Glencore, La Alumbrera y los Paradise Papers
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Glencore montó una red offshore para operar la mina de oro La Alumbrera
Fecha de Publicación: 10/11/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La multinacional, que enfrenta denuncias por contaminación y evasión, colocó sus inversiones a través de sociedades en Caimán y Bermudas
La multinacional Glencore utiliza dos redes de sociedades offshore para desarrollar sus millonarias operaciones comerciales en la Argentina, según se desprende de los Paradise Papers, una investigación global impulsada por el Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung, de la que participa LA NACION.
Glencore montó esas redes en los paraísos fiscales de las islas Bermudas y en las Islas Caimán. Allí creó seis sociedades que agrupan sus operaciones en la Argentina, donde afrontó cuestionamientos judiciales y sociales por la presunta evasión de impuestos y por las deficiencias de su política ambiental en la extracción de oro de la minera de La Alumbrera.
La multinacional compró el 50% de esa minera, en la provincia de Catamarca, por casi U$ 3000 millones en 2013, para extraer oro y cobre, uno de los negocios más importantes que tiene en el país, aunque la compañía informó este domingo que cesará sus operaciones en junio de 2018.
Según surge de los Paradise Papers, Glencore concretó esa compra del 50% con la intermediación de la primera red de sociedades offshore: Glencore SA Holdings Limited (en las islas Bermudas) y Glencore South America Limited (en las islas Caimán). El 50% restante pertenece a las empresas canadienses Goldcorp Inc y Yamana Gold, con 37,5% y 12,5% respectivamente.
La Alumbrera representó un negocio turbulento para Glencore. Por un lado, en julio de este año, la Cámara Federal de Tucumán aceptó una medida cautelar y ordenó la "suspensión inmediata" de la extracción de oro ante las sospechas de contaminación, aunque la orden quedó sin efecto pocas semanas después. Por otro, afrontó varias las acusaciones sobre presunta evasión.
Así, por ejemplo, el Ministerio Público Fiscal de Tucumán denunció a La Alumbrera por el presunto ocultamiento de ganancias en 2010. Cinco años después, Glencore informó que pagó cerca de US$ 525 millones en la Argentina. Pero según Resource Project, una base de datos de código abierto sobre proyectos de petróleo, gas y minería que se nutre de datos oficiales, los pagos de Glencore PLC a los gobiernos provinciales y nacional para fines de 2015 y de 2016 apenas superó los US$ 45 millones entre regalías e impuestos.
En la misma línea, la Secretaría de Minería de Catamarca también acusó a Glencore de no cumplir con el pago de la totalidad de las regalías por la explotación de la mina, según se informó en el Boletín Oficial de esa provincia del 6 de mayo de 2016. La empresa rechazó el reclamo y el proceso iniciado por presunta evasión fiscal aún no concluyó.
(Consultada para esta nota sobre su operatoria offshore, en tanto, Clencore Argentina no hizo comentarios).
Todo el entramado offshore de Glencore es, en sí, complejo y su difusión con los "Paradise Papers" levantó controversias en distintas partes del mundo. Entre otras, salieron a la luz supuestas evasiones en Colombia y Burkina Faso, el desarrollo de una flota naviera "fantasma" para operar con Irán y la cuestionada forma en que desarrolló un proyecto minero, de la mano de un cuestionado intermediario israelí, en la República Democrática del Congo.
El origen mismo de Glencore fue turbulento. Durante sus primeros años se llamó Marc Rich & Co., en honor a su fundador, que por largo tiempo figuró entre "los más buscados" del FBI hasta que Bill Clinton lo indultó en 2001, en su último día como presidente de Estados Unidos.
Pero aquel origen no impidió su expansión. Considerada hoy la cuarta empresa minera más grande del mundo y la primera comercializadora de materias primas a nivel global, se apoyó para desarrollar todas sus operaciones en Appleby, uno de los tres estudios jurídicos más importantes y exclusivos para la creación y administración de entramados offshore.
Tal fue la importancia que adquirió Glencore para Appleby como cliente, que el estudio reservó una sala completa en sus oficinas de las islas Bermudas para gestionar sus operaciones. En total, los abogados de Appleby administraron 107 firmas offshore de la multinacional.
La segunda red offshore
En la Argentina, mientras tanto, Glencore también utilizó una segunda red de sociedades offshores para la explotación de El Pachón, un yacimiento de cobre. La mina está controlada por Glencore El Pachón Limited (de las islas Bermudas), que a su vez es controlada por Glencore Holdings (también de las islas Bermudas). La multinacional recibe distintos beneficios para operar este proyecto, como por ejemplo, al pagar impuestos por un 25% de las exportaciones declaradas.
La multinacional también controla desde 2005 la empresa Ar Zinc SA (ex Sulfacid), la única productora de zinc electrolítico en la Argentina, cuyo polo de producción están en las afueras de Rosario. Y la compra de esa empresa fue a través de la offshore Glencore Finance Ltd (al igual que las anteriores offshore, de las islas Bermudas). La empresa, que contaba con 400 empleados, cerró el año pasado.
Sin embargo, allí no se acaban los negocios de Glencore en la Argentina, aunque no vinculados con la minería, que también opera a través de paraísos fiscales. Entre ellas, Oleaginosa Moreno (en la ciudad de Bahía Blanca) y Molino Libres (en la provincia de Corrientes), que son controlados también desde las islas Bermudas.
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Fecha de Publicación: 10/11/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La multinacional, que enfrenta denuncias por contaminación y evasión, colocó sus inversiones a través de sociedades en Caimán y Bermudas
La multinacional Glencore utiliza dos redes de sociedades offshore para desarrollar sus millonarias operaciones comerciales en la Argentina, según se desprende de los Paradise Papers, una investigación global impulsada por el Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung, de la que participa LA NACION.
