Glaciares: Villalba apoyado por científicos
10:00 | 
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Apoyo de científicos al responsable del inventario de glaciares
Fecha de Publicación: 04/12/2017
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
El investigador fue procesado por el juez federal Casanello que le fijó un embargo de 5 millones de pesos.
Docentes, investigadores y becarios han organizado un abrazo al Conicet para hoy a las 12 en defensa de Ricardo Villalba y la ciencia pública. Esto, luego de que el juez federal Sebastián Casanello dictara el procesamiento del investigador y ex director del Ianigla, le fijara un embargo por 5 millones de pesos y le prohibiera salir del país.
En agosto, el magistrado lo había citado a declarar, acusado de “abuso de autoridad”, junto con Omar Judis, Sergio Lorusso y Juan José Mussi, ex secretarios de Medio Ambiente.
La causa nació a partir de una denuncia de la asamblea “Jachal no se toca”, quienes entendieron que los derrames de agua cianurada del emprendimiento minero de la empresa Barrick Gold ocurrieron porque los hoy procesados incumplieron con su deber.
Concretamente, a Villalba, quien fue director del Inventario Nacional de Glaciares, se le acusa de no haber incluido en su relevamiento a los cuerpos de hielo de un tamaño menor a una hectárea, y de no haber realizado el trabajo en el plazo en que correspondía terminarlo.
En un comunicado, becarios e investigadores del Laboratorio de Dendocrinología e Historia Ambiental del Ianigla, plantean que el área mínima de mapeo (una hectárea) se fijó siguiendo estándares internacionales.
Además, con esa extensión se aseguraba que prácticamente la totalidad de las reservas de agua en estado sólido del país estarían incluidas.
Facundo Rojas, investigador asistente del Ianigla (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), planteó que nadie está seguro de que en Veladero hubiera glaciares más pequeños, como tampoco que Barrick Gold los haya dañado.
Pero sobre todo, resaltó que la minera empezó a trabajar en la zona en 2005 y la ley de glaciares, que estipula que debe realizarse un inventario, se aprobó en 2010, y el relevamiento no tiene carácter retroactivo.
En cuanto a los plazos, Rojas indicó que tres provincias apelaron por considerar inconstitucional la ley, lo que provocó una demora, y que luego la Secretaría de Ambiente de la Nación se tomó un tiempo para subir el inventario a la web.
Apoyo de la comunidad
La noticia del procesamiento de Ricardo Villalba generó diversos pronunciamientos de la comunidad científica. El Colectivo Ciencia y Universidad, junto con Docentes e Investigadores de Izquierda, expresó su “solidaridad y preocupación ante la embestida del Poder Judicial sobre el sistema científico nacional”.
También advierten que se trata de una muestra del poder de las empresas mineras para intentar avasallar la Ley Nacional de Glaciares, que el Gobierno nacional ya ha anunciado quiere revisar.
Los becarios e investigadores del Laboratorio de Dendocrinología e Historia Ambiental del Ianigla plantean que se pone en tela de juicio la actuación del científico pero “ningún directivo de la empresa Barrick, responsable directo del derrame de agua cianurada, ha sido procesado en la causa judicial”.
“Esta injusta acusación ha tenido además el efecto inmediato de desacreditar ante la sociedad el trabajo realizado por el Ianigla, institución del Conicet abocada desde hace más de 40 años al estudio y conservación de los recursos naturales de nuestra cordillera”, agregan y señalan que Ricardo Villalba fue uno de los principales promotores de la Ley Nacional de Glaciares.
La Dirección y el Consejo Directivo del Centro Científico Tecnológico (CCT-Conicet) también manifestaron su apoyo al científico. “Los cuestionamientos emitidos por el señor juez están basados en un dictamen con argumentos falaces, incongruentes y absolutamente cuestionables, y no sólo representan un agravio hacia Ricardo Villalba, sino también al sistema científico argentino en su conjunto”, indicaron en un comunicado.
Investigadores, becarios y profesionales del grupo Ciudad y Territorio del Incihusa en tanto plantearon que les “llama poderosamente la atención que en un fallo paralelo de la Justicia de San Juan, la empresa Barrick Gold sea sobreseída de los delitos ambientales que se le imputaban (contaminación con solución cianurada del río “Jáchal en tres oportunidades)".
Además, advierten que el Gobierno nacional y el sector minero “vienen cuestionando la Ley de Glaciares con los argumentos de que es 'confusa', 'inaplicable' y 'obstáculo al desarrollo'”. Y concluyen que “si el juez y los denunciantes buscaban mayor protección, al destruirse la legitimidad y capacidad institucional, lo que vendrá es menos control, menos protección”.
“Es un paso más"
"A los procesamientos los hemos tomado como un paso más. Sabíamos de una maniobra que se hizo para dejar afuera del censo a 700 glaciares de la cordillera sanjuanina", destacó Domingo Jofré, uno de los integrantes de la asamblea “Jáchal no se toca”, quienes impulsaron la denuncia contra Villalba (entre otros).
"Todo se inició en 2015, luego de un gran derrame en el río. Después hubo 2 derrames más; y para nosotros estuvo vinculado a un incumplimiento en la Ley de glaciares", explicó uno de los abogados de la asamblea, Diego Seguí.
"La ley ordenaba al Ianigla y a la Secretaría de Ambiente hacer una auditoría, que nunca hicieron. De haberse hecho esa auditoría, hoy Veladero estaría suspendido o clausurado", cerró el abogado.
Mensajes que se viralizaron en las redes
Ni bien se conoció el procesamiento de Ricardo Villalba se fueron sucediendo los mensajes de apoyo público.
Uno de las más llamativos fue la de su hija Ayelén, quien en su cuenta de Facebook -aclaraba que sólo se registró para hacer esta defensa pública- compartió unas líneas contando quién es su papá.
Luego de rememorar algunos momentos de su infancia (haciendo hincapié en los valores con que la criaron), la joven detallaba además la permanente preocupación de Villalba por el medio ambiente y el amor por enseñar.
"Gracias papá por ser quien sos y por haberme criado como lo hiciste. Sólo deseo que nuestro país nos trate con verdadera justicia, a vos y a todos", cerraba la carta, que rápidamente se viralizó en las redes sociales.
No obstante, durante los últimos días la publicación original y el perfil personal de la joven desaparecieron.
“Por lo que ella me contó, como recién se había registrado y eso fue compartido muchas veces, la cuenta fue inhabilitada por temor a que se trate de un robot. Pero ya está en trámite de recuperarla”, explicó Villalba a Los Andes.
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Fecha de Publicación: 04/12/2017
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
El investigador fue procesado por el juez federal Casanello que le fijó un embargo de 5 millones de pesos.
Docentes, investigadores y becarios han organizado un abrazo al Conicet para hoy a las 12 en defensa de Ricardo Villalba y la ciencia pública. Esto, luego de que el juez federal Sebastián Casanello dictara el procesamiento del investigador y ex director del Ianigla, le fijara un embargo por 5 millones de pesos y le prohibiera salir del país.
En agosto, el magistrado lo había citado a declarar, acusado de “abuso de autoridad”, junto con Omar Judis, Sergio Lorusso y Juan José Mussi, ex secretarios de Medio Ambiente.
La causa nació a partir de una denuncia de la asamblea “Jachal no se toca”, quienes entendieron que los derrames de agua cianurada del emprendimiento minero de la empresa Barrick Gold ocurrieron porque los hoy procesados incumplieron con su deber.
Concretamente, a Villalba, quien fue director del Inventario Nacional de Glaciares, se le acusa de no haber incluido en su relevamiento a los cuerpos de hielo de un tamaño menor a una hectárea, y de no haber realizado el trabajo en el plazo en que correspondía terminarlo.
En un comunicado, becarios e investigadores del Laboratorio de Dendocrinología e Historia Ambiental del Ianigla, plantean que el área mínima de mapeo (una hectárea) se fijó siguiendo estándares internacionales.
Además, con esa extensión se aseguraba que prácticamente la totalidad de las reservas de agua en estado sólido del país estarían incluidas.
Facundo Rojas, investigador asistente del Ianigla (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), planteó que nadie está seguro de que en Veladero hubiera glaciares más pequeños, como tampoco que Barrick Gold los haya dañado.
Pero sobre todo, resaltó que la minera empezó a trabajar en la zona en 2005 y la ley de glaciares, que estipula que debe realizarse un inventario, se aprobó en 2010, y el relevamiento no tiene carácter retroactivo.
En cuanto a los plazos, Rojas indicó que tres provincias apelaron por considerar inconstitucional la ley, lo que provocó una demora, y que luego la Secretaría de Ambiente de la Nación se tomó un tiempo para subir el inventario a la web.
Apoyo de la comunidad
La noticia del procesamiento de Ricardo Villalba generó diversos pronunciamientos de la comunidad científica. El Colectivo Ciencia y Universidad, junto con Docentes e Investigadores de Izquierda, expresó su “solidaridad y preocupación ante la embestida del Poder Judicial sobre el sistema científico nacional”.
También advierten que se trata de una muestra del poder de las empresas mineras para intentar avasallar la Ley Nacional de Glaciares, que el Gobierno nacional ya ha anunciado quiere revisar.
Los becarios e investigadores del Laboratorio de Dendocrinología e Historia Ambiental del Ianigla plantean que se pone en tela de juicio la actuación del científico pero “ningún directivo de la empresa Barrick, responsable directo del derrame de agua cianurada, ha sido procesado en la causa judicial”.
“Esta injusta acusación ha tenido además el efecto inmediato de desacreditar ante la sociedad el trabajo realizado por el Ianigla, institución del Conicet abocada desde hace más de 40 años al estudio y conservación de los recursos naturales de nuestra cordillera”, agregan y señalan que Ricardo Villalba fue uno de los principales promotores de la Ley Nacional de Glaciares.
La Dirección y el Consejo Directivo del Centro Científico Tecnológico (CCT-Conicet) también manifestaron su apoyo al científico. “Los cuestionamientos emitidos por el señor juez están basados en un dictamen con argumentos falaces, incongruentes y absolutamente cuestionables, y no sólo representan un agravio hacia Ricardo Villalba, sino también al sistema científico argentino en su conjunto”, indicaron en un comunicado.
Investigadores, becarios y profesionales del grupo Ciudad y Territorio del Incihusa en tanto plantearon que les “llama poderosamente la atención que en un fallo paralelo de la Justicia de San Juan, la empresa Barrick Gold sea sobreseída de los delitos ambientales que se le imputaban (contaminación con solución cianurada del río “Jáchal en tres oportunidades)".
Además, advierten que el Gobierno nacional y el sector minero “vienen cuestionando la Ley de Glaciares con los argumentos de que es 'confusa', 'inaplicable' y 'obstáculo al desarrollo'”. Y concluyen que “si el juez y los denunciantes buscaban mayor protección, al destruirse la legitimidad y capacidad institucional, lo que vendrá es menos control, menos protección”.
“Es un paso más"
"A los procesamientos los hemos tomado como un paso más. Sabíamos de una maniobra que se hizo para dejar afuera del censo a 700 glaciares de la cordillera sanjuanina", destacó Domingo Jofré, uno de los integrantes de la asamblea “Jáchal no se toca”, quienes impulsaron la denuncia contra Villalba (entre otros).
"Todo se inició en 2015, luego de un gran derrame en el río. Después hubo 2 derrames más; y para nosotros estuvo vinculado a un incumplimiento en la Ley de glaciares", explicó uno de los abogados de la asamblea, Diego Seguí.
"La ley ordenaba al Ianigla y a la Secretaría de Ambiente hacer una auditoría, que nunca hicieron. De haberse hecho esa auditoría, hoy Veladero estaría suspendido o clausurado", cerró el abogado.
Mensajes que se viralizaron en las redes
Ni bien se conoció el procesamiento de Ricardo Villalba se fueron sucediendo los mensajes de apoyo público.
Uno de las más llamativos fue la de su hija Ayelén, quien en su cuenta de Facebook -aclaraba que sólo se registró para hacer esta defensa pública- compartió unas líneas contando quién es su papá.
Luego de rememorar algunos momentos de su infancia (haciendo hincapié en los valores con que la criaron), la joven detallaba además la permanente preocupación de Villalba por el medio ambiente y el amor por enseñar.
"Gracias papá por ser quien sos y por haberme criado como lo hiciste. Sólo deseo que nuestro país nos trate con verdadera justicia, a vos y a todos", cerraba la carta, que rápidamente se viralizó en las redes sociales.
No obstante, durante los últimos días la publicación original y el perfil personal de la joven desaparecieron.
“Por lo que ella me contó, como recién se había registrado y eso fue compartido muchas veces, la cuenta fue inhabilitada por temor a que se trate de un robot. Pero ya está en trámite de recuperarla”, explicó Villalba a Los Andes.
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La minería o el medio ambiente y glaciares
La minería o el medio ambiente: la discusión de fondo en las reformas a la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 04/12/2017
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno quiere modificar la ley de protección de glaciares para promover el desarrollo de las actividades económicas. ¿Desde cuándo el medio ambiente se convirtió en un obstáculo para la explotación de los recursos naturales?
El kircherismo vetó dos leyes en doce años. Una fue la ley de glaciares. En los fundamentos de ese veto se ufanó de ser un gobierno comprometido con la protección ambiental. Párrafos después describió que "la prohibición de la explotación minera sobre ámbitos periglaciares de hielos saturados daría preeminencia a los aspectos ambientales por sobre las actividades extractivas". El medio ambiente se había convertido en una especie de escollo para la explotación de los recursos naturales.
El objetivo de la ley es preservar los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas
Una reciente información reconocida incluso por el Ministerio de Ambiente señala que el actual gobierno de Mauricio Macri, asimismo autoproclamado paladín de la ecología, promoverá una corrección de la ley de protección de glaciares, una ley que gracias a los avatares de presiones y lobbys jamás logró ser aplicada, puesto que el Estado nunca concluyó el inventario requerido de los cuerpos de hielo permanentes.
El argumento es idéntico al de la gestión anterior: la norma ambiental obstruye las inversiones. Según los empresarios, la actual norma tiene prácticamente vedado el normal desarrollo de las actividades económicas en las zonas de los hielos periglaciares, donde está prohibida el ejercicio industrial. El gremio de los mineros coincide: dirigentes de la UOCRA y la AOMA creen que la ley es confusa y no facilita ni promueve el despliegue de inversiones. Por eso el Gobierno busca moldear la protección legislativa a los glaciares para que regule el desarrollo económico sin menoscabar su compromiso por el medio ambiente.
Pero decaer en el estándar de protección de los cuerpos productores de agua dulce amenazados por el cambio climático no parece ser lo más adecuado en esta época. En la reunión en la que se discutió tal iniciativa comparecieron empresarios y demás interesados en las divisas que proporcionan una actividad ambientalmente cuestionada en todo el planeta.
Una ex ministra de Medio Ambiente de España, Cristina Narbona, solía decir que el modo en que se toman las decisiones y quiénes las adoptan determina cuáles intereses se benefician y cuáles se perjudican. Siendo el agua claramente un bien común, ¿no corresponde consultar a la sociedad en su conjunto si para las generaciones venideras quiere dejar glaciares o minería a cielo abierto?
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Fecha de Publicación: 04/12/2017
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno quiere modificar la ley de protección de glaciares para promover el desarrollo de las actividades económicas. ¿Desde cuándo el medio ambiente se convirtió en un obstáculo para la explotación de los recursos naturales?
El kircherismo vetó dos leyes en doce años. Una fue la ley de glaciares. En los fundamentos de ese veto se ufanó de ser un gobierno comprometido con la protección ambiental. Párrafos después describió que "la prohibición de la explotación minera sobre ámbitos periglaciares de hielos saturados daría preeminencia a los aspectos ambientales por sobre las actividades extractivas". El medio ambiente se había convertido en una especie de escollo para la explotación de los recursos naturales.
