Con resistencia, Arangueren impulsó la minería en Chubut
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Chubut: en un clima tenso, el Gobierno defendió la actividad minera
Fecha de Publicación: 23/02/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Chubut
En medio de un fuerte operativo de seguridad y con la ausencia del gobernador Mariano Arcioni, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, presentó en esta pequeña localidad en la meseta chubutense su propuesta para reinstalar el debate minero en Chubut. "Desde el gobierno nacional no queremos imponer absolutamente nada -dijo el ministro en declaraciones a la prensa-, es una decisión de la población y de la dirigencia de Chubut".
Con una inversión inicial de 941 millones de dólares y la generación de alrededor de 4000 empleos solo en torno al proyecto Navidad, la propuesta quedó esbozada en números que son fuertemente rechazados por los grupos antimineros y en medio de una delicada situación económica de la provincia. En Chubut está vigente, además, la ley 5001, que prohíbe la explotación minera a cielo abierto.
En tanto, un centenar de manifestantes contra la minería se concentraron en las afueras del gimnasio municipal, donde el funcionario e integrantes de la Subsecretaría de Minería expusieron ante intendentes de los municipios de la provincia acerca de la potencialidad de los yacimientos de plata, plomo y uranio que caracterizan a la provincia. "Solo queremos ayudar para que la sociedad y la dirigencia política puedan alcanzar un debate maduro sobre la explotación minera, porque la única manera de generar puestos de trabajo es con inversiones, y la minera es una", dijo Aranguren.
Señaló que "incluso el radicalismo, que es un partido que forma parte de la coalición de gobierno, tiene una postura contraria a la actividad, a tal punto que su convención declaró el no a la minería y es respetable; nosotros creemos que se puede hacer una minería responsable y para eso hay que convencer y ofrecer información".
En esa instancia, no se permitió el ingreso de quienes concurrieron a expresar su posición en contra, por lo que debieron permanecer en las afueras, a partir del vallado dispuesto por la policía provincial.
Romina, una de las manifestantes, denunció en horas de la mañana que hubo forcejeos y un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad cuando intentaban ingresar a la capilla los manifestantes, cuya presencia había sido permitida por el párroco del lugar. "Hubo un disparo de arma de fuego y el estruendo dispersó a todos", indicó la mujer, mientras que posteriormente la abogada ambientalista Silvia de los Santos, también presente en el lugar, afirmó que hubo dos personas con heridas leves por uso de balas de goma. Sin embargo, fuentes del gobierno provincial negaron esa situación, sobre la base del informe oficial emitido por el secretario de Seguridad, Federico Massoni, desde el lugar de los hechos: "No hubo un solo incidente", enfatizaron, sobre la base de los dichos textuales del funcionario provincial.
Por su parte, el gobernador Arcioni no participó del encuentro, aunque fuentes del gobierno provincial dijeron que estaba acordado con sus pares de la Nación: "No hubo ningún reproche", señalaron en la Casa de Gobierno provincial, ante la consulta de si dicha ausencia podía tomarse como un desaire.
Es que el mandatario provincial quedó en una posición incómoda: heredó la rotunda postura antiminera de su antecesor en el cargo, el fallecido gobernador Mario Das Neves, al tiempo que horas antes recibió otro auxilio financiero de la Nación para evitar que la provincia cayera en default, ante el vencimiento de una deuda de $708 millones que debe afrontar en las próximas horas con acreedores externos. Incluso estaba previsto para horas de la tarde un nuevo encuentro entre Arcioni y el propio ministro Aranguren. La presentación de los funcionarios encabezados por el ministro apuntó a dar precisiones sobre el potencial minero de la región denominada meseta central, sobre la base del proyecto denominado Navidad, la reserva de plata y plomo catalogada entre las más importantes del mundo. La región se caracteriza por su pérdida poblacional y una alta proporción de empleos públicos. "En síntesis -concluyó el ministro-, queremos combatir la pobreza, y para eso se necesita fomentar los puestos de trabajo e inversiones; la minería es una actividad que lo puede hacer, habrá que ver cómo, pero esa es una decisión de los chubutenses".
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Fecha de Publicación: 23/02/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Chubut
En medio de un fuerte operativo de seguridad y con la ausencia del gobernador Mariano Arcioni, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, presentó en esta pequeña localidad en la meseta chubutense su propuesta para reinstalar el debate minero en Chubut. "Desde el gobierno nacional no queremos imponer absolutamente nada -dijo el ministro en declaraciones a la prensa-, es una decisión de la población y de la dirigencia de Chubut".
Con una inversión inicial de 941 millones de dólares y la generación de alrededor de 4000 empleos solo en torno al proyecto Navidad, la propuesta quedó esbozada en números que son fuertemente rechazados por los grupos antimineros y en medio de una delicada situación económica de la provincia. En Chubut está vigente, además, la ley 5001, que prohíbe la explotación minera a cielo abierto.
En tanto, un centenar de manifestantes contra la minería se concentraron en las afueras del gimnasio municipal, donde el funcionario e integrantes de la Subsecretaría de Minería expusieron ante intendentes de los municipios de la provincia acerca de la potencialidad de los yacimientos de plata, plomo y uranio que caracterizan a la provincia. "Solo queremos ayudar para que la sociedad y la dirigencia política puedan alcanzar un debate maduro sobre la explotación minera, porque la única manera de generar puestos de trabajo es con inversiones, y la minera es una", dijo Aranguren.
Señaló que "incluso el radicalismo, que es un partido que forma parte de la coalición de gobierno, tiene una postura contraria a la actividad, a tal punto que su convención declaró el no a la minería y es respetable; nosotros creemos que se puede hacer una minería responsable y para eso hay que convencer y ofrecer información".
En esa instancia, no se permitió el ingreso de quienes concurrieron a expresar su posición en contra, por lo que debieron permanecer en las afueras, a partir del vallado dispuesto por la policía provincial.
Romina, una de las manifestantes, denunció en horas de la mañana que hubo forcejeos y un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad cuando intentaban ingresar a la capilla los manifestantes, cuya presencia había sido permitida por el párroco del lugar. "Hubo un disparo de arma de fuego y el estruendo dispersó a todos", indicó la mujer, mientras que posteriormente la abogada ambientalista Silvia de los Santos, también presente en el lugar, afirmó que hubo dos personas con heridas leves por uso de balas de goma. Sin embargo, fuentes del gobierno provincial negaron esa situación, sobre la base del informe oficial emitido por el secretario de Seguridad, Federico Massoni, desde el lugar de los hechos: "No hubo un solo incidente", enfatizaron, sobre la base de los dichos textuales del funcionario provincial.
Por su parte, el gobernador Arcioni no participó del encuentro, aunque fuentes del gobierno provincial dijeron que estaba acordado con sus pares de la Nación: "No hubo ningún reproche", señalaron en la Casa de Gobierno provincial, ante la consulta de si dicha ausencia podía tomarse como un desaire.
Es que el mandatario provincial quedó en una posición incómoda: heredó la rotunda postura antiminera de su antecesor en el cargo, el fallecido gobernador Mario Das Neves, al tiempo que horas antes recibió otro auxilio financiero de la Nación para evitar que la provincia cayera en default, ante el vencimiento de una deuda de $708 millones que debe afrontar en las próximas horas con acreedores externos. Incluso estaba previsto para horas de la tarde un nuevo encuentro entre Arcioni y el propio ministro Aranguren. La presentación de los funcionarios encabezados por el ministro apuntó a dar precisiones sobre el potencial minero de la región denominada meseta central, sobre la base del proyecto denominado Navidad, la reserva de plata y plomo catalogada entre las más importantes del mundo. La región se caracteriza por su pérdida poblacional y una alta proporción de empleos públicos. "En síntesis -concluyó el ministro-, queremos combatir la pobreza, y para eso se necesita fomentar los puestos de trabajo e inversiones; la minería es una actividad que lo puede hacer, habrá que ver cómo, pero esa es una decisión de los chubutenses".
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Gobierno impulsará la regulación de fumigaciones
El Gobierno busca regular la aplicación de fitosanitarios
Fecha de Publicación: 23/02/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno impulsará mediante una resolución un marco regulatorio para la aplicación de productos fitosanitarios, informaron ayer los ministros de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman , y de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere . La iniciativa oficial se da en un contexto en el que muchos municipios avanzan en normas propias para la aplicación del herbicida glifosato, entre otros agroquímicos.
Ambos funcionarios anunciaron que crearán un grupo de trabajo cuyo objetivo será elaborar los principios que regirán las políticas públicas sobre las aplicaciones de fitosanitarios en agricultura y alimentación, formular recomendaciones para mejorar la adopción de las buenas prácticas agrícolas (BPA) y fortalecer los sistemas de control y monitoreo. En 90 días el grupo deberá entregar un informe.
El equipo estará compuesto por representantes de los ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; Salud; Agroindustria, y Ambiente; el Consejo Federal Agropecuario (CFA); el Consejo Federal del Medio Ambiente (Cofema); el INTA, y el Senasa. Etchevehere aclaró que el resultado del informe será una "sugerencia" a los municipios, que son los que deben reglamentar estas cuestiones. Además, anunció que convocó para el 5 de marzo a una reunión conjunta donde representantes del Cofema y el CFA tratarán esta temática.
Por su parte, Bergman indicó: "Cada equipo profesional [de cada ministerio] tiene sus expertos y su mirada; es sano y bueno que tengamos las discusiones mano a mano para que encontremos consenso. El debate tiene que ser técnico". Además, afirmó que una vez que se constituya el grupo de trabajo, lo que estiman será en marzo, es probable que surja un anteproyecto de ley de presupuesto mínimo nacional de la aplicación de fitosanitarios. "Las BPA también son importantes para no perder mercados", agregó.
Ambas carteras indicaron que avanzarán en una mejor definición de los principios rectores para la regulación de la aplicación de esos productos, especialmente en zonas de amortiguamiento o "buffer" adyacentes a áreas que requieren especial protección.
Además, señalaron que la normativa reconocerá la autonomía de las distintas jurisdicciones, se focalizará en destacar la importancia de hacer aplicaciones correctas y respetará las pautas de uso del producto y su manejo a campo, lo que incluye las condiciones ambientales para pulverizar.
Reglamentación
Etchevehere anunció además la reglamentación de la ley de envases vacíos. Las empresas que registran fitosanitarios tendrán que "hacerse cargo del destino de los envases que contienen sus productos".
A partir de esta legislación, se implementan sistemas de recolección y lugares de destino de los recipientes y se establece un régimen especial de tratamiento, con el cual los productores deberán entregar sus envases libres de producto (a través del triple lavado o lavado a presión) en los centros de almacenamiento transitorio (CAT). Allí se los canalizará para dos vías: reciclaje o disposición final.
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Fecha de Publicación: 23/02/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno impulsará mediante una resolución un marco regulatorio para la aplicación de productos fitosanitarios, informaron ayer los ministros de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman , y de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere . La iniciativa oficial se da en un contexto en el que muchos municipios avanzan en normas propias para la aplicación del herbicida glifosato, entre otros agroquímicos.
Ambos funcionarios anunciaron que crearán un grupo de trabajo cuyo objetivo será elaborar los principios que regirán las políticas públicas sobre las aplicaciones de fitosanitarios en agricultura y alimentación, formular recomendaciones para mejorar la adopción de las buenas prácticas agrícolas (BPA) y fortalecer los sistemas de control y monitoreo. En 90 días el grupo deberá entregar un informe.
El equipo estará compuesto por representantes de los ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; Salud; Agroindustria, y Ambiente; el Consejo Federal Agropecuario (CFA); el Consejo Federal del Medio Ambiente (Cofema); el INTA, y el Senasa. Etchevehere aclaró que el resultado del informe será una "sugerencia" a los municipios, que son los que deben reglamentar estas cuestiones. Además, anunció que convocó para el 5 de marzo a una reunión conjunta donde representantes del Cofema y el CFA tratarán esta temática.
Por su parte, Bergman indicó: "Cada equipo profesional [de cada ministerio] tiene sus expertos y su mirada; es sano y bueno que tengamos las discusiones mano a mano para que encontremos consenso. El debate tiene que ser técnico". Además, afirmó que una vez que se constituya el grupo de trabajo, lo que estiman será en marzo, es probable que surja un anteproyecto de ley de presupuesto mínimo nacional de la aplicación de fitosanitarios. "Las BPA también son importantes para no perder mercados", agregó.
Ambas carteras indicaron que avanzarán en una mejor definición de los principios rectores para la regulación de la aplicación de esos productos, especialmente en zonas de amortiguamiento o "buffer" adyacentes a áreas que requieren especial protección.
Además, señalaron que la normativa reconocerá la autonomía de las distintas jurisdicciones, se focalizará en destacar la importancia de hacer aplicaciones correctas y respetará las pautas de uso del producto y su manejo a campo, lo que incluye las condiciones ambientales para pulverizar.
Reglamentación
Etchevehere anunció además la reglamentación de la ley de envases vacíos. Las empresas que registran fitosanitarios tendrán que "hacerse cargo del destino de los envases que contienen sus productos".
A partir de esta legislación, se implementan sistemas de recolección y lugares de destino de los recipientes y se establece un régimen especial de tratamiento, con el cual los productores deberán entregar sus envases libres de producto (a través del triple lavado o lavado a presión) en los centros de almacenamiento transitorio (CAT). Allí se los canalizará para dos vías: reciclaje o disposición final.
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Córdoba y Santa Fe acuerdan trabajar sobre cuencas
Acuerdo Córdoba, Santa Fe y Nación por cuencas hídricas ante el cambio climático
Fecha de Publicación: 23/02/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba - Santa Fe
Se firmó el convenio esta tarde en Casa Rosada con la presencia de los mandatarios provinciales Miguel Lifschitz y Oscar Gónzalez (a cargo del Ejecutivo cordobés) y el ministro Rogelio Frigerio.
A través de un convenio, las dos provincias y el Gobierno nacional dispusieron la creación del Comité Interjurisdiccional de la Cuenca del Arroyo Vila - Cululú (Cavicu), el cual se complementa con el de Carcarañá, donde ya se iniciaron obras como la del canal San Antonio.
