Volvieron las quemas ilegales en las islas del Litoral
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Rosario vuelve a padecer las quemas ilegales que se multiplican en las islas
Fecha de Publicación: 22/08/2018
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos
El fuego y el humo afectan el ambiente y potencian el peligro de la ruta a Victoria. No hay pedidos de autorización para estas acciones
Desde hace al menos dos semanas se multiplican las quemas ilegales de pastizales en el humedal frente a Rosario, una práctica cada vez más frecuente que genera al menos tres graves problemas en simultáneo: destruye un área natural protegida perjudicando a la flora y la fauna del lugar, empeora las condiciones de tránsito de la ruta a Victoria y genera malestar y problemas de salud en buena parte de los rosarinos por el humo que, según sople el viento, afecta a la ciudad.
Esta práctica, que es muy antigua, se volvió descontrolada después de la apertura de la conexión vial a Victoria en 2003, que facilitó el acceso a esas tierras bajas a productores ganaderos que, a su vez desertaron de sus prácticas productivas en el "continente" con el corrimiento de la frontera agropecuaria y el boom sojero.
Ese cúmulo de tensiones ambientales explota cuando el río está bajo y los pastos secos, un escenario que aplica perfecto a la postal que entrega hoy el humedal. Y si bien existe una exigencia legal que obliga a los productores a pedir autorización para llevar adelante quemas "controladas", lo cierto es que la Municipalidad de Victoria no recibió al menos hasta ayer ningún pedido en ese sentido.
Así lo confirmó el secretario de gobierno de esa ciudad entrerriana, Sergio Naboni, quien afirmó ayer: "Hasta el momento no se ha presentado nadie a pedir autorización, lo que quiere decir que son quemas ilegales para nosotros".
Desde la agrupación ambientalista El Parana No Se Toca (EPNST) hace semanas que vienen denunciando las quemas. "Se ven proliferar las nefastas quemas de pastizales provocadas para generar pasturas ganaderas" señalaron.
"Resulta imposible encontrar una justificación a este acto de barbarie ambiental que beneficia a unos pocos amparados por legislaciones a medida, falta de control y nulas sanciones" agregaron desde esa agrupación.
Ni recursos ni control
En diálogo con La Ocho, Naboni recordó que la Municipalidad de Victoria tiene un ejido urbano muy particular que abarca 270 mil hectáreas, ya que también tiene jurisdicción sobre una porción de las islas. "Es muy difícil controlar todo en todo momento", reconoció, para admitir que muchas veces no alcanzan los recursos con los que disponen para monitorear semejante superficie.
En relación a las quemas, explicó que el dueño o el tenedor de las tierras es el que debe iniciar el trámite en la delegación de Islas, tras lo cual el gobierno de Victoria deriva el pedido a Medio Ambiente de la provincia de Entre Ríos que es el a´rea que autoriza y sanciona, llegado el caso.
"De esto se tiene de encargar la provincia, en Victoria sólo se inicia el trámite para pedir permiso para las quemas. En estos días hemos mandado gente donde se ven los focos ígneos y hemos remitido la información a Medio Ambiente" explicó el funcionario, quien agregó que, con la bajante, "todos quieren tener campo para arrendar para el pastoreo de animales".
Piden que Rosario coordine acciones
El concejal Pablo Javkin, integrante de la comisión de Ecología del Concejo rosarino, pidió ayer al Ejecutivo municipal que "coordine y gestione acciones" junto a Nación, las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, y Victoria para "desarrollar un plan de combate contra los incendios que se están generando por la quema de pastizales mediante un enfoque regional". Demandó una gestión "urgente" para que intervenga el Plan Nacional de Manejo del Fuego y el gobierno entrerriano "para combatir los focos que se están produciendo bajo su jurisdicción". También exigió que se realicen denuncias penales contra los responsables de las quemas intencionales, así como la identificación de los propietarios de los lotes señalados como focos de ignición.
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Fecha de Publicación: 22/08/2018
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos
El fuego y el humo afectan el ambiente y potencian el peligro de la ruta a Victoria. No hay pedidos de autorización para estas acciones
Desde hace al menos dos semanas se multiplican las quemas ilegales de pastizales en el humedal frente a Rosario, una práctica cada vez más frecuente que genera al menos tres graves problemas en simultáneo: destruye un área natural protegida perjudicando a la flora y la fauna del lugar, empeora las condiciones de tránsito de la ruta a Victoria y genera malestar y problemas de salud en buena parte de los rosarinos por el humo que, según sople el viento, afecta a la ciudad.
Esta práctica, que es muy antigua, se volvió descontrolada después de la apertura de la conexión vial a Victoria en 2003, que facilitó el acceso a esas tierras bajas a productores ganaderos que, a su vez desertaron de sus prácticas productivas en el "continente" con el corrimiento de la frontera agropecuaria y el boom sojero.
Ese cúmulo de tensiones ambientales explota cuando el río está bajo y los pastos secos, un escenario que aplica perfecto a la postal que entrega hoy el humedal. Y si bien existe una exigencia legal que obliga a los productores a pedir autorización para llevar adelante quemas "controladas", lo cierto es que la Municipalidad de Victoria no recibió al menos hasta ayer ningún pedido en ese sentido.
Así lo confirmó el secretario de gobierno de esa ciudad entrerriana, Sergio Naboni, quien afirmó ayer: "Hasta el momento no se ha presentado nadie a pedir autorización, lo que quiere decir que son quemas ilegales para nosotros".
Desde la agrupación ambientalista El Parana No Se Toca (EPNST) hace semanas que vienen denunciando las quemas. "Se ven proliferar las nefastas quemas de pastizales provocadas para generar pasturas ganaderas" señalaron.
"Resulta imposible encontrar una justificación a este acto de barbarie ambiental que beneficia a unos pocos amparados por legislaciones a medida, falta de control y nulas sanciones" agregaron desde esa agrupación.
Ni recursos ni control
En diálogo con La Ocho, Naboni recordó que la Municipalidad de Victoria tiene un ejido urbano muy particular que abarca 270 mil hectáreas, ya que también tiene jurisdicción sobre una porción de las islas. "Es muy difícil controlar todo en todo momento", reconoció, para admitir que muchas veces no alcanzan los recursos con los que disponen para monitorear semejante superficie.
En relación a las quemas, explicó que el dueño o el tenedor de las tierras es el que debe iniciar el trámite en la delegación de Islas, tras lo cual el gobierno de Victoria deriva el pedido a Medio Ambiente de la provincia de Entre Ríos que es el a´rea que autoriza y sanciona, llegado el caso.
"De esto se tiene de encargar la provincia, en Victoria sólo se inicia el trámite para pedir permiso para las quemas. En estos días hemos mandado gente donde se ven los focos ígneos y hemos remitido la información a Medio Ambiente" explicó el funcionario, quien agregó que, con la bajante, "todos quieren tener campo para arrendar para el pastoreo de animales".
Piden que Rosario coordine acciones
El concejal Pablo Javkin, integrante de la comisión de Ecología del Concejo rosarino, pidió ayer al Ejecutivo municipal que "coordine y gestione acciones" junto a Nación, las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, y Victoria para "desarrollar un plan de combate contra los incendios que se están generando por la quema de pastizales mediante un enfoque regional". Demandó una gestión "urgente" para que intervenga el Plan Nacional de Manejo del Fuego y el gobierno entrerriano "para combatir los focos que se están produciendo bajo su jurisdicción". También exigió que se realicen denuncias penales contra los responsables de las quemas intencionales, así como la identificación de los propietarios de los lotes señalados como focos de ignición.
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Alerta: proyecto minero en San Juan que duplica Pascua Lama
Expectativa en San Juan por un proyecto binacional minero de u$s 25.000 millones
Fecha de Publicación: 22/08/2018
Fuente: El Invesor Energético y Minero
Provincia/Región: San Juan
Pascua Lama es un mega proyecto minero, pero Del Carmen Alturas lo duplica. Pascua Lama tiene reservas por 18 millones de onzas de oro. Del Carmen Alturas, por 35 millones. Pascua Lama está a 4600 msnm y se extiende por 6700 hectáreas. Del Carmen Alturas se emplaza a 5200 msnm y con una extensión de 15000 hectáreas. Fueron algunos de los conceptos manifestados por Alberto Hensel, ministro de Minería de San Juan ante el flamante embajador de Chile en la Argentina, Sergio Urrejola Monckeberg.
El diplomático eligió San Juan para iniciar su gira por el país y en el salón Cruce de Los Andes se reunió con ministros de Turismo, Producción y Minería de San Juan para conocer la oferta económica. “Si Pascua Lama es importante, Del Carmen Alturas mucho más”, aseguró Hensel, proyecto al que se accede a través del camino a Veladero. Y agregó que San Juan ha generado la infraestructura de energía necesaria para la minería. Se construyeron más de 800 kilómetros de líneas de electricidad convencional. Además, es la provincia líder en energías renovables.
Otra ventaja para el trabajo binacional en este caso es que se trata de la misma compañía, de un lado y del otro de la cordillera. “Tenemos acuerdos comunes que tratamos de impulsar para generar trabajo e inversión conjunta”, argumentó Hensel ante el embajador chileno.
Sobre Pascua Lama, el Ministro señaló que “para nosotros es muy importante que a máximo nivel, entre la Argentina y Chile, se busque una salida para avanzar en este proyecto. Del lado argentino hay inversiones en instalaciones por unos 3.500 millones de dólares. Es un negocio que probablemente supere los 25.000 millones de dólares, con la consideración de que el 75 % de la mineralización está del lado chileno”, dijo el ministro.
El proyecto binacional quedó paralizado por orden de la Superintendencia de Medio Ambiente de Chile. “Ordenó el cierre, pero no dejó sin efecto el permiso ambiental. Nos hace pensar que desde el punto de vista ambiental están autorizados y faltaría adecuar el proyecto. Con Chile nos une una gran historia y un enorme futuro”, concluyó Hensel.
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Fecha de Publicación: 22/08/2018
Fuente: El Invesor Energético y Minero
Provincia/Región: San Juan
Pascua Lama es un mega proyecto minero, pero Del Carmen Alturas lo duplica. Pascua Lama tiene reservas por 18 millones de onzas de oro. Del Carmen Alturas, por 35 millones. Pascua Lama está a 4600 msnm y se extiende por 6700 hectáreas. Del Carmen Alturas se emplaza a 5200 msnm y con una extensión de 15000 hectáreas. Fueron algunos de los conceptos manifestados por Alberto Hensel, ministro de Minería de San Juan ante el flamante embajador de Chile en la Argentina, Sergio Urrejola Monckeberg.
El diplomático eligió San Juan para iniciar su gira por el país y en el salón Cruce de Los Andes se reunió con ministros de Turismo, Producción y Minería de San Juan para conocer la oferta económica. “Si Pascua Lama es importante, Del Carmen Alturas mucho más”, aseguró Hensel, proyecto al que se accede a través del camino a Veladero. Y agregó que San Juan ha generado la infraestructura de energía necesaria para la minería. Se construyeron más de 800 kilómetros de líneas de electricidad convencional. Además, es la provincia líder en energías renovables.
Otra ventaja para el trabajo binacional en este caso es que se trata de la misma compañía, de un lado y del otro de la cordillera. “Tenemos acuerdos comunes que tratamos de impulsar para generar trabajo e inversión conjunta”, argumentó Hensel ante el embajador chileno.
Sobre Pascua Lama, el Ministro señaló que “para nosotros es muy importante que a máximo nivel, entre la Argentina y Chile, se busque una salida para avanzar en este proyecto. Del lado argentino hay inversiones en instalaciones por unos 3.500 millones de dólares. Es un negocio que probablemente supere los 25.000 millones de dólares, con la consideración de que el 75 % de la mineralización está del lado chileno”, dijo el ministro.
El proyecto binacional quedó paralizado por orden de la Superintendencia de Medio Ambiente de Chile. “Ordenó el cierre, pero no dejó sin efecto el permiso ambiental. Nos hace pensar que desde el punto de vista ambiental están autorizados y faltaría adecuar el proyecto. Con Chile nos une una gran historia y un enorme futuro”, concluyó Hensel.
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Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos
Avanza la implementación del Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos
Fecha de Publicación: 22/08/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Se instalarán más parcelas en las provincias de Salta, Formosa, Jujuy, Tucumán y Catamarca, que se suman a las que se están inventariando en otras siete provincias.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que encabeza Sergio Bergman, se encuentra trabajando en el Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos que se desarrolla en siete provincias: Chaco, Santiago del Estero, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde ya se instalaron más de 1.600 parcelas remedibles. Para continuar con este proceso, el secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales de la cartera de Ambiente, Diego Moreno, participó de la firma de contratos para la instalación de otras 1.433 parcelas de este tipo del inventario forestal en Salta, Formosa, Jujuy, Tucumán y Catamarca.
El Inventario Nacional de Bosques Nativos es una herramienta estratégica nacional que sirve para brindar información detallada de la masa forestal nativa del país, planificar políticas públicas para la protección, conservación y promoción del uso sustentable de los bosques nativos y dar cumplimiento tanto a la Ley de Bosques (Ley N.° 26331) como a los convenios internacionales asumidos por la Argentina.
Con su realización el Estado nacional salda una deuda pendiente, dado que el primer y único relevamiento de información en el territorio argentino sobre los bosques nativos se realizó entre 1998 y 2006, y, de acuerdo al Decreto Reglamentario N.° 91/2009 y a la Ley N.° 26331, se establece que se debe actualizar el Inventario Nacional de Bosques Nativos como máximo cada 5 años.