Glencore montó esas redes en los paraísos fiscales de las islas Bermudas y en las Islas Caimán. Allí creó seis sociedades que agrupan sus operaciones en la Argentina, donde afrontó cuestionamientos judiciales y sociales por la presunta evasión de impuestos y por las deficiencias de su política ambiental en la extracción de oro de la minera de La Alumbrera.
La multinacional compró el 50% de esa minera, en la provincia de Catamarca, por casi U$ 3000 millones en 2013, para extraer oro y cobre, uno de los negocios más importantes que tiene en el país, aunque la compañía informó este domingo que cesará sus operaciones en junio de 2018.
Según surge de los Paradise Papers, Glencore concretó esa compra del 50% con la intermediación de la primera red de sociedades offshore: Glencore SA Holdings Limited (en las islas Bermudas) y Glencore South America Limited (en las islas Caimán). El 50% restante pertenece a las empresas canadienses Goldcorp Inc y Yamana Gold, con 37,5% y 12,5% respectivamente.
La Alumbrera representó un negocio turbulento para Glencore. Por un lado, en julio de este año, la Cámara Federal de Tucumán aceptó una medida cautelar y ordenó la "suspensión inmediata" de la extracción de oro ante las sospechas de contaminación, aunque la orden quedó sin efecto pocas semanas después. Por otro, afrontó varias las acusaciones sobre presunta evasión.
Así, por ejemplo, el Ministerio Público Fiscal de Tucumán denunció a La Alumbrera por el presunto ocultamiento de ganancias en 2010. Cinco años después, Glencore informó que pagó cerca de US$ 525 millones en la Argentina. Pero según Resource Project, una base de datos de código abierto sobre proyectos de petróleo, gas y minería que se nutre de datos oficiales, los pagos de Glencore PLC a los gobiernos provinciales y nacional para fines de 2015 y de 2016 apenas superó los US$ 45 millones entre regalías e impuestos.
En la misma línea, la Secretaría de Minería de Catamarca también acusó a Glencore de no cumplir con el pago de la totalidad de las regalías por la explotación de la mina, según se informó en el Boletín Oficial de esa provincia del 6 de mayo de 2016. La empresa rechazó el reclamo y el proceso iniciado por presunta evasión fiscal aún no concluyó.
(Consultada para esta nota sobre su operatoria offshore, en tanto, Clencore Argentina no hizo comentarios).
Todo el entramado offshore de Glencore es, en sí, complejo y su difusión con los "Paradise Papers" levantó controversias en distintas partes del mundo. Entre otras, salieron a la luz supuestas evasiones en Colombia y Burkina Faso, el desarrollo de una flota naviera "fantasma" para operar con Irán y la cuestionada forma en que desarrolló un proyecto minero, de la mano de un cuestionado intermediario israelí, en la República Democrática del Congo.
El origen mismo de Glencore fue turbulento. Durante sus primeros años se llamó Marc Rich & Co., en honor a su fundador, que por largo tiempo figuró entre "los más buscados" del FBI hasta que Bill Clinton lo indultó en 2001, en su último día como presidente de Estados Unidos.
Pero aquel origen no impidió su expansión. Considerada hoy la cuarta empresa minera más grande del mundo y la primera comercializadora de materias primas a nivel global, se apoyó para desarrollar todas sus operaciones en Appleby, uno de los tres estudios jurídicos más importantes y exclusivos para la creación y administración de entramados offshore.
Tal fue la importancia que adquirió Glencore para Appleby como cliente, que el estudio reservó una sala completa en sus oficinas de las islas Bermudas para gestionar sus operaciones. En total, los abogados de Appleby administraron 107 firmas offshore de la multinacional.
La segunda red offshore
En la Argentina, mientras tanto, Glencore también utilizó una segunda red de sociedades offshores para la explotación de El Pachón, un yacimiento de cobre. La mina está controlada por Glencore El Pachón Limited (de las islas Bermudas), que a su vez es controlada por Glencore Holdings (también de las islas Bermudas). La multinacional recibe distintos beneficios para operar este proyecto, como por ejemplo, al pagar impuestos por un 25% de las exportaciones declaradas.
La multinacional también controla desde 2005 la empresa Ar Zinc SA (ex Sulfacid), la única productora de zinc electrolítico en la Argentina, cuyo polo de producción están en las afueras de Rosario. Y la compra de esa empresa fue a través de la offshore Glencore Finance Ltd (al igual que las anteriores offshore, de las islas Bermudas). La empresa, que contaba con 400 empleados, cerró el año pasado.
Sin embargo, allí no se acaban los negocios de Glencore en la Argentina, aunque no vinculados con la minería, que también opera a través de paraísos fiscales. Entre ellas, Oleaginosa Moreno (en la ciudad de Bahía Blanca) y Molino Libres (en la provincia de Corrientes), que son controlados también desde las islas Bermudas.
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Investigadores crean sistema de calefacción ecológica
Desarrollan un sistema de calefacción ecológica para viviendas rurales
Fecha de Publicación: 10/11/2017
Fuente: Argentina Investiga
Provincia/Región: Nacional
Investigadores de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo desarrollan un prototipo para la calefacción de viviendas rurales, construido con materiales estándares disponibles en el mercado. Se trata de un sistema basado en la utilización de energías renovables.
Los profesionales del Instituto de Investigación y Políticas del Ambiente Construido (IIPAC) trabajan desde hace más de una década con agricultores familiares del cinturón hortícola platense. Durante estos años han podido detectar que una de las principales dificultades en la habitabilidad de la vivienda es la climatización de las mismas, así como también de sus espacios productivos.
Graciela Viegas, directora del proyecto de extensión universitaria, explicó que “existen problemas históricos relacionados con la inversión destinada a mejorar el hábitat socio-productivo en terrenos donde los agricultores sólo son arrendatarios y dicha situación hace que las inversiones sean transitorias. Es por eso que este desarrollo busca mejorar la climatización en la vivienda y, además, en los espacios productivos agropecuarios como las parideras porcinas y los criaderos de pollos”.
