Rosario: piden que se promulgue la prohibición del glifosato
08:00 | 
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Piden a Fein que promulgue la prohibición del glifosato
Fecha de Publicación: 11/12/2017
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Entidades ambientalistas se concentrarán hoy frente al municipio. La intendenta tiene hasta mañana para reglamentar la norma
Unas 160 instituciones públicas y privadas reunidas en la Multisectorial "Paren de Fumigarnos" pidieron a la intendenta Mónica Fein que no vete la ordenanza que prohibe el uso de glifosato en la ciudad. La norma fue sancionada por unanimidad el 16 de noviembre pasado, por lo cual Fein tiene tiempo hasta el próximo martes para determinar si promulga la ordenanza o decide dar marcha atrás con un veto. Organizaciones ambientales manifestarán esta mañana frente al Palacio Municipal.
"En su carácter de trabajadora de la salud y conocedora de la problemática socioambiental, le pedimos que no olvide el compromiso ejercido ante la población de gestionar en defensa de los derechos más elementales como son la vida y el ambiente sano", señala la carta abierta a la intendenta Mónica Fein que reclama se promulgue la ordenanza que prohibe la aplicación del herbicida.
La norma se aprobó por unanimidad en la sesión del 16 de noviembre pasado. Sin embargo, dos semanas después concejales del PRO y del Frente Progresista, con el apoyo del radicalismo, presentaron una modificación a la norma que establece un protocolo para la utilización de herbicidas de toxicología A, B y C, que ni siquiera contempla al glifosato, considerado de banda D.
La propuesta se elaboró tras una reunión con representantes de la cadena sojera, como la Bolsa de Comercio, Aacsoja y Aapresid. La iniciativa no llegó al recinto del Concejo Municipal el jueves pasado ya que no logró el consenso necesario en la comisión de Ecología del cuerpo.
Por eso, ahora le tocará a la intendenta definir sobre la ordenanza que prohíbe el uso del polémico fitosanitario en el área urbana y periurbana afectando la producción agrícola en un total de 260 hectáreas. Por los plazos propios de la administración municipal, Fein tiene hasta el martes para promulgar o vetar la norma.
Con avales
En este contexto, desde la multisectorial que reúne a las organizaciones ambientalistas reclamaron a la intendenta que promulgue la ordenanza tal como la aprobó el Concejo Municipal en noviembre.
La nota lleva la firma de entidades como el Taller Ecologista, el Taller de Comunicación Ambiental, El Paraná No se Toca, la Cátedra y el Instituto de Salud Socioambiental de la UNR, entre muchas otras.
Estas instituciones recuerdan que la norma "fue sancionada luego de una votación que reunió la adhesión de los 28 ediles del concejo deliberante" y advierten que "la relevancia de semejante nivel de consenso político e institucional es un motivo esencial para decir en favor de su promulgación y consiguiente vigencia como derecho local".
Al mismo tiempo, las organizaciones repudian "las declaraciones públicas y los aprietes esgrimidos desde entidades de los agronegocios", lo que entienden como "una presión abierta e impúdica para que vete la normativa". Y cuestionan "la actitud corporativa de este sector que inescrupulosamente intentó también, a través de diferentes maniobras, derogar la ordenanza introduciendo para su debate en el Concejo otro proyecto de manera absolutamente irregular, violando el debido proceso parlamentario".
El jueves pasado, activistas de numerosas organizaciones ecologistas se manifestaron frente al Concejo Municipal reclamando no se de marcha atrás con la prohibición del herbicida fabricado por Monsanto.
Esta mañana, a las 11, volverán a convocarse frente a la Municipalidad para insistir en la inmediata promulgación de la norma sancionada por unanimidad.
"Exhortamos a la intendenta de la ciudad, Mónica Fein, bioquímica y trabajadora de la Salud, a que cumpla con su deber de promulgar y reglamentar la prohibición del glifosato y, de este modo, proteger la salud de los y las rosarinos", señala el texto de la convocatoria.
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Fecha de Publicación: 11/12/2017
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Entidades ambientalistas se concentrarán hoy frente al municipio. La intendenta tiene hasta mañana para reglamentar la norma
Unas 160 instituciones públicas y privadas reunidas en la Multisectorial "Paren de Fumigarnos" pidieron a la intendenta Mónica Fein que no vete la ordenanza que prohibe el uso de glifosato en la ciudad. La norma fue sancionada por unanimidad el 16 de noviembre pasado, por lo cual Fein tiene tiempo hasta el próximo martes para determinar si promulga la ordenanza o decide dar marcha atrás con un veto. Organizaciones ambientales manifestarán esta mañana frente al Palacio Municipal.
"En su carácter de trabajadora de la salud y conocedora de la problemática socioambiental, le pedimos que no olvide el compromiso ejercido ante la población de gestionar en defensa de los derechos más elementales como son la vida y el ambiente sano", señala la carta abierta a la intendenta Mónica Fein que reclama se promulgue la ordenanza que prohibe la aplicación del herbicida.
La norma se aprobó por unanimidad en la sesión del 16 de noviembre pasado. Sin embargo, dos semanas después concejales del PRO y del Frente Progresista, con el apoyo del radicalismo, presentaron una modificación a la norma que establece un protocolo para la utilización de herbicidas de toxicología A, B y C, que ni siquiera contempla al glifosato, considerado de banda D.
La propuesta se elaboró tras una reunión con representantes de la cadena sojera, como la Bolsa de Comercio, Aacsoja y Aapresid. La iniciativa no llegó al recinto del Concejo Municipal el jueves pasado ya que no logró el consenso necesario en la comisión de Ecología del cuerpo.
Por eso, ahora le tocará a la intendenta definir sobre la ordenanza que prohíbe el uso del polémico fitosanitario en el área urbana y periurbana afectando la producción agrícola en un total de 260 hectáreas. Por los plazos propios de la administración municipal, Fein tiene hasta el martes para promulgar o vetar la norma.
Con avales
En este contexto, desde la multisectorial que reúne a las organizaciones ambientalistas reclamaron a la intendenta que promulgue la ordenanza tal como la aprobó el Concejo Municipal en noviembre.
La nota lleva la firma de entidades como el Taller Ecologista, el Taller de Comunicación Ambiental, El Paraná No se Toca, la Cátedra y el Instituto de Salud Socioambiental de la UNR, entre muchas otras.
Estas instituciones recuerdan que la norma "fue sancionada luego de una votación que reunió la adhesión de los 28 ediles del concejo deliberante" y advierten que "la relevancia de semejante nivel de consenso político e institucional es un motivo esencial para decir en favor de su promulgación y consiguiente vigencia como derecho local".
Al mismo tiempo, las organizaciones repudian "las declaraciones públicas y los aprietes esgrimidos desde entidades de los agronegocios", lo que entienden como "una presión abierta e impúdica para que vete la normativa". Y cuestionan "la actitud corporativa de este sector que inescrupulosamente intentó también, a través de diferentes maniobras, derogar la ordenanza introduciendo para su debate en el Concejo otro proyecto de manera absolutamente irregular, violando el debido proceso parlamentario".
El jueves pasado, activistas de numerosas organizaciones ecologistas se manifestaron frente al Concejo Municipal reclamando no se de marcha atrás con la prohibición del herbicida fabricado por Monsanto.
Esta mañana, a las 11, volverán a convocarse frente a la Municipalidad para insistir en la inmediata promulgación de la norma sancionada por unanimidad.
"Exhortamos a la intendenta de la ciudad, Mónica Fein, bioquímica y trabajadora de la Salud, a que cumpla con su deber de promulgar y reglamentar la prohibición del glifosato y, de este modo, proteger la salud de los y las rosarinos", señala el texto de la convocatoria.
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200 ciervos muertos en el Delta bonaerense
Hallan cerca de 200 ciervos muertos en el Delta bonaerense
Fecha de Publicación: 11/12/2017
Fuente: Ferfil
Provincia/Región: Buenos Aires
La mayoría por caza furtiva. Desde la Fundación Azara advierten que la especie de mayor valor emblemático del Delta corre peligro de desaparecer como sucedió con el yaguareté.
Una investigación del Conicet realizada en el Delta del Río Paraná arrojó datos alarmantes: entre diciembre de 2015 y marzo de 2017 se registraron cerca de 200 ciervos de los pantanos muertos en el área. Estudiando las causas, se determinó que 81% fueron cazados furtivamente, incluyendo hembras preñadas. El estudio fue liderado por la doctora en ciencias biológicas Marcela Orozco, investigadora del Conicet en el Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires. Las necropsias realizadas relevaron la presencia de heridas por armas de fuego, y en algunos casos, lesiones asociadas a la desnutrición y a la ingesta de plantas tóxicas.
“Vemos con preocupación que durante 2017 hubo un recrudecimiento de la caza furtiva, hecho que es avalado por los comentarios de algunos isleños”, manifestó Adrián Giacchino, presidente de la Fundación Azara. “Sin ir más lejos, durante la última semana se encontraron tres ciervos muertos -baleados- en un campo productivo de la zona”, remarcó.
En los últimos años, las inundaciones extraordinarias que se registraron en el Bajo Delta del Río Paraná afectaron gravemente a los habitantes de la región, sus actividades productivas y también a la fauna silvestre. En el Delta vive la población más austral del mundo de ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus). “Las inundaciones se convierten ahora en un problema fatal. Por un lado, al haber pocos puntos elevados y secos, muchos animales pueden ahogarse o pasar largos periodos de tiempo en zonas completamente inundadas, lo que va en detrimento de su salud”, expresó Orozco.
“Los que consiguen llegar a áreas más altas quedan acorralados, agotados, con poco alimento disponible y escasos refugios ante el frío, con las defensas bajas y -como si fuera poco- muy expuestos ante los cazadores furtivos y los implacables ataques de perros. De persistir esta situación el animal silvestre más emblemático que le queda al Delta corre el riesgo de ser exterminado, como sucedió con el yaguareté”, declaró Claudio Bertonatti, naturalista de la Fundación Azara. “Si esta es la suerte de uno de las pocas especies declaradas “Monumento Natural” en la Provincia de Buenos Aires, ¿qué le queda a las que tienen menor nivel de notoriedad y protección?”, se preguntó.
Para los expertos es alarmante la desprotección de la fauna silvestre que existe en el país. “Evidentemente, hace falta mucho trabajo en materia de conservación, desde la educación ambiental hasta la fiscalización de las actividades extractivas. Desde la creación y consolidación de áreas naturales protegidas hasta la penalización de los ilícitos ambientales. En ninguno de estos campos la Argentina da el ejemplo. Una de las causas que explica esto es la falta de idoneidad, compromiso y eficiencia en la mayoría de los funcionarios públicos que se ocupan (o deberían ocupar) de estos temas”, concluyó Bertonatti.
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Fecha de Publicación: 11/12/2017
Fuente: Ferfil
Provincia/Región: Buenos Aires
La mayoría por caza furtiva. Desde la Fundación Azara advierten que la especie de mayor valor emblemático del Delta corre peligro de desaparecer como sucedió con el yaguareté.
Una investigación del Conicet realizada en el Delta del Río Paraná arrojó datos alarmantes: entre diciembre de 2015 y marzo de 2017 se registraron cerca de 200 ciervos de los pantanos muertos en el área. Estudiando las causas, se determinó que 81% fueron cazados furtivamente, incluyendo hembras preñadas. El estudio fue liderado por la doctora en ciencias biológicas Marcela Orozco, investigadora del Conicet en el Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires. Las necropsias realizadas relevaron la presencia de heridas por armas de fuego, y en algunos casos, lesiones asociadas a la desnutrición y a la ingesta de plantas tóxicas.
“Vemos con preocupación que durante 2017 hubo un recrudecimiento de la caza furtiva, hecho que es avalado por los comentarios de algunos isleños”, manifestó Adrián Giacchino, presidente de la Fundación Azara. “Sin ir más lejos, durante la última semana se encontraron tres ciervos muertos -baleados- en un campo productivo de la zona”, remarcó.
En los últimos años, las inundaciones extraordinarias que se registraron en el Bajo Delta del Río Paraná afectaron gravemente a los habitantes de la región, sus actividades productivas y también a la fauna silvestre. En el Delta vive la población más austral del mundo de ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus). “Las inundaciones se convierten ahora en un problema fatal. Por un lado, al haber pocos puntos elevados y secos, muchos animales pueden ahogarse o pasar largos periodos de tiempo en zonas completamente inundadas, lo que va en detrimento de su salud”, expresó Orozco.
“Los que consiguen llegar a áreas más altas quedan acorralados, agotados, con poco alimento disponible y escasos refugios ante el frío, con las defensas bajas y -como si fuera poco- muy expuestos ante los cazadores furtivos y los implacables ataques de perros. De persistir esta situación el animal silvestre más emblemático que le queda al Delta corre el riesgo de ser exterminado, como sucedió con el yaguareté”, declaró Claudio Bertonatti, naturalista de la Fundación Azara. “Si esta es la suerte de uno de las pocas especies declaradas “Monumento Natural” en la Provincia de Buenos Aires, ¿qué le queda a las que tienen menor nivel de notoriedad y protección?”, se preguntó.
Para los expertos es alarmante la desprotección de la fauna silvestre que existe en el país. “Evidentemente, hace falta mucho trabajo en materia de conservación, desde la educación ambiental hasta la fiscalización de las actividades extractivas. Desde la creación y consolidación de áreas naturales protegidas hasta la penalización de los ilícitos ambientales. En ninguno de estos campos la Argentina da el ejemplo. Una de las causas que explica esto es la falta de idoneidad, compromiso y eficiencia en la mayoría de los funcionarios públicos que se ocupan (o deberían ocupar) de estos temas”, concluyó Bertonatti.