Cabe destacar que la firma de contratos realizada corresponde a la Licitación Pública Nacional N.º 01/2018, del Proyecto Bosques Nativos y Comunidad (BIRF-8493). Los adjudicatarios son: Fundación ProYungas (Salta); HYTSA Estudios y Proyectos SA i- BC S.R.L (Formosa); Asociación en participación Feldkamp Juan Esteban y Siboldi Maria Eugenia Sociedad de Hecho; Feldkamp Hermann Adolfo y Feldkamp Walter Federico Sociedad de Hecho; y Sociedad Fiduciaria Agropecuaria S.A. (Jujuy, Tucumán, Catamarca).
Sobre el Proyecto Bosques Nativos y Comunidad
El Proyecto Bosques Nativos y Comunidad se lleva a cabo mediante un préstamo del Banco Mundial (BIRF-8493) y con fondos complementarios del Estado nacional que son implementados por la cartera nacional de Ambiente, con la participación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD ARG/15/004).
En este marco, el Ministerio de Ambiente lanzó una nueva convocatoria que invita a presentar ofertas para la instalación de 627 parcelas remedibles de inventario, mediante la Licitación Pública Nacional N.° 2/2018: “Contratación del servicio para Instalación de Parcelas Remedibles de Inventario Forestal en las provincias de: Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba”. La convocatoria se encuentra abierta hasta el 15 de septiembre de 2018.
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Fecha de Publicación: 22/08/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Se instalarán más parcelas en las provincias de Salta, Formosa, Jujuy, Tucumán y Catamarca, que se suman a las que se están inventariando en otras siete provincias.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que encabeza Sergio Bergman, se encuentra trabajando en el Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos que se desarrolla en siete provincias: Chaco, Santiago del Estero, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde ya se instalaron más de 1.600 parcelas remedibles. Para continuar con este proceso, el secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales de la cartera de Ambiente, Diego Moreno, participó de la firma de contratos para la instalación de otras 1.433 parcelas de este tipo del inventario forestal en Salta, Formosa, Jujuy, Tucumán y Catamarca.
El Inventario Nacional de Bosques Nativos es una herramienta estratégica nacional que sirve para brindar información detallada de la masa forestal nativa del país, planificar políticas públicas para la protección, conservación y promoción del uso sustentable de los bosques nativos y dar cumplimiento tanto a la Ley de Bosques (Ley N.° 26331) como a los convenios internacionales asumidos por la Argentina.
Con su realización el Estado nacional salda una deuda pendiente, dado que el primer y único relevamiento de información en el territorio argentino sobre los bosques nativos se realizó entre 1998 y 2006, y, de acuerdo al Decreto Reglamentario N.° 91/2009 y a la Ley N.° 26331, se establece que se debe actualizar el Inventario Nacional de Bosques Nativos como máximo cada 5 años.
Cabe destacar que la firma de contratos realizada corresponde a la Licitación Pública Nacional N.º 01/2018, del Proyecto Bosques Nativos y Comunidad (BIRF-8493). Los adjudicatarios son: Fundación ProYungas (Salta); HYTSA Estudios y Proyectos SA i- BC S.R.L (Formosa); Asociación en participación Feldkamp Juan Esteban y Siboldi Maria Eugenia Sociedad de Hecho; Feldkamp Hermann Adolfo y Feldkamp Walter Federico Sociedad de Hecho; y Sociedad Fiduciaria Agropecuaria S.A. (Jujuy, Tucumán, Catamarca).
Sobre el Proyecto Bosques Nativos y Comunidad
El Proyecto Bosques Nativos y Comunidad se lleva a cabo mediante un préstamo del Banco Mundial (BIRF-8493) y con fondos complementarios del Estado nacional que son implementados por la cartera nacional de Ambiente, con la participación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD ARG/15/004).
En este marco, el Ministerio de Ambiente lanzó una nueva convocatoria que invita a presentar ofertas para la instalación de 627 parcelas remedibles de inventario, mediante la Licitación Pública Nacional N.° 2/2018: “Contratación del servicio para Instalación de Parcelas Remedibles de Inventario Forestal en las provincias de: Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba”. La convocatoria se encuentra abierta hasta el 15 de septiembre de 2018.
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Para los sojeros todo, para la agricultura familiar nada
La Agricultura Familiar, entre el vaciamiento y la disputa campesina por la tierra
Fecha de Publicación: 21/08/2018
Fuente: Biodiversidad en América Latina
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno nacional eliminó el Monotributo Social Agropecuario gratuito (MSA), y con eso dejó a miles de trabajadores de la tierra y familias campesinas sin obra social, aportes jubilatorios e instrumento de facturación para la venta de sus productos. La situación no fue sorpresiva, ya que desde hace varios meses desde el Ministerio de Agroindustria se impedía la incorporación de nuevos productores en el ReNAF (Registro Nacional de la Agricultura Familiar) y se bloqueaban nuevas altas de MSA.
La Agricultura Familiar en Argentina es un sector importante aunque históricamente invisibilizado. Ocupa solo el 18 % de las tierras agrícola-ganaderas, pero representa al 75% de los productores del país. Produce alrededor del 60% de las verduras, el 85% del sector caprino, más del 50% de porcinos, pollos parrilleros y explotaciones de tambo, y genera el 64% del trabajo permanente en el campo. Así, contribuye con el 27% del valor de la producción agropecuaria del país. Sin embargo, la diferencia entre lo que se paga al productor y lo que los productos cuestan en el mercado ronda entre el 500 al 1000 por ciento. Lo que significa que, a pesar de trabajar intensamente, en la mayoría de los casos las familias obtienen insuficientes ingresos económicos. Otra de las debilidades del sector es la precariedad del acceso y tenencia de la tierra. Miles de familias deben arrendar para producir y muchasotras carecen de títulos de propiedad, ya que son poseedoras ancestrales y por generaciones.
La Agricultura Familiar en Argentina es un sector importante aunque históricamente invisibilizado. Ocupa solo el 18 % de las tierras agrícola-ganaderas, pero representa al 75% de los productores del país y genera el 64% del trabajo permanente en el campo.
En 2015, más de 100 mil familias figuraban registradas en el ReNAF y con monotributo social agropecuario. Pero el ataque sistemático contra el sector, acompañado por el desmantelamiento continuo del área, los nuevos parámetros exigidos para inscribirse, la obligación de reempadronamiento anual, y la exclusión de las organizaciones campesinas como entidades de registro, significó una fuerte reducción: en 2018, según datos oficiales, quedan solo 55 mil productores con el beneficio y unos 50 mil adherentes.
Desde que asumió la presidencia Mauricio Macri, se apuntó contra la agricultura familiar y campesina con acciones como la eliminación de la Secretaria de Agricultura Familiar, el desfinanciamiento de todos los programas, la reformulación de Cambio Rural del INTA para excluir a buena parte del sector, el desfinanciamiento de la mesa caprina, entre otras. Estas medidas fueron acompañadas por un discurso oficial descalificador cuya idea central es que se trata de un sector improductivo. Se desarticuló el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar y el gobierno abandonó la mesa de diálogo por los conflictos agrarios que había surgido a iniciativa de la Iglesia y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. También desapareció el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) y se volvió a entregar el control del trabajo agrario a la Sociedad Rural Argentina.
A diez años de la 125
A comienzos de 2008, la crisis financiera internacional golpeó con fuerza los modelos neodesarrollistas, que en base al alto valor de los commodities (sobrevaluados por la especulación financiera y el poder de las corporaciones) permitían a los gobiernos progresistas del sur una política de distribución de ingresos. El Gobierno conducido por Fernández de Kirchner apuntó a mantener tasas de distribución en el marco de la tormenta global modificando las retenciones a la soja. La reacción del capital financiero y la oligarquía provocó una crisis política en la propia coalición gobernante. Los sectores vinculados a terratenientes y agro-negocios priorizaron defender violentamente sus privilegios corporativos. La Mesa de Enlace logró con el aporte de los grandes medios de comunicación ubicarse como la representación del campo, incluso de medianos y pequeños productores, además de contar con el apoyo de sindicalista Gerardo ‘Momo’ Venegas de la UATRE, el sindicato de los trabajadores rurales que poco ha defendido los intereses de los obreros rurales y trabajadoras de la tierra.
La ofensiva ruralista construyó un relato sobre “el campo” mostrando una visión romántica de un sector unido y armónico que genera la riqueza y el bienestar del pueblo argentino, frente a un gobierno populista que aumenta impuestos para el despilfarro.
En ese relato no aparecían las corporaciones transnacionales, ni los millones de litros de agrotóxicos vertidos sobre campos, pueblos y alimentos, tampoco los rostros cansados y los cuerpos deteriorados por la explotación, el trabajo en negro e incluso esclavo que predomina en las estancias patronales, ni los fondos financieros y maniobras especulativas con las que estos agro-empresarios sacan las ganancias del país de manera clandestina para no pagar impuestos. Tampoco la terrible concentración de la tierra.
En la Argentina, los movimientos campesinos y de la agricultura familiar venían dando duras batallas contra el agro-negocio, las corporaciones y terratenientes. Sin embargo, no se había logrado una articulación política e institucional.
El campo no es un espacio sin conflicto, sino más bien el escenario donde se desarrollaron en la historia duros enfrentamientos sobre los destinos de la patria: soberanía o dependencia.
El campo profundo y popular
Vía Campesina acuñó el concepto de Soberanía Alimentaria, para dar este debate en la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación), durante la cumbre mundial de la alimentación de 1996 donde, en el marco de una crisis alimentaria global, el lobby de las corporaciones transnacionales presionaba por consolidar a los agro-negocios como única salida, a pesar de que el avance del capital financiero en la agricultura es lo que destruye los sistemas agroalimentarios locales provocando el aumento de personas hambrientas. Es en esa encrucijada – soberanía o dependencia – que está la llave para terminar con el hambre en el planeta.
En la Argentina, los movimientos campesinos y de la agricultura familiar venían dando duras batallas contra el agro-negocio, las corporaciones y terratenientes. Sin embargo, no se había logrado una articulación política e institucional. Quizás por cierta subestimación de la cuestión agraria de parte de los dirigentes políticos y, por otro lado, una subestimación del rol del Estado y la política de parte de las organizaciones campesinas.
El conflicto surgido a raíz de la 125 puso en evidencia la necesidad de plantear la “cuestión agraria”, así como la necesidad de caracterizar a los sujetos, grupos y contradicciones que componen ese genérico “campo”.
En este marco de conflictividad abierta, el gobierno de CFK avanzó con la creación de la Subsecretaría de Agricultura Familiar para construir una política orientada a los sectores populares del campo.
Diferentes representaciones agrarias, gremiales y campesinas comenzaron a interactuar con la política. Los movimientos más fuertes del campo, entre ellos el MNCI Vía Campesina, mantenían aun cierta distancia de la política y del gobierno. Circunstancia que dificultó la primera etapa de este proceso, para consolidar tiempo después una nueva institucionalidad para un sector históricamente discriminado.
En 2014 le otorgó al área el rango de Secretaría, además crear el RENATEA para abordar la problemática del trabajador y la trabajadora Rural. Se avanzó en la creación del RENAF y MSA como instrumentos para formalizar al sector.
El RENATEA fue un avance sustancial para los obreros rurales, pues hasta ese momento eran rehenes de un registro a cargo de la UATRE de Venegas, que incluía solo a personas afines al sindicalista, pero que no daba cuenta del trabajo en negro y esclavo de decenas de miles de personas.
No pretendo hacer aquí un balance de ese proceso, solo mencionar algunos ejemplos de iniciativas y políticas que emergieron de las instancias de articulación del gobierno con los movimientos ligados a la agricultura familiar como fue la creación de la SENAF dentro de SENASA (la Comisión de Agricultura Familiar, un espacio constituido por organismos públicos, universidades y organizaciones de productores), y la puesta en práctica de protocolos diferenciados para la agroindustria campesina, con mayor número de técnicos de terreno que ejecutaron programas de desarrollo rural de la mano de los humildes del campo. Se logró la sanción de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar (ley 27.118) cuya reglamentación está pendiente. También se creó el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar conformado por las organizaciones del sector y los funcionarios de Agricultura, que fue un paso adelante en la construcción de una política pública adecuada a la realidad territorial.
La Reforma Agraria Pendiente
De este proceso quedó pendiente la democratización de la tierra. Y fue la clase que ostenta la propiedad concentrada de la tierra uno de los centros de poder desde donde la reacción conservadora retomó su iniciativa para recuperar el Estado.
El límite a la cantidad de tierra que puede tener una persona o empresa, la regulación de la función social de la tierra como condición fundamental para la propiedad y usufructo, el reconocimiento a la propiedad comunitaria, así como la distribución de tierra para que las familias sin posesión puedan vivir y producir dignamente, nunca prosperaron.
Resultan actuales algunos análisis y discusiones que se dieron post 1955, luego del golpe que derrocó a Juan Domingo Perón. Jauretche escribió: “Les quemamos el hipódromo, pero les dejamos los campos” a modo de una autocrítica, pues luego de que en el plan quinquenal peronista se incluyera un programa nacional de Reforma Agraria, y que John William Cooke elaborara el proyecto de Ley, Perón dio marcha atrás promoviendo el productivismo agro-exportador. A pesar de que había sostenido: “El problema argentino está en la tierra: dad al chacarero una roca en propiedad y él os devolverá un jardín; dad al chacarero un jardín en arrendamiento y él os devolverá una roca´. La tierra no debe ser un bien de renta, sino un instrumento de producción y trabajo. La tierra debe ser del que la trabaja, y no del que vive consumiendo sin producir a expensas del que la labora. Sabemos que los hombres que trabajan la tierra reclaman mejoras y aspiramos a establecer definitivamente que en este país la tierra no debe ser un bien de renta, sino que debe pertenecer al que la fecunda con su esfuerzo. No podemos realizar este propósito de una sola vez, pero les prometo que, encarado y resuelto el problema de la tierra, no habrá un sólo argentino que no tenga derecho a ser propietario en su propia tierra”.
