Record de temperatura anual para Argentina
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Según registros del Servicio Meteorológico, 2017 fue el más cálido de la historia en Argentina
Fecha de Publicación: 02/01/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
El 2017 se convirtió en el año más cálido de la historia en Argentina con una temperatura promedio que se ubicó 0,66 grados centígrados por encima de la media normal y superó la marca de 2012 que había sido hasta el momento la más elevada, con un desvío de +0,63 grados centígrados, informó el Servicio Meteorológico Nacional.
Estas cifras evidencian que en los últimos años nuestro país viene experimentando un aumento de temperaturas en casi todas las regiones y que la tendencia está en sintonía con la información de la Organización Meteorológica Mundial, que destaca que, a nivel global, se baten récords de temperaturas cada vez más elevadas, indican desde el organismo.
De acuerdo a los datos provistos por el SMN, los meses más fríos (respecto de la media) fueron octubre y noviembre, en que la atmósfera estuvo muy dinámica, e ingresaron muchos frentes fríos que repercutieron en las temperaturas. "Finalmente, en diciembre culminó una primavera caprichosa y nuevamente la la tendencia volvió a ser positiva", apuntan.
"Si consideramos la evolución climática temporal (desde 1961 hasta 2017) de la anomalía de temperatura media vemos que cada vez es más frecuente registrar años cálidos, y particularmente desde el año 2012 esta tendencia es mucho más significativa respecto de otro años. Los últimos años “fríos” fueron el 2007 y el 2010, aunque en este último la anomalía fue menos destacada".
En la ciudad de Buenos Aires también se batió el récord de calor. Con una temperatura media anual de 18°7 o 18°8, dependiendo de lo que suceda estos últimos días del año, el 2017 es el más caluroso desde que se tienen registros. En este caso, se destrona al año 2015 cuando se registró una temperatura de 18.6°C. La tendencia marca que desde 1906, esta variable va en progresivo aumento y se ve más pronunciada en los últimos 20 años.
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Fecha de Publicación: 02/01/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
El 2017 se convirtió en el año más cálido de la historia en Argentina con una temperatura promedio que se ubicó 0,66 grados centígrados por encima de la media normal y superó la marca de 2012 que había sido hasta el momento la más elevada, con un desvío de +0,63 grados centígrados, informó el Servicio Meteorológico Nacional.
Estas cifras evidencian que en los últimos años nuestro país viene experimentando un aumento de temperaturas en casi todas las regiones y que la tendencia está en sintonía con la información de la Organización Meteorológica Mundial, que destaca que, a nivel global, se baten récords de temperaturas cada vez más elevadas, indican desde el organismo.
De acuerdo a los datos provistos por el SMN, los meses más fríos (respecto de la media) fueron octubre y noviembre, en que la atmósfera estuvo muy dinámica, e ingresaron muchos frentes fríos que repercutieron en las temperaturas. "Finalmente, en diciembre culminó una primavera caprichosa y nuevamente la la tendencia volvió a ser positiva", apuntan.
"Si consideramos la evolución climática temporal (desde 1961 hasta 2017) de la anomalía de temperatura media vemos que cada vez es más frecuente registrar años cálidos, y particularmente desde el año 2012 esta tendencia es mucho más significativa respecto de otro años. Los últimos años “fríos” fueron el 2007 y el 2010, aunque en este último la anomalía fue menos destacada".
En la ciudad de Buenos Aires también se batió el récord de calor. Con una temperatura media anual de 18°7 o 18°8, dependiendo de lo que suceda estos últimos días del año, el 2017 es el más caluroso desde que se tienen registros. En este caso, se destrona al año 2015 cuando se registró una temperatura de 18.6°C. La tendencia marca que desde 1906, esta variable va en progresivo aumento y se ve más pronunciada en los últimos 20 años.
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Calcatreu y las discusiones del cianuro en la megaminería
Calcatreu: cronología del proyecto que reabre el debate por el uso de cianuro
Fecha de Publicación: 02/01/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
El reclamo por el cuidado del medio ambiente en la extracción del oro y la plata choca hace años en la Línea Sur, frente a la intención de traer inversiones. Ahora el proyecto quedó en manos de Patagonia Gold.
El depósito de oro y plata “Calcatreu” fue descubierto en 1997 y se desarrolla desde mayo de 1998 en un campo fiscal ubicado en el paraje Lipetrén Chico, distante a unos 82 kilómetros al sur de Jacobacci.
Hasta 2005 los trabajos de exploración fueron intensos, pero la promulgación de la llamada “ley anticianuro” por parte del ex gobernador Miguel Saiz lo dejó en stand by.
Sin embargo desde que se identificó el potencial hasta la actualidad, las distintas empresas mineras propietarias de los activos mantuvieron su base en Jacobacci, realizando trabajos menores. En el 2012, a pocos días de haber asumido, el exgobernador Carlos Soria derogó la ley anticianuro, rehabilitando la actividad.
Desde abril de este año, directivos de Patagonia Gold mantuvieron distintas reuniones con representantes de los gobiernos Nacional, provincial y municipal y también con referentes y organizaciones de la comunidad jacobaccina, incluyendo a la comunidad mapuche cercana al proyecto, a quienes les han transmitido la idea de desarrollo.
También han recibido distintas inquietudes relacionadas con el cuidado del medio ambiente, entre otras.
La llegada de Patagonia Gold a la Región Sur se suma Southern Copper, empresa minera que desarrolla trabajos de explotación en la zona de Los Menucos y a mediados de enero hará lo propio en la zona de El Paisanito, a 90 kilómetros al norte de Jacobacci.
Ver la Nota completa con las posiciones y cronología
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Fecha de Publicación: 02/01/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
El reclamo por el cuidado del medio ambiente en la extracción del oro y la plata choca hace años en la Línea Sur, frente a la intención de traer inversiones. Ahora el proyecto quedó en manos de Patagonia Gold.
El depósito de oro y plata “Calcatreu” fue descubierto en 1997 y se desarrolla desde mayo de 1998 en un campo fiscal ubicado en el paraje Lipetrén Chico, distante a unos 82 kilómetros al sur de Jacobacci.
Hasta 2005 los trabajos de exploración fueron intensos, pero la promulgación de la llamada “ley anticianuro” por parte del ex gobernador Miguel Saiz lo dejó en stand by.
Sin embargo desde que se identificó el potencial hasta la actualidad, las distintas empresas mineras propietarias de los activos mantuvieron su base en Jacobacci, realizando trabajos menores. En el 2012, a pocos días de haber asumido, el exgobernador Carlos Soria derogó la ley anticianuro, rehabilitando la actividad.
Desde abril de este año, directivos de Patagonia Gold mantuvieron distintas reuniones con representantes de los gobiernos Nacional, provincial y municipal y también con referentes y organizaciones de la comunidad jacobaccina, incluyendo a la comunidad mapuche cercana al proyecto, a quienes les han transmitido la idea de desarrollo.
También han recibido distintas inquietudes relacionadas con el cuidado del medio ambiente, entre otras.
La llegada de Patagonia Gold a la Región Sur se suma Southern Copper, empresa minera que desarrolla trabajos de explotación en la zona de Los Menucos y a mediados de enero hará lo propio en la zona de El Paisanito, a 90 kilómetros al norte de Jacobacci.
Ver la Nota completa con las posiciones y cronología
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El saqueo del litio en el Noroeste Argentino
El saqueo del litio en el NOA
Fecha de Publicación: 02/01/2018
Fuente: Página 12 - Por Federico Nacif . Sociólogo (UBA), becario Conicet en Temas Estratégicos
Provincia/Región: Noroeste Argentino
Casi todo el mundo sabe hoy que el litio es un metal muy liviano, que sirve para fabricar las baterías recargables que llevan los dispositivos electrónicos portátiles y que también empiezan a ser utilizadas para impulsar los nuevos vehículos eléctricos y almacenar energía renovable. Incluso bastante gente sabe además que los salares de la puna sudamericana contienen enormes reservas de litio, una materia prima “estratégica” que en los últimos años no hizo más que aumentar su precio internacional, “atrayendo” inversiones extractivas directas de todo el globo (si bien el litio no cotiza en bolsa, se estima que entre 2014 y 2016 su valor promedio pasó de 5000 a 7500 dólares la tonelada, alcanzando en el último año picos cercanos a los 18.000 dólares). Sin embargo, no muchos argentinos parecen advertir que hace ya 20 años que una gran corporación química norteamericana llamada FMC Lithium explota el Salar del Hombre Muerto, ubicado en la provincia de Catamarca, posicionándose entre las cuatro mayores productoras mundiales de litio (SQM, Albermale, Tianqui y FMC controlan el 80 por ciento de las exportaciones mundiales). Y muchos menos son los que conocen la manera en que dicha empresa logró adjudicarse en 1991 el contrato de explotación, protagonizando una de las privatizaciones más escandalosas y a la vez más ocultas de nuestra historia reciente. Incluso pareciera desconocerlo la propia gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, que, a pesar de la existencia de severos problemas ambientales y del nulo desarrollo socioeconómico local producido por la empresa tras 20 años de explotación ininterrumpida, envió al senado provincial un proyecto de ley para reducirle las ya minúsculas regalías mineras (del 3 al 2 por ciento) y liberarla de la única regulación que hasta hoy le impide poder especular con las acciones y los derechos mineros de su subsidiaria local, Minera del Altiplano SA. Un breve repaso por esa historia quizás sirva para despejar las dudas que puedan tener los legisladores catamarqueños a la hora de custodiar el interés general.
En realidad, el proyecto que hoy explota la FMC sobre el Salar del Hombre Muerto pertenecía originalmente a la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM), que entre los años 1960 y 1970 exploró los salares de la puna interesada por los usos del litio en la fusión nuclear. Sin embargo, la última dictadura militar –como corresponde– decidió incorporar al litio entre las sustancias concesibles del Código de Minería y en 1982 intentó transferir el proyecto de la estatal DGFM a la norteamericana FMC, que por entonces se llamaba Lithco y afrontaba juicios por contaminación ambiental en Bessemer City. Pero la derrota en la guerra de Malvinas interrumpió el proceso licitatorio y la empresa norteamericana debió esperar hasta la llegada de Menem. En efecto, después de varios intentos fallidos, en febrero de 1991 logró repentinamente obtener el ansiado contrato de explotación, debiendo reconocer una pequeña participación de la DGFM y de la provincia de Catamarca en la flamante Minera del Altiplano SA que se haría cargo del proyecto (2,5 por ciento para cada una), con la correspondiente designación de un miembro en el directorio. Según Vicente Méndez, por entonces jefe del Departamento de Geología y Minería de la DGFM, la “expeditiva resolución” se debió al famoso crimen de María Soledad ocurrido en septiembre de 1990, que habría llevado alas autoridades provinciales a confirmar velozmente la transferencia de los dos proyectos más relevantes de la minería argentina –Salar del Hombre Muerto y Bajo La Alumbrera–, suponiendo que ambos contratos “descargarían las tensiones y llevarían el olvido a las multitudes que diariamente pugnaban con sus marchas contra la estabilidad del gobierno de (Ramón) Saadi pidiendo justicia” (Méndez, 2004: 17). Al mes siguiente, el gobernador fue destituido y la provincia intervenida por el gobierno central.
En los años siguientes, las reformas legales e institucionales impulsadas por el Banco Mundial para el sector minero argentino (Pasma), no harían más que consagrar un régimen sectorial diseñado a la medida de las corporaciones mineras que ya se habían radicado en el país. De esa forma, a la Ley de Inversiones Mineras de 1993 (que garantiza enormes beneficios impositivos, 30 años de estabilidad fiscal y regalías limitadas al 3 por ciento),se suma la incorporación del artículo 124 a la Constitución Nacional que transfirió los recursos naturales a las provincias y –como si eso no fuera suficiente– un régimen de reintegro adicional para las exportaciones mineras de la Puna (originalmente del 5 por ciento, reducido a la mitad en enero de 2002). En el caso particular de la FMC, la Reforma del Estado de Menem liquidó la DGFM, cediendo a la provincia de Catamarca su participación en Minera del Altiplano SA, que así debía subir al 5 por ciento. Pero en 1994, el entonces gobernador Arnoldo Castillo (que había gobernado la provincia durante la dictadura militar), consideró que esa mínima regulación era excesiva y firmó un nuevo contrato con la empresa, eximiéndola de pagar el canon de agua y reduciendo la participación provincial al 3 por ciento.
Cabe recordar que, por aquel entonces, la FMC también tenía los ojos puestos sobre el Salar de Uyuni ubicado en Bolivia (la mayor reserva de litio del mundo). Pero en 1993 decidió renunciar al contrato de explotación adjudicado, debido a las condiciones de participación y fiscalización pública que las universidades y el parlamento boliviano pretendían exigirle, en medio de extensas e intensas protestas sociales en todo el país (allí mismo el actual gobierno de Bolivia impulsa hoy un proyecto de industrialización 100 por ciento estatal). Si bien el Salar del Hombre Muerto era de menor relevancia, la FMC decidió privilegiar una política minera que, en los hechos, se reducía al 3 por ciento de regalías, sin ningún límite ni control en la extracción de salmueras y en el consumo de agua dulce y una participación del estado provincial que apenas le exigía no vender las acciones del proyecto ni los derechos mineros que le habían sido transferidos por la empresa estatal.