El objetivo de la ley es preservar los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas
Una reciente información reconocida incluso por el Ministerio de Ambiente señala que el actual gobierno de Mauricio Macri, asimismo autoproclamado paladín de la ecología, promoverá una corrección de la ley de protección de glaciares, una ley que gracias a los avatares de presiones y lobbys jamás logró ser aplicada, puesto que el Estado nunca concluyó el inventario requerido de los cuerpos de hielo permanentes.
El argumento es idéntico al de la gestión anterior: la norma ambiental obstruye las inversiones. Según los empresarios, la actual norma tiene prácticamente vedado el normal desarrollo de las actividades económicas en las zonas de los hielos periglaciares, donde está prohibida el ejercicio industrial. El gremio de los mineros coincide: dirigentes de la UOCRA y la AOMA creen que la ley es confusa y no facilita ni promueve el despliegue de inversiones. Por eso el Gobierno busca moldear la protección legislativa a los glaciares para que regule el desarrollo económico sin menoscabar su compromiso por el medio ambiente.
Pero decaer en el estándar de protección de los cuerpos productores de agua dulce amenazados por el cambio climático no parece ser lo más adecuado en esta época. En la reunión en la que se discutió tal iniciativa comparecieron empresarios y demás interesados en las divisas que proporcionan una actividad ambientalmente cuestionada en todo el planeta.
Una ex ministra de Medio Ambiente de España, Cristina Narbona, solía decir que el modo en que se toman las decisiones y quiénes las adoptan determina cuáles intereses se benefician y cuáles se perjudican. Siendo el agua claramente un bien común, ¿no corresponde consultar a la sociedad en su conjunto si para las generaciones venideras quiere dejar glaciares o minería a cielo abierto?
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Entre Ríos: instalan medidor de aire pero hay críticas
Provincia instaló un medidor de aire, pero “no sirve para controlar a Botnia o al PIG”
Fecha de Publicación: 04/12/2017
Fuente: El Día (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
Ayer por la tarde, en la Escuela Nº12 “Del Pericón”, en Costa Uruguay Sur, se comenzó a instalar el primero de los equipos medidores de aire que compró la Gobernación entrerriana en 2014. Sin embargo, peso a la grandilocuencia del nombre y el anuncio, este aparato sólo detectará algunos parámetros de contaminación en el aire, pero con aptos para cuantificar cantidades.
Además, desde la Asamblea aseguran que “no sirve por sí solo para medir la contaminación transfronteriza, como la emanada por la papelera finlandesa UPM (ex Botnia) instalada en Fray Bentos, Uruguay, y tampoco las emanaciones del Parque Industrial de Gualeguaychú (PIG)”.
“No hay que confundir: No son para medir la calidad de aire por el impacto del emprendimiento UPM-ExBotnia, para esa medición se necesita un equipo específico que en algún momento funcionó en el balneario Ñandubaysal y que es competencia del Gobierno Nacional”, admitió el secretario Ambiental de la provincia, Horacio Melo.
El funcionario entrerriano, con sus palabras, hizo referencia al plan original para estos equipos medidores de aire: trasladar de Ñandubaysal a la Escuela Nº12 “Del Pericón” la central que instaló allí la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el Servicio Meteorológico Nacional. Estos equipos sí son aptos para medir la contaminación transfronteriza, como la que genera UPM (ex Botnia), y al ser un equipo perteneciente a la esfera nacional, podía avalar esos datos compilados y autorizados. Y por supuesto también dependerá del lugar donde se lo coloque para que tome las muestras.
Y Ñandubaysal no lo es: es un lugar neutro donde no hay nada y jamás detectarán nada allí. Todo lo contrario a la escuela “Del Pericón”, donde es el lugar donde más va la concentración de gases.
La decisión de instalar la central de la CNEA allí fue del Poder Ejecutivo nacional durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, y ya el mes pasado la Secretaría de Ambiente provincial, universidades y ONG’s ambientalistas de Gualeguaychú acordaron solicitar a Nación la puesta en marcha de dicho equipo de monitoreo, mientras se avanzan las gestiones para el traslado de esa central la zona de Costa Uruguay Sur.
Pero desde la Asamblea Ambiental denuncian que es por culpa de las gestiones de Ambiente entrerriano que el acuerdo para realizar estas acciones está caído. Según explicaron, cuando el secretario de Control y Fiscalización Ambiental de la Nación Juan Trebino estuvo en Gualeguaychú, trajo el acuerdo firmado entre Nación y Provincia y también la nota donde la Secretaría de Ambiental entrerriana rompía ese acuerdo diciendo que no va a llevar a cabo con lo pactado.
¿Los motivos? Según sostienen los ambientalistas, cuando se rompió el acuerdo era una época en la cual el Ejecutivo Nacional, con Mauricio Macri y Cambiemos en la Casa Rosada, tenía un enfrentamiento con la Gobernación entrerriana comandada por el peronista Gustavo Bordet. Pero también consideran que no hubo un buen manejo de gestión por parte del actual secretario Ambiental Horacio Melo, quién hace unos años fue integrante de la delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) durante el kirchnerismo y que a partir del desempeño en este rol quedó muy enfrentado con los asambleístas.
Lo cierto es que ayer se instaló un aparato que, según denuncian, no servirá para controlar las principales fuentes contaminantes de la ciudad y Gualeguaychú queda nuevamente en medio de una pelea entre Nación y Provincia mientras la polución avanza firmemente.
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Fecha de Publicación: 04/12/2017
Fuente: El Día (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
Ayer por la tarde, en la Escuela Nº12 “Del Pericón”, en Costa Uruguay Sur, se comenzó a instalar el primero de los equipos medidores de aire que compró la Gobernación entrerriana en 2014. Sin embargo, peso a la grandilocuencia del nombre y el anuncio, este aparato sólo detectará algunos parámetros de contaminación en el aire, pero con aptos para cuantificar cantidades.
Además, desde la Asamblea aseguran que “no sirve por sí solo para medir la contaminación transfronteriza, como la emanada por la papelera finlandesa UPM (ex Botnia) instalada en Fray Bentos, Uruguay, y tampoco las emanaciones del Parque Industrial de Gualeguaychú (PIG)”.
“No hay que confundir: No son para medir la calidad de aire por el impacto del emprendimiento UPM-ExBotnia, para esa medición se necesita un equipo específico que en algún momento funcionó en el balneario Ñandubaysal y que es competencia del Gobierno Nacional”, admitió el secretario Ambiental de la provincia, Horacio Melo.
El funcionario entrerriano, con sus palabras, hizo referencia al plan original para estos equipos medidores de aire: trasladar de Ñandubaysal a la Escuela Nº12 “Del Pericón” la central que instaló allí la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el Servicio Meteorológico Nacional. Estos equipos sí son aptos para medir la contaminación transfronteriza, como la que genera UPM (ex Botnia), y al ser un equipo perteneciente a la esfera nacional, podía avalar esos datos compilados y autorizados. Y por supuesto también dependerá del lugar donde se lo coloque para que tome las muestras.
Y Ñandubaysal no lo es: es un lugar neutro donde no hay nada y jamás detectarán nada allí. Todo lo contrario a la escuela “Del Pericón”, donde es el lugar donde más va la concentración de gases.
La decisión de instalar la central de la CNEA allí fue del Poder Ejecutivo nacional durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, y ya el mes pasado la Secretaría de Ambiente provincial, universidades y ONG’s ambientalistas de Gualeguaychú acordaron solicitar a Nación la puesta en marcha de dicho equipo de monitoreo, mientras se avanzan las gestiones para el traslado de esa central la zona de Costa Uruguay Sur.
Pero desde la Asamblea Ambiental denuncian que es por culpa de las gestiones de Ambiente entrerriano que el acuerdo para realizar estas acciones está caído. Según explicaron, cuando el secretario de Control y Fiscalización Ambiental de la Nación Juan Trebino estuvo en Gualeguaychú, trajo el acuerdo firmado entre Nación y Provincia y también la nota donde la Secretaría de Ambiental entrerriana rompía ese acuerdo diciendo que no va a llevar a cabo con lo pactado.
¿Los motivos? Según sostienen los ambientalistas, cuando se rompió el acuerdo era una época en la cual el Ejecutivo Nacional, con Mauricio Macri y Cambiemos en la Casa Rosada, tenía un enfrentamiento con la Gobernación entrerriana comandada por el peronista Gustavo Bordet. Pero también consideran que no hubo un buen manejo de gestión por parte del actual secretario Ambiental Horacio Melo, quién hace unos años fue integrante de la delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) durante el kirchnerismo y que a partir del desempeño en este rol quedó muy enfrentado con los asambleístas.
Lo cierto es que ayer se instaló un aparato que, según denuncian, no servirá para controlar las principales fuentes contaminantes de la ciudad y Gualeguaychú queda nuevamente en medio de una pelea entre Nación y Provincia mientras la polución avanza firmemente.
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Ex gobernador de Chubut pide abrir el debate por la minería
Lizurume recomendó que Chubut reabra el debate por la minería
Fecha de Publicación: 04/12/2017
Fuente: El Diario de Madryn
Provincia/Región: Chubut
El ex gobernador José Luis Lizurume participará de la reunión entre el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni y ex gobernadores de Chubut. Al respecto, adelantó que le recomendaría iniciar el debate por la minería porque “esto merece diálogo y opinión porque por ahí la mayoría dice que no quiere minería y no habrá”. Cabe recordar que el ex gobernador radical había habilitado a la empresa minera Meridian Gold para iniciar los procesos de cateo en Esquel. Dicha decisión generó un plebiscito que se manifestó en contra de la minería y como consecuencia, se vio afectada la reelección de Lizurume.
El ex gobernador indicó que participará de la reunión con ex mandatarios donde “más allá de lo que cada uno pueda comentar, no digo que estemos para dar consejos pero sí experiencia vivida. Nuestra gestión sabe de experiencias difíciles por la crisis de 1999 al 2002 y que todos dicen que es la crisis más aguda del país y cada una de sus provincias. La pasamos muy mal y apretados”.
Prolija relación con Nación
“Nos resistimos a no entregar el banco, cosa que cuando asumió Cavallo como ministro de Economía decía que había que privatizar el banco y la caja”, recordó. A pesar de dicha presión “logramos retener el banco en poder el gobierno y vivimos épocas muy complicadas y la provincia esta atravesando una situación compleja pero no tanto como la nuestra”.
A su vez, el ex mandatario indicó que “le destaco al gobernador Arcioni su prolijidad en su relación con Nación que no significa entregarse. No puede existir mala relación entre un gobierno provincial y nacional pero no significa decir que sí a todo. Creo que es el camino que piensa transitar el gobernador Arcioni para lograr que se reivindique a Chubut lo que le corresponde”.
Consultado sobre qué le diría a Arcioni, remarcó que “lo primero que le diría es que acá tiene que haber un dialogo inminente. Esto se tiene que hablar, consensuar y en una oportunidad con todos los gremios cuando se pagaban los sueldos en los gimnasios porque los bancos estaban de paro, me reuní con todos los representantes en la residencia para ver de qué manera se podía compatibilizar posiciones para buscar la posibilidad de que el trabajador no sea el producto de todo lo malo que está sucediendo”, recordó.
Ante el anuncio de no agrandar la estructura del personal estatal, “creo que es importante una reestructuración del Estado. También me preocupa un poco que hay una media más de empleados públicos. No sé si se justifica pero es una cuestión que hay que analizar”, planteó.
Minería con controles
Consultado sobre la postura en torno a la minería en Chubut, Lizurume remarcó que “hay dos aspectos muy claros. Se hizo una presentación de 13 mil firmas por el no a la minería, pero ese no es el pensamiento total de los chubutenses”.
“Si me preguntan la minería donde dijimos que no, seguimos diciendo lo mismo. Lo demás deberá interpretarse respecto a lo que piensa la gente. No estoy diciendo que hay que hacer minería, pero si es una solución con todos los controles al extremo y los requisitos que haya que tener y si la mayoría de los chubutenses dice que sí; será una alternativa”, sostuvo.
Además, se preguntó “¿cuál es el temor de preguntarle a la gente? Si se le pregunta cada 4 años para elección de gobernador y cada dos para diputados. ¿Por qué no se le puede preguntar a la gente sobre determina situación”.
“Acá hay mucha gente en contra de la minería pero me parece que no es conducente esas posiciones extremas de agresividad. Esto merece diálogo y opinión porque por ahí la mayoría dice que no quiere minería y no habrá. Pero pienso que habrá que tomar una decisión o seguir en la posición cerrada con la que están”, concluyó.
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Fecha de Publicación: 04/12/2017
Fuente: El Diario de Madryn
Provincia/Región: Chubut
El ex gobernador José Luis Lizurume participará de la reunión entre el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni y ex gobernadores de Chubut. Al respecto, adelantó que le recomendaría iniciar el debate por la minería porque “esto merece diálogo y opinión porque por ahí la mayoría dice que no quiere minería y no habrá”. Cabe recordar que el ex gobernador radical había habilitado a la empresa minera Meridian Gold para iniciar los procesos de cateo en Esquel. Dicha decisión generó un plebiscito que se manifestó en contra de la minería y como consecuencia, se vio afectada la reelección de Lizurume.
El ex gobernador indicó que participará de la reunión con ex mandatarios donde “más allá de lo que cada uno pueda comentar, no digo que estemos para dar consejos pero sí experiencia vivida. Nuestra gestión sabe de experiencias difíciles por la crisis de 1999 al 2002 y que todos dicen que es la crisis más aguda del país y cada una de sus provincias. La pasamos muy mal y apretados”.
Prolija relación con Nación
“Nos resistimos a no entregar el banco, cosa que cuando asumió Cavallo como ministro de Economía decía que había que privatizar el banco y la caja”, recordó. A pesar de dicha presión “logramos retener el banco en poder el gobierno y vivimos épocas muy complicadas y la provincia esta atravesando una situación compleja pero no tanto como la nuestra”.
A su vez, el ex mandatario indicó que “le destaco al gobernador Arcioni su prolijidad en su relación con Nación que no significa entregarse. No puede existir mala relación entre un gobierno provincial y nacional pero no significa decir que sí a todo. Creo que es el camino que piensa transitar el gobernador Arcioni para lograr que se reivindique a Chubut lo que le corresponde”.
Consultado sobre qué le diría a Arcioni, remarcó que “lo primero que le diría es que acá tiene que haber un dialogo inminente. Esto se tiene que hablar, consensuar y en una oportunidad con todos los gremios cuando se pagaban los sueldos en los gimnasios porque los bancos estaban de paro, me reuní con todos los representantes en la residencia para ver de qué manera se podía compatibilizar posiciones para buscar la posibilidad de que el trabajador no sea el producto de todo lo malo que está sucediendo”, recordó.
Ante el anuncio de no agrandar la estructura del personal estatal, “creo que es importante una reestructuración del Estado. También me preocupa un poco que hay una media más de empleados públicos. No sé si se justifica pero es una cuestión que hay que analizar”, planteó.
Minería con controles
Consultado sobre la postura en torno a la minería en Chubut, Lizurume remarcó que “hay dos aspectos muy claros. Se hizo una presentación de 13 mil firmas por el no a la minería, pero ese no es el pensamiento total de los chubutenses”.
“Si me preguntan la minería donde dijimos que no, seguimos diciendo lo mismo. Lo demás deberá interpretarse respecto a lo que piensa la gente. No estoy diciendo que hay que hacer minería, pero si es una solución con todos los controles al extremo y los requisitos que haya que tener y si la mayoría de los chubutenses dice que sí; será una alternativa”, sostuvo.
Además, se preguntó “¿cuál es el temor de preguntarle a la gente? Si se le pregunta cada 4 años para elección de gobernador y cada dos para diputados. ¿Por qué no se le puede preguntar a la gente sobre determina situación”.
“Acá hay mucha gente en contra de la minería pero me parece que no es conducente esas posiciones extremas de agresividad. Esto merece diálogo y opinión porque por ahí la mayoría dice que no quiere minería y no habrá. Pero pienso que habrá que tomar una decisión o seguir en la posición cerrada con la que están”, concluyó.