El acuerdo fue rubricado en la tarde de hoy en Casa Rosada por el titular de la Legislatura de Córdoba, en ejercicio del Ejecutivo, Oscar González, el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.
Dicho comité tiene como objetivos promover la gestión coordinada y racional de sus recursos hídricos mediante planes, proyectos y obras orientados a la solución de las inundaciones, anegamientos, sequías, contaminación de las aguas y otras eventualidades vinculadas con la gestión del agua que pudieran presentarse en la cuenca, detallaron desde la cartera nacional.
El flamante organismo funcionará como máxima instancia de cooperación entre las partes y tendrá un nivel de decisiones políticas -a nivel Consejo de Gobierno- integrado por los gobernadores de las dos provincias y el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación.
Asimismo, se sumará un Comité Técnico integrado por un representante de cada jurisdicción provincial y un representante de la cartera nacional.
“La creación del comité permitirá que las provincias y el Gobierno nacional trabajen juntos para tener un mejor manejo de las cuencas hídricas y en la adaptación al cambio climático. Este comité se complementa con los ya creados como el de Carcarañá donde ya hemos comenzado obras importantes como la de Canal San Antonio”, expresó el subsecretario de Recursos Hídricos, Pablo Bereciartua, quien formó parte de la reunión en Casa de Gobierno.
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Fecha de Publicación: 23/02/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba - Santa Fe
Se firmó el convenio esta tarde en Casa Rosada con la presencia de los mandatarios provinciales Miguel Lifschitz y Oscar Gónzalez (a cargo del Ejecutivo cordobés) y el ministro Rogelio Frigerio.
A través de un convenio, las dos provincias y el Gobierno nacional dispusieron la creación del Comité Interjurisdiccional de la Cuenca del Arroyo Vila - Cululú (Cavicu), el cual se complementa con el de Carcarañá, donde ya se iniciaron obras como la del canal San Antonio.
El acuerdo fue rubricado en la tarde de hoy en Casa Rosada por el titular de la Legislatura de Córdoba, en ejercicio del Ejecutivo, Oscar González, el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.
Dicho comité tiene como objetivos promover la gestión coordinada y racional de sus recursos hídricos mediante planes, proyectos y obras orientados a la solución de las inundaciones, anegamientos, sequías, contaminación de las aguas y otras eventualidades vinculadas con la gestión del agua que pudieran presentarse en la cuenca, detallaron desde la cartera nacional.
El flamante organismo funcionará como máxima instancia de cooperación entre las partes y tendrá un nivel de decisiones políticas -a nivel Consejo de Gobierno- integrado por los gobernadores de las dos provincias y el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación.
Asimismo, se sumará un Comité Técnico integrado por un representante de cada jurisdicción provincial y un representante de la cartera nacional.
“La creación del comité permitirá que las provincias y el Gobierno nacional trabajen juntos para tener un mejor manejo de las cuencas hídricas y en la adaptación al cambio climático. Este comité se complementa con los ya creados como el de Carcarañá donde ya hemos comenzado obras importantes como la de Canal San Antonio”, expresó el subsecretario de Recursos Hídricos, Pablo Bereciartua, quien formó parte de la reunión en Casa de Gobierno.
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Parecía que si, pero no... sin acuerdo por el Atuel
Guerra por el río Atuel: no hubo acuerdo en la última reunión entre Mendoza y La Pampa
Fecha de Publicación: 22/02/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
Una vez más se cayó la vía política. El nuevo plazo que dio la Corte a Mendoza y La Pampa para llegar a un acuerdo por el caudal del río Atuel quedó en la nada. Tras una reunión de urgencia y armada rápidamente por Nación en la Casa Rosada, a pedido del gobernador Alfredo Cornejo, para verse con su par pampeano Carlos Verna, se conoció que no hubo avances por lo que será el máximo tribunal el que decidirá cuánta agua deberá correr hacia la vecina provincia.
Desde Mendoza informaron que el cónclave se desarrollaría con funcionarios de la Nación en el Ministerio del Interior, pero finalmente, tras el desconocimiento del encuentro, se le dio curso al pedido del mendocino con una reunión en Casa de Gobierno, sin la presencia del ministro Rogelio Frigerio. Quien se hizo presente y lideró la reunión fue el subsecretario de Recursos Hídricos, Pablo Bereciartua.
Durante el cruce de posiciones se conoció que la provincia cuyana ofreció realizar 25 perforaciones para inyectarle agua al Atuel. Pero, los funcionarios pampeanos le bajaron el pulgar, nuevamente.
A comienzos de diciembre, la Corte Suprema ordenó a ambas provincias a pactar un caudal hídrico del río Atuel para subsanar el daño ambiental en el noroeste pampeano, por lo que estableció un plazo que venció el 14 de febrero y luego otro que se termina este martes.
Bereciartua destacó a LA NACION que se ofrecieron "las instancias necesarias para alcanzar un acuerdo entre ambas provincias y cumplir con la resolución de la Corte Suprema, ya que el Ministerio del Interior está comprometido en fomentar el diálogo".
De esta manera, ambas partes se retiraron sin llegar a buen puerto tras la firma de un acta. Ahora sólo queda esperar la decisión que tome el máximo tribunal nacional. Tal como adelantó este diario, desde ambas provincias, creen que los jueces supremos pedirán una opinión autorizada a algún organismo especializado, como puede ser el Instituto Nacional del Agua, dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas para determinar finalmente una cifra de escorrentía permanente.
En sus propuestas, Mendoza le ofreció a la vecina provincia un caudal de 1,3 metros cúbicos por segundo, mientras que La Pampa requirió un mínimo de 4,5 metros cúbicos por segundo, para recién poder recomponer el ecosistema. De ahí, las diferencias para poder llegar a un acuerdo.
"Lamentablemente la posición pampeana sigue siendo muy intransigente. Si algún regante mendocino tiene que dejar de regar su finca tiene que hacerlo para dar agua para el cosistema del norte de La Pampa. Esto es de suma cero, nadie gana. La Pampa lo que quiere es que los regantes del sur mendocino no tengan agua y eso tendrá un impacto mayor", expresó el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, quien informó que este martes llevarán sus documentos a la Corte, los cuales incluyen imágenes del norte pampeano donde "se observa que no hay desertificación".
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Fecha de Publicación: 22/02/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
Una vez más se cayó la vía política. El nuevo plazo que dio la Corte a Mendoza y La Pampa para llegar a un acuerdo por el caudal del río Atuel quedó en la nada. Tras una reunión de urgencia y armada rápidamente por Nación en la Casa Rosada, a pedido del gobernador Alfredo Cornejo, para verse con su par pampeano Carlos Verna, se conoció que no hubo avances por lo que será el máximo tribunal el que decidirá cuánta agua deberá correr hacia la vecina provincia.
Desde Mendoza informaron que el cónclave se desarrollaría con funcionarios de la Nación en el Ministerio del Interior, pero finalmente, tras el desconocimiento del encuentro, se le dio curso al pedido del mendocino con una reunión en Casa de Gobierno, sin la presencia del ministro Rogelio Frigerio. Quien se hizo presente y lideró la reunión fue el subsecretario de Recursos Hídricos, Pablo Bereciartua.
Durante el cruce de posiciones se conoció que la provincia cuyana ofreció realizar 25 perforaciones para inyectarle agua al Atuel. Pero, los funcionarios pampeanos le bajaron el pulgar, nuevamente.
A comienzos de diciembre, la Corte Suprema ordenó a ambas provincias a pactar un caudal hídrico del río Atuel para subsanar el daño ambiental en el noroeste pampeano, por lo que estableció un plazo que venció el 14 de febrero y luego otro que se termina este martes.
Bereciartua destacó a LA NACION que se ofrecieron "las instancias necesarias para alcanzar un acuerdo entre ambas provincias y cumplir con la resolución de la Corte Suprema, ya que el Ministerio del Interior está comprometido en fomentar el diálogo".
De esta manera, ambas partes se retiraron sin llegar a buen puerto tras la firma de un acta. Ahora sólo queda esperar la decisión que tome el máximo tribunal nacional. Tal como adelantó este diario, desde ambas provincias, creen que los jueces supremos pedirán una opinión autorizada a algún organismo especializado, como puede ser el Instituto Nacional del Agua, dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas para determinar finalmente una cifra de escorrentía permanente.
En sus propuestas, Mendoza le ofreció a la vecina provincia un caudal de 1,3 metros cúbicos por segundo, mientras que La Pampa requirió un mínimo de 4,5 metros cúbicos por segundo, para recién poder recomponer el ecosistema. De ahí, las diferencias para poder llegar a un acuerdo.
"Lamentablemente la posición pampeana sigue siendo muy intransigente. Si algún regante mendocino tiene que dejar de regar su finca tiene que hacerlo para dar agua para el cosistema del norte de La Pampa. Esto es de suma cero, nadie gana. La Pampa lo que quiere es que los regantes del sur mendocino no tengan agua y eso tendrá un impacto mayor", expresó el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, quien informó que este martes llevarán sus documentos a la Corte, los cuales incluyen imágenes del norte pampeano donde "se observa que no hay desertificación".
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Peces contaminados con microplásticos en La Plata
Detectan preocupante contaminación con plásticos en los peces de la Región
Fecha de Publicación: 22/02/2018
Fuente: El Día de La Plata
Provincia/Región: Buenos Aires
Un pormenorizado estudio de un equipo de científicos del Conicet de La Plata detectó microplásticos en todos los peces que capturaron a lo largo de 35 kms de costa. El problema aumenta en la zona del “caño de la 66”
Peces de Berisso y Ensenada comen plástico. Porque está en el agua. Porque es uno de los principales elementos que se tiran al Río de la Plata o a sus afluentes y que lo contaminan a diario.
La gente come pescado. Por lo que también come plástico, o contaminantes orgánicos que “entran” a los ejemplares utilizando los microplásticos como vehículo.
Las consecuencias sobre la salud preocupan a los especialistas, aunque aún no fueron cuantificadas. Pero también preocupa, y mucho, el efecto del plástico en la biota, es decir, en el conjunto de especies de plantas, animales y otros organismos que ocupan un área determinada. En este caso, la ribera de nuestra región.
Los resultados de un minucioso estudio que realizaron científicos del Instituto de Limnología “Dr. Raúl A. Ringuelet” de La Plata (Ilpla, Conicet-UNLP), han encendido una luz de alerta. Capturaron 87 ejemplares, pertenecientes a 11 especies de peces, en seis sitios ubicados a lo largo de 35 kilómetros de la franja costera sur del estuario del Río de la Plata, entre las localidades de Ensenada y Berisso: encontraron microplásticos en el 100% de los ejemplares analizados.
El trabajo lo llevaron a cabo los investigadores Rocío Pazos, Tomás Maiztegui, Darío Colautti, Ariel Paracampo y Nora Gómez, quienes explicaron a este diario que “los microplásticos son piezas menores a 5 milímetros” y pueden provenir de distintas fuentes.
Orígenes
Están los “fragmentos pequeños de plásticos manufacturados, denominados pellets, que constituyen la materia prima utilizada por la industria del plástico”.
“También las micropartículas sintéticas que se encuentran, por caso, en productos de higiene personal, como las cremas exfoliantes”, para poner un ejemplo.
“Además -añadieron los expertos y expertas- pueden provenir de restos de plásticos, como botellas y bolsas, entre otros, que se van fragmentando en piezas más pequeñas en el ambiente hasta convertirse en microplásticos”.
Asimismo, están las fibras sintéticas. “Su origen más frecuente se halla en los desprendimientos de la ropa durante su lavado y en los desechos de higiene personal, tales como pañales, protectores higiénicos y demás. En general, estos tipos de contaminantes llegan al estuario (del Río de la Plata) a través de la escorrentía de zonas urbanas, o sea, los desagües pluviales y las descargas cloacales, así como a través de cursos de agua que atraviesan aquellos sitios y desaguan en dicho ecosistema”, detallaron en el Ilpla.
¿Consecuencias? La biota suele estar afectada, ya que debido a su pequeño tamaño (los microplásticos) pueden ser consumidos por un amplio rango de organismos, entre los cuales se encuentran los peces, uno de los últimos eslabones de la cadena trófica (alimenticia), subrayaron los científicos.
Luego explicaron que en los recientes estudios que realizaron “se analizaron la cantidad y los tipos de microplásticos en el tracto digestivo de peces con distinto hábito de alimentación, como los que comen materia orgánica, plancton, otros peces”.
Como se indicó, para llevar a cabo el trabajo capturaron 87 ejemplares pertenecientes a 11 especies de peces, de las cuales el surubí (Pseudoplatystoma corruscans), el sábalo (Prochilodus lineatus), el patí (Luciopimelodus pati), el pejerrey (Odontesthes bonariensis) y la carpa (Cyprinus carpio), suelen ser de consumo humano.
No está de más recordar que, más allá de los plásticos, en el año 2000 se colocaron en la ribera carteles de prohibido pescar tras comprobarse que el típico sábalo de la zona estaba contaminado.
Volviendo al estudio, los investigadores revelaron que “en todos los ejemplares se detectó la presencia de microplásticos, la mayor proporción en forma de fibras, siendo más abundantes en el sitio relacionado con la descarga cloacal, en la costa de la ciudad de Berisso”, allí donde muere la avenida 66.
“Teniendo en cuenta el grado de contaminación que presenta la zona costera relevada y que la literatura documenta que los microplásticos pueden absorber contaminantes orgánicos, aquellos podrían estar funcionando como vehículos para el ingreso de estas sustancias a los peces, además del grado de toxicidad que puede presentar el microplástico en sí mismo”, puntualizaron.
Por otra parte, hicieron fuerte hincapié en el hecho de que se encuentren en mayor cantidad en la zona cercana al efluente cloacal, lo cual “demuestra la importancia de mejorar el tratamiento de las descargas urbanas, con la finalidad de reducir la presencia de estos contaminantes en el ambiente”.
¿Qué se puede hacer?
El equipo de científicos platenses apuntó que “las recomendaciones que se desprenden del estudio son, por un lado, la necesidad de realizar un mejor tratamiento de los residuos urbanos, tanto líquidos como sólidos, que impida o disminuya el ingreso de este contaminante”.