Actualmente, los productores usan energía convencional con infraestructura de baja eficiencia y un grado importante de contaminación. Los sistemas de climatización usados son peligrosos para la salud de los ocupantes. Además generan un gasto que las familias no pueden afrontar debido a la escasez de recursos económicos.
El proyecto propone la adecuación e implementación de un sistema solar de climatización que evita emisiones contaminantes en los ambientes y es adaptable a diferentes espacios de uso (habitacional/productivos). Para implementarlo se utilizará una tecnología sencilla en la construcción, montaje y desmontaje, que permite, a su vez, reconfigurar o relocalizar equipos en diferentes espacios. De esta manera, se asegura que la inversión pueda trasladarse a otro lugar.
El ingeniero Juan Jodra, investigador del IIPAC, detalló el método utilizado: “se trata de sistemas modulares, constituidos por acumuladores/amortiguadores térmicos, conformados por bloques premoldeados de hormigón y tubos de agua estanca de gran capacidad térmica. Éstos se colocan en los espacios cercanos a ventanas o vidrios por donde ingresa la radiación solar, absorben energía radiante y aportan energía térmica, permitiendo sostener una temperatura de base para la climatización sustituyendo la energía fósil o reduciendo sustantivamente su uso”.
“El novedoso sistema de calefacción está compuesto por una masa de acumulación térmica pesada, sólida, conformada por los bloques de cemento u hormigón con capacidades caloríficas menores (calor específico del hormigón 0.25 kcal/kg°C), y con retardo térmico significativo; y una masa de acumulación térmica líquida, utilizando agua envainada en múltiples tubos plásticos u equivalentes, que permiten a partir de su mayor capacidad calorífica, aumentar la energía captada en el mismo tiempo de exposición a la radiación solar (calor específico del agua 1kcal/kg°C)”, explicó la investigadora.
Los bloques premoldeados de cemento u hormigón brindan parte de la acumulación de calor y capacidad de retardo, mientras que el agua cuadriplica la capacidad de carga con una relación de retardo muy inferior, entregando calor en forma mediata. Ambos materiales tienen costos relativamente económicos y su sencilla resolución permite su aplicación en viviendas de recursos económicos escasos con el consabido ahorro de energía en calefacción.
Desde el IIPAC señalaron que “la construcción de la presente invención podrá realizarse con diferentes diseños de armado, combinando bloques de cemento u hormigón con vainas de diferente tamaño resueltas en caños de materiales sintéticos como PVC, sellados con tapas, colmados de agua y con una burbuja de aire no menor al 2% del volumen total de la vaina para evitar la ruptura por dilatación térmica”.
Cabe destacar que los equipos desarrollados por los investigadores cuentan con un diseño modular versátil que permite resolver a partir de los mismos componentes, tanto aplicaciones de calefacción de viviendas como la climatización de espacios de maternidad y cría de cerdos y pollos, que actualmente utilizan energía convencional y tecnologías de baja eficiencia térmica.
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Fecha de Publicación: 10/11/2017
Fuente: Argentina Investiga
Provincia/Región: Nacional
Investigadores de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo desarrollan un prototipo para la calefacción de viviendas rurales, construido con materiales estándares disponibles en el mercado. Se trata de un sistema basado en la utilización de energías renovables.
Los profesionales del Instituto de Investigación y Políticas del Ambiente Construido (IIPAC) trabajan desde hace más de una década con agricultores familiares del cinturón hortícola platense. Durante estos años han podido detectar que una de las principales dificultades en la habitabilidad de la vivienda es la climatización de las mismas, así como también de sus espacios productivos.
Graciela Viegas, directora del proyecto de extensión universitaria, explicó que “existen problemas históricos relacionados con la inversión destinada a mejorar el hábitat socio-productivo en terrenos donde los agricultores sólo son arrendatarios y dicha situación hace que las inversiones sean transitorias. Es por eso que este desarrollo busca mejorar la climatización en la vivienda y, además, en los espacios productivos agropecuarios como las parideras porcinas y los criaderos de pollos”.
Actualmente, los productores usan energía convencional con infraestructura de baja eficiencia y un grado importante de contaminación. Los sistemas de climatización usados son peligrosos para la salud de los ocupantes. Además generan un gasto que las familias no pueden afrontar debido a la escasez de recursos económicos.
El proyecto propone la adecuación e implementación de un sistema solar de climatización que evita emisiones contaminantes en los ambientes y es adaptable a diferentes espacios de uso (habitacional/productivos). Para implementarlo se utilizará una tecnología sencilla en la construcción, montaje y desmontaje, que permite, a su vez, reconfigurar o relocalizar equipos en diferentes espacios. De esta manera, se asegura que la inversión pueda trasladarse a otro lugar.
El ingeniero Juan Jodra, investigador del IIPAC, detalló el método utilizado: “se trata de sistemas modulares, constituidos por acumuladores/amortiguadores térmicos, conformados por bloques premoldeados de hormigón y tubos de agua estanca de gran capacidad térmica. Éstos se colocan en los espacios cercanos a ventanas o vidrios por donde ingresa la radiación solar, absorben energía radiante y aportan energía térmica, permitiendo sostener una temperatura de base para la climatización sustituyendo la energía fósil o reduciendo sustantivamente su uso”.
“El novedoso sistema de calefacción está compuesto por una masa de acumulación térmica pesada, sólida, conformada por los bloques de cemento u hormigón con capacidades caloríficas menores (calor específico del hormigón 0.25 kcal/kg°C), y con retardo térmico significativo; y una masa de acumulación térmica líquida, utilizando agua envainada en múltiples tubos plásticos u equivalentes, que permiten a partir de su mayor capacidad calorífica, aumentar la energía captada en el mismo tiempo de exposición a la radiación solar (calor específico del agua 1kcal/kg°C)”, explicó la investigadora.