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Ahora parece que prohibir las bolsas plásticas en perjudicial
Afirman que prohibir el uso de bolsas plásticas perjudicó al medio ambiente
Fecha de Publicación: 03/12/2017
Fuente: Clarín
Provincia/Región: CABA
A un año de la prohibición de las bolsas plásticas en los supermercados de la Ciudad de Buenos Aires, la industria plástica, una ONG medioambiental y el sindicato del plástico salieron a explicar el impacto negativo que tuvo la medida en la economía de las empresas productoras, en los trabajadores del sector y también en el medio ambiente.
¿Porqué en el medio ambiente? "Antes de esta prohibición, en el 85% de los hogares se reutilizaban las bolsas para los desechos domésticos y así la población separaba residuos orgánicos y reciclables: esa práctica hoy está en retroceso", explican en Ecoplas, una asociación civil sin fines de lucro especializada en medio ambiente y plástico. Ellos dicen que, ante la imposibilidad de contar con bolsas verdes y negras, "la población está dejando de separar los residuos y mezcla todo en una misma bolsa, sin discriminar materiales nobles e inocuos, como el plástico, que pueden ser reciclados".
Mario Tonelli, director ejecutivo de Ecoplas, advirtió que “si la gente en sus casas continúa sin separar los residuos, estamos ante un crecimiento de la basura que se dispone, ya sea en los basurales a cielo abierto o rellenos sanitarios, lo cual es una pésima noticia para nuestro medio ambiente dado que no se recicla”. En provincias como Salta y Córdoba, donde estaban en vigencia resoluciones similares, las bolsas plásticas regresaron a los comercios. Si bien, en muchos países del mundo, la restricción de las bolsas se instaló definitivamente.
Por otro lado, también la industria se sumó al reclamo por el perjuicio ecónómico que implicó la medida para las empresas del rubro. Sergio Hilbrecht, gerente de la Cámara Argentina de la Industria de Plásticos (CAIP), explicó que "desde enero de 2017, cuando empezó a regir la resolución 341, que prohíbe la entrega de bolsas en los súper porteños, se generó una pérdida económica de $ 150 millones; se redujeron 400 puestos de trabajo en las casi 120 empresas que en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires se dedican a la producción de estos materiales. Hoy el sector está trabajando a un 50% de su capacidad en todo el país", dijo. Es lo que comenzó a verse en los negocios de la Ciudad.
Verónica Ramos, de Ecoplas, agrega que los envases plásticos en general, no son un residuo, sino un recurso. "Si se los separa correctamente en los hogares, sirven de materia prima para la industria del reciclado plástico y abren la posibilidad de que con ellos se puedan producir caños, bancos de plazas, bolsas de consorcio, durmientes y mucho más", explica. "Este concepto está en línea con la nueva tendencia mundial de la “economía circular” dado que, materiales como el plástico, se pueden reciclar hasta cinco veces", señaló.
La firma Polinoa es una de las principales proveedoras de la bolsas "camiseta", como se conoce a las tradicionales bolsas que dan los supermercados. Tiene dos plantas, una en Buenos Aires y otra, en La Rioja, donde se perdió el 75% de la producción de este tipo de producto, "Estamos intentando reconvertir la compañía, pero el proceso es muy caro y ya debimos prescindir de la mitad del personal", explicó el directivo a Clarin. Un negocio que, por otro lado, pasó a ser de los productores de bolsas de polipropileno reutilizables.
Según datos del sector de los plásticos, a nivel país, el empleo entre los fabricante de bolsas disminuyó un 24%: 700 personas perdieron su trabajo de forma directa y 2.400 de manera indirecta .Además, hubo una disminución de las horas extras y de los turnos de trabajo.
De las 2.805 Pymes dedicadas a la industria plástica en todo el país, 450 son fabricantes de film y bolsas plásticas. El 45,5% del plástico que se procesa es destinado al "packaging"; el 13% a los materiales de construcción, el 10% a la industria eléctrica, el 8% a la automotriz y el 3,5% a los productos de uso doméstico.
Hoy, la industria recicladora plástica nuclea a 50.000 personas, incluyendo a los recuperadores urbanos. "Si trabajara en su máxima capacidad, podría dar empleo a 100.000 personas. Los recuperadores urbanos están volviendo a abrir las bolsas negras ya que reciben todos los residuos juntos de los vecinos", sostienen en Ecoplas.
Según la Facultad de Ingeniería de la UBA (FIUBA), entre 2010 y 2015 la cantidad de plásticos en los rellenos sanitarios había bajado de un 18% al 12%. Actualmente, se estima que una persona consume 43,2 kilos de plástico por año y que sólo el 24% de los plásticos post-consumo domésticos se reciclan.
Salta y Córdoba tomaron la misma medida, pero las bolsas volvieron a darse en comercios.
85%. Esa proporción de los hogares reutilizaban las bolsas “camiseta” para sus desechos domésticos, según Ecoplas.
43. Son los kilos de plástico que consume cada persona en un año. Sólo 24% de los residuos de ese material se reciclan.
400. Esa cantidad de puestos de trabajo perdió la industria del plástico en Capital y el Conurbano en el último año.
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Fecha de Publicación: 03/12/2017
Fuente: Clarín
Provincia/Región: CABA
A un año de la prohibición de las bolsas plásticas en los supermercados de la Ciudad de Buenos Aires, la industria plástica, una ONG medioambiental y el sindicato del plástico salieron a explicar el impacto negativo que tuvo la medida en la economía de las empresas productoras, en los trabajadores del sector y también en el medio ambiente.
¿Porqué en el medio ambiente? "Antes de esta prohibición, en el 85% de los hogares se reutilizaban las bolsas para los desechos domésticos y así la población separaba residuos orgánicos y reciclables: esa práctica hoy está en retroceso", explican en Ecoplas, una asociación civil sin fines de lucro especializada en medio ambiente y plástico. Ellos dicen que, ante la imposibilidad de contar con bolsas verdes y negras, "la población está dejando de separar los residuos y mezcla todo en una misma bolsa, sin discriminar materiales nobles e inocuos, como el plástico, que pueden ser reciclados".
Mario Tonelli, director ejecutivo de Ecoplas, advirtió que “si la gente en sus casas continúa sin separar los residuos, estamos ante un crecimiento de la basura que se dispone, ya sea en los basurales a cielo abierto o rellenos sanitarios, lo cual es una pésima noticia para nuestro medio ambiente dado que no se recicla”. En provincias como Salta y Córdoba, donde estaban en vigencia resoluciones similares, las bolsas plásticas regresaron a los comercios. Si bien, en muchos países del mundo, la restricción de las bolsas se instaló definitivamente.
Por otro lado, también la industria se sumó al reclamo por el perjuicio ecónómico que implicó la medida para las empresas del rubro. Sergio Hilbrecht, gerente de la Cámara Argentina de la Industria de Plásticos (CAIP), explicó que "desde enero de 2017, cuando empezó a regir la resolución 341, que prohíbe la entrega de bolsas en los súper porteños, se generó una pérdida económica de $ 150 millones; se redujeron 400 puestos de trabajo en las casi 120 empresas que en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires se dedican a la producción de estos materiales. Hoy el sector está trabajando a un 50% de su capacidad en todo el país", dijo. Es lo que comenzó a verse en los negocios de la Ciudad.
Verónica Ramos, de Ecoplas, agrega que los envases plásticos en general, no son un residuo, sino un recurso. "Si se los separa correctamente en los hogares, sirven de materia prima para la industria del reciclado plástico y abren la posibilidad de que con ellos se puedan producir caños, bancos de plazas, bolsas de consorcio, durmientes y mucho más", explica. "Este concepto está en línea con la nueva tendencia mundial de la “economía circular” dado que, materiales como el plástico, se pueden reciclar hasta cinco veces", señaló.
La firma Polinoa es una de las principales proveedoras de la bolsas "camiseta", como se conoce a las tradicionales bolsas que dan los supermercados. Tiene dos plantas, una en Buenos Aires y otra, en La Rioja, donde se perdió el 75% de la producción de este tipo de producto, "Estamos intentando reconvertir la compañía, pero el proceso es muy caro y ya debimos prescindir de la mitad del personal", explicó el directivo a Clarin. Un negocio que, por otro lado, pasó a ser de los productores de bolsas de polipropileno reutilizables.
Según datos del sector de los plásticos, a nivel país, el empleo entre los fabricante de bolsas disminuyó un 24%: 700 personas perdieron su trabajo de forma directa y 2.400 de manera indirecta .Además, hubo una disminución de las horas extras y de los turnos de trabajo.
De las 2.805 Pymes dedicadas a la industria plástica en todo el país, 450 son fabricantes de film y bolsas plásticas. El 45,5% del plástico que se procesa es destinado al "packaging"; el 13% a los materiales de construcción, el 10% a la industria eléctrica, el 8% a la automotriz y el 3,5% a los productos de uso doméstico.
Hoy, la industria recicladora plástica nuclea a 50.000 personas, incluyendo a los recuperadores urbanos. "Si trabajara en su máxima capacidad, podría dar empleo a 100.000 personas. Los recuperadores urbanos están volviendo a abrir las bolsas negras ya que reciben todos los residuos juntos de los vecinos", sostienen en Ecoplas.
Según la Facultad de Ingeniería de la UBA (FIUBA), entre 2010 y 2015 la cantidad de plásticos en los rellenos sanitarios había bajado de un 18% al 12%. Actualmente, se estima que una persona consume 43,2 kilos de plástico por año y que sólo el 24% de los plásticos post-consumo domésticos se reciclan.
Salta y Córdoba tomaron la misma medida, pero las bolsas volvieron a darse en comercios.
85%. Esa proporción de los hogares reutilizaban las bolsas “camiseta” para sus desechos domésticos, según Ecoplas.
43. Son los kilos de plástico que consume cada persona en un año. Sólo 24% de los residuos de ese material se reciclan.
400. Esa cantidad de puestos de trabajo perdió la industria del plástico en Capital y el Conurbano en el último año.
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Otra vez tienen que limpiar canal en Neuquén
Limpian otra vez un canal del oeste que vive con basura
Fecha de Publicación: 03/12/2017
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Por segunda vez en el año comenzó la limpieza del canal Pastor Pluis, ubicado a metros de la laguna de San Lorenzo, en el oeste neuquino. Los vecinos siguen tirando basura en ese lugar.
Desde ayer, personal y maquinaria municipal comenzaron con las tareas de saneamiento del canal, que tiene su punto de inicio en República de Italia y Necochea a metros de la laguna San Lorenzo, contigua al sector del Parque Oeste.
“Empezamos con todo lo que es el retiro de sedimentos y residuos, y sólo en el primer día retiramos 40 metros cúbicos de basura”, dijo Juan Manuel López Osornio, subsecretario de Mantenimiento Vial, quien aclaró que estarán en el barrio por 15 días más con diversas tareas de limpieza.
El objetivo es limpiar por tramos toda la extensión de curso de agua que termina en el canal Rohde y atraviesa el barrio por la calle Naranjo en Flor.
“Es importante porque el agua que pasa por Pastor Pluis desemboca en el arroyo Durán y, en consecuencia, en el río Limay”, indicó el funcionario municipal.
“Estuvimos acá en abril pero consideramos que era necesario volver porque observamos nuevamente que en algunos sectores se necesitaba una nueva limpieza. No sólo vemos que vamos a sacar sedimento sino también residuos domiciliarios”, concluyó.
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Fecha de Publicación: 03/12/2017
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Por segunda vez en el año comenzó la limpieza del canal Pastor Pluis, ubicado a metros de la laguna de San Lorenzo, en el oeste neuquino. Los vecinos siguen tirando basura en ese lugar.
Desde ayer, personal y maquinaria municipal comenzaron con las tareas de saneamiento del canal, que tiene su punto de inicio en República de Italia y Necochea a metros de la laguna San Lorenzo, contigua al sector del Parque Oeste.
“Empezamos con todo lo que es el retiro de sedimentos y residuos, y sólo en el primer día retiramos 40 metros cúbicos de basura”, dijo Juan Manuel López Osornio, subsecretario de Mantenimiento Vial, quien aclaró que estarán en el barrio por 15 días más con diversas tareas de limpieza.
El objetivo es limpiar por tramos toda la extensión de curso de agua que termina en el canal Rohde y atraviesa el barrio por la calle Naranjo en Flor.
“Es importante porque el agua que pasa por Pastor Pluis desemboca en el arroyo Durán y, en consecuencia, en el río Limay”, indicó el funcionario municipal.
“Estuvimos acá en abril pero consideramos que era necesario volver porque observamos nuevamente que en algunos sectores se necesitaba una nueva limpieza. No sólo vemos que vamos a sacar sedimento sino también residuos domiciliarios”, concluyó.
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Un tambo con mucha energía
Energía producida en el tambo como para alimentar una ciudad de 5.000 habitantes
Fecha de Publicación: 03/12/2017
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Santa Fe
Adecoagro inauguró ayer una planta de generación eléctrica que utiliza como fuente el biogás producido por la fermentación de la bosta de las vacas. El “biodigestor” se instaló en el megatambo que poseen en Christophersen, en el sur de la provincia de Santa Fe, y tiene una capacidad de 1,4 MW, suficiente para proveer energía eléctrica a una ciudad de 5.000 habitan tes. El acto contó con la presencia del Ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, quien cortó la cinta junto con el CEO y cofundador de Adecoagro, Mariano Bosch y el gerente de lechería Ernesto Pittaluga. El ministro no ocultó su sorpresa por las características del emprendimiento, revolucionario por sus dimensiones y modernidad.
En el establecimiento se ordeñan actualmente 7.000 vacas que viven bajo condiciones de máximo confort, en enormes establos dotados de control ambiental, camas de arena, sistemas de limpieza y mínimo stress. En lugar de pastorear, las vacas reciben el alimento en esos galpones. Así el campo se destina a sembrar los granos y forrajes, que luego se mezclan en carros especiales para alimentar a los animales.
En estas condiciones ideales, se logró un aumento sustancial de la producción de leche por vaca y por día. Mientras el rendimiento nacional os- cila en los 18 litros diarios, en el megatambo están promediando los 37 litros desde hace un año. De tal forma que se expresa a pleno el alto potencial genético de las vacas, que se ordeñan tres veces por día en un tambo “calesita”: los animales van entrando en un carrousel que puede alojar 80 por vez. Toda la vuelta dura 8 minutos. Así, se ordeñan 500 vacas por hora, 7 horas por turno. Se obtienen 250.000 litros de leche por día.
Pero había que resolver el talón de Aquiles del sistema: los efluentes. Hay que evacuar permanentemente el estiércol que se acumula en las camas y calles de los galpones. En Adecoagro convirtieron el problema en oportunidad. Licitaron en el programa Renov.Ar, que introdujo el Ministerio de Energía el año pasado, y lograron la adjudicación de un cupo de 1,4 MW, que es lo que necesitaban para que se hiciera viable el tratamiento de estos efluentes. La adjudicación fue en diciembre y se comprometieron a comenzar a generar en enero del 2018. Se anticiparon un par de meses: la planta está operativa desde el 4 de noviembre y ya genera a pleno.
El sistema separa la bosta de la arena y la introduce de modo prácticamente continuo a un conjunto de tres grandes tanques herméticos (los biodigestores). Allí actúan las bacterias “metanizadoras”, que producen el gas metano que alimenta un gran motogenerador. La planta es de tecnología italiana y costó US$ 6 millones. La inversión desde que iniciaron el proyecto para las 7.000 vacas, alcanza a US$ 50 millones. Bosch informó que van a duplicar la apuesta para llegar a 14,000 vacas en ordeñe.