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El gobierno salteño defiende la deforestación Braun Peña
El gobierno afirma que la deforestación en la finca El Cuchuy fue legal
Fecha de Publicación: 11/12/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Greenpeace había denunciado que esas tierras, pertenecientes a un pariente del Jefe de Gabinete de la Nación, habían sido desmontadas de manera ilegal.
Ayer se conoció la denuncia realizada por Greenpeace, en la que daba a conocer que se habían desmontado casi 9.000 hectáreas de la finca Cuchuy, de Salta. La finca Cuchuy es propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña.
La organización gubernamental enfatizaba que esas tierras estaban dentro del área protegida por la Ley de Bosques y que el gobierno provincial había cambiado su categoría de manera arbitraria y, según Greenpeace, también de manera ilegal para permitir que las topadoras marchen.
LA GACETA, que difundió el informe de Greenpeace, trató de comunicarse de manera reiterada ayer y antes de ayer con autoridades de la provincia para que dieran su versión. Y no hubo respuesta. Pero hoy, después de que se publicara el artículo, replicado por otros medios, el gobierno publicó un comunicado oficial sobre el tema, en el que aseguran que “los trabajos de cambio de uso de suelo que se ejecutan en la finca El Cuchuy (departamento San Martín) desde 2014, fueron avalados por la autoridad competente provincial y se encontraron ajustados a la normativa ambiental vigente en el momento del dictado de la autorización”.
Se enfatiza, además, que la Ley de Bosques Nativos (Ley de Presupuestos Mínimos) establece que las (provincias o jurisdicciones) dictarán sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de acuerdo con los lineamientos y en función a criterios de conservación establecidos en la misma, como piso para determinar las diferentes categorías (bajo, mediano y alto).
“La Autoridad de Aplicación en materia ambiental en la provincia es el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y otorga las autorizaciones de planes de manejo de cambio de uso de suelo, como también de planes de manejos forestales y de conservación, una vez que se realizan las evaluaciones técnicas y siempre que cumplan con los requisitos establecidos (evaluación de impacto ambiental, audiencias públicas, etc). La autorización del cambio de uso de suelo en cuestión se realizó en el marco del Decreto 2.211/10, a través del cual se aprobaba el Procedimiento de Análisis de Proyectos a Nivel Predial, en virtud de la escala en la cual se realizó la cartografía que sirve de base al mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos, lo que permitía incorporar la posibilidad de presentar planes de ordenamiento de escala predial para determinar si en la superficie no confluyen los criterios establecidos por la ley y lo que orientativamente estableció la cartografía”, dice el comunicado.
El comunicado recalca el gobierno autorizó proyectos para la producción agrícola a partir de 2012. “Vale aclarar que los proyectos de cambio de uso de suelo autorizados cuando la ley lo permitía no se realizan en una sola acción sino por módulos y que los mismos se ejecutan con intervalos de tiempo entre uno y otro. En este marco, el actual desmonte en ejecución en el mencionado predio corresponde a un módulo autorizado oportunamente”, señalaron.
“Es importante tener en cuenta que consta en el expediente (foja 453 exp. 119-15742-2017) el acta acuerdo celebrada entre Braun Peña y Larrán Gastón por una parte y, por la otra, la comunidad wichí Laguna Cuchuy, en la que los primeros se comprometen a la donación de 300 hectáreas, que están dentro del 40% exigido por la Ley como reserva natural. Asimismo, consta y se ratifica la conformidad de las comunidades respecto del área del proyecto en acta. (foja 479)”, concluye el comunicado.
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Fecha de Publicación: 11/12/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Greenpeace había denunciado que esas tierras, pertenecientes a un pariente del Jefe de Gabinete de la Nación, habían sido desmontadas de manera ilegal.
Ayer se conoció la denuncia realizada por Greenpeace, en la que daba a conocer que se habían desmontado casi 9.000 hectáreas de la finca Cuchuy, de Salta. La finca Cuchuy es propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña.
La organización gubernamental enfatizaba que esas tierras estaban dentro del área protegida por la Ley de Bosques y que el gobierno provincial había cambiado su categoría de manera arbitraria y, según Greenpeace, también de manera ilegal para permitir que las topadoras marchen.
LA GACETA, que difundió el informe de Greenpeace, trató de comunicarse de manera reiterada ayer y antes de ayer con autoridades de la provincia para que dieran su versión. Y no hubo respuesta. Pero hoy, después de que se publicara el artículo, replicado por otros medios, el gobierno publicó un comunicado oficial sobre el tema, en el que aseguran que “los trabajos de cambio de uso de suelo que se ejecutan en la finca El Cuchuy (departamento San Martín) desde 2014, fueron avalados por la autoridad competente provincial y se encontraron ajustados a la normativa ambiental vigente en el momento del dictado de la autorización”.
Se enfatiza, además, que la Ley de Bosques Nativos (Ley de Presupuestos Mínimos) establece que las (provincias o jurisdicciones) dictarán sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de acuerdo con los lineamientos y en función a criterios de conservación establecidos en la misma, como piso para determinar las diferentes categorías (bajo, mediano y alto).
“La Autoridad de Aplicación en materia ambiental en la provincia es el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y otorga las autorizaciones de planes de manejo de cambio de uso de suelo, como también de planes de manejos forestales y de conservación, una vez que se realizan las evaluaciones técnicas y siempre que cumplan con los requisitos establecidos (evaluación de impacto ambiental, audiencias públicas, etc). La autorización del cambio de uso de suelo en cuestión se realizó en el marco del Decreto 2.211/10, a través del cual se aprobaba el Procedimiento de Análisis de Proyectos a Nivel Predial, en virtud de la escala en la cual se realizó la cartografía que sirve de base al mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos, lo que permitía incorporar la posibilidad de presentar planes de ordenamiento de escala predial para determinar si en la superficie no confluyen los criterios establecidos por la ley y lo que orientativamente estableció la cartografía”, dice el comunicado.
El comunicado recalca el gobierno autorizó proyectos para la producción agrícola a partir de 2012. “Vale aclarar que los proyectos de cambio de uso de suelo autorizados cuando la ley lo permitía no se realizan en una sola acción sino por módulos y que los mismos se ejecutan con intervalos de tiempo entre uno y otro. En este marco, el actual desmonte en ejecución en el mencionado predio corresponde a un módulo autorizado oportunamente”, señalaron.
“Es importante tener en cuenta que consta en el expediente (foja 453 exp. 119-15742-2017) el acta acuerdo celebrada entre Braun Peña y Larrán Gastón por una parte y, por la otra, la comunidad wichí Laguna Cuchuy, en la que los primeros se comprometen a la donación de 300 hectáreas, que están dentro del 40% exigido por la Ley como reserva natural. Asimismo, consta y se ratifica la conformidad de las comunidades respecto del área del proyecto en acta. (foja 479)”, concluye el comunicado.
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Las concesiones a espacios del EcoParque en discusión
La protección, un negocio gastronómico
Fecha de Publicación: 11/12/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: CABA
Una coalición de entidades advirtió que la apertura de lugares de comida en los edificios emblemáticos del predio de Palermo atenta contra el bienestar de los animales. Las principales organizaciones ambientales e instituciones veterinarias del país rechazaron el proyecto de ley para concesionar por 30 años 21 edificios históricos del EcoParque porteño (ex Zoológico) para transformarlos en sitios de concientización sobre conservación del medio ambiente que incluirán sectores gastronómicos. La iniciativa podría ser tratada mañana en la Legislatura, durante la última sesión ordinaria antes del recambio parlamentario. El naturalista y asesor de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Claudio Bertonatti, dijo a PáginaI12 que “no hay una sola institución en materia de ciencia, educación o conservación que acompañe este proyecto porque va a perjudicar, al reducir el espacio, el bienestar animal”. Además, advirtió que “como no hay un plan establecido, porque todo está improvisado, tampoco sabemos qué animales van a quedar en el predio”, y aclaró que “no es algo que sorprenda porque el proyecto viene del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología del que depende la institución, cuando debería estar bajo la órbita de Ambiente o Cultura”.
La coalición de organizaciones que firmaron un comunicado oponiéndose al proyecto que lleva la firma del ministro de Modernización, Andrés Freire, está compuesta por la Fundación Temaikén, Fundación Vida Silvestre, Fundación Biodiversidad Argentina, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios, Fundación de Historia Natural Félix Azara, Asociación de Amigos del Oso Polar Arturo y de los Animales Dependientes de Humanos, Fundación Hábitat y Desarrollo, la Sociedad de Medicina Veterinaria, Wildlife Conservation Society (WCS) filial Argentina y la Fundación Aves Argentinas.
El director científico de la Fundación Temaiken, Eduardo Francisco, explicó a este diario que “la ley del EcoParque tiene como premisa el bienestar animal, y en el proyecto no hay un master plan del predio que contemple qué animales van a quedar en el parque, cuáles son los ambientes que van a tener y la función de cada edificio que se quiere concesionar. Sería interesante que dentro del relato de conservación que dicen llevar adelante especifiquen cuáles animales van a ser trasladados, cuáles van a quedar y en base a eso, sabiendo qué especies quedan se puedan diseñar los ambientes para su bienestar”, y remarcó que “por eso planteamos que se trabaje para desarrollar un plan antes de otorgar en concesión los edificios”.
Para Bertonatti, “desde que cesó la concesión del zoológico, en junio de 2016, hasta ahora, lo que ha habido son demostraciones de impericia. Un año y medio después, siguen sin tener un plan. El zoológico arrastra connotaciones negativas, de maltrato y de encierro. Pero a nivel mundial, esta crisis se perfiló hace tiempo y ya encontró su solución: transformar esos museos vivientes con animales, en modernos centros de educación ambiental, que desarrollan programas de conservación o contribuyen a restaurar ambientes amenazados. Existe una crisis ambiental mundial que se traduce en que cada día hay más especies amenazadas. Los países tienen dos grandes herramientas para salir de la extinción: con organizaciones que in situ trabajan para la conservación como Parques Nacionales, y las ex situ: los museos de ciencias naturales, jardines botánicos, acuarios, jardines zoológicos”. “Lejos de tomar esto como modelo y consultar a especialistas, ONGs dedicadas a la conservación o universidades, tomaron dos medidas demagógicas: hicieron un concurso internacional que dejó unos dibujos con arquitectura futurista, y una consulta a los vecinos para saber qué querían que se desarrollara, obviando a las organizaciones especializadas”.
Para el especialista, “la furia de las ONG tiene que ver, primero con la falta de plan, y segundo, con la reducción de la superficie del predio para desafectar sectores y dejarlos de acceso libre, cuando se sabe que para mejorar las condiciones de los animales hay que darles más espacio”.
El naturalista, además, remarcó que “van a entregar 21 edificios históricos en concesión, teóricamente para una propuesta que combina gastronomía y educación ambiental sin pautar los contenidos de cada edificio, cuando ningún zoológico del mundo se privatizó a empresario privado, siempre fue a organizaciones científicas o entidades de conservación”, dijo Bertonatti, y aclaró que “no estamos en contra de que se concesione sino que se lo haga a empresas cuyo fin es el lucro. Es un desguace con fines comerciales y a plazos insólitos: 30 años”.
En este sentido, los bloques opositores también cuestionaron el plazo de concesión, y que el proyecto no contara con la autorización de la Dirección Nacional de Museos, dado que incluye una serie de edificios que fueron declarados, en 1997, como Monumento Histórico Nacional por su patrimonio ambiental, artístico y ornamental.
La iniciativa estipula concesionar, por separado, las construcciones conocidas como el Pabellón de los Leones, el Aviario, el Templo Hindú Elefantes, el Antiguo Monario Azul,el Chalet de los Ciervos, la Casa de las Jirafas,la Condorera y la Confitería El Águila, entre otras.
Además, las críticas apuntaron a la falta de precisión del proyecto con relación a las licitaciones. La legisladora porteña Nuevo Encuentro-FPV Andrea Conde sostuvo que “la falta de claridad sobre aspectos centrales de la concesión como la inversión a realizarse, los cánones a cobrarse y el mecanismo que se establecerá para controlar el mantenimiento y conservación de los edificios patrimoniales convierten este proyecto de ley en un cheque en blanco, destinado a privilegiar los intereses de los futuros concesionarios”. Para la legisladora “el espíritu de la reconversión del Jardín Zoológico fue producto del fracaso de la gestión privada, por lo que creemos necesario establecer parámetros claros para asegurar un eficaz control estatal y evitar que el Poder Ejecutivo repita las mismas irregularidades a las que nos tiene acostumbrados en materia de concesiones”, remarcó.
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Fecha de Publicación: 11/12/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: CABA
Una coalición de entidades advirtió que la apertura de lugares de comida en los edificios emblemáticos del predio de Palermo atenta contra el bienestar de los animales. Las principales organizaciones ambientales e instituciones veterinarias del país rechazaron el proyecto de ley para concesionar por 30 años 21 edificios históricos del EcoParque porteño (ex Zoológico) para transformarlos en sitios de concientización sobre conservación del medio ambiente que incluirán sectores gastronómicos. La iniciativa podría ser tratada mañana en la Legislatura, durante la última sesión ordinaria antes del recambio parlamentario. El naturalista y asesor de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Claudio Bertonatti, dijo a PáginaI12 que “no hay una sola institución en materia de ciencia, educación o conservación que acompañe este proyecto porque va a perjudicar, al reducir el espacio, el bienestar animal”. Además, advirtió que “como no hay un plan establecido, porque todo está improvisado, tampoco sabemos qué animales van a quedar en el predio”, y aclaró que “no es algo que sorprenda porque el proyecto viene del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología del que depende la institución, cuando debería estar bajo la órbita de Ambiente o Cultura”.
