Playas boanerenses con plásticos
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Advierten que es alta la contaminación por plásticos en las playas
Fecha de Publicación: 04/01/2018
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Buenos Aires
Un estudio de la UBA encontró en la costa atlántica ocho toneladas de residuos, desde bolsas a colillas de cigarrillos. Alertan que la fauna marina está amenazada.
En estos días millones de personas ya están comenzando sus vacaciones anuales, buscando disfrutar de días soleados junto al mar, tumbados en la playa. Y no saben que van a reposar cómodamente sobre un montículo formado por arena y también por plásticos. Muchos plásticos.
Un estudio realizado por un equipo de docentes y estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Ambientales de la UBA encontró que es alta la contaminación por plásticos en las playas boanerenses. Por medio de la toma y análisis de muestras contaron y pesaron la cantidad de pequeños trozos de plástico, levantados en diversas playas de Villa Gesell, Mar Azul y Mar de las Pampas.
“Durante el mes de agosto medimos el contenido de plásticos muy pequeños, ubicados en los primeros 10 centímetros de arena. Y llegamos a sumar hasta 104 fragmentos por cada metro analizado. Eso, extrapolado a los 20 kilómetros cuadrados de playas estudiadas, significa que –entre toda esa arena– hay unas ocho toneladas de pedacitos de plástico de entre 5 y 25 mm de largo”, le resumió a PERFIL Diego Wassner, profesor de la carrera que se dicta en la Facultad de Agronomía.
Según datos recopilados por la ONG Fundación Vida Silvestre, “se calcula que, globalmente, desde 1950 hasta 2015 se generaron 6.300 millones de toneladas de basura plástica. De ese volumen, casi 5 mil millones están en predios de disposición final, espacios verdes, el mar o la playa, ya que apenas el 9% de toda la basura de este tipo se recicla”.
Por su parte, el investigador del Conicet Juan Pablo Seco Pon, coautor de otro trabajo que comparó la cantidad de plásticos presente en playas concurridas de Mar del Plata y Gesell con zonas de reserva como Mar Chiquita y Faro Querandí, explicó que hay muy pocos estudios sobre este tema en Argentina. “Sí sabemos que, tal como ocurre en otras partes del mundo, el residuo que prevalece en la playa es el plástico, incluyendo las colillas de cigarrillos. En total, el 77% de los residuos que analizamos fueron plástico”.
Según Seco Pon lo que prevalecía eran los “macroplásticos”, partículas de entre dos y diez centímetros de largo. Y los orígenes identificables eran comunes: tanzas de cañas de pescar, pedazos de bolsas de supermercado y colillas. “Algo similar a lo que se ve en países vecinos, en los que las fuentes de esta contaminación son los mismos usuarios de la zona costera y también las actividades pesqueras, deportiva o comercial”.
Daños. La presencia de plásticos en playas y mares no es algo apenas “molesto” sino concretamente peligroso. “Desde hace ya muchos años en el Centro de Rehabilitación de la Fundación Mundo Marino analizamos el contenido estomacal de las tortugas que, por sus hábitos, son un excelente bioindicador de esta situación”, le resumió a PERFIL la bióloga Karina Alvarez, responsable de conservación en la Fundación.
“Y vemos que empeora cada vez más, ya que en 2004 encontrábamos plásticos en el estomago de entre el 80 y el 90% de los ejemplares. Pero ahora el 97% de las tortugas que llegan a nuestro Centro han ingerido plástico. Por otra parte, a partir de 2015 también empezamos a encontrar los primeros casos de contaminación por plástico en cetáceos”. Y los expertos refieren que muchos pescadores deportivos comentan hallar regularmente trozos de botellas o tapitas en el estómago de ejemplares pescados en la costa.
Esto no solo afecta a un puñado de especies ictícolas sino que los restos de plástico pueden generar problemas en toda la cadena trófica: “Los plásticos de tamaño ‘medio’, dijo Wassner, son ingeridos por peces que los confunden con alimento”. Eso es grave porque se sabe que estos trozos tienen gran afinidad para ligarse con diversas moléculas contaminantes orgánicas. “Absorben con facilidad moléculas de DDT, dioxinas, agroquímicos y otras sustancias toxicas persistentes”, dijo el experto.
“Además hay indicios de que su concentración en el metabolismo podría actuar como un disruptor hormonal y eso puede generar diversas patologías en el largo plazo”.
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Fecha de Publicación: 04/01/2018
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Buenos Aires
Un estudio de la UBA encontró en la costa atlántica ocho toneladas de residuos, desde bolsas a colillas de cigarrillos. Alertan que la fauna marina está amenazada.
En estos días millones de personas ya están comenzando sus vacaciones anuales, buscando disfrutar de días soleados junto al mar, tumbados en la playa. Y no saben que van a reposar cómodamente sobre un montículo formado por arena y también por plásticos. Muchos plásticos.
Un estudio realizado por un equipo de docentes y estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Ambientales de la UBA encontró que es alta la contaminación por plásticos en las playas boanerenses. Por medio de la toma y análisis de muestras contaron y pesaron la cantidad de pequeños trozos de plástico, levantados en diversas playas de Villa Gesell, Mar Azul y Mar de las Pampas.
“Durante el mes de agosto medimos el contenido de plásticos muy pequeños, ubicados en los primeros 10 centímetros de arena. Y llegamos a sumar hasta 104 fragmentos por cada metro analizado. Eso, extrapolado a los 20 kilómetros cuadrados de playas estudiadas, significa que –entre toda esa arena– hay unas ocho toneladas de pedacitos de plástico de entre 5 y 25 mm de largo”, le resumió a PERFIL Diego Wassner, profesor de la carrera que se dicta en la Facultad de Agronomía.
Según datos recopilados por la ONG Fundación Vida Silvestre, “se calcula que, globalmente, desde 1950 hasta 2015 se generaron 6.300 millones de toneladas de basura plástica. De ese volumen, casi 5 mil millones están en predios de disposición final, espacios verdes, el mar o la playa, ya que apenas el 9% de toda la basura de este tipo se recicla”.
Por su parte, el investigador del Conicet Juan Pablo Seco Pon, coautor de otro trabajo que comparó la cantidad de plásticos presente en playas concurridas de Mar del Plata y Gesell con zonas de reserva como Mar Chiquita y Faro Querandí, explicó que hay muy pocos estudios sobre este tema en Argentina. “Sí sabemos que, tal como ocurre en otras partes del mundo, el residuo que prevalece en la playa es el plástico, incluyendo las colillas de cigarrillos. En total, el 77% de los residuos que analizamos fueron plástico”.
Según Seco Pon lo que prevalecía eran los “macroplásticos”, partículas de entre dos y diez centímetros de largo. Y los orígenes identificables eran comunes: tanzas de cañas de pescar, pedazos de bolsas de supermercado y colillas. “Algo similar a lo que se ve en países vecinos, en los que las fuentes de esta contaminación son los mismos usuarios de la zona costera y también las actividades pesqueras, deportiva o comercial”.
Daños. La presencia de plásticos en playas y mares no es algo apenas “molesto” sino concretamente peligroso. “Desde hace ya muchos años en el Centro de Rehabilitación de la Fundación Mundo Marino analizamos el contenido estomacal de las tortugas que, por sus hábitos, son un excelente bioindicador de esta situación”, le resumió a PERFIL la bióloga Karina Alvarez, responsable de conservación en la Fundación.
“Y vemos que empeora cada vez más, ya que en 2004 encontrábamos plásticos en el estomago de entre el 80 y el 90% de los ejemplares. Pero ahora el 97% de las tortugas que llegan a nuestro Centro han ingerido plástico. Por otra parte, a partir de 2015 también empezamos a encontrar los primeros casos de contaminación por plástico en cetáceos”. Y los expertos refieren que muchos pescadores deportivos comentan hallar regularmente trozos de botellas o tapitas en el estómago de ejemplares pescados en la costa.
Esto no solo afecta a un puñado de especies ictícolas sino que los restos de plástico pueden generar problemas en toda la cadena trófica: “Los plásticos de tamaño ‘medio’, dijo Wassner, son ingeridos por peces que los confunden con alimento”. Eso es grave porque se sabe que estos trozos tienen gran afinidad para ligarse con diversas moléculas contaminantes orgánicas. “Absorben con facilidad moléculas de DDT, dioxinas, agroquímicos y otras sustancias toxicas persistentes”, dijo el experto.
“Además hay indicios de que su concentración en el metabolismo podría actuar como un disruptor hormonal y eso puede generar diversas patologías en el largo plazo”.
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La segunda multa a Barrick destinada a la comunidad
La segunda multa millonaria a Barrick irá a proyectos productivos en comunidades
Fecha de Publicación: 04/01/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
La sanción es de 104.400.000 pesos por los incidentes de 2016 y 2017. La anterior fue de casi 146 millones.
Tras 15 meses de investigación interna, la gestión uñaquista definió otra dura multa a la empresa Barrick por los incidentes en la mina Veladero de septiembre de 2016 y marzo de este año. En ambos hubo fugas de solución cianurada que sobrepasaron el valle de lixiviación, aunque no llegaron a ningún río. La sanción fue de poco más de 104 millones de pesos y el dinero irá a parar al Fondo Minero para el Desarrollo de Comunidades, el cual apunta a fomentar proyectos productivos. Si bien este medio no pudo acceder al acta de infracción, el dato fue confirmado de manera extraoficial y luego por un comunicado de la propia compañía. Los fundamentos apuntan a la reincidencia de fallas y a que la compañía no había hecho las obras que le había pedido el Ministerio de Minería. Es que en septiembre de 2015 se produjo un derrame de líquido con cianuro que sí alcanzó a tres cursos de agua en Iglesia. Por ese hecho, la provincia castigó a la operadora del yacimiento con casi 146 millones de pesos.
La resolución del Gobierno trascendió a fines de esta semana, Barrick ya había sido notificada y desde la firma señalaron que "estamos analizando el documento a fin de evaluar nuestras próximas acciones". La compañía puede aceptar la sanción o pedirle a Minería que revea la resolución y si no tuviera suerte, ir a la Justicia.
La decisión revela una fuerte postura del uñaquismo en sancionar los accidentes que se produzcan en la minería, ya sea que tengan incidencia en el medio ambiente como aquellos que reflejen errores en las operaciones y tengan un impacto social negativo sobre la actividad. Si bien el derrame de 2015 se dio en la administración de José Luis Gioja, el castigo finalmente lo impuso el actual Gobierno.
Por los tres incidentes se abrieron investigaciones en la Justicia para determinar si se produjeron delitos, aunque tuvieron resultados distintos (Ver recuadro). Por su parte, el Ejecutivo encaró sumarios y primero multó a Barrick con casi 146 millones de pesos por el derrame de 2015. En los de 2016 y 2017 evaluó que hubo incumplimientos ante directivas de la autoridad provincial y repetición de fallas en los procesos. Ante estos, en el Gobierno habían asegurado que iba a haber una sanción y que habían decidido acumular los dos expedientes, por lo que restaba saber el monto. Al final, la suma ascendió a 104.400.000 pesos y las autoridades dispusieron que la empresa depositara el dinero en una cuenta de la cartera minera local. La misma está destinada al Fondo Minero para el Desarrollo de Comunidades, con el que la gestión uñaquista impulsa proyectos productivos en el sector de la agricultura, ganadería, pequeña y mediana minería, industria, comercio, turismo y servicios afines a la producción. El objetivo es que dichos planes apuesten al impulso de actividades económicas ligadas a la identidad de cada comunidad y que favorezca la generación de empleos. Con la primera multa, el Ejecutivo distribuyó 80 millones de pesos para proyectos productivos en Jáchal e Iglesia, por ejemplo.
La nueva sanción tiene su origen el 8 de septiembre del año pasado, cuando un bloque de hielo desacopló una cañería que trasladaba solución cianurada. El líquido se estancó en una curva de la berma (talud de contención) y empujó material que salió del valle de lixiviación, el área en el que se separa la roca del mineral con el químico. El hecho que se acumuló fue en marzo de este año, que consistió en la fuga de solución rica (oro, plata y cianuro) que también escapó del valle, pero que luego fue reencauzada hacia dentro del perímetro.
Obras
Luego de los tres incidentes, el Gobierno obligó a la empresa a realizar obras de mejoras para reducir los accidentes. Así se aumentaron las alturas de las bermas de contención, se reforzaron los acoples de las cañerías, las mismas se separaron del límite del valle de lixiviación y se instalaron cámaras de vigilancia.
La decisión judicial en los tres hechos
En el derrame de solución cianurada de septiembre de 2015, la Cámara Penal confirmó los procesamientos del juez de Jáchal, Pablo Oritja, contra los ejecutivos Leandro Poblete, Segundo Álvarez, Carlos Cabanillas, Ángel Escudero, Osvaldo Brocca, David Sánchez y Ricardo Cortéz. Todos quedaron en la mira por el delito de contaminación de agua, en su modalidad culposa, es decir, por actuar con negligencia o impericia en la profesión. Tras la fuga, el líquido llegó a los ríos iglesianos Potrerillos, Las Taguas y La Palca. La causa fue elevada a juicio.
El segundo incidente de septiembre de 2016 fue archivado, mientras que el de marzo de este año seguirá el mismo camino, tras un pedido fiscal en ese sentido. Si bien en ambos hubo fuga de soluciones con químicos, nunca llegaron a los ríos. La Justicia entiende que no hay delito porque no se vio afectada la salud pública ni el medio ambiente.