Los bloques premoldeados de cemento u hormigón brindan parte de la acumulación de calor y capacidad de retardo, mientras que el agua cuadriplica la capacidad de carga con una relación de retardo muy inferior, entregando calor en forma mediata. Ambos materiales tienen costos relativamente económicos y su sencilla resolución permite su aplicación en viviendas de recursos económicos escasos con el consabido ahorro de energía en calefacción.
Desde el IIPAC señalaron que “la construcción de la presente invención podrá realizarse con diferentes diseños de armado, combinando bloques de cemento u hormigón con vainas de diferente tamaño resueltas en caños de materiales sintéticos como PVC, sellados con tapas, colmados de agua y con una burbuja de aire no menor al 2% del volumen total de la vaina para evitar la ruptura por dilatación térmica”.
Cabe destacar que los equipos desarrollados por los investigadores cuentan con un diseño modular versátil que permite resolver a partir de los mismos componentes, tanto aplicaciones de calefacción de viviendas como la climatización de espacios de maternidad y cría de cerdos y pollos, que actualmente utilizan energía convencional y tecnologías de baja eficiencia térmica.
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Nueva audiencia de la ACUMAR
Sergio Bergman encabezó una nueva audiencia de la ACUMAR
Fecha de Publicación: 10/11/2017
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
El ministro de Ambiente participó de una reunión con vecinos y organizaciones barriales para discutir el “Protocolo de Abordaje Social de procesos de reurbanización y relocalización de villas y asentamientos precarios de la Cuenca Matanza Riachuelo"
Junto a la presidenta de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), Dorina Bonetti, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, dio apertura a una nueva audiencia para tratar el "Protocolo de Abordaje Social de procesos de reurbanización y relocalización de villas y asentamientos precarios de la Cuenca". Se trató de una reunión en la que participaron referentes de instituciones, de organizaciones barriales y vecinos, expresaron su opinión sobre el tema. También estuvo el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares.
Cerca de 200 vecinos se acercaron hasta el ex Cine Burzaco, en el que más de 40 referentes de instituciones, organizaciones barriales y vecinos, expresaron su opinión sobre el "Protocolo" ante los miembros del Consejo Directivo, directores y coordinadores de la ACUMAR y secretarios del juzgado federal N°2 de Morón y miembros de la Defensoría del Pueblo y de la Defensoría General de la Nación.
Tras las palabras de bienvenida de Cascallares, Bergman reconoció que en el caso Riachuelo "la política llega tarde y mal a algo que la justicia ya instruyó". "Es por eso, que agradecemos el acompañamiento de los jueces Jorge Rodríguez y Sergio Torres. Este trabajo tiene que ser la línea de base, no el objetivo. Lo importante es haber salido de la inercia que fue lugar común en los últimos años".
"La máxima prioridad tiene que ver con la sustentabilidad humana. Y no tanto con el curso de agua. El agua es importante, pero más aún es la vida de las personas. No por casualidad estamos aquí. Estamos para escucharlos para emprender un camino juntos. Esto no se trata solo de una política ambiental sino una política de derechos humanos. Una de las cosas que nos pide el Presidente es no llevar grandes ideas, incumplibles, sino llevar ideas probadas, que funcionen. Si otros lo han hecho por qué nosotros no podemos sanear nuestra Cuenca. Estamos en condiciones de poder rendir cuentas para poder explicarle a la población qué hacemos, cómo lo hacemos, por eso estamos acá, porque no tenemos nada que esconder", concluyó el Ministro.
Por su parte, la presidenta de la ACUMAR, agradeció al público presente y celebró la instancia de participación. "Este Protocolo que se presenta es la instancia de participación más importante de los últimos tiempos dentro del Organismo. Lo más importante es la idea fuerza que nos lleva a trabajar este tipo de cosas, la protección de los derechos. Derechos que no han sido tenidos en cuenta hasta ahora en los procesos de relocalización. Este encuentro tiene el principal objetivo de la participación para que entre todos podamos construir la herramienta que nos permita llevar en forma ordenada estos procesos. El Protocolo viene a garantizar estos derechos que han sido olvidados durante tantos años, el derecho a una vivienda digna con el entendimiento que la dignidad la dan el trabajo, el entorno, la educación y claro, los servicios básicos de saneamiento".
Por último, antes de escuchar a los oradores, la directora de Ordenamiento Territorial, Regina Ruete, junto a los coordinadores del área, presentaron los principales lineamientos y alcances del Protocolo y expresaron que el mapa de riesgo social en el que se está trabajando "servirá de guía para definir prioridades a la hora de tomar las decisiones políticas sobre dónde abordar una relocalización y dónde tomar otra medida. El Protocolo no dice qué hacer sino cómo hacerlo mejor, y lo mejor siempre es hacer las cosas en conjunto. Con la participación más amplia".
Los oradores se refirieron al Protocolo pero también opinaron sobre la situación de los asentamientos, los rellenos clandestinos, los procesos en general, la regulación dominial, la importancia de sostenibilidad de los procesos, las experiencias de las mesas de trabajo, la situación de las márgenes del río y arroyos, los mapeos participativos, y otros temas vinculados a los procesos de urbanizaciones y relocalizaciones.
Luego de esta jornada, la ACUMAR deberá elaborar un informe en el que se reflejen las opiniones y observaciones vertidas durante la Audiencia y se explique en forma detallada de qué manera se atenderán las demandas surgidas en la misma.
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Fecha de Publicación: 10/11/2017
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
El ministro de Ambiente participó de una reunión con vecinos y organizaciones barriales para discutir el “Protocolo de Abordaje Social de procesos de reurbanización y relocalización de villas y asentamientos precarios de la Cuenca Matanza Riachuelo"
Junto a la presidenta de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), Dorina Bonetti, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, dio apertura a una nueva audiencia para tratar el "Protocolo de Abordaje Social de procesos de reurbanización y relocalización de villas y asentamientos precarios de la Cuenca". Se trató de una reunión en la que participaron referentes de instituciones, de organizaciones barriales y vecinos, expresaron su opinión sobre el tema. También estuvo el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares.
