Córdoba: una autovía atravesará reservas naturales
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La autovía de Punilla atravesará reservas naturales y hasta un yacimiento de uranio
Fecha de Publicación: 28/02/2018
Fuente: El Diario de Villa Carlos Paz
Provincia/Región: Córdoba
Los vecinos del Valle de Punilla se encuentran en estado de alerta y movilización por el avance de la autovía de montaña que reemplazaría a la Ruta 38, y denunciaron que arrasará con el bosque nativo y las cuencas hídricas y cruzará sobre uno de los yacimientos uraníferos más importantes del país. La millonaria obra fue anunciada por el gobernador Juan Schiaretti, licitada y comenzó a construir semanas atrás, pese a que genera más interrogantes que certezas.
El recorrido comenzará en la Variante Costa Azul y se extenderá hasta Casa Grande y deberá abrirse paso por el faldeo de las sierras entre reservas naturales y sitios de un importante valor ambiental, lo que genera el repudio de los habitantes de San Roque, Cosquín, Bialet Massé, Santa María de Punilla, Valle Hermoso y Carlos Paz, entre otros. El inicio de los trabajos para tender un nuevo puente sobre el lago San Roque encendieron las alarmas cuando, el proyecto original fue modificado por las condiciones del suelo y se depredó parte del cordón montañoso existente.
En agosto del año pasado, los vecinos de San Roque presentaron un amparo contra la Provincia y la comuna en el Juzgado de Carlos Paz, ya que entienden que se cometieron irregularidades en la aprobación de las obras en la Variante Costa Azul y el nuevo puente sobre el San Roque. Pese a que se aceptó el amparo, la medida cautelar fue denegada y los trabajos siguieron avanzando. El desafío del gobierno provincial es claro: deberá generar una vía alternativa al colapso de la Ruta 38, pero sin poner en riesgo la flora y fauna de las sierras y la calidad de vida de sus habitantes.
Concretamente, se encuentran movilizadas la asamblea San Roque Despierta, CODEBONA Punilla Centro, la Asamblea Ambiental Cosquín; la Asamblea Ambiental Santa María; la Asamblea Vecinal Casa Grande y la Asamblea Valle Hermoso, al tiempo que se suman grupos autoconvocados y las principales organizaciones ambientalistas de toda la región. Uno de los puntos que genera mayor resquemor es el paso de la autovía sobre el yacimiento de uranio de Cosquín, lo que implicaría una remoción de suelo y la posibilidad de sufrir las consecuencias de una contaminación radiactiva.
Los vecinos autoconvocados del Valle de Punilla rechazaron la obra que comenzó a ejecutarse en las inmediaciones del paredón del dique San Roque y sostuvieron que tendrá un «tremendo» impacto ambiental, social y cultural y arrasará con el faldeo de las sierras. Tras haber presentado un amparo ambiental colectivo y haber solicitado una medida cautelar, los habitantes de la zona denunciaron que la obra no se detiene y que las máquinas de las empresas Chediack y Astori (que ganaron la licitación de la obra) están «aniquilando hectáreas de bosque nativo en San Roque».
En ese sentido, apuntaron que la autovía de montaña que conectaría con la Variante Costa Azul atropellaría la Reserva Natural Camín Cosquín, numerosas cuencas de agua, parte del yacimiento de uranio «Rodolfo» (ubicado en Cosquín), parques naturales, ríos y balnearios, modificando para siempre el paisaje serrano. «¿Pensaste alguna vez qué tipo de progreso y desarrollo necesitamos en la zona?»; se preguntaron los vecinos, quienes agregaron: «Manifestamos que necesitamos mejorar la calidad de vida en las localidades de Punilla. Resulta necesario que los servicios de infraestructura básicos municipales y provinciales de la zona sean optimizados, así como también se realice el ordenamiento territorial priorizando prácticas amigables con nuestros ecosistemas naturales y el saneamiento de las cuencas hídricas. En Punilla atravesamos una crisis hídrica como consecuencia del recalentamiento y sobre-evaporación causada por el desmonte y los incendios».
La expectativa está puesta en una Audiencia Pública que se realizaría en el mes de marzo y donde los vecinos reclamarán que se difundan detalles del Estudio de Impacto Ambiental y se informen los trabajos que ya se vienen realizando. «Exigimos que se cumplan las garantías ambientales necesarias para proteger las sierras y que se conserven el 3% (el mínimo) del bosque nativo que nos queda en Córdoba. Decimos no a la autovía de montaña, las sierras no se tocan»; aseguraron.
Un proyecto alternativo
Los vecinos autoconvocados de la zona y las organizaciones ambientalistas recordaron que en el año 2011, el Instituto de Planificación del Área Metropolitana (IPLAM) proyectó la construcción de una autovía por el Valle de Punilla que utilizaría rutas existentes, ampliándolas y siguiendo la traza del ferrocarril. Entre las bondades que destacan de esta propuesta, se encuentra el hecho de que se reduciría la cantidad de bosque nativo afectado, implicaría menos desalojos y expropiaciones y serviría de igual forma a los fines de dar una solución a la problemática del tránsito en la Ruta 38.
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Fecha de Publicación: 28/02/2018
Fuente: El Diario de Villa Carlos Paz
Provincia/Región: Córdoba
Los vecinos del Valle de Punilla se encuentran en estado de alerta y movilización por el avance de la autovía de montaña que reemplazaría a la Ruta 38, y denunciaron que arrasará con el bosque nativo y las cuencas hídricas y cruzará sobre uno de los yacimientos uraníferos más importantes del país. La millonaria obra fue anunciada por el gobernador Juan Schiaretti, licitada y comenzó a construir semanas atrás, pese a que genera más interrogantes que certezas.
El recorrido comenzará en la Variante Costa Azul y se extenderá hasta Casa Grande y deberá abrirse paso por el faldeo de las sierras entre reservas naturales y sitios de un importante valor ambiental, lo que genera el repudio de los habitantes de San Roque, Cosquín, Bialet Massé, Santa María de Punilla, Valle Hermoso y Carlos Paz, entre otros. El inicio de los trabajos para tender un nuevo puente sobre el lago San Roque encendieron las alarmas cuando, el proyecto original fue modificado por las condiciones del suelo y se depredó parte del cordón montañoso existente.
En agosto del año pasado, los vecinos de San Roque presentaron un amparo contra la Provincia y la comuna en el Juzgado de Carlos Paz, ya que entienden que se cometieron irregularidades en la aprobación de las obras en la Variante Costa Azul y el nuevo puente sobre el San Roque. Pese a que se aceptó el amparo, la medida cautelar fue denegada y los trabajos siguieron avanzando. El desafío del gobierno provincial es claro: deberá generar una vía alternativa al colapso de la Ruta 38, pero sin poner en riesgo la flora y fauna de las sierras y la calidad de vida de sus habitantes.
Concretamente, se encuentran movilizadas la asamblea San Roque Despierta, CODEBONA Punilla Centro, la Asamblea Ambiental Cosquín; la Asamblea Ambiental Santa María; la Asamblea Vecinal Casa Grande y la Asamblea Valle Hermoso, al tiempo que se suman grupos autoconvocados y las principales organizaciones ambientalistas de toda la región. Uno de los puntos que genera mayor resquemor es el paso de la autovía sobre el yacimiento de uranio de Cosquín, lo que implicaría una remoción de suelo y la posibilidad de sufrir las consecuencias de una contaminación radiactiva.
Los vecinos autoconvocados del Valle de Punilla rechazaron la obra que comenzó a ejecutarse en las inmediaciones del paredón del dique San Roque y sostuvieron que tendrá un «tremendo» impacto ambiental, social y cultural y arrasará con el faldeo de las sierras. Tras haber presentado un amparo ambiental colectivo y haber solicitado una medida cautelar, los habitantes de la zona denunciaron que la obra no se detiene y que las máquinas de las empresas Chediack y Astori (que ganaron la licitación de la obra) están «aniquilando hectáreas de bosque nativo en San Roque».
En ese sentido, apuntaron que la autovía de montaña que conectaría con la Variante Costa Azul atropellaría la Reserva Natural Camín Cosquín, numerosas cuencas de agua, parte del yacimiento de uranio «Rodolfo» (ubicado en Cosquín), parques naturales, ríos y balnearios, modificando para siempre el paisaje serrano. «¿Pensaste alguna vez qué tipo de progreso y desarrollo necesitamos en la zona?»; se preguntaron los vecinos, quienes agregaron: «Manifestamos que necesitamos mejorar la calidad de vida en las localidades de Punilla. Resulta necesario que los servicios de infraestructura básicos municipales y provinciales de la zona sean optimizados, así como también se realice el ordenamiento territorial priorizando prácticas amigables con nuestros ecosistemas naturales y el saneamiento de las cuencas hídricas. En Punilla atravesamos una crisis hídrica como consecuencia del recalentamiento y sobre-evaporación causada por el desmonte y los incendios».
La expectativa está puesta en una Audiencia Pública que se realizaría en el mes de marzo y donde los vecinos reclamarán que se difundan detalles del Estudio de Impacto Ambiental y se informen los trabajos que ya se vienen realizando. «Exigimos que se cumplan las garantías ambientales necesarias para proteger las sierras y que se conserven el 3% (el mínimo) del bosque nativo que nos queda en Córdoba. Decimos no a la autovía de montaña, las sierras no se tocan»; aseguraron.
Un proyecto alternativo
Los vecinos autoconvocados de la zona y las organizaciones ambientalistas recordaron que en el año 2011, el Instituto de Planificación del Área Metropolitana (IPLAM) proyectó la construcción de una autovía por el Valle de Punilla que utilizaría rutas existentes, ampliándolas y siguiendo la traza del ferrocarril. Entre las bondades que destacan de esta propuesta, se encuentra el hecho de que se reduciría la cantidad de bosque nativo afectado, implicaría menos desalojos y expropiaciones y serviría de igual forma a los fines de dar una solución a la problemática del tránsito en la Ruta 38.
