil hectáreas de estos ecosistemas sufrían alguna intervención ilegal.
El dato surge del monitoreo oficial que realiza la Policía Ambiental del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
Fueron 14.427 hectáreas intervenidas durante todo el año pasado. Esta superficie representa el doble de lo afectado en 2015, la última cifra oficial con la que se puede establecer una comparación. Los datos de 2016 están incompletos.
La información fue subida a la web del ministerio tras un insistente pedido de La Voz que se remonta a principios de este año.
Desde Policía Ambiental explicaron que el retraso se debe a que primero deben enviarlo al Ministerio de Ambiente de la Nación. También destacaron que Córdoba es de las pocas provincias que realizan un control tan riguroso.
El informe de 2017 (dividido en dos semestres) indica que las intervenciones ilegales sobre bosques nativos de categoría roja afectaron a 4.342 hectáreas (30 por ciento del total).
Las regiones en categoría roja representan bosques en el mejor estado de conservación y/o en recuperación. Las 10.085 hectáreas restantes están en categoría amarilla, donde el ecosistema ya ha sido modificado en el pasado.
Federico Kopta, presidente del Foro Ambiental Córdoba, celebró que se haya retomado la publicación de estos monitoreos, pero señaló que sería importante que no se realizaran con tanto retraso.
“Se volvió a brindar datos sobre la superficie total afectada en categoría amarilla, algo que había dejado de suceder en 2016. Sin embargo, no da detalles del tipo de intervención, lo cual resulta fundamental, ya que el 70 por ciento de las intervenciones se realizaron en bosque nativo de esta categoría”, comentó.
Kopta también señaló otro punto por el que ya ha enviado notas a la Provincia: “Otra información que no aporta es la superficie y tipo de intervención en los casos de desmontes autorizados por la Secretaría de Ambiente”.
Marcelo Cabido, investigador del Conicet y de la Universidad Nacional de Córdoba en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (Imbiv), coincide con Kopta. “Además de la superficie desmontada con autorización, debería darse a conocer dónde ocurrieron las intervenciones y cómo está identificado ese territorio en el mapa de ordenamiento territorial. Y la autoridad debería hacer públicas las razones por las cuales esas autorizaciones fueron concedidas”, detalló Cabido.
Rojo, al detalle
Como indicó Kopta, no hay más precisiones sobre las intervenciones en zona amarilla, pero sí hay detalles sobre las 4.342 hectáreas de categoría roja que fueron afectadas. El dato que más llama la atención es que en el 57,5 por ciento de la superficie (2.500 hectáreas del total rojo) se realizaron desmontes químicos, una práctica que no se había detectado en años anteriores. “Es alarmante, tanto en superficie como por la manera poco perceptible y rápida con la que se realiza esta práctica. Esto implica la urgencia de adecuar la normativa y actuaciones a esta nueva situación”, aseguró Kopta.
El desmonte químico implica la fumigación con sustancias específicas para eliminar el estrato arbustivo y parte de los árboles. Esta práctica está expresamente prohibida por la ley de bosques.
Para Kopta es necesario restringir severamente la circulación, comercialización, tenencia y uso de sustancias arbusticidas y arboricidas.
Un 3,5 por ciento del desmonte en categoría roja fue total (171 hectáreas), mientras que en el restante 38,5 por ciento las intervenciones fueron de desmonte selectivo, rolado y otras.
En estos casos, lo que se realiza es eliminar el estrato arbustivo y dejar algunos árboles maduros en pie que pueden proveer sombra y algo de alimento al ganado.
Cabido, uno de los ecólogos más importantes del país, aseguró que todos los tipos de intervenciones en el bosque nativo (desmonte total, selectivo, químico, etc.) producen alteraciones sustanciales en la composición de especies (flora y fauna), en la estructura (distribución vertical y horizontal de la biomasa) y en el funcionamiento del bosque.
“También provoca una reducción de los servicios y bienes que el bosque brinda a los seres humanos como captación y provisión de agua, forraje y otros productos forestales”, explicó.
El departamento que sufrió más desmonte ilegal en zona roja fue Río Seco (1.557,5 hectáreas), seguido por Sobremonte (1.455,5), Río Primero (347,2) e Ischilín (295,4).
Para qué se deforesta: tres casos permitidos
Desde 2010 se perdieron 45 mil hectáreas de monte.
Ganadería. En el norte provincial, la eliminación de estrato arbustivo sirve para realizar ganadería. Algunas de esta intervenciones están prohibidas y otras deben realizarse con autorización de Ambiente.