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Fecha de Publicación: 03/12/2017
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Santa Fe
Adecoagro inauguró ayer una planta de generación eléctrica que utiliza como fuente el biogás producido por la fermentación de la bosta de las vacas. El “biodigestor” se instaló en el megatambo que poseen en Christophersen, en el sur de la provincia de Santa Fe, y tiene una capacidad de 1,4 MW, suficiente para proveer energía eléctrica a una ciudad de 5.000 habitan tes. El acto contó con la presencia del Ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, quien cortó la cinta junto con el CEO y cofundador de Adecoagro, Mariano Bosch y el gerente de lechería Ernesto Pittaluga. El ministro no ocultó su sorpresa por las características del emprendimiento, revolucionario por sus dimensiones y modernidad.
En el establecimiento se ordeñan actualmente 7.000 vacas que viven bajo condiciones de máximo confort, en enormes establos dotados de control ambiental, camas de arena, sistemas de limpieza y mínimo stress. En lugar de pastorear, las vacas reciben el alimento en esos galpones. Así el campo se destina a sembrar los granos y forrajes, que luego se mezclan en carros especiales para alimentar a los animales.
En estas condiciones ideales, se logró un aumento sustancial de la producción de leche por vaca y por día. Mientras el rendimiento nacional os- cila en los 18 litros diarios, en el megatambo están promediando los 37 litros desde hace un año. De tal forma que se expresa a pleno el alto potencial genético de las vacas, que se ordeñan tres veces por día en un tambo “calesita”: los animales van entrando en un carrousel que puede alojar 80 por vez. Toda la vuelta dura 8 minutos. Así, se ordeñan 500 vacas por hora, 7 horas por turno. Se obtienen 250.000 litros de leche por día.
Pero había que resolver el talón de Aquiles del sistema: los efluentes. Hay que evacuar permanentemente el estiércol que se acumula en las camas y calles de los galpones. En Adecoagro convirtieron el problema en oportunidad. Licitaron en el programa Renov.Ar, que introdujo el Ministerio de Energía el año pasado, y lograron la adjudicación de un cupo de 1,4 MW, que es lo que necesitaban para que se hiciera viable el tratamiento de estos efluentes. La adjudicación fue en diciembre y se comprometieron a comenzar a generar en enero del 2018. Se anticiparon un par de meses: la planta está operativa desde el 4 de noviembre y ya genera a pleno.
El sistema separa la bosta de la arena y la introduce de modo prácticamente continuo a un conjunto de tres grandes tanques herméticos (los biodigestores). Allí actúan las bacterias “metanizadoras”, que producen el gas metano que alimenta un gran motogenerador. La planta es de tecnología italiana y costó US$ 6 millones. La inversión desde que iniciaron el proyecto para las 7.000 vacas, alcanza a US$ 50 millones. Bosch informó que van a duplicar la apuesta para llegar a 14,000 vacas en ordeñe.
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El lobby sojero presionó a Rosario y aceptarán el glifosato
El Concejo da marcha atrás con la prohibición del uso de glifosato en Rosario
Fecha de Publicación: 02/12/2017
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
En un trámite exprés, y luego de una reunión con ruralistas, se redactó un proyecto que modifica el anterior y que se tratará la semana próxima.
Dos semanas después de haber prohibido en Rosario la utilización del polémico herbicida Glifosato, el Concejo Municipal dio marcha atrás con esa decisión. Fue ayer, en el marco de una sesión con ribetes de escándalo y horas después de que la plana mayor de las entidades agropecuarias reclamara en el Palacio Vasallo la modificación de la norma.
Así, mientras los pasillos eran un hervidero de negociaciones políticas con el objetivo de conformar el gabinete del nuevo Concejo, la polémica por el glifosato se coló casi sin pedir permiso y terminó generando que el cuerpo volviera sobre sus pasos.
De la prohibición se pasó sin escalas al "cumplimiento de un protocolo" para poder utilizarlo. Así quedó plasmado en un proyecto que busca modificar la ordenanza votada hace dos semanas y que se tratará el martes en la comisión de Ecología. La intención es que llegue el jueves que viene al recinto, cuando se realice la última sesión ordinaria de la actual conformación del Concejo.
El proyecto se redactó ayer mismo, y rápidamente fue ingresado para habilitar su tratamiento la semana próxima. Tan veloz fue el trámite, que hasta hubo ediles que ya se habían retirado del Concejo y recibieron llamadas a sus celulares para que regresaran y habilitaran el ingreso del expediente.
En el medio hubo de todo: chicanas, gritos y acusaciones.
La voz ruralista
Horas antes, la plana mayor de las entidades agropecuarias había desembarcado allí para decirles a los ediles que "les faltaba información" y que la ordenanza debía ser revisada.
Según explicaron, la norma que ahora se intentará modificar va en contra de la historia y el presente económico de la ciudad, asociada "en todo el mundo" con la actividad agropecuaria, y que sobre todo "carece de rigor científico".
Así lo expresaron claramente dos de las espadas más filosas de los ruralistas, Pedro Vigneau (Aapresid) y Rodolfo Rossi (Acsoja), quienes junto a otros directivos de la Bolsa de Comercio local participaron ayer de la reunión de Labor Parlamentaria en la cual hubo un tema excluyente: el glifosato.
Los ruralistas llegaron con bolsas de plástico llenas de papeles y estudios que —según explicaron— avalan lo que las entidades sostienen: que el glifosato es un herbicida autorizado en el país, que sorteó los controles de sanidad del Senasa y de muchas otras instancias.
En ese punto, citaron un informe de evaluación realizado bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por un consejo de expertos que trabajó en el ámbito del Conicet, que sostuvo que ese producto "no implica riesgos para la salud humana siempre y cuando se utilice de forma responsable".
"Creemos que a los concejales les falta información. En 2009 Cristina, con lo que significó ese gobierno para el agro, convocó a un panel que concluyó que el glifosato no era peligroso", recordó Vigneau, quien dejó en claro que había que buscar una solución que permita "revertir este asunto".
El "asunto" en cuestión era la ordenanza que prohibió el glifosato en Rosario, que paradójicamente fue votada por unanimidad pero que ahora empezó un camino de reconversión.
Recalculando
Ayer no fueron pocos los concejales que admitieron que se apuraron a convalidar con sus firmas el proyecto presentado por Osvaldo Miatello (peronismo) y Pedro Salinas (Ciudad Futura) sin haberse tomado el tiempo de revisar los antecedentes en el tema, como por ejemplo una ordenanza que ya existe sobre uso de agroquímicos promulgada tras varios meses de debates en el año 2011.
Así, rápidamente se redactó un nuevo proyecto que modifica el anterior y encomienda el uso del glifosato a la puesta en práctica de un "protocolo" que será redactado por la Secretaría de Ambiente y Espacio Público del municipio.
El texto también encomienda a esa repartición "implementar acciones de promoción de las buenas prácticas de los herbicidas, con miras a un uso eficiente, seguro y tendiente a disminuir su uso". Para lograrlo, le sugiere "coordinar actividades con universidades, instituciones, reparticiones y organizaciones de la sociedad civil relacionadas con la agroindustria, que considere necesario".
Para habilitar que esta iniciativa pudiera tener ingreso formal, hubo varios ediles que ayer tuvieron que regresar al Concejo, ya que los votos no daban. Así, tras nerviosas llamadas y acusaciones a los gritos, finalmente el Frente Progresista y el PRO habilitaron el ingreso.
Ahora se discutirá el martes en comisión y el objetivo es que llegue al recinto en la última sesión de esta conformación del Concejo. Todo indica que el jueves próximo, la marcha atrás de la prohibición del glifosato en Rosario estará sellada.
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Fecha de Publicación: 02/12/2017
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
En un trámite exprés, y luego de una reunión con ruralistas, se redactó un proyecto que modifica el anterior y que se tratará la semana próxima.
Dos semanas después de haber prohibido en Rosario la utilización del polémico herbicida Glifosato, el Concejo Municipal dio marcha atrás con esa decisión. Fue ayer, en el marco de una sesión con ribetes de escándalo y horas después de que la plana mayor de las entidades agropecuarias reclamara en el Palacio Vasallo la modificación de la norma.
Así, mientras los pasillos eran un hervidero de negociaciones políticas con el objetivo de conformar el gabinete del nuevo Concejo, la polémica por el glifosato se coló casi sin pedir permiso y terminó generando que el cuerpo volviera sobre sus pasos.
De la prohibición se pasó sin escalas al "cumplimiento de un protocolo" para poder utilizarlo. Así quedó plasmado en un proyecto que busca modificar la ordenanza votada hace dos semanas y que se tratará el martes en la comisión de Ecología. La intención es que llegue el jueves que viene al recinto, cuando se realice la última sesión ordinaria de la actual conformación del Concejo.
El proyecto se redactó ayer mismo, y rápidamente fue ingresado para habilitar su tratamiento la semana próxima. Tan veloz fue el trámite, que hasta hubo ediles que ya se habían retirado del Concejo y recibieron llamadas a sus celulares para que regresaran y habilitaran el ingreso del expediente.
En el medio hubo de todo: chicanas, gritos y acusaciones.
La voz ruralista
Horas antes, la plana mayor de las entidades agropecuarias había desembarcado allí para decirles a los ediles que "les faltaba información" y que la ordenanza debía ser revisada.
Según explicaron, la norma que ahora se intentará modificar va en contra de la historia y el presente económico de la ciudad, asociada "en todo el mundo" con la actividad agropecuaria, y que sobre todo "carece de rigor científico".
Así lo expresaron claramente dos de las espadas más filosas de los ruralistas, Pedro Vigneau (Aapresid) y Rodolfo Rossi (Acsoja), quienes junto a otros directivos de la Bolsa de Comercio local participaron ayer de la reunión de Labor Parlamentaria en la cual hubo un tema excluyente: el glifosato.
Los ruralistas llegaron con bolsas de plástico llenas de papeles y estudios que —según explicaron— avalan lo que las entidades sostienen: que el glifosato es un herbicida autorizado en el país, que sorteó los controles de sanidad del Senasa y de muchas otras instancias.
En ese punto, citaron un informe de evaluación realizado bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por un consejo de expertos que trabajó en el ámbito del Conicet, que sostuvo que ese producto "no implica riesgos para la salud humana siempre y cuando se utilice de forma responsable".
"Creemos que a los concejales les falta información. En 2009 Cristina, con lo que significó ese gobierno para el agro, convocó a un panel que concluyó que el glifosato no era peligroso", recordó Vigneau, quien dejó en claro que había que buscar una solución que permita "revertir este asunto".
El "asunto" en cuestión era la ordenanza que prohibió el glifosato en Rosario, que paradójicamente fue votada por unanimidad pero que ahora empezó un camino de reconversión.
Recalculando
Ayer no fueron pocos los concejales que admitieron que se apuraron a convalidar con sus firmas el proyecto presentado por Osvaldo Miatello (peronismo) y Pedro Salinas (Ciudad Futura) sin haberse tomado el tiempo de revisar los antecedentes en el tema, como por ejemplo una ordenanza que ya existe sobre uso de agroquímicos promulgada tras varios meses de debates en el año 2011.
Así, rápidamente se redactó un nuevo proyecto que modifica el anterior y encomienda el uso del glifosato a la puesta en práctica de un "protocolo" que será redactado por la Secretaría de Ambiente y Espacio Público del municipio.
El texto también encomienda a esa repartición "implementar acciones de promoción de las buenas prácticas de los herbicidas, con miras a un uso eficiente, seguro y tendiente a disminuir su uso". Para lograrlo, le sugiere "coordinar actividades con universidades, instituciones, reparticiones y organizaciones de la sociedad civil relacionadas con la agroindustria, que considere necesario".
Para habilitar que esta iniciativa pudiera tener ingreso formal, hubo varios ediles que ayer tuvieron que regresar al Concejo, ya que los votos no daban. Así, tras nerviosas llamadas y acusaciones a los gritos, finalmente el Frente Progresista y el PRO habilitaron el ingreso.
Ahora se discutirá el martes en comisión y el objetivo es que llegue al recinto en la última sesión de esta conformación del Concejo. Todo indica que el jueves próximo, la marcha atrás de la prohibición del glifosato en Rosario estará sellada.
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El segundo derrame de la Barrick quedaría impune
La investigación penal del segundo derrame de la mina Veladero sería archivada por falta de pruebas
Fecha de Publicación: 02/12/2017
Fuente: La Prensa
Provincia/Región: San Juan
La causa penal por el segundo derrame en la mina Veladero, ocurrido el 8 de septiembre de 2016, podría quedar en la nada y pasar al archivo, como lo pidió el fiscal del caso, según reconoció el juez de la Segunda circunscripción de San Juan, Pablo Oritja, quien dijo que "no está demostrada la contaminación".
El derrame, que en la causa penal donde se investiga si hubo transgresiones a ley de manejo de residuos peligrosos y la contaminación del agua, además “no tiene imputados”, según dijo el juez.
El magistrado de Jáchal que tiene jurisdicción sobre el departamento Iglesia, donde se localiza la mina de oro y plata que explotan la canadiense Barrick y la china Shandong, dijo que en el segundo derrame “no se comprobó que los líquidos derramados en el Valle de Lixiviación, hayan llegado a algún curso de agua de la zona”.
Oritja confirmó que el fiscal de Jáchal, Sohar Aballay, emitió un dictamen en el que consideró que el hecho ocurrido en septiembre de 2016 “no produjo un perjuicio a la salud pública ni el medio ambiente”, por lo que entendió que no hay delito y solicitó el archivo del caso.
El derrame se produjo en la madrugada del 8 de septiembre de 2016, cuando según la empresa, un bloque de hielo se desprendió de la montaña y en su caída golpeó una cañería que conducía “solución cianurada” dentro del valle de lixiviación y provocó que se desacoplara, dejando escapar una cantidad no determinada de líquido.
El incidente fue advertido por el personal de guardia “y se concretaron las tareas necesarias para su contención dentro de la zona segura”, había dicho Barrick al comentar el caso.
Según el juez, el pedido de archivo de la causa del fiscal Aballay, “se basa en las declaraciones de dos ingenieros pertenecientes a la Policía Minera de San Juan, cuatro empleados de la empresa Barrick y la jefa de Calidad y Control de Aguas del Departamento de Hidráulica”.
“En todos los testimonios se llega a la misma conclusión que es que no hubo contaminación” dijo Oritja, quien además agregó que en su escrito, el fiscal “apela a la investigación de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (Ufima) de la Procuración General de la Nación, que indicó que el evento no produjo contaminación con cianuro en la zona afectada ni en las aguas superficiales o subterráneas cercanas”.
El mismo juez de Jáchal, ordenó el procesamiento de 9 empleados jerárquicos de Barrick por el primer derrame ocurrido un año antes, el 13 de septiembre de 2015, cuando falló una válvula y se derramó más de un millón de litros de agua cianurada.
En ese caso, una compuerta de contención estaba abierta y por eso el material llegó hasta el río Potrerillos que quedó devastado y luego al río Las Taguas que también sufrió contaminación.
Oritja procesó a los 9 encargados de la mina que debían tener cerrada la compuerta, su fallo fue apelado y la Cámara de Apelaciones de Mendoza, confirmó el procesamiento de 8 de los imputados que ahora esperan llegar a juicio oral.
Por el primer derrame, la provincia de San Juan le impuso a Barrick una multa de 145 millones de pesos y hasta ahora no ha informado sobre nuevas multas a la empresa minera por los dos derrames posteriores.
Finalmente y ante una consulta, el juez Oritja dejó entrever que la investigación penal del tercer derrame de Veladero, ocurrido el martes 28 de marzo de 2017, tendría el mismo destino, ya que “aunque faltan algunas medidas de prueba que se han solicitado, hasta ahora no hay pruebas de contaminación ni imputados”.
En el tercer derrame en un año y medio de la minera sanjuanina, “se desconectó un caño con material rico, que no contendría agua con sustancia cianurada sino una mezcla de oro y plata”, según dijo en el gobierno el subsecretario de Información Pública Osvaldo Lima.
En ese caso, el gobierno afirmó en un comunicado que el derrame “no afectó a personas ni cursos de agua y fue contenido por personal de la empresa”.
Barrick Gold, por su parte, garantizó que el derrame "no generó daño a la salud, a las personas ni al medio ambiente”.