La coalición de organizaciones que firmaron un comunicado oponiéndose al proyecto que lleva la firma del ministro de Modernización, Andrés Freire, está compuesta por la Fundación Temaikén, Fundación Vida Silvestre, Fundación Biodiversidad Argentina, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios, Fundación de Historia Natural Félix Azara, Asociación de Amigos del Oso Polar Arturo y de los Animales Dependientes de Humanos, Fundación Hábitat y Desarrollo, la Sociedad de Medicina Veterinaria, Wildlife Conservation Society (WCS) filial Argentina y la Fundación Aves Argentinas.
El director científico de la Fundación Temaiken, Eduardo Francisco, explicó a este diario que “la ley del EcoParque tiene como premisa el bienestar animal, y en el proyecto no hay un master plan del predio que contemple qué animales van a quedar en el parque, cuáles son los ambientes que van a tener y la función de cada edificio que se quiere concesionar. Sería interesante que dentro del relato de conservación que dicen llevar adelante especifiquen cuáles animales van a ser trasladados, cuáles van a quedar y en base a eso, sabiendo qué especies quedan se puedan diseñar los ambientes para su bienestar”, y remarcó que “por eso planteamos que se trabaje para desarrollar un plan antes de otorgar en concesión los edificios”.
Para Bertonatti, “desde que cesó la concesión del zoológico, en junio de 2016, hasta ahora, lo que ha habido son demostraciones de impericia. Un año y medio después, siguen sin tener un plan. El zoológico arrastra connotaciones negativas, de maltrato y de encierro. Pero a nivel mundial, esta crisis se perfiló hace tiempo y ya encontró su solución: transformar esos museos vivientes con animales, en modernos centros de educación ambiental, que desarrollan programas de conservación o contribuyen a restaurar ambientes amenazados. Existe una crisis ambiental mundial que se traduce en que cada día hay más especies amenazadas. Los países tienen dos grandes herramientas para salir de la extinción: con organizaciones que in situ trabajan para la conservación como Parques Nacionales, y las ex situ: los museos de ciencias naturales, jardines botánicos, acuarios, jardines zoológicos”. “Lejos de tomar esto como modelo y consultar a especialistas, ONGs dedicadas a la conservación o universidades, tomaron dos medidas demagógicas: hicieron un concurso internacional que dejó unos dibujos con arquitectura futurista, y una consulta a los vecinos para saber qué querían que se desarrollara, obviando a las organizaciones especializadas”.
Para el especialista, “la furia de las ONG tiene que ver, primero con la falta de plan, y segundo, con la reducción de la superficie del predio para desafectar sectores y dejarlos de acceso libre, cuando se sabe que para mejorar las condiciones de los animales hay que darles más espacio”.
El naturalista, además, remarcó que “van a entregar 21 edificios históricos en concesión, teóricamente para una propuesta que combina gastronomía y educación ambiental sin pautar los contenidos de cada edificio, cuando ningún zoológico del mundo se privatizó a empresario privado, siempre fue a organizaciones científicas o entidades de conservación”, dijo Bertonatti, y aclaró que “no estamos en contra de que se concesione sino que se lo haga a empresas cuyo fin es el lucro. Es un desguace con fines comerciales y a plazos insólitos: 30 años”.
En este sentido, los bloques opositores también cuestionaron el plazo de concesión, y que el proyecto no contara con la autorización de la Dirección Nacional de Museos, dado que incluye una serie de edificios que fueron declarados, en 1997, como Monumento Histórico Nacional por su patrimonio ambiental, artístico y ornamental.
La iniciativa estipula concesionar, por separado, las construcciones conocidas como el Pabellón de los Leones, el Aviario, el Templo Hindú Elefantes, el Antiguo Monario Azul,el Chalet de los Ciervos, la Casa de las Jirafas,la Condorera y la Confitería El Águila, entre otras.
Además, las críticas apuntaron a la falta de precisión del proyecto con relación a las licitaciones. La legisladora porteña Nuevo Encuentro-FPV Andrea Conde sostuvo que “la falta de claridad sobre aspectos centrales de la concesión como la inversión a realizarse, los cánones a cobrarse y el mecanismo que se establecerá para controlar el mantenimiento y conservación de los edificios patrimoniales convierten este proyecto de ley en un cheque en blanco, destinado a privilegiar los intereses de los futuros concesionarios”. Para la legisladora “el espíritu de la reconversión del Jardín Zoológico fue producto del fracaso de la gestión privada, por lo que creemos necesario establecer parámetros claros para asegurar un eficaz control estatal y evitar que el Poder Ejecutivo repita las mismas irregularidades a las que nos tiene acostumbrados en materia de concesiones”, remarcó.
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Rooney de la Alumbrera será procesado
Minera Alumbrera: se confirmó el procesamiento del CEO por contaminación ambiental
Fecha de Publicación: 10/12/2017
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Tucumán - Catamarca
Se indagará, además, al representante legal de la firma y se dispuso la profundización de la pesquisa al ex videpresidente de la empresa
La Cámara Federal de Tucumán confirmó el procesamiento del ingeniero Raúl Pedro Mentz –CEO de Minera Alumbrera Ltda-, revocó el sobreseimiento de Julián Patricio Rooney –ex gerente Comercial, Legal y de Asuntos Corporativos y Vicepresidente de la firma- y profundizó la pesquisa en su contra.
Asimismo, dispuso citar a indagatoria al representante legal de la empresa –Michael Harvy Lou Holmes- en la investigación por contaminación de efluentes con cobre.
La medida se condice con las apelaciones impuestas por la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, a cargo de Antonio Gustavo Gómez, y las querellas presentadas por Ana Loto y la “Asociación Civil Pro Eco”.
Las medidas legales comenzaron en mayo de 1999. En aquel momento, un investigador del Instituto Miguel Lillo denunció ante la policía haber detectado contaminación en la localidad de Ranchillos, ubicada al este de la provincia de Tucumán. La polución provenía del vertido de efluentes que provenían de la Planta de Secado de la Minera Alumbrera Limited.
Se realizaron análisis sobre muestras de agua tomadas de la zona, que mostraron presencia de cobre y sulfatos en el curso acuífero. La gravedad del asunto se encuentra en que superan los límites estipulados por la Ley 24.051 de Residuos Tóxicos.
Rooney fue indagado sobre este tema en febrero de 2005. Explicó que se desempeñaba como gerente comercial, legal y de asuntos corporativos de la sociedad, que opera a través de una sucursal en nuestro país. Por eso, no tiene directorio constituído en Argentina. Sin embargo, en 2008 la Cámara Federal de Apelaciones dispuso su procesamiento e indicó la extracción de nuevas muestras de los efluentes líquidos emanados por la planta de Ranchillos.
Los estudios efectuados al respecto por el Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGEBA) CONICET-UBA señalaron que “los valores de cobre exceden los niveles guías de protección para la vida acuática. Los efectos negativos del cobre para la salud pública (efectos gastrointestinales) son probables a largo plazo dada la capacidad de ese metal de bioacumularse tanto a peces como en los humanos que consumen la fauna acuática”.
El año pasado, el titular del Juzgado Federal N°2 de Tucumán, Fernando Poviña, citó a Mentz, Holmes y Rooney para que sean indagados. Luego, resolvió rechazar el planteo de nulidad formulado por la defensa de Mentz, procesarlo como autor del delito de contaminación –en los términos de los artículos 55 y 57 de la Ley N°24.051 de Residuos Peligrosos- y trabarle embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 1 millón de pesos.
El presidente de la “Asociación Civil Pro Eco”, Alfredo Carbonel, por su parte, señaló que el juez no tuvo en cuenta la existencia de “elementos de convicción suficientes para considerar que Julián tenía el suficiente poder de decisión como para quedar encuadrado en las previsiones del art.57 de la Ley 24.057”.
Del mismo modo, indicó que “si bien Mentz, por el cargo de gerente que ejercía tiene un margen amplio de responsabilidad en el hecho, éste se debía a un superior en jerarquía que, según las constancias de autos, sería el cargo gerencial que al año 2011 era ejercido por el Sr. Holmes, y en el año 2012 –con posterioridad a la última toma de muestras- por el propio Mentz, pareciendo poco creíble que la comisión de un delito de semejante magnitud pueda haber pasado desapercibido para los superiores de la misma firma, de manera tal como para desligarlos de responsabilidad”.
Por otra parte, y en relación a Holmes, el representante del Ministerio Público Fiscal consignó que “éste conoce la actividad minera, sabe de su funcionamiento, sus mecanismos y consecuencias, tiene responsabilidad en la toma de decisiones, no podía desconocer la importancia del cuidado del ambiente, las técnicas para mitigar su impacto y los costos que ello representaba, por lo que corresponde que sea citado a prestar declaración indagatoria”.
Finalmente, los defensores de Mentz y Rooney recurrieron la decisión y explicaron que “la descarga de la Planta de Filtros de Ranchillos de Minera Alumbrera cumple con los estándares del Código Alimentario Argentino y de la Organización Mundial de la Salud en general y en especial respecto al cobre” .
También sostuvieron que “la descarga de MAA está autorizada por las áreas del Estado, no es residuo de acuerdo a la normativa aplicable, no es tóxica, no es peligrosa –menos aún para la salud humana-, y no genera ni incrementa riesgo alguno, por lo que no encuadra en la figura penal prevista por el art. 55 de la ley 24.051 ni en ninguna otra prevista por nuestro ordenamiento jurídico”.
Los jueces de la Cámara –Ricardo Sanjuan, Ernesto Wayar y Marina Cossio- examinaron la cuestión y resolvieron no hacer lugar al planteo de nulidad postulado por la defensa. Además, confirmaron parcialmente el procesamiento del ingeniero Mentz y redujeron el embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 500 mil pesos. Revocaron, también, el sobreseimiento de Rooney, profundizaron la pesquisa en su contra y, por último, citaron a indagatoria a Holmes.
Así, basados en los elementos de prueba que se han incorporado en la investigación, los magistrados consideraron “que se encontraría acreditada la contaminación ambiental producida por la planta de filtros ‘Cruz del Norte’, perteneciente a ‘Minera Alumbrera Limited’.
Los camaristas hicieron hincapié en que “corresponde poner de resalto la responsabilidad de aquellas personas que son las que verdaderamente conducen y deciden el accionar de la persona jurídica, porque de otra manera caeríamos en una solución injusta y antojadiza de considerar como únicos responsables de la contaminación ambiental a los dependientes de menor rango en la estructura de la empresa –los operarios-, quedando impunes los directivos y aquellas personas que tienen amplia injerencia en todo el accionar de la firma, como es el caso de Rooney, quien se encontraba a cargo del manejo de todas las cuestiones legales y financieras”.
La conclusión a la que arribaron, entonces, fue que “la conducta de Rooney encuadra dentro de las previsiones del art.57 de la Ley 24.051, lo cual conlleva la presunta responsabilidad del nombrado en orden al delito de contaminación ambiental previsto por el art. 55 ley 24.051, habiendo intervenido en el hecho en calidad de partícipe necesario”.
Los jueces Sanjuan, Wayar y Cossio confirmaron el procesamiento porque “Mentz ejercía un dominio material de la acción y que poseía el conocimiento específico del tipo de contaminantes que arrojaba la empresa y con qué parámetros, encontrándose en la posición de garante respecto de los procesos de tratamiento de efluentes para que estos se encuentren por debajo de los niveles de contaminación permitidos y no produzcan riesgo a la salud humana”.
Respecto a Holmes, los camaristas consideraron que éste debía ser indagado, ya que se desempeñó como representante legal de la empresa y, por ende, “debía conocer a la perfección cómo se desarrollaba la actividad minera".
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Fecha de Publicación: 10/12/2017
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Tucumán - Catamarca
Se indagará, además, al representante legal de la firma y se dispuso la profundización de la pesquisa al ex videpresidente de la empresa
La Cámara Federal de Tucumán confirmó el procesamiento del ingeniero Raúl Pedro Mentz –CEO de Minera Alumbrera Ltda-, revocó el sobreseimiento de Julián Patricio Rooney –ex gerente Comercial, Legal y de Asuntos Corporativos y Vicepresidente de la firma- y profundizó la pesquisa en su contra.
Asimismo, dispuso citar a indagatoria al representante legal de la empresa –Michael Harvy Lou Holmes- en la investigación por contaminación de efluentes con cobre.
La medida se condice con las apelaciones impuestas por la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, a cargo de Antonio Gustavo Gómez, y las querellas presentadas por Ana Loto y la “Asociación Civil Pro Eco”.
Las medidas legales comenzaron en mayo de 1999. En aquel momento, un investigador del Instituto Miguel Lillo denunció ante la policía haber detectado contaminación en la localidad de Ranchillos, ubicada al este de la provincia de Tucumán. La polución provenía del vertido de efluentes que provenían de la Planta de Secado de la Minera Alumbrera Limited.
Se realizaron análisis sobre muestras de agua tomadas de la zona, que mostraron presencia de cobre y sulfatos en el curso acuífero. La gravedad del asunto se encuentra en que superan los límites estipulados por la Ley 24.051 de Residuos Tóxicos.
Rooney fue indagado sobre este tema en febrero de 2005. Explicó que se desempeñaba como gerente comercial, legal y de asuntos corporativos de la sociedad, que opera a través de una sucursal en nuestro país. Por eso, no tiene directorio constituído en Argentina. Sin embargo, en 2008 la Cámara Federal de Apelaciones dispuso su procesamiento e indicó la extracción de nuevas muestras de los efluentes líquidos emanados por la planta de Ranchillos.
Los estudios efectuados al respecto por el Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGEBA) CONICET-UBA señalaron que “los valores de cobre exceden los niveles guías de protección para la vida acuática. Los efectos negativos del cobre para la salud pública (efectos gastrointestinales) son probables a largo plazo dada la capacidad de ese metal de bioacumularse tanto a peces como en los humanos que consumen la fauna acuática”.