Por otro lado, señalaron la necesidad de “difundir información a la sociedad sobre la problemática de este tipo de contaminación, reduciendo el uso del plástico y promoviendo su reciclado”.
El trabajo finaliza advirtiendo que “los microplásticos son contaminantes emergentes, cuya presencia en el medioambiente no es necesariamente nueva, pero sí su hallazgo en el mismo”.
“Por esa razón, aún no están regulados y, por ende, es preciso realizar más investigaciones para determinar el riesgo ambiental y sanitario que implica su presencia y abundancia, así como también sus efectos en el ecosistema”, aseveraron.
Hay que destacar que el plástico tarda siglos en biodegradarse, por lo que se trata de un contaminante que permanecerá en las aguas hasta, posiblemente, superar en cantidad a los peces (ver nota aparte).
“Una pieza de plástico puede atraer compuestos orgánicos persistentes, como los plaguicidas clorados, bifenilos policlorados (líquidos aceitosos o sólidos de apariencia variable que pueden causar un sinnúmero de efectos adversos diferentes) o hidrocarburos aromáticos (por ejemplo, el benceno)”, especificó otro experto del Conicet. Y completó: “Así, los microplásticos se convierten en vehículos de altas dosis de contaminación para todas las especies que los ingieran. También son una amenaza por el aporte de sustancias químicas propias, como los aditivos agregados en su fabricación, causando efectos tóxicos significativos en los animales que los comen”.
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Fecha de Publicación: 22/02/2018
Fuente: El Día de La Plata
Provincia/Región: Buenos Aires
Un pormenorizado estudio de un equipo de científicos del Conicet de La Plata detectó microplásticos en todos los peces que capturaron a lo largo de 35 kms de costa. El problema aumenta en la zona del “caño de la 66”
Peces de Berisso y Ensenada comen plástico. Porque está en el agua. Porque es uno de los principales elementos que se tiran al Río de la Plata o a sus afluentes y que lo contaminan a diario.
La gente come pescado. Por lo que también come plástico, o contaminantes orgánicos que “entran” a los ejemplares utilizando los microplásticos como vehículo.
Las consecuencias sobre la salud preocupan a los especialistas, aunque aún no fueron cuantificadas. Pero también preocupa, y mucho, el efecto del plástico en la biota, es decir, en el conjunto de especies de plantas, animales y otros organismos que ocupan un área determinada. En este caso, la ribera de nuestra región.
Los resultados de un minucioso estudio que realizaron científicos del Instituto de Limnología “Dr. Raúl A. Ringuelet” de La Plata (Ilpla, Conicet-UNLP), han encendido una luz de alerta. Capturaron 87 ejemplares, pertenecientes a 11 especies de peces, en seis sitios ubicados a lo largo de 35 kilómetros de la franja costera sur del estuario del Río de la Plata, entre las localidades de Ensenada y Berisso: encontraron microplásticos en el 100% de los ejemplares analizados.
El trabajo lo llevaron a cabo los investigadores Rocío Pazos, Tomás Maiztegui, Darío Colautti, Ariel Paracampo y Nora Gómez, quienes explicaron a este diario que “los microplásticos son piezas menores a 5 milímetros” y pueden provenir de distintas fuentes.
Orígenes
Están los “fragmentos pequeños de plásticos manufacturados, denominados pellets, que constituyen la materia prima utilizada por la industria del plástico”.
“También las micropartículas sintéticas que se encuentran, por caso, en productos de higiene personal, como las cremas exfoliantes”, para poner un ejemplo.
“Además -añadieron los expertos y expertas- pueden provenir de restos de plásticos, como botellas y bolsas, entre otros, que se van fragmentando en piezas más pequeñas en el ambiente hasta convertirse en microplásticos”.
Asimismo, están las fibras sintéticas. “Su origen más frecuente se halla en los desprendimientos de la ropa durante su lavado y en los desechos de higiene personal, tales como pañales, protectores higiénicos y demás. En general, estos tipos de contaminantes llegan al estuario (del Río de la Plata) a través de la escorrentía de zonas urbanas, o sea, los desagües pluviales y las descargas cloacales, así como a través de cursos de agua que atraviesan aquellos sitios y desaguan en dicho ecosistema”, detallaron en el Ilpla.
¿Consecuencias? La biota suele estar afectada, ya que debido a su pequeño tamaño (los microplásticos) pueden ser consumidos por un amplio rango de organismos, entre los cuales se encuentran los peces, uno de los últimos eslabones de la cadena trófica (alimenticia), subrayaron los científicos.
Luego explicaron que en los recientes estudios que realizaron “se analizaron la cantidad y los tipos de microplásticos en el tracto digestivo de peces con distinto hábito de alimentación, como los que comen materia orgánica, plancton, otros peces”.
Como se indicó, para llevar a cabo el trabajo capturaron 87 ejemplares pertenecientes a 11 especies de peces, de las cuales el surubí (Pseudoplatystoma corruscans), el sábalo (Prochilodus lineatus), el patí (Luciopimelodus pati), el pejerrey (Odontesthes bonariensis) y la carpa (Cyprinus carpio), suelen ser de consumo humano.
No está de más recordar que, más allá de los plásticos, en el año 2000 se colocaron en la ribera carteles de prohibido pescar tras comprobarse que el típico sábalo de la zona estaba contaminado.
Volviendo al estudio, los investigadores revelaron que “en todos los ejemplares se detectó la presencia de microplásticos, la mayor proporción en forma de fibras, siendo más abundantes en el sitio relacionado con la descarga cloacal, en la costa de la ciudad de Berisso”, allí donde muere la avenida 66.
“Teniendo en cuenta el grado de contaminación que presenta la zona costera relevada y que la literatura documenta que los microplásticos pueden absorber contaminantes orgánicos, aquellos podrían estar funcionando como vehículos para el ingreso de estas sustancias a los peces, además del grado de toxicidad que puede presentar el microplástico en sí mismo”, puntualizaron.
Por otra parte, hicieron fuerte hincapié en el hecho de que se encuentren en mayor cantidad en la zona cercana al efluente cloacal, lo cual “demuestra la importancia de mejorar el tratamiento de las descargas urbanas, con la finalidad de reducir la presencia de estos contaminantes en el ambiente”.
¿Qué se puede hacer?
El equipo de científicos platenses apuntó que “las recomendaciones que se desprenden del estudio son, por un lado, la necesidad de realizar un mejor tratamiento de los residuos urbanos, tanto líquidos como sólidos, que impida o disminuya el ingreso de este contaminante”.
Por otro lado, señalaron la necesidad de “difundir información a la sociedad sobre la problemática de este tipo de contaminación, reduciendo el uso del plástico y promoviendo su reciclado”.
El trabajo finaliza advirtiendo que “los microplásticos son contaminantes emergentes, cuya presencia en el medioambiente no es necesariamente nueva, pero sí su hallazgo en el mismo”.
“Por esa razón, aún no están regulados y, por ende, es preciso realizar más investigaciones para determinar el riesgo ambiental y sanitario que implica su presencia y abundancia, así como también sus efectos en el ecosistema”, aseveraron.
Hay que destacar que el plástico tarda siglos en biodegradarse, por lo que se trata de un contaminante que permanecerá en las aguas hasta, posiblemente, superar en cantidad a los peces (ver nota aparte).
“Una pieza de plástico puede atraer compuestos orgánicos persistentes, como los plaguicidas clorados, bifenilos policlorados (líquidos aceitosos o sólidos de apariencia variable que pueden causar un sinnúmero de efectos adversos diferentes) o hidrocarburos aromáticos (por ejemplo, el benceno)”, especificó otro experto del Conicet. Y completó: “Así, los microplásticos se convierten en vehículos de altas dosis de contaminación para todas las especies que los ingieran. También son una amenaza por el aporte de sustancias químicas propias, como los aditivos agregados en su fabricación, causando efectos tóxicos significativos en los animales que los comen”.
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INTA Formosa avanza en mitigación del cambio climático
En el INTA se trabaja para que los productores puedan mitigar los efectos del cambio climático
Fecha de Publicación: 22/02/2018
Fuente: La Mañana de Formosa
Provincia/Región: Formosa
Federico Miranda, titular de la agencia local del organismo, planteó como “ideal” la creación de alternativas para que cada productor pueda superar los inconvenientes y tenga “una verdadera opción sustentable”
El jefe de la Agencia de Extensión Rural Formosa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Federico Miranda, dijo que desde el organismo se trabaja para poder brindar alternativas que les permitan a los productores formoseños mitigar los efectos negativos del cambio climático. Además, en diálogo con La Mañana, afirmó que la provincia debe estar preparada para enfrentar las inclemencias climáticas.
“Se pueden planificar muchas obras de infraestructura a través de los organismos nacionales, provinciales y municipales. Pero para asistir al productor que todos los días pone su trabajo y su capital y depende del estado del tiempo, debemos empezar a generar tecnología que le brinde alternativas. No podemos dejarlos solos”, aseveró.
“Estamos tratando de generar pautas de contingencia, con el fin de reducir lo negativo. Pero lo ideal es crear alternativas para que cada productor pueda superar los inconvenientes y tenga una verdadera opción sustentable. Hoy no existen más períodos normales o constantes con respecto a la producción y la temperatura. Desde que comenzó el fenómeno del cambio climático y empezaron a aparecer sus consecuencias inmediatas, lo ‘errático’ pasó a ser lo ‘normal’”, explicó Miranda a este diario.
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Fecha de Publicación: 22/02/2018
Fuente: La Mañana de Formosa
Provincia/Región: Formosa
Federico Miranda, titular de la agencia local del organismo, planteó como “ideal” la creación de alternativas para que cada productor pueda superar los inconvenientes y tenga “una verdadera opción sustentable”
El jefe de la Agencia de Extensión Rural Formosa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Federico Miranda, dijo que desde el organismo se trabaja para poder brindar alternativas que les permitan a los productores formoseños mitigar los efectos negativos del cambio climático. Además, en diálogo con La Mañana, afirmó que la provincia debe estar preparada para enfrentar las inclemencias climáticas.
“Se pueden planificar muchas obras de infraestructura a través de los organismos nacionales, provinciales y municipales. Pero para asistir al productor que todos los días pone su trabajo y su capital y depende del estado del tiempo, debemos empezar a generar tecnología que le brinde alternativas. No podemos dejarlos solos”, aseveró.
“Estamos tratando de generar pautas de contingencia, con el fin de reducir lo negativo. Pero lo ideal es crear alternativas para que cada productor pueda superar los inconvenientes y tenga una verdadera opción sustentable. Hoy no existen más períodos normales o constantes con respecto a la producción y la temperatura. Desde que comenzó el fenómeno del cambio climático y empezaron a aparecer sus consecuencias inmediatas, lo ‘errático’ pasó a ser lo ‘normal’”, explicó Miranda a este diario.
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Río Negro parece que se salva de la nuclear
Nación se resignó: la planta nuclear no se instalará en Río Negro
Fecha de Publicación: 21/02/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
A pesar del conocido deseo presidencial, se desestimó la posibilidad de que el asentamiento haga pie en esta provincia. Se resolvió que será emplazada en el territorio bonaerense, cerca de las plantas de Atucha.
Nación desistió –finalmente– del asentamiento nuclear en Río Negro y ya lo ubica en el territorio bonaerense, junto a las plantas de Atucha. Admitió que los “impulsos” y posibilidades que quedan en la provincia “no alcanzan” para persistir en el intento.
El paulatino declive de la última promoción en la provincia, liderada por el diputado Sergio Wisky y el intendente de Sierra Grande, Nelson Iribarren, se explica en el velado desistimiento de Nación, armado con elementos técnicos y políticos recogidos por Energía y Casa Rosada, muy a pesar del conocido deseo presidencial. Persisten meneos, como el análisis de un recurso judicial, aunque la determinación está tomada: Nación se resignó y la planta no estará en Río Negro.
El intento final estuvo en la charla del presidente Mauricio Macri con el gobernador Alberto Weretilneck en Villa La Angostura. El mandatario pretendía otro respaldo del rionegrino. “Se esperaba mayor compromiso. No observamos apoyo claro del gobierno para empujarlo. El gobernador opina con muy poca convicción”, admitió un funcionario nacional a “Río Negro” en un repaso de las razones del abandono.
Esa desactivación fue advertida por los promotores rionegrinos. Así, Iribarren no nunca recibió la pretendida resolución de Energía que formalizara el asentamiento en su localidad y, a partir de eso, su municipio recurriría a la Justicia “Eso (resolución) sólo no alcanza, pues hay una ley que se debería eliminar. Además, la principal oposición –el Frente para la Victoria– está en contra y este proyecto de 9 años, sólo entre elaboración y construcción, trasciende a más de dos gestiones. Por eso, requiere consensos entre los actuales y los futuros gobernantes”, consideró el hombre de Macri. “No alcanza tampoco con el empuje” del senador Miguel Pichetto, los legisladores y “hombres de Cambiemos, y el intendente Iribarren”, agregó, con reconocimiento.
Nación entonces desistió de la central en la provincia, insistió “Río Negro”. “Hoy no está en la agenda. Al presidente le gustaba la idea para desarrollar una zona que está económicamente en retirada. Hubiese sido un importante punto de partida. Pero, la mirada ya esta puesta en construirla en Buenos Aires, en Atucha”.
En ese sentido, funcionarios de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica se reunieron con la gobernadora María Eugenia Vidal para ratificar el asentamiento en Atucha-Lima (Zárate), a 100 kilómetros de Buenos Aires. Allí existen dos de las tres centrales argentinas. Cuarta y quinta, acordadas con China, se repartían entre Lima y Río Negro. Ambas -finalmente- se asentarán en el complejo de Atucha.
El convenio chino viene igualmente con cierta demora, pues se preveían comenzar con los trabajos de la cuarta en el 2018 y la última estimación indica su inicio recién para el año próximo. Antes se deberán firmar los contratos definitivos con China.
Un paso que distiende
Weretilneck prometió al presidente Macri que no intervendría si Nación o Sierra Grande insistían con la central nuclear.
Pero, el vicegobernador Pedro Pesatti se resistía a esa pasividad y, en los últimos días, enfatizó que haría “todo lo que haga falta y donde corresponda” para defender la ley de prohibición. “Seré un celoso custodio”, enfatizó en Las Grutas.