Así fue como, a fines de 1997, Minera del Altiplano SA logró inaugurar el proyecto de litio sobre el Salar del Hombre Muerto, donde posee una planta de carbonato de litio, más una planta de cloruro de litio ubicada en General Güemes, Salta, sumando una producción anual promedio de 16.500 toneladas que exporta en su totalidad vía puerto chileno, principalmente a sus propias plantas industriales de EE.UU. y a China. Mientras tanto, el departamento de Antofagasta de las Sierras donde se encuentra el Salar del Hombre Muerto, aún permanece aislado (los operarios son trasladados en avión al proyecto que posee su propia pista de aterrizajes), su escasa población de 1500 habitantes carece de los servicios básicos y la Dirección de Gestión Ambiental Minera recibió serias denuncias por la contaminación del delta del río Trapiche (que drena al sur del salar donde se emplazan las instalaciones de la empresa).
De esta forma, a diferencia de lo que ocurre en Chile y en Bolivia (que también poseen enormes reservas de litio bajo sus salares andinos), la legislación argentina no reconoce el carácter “estratégico” del litio, permitiendo al sector privado acceder a los yacimientos públicos a través de una concesión minera ordinaria y disponer de ellos libremente para venderlos, arrendarlos, hipotecarlos o explotarlos hasta agotarlos, con el ritmo, la escala y las consecuencias ambientales que quieran. Es por ello que hoy, frente a la creciente demanda internacional, las inversiones extractivas directas se apuran por adquirir derechos sobre nuestros salares, incluidas las grandes corporaciones globales del litio, como la chilena SQM, controlada por el ex yerno de Pinochet, que no puede ampliar su explotación en el salar de Atacama por protagonizar los mayores escándalos de corrupción de la historia de Chile (pero es recibida con total pleitesía por el gobierno de Jujuy e incluso por el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri).
Para no ser menos, la gobernadora de Catamarca y presidente del PJ provincial, Lucía Benigna Corpacci, decidió ponerse a tono con la política minera de Cambiemos y, luego de celebrar el fin de las retenciones, prometió públicamente a los gerentes de la FMC modificar los contratos de explotación vigentes para reducir las regalías en un 2 por ciento sobre el valor de las venta y liberarla del impedimento de vender las acciones y los derechos mineros sobre el Salar del Hombre Muerto. En otras palabras, si en los ´90 renunciamos a la propiedad estatal de uno de los mayores proyectos de litio del mundo, ahora pretenden que renunciemos también a regular siquiera el alquiler. Sin embargo, según los propios contratos de privatización, cualquier nueva modificación deberá ser refrendada por el parlamento provincial. Aunque parezca mentira, una vez más, funcionarios y gerentes buscan convencer a los legisladores y a la sociedad civil de la urgente necesidad de eliminar cualquier vestigio de regulación soberana sobre los bienes comunes del subsuelo, con las mismas promesas incumplidas del pasado: promover las inversiones extractivas directas para generar empleo e infraestructura en la comunidad, sin perjudicar el medio ambiente. Esta vez, sin embargo, ya no hay lugar para crédulos, ingenuos o distraídos.
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Fecha de Publicación: 02/01/2018
Fuente: Página 12 - Por Federico Nacif . Sociólogo (UBA), becario Conicet en Temas Estratégicos
Provincia/Región: Noroeste Argentino
Casi todo el mundo sabe hoy que el litio es un metal muy liviano, que sirve para fabricar las baterías recargables que llevan los dispositivos electrónicos portátiles y que también empiezan a ser utilizadas para impulsar los nuevos vehículos eléctricos y almacenar energía renovable. Incluso bastante gente sabe además que los salares de la puna sudamericana contienen enormes reservas de litio, una materia prima “estratégica” que en los últimos años no hizo más que aumentar su precio internacional, “atrayendo” inversiones extractivas directas de todo el globo (si bien el litio no cotiza en bolsa, se estima que entre 2014 y 2016 su valor promedio pasó de 5000 a 7500 dólares la tonelada, alcanzando en el último año picos cercanos a los 18.000 dólares). Sin embargo, no muchos argentinos parecen advertir que hace ya 20 años que una gran corporación química norteamericana llamada FMC Lithium explota el Salar del Hombre Muerto, ubicado en la provincia de Catamarca, posicionándose entre las cuatro mayores productoras mundiales de litio (SQM, Albermale, Tianqui y FMC controlan el 80 por ciento de las exportaciones mundiales). Y muchos menos son los que conocen la manera en que dicha empresa logró adjudicarse en 1991 el contrato de explotación, protagonizando una de las privatizaciones más escandalosas y a la vez más ocultas de nuestra historia reciente. Incluso pareciera desconocerlo la propia gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, que, a pesar de la existencia de severos problemas ambientales y del nulo desarrollo socioeconómico local producido por la empresa tras 20 años de explotación ininterrumpida, envió al senado provincial un proyecto de ley para reducirle las ya minúsculas regalías mineras (del 3 al 2 por ciento) y liberarla de la única regulación que hasta hoy le impide poder especular con las acciones y los derechos mineros de su subsidiaria local, Minera del Altiplano SA. Un breve repaso por esa historia quizás sirva para despejar las dudas que puedan tener los legisladores catamarqueños a la hora de custodiar el interés general.
En realidad, el proyecto que hoy explota la FMC sobre el Salar del Hombre Muerto pertenecía originalmente a la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM), que entre los años 1960 y 1970 exploró los salares de la puna interesada por los usos del litio en la fusión nuclear. Sin embargo, la última dictadura militar –como corresponde– decidió incorporar al litio entre las sustancias concesibles del Código de Minería y en 1982 intentó transferir el proyecto de la estatal DGFM a la norteamericana FMC, que por entonces se llamaba Lithco y afrontaba juicios por contaminación ambiental en Bessemer City. Pero la derrota en la guerra de Malvinas interrumpió el proceso licitatorio y la empresa norteamericana debió esperar hasta la llegada de Menem. En efecto, después de varios intentos fallidos, en febrero de 1991 logró repentinamente obtener el ansiado contrato de explotación, debiendo reconocer una pequeña participación de la DGFM y de la provincia de Catamarca en la flamante Minera del Altiplano SA que se haría cargo del proyecto (2,5 por ciento para cada una), con la correspondiente designación de un miembro en el directorio. Según Vicente Méndez, por entonces jefe del Departamento de Geología y Minería de la DGFM, la “expeditiva resolución” se debió al famoso crimen de María Soledad ocurrido en septiembre de 1990, que habría llevado alas autoridades provinciales a confirmar velozmente la transferencia de los dos proyectos más relevantes de la minería argentina –Salar del Hombre Muerto y Bajo La Alumbrera–, suponiendo que ambos contratos “descargarían las tensiones y llevarían el olvido a las multitudes que diariamente pugnaban con sus marchas contra la estabilidad del gobierno de (Ramón) Saadi pidiendo justicia” (Méndez, 2004: 17). Al mes siguiente, el gobernador fue destituido y la provincia intervenida por el gobierno central.
En los años siguientes, las reformas legales e institucionales impulsadas por el Banco Mundial para el sector minero argentino (Pasma), no harían más que consagrar un régimen sectorial diseñado a la medida de las corporaciones mineras que ya se habían radicado en el país. De esa forma, a la Ley de Inversiones Mineras de 1993 (que garantiza enormes beneficios impositivos, 30 años de estabilidad fiscal y regalías limitadas al 3 por ciento),se suma la incorporación del artículo 124 a la Constitución Nacional que transfirió los recursos naturales a las provincias y –como si eso no fuera suficiente– un régimen de reintegro adicional para las exportaciones mineras de la Puna (originalmente del 5 por ciento, reducido a la mitad en enero de 2002). En el caso particular de la FMC, la Reforma del Estado de Menem liquidó la DGFM, cediendo a la provincia de Catamarca su participación en Minera del Altiplano SA, que así debía subir al 5 por ciento. Pero en 1994, el entonces gobernador Arnoldo Castillo (que había gobernado la provincia durante la dictadura militar), consideró que esa mínima regulación era excesiva y firmó un nuevo contrato con la empresa, eximiéndola de pagar el canon de agua y reduciendo la participación provincial al 3 por ciento.
Cabe recordar que, por aquel entonces, la FMC también tenía los ojos puestos sobre el Salar de Uyuni ubicado en Bolivia (la mayor reserva de litio del mundo). Pero en 1993 decidió renunciar al contrato de explotación adjudicado, debido a las condiciones de participación y fiscalización pública que las universidades y el parlamento boliviano pretendían exigirle, en medio de extensas e intensas protestas sociales en todo el país (allí mismo el actual gobierno de Bolivia impulsa hoy un proyecto de industrialización 100 por ciento estatal). Si bien el Salar del Hombre Muerto era de menor relevancia, la FMC decidió privilegiar una política minera que, en los hechos, se reducía al 3 por ciento de regalías, sin ningún límite ni control en la extracción de salmueras y en el consumo de agua dulce y una participación del estado provincial que apenas le exigía no vender las acciones del proyecto ni los derechos mineros que le habían sido transferidos por la empresa estatal.
Así fue como, a fines de 1997, Minera del Altiplano SA logró inaugurar el proyecto de litio sobre el Salar del Hombre Muerto, donde posee una planta de carbonato de litio, más una planta de cloruro de litio ubicada en General Güemes, Salta, sumando una producción anual promedio de 16.500 toneladas que exporta en su totalidad vía puerto chileno, principalmente a sus propias plantas industriales de EE.UU. y a China. Mientras tanto, el departamento de Antofagasta de las Sierras donde se encuentra el Salar del Hombre Muerto, aún permanece aislado (los operarios son trasladados en avión al proyecto que posee su propia pista de aterrizajes), su escasa población de 1500 habitantes carece de los servicios básicos y la Dirección de Gestión Ambiental Minera recibió serias denuncias por la contaminación del delta del río Trapiche (que drena al sur del salar donde se emplazan las instalaciones de la empresa).
De esta forma, a diferencia de lo que ocurre en Chile y en Bolivia (que también poseen enormes reservas de litio bajo sus salares andinos), la legislación argentina no reconoce el carácter “estratégico” del litio, permitiendo al sector privado acceder a los yacimientos públicos a través de una concesión minera ordinaria y disponer de ellos libremente para venderlos, arrendarlos, hipotecarlos o explotarlos hasta agotarlos, con el ritmo, la escala y las consecuencias ambientales que quieran. Es por ello que hoy, frente a la creciente demanda internacional, las inversiones extractivas directas se apuran por adquirir derechos sobre nuestros salares, incluidas las grandes corporaciones globales del litio, como la chilena SQM, controlada por el ex yerno de Pinochet, que no puede ampliar su explotación en el salar de Atacama por protagonizar los mayores escándalos de corrupción de la historia de Chile (pero es recibida con total pleitesía por el gobierno de Jujuy e incluso por el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri).
Para no ser menos, la gobernadora de Catamarca y presidente del PJ provincial, Lucía Benigna Corpacci, decidió ponerse a tono con la política minera de Cambiemos y, luego de celebrar el fin de las retenciones, prometió públicamente a los gerentes de la FMC modificar los contratos de explotación vigentes para reducir las regalías en un 2 por ciento sobre el valor de las venta y liberarla del impedimento de vender las acciones y los derechos mineros sobre el Salar del Hombre Muerto. En otras palabras, si en los ´90 renunciamos a la propiedad estatal de uno de los mayores proyectos de litio del mundo, ahora pretenden que renunciemos también a regular siquiera el alquiler. Sin embargo, según los propios contratos de privatización, cualquier nueva modificación deberá ser refrendada por el parlamento provincial. Aunque parezca mentira, una vez más, funcionarios y gerentes buscan convencer a los legisladores y a la sociedad civil de la urgente necesidad de eliminar cualquier vestigio de regulación soberana sobre los bienes comunes del subsuelo, con las mismas promesas incumplidas del pasado: promover las inversiones extractivas directas para generar empleo e infraestructura en la comunidad, sin perjudicar el medio ambiente. Esta vez, sin embargo, ya no hay lugar para crédulos, ingenuos o distraídos.
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El yaguareté con un final incierto
El yaguareté, entre la recuperación en Misiones y el riesgo extremo en el Chaco
Fecha de Publicación: 01/01/2018
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Nacional
La situación de conservación del yaguareté sigue siendo crítica en Argentina. Si bien este año se dieron a conocer resultados de investigaciones que demostraron que las poblaciones en la provincia de Misiones empezaron a recuperarse gracias a grandes esfuerzos de investigadores y organismos de protección, el panorama en la región chaqueña es más adverso.
La confirmación de que a mediados de este año murió uno de los últimos ejemplares que habitan en las provincias de Chaco y Formosa –donde se estima que no hay más de 20 yaguaretés viviendo en su hábitat natural-, renovó el alerta.
Investigadores del CONICET que trabajan con la especie advierten sobre la necesidad de incrementar las medidas de protección.