El año pasado, el titular del Juzgado Federal N°2 de Tucumán, Fernando Poviña, citó a Mentz, Holmes y Rooney para que sean indagados. Luego, resolvió rechazar el planteo de nulidad formulado por la defensa de Mentz, procesarlo como autor del delito de contaminación –en los términos de los artículos 55 y 57 de la Ley N°24.051 de Residuos Peligrosos- y trabarle embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 1 millón de pesos.
El presidente de la “Asociación Civil Pro Eco”, Alfredo Carbonel, por su parte, señaló que el juez no tuvo en cuenta la existencia de “elementos de convicción suficientes para considerar que Julián tenía el suficiente poder de decisión como para quedar encuadrado en las previsiones del art.57 de la Ley 24.057”.
Del mismo modo, indicó que “si bien Mentz, por el cargo de gerente que ejercía tiene un margen amplio de responsabilidad en el hecho, éste se debía a un superior en jerarquía que, según las constancias de autos, sería el cargo gerencial que al año 2011 era ejercido por el Sr. Holmes, y en el año 2012 –con posterioridad a la última toma de muestras- por el propio Mentz, pareciendo poco creíble que la comisión de un delito de semejante magnitud pueda haber pasado desapercibido para los superiores de la misma firma, de manera tal como para desligarlos de responsabilidad”.
Por otra parte, y en relación a Holmes, el representante del Ministerio Público Fiscal consignó que “éste conoce la actividad minera, sabe de su funcionamiento, sus mecanismos y consecuencias, tiene responsabilidad en la toma de decisiones, no podía desconocer la importancia del cuidado del ambiente, las técnicas para mitigar su impacto y los costos que ello representaba, por lo que corresponde que sea citado a prestar declaración indagatoria”.
Finalmente, los defensores de Mentz y Rooney recurrieron la decisión y explicaron que “la descarga de la Planta de Filtros de Ranchillos de Minera Alumbrera cumple con los estándares del Código Alimentario Argentino y de la Organización Mundial de la Salud en general y en especial respecto al cobre” .
También sostuvieron que “la descarga de MAA está autorizada por las áreas del Estado, no es residuo de acuerdo a la normativa aplicable, no es tóxica, no es peligrosa –menos aún para la salud humana-, y no genera ni incrementa riesgo alguno, por lo que no encuadra en la figura penal prevista por el art. 55 de la ley 24.051 ni en ninguna otra prevista por nuestro ordenamiento jurídico”.
Los jueces de la Cámara –Ricardo Sanjuan, Ernesto Wayar y Marina Cossio- examinaron la cuestión y resolvieron no hacer lugar al planteo de nulidad postulado por la defensa. Además, confirmaron parcialmente el procesamiento del ingeniero Mentz y redujeron el embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 500 mil pesos. Revocaron, también, el sobreseimiento de Rooney, profundizaron la pesquisa en su contra y, por último, citaron a indagatoria a Holmes.
Así, basados en los elementos de prueba que se han incorporado en la investigación, los magistrados consideraron “que se encontraría acreditada la contaminación ambiental producida por la planta de filtros ‘Cruz del Norte’, perteneciente a ‘Minera Alumbrera Limited’.
Los camaristas hicieron hincapié en que “corresponde poner de resalto la responsabilidad de aquellas personas que son las que verdaderamente conducen y deciden el accionar de la persona jurídica, porque de otra manera caeríamos en una solución injusta y antojadiza de considerar como únicos responsables de la contaminación ambiental a los dependientes de menor rango en la estructura de la empresa –los operarios-, quedando impunes los directivos y aquellas personas que tienen amplia injerencia en todo el accionar de la firma, como es el caso de Rooney, quien se encontraba a cargo del manejo de todas las cuestiones legales y financieras”.
La conclusión a la que arribaron, entonces, fue que “la conducta de Rooney encuadra dentro de las previsiones del art.57 de la Ley 24.051, lo cual conlleva la presunta responsabilidad del nombrado en orden al delito de contaminación ambiental previsto por el art. 55 ley 24.051, habiendo intervenido en el hecho en calidad de partícipe necesario”.
Los jueces Sanjuan, Wayar y Cossio confirmaron el procesamiento porque “Mentz ejercía un dominio material de la acción y que poseía el conocimiento específico del tipo de contaminantes que arrojaba la empresa y con qué parámetros, encontrándose en la posición de garante respecto de los procesos de tratamiento de efluentes para que estos se encuentren por debajo de los niveles de contaminación permitidos y no produzcan riesgo a la salud humana”.
Respecto a Holmes, los camaristas consideraron que éste debía ser indagado, ya que se desempeñó como representante legal de la empresa y, por ende, “debía conocer a la perfección cómo se desarrollaba la actividad minera".
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Caso Atuel: Cornejo invitó a Verna al diálogo
Atuel: Cornejo invitó a Verna al diálogo
Fecha de Publicación: 10/12/2017
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el uso del río Atuel, el gobernador Alfredo Cornejo envió una misiva a su par de La Pampa, Carlos Verna, para fijar “de común acuerdo” una reunión en el marco del Comité Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI). En la sentencia del 1 de diciembre, el máximo tribunal dispuso “ordenar a las partes que fijen un caudal hídrico apto en el plazo de treinta (30) días para la recomposición del ecosistema afectado en el noroeste de la Provincia de La Pampa”. A su vez planteó que “en forma conjunta (Mendoza y La Pampa), elaboren por intermedio del CIAI un programa de ejecución de obras que contemple diversas alternativas de solución técnica”.
La Corte Suprema ordenó que en 30 días se determine un caudal mínimo. Pide que haya acuerdos en el manejo de la cuenca y que cesen los litigios. Atendiendo estos puntos, Cornejo invitó a Verna a “establecer de común acuerdo, y con la mayor premura posible en atención a la brevedad de los plazos establecidos por la Corte, fecha y lugar para una reunión del CIAI”.
El Gobernador mendocino propuso a su par pampeano que ese encuentro se realice en la sede del Ministerio del Interior, y que el Estado nacional y la Corte también participen a través de sus representantes. Al final del texto, Cornejo enfatizó su “firme convicción” en que “a través de un diálogo fructífero en el marco del federalismo de concentración, es posible avanzar en encontrar soluciones al conflicto que involucra a nuestras provincias”, publicó mdzonline.com.
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Fecha de Publicación: 10/12/2017
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el uso del río Atuel, el gobernador Alfredo Cornejo envió una misiva a su par de La Pampa, Carlos Verna, para fijar “de común acuerdo” una reunión en el marco del Comité Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI). En la sentencia del 1 de diciembre, el máximo tribunal dispuso “ordenar a las partes que fijen un caudal hídrico apto en el plazo de treinta (30) días para la recomposición del ecosistema afectado en el noroeste de la Provincia de La Pampa”. A su vez planteó que “en forma conjunta (Mendoza y La Pampa), elaboren por intermedio del CIAI un programa de ejecución de obras que contemple diversas alternativas de solución técnica”.
La Corte Suprema ordenó que en 30 días se determine un caudal mínimo. Pide que haya acuerdos en el manejo de la cuenca y que cesen los litigios. Atendiendo estos puntos, Cornejo invitó a Verna a “establecer de común acuerdo, y con la mayor premura posible en atención a la brevedad de los plazos establecidos por la Corte, fecha y lugar para una reunión del CIAI”.
El Gobernador mendocino propuso a su par pampeano que ese encuentro se realice en la sede del Ministerio del Interior, y que el Estado nacional y la Corte también participen a través de sus representantes. Al final del texto, Cornejo enfatizó su “firme convicción” en que “a través de un diálogo fructífero en el marco del federalismo de concentración, es posible avanzar en encontrar soluciones al conflicto que involucra a nuestras provincias”, publicó mdzonline.com.
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Buenos Aires : plan para impulsar cultivos forestales
Lanzan plan en Buenos Aires para duplicar la superficie forestada
Fecha de Publicación: 10/12/2017
Fuente: El Cronista Comercial
Provincia/Región: Buenos Aires
El Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires presentó el flamante "Plan Foresto Industrial" para la provincia con el que buscará generar un "escenario favorable" para inversiones en el sector mediante la articulación público privada. Según explicaron desde el ministerio, la meta del programa pasará por aumentar la superficie forestada en los próximos cinco años y duplicarla antes del 2030. "Hoy tenemos unas 110.000 hectáreas forestadas en el territorio bonaerense y la intención es duplicarlas. La idea es resultar atractivos para el sector industrial", afirmó el ministro del área Leonardo Sarquís.
El funcionario agregó que "antes se promovía la forestación sin planificación y hoy trabajamos junto a los municipios, por región, para que se hagan estudios de impacto ambiental y que la actividad crezca de forma estratégica". En tanto, el vicegobernador, Daniel Salvador, destacó que el "empuje que Agroindustria le da a un sector tan importante de la economía argentina. Los gobiernos son una circunstancia pero deben quedar políticas de Estado y éste es un ejemplo de ello", comentó.
El plan cuenta principalmente con tres ejes: marco regulatorio; complejo foresto industrial (mejora y competitividad); y sociedad y ambiente (crear sinergias con la comunidad y otros sectores). "La madera y sus derivados es un material renovable y reciclable que nuestro país demanda en aumento año a año; para satisfacer esta demanda crearemos junto al sector privado las condiciones para que haya emprendimientos que aumenten la superficie forestal en coherencia a la demanda industrial", afirmaron desde la cartera agroindustrial.
Se estimó que para cumplir con los objetivos del "PFI 2030" se deberá avanzar con una inversión estimada en $ 50.000 millones en los próximos cinco años; un incremento del 20% de la renta de productores agropecuarios; sustitución de importaciones de productos forestales; mejorar el estándar ambiental de la provincia; crear oportunidades de empleo de hasta 12.000 puestos de trabajo. Del lanzamiento participaron el Director de Desarrollo del Delta, Bosques y Forestación, Pedro Botta; y representantes de AFOA, Consejo de Productores del Delta, Cooperativa del Delta, del Programa Forestal Nacional, del INTA Delta, FAIMA, entre otros.
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Fecha de Publicación: 10/12/2017
Fuente: El Cronista Comercial
Provincia/Región: Buenos Aires
El Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires presentó el flamante "Plan Foresto Industrial" para la provincia con el que buscará generar un "escenario favorable" para inversiones en el sector mediante la articulación público privada. Según explicaron desde el ministerio, la meta del programa pasará por aumentar la superficie forestada en los próximos cinco años y duplicarla antes del 2030. "Hoy tenemos unas 110.000 hectáreas forestadas en el territorio bonaerense y la intención es duplicarlas. La idea es resultar atractivos para el sector industrial", afirmó el ministro del área Leonardo Sarquís.
El funcionario agregó que "antes se promovía la forestación sin planificación y hoy trabajamos junto a los municipios, por región, para que se hagan estudios de impacto ambiental y que la actividad crezca de forma estratégica". En tanto, el vicegobernador, Daniel Salvador, destacó que el "empuje que Agroindustria le da a un sector tan importante de la economía argentina. Los gobiernos son una circunstancia pero deben quedar políticas de Estado y éste es un ejemplo de ello", comentó.
El plan cuenta principalmente con tres ejes: marco regulatorio; complejo foresto industrial (mejora y competitividad); y sociedad y ambiente (crear sinergias con la comunidad y otros sectores). "La madera y sus derivados es un material renovable y reciclable que nuestro país demanda en aumento año a año; para satisfacer esta demanda crearemos junto al sector privado las condiciones para que haya emprendimientos que aumenten la superficie forestal en coherencia a la demanda industrial", afirmaron desde la cartera agroindustrial.
Se estimó que para cumplir con los objetivos del "PFI 2030" se deberá avanzar con una inversión estimada en $ 50.000 millones en los próximos cinco años; un incremento del 20% de la renta de productores agropecuarios; sustitución de importaciones de productos forestales; mejorar el estándar ambiental de la provincia; crear oportunidades de empleo de hasta 12.000 puestos de trabajo. Del lanzamiento participaron el Director de Desarrollo del Delta, Bosques y Forestación, Pedro Botta; y representantes de AFOA, Consejo de Productores del Delta, Cooperativa del Delta, del Programa Forestal Nacional, del INTA Delta, FAIMA, entre otros.
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Fallo pro-minero será apelado por La Rioja Capital
El Municipio apelará fallo que favorece a la CNEA
Fecha de Publicación: 09/12/2017
Fuente: Nueva Rioja
Provincia/Región: La Rioja
La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba falló ayer a favor de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y determinó la inconstitucionalidad de la ordenanza 4930, que declara a la ciudad capital de La Rioja como municipio “no tóxico y no nuclear”. De esta manera, el fallo permitiría la exploración minera de uranio en la zona de El Cantadero. El intendente de la capital, Alberto Paredes Urquiza confirmó que el Municipio apelará la resolución judicial.
Ayer, la Cámara Federal de Córdoba declaró inconstitucional la Ordenanza N° 4930 conocida como “Municipio No Tóxico”, aunque reconoce la facultad del municipio de habilitar un emprendimiento de estas características con solo presentar el informe de impacto ambiental correspondiente.
Ante esta resolución de la justicia federal, el intendente capitalino Alberto Paredes Urquiza adelantó que “la postura que tenemos es la de defender la normativa que existe en el municipio, es nuestra obligación hacerlo”.
Licencia Social
En cuanto a la licencia social necesaria para dar curso los emprendimientos como el de la CNEA en la zona de El Cantadero, el jefe comunal remarcó: “Más allá de las opiniones, en el ámbito municipal hay una legislación vigente que debe respetarse”, y agregó: “Apelaremos el fallo que desconoce la ordenanza y será la Corte Suprema de Justicia la que deba decidir”.