De este proceso quedó pendiente la democratización de la tierra. Y fue la clase que ostenta la propiedad concentrada de la tierra uno de los centros de poder desde donde la reacción conservadora retomó su iniciativa para recuperar el Estado.
La historia se repite. Debido al problema estructural de la falta de divisas para el desarrollo, los gobiernos populares apuestan a que el capital financiero y la oligarquía mantengan el control de la tierra, pero los hechos demuestran que, además de todos los problemas de contaminación, precarización laboral y aumento de precios de los alimentos en el mercado interno, los dólares no vienen.
Desde que Cambiemos tomó el control de la política agraria ha dejado claro que su objetivo es promover el desarrollo del capital financiero en el campo, de la mano de la mercantilización de la agricultura. En ese esquema, las familias campesinas y agricultores familiares sobran, por eso pretenden excluirlos de toda identidad agraria y productiva, para estigmatizar al sector como marginales improductivos que requieren asistencialismo y por ende deben ser “atendidos” por el Ministerio de Desarrollo Social y no el de Agricultura. La embestida oficial tiene en agenda despedir a 600 trabajadores de Agricultura familiar en lo que resta del año para concretar el vaciamiento institucional.
Sin embargo, diversos procesos de re articulación del sector están sucediendo, junto a la emergencia de nuevas organizaciones. El Verdurazo es una novedosa forma de lucha, que sumó visibilidad a la histórica disputa por la Tierra que se libra en el campo profundo, y un fortalecimiento de la alianza con los trabajadores de la Economía popular y el sindicalismo. El 26 de julio se desarrollaron acciones de movilización agraria en todo el país y un abrazo simbólico al Ministerio de Agroindustria para exigir que frene el ajuste, que combinado con los tarifazos, la inflación y la apertura de las importaciones golpean muy duro a los pueblos rurales.
Diversas organizaciones como el Movimiento Nacional Campesino Indígena – Vía Campesina (MNCI), la Federación Agraria Argentina, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), La Federación Nacional Campesina (Expresión rural de la CCC) y el Movimiento de Trabajadores Excluidos Rama Rural (MTE Rural), entre otras, protagonizan ese proceso. Además de organizaciones locales y provinciales que aún no cuentan con una expresión nacional.
Distintos procesos de re articulación del sector están sucediendo, junto a la emergencia de nuevas organizaciones. El Verdurazo es una novedosa forma de lucha, que sumó visibilidad a la histórica disputa por la Tierra que se libra en el campo profundo, y fortaleció la alianza con los trabajadores de la Economía popular y el sindicalismo.
A pesar de las dificultades que la geografía y dispersión imponen, las organizaciones agrarias y campesinas vienen recorriendo un camino de acumulación y articulación cada vez más importante, fortaleciendo su identidad de pertenencia a la clase trabajadora, y fundamentalmente a los más humildes.
Será un desafío para el campo popular, al retomar el control del Estado, intentar terminar con estos “ciclos” en los que la restauración conservadora se nutre del poder terrateniente por lo que, en un Programa Nacional y Popular no debería estar ausente la Reforma Agraria como base fundamental para consolidar la Soberanía Alimentaria y la democracia.
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Fecha de Publicación: 21/08/2018
Fuente: Biodiversidad en América Latina
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno nacional eliminó el Monotributo Social Agropecuario gratuito (MSA), y con eso dejó a miles de trabajadores de la tierra y familias campesinas sin obra social, aportes jubilatorios e instrumento de facturación para la venta de sus productos. La situación no fue sorpresiva, ya que desde hace varios meses desde el Ministerio de Agroindustria se impedía la incorporación de nuevos productores en el ReNAF (Registro Nacional de la Agricultura Familiar) y se bloqueaban nuevas altas de MSA.
La Agricultura Familiar en Argentina es un sector importante aunque históricamente invisibilizado. Ocupa solo el 18 % de las tierras agrícola-ganaderas, pero representa al 75% de los productores del país. Produce alrededor del 60% de las verduras, el 85% del sector caprino, más del 50% de porcinos, pollos parrilleros y explotaciones de tambo, y genera el 64% del trabajo permanente en el campo. Así, contribuye con el 27% del valor de la producción agropecuaria del país. Sin embargo, la diferencia entre lo que se paga al productor y lo que los productos cuestan en el mercado ronda entre el 500 al 1000 por ciento. Lo que significa que, a pesar de trabajar intensamente, en la mayoría de los casos las familias obtienen insuficientes ingresos económicos. Otra de las debilidades del sector es la precariedad del acceso y tenencia de la tierra. Miles de familias deben arrendar para producir y muchasotras carecen de títulos de propiedad, ya que son poseedoras ancestrales y por generaciones.
La Agricultura Familiar en Argentina es un sector importante aunque históricamente invisibilizado. Ocupa solo el 18 % de las tierras agrícola-ganaderas, pero representa al 75% de los productores del país y genera el 64% del trabajo permanente en el campo.
En 2015, más de 100 mil familias figuraban registradas en el ReNAF y con monotributo social agropecuario. Pero el ataque sistemático contra el sector, acompañado por el desmantelamiento continuo del área, los nuevos parámetros exigidos para inscribirse, la obligación de reempadronamiento anual, y la exclusión de las organizaciones campesinas como entidades de registro, significó una fuerte reducción: en 2018, según datos oficiales, quedan solo 55 mil productores con el beneficio y unos 50 mil adherentes.
Desde que asumió la presidencia Mauricio Macri, se apuntó contra la agricultura familiar y campesina con acciones como la eliminación de la Secretaria de Agricultura Familiar, el desfinanciamiento de todos los programas, la reformulación de Cambio Rural del INTA para excluir a buena parte del sector, el desfinanciamiento de la mesa caprina, entre otras. Estas medidas fueron acompañadas por un discurso oficial descalificador cuya idea central es que se trata de un sector improductivo. Se desarticuló el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar y el gobierno abandonó la mesa de diálogo por los conflictos agrarios que había surgido a iniciativa de la Iglesia y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. También desapareció el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) y se volvió a entregar el control del trabajo agrario a la Sociedad Rural Argentina.
A diez años de la 125
A comienzos de 2008, la crisis financiera internacional golpeó con fuerza los modelos neodesarrollistas, que en base al alto valor de los commodities (sobrevaluados por la especulación financiera y el poder de las corporaciones) permitían a los gobiernos progresistas del sur una política de distribución de ingresos. El Gobierno conducido por Fernández de Kirchner apuntó a mantener tasas de distribución en el marco de la tormenta global modificando las retenciones a la soja. La reacción del capital financiero y la oligarquía provocó una crisis política en la propia coalición gobernante. Los sectores vinculados a terratenientes y agro-negocios priorizaron defender violentamente sus privilegios corporativos. La Mesa de Enlace logró con el aporte de los grandes medios de comunicación ubicarse como la representación del campo, incluso de medianos y pequeños productores, además de contar con el apoyo de sindicalista Gerardo ‘Momo’ Venegas de la UATRE, el sindicato de los trabajadores rurales que poco ha defendido los intereses de los obreros rurales y trabajadoras de la tierra.
La ofensiva ruralista construyó un relato sobre “el campo” mostrando una visión romántica de un sector unido y armónico que genera la riqueza y el bienestar del pueblo argentino, frente a un gobierno populista que aumenta impuestos para el despilfarro.
En ese relato no aparecían las corporaciones transnacionales, ni los millones de litros de agrotóxicos vertidos sobre campos, pueblos y alimentos, tampoco los rostros cansados y los cuerpos deteriorados por la explotación, el trabajo en negro e incluso esclavo que predomina en las estancias patronales, ni los fondos financieros y maniobras especulativas con las que estos agro-empresarios sacan las ganancias del país de manera clandestina para no pagar impuestos. Tampoco la terrible concentración de la tierra.
En la Argentina, los movimientos campesinos y de la agricultura familiar venían dando duras batallas contra el agro-negocio, las corporaciones y terratenientes. Sin embargo, no se había logrado una articulación política e institucional.
El campo no es un espacio sin conflicto, sino más bien el escenario donde se desarrollaron en la historia duros enfrentamientos sobre los destinos de la patria: soberanía o dependencia.
El campo profundo y popular
Vía Campesina acuñó el concepto de Soberanía Alimentaria, para dar este debate en la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación), durante la cumbre mundial de la alimentación de 1996 donde, en el marco de una crisis alimentaria global, el lobby de las corporaciones transnacionales presionaba por consolidar a los agro-negocios como única salida, a pesar de que el avance del capital financiero en la agricultura es lo que destruye los sistemas agroalimentarios locales provocando el aumento de personas hambrientas. Es en esa encrucijada – soberanía o dependencia – que está la llave para terminar con el hambre en el planeta.
En la Argentina, los movimientos campesinos y de la agricultura familiar venían dando duras batallas contra el agro-negocio, las corporaciones y terratenientes. Sin embargo, no se había logrado una articulación política e institucional. Quizás por cierta subestimación de la cuestión agraria de parte de los dirigentes políticos y, por otro lado, una subestimación del rol del Estado y la política de parte de las organizaciones campesinas.
El conflicto surgido a raíz de la 125 puso en evidencia la necesidad de plantear la “cuestión agraria”, así como la necesidad de caracterizar a los sujetos, grupos y contradicciones que componen ese genérico “campo”.
En este marco de conflictividad abierta, el gobierno de CFK avanzó con la creación de la Subsecretaría de Agricultura Familiar para construir una política orientada a los sectores populares del campo.
Diferentes representaciones agrarias, gremiales y campesinas comenzaron a interactuar con la política. Los movimientos más fuertes del campo, entre ellos el MNCI Vía Campesina, mantenían aun cierta distancia de la política y del gobierno. Circunstancia que dificultó la primera etapa de este proceso, para consolidar tiempo después una nueva institucionalidad para un sector históricamente discriminado.
En 2014 le otorgó al área el rango de Secretaría, además crear el RENATEA para abordar la problemática del trabajador y la trabajadora Rural. Se avanzó en la creación del RENAF y MSA como instrumentos para formalizar al sector.
El RENATEA fue un avance sustancial para los obreros rurales, pues hasta ese momento eran rehenes de un registro a cargo de la UATRE de Venegas, que incluía solo a personas afines al sindicalista, pero que no daba cuenta del trabajo en negro y esclavo de decenas de miles de personas.
No pretendo hacer aquí un balance de ese proceso, solo mencionar algunos ejemplos de iniciativas y políticas que emergieron de las instancias de articulación del gobierno con los movimientos ligados a la agricultura familiar como fue la creación de la SENAF dentro de SENASA (la Comisión de Agricultura Familiar, un espacio constituido por organismos públicos, universidades y organizaciones de productores), y la puesta en práctica de protocolos diferenciados para la agroindustria campesina, con mayor número de técnicos de terreno que ejecutaron programas de desarrollo rural de la mano de los humildes del campo. Se logró la sanción de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar (ley 27.118) cuya reglamentación está pendiente. También se creó el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar conformado por las organizaciones del sector y los funcionarios de Agricultura, que fue un paso adelante en la construcción de una política pública adecuada a la realidad territorial.
La Reforma Agraria Pendiente
De este proceso quedó pendiente la democratización de la tierra. Y fue la clase que ostenta la propiedad concentrada de la tierra uno de los centros de poder desde donde la reacción conservadora retomó su iniciativa para recuperar el Estado.
El límite a la cantidad de tierra que puede tener una persona o empresa, la regulación de la función social de la tierra como condición fundamental para la propiedad y usufructo, el reconocimiento a la propiedad comunitaria, así como la distribución de tierra para que las familias sin posesión puedan vivir y producir dignamente, nunca prosperaron.
Resultan actuales algunos análisis y discusiones que se dieron post 1955, luego del golpe que derrocó a Juan Domingo Perón. Jauretche escribió: “Les quemamos el hipódromo, pero les dejamos los campos” a modo de una autocrítica, pues luego de que en el plan quinquenal peronista se incluyera un programa nacional de Reforma Agraria, y que John William Cooke elaborara el proyecto de Ley, Perón dio marcha atrás promoviendo el productivismo agro-exportador. A pesar de que había sostenido: “El problema argentino está en la tierra: dad al chacarero una roca en propiedad y él os devolverá un jardín; dad al chacarero un jardín en arrendamiento y él os devolverá una roca´. La tierra no debe ser un bien de renta, sino un instrumento de producción y trabajo. La tierra debe ser del que la trabaja, y no del que vive consumiendo sin producir a expensas del que la labora. Sabemos que los hombres que trabajan la tierra reclaman mejoras y aspiramos a establecer definitivamente que en este país la tierra no debe ser un bien de renta, sino que debe pertenecer al que la fecunda con su esfuerzo. No podemos realizar este propósito de una sola vez, pero les prometo que, encarado y resuelto el problema de la tierra, no habrá un sólo argentino que no tenga derecho a ser propietario en su propia tierra”.
De este proceso quedó pendiente la democratización de la tierra. Y fue la clase que ostenta la propiedad concentrada de la tierra uno de los centros de poder desde donde la reacción conservadora retomó su iniciativa para recuperar el Estado.
La historia se repite. Debido al problema estructural de la falta de divisas para el desarrollo, los gobiernos populares apuestan a que el capital financiero y la oligarquía mantengan el control de la tierra, pero los hechos demuestran que, además de todos los problemas de contaminación, precarización laboral y aumento de precios de los alimentos en el mercado interno, los dólares no vienen.