A través de comunicados que dieron a conocer días atrás las organizaciones de conservación Proyecto Yaguareté y Red Yaguareté, se confirmó que en 2017 murió uno de los últimos ejemplares de los que se tenía registro en las provincias de Chaco y Formosa.
Después del hallazgo de una cabeza del animal en cercanías a la ciudad de Resistencia, se inició una investigación que movilizó a distintos grupos de científicos que estudian las características y el estado de conservación de la especie en Argentina.
Según explica el investigador adjunto del CONICET en el Instituto de Biología Subtropical (IBS, CONICET – UNaM), Agustín Paviolo, en Argentina sólo existen tres regiones en las que se encuentran yaguaretés viviendo en condiciones naturales: las yungas salteñas, la selva misionera y el bosque chaqueño.
“Aunque todas las poblaciones están muy disminuidas y se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, las que están ubicadas en estos dos últimas áreas del Nordeste son las más comprometidas, debido a una gran diversidad de factores que también tienen que ver con las propias condiciones naturales”, indicó.
Los datos que se obtuvieron tras relevamientos científicos en el área de la provincia de Misiones y zonas aledañas de Brasil revelaron que entre 2005 y 2016 se triplicó la población de yaguaretés y que hay alrededor de 90 ejemplares en su hábitat. En tanto, en la región chaqueña -que abarca a las provincias de Chaco y Formosa- la situación en más grave, ya que se estima que no quedan más de 20.
Además de las huellas que se identifican en terrenos, los registros obtenidos a través de cámaras trampa son una de las principales fuentes que emplean los biólogos para conocer cómo y dónde habitan los yaguaretés que sobreviven en la selva.
“En los últimos años se hicieron relevamientos en superficies muy extensas, tanto de la selva misionera como del bosque chaqueño, pero no hay registros fotográficos en Chaco y Formosa, lo que demuestra que la situación es gravísima”, señala otro de los científicos del CONICET que se dedica a estudiar esta especie y también se desempeña como investigador adjunto en el IBS, Carlos de Ángelo.
Los buenos resultados obtenidos en Misiones, destacan tanto Paviolo como De Ángelo, fueron posible gracias a los esfuerzos sostenidos de distintas instituciones -CONICET, ONGs, organismos estatales, entre otros-, que permitieron el diseño y el desarrollo de distintas políticas de protección de la especie. En la zona del Chaco, la crítica situación exige un mayor compromiso por parte de los sectores involucrados.
Conservar y hacer crecer las poblaciones de yaguaretés no es una tarea sencilla, tanto en Argentina como en otros países de Sudamérica, ya que gran parte del hábitat de este felino se perdió por el crecimiento de las ciudades y las prácticas productivas a gran escala.
Sin embargo, distintos grupos de investigadores del CONICET localizados en diferentes provincias siguen trabajando en la investigación de la especie, abarcando desde aspectos básicos de su ecología hasta sus características genéticas, a fin de encontrar alternativas que permitan conservarla y evitar su extinción.
“El objetivo final de nuestro trabajo como científicos es lograr que toda la información que generamos a través de estas investigaciones pueda ser utilizada por los tomadores de decisiones, para que se puedan adoptar las mejores estrategias que permitan conservar a esta especie, que tiene un rol clave en el ecosistema”, finalizó Carlos De Ángelo.
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Fecha de Publicación: 01/01/2018
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Nacional
La situación de conservación del yaguareté sigue siendo crítica en Argentina. Si bien este año se dieron a conocer resultados de investigaciones que demostraron que las poblaciones en la provincia de Misiones empezaron a recuperarse gracias a grandes esfuerzos de investigadores y organismos de protección, el panorama en la región chaqueña es más adverso.
La confirmación de que a mediados de este año murió uno de los últimos ejemplares que habitan en las provincias de Chaco y Formosa –donde se estima que no hay más de 20 yaguaretés viviendo en su hábitat natural-, renovó el alerta.
Investigadores del CONICET que trabajan con la especie advierten sobre la necesidad de incrementar las medidas de protección.
A través de comunicados que dieron a conocer días atrás las organizaciones de conservación Proyecto Yaguareté y Red Yaguareté, se confirmó que en 2017 murió uno de los últimos ejemplares de los que se tenía registro en las provincias de Chaco y Formosa.
Después del hallazgo de una cabeza del animal en cercanías a la ciudad de Resistencia, se inició una investigación que movilizó a distintos grupos de científicos que estudian las características y el estado de conservación de la especie en Argentina.
Según explica el investigador adjunto del CONICET en el Instituto de Biología Subtropical (IBS, CONICET – UNaM), Agustín Paviolo, en Argentina sólo existen tres regiones en las que se encuentran yaguaretés viviendo en condiciones naturales: las yungas salteñas, la selva misionera y el bosque chaqueño.
“Aunque todas las poblaciones están muy disminuidas y se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, las que están ubicadas en estos dos últimas áreas del Nordeste son las más comprometidas, debido a una gran diversidad de factores que también tienen que ver con las propias condiciones naturales”, indicó.
Los datos que se obtuvieron tras relevamientos científicos en el área de la provincia de Misiones y zonas aledañas de Brasil revelaron que entre 2005 y 2016 se triplicó la población de yaguaretés y que hay alrededor de 90 ejemplares en su hábitat. En tanto, en la región chaqueña -que abarca a las provincias de Chaco y Formosa- la situación en más grave, ya que se estima que no quedan más de 20.
Además de las huellas que se identifican en terrenos, los registros obtenidos a través de cámaras trampa son una de las principales fuentes que emplean los biólogos para conocer cómo y dónde habitan los yaguaretés que sobreviven en la selva.
“En los últimos años se hicieron relevamientos en superficies muy extensas, tanto de la selva misionera como del bosque chaqueño, pero no hay registros fotográficos en Chaco y Formosa, lo que demuestra que la situación es gravísima”, señala otro de los científicos del CONICET que se dedica a estudiar esta especie y también se desempeña como investigador adjunto en el IBS, Carlos de Ángelo.
Los buenos resultados obtenidos en Misiones, destacan tanto Paviolo como De Ángelo, fueron posible gracias a los esfuerzos sostenidos de distintas instituciones -CONICET, ONGs, organismos estatales, entre otros-, que permitieron el diseño y el desarrollo de distintas políticas de protección de la especie. En la zona del Chaco, la crítica situación exige un mayor compromiso por parte de los sectores involucrados.
Conservar y hacer crecer las poblaciones de yaguaretés no es una tarea sencilla, tanto en Argentina como en otros países de Sudamérica, ya que gran parte del hábitat de este felino se perdió por el crecimiento de las ciudades y las prácticas productivas a gran escala.
Sin embargo, distintos grupos de investigadores del CONICET localizados en diferentes provincias siguen trabajando en la investigación de la especie, abarcando desde aspectos básicos de su ecología hasta sus características genéticas, a fin de encontrar alternativas que permitan conservarla y evitar su extinción.
“El objetivo final de nuestro trabajo como científicos es lograr que toda la información que generamos a través de estas investigaciones pueda ser utilizada por los tomadores de decisiones, para que se puedan adoptar las mejores estrategias que permitan conservar a esta especie, que tiene un rol clave en el ecosistema”, finalizó Carlos De Ángelo.
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Santa Fe: liberan dos ejemplares de oso melero
Liberaron a dos ejemplares de oso melero
Fecha de Publicación: 01/01/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
Fecha de Publicación: 01/01/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
Habían sido capturados en zonas urbanas. Uno apareció en Calchaquí y el otro en Vera y Pintado.
Este fin de semana, aparecieron dos ejemplares de oso melero en el norte de la provincia de Santa Fe, fueron capturados y devueltos a su hábitat natural.
Uno de los casos se dio en el casco urbano de la localidad de Calchaquí. Allí, un vecino puso en conocimiento a la Guardia Rural “Los Pumas”. Los agentes pusieron en resguardo al animal y luego coordinaron la liberación del animal con personal de la Subdirección de Ecología.
De acuerdo a lo que se informó el oso fue restituido, previo examen de un médico veterinario, a su hábitat natural.
Un caso similar ocurrió en la localidad de Vera y Pintado cuando un oso melero fue puesto es resguardo y posteriormente devuelto a su hábitat natural por efectivos policiales de la zona.
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Este fin de semana, aparecieron dos ejemplares de oso melero en el norte de la provincia de Santa Fe, fueron capturados y devueltos a su hábitat natural.
Uno de los casos se dio en el casco urbano de la localidad de Calchaquí. Allí, un vecino puso en conocimiento a la Guardia Rural “Los Pumas”. Los agentes pusieron en resguardo al animal y luego coordinaron la liberación del animal con personal de la Subdirección de Ecología.
De acuerdo a lo que se informó el oso fue restituido, previo examen de un médico veterinario, a su hábitat natural.
Un caso similar ocurrió en la localidad de Vera y Pintado cuando un oso melero fue puesto es resguardo y posteriormente devuelto a su hábitat natural por efectivos policiales de la zona.
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Biodiversidad, historia y ¿nuevos paradigmas?
¿Cuánto aguanta la naturaleza?
Fecha de Publicación: 01/01/2018
Fuente: Clarin por Claudio Campagna - Biólogo y médico (UBA- UCLA).
Provincia/Región: Nacional
Argentina fue país ballenero, lobero y ahora será “guanaquero”. Usar a bichos y bosques para mover la rueda económica humana es idea vieja. Entre los siglos XVIII y mediados del XX, bajaron desde el norte, hacia los mares australes, barcos cargados de manos, palos y arpones; volvieron a subir con pieles y aceite. Cazaron ballenas, focas, pingüinos.
No sólo cazando se mata industrialmente. La pesca de gran escala lo hace pescando. Pescar es matar animales. Hay que decirlo, porque a veces no se considera a los peces como formas de vida. Se los ve apretujados en la red o boqueando panza arriba, la mirada de vidrio, convertidos en objeto, como piedras blanditas y olorosas, sin respiro.
Pero el propósito no es criticar el “apaleo”, el “arponeo” y otras maneras del aniquilar. Todos los días se matan vacas y pollos, se dirá. Cierto. Habrá una grosera diferencia entre animal doméstico y ballena, pero muerte es muerte. Lo importante acá es pensar la justificación, el porqué. ¿Cómo se justifica la matanza a escala industrial de especies naturales?
Tomemos el caso de los lobos marinos. En la Patagonia argentina, durante la primera mitad del siglo pasado, se los mató en cuantiosas cantidades. ¿Medio millón? ¿Más? ¿Por qué? Respuesta: porque eran muchos y comían peces; de no intervenir, arruinarían el país. Los promotores del argumento dijeron: “son plaga”, y el Gobierno dijo: “son plagas”. Y los loberos dijeron: “quiero matar, comerciar, ganar plata y un premio al ciudadano ilustre”. Y el Gobierno autorizó, la matanza ocurrió, plata hubo poca y nada de premios. Lo que más hubo es menos lobos. Pasado medio siglo, las poblaciones siguen por debajo de los niveles de antaño.
Con las ballenas se repitió la historia. “Hay como para hacer dulce”, dijeron los capitalistas balleneros, “como para hacer dulce” dijo el Gobierno, y la afirmación de abundancia alcanzó para justificar uno de los peores faunicidios de la historia. Por obra y gracia de un noruego de apellido Larsen, se creó la Compañía Argentina de Pesca S. A., CAP. Hubo plata para barcos a vapor y concesiones de caza en las Islas Georgias. Hubo galpones construidos para desollar animales (infraestructura que quedó abandonada y sirvió de pretexto para el inicio de una guerra).
Hubo arponeros y faenadores y caldereros. Y hubo 20.512 ballenas aniquiladas, sólo en los mares de Georgias y en el primer cuarto de siglo de existencia de la CAP. Hoy, los descendientes de los partícipes son todos ricos, fueron educados en las mejores universidades del universo y gozan de planes de salud inimaginables… lástima que no sea cierto. Se dirá: “quién sabe cuántas conmociones cerebrales se evitaron quemando aceite de ballena en alumbrado público”.
Lo que pocos saben es que, durante la Primera Guerra Mundial, con derivados del aceite de ballenas se elaboraron explosivos; fresquitos: de los mares del sur directo a la trinchera. Sin duda, se encontraron porqués también para eso.
Hoy la rueda rueda ya no más alimentada por lobos y ballenas; sólo japoneses, noruegos y otros pocos macanean acerca de sus tradiciones para seguir arponeando. La nueva ola, en nuestro país, no es pro-arpón ni pro-palo, podría ser pro-tiro. En la actual coyuntura, el enemigo es el guanaco. “Hay guanacos para hacer dulce”, se dice… y se acaba de autorizar la matanza de 6.000 sólo en Santa Cruz. “Es proyecto piloto” se dice… ¿será que piensan autorizar el doble, el triple…?
Siempre se mataron guanacos. Los tehuelches eran expertos. Cada perro ovejero patagónico funciona, en parte, a base de carne de guanaco. Se la provee el puestero, que también la come porque es carne de primera, que caza guanacos autorizado por el dueño, autorizado por el Gobierno. Un dueño dice: “en mi campo hay guanacos como para….”. Y el Gobierno acepta y otorga. El dueño dice: el guanaco rompe alambres, toma agua, come la planta”. Y el Gobierno asiente y firma. Listo el pollo. Si la hecatombe llamada guanaco no es tal, importa poco. El dueño manda, para eso es dueño… de las ovejas, que no son plaga, faltaría más.