“Hace falta mucho más para que podamos desarrollar una actividad en plenitud porque las propias áreas nos piden más elementos de trabajo, vehículos y demás y a eso lo vamos a lograr el año que viene a partir de regularizar la situación financiera del municipio, que es afligente, a partir de que provincia pueda reconocer la solución y ayudarnos en este sentido”, indicó Paredes en declaraciones a radio La Red.
FCR se mostró en contra
Los concejales de Fuerza Cívica Riojana, Sebastián Cutrona y Karina Maldonado, solicitaron formalmente al intendente, Alberto Paredes Urquiza, la intervención inmediata del Fiscal del Estado, a fines de apelar la resolución de la Justicia Federal en contra de la ordenanza que declara al Departamento Capital como Municipio No Tóxico. “Sin licencia social, no vamos a permitir la mega-minería contaminante,” dispararon.
Por medio de una nota entregada directamente al intendente de la ciudad, los ediles solicitaron el cumplimiento y plena vigencia de la ordenanza 4.930, mediante la cual el Concejo Deliberante capitalino declaró en el año 2012 al Departamento Capital como Municipio no Tóxico, no Nuclear, y Ambientalmente Sustentable. “Esta legislación tiene por objeto prevenir eventuales peligros ambientales ocasionados por actividades de cateo, exploración y explotación minera de uranio, plutonio u otros minerales peligrosos” indicaron.
Según Cutrona, “el fallo de la justicia atenta directamente contra el medioambiente y la preservación de regiones ricas en biodiversidad como El Cantadero.” Y agregó: “los riojanos ya le dijimos no a la mega-minería en numerosas ocasiones.”
Maldonado, por su parte, reconoció la posibilidad de agotar todas las instancias posibles. “Si es necesario, tendremos que elevar la controversia a la Corte Suprema de Justicia o incluso a algún tribunal internacional,” sostuvo.
“Convicciones firmes”
Con esta solicitud, los concejales de Fuerza Cívica Riojana volvieron a dejar en claro su política a favor del medioambiente y en contra de la mega-minería. “Nuestro espacio político, al igual que gran parte de la sociedad, sigue firme en sus convicciones,” concluyeron.
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Fecha de Publicación: 09/12/2017
Fuente: Nueva Rioja
Provincia/Región: La Rioja
La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba falló ayer a favor de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y determinó la inconstitucionalidad de la ordenanza 4930, que declara a la ciudad capital de La Rioja como municipio “no tóxico y no nuclear”. De esta manera, el fallo permitiría la exploración minera de uranio en la zona de El Cantadero. El intendente de la capital, Alberto Paredes Urquiza confirmó que el Municipio apelará la resolución judicial.
Ayer, la Cámara Federal de Córdoba declaró inconstitucional la Ordenanza N° 4930 conocida como “Municipio No Tóxico”, aunque reconoce la facultad del municipio de habilitar un emprendimiento de estas características con solo presentar el informe de impacto ambiental correspondiente.
Ante esta resolución de la justicia federal, el intendente capitalino Alberto Paredes Urquiza adelantó que “la postura que tenemos es la de defender la normativa que existe en el municipio, es nuestra obligación hacerlo”.
Licencia Social
En cuanto a la licencia social necesaria para dar curso los emprendimientos como el de la CNEA en la zona de El Cantadero, el jefe comunal remarcó: “Más allá de las opiniones, en el ámbito municipal hay una legislación vigente que debe respetarse”, y agregó: “Apelaremos el fallo que desconoce la ordenanza y será la Corte Suprema de Justicia la que deba decidir”.
“Hace falta mucho más para que podamos desarrollar una actividad en plenitud porque las propias áreas nos piden más elementos de trabajo, vehículos y demás y a eso lo vamos a lograr el año que viene a partir de regularizar la situación financiera del municipio, que es afligente, a partir de que provincia pueda reconocer la solución y ayudarnos en este sentido”, indicó Paredes en declaraciones a radio La Red.
FCR se mostró en contra
Los concejales de Fuerza Cívica Riojana, Sebastián Cutrona y Karina Maldonado, solicitaron formalmente al intendente, Alberto Paredes Urquiza, la intervención inmediata del Fiscal del Estado, a fines de apelar la resolución de la Justicia Federal en contra de la ordenanza que declara al Departamento Capital como Municipio No Tóxico. “Sin licencia social, no vamos a permitir la mega-minería contaminante,” dispararon.
Por medio de una nota entregada directamente al intendente de la ciudad, los ediles solicitaron el cumplimiento y plena vigencia de la ordenanza 4.930, mediante la cual el Concejo Deliberante capitalino declaró en el año 2012 al Departamento Capital como Municipio no Tóxico, no Nuclear, y Ambientalmente Sustentable. “Esta legislación tiene por objeto prevenir eventuales peligros ambientales ocasionados por actividades de cateo, exploración y explotación minera de uranio, plutonio u otros minerales peligrosos” indicaron.
Según Cutrona, “el fallo de la justicia atenta directamente contra el medioambiente y la preservación de regiones ricas en biodiversidad como El Cantadero.” Y agregó: “los riojanos ya le dijimos no a la mega-minería en numerosas ocasiones.”
Maldonado, por su parte, reconoció la posibilidad de agotar todas las instancias posibles. “Si es necesario, tendremos que elevar la controversia a la Corte Suprema de Justicia o incluso a algún tribunal internacional,” sostuvo.
“Convicciones firmes”
Con esta solicitud, los concejales de Fuerza Cívica Riojana volvieron a dejar en claro su política a favor del medioambiente y en contra de la mega-minería. “Nuestro espacio político, al igual que gran parte de la sociedad, sigue firme en sus convicciones,” concluyeron.
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El primer derrame de la Barrick si llega a jucio
Llega a juicio la causa por el primer derrame en Veladero
Fecha de Publicación: 09/12/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: San Juan
Son ocho los imputados que serán juzgados; un tribunal sobreseyó a un noveno procesado, el gerente General del proyecto
El juez de la Segunda Circunscripción judicial de San Juan, Pablo Oritja, confirmó a LA NACION que esta semana elevará a juicio la causa por el primer derrame de solución cianurada en Veladero, operada porla minera Barrick Gold, que se produjo en septiembre de 2015.
El propio magistrado dijo que se había presentado un planteo de dos nulidades por parte de la defensa, pero fueron rechazadas por el requerimiento de elevación a juicio y por pruebas de la causa Federal del juez Sebastián Casanello que Oritja incorporó en el expediente.
El hecho, llamado "incidente" por la minera, ocurrió del 12 al 13 de setiembre de 2015 y significó que 1 millón de litros de solución cianurada se volcaran al cauce de las aguas que provienen de los deshielos de la cordillera y que dan nacimiento a diferentes ríos y arroyos.
En marzo del año pasado Oritja dictó el procesamiento de nueve operarios de Barrick, incluido el Gerente General, Antonio Adamez, pero tras la apelación de la defensa a Adames un tribunal superior le dictó el sobreseimiento y confirmó los ocho procesamientos restantes.
Quienes llegarán a juicio son Leandro Poblete (jefe de Procesos), Segundo Álvarez (el segundo en esa área), Carlos Cabanillas (gerente de Minas), Ángel Escudero (gerente de Prevención de Riesgos), Osvaldo Brocca (supervisor de Servicios Técnicos), David Sánchez (supervisor de Mantenimiento), Ricardo Cortéz (supervisor de Medio Ambiente) y Walter Pizarro (gerente de Procesos).
Causa Federal
Por este mismo hecho, hay una causa que se tramita en el fuero Federal, a cargo del juez Sebastián Casanello. El magistrado procesó a tres ex funcionarios K y al Director del Ianigla. Se trata de tres ex secretarios de Ambiente ; Juan José Mussi -padre del intendente de Berazategui, Patricio Mussi-, de Sergio Lorusso y Omar Judis; y de Ricardo Villalba, ex director del Ianigla (organismo encargado de inventariar los glaciares).
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Fecha de Publicación: 09/12/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: San Juan
Son ocho los imputados que serán juzgados; un tribunal sobreseyó a un noveno procesado, el gerente General del proyecto
El juez de la Segunda Circunscripción judicial de San Juan, Pablo Oritja, confirmó a LA NACION que esta semana elevará a juicio la causa por el primer derrame de solución cianurada en Veladero, operada porla minera Barrick Gold, que se produjo en septiembre de 2015.
El propio magistrado dijo que se había presentado un planteo de dos nulidades por parte de la defensa, pero fueron rechazadas por el requerimiento de elevación a juicio y por pruebas de la causa Federal del juez Sebastián Casanello que Oritja incorporó en el expediente.
El hecho, llamado "incidente" por la minera, ocurrió del 12 al 13 de setiembre de 2015 y significó que 1 millón de litros de solución cianurada se volcaran al cauce de las aguas que provienen de los deshielos de la cordillera y que dan nacimiento a diferentes ríos y arroyos.
En marzo del año pasado Oritja dictó el procesamiento de nueve operarios de Barrick, incluido el Gerente General, Antonio Adamez, pero tras la apelación de la defensa a Adames un tribunal superior le dictó el sobreseimiento y confirmó los ocho procesamientos restantes.
Quienes llegarán a juicio son Leandro Poblete (jefe de Procesos), Segundo Álvarez (el segundo en esa área), Carlos Cabanillas (gerente de Minas), Ángel Escudero (gerente de Prevención de Riesgos), Osvaldo Brocca (supervisor de Servicios Técnicos), David Sánchez (supervisor de Mantenimiento), Ricardo Cortéz (supervisor de Medio Ambiente) y Walter Pizarro (gerente de Procesos).
Causa Federal
Por este mismo hecho, hay una causa que se tramita en el fuero Federal, a cargo del juez Sebastián Casanello. El magistrado procesó a tres ex funcionarios K y al Director del Ianigla. Se trata de tres ex secretarios de Ambiente ; Juan José Mussi -padre del intendente de Berazategui, Patricio Mussi-, de Sergio Lorusso y Omar Judis; y de Ricardo Villalba, ex director del Ianigla (organismo encargado de inventariar los glaciares).
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Pasteras: cuestionan de declaraciones de Etchevehere
Cuestionan por 'irresponsables e indignantes' las declaraciones de Etchevehere sobre las pasteras
Fecha de Publicación: 09/12/2017
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos
El asambleísta cuestionó los dichos del Ministro de la nación, que durante su paso por Colón destacó las virtudes de la instalación de las fábricas de pasta de celulosa, al afirmar: “Es necesario industrializar, agregar valor, puestos de trabajo. En aquellos lugares donde vayan las pasteras va a haber trabajo". También defendió el uso de glifosato.
“No solamente es preocupante, sino indignante de una persona de la investidura que tiene, pareciera de un ignorante e irresponsable”, dijo Alazard y rebatió la opinión de Etchevehere sobre la pastera como generadora de fuentes de trabajo: “Que se informe por favor, ya que el Departamento de Río Negro donde está instalada la pastera Botnia- UPM, pasó de una economía floreciente con 1800 empleados a quedar con 300 empleados y tener uno de los más altos índices de desocupación en Uruguay”.
Pero además, opinó que el funcionario nacional “no puede desconocer una Ley de la provincia de Entre Ríos”.
Tras destacar que las pasteras son “la tercera industria más contaminante del mundo”, dijo no entender “en función de qué hace estas declaraciones rimbombantes, tanto del glifosato y como de las pasteras”.
“Esto es alarmante en nuestra comunidad, no le encontramos explicación, a no ser que sea esto apoyado por las industrias multinacionales, grandes capitales que sean los patrones de Etchevehere, de otra forma no se entiende”, agregó.
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Fecha de Publicación: 09/12/2017
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos
El asambleísta cuestionó los dichos del Ministro de la nación, que durante su paso por Colón destacó las virtudes de la instalación de las fábricas de pasta de celulosa, al afirmar: “Es necesario industrializar, agregar valor, puestos de trabajo. En aquellos lugares donde vayan las pasteras va a haber trabajo". También defendió el uso de glifosato.
“No solamente es preocupante, sino indignante de una persona de la investidura que tiene, pareciera de un ignorante e irresponsable”, dijo Alazard y rebatió la opinión de Etchevehere sobre la pastera como generadora de fuentes de trabajo: “Que se informe por favor, ya que el Departamento de Río Negro donde está instalada la pastera Botnia- UPM, pasó de una economía floreciente con 1800 empleados a quedar con 300 empleados y tener uno de los más altos índices de desocupación en Uruguay”.
Pero además, opinó que el funcionario nacional “no puede desconocer una Ley de la provincia de Entre Ríos”.
Tras destacar que las pasteras son “la tercera industria más contaminante del mundo”, dijo no entender “en función de qué hace estas declaraciones rimbombantes, tanto del glifosato y como de las pasteras”.
“Esto es alarmante en nuestra comunidad, no le encontramos explicación, a no ser que sea esto apoyado por las industrias multinacionales, grandes capitales que sean los patrones de Etchevehere, de otra forma no se entiende”, agregó.
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Glifosato en Rosario: el lunes se sabrá que pasa
Frenan la marcha atrás de la prohibición del glifosato
Fecha de Publicación: 08/12/2017
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
La comisión de Ecología no avaló el intento de modificar la ordenanza a través de una enmienda. El tema quedó en manos de la intendenta Fein
La comisión de Ecología del Concejo Municipal frenó ayer el intento de modificar la ordenanza que prohíbe el uso del glifosato en Rosario, al contar con una mayoría de votos en oposición a una enmienda de último momento que buscaba ir contra lo que los propios ediles habían votado por unanimidad apenas dos semanas antes.