Desde que Cambiemos tomó el control de la política agraria ha dejado claro que su objetivo es promover el desarrollo del capital financiero en el campo, de la mano de la mercantilización de la agricultura. En ese esquema, las familias campesinas y agricultores familiares sobran, por eso pretenden excluirlos de toda identidad agraria y productiva, para estigmatizar al sector como marginales improductivos que requieren asistencialismo y por ende deben ser “atendidos” por el Ministerio de Desarrollo Social y no el de Agricultura. La embestida oficial tiene en agenda despedir a 600 trabajadores de Agricultura familiar en lo que resta del año para concretar el vaciamiento institucional.
Sin embargo, diversos procesos de re articulación del sector están sucediendo, junto a la emergencia de nuevas organizaciones. El Verdurazo es una novedosa forma de lucha, que sumó visibilidad a la histórica disputa por la Tierra que se libra en el campo profundo, y un fortalecimiento de la alianza con los trabajadores de la Economía popular y el sindicalismo. El 26 de julio se desarrollaron acciones de movilización agraria en todo el país y un abrazo simbólico al Ministerio de Agroindustria para exigir que frene el ajuste, que combinado con los tarifazos, la inflación y la apertura de las importaciones golpean muy duro a los pueblos rurales.
Diversas organizaciones como el Movimiento Nacional Campesino Indígena – Vía Campesina (MNCI), la Federación Agraria Argentina, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), La Federación Nacional Campesina (Expresión rural de la CCC) y el Movimiento de Trabajadores Excluidos Rama Rural (MTE Rural), entre otras, protagonizan ese proceso. Además de organizaciones locales y provinciales que aún no cuentan con una expresión nacional.
Distintos procesos de re articulación del sector están sucediendo, junto a la emergencia de nuevas organizaciones. El Verdurazo es una novedosa forma de lucha, que sumó visibilidad a la histórica disputa por la Tierra que se libra en el campo profundo, y fortaleció la alianza con los trabajadores de la Economía popular y el sindicalismo.
A pesar de las dificultades que la geografía y dispersión imponen, las organizaciones agrarias y campesinas vienen recorriendo un camino de acumulación y articulación cada vez más importante, fortaleciendo su identidad de pertenencia a la clase trabajadora, y fundamentalmente a los más humildes.
Será un desafío para el campo popular, al retomar el control del Estado, intentar terminar con estos “ciclos” en los que la restauración conservadora se nutre del poder terrateniente por lo que, en un Programa Nacional y Popular no debería estar ausente la Reforma Agraria como base fundamental para consolidar la Soberanía Alimentaria y la democracia.
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Polémica autovía en Córdoba sería autorizada con cambios
Autovía de Punilla: inminente dictamen a favor, aunque con varios cambios
Fecha de Publicación: 21/08/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El proyecto de la nueva autovía de Punilla, para el tramo entre el dique San Roque y Cosquín, se encamina a obtener la licencia ambiental, paso imprescindible para que la Provincia quede liberada para licitar y construir esa obra vial.
Tal como adelantó este diario el 27 de mayo pasado, al proyecto original se le harán algunas modificaciones y se sumarán precisiones.
El trazado tendría variaciones que no serán significativas en términos geográficos, porque el nuevo dibujo pasaría en esos tramos a no más de 300 metros del anterior. Pero, a la vez, asoman como destacadas porque esos retoques involucran a más del 40 por ciento de los 14,3 kilómetros en discusión.
En las últimas semanas, la Comisión Técnica Interdisciplinaria (CTI), que funciona en el ámbito de la Secretaría de Ambiente de la Provincia y que debe emitir dictamen sobre el proyecto, sugirió ajustes y adecuaciones al equipo que diseñó el proyecto y elaboró el estudio de impacto ambiental, por encargo de Vialidad Provincial.
El Instituto de Investigaciones en Servicios Públicos e Infraestructura (Iispi), de la UNC, fue incorporando las adaptaciones sugeridas. Su titular, Francisco Delgadino, confirmó a La Voz las variantes sobre las que se estuvo trabajando y dijo creer que ya no habría otras.
“No se trata de grandes modificaciones, porque si no sería otro proyecto distinto. Son ajustes y mejoras a lo que había, que nos fue pidiendo la CTI y que surgieron por el debate que se dio”, señaló.
Qué retocarán
En el trazado, habría modificaciones en dos zonas. Una, a la altura de Barrancas Bermejas, sobre Bialet Massé, donde la autovía se correrá unos 120 metros hacia el este, para tomar mayor distancia de un área natural, conocida por su riqueza en aves. “Es un cambio muy puntual”, acotó el ingeniero Delgadino. Según el mapa disponible, el recorrido tendría allí una variación de casi 1,5 kilómetros.
La otra sería sobre el punto más controvertido del proyecto: su paso por el yacimiento de uranio Rodolfo, entre Santa María y Cosquín. El director del Iispi señaló que hubo adaptaciones para asegurar el compromiso asumido de que no haya movimientos de suelos en ese tramo de casi cuatro kilómetros. La traza se correría al oeste (hacia las zonas urbanas, no hacia las montañas).
Delgadino apuntó que la variación no comprende a todo ese tramo. El mapa del nuevo, comparado con el original, muestra que varía, aunque a escasa distancia, en la mayor parte del recorrido.
El titular del Iispi acotó que además se ajustó en ese sector el ancho disponible para la obra, reduciendo los espacios laterales.
De quedar confirmados esos cambios, la traza se recostaría más hacia las zonas urbanas y requeriría algunas expropiaciones hasta ahora no contempladas, más sobre lotes que sobre inmuebles, en Santa María y en Cosquín. Según Delgadino, se tuvo en cuenta la indicación de que esas variaciones no implicaran más desmontes.
Desde el Iispi confirmaron que los retoques en el trazado no variarían el recorrido total, que se mantendría en los 14,3 kilómetros entre la comuna de San Roque y la ciudad de Cosquín.
Otros ajustes
Otro retoque estaría ligado al plan de reforestación. El proyecto contemplaba el criterio de que por cada árbol nativo extraído se debían plantar tres nuevos. Pero desde organizaciones ambientalistas se cuestionó la ausencia de precisiones sobre el modo en que se ejecutaría.
Delgadino señaló que el proyecto fija que serían 135 las hectáreas de monte a extraer para la obra y que ahora se agregaron “precisiones al plan de reforestación”. Apuntó que habría 450 hectáreas reforestadas, y que la mayor parte de esas plantaciones se concentrará en campos cercanos a Cosquín, hoy sin esa cobertura.
Otro punto que quedaría modificado: se ampliarían todas las alcantarillas previstas, para llevarlas a dos metros.
El proceso de revisión no está aún formalmente cerrado. Por las indicaciones de ajustes, se interpreta que se encamina a su aprobación, en pocos días. Tras ese paso, el siguiente sería que la Secretaría de Ambiente otorgue la licencia ambiental.
El expediente tiene unos 20 tomos. Tres se agregaron entre julio y agosto. Varios más se sumaron entre mayo y junio, tras la concurrida audiencia pública que en mayo debatió el proyecto en Santa María de Punilla.
Ambientalistas
La necesidad de crear una autovía que reemplace en Punilla a la colapsada ruta nacional 38 nunca fue discutida. En cambio, generó una muy fuerte polémica el trazado elegido, sobre el pie del cordón montañoso de las Sierras Chicas. Organizaciones ambientalistas e investigadores en ecología han advertido que de todas las vías posibles, esta era la que más afectaba el ecosistema serrano.
Federico Kopta, coordinador del Foro Ambiental Córdoba, señaló que ahora deberá evaluarse “hasta qué punto estas modificaciones mejoran el proyecto”. Tras acceder a la documentación con los ajustes incorporados por el Iispi, marcó que “la traza sometida a audiencia pública fue variada en un 45 por ciento”, y que su análisis “debiera tener una instancia de participación abierta a la comunidad”. No descartó, en ese caso, que se pueda reclamar una audiencia pública complementaria.
En una primera vista, Kopta apuntó que los cambios reducirían la zona de bosque nativo afectada del 76 al 68 por ciento, y que se evitaría ya el paso por buena parte del yacimiento de uranio. “Pero hay que revisar cómo quedará al final y los detalles que faltan”, planteó.
El costo de la obra ya no será el planificado
La inflación y los cambios harán subir el monto.
Cuando el proyecto de autovía fue anunciado, Vialidad Provincial planteó un presupuesto de tres mil millones de pesos para los 14,3 kilómetros a ejecutar. Varios meses después, devaluación e inflación mediante, ese valor merecerá actualizaciones evidentes. Además, desde el Iispi se anticipó que los ajustes incorporados encarecerán el proyecto. Por caso, la necesidad de traer suelos de otras zonas para rellenar el tramo del yacimiento de uranio por atravesar.
La obra vial que mayor discusión previa generó en Córdoba
Aunque la ruta nacional 38 que atraviesa el Valle de Punilla es nacional, la Provincia anunció la ejecución, por su cuenta, de una autovía, más ágil y segura, que corra paralela en los 50 kilómetros entre el dique San Roque y la ciudad de La Cumbre.
Un primer tramo entre la autopista Córdoba-Carlos Paz y el dique San Roque está en ejecución desde hace meses, incluyendo un nuevo puente sobre ese embalse.
El segundo tramo, de casi 15 kilómetros entre San Roque y Cosquín, es el que generó la mayor controversia, sobre todo respecto del trazado por elegir. Para la Provincia, el que defiende es el más corto, seguro y económico. Para sectores ambientalistas, resulta el que más afectaría al ecosistema serrano.
Para los tramos desde Cosquín a La Cumbre no hay por ahora ni proyectos en elaboración.
El debate por el tramo de San Roque a Cosquín incluyó, en mayo pasado, la audiencia pública ambiental más concurrida desde que en 2004 una ley exige ese paso en Córdoba. Hubo más de 900 inscriptos, con finalmente 355 oradores, en siete días consecutivos.
Entre medio, hasta la Universidad Nacional de Córdoba entró en los tironeos: debió salir a aclarar que el diseño de obra realizado para Vialidad Provincial por uno de sus institutos -el Iispi- no representaba la opinión de la UNC, mientras otros centros de investigación de la misma casa -como el Imbiv- planteaban públicamente su rechazo al proyecto.
El Gobierno resolvió ya por decreto que sea la empresa provincial Caminos de las Sierras la que licitará la obras de la nueva autovía. Es la misma que está a cargo de las obras y los peajes en la red de accesos a la Capital.
Una duda que asoma es si habrá recursos para encararla, en el nuevo contexto económico del país.
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Fecha de Publicación: 21/08/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El proyecto de la nueva autovía de Punilla, para el tramo entre el dique San Roque y Cosquín, se encamina a obtener la licencia ambiental, paso imprescindible para que la Provincia quede liberada para licitar y construir esa obra vial.
Tal como adelantó este diario el 27 de mayo pasado, al proyecto original se le harán algunas modificaciones y se sumarán precisiones.
El trazado tendría variaciones que no serán significativas en términos geográficos, porque el nuevo dibujo pasaría en esos tramos a no más de 300 metros del anterior. Pero, a la vez, asoman como destacadas porque esos retoques involucran a más del 40 por ciento de los 14,3 kilómetros en discusión.
En las últimas semanas, la Comisión Técnica Interdisciplinaria (CTI), que funciona en el ámbito de la Secretaría de Ambiente de la Provincia y que debe emitir dictamen sobre el proyecto, sugirió ajustes y adecuaciones al equipo que diseñó el proyecto y elaboró el estudio de impacto ambiental, por encargo de Vialidad Provincial.
El Instituto de Investigaciones en Servicios Públicos e Infraestructura (Iispi), de la UNC, fue incorporando las adaptaciones sugeridas. Su titular, Francisco Delgadino, confirmó a La Voz las variantes sobre las que se estuvo trabajando y dijo creer que ya no habría otras.
“No se trata de grandes modificaciones, porque si no sería otro proyecto distinto. Son ajustes y mejoras a lo que había, que nos fue pidiendo la CTI y que surgieron por el debate que se dio”, señaló.
Qué retocarán
En el trazado, habría modificaciones en dos zonas. Una, a la altura de Barrancas Bermejas, sobre Bialet Massé, donde la autovía se correrá unos 120 metros hacia el este, para tomar mayor distancia de un área natural, conocida por su riqueza en aves. “Es un cambio muy puntual”, acotó el ingeniero Delgadino. Según el mapa disponible, el recorrido tendría allí una variación de casi 1,5 kilómetros.
La otra sería sobre el punto más controvertido del proyecto: su paso por el yacimiento de uranio Rodolfo, entre Santa María y Cosquín. El director del Iispi señaló que hubo adaptaciones para asegurar el compromiso asumido de que no haya movimientos de suelos en ese tramo de casi cuatro kilómetros. La traza se correría al oeste (hacia las zonas urbanas, no hacia las montañas).
Delgadino apuntó que la variación no comprende a todo ese tramo. El mapa del nuevo, comparado con el original, muestra que varía, aunque a escasa distancia, en la mayor parte del recorrido.
El titular del Iispi acotó que además se ajustó en ese sector el ancho disponible para la obra, reduciendo los espacios laterales.
De quedar confirmados esos cambios, la traza se recostaría más hacia las zonas urbanas y requeriría algunas expropiaciones hasta ahora no contempladas, más sobre lotes que sobre inmuebles, en Santa María y en Cosquín. Según Delgadino, se tuvo en cuenta la indicación de que esas variaciones no implicaran más desmontes.
Desde el Iispi confirmaron que los retoques en el trazado no variarían el recorrido total, que se mantendría en los 14,3 kilómetros entre la comuna de San Roque y la ciudad de Cosquín.