Una formal acción de Nación a favor de la central en Río Negro ponía al oficialismo rionegrino en la disyuntiva, considerando la postura del gobernador y su compromiso ante Macri, y el posicionamiento de Pesatti y sus garantías anunciadas. Por eso, el desistimiento nacional tiene un aporte político a Juntos al suprimir otro componente de deterioro de la relación del gobernador y su vice. Quedarán, igualmente, otras razones por dirimir pero, en principio, se esfuma esta encubierta porfía.
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Fecha de Publicación: 21/02/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
A pesar del conocido deseo presidencial, se desestimó la posibilidad de que el asentamiento haga pie en esta provincia. Se resolvió que será emplazada en el territorio bonaerense, cerca de las plantas de Atucha.
Nación desistió –finalmente– del asentamiento nuclear en Río Negro y ya lo ubica en el territorio bonaerense, junto a las plantas de Atucha. Admitió que los “impulsos” y posibilidades que quedan en la provincia “no alcanzan” para persistir en el intento.
El paulatino declive de la última promoción en la provincia, liderada por el diputado Sergio Wisky y el intendente de Sierra Grande, Nelson Iribarren, se explica en el velado desistimiento de Nación, armado con elementos técnicos y políticos recogidos por Energía y Casa Rosada, muy a pesar del conocido deseo presidencial. Persisten meneos, como el análisis de un recurso judicial, aunque la determinación está tomada: Nación se resignó y la planta no estará en Río Negro.
El intento final estuvo en la charla del presidente Mauricio Macri con el gobernador Alberto Weretilneck en Villa La Angostura. El mandatario pretendía otro respaldo del rionegrino. “Se esperaba mayor compromiso. No observamos apoyo claro del gobierno para empujarlo. El gobernador opina con muy poca convicción”, admitió un funcionario nacional a “Río Negro” en un repaso de las razones del abandono.
Esa desactivación fue advertida por los promotores rionegrinos. Así, Iribarren no nunca recibió la pretendida resolución de Energía que formalizara el asentamiento en su localidad y, a partir de eso, su municipio recurriría a la Justicia “Eso (resolución) sólo no alcanza, pues hay una ley que se debería eliminar. Además, la principal oposición –el Frente para la Victoria– está en contra y este proyecto de 9 años, sólo entre elaboración y construcción, trasciende a más de dos gestiones. Por eso, requiere consensos entre los actuales y los futuros gobernantes”, consideró el hombre de Macri. “No alcanza tampoco con el empuje” del senador Miguel Pichetto, los legisladores y “hombres de Cambiemos, y el intendente Iribarren”, agregó, con reconocimiento.
Nación entonces desistió de la central en la provincia, insistió “Río Negro”. “Hoy no está en la agenda. Al presidente le gustaba la idea para desarrollar una zona que está económicamente en retirada. Hubiese sido un importante punto de partida. Pero, la mirada ya esta puesta en construirla en Buenos Aires, en Atucha”.
En ese sentido, funcionarios de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica se reunieron con la gobernadora María Eugenia Vidal para ratificar el asentamiento en Atucha-Lima (Zárate), a 100 kilómetros de Buenos Aires. Allí existen dos de las tres centrales argentinas. Cuarta y quinta, acordadas con China, se repartían entre Lima y Río Negro. Ambas -finalmente- se asentarán en el complejo de Atucha.
El convenio chino viene igualmente con cierta demora, pues se preveían comenzar con los trabajos de la cuarta en el 2018 y la última estimación indica su inicio recién para el año próximo. Antes se deberán firmar los contratos definitivos con China.
Un paso que distiende
Weretilneck prometió al presidente Macri que no intervendría si Nación o Sierra Grande insistían con la central nuclear.
Pero, el vicegobernador Pedro Pesatti se resistía a esa pasividad y, en los últimos días, enfatizó que haría “todo lo que haga falta y donde corresponda” para defender la ley de prohibición. “Seré un celoso custodio”, enfatizó en Las Grutas.
Una formal acción de Nación a favor de la central en Río Negro ponía al oficialismo rionegrino en la disyuntiva, considerando la postura del gobernador y su compromiso ante Macri, y el posicionamiento de Pesatti y sus garantías anunciadas. Por eso, el desistimiento nacional tiene un aporte político a Juntos al suprimir otro componente de deterioro de la relación del gobernador y su vice. Quedarán, igualmente, otras razones por dirimir pero, en principio, se esfuma esta encubierta porfía.
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Los Braun Peña sigue desmontando Salta
Braun Peña sigue desmontando
Fecha de Publicación: 21/02/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
Greenpeace denunció que en Salta las topadoras todavía avanzan sobre el monte nativo. “Pareciera que Braun Peña tiene impunidad total para arrasar con los bosques”, dijo el coordinador de la Campaña de Bosques de esa ONG.
Activistas de Greenpeace denunciaron ayer que Alejandro Braun Peña –primo segundo del jefe de Gabinete, Marcos Peña– continúa con el desmonte en la finca salteña Cuchuy, a pesar de que el gobierno de Salta ordenó frenar la deforestación en esa zona el 25 de enero, luego de recibir una intimación por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. En los 22 días que transcurrieron desde entonces, Braun Peña arrasó con unas 300 hectáreas de bosque protegido, según las estimaciones de Greenpeace, que se suman a las más de 5 mil que ya había deforestado en la zona, en la que,además, viven 17 familias wichi que están en riesgo.
Miembros de la organización ambientalista detectaron luego de sobrevolar la región que las topadoras todavía avanzan sobre el monte protegido por la Ley de Bosques. “Pareciera que Braun Peña tiene impunidad total para arrasar con los bosques. Primero consiguió un permiso completamente ilegal del gobierno de Juan Manuel Urtubey y ahora, a pesar de las dos resoluciones, tanto de la provincia como de la nación, sigue desmontando de manera ilegal”, aseguró en diálogo con PáginaI12 el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini. “Quien debe hacer cumplir este tipo de medidas es el gobierno provincial. Urtubey es responsable de no controlar, y, además, debería ahora de manera urgente multar a Braun Peña de manera ejemplificadora para el resto de los terratenientes que están arrasando también con los bosques, como para que ninguno se anime a violar esta resolución que frenó a 32 fincas que pretendían desmontar a los bosques protegidos”, agregó el activista.
La Resolución 56/2018, firmada por el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, fue publicada en el Boletín Oficial el 24 de enero. La medida estableció que los decretos provinciales 2211/10 y 3136/10, mediante los cuales el gobierno salteño había permitido rezonificar las regiones protegidas por el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN),eran incompatibles con la Ley Nacional de Bosques. A partir de esos dos decretos, el gobierno de Urtubey había habilitado el desmonte en 32 fincas por pedido de los empresarios sojeros, que sumaban un total de 144.984 hectáres de bosque protegido por la ley.
En la resolución, el Ministerio de Ambiente resolvió “instar a la autoridad local de aplicación de la Provincia de Salta a suspender los efectos de las autorizaciones respecto de los predios alcanzados pendientes de desmonte”. Como respuesta a la medida, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable salteño anunció al día siguiente en un comunicado que “suspendió la ejecución de los cambios de uso de suelos autorizados y pendientes de ejecución que fueran observados”, y explicitó que “en este marco, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia notifica a Braun Peña que debe suspender el desmonte de la finca Cuchuy”.
“Esperemos que el gobierno de Urtubey caiga con todo el rigor sobre estos terratenientes que no cumplen la ley de bosques. Lo de Braun Peña es insólito porque la propia provincia le había ordenado frenar”, afirmó Giardini. El activista señaló que “es hora de que Urtubey cancele los permisos que originalmente otorgó, porque la provincia de Salta lo que ha hecho hasta ahora es suspender la ejecución”. Sumado a esto, apuntó que “para frenar efectivamente los desmontes necesitamos que la deforestación sea un delito penal; no alcanzan las multas ni las resoluciones, ningún tipo de medida de los gobiernos es suficiente para que estos terratenientes voraces frenen la destrucción de los bosques”.
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Fecha de Publicación: 21/02/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
Greenpeace denunció que en Salta las topadoras todavía avanzan sobre el monte nativo. “Pareciera que Braun Peña tiene impunidad total para arrasar con los bosques”, dijo el coordinador de la Campaña de Bosques de esa ONG.
Activistas de Greenpeace denunciaron ayer que Alejandro Braun Peña –primo segundo del jefe de Gabinete, Marcos Peña– continúa con el desmonte en la finca salteña Cuchuy, a pesar de que el gobierno de Salta ordenó frenar la deforestación en esa zona el 25 de enero, luego de recibir una intimación por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. En los 22 días que transcurrieron desde entonces, Braun Peña arrasó con unas 300 hectáreas de bosque protegido, según las estimaciones de Greenpeace, que se suman a las más de 5 mil que ya había deforestado en la zona, en la que,además, viven 17 familias wichi que están en riesgo.
Miembros de la organización ambientalista detectaron luego de sobrevolar la región que las topadoras todavía avanzan sobre el monte protegido por la Ley de Bosques. “Pareciera que Braun Peña tiene impunidad total para arrasar con los bosques. Primero consiguió un permiso completamente ilegal del gobierno de Juan Manuel Urtubey y ahora, a pesar de las dos resoluciones, tanto de la provincia como de la nación, sigue desmontando de manera ilegal”, aseguró en diálogo con PáginaI12 el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini. “Quien debe hacer cumplir este tipo de medidas es el gobierno provincial. Urtubey es responsable de no controlar, y, además, debería ahora de manera urgente multar a Braun Peña de manera ejemplificadora para el resto de los terratenientes que están arrasando también con los bosques, como para que ninguno se anime a violar esta resolución que frenó a 32 fincas que pretendían desmontar a los bosques protegidos”, agregó el activista.
La Resolución 56/2018, firmada por el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, fue publicada en el Boletín Oficial el 24 de enero. La medida estableció que los decretos provinciales 2211/10 y 3136/10, mediante los cuales el gobierno salteño había permitido rezonificar las regiones protegidas por el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN),eran incompatibles con la Ley Nacional de Bosques. A partir de esos dos decretos, el gobierno de Urtubey había habilitado el desmonte en 32 fincas por pedido de los empresarios sojeros, que sumaban un total de 144.984 hectáres de bosque protegido por la ley.
En la resolución, el Ministerio de Ambiente resolvió “instar a la autoridad local de aplicación de la Provincia de Salta a suspender los efectos de las autorizaciones respecto de los predios alcanzados pendientes de desmonte”. Como respuesta a la medida, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable salteño anunció al día siguiente en un comunicado que “suspendió la ejecución de los cambios de uso de suelos autorizados y pendientes de ejecución que fueran observados”, y explicitó que “en este marco, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia notifica a Braun Peña que debe suspender el desmonte de la finca Cuchuy”.
“Esperemos que el gobierno de Urtubey caiga con todo el rigor sobre estos terratenientes que no cumplen la ley de bosques. Lo de Braun Peña es insólito porque la propia provincia le había ordenado frenar”, afirmó Giardini. El activista señaló que “es hora de que Urtubey cancele los permisos que originalmente otorgó, porque la provincia de Salta lo que ha hecho hasta ahora es suspender la ejecución”. Sumado a esto, apuntó que “para frenar efectivamente los desmontes necesitamos que la deforestación sea un delito penal; no alcanzan las multas ni las resoluciones, ningún tipo de medida de los gobiernos es suficiente para que estos terratenientes voraces frenen la destrucción de los bosques”.
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Denuncian a minera de hierro en Río Negro
Denuncian a Minera Sierra Grande por daños ambientales
Fecha de Publicación: 21/02/2018
Fuente: Agencia ADN
Provincia/Región: Río Negro
La empresa Minera M.C.C de Sierra Grande cuenta con un depósito de mineral de hierro a cielo abierto, en las cercanías del embarcadero de Punta Colorada. La volativilidad del polvo de hierro, sumado a los vientos predominantes en la zona hicieron que el mineral de hierro comience a originar consecuencias lesivas en la costa y en el balneario de Playas Doradas. Este proceso de contaminación fue denunciado por la senadora Magdalena Odarda y la legisladora (FpV) Graciela Holtz.
Odarda anunció que presentará en la Defensoría del Pueblo una denuncia por la voladura de polvo de hierro en Sierra Grande y Playas Doradas, mientras que Holtz, hizo lo propio ante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable provincial debido a “la grave situación ambiental que se ha generado en el desembarcadero de Punta Colorada”.
“Este polvo de mineral de Hierro, finísimo y en razón de ello muy volátil, produce un daño irreparable al ambiente y ecosistema de toda la zona, al depositarse llevado por el viento sobre las plantas, el agua, la fauna y todo lo que esté a su paso” explicó la legisladora del Circuito Zona Atlántica del FpV y agregó que “este daño al ambiente, causado por imprudencia y desidia de empresa se podría haber evitado peletizando el mineral”.
La senadora Odarda recordó que “muchos vecinos reclaman desde hace varios años, por el polvo de hierro en suspensión que se levanta por los fuertes vientos y las maniobras que la empresa hace del material con el fin de removerlo de la playa de acopio”.
Sostiene que “el polvo de hierro en suspensión puede acarrear trastornos respiratorios, y además, alterar las condiciones saludables en el agua y la tierra. En una simple investigación, puede saberse acerca de los efectos del polvo de hierro en las personas”.
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700 pájaros en el baúl de un auto
Ambiente rescató 700 aves del comercio ilegal de fauna
Fecha de Publicación: 20/02/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Buenos Aires
Mediante un control vehicular efectuado por Gendarmería Nacional en la localidad de Zárate, se secuestraron un total de 700 aves que eran transportadas en el baúl de un auto. A partir de allí se dio actuación al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que intervino en el procedimiento para el resguardo de los animales.
Entre los animales que resultaron decomisados había ejemplares de cardenales comunes, cardenales copetes rojos, reina mora, pica huesos, boyeros, pepiteros de collar y tordo renegrido. Estos serán trasladados a la Fundación Temaikèn para su monitoreo y evaluación.