De los siete concejales que aún integran esa comisión sólo dos apoyaron la modificación, Agustina Bouza de Cambiemos y Carlos Comi de la Coalición Cívica.
Al no llegar a los cuatro votos para ser mayoría el tema no fue debatido y la comisión levantó la reunión pocos minutos después de comenzada.
Es que cuatro de los siete concejales (Osvaldo Miatello, Eduardo Toniolli, Carola Nin y Diego Giuliano) avisaron que no iban a ir en la dirección propuesta por la enmienda, que insólitamente ni siquiera incluía al glifosato en su texto ya que sólo hablaba de herbicidas de banda A, B y C (el herbicida en cuestión es D).
Sin sentido
"Los sectores que habían planteado una modificación tenían que conseguir cuatro voluntades. Y como no lo consiguieron, ya no tenía sentido seguir adelante cuando las posiciones eran absolutamente claras" dijo Miatello.
Ahora todo vuelve a foja cero y una vez más la atención pública queda puesta en lo que decidirá la intendenta Mónica Fein, que tiene tiempo hasta el próximo martes 12 de diciembre para determinar si promulga la ordenanza presentada por Miatello (peronismo) y Pedro Salinas (Ciudad Futura) o decide dar marcha atrás con un veto.
Uno de los escenarios posibles es que, a raíz de la fuerte polémica que desató el tema, el Ejecutivo local vete la ordenanza original (que prohíbe incluso el uso particular del herbicida) y avance con otra propuesta que retome los principios de una normativa que ya existe a nivel municipal, que es la ordenanza de 2011 sobre utilización de agroquímicos.
Cambios
Desde el socialismo consideran que prohibir el uso de un producto cuya venta está autorizada es imposible, por lo que asoma como una opción posible que Fein no avale la norma tal cual fue presentada por Miatello, sino que proponga modificaciones.
En ese caso la discusión volverá al Concejo, que para ese entonces tendrá una nueva conformación política ya que los concejales electos en octubre pasado asumieron sus funciones el lunes pasado.
Marchas y firmas
Las organizaciones ambientalistas siguen el tema minuto a minuto y saben que la presión será clave para inclinar la decisión final de Fein.
Por eso afirmaron: "Desde la Multisectorial de organizaciones sociales y ambientales esperamos que la intendenta, bioquímica y trabajadora de la salud, esté a la altura de las circunstancias y apruebe esta ordenanza sin modificación, priorizando lo único que se debe priorizar: el derecho a la salud y a un ambiente sin químicos.
También convocaron para hoy, a partir de las 15, a manifestar frente a la sede provisoria del Concejo (el Banco Municipal, en San Martín entre Córdoba y Santa Fe) bajo la consigna "Rosario se planta contra el glifosato, la ordenanza no está a la venta".
En simultáneo llevan a delante una juntada de firmas a favor de la prohibición total del herbicida en la plataforma Hagamos Eco de Greenpeace, con casi 5 mil adhesiones apoyando la ordenanza original.
Más jerarquía
La comisión de Ecología tomó un protagonismo nunca visto en los últimos días de la mano del tema del glifosato. Los temas ambientales ocupan lugares cada vez más preponderantes en la opinión pública y así parecen haberlo entendido también los partidos locales, que colocarán a varias de sus espadas más filosas en la nueva comisión: Pablo Javkin y Verónica Irizar por el oficialismo, Osvaldo Miatello (quien seguirá siendo presidente) y Eduardo Toniolli por el peronismo, Juan Monteverde por Ciudad Futura, Celeste Lepratti del Frente Social y Popular y Carlos Cardozo (PRO).
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Fecha de Publicación: 08/12/2017
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
La comisión de Ecología no avaló el intento de modificar la ordenanza a través de una enmienda. El tema quedó en manos de la intendenta Fein
La comisión de Ecología del Concejo Municipal frenó ayer el intento de modificar la ordenanza que prohíbe el uso del glifosato en Rosario, al contar con una mayoría de votos en oposición a una enmienda de último momento que buscaba ir contra lo que los propios ediles habían votado por unanimidad apenas dos semanas antes.
De los siete concejales que aún integran esa comisión sólo dos apoyaron la modificación, Agustina Bouza de Cambiemos y Carlos Comi de la Coalición Cívica.
Al no llegar a los cuatro votos para ser mayoría el tema no fue debatido y la comisión levantó la reunión pocos minutos después de comenzada.
Es que cuatro de los siete concejales (Osvaldo Miatello, Eduardo Toniolli, Carola Nin y Diego Giuliano) avisaron que no iban a ir en la dirección propuesta por la enmienda, que insólitamente ni siquiera incluía al glifosato en su texto ya que sólo hablaba de herbicidas de banda A, B y C (el herbicida en cuestión es D).
Sin sentido
"Los sectores que habían planteado una modificación tenían que conseguir cuatro voluntades. Y como no lo consiguieron, ya no tenía sentido seguir adelante cuando las posiciones eran absolutamente claras" dijo Miatello.
Ahora todo vuelve a foja cero y una vez más la atención pública queda puesta en lo que decidirá la intendenta Mónica Fein, que tiene tiempo hasta el próximo martes 12 de diciembre para determinar si promulga la ordenanza presentada por Miatello (peronismo) y Pedro Salinas (Ciudad Futura) o decide dar marcha atrás con un veto.
Uno de los escenarios posibles es que, a raíz de la fuerte polémica que desató el tema, el Ejecutivo local vete la ordenanza original (que prohíbe incluso el uso particular del herbicida) y avance con otra propuesta que retome los principios de una normativa que ya existe a nivel municipal, que es la ordenanza de 2011 sobre utilización de agroquímicos.
Cambios
Desde el socialismo consideran que prohibir el uso de un producto cuya venta está autorizada es imposible, por lo que asoma como una opción posible que Fein no avale la norma tal cual fue presentada por Miatello, sino que proponga modificaciones.
En ese caso la discusión volverá al Concejo, que para ese entonces tendrá una nueva conformación política ya que los concejales electos en octubre pasado asumieron sus funciones el lunes pasado.
Marchas y firmas
Las organizaciones ambientalistas siguen el tema minuto a minuto y saben que la presión será clave para inclinar la decisión final de Fein.
Por eso afirmaron: "Desde la Multisectorial de organizaciones sociales y ambientales esperamos que la intendenta, bioquímica y trabajadora de la salud, esté a la altura de las circunstancias y apruebe esta ordenanza sin modificación, priorizando lo único que se debe priorizar: el derecho a la salud y a un ambiente sin químicos.
También convocaron para hoy, a partir de las 15, a manifestar frente a la sede provisoria del Concejo (el Banco Municipal, en San Martín entre Córdoba y Santa Fe) bajo la consigna "Rosario se planta contra el glifosato, la ordenanza no está a la venta".
En simultáneo llevan a delante una juntada de firmas a favor de la prohibición total del herbicida en la plataforma Hagamos Eco de Greenpeace, con casi 5 mil adhesiones apoyando la ordenanza original.
Más jerarquía
La comisión de Ecología tomó un protagonismo nunca visto en los últimos días de la mano del tema del glifosato. Los temas ambientales ocupan lugares cada vez más preponderantes en la opinión pública y así parecen haberlo entendido también los partidos locales, que colocarán a varias de sus espadas más filosas en la nueva comisión: Pablo Javkin y Verónica Irizar por el oficialismo, Osvaldo Miatello (quien seguirá siendo presidente) y Eduardo Toniolli por el peronismo, Juan Monteverde por Ciudad Futura, Celeste Lepratti del Frente Social y Popular y Carlos Cardozo (PRO).
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Córdoba tendrá un nuevo gran parque nacional
La estancia más grande de la región será parque nacional
Fecha de Publicación: 08/12/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Córdoba
Pinas, en Córdoba, perteneció a Lisandro de la Torre y a Manubens Calvet; tuvo 50 kilómetros de ferrocarril propio y una producción ganadera de 23.000 animales
Las 105.000 hectáreas que hace 37 años son parte de la discusión de la herencia del político y empresario cordobés Feliciano Manubens Calvet (el reparto de bienes pendiente más importante de la Argentina) se convertirán en el parque nacional Traslasierra. Las tierras son parte de la ecorregión del Chaco seco y conservan varias especies en vía de extinción.
Las hectáreas, donde hay unas 7000 cabezas de ganado, el casco de la estancia, las ruinas de un oratorio jesuítico y una escuela, fueron compradas por Manubens Calvet -intendente en dos oportunidades de Villa Dolores, diputado provincial y terrateniente- en un remate del Banco Español en 1941, con dinero que pusieron sus socios de entonces.
La estancia Pinas, como se llama el lugar en el límite entre Córdoba y La Rioja, perteneció antes a Lisandro de la Torre, que vivió allí entre 1926 y 1930. Cuando Manubens Calvet -que no tuvo hijos ni se casó- la explotaba contaba con 23.000 animales y 50 kilómetros de vías de ferrocarril propias; era el latifundio más grande de América latina.
Este año la Legislatura cordobesa aprobó la expropiación de las tierras y la cesión de los terrenos a la Nación; el proyecto de creación del parque nacional ya está en el Congreso y lo analizan distintas comisiones. Los herederos no consensuaron la venta con el Estado, pero tienen voluntad de terminar la sucesión, por lo que buscarán acordar. "No queremos pleitear", dijo uno de ellos a LA NACION, aunque esperan que el precio que les reconozcan sea "adecuado".
Los integrantes del Tribunal de Tasación recorrieron la estancia y recabaron datos sobre su producción y mejoras para ponerle un precio; se espera la definición. El dinero lo pondrán la fundación Aves Argentinas (organización nacional, miembro de BirdLife International, que lleva un siglo de trabajo para proteger las aves silvestres y la naturaleza) y la Nación; el valor debe ser aceptado por la comisión de administración de la herencia.
En Córdoba, los integrantes del Tribunal de Tasación recorrieron la estancia y recabaron datos sobre su producción y mejoras para ponerle un precio.
Francisco González Taboas, integrante de Aves Argentinas, explicó a LA NACION que las tierras son de "significativa" importancia biológica; son refugio natural para unas 160 especies de aves, 34 de mamíferos y 30 de reptiles. "Muchas de las especies están en alguna categoría de riesgo a nivel nacional", señaló.
La fundación, que figura como "entidad asesora" en el acuerdo firmado entre el gobierno cordobés y el Ministerio de Ambiente nacional, desarrolla un trabajo con las comunidades locales "de difusión y divulgación, para que empiecen a asimilar el concepto de parque".
Capacidad de regeneración
Pinas integra las áreas consideradas de "conservación prioritaria" por el Proyecto de Evaluación Ecorregional del Gran Chaco Americano, que llevan adelante las fundaciones The Nature Conservancy (Estados Unidos), Vida Silvestre (Argentina) y Wildlife Conservation Society (Bolivia). Se trata de la zona considerada la ecorregión boscosa más grande del continente luego del Amazonas y la más grande de América del Sur en lo referido a bosques secos.
Entre los quebrachos, los molles y los algarrobos andan pumas, corzuelas, hurones, maras, gatos monteses y de los pajonales. Decenas de aves surcan el aire -en dos días Aves Argentinas identificó 100- y en las caminatas los paseantes se tropiezan con máquinas y durmientes de la época en que De la Torre y Manubens Calvet explotaban el lugar.
El secretario de Ambiente cordobés, Javier Britch, admitió que es una "felicidad enorme" convertir la zona en parque nacional "en el marco de las buenas relaciones con la Nación". "Hay legisladores que hicieron un trabajo muy interesante, igual que las ONG. Todas las partes entendieron que es importante y bueno que se concrete", agregó.
Lucila Castro, becaria doctoral del Conicet y presidenta para la Argentina de la Pacific Biodiversity Institute (ONG que trabaja en la protección de grandes áreas silvestres sudamericanas), investiga la fauna de la zona con muestreo de cámaras trampa en tierras aledañas a la estancia.
"Es muy importante que se convierta en parque nacional -sostuvo-. Por la preservación del bosque (en Córdoba queda menos de 3% del bosque nativo), por la conservación de las especies y porque es un camino para ayudar a los habitantes de las zonas más pobres".
La bióloga se entusiasmó por la "riqueza" de la fauna chaqueña que se registra. Por ejemplo, hay guanacos chaqueños, una población aislada en el bosque seco: "No se ven fácilmente; estamos tratando de estudiarlos y de determinar su cantidad". Después de 18 meses de trabajo, su equipo divisó en un campo un chancho quimilero o pecarí chaqueño, animal también en peligro de extinción. Entre las aves, en esa condición está el tucu-tucu cordobés.
"Esta zona es el límite sur de su distribución; si desaparece aquí, su expansión se achicará hacia el norte. Por eso el esfuerzo de avanzar en el muestreo; lo mismo que con el quirquincho blanco y las águilas coronadas".
Castro entiende que hay una nueva era en la práctica de la conservación: "Buscamos el desarrollo sustentable de las zonas, darle salida laboral a la gente, ayudar a las comunidades locales, mostrar sus economías regionales sin que destruyan su medio ambiente".
Britch planteó que las tierras están "muy bien conservadas": desde décadas la ganadería es de baja carga, lo que favorece la conservación de especies. "Hay un desarrollo exuberante, lo que ejemplifica la capacidad de recuperación del bosque y de reconstitución de la fauna".
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Fecha de Publicación: 08/12/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Córdoba
Pinas, en Córdoba, perteneció a Lisandro de la Torre y a Manubens Calvet; tuvo 50 kilómetros de ferrocarril propio y una producción ganadera de 23.000 animales
Las 105.000 hectáreas que hace 37 años son parte de la discusión de la herencia del político y empresario cordobés Feliciano Manubens Calvet (el reparto de bienes pendiente más importante de la Argentina) se convertirán en el parque nacional Traslasierra. Las tierras son parte de la ecorregión del Chaco seco y conservan varias especies en vía de extinción.