Mantenimiento. Otras veces se realizan desmontes totales de franjas de un predio para picadas y cortafuegos, las cuales están permitidas con autorización previa de Ambiente.
Urbanización. Otro desmonte ilegal es el que se realiza para algún desarrollo inmobiliario. Los desmontes totales en zona roja están prohibidos por ley.
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Fecha de Publicación: 02/09/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El 2017 fue un año tenso en la discusión sobre el futuro del monte nativo de Córdoba. El intento de modificar la ley de bosques (9.814) por parte de algunos legisladores oficialistas naufragó tras las multitudinarias marchas. Sin embargo, mientras la sociedad estaba movilizada, más de 14 mil hectáreas de estos ecosistemas sufrían alguna intervención ilegal.
El dato surge del monitoreo oficial que realiza la Policía Ambiental del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
Fueron 14.427 hectáreas intervenidas durante todo el año pasado. Esta superficie representa el doble de lo afectado en 2015, la última cifra oficial con la que se puede establecer una comparación. Los datos de 2016 están incompletos.
La información fue subida a la web del ministerio tras un insistente pedido de La Voz que se remonta a principios de este año.
Desde Policía Ambiental explicaron que el retraso se debe a que primero deben enviarlo al Ministerio de Ambiente de la Nación. También destacaron que Córdoba es de las pocas provincias que realizan un control tan riguroso.
El informe de 2017 (dividido en dos semestres) indica que las intervenciones ilegales sobre bosques nativos de categoría roja afectaron a 4.342 hectáreas (30 por ciento del total).
Las regiones en categoría roja representan bosques en el mejor estado de conservación y/o en recuperación. Las 10.085 hectáreas restantes están en categoría amarilla, donde el ecosistema ya ha sido modificado en el pasado.
Federico Kopta, presidente del Foro Ambiental Córdoba, celebró que se haya retomado la publicación de estos monitoreos, pero señaló que sería importante que no se realizaran con tanto retraso.
“Se volvió a brindar datos sobre la superficie total afectada en categoría amarilla, algo que había dejado de suceder en 2016. Sin embargo, no da detalles del tipo de intervención, lo cual resulta fundamental, ya que el 70 por ciento de las intervenciones se realizaron en bosque nativo de esta categoría”, comentó.
Kopta también señaló otro punto por el que ya ha enviado notas a la Provincia: “Otra información que no aporta es la superficie y tipo de intervención en los casos de desmontes autorizados por la Secretaría de Ambiente”.
Marcelo Cabido, investigador del Conicet y de la Universidad Nacional de Córdoba en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (Imbiv), coincide con Kopta. “Además de la superficie desmontada con autorización, debería darse a conocer dónde ocurrieron las intervenciones y cómo está identificado ese territorio en el mapa de ordenamiento territorial. Y la autoridad debería hacer públicas las razones por las cuales esas autorizaciones fueron concedidas”, detalló Cabido.
Rojo, al detalle
Como indicó Kopta, no hay más precisiones sobre las intervenciones en zona amarilla, pero sí hay detalles sobre las 4.342 hectáreas de categoría roja que fueron afectadas. El dato que más llama la atención es que en el 57,5 por ciento de la superficie (2.500 hectáreas del total rojo) se realizaron desmontes químicos, una práctica que no se había detectado en años anteriores. “Es alarmante, tanto en superficie como por la manera poco perceptible y rápida con la que se realiza esta práctica. Esto implica la urgencia de adecuar la normativa y actuaciones a esta nueva situación”, aseguró Kopta.
El desmonte químico implica la fumigación con sustancias específicas para eliminar el estrato arbustivo y parte de los árboles. Esta práctica está expresamente prohibida por la ley de bosques.
Para Kopta es necesario restringir severamente la circulación, comercialización, tenencia y uso de sustancias arbusticidas y arboricidas.
Un 3,5 por ciento del desmonte en categoría roja fue total (171 hectáreas), mientras que en el restante 38,5 por ciento las intervenciones fueron de desmonte selectivo, rolado y otras.
En estos casos, lo que se realiza es eliminar el estrato arbustivo y dejar algunos árboles maduros en pie que pueden proveer sombra y algo de alimento al ganado.
Cabido, uno de los ecólogos más importantes del país, aseguró que todos los tipos de intervenciones en el bosque nativo (desmonte total, selectivo, químico, etc.) producen alteraciones sustanciales en la composición de especies (flora y fauna), en la estructura (distribución vertical y horizontal de la biomasa) y en el funcionamiento del bosque.