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El basural de Mar del Plata colapsado
Ambiente trabaja para mejorar los registros de la información ambiental
Fecha de Publicación: 28/02/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Por lo que convocó a una reunión para delinear un programa de capacitación y acompañamiento en normalización, desarrollo y fortalecimiento de estadísticas e indicadores ambientales
Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, se reunió con Pascual Gerstenfeld, director de la división de estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) con el objetivo final de mejorar en términos de registros y procesamiento de información en materia de estadísticas e indicadores de sustentabilidad ambiental.
Esta iniciativa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que conduce Sergio Bergman, a través de la Secretaría mencionada, relaciona diversos aspectos institucionales de orden nacional, entre los que se destaca la firme decisión de la gestión de robustecer y ampliar los registros y estadísticas de variables de relevancia ambiental, habida cuenta de la brecha existente entre esta y las dimensiones social y económica.
En este sentido, Argentina inició un proceso de reestructuración de sus sistema estadístico y su vinculación con iniciativas de orden global y regional, tales como la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenibles, la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible (ILAC) y la reciente decisión de avanzar en el proceso de ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Este panorama de mayor inserción y compromiso con la agenda ambiental internacional obliga a adecuar las capacidades estadísticas a un nuevo escenario; y en ese proceso una alianza con la CEPAL resulta estratégica dada su trayectoria, conocimiento y experiencia en trabajo con países de la región.
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Fecha de Publicación: 28/02/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Por lo que convocó a una reunión para delinear un programa de capacitación y acompañamiento en normalización, desarrollo y fortalecimiento de estadísticas e indicadores ambientales
Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, se reunió con Pascual Gerstenfeld, director de la división de estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) con el objetivo final de mejorar en términos de registros y procesamiento de información en materia de estadísticas e indicadores de sustentabilidad ambiental.
Esta iniciativa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que conduce Sergio Bergman, a través de la Secretaría mencionada, relaciona diversos aspectos institucionales de orden nacional, entre los que se destaca la firme decisión de la gestión de robustecer y ampliar los registros y estadísticas de variables de relevancia ambiental, habida cuenta de la brecha existente entre esta y las dimensiones social y económica.
En este sentido, Argentina inició un proceso de reestructuración de sus sistema estadístico y su vinculación con iniciativas de orden global y regional, tales como la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenibles, la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible (ILAC) y la reciente decisión de avanzar en el proceso de ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Este panorama de mayor inserción y compromiso con la agenda ambiental internacional obliga a adecuar las capacidades estadísticas a un nuevo escenario; y en ese proceso una alianza con la CEPAL resulta estratégica dada su trayectoria, conocimiento y experiencia en trabajo con países de la región.
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Quieren mejorar la disponibilidad de información ambiental
Ambiente trabaja para mejorar los registros de la información ambiental
Fecha de Publicación: 28/02/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Por lo que convocó a una reunión para delinear un programa de capacitación y acompañamiento en normalización, desarrollo y fortalecimiento de estadísticas e indicadores ambientales
Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, se reunió con Pascual Gerstenfeld, director de la división de estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) con el objetivo final de mejorar en términos de registros y procesamiento de información en materia de estadísticas e indicadores de sustentabilidad ambiental.
Esta iniciativa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que conduce Sergio Bergman, a través de la Secretaría mencionada, relaciona diversos aspectos institucionales de orden nacional, entre los que se destaca la firme decisión de la gestión de robustecer y ampliar los registros y estadísticas de variables de relevancia ambiental, habida cuenta de la brecha existente entre esta y las dimensiones social y económica.
En este sentido, Argentina inició un proceso de reestructuración de sus sistema estadístico y su vinculación con iniciativas de orden global y regional, tales como la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenibles, la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible (ILAC) y la reciente decisión de avanzar en el proceso de ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Este panorama de mayor inserción y compromiso con la agenda ambiental internacional obliga a adecuar las capacidades estadísticas a un nuevo escenario; y en ese proceso una alianza con la CEPAL resulta estratégica dada su trayectoria, conocimiento y experiencia en trabajo con países de la región.
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Fecha de Publicación: 28/02/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Por lo que convocó a una reunión para delinear un programa de capacitación y acompañamiento en normalización, desarrollo y fortalecimiento de estadísticas e indicadores ambientales
Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, se reunió con Pascual Gerstenfeld, director de la división de estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) con el objetivo final de mejorar en términos de registros y procesamiento de información en materia de estadísticas e indicadores de sustentabilidad ambiental.
Esta iniciativa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que conduce Sergio Bergman, a través de la Secretaría mencionada, relaciona diversos aspectos institucionales de orden nacional, entre los que se destaca la firme decisión de la gestión de robustecer y ampliar los registros y estadísticas de variables de relevancia ambiental, habida cuenta de la brecha existente entre esta y las dimensiones social y económica.
En este sentido, Argentina inició un proceso de reestructuración de sus sistema estadístico y su vinculación con iniciativas de orden global y regional, tales como la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenibles, la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible (ILAC) y la reciente decisión de avanzar en el proceso de ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Este panorama de mayor inserción y compromiso con la agenda ambiental internacional obliga a adecuar las capacidades estadísticas a un nuevo escenario; y en ese proceso una alianza con la CEPAL resulta estratégica dada su trayectoria, conocimiento y experiencia en trabajo con países de la región.
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Mendoza pide no tocar la ley de glaciares
Legisladores mendocinos piden que no se modifique la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 27/02/2018
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
La polémica por la ley de glaciares parece no tener fin en la República Argentina. En las últimas horas se conoció una presentación que se realizó al Ejecutivo Nacional para que se abstengan de modificar la ley 26639 que reglamenta el régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar.
El diputado por la UCR Ricardo Mansur, habló con Estudio 91.7 y explicó: “Esto nace después de tomar conocimiento que el ministro de Ambiente de Nación, Sergio Bergman, brindó una conferencia de cambio climático en donde hizo mención a la posibilidad de cambiar la ley 26639 y después hubo una reunión del presidente con la Cámara Argentina de la Minería, más otros encumbrados mineros y con gente del sindicato y hablaban de modificar la ley. Si esto pasará permitiría avanzar sobre el ambiente periglaciar que esta ley no lo permite".
“Esta ley es muy clara en su objetivo donde establece que el ambiente glaciar y periglaciar es una reserva estratégica de agua dulce para los distintos usos. Mendoza en eso debería fijar una posición dado la importancia que tiene nuestro río y fundamentalmente porque sabemos que somos un desierto y que el 4% solo está cultivado y dependemos fundamentalmente de la distribución del agua".
“Nosotros pedimos y la cámara de Diputados aprobó el proyecto y tomó una posición en donde le pedíamos al presidente y a los legisladores nacionales, y al gobierno de la provincia que se abstenga de hacer cualquier modificación".
“Los glaciares están disminuyendo el 1% por año. Intervine en el debate de la ley 26639 cuando era legislador nacional y la UCR tuvo una posición muy clara, tal es así que esa ley salió por unanimidad. Si hacemos un estudio vamos a ver que en 2008, en el Congreso Nacional, también salió otra ley por unanimidad que fue vetada por ese entonces la presidente Cristina Fernández de Kirchner. Del 2008 pasamos al 2010, se ha hecho el inventario de glaciares y el ambiente periglaciar en Mendoza".
“El agua para Mendoza es vital y esta ley nos declara de bien público, estoy de acuerdo en que se haga minería pero siempre y cuando no se utilice agua o exista la posibilidad de contaminación. Si desde Nación se pretende modificar esto, hay muchos proyectos presentados en Mendoza que esperan la posibilidad de avanzar sobre un ambiente como es el periglaciar y que nutre a nuestros ríos. Si quieren modificarla, que se estudie la modificación, pero cuidado, que no establezcan normas que puedan avanzar sobre estos elementos".
“La provincia tiene que tomar una posición y presenté un proyecto y es muy claro, que se abstengan de promover cualquier cambio que signifique avanzar sobre el ambiente glaciar o periglaciar”.
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Fecha de Publicación: 27/02/2018
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
La polémica por la ley de glaciares parece no tener fin en la República Argentina. En las últimas horas se conoció una presentación que se realizó al Ejecutivo Nacional para que se abstengan de modificar la ley 26639 que reglamenta el régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar.
El diputado por la UCR Ricardo Mansur, habló con Estudio 91.7 y explicó: “Esto nace después de tomar conocimiento que el ministro de Ambiente de Nación, Sergio Bergman, brindó una conferencia de cambio climático en donde hizo mención a la posibilidad de cambiar la ley 26639 y después hubo una reunión del presidente con la Cámara Argentina de la Minería, más otros encumbrados mineros y con gente del sindicato y hablaban de modificar la ley. Si esto pasará permitiría avanzar sobre el ambiente periglaciar que esta ley no lo permite".
“Esta ley es muy clara en su objetivo donde establece que el ambiente glaciar y periglaciar es una reserva estratégica de agua dulce para los distintos usos. Mendoza en eso debería fijar una posición dado la importancia que tiene nuestro río y fundamentalmente porque sabemos que somos un desierto y que el 4% solo está cultivado y dependemos fundamentalmente de la distribución del agua".
“Nosotros pedimos y la cámara de Diputados aprobó el proyecto y tomó una posición en donde le pedíamos al presidente y a los legisladores nacionales, y al gobierno de la provincia que se abstenga de hacer cualquier modificación".
“Los glaciares están disminuyendo el 1% por año. Intervine en el debate de la ley 26639 cuando era legislador nacional y la UCR tuvo una posición muy clara, tal es así que esa ley salió por unanimidad. Si hacemos un estudio vamos a ver que en 2008, en el Congreso Nacional, también salió otra ley por unanimidad que fue vetada por ese entonces la presidente Cristina Fernández de Kirchner. Del 2008 pasamos al 2010, se ha hecho el inventario de glaciares y el ambiente periglaciar en Mendoza".
“El agua para Mendoza es vital y esta ley nos declara de bien público, estoy de acuerdo en que se haga minería pero siempre y cuando no se utilice agua o exista la posibilidad de contaminación. Si desde Nación se pretende modificar esto, hay muchos proyectos presentados en Mendoza que esperan la posibilidad de avanzar sobre un ambiente como es el periglaciar y que nutre a nuestros ríos. Si quieren modificarla, que se estudie la modificación, pero cuidado, que no establezcan normas que puedan avanzar sobre estos elementos".