Las hectáreas, donde hay unas 7000 cabezas de ganado, el casco de la estancia, las ruinas de un oratorio jesuítico y una escuela, fueron compradas por Manubens Calvet -intendente en dos oportunidades de Villa Dolores, diputado provincial y terrateniente- en un remate del Banco Español en 1941, con dinero que pusieron sus socios de entonces.
La estancia Pinas, como se llama el lugar en el límite entre Córdoba y La Rioja, perteneció antes a Lisandro de la Torre, que vivió allí entre 1926 y 1930. Cuando Manubens Calvet -que no tuvo hijos ni se casó- la explotaba contaba con 23.000 animales y 50 kilómetros de vías de ferrocarril propias; era el latifundio más grande de América latina.
Este año la Legislatura cordobesa aprobó la expropiación de las tierras y la cesión de los terrenos a la Nación; el proyecto de creación del parque nacional ya está en el Congreso y lo analizan distintas comisiones. Los herederos no consensuaron la venta con el Estado, pero tienen voluntad de terminar la sucesión, por lo que buscarán acordar. "No queremos pleitear", dijo uno de ellos a LA NACION, aunque esperan que el precio que les reconozcan sea "adecuado".
Los integrantes del Tribunal de Tasación recorrieron la estancia y recabaron datos sobre su producción y mejoras para ponerle un precio; se espera la definición. El dinero lo pondrán la fundación Aves Argentinas (organización nacional, miembro de BirdLife International, que lleva un siglo de trabajo para proteger las aves silvestres y la naturaleza) y la Nación; el valor debe ser aceptado por la comisión de administración de la herencia.
En Córdoba, los integrantes del Tribunal de Tasación recorrieron la estancia y recabaron datos sobre su producción y mejoras para ponerle un precio.
Francisco González Taboas, integrante de Aves Argentinas, explicó a LA NACION que las tierras son de "significativa" importancia biológica; son refugio natural para unas 160 especies de aves, 34 de mamíferos y 30 de reptiles. "Muchas de las especies están en alguna categoría de riesgo a nivel nacional", señaló.
La fundación, que figura como "entidad asesora" en el acuerdo firmado entre el gobierno cordobés y el Ministerio de Ambiente nacional, desarrolla un trabajo con las comunidades locales "de difusión y divulgación, para que empiecen a asimilar el concepto de parque".
Capacidad de regeneración
Pinas integra las áreas consideradas de "conservación prioritaria" por el Proyecto de Evaluación Ecorregional del Gran Chaco Americano, que llevan adelante las fundaciones The Nature Conservancy (Estados Unidos), Vida Silvestre (Argentina) y Wildlife Conservation Society (Bolivia). Se trata de la zona considerada la ecorregión boscosa más grande del continente luego del Amazonas y la más grande de América del Sur en lo referido a bosques secos.
Entre los quebrachos, los molles y los algarrobos andan pumas, corzuelas, hurones, maras, gatos monteses y de los pajonales. Decenas de aves surcan el aire -en dos días Aves Argentinas identificó 100- y en las caminatas los paseantes se tropiezan con máquinas y durmientes de la época en que De la Torre y Manubens Calvet explotaban el lugar.
El secretario de Ambiente cordobés, Javier Britch, admitió que es una "felicidad enorme" convertir la zona en parque nacional "en el marco de las buenas relaciones con la Nación". "Hay legisladores que hicieron un trabajo muy interesante, igual que las ONG. Todas las partes entendieron que es importante y bueno que se concrete", agregó.
Lucila Castro, becaria doctoral del Conicet y presidenta para la Argentina de la Pacific Biodiversity Institute (ONG que trabaja en la protección de grandes áreas silvestres sudamericanas), investiga la fauna de la zona con muestreo de cámaras trampa en tierras aledañas a la estancia.
"Es muy importante que se convierta en parque nacional -sostuvo-. Por la preservación del bosque (en Córdoba queda menos de 3% del bosque nativo), por la conservación de las especies y porque es un camino para ayudar a los habitantes de las zonas más pobres".
La bióloga se entusiasmó por la "riqueza" de la fauna chaqueña que se registra. Por ejemplo, hay guanacos chaqueños, una población aislada en el bosque seco: "No se ven fácilmente; estamos tratando de estudiarlos y de determinar su cantidad". Después de 18 meses de trabajo, su equipo divisó en un campo un chancho quimilero o pecarí chaqueño, animal también en peligro de extinción. Entre las aves, en esa condición está el tucu-tucu cordobés.
"Esta zona es el límite sur de su distribución; si desaparece aquí, su expansión se achicará hacia el norte. Por eso el esfuerzo de avanzar en el muestreo; lo mismo que con el quirquincho blanco y las águilas coronadas".
Castro entiende que hay una nueva era en la práctica de la conservación: "Buscamos el desarrollo sustentable de las zonas, darle salida laboral a la gente, ayudar a las comunidades locales, mostrar sus economías regionales sin que destruyan su medio ambiente".
Britch planteó que las tierras están "muy bien conservadas": desde décadas la ganadería es de baja carga, lo que favorece la conservación de especies. "Hay un desarrollo exuberante, lo que ejemplifica la capacidad de recuperación del bosque y de reconstitución de la fauna".
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Residuos al mar, una práctica constante
Vecinos alertan que se siguen arrojando residuos al mar
Fecha de Publicación: 08/12/2017
Fuente: El Diariode Madryn
Provincia/Región: Chubut
La problemática no es nueva y, desde hace años, persiste en la comunidad local el reclamo por sanciones más duras para quienes arrojan basura al mar, al tiempo que muchos de los habitantes de la ciudad del Golfo plantean un mayor abordaje de cuestiones relacionadas a la ecología y la salud pública, temáticas atadas de manera directa, por ejemplo, a los servicios públicos y los controles institucionales.
Días atrás, vecinos advirtieron al Diario por cajones de pescado arrojados en la zona de la Lobería, un espacio natural y principal foco de interés de turistas y locales, que muchas veces resulta convertirse en el sitio donde decanta mucha de la basura que es arrojada al mar por buques que se dedican a la explotación de recursos de la zona.
Otra cuestión reciente fue la esperada audiencia en la que se debatirían los resultados de la medición de la contaminación del aire en Puerto Madryn, encuentro que habría sido suspendido debido a presiones de distintos espacios, y que dejó pendiente una discusión que muchas veces ha sido planteada en el seno de la comunidad local.
Sumado a ello, también existen diversas “deudas pendientes” en materia de servicios públicos, asociadas de manera directa a la calidad de vida; una de ellas es el sistema clocal, inexistente en sectores como el Parque Industrial, donde la Cámara Industrial de Puerto Madryn (CIMA) levantó un vistoso edificio, con instalaciones y tecnología “de punta” pero que, actualmente, no dispone de cloacas.
Residuos flotantes
El fin de semana, la Administración Portuaria de Puerto Madryn (APPM) realizó una profunda limpieza de los fondos en los Sitios 5 y 6 del muelle Almirante Storni, en el muelle pesquero, donde suelen cargar y descargar los buques pesqueros.
En este sentido, aseguraron que se requirió de “una campaña extraordinaria”, debido a la labor en la última temporada de la pesca del langostino, en el marco de una serie de tareas que buscan mantener limpios los fondos marinos de los sitios en donde amarran los buques, evitando la acumulación de residuos que pueden perjudicar las hélices de los barcos y contaminar el Golfo Nuevo, como alguna vez ha ocurrido.
Durante los procedimientos, recolectaron la insólita cifra de 200 cubiertas, parrillas de poteros, baterías, redes, cabos, cables de acero, canaletas metálicas, envases de lubricantes y otros insumos pertenecientes a las embarcaciones, lo que obligó a utilizar más de diez volquetes.
Acto seguido, repararán las defensas de los sitios y las instalaciones eléctricas para el funcionamiento de las grúas y las luminarias, al tiempo que también realizarán reparaciones en las juntas y extenderá la fibra óptica para instalar nuevas cámaras de control en el área.
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Fecha de Publicación: 08/12/2017
Fuente: El Diariode Madryn
Provincia/Región: Chubut
La problemática no es nueva y, desde hace años, persiste en la comunidad local el reclamo por sanciones más duras para quienes arrojan basura al mar, al tiempo que muchos de los habitantes de la ciudad del Golfo plantean un mayor abordaje de cuestiones relacionadas a la ecología y la salud pública, temáticas atadas de manera directa, por ejemplo, a los servicios públicos y los controles institucionales.
Días atrás, vecinos advirtieron al Diario por cajones de pescado arrojados en la zona de la Lobería, un espacio natural y principal foco de interés de turistas y locales, que muchas veces resulta convertirse en el sitio donde decanta mucha de la basura que es arrojada al mar por buques que se dedican a la explotación de recursos de la zona.
Otra cuestión reciente fue la esperada audiencia en la que se debatirían los resultados de la medición de la contaminación del aire en Puerto Madryn, encuentro que habría sido suspendido debido a presiones de distintos espacios, y que dejó pendiente una discusión que muchas veces ha sido planteada en el seno de la comunidad local.
Sumado a ello, también existen diversas “deudas pendientes” en materia de servicios públicos, asociadas de manera directa a la calidad de vida; una de ellas es el sistema clocal, inexistente en sectores como el Parque Industrial, donde la Cámara Industrial de Puerto Madryn (CIMA) levantó un vistoso edificio, con instalaciones y tecnología “de punta” pero que, actualmente, no dispone de cloacas.
Residuos flotantes
El fin de semana, la Administración Portuaria de Puerto Madryn (APPM) realizó una profunda limpieza de los fondos en los Sitios 5 y 6 del muelle Almirante Storni, en el muelle pesquero, donde suelen cargar y descargar los buques pesqueros.
En este sentido, aseguraron que se requirió de “una campaña extraordinaria”, debido a la labor en la última temporada de la pesca del langostino, en el marco de una serie de tareas que buscan mantener limpios los fondos marinos de los sitios en donde amarran los buques, evitando la acumulación de residuos que pueden perjudicar las hélices de los barcos y contaminar el Golfo Nuevo, como alguna vez ha ocurrido.
Durante los procedimientos, recolectaron la insólita cifra de 200 cubiertas, parrillas de poteros, baterías, redes, cabos, cables de acero, canaletas metálicas, envases de lubricantes y otros insumos pertenecientes a las embarcaciones, lo que obligó a utilizar más de diez volquetes.
Acto seguido, repararán las defensas de los sitios y las instalaciones eléctricas para el funcionamiento de las grúas y las luminarias, al tiempo que también realizarán reparaciones en las juntas y extenderá la fibra óptica para instalar nuevas cámaras de control en el área.
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Río Negro: un historial del contaminación hídrica
Ríos de la región: contaminación eterna
Fecha de Publicación: 08/12/2017
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Estimado lector: lo invito a comprender la magnitud del desastre que señala el título del “Río Negro”, editorial de página 21, “Ríos enfermos” y en una edición anterior “Allen: peces muertos, río contaminado”.
Yo invito a Nación, gobiernos de Río Negro y Neuquén y entes responsables como son AIC, EPAS, DPA y municipios a que por este medio desmientan y nos informen si en algo estamos equivocados.
Corría 1977, enero, cuando tuve la suerte de radicarme en este hermoso valle. Poco después me enteré de que en Villa Regina Nación instaló a través de INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) un laboratorio de alto nivel para analizar los cordones umbilicales de los nacidos con malformaciones congénitas, en Alto Valle, porcentaje enormemente más elevado que la media del país.
Hace cuarenta años ya se sospechaba de los agroquímicos. Ninguna conclusión se conoció. Misteriosamente, un tiempo después se cerró, sin que yo sepa que dejara algún resultado de sus investigaciones. Las multinacionales (laboratorios, etc.) son muy poderosas.
Al día de hoy, diciembre del 2017, nunca me enteré que las entidades mencionadas, cuya responsabilidad principal, entre otras, debía ser “controlar y evitar la contaminación”, no hicieron estudios al respecto. Es por eso que –lo señalan los artículos del diario– todos se sacan el sayo, y se sabe que hay contaminación química pero no si es agrícola o industrial.
La pregunta lógica sería: ¿qué hicieron las mencionadas entidades en estos cuarenta años, aparte de consumir abultados presupuestos? ¿Qué hicieron? Queda la pregunta flotando en las poblaciones de Neuquén y Río Negro, que saben que su vida, en esta zona “esteparia”, sólo es posible gracias a los maravillosos ríos que la surcan; saben que acá el agua es vida.
Y quizás la aproximación a una respuesta en los últimos años se dio gracias a que fue necesario recurrir a la Justicia para que se ocupara de una contaminación que “a la larga o a la corta, mata”. Hay varios recursos de amparo en la Justicia Federal y provincial. Pese a ello, Neuquén, cuya capital nos regaló por años siete millones de m³/día de efluentes cloacales sin tratar, se resiste, ilegalmente, a aplicar su propia ley 3076 de alerta hídrica.
Recojo un párrafo del mencionado editorial: “(...) tanto a la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, AIC, como la Provincia y varios municipios les faltan acciones para disminuir la contaminación de los ríos en la zona Confluencia”.
Agrega “Río Negro” al final: “Debe llegarse al ‘volcado cero’ de cloacales. Neuquén debe reglamentar inmediatamente la ley 3076, fundamental para prevenir, monitorear y sancionar la contaminación de nuestras fuentes de agua. Y las autoridades de Río Negro, que es el sumidero receptor de esta contaminación, deben exigirlo y además aplicarlo en nuestra provincia. Y la Justicia Federal y Provincial pareciera, al menos a nivel Nación, que están ‘sacando la cabeza fuera del agua’. Deberían intervenir, aun ‘de facto’”.