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Fecha de Publicación: 02/12/2017
Fuente: La Prensa
Provincia/Región: San Juan
La causa penal por el segundo derrame en la mina Veladero, ocurrido el 8 de septiembre de 2016, podría quedar en la nada y pasar al archivo, como lo pidió el fiscal del caso, según reconoció el juez de la Segunda circunscripción de San Juan, Pablo Oritja, quien dijo que "no está demostrada la contaminación".
El derrame, que en la causa penal donde se investiga si hubo transgresiones a ley de manejo de residuos peligrosos y la contaminación del agua, además “no tiene imputados”, según dijo el juez.
El magistrado de Jáchal que tiene jurisdicción sobre el departamento Iglesia, donde se localiza la mina de oro y plata que explotan la canadiense Barrick y la china Shandong, dijo que en el segundo derrame “no se comprobó que los líquidos derramados en el Valle de Lixiviación, hayan llegado a algún curso de agua de la zona”.
Oritja confirmó que el fiscal de Jáchal, Sohar Aballay, emitió un dictamen en el que consideró que el hecho ocurrido en septiembre de 2016 “no produjo un perjuicio a la salud pública ni el medio ambiente”, por lo que entendió que no hay delito y solicitó el archivo del caso.
El derrame se produjo en la madrugada del 8 de septiembre de 2016, cuando según la empresa, un bloque de hielo se desprendió de la montaña y en su caída golpeó una cañería que conducía “solución cianurada” dentro del valle de lixiviación y provocó que se desacoplara, dejando escapar una cantidad no determinada de líquido.
El incidente fue advertido por el personal de guardia “y se concretaron las tareas necesarias para su contención dentro de la zona segura”, había dicho Barrick al comentar el caso.
Según el juez, el pedido de archivo de la causa del fiscal Aballay, “se basa en las declaraciones de dos ingenieros pertenecientes a la Policía Minera de San Juan, cuatro empleados de la empresa Barrick y la jefa de Calidad y Control de Aguas del Departamento de Hidráulica”.
“En todos los testimonios se llega a la misma conclusión que es que no hubo contaminación” dijo Oritja, quien además agregó que en su escrito, el fiscal “apela a la investigación de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (Ufima) de la Procuración General de la Nación, que indicó que el evento no produjo contaminación con cianuro en la zona afectada ni en las aguas superficiales o subterráneas cercanas”.
El mismo juez de Jáchal, ordenó el procesamiento de 9 empleados jerárquicos de Barrick por el primer derrame ocurrido un año antes, el 13 de septiembre de 2015, cuando falló una válvula y se derramó más de un millón de litros de agua cianurada.
En ese caso, una compuerta de contención estaba abierta y por eso el material llegó hasta el río Potrerillos que quedó devastado y luego al río Las Taguas que también sufrió contaminación.
Oritja procesó a los 9 encargados de la mina que debían tener cerrada la compuerta, su fallo fue apelado y la Cámara de Apelaciones de Mendoza, confirmó el procesamiento de 8 de los imputados que ahora esperan llegar a juicio oral.
Por el primer derrame, la provincia de San Juan le impuso a Barrick una multa de 145 millones de pesos y hasta ahora no ha informado sobre nuevas multas a la empresa minera por los dos derrames posteriores.
Finalmente y ante una consulta, el juez Oritja dejó entrever que la investigación penal del tercer derrame de Veladero, ocurrido el martes 28 de marzo de 2017, tendría el mismo destino, ya que “aunque faltan algunas medidas de prueba que se han solicitado, hasta ahora no hay pruebas de contaminación ni imputados”.
En el tercer derrame en un año y medio de la minera sanjuanina, “se desconectó un caño con material rico, que no contendría agua con sustancia cianurada sino una mezcla de oro y plata”, según dijo en el gobierno el subsecretario de Información Pública Osvaldo Lima.
En ese caso, el gobierno afirmó en un comunicado que el derrame “no afectó a personas ni cursos de agua y fue contenido por personal de la empresa”.
Barrick Gold, por su parte, garantizó que el derrame "no generó daño a la salud, a las personas ni al medio ambiente”.
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Jornada en Ambiente sobre tóxicos
Sustancias químicas: Ambiente realizó jornada sobre protección ambiental
Fecha de Publicación: 02/12/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Allí se presentaron los avances y resultados de los proyectos desarrollados y las nuevas iniciativas en torno a la gestión de productos y sustancias químicas.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable realizó, junto con el Centro Regional del Convenio de Basilea para América del Sur con sede en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, la Jornada sobre el Manejo de Sustancias Químicas. Su objetivo fue impulsar la agenda de químicos, y así reforzar el trabajo para fortalecer la protección de la salud y el ambiente frente a las sustancias peligrosas.
Durante la apertura del encuentro, Thierry Decoud, secretario de Control y Monitoreo Ambiental, señaló “la importancia de establecer controles de sustancias químicas fortaleciendo la prevención y la presencia por parte del Estado”. Asimismo, Decoud explicó: “Nuestro trabajo se focaliza en la implementación de los convenios e iniciativas internacionales sobre químicos y desechos que nos permiten poner a Argentina a nivel de los países de excelencia en esta materia”.
En este contexto, se presentaron los resultados de los últimos proyectos con apoyo internacional en los que se destacaron, entre ellos, el proyecto sobre “Manejo Ambientalmente Racional de PCB en Argentina”, en el que se actualizó el inventario y registro nacional de poseedores de PCB, se desarrolló un programa de capacitaciones y entrenamientos y garantizó la eliminación de 2000 toneladas de residuos contaminados con PCB. También se discutió la actualización del Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Estocolmo, momento en el que se evaluaron los resultados obtenidos a partir del primer plan de acción presentado en el 2007 para dar cumplimiento a las previsiones del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes y se desarrolló la actualización del mismo, incluyendo las nuevas sustancias listadas. Finalmente, se trató el proyecto regional que tuvo como resultados el desarrollo del inventario nacional de emisiones y liberaciones de mercurio y el desarrollo de un plan de gestión de riesgos asociados a esta sustancia, llamado “Desarrollo de inventarios de emisiones y planes de gestión de riesgos de mercurio en América Latina”.
La apertura también contó con presencia del presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Javier Ibañez; la directora del Centro Regional de Basilea para América del Sur, Lelia Devia; y la coordinadora de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), María Eugenia Di Paola.
Cabe señalar que a jornada reunió a actores involucrados, autoridades nacionales de los distintos ministerios, autoridades locales, la sociedad civil, Organizaciones no Gubernamentales, el sector académico y el público en general.
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Fecha de Publicación: 02/12/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Allí se presentaron los avances y resultados de los proyectos desarrollados y las nuevas iniciativas en torno a la gestión de productos y sustancias químicas.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable realizó, junto con el Centro Regional del Convenio de Basilea para América del Sur con sede en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, la Jornada sobre el Manejo de Sustancias Químicas. Su objetivo fue impulsar la agenda de químicos, y así reforzar el trabajo para fortalecer la protección de la salud y el ambiente frente a las sustancias peligrosas.
Durante la apertura del encuentro, Thierry Decoud, secretario de Control y Monitoreo Ambiental, señaló “la importancia de establecer controles de sustancias químicas fortaleciendo la prevención y la presencia por parte del Estado”. Asimismo, Decoud explicó: “Nuestro trabajo se focaliza en la implementación de los convenios e iniciativas internacionales sobre químicos y desechos que nos permiten poner a Argentina a nivel de los países de excelencia en esta materia”.
En este contexto, se presentaron los resultados de los últimos proyectos con apoyo internacional en los que se destacaron, entre ellos, el proyecto sobre “Manejo Ambientalmente Racional de PCB en Argentina”, en el que se actualizó el inventario y registro nacional de poseedores de PCB, se desarrolló un programa de capacitaciones y entrenamientos y garantizó la eliminación de 2000 toneladas de residuos contaminados con PCB. También se discutió la actualización del Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Estocolmo, momento en el que se evaluaron los resultados obtenidos a partir del primer plan de acción presentado en el 2007 para dar cumplimiento a las previsiones del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes y se desarrolló la actualización del mismo, incluyendo las nuevas sustancias listadas. Finalmente, se trató el proyecto regional que tuvo como resultados el desarrollo del inventario nacional de emisiones y liberaciones de mercurio y el desarrollo de un plan de gestión de riesgos asociados a esta sustancia, llamado “Desarrollo de inventarios de emisiones y planes de gestión de riesgos de mercurio en América Latina”.
La apertura también contó con presencia del presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Javier Ibañez; la directora del Centro Regional de Basilea para América del Sur, Lelia Devia; y la coordinadora de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), María Eugenia Di Paola.
Cabe señalar que a jornada reunió a actores involucrados, autoridades nacionales de los distintos ministerios, autoridades locales, la sociedad civil, Organizaciones no Gubernamentales, el sector académico y el público en general.
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Glaciares: tres ex secretarios de Ambiente procesados
Procesan a tres ex secretarios de Ambiente por haber violado la ley de Glaciares
Fecha de Publicación: 01/12/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
En un fallo sin precedentes, el juez Casanello acusó a los kirchneristas Omar Judis, Sergio Lorusso y Juan José Mussi; la causa comenzó por el derrame en la mina Veladero, de la Barrick Gold.
En un fallo sin precedente en materia ambiental, el juez federal Sebastián Casanello procesó a tres ex titulares de la Secretaría de Ambiente, acusados de haber violado la ley de glaciares, y pidió al Gobierno que estableciera de modo "urgente" los posibles daños causados como consecuencia de las medidas tomadas por ellos.
Esta causa es un desprendimiento de la investigación del derrame de cianuro en la mina Veladero, de la empresa Barrick Gold, en San Juan. De acuerdo con el fallo de Casanello, hay pruebas para sostener que Omar Judis, Sergio Lorusso y Juan José Mussi cometieron el delito de abuso de autoridad.
La ley de glaciares, sancionada en 2010, ordenó que se hiciera un Inventario Nacional de Glaciares. Previo a ello, un documento estableció cómo y cuándo se haría el inventario. Según la investigación, los ex funcionarios kirchneristas responsables de ese documento violaron la ley de glaciares porque establecieron un criterio tan restrictivo que hizo imposible que fueran inventariados -y por ende protegidos- muchos cuerpos de hielo de la zona donde está asentada la mina de Barrick Gold. Según el juez, los funcionarios retuvieron información, demoraron el inventario y postergaron los trabajos que debían hacerse en la zona de Veladero a pesar de que era "zona prioritaria" por mandato legal.
Además de procesarlos, los embargó en $ 5 millones a cada uno y les prohibió salir del país. También procesó a Ricardo Villalba, que era titular del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), el organismo que tenía responsabilidad directa sobre el Inventario Nacional de Glaciares.
En la misma resolución, Casanello encomendó al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que tomara las "medidas de protección, limpieza y restauración" necesarias y que estableciera de "modo urgente" si existió un daño al medio ambiente. De ser así, que lo mensurara. También decidió enviarle una copia de su fallo al Congreso, que tiene en estudio una reforma de la ley de glaciares.
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Fecha de Publicación: 01/12/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
En un fallo sin precedentes, el juez Casanello acusó a los kirchneristas Omar Judis, Sergio Lorusso y Juan José Mussi; la causa comenzó por el derrame en la mina Veladero, de la Barrick Gold.
En un fallo sin precedente en materia ambiental, el juez federal Sebastián Casanello procesó a tres ex titulares de la Secretaría de Ambiente, acusados de haber violado la ley de glaciares, y pidió al Gobierno que estableciera de modo "urgente" los posibles daños causados como consecuencia de las medidas tomadas por ellos.
Esta causa es un desprendimiento de la investigación del derrame de cianuro en la mina Veladero, de la empresa Barrick Gold, en San Juan. De acuerdo con el fallo de Casanello, hay pruebas para sostener que Omar Judis, Sergio Lorusso y Juan José Mussi cometieron el delito de abuso de autoridad.
La ley de glaciares, sancionada en 2010, ordenó que se hiciera un Inventario Nacional de Glaciares. Previo a ello, un documento estableció cómo y cuándo se haría el inventario. Según la investigación, los ex funcionarios kirchneristas responsables de ese documento violaron la ley de glaciares porque establecieron un criterio tan restrictivo que hizo imposible que fueran inventariados -y por ende protegidos- muchos cuerpos de hielo de la zona donde está asentada la mina de Barrick Gold. Según el juez, los funcionarios retuvieron información, demoraron el inventario y postergaron los trabajos que debían hacerse en la zona de Veladero a pesar de que era "zona prioritaria" por mandato legal.
Además de procesarlos, los embargó en $ 5 millones a cada uno y les prohibió salir del país. También procesó a Ricardo Villalba, que era titular del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), el organismo que tenía responsabilidad directa sobre el Inventario Nacional de Glaciares.
En la misma resolución, Casanello encomendó al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que tomara las "medidas de protección, limpieza y restauración" necesarias y que estableciera de "modo urgente" si existió un daño al medio ambiente. De ser así, que lo mensurara. También decidió enviarle una copia de su fallo al Congreso, que tiene en estudio una reforma de la ley de glaciares.
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Causa por agroquímicos en verduras sin avance
Pocos avances en la causa por agroquímicos en verduras
Fecha de Publicación: 01/12/2017
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
A mediados de año se hicieron análisis privados y se detectaron la presencia de 11 productos químicos en frutas y hortalizas
Desde el gobierno provincial optaron por dilatar al máximo la causa por la presencia de agroquímicos en alimentos originada por una denuncia realizada a mediados del año por el abogado Enrique Augusto Zárate, quien a través de un análisis privado detectó la presencia de 11 tipos distintos de agroquímicos en verduras, hortalizas y frutas que se venden en comercios de Rosario.
Así lo explicitó el propio Zárate, quien informó que desde el Estado provincial no sólo rechazaron el amparo colectivo que él presentó ante la Justicia provincial y federal, si no que también entendieron que "no había caso judicial o causa válida" al respecto.
En julio pasado el letrado presentó un amparo ante Juzgados federales y provinciales pidiendo que el Estado garantice "el debido control de los alimentos que se consumen en nuestro medio", después de que un relevamiento realizado ante escribano y analizado en los laboratorios de la Bolsa de Comercio de Rosario detectara la presencia de 11 tipos distintos de agroquímicos en verduras y frutas.
Detección en un 75 por ciento
Tras analizar muestras de rúcula, pimiento, lechuga, apio, tomate, puerro, espinaca, zanahoria, frutilla y manzana tomadas en dos verdulerías, los expertos de la Bolsa detectaron agroquímicos en el 75 por ciento de los elementos analizados. En esa paleta de químicos había de todo: algunos prohibidos total o parcialmente por la propia ley argentina; otros tolerados en la Argentina pero prohibidos en otros países; otros cuyas mezclas no han sido estudiadas debidamente, y otros tolerados en el país, pero aplicados en mayores dosis a las establecidas por el propio Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
Esta denuncia generó polémicas y acusaciones cruzadas entre organismos nacionales como el Senasa y provinciales como la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), que se señalaron mutuamente como los actores que deben controlar la inocuidad de los alimentos. Incluso desde la provincia admitieron que, según sus propios estudios, el 30 por ciento de las muestras de verduras que analizan presentan algún tipo de abuso en las aplicaciones de agroquímicos.
En los últimos días Zárate rechazó la respuesta de la provincia, al entender que "incumple en forma palmaria lo establecido por el artículo 19 de la Constitución, que dice que la provincia tutela la salud como derecho fundamental del individuo e intereses de la comunidad", en este caso a través del Ministerio de la Producción que es quien recibe la información elaborada por la Assal.
"No se han acompañado a estas actuaciones ningún análisis por parte de la provincia ni del municipio de Rosario, pero lo más importante: no han cuestionado los análisis aportados por nosotros donde constan los agroquímicos encontrados, los dosajes hallados y la peligrosidad de los mismos", agregó el abogado.