“La provincia tiene que tomar una posición y presenté un proyecto y es muy claro, que se abstengan de promover cualquier cambio que signifique avanzar sobre el ambiente glaciar o periglaciar”.
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La multa por la matanza de cóndores podría ser millonaria
Matanza de cóndores: Ambiente podría fijar una multa millonaria
Fecha de Publicación: 27/02/2018
Fuente: Diario El Sol
Provincia/Región: Mendoza
La Dirección de Recursos Naturales analiza la sanción económica para los propietarios de las tierras donde aparecieron las 34 aves muertas y calcinadas. Por cada espécimen la multa máxima asciende a los 200.000 pesos. En lo penal, se les dictó la prisión preventiva a los puesteros y se les embargaron bienes por 20.000 pesos.
Por el masivo exterminio de 34 cóndores en un campo de Malargüe, la Dirección de Recursos Naturales Renovables analiza una fuerte sanción económica por la infracción a la Ley de Fauna, que le correspondería a los dueños de las tierras donde se produjo el hallazgo. De acuerdo con la última actualización de las multas, por sólo un animal el cargo asciende a los $200.000, por lo que la suma se aproximaría a más de 7 millones de pesos en total. El caso tiene agravantes: el cóndor es una especie protegida en peligro de extinción y fue reducido con un potente agrotóxico, que también podría haber contaminado el suelo, la flora y las napas de agua, según se investiga por la Justicia.
Fuentes relacionadas a la investigación indicaron que tras la notificación al grupo anglomalayo Walbrook -titular de unas 240.000 hectáreas en Los Molles- del delito contra la fauna que se produjo dentro de estos campos, el gobierno mendocino aguarda los estudios ambientales y el descargo de la firma internacional para terminar de fijar el monto, aunque aseguraron que de aplicarse la sanción, será millonaria.
La autopsia practicada a los 34 cóndores, al puma y a las ovejas que fueron utilizadas como cebo, arrojó que fueron envenenados con un potente agrotóxico, conocido en el mercado como carbofurano.
Este pesticida se viene cobrando la vida de estas aves en distintos puntos del país, donde vive el cóndor andino.
La Fundación BioAndina hizo un fuerte reclamo para que se legisle sobre la venta del carbofurano y se exija una trazabilidad para poner un coto a estas matanzas.
Mientras el Ejecutivo evalúa si cabe o no una sanción, la Fiscalía de Estado intimó al Gobierno a dar detalles de cómo está procediendo ante un posible daño al patrimonio natural de la provincia.
La idea del organismo es plantear un resarcimiento a la afectación del ambiente, en el caso de que el Ejecutivo no lo haga.
La Fiscalía de Estado peticionó que se informe detalladamente hechos, circunstancias, averiguaciones y todo elemento que resulte importante para la reclamación de responsabilidades a las personas vinculadas con tal situación.
Al mismo tiempo, en el ámbito judicial, a los puesteros, que fueron detenidos como responsables directos de la matanza de los cóndores, les fue dictada la prisión preventiva y se les trabó embargo a sus bienes por 20.000 pesos a cada uno.
Se trata de Nibaldo Baigorria y Ramón Rojas los crianceros de ganado ovino que están sindicados como autores de la violación a la Ley de Fauna y de un hecho que podría haber sido una verdadera tragedia si había afectación al ser humano.
Continuarán con prisión domiciliaria hasta el final del proceso investigativo que lleva adelante el fiscal Javier Giaroli de Malargüe.
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Fecha de Publicación: 27/02/2018
Fuente: Diario El Sol
Provincia/Región: Mendoza
La Dirección de Recursos Naturales analiza la sanción económica para los propietarios de las tierras donde aparecieron las 34 aves muertas y calcinadas. Por cada espécimen la multa máxima asciende a los 200.000 pesos. En lo penal, se les dictó la prisión preventiva a los puesteros y se les embargaron bienes por 20.000 pesos.
Por el masivo exterminio de 34 cóndores en un campo de Malargüe, la Dirección de Recursos Naturales Renovables analiza una fuerte sanción económica por la infracción a la Ley de Fauna, que le correspondería a los dueños de las tierras donde se produjo el hallazgo. De acuerdo con la última actualización de las multas, por sólo un animal el cargo asciende a los $200.000, por lo que la suma se aproximaría a más de 7 millones de pesos en total. El caso tiene agravantes: el cóndor es una especie protegida en peligro de extinción y fue reducido con un potente agrotóxico, que también podría haber contaminado el suelo, la flora y las napas de agua, según se investiga por la Justicia.
Fuentes relacionadas a la investigación indicaron que tras la notificación al grupo anglomalayo Walbrook -titular de unas 240.000 hectáreas en Los Molles- del delito contra la fauna que se produjo dentro de estos campos, el gobierno mendocino aguarda los estudios ambientales y el descargo de la firma internacional para terminar de fijar el monto, aunque aseguraron que de aplicarse la sanción, será millonaria.
La autopsia practicada a los 34 cóndores, al puma y a las ovejas que fueron utilizadas como cebo, arrojó que fueron envenenados con un potente agrotóxico, conocido en el mercado como carbofurano.
Este pesticida se viene cobrando la vida de estas aves en distintos puntos del país, donde vive el cóndor andino.
La Fundación BioAndina hizo un fuerte reclamo para que se legisle sobre la venta del carbofurano y se exija una trazabilidad para poner un coto a estas matanzas.
Mientras el Ejecutivo evalúa si cabe o no una sanción, la Fiscalía de Estado intimó al Gobierno a dar detalles de cómo está procediendo ante un posible daño al patrimonio natural de la provincia.
La idea del organismo es plantear un resarcimiento a la afectación del ambiente, en el caso de que el Ejecutivo no lo haga.
La Fiscalía de Estado peticionó que se informe detalladamente hechos, circunstancias, averiguaciones y todo elemento que resulte importante para la reclamación de responsabilidades a las personas vinculadas con tal situación.
Al mismo tiempo, en el ámbito judicial, a los puesteros, que fueron detenidos como responsables directos de la matanza de los cóndores, les fue dictada la prisión preventiva y se les trabó embargo a sus bienes por 20.000 pesos a cada uno.
Se trata de Nibaldo Baigorria y Ramón Rojas los crianceros de ganado ovino que están sindicados como autores de la violación a la Ley de Fauna y de un hecho que podría haber sido una verdadera tragedia si había afectación al ser humano.
Continuarán con prisión domiciliaria hasta el final del proceso investigativo que lleva adelante el fiscal Javier Giaroli de Malargüe.
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Peces de lago cordobés contaminados
Sugieren no consumir los peces del lago San Roque
Fecha de Publicación: 27/02/2018
Fuente: La Voz del Interior (Córdoba)
Provincia/Región: Córdoba
El médico Emilio Iosa, del área de Salud del municipio, señaló que la decisión se tomó sobre la base de estudios científicos recientes. Y planteó que los riesgos se presentan para quienes consumen peces del lago de modo frecuente.
Los carteles que Carlos Paz colocará en las costas del lago también advertirán sobre los riesgos del consumo directo del agua para las mascotas, en días de alta concentración de algas (cianobacterias), y sugerirán que no se consuman los pescados como alimento, sino que la pesca deportiva incluya su devolución al embalse.
El médico Emilio Iosa, del área de Salud del municipio, señaló que la decisión se tomó sobre la base de estudios científicos recientes. Y planteó que los riesgos se presentan para quienes consumen peces del lago de modo frecuente.
Un estudio de investigadores del Instituto de Diversidad y Ecología Animal, de la UNC y de Conicet –publicado por este diario en 2016– advirtió de que los pejerreyes del San Roque tienen altos niveles de arsénico y de mercurio, por lo que consumirlos con frecuencia representaría un riesgo para la salud.
Los autores estimaron que el riesgo aumenta ante un consumo de pescado, de ese origen, que supera la media nacional.
El biólogo Eduardo Benavídez, autor del plan de biorremediación que ensayará Carlos Paz, señaló que las plantas acuáticas servirían también para reducir metales pesados, como el mercurio.
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Fecha de Publicación: 27/02/2018
Fuente: La Voz del Interior (Córdoba)
Provincia/Región: Córdoba
El médico Emilio Iosa, del área de Salud del municipio, señaló que la decisión se tomó sobre la base de estudios científicos recientes. Y planteó que los riesgos se presentan para quienes consumen peces del lago de modo frecuente.
Los carteles que Carlos Paz colocará en las costas del lago también advertirán sobre los riesgos del consumo directo del agua para las mascotas, en días de alta concentración de algas (cianobacterias), y sugerirán que no se consuman los pescados como alimento, sino que la pesca deportiva incluya su devolución al embalse.
El médico Emilio Iosa, del área de Salud del municipio, señaló que la decisión se tomó sobre la base de estudios científicos recientes. Y planteó que los riesgos se presentan para quienes consumen peces del lago de modo frecuente.
Un estudio de investigadores del Instituto de Diversidad y Ecología Animal, de la UNC y de Conicet –publicado por este diario en 2016– advirtió de que los pejerreyes del San Roque tienen altos niveles de arsénico y de mercurio, por lo que consumirlos con frecuencia representaría un riesgo para la salud.
Los autores estimaron que el riesgo aumenta ante un consumo de pescado, de ese origen, que supera la media nacional.
El biólogo Eduardo Benavídez, autor del plan de biorremediación que ensayará Carlos Paz, señaló que las plantas acuáticas servirían también para reducir metales pesados, como el mercurio.
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Denuncia formal de los nuevos desmontes de Braun Peña
Greenpeace denunció formalmente ante el gobierno de Salta un nuevo desmonte ilegal en finca Cuchuy
Fecha de Publicación: 26/02/2018
Fuente: FM Alba
Provincia/Región: Salta
La ONG entregó el miércoles una denuncia formal a la Dra. Paula Bibini, Ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, sobre el desmonte ilegal que sigue avanzando en la finca Cuchuy, perteneciente al empresario Alejandro Braun Peña; y le reclamó que “como máxima autoridad ambiental de la provincia, cumpla y haga cumplir la normativa forestal vigente”.