Otros ajustes
Otro retoque estaría ligado al plan de reforestación. El proyecto contemplaba el criterio de que por cada árbol nativo extraído se debían plantar tres nuevos. Pero desde organizaciones ambientalistas se cuestionó la ausencia de precisiones sobre el modo en que se ejecutaría.
Delgadino señaló que el proyecto fija que serían 135 las hectáreas de monte a extraer para la obra y que ahora se agregaron “precisiones al plan de reforestación”. Apuntó que habría 450 hectáreas reforestadas, y que la mayor parte de esas plantaciones se concentrará en campos cercanos a Cosquín, hoy sin esa cobertura.
Otro punto que quedaría modificado: se ampliarían todas las alcantarillas previstas, para llevarlas a dos metros.
El proceso de revisión no está aún formalmente cerrado. Por las indicaciones de ajustes, se interpreta que se encamina a su aprobación, en pocos días. Tras ese paso, el siguiente sería que la Secretaría de Ambiente otorgue la licencia ambiental.
El expediente tiene unos 20 tomos. Tres se agregaron entre julio y agosto. Varios más se sumaron entre mayo y junio, tras la concurrida audiencia pública que en mayo debatió el proyecto en Santa María de Punilla.
Ambientalistas
La necesidad de crear una autovía que reemplace en Punilla a la colapsada ruta nacional 38 nunca fue discutida. En cambio, generó una muy fuerte polémica el trazado elegido, sobre el pie del cordón montañoso de las Sierras Chicas. Organizaciones ambientalistas e investigadores en ecología han advertido que de todas las vías posibles, esta era la que más afectaba el ecosistema serrano.
Federico Kopta, coordinador del Foro Ambiental Córdoba, señaló que ahora deberá evaluarse “hasta qué punto estas modificaciones mejoran el proyecto”. Tras acceder a la documentación con los ajustes incorporados por el Iispi, marcó que “la traza sometida a audiencia pública fue variada en un 45 por ciento”, y que su análisis “debiera tener una instancia de participación abierta a la comunidad”. No descartó, en ese caso, que se pueda reclamar una audiencia pública complementaria.
En una primera vista, Kopta apuntó que los cambios reducirían la zona de bosque nativo afectada del 76 al 68 por ciento, y que se evitaría ya el paso por buena parte del yacimiento de uranio. “Pero hay que revisar cómo quedará al final y los detalles que faltan”, planteó.
El costo de la obra ya no será el planificado
La inflación y los cambios harán subir el monto.
Cuando el proyecto de autovía fue anunciado, Vialidad Provincial planteó un presupuesto de tres mil millones de pesos para los 14,3 kilómetros a ejecutar. Varios meses después, devaluación e inflación mediante, ese valor merecerá actualizaciones evidentes. Además, desde el Iispi se anticipó que los ajustes incorporados encarecerán el proyecto. Por caso, la necesidad de traer suelos de otras zonas para rellenar el tramo del yacimiento de uranio por atravesar.
La obra vial que mayor discusión previa generó en Córdoba
Aunque la ruta nacional 38 que atraviesa el Valle de Punilla es nacional, la Provincia anunció la ejecución, por su cuenta, de una autovía, más ágil y segura, que corra paralela en los 50 kilómetros entre el dique San Roque y la ciudad de La Cumbre.
Un primer tramo entre la autopista Córdoba-Carlos Paz y el dique San Roque está en ejecución desde hace meses, incluyendo un nuevo puente sobre ese embalse.
El segundo tramo, de casi 15 kilómetros entre San Roque y Cosquín, es el que generó la mayor controversia, sobre todo respecto del trazado por elegir. Para la Provincia, el que defiende es el más corto, seguro y económico. Para sectores ambientalistas, resulta el que más afectaría al ecosistema serrano.
Para los tramos desde Cosquín a La Cumbre no hay por ahora ni proyectos en elaboración.
El debate por el tramo de San Roque a Cosquín incluyó, en mayo pasado, la audiencia pública ambiental más concurrida desde que en 2004 una ley exige ese paso en Córdoba. Hubo más de 900 inscriptos, con finalmente 355 oradores, en siete días consecutivos.
Entre medio, hasta la Universidad Nacional de Córdoba entró en los tironeos: debió salir a aclarar que el diseño de obra realizado para Vialidad Provincial por uno de sus institutos -el Iispi- no representaba la opinión de la UNC, mientras otros centros de investigación de la misma casa -como el Imbiv- planteaban públicamente su rechazo al proyecto.
El Gobierno resolvió ya por decreto que sea la empresa provincial Caminos de las Sierras la que licitará la obras de la nueva autovía. Es la misma que está a cargo de las obras y los peajes en la red de accesos a la Capital.
Una duda que asoma es si habrá recursos para encararla, en el nuevo contexto económico del país.
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Acuerdan financiación para estudio de cuencas rionegrinas
Lebed firmó acuerdo con Nación que asegura financiación al estudio integral de la cuenca de los ríos Limay, Neuquén y Negro
Fecha de Publicación: 21/08/2018
Fuente: APP Noticias
Provincia/Región: Río Negro
Viedma. El titular de la AIC, Haroldo Lebed, y el secretario de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas de la Nación, Pablo Bereciartua, firmaron un convenio de cooperación y financiación para la ejecución del estudio “Planificación del aprovechamiento integral y gestión sustentable del recurso hídrico de las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro”.
Se debe recordar que este trabajo permitirá una definición técnica de los cupos que le corresponden a cada provincia integrante de la cuenca.
Lebed había adelantado días atrás a APP que este convenio se encontraba próximo a la firma y que garantiza el financiamiento de poco más de 5 millones de pesos para completar el estudio.
Rechazó “las especulaciones o expresiones demagógicas” respecto a que esto abra las puertas al trasvase de aguas del Negro al Colorado, señalando que una vez definido el cupo que le corresponde a la provincia de Buenos Aires por el tramo de poco más de 50 kilómetros de la jurisdicción sobre el río los mandatarios de la cuenca definirán los usos.
Lebed indicó que más allá del acuerdo con Nación para asegurar la financiación con la Fundación Bariloche ya se pusieron en marcha algunas acciones relativas al estudio.
Explicitó a APP que con la Fundación Bariloche “estamos entrenando a técnicos de la AIC”, de manera que “haya un estudio acabado y evitar discusiones estériles interprovinciales; que cuando esté el estudio podamos llevar el informe a los gobernadores de la cuenca y éstos definan los caminos a seguir”.
Rechazó las especulaciones o expresiones demagógicas respecto a los cupos que les corresponde a cada jurisdicción, señalando que “el día que esté el estudio vamos a saber el cupo que le corresponde a la provincia de Buenos Aires y veremos allí cómo seguimos adelante”.
Hay que señalar que en su momento se generaron muchas declaraciones críticas, sobre todo de Río Negro y Neuquén, de las pretensiones de la Provincia de Buenos Aires de un cupo del río Negro en principio muy superior a lo que se prevé le puede tocar. Esto se relacionó con el proyecto que periódicamente se reflota desde el área de CORFO y Bahía Blanca de hacer el trasvase de aguas del río Negro al Colorado.
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Fecha de Publicación: 21/08/2018
Fuente: APP Noticias
Provincia/Región: Río Negro
Viedma. El titular de la AIC, Haroldo Lebed, y el secretario de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas de la Nación, Pablo Bereciartua, firmaron un convenio de cooperación y financiación para la ejecución del estudio “Planificación del aprovechamiento integral y gestión sustentable del recurso hídrico de las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro”.
Se debe recordar que este trabajo permitirá una definición técnica de los cupos que le corresponden a cada provincia integrante de la cuenca.
Lebed había adelantado días atrás a APP que este convenio se encontraba próximo a la firma y que garantiza el financiamiento de poco más de 5 millones de pesos para completar el estudio.
Rechazó “las especulaciones o expresiones demagógicas” respecto a que esto abra las puertas al trasvase de aguas del Negro al Colorado, señalando que una vez definido el cupo que le corresponde a la provincia de Buenos Aires por el tramo de poco más de 50 kilómetros de la jurisdicción sobre el río los mandatarios de la cuenca definirán los usos.
Lebed indicó que más allá del acuerdo con Nación para asegurar la financiación con la Fundación Bariloche ya se pusieron en marcha algunas acciones relativas al estudio.
Explicitó a APP que con la Fundación Bariloche “estamos entrenando a técnicos de la AIC”, de manera que “haya un estudio acabado y evitar discusiones estériles interprovinciales; que cuando esté el estudio podamos llevar el informe a los gobernadores de la cuenca y éstos definan los caminos a seguir”.
Rechazó las especulaciones o expresiones demagógicas respecto a los cupos que les corresponde a cada jurisdicción, señalando que “el día que esté el estudio vamos a saber el cupo que le corresponde a la provincia de Buenos Aires y veremos allí cómo seguimos adelante”.
Hay que señalar que en su momento se generaron muchas declaraciones críticas, sobre todo de Río Negro y Neuquén, de las pretensiones de la Provincia de Buenos Aires de un cupo del río Negro en principio muy superior a lo que se prevé le puede tocar. Esto se relacionó con el proyecto que periódicamente se reflota desde el área de CORFO y Bahía Blanca de hacer el trasvase de aguas del río Negro al Colorado.
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Funcionarios "manchados" por la Barrick
La mancha de la Barrick Gold llegó a los funcionarios
Fecha de Publicación: 20/08/2018
Fuente: Diario Judicial
Provincia/Región: San Juan
Fecha de Publicación: 20/08/2018
Fuente: Diario Judicial
Provincia/Región: San Juan
La justicia Penal de San Juan condenó a funcionarios públicos por omitir sus responsabilidades de controlar y prevenir impactos ambientales producidos por la actividad minera.
En los autos "L. S. G. y otros s/ envenenamiento o adulteración de aguas", el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal condenó a funcionarios federales por omitir sus responsabilidades de controlar y prevenir impactos ambientales producidos por la actividad minera.
La demanda fue interpuesta por el Presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia, Mariano Aguilar, que denunció que vecinos de la localidad de San José de Jáchal, provincia de San Juan, habían advertido la rotura de un caño que la empresa “Barrick Gold” utilizaba para transportar cianuro en la mina Veladero, lo que habría ocasionado la contaminación de varios ríos hasta llegar el río Jáchal, cuyas aguas desembocan en las provincias de San Luís y Mendoza.
Para los titulares del Juzgado, los funcionarios omitieron cumplir con sus obligaciones a fin de controlar y prevenir los impactos ambientales producidos por la actividad minera, "habiendo existido falta de precaución, principio fundamental que debe regir en materia ambiental".
"El delito de abuso de autoridad es una figura penal instituida con el objeto de preservar el correcto funcionamiento de la administración pública y la consecuente legalidad que deben revestir los actos administrativos que emanan de su seno", explicaron los magistrados.
En esa línea, añadieron que ante la falta de responsabilidad, se debe condenar al funcionario público que, a partir del mal desempeño de sus funciones, omite dar cumplimiento a sus deberes y opta por ejercer arbitrariamente la autoridad oportunamente a él conferida.
Por último, los juzgadores explicaron que el abuso de autoridad también consiste en una omisión: "no ejecutar las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere al funcionario, debiendo el hecho revestir los caracteres de malicia señalados para la figura general".
Los jueces condenaron a los Secretarios de Ambiente y Minería de la Nación y de San Juan por incumplimientos, falta de control y otras irregularidades con relación al derrame de cianuro por parte de la firma Barrick Gold en la mina Veladero.
Los funcionarios sufrieron el embargo de sus bienes por $2.000.000 y la justicia le pidió al Ministerio de Medio Ambiente que tome cartas en el asunto para separarlos de sus cargos.
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San Juan monitorea los ecosistemas acuáticos
Medio Ambiente comenzó con un monitoreo a ecosistemas acuáticos
Fecha de Publicación: 20/08/2018
Fuente: San Juan 8
Provincia/Región: San Juan
En la jornada de hoy, el equipo técnico del Parque de la Biodiversidad de la Secretaría de Ambiente, comenzó con una campaña de monitoreo ictícola en río Castaño.
Los monitoreos son campañas estacionales que permiten la obtención de muestras, con cuyo análisis se obtienen datos que permiten conocer los ecosistemas acuáticos, determinar predominancia de especies, dieta de cada una, evaluación de la cadena trófica, también se busca medir parámetros fisicoquímicos para determinar si se encuentran dentro de la normalidad.
Todos los resultados obtenidos durante los tres días de monitoreos, son procesados por especialistas de la Secretaría, que entre otros aspectos, permiten conocer los recursos pesqueros, es decir, si los ejemplares que se encuentran en cada cauce son juveniles o adultos, qué población predomina y realizar una evaluación de la cadena trófica.
Con los resultados obtenidos, se definirá el plan a ejecutar en los próximos meses.
Los monitoreos continuarán desarrollándose en diferentes ríos de San Juan para definir políticas que permitan mantener el equilibrio adecuado en los ecosistemas acuáticos.
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Fecha de Publicación: 20/08/2018
Fuente: San Juan 8
Provincia/Región: San Juan
En la jornada de hoy, el equipo técnico del Parque de la Biodiversidad de la Secretaría de Ambiente, comenzó con una campaña de monitoreo ictícola en río Castaño.
Los monitoreos son campañas estacionales que permiten la obtención de muestras, con cuyo análisis se obtienen datos que permiten conocer los ecosistemas acuáticos, determinar predominancia de especies, dieta de cada una, evaluación de la cadena trófica, también se busca medir parámetros fisicoquímicos para determinar si se encuentran dentro de la normalidad.
Todos los resultados obtenidos durante los tres días de monitoreos, son procesados por especialistas de la Secretaría, que entre otros aspectos, permiten conocer los recursos pesqueros, es decir, si los ejemplares que se encuentran en cada cauce son juveniles o adultos, qué población predomina y realizar una evaluación de la cadena trófica.