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Fecha de Publicación: 01/12/2017
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
A mediados de año se hicieron análisis privados y se detectaron la presencia de 11 productos químicos en frutas y hortalizas
Desde el gobierno provincial optaron por dilatar al máximo la causa por la presencia de agroquímicos en alimentos originada por una denuncia realizada a mediados del año por el abogado Enrique Augusto Zárate, quien a través de un análisis privado detectó la presencia de 11 tipos distintos de agroquímicos en verduras, hortalizas y frutas que se venden en comercios de Rosario.
Así lo explicitó el propio Zárate, quien informó que desde el Estado provincial no sólo rechazaron el amparo colectivo que él presentó ante la Justicia provincial y federal, si no que también entendieron que "no había caso judicial o causa válida" al respecto.
En julio pasado el letrado presentó un amparo ante Juzgados federales y provinciales pidiendo que el Estado garantice "el debido control de los alimentos que se consumen en nuestro medio", después de que un relevamiento realizado ante escribano y analizado en los laboratorios de la Bolsa de Comercio de Rosario detectara la presencia de 11 tipos distintos de agroquímicos en verduras y frutas.
Detección en un 75 por ciento
Tras analizar muestras de rúcula, pimiento, lechuga, apio, tomate, puerro, espinaca, zanahoria, frutilla y manzana tomadas en dos verdulerías, los expertos de la Bolsa detectaron agroquímicos en el 75 por ciento de los elementos analizados. En esa paleta de químicos había de todo: algunos prohibidos total o parcialmente por la propia ley argentina; otros tolerados en la Argentina pero prohibidos en otros países; otros cuyas mezclas no han sido estudiadas debidamente, y otros tolerados en el país, pero aplicados en mayores dosis a las establecidas por el propio Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
Esta denuncia generó polémicas y acusaciones cruzadas entre organismos nacionales como el Senasa y provinciales como la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), que se señalaron mutuamente como los actores que deben controlar la inocuidad de los alimentos. Incluso desde la provincia admitieron que, según sus propios estudios, el 30 por ciento de las muestras de verduras que analizan presentan algún tipo de abuso en las aplicaciones de agroquímicos.
En los últimos días Zárate rechazó la respuesta de la provincia, al entender que "incumple en forma palmaria lo establecido por el artículo 19 de la Constitución, que dice que la provincia tutela la salud como derecho fundamental del individuo e intereses de la comunidad", en este caso a través del Ministerio de la Producción que es quien recibe la información elaborada por la Assal.
"No se han acompañado a estas actuaciones ningún análisis por parte de la provincia ni del municipio de Rosario, pero lo más importante: no han cuestionado los análisis aportados por nosotros donde constan los agroquímicos encontrados, los dosajes hallados y la peligrosidad de los mismos", agregó el abogado.
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Invisibilización de la cuestión indígena
“La cuestión indígena ha sido sistemáticamente relegada e invisibilizada”
Fecha de Publicación: 01/12/2017
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
“Desde el sistema público de salud, más que contener a la persona, lo que hay es un rechazo, una discriminación más de las que se viven en forma cotidiana”, sintetiza Lorenzetti para referirse a la atención de salud a pueblos originarios.
De acuerdo con el mapa elaborado en 2013 por el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (Enotpo), en la Argentina existen treinta y nueve pueblos indígenas distribuidos en las distintas provincias del país. Luego del genocidio acontecido durante la Conquista española, la consolidación del Estado-nación en el siglo XIX se llevó a cabo, entre otras acciones, mediante diferentes conquistas territoriales que incluían el exterminio o el control de la población indígena. Desde entonces, la cuestión indígena estuvo atravesada por políticas que procuraron incidir en la vida de este colectivo a través del despliegue o retracción del Estado, como la atención médica y los programas sanitarios. De la actualidad de estas cuestiones trata La salud pública y los pueblos indígenas en la Argentina. Encuentros, tensiones e interculturalidad (Ed. Unsam), un libro editado recientemente por la antropóloga Mariana Lorenzetti, junto a su colega Silvia Hirsch.
Lorenzetti emigró desde Buenos Aires hace dos años para instalarse en Puerto Iguazú, donde trabaja en el Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMeT). Allí se dedica a la investigación en el proceso de salud-enfermedad-atención de poblaciones indígenas junto a biólogos, veterinarios, biotecnólogos y genetistas.
–Las investigaciones sobre poblaciones indígenas marcan la antropología desde sus orígenes, cuando este conocimiento estaba muy ligado a proyectos colonialistas. ¿De qué manera se posiciona hoy como antropóloga frente a las poblaciones indígenas de Argentina?
–Se ha tratado de hacer una revisión crítica a esos comienzos de la antropología y a ese tipo de propuesta de trabajo. En base a esas discusiones y debates de la misma disciplina, lo que se busca o se propone es hacer un trabajo con las comunidades indígenas. Que la investigación esté ligada también a las inquietudes y los procesos que están haciendo las mismas comunidades en relación a lo que es defender y poder dar efectividad a sus derechos. Entonces, en ese sentido, una de las cuestiones que parece muy importante es pensar que las personas con las cuales estamos trabajando son nuestros interlocutores, hay un ida y vuelta, uno va acumulando sus inquietudes en función de esa permanencia, de ese estar y poder entender ese otro punto de vista. Y la perspectiva de ellos, en este sentido, es fundamental. Cuando uno se acerca con un proyecto, el proyecto siempre está sujeto a revisiones, al vínculo que se establece con el otro, y en función de ese vínculo se va construyendo el camino de poder hacer cosas de manera conjunta. Es un trabajo conjunto y se trata de poder dar visibilidad a ciertas temáticas que quizás no están en la agenda pública. El proceso que han dado los movimientos indígenas hace que hoy estén en otra situación.
–¿Cómo es la relación que se fue dando en la historia de Argentina entre la salud pública y los pueblos indígenas?
–Es importante poder historiar ese vínculo para entender cuál es el carácter que hoy asumen los programas dirigidos a la población indígena, sobre todo porque la cuestión indígena en Argentina ha sido sistemáticamente relegada e invisibilizada. En un primer momento, post Conquista del Desierto, dada la campaña que inició (Julio Argentino) Roca hacia la Patagonia (en 1879), o (Benjamín) Victorica hacia el norte (en 1884, en lo que se conoce como “la conquista del Chaco”), lo que fueron las incursiones militares, la apropiación del territorio, tuvo un gran impacto. A fines del siglo XIX y sobre todo las primeras décadas del siglo XX, con una fuerte impronta del higienismo, la población indígena en sí misma no era vista como objeto–sujeto de interpelación, se intervenía en casos de brotes, de epidemia. Entonces, las actividades que se hacían, como las vacunaciones, no eran tanto porque interesara la población indígena en sí misma, sino como un medio de defensa, porque representaba un peligro en términos de salud para el resto de la población, criolla o blanca. Después, quienes tuvieron un papel importante en relación a lo que fueron las primeras postas de salud, o las primeras atenciones, fueron los misioneros, que llevaron algún médico o una enfermera dentro de las misiones. Ese acercamiento desde la biomedicina era como una actividad más en sus actividades de evangelización, era como un medio de “alcanzarles” lo que en ese momento se consideraba el progreso y la civilización a estas poblaciones. Y al mismo tiempo, creo que el acercamiento de esos servicios de salud fue lo que legitimó su propia tarea de evangelización. Por otra parte, aquellos dirigentes indígenas que habían sobrevivido a las campañas militares eran convertidos en mano de obra barata para los ingenios azucareros, para las fincas, para los obrajes madereros, en condiciones tan deplorables y de tanta explotación que, de alguna manera, las misiones se convirtieron en un espacio de refugio para las propias comunidades.
–Y este esquema se mantiene más o menos hasta la década del cuarenta y cambia con el primer peronismo, ¿verdad?
–Sí, en la década del 40 hay un cambio en el sentido de que empieza a fortalecerse un sistema público de salud con un claro tinte de corte sanitarista. La posibilidad de ampliar la cobertura de salud a las zonas rurales implicó también un nuevo acercamiento, y una nueva posibilidad de acceso a servicios y atención médica que hasta ese momento no llegaba de ningún modo. Luego, en la década del 70 se plantea la cuestión de la Atención Primaria de la Salud (APS), reforzar esto de que alcance a zonas rurales, esta idea de empezar a trabajar la salud comunitaria de manera que reduzca la práctica misma asistencial, para trabajar en otra dirección que tenía que ver con fortalecer la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades. Esto a nivel programático, eran como directrices, después lo que sucedió en cada contexto fue distinto.
–Por eso en la década del 80 hay un fuerte cuestionamiento a todo lo que se planteaba como Atención Primaria de la Salud y sobre todo en relación a poblaciones precarizadas, como podían ser las comunidades indígenas. El sanitarista Mario Testa escribe en esa época un texto en donde se pregunta si se trata de Atención primaria o Atención primitiva de la salud.
–Claro, justamente, planteaba que administrar esos mínimos recursos no resolvía la cuestión si no se encaraba el problema de tipo estructural, además se cuestionaba si esta atención no era también una práctica para responsabilizar a las propias personas de su situación de salud. Porque este supuesto enfoque comunitario terminó siendo un enfoque bastante individualizador, o solamente focalizado con la familia, pero no trabajando sobre esas condiciones estructurales que hacen a la salud y a los desencadenantes en relación a las enfermedades. El tema de la atención podía verse como ir tapando baches, pero que no terminaba de resolver la cuestión de fondo. Entonces, en la década del 80 fue uno de los nudos de discusión, uno de los tópicos a partir de los cuales empezó la necesidad de revisar. Pero creo que lo de la Atención Primaria de la Salud tuvo una cuestión que es importante rescatar, que era la posibilidad de aprender los procesos de salud–enfermedad–atención in situ, en terreno. Me parece que justamente a partir de ese trabajo en terreno se pudo empezar a discutir desde el sistema público de salud qué es lo que se está problematizando, cómo se está problematizando, de qué cosas se discute y de qué cosas no se discute. En ese sentido creo que la línea de la Atención Primaria de la Salud empezó a ser como el emergente de un montón de cuestiones que quizás ni se planteaban, ni se advertían, estaban silenciadas.
–Para analizar la relación entre salud pública y pueblos indígenas, usted trabaja con el concepto de salud intercultural. ¿Me puede explicar de qué se trata?
–Lo que resulta interesante para trabajar es ver cuáles son las paradojas que acarrea el paradigma intercultural en tanto modalidad constructora de las diferencias, teniendo presente de qué modo las atribuciones y los sentidos otorgados a las diferencias no pueden analizarse por fuera de los usos sociales que los distintos actores implicados van construyendo dentro de un espacio determinado y en función de esas trabas sociales que se van construyendo. Entonces, la interculturalidad toma cuerpo, textura, a partir justamente de los sentidos que los mismos actores y los programas socio–sanitarios le van a dar. No hay una interculturalidad por fuera del hacer de los actores sociales, de los sujetos, de los profesionales, de los antropólogos. Me parece que lo rico es poder ver qué es lo que se piensa y qué se hace en nombre de la interculturalidad. Por ejemplo, la incorporación dentro de la salud pública del enfoque intercultural dio la posibilidad de ver cómo las políticas de reconocimiento indígena se expresan en el campo sanitario, y cómo las diferencias son tratadas, concebidas, dentro del campo de la salud. A mí me parece que lo más rico es que no se trata de dar una definición de interculturalidad, sino de poder ver que la interculturalidad es un proceso en construcción en donde hay momentos de tensión y hay momentos de consenso. En todo caso, me parece que el desafío es desnaturalizar ciertas cosas, deconstruir ciertos presupuestos, y ver justamente en qué términos se aborda el trabajo con el otro.
–En el caso de los pueblos indígenas, pareciera que siempre son ellos el “otro” cultural…
–Claro, por eso me parece importante remarcar que la interculturalidad no es algo unidireccional en donde es el “otro” el culturalmente distinto. Porque hay muy poco ejercicio de revisión de los propios marcos culturales, de las propias prácticas culturales, es como un proceso de demarcación, es el “otro” el que tiene cultura, pero no hay una revisión de nuestras propias prácticas culturales como académicos o profesionales de la salud, por ejemplo. Eso nos encierra, nos encapsula, perdemos la posibilidad de poder generar un intercambio. Las personas con las cuales se trabaja son muy valiosas, tenemos que poder empezar a respetar las formas organizativas indígenas, a entender que hay múltiples miradas y perspectivas de los procesos de salud-enfermedad-atención. Creo que es fundamental que el enfoque intercultural reconozca y trabaje sobre las asimetrías, sobre esas condiciones institucionales que restringen o limitan la posibilidad de que el otro pueda ser considerado como sujeto, con identidad y con capacidad de actuar, que dejemos de subestimarlos.
–Y en esta situación en la que hay evidentes asimetrías y predomina un modelo biomédico que excluye el saber del paciente o que rápidamente medicaliza sus problemas, ¿qué lectura hace de la situación de las mujeres indígenas de Susques, en la Puna jujeña, en la que el parto hospitalario va ganando lugar en detrimento del parto domiciliario, que es el tradicional en esa comunidad?
–Una de las cuestiones para mí fundamentales del trabajo de Raquel Drovetta (que es el que investiga este caso: “Intervenciones de la salud pública en los procesos reproductivos de mujeres indígenas de la Puna argentina”, en Salud pública y pueblos indígenas en la Argentina) es esta disyuntiva, y qué posibilidades hay de que, por ejemplo, este parto hospitalario pueda incluirse en la posibilidad de las mujeres a decidir cómo parir, con quiénes estar acompañadas, y que no es un hecho individual de la mujer, sino que es un hecho que tiene una significación comunitaria, colectiva, importante. Ahí se ven las desigualdades, porque hoy hay una tendencia, para determinados grupos sociales, de promover el parto domiciliario, el parto con cuidado, con la posibilidad de que si el parto se complica habrá un centro de salud o un hospital cerca al que recurrir. Y ahí las opciones están. Pero ¿qué pasa cuando las poblaciones indígenas en las condiciones en las cuales se encuentran deciden parir en sus hogares? Para las comunidades indígenas eso todavía está denegado, no existe. Porque el parto hospitalario, en las actuales condiciones, reduce la morbi-mortalidad materno-infantil, porque quizás en la situación en la cual se encuentran hoy por hoy las comunidades, los partos domiciliarios pueden ser riesgosos. Entonces, para algunos sectores el parto domiciliario, cuidado, es posible, y en las comunidades esa posibilidad no existe, porque el parto domiciliario termina siendo más riesgoso.
–Es que finalmente el tema de la salud parece no dirimirse en el terreno cultural sino más bien en el político y social…
–Es que cuando los pueblos indígenas están discutiendo cuestiones de salud, están hablando de reconocimiento territorial, de deterioro ambiental, del avasallamiento de sus derechos y de no poder decidir en lo que tiene que ver con políticas indigenistas, por ejemplo. La salud es como un barómetro, muy indicativo de las condiciones de vida de las comunidades indígenas. Entonces, me parece que la salud, en ese sentido, es como la puerta de entrada para trabajar un montón de cosas: las relaciones con el entorno, con el territorio, los vínculos interétnicos entre indígenas y no indígenas, la articulación entre saberes y prácticas, o cómo es el proceso de salud–enfermedad–atención. Esos creo que son temas que necesariamente se tienen que instalar en la agenda pública, que tiene que ver , por ejemplo, con cómo es el currículo de los profesionales de la salud, de esos médicos, esos enfermeros, que quizás no cuentan con las herramientas para poder trabajar en estos contextos interétnicos.
¿Por qué Mariana Lorenzetti?
Discriminación y salud
Mariana Lorenzetti es doctora en antropología por la Universidad de Buenos Aires. Desde hace dos años vive en Puerto Iguazú, en la en la zona misionera de la Triple Frontera. Allí trabaja en el Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMeT), un organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, creado en 2009 con el fin de realizar investigaciones y acciones para el control y prevención de enfermedades que se desarrollan en climas cálidos tales como Chagas, Leishmaniasis, Paludismo y Dengue.