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Fecha de Publicación: 04/01/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
La sanción es de 104.400.000 pesos por los incidentes de 2016 y 2017. La anterior fue de casi 146 millones.
Tras 15 meses de investigación interna, la gestión uñaquista definió otra dura multa a la empresa Barrick por los incidentes en la mina Veladero de septiembre de 2016 y marzo de este año. En ambos hubo fugas de solución cianurada que sobrepasaron el valle de lixiviación, aunque no llegaron a ningún río. La sanción fue de poco más de 104 millones de pesos y el dinero irá a parar al Fondo Minero para el Desarrollo de Comunidades, el cual apunta a fomentar proyectos productivos. Si bien este medio no pudo acceder al acta de infracción, el dato fue confirmado de manera extraoficial y luego por un comunicado de la propia compañía. Los fundamentos apuntan a la reincidencia de fallas y a que la compañía no había hecho las obras que le había pedido el Ministerio de Minería. Es que en septiembre de 2015 se produjo un derrame de líquido con cianuro que sí alcanzó a tres cursos de agua en Iglesia. Por ese hecho, la provincia castigó a la operadora del yacimiento con casi 146 millones de pesos.
La resolución del Gobierno trascendió a fines de esta semana, Barrick ya había sido notificada y desde la firma señalaron que "estamos analizando el documento a fin de evaluar nuestras próximas acciones". La compañía puede aceptar la sanción o pedirle a Minería que revea la resolución y si no tuviera suerte, ir a la Justicia.
La decisión revela una fuerte postura del uñaquismo en sancionar los accidentes que se produzcan en la minería, ya sea que tengan incidencia en el medio ambiente como aquellos que reflejen errores en las operaciones y tengan un impacto social negativo sobre la actividad. Si bien el derrame de 2015 se dio en la administración de José Luis Gioja, el castigo finalmente lo impuso el actual Gobierno.
Por los tres incidentes se abrieron investigaciones en la Justicia para determinar si se produjeron delitos, aunque tuvieron resultados distintos (Ver recuadro). Por su parte, el Ejecutivo encaró sumarios y primero multó a Barrick con casi 146 millones de pesos por el derrame de 2015. En los de 2016 y 2017 evaluó que hubo incumplimientos ante directivas de la autoridad provincial y repetición de fallas en los procesos. Ante estos, en el Gobierno habían asegurado que iba a haber una sanción y que habían decidido acumular los dos expedientes, por lo que restaba saber el monto. Al final, la suma ascendió a 104.400.000 pesos y las autoridades dispusieron que la empresa depositara el dinero en una cuenta de la cartera minera local. La misma está destinada al Fondo Minero para el Desarrollo de Comunidades, con el que la gestión uñaquista impulsa proyectos productivos en el sector de la agricultura, ganadería, pequeña y mediana minería, industria, comercio, turismo y servicios afines a la producción. El objetivo es que dichos planes apuesten al impulso de actividades económicas ligadas a la identidad de cada comunidad y que favorezca la generación de empleos. Con la primera multa, el Ejecutivo distribuyó 80 millones de pesos para proyectos productivos en Jáchal e Iglesia, por ejemplo.
La nueva sanción tiene su origen el 8 de septiembre del año pasado, cuando un bloque de hielo desacopló una cañería que trasladaba solución cianurada. El líquido se estancó en una curva de la berma (talud de contención) y empujó material que salió del valle de lixiviación, el área en el que se separa la roca del mineral con el químico. El hecho que se acumuló fue en marzo de este año, que consistió en la fuga de solución rica (oro, plata y cianuro) que también escapó del valle, pero que luego fue reencauzada hacia dentro del perímetro.
Obras
Luego de los tres incidentes, el Gobierno obligó a la empresa a realizar obras de mejoras para reducir los accidentes. Así se aumentaron las alturas de las bermas de contención, se reforzaron los acoples de las cañerías, las mismas se separaron del límite del valle de lixiviación y se instalaron cámaras de vigilancia.
La decisión judicial en los tres hechos
En el derrame de solución cianurada de septiembre de 2015, la Cámara Penal confirmó los procesamientos del juez de Jáchal, Pablo Oritja, contra los ejecutivos Leandro Poblete, Segundo Álvarez, Carlos Cabanillas, Ángel Escudero, Osvaldo Brocca, David Sánchez y Ricardo Cortéz. Todos quedaron en la mira por el delito de contaminación de agua, en su modalidad culposa, es decir, por actuar con negligencia o impericia en la profesión. Tras la fuga, el líquido llegó a los ríos iglesianos Potrerillos, Las Taguas y La Palca. La causa fue elevada a juicio.
El segundo incidente de septiembre de 2016 fue archivado, mientras que el de marzo de este año seguirá el mismo camino, tras un pedido fiscal en ese sentido. Si bien en ambos hubo fuga de soluciones con químicos, nunca llegaron a los ríos. La Justicia entiende que no hay delito porque no se vio afectada la salud pública ni el medio ambiente.
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Ya hay inscriptos como proveedores de energías renovables
Más de un centenar de empresas se inscribieron como proveedores de energías renovables
Fecha de Publicación: 04/01/2018
Fuente: Télam
Provincia/Región: Nacional
Un centenar de empresas nacionales se inscribieron en los primeros 15 días de vigencia del Registro de Proveedores de Energías Renovables (ReProER) que lleva adelante el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
El Centro INTI de Energías Renovables fue el encargado de desarrollar el Registro de Proveedores de Energías Renovables mediante una plataforma dinámica para la validación de fabricantes e identificación de componentes nacionales que puedan comercializarse en el marco del Plan RenovAr.
El director del Centro, Gustavo Gil, aseguró que el ReProER constituye "una herramienta fundamental para la medición clara y precisa del contenido nacional".
"Si bien la carga de datos corre por cuenta de los fabricantes, el código de producto que arroja la plataforma incrementa la trazabilidad en todas las instancias de los proyectos. Este desarrollo le da un mayor grado de previsibilidad al mercado, y sienta las bases para la incorporación progresiva de componente local”, explicó Gil.
Como resultado de la declaración, y auditorias en caso de ser necesario, cada fabricante obtiene un código de producto (CP) asociado a cada bien declarado, y cada empresa podrá registrar hasta 999 modelos distintos.
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Fecha de Publicación: 04/01/2018
Fuente: Télam
Provincia/Región: Nacional
Un centenar de empresas nacionales se inscribieron en los primeros 15 días de vigencia del Registro de Proveedores de Energías Renovables (ReProER) que lleva adelante el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
El Centro INTI de Energías Renovables fue el encargado de desarrollar el Registro de Proveedores de Energías Renovables mediante una plataforma dinámica para la validación de fabricantes e identificación de componentes nacionales que puedan comercializarse en el marco del Plan RenovAr.
El director del Centro, Gustavo Gil, aseguró que el ReProER constituye "una herramienta fundamental para la medición clara y precisa del contenido nacional".
"Si bien la carga de datos corre por cuenta de los fabricantes, el código de producto que arroja la plataforma incrementa la trazabilidad en todas las instancias de los proyectos. Este desarrollo le da un mayor grado de previsibilidad al mercado, y sienta las bases para la incorporación progresiva de componente local”, explicó Gil.
Como resultado de la declaración, y auditorias en caso de ser necesario, cada fabricante obtiene un código de producto (CP) asociado a cada bien declarado, y cada empresa podrá registrar hasta 999 modelos distintos.
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Córdoba pierde más de cuatro toneladas de suelo al año
Cada hectárea en Córdoba pierde 4.170 kilos de suelo, al año, por erosión hídrica
Fecha de Publicación: 03/01/2018
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Córdoba
Un trabajo elaborado por investigadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) estima que, cada año, la erosión hídrica se lleva 4,17 toneladas de suelo de cada hectárea de Córdoba. Equivale a que la superficie se reduce a razón de unos 0,38 milímetros anuales.
“Estimación de la pérdida de suelo por erosión hídrica en la República Argentina” es el título de este documento elaborado por seis técnicos del Instituto de Suelos, el Centro de Investigación de Recursos Naturales (Cirn) y el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CNIA), que dependen del Inta.
El relevamiento incluye una tabla con los datos de cada provincia: Córdoba está 15° sobre las 23 jurisdicciones en que se divide la nación (no se incluye a Capital Federal).
“Las provincias con mayor tasa de erosión hídrica actual son Neuquén, Misiones y Santa Cruz. En el caso de Neuquén, la tasa media de 22,8 toneladas por hectárea al año equivalen a una pérdida de una capa de aproximadamente dos milímetros de suelo por año. Las provincias con menores tasas son La Pampa, Formosa y Santiago del Estero”, resume el informe.
El guarismo de Córdoba es superior a los de Santa Fe (1,79 toneladas) y Buenos Aires (2,95), pero inferior a la tasa media de erosión hídrica para todo el territorio nacional, que se ubica en 6,2 toneladas por hectárea al año. Es decir, una pérdida de aproximadamente medio milímetro de suelo en cada ejercicio.
“Dado que la superficie de la República Argentina es de aproximadamente 278 millones de hectáreas, dicha tasa equivaldría a una pérdida de 1.725 millones de toneladas o 1.490 millones de metros cúbicos de suelo por año”, precisa el estudio.
Consecuencia
Para los investigadores del Inta, “la consecuencia inmediata de la erosión del suelo es una disminución de la productividad agrícola, debido a la pérdida de materia orgánica y nutrientes, a su deterioro físico, a la pérdida de profundidad y, en casos extremos, a la pérdida total del suelo”.
En ese contexto, el trabajo realiza una aproximación a la pérdida económica, proyectando qué impacto tiene la erosión en los rindes, en base a un estudio realizado en 2000 que calculó pérdidas de 95 kilos por hectárea de soja, por cada centímetro de suelo perdido, de 273 kilos para maíz, y 71 kilos para trigo.
En la zona de producción intensiva de estos cultivos, la tasa media de erosión hídrica es de 3,91 toneladas por hectárea; es decir, una pérdida de capa de 0,033 centímetros de suelo, por lo que cada hectárea de soja estaría perdiendo 3,14 kilos de rinde potencial al año; el maíz, 9 kilos; y el trigo, 3,34 kilos.
Multiplicado por la superficie sembrada en 2015/16 para cada grano, son 61.230 toneladas perdidas de soja, 48.150 de maíz y 18.550 de trigo; que a valores de mercado significan 30 millones de dólares: 20,82 millones, 6,26 millones y 2,78 millones, respectivamente.
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Fecha de Publicación: 03/01/2018
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Córdoba
Un trabajo elaborado por investigadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) estima que, cada año, la erosión hídrica se lleva 4,17 toneladas de suelo de cada hectárea de Córdoba. Equivale a que la superficie se reduce a razón de unos 0,38 milímetros anuales.
“Estimación de la pérdida de suelo por erosión hídrica en la República Argentina” es el título de este documento elaborado por seis técnicos del Instituto de Suelos, el Centro de Investigación de Recursos Naturales (Cirn) y el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CNIA), que dependen del Inta.
El relevamiento incluye una tabla con los datos de cada provincia: Córdoba está 15° sobre las 23 jurisdicciones en que se divide la nación (no se incluye a Capital Federal).
“Las provincias con mayor tasa de erosión hídrica actual son Neuquén, Misiones y Santa Cruz. En el caso de Neuquén, la tasa media de 22,8 toneladas por hectárea al año equivalen a una pérdida de una capa de aproximadamente dos milímetros de suelo por año. Las provincias con menores tasas son La Pampa, Formosa y Santiago del Estero”, resume el informe.
El guarismo de Córdoba es superior a los de Santa Fe (1,79 toneladas) y Buenos Aires (2,95), pero inferior a la tasa media de erosión hídrica para todo el territorio nacional, que se ubica en 6,2 toneladas por hectárea al año. Es decir, una pérdida de aproximadamente medio milímetro de suelo en cada ejercicio.
“Dado que la superficie de la República Argentina es de aproximadamente 278 millones de hectáreas, dicha tasa equivaldría a una pérdida de 1.725 millones de toneladas o 1.490 millones de metros cúbicos de suelo por año”, precisa el estudio.
Consecuencia
Para los investigadores del Inta, “la consecuencia inmediata de la erosión del suelo es una disminución de la productividad agrícola, debido a la pérdida de materia orgánica y nutrientes, a su deterioro físico, a la pérdida de profundidad y, en casos extremos, a la pérdida total del suelo”.
En ese contexto, el trabajo realiza una aproximación a la pérdida económica, proyectando qué impacto tiene la erosión en los rindes, en base a un estudio realizado en 2000 que calculó pérdidas de 95 kilos por hectárea de soja, por cada centímetro de suelo perdido, de 273 kilos para maíz, y 71 kilos para trigo.
En la zona de producción intensiva de estos cultivos, la tasa media de erosión hídrica es de 3,91 toneladas por hectárea; es decir, una pérdida de capa de 0,033 centímetros de suelo, por lo que cada hectárea de soja estaría perdiendo 3,14 kilos de rinde potencial al año; el maíz, 9 kilos; y el trigo, 3,34 kilos.
Multiplicado por la superficie sembrada en 2015/16 para cada grano, son 61.230 toneladas perdidas de soja, 48.150 de maíz y 18.550 de trigo; que a valores de mercado significan 30 millones de dólares: 20,82 millones, 6,26 millones y 2,78 millones, respectivamente.