“También provoca una reducción de los servicios y bienes que el bosque brinda a los seres humanos como captación y provisión de agua, forraje y otros productos forestales”, explicó.
El departamento que sufrió más desmonte ilegal en zona roja fue Río Seco (1.557,5 hectáreas), seguido por Sobremonte (1.455,5), Río Primero (347,2) e Ischilín (295,4).
Para qué se deforesta: tres casos permitidos
Desde 2010 se perdieron 45 mil hectáreas de monte.
Ganadería. En el norte provincial, la eliminación de estrato arbustivo sirve para realizar ganadería. Algunas de esta intervenciones están prohibidas y otras deben realizarse con autorización de Ambiente.
Mantenimiento. Otras veces se realizan desmontes totales de franjas de un predio para picadas y cortafuegos, las cuales están permitidas con autorización previa de Ambiente.
Urbanización. Otro desmonte ilegal es el que se realiza para algún desarrollo inmobiliario. Los desmontes totales en zona roja están prohibidos por ley.
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bosques nativos,
Córdoba,
Desmontes,
ecosistemas,
legislación y derecho ambiental
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Chau alerta temprana en Buenos Aires por la crisis
Por la devaluación, la provincia da de baja la licitación para monitorear inundaciones
Fecha de Publicación: 02/09/2018
Fuente: La Política Online
Provincia/Región: Buenos Aires
El Gobierno de María Eugenia Vidal debió dar de baja la licitación que había adjudicado para que un grupo de tres empresas explotara el sistema de alerta temprana para monitorear las inundaciones de la provincia.
Ese sistema había generado ruido en el gabinete, a tal punto que la semana pasada "renunció" el ingeniero Pablo Romanazzi a la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), que reporta al Ministerio de Ciencia y Tecnología a cargo del radical Jorge Elustondo.
Romanazzi impulsaba un proyecto para que el propio estado provincial se hiciera cargo del desarrollo y explotación del sistema de alerta temprana, armando un equipo para contar con una suerte de Arsat bonaerense.
Silvosa vuelve al gabinete de Vidal al frente de la subsecretaría de Puertos e Industria
Pero debió partir porque esa idea no era apoyada por los altos mandos. Elustondo pujó durante un año con el ex subsecretario de Infraestructura Hidráulica, Rodrigo Silvosa, ahora subsecretario de Puertos, Industria, Comercio y Minería del ministerio de la Producción, para quedarse con el control del sistema que la cúpula del Ejecutivo quería dejar en manos de privados.
Tras la desgastante pelea, la cúpula eligió a Elustondo para manejar el sistema. Enterado de esta iniciativa, Horacio Rodríguez Larreta ofreció un radar de alerta temprana que explotaban las empresas Autotrol y BGH de la familia Garfunkel en la Ciudad.
Como el vasto territorio y los caudalosos ríos bonaerenses no podían ser cubiertos con el artefacto larretista, Vidal decidió lanzar una propia licitación, habida cuenta que los organismos multilaterales de crédito que precisa para financiar obras titánicas contra las inundaciones exigen un sistema de alerta temprana en los ríos. "Es un poste que se clava en el arroyo, pero las empresas supieron vender bien su tecnología", aseguraron a LPO fuentes al tanto de la licitación.
La licitación la ganó BGH junto a otras dos empresas, pero por la disparada del dólar -durante el año se devaluó el peso un 66%-, no quisieron invertir y se bajaron del contrato.
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Fecha de Publicación: 02/09/2018
Fuente: La Política Online
Provincia/Región: Buenos Aires
El Gobierno de María Eugenia Vidal debió dar de baja la licitación que había adjudicado para que un grupo de tres empresas explotara el sistema de alerta temprana para monitorear las inundaciones de la provincia.
Ese sistema había generado ruido en el gabinete, a tal punto que la semana pasada "renunció" el ingeniero Pablo Romanazzi a la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), que reporta al Ministerio de Ciencia y Tecnología a cargo del radical Jorge Elustondo.
Romanazzi impulsaba un proyecto para que el propio estado provincial se hiciera cargo del desarrollo y explotación del sistema de alerta temprana, armando un equipo para contar con una suerte de Arsat bonaerense.
Silvosa vuelve al gabinete de Vidal al frente de la subsecretaría de Puertos e Industria
Pero debió partir porque esa idea no era apoyada por los altos mandos. Elustondo pujó durante un año con el ex subsecretario de Infraestructura Hidráulica, Rodrigo Silvosa, ahora subsecretario de Puertos, Industria, Comercio y Minería del ministerio de la Producción, para quedarse con el control del sistema que la cúpula del Ejecutivo quería dejar en manos de privados.