Cerca de 200 vecinos se acercaron hasta el ex Cine Burzaco, en el que más de 40 referentes de instituciones, organizaciones barriales y vecinos, expresaron su opinión sobre el "Protocolo" ante los miembros del Consejo Directivo, directores y coordinadores de la ACUMAR y secretarios del juzgado federal N°2 de Morón y miembros de la Defensoría del Pueblo y de la Defensoría General de la Nación.
Tras las palabras de bienvenida de Cascallares, Bergman reconoció que en el caso Riachuelo "la política llega tarde y mal a algo que la justicia ya instruyó". "Es por eso, que agradecemos el acompañamiento de los jueces Jorge Rodríguez y Sergio Torres. Este trabajo tiene que ser la línea de base, no el objetivo. Lo importante es haber salido de la inercia que fue lugar común en los últimos años".
"La máxima prioridad tiene que ver con la sustentabilidad humana. Y no tanto con el curso de agua. El agua es importante, pero más aún es la vida de las personas. No por casualidad estamos aquí. Estamos para escucharlos para emprender un camino juntos. Esto no se trata solo de una política ambiental sino una política de derechos humanos. Una de las cosas que nos pide el Presidente es no llevar grandes ideas, incumplibles, sino llevar ideas probadas, que funcionen. Si otros lo han hecho por qué nosotros no podemos sanear nuestra Cuenca. Estamos en condiciones de poder rendir cuentas para poder explicarle a la población qué hacemos, cómo lo hacemos, por eso estamos acá, porque no tenemos nada que esconder", concluyó el Ministro.
Por su parte, la presidenta de la ACUMAR, agradeció al público presente y celebró la instancia de participación. "Este Protocolo que se presenta es la instancia de participación más importante de los últimos tiempos dentro del Organismo. Lo más importante es la idea fuerza que nos lleva a trabajar este tipo de cosas, la protección de los derechos. Derechos que no han sido tenidos en cuenta hasta ahora en los procesos de relocalización. Este encuentro tiene el principal objetivo de la participación para que entre todos podamos construir la herramienta que nos permita llevar en forma ordenada estos procesos. El Protocolo viene a garantizar estos derechos que han sido olvidados durante tantos años, el derecho a una vivienda digna con el entendimiento que la dignidad la dan el trabajo, el entorno, la educación y claro, los servicios básicos de saneamiento".
Por último, antes de escuchar a los oradores, la directora de Ordenamiento Territorial, Regina Ruete, junto a los coordinadores del área, presentaron los principales lineamientos y alcances del Protocolo y expresaron que el mapa de riesgo social en el que se está trabajando "servirá de guía para definir prioridades a la hora de tomar las decisiones políticas sobre dónde abordar una relocalización y dónde tomar otra medida. El Protocolo no dice qué hacer sino cómo hacerlo mejor, y lo mejor siempre es hacer las cosas en conjunto. Con la participación más amplia".
Los oradores se refirieron al Protocolo pero también opinaron sobre la situación de los asentamientos, los rellenos clandestinos, los procesos en general, la regulación dominial, la importancia de sostenibilidad de los procesos, las experiencias de las mesas de trabajo, la situación de las márgenes del río y arroyos, los mapeos participativos, y otros temas vinculados a los procesos de urbanizaciones y relocalizaciones.
Luego de esta jornada, la ACUMAR deberá elaborar un informe en el que se reflejen las opiniones y observaciones vertidas durante la Audiencia y se explique en forma detallada de qué manera se atenderán las demandas surgidas en la misma.
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Chubut: muerto Das Neves, viva la minería
La conducción del PJ quiere que se reabra la discusión sobre la minería
Fecha de Publicación: 09/11/2017
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El presidente del Partido Justicialista de Chubut, Ricardo Mutio, adelantó ayer que el partido mantendrá una reunión esta semana para definir, entre otras cuestiones, su posición en torno a la actividad minera. En el plano personal, el dirigente comodorense adelantó: "no se puede seguir frenando una industria que es lícita, y que puede colaborar con ingresos, para revertir la crítica situación financiera de la provincia".
El titular del PJ Chubut, Ricardo Mutio, confirmó a El Patagónico que su partido analiza plantear al gobernador Mariano Arcioni que en función de la crítica situación provincial, revierta la postura negativa que tiene el gobierno chubutense en torno a la actividad minera, prohibida por la ley 5001 y ratificada enfáticamente en sus discursos y posiciones por Mario Das Neves.
Luego de reiterar el compromiso del partido de acompañamiento al gobierno provincial, y al gobernador Mariano Arcioni que el miércoles asumió el poder por el fallecimiento de Das Neves, Mutio consideró: “tal vez sea necesario comenzar a discutir algunas cuestiones que estaban cerradas, como la minería”.
En ese sentido, el abogado comodorense adelantó que esta semana, el partido podría tener una reunión en el valle para “analizar la situación política, expresar claramente lo que ya hemos hecho, que es el apoyo institucional al gobernador Arcioni y nuestra predisposición a acompañar. En ese encuentro también debatiremos, entre otros temas, el de la minería”.
En el plano personal, Mutio dijo que su postura es clara ya que “no entiendo por qué se prohíbe una actividad que es lícita y que podría dar trabajo y riqueza. El intendente Carlos Linares siempre fue claro en este tema, y en la recorridas que hacemos por la provincia, cada uno de los jefes comunales y la población de la meseta, nos pide que se trabaje para que la minería llegue con sus puestos de trabajo”.
“Vamos a definirlo en el partido y luego, cuando seamos convocados por el gobernador, le haremos saber nuestra posición, que es la que tienen muchos intendentes sobre este tema, porque es el que permitiría tener los mayores ingresos que la provincia necesita en un estado realmente delicado”, concluyó.