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Conicet advierte de la contaminación de laguna santafesina
Alarmante contaminación en la Setúbal: 100 botellas plásticas por kilómetro
Fecha de Publicación: 03/01/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
Además, detectaron gran cantidad de envoltorios de alimentos, bolsas de polietileno y empaques de electrodomésticos. La contaminación se da en un nivel superior a otros ríos del mundo. Advierten la necesidad de implementar políticas ambientales y de concientización.
Una concentración de residuos plásticos alarmante, de casi 100 botellas por kilómetro, afecta la laguna Setúbal, en Santa Fe. Se trata de un nivel muy superior al de otros cuerpos de agua del mundo y despierta la preocupación de especialistas.
La laguna Setúbal está en conexión directa con el río Paraná. De allí se abastece, aguas abajo —en el río Santa Fe— la empresa Aguas Santafesinas para tomar el agua de río y potabilizarla, y así brindar el servicio a los cerca de 500 mil habitantes de la ciudad. Pero además, la contaminación impacta en todo el ecosistema.
Fueron científicos locales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) quienes detectaron la alta contaminación de la Setúbal. Mediante una investigación iniciada en 2016 registraron una media de 96 botellas por km. sobre su margen, lo que implica una de las mayores concentraciones en aguas continentales del mundo. También detectaron la presencia de micro-plásticos (fragmentos menores a 5 mm), los cuales serían ingeridos por peces y aves acentuando el problema.
Los resultados de la investigación financiada por la Rufford Foundation (Reino Unido) fueron publicados en la revista internacional Environmental Monitoring and Assessment, y en nuestro país fueron divulgados además por la Agencia Ciencia y Tecnología (Cyta) del Instituto Leloir, y el Centro Científico Tecnológico del Conicet, entre otros.
“Todos estos residuos son de origen doméstico y de uso cotidiano. Y nos alertan sobre el rol que nos concierne como ciudadanos ambientalmente responsables”, indicó a la Agencia Cyta-Leloir el autor principal del estudio, el doctor Martín Blettler, del Laboratorio de Hidro-Ecología del Instituto Nacional de Limnología (Conicet - UNL).
“La suposición general es que se trata de un material relativamente inerte de toxicidad. No obstante, recientes estudios científicos han reportado numerosos tóxicos asociados a desechos plásticos, entre ellos los metales pesados”, advirtió Blettler.
En cuanto a su origen, es de presumir que la mayor desidia la cometen quienes arrojan residuos sólidos desde embarcaciones o desde la costa. Menor incidencia tendrían las botellas que son descartadas en la vía pública, las que son arrastradas hacia los desagües y terminan en las bocas de tormenta, en los reservorios o contra las rejas de las estaciones de bombeo hacia la Setúbal y el río Salado, explicaron desde la Municipalidad, tras la consulta de El Litoral.
El estudio
Para determinar la concentración de residuos plásticos, los investigadores Blettler, María Alicia Ulla, Ana Pía Rabuffetti y Nicolás Garello, en colaboración con ONGs locales y grupo de voluntarios, recorrieron la laguna a bordo de kayaks y piraguas. Tomaron muestras y las analizaron con balanzas de alta precisión, microscopios y espectrofotómetros.
Además de detectar una media de 96 botellas por km. sobre la margen de la laguna, también recolectaron y cuantificaron una gran cantidad de envoltorios de alimentos, bolsas de polietileno y empaques de electrodomésticos. Y contabilizaron más de 700 fragmentos diminutos de plástico por metro cuadrado. “Esto sugiere un grado avanzado de deterioro ambiental”, subrayó Blettler.
“Nuestro estudio demuestra que los desechos plásticos son un problema grave y ponen en peligro el ecosistema en la laguna Setúbal y, por consiguiente, el del río Paraná, dado que ambos ambientes están directamente conectados”, puntualizó Blettler. “Es necesario implementar mejores políticas ambientales, incluyendo el tratamiento de residuos sólidos, así como concientizar a la población general”, finalizó.
Basura de Rincón
Un foco contaminante muy preocupante es la basura que arroja Rincón sobre la costa de la laguna Setúbal, entre el kilómetro 7,5 y 8. La corriente desprende bolsas y botellas, que se van flotando aguas abajo.
Aguas Santafesinas
Desde Aguas Santafesinas explican que las botellas no afectan en forma directa la toma de agua para la planta potabilizadora que abastece a la ciudad. El mayor problema lo tienen durante las inundaciones, con las ramas y camalotes que se atascan en las rejas de protección contra sólidos.
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Fecha de Publicación: 03/01/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
Además, detectaron gran cantidad de envoltorios de alimentos, bolsas de polietileno y empaques de electrodomésticos. La contaminación se da en un nivel superior a otros ríos del mundo. Advierten la necesidad de implementar políticas ambientales y de concientización.
Una concentración de residuos plásticos alarmante, de casi 100 botellas por kilómetro, afecta la laguna Setúbal, en Santa Fe. Se trata de un nivel muy superior al de otros cuerpos de agua del mundo y despierta la preocupación de especialistas.
La laguna Setúbal está en conexión directa con el río Paraná. De allí se abastece, aguas abajo —en el río Santa Fe— la empresa Aguas Santafesinas para tomar el agua de río y potabilizarla, y así brindar el servicio a los cerca de 500 mil habitantes de la ciudad. Pero además, la contaminación impacta en todo el ecosistema.
Fueron científicos locales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) quienes detectaron la alta contaminación de la Setúbal. Mediante una investigación iniciada en 2016 registraron una media de 96 botellas por km. sobre su margen, lo que implica una de las mayores concentraciones en aguas continentales del mundo. También detectaron la presencia de micro-plásticos (fragmentos menores a 5 mm), los cuales serían ingeridos por peces y aves acentuando el problema.
Los resultados de la investigación financiada por la Rufford Foundation (Reino Unido) fueron publicados en la revista internacional Environmental Monitoring and Assessment, y en nuestro país fueron divulgados además por la Agencia Ciencia y Tecnología (Cyta) del Instituto Leloir, y el Centro Científico Tecnológico del Conicet, entre otros.
“Todos estos residuos son de origen doméstico y de uso cotidiano. Y nos alertan sobre el rol que nos concierne como ciudadanos ambientalmente responsables”, indicó a la Agencia Cyta-Leloir el autor principal del estudio, el doctor Martín Blettler, del Laboratorio de Hidro-Ecología del Instituto Nacional de Limnología (Conicet - UNL).
“La suposición general es que se trata de un material relativamente inerte de toxicidad. No obstante, recientes estudios científicos han reportado numerosos tóxicos asociados a desechos plásticos, entre ellos los metales pesados”, advirtió Blettler.
En cuanto a su origen, es de presumir que la mayor desidia la cometen quienes arrojan residuos sólidos desde embarcaciones o desde la costa. Menor incidencia tendrían las botellas que son descartadas en la vía pública, las que son arrastradas hacia los desagües y terminan en las bocas de tormenta, en los reservorios o contra las rejas de las estaciones de bombeo hacia la Setúbal y el río Salado, explicaron desde la Municipalidad, tras la consulta de El Litoral.
El estudio
Para determinar la concentración de residuos plásticos, los investigadores Blettler, María Alicia Ulla, Ana Pía Rabuffetti y Nicolás Garello, en colaboración con ONGs locales y grupo de voluntarios, recorrieron la laguna a bordo de kayaks y piraguas. Tomaron muestras y las analizaron con balanzas de alta precisión, microscopios y espectrofotómetros.
Además de detectar una media de 96 botellas por km. sobre la margen de la laguna, también recolectaron y cuantificaron una gran cantidad de envoltorios de alimentos, bolsas de polietileno y empaques de electrodomésticos. Y contabilizaron más de 700 fragmentos diminutos de plástico por metro cuadrado. “Esto sugiere un grado avanzado de deterioro ambiental”, subrayó Blettler.
“Nuestro estudio demuestra que los desechos plásticos son un problema grave y ponen en peligro el ecosistema en la laguna Setúbal y, por consiguiente, el del río Paraná, dado que ambos ambientes están directamente conectados”, puntualizó Blettler. “Es necesario implementar mejores políticas ambientales, incluyendo el tratamiento de residuos sólidos, así como concientizar a la población general”, finalizó.
Basura de Rincón
Un foco contaminante muy preocupante es la basura que arroja Rincón sobre la costa de la laguna Setúbal, entre el kilómetro 7,5 y 8. La corriente desprende bolsas y botellas, que se van flotando aguas abajo.
Aguas Santafesinas
Desde Aguas Santafesinas explican que las botellas no afectan en forma directa la toma de agua para la planta potabilizadora que abastece a la ciudad. El mayor problema lo tienen durante las inundaciones, con las ramas y camalotes que se atascan en las rejas de protección contra sólidos.
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Denuncian afección de niña de dos años por agroquímicos
Nena de dos años afectada por agroquímicos
Fecha de Publicación: 03/01/2018
Fuente: AgenciaFe
Provincia/Región: Santa Fe
La pequeña estaría siendo seriamente perjudicada por la presencia cerca de su vivienda de agrotóxicos. La menor sufrió graves descomposturas y debió ser internada en dos oportunidades. El hecho ya fue denunciado.
Una nena de dos años estaría siendo seriamente afectada por la presencia cerca de su vivienda de agroquímicos. La menor, oriunda de Bernardo de Irigoyen, sufrió descomposturas graves para su edad, consistentes en vómitos y debilitamiento general y debió ser internada en dos oportunidades.
Al respecto, Roberto Schiozzi, presidente del Centro Ecológico del Paraná de Coronda, en diálogo con "Línea Abierta" (FM 101.3) reveló que "no es la primera vez que internan a la menor, en el mes de agosto esta chiquita estuvo internada en el Hospital de Niños un mes, su cuerpito se estaba desecando, la piel estaba toda erosionada, gracias a Dios se salvó, esto como consecuencia de dos depósitos que hay cerca de su casa, donde se manipulan agroquímicos y se lavan fumigadores, dentro de un barrio Fonavi, no estamos hablando de una zona agrícola, en pleno centro del pueblo".
"El 11 de diciembre como centro ecológico hicimos una presentación al nuevo presidente comunal donde solicitamos que esos dos depósitos se trasladen fuera del radio urbano, como mínimo manda la ley 2 mil metros de un lugar habitado, el 22 de diciembre vuelven a fumigar y la nena se vuelve a descomponer muy mal, el mismo presidente comunal la traslada a Barrancas, estuvo internada desde las 11 de la mañana a las 9 de la noche", añadió Schiozzi.
Además, el presidente del Centro Ecológico del Paraná de Coronda, explicó que "la pediatra de la pequeña asegura que son problemas por los agrotóxicos, se hace una denuncia penal en Bernardo de Irigoyen, mostrando todas las pruebas. Hay también una persona mayor que está infectada pero no quiso darse a conocer ni intervenir".
Para finalizar, Schiozzi manifestó que "estamos esperando hasta el próximo año, vamos a volver con el presidente comunal para saber qué decisiones tomó. Hay una sola respuesta que es que el depósito se tiene que ir porque van a matar gente. La pediatra les dijo a los padres de la nena que de acá ya viene el cáncer. Tenemos que tomar conciencia el depósito que esté ahí o que esté a 2 mil metros es lo mismo, simplemente que a la distancia que se va a llevar no tenemos el peligro de infectar a las personas
Vamos a volver a reunirnos para saber qué determinaciones se tomaron y qué tiempo tienen para retirar es de ahí (el depósito) y de lo contrario vamos a ir a la fiscalía".
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Fecha de Publicación: 03/01/2018
Fuente: AgenciaFe
Provincia/Región: Santa Fe
La pequeña estaría siendo seriamente perjudicada por la presencia cerca de su vivienda de agrotóxicos. La menor sufrió graves descomposturas y debió ser internada en dos oportunidades. El hecho ya fue denunciado.
Una nena de dos años estaría siendo seriamente afectada por la presencia cerca de su vivienda de agroquímicos. La menor, oriunda de Bernardo de Irigoyen, sufrió descomposturas graves para su edad, consistentes en vómitos y debilitamiento general y debió ser internada en dos oportunidades.
Al respecto, Roberto Schiozzi, presidente del Centro Ecológico del Paraná de Coronda, en diálogo con "Línea Abierta" (FM 101.3) reveló que "no es la primera vez que internan a la menor, en el mes de agosto esta chiquita estuvo internada en el Hospital de Niños un mes, su cuerpito se estaba desecando, la piel estaba toda erosionada, gracias a Dios se salvó, esto como consecuencia de dos depósitos que hay cerca de su casa, donde se manipulan agroquímicos y se lavan fumigadores, dentro de un barrio Fonavi, no estamos hablando de una zona agrícola, en pleno centro del pueblo".
"El 11 de diciembre como centro ecológico hicimos una presentación al nuevo presidente comunal donde solicitamos que esos dos depósitos se trasladen fuera del radio urbano, como mínimo manda la ley 2 mil metros de un lugar habitado, el 22 de diciembre vuelven a fumigar y la nena se vuelve a descomponer muy mal, el mismo presidente comunal la traslada a Barrancas, estuvo internada desde las 11 de la mañana a las 9 de la noche", añadió Schiozzi.
Además, el presidente del Centro Ecológico del Paraná de Coronda, explicó que "la pediatra de la pequeña asegura que son problemas por los agrotóxicos, se hace una denuncia penal en Bernardo de Irigoyen, mostrando todas las pruebas. Hay también una persona mayor que está infectada pero no quiso darse a conocer ni intervenir".