Pese a las resoluciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta, las topadoras siguen avanzando en la finca Cuchuy, propiedad de Alejandro Braun Peña. El empresario es primo del jefe de gabinete de la Nación e integrante del directorio de varias empresas vinculadas a la familia Macri
La organización ecologista advirtió al ministerio que detectó, mediante sobrevuelos realizados durante el mes de febrero, el desmonte de 300 hectáreas en la estancia, y adjuntó documentación que lo comprueba. La deforestación en la finca, denunció la organización, continuó a pesar de las resoluciones de las autoridades nacionales y provinciales.
“La resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente de la Nación, publicada el 24 de enero en el Boletín Oficial, respaldó el principio de no regresión ambiental, garantizado por la Constitución Nacional; y declaró ilegales los 32 permisos otorgados por Salta para deforestar en áreas protegidas; e instó a la provincia a suspender su ejecución y reforestar los desmontes ya realizados”, se expresó en un extracto de la misiva entregada al ministerio.
A su vez, la denuncia hizo mención a la decisión tomada por la provincia para frenar el desmonte en estas fincas.
“Ese mismo día, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta emitió la Resolución N° 19 y anunció públicamente que ‘suspendió la ejecución de los cambios de uso de suelos autorizados y pendientes de ejecución que fueran observados, tras una resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. La medida se pone en marcha, más allá de las cuestiones de competencia que serán resueltas en el ámbito pertinente. La resolución nacional insta a suspender los efectos de las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso de suelo. En este marco, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia notifica a Braun Peña que debe suspender el desmonte de la finca Cuchuy’”.
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Fecha de Publicación: 26/02/2018
Fuente: FM Alba
Provincia/Región: Salta
La ONG entregó el miércoles una denuncia formal a la Dra. Paula Bibini, Ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, sobre el desmonte ilegal que sigue avanzando en la finca Cuchuy, perteneciente al empresario Alejandro Braun Peña; y le reclamó que “como máxima autoridad ambiental de la provincia, cumpla y haga cumplir la normativa forestal vigente”.
Pese a las resoluciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta, las topadoras siguen avanzando en la finca Cuchuy, propiedad de Alejandro Braun Peña. El empresario es primo del jefe de gabinete de la Nación e integrante del directorio de varias empresas vinculadas a la familia Macri
La organización ecologista advirtió al ministerio que detectó, mediante sobrevuelos realizados durante el mes de febrero, el desmonte de 300 hectáreas en la estancia, y adjuntó documentación que lo comprueba. La deforestación en la finca, denunció la organización, continuó a pesar de las resoluciones de las autoridades nacionales y provinciales.
“La resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente de la Nación, publicada el 24 de enero en el Boletín Oficial, respaldó el principio de no regresión ambiental, garantizado por la Constitución Nacional; y declaró ilegales los 32 permisos otorgados por Salta para deforestar en áreas protegidas; e instó a la provincia a suspender su ejecución y reforestar los desmontes ya realizados”, se expresó en un extracto de la misiva entregada al ministerio.
A su vez, la denuncia hizo mención a la decisión tomada por la provincia para frenar el desmonte en estas fincas.
“Ese mismo día, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta emitió la Resolución N° 19 y anunció públicamente que ‘suspendió la ejecución de los cambios de uso de suelos autorizados y pendientes de ejecución que fueran observados, tras una resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. La medida se pone en marcha, más allá de las cuestiones de competencia que serán resueltas en el ámbito pertinente. La resolución nacional insta a suspender los efectos de las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso de suelo. En este marco, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia notifica a Braun Peña que debe suspender el desmonte de la finca Cuchuy’”.
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Jujuy y residuos: problema crónico
Basura y contaminación: un problema crónico en Jujuy
Fecha de Publicación: 26/02/2018
Fuente: Jujuy al Momento
Provincia/Región: Jujuy
El paisaje en numerosos sectores de la provincia es patético. Toneladas de residuos que son el resultado de la actividad humana en las ciudades se acumulan en descampados en los alrededores de cada urbe, depositados a cielo abierto, convirtiéndose en un foco de contaminación alarmante.
Para algunos empresarios, vinculados al poder político, fue un negocio multimillonario que hasta el día de hoy le da razón de ser a sus fortunas.
Pero las gestiones pasan y las postales siguen siendo las mismas: chanchillos y Los Alisos, son sólo dos ejemplos de inconsciencia con la que se maneja el problema en la provincia.
Desde su llegada al poder, el gobierno actual diseñó un plan ambicioso: GIRSU se denominó al programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.
El ministerio de medio ambiente lleva dos años tratando de darle forma a una ley que ha tenido avances en lo teórico, pero ha estado estancado en lo práctico.
El gobierno ha realizado gestiones para conseguir financiamiento en organismos internacionales de crédito que sirvan para comprar equipamiento y realizar obras que revolucionen el tratamiento de la basura en la provincia.
Lo cierto es que el programa GIRSU hasta hoy deja más interrogantes que certezas.
El gobierno habla de acuerdos previos por millones de dólares y euros que organismos internacionales aportarán a Jujuy.
El plan sigue siendo confuso. Quizás su complejidad le impide a sus protagonistas explicar con claridad qué es lo que cambiará a partir de la concreción del ambicioso proyecto.
Por el momento, la imagen sigue siendo exactamente la misma que desde hace décadas: ríos de basura que se despliegan en las periferias de las ciudades, cuyo caudal es cada vez más grande y con un impacto en el ambiente cada vez más profundo.
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Fecha de Publicación: 26/02/2018
Fuente: Jujuy al Momento
Provincia/Región: Jujuy
El paisaje en numerosos sectores de la provincia es patético. Toneladas de residuos que son el resultado de la actividad humana en las ciudades se acumulan en descampados en los alrededores de cada urbe, depositados a cielo abierto, convirtiéndose en un foco de contaminación alarmante.
Para algunos empresarios, vinculados al poder político, fue un negocio multimillonario que hasta el día de hoy le da razón de ser a sus fortunas.
Pero las gestiones pasan y las postales siguen siendo las mismas: chanchillos y Los Alisos, son sólo dos ejemplos de inconsciencia con la que se maneja el problema en la provincia.
Desde su llegada al poder, el gobierno actual diseñó un plan ambicioso: GIRSU se denominó al programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.
El ministerio de medio ambiente lleva dos años tratando de darle forma a una ley que ha tenido avances en lo teórico, pero ha estado estancado en lo práctico.
El gobierno ha realizado gestiones para conseguir financiamiento en organismos internacionales de crédito que sirvan para comprar equipamiento y realizar obras que revolucionen el tratamiento de la basura en la provincia.
Lo cierto es que el programa GIRSU hasta hoy deja más interrogantes que certezas.
El gobierno habla de acuerdos previos por millones de dólares y euros que organismos internacionales aportarán a Jujuy.
El plan sigue siendo confuso. Quizás su complejidad le impide a sus protagonistas explicar con claridad qué es lo que cambiará a partir de la concreción del ambicioso proyecto.
Por el momento, la imagen sigue siendo exactamente la misma que desde hace décadas: ríos de basura que se despliegan en las periferias de las ciudades, cuyo caudal es cada vez más grande y con un impacto en el ambiente cada vez más profundo.
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La defensa de la Ley de Glaciares llega en bicicleta
Una patriada en bicicleta, recorren el país en defensa de la Ley de Glaciares
Fecha de Publicación: 26/02/2018
Fuente: El Diario de Carlos Paz
Provincia/Región: Nacional
Los ciclistas que recorren el país en defensa de la Ley de Glaciares llegaron ayer a la plazoleta del Cu-Cú de Carlos Paz y denunciaron que la Nación planea modificar la normativa para favorecer la explotación minera. Se hizo un festival en la Plaza del Fundador de Córdoba, en donde se anunció que la caravana que partió de Jáchal (San Juan) terminará en Buenos Aires.
Los líderes de la asamblea «Jáchal no se toca» emprendieron una cruzada nacional contra el avance de la mega-minería y completarán un recorrido de 1300 kilómetros con paradas en distintos puntos del país. En Capital Federal, la premisa será reunirse con el presidente Mauricio Macri para presentarle las firmas que apoyan la causa y que se impida la modificación de la ley.
Tras haber atravesado por Patquía (La Rioja), Serrezuela, Cosquín, Carlos Paz y Córdoba, seguirán este viernes hasta Bell Ville, Rosario, San Nicolás de los Arroyos y San Andrés de Giles (Buenos Aires) y estiman que arribarán a la Casa Rosada el próximo 27 de febrero. En una entrevista con este medio el integrante de la asamblea «Jáchal no se toca», Saúl Ceballos, señaló: «El presidente de la Nación se comprometió el pasado 14 de noviembre, ante los empresarios mega-mineros, a reformar la Ley de Protección de Glaciares y nosotros le vamos a pedir a él, que por favor escuche a los pueblos y no sólo a los poderosos. Es uno de los objetivos principales de esta gran aventura».
«El otro punto será concientizar sobre el daño que produce la mega-minería en la naturaleza y en la población, y creo que lo estamos logrando. Se está difundiendo cuál es el problema, nosotros estamos visibilizando lo que esconden los gobernantes, que hacen negocios con las empresas y se lo ocultan a la gente. Se trata de una problemática que atañe a más de la mitad de las provincias argentinas, que se verán afectadas por la falta de agua. Si se reforma la ley, se permitirá que las empresas mineras destruyan los glaciares de a poco»; agregó Ceballos, en diálogo con El Diario.
Faustino Esquivel es vecino de Jáchal y forma parte del colectivo de once personas que cruza el país para entrevistar con Macri y denunció: «Esto es una de las últimas medidas que nos queda por hacer. La empresa Barrick Gold produjo derrames en nuestro río de Jáchal, contaminó las aguas y encima, quieren modificar la Ley de Glaciares. Los glaciares, al tener una superficie no tan extensa, desaparecerán y el país entero tiene que entender la importancia de nuestra lucha. El problema de la Cordillera de los Andes no es sólo nuestro, sino de todas y todos los argentinos».