Con los resultados obtenidos, se definirá el plan a ejecutar en los próximos meses.
Los monitoreos continuarán desarrollándose en diferentes ríos de San Juan para definir políticas que permitan mantener el equilibrio adecuado en los ecosistemas acuáticos.
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Campus de la UNNE Resistencia busca la eficiencia energética
Avanzan con un plan innovador de ahorro energético diseñado en la UNNE
Fecha de Publicación: 20/08/2018
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
El pasado viernes 10 de Agosto parte del equipo del Consejo Asesor Consultivo del Ambiente de la UNNE (COOA) liderado por la ingeniera Indiana Basterra, presentó ante la Rectora Delfina Veiravé los avances de un trabajo innovador realizado en todo el Campus Resistencia en el marco del Plan de Uso Responsable de la Energía (PURE) que encara ésta Universidad.
La reunión informativa se realizó en el despacho de la Rectora Veiravé y contó con la presencia de la Secretaria General Administrativa de la UNNE, contadora Cristina Torres quién junto a la titular de la UNNE, siguieron atentamente la exposición del ingeniero Hugo Daniel Zurlo realizada con un soporte visual explicativo (powerpoint). Los presentes escucharon detalles específicos del gran trabajo de relevamiento realizado en todo el Campus Resistencia de la UNNE en éstas dos primeras etapas del Plan de Eficiencia Energética elaborado para la UNNE por el equipo del COOA integrado por profesionales representantes de cada Unidad Académica y dependencias de la UNNE.
La primera y segunda etapa concluidas y presentadas ante la Rectora abarcan el relevamiento, posterior diagnóstico y recomendaciones para mejoras de todo lo que tiene que ver con la matriz energética (maquinarias y usos) de todo el Campus Resistencia de la UNNE que sirven de base para iniciar a implementar una política de ahorro energético en toda la Universidad.
En la Etapa 1, los integrantes del COAA elaboraron las líneas de acción y metodología de trabajo. Para la Etapa 2 se designó un equipo de administradores energéticos y colaboradores para encarar la acción que contó con el financiamiento de la Secretaría General Administrativa de la UNNE.
Los resultados y recomendaciones fueron expuestos en la reunión mantenida días atrás con la Rectora Veiravé y la contadora Cristina Torres.
Acompañaron la presentación también en esa oportunidad la Directora del Centro de Gestión Ambiental y Ecología (CEGAE-UNNE) y del COOA, ingeniera Indiana Basterra; María Cristina Inda de la Facultad de Humanidades; Erica Silvana Peralta de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura; Alina Noelia Peláez y Carolina Elizabet Barrios de la Facultad de Odontología; Aldo Ceferino Bernardis de la Facultad de Ciencias Agrarias; Laura Leyes de la Facultad de Medicina; de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo Hugo Daniel Zurlo y Tatiana Karenina Yakimchuk; de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, Viviana Bercheñi y Luis Ariel Pellegrino de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura.
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Fecha de Publicación: 20/08/2018
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
El pasado viernes 10 de Agosto parte del equipo del Consejo Asesor Consultivo del Ambiente de la UNNE (COOA) liderado por la ingeniera Indiana Basterra, presentó ante la Rectora Delfina Veiravé los avances de un trabajo innovador realizado en todo el Campus Resistencia en el marco del Plan de Uso Responsable de la Energía (PURE) que encara ésta Universidad.
La reunión informativa se realizó en el despacho de la Rectora Veiravé y contó con la presencia de la Secretaria General Administrativa de la UNNE, contadora Cristina Torres quién junto a la titular de la UNNE, siguieron atentamente la exposición del ingeniero Hugo Daniel Zurlo realizada con un soporte visual explicativo (powerpoint). Los presentes escucharon detalles específicos del gran trabajo de relevamiento realizado en todo el Campus Resistencia de la UNNE en éstas dos primeras etapas del Plan de Eficiencia Energética elaborado para la UNNE por el equipo del COOA integrado por profesionales representantes de cada Unidad Académica y dependencias de la UNNE.
La primera y segunda etapa concluidas y presentadas ante la Rectora abarcan el relevamiento, posterior diagnóstico y recomendaciones para mejoras de todo lo que tiene que ver con la matriz energética (maquinarias y usos) de todo el Campus Resistencia de la UNNE que sirven de base para iniciar a implementar una política de ahorro energético en toda la Universidad.
En la Etapa 1, los integrantes del COAA elaboraron las líneas de acción y metodología de trabajo. Para la Etapa 2 se designó un equipo de administradores energéticos y colaboradores para encarar la acción que contó con el financiamiento de la Secretaría General Administrativa de la UNNE.
Los resultados y recomendaciones fueron expuestos en la reunión mantenida días atrás con la Rectora Veiravé y la contadora Cristina Torres.
Acompañaron la presentación también en esa oportunidad la Directora del Centro de Gestión Ambiental y Ecología (CEGAE-UNNE) y del COOA, ingeniera Indiana Basterra; María Cristina Inda de la Facultad de Humanidades; Erica Silvana Peralta de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura; Alina Noelia Peláez y Carolina Elizabet Barrios de la Facultad de Odontología; Aldo Ceferino Bernardis de la Facultad de Ciencias Agrarias; Laura Leyes de la Facultad de Medicina; de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo Hugo Daniel Zurlo y Tatiana Karenina Yakimchuk; de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, Viviana Bercheñi y Luis Ariel Pellegrino de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura.
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Las BPA son voluntarias; las leyes obligatorias
Las buenas prácticas son voluntarias; las leyes, obligatorias
Fecha de Publicación: 19/08/2018
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Nacional
La condena contra la semillera Monsanto por parte de un tribunal estadounidense, a partir de la conclusión de que el glifosato podría causar cáncer, volvió a instalar en la sociedad urbana el temor sobre el uso de los fitosanitarios.
Más allá de los basamentos legales que tuvo el tribunal para arribar a esa sentencia, que será apelada por la compañía, el conocimiento científico es lo que debe primar. En especial cuando se analizan las cuestiones referidas a la aplicación de los productos químicos y a su eventual impacto sobre la salud humana.
En Argentina, la utilización de agroquímicos no está legislada a nivel nacional. Y cuando se piensa en un marco normativo, la ciencia debe aparecer como el principal fundamento para su construcción.
El mes pasado, el Estado dio el primer paso con la elaboración de 12 principios sobre buenas prácticas para la aplicación de fitosanitarios.
Mientras en algunos sectores del Gobierno se admite que con ese pronunciamiento alcanzaría para enmarcar el uso de los productos, desde algunas provincias, entre ellas Córdoba, se sostiene que no es suficiente.
En las jurisdicciones, que es donde los conflictos entre el agro y la sociedad urbana quedan patentizados, se asegura que la adopción de esos principios puede ser voluntaria. Pero lo que se necesita es una ley para que sean obligatorios.
Hoy Argentina tiene una legislación sobre la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios, pero no tiene ninguna para el uso de esos productos.
La vara de Córdoba
Desde hace 14 años, Córdoba tiene la ley 9.164, que es pionera a nivel nacional en la regulación y aplicación de productos fitosanitarios. Pero no alcanza. Se necesita una ley nacional como paraguas protector. Ante esta carencia, cuando alguna causa que involucra la utilización de estos insumos llega a Tribunales, la Justicia recurre a interpretaciones. Adopta, como por ejemplo en el caso de barrio Ituzaingó, de la Capital, la norma que más se asemeja para tipificar posibles conductas delictivas. Y así recurre a la ley de Residuos Peligrosos que, por definición, nada tienen que ver con los fitosanitarios.
Este vacío legal también genera temor entre los productores.
Con la excepción de Tierra del Fuego, todas las provincias tienen regulado, con diferentes alcances, el uso de agroquímicos. Pero sin ley marco que las integre.
Sin entrar en la competencia de las provincias, que conservan la autonomía para legislar sobre la materia, la ley nacional de fitosanitarios sólo requiere presupuestos mínimos. Debería identificar quiénes son sus actores (aplicadores, productores, asesores técnicos) y precisar qué es un producto fitosanitario.
Determinar, también, los ambientes sensibles a proteger. Para que a partir de su identificación se establezca una zona de amortiguación o restricción. Tendrá que contener, además, las sanciones para sus infractores.
El documento con principios elaborado por el Gobierno está siendo sometido a una consulta pública, a través de Internet, hasta el 20 agosto. El objetivo es que, con los comentarios, recomendaciones, aportes teóricos y metodológicos, se pueda enriquecer el informe. Su reformulación debería ser la base para la futura ley nacional.
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Fecha de Publicación: 19/08/2018
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Nacional
La condena contra la semillera Monsanto por parte de un tribunal estadounidense, a partir de la conclusión de que el glifosato podría causar cáncer, volvió a instalar en la sociedad urbana el temor sobre el uso de los fitosanitarios.
Más allá de los basamentos legales que tuvo el tribunal para arribar a esa sentencia, que será apelada por la compañía, el conocimiento científico es lo que debe primar. En especial cuando se analizan las cuestiones referidas a la aplicación de los productos químicos y a su eventual impacto sobre la salud humana.
En Argentina, la utilización de agroquímicos no está legislada a nivel nacional. Y cuando se piensa en un marco normativo, la ciencia debe aparecer como el principal fundamento para su construcción.
El mes pasado, el Estado dio el primer paso con la elaboración de 12 principios sobre buenas prácticas para la aplicación de fitosanitarios.
Mientras en algunos sectores del Gobierno se admite que con ese pronunciamiento alcanzaría para enmarcar el uso de los productos, desde algunas provincias, entre ellas Córdoba, se sostiene que no es suficiente.
En las jurisdicciones, que es donde los conflictos entre el agro y la sociedad urbana quedan patentizados, se asegura que la adopción de esos principios puede ser voluntaria. Pero lo que se necesita es una ley para que sean obligatorios.
Hoy Argentina tiene una legislación sobre la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios, pero no tiene ninguna para el uso de esos productos.
La vara de Córdoba
Desde hace 14 años, Córdoba tiene la ley 9.164, que es pionera a nivel nacional en la regulación y aplicación de productos fitosanitarios. Pero no alcanza. Se necesita una ley nacional como paraguas protector. Ante esta carencia, cuando alguna causa que involucra la utilización de estos insumos llega a Tribunales, la Justicia recurre a interpretaciones. Adopta, como por ejemplo en el caso de barrio Ituzaingó, de la Capital, la norma que más se asemeja para tipificar posibles conductas delictivas. Y así recurre a la ley de Residuos Peligrosos que, por definición, nada tienen que ver con los fitosanitarios.
Este vacío legal también genera temor entre los productores.
Con la excepción de Tierra del Fuego, todas las provincias tienen regulado, con diferentes alcances, el uso de agroquímicos. Pero sin ley marco que las integre.
Sin entrar en la competencia de las provincias, que conservan la autonomía para legislar sobre la materia, la ley nacional de fitosanitarios sólo requiere presupuestos mínimos. Debería identificar quiénes son sus actores (aplicadores, productores, asesores técnicos) y precisar qué es un producto fitosanitario.
Determinar, también, los ambientes sensibles a proteger. Para que a partir de su identificación se establezca una zona de amortiguación o restricción. Tendrá que contener, además, las sanciones para sus infractores.
El documento con principios elaborado por el Gobierno está siendo sometido a una consulta pública, a través de Internet, hasta el 20 agosto. El objetivo es que, con los comentarios, recomendaciones, aportes teóricos y metodológicos, se pueda enriquecer el informe. Su reformulación debería ser la base para la futura ley nacional.
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La Picasa todavía en vías de buscar soluciones
Con una canalización quieren desagotar el agua de La Picasa hacia el río Paraná
Fecha de Publicación: 19/08/2018
Fuente: Diario Democracia
Provincia/Región: Buenos Aires
Esta propuesta se debatió en un encuentro en Melincué sobre la crisis hídrica que atraviesan las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba. “Se solucionarían tres problemas en una sola obra que está generada en la Secretaría de Recursos Hídricos de La Nación”, dijo Duhalde.
Días atrás se llevó a cabo una jornada de debate de trascendencia interprovincial sobre la crisis hídrica que atraviesa el sur de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires.
Con la mirada puesta esencialmente sobre las lagunas de Melincué y La Picasa, la Asociación Empresaria de la provincia de Santa Fe y el Concejo Empresario, junto al Comité de Cuenca eligieron Melincué como sede del encuentro que convocó a funcionarios provinciales, legisladores, intendentes, presidentes comunales e ingenieros.
Tras el encuentro, el presidente de la Cuenca, Juan Carlos Duhalde indicó que el proyecto principal es desviar el agua hacia el río Paraná, para desagotar a la Región, una zona que sufrió la última inundación de febrero de 2017, además con el corte total de la Ruta 7 y el terraplén del tren San Martín.
El presupuesto inicial del año pasado solo para la excavación de los tramos alcanzaba los US$ 248,9 millones. El Gobierno nacional estaba dispuesto a financiar el 70% de la obra, que costaría unos 10.000 millones de pesos, mientras que el resto estaría a cargo de las provincias.
“Concretamente estamos apoyando desde el Comité de Cuenca una salida de La Picasa hacia el río Paraná que permitiría solucionar el problema del agua en las lagunas La Picasa, de Quirno (Villa Cañas) y Melincué”, aseguró Duhalde.
“Se solucionarían los tres problemas en una sola obra importante que en principio está generada en la Secretaría de Recursos Hídricos de La Nación. En la reunión la intención era llegar el apoyo de esta idea por el resto de las autoridades de las provincias”, explicó.