Para finalizar, Schiozzi manifestó que "estamos esperando hasta el próximo año, vamos a volver con el presidente comunal para saber qué decisiones tomó. Hay una sola respuesta que es que el depósito se tiene que ir porque van a matar gente. La pediatra les dijo a los padres de la nena que de acá ya viene el cáncer. Tenemos que tomar conciencia el depósito que esté ahí o que esté a 2 mil metros es lo mismo, simplemente que a la distancia que se va a llevar no tenemos el peligro de infectar a las personas
Vamos a volver a reunirnos para saber qué determinaciones se tomaron y qué tiempo tienen para retirar es de ahí (el depósito) y de lo contrario vamos a ir a la fiscalía".
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Record de temperatura anual para Argentina
Según registros del Servicio Meteorológico, 2017 fue el más cálido de la historia en Argentina
Fecha de Publicación: 02/01/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
El 2017 se convirtió en el año más cálido de la historia en Argentina con una temperatura promedio que se ubicó 0,66 grados centígrados por encima de la media normal y superó la marca de 2012 que había sido hasta el momento la más elevada, con un desvío de +0,63 grados centígrados, informó el Servicio Meteorológico Nacional.
Estas cifras evidencian que en los últimos años nuestro país viene experimentando un aumento de temperaturas en casi todas las regiones y que la tendencia está en sintonía con la información de la Organización Meteorológica Mundial, que destaca que, a nivel global, se baten récords de temperaturas cada vez más elevadas, indican desde el organismo.
De acuerdo a los datos provistos por el SMN, los meses más fríos (respecto de la media) fueron octubre y noviembre, en que la atmósfera estuvo muy dinámica, e ingresaron muchos frentes fríos que repercutieron en las temperaturas. "Finalmente, en diciembre culminó una primavera caprichosa y nuevamente la la tendencia volvió a ser positiva", apuntan.
"Si consideramos la evolución climática temporal (desde 1961 hasta 2017) de la anomalía de temperatura media vemos que cada vez es más frecuente registrar años cálidos, y particularmente desde el año 2012 esta tendencia es mucho más significativa respecto de otro años. Los últimos años “fríos” fueron el 2007 y el 2010, aunque en este último la anomalía fue menos destacada".
En la ciudad de Buenos Aires también se batió el récord de calor. Con una temperatura media anual de 18°7 o 18°8, dependiendo de lo que suceda estos últimos días del año, el 2017 es el más caluroso desde que se tienen registros. En este caso, se destrona al año 2015 cuando se registró una temperatura de 18.6°C. La tendencia marca que desde 1906, esta variable va en progresivo aumento y se ve más pronunciada en los últimos 20 años.
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Fecha de Publicación: 02/01/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
El 2017 se convirtió en el año más cálido de la historia en Argentina con una temperatura promedio que se ubicó 0,66 grados centígrados por encima de la media normal y superó la marca de 2012 que había sido hasta el momento la más elevada, con un desvío de +0,63 grados centígrados, informó el Servicio Meteorológico Nacional.
Estas cifras evidencian que en los últimos años nuestro país viene experimentando un aumento de temperaturas en casi todas las regiones y que la tendencia está en sintonía con la información de la Organización Meteorológica Mundial, que destaca que, a nivel global, se baten récords de temperaturas cada vez más elevadas, indican desde el organismo.
De acuerdo a los datos provistos por el SMN, los meses más fríos (respecto de la media) fueron octubre y noviembre, en que la atmósfera estuvo muy dinámica, e ingresaron muchos frentes fríos que repercutieron en las temperaturas. "Finalmente, en diciembre culminó una primavera caprichosa y nuevamente la la tendencia volvió a ser positiva", apuntan.
"Si consideramos la evolución climática temporal (desde 1961 hasta 2017) de la anomalía de temperatura media vemos que cada vez es más frecuente registrar años cálidos, y particularmente desde el año 2012 esta tendencia es mucho más significativa respecto de otro años. Los últimos años “fríos” fueron el 2007 y el 2010, aunque en este último la anomalía fue menos destacada".
En la ciudad de Buenos Aires también se batió el récord de calor. Con una temperatura media anual de 18°7 o 18°8, dependiendo de lo que suceda estos últimos días del año, el 2017 es el más caluroso desde que se tienen registros. En este caso, se destrona al año 2015 cuando se registró una temperatura de 18.6°C. La tendencia marca que desde 1906, esta variable va en progresivo aumento y se ve más pronunciada en los últimos 20 años.
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Calcatreu y las discusiones del cianuro en la megaminería
Calcatreu: cronología del proyecto que reabre el debate por el uso de cianuro
Fecha de Publicación: 02/01/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
El reclamo por el cuidado del medio ambiente en la extracción del oro y la plata choca hace años en la Línea Sur, frente a la intención de traer inversiones. Ahora el proyecto quedó en manos de Patagonia Gold.
El depósito de oro y plata “Calcatreu” fue descubierto en 1997 y se desarrolla desde mayo de 1998 en un campo fiscal ubicado en el paraje Lipetrén Chico, distante a unos 82 kilómetros al sur de Jacobacci.
Hasta 2005 los trabajos de exploración fueron intensos, pero la promulgación de la llamada “ley anticianuro” por parte del ex gobernador Miguel Saiz lo dejó en stand by.
Sin embargo desde que se identificó el potencial hasta la actualidad, las distintas empresas mineras propietarias de los activos mantuvieron su base en Jacobacci, realizando trabajos menores. En el 2012, a pocos días de haber asumido, el exgobernador Carlos Soria derogó la ley anticianuro, rehabilitando la actividad.
Desde abril de este año, directivos de Patagonia Gold mantuvieron distintas reuniones con representantes de los gobiernos Nacional, provincial y municipal y también con referentes y organizaciones de la comunidad jacobaccina, incluyendo a la comunidad mapuche cercana al proyecto, a quienes les han transmitido la idea de desarrollo.
También han recibido distintas inquietudes relacionadas con el cuidado del medio ambiente, entre otras.
La llegada de Patagonia Gold a la Región Sur se suma Southern Copper, empresa minera que desarrolla trabajos de explotación en la zona de Los Menucos y a mediados de enero hará lo propio en la zona de El Paisanito, a 90 kilómetros al norte de Jacobacci.
Ver la Nota completa con las posiciones y cronología
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Fecha de Publicación: 02/01/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
El reclamo por el cuidado del medio ambiente en la extracción del oro y la plata choca hace años en la Línea Sur, frente a la intención de traer inversiones. Ahora el proyecto quedó en manos de Patagonia Gold.
El depósito de oro y plata “Calcatreu” fue descubierto en 1997 y se desarrolla desde mayo de 1998 en un campo fiscal ubicado en el paraje Lipetrén Chico, distante a unos 82 kilómetros al sur de Jacobacci.
Hasta 2005 los trabajos de exploración fueron intensos, pero la promulgación de la llamada “ley anticianuro” por parte del ex gobernador Miguel Saiz lo dejó en stand by.
Sin embargo desde que se identificó el potencial hasta la actualidad, las distintas empresas mineras propietarias de los activos mantuvieron su base en Jacobacci, realizando trabajos menores. En el 2012, a pocos días de haber asumido, el exgobernador Carlos Soria derogó la ley anticianuro, rehabilitando la actividad.
Desde abril de este año, directivos de Patagonia Gold mantuvieron distintas reuniones con representantes de los gobiernos Nacional, provincial y municipal y también con referentes y organizaciones de la comunidad jacobaccina, incluyendo a la comunidad mapuche cercana al proyecto, a quienes les han transmitido la idea de desarrollo.
También han recibido distintas inquietudes relacionadas con el cuidado del medio ambiente, entre otras.
La llegada de Patagonia Gold a la Región Sur se suma Southern Copper, empresa minera que desarrolla trabajos de explotación en la zona de Los Menucos y a mediados de enero hará lo propio en la zona de El Paisanito, a 90 kilómetros al norte de Jacobacci.
Ver la Nota completa con las posiciones y cronología
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El saqueo del litio en el Noroeste Argentino
El saqueo del litio en el NOA
Fecha de Publicación: 02/01/2018
Fuente: Página 12 - Por Federico Nacif . Sociólogo (UBA), becario Conicet en Temas Estratégicos
Provincia/Región: Noroeste Argentino
Casi todo el mundo sabe hoy que el litio es un metal muy liviano, que sirve para fabricar las baterías recargables que llevan los dispositivos electrónicos portátiles y que también empiezan a ser utilizadas para impulsar los nuevos vehículos eléctricos y almacenar energía renovable. Incluso bastante gente sabe además que los salares de la puna sudamericana contienen enormes reservas de litio, una materia prima “estratégica” que en los últimos años no hizo más que aumentar su precio internacional, “atrayendo” inversiones extractivas directas de todo el globo (si bien el litio no cotiza en bolsa, se estima que entre 2014 y 2016 su valor promedio pasó de 5000 a 7500 dólares la tonelada, alcanzando en el último año picos cercanos a los 18.000 dólares). Sin embargo, no muchos argentinos parecen advertir que hace ya 20 años que una gran corporación química norteamericana llamada FMC Lithium explota el Salar del Hombre Muerto, ubicado en la provincia de Catamarca, posicionándose entre las cuatro mayores productoras mundiales de litio (SQM, Albermale, Tianqui y FMC controlan el 80 por ciento de las exportaciones mundiales). Y muchos menos son los que conocen la manera en que dicha empresa logró adjudicarse en 1991 el contrato de explotación, protagonizando una de las privatizaciones más escandalosas y a la vez más ocultas de nuestra historia reciente. Incluso pareciera desconocerlo la propia gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, que, a pesar de la existencia de severos problemas ambientales y del nulo desarrollo socioeconómico local producido por la empresa tras 20 años de explotación ininterrumpida, envió al senado provincial un proyecto de ley para reducirle las ya minúsculas regalías mineras (del 3 al 2 por ciento) y liberarla de la única regulación que hasta hoy le impide poder especular con las acciones y los derechos mineros de su subsidiaria local, Minera del Altiplano SA. Un breve repaso por esa historia quizás sirva para despejar las dudas que puedan tener los legisladores catamarqueños a la hora de custodiar el interés general.
En realidad, el proyecto que hoy explota la FMC sobre el Salar del Hombre Muerto pertenecía originalmente a la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM), que entre los años 1960 y 1970 exploró los salares de la puna interesada por los usos del litio en la fusión nuclear. Sin embargo, la última dictadura militar –como corresponde– decidió incorporar al litio entre las sustancias concesibles del Código de Minería y en 1982 intentó transferir el proyecto de la estatal DGFM a la norteamericana FMC, que por entonces se llamaba Lithco y afrontaba juicios por contaminación ambiental en Bessemer City. Pero la derrota en la guerra de Malvinas interrumpió el proceso licitatorio y la empresa norteamericana debió esperar hasta la llegada de Menem. En efecto, después de varios intentos fallidos, en febrero de 1991 logró repentinamente obtener el ansiado contrato de explotación, debiendo reconocer una pequeña participación de la DGFM y de la provincia de Catamarca en la flamante Minera del Altiplano SA que se haría cargo del proyecto (2,5 por ciento para cada una), con la correspondiente designación de un miembro en el directorio. Según Vicente Méndez, por entonces jefe del Departamento de Geología y Minería de la DGFM, la “expeditiva resolución” se debió al famoso crimen de María Soledad ocurrido en septiembre de 1990, que habría llevado alas autoridades provinciales a confirmar velozmente la transferencia de los dos proyectos más relevantes de la minería argentina –Salar del Hombre Muerto y Bajo La Alumbrera–, suponiendo que ambos contratos “descargarían las tensiones y llevarían el olvido a las multitudes que diariamente pugnaban con sus marchas contra la estabilidad del gobierno de (Ramón) Saadi pidiendo justicia” (Méndez, 2004: 17). Al mes siguiente, el gobernador fue destituido y la provincia intervenida por el gobierno central.
En los años siguientes, las reformas legales e institucionales impulsadas por el Banco Mundial para el sector minero argentino (Pasma), no harían más que consagrar un régimen sectorial diseñado a la medida de las corporaciones mineras que ya se habían radicado en el país. De esa forma, a la Ley de Inversiones Mineras de 1993 (que garantiza enormes beneficios impositivos, 30 años de estabilidad fiscal y regalías limitadas al 3 por ciento),se suma la incorporación del artículo 124 a la Constitución Nacional que transfirió los recursos naturales a las provincias y –como si eso no fuera suficiente– un régimen de reintegro adicional para las exportaciones mineras de la Puna (originalmente del 5 por ciento, reducido a la mitad en enero de 2002). En el caso particular de la FMC, la Reforma del Estado de Menem liquidó la DGFM, cediendo a la provincia de Catamarca su participación en Minera del Altiplano SA, que así debía subir al 5 por ciento. Pero en 1994, el entonces gobernador Arnoldo Castillo (que había gobernado la provincia durante la dictadura militar), consideró que esa mínima regulación era excesiva y firmó un nuevo contrato con la empresa, eximiéndola de pagar el canon de agua y reduciendo la participación provincial al 3 por ciento.