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Fecha de Publicación: 26/02/2018
Fuente: El Diario de Carlos Paz
Provincia/Región: Nacional
Los ciclistas que recorren el país en defensa de la Ley de Glaciares llegaron ayer a la plazoleta del Cu-Cú de Carlos Paz y denunciaron que la Nación planea modificar la normativa para favorecer la explotación minera. Se hizo un festival en la Plaza del Fundador de Córdoba, en donde se anunció que la caravana que partió de Jáchal (San Juan) terminará en Buenos Aires.
Los líderes de la asamblea «Jáchal no se toca» emprendieron una cruzada nacional contra el avance de la mega-minería y completarán un recorrido de 1300 kilómetros con paradas en distintos puntos del país. En Capital Federal, la premisa será reunirse con el presidente Mauricio Macri para presentarle las firmas que apoyan la causa y que se impida la modificación de la ley.
Tras haber atravesado por Patquía (La Rioja), Serrezuela, Cosquín, Carlos Paz y Córdoba, seguirán este viernes hasta Bell Ville, Rosario, San Nicolás de los Arroyos y San Andrés de Giles (Buenos Aires) y estiman que arribarán a la Casa Rosada el próximo 27 de febrero. En una entrevista con este medio el integrante de la asamblea «Jáchal no se toca», Saúl Ceballos, señaló: «El presidente de la Nación se comprometió el pasado 14 de noviembre, ante los empresarios mega-mineros, a reformar la Ley de Protección de Glaciares y nosotros le vamos a pedir a él, que por favor escuche a los pueblos y no sólo a los poderosos. Es uno de los objetivos principales de esta gran aventura».
«El otro punto será concientizar sobre el daño que produce la mega-minería en la naturaleza y en la población, y creo que lo estamos logrando. Se está difundiendo cuál es el problema, nosotros estamos visibilizando lo que esconden los gobernantes, que hacen negocios con las empresas y se lo ocultan a la gente. Se trata de una problemática que atañe a más de la mitad de las provincias argentinas, que se verán afectadas por la falta de agua. Si se reforma la ley, se permitirá que las empresas mineras destruyan los glaciares de a poco»; agregó Ceballos, en diálogo con El Diario.
Faustino Esquivel es vecino de Jáchal y forma parte del colectivo de once personas que cruza el país para entrevistar con Macri y denunció: «Esto es una de las últimas medidas que nos queda por hacer. La empresa Barrick Gold produjo derrames en nuestro río de Jáchal, contaminó las aguas y encima, quieren modificar la Ley de Glaciares. Los glaciares, al tener una superficie no tan extensa, desaparecerán y el país entero tiene que entender la importancia de nuestra lucha. El problema de la Cordillera de los Andes no es sólo nuestro, sino de todas y todos los argentinos».
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Río Negro: incentivo para matar pumas y zorros
Duras críticas al gobierno provincial por incentivar la matanza de pumas y zorros
Fecha de Publicación: 25/02/2018
Fuente: Río Negro Informa
Provincia/Región: Río Negro
La crítica llega luego de que se diera a conocer la disposición del gobernador Alberto Weretilneck, que en el marco de un nuevo plan de control de especies, aumentará a $3.000 el pago a los propietarios de campos por cueros de puma cazados, y a $700 los de zorro. La Asociación Pesca y Caza Nahuel Huapi, lamentó profundamente la decisión del Gobierno de Río Negro, de estimular la caza del Puma y el zorro en el ámbito provincial pagando por cada animal muerto. “Particularmente el puma, felino autóctono de todo el continente americano, es un bello animal que debería ser no “cazado”, sino que protegido como ocurre felizmente en los Parques Nacionales”, consideraron desde la Asociación Pesca y Caza Nahuel Huapi.
“Lamentamos la situación de los propietarios de campos que ven reducidas sus majadas por la acción del puma, pero sabemos con certeza que existen otro tipo de controles y acciones, y no la simple muerte de un felino autóctono como el puma. Ningún cazador que merezca ese título, se prestará a semejante acción depredatoria”, sostuvieron el presidente de la Asociación Ricardo Picapietra y José Mengolini de la Subcomisión de Caza de entidad.
“Qué contradicción tan grande entre los criterios de nuestros funcionarios, para la Provincia de Río Negro el puma es una plaga a combatir que se incentiva monetariamente, y para Parques Nacionales es una especie autóctona a proteger. Habiendo lugares que la frontera entre ambas reparticiones es simplemente un alambrado, pobre puma el que está del lado equivocado del alambre”, finalizaron exponiendo desde la Asociación Pesca y Caza Nahuel Huapi.
El gobierno justificó la medida sosteniendo que actualmente la provincia cuenta con la ley 763 que prevé la lucha contra las poblaciones perjudiciales en una escala que evite los inconvenientes de la ruptura del equilibrio biológico.
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Fecha de Publicación: 25/02/2018
Fuente: Río Negro Informa
Provincia/Región: Río Negro
La crítica llega luego de que se diera a conocer la disposición del gobernador Alberto Weretilneck, que en el marco de un nuevo plan de control de especies, aumentará a $3.000 el pago a los propietarios de campos por cueros de puma cazados, y a $700 los de zorro. La Asociación Pesca y Caza Nahuel Huapi, lamentó profundamente la decisión del Gobierno de Río Negro, de estimular la caza del Puma y el zorro en el ámbito provincial pagando por cada animal muerto. “Particularmente el puma, felino autóctono de todo el continente americano, es un bello animal que debería ser no “cazado”, sino que protegido como ocurre felizmente en los Parques Nacionales”, consideraron desde la Asociación Pesca y Caza Nahuel Huapi.
“Lamentamos la situación de los propietarios de campos que ven reducidas sus majadas por la acción del puma, pero sabemos con certeza que existen otro tipo de controles y acciones, y no la simple muerte de un felino autóctono como el puma. Ningún cazador que merezca ese título, se prestará a semejante acción depredatoria”, sostuvieron el presidente de la Asociación Ricardo Picapietra y José Mengolini de la Subcomisión de Caza de entidad.
“Qué contradicción tan grande entre los criterios de nuestros funcionarios, para la Provincia de Río Negro el puma es una plaga a combatir que se incentiva monetariamente, y para Parques Nacionales es una especie autóctona a proteger. Habiendo lugares que la frontera entre ambas reparticiones es simplemente un alambrado, pobre puma el que está del lado equivocado del alambre”, finalizaron exponiendo desde la Asociación Pesca y Caza Nahuel Huapi.
El gobierno justificó la medida sosteniendo que actualmente la provincia cuenta con la ley 763 que prevé la lucha contra las poblaciones perjudiciales en una escala que evite los inconvenientes de la ruptura del equilibrio biológico.
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Bernal: intentan recuperar el bosque nativo
Contra el desmonte en las costas de Bernal
Fecha de Publicación: 25/02/2018
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Buenos Aires
Una nueva jornada de trabajo colectivo para recuperar el bosque nativo se llevó a cabo ayer en una zona protegida por la Ley de Bosques, luego de una denuncia del pasado 9 de febrero, cuando se alertó sobre el desmonte que realizó la empresa Edesur.
Vecinos que se acercaron en adhesión al reclamo, también conversaron sobre otros asuntos delicados como el movimientos de suelos y rellenos del humedal, basurales y amenazas de emprendimientos inmobiliarios. “Estas zonas son refugio de especies en peligro y aún garantizan el filtrado del agua y el aire para todos nosotros y para las generaciones venideras”, explicó un frentista.
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Fecha de Publicación: 25/02/2018
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Buenos Aires
Una nueva jornada de trabajo colectivo para recuperar el bosque nativo se llevó a cabo ayer en una zona protegida por la Ley de Bosques, luego de una denuncia del pasado 9 de febrero, cuando se alertó sobre el desmonte que realizó la empresa Edesur.
Vecinos que se acercaron en adhesión al reclamo, también conversaron sobre otros asuntos delicados como el movimientos de suelos y rellenos del humedal, basurales y amenazas de emprendimientos inmobiliarios. “Estas zonas son refugio de especies en peligro y aún garantizan el filtrado del agua y el aire para todos nosotros y para las generaciones venideras”, explicó un frentista.
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Japoneses interesados en minería y petróleo
Empresarios japoneses se interesan en el sector minero y de hidrocarburos
Fecha de Publicación: 25/02/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Visitaron yacimientos en diferentes puntos del país y escucharon los beneficios que ofrece el Gobierno; dudas sobre costos y logística
"Hoy hay confianza en invertir en la Argentina. Los japoneses somos un poco cautelosos, pero si ya hay aquí una delegación de tantas empresas es porque tardó dos años [construirla], pero la confianza está". Así se refirió, en diálogo con la nacion, el embajador japonés en la Argentina, Noriteru Fukushima, sobre el clima de negocios en el país.
"La Argentina tiene un gran potencial y nos interesa también mucho invertir en infraestructura. El número de empresas japonesas en el país había caído a 50, y en dos años se duplicó ese número", añadió el diplomático.
Las declaraciones de Fukushima se dieron en el contexto del seminario sobre hidrocarburos y minería, realizado el lunes pasado en el Palacio San Martín, lugar al que una nutrida comitiva de empresarios nipones interesados en invertir en el sector energético y minero acudieron para conocer, de mano del secretario de Comercio Internacional de la Cancillería, Horacio Reyser, y del secretario de Planeamiento Energético, Daniel Redondo, entre otros funcionarios, el panorama actual del sector y los beneficios que el Gobierno está dispuesto a dar para fomentar esas inversiones, que se calculan en 20.000 millones de dólares para los próximos diez años.
Los beneficios van desde la libre importación de bienes de capital durante el tiempo que duren los proyectos, reducción de IVA y otros beneficios fiscales, la no imposición de un número de trabajadores por proyecto -más una preocupación que dejó expuesta uno de los inversores presente en el evento-, entre otros.
Es que la Argentina ofrece hoy atractivas "condiciones para que los inversores confíen en la nueva etapa del país, la de la inserción inteligente en el mundo", manifestaron los funcionarios en medio de un año de celebración por los 120 años de relación bilateral con Japón .