El Ministerio de Ambiente acaba de autorizar matar 6.000 guanacos en Santa Cruz. La idea sería arrearlos, esquilarlos y sacrificarlos. ¿Por qué? El “para qué” es menos relevante: las mentes creativas de los “emprendedores” siempre encuentran una explicación a la hora de hacer daño. Los justificativos rezan: los guanacos cruzan las rutas y causan accidentes (no importa si se anda a 150), o: en Santa Cruz hay más guanaco que gente, y el bicho dañino desertifica. Algunos científicos aseguran: “las poblaciones aguantan, métanle tiro nomás”; muchos otros desaprueban.
¿Es que se perdió el sentido común? La racionalidad requiere esfuerzo, ¿pero el sentido común? A los guanacos de Santa Cruz se los matan como se suben montañas: porque están ahí. Se los mata porque un dueño de campo dice que, vendiendo vellón y carne, se va a hacer rico él, dará trabajo a diestra y siniestra, y todos sus empleados se atenderán en la clínica a la que va Maradona… Lo dudo.
En nombre de la razón se cometen sinrazones nutridas en el mal reclamo social y en la enferma letanía sobre la pobreza, siendo que no se mira la injusta repartija de la riqueza. Estamos ante argumentos que perduran porque detrás están las instituciones de la propiedad y de la administración pública, poderes ejercidos en aparente sincronía con lo sustentable. Lo único que se sostiene es el golpe asestado a la naturaleza.
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Fecha de Publicación: 01/01/2018
Fuente: Clarin por Claudio Campagna - Biólogo y médico (UBA- UCLA).
Provincia/Región: Nacional
Argentina fue país ballenero, lobero y ahora será “guanaquero”. Usar a bichos y bosques para mover la rueda económica humana es idea vieja. Entre los siglos XVIII y mediados del XX, bajaron desde el norte, hacia los mares australes, barcos cargados de manos, palos y arpones; volvieron a subir con pieles y aceite. Cazaron ballenas, focas, pingüinos.
No sólo cazando se mata industrialmente. La pesca de gran escala lo hace pescando. Pescar es matar animales. Hay que decirlo, porque a veces no se considera a los peces como formas de vida. Se los ve apretujados en la red o boqueando panza arriba, la mirada de vidrio, convertidos en objeto, como piedras blanditas y olorosas, sin respiro.
Pero el propósito no es criticar el “apaleo”, el “arponeo” y otras maneras del aniquilar. Todos los días se matan vacas y pollos, se dirá. Cierto. Habrá una grosera diferencia entre animal doméstico y ballena, pero muerte es muerte. Lo importante acá es pensar la justificación, el porqué. ¿Cómo se justifica la matanza a escala industrial de especies naturales?
Tomemos el caso de los lobos marinos. En la Patagonia argentina, durante la primera mitad del siglo pasado, se los mató en cuantiosas cantidades. ¿Medio millón? ¿Más? ¿Por qué? Respuesta: porque eran muchos y comían peces; de no intervenir, arruinarían el país. Los promotores del argumento dijeron: “son plaga”, y el Gobierno dijo: “son plagas”. Y los loberos dijeron: “quiero matar, comerciar, ganar plata y un premio al ciudadano ilustre”. Y el Gobierno autorizó, la matanza ocurrió, plata hubo poca y nada de premios. Lo que más hubo es menos lobos. Pasado medio siglo, las poblaciones siguen por debajo de los niveles de antaño.
Con las ballenas se repitió la historia. “Hay como para hacer dulce”, dijeron los capitalistas balleneros, “como para hacer dulce” dijo el Gobierno, y la afirmación de abundancia alcanzó para justificar uno de los peores faunicidios de la historia. Por obra y gracia de un noruego de apellido Larsen, se creó la Compañía Argentina de Pesca S. A., CAP. Hubo plata para barcos a vapor y concesiones de caza en las Islas Georgias. Hubo galpones construidos para desollar animales (infraestructura que quedó abandonada y sirvió de pretexto para el inicio de una guerra).
Hubo arponeros y faenadores y caldereros. Y hubo 20.512 ballenas aniquiladas, sólo en los mares de Georgias y en el primer cuarto de siglo de existencia de la CAP. Hoy, los descendientes de los partícipes son todos ricos, fueron educados en las mejores universidades del universo y gozan de planes de salud inimaginables… lástima que no sea cierto. Se dirá: “quién sabe cuántas conmociones cerebrales se evitaron quemando aceite de ballena en alumbrado público”.
Lo que pocos saben es que, durante la Primera Guerra Mundial, con derivados del aceite de ballenas se elaboraron explosivos; fresquitos: de los mares del sur directo a la trinchera. Sin duda, se encontraron porqués también para eso.
Hoy la rueda rueda ya no más alimentada por lobos y ballenas; sólo japoneses, noruegos y otros pocos macanean acerca de sus tradiciones para seguir arponeando. La nueva ola, en nuestro país, no es pro-arpón ni pro-palo, podría ser pro-tiro. En la actual coyuntura, el enemigo es el guanaco. “Hay guanacos para hacer dulce”, se dice… y se acaba de autorizar la matanza de 6.000 sólo en Santa Cruz. “Es proyecto piloto” se dice… ¿será que piensan autorizar el doble, el triple…?
Siempre se mataron guanacos. Los tehuelches eran expertos. Cada perro ovejero patagónico funciona, en parte, a base de carne de guanaco. Se la provee el puestero, que también la come porque es carne de primera, que caza guanacos autorizado por el dueño, autorizado por el Gobierno. Un dueño dice: “en mi campo hay guanacos como para….”. Y el Gobierno acepta y otorga. El dueño dice: el guanaco rompe alambres, toma agua, come la planta”. Y el Gobierno asiente y firma. Listo el pollo. Si la hecatombe llamada guanaco no es tal, importa poco. El dueño manda, para eso es dueño… de las ovejas, que no son plaga, faltaría más.
El Ministerio de Ambiente acaba de autorizar matar 6.000 guanacos en Santa Cruz. La idea sería arrearlos, esquilarlos y sacrificarlos. ¿Por qué? El “para qué” es menos relevante: las mentes creativas de los “emprendedores” siempre encuentran una explicación a la hora de hacer daño. Los justificativos rezan: los guanacos cruzan las rutas y causan accidentes (no importa si se anda a 150), o: en Santa Cruz hay más guanaco que gente, y el bicho dañino desertifica. Algunos científicos aseguran: “las poblaciones aguantan, métanle tiro nomás”; muchos otros desaprueban.
¿Es que se perdió el sentido común? La racionalidad requiere esfuerzo, ¿pero el sentido común? A los guanacos de Santa Cruz se los matan como se suben montañas: porque están ahí. Se los mata porque un dueño de campo dice que, vendiendo vellón y carne, se va a hacer rico él, dará trabajo a diestra y siniestra, y todos sus empleados se atenderán en la clínica a la que va Maradona… Lo dudo.
En nombre de la razón se cometen sinrazones nutridas en el mal reclamo social y en la enferma letanía sobre la pobreza, siendo que no se mira la injusta repartija de la riqueza. Estamos ante argumentos que perduran porque detrás están las instituciones de la propiedad y de la administración pública, poderes ejercidos en aparente sincronía con lo sustentable. Lo único que se sostiene es el golpe asestado a la naturaleza.
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Entre Ríos aprueba una ley de agroquímicos controversial
Críticas de ambientalistas a la ley de agroquímicos que aprobó el Senado
Fecha de Publicación: 31/12/2017
Fuente: Diario Uno (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
El Senado de Entre Ríos dio media sanción al Proyecto de Ley de Fitosanitarios. La iniciativa fue firmada por los senadores de Cambiemos Francisco Morchio y Nicolás Mattiauda y los representantes del Frente para la Victoria Mario Torres, Ángel Giano, Daniel Olano y Aldo Ballestena.
El Senado provincial aprobó en la noche del martes en la sesión de prórroga un proyecto para regular el uso de agroquímicos en la provincia, sin ser anunciado previamente.
El proyecto ingresó en la misma sesión y fue tratado sobre tablas. Tiene las firmas de los senadores del oficialismo Mario Torres (Villaguay), Ángel Giano (Concordia), Daniel Olano (Islas) y Aldo Ballestena (La Paz), y de Cambiemos por Nicolás Mattiauda (Gualeguaychú) y Francisco Morchio (Gualeguay).
El proyecto que ahora pasa a la Cámara de Diputados tiene 43 artículos (uno es de forma) divididos en 13 capítulos. La iniciativa ya cosechó críticas y el repudio de sectores ambientalistas a través de redes sociales, y cuestionaron que siga manteniéndose como autoridad de aplicación a la Secretaría de Producción.
Al hablar del texto, Torres explicó que al conformarse el actual Cuerpo Legislativo se consideró "imprescindible" trabajar sobre la regulación de los agroquímicos que se usan en procesos productivos. Hubo varias iniciativas en los últimos años y ninguno de ellos alcanzó la sanción definitiva dejando así sin "atender las voces ciudadanas que emanan de los distintos sectores" interesados y ocupados en el tema.
El legislador destacó que se tuvieron en cuanta los trabajos anteriores, tuvieran o no estado parlamentario, y se analizó el derecho comparado de provincias de perfil agrícola como son Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Además, se atendieron los alcances de fallos judiciales en la materia. También destacó el trabajo de la comisión bicameral, que convocó a los sectores interesados en el tema, receptando e incorporando propuestas de universidades, colegios de profesionales, Organizaciones No Gubernamentales, Organismos del Estado, entre otros. Se realizaron encuentros en varios lugares de la provincia para hacer intercambios sobre el tema.
Críticas del Foro
"Es un avance para seguir envenenándonos. Escucharon distintas voces pero se quedaron con las del `agronegocio´. En la jornada de `participación ciudadana´las organizaciones, docentes de escuelas fumigadas y vecinos que padecen el uso de venenos les manifestamos nuestra oposición al proyecto presentado por ustedes, donde la protección de la salud es un mero enunciado `marketinero´", fustigaron desde el Foro Ecologista de Paraná en respuesta a un tuit que publicó el presidente del bloque oficialista en defensa de la propuesta legislativa.
Y añadieron: "En su discurso de hoy (por ayer) dice que se protegerá la salud en el caso que fuera dañada... `en el caso???´ O sea que usted que habla de `un tema muy sensible´desconoce los reclamos de los vecinos afectados, de las madres de niños muertos por cáncer, los estudios de los científicos independientes... Según usted ponen en primer lugar la salud y el órgano de aplicación de la misma sigue siendo la Secretaría de Producción???? Mencionó que habían analizado el proyecto del senador BAllestena y por qué no habló del proyecto del senador (César) Melchiori que tuvo media sanción en ese Senado??... Será porque ese proyecto cuenta con el apoyo de las organizaciones ambientales??? Repudio".
Fecha de Publicación: 31/12/2017
Fuente: Diario Uno (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
El Senado de Entre Ríos dio media sanción al Proyecto de Ley de Fitosanitarios. La iniciativa fue firmada por los senadores de Cambiemos Francisco Morchio y Nicolás Mattiauda y los representantes del Frente para la Victoria Mario Torres, Ángel Giano, Daniel Olano y Aldo Ballestena.
El Senado provincial aprobó en la noche del martes en la sesión de prórroga un proyecto para regular el uso de agroquímicos en la provincia, sin ser anunciado previamente.
El proyecto ingresó en la misma sesión y fue tratado sobre tablas. Tiene las firmas de los senadores del oficialismo Mario Torres (Villaguay), Ángel Giano (Concordia), Daniel Olano (Islas) y Aldo Ballestena (La Paz), y de Cambiemos por Nicolás Mattiauda (Gualeguaychú) y Francisco Morchio (Gualeguay).
El proyecto que ahora pasa a la Cámara de Diputados tiene 43 artículos (uno es de forma) divididos en 13 capítulos. La iniciativa ya cosechó críticas y el repudio de sectores ambientalistas a través de redes sociales, y cuestionaron que siga manteniéndose como autoridad de aplicación a la Secretaría de Producción.
Al hablar del texto, Torres explicó que al conformarse el actual Cuerpo Legislativo se consideró "imprescindible" trabajar sobre la regulación de los agroquímicos que se usan en procesos productivos. Hubo varias iniciativas en los últimos años y ninguno de ellos alcanzó la sanción definitiva dejando así sin "atender las voces ciudadanas que emanan de los distintos sectores" interesados y ocupados en el tema.
El legislador destacó que se tuvieron en cuanta los trabajos anteriores, tuvieran o no estado parlamentario, y se analizó el derecho comparado de provincias de perfil agrícola como son Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Además, se atendieron los alcances de fallos judiciales en la materia. También destacó el trabajo de la comisión bicameral, que convocó a los sectores interesados en el tema, receptando e incorporando propuestas de universidades, colegios de profesionales, Organizaciones No Gubernamentales, Organismos del Estado, entre otros. Se realizaron encuentros en varios lugares de la provincia para hacer intercambios sobre el tema.