Cabe recordar que, por aquel entonces, la FMC también tenía los ojos puestos sobre el Salar de Uyuni ubicado en Bolivia (la mayor reserva de litio del mundo). Pero en 1993 decidió renunciar al contrato de explotación adjudicado, debido a las condiciones de participación y fiscalización pública que las universidades y el parlamento boliviano pretendían exigirle, en medio de extensas e intensas protestas sociales en todo el país (allí mismo el actual gobierno de Bolivia impulsa hoy un proyecto de industrialización 100 por ciento estatal). Si bien el Salar del Hombre Muerto era de menor relevancia, la FMC decidió privilegiar una política minera que, en los hechos, se reducía al 3 por ciento de regalías, sin ningún límite ni control en la extracción de salmueras y en el consumo de agua dulce y una participación del estado provincial que apenas le exigía no vender las acciones del proyecto ni los derechos mineros que le habían sido transferidos por la empresa estatal.
Así fue como, a fines de 1997, Minera del Altiplano SA logró inaugurar el proyecto de litio sobre el Salar del Hombre Muerto, donde posee una planta de carbonato de litio, más una planta de cloruro de litio ubicada en General Güemes, Salta, sumando una producción anual promedio de 16.500 toneladas que exporta en su totalidad vía puerto chileno, principalmente a sus propias plantas industriales de EE.UU. y a China. Mientras tanto, el departamento de Antofagasta de las Sierras donde se encuentra el Salar del Hombre Muerto, aún permanece aislado (los operarios son trasladados en avión al proyecto que posee su propia pista de aterrizajes), su escasa población de 1500 habitantes carece de los servicios básicos y la Dirección de Gestión Ambiental Minera recibió serias denuncias por la contaminación del delta del río Trapiche (que drena al sur del salar donde se emplazan las instalaciones de la empresa).
De esta forma, a diferencia de lo que ocurre en Chile y en Bolivia (que también poseen enormes reservas de litio bajo sus salares andinos), la legislación argentina no reconoce el carácter “estratégico” del litio, permitiendo al sector privado acceder a los yacimientos públicos a través de una concesión minera ordinaria y disponer de ellos libremente para venderlos, arrendarlos, hipotecarlos o explotarlos hasta agotarlos, con el ritmo, la escala y las consecuencias ambientales que quieran. Es por ello que hoy, frente a la creciente demanda internacional, las inversiones extractivas directas se apuran por adquirir derechos sobre nuestros salares, incluidas las grandes corporaciones globales del litio, como la chilena SQM, controlada por el ex yerno de Pinochet, que no puede ampliar su explotación en el salar de Atacama por protagonizar los mayores escándalos de corrupción de la historia de Chile (pero es recibida con total pleitesía por el gobierno de Jujuy e incluso por el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri).
Para no ser menos, la gobernadora de Catamarca y presidente del PJ provincial, Lucía Benigna Corpacci, decidió ponerse a tono con la política minera de Cambiemos y, luego de celebrar el fin de las retenciones, prometió públicamente a los gerentes de la FMC modificar los contratos de explotación vigentes para reducir las regalías en un 2 por ciento sobre el valor de las venta y liberarla del impedimento de vender las acciones y los derechos mineros sobre el Salar del Hombre Muerto. En otras palabras, si en los ´90 renunciamos a la propiedad estatal de uno de los mayores proyectos de litio del mundo, ahora pretenden que renunciemos también a regular siquiera el alquiler. Sin embargo, según los propios contratos de privatización, cualquier nueva modificación deberá ser refrendada por el parlamento provincial. Aunque parezca mentira, una vez más, funcionarios y gerentes buscan convencer a los legisladores y a la sociedad civil de la urgente necesidad de eliminar cualquier vestigio de regulación soberana sobre los bienes comunes del subsuelo, con las mismas promesas incumplidas del pasado: promover las inversiones extractivas directas para generar empleo e infraestructura en la comunidad, sin perjudicar el medio ambiente. Esta vez, sin embargo, ya no hay lugar para crédulos, ingenuos o distraídos.
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Fecha de Publicación: 02/01/2018
Fuente: Página 12 - Por Federico Nacif . Sociólogo (UBA), becario Conicet en Temas Estratégicos
Provincia/Región: Noroeste Argentino
Casi todo el mundo sabe hoy que el litio es un metal muy liviano, que sirve para fabricar las baterías recargables que llevan los dispositivos electrónicos portátiles y que también empiezan a ser utilizadas para impulsar los nuevos vehículos eléctricos y almacenar energía renovable. Incluso bastante gente sabe además que los salares de la puna sudamericana contienen enormes reservas de litio, una materia prima “estratégica” que en los últimos años no hizo más que aumentar su precio internacional, “atrayendo” inversiones extractivas directas de todo el globo (si bien el litio no cotiza en bolsa, se estima que entre 2014 y 2016 su valor promedio pasó de 5000 a 7500 dólares la tonelada, alcanzando en el último año picos cercanos a los 18.000 dólares). Sin embargo, no muchos argentinos parecen advertir que hace ya 20 años que una gran corporación química norteamericana llamada FMC Lithium explota el Salar del Hombre Muerto, ubicado en la provincia de Catamarca, posicionándose entre las cuatro mayores productoras mundiales de litio (SQM, Albermale, Tianqui y FMC controlan el 80 por ciento de las exportaciones mundiales). Y muchos menos son los que conocen la manera en que dicha empresa logró adjudicarse en 1991 el contrato de explotación, protagonizando una de las privatizaciones más escandalosas y a la vez más ocultas de nuestra historia reciente. Incluso pareciera desconocerlo la propia gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, que, a pesar de la existencia de severos problemas ambientales y del nulo desarrollo socioeconómico local producido por la empresa tras 20 años de explotación ininterrumpida, envió al senado provincial un proyecto de ley para reducirle las ya minúsculas regalías mineras (del 3 al 2 por ciento) y liberarla de la única regulación que hasta hoy le impide poder especular con las acciones y los derechos mineros de su subsidiaria local, Minera del Altiplano SA. Un breve repaso por esa historia quizás sirva para despejar las dudas que puedan tener los legisladores catamarqueños a la hora de custodiar el interés general.
En realidad, el proyecto que hoy explota la FMC sobre el Salar del Hombre Muerto pertenecía originalmente a la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM), que entre los años 1960 y 1970 exploró los salares de la puna interesada por los usos del litio en la fusión nuclear. Sin embargo, la última dictadura militar –como corresponde– decidió incorporar al litio entre las sustancias concesibles del Código de Minería y en 1982 intentó transferir el proyecto de la estatal DGFM a la norteamericana FMC, que por entonces se llamaba Lithco y afrontaba juicios por contaminación ambiental en Bessemer City. Pero la derrota en la guerra de Malvinas interrumpió el proceso licitatorio y la empresa norteamericana debió esperar hasta la llegada de Menem. En efecto, después de varios intentos fallidos, en febrero de 1991 logró repentinamente obtener el ansiado contrato de explotación, debiendo reconocer una pequeña participación de la DGFM y de la provincia de Catamarca en la flamante Minera del Altiplano SA que se haría cargo del proyecto (2,5 por ciento para cada una), con la correspondiente designación de un miembro en el directorio. Según Vicente Méndez, por entonces jefe del Departamento de Geología y Minería de la DGFM, la “expeditiva resolución” se debió al famoso crimen de María Soledad ocurrido en septiembre de 1990, que habría llevado alas autoridades provinciales a confirmar velozmente la transferencia de los dos proyectos más relevantes de la minería argentina –Salar del Hombre Muerto y Bajo La Alumbrera–, suponiendo que ambos contratos “descargarían las tensiones y llevarían el olvido a las multitudes que diariamente pugnaban con sus marchas contra la estabilidad del gobierno de (Ramón) Saadi pidiendo justicia” (Méndez, 2004: 17). Al mes siguiente, el gobernador fue destituido y la provincia intervenida por el gobierno central.
En los años siguientes, las reformas legales e institucionales impulsadas por el Banco Mundial para el sector minero argentino (Pasma), no harían más que consagrar un régimen sectorial diseñado a la medida de las corporaciones mineras que ya se habían radicado en el país. De esa forma, a la Ley de Inversiones Mineras de 1993 (que garantiza enormes beneficios impositivos, 30 años de estabilidad fiscal y regalías limitadas al 3 por ciento),se suma la incorporación del artículo 124 a la Constitución Nacional que transfirió los recursos naturales a las provincias y –como si eso no fuera suficiente– un régimen de reintegro adicional para las exportaciones mineras de la Puna (originalmente del 5 por ciento, reducido a la mitad en enero de 2002). En el caso particular de la FMC, la Reforma del Estado de Menem liquidó la DGFM, cediendo a la provincia de Catamarca su participación en Minera del Altiplano SA, que así debía subir al 5 por ciento. Pero en 1994, el entonces gobernador Arnoldo Castillo (que había gobernado la provincia durante la dictadura militar), consideró que esa mínima regulación era excesiva y firmó un nuevo contrato con la empresa, eximiéndola de pagar el canon de agua y reduciendo la participación provincial al 3 por ciento.
Cabe recordar que, por aquel entonces, la FMC también tenía los ojos puestos sobre el Salar de Uyuni ubicado en Bolivia (la mayor reserva de litio del mundo). Pero en 1993 decidió renunciar al contrato de explotación adjudicado, debido a las condiciones de participación y fiscalización pública que las universidades y el parlamento boliviano pretendían exigirle, en medio de extensas e intensas protestas sociales en todo el país (allí mismo el actual gobierno de Bolivia impulsa hoy un proyecto de industrialización 100 por ciento estatal). Si bien el Salar del Hombre Muerto era de menor relevancia, la FMC decidió privilegiar una política minera que, en los hechos, se reducía al 3 por ciento de regalías, sin ningún límite ni control en la extracción de salmueras y en el consumo de agua dulce y una participación del estado provincial que apenas le exigía no vender las acciones del proyecto ni los derechos mineros que le habían sido transferidos por la empresa estatal.
Así fue como, a fines de 1997, Minera del Altiplano SA logró inaugurar el proyecto de litio sobre el Salar del Hombre Muerto, donde posee una planta de carbonato de litio, más una planta de cloruro de litio ubicada en General Güemes, Salta, sumando una producción anual promedio de 16.500 toneladas que exporta en su totalidad vía puerto chileno, principalmente a sus propias plantas industriales de EE.UU. y a China. Mientras tanto, el departamento de Antofagasta de las Sierras donde se encuentra el Salar del Hombre Muerto, aún permanece aislado (los operarios son trasladados en avión al proyecto que posee su propia pista de aterrizajes), su escasa población de 1500 habitantes carece de los servicios básicos y la Dirección de Gestión Ambiental Minera recibió serias denuncias por la contaminación del delta del río Trapiche (que drena al sur del salar donde se emplazan las instalaciones de la empresa).
De esta forma, a diferencia de lo que ocurre en Chile y en Bolivia (que también poseen enormes reservas de litio bajo sus salares andinos), la legislación argentina no reconoce el carácter “estratégico” del litio, permitiendo al sector privado acceder a los yacimientos públicos a través de una concesión minera ordinaria y disponer de ellos libremente para venderlos, arrendarlos, hipotecarlos o explotarlos hasta agotarlos, con el ritmo, la escala y las consecuencias ambientales que quieran. Es por ello que hoy, frente a la creciente demanda internacional, las inversiones extractivas directas se apuran por adquirir derechos sobre nuestros salares, incluidas las grandes corporaciones globales del litio, como la chilena SQM, controlada por el ex yerno de Pinochet, que no puede ampliar su explotación en el salar de Atacama por protagonizar los mayores escándalos de corrupción de la historia de Chile (pero es recibida con total pleitesía por el gobierno de Jujuy e incluso por el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri).
Para no ser menos, la gobernadora de Catamarca y presidente del PJ provincial, Lucía Benigna Corpacci, decidió ponerse a tono con la política minera de Cambiemos y, luego de celebrar el fin de las retenciones, prometió públicamente a los gerentes de la FMC modificar los contratos de explotación vigentes para reducir las regalías en un 2 por ciento sobre el valor de las venta y liberarla del impedimento de vender las acciones y los derechos mineros sobre el Salar del Hombre Muerto. En otras palabras, si en los ´90 renunciamos a la propiedad estatal de uno de los mayores proyectos de litio del mundo, ahora pretenden que renunciemos también a regular siquiera el alquiler. Sin embargo, según los propios contratos de privatización, cualquier nueva modificación deberá ser refrendada por el parlamento provincial. Aunque parezca mentira, una vez más, funcionarios y gerentes buscan convencer a los legisladores y a la sociedad civil de la urgente necesidad de eliminar cualquier vestigio de regulación soberana sobre los bienes comunes del subsuelo, con las mismas promesas incumplidas del pasado: promover las inversiones extractivas directas para generar empleo e infraestructura en la comunidad, sin perjudicar el medio ambiente. Esta vez, sin embargo, ya no hay lugar para crédulos, ingenuos o distraídos.
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El yaguareté con un final incierto
El yaguareté, entre la recuperación en Misiones y el riesgo extremo en el Chaco
Fecha de Publicación: 01/01/2018
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Nacional
La situación de conservación del yaguareté sigue siendo crítica en Argentina. Si bien este año se dieron a conocer resultados de investigaciones que demostraron que las poblaciones en la provincia de Misiones empezaron a recuperarse gracias a grandes esfuerzos de investigadores y organismos de protección, el panorama en la región chaqueña es más adverso.
La confirmación de que a mediados de este año murió uno de los últimos ejemplares que habitan en las provincias de Chaco y Formosa –donde se estima que no hay más de 20 yaguaretés viviendo en su hábitat natural-, renovó el alerta.
Investigadores del CONICET que trabajan con la especie advierten sobre la necesidad de incrementar las medidas de protección.