El ministro de Ambiente, Sergio Bergman, aseguró que “el tráfico de fauna silvestre deja un saldo estimativo de 9 de cada 10 animales muertos, y es uno de los delitos más cometidos a nivel global luego del comercio ilegal de drogas y de armas”.
Por su parte, el director de Fauna Silvestre y Conservación de la Biodiversidad, Santiago D’Alessio, señaló: “El tráfico ilegal es una de las principales amenazas para nuestra fauna silvestre. Desde el Ministerio de Ambiente se trabaja activamente en coordinación con las provincias, con las fuerzas de seguridad y la justicia para eliminar este flagelo. Gendarmería Nacional es un socio fundamental en esta tarea, en particular el escuadrón Zárate, dado que controla uno de los puntos más calientes de ingreso desde litoral al eje metropolitano”.
Luego del hallazgo de las aves por parte de las fuerzas de seguridad, la cartera de Ambiente, a través de su Dirección de Fauna Silvestre, articuló el procedimiento con la Gendarmería Nacional, la Dirección de Fauna de la provincia de Buenos Aires y Fundación Temaikèn. En el operativo también intervino la Unidad Fiscal de Investigación N° 7 de Zárate, a cargo de Andrea Palacios.
Este procedimiento se produjo días después de que el Ministerio de Ambiente y la Policía Federal Argentina secuestraran cientos de trofeos de caza (entre cueros y cuernos) y animales taxidermizados en distintos cotos de caza de la localidad bonaerense de Dolores y en Santiago del Estero.
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Fecha de Publicación: 20/02/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Buenos Aires
Mediante un control vehicular efectuado por Gendarmería Nacional en la localidad de Zárate, se secuestraron un total de 700 aves que eran transportadas en el baúl de un auto. A partir de allí se dio actuación al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que intervino en el procedimiento para el resguardo de los animales.
Entre los animales que resultaron decomisados había ejemplares de cardenales comunes, cardenales copetes rojos, reina mora, pica huesos, boyeros, pepiteros de collar y tordo renegrido. Estos serán trasladados a la Fundación Temaikèn para su monitoreo y evaluación.
El ministro de Ambiente, Sergio Bergman, aseguró que “el tráfico de fauna silvestre deja un saldo estimativo de 9 de cada 10 animales muertos, y es uno de los delitos más cometidos a nivel global luego del comercio ilegal de drogas y de armas”.
Por su parte, el director de Fauna Silvestre y Conservación de la Biodiversidad, Santiago D’Alessio, señaló: “El tráfico ilegal es una de las principales amenazas para nuestra fauna silvestre. Desde el Ministerio de Ambiente se trabaja activamente en coordinación con las provincias, con las fuerzas de seguridad y la justicia para eliminar este flagelo. Gendarmería Nacional es un socio fundamental en esta tarea, en particular el escuadrón Zárate, dado que controla uno de los puntos más calientes de ingreso desde litoral al eje metropolitano”.
Luego del hallazgo de las aves por parte de las fuerzas de seguridad, la cartera de Ambiente, a través de su Dirección de Fauna Silvestre, articuló el procedimiento con la Gendarmería Nacional, la Dirección de Fauna de la provincia de Buenos Aires y Fundación Temaikèn. En el operativo también intervino la Unidad Fiscal de Investigación N° 7 de Zárate, a cargo de Andrea Palacios.
Este procedimiento se produjo días después de que el Ministerio de Ambiente y la Policía Federal Argentina secuestraran cientos de trofeos de caza (entre cueros y cuernos) y animales taxidermizados en distintos cotos de caza de la localidad bonaerense de Dolores y en Santiago del Estero.
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Un empresario al Acumar
Riachuelo: polémica por un nuevo nombramiento en Acumar
Fecha de Publicación: 20/02/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
La designación de Nicolás Bardella como el nuevo titular de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo despertó la preocupación de las ONG que controlan el fallo de la Corte debido a su pasado empresarial
Un nuevo recambio en la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) encendió las alarmas de las ONG que conforman el Cuerpo Colegiado encargado de controlar el cumplimiento del fallo de la Corte que ordena sanear uno de los ríos más contaminados de la Argentina.
Se trata del titular de la Dirección General Ambiental del organismo, conformado por autoridades de la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad, Nicolás Bardella.
El nuevo funcionario, que reemplazó a Federico Gatti, llega luego de haber formado parte del Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable bonaerense (OPDS). Sin embargo, antes de su paso por ese ente oficial, fue asesor de una empresa con reputación de contaminante en Pilar, a la que luego tenía que controlar.
"Más allá de su permanente cambio de funcionarios y su inestabilidad institucional, no deja de sorprender que se busque un funcionario que, a priori, tiene muy malos antecedentes que son públicos. Su actuación como apoderado de una de las empresas de Pilar denunciada porque ha sido muy contaminante es de público conocimiento. Acumar es un organismo que debería avanzar en profesionalizar sus líneas; el cargo en el que ha asumido es un cargo específico con ese destino. El Gobierno si quiere ir en esta línea de profesionalizar este nombramiento político no es el mejor ejemplo", indicó Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn).
Desde 2013 y hasta marzo del año pasado Bardella fue consultor ambiental en la empresa Ambientus SA y apoderado de Verasur, acusada de contaminar las napas con hidrocarburos. Luego, tuvo que controlarla.
Esta semana, la Corte citó a una nueva audiencia pública para el 14 de marzo para que los funcionarios detallen los avances del plan de limpieza.
"La Acumar y los Estados informarán oralmente al tribunal sobre el grado de avance en el cumplimiento de cada uno de los mandatos impuestos en la sentencia en materia de prevención y recomposición del daño ambiental colectivo del río Matanza Riachuelo. En su pronunciamiento del 9 de noviembre de 2017 la Corte advirtió serias deficiencias en los informes presentados por el organismo", indica la resolución emitida por el máximo tribunal y publicada en el Centro de Información Judicial.
Las faltas más destacadas en aquel informe fueron sobre los avances en materia de salud de la población, saneamiento de basurales y la dilatada relocalización de las personas en situación vulnerable y que aún viven en el camino de sirga, al borde del río.
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Fecha de Publicación: 20/02/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
La designación de Nicolás Bardella como el nuevo titular de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo despertó la preocupación de las ONG que controlan el fallo de la Corte debido a su pasado empresarial
Un nuevo recambio en la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) encendió las alarmas de las ONG que conforman el Cuerpo Colegiado encargado de controlar el cumplimiento del fallo de la Corte que ordena sanear uno de los ríos más contaminados de la Argentina.
Se trata del titular de la Dirección General Ambiental del organismo, conformado por autoridades de la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad, Nicolás Bardella.
El nuevo funcionario, que reemplazó a Federico Gatti, llega luego de haber formado parte del Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable bonaerense (OPDS). Sin embargo, antes de su paso por ese ente oficial, fue asesor de una empresa con reputación de contaminante en Pilar, a la que luego tenía que controlar.
"Más allá de su permanente cambio de funcionarios y su inestabilidad institucional, no deja de sorprender que se busque un funcionario que, a priori, tiene muy malos antecedentes que son públicos. Su actuación como apoderado de una de las empresas de Pilar denunciada porque ha sido muy contaminante es de público conocimiento. Acumar es un organismo que debería avanzar en profesionalizar sus líneas; el cargo en el que ha asumido es un cargo específico con ese destino. El Gobierno si quiere ir en esta línea de profesionalizar este nombramiento político no es el mejor ejemplo", indicó Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn).
Desde 2013 y hasta marzo del año pasado Bardella fue consultor ambiental en la empresa Ambientus SA y apoderado de Verasur, acusada de contaminar las napas con hidrocarburos. Luego, tuvo que controlarla.
Esta semana, la Corte citó a una nueva audiencia pública para el 14 de marzo para que los funcionarios detallen los avances del plan de limpieza.
"La Acumar y los Estados informarán oralmente al tribunal sobre el grado de avance en el cumplimiento de cada uno de los mandatos impuestos en la sentencia en materia de prevención y recomposición del daño ambiental colectivo del río Matanza Riachuelo. En su pronunciamiento del 9 de noviembre de 2017 la Corte advirtió serias deficiencias en los informes presentados por el organismo", indica la resolución emitida por el máximo tribunal y publicada en el Centro de Información Judicial.
Las faltas más destacadas en aquel informe fueron sobre los avances en materia de salud de la población, saneamiento de basurales y la dilatada relocalización de las personas en situación vulnerable y que aún viven en el camino de sirga, al borde del río.
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Desastre Agropecuario en Chaco, Mendoza y La Pampa
La Comisión de Desastre Agropecuario recomienda declarar la emergencia nacional en Chaco, Mendoza y La Pampa
Fecha de Publicación: 20/02/2018
Fuente: Revista Chacra
Provincia/Región: Nacional
Lo hacen en sus informes sobre la situación en esas provincias, en los que además analizaron las consecuencias de las inclemencias climáticas de cada zona.
Los representantes de Chaco presentaron el decreto provincial del 30 de enero pasado, que establece la declaración de estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario por 180 días a partir del 1° de febrero, para las actividades de agricultura, ganadería, horticultura, apicultura, y pequeños productores de agricultura familiar.
El mismo afectaba a los departamentos de Comandante Fernández, Independencia para la Colonia, Pampa Napenay y Quitilipi, y para las colonias General Paz y Uriburu, por la problemática de excesos hídricos del último mes.
Los funcionarios de La Pampa detallaron los alcances del decreto del 5 de febrero de este año, que declara en estado de Emergencia por incendios a las explotaciones ganaderas afectadas en diversos lotes de departamentos ubicados en el este, centro, sur y oeste de la provincia.
Se trata de Atreuco, Hucal, Caleu-Caleu, Toay, Utracan, Lihuel-Calel, Curaco, Chalileo y Chical-Co, que contarán con la vigencia de este decreto hasta el 30 de junio de 2018.
En el caso de Mendoza, los representantes desarrollaron los principales puntos del decreto del 8 de enero pasado, que establece la declaración de Estado de Emergencia hasta el 30 de julio de 2019 para las propiedades rurales ubicadas en los departamentos de General Alvear y San Rafael, por los efectos de los incendios.
Tras el desarrollo de cada decreto, los integrantes de la Comisión, junto con el subsecretario de Coordinación Política, Hugo Rossi, y el director nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, Javier Caniggia Bengolea, resolvieron elevar al ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, la recomendación para declarar la emergencia agropecuaria a nivel nacional.
Del encuentro participaron además de funcionarios del Ministerio de Agroindustria de la Nación y de los gobiernos de las provincias de Mendoza, La Pampa, y Chaco, representantes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); Banco Central; Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda; Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Servicio Meteorológico Nacional (SMN); Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Sociedad Rural Argentina (SRA); de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (FONAF).
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Fecha de Publicación: 20/02/2018
Fuente: Revista Chacra
Provincia/Región: Nacional
Lo hacen en sus informes sobre la situación en esas provincias, en los que además analizaron las consecuencias de las inclemencias climáticas de cada zona.
Los representantes de Chaco presentaron el decreto provincial del 30 de enero pasado, que establece la declaración de estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario por 180 días a partir del 1° de febrero, para las actividades de agricultura, ganadería, horticultura, apicultura, y pequeños productores de agricultura familiar.
El mismo afectaba a los departamentos de Comandante Fernández, Independencia para la Colonia, Pampa Napenay y Quitilipi, y para las colonias General Paz y Uriburu, por la problemática de excesos hídricos del último mes.
Los funcionarios de La Pampa detallaron los alcances del decreto del 5 de febrero de este año, que declara en estado de Emergencia por incendios a las explotaciones ganaderas afectadas en diversos lotes de departamentos ubicados en el este, centro, sur y oeste de la provincia.
Se trata de Atreuco, Hucal, Caleu-Caleu, Toay, Utracan, Lihuel-Calel, Curaco, Chalileo y Chical-Co, que contarán con la vigencia de este decreto hasta el 30 de junio de 2018.
En el caso de Mendoza, los representantes desarrollaron los principales puntos del decreto del 8 de enero pasado, que establece la declaración de Estado de Emergencia hasta el 30 de julio de 2019 para las propiedades rurales ubicadas en los departamentos de General Alvear y San Rafael, por los efectos de los incendios.
Tras el desarrollo de cada decreto, los integrantes de la Comisión, junto con el subsecretario de Coordinación Política, Hugo Rossi, y el director nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, Javier Caniggia Bengolea, resolvieron elevar al ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, la recomendación para declarar la emergencia agropecuaria a nivel nacional.
Del encuentro participaron además de funcionarios del Ministerio de Agroindustria de la Nación y de los gobiernos de las provincias de Mendoza, La Pampa, y Chaco, representantes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); Banco Central; Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda; Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Servicio Meteorológico Nacional (SMN); Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Sociedad Rural Argentina (SRA); de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (FONAF).
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La otra cara del boom del litio
“No comemos baterías”
Fecha de Publicación: 19/02/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
En Jujuy habilitaron la minería en zonas de comunidades que no fueron consultadas. En Catamarca, se triplicó la inversión. Las asambleas denuncian impacto ambiental y riesgo del agua.
“Oro blanco”, bautizaron al litio, mineral que se utiliza en baterías de celulares, computadoras y autos eléctricos. Científicos, funcionarios, empresarios y periodistas llaman a explotar esa “riqueza natural” presente en las salinas de Jujuy, Salta y Catamarca. Pero no tienen presente que allí viven comunidades indígenas con derechos sobre esos territorios y vecinos que rechazan la minería por sus impactos ambientales y sociales.
La explotación de litio forma parte del modelo extractivo, junto a la megaminería metalífera (oro, cobre, plata, plomo, entre otros), agronegocio, petróleo y forestales. Aunque suele publicitarse como “energía limpia”, su extracción implica sobreconsumo de fuentes de agua y uso de químicos contaminantes.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció en diciembre pasado que existen 63 proyectos mineros de litio. Según su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, Salta cuenta con 29 proyectos, Catamarca y Jujuy tiene trece cada una. Le siguen San Luis (cinco), La Rioja (dos) y Córdoba (uno).
“Desde 2010 el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) trabaja en la industrialización y el aprovechamiento del litio. La eliminación de las retenciones a la minería y el reintegro a las exportaciones son medidas que ayudan a potenciar la producción de litio”, destacó Marcos Peña.