Críticas del Foro
"Es un avance para seguir envenenándonos. Escucharon distintas voces pero se quedaron con las del `agronegocio´. En la jornada de `participación ciudadana´las organizaciones, docentes de escuelas fumigadas y vecinos que padecen el uso de venenos les manifestamos nuestra oposición al proyecto presentado por ustedes, donde la protección de la salud es un mero enunciado `marketinero´", fustigaron desde el Foro Ecologista de Paraná en respuesta a un tuit que publicó el presidente del bloque oficialista en defensa de la propuesta legislativa.
Y añadieron: "En su discurso de hoy (por ayer) dice que se protegerá la salud en el caso que fuera dañada... `en el caso???´ O sea que usted que habla de `un tema muy sensible´desconoce los reclamos de los vecinos afectados, de las madres de niños muertos por cáncer, los estudios de los científicos independientes... Según usted ponen en primer lugar la salud y el órgano de aplicación de la misma sigue siendo la Secretaría de Producción???? Mencionó que habían analizado el proyecto del senador BAllestena y por qué no habló del proyecto del senador (César) Melchiori que tuvo media sanción en ese Senado??... Será porque ese proyecto cuenta con el apoyo de las organizaciones ambientales??? Repudio".
Estudian los cambios ambientales pero en barrios
El barrio frente a los cambios ambientales
Fecha de Publicación: 31/12/2017
Fuente: Argentina Investiga
Provincia/Región: Buenos Aires
El objetivo de este trabajo de investigación sobre el agua del arroyo Las Conchitas -un cauce que cruza Florencio Varela y Berazategui, en la provincia de Buenos Aires- es el de evaluar cuán resistente es este ambiente a los cambios, como el cambio climático, siendo éste un recurso hídrico contaminado y rodeado de vecinos que conviven diariamente con esta realidad.
El Dr. Alejandro Crojethovich, docente e investigador de la UNAJ, encabeza el proyecto de investigación llamado “Agua y Territorio: Vulnerabilidad ambiental, organización social y resiliencia urbana en el conurbano sur de la región metropolitana de Buenos Aires”, cuyo objetivo es lograr, a través del análisis de muestras de agua de los arroyos, encuestas a los vecinos y a las industrias, e información sobre la gestión que realiza el municipio, conocer cómo se organizan vecinos, industrias y municipio, y saber si el sistema es resiliente frente a cambios que se vienen, como el cambio climático.
En calle 50 y 118 del barrio El Rincón, en Berazategui, provincia de Buenos Aires, el olor se percibe apenas uno se acerca al arroyo. Aunque tolerable, las marcas de la contaminación están allí presentes. Es el denominado “punto 15” del arroyo San Juan –un cauce que también analizan- y que Crojethovich ubica a través de un GPS satelital.
La investigación también se centra en la afectación que tiene el medio natural sobre los vecinos “porque si bien la mayoría no utiliza el agua, algunos sí la usan en el verano para bañarse. Ese agua va a las napas subterráneas y en esos lugares no hay sistema de agua de red; por lo tanto, los vecinos terminan tomando el mismo agua que viene del arroyo. Y también en el arroyo hay basura, criadero de ratas y se producen una serie de enfermedades que están relacionadas con el recurso hídrico”, explica el docente.
“En el verano no se puede estar afuera del olor”, nos cuenta una vecina que tiene cinco hijos, la mayoría de ellos con afecciones intestinales permanentes. Es jefa de familia y vive en una casa precaria, con agua potable pero sin cloacas, donde si no echa veneno se llena de ratas.
Según nos cuenta la mujer, estuvieron limpiando el arroyo, pero cuando se inunda “trae toda la basura de quién sabe dónde”. El agua llegó hasta su casa hace unos años atrás y por supuesto que preocupa. Por eso, entre los vecinos intentan mantener limpio. No obstante, la acción ciudadana no resulta del todo eficaz porque no deja de estar contaminado. Este es uno de los ejes que trabaja Crojethovich.
“Trabajamos con el agua como recurso y con los actores que de alguna forma rodean ese recurso, que para nosotros son las industrias, la población -que también utiliza el agua para beber y sus actividades- y, por otro lado, el propio arroyo como ecosistema. Y a eso se junta el tema institucional, a partir de la gestión que puede hacer el municipio”, cuenta el investigador.
El proyecto consta de varias etapas y se lleva adelante con una serie de puntos de muestreo donde se toman muestras de agua y, en el mismo lugar, se realizan una serie de mediciones básicas con una sonda. También se toman muestras que analizan en laboratorio para determinar la contaminación existente.
Un tema a destacar es que en el proyecto participan docentes de distintas disciplinas, graduados, estudiantes de la Universidad Arturo Jauretche y de otras instituciones, entre ellos el arquitecto Fernando Mendizábal Mendoza, de Bolivia, quien se encuentra hace dos años cursando la Maestría en Gestión Ambiental Metropolitana en la UBA y comenzó a realizar su trabajo de tesis sobre la gobernanza del agua en el arroyo Las Conchitas 2006-2016.
Así es que se contactó con el Dr. Crojethovich, quien ahora es uno de los directores de su trabajo de tesis. “Me interesaron sus publicaciones, su forma de abordar la ecología urbana y su enfoque en territorio y agua”, contó Mendizábal.
Para Mendizábal Mendoza, realizar esta experiencia resulta un interesante aporte ya que le plantea el desafío de coordinar distintos modos de abordar la investigación y de pensar este trabajo como aporte a su disciplina, tanto en nuestro país como en el propio.
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Fecha de Publicación: 31/12/2017
Fuente: Argentina Investiga
Provincia/Región: Buenos Aires
El objetivo de este trabajo de investigación sobre el agua del arroyo Las Conchitas -un cauce que cruza Florencio Varela y Berazategui, en la provincia de Buenos Aires- es el de evaluar cuán resistente es este ambiente a los cambios, como el cambio climático, siendo éste un recurso hídrico contaminado y rodeado de vecinos que conviven diariamente con esta realidad.
El Dr. Alejandro Crojethovich, docente e investigador de la UNAJ, encabeza el proyecto de investigación llamado “Agua y Territorio: Vulnerabilidad ambiental, organización social y resiliencia urbana en el conurbano sur de la región metropolitana de Buenos Aires”, cuyo objetivo es lograr, a través del análisis de muestras de agua de los arroyos, encuestas a los vecinos y a las industrias, e información sobre la gestión que realiza el municipio, conocer cómo se organizan vecinos, industrias y municipio, y saber si el sistema es resiliente frente a cambios que se vienen, como el cambio climático.
En calle 50 y 118 del barrio El Rincón, en Berazategui, provincia de Buenos Aires, el olor se percibe apenas uno se acerca al arroyo. Aunque tolerable, las marcas de la contaminación están allí presentes. Es el denominado “punto 15” del arroyo San Juan –un cauce que también analizan- y que Crojethovich ubica a través de un GPS satelital.
La investigación también se centra en la afectación que tiene el medio natural sobre los vecinos “porque si bien la mayoría no utiliza el agua, algunos sí la usan en el verano para bañarse. Ese agua va a las napas subterráneas y en esos lugares no hay sistema de agua de red; por lo tanto, los vecinos terminan tomando el mismo agua que viene del arroyo. Y también en el arroyo hay basura, criadero de ratas y se producen una serie de enfermedades que están relacionadas con el recurso hídrico”, explica el docente.
“En el verano no se puede estar afuera del olor”, nos cuenta una vecina que tiene cinco hijos, la mayoría de ellos con afecciones intestinales permanentes. Es jefa de familia y vive en una casa precaria, con agua potable pero sin cloacas, donde si no echa veneno se llena de ratas.
Según nos cuenta la mujer, estuvieron limpiando el arroyo, pero cuando se inunda “trae toda la basura de quién sabe dónde”. El agua llegó hasta su casa hace unos años atrás y por supuesto que preocupa. Por eso, entre los vecinos intentan mantener limpio. No obstante, la acción ciudadana no resulta del todo eficaz porque no deja de estar contaminado. Este es uno de los ejes que trabaja Crojethovich.
“Trabajamos con el agua como recurso y con los actores que de alguna forma rodean ese recurso, que para nosotros son las industrias, la población -que también utiliza el agua para beber y sus actividades- y, por otro lado, el propio arroyo como ecosistema. Y a eso se junta el tema institucional, a partir de la gestión que puede hacer el municipio”, cuenta el investigador.
El proyecto consta de varias etapas y se lleva adelante con una serie de puntos de muestreo donde se toman muestras de agua y, en el mismo lugar, se realizan una serie de mediciones básicas con una sonda. También se toman muestras que analizan en laboratorio para determinar la contaminación existente.
Un tema a destacar es que en el proyecto participan docentes de distintas disciplinas, graduados, estudiantes de la Universidad Arturo Jauretche y de otras instituciones, entre ellos el arquitecto Fernando Mendizábal Mendoza, de Bolivia, quien se encuentra hace dos años cursando la Maestría en Gestión Ambiental Metropolitana en la UBA y comenzó a realizar su trabajo de tesis sobre la gobernanza del agua en el arroyo Las Conchitas 2006-2016.
Así es que se contactó con el Dr. Crojethovich, quien ahora es uno de los directores de su trabajo de tesis. “Me interesaron sus publicaciones, su forma de abordar la ecología urbana y su enfoque en territorio y agua”, contó Mendizábal.
Para Mendizábal Mendoza, realizar esta experiencia resulta un interesante aporte ya que le plantea el desafío de coordinar distintos modos de abordar la investigación y de pensar este trabajo como aporte a su disciplina, tanto en nuestro país como en el propio.
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Gualeguaychú sigue de reuniones por el glifosato
Continúan las reuniones por el proyecto de prohibición del glifosato
Fecha de Publicación: 31/12/2017
Fuente: Radio Máxima
Provincia/Región: Entre Ríos
Los concejales de los tres bloques mantuvieron un encuentro con representantes del Colegio de profesionales de la Agronomía de Entre Ríos y comerciantes locales.
En el marco del tratamiento del proyectos de ordenanza, el martes por la mañana mantuvieron un encuentro con representantes del Colegio de profesionales de la Agronomía de Entre Ríos y comerciantes locales.
Los concejales continúan trabajando en el proyecto de ordenanza elevado por el Ejecutivo municipal, en el que se propone la prohibición del uso, aplicación, movimiento, comercialización de agrotóxicos en todo el éjido de la ciudad. En este sentido, el martes por la mañana en comisión de conjuntas tuvo lugar una reunión con referentes del Colegio de profesionales de la Agronomía de Entre Ríos y comerciantes locales, quienes expusieron su posición ante la problemática de los agrotóxicos y el sentido de la ordenanza. El debate resultó enriquecedor, y hubo una coincidencia general al destacarse el carácter nocivo de este tipo de productos y la necesidad de regular y controlar su aplicación.
Estuvieron presentes los concejales de los tres bloques (Frente para la Victoria, Cambiemos y UNA), el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Dr. Jorge Maradey; personal de dirección de Medio Ambiente. Por Colegio de Profesionales de la Agronomía participaron Gabriela Zermatten y Néstor E. Bogliacino; por Empresa Fanega, Gerónimo Angelini; por Empresa los Grobo Agropecuaria S.A., Martina Tomietto; por Agrogestión del Litoral S.A., Gabriel Casasola.
Cabe destacar que se programan reuniones con diferentes instituciones, actores sociales y de la economía local que han presentado su interés en la temática a través del expediente. En este sentido, por la tarde del martes los concejales mantendrán un encuentro con representantes de la Mesa de enlace local (Sociedad Rural Argentina, Sociedad Rural Gualeguaychú y Federación Agraria Gualeguaychú); el miércoles con miembros de la Asamblea Ciudadana Ambiental y grupos de vecinos de Pueblo Belgrano, Colectivo Me hago cargo, Foro Ecologista Paraná, Universidad Autónoma de Entre Ríos, y otros.
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Fecha de Publicación: 31/12/2017
Fuente: Radio Máxima
Provincia/Región: Entre Ríos
Los concejales de los tres bloques mantuvieron un encuentro con representantes del Colegio de profesionales de la Agronomía de Entre Ríos y comerciantes locales.
En el marco del tratamiento del proyectos de ordenanza, el martes por la mañana mantuvieron un encuentro con representantes del Colegio de profesionales de la Agronomía de Entre Ríos y comerciantes locales.
Los concejales continúan trabajando en el proyecto de ordenanza elevado por el Ejecutivo municipal, en el que se propone la prohibición del uso, aplicación, movimiento, comercialización de agrotóxicos en todo el éjido de la ciudad. En este sentido, el martes por la mañana en comisión de conjuntas tuvo lugar una reunión con referentes del Colegio de profesionales de la Agronomía de Entre Ríos y comerciantes locales, quienes expusieron su posición ante la problemática de los agrotóxicos y el sentido de la ordenanza. El debate resultó enriquecedor, y hubo una coincidencia general al destacarse el carácter nocivo de este tipo de productos y la necesidad de regular y controlar su aplicación.