Los diputados nacionales Jorge Taboada y Santiago Igon, de Chubut Somos Todos y del Frente para la Victoria, de manera respectiva, expresaron sus reparos sobre el planteo de Mutio. Vía twitter, los dos legisladores nacionales se manifestaron sobre el particular.
El dirigente camionero recordó a través de la red social, su negativa a esta actividad y que había sectores agazapados para aprovechar la debilidad del gobierno para avanzar sobre la prohibición. Igon, en tanto, aseguró que la posición de Mutio no es la del justicialismo en su conjunto.
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Fecha de Publicación: 09/11/2017
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El presidente del Partido Justicialista de Chubut, Ricardo Mutio, adelantó ayer que el partido mantendrá una reunión esta semana para definir, entre otras cuestiones, su posición en torno a la actividad minera. En el plano personal, el dirigente comodorense adelantó: "no se puede seguir frenando una industria que es lícita, y que puede colaborar con ingresos, para revertir la crítica situación financiera de la provincia".
El titular del PJ Chubut, Ricardo Mutio, confirmó a El Patagónico que su partido analiza plantear al gobernador Mariano Arcioni que en función de la crítica situación provincial, revierta la postura negativa que tiene el gobierno chubutense en torno a la actividad minera, prohibida por la ley 5001 y ratificada enfáticamente en sus discursos y posiciones por Mario Das Neves.
Luego de reiterar el compromiso del partido de acompañamiento al gobierno provincial, y al gobernador Mariano Arcioni que el miércoles asumió el poder por el fallecimiento de Das Neves, Mutio consideró: “tal vez sea necesario comenzar a discutir algunas cuestiones que estaban cerradas, como la minería”.
En ese sentido, el abogado comodorense adelantó que esta semana, el partido podría tener una reunión en el valle para “analizar la situación política, expresar claramente lo que ya hemos hecho, que es el apoyo institucional al gobernador Arcioni y nuestra predisposición a acompañar. En ese encuentro también debatiremos, entre otros temas, el de la minería”.
En el plano personal, Mutio dijo que su postura es clara ya que “no entiendo por qué se prohíbe una actividad que es lícita y que podría dar trabajo y riqueza. El intendente Carlos Linares siempre fue claro en este tema, y en la recorridas que hacemos por la provincia, cada uno de los jefes comunales y la población de la meseta, nos pide que se trabaje para que la minería llegue con sus puestos de trabajo”.
“Vamos a definirlo en el partido y luego, cuando seamos convocados por el gobernador, le haremos saber nuestra posición, que es la que tienen muchos intendentes sobre este tema, porque es el que permitiría tener los mayores ingresos que la provincia necesita en un estado realmente delicado”, concluyó.
Los diputados nacionales Jorge Taboada y Santiago Igon, de Chubut Somos Todos y del Frente para la Victoria, de manera respectiva, expresaron sus reparos sobre el planteo de Mutio. Vía twitter, los dos legisladores nacionales se manifestaron sobre el particular.
El dirigente camionero recordó a través de la red social, su negativa a esta actividad y que había sectores agazapados para aprovechar la debilidad del gobierno para avanzar sobre la prohibición. Igon, en tanto, aseguró que la posición de Mutio no es la del justicialismo en su conjunto.
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Ambiente con la SIGEN por los controles
Nueva reunión del comité de control de Ambiente con la SIGEN
Fecha de Publicación: 09/11/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Bergman, Gowland y el gabinete del Ministerio de Ambiente de la Nación participaron del encuentro para repasar procedimientos de rendiciones, fondos y transferencias.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, y el síndico General de la Nación, Alberto Gowland, encabezaron la tercera reunión del comité de control de la cartera de Ambiente.
En el encuentro, que se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Ambiente, se avanzó en la conformación de un acta acuerdo en el marco de la Resolución SIGEN N° 36/11 de regularización de observaciones, en relación a las transferencias pendientes de rendición; el control de rendiciones de cajas chicas y fondos rotatorios; el procedimiento integral de infracciones ambientales; y la actualización de los montos de infracciones.
Participaron de la reunión la jefa de Gabinete de Asesores, Patricia Holzman; el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Thierry Decoud; el secretario de Coordinación Interjurisdiccional, Lucas Figueras; el secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Lic. Diego Moreno; el subsecretario de Coordinación Administrativa, Julián Rousselot; la titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio, María Teresa Mancini; el síndico jurisdiccional, Juan Manuel Suárez; y la síndica jurisdiccional adjunta, Julieta Leonetti.
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Fecha de Publicación: 09/11/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Bergman, Gowland y el gabinete del Ministerio de Ambiente de la Nación participaron del encuentro para repasar procedimientos de rendiciones, fondos y transferencias.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, y el síndico General de la Nación, Alberto Gowland, encabezaron la tercera reunión del comité de control de la cartera de Ambiente.
En el encuentro, que se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Ambiente, se avanzó en la conformación de un acta acuerdo en el marco de la Resolución SIGEN N° 36/11 de regularización de observaciones, en relación a las transferencias pendientes de rendición; el control de rendiciones de cajas chicas y fondos rotatorios; el procedimiento integral de infracciones ambientales; y la actualización de los montos de infracciones.
Participaron de la reunión la jefa de Gabinete de Asesores, Patricia Holzman; el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Thierry Decoud; el secretario de Coordinación Interjurisdiccional, Lucas Figueras; el secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Lic. Diego Moreno; el subsecretario de Coordinación Administrativa, Julián Rousselot; la titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio, María Teresa Mancini; el síndico jurisdiccional, Juan Manuel Suárez; y la síndica jurisdiccional adjunta, Julieta Leonetti.