En ese contexto, el embajador Fukushima destacó que la Argentina sea el quinto exportador latinoamericano a su país y evidenció que el interés nipón por invertir es ambicioso. "Estamos en una nueva etapa, una nueva dimensión. La presencia económica de Japón va a aumentar muchísimo más; el primer ministro Shinzo Abe ya vino y por el G-20 volverá, por lo que continuarán las relaciones, constantes visitas que harán más fácil trabajar en el tratado de inversión, en el tratado que busca evitar la doble tributación, de e-commerce, servicios, entre otros. Queremos tener la presencia que tenemos en Brasil, Perú o Chile, retomar esa presencia para entablar una nueva relación por otros 100 años", expresó a la nacion.
Con una inversión actual de 1600 millones de dólares, principalmente en el sector automotriz, Japón busca, tanto como la Argentina, beneficiarse de una relación centenaria. Y quiere comenzar con el potencial de litio y cobre: hoy Japón importa el 50% del cobre que necesita de Chile. "¿Por qué no de Argentina, si tiene la capacidad de producirlo?", se pregunta Fukushima.
Y también busca beneficiarse del potencial en hidrocarburos que el país necesita explotar con inversión.
Oportunidades y desafíos
Solamente para Vaca Muerta, indicó Daniel Redondo, se necesita una inversión anual de $10.000 millones de dólares. "Estamos muy lejos de eso, por eso necesitamos el compromiso de mantener las inversiones por décadas", señaló el funcionario ante los empresarios de un país que depende mucho de las importaciones para satisfacer sus necesidades energéticas, por lo que es un activo emisor de flujos de Inversión Directa (IED). El funcionario destacó dentro de las oportunidades que ofrece el país la exploración offshore, que el Gobierno desea impulsar a finales de este año, además de la necesidad de "tener 100 nuevos pozos productivos por año" en un sendero de crecimiento sostenido hasta 2030 en un esquema donde el uso eficiente de la energía es primordial.
"El viento de la Patagonia y el sol del norte del país nos ayudará a cumplir este objetivo", señaló Redondo al referirse a los parques eólicos y de energía solar que tienen contemplado desarrollar -dijo que serán 110 a final de año-, mientras que sobre el gas explicó que es, actualmente, "el 50% de la matriz energética nacional", para señalar el potencial que tiene la explotación.
Además hizo énfasis en las medidas que se han tomado para liberar el mercado de los combustibles para que estos estén alineados a los precios internacionales, y dijo que uno de los desafíos del sector es aumentar la producción de petróleo de 300 mil a 800 mil barriles anuales, así como "reducir el azufre en los combustibles para mitigar el impacto ambiental".
Las dudas
Los empresarios japoneses expresaron sus dudas y la preocupación por los altos costos laborales y logísticos.
Manifestando explícitamente su intención de explotar litio y cobre, un representante de una de estas empresas señaló que los costos laborales aún son más baratos en Perú y Chile, por lo que consideró esa situación como un obstáculo. "Nosotros hacemos producción a gran escala y nos interesa la compra de los recursos minerales, pero los costos son muy elevados. El problema también es la logística, porque el acceso a los puertos desde el lugar de producción en la Argentina es lejos. Lo que esperamos es el compromiso de ayudarnos a acelerar los tiempos de producción", dijo.
Al respecto, el subsecretario de Desarrollo Minero, Mario Capello, mencionó los acuerdos que la Argentina adelanta con Chile para tener acceso a sus puertos y aprovechar esa ruta al Pacífico, además de la reactivación ferroviaria.
Para Shingo Ando, gerente de proyecto no convencional de la petrolera japonesa Inpex -que adelanta proyectos junto a Shell en Australia y lo hace ahora en Estados Unidos-, expresó a la nacion que los costos aún no son competitivos en el país, por lo que "todavía no hay una línea clara de qué hacer con la Argentina".
"El costo de explotación en Estados Unidos, por ejemplo, es bajo, entonces si la Argentina logra bajar los costos podríamos hablar del mismo nivel de competitividad. Vaca Muerta sería de nuestro interés, y también podríamos pensar en la posibilidad de explorar offshore. Si la industria de excavación y compresión en la Argentina se desarrolla estaríamos hablando de una gran oportunidad", añadió.
La delegación japonesa del sector energético y minero viajó para conocer distintos yacimientos del país. Una parte visitó un salar desde donde se extrae litio en Salta y minas de cobre en Catamarca. Otra parte viajó a Neuquén para conocer los yacimientos de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta.
El martes pasado se realizó la Primera reunión del Comité Conjunto para la Cooperación en materia agrícola, ganadera, pesquera forestal y agroindustrial entre los dos países, a la que acudieron otros 30 empresarios japoneses, lo que indica el estrecho vínculo que se busca afianzar con la nación nipona.
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Fecha de Publicación: 25/02/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Visitaron yacimientos en diferentes puntos del país y escucharon los beneficios que ofrece el Gobierno; dudas sobre costos y logística
"Hoy hay confianza en invertir en la Argentina. Los japoneses somos un poco cautelosos, pero si ya hay aquí una delegación de tantas empresas es porque tardó dos años [construirla], pero la confianza está". Así se refirió, en diálogo con la nacion, el embajador japonés en la Argentina, Noriteru Fukushima, sobre el clima de negocios en el país.
"La Argentina tiene un gran potencial y nos interesa también mucho invertir en infraestructura. El número de empresas japonesas en el país había caído a 50, y en dos años se duplicó ese número", añadió el diplomático.
Las declaraciones de Fukushima se dieron en el contexto del seminario sobre hidrocarburos y minería, realizado el lunes pasado en el Palacio San Martín, lugar al que una nutrida comitiva de empresarios nipones interesados en invertir en el sector energético y minero acudieron para conocer, de mano del secretario de Comercio Internacional de la Cancillería, Horacio Reyser, y del secretario de Planeamiento Energético, Daniel Redondo, entre otros funcionarios, el panorama actual del sector y los beneficios que el Gobierno está dispuesto a dar para fomentar esas inversiones, que se calculan en 20.000 millones de dólares para los próximos diez años.
Los beneficios van desde la libre importación de bienes de capital durante el tiempo que duren los proyectos, reducción de IVA y otros beneficios fiscales, la no imposición de un número de trabajadores por proyecto -más una preocupación que dejó expuesta uno de los inversores presente en el evento-, entre otros.
Es que la Argentina ofrece hoy atractivas "condiciones para que los inversores confíen en la nueva etapa del país, la de la inserción inteligente en el mundo", manifestaron los funcionarios en medio de un año de celebración por los 120 años de relación bilateral con Japón .
En ese contexto, el embajador Fukushima destacó que la Argentina sea el quinto exportador latinoamericano a su país y evidenció que el interés nipón por invertir es ambicioso. "Estamos en una nueva etapa, una nueva dimensión. La presencia económica de Japón va a aumentar muchísimo más; el primer ministro Shinzo Abe ya vino y por el G-20 volverá, por lo que continuarán las relaciones, constantes visitas que harán más fácil trabajar en el tratado de inversión, en el tratado que busca evitar la doble tributación, de e-commerce, servicios, entre otros. Queremos tener la presencia que tenemos en Brasil, Perú o Chile, retomar esa presencia para entablar una nueva relación por otros 100 años", expresó a la nacion.
Con una inversión actual de 1600 millones de dólares, principalmente en el sector automotriz, Japón busca, tanto como la Argentina, beneficiarse de una relación centenaria. Y quiere comenzar con el potencial de litio y cobre: hoy Japón importa el 50% del cobre que necesita de Chile. "¿Por qué no de Argentina, si tiene la capacidad de producirlo?", se pregunta Fukushima.
Y también busca beneficiarse del potencial en hidrocarburos que el país necesita explotar con inversión.
Oportunidades y desafíos
Solamente para Vaca Muerta, indicó Daniel Redondo, se necesita una inversión anual de $10.000 millones de dólares. "Estamos muy lejos de eso, por eso necesitamos el compromiso de mantener las inversiones por décadas", señaló el funcionario ante los empresarios de un país que depende mucho de las importaciones para satisfacer sus necesidades energéticas, por lo que es un activo emisor de flujos de Inversión Directa (IED). El funcionario destacó dentro de las oportunidades que ofrece el país la exploración offshore, que el Gobierno desea impulsar a finales de este año, además de la necesidad de "tener 100 nuevos pozos productivos por año" en un sendero de crecimiento sostenido hasta 2030 en un esquema donde el uso eficiente de la energía es primordial.
"El viento de la Patagonia y el sol del norte del país nos ayudará a cumplir este objetivo", señaló Redondo al referirse a los parques eólicos y de energía solar que tienen contemplado desarrollar -dijo que serán 110 a final de año-, mientras que sobre el gas explicó que es, actualmente, "el 50% de la matriz energética nacional", para señalar el potencial que tiene la explotación.
Además hizo énfasis en las medidas que se han tomado para liberar el mercado de los combustibles para que estos estén alineados a los precios internacionales, y dijo que uno de los desafíos del sector es aumentar la producción de petróleo de 300 mil a 800 mil barriles anuales, así como "reducir el azufre en los combustibles para mitigar el impacto ambiental".
Las dudas
Los empresarios japoneses expresaron sus dudas y la preocupación por los altos costos laborales y logísticos.
Manifestando explícitamente su intención de explotar litio y cobre, un representante de una de estas empresas señaló que los costos laborales aún son más baratos en Perú y Chile, por lo que consideró esa situación como un obstáculo. "Nosotros hacemos producción a gran escala y nos interesa la compra de los recursos minerales, pero los costos son muy elevados. El problema también es la logística, porque el acceso a los puertos desde el lugar de producción en la Argentina es lejos. Lo que esperamos es el compromiso de ayudarnos a acelerar los tiempos de producción", dijo.
Al respecto, el subsecretario de Desarrollo Minero, Mario Capello, mencionó los acuerdos que la Argentina adelanta con Chile para tener acceso a sus puertos y aprovechar esa ruta al Pacífico, además de la reactivación ferroviaria.