Desde hace más de una década Lorenzetti está abocada a investigar los procesos de salud-enfermedad-atención de las comunidades indígenas, sobre toda las del norte de Argentina. Ha publicado artículos científicos sobre la temática, y recientemente ha editado el libro Salud pública y pueblos indígenas en la Argentina: encuentros, tensiones e interculturalidad, junto a Silvia Hirsch (UNSaM edita). “El libro no está pensado necesariamente para lectores que estén formados dentro del campo antropológico, lo que nos interesa es poder llegar a otros profesionales formados en otras disciplinas, con otras trayectorias, pero que sin embargo trabajan en el sistema público de salud o que puedan llegar a estar interesados en la temática”, señala la autora.
Lorenzetti fue una de las organizadoras de las Segundas Jornadas en Ciencias Sociales y Salud “Dinámicas sociales, geopolítica y salud en la Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay)”, que se realizó recientemente en el INMeT. El encuentro tuvo como objetivo reunir a profesionales de distintos campos disciplinarios que desarrollan sus tareas de investigación en los “espacios de frontera”, particularmente en la Triple Frontera. Durante las jornadas se desarrollaron aportes que vinculan la salud a políticas sanitarias, movilidades sociales, transformación y gestión ambiental, urbanización, procesos de trabajo, condiciones de vida de diferentes grupos poblacionales, movimientos sociales y grupos identitarios, prácticas normativas y reivindicaciones de salud, y las relaciones entre lo local y lo regional.
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Fecha de Publicación: 01/12/2017
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
“Desde el sistema público de salud, más que contener a la persona, lo que hay es un rechazo, una discriminación más de las que se viven en forma cotidiana”, sintetiza Lorenzetti para referirse a la atención de salud a pueblos originarios.
De acuerdo con el mapa elaborado en 2013 por el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (Enotpo), en la Argentina existen treinta y nueve pueblos indígenas distribuidos en las distintas provincias del país. Luego del genocidio acontecido durante la Conquista española, la consolidación del Estado-nación en el siglo XIX se llevó a cabo, entre otras acciones, mediante diferentes conquistas territoriales que incluían el exterminio o el control de la población indígena. Desde entonces, la cuestión indígena estuvo atravesada por políticas que procuraron incidir en la vida de este colectivo a través del despliegue o retracción del Estado, como la atención médica y los programas sanitarios. De la actualidad de estas cuestiones trata La salud pública y los pueblos indígenas en la Argentina. Encuentros, tensiones e interculturalidad (Ed. Unsam), un libro editado recientemente por la antropóloga Mariana Lorenzetti, junto a su colega Silvia Hirsch.
Lorenzetti emigró desde Buenos Aires hace dos años para instalarse en Puerto Iguazú, donde trabaja en el Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMeT). Allí se dedica a la investigación en el proceso de salud-enfermedad-atención de poblaciones indígenas junto a biólogos, veterinarios, biotecnólogos y genetistas.
–Las investigaciones sobre poblaciones indígenas marcan la antropología desde sus orígenes, cuando este conocimiento estaba muy ligado a proyectos colonialistas. ¿De qué manera se posiciona hoy como antropóloga frente a las poblaciones indígenas de Argentina?
–Se ha tratado de hacer una revisión crítica a esos comienzos de la antropología y a ese tipo de propuesta de trabajo. En base a esas discusiones y debates de la misma disciplina, lo que se busca o se propone es hacer un trabajo con las comunidades indígenas. Que la investigación esté ligada también a las inquietudes y los procesos que están haciendo las mismas comunidades en relación a lo que es defender y poder dar efectividad a sus derechos. Entonces, en ese sentido, una de las cuestiones que parece muy importante es pensar que las personas con las cuales estamos trabajando son nuestros interlocutores, hay un ida y vuelta, uno va acumulando sus inquietudes en función de esa permanencia, de ese estar y poder entender ese otro punto de vista. Y la perspectiva de ellos, en este sentido, es fundamental. Cuando uno se acerca con un proyecto, el proyecto siempre está sujeto a revisiones, al vínculo que se establece con el otro, y en función de ese vínculo se va construyendo el camino de poder hacer cosas de manera conjunta. Es un trabajo conjunto y se trata de poder dar visibilidad a ciertas temáticas que quizás no están en la agenda pública. El proceso que han dado los movimientos indígenas hace que hoy estén en otra situación.
–¿Cómo es la relación que se fue dando en la historia de Argentina entre la salud pública y los pueblos indígenas?
–Es importante poder historiar ese vínculo para entender cuál es el carácter que hoy asumen los programas dirigidos a la población indígena, sobre todo porque la cuestión indígena en Argentina ha sido sistemáticamente relegada e invisibilizada. En un primer momento, post Conquista del Desierto, dada la campaña que inició (Julio Argentino) Roca hacia la Patagonia (en 1879), o (Benjamín) Victorica hacia el norte (en 1884, en lo que se conoce como “la conquista del Chaco”), lo que fueron las incursiones militares, la apropiación del territorio, tuvo un gran impacto. A fines del siglo XIX y sobre todo las primeras décadas del siglo XX, con una fuerte impronta del higienismo, la población indígena en sí misma no era vista como objeto–sujeto de interpelación, se intervenía en casos de brotes, de epidemia. Entonces, las actividades que se hacían, como las vacunaciones, no eran tanto porque interesara la población indígena en sí misma, sino como un medio de defensa, porque representaba un peligro en términos de salud para el resto de la población, criolla o blanca. Después, quienes tuvieron un papel importante en relación a lo que fueron las primeras postas de salud, o las primeras atenciones, fueron los misioneros, que llevaron algún médico o una enfermera dentro de las misiones. Ese acercamiento desde la biomedicina era como una actividad más en sus actividades de evangelización, era como un medio de “alcanzarles” lo que en ese momento se consideraba el progreso y la civilización a estas poblaciones. Y al mismo tiempo, creo que el acercamiento de esos servicios de salud fue lo que legitimó su propia tarea de evangelización. Por otra parte, aquellos dirigentes indígenas que habían sobrevivido a las campañas militares eran convertidos en mano de obra barata para los ingenios azucareros, para las fincas, para los obrajes madereros, en condiciones tan deplorables y de tanta explotación que, de alguna manera, las misiones se convirtieron en un espacio de refugio para las propias comunidades.
–Y este esquema se mantiene más o menos hasta la década del cuarenta y cambia con el primer peronismo, ¿verdad?
–Sí, en la década del 40 hay un cambio en el sentido de que empieza a fortalecerse un sistema público de salud con un claro tinte de corte sanitarista. La posibilidad de ampliar la cobertura de salud a las zonas rurales implicó también un nuevo acercamiento, y una nueva posibilidad de acceso a servicios y atención médica que hasta ese momento no llegaba de ningún modo. Luego, en la década del 70 se plantea la cuestión de la Atención Primaria de la Salud (APS), reforzar esto de que alcance a zonas rurales, esta idea de empezar a trabajar la salud comunitaria de manera que reduzca la práctica misma asistencial, para trabajar en otra dirección que tenía que ver con fortalecer la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades. Esto a nivel programático, eran como directrices, después lo que sucedió en cada contexto fue distinto.
–Por eso en la década del 80 hay un fuerte cuestionamiento a todo lo que se planteaba como Atención Primaria de la Salud y sobre todo en relación a poblaciones precarizadas, como podían ser las comunidades indígenas. El sanitarista Mario Testa escribe en esa época un texto en donde se pregunta si se trata de Atención primaria o Atención primitiva de la salud.
–Claro, justamente, planteaba que administrar esos mínimos recursos no resolvía la cuestión si no se encaraba el problema de tipo estructural, además se cuestionaba si esta atención no era también una práctica para responsabilizar a las propias personas de su situación de salud. Porque este supuesto enfoque comunitario terminó siendo un enfoque bastante individualizador, o solamente focalizado con la familia, pero no trabajando sobre esas condiciones estructurales que hacen a la salud y a los desencadenantes en relación a las enfermedades. El tema de la atención podía verse como ir tapando baches, pero que no terminaba de resolver la cuestión de fondo. Entonces, en la década del 80 fue uno de los nudos de discusión, uno de los tópicos a partir de los cuales empezó la necesidad de revisar. Pero creo que lo de la Atención Primaria de la Salud tuvo una cuestión que es importante rescatar, que era la posibilidad de aprender los procesos de salud–enfermedad–atención in situ, en terreno. Me parece que justamente a partir de ese trabajo en terreno se pudo empezar a discutir desde el sistema público de salud qué es lo que se está problematizando, cómo se está problematizando, de qué cosas se discute y de qué cosas no se discute. En ese sentido creo que la línea de la Atención Primaria de la Salud empezó a ser como el emergente de un montón de cuestiones que quizás ni se planteaban, ni se advertían, estaban silenciadas.
–Para analizar la relación entre salud pública y pueblos indígenas, usted trabaja con el concepto de salud intercultural. ¿Me puede explicar de qué se trata?
–Lo que resulta interesante para trabajar es ver cuáles son las paradojas que acarrea el paradigma intercultural en tanto modalidad constructora de las diferencias, teniendo presente de qué modo las atribuciones y los sentidos otorgados a las diferencias no pueden analizarse por fuera de los usos sociales que los distintos actores implicados van construyendo dentro de un espacio determinado y en función de esas trabas sociales que se van construyendo. Entonces, la interculturalidad toma cuerpo, textura, a partir justamente de los sentidos que los mismos actores y los programas socio–sanitarios le van a dar. No hay una interculturalidad por fuera del hacer de los actores sociales, de los sujetos, de los profesionales, de los antropólogos. Me parece que lo rico es poder ver qué es lo que se piensa y qué se hace en nombre de la interculturalidad. Por ejemplo, la incorporación dentro de la salud pública del enfoque intercultural dio la posibilidad de ver cómo las políticas de reconocimiento indígena se expresan en el campo sanitario, y cómo las diferencias son tratadas, concebidas, dentro del campo de la salud. A mí me parece que lo más rico es que no se trata de dar una definición de interculturalidad, sino de poder ver que la interculturalidad es un proceso en construcción en donde hay momentos de tensión y hay momentos de consenso. En todo caso, me parece que el desafío es desnaturalizar ciertas cosas, deconstruir ciertos presupuestos, y ver justamente en qué términos se aborda el trabajo con el otro.
–En el caso de los pueblos indígenas, pareciera que siempre son ellos el “otro” cultural…
–Claro, por eso me parece importante remarcar que la interculturalidad no es algo unidireccional en donde es el “otro” el culturalmente distinto. Porque hay muy poco ejercicio de revisión de los propios marcos culturales, de las propias prácticas culturales, es como un proceso de demarcación, es el “otro” el que tiene cultura, pero no hay una revisión de nuestras propias prácticas culturales como académicos o profesionales de la salud, por ejemplo. Eso nos encierra, nos encapsula, perdemos la posibilidad de poder generar un intercambio. Las personas con las cuales se trabaja son muy valiosas, tenemos que poder empezar a respetar las formas organizativas indígenas, a entender que hay múltiples miradas y perspectivas de los procesos de salud-enfermedad-atención. Creo que es fundamental que el enfoque intercultural reconozca y trabaje sobre las asimetrías, sobre esas condiciones institucionales que restringen o limitan la posibilidad de que el otro pueda ser considerado como sujeto, con identidad y con capacidad de actuar, que dejemos de subestimarlos.
–Y en esta situación en la que hay evidentes asimetrías y predomina un modelo biomédico que excluye el saber del paciente o que rápidamente medicaliza sus problemas, ¿qué lectura hace de la situación de las mujeres indígenas de Susques, en la Puna jujeña, en la que el parto hospitalario va ganando lugar en detrimento del parto domiciliario, que es el tradicional en esa comunidad?
–Una de las cuestiones para mí fundamentales del trabajo de Raquel Drovetta (que es el que investiga este caso: “Intervenciones de la salud pública en los procesos reproductivos de mujeres indígenas de la Puna argentina”, en Salud pública y pueblos indígenas en la Argentina) es esta disyuntiva, y qué posibilidades hay de que, por ejemplo, este parto hospitalario pueda incluirse en la posibilidad de las mujeres a decidir cómo parir, con quiénes estar acompañadas, y que no es un hecho individual de la mujer, sino que es un hecho que tiene una significación comunitaria, colectiva, importante. Ahí se ven las desigualdades, porque hoy hay una tendencia, para determinados grupos sociales, de promover el parto domiciliario, el parto con cuidado, con la posibilidad de que si el parto se complica habrá un centro de salud o un hospital cerca al que recurrir. Y ahí las opciones están. Pero ¿qué pasa cuando las poblaciones indígenas en las condiciones en las cuales se encuentran deciden parir en sus hogares? Para las comunidades indígenas eso todavía está denegado, no existe. Porque el parto hospitalario, en las actuales condiciones, reduce la morbi-mortalidad materno-infantil, porque quizás en la situación en la cual se encuentran hoy por hoy las comunidades, los partos domiciliarios pueden ser riesgosos. Entonces, para algunos sectores el parto domiciliario, cuidado, es posible, y en las comunidades esa posibilidad no existe, porque el parto domiciliario termina siendo más riesgoso.
–Es que finalmente el tema de la salud parece no dirimirse en el terreno cultural sino más bien en el político y social…
–Es que cuando los pueblos indígenas están discutiendo cuestiones de salud, están hablando de reconocimiento territorial, de deterioro ambiental, del avasallamiento de sus derechos y de no poder decidir en lo que tiene que ver con políticas indigenistas, por ejemplo. La salud es como un barómetro, muy indicativo de las condiciones de vida de las comunidades indígenas. Entonces, me parece que la salud, en ese sentido, es como la puerta de entrada para trabajar un montón de cosas: las relaciones con el entorno, con el territorio, los vínculos interétnicos entre indígenas y no indígenas, la articulación entre saberes y prácticas, o cómo es el proceso de salud–enfermedad–atención. Esos creo que son temas que necesariamente se tienen que instalar en la agenda pública, que tiene que ver , por ejemplo, con cómo es el currículo de los profesionales de la salud, de esos médicos, esos enfermeros, que quizás no cuentan con las herramientas para poder trabajar en estos contextos interétnicos.
¿Por qué Mariana Lorenzetti?
Discriminación y salud
Mariana Lorenzetti es doctora en antropología por la Universidad de Buenos Aires. Desde hace dos años vive en Puerto Iguazú, en la en la zona misionera de la Triple Frontera. Allí trabaja en el Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMeT), un organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, creado en 2009 con el fin de realizar investigaciones y acciones para el control y prevención de enfermedades que se desarrollan en climas cálidos tales como Chagas, Leishmaniasis, Paludismo y Dengue.
Desde hace más de una década Lorenzetti está abocada a investigar los procesos de salud-enfermedad-atención de las comunidades indígenas, sobre toda las del norte de Argentina. Ha publicado artículos científicos sobre la temática, y recientemente ha editado el libro Salud pública y pueblos indígenas en la Argentina: encuentros, tensiones e interculturalidad, junto a Silvia Hirsch (UNSaM edita). “El libro no está pensado necesariamente para lectores que estén formados dentro del campo antropológico, lo que nos interesa es poder llegar a otros profesionales formados en otras disciplinas, con otras trayectorias, pero que sin embargo trabajan en el sistema público de salud o que puedan llegar a estar interesados en la temática”, señala la autora.
Lorenzetti fue una de las organizadoras de las Segundas Jornadas en Ciencias Sociales y Salud “Dinámicas sociales, geopolítica y salud en la Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay)”, que se realizó recientemente en el INMeT. El encuentro tuvo como objetivo reunir a profesionales de distintos campos disciplinarios que desarrollan sus tareas de investigación en los “espacios de frontera”, particularmente en la Triple Frontera. Durante las jornadas se desarrollaron aportes que vinculan la salud a políticas sanitarias, movilidades sociales, transformación y gestión ambiental, urbanización, procesos de trabajo, condiciones de vida de diferentes grupos poblacionales, movimientos sociales y grupos identitarios, prácticas normativas y reivindicaciones de salud, y las relaciones entre lo local y lo regional.