En Salta avanza la mina Salar de Rincón (de la canadiense Enirgi Group) y el proyecto minero Centenario-Ratones (de la francesa Eramet). En Jujuy funciona la explotación de litio Olaroz, en manos de la australiana Orocobre, junto con Toyota y el gobierno de Jujuy. También está avanzado el proyecto Caucharí de las compañías Sociedad Química y Minera de Chile y de la canadiense Lithium Américas. El gobernador Gerardo Morales viajó la segunda semana de enero a Emiratos Árabes, donde difundió ante empresarios las ventajas que ofrece para la megaminería.
Uno de los mayores focos de resistencia se encuentra en las Salinas Grandes (Jujuy y Salta), lugar de vida, trabajo y cultura de los pueblos indígenas Kolla y Atacama. “No comemos baterías. Sin agua no hay vida”, explican desde la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de la Laguna Guayatayoc y Salinas Grandes, integrada por 33 comunidades indígenas.
Las comunidades brindaron peritajes que confirman la contaminación en la fase de exploración. Destacan la vigencia del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, por los cuales se debe consultar a las comunidades indígenas por cualquier acción que pudieran afectar los territorios indígenas.
Las comunidades iniciaron una causa judicial que en 2012 llegó a la Corte Suprema de Justicia, pero el máximo tribunal desoyó los derechos indígenas por cuestiones formales. La causa tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Para funcionarios y empresarios las salinas son un simple recurso a explotar y obtener rentabilidad. Para nosotros, pueblos originarios, nuestra salina significa la vida misma”, alertó Clemente Flores, de la Mesa de 33 comunidades. Y advirtió que el Pueblo Kolla y Atacama resistirá cualquier avance extractivo sobre los territorios indígenas.
En Catamarca funciona desde hace dos décadas la explotación de litio “Salar del Hombre Muerto”, en Antofagasta de la Sierra, en manos de la empresa estadounidense FMC Lithium. Datos oficiales de la Secretaría de Minería de la Nación reconocen que Catamarca recibe de regalías sólo el 1,6 por ciento de la facturación de la empresa. De cada 100 dólares que FMC Lithium se lleva de litio (recurso no renovable), sólo deja 1,6 dólar.
La gobernadora Lucía Corpacci impulsa el llamado “Proyecto Tres Quebradas”, en cercanías a Fiambalá (departamento de Tinogasta), en manos de la empresa Liex (subsidiaria de la canadiense Neo Lithiu). En septiembre de 2016, la Secretaría de Minería de Catamarca le otorgó el permiso de exploración. “Como vecinos no fuimos informados, ni por los organismos provinciales ni locales, ni mucho menos se realizó la audiencia pública que exige la Ley General del Ambiente 25675. La empresa Liex avanza en la zona con los avales de los gobiernos, fuerte apoyo del ejecutivo municipal (intendente Roxana Paulón) y con apoyo de los medios de comunicación”, denunció la Asamblea Fiambalá Despierta.
El Proyecto Tres Quebradas abarca 30.000 hectáreas ubicadas en la cuenca de la Salina de la Laguna Verde. Pertenece a zona de la Cordillera de los Andes catamarqueña, en un ambiente glaciar y periglacial.
Desde la Asamblea, que integra la organización Pucará (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación), destacan que Fiambalá no es un pueblo minero, sino zona de agricultura, conocida por sus viñedos, y en los últimos años por el turismo (termas, dunas, montañas).
Un punto crucial de la minería de litio es el sobreconsumo de agua. Lis Sablé, de la Asamblea de Fiambalá, detalló que el informe de impacto ambiental de Liex carece de estudio hidrogeológico y que fue aprobado sin contar con el inventario de glaciares y ambiente periglaciar, según lo requiere la Ley Nacional 26.639.
Empresas y Gobierno prometen cuidado del ambiente, trabajo y desarrollo local. Con dos décadas de experiencia minera (Salar de Hombre Muerto y Minera Alumbrera), la Asamblea Fiambalá Despierta no duda: “No queremos megaminería del litio en nuestro territorio”.
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Fecha de Publicación: 19/02/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
En Jujuy habilitaron la minería en zonas de comunidades que no fueron consultadas. En Catamarca, se triplicó la inversión. Las asambleas denuncian impacto ambiental y riesgo del agua.
“Oro blanco”, bautizaron al litio, mineral que se utiliza en baterías de celulares, computadoras y autos eléctricos. Científicos, funcionarios, empresarios y periodistas llaman a explotar esa “riqueza natural” presente en las salinas de Jujuy, Salta y Catamarca. Pero no tienen presente que allí viven comunidades indígenas con derechos sobre esos territorios y vecinos que rechazan la minería por sus impactos ambientales y sociales.
La explotación de litio forma parte del modelo extractivo, junto a la megaminería metalífera (oro, cobre, plata, plomo, entre otros), agronegocio, petróleo y forestales. Aunque suele publicitarse como “energía limpia”, su extracción implica sobreconsumo de fuentes de agua y uso de químicos contaminantes.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció en diciembre pasado que existen 63 proyectos mineros de litio. Según su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, Salta cuenta con 29 proyectos, Catamarca y Jujuy tiene trece cada una. Le siguen San Luis (cinco), La Rioja (dos) y Córdoba (uno).
“Desde 2010 el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) trabaja en la industrialización y el aprovechamiento del litio. La eliminación de las retenciones a la minería y el reintegro a las exportaciones son medidas que ayudan a potenciar la producción de litio”, destacó Marcos Peña.
En Salta avanza la mina Salar de Rincón (de la canadiense Enirgi Group) y el proyecto minero Centenario-Ratones (de la francesa Eramet). En Jujuy funciona la explotación de litio Olaroz, en manos de la australiana Orocobre, junto con Toyota y el gobierno de Jujuy. También está avanzado el proyecto Caucharí de las compañías Sociedad Química y Minera de Chile y de la canadiense Lithium Américas. El gobernador Gerardo Morales viajó la segunda semana de enero a Emiratos Árabes, donde difundió ante empresarios las ventajas que ofrece para la megaminería.
Uno de los mayores focos de resistencia se encuentra en las Salinas Grandes (Jujuy y Salta), lugar de vida, trabajo y cultura de los pueblos indígenas Kolla y Atacama. “No comemos baterías. Sin agua no hay vida”, explican desde la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de la Laguna Guayatayoc y Salinas Grandes, integrada por 33 comunidades indígenas.
Las comunidades brindaron peritajes que confirman la contaminación en la fase de exploración. Destacan la vigencia del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, por los cuales se debe consultar a las comunidades indígenas por cualquier acción que pudieran afectar los territorios indígenas.
Las comunidades iniciaron una causa judicial que en 2012 llegó a la Corte Suprema de Justicia, pero el máximo tribunal desoyó los derechos indígenas por cuestiones formales. La causa tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Para funcionarios y empresarios las salinas son un simple recurso a explotar y obtener rentabilidad. Para nosotros, pueblos originarios, nuestra salina significa la vida misma”, alertó Clemente Flores, de la Mesa de 33 comunidades. Y advirtió que el Pueblo Kolla y Atacama resistirá cualquier avance extractivo sobre los territorios indígenas.
En Catamarca funciona desde hace dos décadas la explotación de litio “Salar del Hombre Muerto”, en Antofagasta de la Sierra, en manos de la empresa estadounidense FMC Lithium. Datos oficiales de la Secretaría de Minería de la Nación reconocen que Catamarca recibe de regalías sólo el 1,6 por ciento de la facturación de la empresa. De cada 100 dólares que FMC Lithium se lleva de litio (recurso no renovable), sólo deja 1,6 dólar.
La gobernadora Lucía Corpacci impulsa el llamado “Proyecto Tres Quebradas”, en cercanías a Fiambalá (departamento de Tinogasta), en manos de la empresa Liex (subsidiaria de la canadiense Neo Lithiu). En septiembre de 2016, la Secretaría de Minería de Catamarca le otorgó el permiso de exploración. “Como vecinos no fuimos informados, ni por los organismos provinciales ni locales, ni mucho menos se realizó la audiencia pública que exige la Ley General del Ambiente 25675. La empresa Liex avanza en la zona con los avales de los gobiernos, fuerte apoyo del ejecutivo municipal (intendente Roxana Paulón) y con apoyo de los medios de comunicación”, denunció la Asamblea Fiambalá Despierta.
El Proyecto Tres Quebradas abarca 30.000 hectáreas ubicadas en la cuenca de la Salina de la Laguna Verde. Pertenece a zona de la Cordillera de los Andes catamarqueña, en un ambiente glaciar y periglacial.
Desde la Asamblea, que integra la organización Pucará (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación), destacan que Fiambalá no es un pueblo minero, sino zona de agricultura, conocida por sus viñedos, y en los últimos años por el turismo (termas, dunas, montañas).
Un punto crucial de la minería de litio es el sobreconsumo de agua. Lis Sablé, de la Asamblea de Fiambalá, detalló que el informe de impacto ambiental de Liex carece de estudio hidrogeológico y que fue aprobado sin contar con el inventario de glaciares y ambiente periglaciar, según lo requiere la Ley Nacional 26.639.
Empresas y Gobierno prometen cuidado del ambiente, trabajo y desarrollo local. Con dos décadas de experiencia minera (Salar de Hombre Muerto y Minera Alumbrera), la Asamblea Fiambalá Despierta no duda: “No queremos megaminería del litio en nuestro territorio”.
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Loncopué, otra ciudad que vención la megaminería
La minería a cielo abierto mantiene en alerta a Loncopué
Fecha de Publicación: 19/02/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
A seis años de la lucha que le torció el brazo al gobierno abortando un proyecto para extraer cobre en Campana Mahuida, los vecinos no bajan la guardia ante la posibilidad de que lo reactiven. “Sin aceptación social no hay proyecto”, dicen las autoridades.
El rechazo popular a la megaminería que se impulsó desde esta ciudad hace casi seis años le puso freno a este tipo de proyectos y generó un antes y un después en el territorio neuquino.
Si bien el referéndum popular, apoyado por la amplia mayoría de los vecinos, solo se pronunció sobre un proyecto puntual dentro del ejido urbano, dejó un antecedente difícil de borrar.
La iniciativa de explotar una mina de cobre dentro del territorio de la comunidad Mellao Morales, a pocos kilómetros de Loncopué en el paraje Campana Mahuida, desató una verdadera batalla que dejó de un lado al gobierno provincial y del otro a los vecinos autoconvocados.
Las diferencias se saldaron con una votación popular a principios de junio de 2012, que la provincia nunca quiso reconocer como vinculante, donde 2125 personas avalaron el si a la ordenanza de prohibición de la megaminería contra el no de 317 vecinos.
El gobierno llevó su reclamo al TSJ pero nunca logró revertir el panorama y el proyecto que prometía trabajo y desarrollo para la ciudad quedó en la nada. Hoy, es apenas un recuerdo lejano.
“La verdad es que Loncopué pretendió ser la puerta de entrada para la megaminería en la provincia. Pero aquí se encontraron con una resistencia popular y legítima que nació de los vecinos quienes dejaron de lado su religión y hasta su pertenencia política para unirse en defensa del medio ambiente”, resumió Viviana Vaca, una de los referentes de los vecinos autoconvocados de la ciudad.
“No fue sencillo, ni mucho menores, sufrimos un bombardeo de todo tipo pero la gente se mantuvo firme e inquebrantable frente a las presiones. Lo destacado de esta lucha es que sirvió de ejemplo para otros pueblos como Las Coloradas”, agregó.
Remarcó que las autoridades debe entender tener en cuenta la opinión de la gente frente a este tipo de decisiones y aceptar, como fue en este caso, cuando una comunidad le dice no a un emprendimiento.
Para Vaca uno de los principales desafíos era multiplicar la información y llegar a todos los sectores.
“Había que dar mensajes muy claros y precisos. Mucha gente creía que estábamos hablando de la vieja minería, de aquella del pico y la pala y no alcanzaba a comprender el concepto que representaba la megaminería”, dijo.
“Felizmente acertamos en el esclarecimiento. Logramos explicarlo y hubo un rechazo generalizado al desastre que estas explotaciones generan en todo el mundo”, sostuvo.
Los vecinos, igualmente, no creen que este tipo de iniciativas se hayan archivado definitivamente en la provincia en otras zonas del país. Los casos de provincias cordilleras de otras provincias son similares.
Al contrario, muchos piensan que están tomando impulso para volver a la carga con diferentes proyectos.
“Estamos a la defensiva porque vemos como gobiernos que dicen estar del lado del pueblo a la primera de cambio son capaces de autorizar megaemprendimientos que terminan por perjudicar a la gente”, dijo Vaca.
Recordó que “en una de las últimas visitas del ex gobernador Jorge Sapag reconoció la voluntad del pueblo de Loncopué pero no sabemos hasta que punto esas son expresiones políticas, lo único real que es el gobierno acuso recibo de nuestra lucha y luego la justicia ratificó cada uno de los pasos que se dieron”.
El gobierno quedó a contramano de los vecinos
El gobierno neuquino chocó contra una pared a la hora de impulsar estos proyectos. La resistencia de los propios vecinos sumado a la ausencia de ingenio para defender ante la sociedad los beneficios de los emprendimientos mineros dejó a la provincia fuera de juego.
En el caso del proyecto de la mina de cobre en el cerro Tres Puntas hubo una postura más rígida y el Estado provincial recurrió a la justicia para defender la iniciativa. Sin embargo no consiguió avances y la idea quedó solo en eso.
“Hoy en día, sino hay aceptación social no hay proyecto”, explicó un funcionario neuquino que prefirió mantener su nombre en reserva. Ese parece ser el nuevo paradigma que impulsa el gobierno luego de las derrotas que cosechó en Loncopué y Las Coloradas, respectivamente.
Desde la lógica pura y sin desechar la cuestión ambiental , ambos proyectos tenían un común denominado. Impulsaban el desarrollo y la creación de mano de obra genuina en lugares donde todo depende del Estado y conseguir un trabajo en el ámbito privado es casi tan difícil como buscar una aguja en un pajar.
La provincia repitió hasta el hartazgo que no había riesgo ambiental pero no logró convencer a la mayoría.