Estuvieron presentes los concejales de los tres bloques (Frente para la Victoria, Cambiemos y UNA), el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Dr. Jorge Maradey; personal de dirección de Medio Ambiente. Por Colegio de Profesionales de la Agronomía participaron Gabriela Zermatten y Néstor E. Bogliacino; por Empresa Fanega, Gerónimo Angelini; por Empresa los Grobo Agropecuaria S.A., Martina Tomietto; por Agrogestión del Litoral S.A., Gabriel Casasola.
Cabe destacar que se programan reuniones con diferentes instituciones, actores sociales y de la economía local que han presentado su interés en la temática a través del expediente. En este sentido, por la tarde del martes los concejales mantendrán un encuentro con representantes de la Mesa de enlace local (Sociedad Rural Argentina, Sociedad Rural Gualeguaychú y Federación Agraria Gualeguaychú); el miércoles con miembros de la Asamblea Ciudadana Ambiental y grupos de vecinos de Pueblo Belgrano, Colectivo Me hago cargo, Foro Ecologista Paraná, Universidad Autónoma de Entre Ríos, y otros.
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Salta: favores políticos de Urtubey a Marcos Peña
Desforestación en Salta: Urtubey y sus “favores” al primo de Marcos Peña y a multinacionales
Fecha de Publicación: 30/12/2017
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Salta
El gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urubey, está indicado como ser el responsable de allanarle el camino a un empresario primo de Marcos Peña y a multinacionales como Coca Cola, para la deforestación ilegal.
Dos conflictos graves de desmontes ilegales ponen en aprietes al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien ha permitido a un empresario –primo del jefe de gabinete de la Nación, Marcos Peña- y a una multinacional como Coca Cola, avanzar en territorios protegidos y a costa de algunas leyes sancionadas.
Alejandro Jaime Braun Peña es primo segundo del jefe de Gabinete, Marcos Peña, un empresario dueño de la denominada finca “Cuchuy”, que desde 2013 tiene un conflicto directo con 10 familias Wichi y siete criollas, debido a los imparables desmontes que “destruyen la vida” y la cultura de estas poblaciones, que viven de la tierra.
A pesar del ordenamiento territorial de Bosques nativos y también pese a una Ley de Tierras indígenas, el empresario es responsable de un imparable desmonte que llevan a cabo sus topadoras, eliminando los bosques milenarios para plantar soja.
La organización ambientalista internacional, Greenpeace, ha denunciado el caso y responsabilizó al gobernador salteño de ser quien “autorizó” el desmonte de 144.984 hectáreas de bosque protegidos, “por el pedido de los empresarios”.
El ordenamiento territorial de Bosques nativos ya había advertido que esa zona entraba en la categoría 1 y 2, es decir, rojo y amarillo, los niveles en donde se prohíbe expresamente la deforestación para preservar la vida.
Campesinos de la zona admiten que se “organizan como pueden”, pero que la justicia en “Tartagal está a disposición de la empresa”.
Fecha de Publicación: 30/12/2017
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Salta
El gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urubey, está indicado como ser el responsable de allanarle el camino a un empresario primo de Marcos Peña y a multinacionales como Coca Cola, para la deforestación ilegal.
Dos conflictos graves de desmontes ilegales ponen en aprietes al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien ha permitido a un empresario –primo del jefe de gabinete de la Nación, Marcos Peña- y a una multinacional como Coca Cola, avanzar en territorios protegidos y a costa de algunas leyes sancionadas.
Alejandro Jaime Braun Peña es primo segundo del jefe de Gabinete, Marcos Peña, un empresario dueño de la denominada finca “Cuchuy”, que desde 2013 tiene un conflicto directo con 10 familias Wichi y siete criollas, debido a los imparables desmontes que “destruyen la vida” y la cultura de estas poblaciones, que viven de la tierra.
A pesar del ordenamiento territorial de Bosques nativos y también pese a una Ley de Tierras indígenas, el empresario es responsable de un imparable desmonte que llevan a cabo sus topadoras, eliminando los bosques milenarios para plantar soja.
La organización ambientalista internacional, Greenpeace, ha denunciado el caso y responsabilizó al gobernador salteño de ser quien “autorizó” el desmonte de 144.984 hectáreas de bosque protegidos, “por el pedido de los empresarios”.
El ordenamiento territorial de Bosques nativos ya había advertido que esa zona entraba en la categoría 1 y 2, es decir, rojo y amarillo, los niveles en donde se prohíbe expresamente la deforestación para preservar la vida.
Campesinos de la zona admiten que se “organizan como pueden”, pero que la justicia en “Tartagal está a disposición de la empresa”.
Los negocios de Alejandro Jaime Braun Peña –el primo de Marcos Peña- integra una cantidad extensa de proyectos empresariales que, curiosamente, tienen conexión directa con la empresa principal de presidente Mauricio Macri, Socma.
Tal como adelantó el diario Página 12, Braun Peña “integra el directorio de Finca Cuchy S.A. con Pablo Clusellas, Secretario de Legal y Técnica de la Nación”. Braun Peña y Clusellas también forman parte, de los “directorios de las empresas Salta Cotton S.A.; Latin Bio S.A.; Cremer y Asociados S.A.; Hierros S.A. y Sideco Americana S.A., empresas vinculadas al Grupo Socma, de la familia Macri, según rastrearon integrantes de Greenpeace”.
Pero los vínculos con empresarios no solo incluyen a familiares de funcionarios nacionales, sino que el gobernador Urtubey también le hace favores a multinacionales como Coca Cola, dueña de la marca de gaseosa Sprite, que actualmente está incumpliendo la Ley de Bosques nativos, violando toda jurisdicción y soberanía.
La empresa a cargo se llama la Moraleja S.A y cuenta actualmente con 15.000 hectáreas de agricultura y 3.000 hectáreas de cítricos, sobre todo para la producción de limones, elemento clave para la gaseosa. A esto hay que sumarle las 3.000 hectáreas ilegalmente deforestadas entre 2010 y 2014. Por eso mismo, si Sprite necesita seguir deforestando para la producción de limones, debe hacerlo en otra zona.
“A pesar de que la Ley de Bosques no se lo permitía La Moraleja S.A. consiguió que el gobierno de Salta le otorgara permisos para desmontar, violando lo establecido por la normativa”.
La relación entre empresarios de la talla de Peña Braun y de la multinacional como Coca Cola, deja mal parado a un gobernador que hasta hace poco se candidateaba dentro de las filas del peronismo como una imagen de “renovación”.
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Tal como adelantó el diario Página 12, Braun Peña “integra el directorio de Finca Cuchy S.A. con Pablo Clusellas, Secretario de Legal y Técnica de la Nación”. Braun Peña y Clusellas también forman parte, de los “directorios de las empresas Salta Cotton S.A.; Latin Bio S.A.; Cremer y Asociados S.A.; Hierros S.A. y Sideco Americana S.A., empresas vinculadas al Grupo Socma, de la familia Macri, según rastrearon integrantes de Greenpeace”.
Pero los vínculos con empresarios no solo incluyen a familiares de funcionarios nacionales, sino que el gobernador Urtubey también le hace favores a multinacionales como Coca Cola, dueña de la marca de gaseosa Sprite, que actualmente está incumpliendo la Ley de Bosques nativos, violando toda jurisdicción y soberanía.
La empresa a cargo se llama la Moraleja S.A y cuenta actualmente con 15.000 hectáreas de agricultura y 3.000 hectáreas de cítricos, sobre todo para la producción de limones, elemento clave para la gaseosa. A esto hay que sumarle las 3.000 hectáreas ilegalmente deforestadas entre 2010 y 2014. Por eso mismo, si Sprite necesita seguir deforestando para la producción de limones, debe hacerlo en otra zona.
“A pesar de que la Ley de Bosques no se lo permitía La Moraleja S.A. consiguió que el gobierno de Salta le otorgara permisos para desmontar, violando lo establecido por la normativa”.
La relación entre empresarios de la talla de Peña Braun y de la multinacional como Coca Cola, deja mal parado a un gobernador que hasta hace poco se candidateaba dentro de las filas del peronismo como una imagen de “renovación”.
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Minería: buscan desarrollar sistema de biomonitoreo de aire
Convenio para desarrollar sistema de biomonitoreo de calidad de aire
Fecha de Publicación: 30/12/2017
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
El Decano de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas(FTyCA) de la Universidad Nacional de Catamarca(UNCA) y el secretario de Minería de Catamarca, ingeniero Carlos Savio y el ingeniero Rodolfo Micone, respectivamente, como parte del convenio marco rubricado en mayo del año pasado, firmaron ayer el acta complementaria.
Mediante la misma, ambas partes acordaron que la citada unidad académica, a través de la cátedra de Química del Departamento de Formación Básica, se compromete a la ejecución del trabajo de “Desarrollo de un sistema de biomonitoreo de calidad de aire aplicable a la actividad minera a cielo abierto en el oeste de Catamarca”.
Responsable y coordinadora del proyecto será la Martha Cañas. El equipo de trabajo estará integrado por los docentes Juan Martín Hernández, Luis Germán Rodríguez Brizuela y Micaela Jalabert, mientras que la ingeniera Antonella Bibiana Velazco actuará como coordinadora en representación de la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera(DiPGAM).
La Facultad aportará el recurso humano, medio de transporte, instalaciones y equipamiento básico para la ejecución del proyecto, participando en las etapas de diseño muestral, muestreo, análisis químico-fisiológicos, análisis de datos y transferencia de los resultados del proyecto.
A su vez, la Secretaría de Minería, a través de la DiPGAM, contribuirá con la logística para las salidas de campo y muestreo, facilitará la articulación con las empresas mineras para el desarrollo de las actividades del proyecto y aportará información y datos de calidad de aire que consten en los informes de calidad de aire que presentados en el organismo y que hayan sido obtenidos mediante muestreadores automáticos para el área de trabajo.
Una vez finalizado el proyecto, se elaborará un manual de biomonitoreo de calidad de aire aplicado a la actividad minera a cielo abierto, el cual quedará a disposición de la DiPGAM como herramienta de gestión ambiental, organismo que participará en las tareas de transferencias y difusión de los resultados del proyecto.
Para el trabajo se prevé un plazo de 18 meses, y los resultados del mismo podrán ser publicados en revistas científicas, congresos, jornadas, etc, que se estimen convenientes.
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Fecha de Publicación: 30/12/2017
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
El Decano de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas(FTyCA) de la Universidad Nacional de Catamarca(UNCA) y el secretario de Minería de Catamarca, ingeniero Carlos Savio y el ingeniero Rodolfo Micone, respectivamente, como parte del convenio marco rubricado en mayo del año pasado, firmaron ayer el acta complementaria.
Mediante la misma, ambas partes acordaron que la citada unidad académica, a través de la cátedra de Química del Departamento de Formación Básica, se compromete a la ejecución del trabajo de “Desarrollo de un sistema de biomonitoreo de calidad de aire aplicable a la actividad minera a cielo abierto en el oeste de Catamarca”.
Responsable y coordinadora del proyecto será la Martha Cañas. El equipo de trabajo estará integrado por los docentes Juan Martín Hernández, Luis Germán Rodríguez Brizuela y Micaela Jalabert, mientras que la ingeniera Antonella Bibiana Velazco actuará como coordinadora en representación de la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera(DiPGAM).
La Facultad aportará el recurso humano, medio de transporte, instalaciones y equipamiento básico para la ejecución del proyecto, participando en las etapas de diseño muestral, muestreo, análisis químico-fisiológicos, análisis de datos y transferencia de los resultados del proyecto.
A su vez, la Secretaría de Minería, a través de la DiPGAM, contribuirá con la logística para las salidas de campo y muestreo, facilitará la articulación con las empresas mineras para el desarrollo de las actividades del proyecto y aportará información y datos de calidad de aire que consten en los informes de calidad de aire que presentados en el organismo y que hayan sido obtenidos mediante muestreadores automáticos para el área de trabajo.
Una vez finalizado el proyecto, se elaborará un manual de biomonitoreo de calidad de aire aplicado a la actividad minera a cielo abierto, el cual quedará a disposición de la DiPGAM como herramienta de gestión ambiental, organismo que participará en las tareas de transferencias y difusión de los resultados del proyecto.
Para el trabajo se prevé un plazo de 18 meses, y los resultados del mismo podrán ser publicados en revistas científicas, congresos, jornadas, etc, que se estimen convenientes.
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Especies de Córdoba en peligro de extición
Una especie cordobesa está en riesgo de desaparecer
Fecha de Publicación: 30/12/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Se trata del sapo de Achala, que sólo habita las sierras de Córdoba y San Luis. Un estudio detectó que su población está diezmada.
Su pasión por los reptiles y los anfibios viene desde niño. Antes de recibirse de biólogo, Julián Lescano recorría los ríos y los arroyos serranos para retratar esta fauna con su cámara de foto. En su álbum siempre faltaba el sapo de Achala, una especie endémica de las sierras de Córdoba y de San Luis.
“Me llamó la atención no encontrar ni uno, a pesar de que la bibliografía previa mencionaba que era la especie más común de Achala”, cuenta.