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Deforestación made in Braun Peña
Las topadoras de la familia Braun Peña
Fecha de Publicación: 30/11/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
La zona está protegida por la Ley de Bosques y de Tierras Indígenas. En ella viven diez familias wichi y siete criollas. Para talar, el dueño esgrime un permiso otorgado por el gobernador Urtubey. Pero Greenpeace sostiene que es contrario a la legislación.
Las topadoras en la finca salteña Cuchuy –propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, primo segundo del Jefe de Gabinete, Marcos Peña– retomaron el avance que habían cesado en 2013, al tratarse de una zona protegida por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y por la Ley de Tierras Indígenas. La finca está ubicada en Corralito, en donde viven 10 familias wichi y 7 familias criollas. El desmonte sobre esa zona de 8962 hectáreas de bosques había sido autorizado por el gobierno provincial de Juan Manuel Urtubey con una rezonificación del área protegida por la Ley de Bosques, a pedido de los propietarios de la finca para plantar soja. En diálogo con PáginaI12, el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, advirtió que en la finca “quedan entre 2 mil y 3 mil hectáreas de monte”, en donde viven “cuatro comunidades wichi que fueron arrinconadas en el último lote, alrededor de un mar de soja”. Ángel Amancio, habitante de una de las comunidades de Corralito, dijo a este diario que “vimos 4 máquinas que están abriendo picadas para meter las cadenas. Trabajan sin parar de sábado a domingo. A este ritmo en un mes terminan de desaparecer todo el monte”.
Amancio contó que hace un mes fue a recorrer el monte con otros integrantes de la comunidad wichi Chorrito, que está dentro de Corralito, y encontraron dos máquinas que abrían picadas entre los árboles, a unos 5 kilómetros de donde están sus casas. “Cuando les preguntamos a los operarios de dónde venían nos dijeron que eran de la empresa de Braun Peña, que era propiedad privada y no podíamos estar ahí”, relató Amancio. “Les contestamos que nosotros éramos de ahí. Yo nací en Chorrito y aquí murieron mis abuelos. En nuestra comunidad somos 32 personas, pero entre las tres comunidades somos 17 familias”, agregó.
Cuando la semana pasada volvieron a la zona en la que habían visto las máquinas un mes atrás, vieron 4 topadoras y varios caminos ya abiertos que penetraban el bosque. “Están abriendo el monte para poder meter las cadenas”, explicó Amancio. “Nos estamos organizando para ver cómo podemos hacer para frenarlos. Pero la justicia acá en Tartagal está a disposición de la empresa; no podemos ir a reclamar a ellos”, denunció.
La finca Cuchuy está ubicada en el departamento salteño de San Martín y contiene bosque nativo de la ecoregión del Chaco Seco. El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos clasificó esa zona en la Categoría I-Rojo y II-Amarillo, lo que implica que no se permiten desmontes. “Al igual que con otras 31 fincas que se encontraban en zonas en donde no se podía deforestar por la Ley Nacional de Bosques, Urtubey autorizó a pedido los empresarios la deforestación en esa región”, recordó Giardini. “El gobernador autorizó el desmonte de 144.984 hectáreas de bosque protegidos”, agregó el activista, y apuntó que en la finca Cuchuy se rezonificó un total de 8962 hectáreas prohibidas. La finca es propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, quien integra el directorio de Finca Cuchy S.A. con Pablo Clusellas, Secretario de Legal y Técnica de la Nación. Braun Peña y Clusellas forman parte, además, de los directorios de las empresas Salta Cotton S.A.; Latin Bio S.A.; Cremer y Asociados S.A.; Hierros S.A. y Sideco Americana S.A., empresas vinculadas al Grupo Socma, de la familia Macri, según rastrearon integrantes de Greenpeace. Braun Peña compró en 1997 la finca El Yuto, cercana a Cuchuy, para la empresa Yuto S.A., también de la familia Macri.
“En 2013 logramos que Urtubey derogue los decretos 2211/10 y 3136/11, después de una fuerte campaña que hicimos en conjunto con la Coalición Salta con Bosques. Logramos que el gobierno salteño no siguiera recategorizando zonas protegidas”, señaló Giardini. “En el momento de la derogación, la finca El Yuto estaba tramitando para desmontar también, pero finalmente no llegó a la recategorización”, explicó el activista. De todas formas, Giardini indicó que la derogación de los decretos no logró detener el avance sobre zonas que ya habían sido modificadas. “No tiraron para atrás ninguna de las rezonificaciones y se sigue desmontando ilegalmente”, denunció. Según un informe que presentó Greenpeace en julio, entre enero y junio de este año, el desmonte superó las 45 mil hectáreas, de las cuales un 42 por ciento se produjo en zonas protegidas por la ley. En Cuchuy se desmontaron 2264 hectáreas en 2014; 378 en 2015; 1141 en 2016; y, según los últimos cálculos de Greenpeace, unas 400 hectáreas más en 2017.
El desmonte sobre las hectáreas restantes de la finca de Braun Peña violaría también la Ley de Territorios Indígenas, ya que, según explicó Giardini, “si avanzan sobre ese territorio sería un desalojo de facto”. “Estas comunidades viven del monte, y están ahí desde antes de que se conformara el Estado argentino. Cuando se compran y venden los terrenos, las transacciones se hacen con las comunidades adentro”, agregó. Las tierras de esa región son codiciadas por los empresarios de la agricultura debido a que “son terrenos considerablemente más baratos que en otras partes del país y, paradójicamente, son más baratos cuando tienen bosques que cuando están ‘limpios’, ya que el objetivo es explotarlos con soja”, indicó Giardini.
El activista denunció que, bajo la legislación actual, la deforestación ilegal sólo implica multas para los empresarios, que representan un gasto mínimo en relación a las ganancias que obtienen de los terrenos. Por ese motivo, Greenpeace y otras organizaciones sociales elaboraron el proyecto de Ley de Delitos Forestales, presentado en el Congreso en octubre del año pasado por la diputada Victoria Donda, de Libres del Sur. “Con esta ley el desmonte ilegal se convertiría en un delito penal. Esto permitiría que los jueces y los fiscales pudieran investigar estos crímenes”, aseguró Giardini. Otra de las novedades de la norma es que “los funcionarios que otorgan un permiso para desmiente ilegal van a tener responsabilidad, al igual que los empresarios”, detalló, y denunció que el proyecto se encuentra demorado por la diputada jujeña de la Unión Cívica Radical María Gabriela Burgos, quien preside la comisión de Legislación Penal.
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Fecha de Publicación: 30/11/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
La zona está protegida por la Ley de Bosques y de Tierras Indígenas. En ella viven diez familias wichi y siete criollas. Para talar, el dueño esgrime un permiso otorgado por el gobernador Urtubey. Pero Greenpeace sostiene que es contrario a la legislación.
Las topadoras en la finca salteña Cuchuy –propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, primo segundo del Jefe de Gabinete, Marcos Peña– retomaron el avance que habían cesado en 2013, al tratarse de una zona protegida por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y por la Ley de Tierras Indígenas. La finca está ubicada en Corralito, en donde viven 10 familias wichi y 7 familias criollas. El desmonte sobre esa zona de 8962 hectáreas de bosques había sido autorizado por el gobierno provincial de Juan Manuel Urtubey con una rezonificación del área protegida por la Ley de Bosques, a pedido de los propietarios de la finca para plantar soja. En diálogo con PáginaI12, el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, advirtió que en la finca “quedan entre 2 mil y 3 mil hectáreas de monte”, en donde viven “cuatro comunidades wichi que fueron arrinconadas en el último lote, alrededor de un mar de soja”. Ángel Amancio, habitante de una de las comunidades de Corralito, dijo a este diario que “vimos 4 máquinas que están abriendo picadas para meter las cadenas. Trabajan sin parar de sábado a domingo. A este ritmo en un mes terminan de desaparecer todo el monte”.
Amancio contó que hace un mes fue a recorrer el monte con otros integrantes de la comunidad wichi Chorrito, que está dentro de Corralito, y encontraron dos máquinas que abrían picadas entre los árboles, a unos 5 kilómetros de donde están sus casas. “Cuando les preguntamos a los operarios de dónde venían nos dijeron que eran de la empresa de Braun Peña, que era propiedad privada y no podíamos estar ahí”, relató Amancio. “Les contestamos que nosotros éramos de ahí. Yo nací en Chorrito y aquí murieron mis abuelos. En nuestra comunidad somos 32 personas, pero entre las tres comunidades somos 17 familias”, agregó.
Cuando la semana pasada volvieron a la zona en la que habían visto las máquinas un mes atrás, vieron 4 topadoras y varios caminos ya abiertos que penetraban el bosque. “Están abriendo el monte para poder meter las cadenas”, explicó Amancio. “Nos estamos organizando para ver cómo podemos hacer para frenarlos. Pero la justicia acá en Tartagal está a disposición de la empresa; no podemos ir a reclamar a ellos”, denunció.
La finca Cuchuy está ubicada en el departamento salteño de San Martín y contiene bosque nativo de la ecoregión del Chaco Seco. El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos clasificó esa zona en la Categoría I-Rojo y II-Amarillo, lo que implica que no se permiten desmontes. “Al igual que con otras 31 fincas que se encontraban en zonas en donde no se podía deforestar por la Ley Nacional de Bosques, Urtubey autorizó a pedido los empresarios la deforestación en esa región”, recordó Giardini. “El gobernador autorizó el desmonte de 144.984 hectáreas de bosque protegidos”, agregó el activista, y apuntó que en la finca Cuchuy se rezonificó un total de 8962 hectáreas prohibidas. La finca es propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, quien integra el directorio de Finca Cuchy S.A. con Pablo Clusellas, Secretario de Legal y Técnica de la Nación. Braun Peña y Clusellas forman parte, además, de los directorios de las empresas Salta Cotton S.A.; Latin Bio S.A.; Cremer y Asociados S.A.; Hierros S.A. y Sideco Americana S.A., empresas vinculadas al Grupo Socma, de la familia Macri, según rastrearon integrantes de Greenpeace. Braun Peña compró en 1997 la finca El Yuto, cercana a Cuchuy, para la empresa Yuto S.A., también de la familia Macri.
“En 2013 logramos que Urtubey derogue los decretos 2211/10 y 3136/11, después de una fuerte campaña que hicimos en conjunto con la Coalición Salta con Bosques. Logramos que el gobierno salteño no siguiera recategorizando zonas protegidas”, señaló Giardini. “En el momento de la derogación, la finca El Yuto estaba tramitando para desmontar también, pero finalmente no llegó a la recategorización”, explicó el activista. De todas formas, Giardini indicó que la derogación de los decretos no logró detener el avance sobre zonas que ya habían sido modificadas. “No tiraron para atrás ninguna de las rezonificaciones y se sigue desmontando ilegalmente”, denunció. Según un informe que presentó Greenpeace en julio, entre enero y junio de este año, el desmonte superó las 45 mil hectáreas, de las cuales un 42 por ciento se produjo en zonas protegidas por la ley. En Cuchuy se desmontaron 2264 hectáreas en 2014; 378 en 2015; 1141 en 2016; y, según los últimos cálculos de Greenpeace, unas 400 hectáreas más en 2017.
El desmonte sobre las hectáreas restantes de la finca de Braun Peña violaría también la Ley de Territorios Indígenas, ya que, según explicó Giardini, “si avanzan sobre ese territorio sería un desalojo de facto”. “Estas comunidades viven del monte, y están ahí desde antes de que se conformara el Estado argentino. Cuando se compran y venden los terrenos, las transacciones se hacen con las comunidades adentro”, agregó. Las tierras de esa región son codiciadas por los empresarios de la agricultura debido a que “son terrenos considerablemente más baratos que en otras partes del país y, paradójicamente, son más baratos cuando tienen bosques que cuando están ‘limpios’, ya que el objetivo es explotarlos con soja”, indicó Giardini.
El activista denunció que, bajo la legislación actual, la deforestación ilegal sólo implica multas para los empresarios, que representan un gasto mínimo en relación a las ganancias que obtienen de los terrenos. Por ese motivo, Greenpeace y otras organizaciones sociales elaboraron el proyecto de Ley de Delitos Forestales, presentado en el Congreso en octubre del año pasado por la diputada Victoria Donda, de Libres del Sur. “Con esta ley el desmonte ilegal se convertiría en un delito penal. Esto permitiría que los jueces y los fiscales pudieran investigar estos crímenes”, aseguró Giardini. Otra de las novedades de la norma es que “los funcionarios que otorgan un permiso para desmiente ilegal van a tener responsabilidad, al igual que los empresarios”, detalló, y denunció que el proyecto se encuentra demorado por la diputada jujeña de la Unión Cívica Radical María Gabriela Burgos, quien preside la comisión de Legislación Penal.
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Se profundiza la represión al Pueblo Mapuche
Se profundiza la represión al Pueblo Mapuche: un muerto y varios heridos en Río Negro
Fecha de Publicación: 30/11/2017
Fuente: Red Nacional de Acción Ecologista
Provincia/Región: Río Negro
Desde la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE) repudiamos el asesinato de Rafael Nahuel, mapuche abatido por las fuerzas del Estado Argentino durante la represión del sábado 25 de noviembre en la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Lago Mascardi, departamento de San Carlos de Bariloche, Río Negro.
En el marco del mega operativo desplegado por el Estado Nacional, con 300 efectivos de tres fuerzas y un helicóptero, se detuvieron y encarcelaron a cinco mujeres y a cuatro niños de 1, 2 y 10 años. Dispararon con balas de goma y de plomo y además de una víctima fatal, hubo varios heridos.
Sabemos que no se trata de un caso aislado, ya que el Pueblo Mapuche está en proceso de recuperación de su cultura y territorio ancestral y el Estado en vez de buscar soluciones pacíficas, como muchos estados latinoamericanos que se declararon Estados Plurinacionales, responde con represión ante lo que ve como una amenaza a la propiedad privada.
Desde la RENACE apuntamos a construir una sociedad saludable y consideramos que no es posible construir la paz promoviendo un genocidio sostenido e invisibilizado a los pueblos originarios.
Continuamos en estado de alerta para demandar y exigir al Gobierno Argentino, el cese de estas políticas represivas que afectan sistemáticamente a nuestros hermanos mapuches, que defienden las tierras del saqueo de las multinacionales.
Exigimos justicia y convocamos a todos y todas a denunciar estos hechos.
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Fecha de Publicación: 30/11/2017
Fuente: Red Nacional de Acción Ecologista
Provincia/Región: Río Negro
Desde la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE) repudiamos el asesinato de Rafael Nahuel, mapuche abatido por las fuerzas del Estado Argentino durante la represión del sábado 25 de noviembre en la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Lago Mascardi, departamento de San Carlos de Bariloche, Río Negro.
En el marco del mega operativo desplegado por el Estado Nacional, con 300 efectivos de tres fuerzas y un helicóptero, se detuvieron y encarcelaron a cinco mujeres y a cuatro niños de 1, 2 y 10 años. Dispararon con balas de goma y de plomo y además de una víctima fatal, hubo varios heridos.
Sabemos que no se trata de un caso aislado, ya que el Pueblo Mapuche está en proceso de recuperación de su cultura y territorio ancestral y el Estado en vez de buscar soluciones pacíficas, como muchos estados latinoamericanos que se declararon Estados Plurinacionales, responde con represión ante lo que ve como una amenaza a la propiedad privada.
Desde la RENACE apuntamos a construir una sociedad saludable y consideramos que no es posible construir la paz promoviendo un genocidio sostenido e invisibilizado a los pueblos originarios.
Continuamos en estado de alerta para demandar y exigir al Gobierno Argentino, el cese de estas políticas represivas que afectan sistemáticamente a nuestros hermanos mapuches, que defienden las tierras del saqueo de las multinacionales.
Exigimos justicia y convocamos a todos y todas a denunciar estos hechos.
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