Una campaña similar en tierras puntanas
Carlos Camargo fue uno de los principales opositores a la mina de cobre. Como dirigente social y exconcejal sumó su lucha a la comunidad Mellao Morales y quedó como uno de los emblemas de la resistencia local. Desde hace tres años está radicado en San Luis, donde vivió una situación similar.
“Me ocurrió algo insólito, tengo una pequeña chacra entre las sierras, en un lugar muy bello. A poco de radicarme un emprendimiento minero (litio), intentó explotar un yacimiento a poca distancia”, explicó.
Para Camargo fue como un “esto ya lo viví”. “Nos organizamos con la comunidad y en cho meses logramos que se revocara la licencia ambiental debido a las graves irregularidades en el informe de impacto ambiental”.
“Aún seguimos en lucha porque hay varios proyectos explotar litio en las sierras de San Luis”, comentó.
Los inversores prometían puestos de trabajo y viviendas
En 2008 llegaron a Loncopué un par de desconocidos con los papeles de propiedad de una mina de cobre. Se dijo que iban a explotar la a cielo abierto una mina en el corazón de las tierras de la comunidad mapuche Mellao Morales, en el cerro Tres Puntas de Campana Mahuida. En pocos días el proyecto dividió al pueblo entre los que pensaban que llevaría dignidad y trabajo y los que creían que significaba contaminación y muerte.
Desde el inicio se habló de irregularidades en la compra. La empresa estatal Cormine se la había vendido a la compañía Emprendimientos Mineros SA, de capitales privados chinos, a cambio de sólo 1.000.000 de dólares, sin llamar a licitación y desobedeciendo el artículo 75 de la Constitución Nacional y la ley 24.071 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El convenio se rubricó el 2 de agosto de 2007 en el ocaso de la gestión sobischista, entre el liquidador de Cormine, Martín Miguel Irigoyen, y Jihuan Wu, titular de Emprendimientos Mineros. En la comunidad se hablaba de la mina, del ácido sulfúrico y de lo que podía llegar a suceder con el río Agrio, afluente del Neuquén.
La empresa hablaba de ocupar alrededor de 400 personas de forma directa y unas 2000 de manera indirecta y construir 80 viviendas en una ciudad de 7.000 personas, con un 12 a 14% de desocupados, 750 subsidiados que cobran 150 pesos mensuales y 262 municipales.
Aún así desde el inicio los vecinos se alzaron en pie de guerra y rechazaron la propuesta. El pueblo de siete mil habitantes, en 2012 entró en la historia al ser el escenario del primer referéndum de la Argentina respecto a la aceptación o rechazo de la megaminería. En él 8 de cada diez habitantes rechazaron la actividad extractiva.
La Provincia intentó anular la votación y fue a la justicia, pero la Corte Suprema rechazó un recurso de apelación que habían impulsado contra la decisión del TSJ de frenar el proyecto.
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Fecha de Publicación: 19/02/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
A seis años de la lucha que le torció el brazo al gobierno abortando un proyecto para extraer cobre en Campana Mahuida, los vecinos no bajan la guardia ante la posibilidad de que lo reactiven. “Sin aceptación social no hay proyecto”, dicen las autoridades.
El rechazo popular a la megaminería que se impulsó desde esta ciudad hace casi seis años le puso freno a este tipo de proyectos y generó un antes y un después en el territorio neuquino.
Si bien el referéndum popular, apoyado por la amplia mayoría de los vecinos, solo se pronunció sobre un proyecto puntual dentro del ejido urbano, dejó un antecedente difícil de borrar.
La iniciativa de explotar una mina de cobre dentro del territorio de la comunidad Mellao Morales, a pocos kilómetros de Loncopué en el paraje Campana Mahuida, desató una verdadera batalla que dejó de un lado al gobierno provincial y del otro a los vecinos autoconvocados.
Las diferencias se saldaron con una votación popular a principios de junio de 2012, que la provincia nunca quiso reconocer como vinculante, donde 2125 personas avalaron el si a la ordenanza de prohibición de la megaminería contra el no de 317 vecinos.
El gobierno llevó su reclamo al TSJ pero nunca logró revertir el panorama y el proyecto que prometía trabajo y desarrollo para la ciudad quedó en la nada. Hoy, es apenas un recuerdo lejano.
“La verdad es que Loncopué pretendió ser la puerta de entrada para la megaminería en la provincia. Pero aquí se encontraron con una resistencia popular y legítima que nació de los vecinos quienes dejaron de lado su religión y hasta su pertenencia política para unirse en defensa del medio ambiente”, resumió Viviana Vaca, una de los referentes de los vecinos autoconvocados de la ciudad.
“No fue sencillo, ni mucho menores, sufrimos un bombardeo de todo tipo pero la gente se mantuvo firme e inquebrantable frente a las presiones. Lo destacado de esta lucha es que sirvió de ejemplo para otros pueblos como Las Coloradas”, agregó.
Remarcó que las autoridades debe entender tener en cuenta la opinión de la gente frente a este tipo de decisiones y aceptar, como fue en este caso, cuando una comunidad le dice no a un emprendimiento.
Para Vaca uno de los principales desafíos era multiplicar la información y llegar a todos los sectores.
“Había que dar mensajes muy claros y precisos. Mucha gente creía que estábamos hablando de la vieja minería, de aquella del pico y la pala y no alcanzaba a comprender el concepto que representaba la megaminería”, dijo.
“Felizmente acertamos en el esclarecimiento. Logramos explicarlo y hubo un rechazo generalizado al desastre que estas explotaciones generan en todo el mundo”, sostuvo.
Los vecinos, igualmente, no creen que este tipo de iniciativas se hayan archivado definitivamente en la provincia en otras zonas del país. Los casos de provincias cordilleras de otras provincias son similares.
Al contrario, muchos piensan que están tomando impulso para volver a la carga con diferentes proyectos.
“Estamos a la defensiva porque vemos como gobiernos que dicen estar del lado del pueblo a la primera de cambio son capaces de autorizar megaemprendimientos que terminan por perjudicar a la gente”, dijo Vaca.
Recordó que “en una de las últimas visitas del ex gobernador Jorge Sapag reconoció la voluntad del pueblo de Loncopué pero no sabemos hasta que punto esas son expresiones políticas, lo único real que es el gobierno acuso recibo de nuestra lucha y luego la justicia ratificó cada uno de los pasos que se dieron”.
El gobierno quedó a contramano de los vecinos
El gobierno neuquino chocó contra una pared a la hora de impulsar estos proyectos. La resistencia de los propios vecinos sumado a la ausencia de ingenio para defender ante la sociedad los beneficios de los emprendimientos mineros dejó a la provincia fuera de juego.
En el caso del proyecto de la mina de cobre en el cerro Tres Puntas hubo una postura más rígida y el Estado provincial recurrió a la justicia para defender la iniciativa. Sin embargo no consiguió avances y la idea quedó solo en eso.
“Hoy en día, sino hay aceptación social no hay proyecto”, explicó un funcionario neuquino que prefirió mantener su nombre en reserva. Ese parece ser el nuevo paradigma que impulsa el gobierno luego de las derrotas que cosechó en Loncopué y Las Coloradas, respectivamente.
Desde la lógica pura y sin desechar la cuestión ambiental , ambos proyectos tenían un común denominado. Impulsaban el desarrollo y la creación de mano de obra genuina en lugares donde todo depende del Estado y conseguir un trabajo en el ámbito privado es casi tan difícil como buscar una aguja en un pajar.
La provincia repitió hasta el hartazgo que no había riesgo ambiental pero no logró convencer a la mayoría.
Una campaña similar en tierras puntanas
Carlos Camargo fue uno de los principales opositores a la mina de cobre. Como dirigente social y exconcejal sumó su lucha a la comunidad Mellao Morales y quedó como uno de los emblemas de la resistencia local. Desde hace tres años está radicado en San Luis, donde vivió una situación similar.
“Me ocurrió algo insólito, tengo una pequeña chacra entre las sierras, en un lugar muy bello. A poco de radicarme un emprendimiento minero (litio), intentó explotar un yacimiento a poca distancia”, explicó.
Para Camargo fue como un “esto ya lo viví”. “Nos organizamos con la comunidad y en cho meses logramos que se revocara la licencia ambiental debido a las graves irregularidades en el informe de impacto ambiental”.
“Aún seguimos en lucha porque hay varios proyectos explotar litio en las sierras de San Luis”, comentó.
Los inversores prometían puestos de trabajo y viviendas
En 2008 llegaron a Loncopué un par de desconocidos con los papeles de propiedad de una mina de cobre. Se dijo que iban a explotar la a cielo abierto una mina en el corazón de las tierras de la comunidad mapuche Mellao Morales, en el cerro Tres Puntas de Campana Mahuida. En pocos días el proyecto dividió al pueblo entre los que pensaban que llevaría dignidad y trabajo y los que creían que significaba contaminación y muerte.
Desde el inicio se habló de irregularidades en la compra. La empresa estatal Cormine se la había vendido a la compañía Emprendimientos Mineros SA, de capitales privados chinos, a cambio de sólo 1.000.000 de dólares, sin llamar a licitación y desobedeciendo el artículo 75 de la Constitución Nacional y la ley 24.071 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El convenio se rubricó el 2 de agosto de 2007 en el ocaso de la gestión sobischista, entre el liquidador de Cormine, Martín Miguel Irigoyen, y Jihuan Wu, titular de Emprendimientos Mineros. En la comunidad se hablaba de la mina, del ácido sulfúrico y de lo que podía llegar a suceder con el río Agrio, afluente del Neuquén.
La empresa hablaba de ocupar alrededor de 400 personas de forma directa y unas 2000 de manera indirecta y construir 80 viviendas en una ciudad de 7.000 personas, con un 12 a 14% de desocupados, 750 subsidiados que cobran 150 pesos mensuales y 262 municipales.
Aún así desde el inicio los vecinos se alzaron en pie de guerra y rechazaron la propuesta. El pueblo de siete mil habitantes, en 2012 entró en la historia al ser el escenario del primer referéndum de la Argentina respecto a la aceptación o rechazo de la megaminería. En él 8 de cada diez habitantes rechazaron la actividad extractiva.
La Provincia intentó anular la votación y fue a la justicia, pero la Corte Suprema rechazó un recurso de apelación que habían impulsado contra la decisión del TSJ de frenar el proyecto.
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La hidrovía de ficción
La hidrovía que no existe para el ministro de Ambiente, Sergio Bergman
Fecha de Publicación: 19/02/2018
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Nacional
Parece una historia de ficción. El mega-proyecto de hidrovía más largo y grande del país, en la cuenca del Plata, en plena ejecución y desarrollo, simplemente no existe en los papeles, planes técnicos ni políticos del Ministerio de Ambiente de la Nación Argentina.
La denominada hidrovía de los ríos Paraguay y Paraná, que en realidad son los dos ríos dentro de las fronteras del país -en su contexto de navegabilidad y todo lo que ello implica de operaciones de dragados, mayor profundización antrópica en su calado, nuevos mega puertos o ampliación de otros, en unos u otros lugares de los deltas y valles de inundación que lo constituyen-, es un territorio, que frente a semejante intervención y su renovado impulso por los gobiernos de la cuenca, no existe para el Ministerio de Ambiente de la Nación, menos aún de las áreas de política ambiental de las provincias que lo conforman como parte integrante de su cuenca.
El Ministerio de Ambiente de la Nación responde así a una solicitud formal de acceso a la información ambiental. La consulta, focalizada sobre las intervenciones del organismo en los estudios de impacto ambiental del proyecto de hidrovía en ejecución desde la última década del siglo pasado hasta el presente, tuvo una respuesta categórica. Se expone que nunca intervino en estudio ambiental alguno, como tampoco en propuesta de plan de gestión ambiental alguno, por lo tanto y menos aún, haber emitido Resoluciones de autorizaciones o rechazos de los diversos estudios de impacto ambiental, en los distintas etapas de ejecución del mega proyecto, en más de dos décadas de desarrollo.
En nuestras palabras, reconoce despreocupada y hasta irresponsablemente, que desconoce, que no existe registro administrativo ni técnico alguno, que se pueda aportar a los puntos solicitados, fundamentalmente para conocer de su rol como evaluador de los estudios de impacto ambiental del proyecto en ejecución: el más relevante existente en un río o ríos del país. Se trata, vale recordar, de una de las privatizaciones más escandalosas del menemismo, que durante más de veinte años no tuvo un órgano de control independiente, sobre lo que ya se ha expedido, incluso, la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Oportunamente, el Defensor del Pueblo recomendó una serie de medidas totalmente incumplidas hasta el presente. Las mismas se detallan al pie de este artículo, para quienes quieran profundizar en la significación del caso en estudio y seguimiento desde las organizaciones ecologistas de la cuenca del Plata.
Sí evaluó los estudios de impacto ambiental realizados por el operador concesionario, el Ministerio de Transporte de la Nación. Es decir, el área interesada en impulsar más obras de canalización, ampliación de cauces, mayores profundidades de calado, para que los barcos y barcazas puedan llegar al fin del mundo o su nacimiento, es decir, el Pantanal e incluso algunos delirantes en mega infraestructura consultores de las Instituciones financieras internacionales, con pretensiones de alcanzar el territorio amazónico boliviano y brasilero.
El Ministerio de Transporte de la Nación responde a otra solicitud de acceso a la información de la Alianza Sistema de Humedales Paraguay Paraná, que lo han hecho así y lo continúan haciendo bajo su órbita, “pese al tiempo transcurrido desde el dictado del cuerpo normativo denominado Ley General del Ambiente y de los importantes instrumentos de gestión ambiental que regula, la Ley carece a la fecha de tratamiento reglamentario integral”. Y concluye: “Por lo cual, en la actualidad, no está claro quién es la autoridad competente para emitir una declaración de impacto ambiental en la que se manifieste la aprobación o rechazo de los estudios presentados”. Es decir, los estudios de impacto ambiental.