“El encuentro salió bastante bien, ya que hablamos los productores y las autoridades en el mismo idioma porque dialogamos de este mismo objetivo. Un poco más lerdo es el tema del apoyo financiero a la obra, ya que hace nueve meses el dinero estaba disponible y ahora está destinado a otros trabajos”, aclaró.
“Un nuevo canal”
“Para el tema concreto de La Picasa se está trabajando y en no más de 60 días estará terminado un canal que permitirá una salida que también será parte de la solución. Si después se logra que se haga la obra hacia el Paraná creemos que es la solución definitiva”, agregó Duhalde.
“Hoy la cota está en 104,67. Esto significa que ha bajado más de un metro y estamos un poco menos ahogados. Antes nos llegaba a la nariz, ahora a la pera”, concluyó.
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Fecha de Publicación: 19/08/2018
Fuente: Diario Democracia
Provincia/Región: Buenos Aires
Esta propuesta se debatió en un encuentro en Melincué sobre la crisis hídrica que atraviesan las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba. “Se solucionarían tres problemas en una sola obra que está generada en la Secretaría de Recursos Hídricos de La Nación”, dijo Duhalde.
Días atrás se llevó a cabo una jornada de debate de trascendencia interprovincial sobre la crisis hídrica que atraviesa el sur de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires.
Con la mirada puesta esencialmente sobre las lagunas de Melincué y La Picasa, la Asociación Empresaria de la provincia de Santa Fe y el Concejo Empresario, junto al Comité de Cuenca eligieron Melincué como sede del encuentro que convocó a funcionarios provinciales, legisladores, intendentes, presidentes comunales e ingenieros.
Tras el encuentro, el presidente de la Cuenca, Juan Carlos Duhalde indicó que el proyecto principal es desviar el agua hacia el río Paraná, para desagotar a la Región, una zona que sufrió la última inundación de febrero de 2017, además con el corte total de la Ruta 7 y el terraplén del tren San Martín.
El presupuesto inicial del año pasado solo para la excavación de los tramos alcanzaba los US$ 248,9 millones. El Gobierno nacional estaba dispuesto a financiar el 70% de la obra, que costaría unos 10.000 millones de pesos, mientras que el resto estaría a cargo de las provincias.
“Concretamente estamos apoyando desde el Comité de Cuenca una salida de La Picasa hacia el río Paraná que permitiría solucionar el problema del agua en las lagunas La Picasa, de Quirno (Villa Cañas) y Melincué”, aseguró Duhalde.
“Se solucionarían los tres problemas en una sola obra importante que en principio está generada en la Secretaría de Recursos Hídricos de La Nación. En la reunión la intención era llegar el apoyo de esta idea por el resto de las autoridades de las provincias”, explicó.
“El encuentro salió bastante bien, ya que hablamos los productores y las autoridades en el mismo idioma porque dialogamos de este mismo objetivo. Un poco más lerdo es el tema del apoyo financiero a la obra, ya que hace nueve meses el dinero estaba disponible y ahora está destinado a otros trabajos”, aclaró.
“Un nuevo canal”
“Para el tema concreto de La Picasa se está trabajando y en no más de 60 días estará terminado un canal que permitirá una salida que también será parte de la solución. Si después se logra que se haga la obra hacia el Paraná creemos que es la solución definitiva”, agregó Duhalde.
“Hoy la cota está en 104,67. Esto significa que ha bajado más de un metro y estamos un poco menos ahogados. Antes nos llegaba a la nariz, ahora a la pera”, concluyó.
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Más críticas a la política sobre biocombustibles
Siguen las críticas por el congelamiento de precios para los biocombustibles
Fecha de Publicación: 19/08/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La Cámara de Bioetanol de Maíz se sumó al planteo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno por el virtual congelamiento del precio del combustible ecológico. La Asociación también apuntó a las versiones de un posible aumento de impuestos y al impacto de la última suba de retenciones al 15 por ciento, por ejemplo. Hasta ahora, el Ministerio de Energía no hizo comentarios.
Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, afirmó que el Gobierno dejó de publicar los precios: "Después de crear una nueva fórmula de precios para la industria, incumple con sus resoluciones sin dar explicación alguna". Desde enero de 2017 a hoy, el bioetanol de maíz aumentó alrededor del 20% frente a más del 50% de la nafta súper y 54% del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM).
El precio del bioetanol de maíz es de US$54 centavos el litro, muy competitivo a nivel mundial. Adam planteó que, de haberse publicado el nuevo precio, la incidencia en el valor de la nafta hubiera sido menor al cuatro por mil, "por lo que no hay justificación alguna para la medida, salvo que exista la voluntad política de transferir más recursos desde nuestro sector hacia el de los combustibles contaminantes".
Los industriales coinciden en que a los valores actuales hay una transferencia de recursos de hasta $4 por litro vendido del sector del bioetanol hacia las petroleras, por lo que los distribuidores ganan "mucho más que los productores".
En esa línea indican que, de mantenerse el congelamiento, se afectará la capacidad de financiamiento y "se comprometerá la estabilidad de la fuerza laboral". En el país hay cinco plantas productoras de bioetanol de maíz con una capacidad instalada de 550.000 metros cúbicos anuales que captaron inversiones por unos US$400 millones. Generan 3800 empleos directos e indirectos en Córdoba (municipios de Alejandro Roca, Villa María y Río Cuarto), Santa Fe (Avellaneda) y San Luis (Villa Mercedes).
También desde la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) hay protestas por el congelamiento de los precios. En un comunicado calificaron la medida de "unilateral, arbitraria y discriminatoria" y señalaron que el Ministerio de Energía no cumple lo establecido en el marco regulatorio de la actividad.
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Fecha de Publicación: 19/08/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La Cámara de Bioetanol de Maíz se sumó al planteo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno por el virtual congelamiento del precio del combustible ecológico. La Asociación también apuntó a las versiones de un posible aumento de impuestos y al impacto de la última suba de retenciones al 15 por ciento, por ejemplo. Hasta ahora, el Ministerio de Energía no hizo comentarios.
Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, afirmó que el Gobierno dejó de publicar los precios: "Después de crear una nueva fórmula de precios para la industria, incumple con sus resoluciones sin dar explicación alguna". Desde enero de 2017 a hoy, el bioetanol de maíz aumentó alrededor del 20% frente a más del 50% de la nafta súper y 54% del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM).
El precio del bioetanol de maíz es de US$54 centavos el litro, muy competitivo a nivel mundial. Adam planteó que, de haberse publicado el nuevo precio, la incidencia en el valor de la nafta hubiera sido menor al cuatro por mil, "por lo que no hay justificación alguna para la medida, salvo que exista la voluntad política de transferir más recursos desde nuestro sector hacia el de los combustibles contaminantes".
Los industriales coinciden en que a los valores actuales hay una transferencia de recursos de hasta $4 por litro vendido del sector del bioetanol hacia las petroleras, por lo que los distribuidores ganan "mucho más que los productores".
En esa línea indican que, de mantenerse el congelamiento, se afectará la capacidad de financiamiento y "se comprometerá la estabilidad de la fuerza laboral". En el país hay cinco plantas productoras de bioetanol de maíz con una capacidad instalada de 550.000 metros cúbicos anuales que captaron inversiones por unos US$400 millones. Generan 3800 empleos directos e indirectos en Córdoba (municipios de Alejandro Roca, Villa María y Río Cuarto), Santa Fe (Avellaneda) y San Luis (Villa Mercedes).
También desde la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) hay protestas por el congelamiento de los precios. En un comunicado calificaron la medida de "unilateral, arbitraria y discriminatoria" y señalaron que el Ministerio de Energía no cumple lo establecido en el marco regulatorio de la actividad.
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Prohíben el clorpirifos en EEUU, ampliamente usado acá
Por generar daño cerebral, Estados Unidos prohíbe al insecticida de Dow más usado en el agro argentino
Fecha de Publicación: 17/08/2018
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional
Provoca daño neurológico, sobre todo en niños. Motiva desde la pérdida de inteligencia hasta cambios en la conducta. Incluso a dosis bajas, puede generar trastornos como el autismo.
La confirmación de tamaña capacidad para generar daño derivó en una resolución de la Justicia estadounidense que, divulgada en las últimas horas, establece la prohibición de venta del insecticida clorpirifos en todo el territorio de la nación norteamericana.
El fallo, establecido por el tribunal de apelaciones de San Francisco, impone a la Agencia de Protección Ambiental (EPA, su sigla en inglés) un plazo de 60 días para retirar del mercado todas las formulaciones a base del pesticida.
El producto en cuestión, un organofosforado que irrumpió en la escena agrícola durante los años 60, y hoy es pulverizado en casi 100 países sobre medio centenar de cultivos diferentes, originó condenas legales en años anteriores.
Por citar un caso, Dow, desarrolladora del clorpirifos, fue multada en 1995 y 2003 por ocultar casi 250 casos de intoxicación con ese agroquímico sólo en los Estados Unidos y continuar publicitando al insecticida como producto “seguro”. En la sumatoria de ambas sanciones, Dow culminó desembolsando a modo de pena más de 2,7 millones de dólares.
Ya en 2011, un estudio concretado por la universidad norteamericana de Columbia vinculaba al insecticida con numerosos casos de niños afectados con retrasos mentales y físicos en zonas cercanas a Nueva York. El fallo actual terminó por confirmar este argumento.
La demostración de la tragedia sanitaria que origina el uso de clorpirifos, tal como acaba de comprobarse en Estados Unidos, adopta un tono más dramático en cuanto se devuelve la vista hacia la Argentina. En concreto, se trata del insecticida más utilizado en la producción agrícola en general.
Residuos de clorpirifos han sido constatados en sendas experiencias científicas llevadas a cabo por especialistas del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM), dependiente de la Universidad de La Plata, y el CONICET. Desde muestras de agua recabadas en cuencas de la talla del río Paraná hasta producciones de frutas y verduras monitoreadas por el SENASA, el agrotóxico ostenta una presencia que no conoce límites.
A tono con esto, su comercialización se encuentra tan liberada que resulta muy sencillo adquirir formulaciones de clorpirifos a través de portales de comercio electrónico como Mercado Libre.
Lo decidido ahora por la Justicia de los Estados Unidos, previa constatación médica y científica, ¿tendrá algún efecto sobre las regulaciones para el uso de sustancias peligrosas en la producción de alimentos?
Los antecedentes invitan a suponer que no habrá cambios a favor de la salud pública. El dictamen de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el herbicida glifosato y su relación con el cáncer fue descartado de plano por las autoridades nacionales.
Lo mismo cuenta para la atrazina –prohibida en Europa desde comienzos de 2000–, el insecticida carbaril –de uso vetado en Gran Bretaña, Alemania, Suecia, Dinamarca y Austria, entre otros países, por generar cáncer–, el fungicida iprodione –de aplicación prohibida sobre frutas en Estados Unidos desde 1996– o el insecticida novaluron –sacado de circulación en casi toda Europa en 2011–.
La decisión legal ahora fijada en los Estados Unidos obliga pensar en el rol de los jueces argentinos, la existencia o no de reacción, ante la impostergable necesidad de garantizar la seguridad sanitaria en todo el territorio nacional.
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Fecha de Publicación: 17/08/2018
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional
Provoca daño neurológico, sobre todo en niños. Motiva desde la pérdida de inteligencia hasta cambios en la conducta. Incluso a dosis bajas, puede generar trastornos como el autismo.
La confirmación de tamaña capacidad para generar daño derivó en una resolución de la Justicia estadounidense que, divulgada en las últimas horas, establece la prohibición de venta del insecticida clorpirifos en todo el territorio de la nación norteamericana.
El fallo, establecido por el tribunal de apelaciones de San Francisco, impone a la Agencia de Protección Ambiental (EPA, su sigla en inglés) un plazo de 60 días para retirar del mercado todas las formulaciones a base del pesticida.
El producto en cuestión, un organofosforado que irrumpió en la escena agrícola durante los años 60, y hoy es pulverizado en casi 100 países sobre medio centenar de cultivos diferentes, originó condenas legales en años anteriores.
Por citar un caso, Dow, desarrolladora del clorpirifos, fue multada en 1995 y 2003 por ocultar casi 250 casos de intoxicación con ese agroquímico sólo en los Estados Unidos y continuar publicitando al insecticida como producto “seguro”. En la sumatoria de ambas sanciones, Dow culminó desembolsando a modo de pena más de 2,7 millones de dólares.
Ya en 2011, un estudio concretado por la universidad norteamericana de Columbia vinculaba al insecticida con numerosos casos de niños afectados con retrasos mentales y físicos en zonas cercanas a Nueva York. El fallo actual terminó por confirmar este argumento.
La demostración de la tragedia sanitaria que origina el uso de clorpirifos, tal como acaba de comprobarse en Estados Unidos, adopta un tono más dramático en cuanto se devuelve la vista hacia la Argentina. En concreto, se trata del insecticida más utilizado en la producción agrícola en general.
Residuos de clorpirifos han sido constatados en sendas experiencias científicas llevadas a cabo por especialistas del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM), dependiente de la Universidad de La Plata, y el CONICET. Desde muestras de agua recabadas en cuencas de la talla del río Paraná hasta producciones de frutas y verduras monitoreadas por el SENASA, el agrotóxico ostenta una presencia que no conoce límites.
A tono con esto, su comercialización se encuentra tan liberada que resulta muy sencillo adquirir formulaciones de clorpirifos a través de portales de comercio electrónico como Mercado Libre.
Lo decidido ahora por la Justicia de los Estados Unidos, previa constatación médica y científica, ¿tendrá algún efecto sobre las regulaciones para el uso de sustancias peligrosas en la producción de alimentos?