Fue por esa razón que decidió estudiarla. Desde 2007, recorre las Sierras en busca de este anfibio. Recién encontró los primeros en 2010. “Estábamos bastante contentos, ya que había sido bastante decepcionante recorrer kilómetros de arroyo, año tras año, sin resultados positivos”, comenta el investigador del Conicet en el Instituto de Diversidad y Ecología Animal.
Lescano asegura que ahora el sapo de Achala (Rhinella achalensis) es la especie más rara de las Sierras. Sólo vive en los pastizales de altura, por encima de los 1.700 metros sobre el nivel del mar. Es uno de los endemismos más restringidos de las Sierras.
Entre 2007 y 2016, recorrió 40 arroyos serranos (entre una a cuatro veces cada uno) y sólo constató la presencia del sapo de Achala en el 17,5 por ciento de los sitios. Y apenas pudo ver 11 sapos adultos en total.
Sus observaciones contrastan con lo que testimonian estudios de años anteriores. En 2001, otros biólogos lograron capturar 423 ejemplares durante 13 períodos en los alrededores de La Posta. En otro caso, se observaron 112 sapos en el arroyo la Ciénaga. Lescano visitó esos lugares, pero no encontró ningún adulto. Para el investigador, su estudio ya es prueba suficiente para que la especie cambie de categoría de conservación. Actualmente, figura como “casi amenazado”, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Problema global
¿Por qué la población se ha diezmado? Según los primeros indicios, no es el sobrepastoreo del ganado en los pastizales de altura ni la depredación que puede estar haciendo la trucha arcoíris, una especie introducida en los arroyos cordobeses.
“Si tuviese dinero, apostaría todo al hongo Batrachochytrium dendrobatidis (Bd). No tengo evidencia incontrastable, pero no hay otro factor en la zona que haya cambiado dramáticamente en las últimas décadas como para explicar la declinación observada”, dice.
El hongo Bd ya fue detectado en ejemplares de esta especie recolectados en la década de 1990. Se trata de una amenaza global para estos anfibios. En los sapos y las ranas produce una enfermedad letal llamada quitridiomicosis.
“Es la peor enfermedad infecciosa registrada hasta ahora entre los vertebrados en términos del número de especies afectadas y por su potencial como agente de extinción. Es una de las causas principales de la declinación global de anfibios a nivel global”, señala Romina Ghirardi, investigadora del Conicet en Santa Fe y especialista en micosis en organismos acuáticos.
Según la experta, el sapo de Achala no es la excepción. Hay 24 especies nativas afectadas por este hongo, de las cuales siete están categorizadas con algún grado de amenaza de extinción.
“El hongo parece poder establecerse y prosperar en ecosistemas bien diferentes. La evidencia más antigua en un anfibio nativo de Argentina es un ejemplar encontrado muerto en la provincia de Buenos Aires en 2002”, detalla.
El hongo está en todos los continentes, a excepción de la Antártida, y comenzó a ser una amenaza en la década de 1980. El ser humano es el responsable de esa propagación.
“La dispersión se da por el comercio de organismos acuáticos. La rana toro norteamericana (Lithobates catesbeianus) ha sido accidental o intencionalmente introducida para acuicultura en Argentina en la década de 1990 y presenta capacidad para actuar como vector de quitridiomicosis”, comenta.
Cómo salvar a este símbolo serrano
No existe una solución mágica para salvar al sapo de Achala.
Lescano entiende que una buena medida sería evitar sumar otros factores de presión que formen un combo fatal para el sapo. Por ejemplo, el sobrepastoreo del ganado en los pastizales donde habita.
“Hay que comenzar a buscar nuevas poblaciones y realizar un plan de monitoreo de las remanentes. Esto permitirá entender todas las aristas de esta declinación, y también nos va a ofrecer datos útiles para tomar las decisiones más efectivas para tratar revertir la situación actual de la especie”, señala Lescano.
Para Ghirardi, se debe hacer un trabajo de concientización de los pobladores y de la gente vinculada al entorno donde viven estos anfibios.
“Hay que evitar el transporte de animales, de agua o de barro de un sitio a otro, desinfectar el material de campo cuando se trabaja en el sitio. Sin embargo, a pesar de esas medidas, el tema no resulta sencillo, ya que la presencia de sólo una espora puede ser suficiente para la instalación y la multiplicación del hongo”, aclara.
Los otros habitantes amenazados
Son especies naturales de la provincia, también en riesgo.
Guanaco. Se trata de un camélido que habitó todos los ambientes cordobeses, salvo los espesos bosques chaqueños. Sobreviven unas pocas tropillas en el noroeste provincial, en inmediaciones de las Salinas Grandes.
Lobito de río. Un mustélido que habita algunos ríos serranos, ya en muy escaso número.
Zorro colorado de Achala. Es el zorro de mayor tamaño de nuestra provincia y habita sólo en las Sierras Grandes. Es una subespecie endémica y de distribución muy restringida.
Gato del monte. Se trata de un felino que habitaba toda la provincia, en montes y arbustales. Actualmente, sobrevive en escaso número.
Aguará guazú. Un gran cánido que habitó buena parte de la provincia, prácticamente extinguido. Se lo redescubrió en los bañados del río Dulce y en las costas de Mar Chiquita, en muy escaso número.
Corzuela. El único ciervo autóctono que sobrevive en Córdoba, ante la extinción del venado de las pampas. Hay pocos ejemplares en las zonas de bosques serranos.
Cardenal amarillo. Una especie que, por la cacería comercial y la modificación del ambiente, quedó al borde de la extinción en esta provincia.
Loro hablador. Otro que sobrevive en escaso número.
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Fecha de Publicación: 30/12/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Se trata del sapo de Achala, que sólo habita las sierras de Córdoba y San Luis. Un estudio detectó que su población está diezmada.
Su pasión por los reptiles y los anfibios viene desde niño. Antes de recibirse de biólogo, Julián Lescano recorría los ríos y los arroyos serranos para retratar esta fauna con su cámara de foto. En su álbum siempre faltaba el sapo de Achala, una especie endémica de las sierras de Córdoba y de San Luis.
“Me llamó la atención no encontrar ni uno, a pesar de que la bibliografía previa mencionaba que era la especie más común de Achala”, cuenta.
Fue por esa razón que decidió estudiarla. Desde 2007, recorre las Sierras en busca de este anfibio. Recién encontró los primeros en 2010. “Estábamos bastante contentos, ya que había sido bastante decepcionante recorrer kilómetros de arroyo, año tras año, sin resultados positivos”, comenta el investigador del Conicet en el Instituto de Diversidad y Ecología Animal.
Lescano asegura que ahora el sapo de Achala (Rhinella achalensis) es la especie más rara de las Sierras. Sólo vive en los pastizales de altura, por encima de los 1.700 metros sobre el nivel del mar. Es uno de los endemismos más restringidos de las Sierras.
Entre 2007 y 2016, recorrió 40 arroyos serranos (entre una a cuatro veces cada uno) y sólo constató la presencia del sapo de Achala en el 17,5 por ciento de los sitios. Y apenas pudo ver 11 sapos adultos en total.
Sus observaciones contrastan con lo que testimonian estudios de años anteriores. En 2001, otros biólogos lograron capturar 423 ejemplares durante 13 períodos en los alrededores de La Posta. En otro caso, se observaron 112 sapos en el arroyo la Ciénaga. Lescano visitó esos lugares, pero no encontró ningún adulto. Para el investigador, su estudio ya es prueba suficiente para que la especie cambie de categoría de conservación. Actualmente, figura como “casi amenazado”, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Problema global
¿Por qué la población se ha diezmado? Según los primeros indicios, no es el sobrepastoreo del ganado en los pastizales de altura ni la depredación que puede estar haciendo la trucha arcoíris, una especie introducida en los arroyos cordobeses.
“Si tuviese dinero, apostaría todo al hongo Batrachochytrium dendrobatidis (Bd). No tengo evidencia incontrastable, pero no hay otro factor en la zona que haya cambiado dramáticamente en las últimas décadas como para explicar la declinación observada”, dice.
El hongo Bd ya fue detectado en ejemplares de esta especie recolectados en la década de 1990. Se trata de una amenaza global para estos anfibios. En los sapos y las ranas produce una enfermedad letal llamada quitridiomicosis.
“Es la peor enfermedad infecciosa registrada hasta ahora entre los vertebrados en términos del número de especies afectadas y por su potencial como agente de extinción. Es una de las causas principales de la declinación global de anfibios a nivel global”, señala Romina Ghirardi, investigadora del Conicet en Santa Fe y especialista en micosis en organismos acuáticos.
Según la experta, el sapo de Achala no es la excepción. Hay 24 especies nativas afectadas por este hongo, de las cuales siete están categorizadas con algún grado de amenaza de extinción.
“El hongo parece poder establecerse y prosperar en ecosistemas bien diferentes. La evidencia más antigua en un anfibio nativo de Argentina es un ejemplar encontrado muerto en la provincia de Buenos Aires en 2002”, detalla.
El hongo está en todos los continentes, a excepción de la Antártida, y comenzó a ser una amenaza en la década de 1980. El ser humano es el responsable de esa propagación.
“La dispersión se da por el comercio de organismos acuáticos. La rana toro norteamericana (Lithobates catesbeianus) ha sido accidental o intencionalmente introducida para acuicultura en Argentina en la década de 1990 y presenta capacidad para actuar como vector de quitridiomicosis”, comenta.
Cómo salvar a este símbolo serrano
No existe una solución mágica para salvar al sapo de Achala.
Lescano entiende que una buena medida sería evitar sumar otros factores de presión que formen un combo fatal para el sapo. Por ejemplo, el sobrepastoreo del ganado en los pastizales donde habita.
“Hay que comenzar a buscar nuevas poblaciones y realizar un plan de monitoreo de las remanentes. Esto permitirá entender todas las aristas de esta declinación, y también nos va a ofrecer datos útiles para tomar las decisiones más efectivas para tratar revertir la situación actual de la especie”, señala Lescano.
Para Ghirardi, se debe hacer un trabajo de concientización de los pobladores y de la gente vinculada al entorno donde viven estos anfibios.
“Hay que evitar el transporte de animales, de agua o de barro de un sitio a otro, desinfectar el material de campo cuando se trabaja en el sitio. Sin embargo, a pesar de esas medidas, el tema no resulta sencillo, ya que la presencia de sólo una espora puede ser suficiente para la instalación y la multiplicación del hongo”, aclara.
Los otros habitantes amenazados
Son especies naturales de la provincia, también en riesgo.
Guanaco. Se trata de un camélido que habitó todos los ambientes cordobeses, salvo los espesos bosques chaqueños. Sobreviven unas pocas tropillas en el noroeste provincial, en inmediaciones de las Salinas Grandes.
Lobito de río. Un mustélido que habita algunos ríos serranos, ya en muy escaso número.
Zorro colorado de Achala. Es el zorro de mayor tamaño de nuestra provincia y habita sólo en las Sierras Grandes. Es una subespecie endémica y de distribución muy restringida.
Gato del monte. Se trata de un felino que habitaba toda la provincia, en montes y arbustales. Actualmente, sobrevive en escaso número.
Aguará guazú. Un gran cánido que habitó buena parte de la provincia, prácticamente extinguido. Se lo redescubrió en los bañados del río Dulce y en las costas de Mar Chiquita, en muy escaso número.
Corzuela. El único ciervo autóctono que sobrevive en Córdoba, ante la extinción del venado de las pampas. Hay pocos ejemplares en las zonas de bosques serranos.
Cardenal amarillo. Una especie que, por la cacería comercial y la modificación del ambiente, quedó al borde de la extinción en esta provincia.
Loro hablador. Otro que sobrevive en escaso número.
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Aeropuerto polémico
Pista libre para las low cost en El Palomar
Fecha de Publicación: 29/12/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Buenos Aires
Pese al amparo presentado por los vecinos y sin haberse aprobado el informe técnico de impacto ambiental, el Gobierno autorizó la reconversión del aeródromo El Palomar para permitir la operación de las líneas aéreas de bajo costo. Advierten que se pone en riesgo su seguridad para favorecer un negocio privado. Las operaciones empezarían el mes próximo.
Sin el estudio de impacto ambiental correspondiente y en medio de las críticas de los vecinos, el Gobierno oficializó hoy la incorporación del aeropuerto de El Palomar al Sistema Nacional de Aeropuertos por lo que en las próximos semanas podrá comenzar a operar como base de las aerolíneas low cost FlyBondi y Norwegian Air. El aeródromo que hasta hoy sólo funcionaba como base área será refaccionado para permitir vuelos comerciales. Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informaron que la Base El Palomar es un Sitio Protegido por Ley de la Memoria, por lo que las obras podrían destruir pruebas judiciales en las causas de lesa humanidad.
Con las firmas del presidente Mauricio Macri, Marcos Peña y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, esta mañana el Gobierno publicó el decreto 1092/2017, con el que se incorpora la base de El Palomar al sistema de aeropuertos. La norma señala que el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) resolvió la “no objeción” con respecto a la incorporación del aeródromo como aeropuerto comercial aunque reconoce que aún no fue realizado el informe técnico.
“Teniendo en consideración que deberá realizarse el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente, así como también adoptarse las medidas pertinentes a efectos de determinar el alcance de las distintas jurisdicciones -civil y militar– involucradas”, detalla en los considerandos del decreto.