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Primera reunión nacional para salvar el Yaguareté
Avanza el Plan Nacional de Conservación del Yaguareté
Fecha de Publicación: 09/11/2017
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Ambiente, Sergio Bergman, dijo que buscan preservar poblaciones silvestres en buen estado de la especie propia de nuestra cultura y patrimonio natural
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que conduce Sergio Bergman, llevó adelante la primera reunión para la implementación del Plan Nacional de Conservación del Monumento Natural Yaguareté, especie amenazada e incorporada en el Plan de Acción Extinción Cero que lleva adelante la cartera para la preservación de fauna autóctona en estado crítico.
“Con la aprobación del plan comenzaremos a trabajar en acciones concretas para impulsar desde el Ministerio, Parques Nacionales y las provincias involucradas. Asimismo, hay iniciativas complementarias al Plan Extinción Cero que comenzamos a articular con una mirada transversal, como la Ley de Bosques, para potenciar y alinear instrumentos que ya tenemos disponibles”, afirmó el secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Diego Moreno.
La implementación de este plan es la principal herramienta para la gestión y planificación a nivel nacional, con el fin de preservar poblaciones silvestres en buen estado de esta especie propia de nuestra cultura y patrimonio natural.
El Plan Nacional de Conservación del Monumento Natural Yaguareté fue elaborado en base al consenso, de manera participativa, mediante 7 encuentros nacionales y casi 40 regionales. Asimismo, se realizaron jornadas, talleres y reuniones con el fin de trazar acciones para mejorar la conservación de la especie en Argentina. En ese contexto, el Ministerio de Ambiente promovió la aprobación de esta iniciativa dándole un marco legal, luego de muchos años de esfuerzo.
La reunión fue organizada por la Dirección de Fauna Silvestre y Conservación de la Biodiversidad del Ministerio de Ambiente junto a la Dirección Nacional de Conservación de Áreas Protegidas de la Administración de Parques Nacionales, como autoridades de aplicación de la Ley N.º 25463 y de la Resolución MAyDS Nº 149/2017.
Acompañaron la apertura del encuentro el director Nacional de Biodiversidad y Recursos Hídricos, Javier García Espil; el director de Fauna Silvestre y Conservación de la Biodiversidad, Santiago D´Alessio; y el vocal del Directorio de la Administración de Parques Nacionales, Pablo Galli. Asistieron también representantes de las subcomisiones de la región chaqueña, yungas, selva paranaense, el sector académico y el civil. Cabe mencionar que las autoridades de aplicación y estos sectores conformarán un Comité de Gestión del Plan.
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Fecha de Publicación: 09/11/2017
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Ambiente, Sergio Bergman, dijo que buscan preservar poblaciones silvestres en buen estado de la especie propia de nuestra cultura y patrimonio natural
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que conduce Sergio Bergman, llevó adelante la primera reunión para la implementación del Plan Nacional de Conservación del Monumento Natural Yaguareté, especie amenazada e incorporada en el Plan de Acción Extinción Cero que lleva adelante la cartera para la preservación de fauna autóctona en estado crítico.
“Con la aprobación del plan comenzaremos a trabajar en acciones concretas para impulsar desde el Ministerio, Parques Nacionales y las provincias involucradas. Asimismo, hay iniciativas complementarias al Plan Extinción Cero que comenzamos a articular con una mirada transversal, como la Ley de Bosques, para potenciar y alinear instrumentos que ya tenemos disponibles”, afirmó el secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Diego Moreno.
La implementación de este plan es la principal herramienta para la gestión y planificación a nivel nacional, con el fin de preservar poblaciones silvestres en buen estado de esta especie propia de nuestra cultura y patrimonio natural.
El Plan Nacional de Conservación del Monumento Natural Yaguareté fue elaborado en base al consenso, de manera participativa, mediante 7 encuentros nacionales y casi 40 regionales. Asimismo, se realizaron jornadas, talleres y reuniones con el fin de trazar acciones para mejorar la conservación de la especie en Argentina. En ese contexto, el Ministerio de Ambiente promovió la aprobación de esta iniciativa dándole un marco legal, luego de muchos años de esfuerzo.
La reunión fue organizada por la Dirección de Fauna Silvestre y Conservación de la Biodiversidad del Ministerio de Ambiente junto a la Dirección Nacional de Conservación de Áreas Protegidas de la Administración de Parques Nacionales, como autoridades de aplicación de la Ley N.º 25463 y de la Resolución MAyDS Nº 149/2017.
Acompañaron la apertura del encuentro el director Nacional de Biodiversidad y Recursos Hídricos, Javier García Espil; el director de Fauna Silvestre y Conservación de la Biodiversidad, Santiago D´Alessio; y el vocal del Directorio de la Administración de Parques Nacionales, Pablo Galli. Asistieron también representantes de las subcomisiones de la región chaqueña, yungas, selva paranaense, el sector académico y el civil. Cabe mencionar que las autoridades de aplicación y estos sectores conformarán un Comité de Gestión del Plan.
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Incendio en un depósito de agroquímicos
Se incendió un depósito de Agrotóxicos en Rivadavia
Fecha de Publicación: 08/11/2017
Fuente: El Federal
Provincia/Región: Buenos Aires
Una planta de agrotóxicos de Glencore, que al parecer solo tenía habilitación para guardar cereales, se incendió el pasado fin de semana. Los vecinos presentaron síntomas asociados con la inhalación de sustancias tóxicas y realizaron una manifestación.
Dos galpones llenos de agrotóxicos pertenecientes a la multinacional Glencore, ubicados sobre la ruta 33, en cercanías a la ciudad de América, partido de Rivadavia, se incendiaron el sábado pasado.
Tras el hecho, el secretario del Gobierno municipal, Mauro Mercado, indicó que “la planta cuenta con habilitación para acopio de cereales. Nosotros no somos agentes de control por agroquímicos. De eso se encargan Provincia y Nación”.