Cuando se habla de contaminación hídrica, a no muy largo plazo, también se habla de preservar la vida. Y está la necesidad y obligación de todos, pero principalmente de las autoridades municipales, provinciales y nacionales, que tienen los medios económicos y la capacidad sancionatoria y cada cuatro años nos piden nuestro voto. No se lo demos, amigo lector, a quienes sigan contaminando. Es una deuda de honor con nuestros descendientes. Quizás su vida, a futuro, dependa dramáticamente de las aguas, que hoy nuestras autoridades parecieran no saber o no querer preservar.
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Fecha de Publicación: 08/12/2017
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Estimado lector: lo invito a comprender la magnitud del desastre que señala el título del “Río Negro”, editorial de página 21, “Ríos enfermos” y en una edición anterior “Allen: peces muertos, río contaminado”.
Yo invito a Nación, gobiernos de Río Negro y Neuquén y entes responsables como son AIC, EPAS, DPA y municipios a que por este medio desmientan y nos informen si en algo estamos equivocados.
Corría 1977, enero, cuando tuve la suerte de radicarme en este hermoso valle. Poco después me enteré de que en Villa Regina Nación instaló a través de INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) un laboratorio de alto nivel para analizar los cordones umbilicales de los nacidos con malformaciones congénitas, en Alto Valle, porcentaje enormemente más elevado que la media del país.
Hace cuarenta años ya se sospechaba de los agroquímicos. Ninguna conclusión se conoció. Misteriosamente, un tiempo después se cerró, sin que yo sepa que dejara algún resultado de sus investigaciones. Las multinacionales (laboratorios, etc.) son muy poderosas.
Al día de hoy, diciembre del 2017, nunca me enteré que las entidades mencionadas, cuya responsabilidad principal, entre otras, debía ser “controlar y evitar la contaminación”, no hicieron estudios al respecto. Es por eso que –lo señalan los artículos del diario– todos se sacan el sayo, y se sabe que hay contaminación química pero no si es agrícola o industrial.
La pregunta lógica sería: ¿qué hicieron las mencionadas entidades en estos cuarenta años, aparte de consumir abultados presupuestos? ¿Qué hicieron? Queda la pregunta flotando en las poblaciones de Neuquén y Río Negro, que saben que su vida, en esta zona “esteparia”, sólo es posible gracias a los maravillosos ríos que la surcan; saben que acá el agua es vida.
Y quizás la aproximación a una respuesta en los últimos años se dio gracias a que fue necesario recurrir a la Justicia para que se ocupara de una contaminación que “a la larga o a la corta, mata”. Hay varios recursos de amparo en la Justicia Federal y provincial. Pese a ello, Neuquén, cuya capital nos regaló por años siete millones de m³/día de efluentes cloacales sin tratar, se resiste, ilegalmente, a aplicar su propia ley 3076 de alerta hídrica.
Recojo un párrafo del mencionado editorial: “(...) tanto a la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, AIC, como la Provincia y varios municipios les faltan acciones para disminuir la contaminación de los ríos en la zona Confluencia”.
Agrega “Río Negro” al final: “Debe llegarse al ‘volcado cero’ de cloacales. Neuquén debe reglamentar inmediatamente la ley 3076, fundamental para prevenir, monitorear y sancionar la contaminación de nuestras fuentes de agua. Y las autoridades de Río Negro, que es el sumidero receptor de esta contaminación, deben exigirlo y además aplicarlo en nuestra provincia. Y la Justicia Federal y Provincial pareciera, al menos a nivel Nación, que están ‘sacando la cabeza fuera del agua’. Deberían intervenir, aun ‘de facto’”.
Cuando se habla de contaminación hídrica, a no muy largo plazo, también se habla de preservar la vida. Y está la necesidad y obligación de todos, pero principalmente de las autoridades municipales, provinciales y nacionales, que tienen los medios económicos y la capacidad sancionatoria y cada cuatro años nos piden nuestro voto. No se lo demos, amigo lector, a quienes sigan contaminando. Es una deuda de honor con nuestros descendientes. Quizás su vida, a futuro, dependa dramáticamente de las aguas, que hoy nuestras autoridades parecieran no saber o no querer preservar.
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Riachuelo: de villa a paseo costero
Reubican a 118 familias para transformar la villa 26 en un paseo costero
Fecha de Publicación: 07/12/2017
Fuente: La Prensa
Provincia/Región: Riachuelo
Las 118 familias que habitan la Villa 26 de la ciudad de Buenos Aires serán mudadas a nuevas viviendas la próxima semana y sus casillas demolidas para transformar el lugar en un paseo costero junto al Riachuelo, que incluirá espacios verdes y de circulación para peatones, bicicletas y vehículos ligeros.
La mudanza, a cargo del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), comenzará el 11 de este mes y responde a las exigencias del "Fallo Mendoza" de la Corte Suprema, que ordenó a relocalizar a quienes vivan en el camino de sirga -una senda de 35 metros de ancho desde una ribera- del Riachuelo, uno de los ríos más contaminados del mundo.
La asignación de las viviendas, por las que cada grupo pagará a 30 años con un crédito hipotecario de cuotas mensuales de hasta el 20% del ingreso familiar, fue definida en las mesas participativas entre vecinos y el Estado, en las que acordaron cada aspecto de la mudanza.
"No sólo importa que la gente se apropie de su casa, sino también del proceso. Su relocalización será sustentable en el tiempo sí ellos se vuelven actores principales de la transformación, y eso importa más que la obra en sí", dijo Juan Maquieyra, presidente del IVC, durante una recorrida por el barrio.
De las 118 familias, las 64 con mayor antigüedad en la Villa vivirán en el complejo San Antonio, a pocas cuadras de allí y en el barrio de Barracas, mientras que las restantes 54 irán al complejo Lacarra, junto al Club Español, en el barrio de Villa Lugano.
Dentro de cada complejo la asignación se definió por dos criterios: cantidad de integrantes (dormitorios) y edad, de modo que los más ancianos vivan en planta baja, para recién después coordinar la ubicación en base a la afinidad entre vecinos.
"Eso es muy positivo. Hay grandes familias que se organizan para vivir en un mismo piso o compartir un consorcio con gente con la que se llevan bien", dijo Santiago Sarachian, coordinador del IVC en temas vinculados al camino de sirga.
El objetivo es claro: no repetir los errores de los años 70 y 80, cuando para relocalizar a los habitantes de las villas se los trasladaba a enormes edificios sin ningún criterio de ubicación ni escritura de propiedad.
"Muchas de las personas que se fueron a vivir a los viejos complejos sienten, aún hoy, que la casa no es suya, sino del Estado. Es imposible que algo así funcione", aseguró Sarachian.
El complejo San Antonio fue construido en la estructura de una antigua fábrica, a la que se demolió en gran parte para duplicar los espacios internos y hacer un edificio de cinco pisos con terraza, donde se instalaron termotanques solares para ahorrar energía.
"Mantuvimos las estructuras básicas y el frente del edificio. Los departamentos son muy luminosos, con amplios espacios de ventilación y materiales propios de una vivienda de clase media. En su mayoría son de dos dormitorios, pero también los hay de uno y de tres, y todos tienen espacios para lavadero, cocina y un baño", explicó el gerente de la obra, Diego Mendoza.
Entre esas unidades está el futuro hogar de Cristian Cardozo -y de sus tres hijos- quien, luego de haber vivido durante casi medio siglo en la villa, se mudará a su primera casa con escritura.
"Estoy enamorado. Ya la fui a ver y me encanta. Yo no me quería ir de acá, pero ahora no aguanto las ganas de mudarme", aseguró a esta agencia Cardozo, que heredó el lote de la villa en el que vive de su abuela, una antigua guardiana de terrenos de una fábrica.
"Lo fundamental en esto es que el Estado esté presente antes, durante y después de la relocalización. Primero conformamos los consorcios, escrituramos las viviendas y recién después las entregamos", afirmó Maquieyra.
Para la etapa posterior queda acompañar con el cuidado del edificio, su mantenimiento y a preservar los vínculos humanos construidos.
Por eso, cuando la reubicación se hace en viviendas alejadas del la residencia actual (caso de Lacarra) se lleva a las familias a conocer el club, la parroquia, las escuelas y otros lugares del nuevo barrio.
"En la Ciudad usamos la política del arraigo de modo que la gente siga viviendo en su barrio, pero en los casos en los que no se puede, los ayudamos a vincularse con su nuevo destino", indicó el presidente del IVC.
El derribo de la Villa 26 se suma al de los asentamientos El pueblito, Luján y Magaldi, así como a otros tramos de la villa 21-24, también junto al Riachuelo, donde casi 700 familias que vivían allí fueron relocalizadas en los últimos años.
Concluida esta mudanza, una de cada tres familias que vivían junto al Riachuelo (1.837 según un censo del 2015) habrán sido reubicadas en zonas donde no peligre su salud por motivos ambientales, en tanto el compromiso de la Ciudad es que para 2019 no haya ninguna residiendo en las riberas porteñas del Riachuelo.
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Fecha de Publicación: 07/12/2017
Fuente: La Prensa
Provincia/Región: Riachuelo
Las 118 familias que habitan la Villa 26 de la ciudad de Buenos Aires serán mudadas a nuevas viviendas la próxima semana y sus casillas demolidas para transformar el lugar en un paseo costero junto al Riachuelo, que incluirá espacios verdes y de circulación para peatones, bicicletas y vehículos ligeros.
La mudanza, a cargo del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), comenzará el 11 de este mes y responde a las exigencias del "Fallo Mendoza" de la Corte Suprema, que ordenó a relocalizar a quienes vivan en el camino de sirga -una senda de 35 metros de ancho desde una ribera- del Riachuelo, uno de los ríos más contaminados del mundo.
La asignación de las viviendas, por las que cada grupo pagará a 30 años con un crédito hipotecario de cuotas mensuales de hasta el 20% del ingreso familiar, fue definida en las mesas participativas entre vecinos y el Estado, en las que acordaron cada aspecto de la mudanza.
"No sólo importa que la gente se apropie de su casa, sino también del proceso. Su relocalización será sustentable en el tiempo sí ellos se vuelven actores principales de la transformación, y eso importa más que la obra en sí", dijo Juan Maquieyra, presidente del IVC, durante una recorrida por el barrio.
De las 118 familias, las 64 con mayor antigüedad en la Villa vivirán en el complejo San Antonio, a pocas cuadras de allí y en el barrio de Barracas, mientras que las restantes 54 irán al complejo Lacarra, junto al Club Español, en el barrio de Villa Lugano.
Dentro de cada complejo la asignación se definió por dos criterios: cantidad de integrantes (dormitorios) y edad, de modo que los más ancianos vivan en planta baja, para recién después coordinar la ubicación en base a la afinidad entre vecinos.
"Eso es muy positivo. Hay grandes familias que se organizan para vivir en un mismo piso o compartir un consorcio con gente con la que se llevan bien", dijo Santiago Sarachian, coordinador del IVC en temas vinculados al camino de sirga.
El objetivo es claro: no repetir los errores de los años 70 y 80, cuando para relocalizar a los habitantes de las villas se los trasladaba a enormes edificios sin ningún criterio de ubicación ni escritura de propiedad.
"Muchas de las personas que se fueron a vivir a los viejos complejos sienten, aún hoy, que la casa no es suya, sino del Estado. Es imposible que algo así funcione", aseguró Sarachian.
El complejo San Antonio fue construido en la estructura de una antigua fábrica, a la que se demolió en gran parte para duplicar los espacios internos y hacer un edificio de cinco pisos con terraza, donde se instalaron termotanques solares para ahorrar energía.
"Mantuvimos las estructuras básicas y el frente del edificio. Los departamentos son muy luminosos, con amplios espacios de ventilación y materiales propios de una vivienda de clase media. En su mayoría son de dos dormitorios, pero también los hay de uno y de tres, y todos tienen espacios para lavadero, cocina y un baño", explicó el gerente de la obra, Diego Mendoza.
Entre esas unidades está el futuro hogar de Cristian Cardozo -y de sus tres hijos- quien, luego de haber vivido durante casi medio siglo en la villa, se mudará a su primera casa con escritura.
"Estoy enamorado. Ya la fui a ver y me encanta. Yo no me quería ir de acá, pero ahora no aguanto las ganas de mudarme", aseguró a esta agencia Cardozo, que heredó el lote de la villa en el que vive de su abuela, una antigua guardiana de terrenos de una fábrica.
"Lo fundamental en esto es que el Estado esté presente antes, durante y después de la relocalización. Primero conformamos los consorcios, escrituramos las viviendas y recién después las entregamos", afirmó Maquieyra.
Para la etapa posterior queda acompañar con el cuidado del edificio, su mantenimiento y a preservar los vínculos humanos construidos.
Por eso, cuando la reubicación se hace en viviendas alejadas del la residencia actual (caso de Lacarra) se lleva a las familias a conocer el club, la parroquia, las escuelas y otros lugares del nuevo barrio.
"En la Ciudad usamos la política del arraigo de modo que la gente siga viviendo en su barrio, pero en los casos en los que no se puede, los ayudamos a vincularse con su nuevo destino", indicó el presidente del IVC.
El derribo de la Villa 26 se suma al de los asentamientos El pueblito, Luján y Magaldi, así como a otros tramos de la villa 21-24, también junto al Riachuelo, donde casi 700 familias que vivían allí fueron relocalizadas en los últimos años.
Concluida esta mudanza, una de cada tres familias que vivían junto al Riachuelo (1.837 según un censo del 2015) habrán sido reubicadas en zonas donde no peligre su salud por motivos ambientales, en tanto el compromiso de la Ciudad es que para 2019 no haya ninguna residiendo en las riberas porteñas del Riachuelo.
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