Para Shingo Ando, gerente de proyecto no convencional de la petrolera japonesa Inpex -que adelanta proyectos junto a Shell en Australia y lo hace ahora en Estados Unidos-, expresó a la nacion que los costos aún no son competitivos en el país, por lo que "todavía no hay una línea clara de qué hacer con la Argentina".
"El costo de explotación en Estados Unidos, por ejemplo, es bajo, entonces si la Argentina logra bajar los costos podríamos hablar del mismo nivel de competitividad. Vaca Muerta sería de nuestro interés, y también podríamos pensar en la posibilidad de explorar offshore. Si la industria de excavación y compresión en la Argentina se desarrolla estaríamos hablando de una gran oportunidad", añadió.
La delegación japonesa del sector energético y minero viajó para conocer distintos yacimientos del país. Una parte visitó un salar desde donde se extrae litio en Salta y minas de cobre en Catamarca. Otra parte viajó a Neuquén para conocer los yacimientos de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta.
El martes pasado se realizó la Primera reunión del Comité Conjunto para la Cooperación en materia agrícola, ganadera, pesquera forestal y agroindustrial entre los dos países, a la que acudieron otros 30 empresarios japoneses, lo que indica el estrecho vínculo que se busca afianzar con la nación nipona.
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La Corte llamó a una nueva audiencia por el Riachuelo
Riachuelo: todavía hay 1.000 familias que viven en las orillas y la Corte llamó a una nueva audiencia
Fecha de Publicación: 24/02/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Riachuelo
El saneamiento del Riachuelo es un proceso lento y complejo. Desde que la Corte Suprema ordenó limpiarlo, hace 9 años (en julio de este año se cumple una década del fallo), tuvo períodos de estancamiento y otros de avances concretos. Uno de los puntos más conflictivos es la relocalización de las familias que viven en el Camino de Sirga, es decir, en las orillas, casi sobre el agua. Y aunque 684 familias ya se mudaron, aún quedan una mil.
El 14 de marzo la Corte convocó a una nueva audiencia en la que la Autoridad de Cuenca (ACUMAR), el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad y a los organismos de control (Auditoría General de la Nación y Cuerpo Colegiado) tendrán que exponer sobre el avance de la ejecución de la sentencia definitiva que ordenó la recomposición del daño ambiental en la Cuenca.
Según publicó el Centro de Información Judicial (CIJ), en su pronunciamiento del 9 de noviembre del año pasado la Corte advirtió serias deficiencias en los informes presentados por la ACUMAR y, en consecuencia, ordenó esclarecer cuestiones como la adopción de un sistema de medición, la contaminación de origen industrial, el saneamiento de basurales, la limpieza de márgenes, la expansión de la red de agua potable, desagües pluviales, saneamiento cloacal y el Plan Sanitario de Emergencia.
También ordenó que se proporcione información específica sobre la gestión de residuos; erradicación de basurales a cielo abierto; expansión de la red de agua potable y cloacas financiada por ENHOSA; liberación del camino de sirga por la Ciudad de Buenos Aires a la altura de la Villa 21-24 y la construcción de viviendas para la relocalización de sus habitantes; control y seguimiento de las personas que sufren alguna enfermedad vinculada con la contaminación, en especial respecto de los niños menores de seis (6) años.
El año pasado, luego de la audiencia de octubre, se avanzó con la relocalización de 118 familias.
De las 1.837 censadas para ser relocalizadas, que deben abandonar las márgenes del Riachuelo, 566 ya se habían mudado; y en noviembre de 2017 se trasladó a toda la Villa 26 (otras 118). Pero aún resta relocalizar al 63% de la población afectada por la contaminación. En ese momento, desde el Gobierno porteño le habían asegurada a Clarín que esperaban completar el plan en 2019.
A estas familias se suman los miles de personas que viven en otros asentamientos a lo largo de la cuenca, y que el avance de los trabajes mejorará no sólo su calidad de vida; también disminuirá los riesgos de padecer problemas de salud por la contaminación.
En el escrito de la Corte, firmado por los cinco miembros del máximo tribunal, se especifica que la audiencia se realizará el 14 de marzo de las 10, y que la exposición deberá ser realizada por cada uno de los gobiernos por separado.
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Fecha de Publicación: 24/02/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Riachuelo
El saneamiento del Riachuelo es un proceso lento y complejo. Desde que la Corte Suprema ordenó limpiarlo, hace 9 años (en julio de este año se cumple una década del fallo), tuvo períodos de estancamiento y otros de avances concretos. Uno de los puntos más conflictivos es la relocalización de las familias que viven en el Camino de Sirga, es decir, en las orillas, casi sobre el agua. Y aunque 684 familias ya se mudaron, aún quedan una mil.
El 14 de marzo la Corte convocó a una nueva audiencia en la que la Autoridad de Cuenca (ACUMAR), el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad y a los organismos de control (Auditoría General de la Nación y Cuerpo Colegiado) tendrán que exponer sobre el avance de la ejecución de la sentencia definitiva que ordenó la recomposición del daño ambiental en la Cuenca.
Según publicó el Centro de Información Judicial (CIJ), en su pronunciamiento del 9 de noviembre del año pasado la Corte advirtió serias deficiencias en los informes presentados por la ACUMAR y, en consecuencia, ordenó esclarecer cuestiones como la adopción de un sistema de medición, la contaminación de origen industrial, el saneamiento de basurales, la limpieza de márgenes, la expansión de la red de agua potable, desagües pluviales, saneamiento cloacal y el Plan Sanitario de Emergencia.
También ordenó que se proporcione información específica sobre la gestión de residuos; erradicación de basurales a cielo abierto; expansión de la red de agua potable y cloacas financiada por ENHOSA; liberación del camino de sirga por la Ciudad de Buenos Aires a la altura de la Villa 21-24 y la construcción de viviendas para la relocalización de sus habitantes; control y seguimiento de las personas que sufren alguna enfermedad vinculada con la contaminación, en especial respecto de los niños menores de seis (6) años.
El año pasado, luego de la audiencia de octubre, se avanzó con la relocalización de 118 familias.
De las 1.837 censadas para ser relocalizadas, que deben abandonar las márgenes del Riachuelo, 566 ya se habían mudado; y en noviembre de 2017 se trasladó a toda la Villa 26 (otras 118). Pero aún resta relocalizar al 63% de la población afectada por la contaminación. En ese momento, desde el Gobierno porteño le habían asegurada a Clarín que esperaban completar el plan en 2019.
A estas familias se suman los miles de personas que viven en otros asentamientos a lo largo de la cuenca, y que el avance de los trabajes mejorará no sólo su calidad de vida; también disminuirá los riesgos de padecer problemas de salud por la contaminación.
En el escrito de la Corte, firmado por los cinco miembros del máximo tribunal, se especifica que la audiencia se realizará el 14 de marzo de las 10, y que la exposición deberá ser realizada por cada uno de los gobiernos por separado.
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219 serpientes en un departamento
Tenía 219 serpientes en un departamento
Fecha de Publicación: 24/02/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: CABA
Ocurrió en el barrio de Once, Buenos Aires. Hay un detenido. También incautaron huevos.
Por una denuncia de tráfico animal, el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal allanó un departamento en Once y encontró 219 serpientes.
Al parecer, los animales iban a ser vendidos en el mercado negro.
Entre ellas había pitones bola y boas esmeralda. Y se hallaron 19 huevos de estas especies exóticas, publica Clarín.
"Ya hay un imputado en la causa", dijo el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, a TN.
La denuncia se hizo desde la web de la Dirección de Fauna Silvestre y Conservación de la Biodiversidad y llegó directamente al despacho del ministro.
Tras la incautación de los animales, que serán trasladados al serpentario de Instituto Malbrán de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), se evaluará su estado general.
"Vamos a ver cada especie para saber si pueden ser reinsertadas en su hábitat natural", se indicó.
En el operativo intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 16, a cargo del Dr. Mariano Itaurralde.
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Fecha de Publicación: 24/02/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: CABA
Ocurrió en el barrio de Once, Buenos Aires. Hay un detenido. También incautaron huevos.
Por una denuncia de tráfico animal, el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal allanó un departamento en Once y encontró 219 serpientes.
Al parecer, los animales iban a ser vendidos en el mercado negro.
Entre ellas había pitones bola y boas esmeralda. Y se hallaron 19 huevos de estas especies exóticas, publica Clarín.
"Ya hay un imputado en la causa", dijo el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, a TN.
La denuncia se hizo desde la web de la Dirección de Fauna Silvestre y Conservación de la Biodiversidad y llegó directamente al despacho del ministro.
Tras la incautación de los animales, que serán trasladados al serpentario de Instituto Malbrán de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), se evaluará su estado general.
"Vamos a ver cada especie para saber si pueden ser reinsertadas en su hábitat natural", se indicó.
En el operativo intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 16, a cargo del Dr. Mariano Itaurralde.
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Los chinos enojados por las nucleares
Malestar chino por demoras en los emprendimientos de la cuarta y quinta planta nuclear
Fecha de Publicación: 24/02/2018
Fuente: Agencia APP
Provincia/Región: Nacional
En una nota de Martín Dinatale en Infobae se habla de la molestia en China por las demoras para avanzar en la construcción de las dos centrales nucleares pactadas en su momento con la expresidenta Cristina Fernández y ratificadas por Mauricio Macri. Ante los retrocesos para construir la quinta en Río Negro, las dos se emplazarán en Zárate, provincia de Buenos Aires, con lo cual esa jurisdicción se beneficiará “con todo un polo nuclear en Atucha que incluye una inversión de más de 12.000 millones de dólares para la producción de 3.700 MW. Esto es la energía similar a toda la producción de la represa Yaciretá”. El gobierno nacional piensa regularizar a partir de marzo la relación con el gigante China para que no se caigan estos emprendimientos energéticos.
La alianza estratégica de la Argentina con China transita por días de turbulencia. El vendaval político-diplomático tiene nombre y apellido: las demoras que sufre desde hace más de tres años el ambicioso proyecto argentino para construir la quinta central nuclear financiada por el gobierno de Xi Jinping.
La intención original de China acordada con el gobierno de Cristina Kirchner y ratificada luego con Mauricio Macri era financiar la construcción de la quinta central nuclear con un préstamo a 10 años de 7.000 millones de dólares.