A través de comunicados que dieron a conocer días atrás las organizaciones de conservación Proyecto Yaguareté y Red Yaguareté, se confirmó que en 2017 murió uno de los últimos ejemplares de los que se tenía registro en las provincias de Chaco y Formosa.
Después del hallazgo de una cabeza del animal en cercanías a la ciudad de Resistencia, se inició una investigación que movilizó a distintos grupos de científicos que estudian las características y el estado de conservación de la especie en Argentina.
Según explica el investigador adjunto del CONICET en el Instituto de Biología Subtropical (IBS, CONICET – UNaM), Agustín Paviolo, en Argentina sólo existen tres regiones en las que se encuentran yaguaretés viviendo en condiciones naturales: las yungas salteñas, la selva misionera y el bosque chaqueño.
“Aunque todas las poblaciones están muy disminuidas y se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, las que están ubicadas en estos dos últimas áreas del Nordeste son las más comprometidas, debido a una gran diversidad de factores que también tienen que ver con las propias condiciones naturales”, indicó.
Los datos que se obtuvieron tras relevamientos científicos en el área de la provincia de Misiones y zonas aledañas de Brasil revelaron que entre 2005 y 2016 se triplicó la población de yaguaretés y que hay alrededor de 90 ejemplares en su hábitat. En tanto, en la región chaqueña -que abarca a las provincias de Chaco y Formosa- la situación en más grave, ya que se estima que no quedan más de 20.
Además de las huellas que se identifican en terrenos, los registros obtenidos a través de cámaras trampa son una de las principales fuentes que emplean los biólogos para conocer cómo y dónde habitan los yaguaretés que sobreviven en la selva.
“En los últimos años se hicieron relevamientos en superficies muy extensas, tanto de la selva misionera como del bosque chaqueño, pero no hay registros fotográficos en Chaco y Formosa, lo que demuestra que la situación es gravísima”, señala otro de los científicos del CONICET que se dedica a estudiar esta especie y también se desempeña como investigador adjunto en el IBS, Carlos de Ángelo.
Los buenos resultados obtenidos en Misiones, destacan tanto Paviolo como De Ángelo, fueron posible gracias a los esfuerzos sostenidos de distintas instituciones -CONICET, ONGs, organismos estatales, entre otros-, que permitieron el diseño y el desarrollo de distintas políticas de protección de la especie. En la zona del Chaco, la crítica situación exige un mayor compromiso por parte de los sectores involucrados.
Conservar y hacer crecer las poblaciones de yaguaretés no es una tarea sencilla, tanto en Argentina como en otros países de Sudamérica, ya que gran parte del hábitat de este felino se perdió por el crecimiento de las ciudades y las prácticas productivas a gran escala.
Sin embargo, distintos grupos de investigadores del CONICET localizados en diferentes provincias siguen trabajando en la investigación de la especie, abarcando desde aspectos básicos de su ecología hasta sus características genéticas, a fin de encontrar alternativas que permitan conservarla y evitar su extinción.
“El objetivo final de nuestro trabajo como científicos es lograr que toda la información que generamos a través de estas investigaciones pueda ser utilizada por los tomadores de decisiones, para que se puedan adoptar las mejores estrategias que permitan conservar a esta especie, que tiene un rol clave en el ecosistema”, finalizó Carlos De Ángelo.
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Fecha de Publicación: 01/01/2018
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Nacional
La situación de conservación del yaguareté sigue siendo crítica en Argentina. Si bien este año se dieron a conocer resultados de investigaciones que demostraron que las poblaciones en la provincia de Misiones empezaron a recuperarse gracias a grandes esfuerzos de investigadores y organismos de protección, el panorama en la región chaqueña es más adverso.
La confirmación de que a mediados de este año murió uno de los últimos ejemplares que habitan en las provincias de Chaco y Formosa –donde se estima que no hay más de 20 yaguaretés viviendo en su hábitat natural-, renovó el alerta.
Investigadores del CONICET que trabajan con la especie advierten sobre la necesidad de incrementar las medidas de protección.
A través de comunicados que dieron a conocer días atrás las organizaciones de conservación Proyecto Yaguareté y Red Yaguareté, se confirmó que en 2017 murió uno de los últimos ejemplares de los que se tenía registro en las provincias de Chaco y Formosa.
Después del hallazgo de una cabeza del animal en cercanías a la ciudad de Resistencia, se inició una investigación que movilizó a distintos grupos de científicos que estudian las características y el estado de conservación de la especie en Argentina.
Según explica el investigador adjunto del CONICET en el Instituto de Biología Subtropical (IBS, CONICET – UNaM), Agustín Paviolo, en Argentina sólo existen tres regiones en las que se encuentran yaguaretés viviendo en condiciones naturales: las yungas salteñas, la selva misionera y el bosque chaqueño.
“Aunque todas las poblaciones están muy disminuidas y se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, las que están ubicadas en estos dos últimas áreas del Nordeste son las más comprometidas, debido a una gran diversidad de factores que también tienen que ver con las propias condiciones naturales”, indicó.
Los datos que se obtuvieron tras relevamientos científicos en el área de la provincia de Misiones y zonas aledañas de Brasil revelaron que entre 2005 y 2016 se triplicó la población de yaguaretés y que hay alrededor de 90 ejemplares en su hábitat. En tanto, en la región chaqueña -que abarca a las provincias de Chaco y Formosa- la situación en más grave, ya que se estima que no quedan más de 20.
Además de las huellas que se identifican en terrenos, los registros obtenidos a través de cámaras trampa son una de las principales fuentes que emplean los biólogos para conocer cómo y dónde habitan los yaguaretés que sobreviven en la selva.
“En los últimos años se hicieron relevamientos en superficies muy extensas, tanto de la selva misionera como del bosque chaqueño, pero no hay registros fotográficos en Chaco y Formosa, lo que demuestra que la situación es gravísima”, señala otro de los científicos del CONICET que se dedica a estudiar esta especie y también se desempeña como investigador adjunto en el IBS, Carlos de Ángelo.
Los buenos resultados obtenidos en Misiones, destacan tanto Paviolo como De Ángelo, fueron posible gracias a los esfuerzos sostenidos de distintas instituciones -CONICET, ONGs, organismos estatales, entre otros-, que permitieron el diseño y el desarrollo de distintas políticas de protección de la especie. En la zona del Chaco, la crítica situación exige un mayor compromiso por parte de los sectores involucrados.
Conservar y hacer crecer las poblaciones de yaguaretés no es una tarea sencilla, tanto en Argentina como en otros países de Sudamérica, ya que gran parte del hábitat de este felino se perdió por el crecimiento de las ciudades y las prácticas productivas a gran escala.
Sin embargo, distintos grupos de investigadores del CONICET localizados en diferentes provincias siguen trabajando en la investigación de la especie, abarcando desde aspectos básicos de su ecología hasta sus características genéticas, a fin de encontrar alternativas que permitan conservarla y evitar su extinción.
“El objetivo final de nuestro trabajo como científicos es lograr que toda la información que generamos a través de estas investigaciones pueda ser utilizada por los tomadores de decisiones, para que se puedan adoptar las mejores estrategias que permitan conservar a esta especie, que tiene un rol clave en el ecosistema”, finalizó Carlos De Ángelo.
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Santa Fe: liberan dos ejemplares de oso melero
Liberaron a dos ejemplares de oso melero
Fecha de Publicación: 01/01/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
Fecha de Publicación: 01/01/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
Habían sido capturados en zonas urbanas. Uno apareció en Calchaquí y el otro en Vera y Pintado.
Este fin de semana, aparecieron dos ejemplares de oso melero en el norte de la provincia de Santa Fe, fueron capturados y devueltos a su hábitat natural.
Uno de los casos se dio en el casco urbano de la localidad de Calchaquí. Allí, un vecino puso en conocimiento a la Guardia Rural “Los Pumas”. Los agentes pusieron en resguardo al animal y luego coordinaron la liberación del animal con personal de la Subdirección de Ecología.
De acuerdo a lo que se informó el oso fue restituido, previo examen de un médico veterinario, a su hábitat natural.
Un caso similar ocurrió en la localidad de Vera y Pintado cuando un oso melero fue puesto es resguardo y posteriormente devuelto a su hábitat natural por efectivos policiales de la zona.
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Este fin de semana, aparecieron dos ejemplares de oso melero en el norte de la provincia de Santa Fe, fueron capturados y devueltos a su hábitat natural.
Uno de los casos se dio en el casco urbano de la localidad de Calchaquí. Allí, un vecino puso en conocimiento a la Guardia Rural “Los Pumas”. Los agentes pusieron en resguardo al animal y luego coordinaron la liberación del animal con personal de la Subdirección de Ecología.
De acuerdo a lo que se informó el oso fue restituido, previo examen de un médico veterinario, a su hábitat natural.
Un caso similar ocurrió en la localidad de Vera y Pintado cuando un oso melero fue puesto es resguardo y posteriormente devuelto a su hábitat natural por efectivos policiales de la zona.
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Biodiversidad, historia y ¿nuevos paradigmas?
¿Cuánto aguanta la naturaleza?
Fecha de Publicación: 01/01/2018
Fuente: Clarin por Claudio Campagna - Biólogo y médico (UBA- UCLA).
Provincia/Región: Nacional
Argentina fue país ballenero, lobero y ahora será “guanaquero”. Usar a bichos y bosques para mover la rueda económica humana es idea vieja. Entre los siglos XVIII y mediados del XX, bajaron desde el norte, hacia los mares australes, barcos cargados de manos, palos y arpones; volvieron a subir con pieles y aceite. Cazaron ballenas, focas, pingüinos.
No sólo cazando se mata industrialmente. La pesca de gran escala lo hace pescando. Pescar es matar animales. Hay que decirlo, porque a veces no se considera a los peces como formas de vida. Se los ve apretujados en la red o boqueando panza arriba, la mirada de vidrio, convertidos en objeto, como piedras blanditas y olorosas, sin respiro.
Pero el propósito no es criticar el “apaleo”, el “arponeo” y otras maneras del aniquilar. Todos los días se matan vacas y pollos, se dirá. Cierto. Habrá una grosera diferencia entre animal doméstico y ballena, pero muerte es muerte. Lo importante acá es pensar la justificación, el porqué. ¿Cómo se justifica la matanza a escala industrial de especies naturales?
Tomemos el caso de los lobos marinos. En la Patagonia argentina, durante la primera mitad del siglo pasado, se los mató en cuantiosas cantidades. ¿Medio millón? ¿Más? ¿Por qué? Respuesta: porque eran muchos y comían peces; de no intervenir, arruinarían el país. Los promotores del argumento dijeron: “son plaga”, y el Gobierno dijo: “son plagas”. Y los loberos dijeron: “quiero matar, comerciar, ganar plata y un premio al ciudadano ilustre”. Y el Gobierno autorizó, la matanza ocurrió, plata hubo poca y nada de premios. Lo que más hubo es menos lobos. Pasado medio siglo, las poblaciones siguen por debajo de los niveles de antaño.
Con las ballenas se repitió la historia. “Hay como para hacer dulce”, dijeron los capitalistas balleneros, “como para hacer dulce” dijo el Gobierno, y la afirmación de abundancia alcanzó para justificar uno de los peores faunicidios de la historia. Por obra y gracia de un noruego de apellido Larsen, se creó la Compañía Argentina de Pesca S. A., CAP. Hubo plata para barcos a vapor y concesiones de caza en las Islas Georgias. Hubo galpones construidos para desollar animales (infraestructura que quedó abandonada y sirvió de pretexto para el inicio de una guerra).
Hubo arponeros y faenadores y caldereros. Y hubo 20.512 ballenas aniquiladas, sólo en los mares de Georgias y en el primer cuarto de siglo de existencia de la CAP. Hoy, los descendientes de los partícipes son todos ricos, fueron educados en las mejores universidades del universo y gozan de planes de salud inimaginables… lástima que no sea cierto. Se dirá: “quién sabe cuántas conmociones cerebrales se evitaron quemando aceite de ballena en alumbrado público”.
Lo que pocos saben es que, durante la Primera Guerra Mundial, con derivados del aceite de ballenas se elaboraron explosivos; fresquitos: de los mares del sur directo a la trinchera. Sin duda, se encontraron porqués también para eso.
Hoy la rueda rueda ya no más alimentada por lobos y ballenas; sólo japoneses, noruegos y otros pocos macanean acerca de sus tradiciones para seguir arponeando. La nueva ola, en nuestro país, no es pro-arpón ni pro-palo, podría ser pro-tiro. En la actual coyuntura, el enemigo es el guanaco. “Hay guanacos para hacer dulce”, se dice… y se acaba de autorizar la matanza de 6.000 sólo en Santa Cruz. “Es proyecto piloto” se dice… ¿será que piensan autorizar el doble, el triple…?
Siempre se mataron guanacos. Los tehuelches eran expertos. Cada perro ovejero patagónico funciona, en parte, a base de carne de guanaco. Se la provee el puestero, que también la come porque es carne de primera, que caza guanacos autorizado por el dueño, autorizado por el Gobierno. Un dueño dice: “en mi campo hay guanacos como para….”. Y el Gobierno acepta y otorga. El dueño dice: el guanaco rompe alambres, toma agua, come la planta”. Y el Gobierno asiente y firma. Listo el pollo. Si la hecatombe llamada guanaco no es tal, importa poco. El dueño manda, para eso es dueño… de las ovejas, que no son plaga, faltaría más.