Lo expuesto es la prueba, quizás mayor, de la escala de irresponsabilidad institucional, frente a leyes que son operativas por su sola sanción, como la Ley de presupuestos mínimos de protección ambiental nacional. En síntesis: se trata de leyes que aún no existiendo reglamentación, son aplicables y de cumplimiento obligatorio.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso de las proyectadas represas en el río Santa Cruz (medida cautelar), fue determinante al afirmar que la falta de reglamentación de una Ley ambiental, en nada la inmoviliza o le niega operatividad. Todo lo contrario, el Estado no puede utilizar como excusa su propia torpeza o negligencia por falta de reglamentación. Este caso es central y contradice de lleno lo que estamos analizando en su argumentación oficial. Argumentación que además reconoce una supuesta falta de claridad, cuando la claridad de la Ley es contundente, pues corresponde intervenir obligatoriamente a la Autoridad de Aplicación de la Ley General del Ambiente, es decir, el Ministerio que conduce el señor Sergio Bergman.
¿Que transportan los barcos y barcazas por el río?
Granos, soja fundamentalmente, agrotóxicos, minerales, combustibles. También se transporta droga, mucha, diría la Ministra de Seguridad.
Existe una consigna esencial que expresa hace décadas la Coalición Ríos Vivos y la Alianza Sistema de humedales Paraguay Paraná: “Los barcos deben adaptarse a los ríos, no los ríos a los barcos”. Los revividos proyectos de mayor intervención y profundización de la Hidrovía Paraguay Paraná, niegan, resisten esta visión y se avanza de una manera descontrolada frente a un Estado gravemente ausente en las áreas que deberían liderar la aplicación de los principios de prevención, precaución y sustentabilidad, básicamente.
En todo este contexto, las provincias involucradas, en particular sus áreas ambientales, ratifican esta ausencia de la autoridad pública. Y son, justamente, las provincias las titulares de los recursos (bienes) naturales, por donde se realizan este tipo de intervenciones sobre los ríos y el conjunto de sus sistemas asociados de reinos de vida.
Se plantean las obras como competencia exclusiva del Estado Nacional, lo que no debería negar la participación de las provincias, como titulares de sus bienes, en todo el proceso inicial de elaboración de los términos de referencia de los estudios diversos y complejos y de ser parte en su evaluación, dentro de la coordinación del Ministerio de Ambiente en ejercicio del “federalismo de concertación”.
Está claro ahora, infelizmente una vez más, que Ministerio y Ministro de Ambiente son la No autoridad, por su inexistencia frente a los hechos concretos y a un mega emprendimiento millonario en plena ejecución y en la cuenca más enorme y biodiversa del país.
Las dos respuestas oficiales recibidas del área del Ministro Sergio Bergman, como del Ministro Guillermo Javier Dietrich, son realmente alarmantes y obligan a la profundización de estrategias de las organizaciones sociales y ecologistas, para correr el velo a estos escenarios oscuros y de total desprotección de nuestros ríos, sus aguas y ecosistemas, además y fundamentalmente, de la salud de sus pueblos.
Finalmente, la inacción aquí denunciada y reconocida en los actos administrativos propios del Estado nacional, prueba también el poder de las corporaciones que lideran el modelo neoextractivista y de succión de los bienes naturales de una manera ilimitada, espacios liberados al saqueo y la devastación biológica y cultural. El escenario planteado, confirma y ratifica que Eduardo Galeano -en Las Venas Abiertas de América Latina- tenía demasiada razón. En estos tiempos, esa obra adquiere aún quizás más vigencia frente a hechos y modelos que intentan vender una vía de comunicación solo como eso, una simple autopista fluvial productiva, y así tapar un saqueo de bienes naturales y vaciamiento cultural y biológico, desenfrenado, condenando a toda la cuenca, desde su identificación y ejecución por parte del poder del agronegocio exportador y el extractivismo minero, a ser “un área o región de sacrificio”, como denuncia Saskia Sassen en “Expulsiones, brutalidad y complejidad de la economía global”, Katz Editores. Feb. 2015.
Notas al pie
Por Resolución Nro. 04341/98, el Defensor del Pueblo de la Nación recomienda a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación la adopción de las siguientes medidas:
1.- La elaboración de un estudio de impacto ambiental integral de toda la cuenca, previo a la aprobación de los planes parciales de gestión ambiental.
2.- Instar a la concreción de un Órgano de Control de los dragados que se efectúen en la cuenca del Río de la Plata independiente de ese organismo.
De los considerandos se destaca como los conceptos y valoraciones más sobresalientes, los siguientes:
Que en el nivel nacional no existe un estudio de impacto ambiental que contemple los efectos que la totalidad de los trabajos a realizarse en la cuenca del Río de la Plata puedan causar.
Que, en consecuencia, tampoco existe un Plan de Gestión Ambiental Global para todas las Hidrovías que desembocan en el Río de la Plata.
Que, pese a ello, se prevé la aprobación de Planes de Gestión Ambiental de cada tramo, por separado, en base a los estudios parciales referidos.
Que ello se ve agravado por el hecho de que para el tramo Santa Fe-Asunción se toma como base el estudio aceptado por el CIH (Comité Intergubernamental de la Hidrovía) que ha sido severamente cuestionado.
Que ello importa realizar la mayor parte del Programa Hidrovía Paraguay-Paraná sin una adecuada evaluación previa del impacto ambiental, lo que sumado a la carencia de estudios integrales del comportamiento de la cuenca impiden evaluar correctamente las modificaciones que puedan existir por los trabajos que se realizarán.
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Fecha de Publicación: 19/02/2018
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Nacional
Parece una historia de ficción. El mega-proyecto de hidrovía más largo y grande del país, en la cuenca del Plata, en plena ejecución y desarrollo, simplemente no existe en los papeles, planes técnicos ni políticos del Ministerio de Ambiente de la Nación Argentina.
La denominada hidrovía de los ríos Paraguay y Paraná, que en realidad son los dos ríos dentro de las fronteras del país -en su contexto de navegabilidad y todo lo que ello implica de operaciones de dragados, mayor profundización antrópica en su calado, nuevos mega puertos o ampliación de otros, en unos u otros lugares de los deltas y valles de inundación que lo constituyen-, es un territorio, que frente a semejante intervención y su renovado impulso por los gobiernos de la cuenca, no existe para el Ministerio de Ambiente de la Nación, menos aún de las áreas de política ambiental de las provincias que lo conforman como parte integrante de su cuenca.
El Ministerio de Ambiente de la Nación responde así a una solicitud formal de acceso a la información ambiental. La consulta, focalizada sobre las intervenciones del organismo en los estudios de impacto ambiental del proyecto de hidrovía en ejecución desde la última década del siglo pasado hasta el presente, tuvo una respuesta categórica. Se expone que nunca intervino en estudio ambiental alguno, como tampoco en propuesta de plan de gestión ambiental alguno, por lo tanto y menos aún, haber emitido Resoluciones de autorizaciones o rechazos de los diversos estudios de impacto ambiental, en los distintas etapas de ejecución del mega proyecto, en más de dos décadas de desarrollo.
En nuestras palabras, reconoce despreocupada y hasta irresponsablemente, que desconoce, que no existe registro administrativo ni técnico alguno, que se pueda aportar a los puntos solicitados, fundamentalmente para conocer de su rol como evaluador de los estudios de impacto ambiental del proyecto en ejecución: el más relevante existente en un río o ríos del país. Se trata, vale recordar, de una de las privatizaciones más escandalosas del menemismo, que durante más de veinte años no tuvo un órgano de control independiente, sobre lo que ya se ha expedido, incluso, la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Oportunamente, el Defensor del Pueblo recomendó una serie de medidas totalmente incumplidas hasta el presente. Las mismas se detallan al pie de este artículo, para quienes quieran profundizar en la significación del caso en estudio y seguimiento desde las organizaciones ecologistas de la cuenca del Plata.
Sí evaluó los estudios de impacto ambiental realizados por el operador concesionario, el Ministerio de Transporte de la Nación. Es decir, el área interesada en impulsar más obras de canalización, ampliación de cauces, mayores profundidades de calado, para que los barcos y barcazas puedan llegar al fin del mundo o su nacimiento, es decir, el Pantanal e incluso algunos delirantes en mega infraestructura consultores de las Instituciones financieras internacionales, con pretensiones de alcanzar el territorio amazónico boliviano y brasilero.
El Ministerio de Transporte de la Nación responde a otra solicitud de acceso a la información de la Alianza Sistema de Humedales Paraguay Paraná, que lo han hecho así y lo continúan haciendo bajo su órbita, “pese al tiempo transcurrido desde el dictado del cuerpo normativo denominado Ley General del Ambiente y de los importantes instrumentos de gestión ambiental que regula, la Ley carece a la fecha de tratamiento reglamentario integral”. Y concluye: “Por lo cual, en la actualidad, no está claro quién es la autoridad competente para emitir una declaración de impacto ambiental en la que se manifieste la aprobación o rechazo de los estudios presentados”. Es decir, los estudios de impacto ambiental.
Lo expuesto es la prueba, quizás mayor, de la escala de irresponsabilidad institucional, frente a leyes que son operativas por su sola sanción, como la Ley de presupuestos mínimos de protección ambiental nacional. En síntesis: se trata de leyes que aún no existiendo reglamentación, son aplicables y de cumplimiento obligatorio.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso de las proyectadas represas en el río Santa Cruz (medida cautelar), fue determinante al afirmar que la falta de reglamentación de una Ley ambiental, en nada la inmoviliza o le niega operatividad. Todo lo contrario, el Estado no puede utilizar como excusa su propia torpeza o negligencia por falta de reglamentación. Este caso es central y contradice de lleno lo que estamos analizando en su argumentación oficial. Argumentación que además reconoce una supuesta falta de claridad, cuando la claridad de la Ley es contundente, pues corresponde intervenir obligatoriamente a la Autoridad de Aplicación de la Ley General del Ambiente, es decir, el Ministerio que conduce el señor Sergio Bergman.
¿Que transportan los barcos y barcazas por el río?
Granos, soja fundamentalmente, agrotóxicos, minerales, combustibles. También se transporta droga, mucha, diría la Ministra de Seguridad.
Existe una consigna esencial que expresa hace décadas la Coalición Ríos Vivos y la Alianza Sistema de humedales Paraguay Paraná: “Los barcos deben adaptarse a los ríos, no los ríos a los barcos”. Los revividos proyectos de mayor intervención y profundización de la Hidrovía Paraguay Paraná, niegan, resisten esta visión y se avanza de una manera descontrolada frente a un Estado gravemente ausente en las áreas que deberían liderar la aplicación de los principios de prevención, precaución y sustentabilidad, básicamente.
En todo este contexto, las provincias involucradas, en particular sus áreas ambientales, ratifican esta ausencia de la autoridad pública. Y son, justamente, las provincias las titulares de los recursos (bienes) naturales, por donde se realizan este tipo de intervenciones sobre los ríos y el conjunto de sus sistemas asociados de reinos de vida.
Se plantean las obras como competencia exclusiva del Estado Nacional, lo que no debería negar la participación de las provincias, como titulares de sus bienes, en todo el proceso inicial de elaboración de los términos de referencia de los estudios diversos y complejos y de ser parte en su evaluación, dentro de la coordinación del Ministerio de Ambiente en ejercicio del “federalismo de concertación”.
Está claro ahora, infelizmente una vez más, que Ministerio y Ministro de Ambiente son la No autoridad, por su inexistencia frente a los hechos concretos y a un mega emprendimiento millonario en plena ejecución y en la cuenca más enorme y biodiversa del país.
Las dos respuestas oficiales recibidas del área del Ministro Sergio Bergman, como del Ministro Guillermo Javier Dietrich, son realmente alarmantes y obligan a la profundización de estrategias de las organizaciones sociales y ecologistas, para correr el velo a estos escenarios oscuros y de total desprotección de nuestros ríos, sus aguas y ecosistemas, además y fundamentalmente, de la salud de sus pueblos.
Finalmente, la inacción aquí denunciada y reconocida en los actos administrativos propios del Estado nacional, prueba también el poder de las corporaciones que lideran el modelo neoextractivista y de succión de los bienes naturales de una manera ilimitada, espacios liberados al saqueo y la devastación biológica y cultural. El escenario planteado, confirma y ratifica que Eduardo Galeano -en Las Venas Abiertas de América Latina- tenía demasiada razón. En estos tiempos, esa obra adquiere aún quizás más vigencia frente a hechos y modelos que intentan vender una vía de comunicación solo como eso, una simple autopista fluvial productiva, y así tapar un saqueo de bienes naturales y vaciamiento cultural y biológico, desenfrenado, condenando a toda la cuenca, desde su identificación y ejecución por parte del poder del agronegocio exportador y el extractivismo minero, a ser “un área o región de sacrificio”, como denuncia Saskia Sassen en “Expulsiones, brutalidad y complejidad de la economía global”, Katz Editores. Feb. 2015.
Notas al pie
Por Resolución Nro. 04341/98, el Defensor del Pueblo de la Nación recomienda a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación la adopción de las siguientes medidas:
1.- La elaboración de un estudio de impacto ambiental integral de toda la cuenca, previo a la aprobación de los planes parciales de gestión ambiental.
2.- Instar a la concreción de un Órgano de Control de los dragados que se efectúen en la cuenca del Río de la Plata independiente de ese organismo.
De los considerandos se destaca como los conceptos y valoraciones más sobresalientes, los siguientes:
Que en el nivel nacional no existe un estudio de impacto ambiental que contemple los efectos que la totalidad de los trabajos a realizarse en la cuenca del Río de la Plata puedan causar.
Que, en consecuencia, tampoco existe un Plan de Gestión Ambiental Global para todas las Hidrovías que desembocan en el Río de la Plata.
Que, pese a ello, se prevé la aprobación de Planes de Gestión Ambiental de cada tramo, por separado, en base a los estudios parciales referidos.
Que ello se ve agravado por el hecho de que para el tramo Santa Fe-Asunción se toma como base el estudio aceptado por el CIH (Comité Intergubernamental de la Hidrovía) que ha sido severamente cuestionado.
Que ello importa realizar la mayor parte del Programa Hidrovía Paraguay-Paraná sin una adecuada evaluación previa del impacto ambiental, lo que sumado a la carencia de estudios integrales del comportamiento de la cuenca impiden evaluar correctamente las modificaciones que puedan existir por los trabajos que se realizarán.
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