Hasta el año pasado ya estaba todo definido para empezar la obra en Río Negro. Incluso Macri anunció desde Beijing junto con el gobernador Alberto Weretilneck el lanzamiento de la obra.
¿Qué razones políticas y diplomáticas complicaron todo el proyecto? En plan de diferenciarse del frente Cambiemos y por presión de un sector de los grupos ecologistas rionegrinos, Weretilneck se echó atrás: impuso una ley provincial para prohibir esa iniciativa aduciendo “eventuales problemas de impacto ambiental” y desde entonces todo se complicó.
El gobierno nacional inició una dura negociación con China para relocalizar la obra. El senador peronista de Río Negro, Miguel Pichetto, intentó terciar en el asunto para llevar la obra a Sierra Grande. Pero no hubo caso. Todo se complicó y las diferencias entre Macri y Weretilneck fueron más pronunciadas.
Se evaluaron proyectos de instalación de la central en otras provincias. Se habló también de instalar el proyecto en Carmen de Patagones. El problema era el pago adicional de la obra que Argentina debía asumir por la cláusula de relocalización. En el medio de todo esto hubo objeciones y un manifiesto malestar expuesto por Xi Jinping por las demoras del proyecto y la falta de la palabra comprometida.
Desde noviembre del año pasado se hizo un estudio de factibilidad para instalar la obra en el polo nuclear bonaerense de Atucha, en Zárate, y con ello, finalmente el conflicto parecería haber llegado a una solución. La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal también se metió en las negociaciones y aceptó la eventual instalación del proyecto de China en Zárate ya que le daría trabajo a unas 4.000 personas.
“La semana pasada el presidente Macri dio un ultimátum e instrucciones directas para cerrar el acuerdo en Atucha y terminar la dura negociación con China”, dijo un funcionario del Ministerio de Energía. Así, la intención es cerrar el contrato en marzo o abril para el inicio de las obras en Zárate.
Luego de un largo intercambio de misivas, arduas negociaciones y el marcado malestar expuesto por los funcionarios chinos con la Argentina, Macri ordenó poner fin al conflicto e instó al Ministerio de Energía y a la Cancillería a definir de una vez la localización de la central nuclear que hará la administración de Xi Jinping.
El gobierno de China quedó muy sensibilizado por los vaivenes del proyecto y en más de una oportunidad expuso sus quejas ante la Argentina.
“Con diplomacia pero con claridad los chinos expresaron su malestar”, admitió un diplomático argentino que intercedió de lleno en las negociaciones.
Voceros de la embajada de China en Buenos Aires admitieron a Infobae que “hubo diferencias” con la Argentina por la relocalización de la obra de la quinta central nuclear.
El embajador argentino en Beijing Diego Guelar intercedió para poder explicar los vaivenes políticos de Weretilneck y las demoras de la Argentina en el cumplimiento del contrato. Pero resultó complejo.
“Los chinos no entienden la idea del federalismo que impera en la Argentina y la división de poderes”, admitió un funcionario del Palacio San Martín.
Pero la administración de Xi Jingping traduce su malestar por recientes experiencias fallidas en la Argentina: tuvieron malos resultados en las inversiones para el proyecto del Belgrano Cargas durante el mandato de Cristina Kirchner y problemas con las promesas para el desarrollo de proyectos de represas hidroeléctricas que nunca se cumplieron.
A todo esto se agregan los atrasos e indefiniciones que existen en el contrato de otra central nuclear también financiada por China. Se trata de la obra para la cuarta central nuclear por un costo que el Gobierno no quiere exceder en 5.700 millones de dólares. Hay en el medio una discusión sobre este tope del monto y China reclama mayores garantías para un contrato que lleva más de un año de vaivenes.
La intención de este acuerdo es que el proyecto también se desarrolle en Zárate. Así, en el caso de que se cierren los dos proyectos nucleares de China la provincia de Buenos Aires será beneficiada con todo un polo nuclear en Atucha que incluye una inversión de más de 12.000 millones de dólares para la producción de 3.700 MW. Esto es la energía similar a toda la producción de la represa Yaciretá.
Si el diablo no mete la cola en el medio, la intención del ministro de Energía Juan José Aranguren es avanzar definitivamente con el acuerdo por la quinta central nuclear en marzo y definir el contrato de la cuarta central con China cuanto antes. Pero la política argentina y los vaivenes de la diplomacia a veces le pueden jugar una mala pasada a los deseos políticos.
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Fecha de Publicación: 24/02/2018
Fuente: Agencia APP
Provincia/Región: Nacional
En una nota de Martín Dinatale en Infobae se habla de la molestia en China por las demoras para avanzar en la construcción de las dos centrales nucleares pactadas en su momento con la expresidenta Cristina Fernández y ratificadas por Mauricio Macri. Ante los retrocesos para construir la quinta en Río Negro, las dos se emplazarán en Zárate, provincia de Buenos Aires, con lo cual esa jurisdicción se beneficiará “con todo un polo nuclear en Atucha que incluye una inversión de más de 12.000 millones de dólares para la producción de 3.700 MW. Esto es la energía similar a toda la producción de la represa Yaciretá”. El gobierno nacional piensa regularizar a partir de marzo la relación con el gigante China para que no se caigan estos emprendimientos energéticos.
La alianza estratégica de la Argentina con China transita por días de turbulencia. El vendaval político-diplomático tiene nombre y apellido: las demoras que sufre desde hace más de tres años el ambicioso proyecto argentino para construir la quinta central nuclear financiada por el gobierno de Xi Jinping.
La intención original de China acordada con el gobierno de Cristina Kirchner y ratificada luego con Mauricio Macri era financiar la construcción de la quinta central nuclear con un préstamo a 10 años de 7.000 millones de dólares.
Hasta el año pasado ya estaba todo definido para empezar la obra en Río Negro. Incluso Macri anunció desde Beijing junto con el gobernador Alberto Weretilneck el lanzamiento de la obra.
¿Qué razones políticas y diplomáticas complicaron todo el proyecto? En plan de diferenciarse del frente Cambiemos y por presión de un sector de los grupos ecologistas rionegrinos, Weretilneck se echó atrás: impuso una ley provincial para prohibir esa iniciativa aduciendo “eventuales problemas de impacto ambiental” y desde entonces todo se complicó.
El gobierno nacional inició una dura negociación con China para relocalizar la obra. El senador peronista de Río Negro, Miguel Pichetto, intentó terciar en el asunto para llevar la obra a Sierra Grande. Pero no hubo caso. Todo se complicó y las diferencias entre Macri y Weretilneck fueron más pronunciadas.
Se evaluaron proyectos de instalación de la central en otras provincias. Se habló también de instalar el proyecto en Carmen de Patagones. El problema era el pago adicional de la obra que Argentina debía asumir por la cláusula de relocalización. En el medio de todo esto hubo objeciones y un manifiesto malestar expuesto por Xi Jinping por las demoras del proyecto y la falta de la palabra comprometida.
Desde noviembre del año pasado se hizo un estudio de factibilidad para instalar la obra en el polo nuclear bonaerense de Atucha, en Zárate, y con ello, finalmente el conflicto parecería haber llegado a una solución. La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal también se metió en las negociaciones y aceptó la eventual instalación del proyecto de China en Zárate ya que le daría trabajo a unas 4.000 personas.
“La semana pasada el presidente Macri dio un ultimátum e instrucciones directas para cerrar el acuerdo en Atucha y terminar la dura negociación con China”, dijo un funcionario del Ministerio de Energía. Así, la intención es cerrar el contrato en marzo o abril para el inicio de las obras en Zárate.
Luego de un largo intercambio de misivas, arduas negociaciones y el marcado malestar expuesto por los funcionarios chinos con la Argentina, Macri ordenó poner fin al conflicto e instó al Ministerio de Energía y a la Cancillería a definir de una vez la localización de la central nuclear que hará la administración de Xi Jinping.
El gobierno de China quedó muy sensibilizado por los vaivenes del proyecto y en más de una oportunidad expuso sus quejas ante la Argentina.
“Con diplomacia pero con claridad los chinos expresaron su malestar”, admitió un diplomático argentino que intercedió de lleno en las negociaciones.
Voceros de la embajada de China en Buenos Aires admitieron a Infobae que “hubo diferencias” con la Argentina por la relocalización de la obra de la quinta central nuclear.
El embajador argentino en Beijing Diego Guelar intercedió para poder explicar los vaivenes políticos de Weretilneck y las demoras de la Argentina en el cumplimiento del contrato. Pero resultó complejo.
“Los chinos no entienden la idea del federalismo que impera en la Argentina y la división de poderes”, admitió un funcionario del Palacio San Martín.
Pero la administración de Xi Jingping traduce su malestar por recientes experiencias fallidas en la Argentina: tuvieron malos resultados en las inversiones para el proyecto del Belgrano Cargas durante el mandato de Cristina Kirchner y problemas con las promesas para el desarrollo de proyectos de represas hidroeléctricas que nunca se cumplieron.
A todo esto se agregan los atrasos e indefiniciones que existen en el contrato de otra central nuclear también financiada por China. Se trata de la obra para la cuarta central nuclear por un costo que el Gobierno no quiere exceder en 5.700 millones de dólares. Hay en el medio una discusión sobre este tope del monto y China reclama mayores garantías para un contrato que lleva más de un año de vaivenes.
La intención de este acuerdo es que el proyecto también se desarrolle en Zárate. Así, en el caso de que se cierren los dos proyectos nucleares de China la provincia de Buenos Aires será beneficiada con todo un polo nuclear en Atucha que incluye una inversión de más de 12.000 millones de dólares para la producción de 3.700 MW. Esto es la energía similar a toda la producción de la represa Yaciretá.
Si el diablo no mete la cola en el medio, la intención del ministro de Energía Juan José Aranguren es avanzar definitivamente con el acuerdo por la quinta central nuclear en marzo y definir el contrato de la cuarta central con China cuanto antes. Pero la política argentina y los vaivenes de la diplomacia a veces le pueden jugar una mala pasada a los deseos políticos.
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