El Ministerio de Ambiente acaba de autorizar matar 6.000 guanacos en Santa Cruz. La idea sería arrearlos, esquilarlos y sacrificarlos. ¿Por qué? El “para qué” es menos relevante: las mentes creativas de los “emprendedores” siempre encuentran una explicación a la hora de hacer daño. Los justificativos rezan: los guanacos cruzan las rutas y causan accidentes (no importa si se anda a 150), o: en Santa Cruz hay más guanaco que gente, y el bicho dañino desertifica. Algunos científicos aseguran: “las poblaciones aguantan, métanle tiro nomás”; muchos otros desaprueban.
¿Es que se perdió el sentido común? La racionalidad requiere esfuerzo, ¿pero el sentido común? A los guanacos de Santa Cruz se los matan como se suben montañas: porque están ahí. Se los mata porque un dueño de campo dice que, vendiendo vellón y carne, se va a hacer rico él, dará trabajo a diestra y siniestra, y todos sus empleados se atenderán en la clínica a la que va Maradona… Lo dudo.
En nombre de la razón se cometen sinrazones nutridas en el mal reclamo social y en la enferma letanía sobre la pobreza, siendo que no se mira la injusta repartija de la riqueza. Estamos ante argumentos que perduran porque detrás están las instituciones de la propiedad y de la administración pública, poderes ejercidos en aparente sincronía con lo sustentable. Lo único que se sostiene es el golpe asestado a la naturaleza.
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Fecha de Publicación: 01/01/2018
Fuente: Clarin por Claudio Campagna - Biólogo y médico (UBA- UCLA).
Provincia/Región: Nacional
Argentina fue país ballenero, lobero y ahora será “guanaquero”. Usar a bichos y bosques para mover la rueda económica humana es idea vieja. Entre los siglos XVIII y mediados del XX, bajaron desde el norte, hacia los mares australes, barcos cargados de manos, palos y arpones; volvieron a subir con pieles y aceite. Cazaron ballenas, focas, pingüinos.
No sólo cazando se mata industrialmente. La pesca de gran escala lo hace pescando. Pescar es matar animales. Hay que decirlo, porque a veces no se considera a los peces como formas de vida. Se los ve apretujados en la red o boqueando panza arriba, la mirada de vidrio, convertidos en objeto, como piedras blanditas y olorosas, sin respiro.
Pero el propósito no es criticar el “apaleo”, el “arponeo” y otras maneras del aniquilar. Todos los días se matan vacas y pollos, se dirá. Cierto. Habrá una grosera diferencia entre animal doméstico y ballena, pero muerte es muerte. Lo importante acá es pensar la justificación, el porqué. ¿Cómo se justifica la matanza a escala industrial de especies naturales?
Tomemos el caso de los lobos marinos. En la Patagonia argentina, durante la primera mitad del siglo pasado, se los mató en cuantiosas cantidades. ¿Medio millón? ¿Más? ¿Por qué? Respuesta: porque eran muchos y comían peces; de no intervenir, arruinarían el país. Los promotores del argumento dijeron: “son plaga”, y el Gobierno dijo: “son plagas”. Y los loberos dijeron: “quiero matar, comerciar, ganar plata y un premio al ciudadano ilustre”. Y el Gobierno autorizó, la matanza ocurrió, plata hubo poca y nada de premios. Lo que más hubo es menos lobos. Pasado medio siglo, las poblaciones siguen por debajo de los niveles de antaño.
Con las ballenas se repitió la historia. “Hay como para hacer dulce”, dijeron los capitalistas balleneros, “como para hacer dulce” dijo el Gobierno, y la afirmación de abundancia alcanzó para justificar uno de los peores faunicidios de la historia. Por obra y gracia de un noruego de apellido Larsen, se creó la Compañía Argentina de Pesca S. A., CAP. Hubo plata para barcos a vapor y concesiones de caza en las Islas Georgias. Hubo galpones construidos para desollar animales (infraestructura que quedó abandonada y sirvió de pretexto para el inicio de una guerra).
Hubo arponeros y faenadores y caldereros. Y hubo 20.512 ballenas aniquiladas, sólo en los mares de Georgias y en el primer cuarto de siglo de existencia de la CAP. Hoy, los descendientes de los partícipes son todos ricos, fueron educados en las mejores universidades del universo y gozan de planes de salud inimaginables… lástima que no sea cierto. Se dirá: “quién sabe cuántas conmociones cerebrales se evitaron quemando aceite de ballena en alumbrado público”.
Lo que pocos saben es que, durante la Primera Guerra Mundial, con derivados del aceite de ballenas se elaboraron explosivos; fresquitos: de los mares del sur directo a la trinchera. Sin duda, se encontraron porqués también para eso.
Hoy la rueda rueda ya no más alimentada por lobos y ballenas; sólo japoneses, noruegos y otros pocos macanean acerca de sus tradiciones para seguir arponeando. La nueva ola, en nuestro país, no es pro-arpón ni pro-palo, podría ser pro-tiro. En la actual coyuntura, el enemigo es el guanaco. “Hay guanacos para hacer dulce”, se dice… y se acaba de autorizar la matanza de 6.000 sólo en Santa Cruz. “Es proyecto piloto” se dice… ¿será que piensan autorizar el doble, el triple…?
Siempre se mataron guanacos. Los tehuelches eran expertos. Cada perro ovejero patagónico funciona, en parte, a base de carne de guanaco. Se la provee el puestero, que también la come porque es carne de primera, que caza guanacos autorizado por el dueño, autorizado por el Gobierno. Un dueño dice: “en mi campo hay guanacos como para….”. Y el Gobierno acepta y otorga. El dueño dice: el guanaco rompe alambres, toma agua, come la planta”. Y el Gobierno asiente y firma. Listo el pollo. Si la hecatombe llamada guanaco no es tal, importa poco. El dueño manda, para eso es dueño… de las ovejas, que no son plaga, faltaría más.
El Ministerio de Ambiente acaba de autorizar matar 6.000 guanacos en Santa Cruz. La idea sería arrearlos, esquilarlos y sacrificarlos. ¿Por qué? El “para qué” es menos relevante: las mentes creativas de los “emprendedores” siempre encuentran una explicación a la hora de hacer daño. Los justificativos rezan: los guanacos cruzan las rutas y causan accidentes (no importa si se anda a 150), o: en Santa Cruz hay más guanaco que gente, y el bicho dañino desertifica. Algunos científicos aseguran: “las poblaciones aguantan, métanle tiro nomás”; muchos otros desaprueban.
¿Es que se perdió el sentido común? La racionalidad requiere esfuerzo, ¿pero el sentido común? A los guanacos de Santa Cruz se los matan como se suben montañas: porque están ahí. Se los mata porque un dueño de campo dice que, vendiendo vellón y carne, se va a hacer rico él, dará trabajo a diestra y siniestra, y todos sus empleados se atenderán en la clínica a la que va Maradona… Lo dudo.
En nombre de la razón se cometen sinrazones nutridas en el mal reclamo social y en la enferma letanía sobre la pobreza, siendo que no se mira la injusta repartija de la riqueza. Estamos ante argumentos que perduran porque detrás están las instituciones de la propiedad y de la administración pública, poderes ejercidos en aparente sincronía con lo sustentable. Lo único que se sostiene es el golpe asestado a la naturaleza.
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Entre Ríos aprueba una ley de agroquímicos controversial
Críticas de ambientalistas a la ley de agroquímicos que aprobó el Senado
Fecha de Publicación: 31/12/2017
Fuente: Diario Uno (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
El Senado de Entre Ríos dio media sanción al Proyecto de Ley de Fitosanitarios. La iniciativa fue firmada por los senadores de Cambiemos Francisco Morchio y Nicolás Mattiauda y los representantes del Frente para la Victoria Mario Torres, Ángel Giano, Daniel Olano y Aldo Ballestena.
El Senado provincial aprobó en la noche del martes en la sesión de prórroga un proyecto para regular el uso de agroquímicos en la provincia, sin ser anunciado previamente.
El proyecto ingresó en la misma sesión y fue tratado sobre tablas. Tiene las firmas de los senadores del oficialismo Mario Torres (Villaguay), Ángel Giano (Concordia), Daniel Olano (Islas) y Aldo Ballestena (La Paz), y de Cambiemos por Nicolás Mattiauda (Gualeguaychú) y Francisco Morchio (Gualeguay).
El proyecto que ahora pasa a la Cámara de Diputados tiene 43 artículos (uno es de forma) divididos en 13 capítulos. La iniciativa ya cosechó críticas y el repudio de sectores ambientalistas a través de redes sociales, y cuestionaron que siga manteniéndose como autoridad de aplicación a la Secretaría de Producción.
Al hablar del texto, Torres explicó que al conformarse el actual Cuerpo Legislativo se consideró "imprescindible" trabajar sobre la regulación de los agroquímicos que se usan en procesos productivos. Hubo varias iniciativas en los últimos años y ninguno de ellos alcanzó la sanción definitiva dejando así sin "atender las voces ciudadanas que emanan de los distintos sectores" interesados y ocupados en el tema.
El legislador destacó que se tuvieron en cuanta los trabajos anteriores, tuvieran o no estado parlamentario, y se analizó el derecho comparado de provincias de perfil agrícola como son Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Además, se atendieron los alcances de fallos judiciales en la materia. También destacó el trabajo de la comisión bicameral, que convocó a los sectores interesados en el tema, receptando e incorporando propuestas de universidades, colegios de profesionales, Organizaciones No Gubernamentales, Organismos del Estado, entre otros. Se realizaron encuentros en varios lugares de la provincia para hacer intercambios sobre el tema.
Críticas del Foro
"Es un avance para seguir envenenándonos. Escucharon distintas voces pero se quedaron con las del `agronegocio´. En la jornada de `participación ciudadana´las organizaciones, docentes de escuelas fumigadas y vecinos que padecen el uso de venenos les manifestamos nuestra oposición al proyecto presentado por ustedes, donde la protección de la salud es un mero enunciado `marketinero´", fustigaron desde el Foro Ecologista de Paraná en respuesta a un tuit que publicó el presidente del bloque oficialista en defensa de la propuesta legislativa.
Y añadieron: "En su discurso de hoy (por ayer) dice que se protegerá la salud en el caso que fuera dañada... `en el caso???´ O sea que usted que habla de `un tema muy sensible´desconoce los reclamos de los vecinos afectados, de las madres de niños muertos por cáncer, los estudios de los científicos independientes... Según usted ponen en primer lugar la salud y el órgano de aplicación de la misma sigue siendo la Secretaría de Producción???? Mencionó que habían analizado el proyecto del senador BAllestena y por qué no habló del proyecto del senador (César) Melchiori que tuvo media sanción en ese Senado??... Será porque ese proyecto cuenta con el apoyo de las organizaciones ambientales??? Repudio".
Fecha de Publicación: 31/12/2017
Fuente: Diario Uno (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
El Senado de Entre Ríos dio media sanción al Proyecto de Ley de Fitosanitarios. La iniciativa fue firmada por los senadores de Cambiemos Francisco Morchio y Nicolás Mattiauda y los representantes del Frente para la Victoria Mario Torres, Ángel Giano, Daniel Olano y Aldo Ballestena.
El Senado provincial aprobó en la noche del martes en la sesión de prórroga un proyecto para regular el uso de agroquímicos en la provincia, sin ser anunciado previamente.
El proyecto ingresó en la misma sesión y fue tratado sobre tablas. Tiene las firmas de los senadores del oficialismo Mario Torres (Villaguay), Ángel Giano (Concordia), Daniel Olano (Islas) y Aldo Ballestena (La Paz), y de Cambiemos por Nicolás Mattiauda (Gualeguaychú) y Francisco Morchio (Gualeguay).
El proyecto que ahora pasa a la Cámara de Diputados tiene 43 artículos (uno es de forma) divididos en 13 capítulos. La iniciativa ya cosechó críticas y el repudio de sectores ambientalistas a través de redes sociales, y cuestionaron que siga manteniéndose como autoridad de aplicación a la Secretaría de Producción.
Al hablar del texto, Torres explicó que al conformarse el actual Cuerpo Legislativo se consideró "imprescindible" trabajar sobre la regulación de los agroquímicos que se usan en procesos productivos. Hubo varias iniciativas en los últimos años y ninguno de ellos alcanzó la sanción definitiva dejando así sin "atender las voces ciudadanas que emanan de los distintos sectores" interesados y ocupados en el tema.
El legislador destacó que se tuvieron en cuanta los trabajos anteriores, tuvieran o no estado parlamentario, y se analizó el derecho comparado de provincias de perfil agrícola como son Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Además, se atendieron los alcances de fallos judiciales en la materia. También destacó el trabajo de la comisión bicameral, que convocó a los sectores interesados en el tema, receptando e incorporando propuestas de universidades, colegios de profesionales, Organizaciones No Gubernamentales, Organismos del Estado, entre otros. Se realizaron encuentros en varios lugares de la provincia para hacer intercambios sobre el tema.
Críticas del Foro
"Es un avance para seguir envenenándonos. Escucharon distintas voces pero se quedaron con las del `agronegocio´. En la jornada de `participación ciudadana´las organizaciones, docentes de escuelas fumigadas y vecinos que padecen el uso de venenos les manifestamos nuestra oposición al proyecto presentado por ustedes, donde la protección de la salud es un mero enunciado `marketinero´", fustigaron desde el Foro Ecologista de Paraná en respuesta a un tuit que publicó el presidente del bloque oficialista en defensa de la propuesta legislativa.