Tras la desgastante pelea, la cúpula eligió a Elustondo para manejar el sistema. Enterado de esta iniciativa, Horacio Rodríguez Larreta ofreció un radar de alerta temprana que explotaban las empresas Autotrol y BGH de la familia Garfunkel en la Ciudad.
Como el vasto territorio y los caudalosos ríos bonaerenses no podían ser cubiertos con el artefacto larretista, Vidal decidió lanzar una propia licitación, habida cuenta que los organismos multilaterales de crédito que precisa para financiar obras titánicas contra las inundaciones exigen un sistema de alerta temprana en los ríos. "Es un poste que se clava en el arroyo, pero las empresas supieron vender bien su tecnología", aseguraron a LPO fuentes al tanto de la licitación.
La licitación la ganó BGH junto a otras dos empresas, pero por la disparada del dólar -durante el año se devaluó el peso un 66%-, no quisieron invertir y se bajaron del contrato.
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Córdoba: el gobierno quiere 300 árboles por hectárea en campos
Plan agroforestal: la unidad de medida son 300 árboles por hectárea
Fecha de Publicación: 02/09/2018
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Córdoba
El secretario de Agricultura de Córdoba, Marcos Blanda, brindó detalles durante la agrojornada sobre soja y maíz del Plan Provincial Agroforestal, recientemente reglamentado por la Provincia.
En el marco del Día del Árbol, uno de los aspectos que dio a conocer Blanda fue cuál es la unidad de medida que se utilizará como parámetro para aprobar los proyectos de forestación.
“300 árboles equivalen a una hectárea”, dijo Blanda a los productores que lo escuchaban en el salón de Convenciones de Dinosaurio Mall.
En diálogo con Agrovoz, amplió que ese indicador significa que, si un establecimiento tiene 300 árboles desperdigados, significa que tiene el equivalente a una hectárea forestada.
Procesos
El funcionario recordó que la presentación de las declaraciones juradas debe hacerse antes de fin de año.
Quienes ya tengan forestado el mínimo de entre dos y cinco por ciento, se les dará por cumplida la obligación una vez que se certifique que realmente sea así. Quienes deban forestar, tienen un plazo máximo de 10 años para hacerlo, con la obligación de haber avanzado en un 50 por ciento como mínimo en los primeros cinco años.
Además, subrayó que varios productores pueden reunir sus establecimientos y elaborar un proyecto de forestación conjunto.
Un aspecto clave es que pronto saldrá una reglamentación que establecerá cuáles son las 15 especies arbóreas que, por su capacidad invasora, serán prohibidas.
“El resto, se podrán implantar todas. Podrán ser ornamentales, o con un fin económico, como frutales o para madera o bioenergía. Se van a recomendar especies para cada zona”, repasó Blanda.
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Fecha de Publicación: 02/09/2018
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Córdoba
El secretario de Agricultura de Córdoba, Marcos Blanda, brindó detalles durante la agrojornada sobre soja y maíz del Plan Provincial Agroforestal, recientemente reglamentado por la Provincia.
En el marco del Día del Árbol, uno de los aspectos que dio a conocer Blanda fue cuál es la unidad de medida que se utilizará como parámetro para aprobar los proyectos de forestación.
“300 árboles equivalen a una hectárea”, dijo Blanda a los productores que lo escuchaban en el salón de Convenciones de Dinosaurio Mall.
En diálogo con Agrovoz, amplió que ese indicador significa que, si un establecimiento tiene 300 árboles desperdigados, significa que tiene el equivalente a una hectárea forestada.
Procesos
El funcionario recordó que la presentación de las declaraciones juradas debe hacerse antes de fin de año.
Quienes ya tengan forestado el mínimo de entre dos y cinco por ciento, se les dará por cumplida la obligación una vez que se certifique que realmente sea así. Quienes deban forestar, tienen un plazo máximo de 10 años para hacerlo, con la obligación de haber avanzado en un 50 por ciento como mínimo en los primeros cinco años.
Además, subrayó que varios productores pueden reunir sus establecimientos y elaborar un proyecto de forestación conjunto.
Un aspecto clave es que pronto saldrá una reglamentación que establecerá cuáles son las 15 especies arbóreas que, por su capacidad invasora, serán prohibidas.
“El resto, se podrán implantar todas. Podrán ser ornamentales, o con un fin económico, como frutales o para madera o bioenergía. Se van a recomendar especies para cada zona”, repasó Blanda.
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