El lunes pasado, cientos de vecinos de la zona de El Palomar, en el partido de Morón, Tres de Febrero y Hurlingham se manifestaron contra el “aeropuerto trucho”, denunciando que no cumple con los requisitos de seguridad y tiene “graves consecuencias ambientales”. “Basta de negocios a costa de la seguridad y la salud de los vecinos”, se quejaron en la movilización.
Los vecinos, agrupados en el colectivo Stop Flybondi presentaron un amparo para frenar la reconversión del aeropuerto y denunciaron que las obras comenzaron antes de aprobarse los informes técnicos. También desde la Dirección de Sitios de la Memoria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación confirmaron que la Base El Palomar fue catalogada como un sitio protegido, dado que allí podría haber pruebas del terrorismo de estado durante la última dictadura militar. Desde esa Dirección pusieron en conocimiento al juez federal Daniel Rafecas, que entiende en la causa, “para que tome conocimiento de que se podría estar destruyendo prueba judicial de causas de lesa humanidad”.
Frente a las quejas de los vecinos, Dietrich reafirmó la construcción del aeropuerto y puso de ejemplo a Washington como una de las ciudades del mundo que cuenta con aeropuertos cercano a la población. El abogado que presentó el amparo por parte de los vecinos, Leandro Marisi, refutó al ministro y explicó que es “un pésimo ejemplo ya que el aeropuerto de Washington se hizo en 1941, cuando todavía no existían las normas y recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para que los gobiernos instalen los aeropuertos en zonas alejadas a las urbanas”. Según el abogado, hay estudios que sostienen que los aeropuertos en zonas urbanas “generan un aumento sustancial en los casos de cáncer, ACV e infarto en la población de la zona afectada fruto de los gases tóxicos que emanan los aviones al despegar y aterrizar”.
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Fecha de Publicación: 29/12/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Buenos Aires
Pese al amparo presentado por los vecinos y sin haberse aprobado el informe técnico de impacto ambiental, el Gobierno autorizó la reconversión del aeródromo El Palomar para permitir la operación de las líneas aéreas de bajo costo. Advierten que se pone en riesgo su seguridad para favorecer un negocio privado. Las operaciones empezarían el mes próximo.
Sin el estudio de impacto ambiental correspondiente y en medio de las críticas de los vecinos, el Gobierno oficializó hoy la incorporación del aeropuerto de El Palomar al Sistema Nacional de Aeropuertos por lo que en las próximos semanas podrá comenzar a operar como base de las aerolíneas low cost FlyBondi y Norwegian Air. El aeródromo que hasta hoy sólo funcionaba como base área será refaccionado para permitir vuelos comerciales. Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informaron que la Base El Palomar es un Sitio Protegido por Ley de la Memoria, por lo que las obras podrían destruir pruebas judiciales en las causas de lesa humanidad.
Con las firmas del presidente Mauricio Macri, Marcos Peña y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, esta mañana el Gobierno publicó el decreto 1092/2017, con el que se incorpora la base de El Palomar al sistema de aeropuertos. La norma señala que el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) resolvió la “no objeción” con respecto a la incorporación del aeródromo como aeropuerto comercial aunque reconoce que aún no fue realizado el informe técnico.
“Teniendo en consideración que deberá realizarse el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente, así como también adoptarse las medidas pertinentes a efectos de determinar el alcance de las distintas jurisdicciones -civil y militar– involucradas”, detalla en los considerandos del decreto.
El lunes pasado, cientos de vecinos de la zona de El Palomar, en el partido de Morón, Tres de Febrero y Hurlingham se manifestaron contra el “aeropuerto trucho”, denunciando que no cumple con los requisitos de seguridad y tiene “graves consecuencias ambientales”. “Basta de negocios a costa de la seguridad y la salud de los vecinos”, se quejaron en la movilización.
Los vecinos, agrupados en el colectivo Stop Flybondi presentaron un amparo para frenar la reconversión del aeropuerto y denunciaron que las obras comenzaron antes de aprobarse los informes técnicos. También desde la Dirección de Sitios de la Memoria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación confirmaron que la Base El Palomar fue catalogada como un sitio protegido, dado que allí podría haber pruebas del terrorismo de estado durante la última dictadura militar. Desde esa Dirección pusieron en conocimiento al juez federal Daniel Rafecas, que entiende en la causa, “para que tome conocimiento de que se podría estar destruyendo prueba judicial de causas de lesa humanidad”.
Frente a las quejas de los vecinos, Dietrich reafirmó la construcción del aeropuerto y puso de ejemplo a Washington como una de las ciudades del mundo que cuenta con aeropuertos cercano a la población. El abogado que presentó el amparo por parte de los vecinos, Leandro Marisi, refutó al ministro y explicó que es “un pésimo ejemplo ya que el aeropuerto de Washington se hizo en 1941, cuando todavía no existían las normas y recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para que los gobiernos instalen los aeropuertos en zonas alejadas a las urbanas”. Según el abogado, hay estudios que sostienen que los aeropuertos en zonas urbanas “generan un aumento sustancial en los casos de cáncer, ACV e infarto en la población de la zona afectada fruto de los gases tóxicos que emanan los aviones al despegar y aterrizar”.
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Buscan hacer recreativo el río en Allen
El DPA y la AIC buscan recuperar un balneario en el río en Allen
Fecha de Publicación: 29/12/2017
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Desviarán un brazo del río Negro en la Isla 16, de Allen, donde no hay riesgos de contaminación. Los trabajos estarán listos en dos semanas.
El Departamento Provincial de Aguas y la AIC intentan recuperar el río Negro como balneario en la Isla 16 de Allen. Están realizando trabajos para la sistematización de un brazo del curso de agua y el mejoramiento del balneario municipal.
La inversión es de $289.855 y está financiada por la AIC. Las tareas culminarían en dos semanas y se espera que a partir del 7 de enero el predio esté totalmente refaccionado para que los allenses y los vecinos de otras ciudades que no cuentan con balnearios, como Cipolletti, puedan aprovechar allí las aguas del río Negro.
La intervención posibilitará reconducir la totalidad del flujo hacia el sector del balneario municipal, mejorando las condiciones de la calidad del agua y la aptitud del sitio para su uso recreativo, al “inundar” un cauce que está a salvo de la contaminación que aqueja a la Isla Jordán y otros puntos del río en el Valle, donde el agua es peligrosa para la salud por la gran concentración de efluentes cloacales que se registra en los controles.
Para cumplir el objetivo se contempla la conformación de un terraplén sobre un brazo que permitirá la redirección del flujo, “mediante una estructura fusible y fácilmente removible ante la ocurrencia poco probable de crecidas”, detallaron desde el DPA.
Se trata de un área con una importante concurrencia de familias, durante el verano y por ello se decidió no cerrar el predio. Personal de Defensa Civil del Municipio acompaña a los trabajadores e informa a los visitantes sobre las áreas de la Isla 16 que temporalmente no se pueden visitar.
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Lavando la cara al Dakar
La seguridad y el impacto ambiental del Dakar
Fecha de Publicación: 29/12/2017
Fuente: MundoD
Provincia/Región: Nacional
La llegada de la 10ª edición de la carrera-aventura por tierras sudamericanas vuelve a poner en debate los dos temas que afectan a esta dura travesía.
Para festejar sus 10 años en Sudamérica, el Dakar preparó para 2018 lo que ellos llaman una edición con “un recorrido denso, con todos los ingredientes del Dakar, pero muy concentrados”.
Y como si la frase no fuera menor para elevar el calor de los fanáticos locales de los motores, la competencia termina en Córdoba, una especie de premio para el único país que se mantuvo fiel durante todas las ediciones y para la provincia del rally.
Sin embargo, existen variables del Dakar que los fanáticos dejan de lado, pero los detractores toman fuertemente para repudiar la llegada de la carrera: seguridad y medio ambiente.
Jean-Marc Aublanc-Piolot, coordinador del Dakar con los comités de los países anfitriones habló al respecto, sosteniendo el compromiso de la organización con ambos temas y quitándole responsabilidad.
La muerte, presente
“En el Dakar se producen de promedio tres muertes por competencia. No quiero ser morboso, pero ojalá que algunos de los accidentes fatales se produzcan acá (en La Pampa)”, expresó antes de la primera edición en Sudamérica Oscar Folmer, funcionario de Turismo de dicha provincia y coordinador de etapa.
El objetivo era que el lugar tomara notoriedad a nivel mundial. Folmer aclaró luego que la frase había sido sacada de contexto, aunque sus explicaciones no fueron aclaratorias. “Lo que yo dije textualmente fue: si uno quisiera hacer un chiste morboso, diría que uno de esos accidentes esperaría que sucedan en La Pampa”, sintetizó según La Nación.
Tanto la frase supuestamente sacada de contexto, como la vaga justificación, llevan en su raíz una realidad dolorosa.
Durante el Dakar el espectador tiene la parcial certeza de que en algún momento los medios van a informar una muerte, incluso parece parte del deporte, del “juego”. No sería de extrañar que las casas de apuestas empiecen –si es que aún no lo hicieron– a poner la categoría dentro de su gran abanico de posibilidades.
“Tenemos una preocupación máxima en el tema seguridad. La edición 2017 no tuvo muertes, lo que va en contra de la idea de que el Dakar va a tener fallecidos. Pero los pilotos se obsesionan por competir y llegar a la meta, y eso hace que como evento extremo tengamos dramas, pese a que intentemos reducir esos riesgos al mínimo”, explicó Jean-Marc.
No sólo personas que son parte activa de la competencia han fallecido –75 por ciento de los deportistas muertos son motociclistas–, sino también personas que fueron arrolladas por un vehículo que era parte de la carrera.
“Una vez definido el trazado se buscan zonas de espectadores y lugares donde se está muy expuesto. Se sensibiliza sobre los riesgos para que el espectador sea consiente. El público debería ver la carrera en los lugares donde está permitido”, agregó.
Pilotos y navegantes circulan a cientos de kilómetros por hora en caminos rodeados por los espectadores, elevando a niveles sin precedentes la adrenalina de esas personas que apuestan sus cuerpos a la destreza de los conductores.
“En 9 mil kilómetros es muy difícil impedir que las personas no se acerquen a ciertas curvas peligrosas. Trabajamos con gente propia y personas de las fuerzas de los gobiernos –22 mil policías, gendarmes y militares– prohibiendo los accesos a las zonas de peligro para que el riesgo sea mínimo, pero el riesgo cero no puede existir”, sintetizó Aublanc-Piolot.
Cuando se habla de seguridad, la misma organización se encarga de remarcar que el público argentino es “más apasionado”, suponiendo esto que se lo debe cuidar de manera más puntual que en el resto de los países.
La huella medioambiental
Cientos de pilotos recorriendo miles de kilómetros, sus equipos de asistencia, organización y público que se desplaza para ver el paso de los vehículos conforman una gran preocupación para las organizaciones de protección del medio ambiente y el patrimonio arqueológico.
“Nosotros tenemos vínculo sólo con las organizaciones gubernamentales porque una vez que tenemos el visto bueno para el recorrido y la carrera, no estamos expuestos a tener la relación con las organizaciones no gubernamentales que puedan manifestarse en contra”, indicó el miembro de la organización.
El francés no habla de manera agresiva ni soberbia, es puramente protocolar lo suyo. Las críticas sobre el trazado de la carrera no los afectan, ya que la carrera no pasa por ningún punto que no esté validado.
“Las instituciones de medio ambiente y cultura están detrás de nosotros, trabajamos en conjunto y ven que respetemos todas las medidas de mitigaciones que ellos imponen. Hay un trabajo muy meticuloso para no afectar a los parques nacionales, cambiar hojas de ruta para evitar las evidencias arqueológicas, no pasar por ningún lugar que tenga restricciones especiales por fauna”, apreció.
Además, la organización del Dakar sostiene que realizan estudios de impacto ambiental en cada una de las provincias por las que pasan y estas se encargan de validarlo.
“El impacto de una carrera de autos no lo podemos negar. Sin embargo, el Dakar toma medidas de compensación sobre este, desde la adecuación del trazado a lo que deciden las instituciones a la compensación de la huella carbono generada por la competencia y eso es para nosotros muy importante”, añadió.
La compensación de emisiones de dióxido de carbono (CO2) consiste en la aportación voluntaria de una cantidad económica, proporcional a las toneladas de CO2 generadas aquí, para un proyecto ambiental.
En el caso del Dakar, su aporte va a la protección de la Selva Amazonas realizada por Greenoxx que permite salvar cerca de 120 mil hectáreas de bosque que si no estarían destruidos en los próximos 10 años.
Sin embargo, distintas organizaciones a lo largo de los países que el rally atravesó en los últimos años han denunciado que la compensación no es total como se sostiene, además de garantizar que se destruyeron sitios arqueológicos y paleontológicos, como también de flora y fauna.
La postura es clara. El Dakar realiza el trazado con la aprobación de los gobiernos, basados en los estudios de impacto ambiental que se presentan y lo que se realiza para compensar el daño causado es voluntario, por lo que consideran que si hay críticas, no deberían ser para ellos.
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