Y añadieron: "En su discurso de hoy (por ayer) dice que se protegerá la salud en el caso que fuera dañada... `en el caso???´ O sea que usted que habla de `un tema muy sensible´desconoce los reclamos de los vecinos afectados, de las madres de niños muertos por cáncer, los estudios de los científicos independientes... Según usted ponen en primer lugar la salud y el órgano de aplicación de la misma sigue siendo la Secretaría de Producción???? Mencionó que habían analizado el proyecto del senador BAllestena y por qué no habló del proyecto del senador (César) Melchiori que tuvo media sanción en ese Senado??... Será porque ese proyecto cuenta con el apoyo de las organizaciones ambientales??? Repudio".
Estudian los cambios ambientales pero en barrios
El barrio frente a los cambios ambientales
Fecha de Publicación: 31/12/2017
Fuente: Argentina Investiga
Provincia/Región: Buenos Aires
El objetivo de este trabajo de investigación sobre el agua del arroyo Las Conchitas -un cauce que cruza Florencio Varela y Berazategui, en la provincia de Buenos Aires- es el de evaluar cuán resistente es este ambiente a los cambios, como el cambio climático, siendo éste un recurso hídrico contaminado y rodeado de vecinos que conviven diariamente con esta realidad.
El Dr. Alejandro Crojethovich, docente e investigador de la UNAJ, encabeza el proyecto de investigación llamado “Agua y Territorio: Vulnerabilidad ambiental, organización social y resiliencia urbana en el conurbano sur de la región metropolitana de Buenos Aires”, cuyo objetivo es lograr, a través del análisis de muestras de agua de los arroyos, encuestas a los vecinos y a las industrias, e información sobre la gestión que realiza el municipio, conocer cómo se organizan vecinos, industrias y municipio, y saber si el sistema es resiliente frente a cambios que se vienen, como el cambio climático.
En calle 50 y 118 del barrio El Rincón, en Berazategui, provincia de Buenos Aires, el olor se percibe apenas uno se acerca al arroyo. Aunque tolerable, las marcas de la contaminación están allí presentes. Es el denominado “punto 15” del arroyo San Juan –un cauce que también analizan- y que Crojethovich ubica a través de un GPS satelital.
La investigación también se centra en la afectación que tiene el medio natural sobre los vecinos “porque si bien la mayoría no utiliza el agua, algunos sí la usan en el verano para bañarse. Ese agua va a las napas subterráneas y en esos lugares no hay sistema de agua de red; por lo tanto, los vecinos terminan tomando el mismo agua que viene del arroyo. Y también en el arroyo hay basura, criadero de ratas y se producen una serie de enfermedades que están relacionadas con el recurso hídrico”, explica el docente.
“En el verano no se puede estar afuera del olor”, nos cuenta una vecina que tiene cinco hijos, la mayoría de ellos con afecciones intestinales permanentes. Es jefa de familia y vive en una casa precaria, con agua potable pero sin cloacas, donde si no echa veneno se llena de ratas.
Según nos cuenta la mujer, estuvieron limpiando el arroyo, pero cuando se inunda “trae toda la basura de quién sabe dónde”. El agua llegó hasta su casa hace unos años atrás y por supuesto que preocupa. Por eso, entre los vecinos intentan mantener limpio. No obstante, la acción ciudadana no resulta del todo eficaz porque no deja de estar contaminado. Este es uno de los ejes que trabaja Crojethovich.
“Trabajamos con el agua como recurso y con los actores que de alguna forma rodean ese recurso, que para nosotros son las industrias, la población -que también utiliza el agua para beber y sus actividades- y, por otro lado, el propio arroyo como ecosistema. Y a eso se junta el tema institucional, a partir de la gestión que puede hacer el municipio”, cuenta el investigador.
El proyecto consta de varias etapas y se lleva adelante con una serie de puntos de muestreo donde se toman muestras de agua y, en el mismo lugar, se realizan una serie de mediciones básicas con una sonda. También se toman muestras que analizan en laboratorio para determinar la contaminación existente.
Un tema a destacar es que en el proyecto participan docentes de distintas disciplinas, graduados, estudiantes de la Universidad Arturo Jauretche y de otras instituciones, entre ellos el arquitecto Fernando Mendizábal Mendoza, de Bolivia, quien se encuentra hace dos años cursando la Maestría en Gestión Ambiental Metropolitana en la UBA y comenzó a realizar su trabajo de tesis sobre la gobernanza del agua en el arroyo Las Conchitas 2006-2016.
Así es que se contactó con el Dr. Crojethovich, quien ahora es uno de los directores de su trabajo de tesis. “Me interesaron sus publicaciones, su forma de abordar la ecología urbana y su enfoque en territorio y agua”, contó Mendizábal.
Para Mendizábal Mendoza, realizar esta experiencia resulta un interesante aporte ya que le plantea el desafío de coordinar distintos modos de abordar la investigación y de pensar este trabajo como aporte a su disciplina, tanto en nuestro país como en el propio.
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Fecha de Publicación: 31/12/2017
Fuente: Argentina Investiga
Provincia/Región: Buenos Aires
El objetivo de este trabajo de investigación sobre el agua del arroyo Las Conchitas -un cauce que cruza Florencio Varela y Berazategui, en la provincia de Buenos Aires- es el de evaluar cuán resistente es este ambiente a los cambios, como el cambio climático, siendo éste un recurso hídrico contaminado y rodeado de vecinos que conviven diariamente con esta realidad.
El Dr. Alejandro Crojethovich, docente e investigador de la UNAJ, encabeza el proyecto de investigación llamado “Agua y Territorio: Vulnerabilidad ambiental, organización social y resiliencia urbana en el conurbano sur de la región metropolitana de Buenos Aires”, cuyo objetivo es lograr, a través del análisis de muestras de agua de los arroyos, encuestas a los vecinos y a las industrias, e información sobre la gestión que realiza el municipio, conocer cómo se organizan vecinos, industrias y municipio, y saber si el sistema es resiliente frente a cambios que se vienen, como el cambio climático.
En calle 50 y 118 del barrio El Rincón, en Berazategui, provincia de Buenos Aires, el olor se percibe apenas uno se acerca al arroyo. Aunque tolerable, las marcas de la contaminación están allí presentes. Es el denominado “punto 15” del arroyo San Juan –un cauce que también analizan- y que Crojethovich ubica a través de un GPS satelital.
La investigación también se centra en la afectación que tiene el medio natural sobre los vecinos “porque si bien la mayoría no utiliza el agua, algunos sí la usan en el verano para bañarse. Ese agua va a las napas subterráneas y en esos lugares no hay sistema de agua de red; por lo tanto, los vecinos terminan tomando el mismo agua que viene del arroyo. Y también en el arroyo hay basura, criadero de ratas y se producen una serie de enfermedades que están relacionadas con el recurso hídrico”, explica el docente.
“En el verano no se puede estar afuera del olor”, nos cuenta una vecina que tiene cinco hijos, la mayoría de ellos con afecciones intestinales permanentes. Es jefa de familia y vive en una casa precaria, con agua potable pero sin cloacas, donde si no echa veneno se llena de ratas.
Según nos cuenta la mujer, estuvieron limpiando el arroyo, pero cuando se inunda “trae toda la basura de quién sabe dónde”. El agua llegó hasta su casa hace unos años atrás y por supuesto que preocupa. Por eso, entre los vecinos intentan mantener limpio. No obstante, la acción ciudadana no resulta del todo eficaz porque no deja de estar contaminado. Este es uno de los ejes que trabaja Crojethovich.
“Trabajamos con el agua como recurso y con los actores que de alguna forma rodean ese recurso, que para nosotros son las industrias, la población -que también utiliza el agua para beber y sus actividades- y, por otro lado, el propio arroyo como ecosistema. Y a eso se junta el tema institucional, a partir de la gestión que puede hacer el municipio”, cuenta el investigador.
El proyecto consta de varias etapas y se lleva adelante con una serie de puntos de muestreo donde se toman muestras de agua y, en el mismo lugar, se realizan una serie de mediciones básicas con una sonda. También se toman muestras que analizan en laboratorio para determinar la contaminación existente.
Un tema a destacar es que en el proyecto participan docentes de distintas disciplinas, graduados, estudiantes de la Universidad Arturo Jauretche y de otras instituciones, entre ellos el arquitecto Fernando Mendizábal Mendoza, de Bolivia, quien se encuentra hace dos años cursando la Maestría en Gestión Ambiental Metropolitana en la UBA y comenzó a realizar su trabajo de tesis sobre la gobernanza del agua en el arroyo Las Conchitas 2006-2016.
Así es que se contactó con el Dr. Crojethovich, quien ahora es uno de los directores de su trabajo de tesis. “Me interesaron sus publicaciones, su forma de abordar la ecología urbana y su enfoque en territorio y agua”, contó Mendizábal.
Para Mendizábal Mendoza, realizar esta experiencia resulta un interesante aporte ya que le plantea el desafío de coordinar distintos modos de abordar la investigación y de pensar este trabajo como aporte a su disciplina, tanto en nuestro país como en el propio.
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Gualeguaychú sigue de reuniones por el glifosato
Continúan las reuniones por el proyecto de prohibición del glifosato
Fecha de Publicación: 31/12/2017
Fuente: Radio Máxima
Provincia/Región: Entre Ríos
Los concejales de los tres bloques mantuvieron un encuentro con representantes del Colegio de profesionales de la Agronomía de Entre Ríos y comerciantes locales.
En el marco del tratamiento del proyectos de ordenanza, el martes por la mañana mantuvieron un encuentro con representantes del Colegio de profesionales de la Agronomía de Entre Ríos y comerciantes locales.
Los concejales continúan trabajando en el proyecto de ordenanza elevado por el Ejecutivo municipal, en el que se propone la prohibición del uso, aplicación, movimiento, comercialización de agrotóxicos en todo el éjido de la ciudad. En este sentido, el martes por la mañana en comisión de conjuntas tuvo lugar una reunión con referentes del Colegio de profesionales de la Agronomía de Entre Ríos y comerciantes locales, quienes expusieron su posición ante la problemática de los agrotóxicos y el sentido de la ordenanza. El debate resultó enriquecedor, y hubo una coincidencia general al destacarse el carácter nocivo de este tipo de productos y la necesidad de regular y controlar su aplicación.
Estuvieron presentes los concejales de los tres bloques (Frente para la Victoria, Cambiemos y UNA), el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Dr. Jorge Maradey; personal de dirección de Medio Ambiente. Por Colegio de Profesionales de la Agronomía participaron Gabriela Zermatten y Néstor E. Bogliacino; por Empresa Fanega, Gerónimo Angelini; por Empresa los Grobo Agropecuaria S.A., Martina Tomietto; por Agrogestión del Litoral S.A., Gabriel Casasola.
Cabe destacar que se programan reuniones con diferentes instituciones, actores sociales y de la economía local que han presentado su interés en la temática a través del expediente. En este sentido, por la tarde del martes los concejales mantendrán un encuentro con representantes de la Mesa de enlace local (Sociedad Rural Argentina, Sociedad Rural Gualeguaychú y Federación Agraria Gualeguaychú); el miércoles con miembros de la Asamblea Ciudadana Ambiental y grupos de vecinos de Pueblo Belgrano, Colectivo Me hago cargo, Foro Ecologista Paraná, Universidad Autónoma de Entre Ríos, y otros.
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Fecha de Publicación: 31/12/2017
Fuente: Radio Máxima
Provincia/Región: Entre Ríos
Los concejales de los tres bloques mantuvieron un encuentro con representantes del Colegio de profesionales de la Agronomía de Entre Ríos y comerciantes locales.
En el marco del tratamiento del proyectos de ordenanza, el martes por la mañana mantuvieron un encuentro con representantes del Colegio de profesionales de la Agronomía de Entre Ríos y comerciantes locales.
Los concejales continúan trabajando en el proyecto de ordenanza elevado por el Ejecutivo municipal, en el que se propone la prohibición del uso, aplicación, movimiento, comercialización de agrotóxicos en todo el éjido de la ciudad. En este sentido, el martes por la mañana en comisión de conjuntas tuvo lugar una reunión con referentes del Colegio de profesionales de la Agronomía de Entre Ríos y comerciantes locales, quienes expusieron su posición ante la problemática de los agrotóxicos y el sentido de la ordenanza. El debate resultó enriquecedor, y hubo una coincidencia general al destacarse el carácter nocivo de este tipo de productos y la necesidad de regular y controlar su aplicación.
Estuvieron presentes los concejales de los tres bloques (Frente para la Victoria, Cambiemos y UNA), el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Dr. Jorge Maradey; personal de dirección de Medio Ambiente. Por Colegio de Profesionales de la Agronomía participaron Gabriela Zermatten y Néstor E. Bogliacino; por Empresa Fanega, Gerónimo Angelini; por Empresa los Grobo Agropecuaria S.A., Martina Tomietto; por Agrogestión del Litoral S.A., Gabriel Casasola.
Cabe destacar que se programan reuniones con diferentes instituciones, actores sociales y de la economía local que han presentado su interés en la temática a través del expediente. En este sentido, por la tarde del martes los concejales mantendrán un encuentro con representantes de la Mesa de enlace local (Sociedad Rural Argentina, Sociedad Rural Gualeguaychú y Federación Agraria Gualeguaychú); el miércoles con miembros de la Asamblea Ciudadana Ambiental y grupos de vecinos de Pueblo Belgrano, Colectivo Me hago cargo, Foro Ecologista Paraná, Universidad Autónoma de Entre Ríos, y otros.
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