Los antecedentes invitan a suponer que no habrá cambios a favor de la salud pública. El dictamen de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el herbicida glifosato y su relación con el cáncer fue descartado de plano por las autoridades nacionales.
Lo mismo cuenta para la atrazina –prohibida en Europa desde comienzos de 2000–, el insecticida carbaril –de uso vetado en Gran Bretaña, Alemania, Suecia, Dinamarca y Austria, entre otros países, por generar cáncer–, el fungicida iprodione –de aplicación prohibida sobre frutas en Estados Unidos desde 1996– o el insecticida novaluron –sacado de circulación en casi toda Europa en 2011–.
La decisión legal ahora fijada en los Estados Unidos obliga pensar en el rol de los jueces argentinos, la existencia o no de reacción, ante la impostergable necesidad de garantizar la seguridad sanitaria en todo el territorio nacional.
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Las exportaciones de biodiésel a la UE "desaparecerán"
Por una posible sanción, alertan que "desaparecerán" las ventas de biodiésel a Europa
Fecha de Publicación: 18/08/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Las exportaciones de biodiésel a la Unión Europea "prácticamente" se reducirán a un mínimo este mes y luego directamente podrían desaparecer, según alertan en la industria del biocombustible, ante la posible aplicación de un arancel antisubsidio contra el producto local.
En enero pasado, la UE abrió una investigación contra el biodiésel a pedido de productores europeos que argumentaron que el biocombustible local, por el diferencial de retenciones (15% para el biodiésel, 23% para el aceite de soja), corre con ventaja para llegar a ese mercado.
En 2013, tras la expropiación de YPF a la española Repsol, Europa aplicó aranceles antidumping contra el biodiésel argentino y lo dejó afuera de ese mercado, que concentraba ventas por más de US$1500 millones y en volumen representaba más del 90% de las ventas totales.
La Argentina llevó a la UE a un panel en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y se lo ganó. En septiembre del año pasado, el bloque europeo bajó los aranceles-quedando una tasa efectiva total para el ingreso del 9 al 15%, según las empresas exportadoras- y el biodiésel argentino logró volver a ese mercado, compensando en parte el cierre que, a su vez, instrumentó Estados Unidos para el producto argentino unos meses antes. La industria argentina, agrupada en la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), inclusive ganó un juicio y la Corte europea ordenó recalcular los derechos antidumping, que hoy están en 0% momentáneamente más allá del 6,5% que existe para la importación desde cualquier origen.
En 2017, con el impulso de la reapertura de Europa, las ventas al exterior de biodiésel terminaron en un récord de 1,68 millones de toneladas y más de 1250 millones de dólares. En 2018, en tanto, entre enero y mayo pasado, el sector exportó 622.779 toneladas, casi un 9% más, por US$436,5 millones, respecto de igual período de 2017.
Del volumen exportado, 294.670 toneladas fueron a los países del bloque europeo, en tanto que 258.909 toneladas a "Europa en tránsito", una clasificación que en el sector significan las ventas que van a Malta y que de allí luego son derivadas a África por los importadores del producto.
En medio de la investigación contra el biodiésel argentino en Europa, hace unos dos meses en ese bloque se abrió un registro para las importaciones argentinas. Eso hizo que se fueran frenando los nuevos negocios ante el temor de que, si el mes próximo o en octubre hay un arancel contra el biodiésel, este sea retroactivo.
En este sentido, ante una consulta de LA NACION, Luis Zubizarreta, presidente de Carbio, alertó: "Ante el registro que implementó Europa, que podría aplicar aranceles retroactivos, las exportaciones prácticamente van a desaparecer a partir de agosto". Según el directivo, este mes podría contabilizarse un "resabio" de negocios ya cerrados en julio pasado, pero las ventas van a caer.
"El mes próximo será efectiva la sanción o a más tardar en octubre", dijo otra fuente consultada del negocio. Más allá de ese próximo arancel por subsidios, la fuente consultada trazó un panorama difícil una vez que Europa recalcule los derechos por antidumping y porque el mismo Gobierno afectó las exportaciones al subir del 8 al 15%, en mayo pasado, las retenciones.
"Europa va a recalcular las alícuotas de los aranceles antidumping y esto podría ser aplicado en los próximos dos meses. El fallo de la OMC (que ganó la Argentina) no estableció que la UE debía eliminar esos aranceles, sino recalcularlos, mientras que la sentencia del Tribunal de Justicia europeo, a partir de una demanda privada iniciada por la industria argentina, dejó alguna luz para que Europa no termine eliminando esos aranceles. Ese recálculo, con independencia de la otra sanción que investiga (subsidios), dejaría igualmente fuera de carrera al biodiésel argentino", alertó la fuente. Agregó que con la suba de las retenciones, dispuesta por el Gobierno, el producto también quedará afuera de Europa.
Según alertan fuentes de la industria, el panorama será complicado y podría haber cierres de plantas.
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Fecha de Publicación: 18/08/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Las exportaciones de biodiésel a la Unión Europea "prácticamente" se reducirán a un mínimo este mes y luego directamente podrían desaparecer, según alertan en la industria del biocombustible, ante la posible aplicación de un arancel antisubsidio contra el producto local.
En enero pasado, la UE abrió una investigación contra el biodiésel a pedido de productores europeos que argumentaron que el biocombustible local, por el diferencial de retenciones (15% para el biodiésel, 23% para el aceite de soja), corre con ventaja para llegar a ese mercado.
En 2013, tras la expropiación de YPF a la española Repsol, Europa aplicó aranceles antidumping contra el biodiésel argentino y lo dejó afuera de ese mercado, que concentraba ventas por más de US$1500 millones y en volumen representaba más del 90% de las ventas totales.
La Argentina llevó a la UE a un panel en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y se lo ganó. En septiembre del año pasado, el bloque europeo bajó los aranceles-quedando una tasa efectiva total para el ingreso del 9 al 15%, según las empresas exportadoras- y el biodiésel argentino logró volver a ese mercado, compensando en parte el cierre que, a su vez, instrumentó Estados Unidos para el producto argentino unos meses antes. La industria argentina, agrupada en la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), inclusive ganó un juicio y la Corte europea ordenó recalcular los derechos antidumping, que hoy están en 0% momentáneamente más allá del 6,5% que existe para la importación desde cualquier origen.
En 2017, con el impulso de la reapertura de Europa, las ventas al exterior de biodiésel terminaron en un récord de 1,68 millones de toneladas y más de 1250 millones de dólares. En 2018, en tanto, entre enero y mayo pasado, el sector exportó 622.779 toneladas, casi un 9% más, por US$436,5 millones, respecto de igual período de 2017.
Del volumen exportado, 294.670 toneladas fueron a los países del bloque europeo, en tanto que 258.909 toneladas a "Europa en tránsito", una clasificación que en el sector significan las ventas que van a Malta y que de allí luego son derivadas a África por los importadores del producto.
En medio de la investigación contra el biodiésel argentino en Europa, hace unos dos meses en ese bloque se abrió un registro para las importaciones argentinas. Eso hizo que se fueran frenando los nuevos negocios ante el temor de que, si el mes próximo o en octubre hay un arancel contra el biodiésel, este sea retroactivo.
En este sentido, ante una consulta de LA NACION, Luis Zubizarreta, presidente de Carbio, alertó: "Ante el registro que implementó Europa, que podría aplicar aranceles retroactivos, las exportaciones prácticamente van a desaparecer a partir de agosto". Según el directivo, este mes podría contabilizarse un "resabio" de negocios ya cerrados en julio pasado, pero las ventas van a caer.
"El mes próximo será efectiva la sanción o a más tardar en octubre", dijo otra fuente consultada del negocio. Más allá de ese próximo arancel por subsidios, la fuente consultada trazó un panorama difícil una vez que Europa recalcule los derechos por antidumping y porque el mismo Gobierno afectó las exportaciones al subir del 8 al 15%, en mayo pasado, las retenciones.
"Europa va a recalcular las alícuotas de los aranceles antidumping y esto podría ser aplicado en los próximos dos meses. El fallo de la OMC (que ganó la Argentina) no estableció que la UE debía eliminar esos aranceles, sino recalcularlos, mientras que la sentencia del Tribunal de Justicia europeo, a partir de una demanda privada iniciada por la industria argentina, dejó alguna luz para que Europa no termine eliminando esos aranceles. Ese recálculo, con independencia de la otra sanción que investiga (subsidios), dejaría igualmente fuera de carrera al biodiésel argentino", alertó la fuente. Agregó que con la suba de las retenciones, dispuesta por el Gobierno, el producto también quedará afuera de Europa.
Según alertan fuentes de la industria, el panorama será complicado y podría haber cierres de plantas.
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Alertan sobre la calidad de aire en Capital Federal
Respirar hoy en la ciudad es una amenaza para la salud
Fecha de Publicación: 18/08/2018
Fuente: Prensa Greenpeace
Provincia/Región: CABA
La organización ambientalista confirmó, a través de mediciones científicas, que los valores de contaminación de aire en la ciudad superan los niveles establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). De hecho, según sus estudios realizados en distintos barrios porteños, hay locaciones que superan los niveles de exposición crónica hasta tres veces los parámetros de la OMS.(1)
“Los ciudadanos estamos expuestos a niveles de contaminación altísimos en Capital Federal. A pesar de que la contaminación es un tema crítico, el gobierno no es eficiente a la hora de realizar las mediciones. Los controles oficiales son limitados ya que la ciudad sólo cuenta con tres estaciones de monitoreo, cuando otras ciudades en Latinoamérica cuentan con más de 10. Además, el sistema del gobierno no mide algunos de los componentes más tóxicos y perjudiciales para la salud”, sostuvo Laura Vidal, miembro del área de campañas de Greenpeace.
Entre los componentes tóxicos presentes en el estudio de Greenpeace se midió dióxido de nitrógeno (NO2) y Material Particulado 2.5 (PM2.5) (2) que provienen de la contaminación en el aire generada por el uso de derivados del petróleo, como el gasoil. La inhalación de ambos componentes es perjudicial para la salud, sobre todo la del PM2.5 ya que es el causante de enfermedades respiratorias como el asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), cáncer, enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares (ACV).
“Es hora que el gobierno se ponga del lado de la salud de las personas. La OMS declaró que 7 millones de personas mueren anualmente en el mundo por la contaminación de aire. Entre las causas, la OMS incluye al sector de transporte y la quema de combustibles fósiles como parte de los responsables. Los tóxicos en la contaminación de aire son asesinos invisibles, necesitamos respirar aire limpio ya”, afirmó Vidal.
Para Greenpeace, mientras el transporte público dependa de la quema de combustibles como el gasoil, respirar en la ciudad es una amenaza para todos. La organización reclama al gobierno porteño que asuma su promesa ambiental como miembros del C40, red de megaciudades del mundo comprometidas por el cambio climático, y que trabaje en la promoción de una transición rápida hacia un transporte público a base de energías renovables.
Notas:
1) Informe: http://www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/2018/08/MONITOREO_CALIDAD_DEL_AIRE-Greenpeace.pdf
2) La OMS establece el límite de exposición crónica a PM2.5 de 10 ?µm/m3 promedio anual.
3) Mapa con resultados: http://www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/2018/08/GP_MapaContaminacion_1000x1000.jpg
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Fecha de Publicación: 18/08/2018
Fuente: Prensa Greenpeace
Provincia/Región: CABA
La organización ambientalista confirmó, a través de mediciones científicas, que los valores de contaminación de aire en la ciudad superan los niveles establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). De hecho, según sus estudios realizados en distintos barrios porteños, hay locaciones que superan los niveles de exposición crónica hasta tres veces los parámetros de la OMS.(1)
“Los ciudadanos estamos expuestos a niveles de contaminación altísimos en Capital Federal. A pesar de que la contaminación es un tema crítico, el gobierno no es eficiente a la hora de realizar las mediciones. Los controles oficiales son limitados ya que la ciudad sólo cuenta con tres estaciones de monitoreo, cuando otras ciudades en Latinoamérica cuentan con más de 10. Además, el sistema del gobierno no mide algunos de los componentes más tóxicos y perjudiciales para la salud”, sostuvo Laura Vidal, miembro del área de campañas de Greenpeace.
Entre los componentes tóxicos presentes en el estudio de Greenpeace se midió dióxido de nitrógeno (NO2) y Material Particulado 2.5 (PM2.5) (2) que provienen de la contaminación en el aire generada por el uso de derivados del petróleo, como el gasoil. La inhalación de ambos componentes es perjudicial para la salud, sobre todo la del PM2.5 ya que es el causante de enfermedades respiratorias como el asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), cáncer, enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares (ACV).
“Es hora que el gobierno se ponga del lado de la salud de las personas. La OMS declaró que 7 millones de personas mueren anualmente en el mundo por la contaminación de aire. Entre las causas, la OMS incluye al sector de transporte y la quema de combustibles fósiles como parte de los responsables. Los tóxicos en la contaminación de aire son asesinos invisibles, necesitamos respirar aire limpio ya”, afirmó Vidal.
Para Greenpeace, mientras el transporte público dependa de la quema de combustibles como el gasoil, respirar en la ciudad es una amenaza para todos. La organización reclama al gobierno porteño que asuma su promesa ambiental como miembros del C40, red de megaciudades del mundo comprometidas por el cambio climático, y que trabaje en la promoción de una transición rápida hacia un transporte público a base de energías renovables.
Notas:
1) Informe: http://www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/2018/08/MONITOREO_CALIDAD_DEL_AIRE-Greenpeace.pdf
2) La OMS establece el límite de exposición crónica a PM2.5 de 10 ?µm/m3 promedio anual.
3) Mapa con resultados: http://www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/2018/08/GP_MapaContaminacion_1000x1000.jpg
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