Los vecinos realizaron una manifestación el domingo 6, tras una convocatoria en redes sociales:
“A partir del incendio del deposito de agroquimicos y fertilizantes en la planta de Glencore, América, Pcia. de Bs. As. hemos tomado la iniciativa de reunirnos los vecinos, para hacer visible el riesgo que corremos nosotros y nuestro futuro expuestos a los agroquímicos (agrovenenos, agrotóxicos, remedios, herbicidas, fertilizantes, insecticidas…) usados en el campo por los productores e ingenieros agronómos y vendidos por estas empresas que se llevan el dinero y no les importa nuestra salud.”
Por su parte, la Municipalidad de Rivadavia, había emitido un alerta que no dejó claro si había que evacuar la zona o había que encerrarse: “recomendamos a la población no ventilar sus hogares ni exponerse al contacto directo con el humo. En caso de ser necesario a fin de evitar el contacto recomendamos autoevacuarse a la casa de un familiar y si fuese necesario estarán disponibles como lugar de evacuación el Centro Integrador Comunitario y el albergue ubicado en el vivero municipal.”
Según informó el medio local Master News, en distintos barrios de la ciudad, sobre todo en el Barrio San Jose Obrero, muchas personas manifestaron sentir diferentes síntomas asociados con la inhalación del humo, como irritación en los ojos y mucosas, y gente a la que se le cerraba la garganta.
Los Bomberos Voluntarios de Rivadavia realizaron una intensa labor con la ayuda de dotaciones de Trenque Lauquen y General Villegas, no solo para apagar el fuego, si no también para contener el derrame en la planta.
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Fecha de Publicación: 08/11/2017
Fuente: El Federal
Provincia/Región: Buenos Aires
Una planta de agrotóxicos de Glencore, que al parecer solo tenía habilitación para guardar cereales, se incendió el pasado fin de semana. Los vecinos presentaron síntomas asociados con la inhalación de sustancias tóxicas y realizaron una manifestación.
Dos galpones llenos de agrotóxicos pertenecientes a la multinacional Glencore, ubicados sobre la ruta 33, en cercanías a la ciudad de América, partido de Rivadavia, se incendiaron el sábado pasado.
Tras el hecho, el secretario del Gobierno municipal, Mauro Mercado, indicó que “la planta cuenta con habilitación para acopio de cereales. Nosotros no somos agentes de control por agroquímicos. De eso se encargan Provincia y Nación”.
Los vecinos realizaron una manifestación el domingo 6, tras una convocatoria en redes sociales:
“A partir del incendio del deposito de agroquimicos y fertilizantes en la planta de Glencore, América, Pcia. de Bs. As. hemos tomado la iniciativa de reunirnos los vecinos, para hacer visible el riesgo que corremos nosotros y nuestro futuro expuestos a los agroquímicos (agrovenenos, agrotóxicos, remedios, herbicidas, fertilizantes, insecticidas…) usados en el campo por los productores e ingenieros agronómos y vendidos por estas empresas que se llevan el dinero y no les importa nuestra salud.”
Por su parte, la Municipalidad de Rivadavia, había emitido un alerta que no dejó claro si había que evacuar la zona o había que encerrarse: “recomendamos a la población no ventilar sus hogares ni exponerse al contacto directo con el humo. En caso de ser necesario a fin de evitar el contacto recomendamos autoevacuarse a la casa de un familiar y si fuese necesario estarán disponibles como lugar de evacuación el Centro Integrador Comunitario y el albergue ubicado en el vivero municipal.”
Según informó el medio local Master News, en distintos barrios de la ciudad, sobre todo en el Barrio San Jose Obrero, muchas personas manifestaron sentir diferentes síntomas asociados con la inhalación del humo, como irritación en los ojos y mucosas, y gente a la que se le cerraba la garganta.
Los Bomberos Voluntarios de Rivadavia realizaron una intensa labor con la ayuda de dotaciones de Trenque Lauquen y General Villegas, no solo para apagar el fuego, si no también para contener el derrame en la planta.
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Reunión del Ente Coordinador Interjurisdiccional para la Fauna
Referentes de todo el país consensúan la conservación de la fauna silvestre del país
Fecha de Publicación: 08/11/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El encuentro se da en el marco del Ente Coordinador Interjurisdiccional para la Fauna
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que conduce el rabino Sergio Bergman, organizó un nuevo encuentro del Ente Coordinador Interjurisdiccional para la Fauna (ECIF), que reúne a los referentes de la temática de todas las provincias del país.
“Para el Ministerio es muy importante darle vitalidad a estos espacios de articulación y trabajamos muy fuerte con el Consejo Federal de Medio Ambiente y con la Comisión de Biodiversidad. Queremos que esta sea una usina para pensar instrumentos para la acción, compartir y proponer nuevas herramientas”, aseguró el director Nacional de Biodiversidad y Recursos Hídricos, Javier García Espil, al abrir el encuentro.
Por su parte, el director de Fauna Silvestre y Conservación de la Biodiversidad, Santiago D´Alessio, explicó: “Hacemos dos veces al año estas reuniones con todos los referentes del país para discutir cuestiones técnicas y políticas, regionales y nacionales, sobre diversas temáticas del recurso fauna. La biodiversidad no conoce de fronteras políticas, la fauna se mueve a través de las provincias, por eso es muy importante que quienes estamos a cargo de la conservación y el uso sustentable estemos articulados y trabajemos juntos”.
Entre los temas que se abordarán en el encuentro que se realiza hoy y mañana, se destaca el control y la fiscalización de fauna silvestre, el conflicto con productores, el mascotismo, el control de caza y la caza ilegal, los criaderos; el avance de la guía de tránsito electrónica; el Registro Federal de Infractores; los cotos de caza; los circos; la cetrería; la autorización de importación de especies exóticas por parte de SENASA; y la problemática de atropellamientos de animales.
Además, se tratarán el estado de avance de la recategorización de aves y de mamíferos; el monitoreo de los monos aulladores y la transmisión de fiebre amarilla; acciones de conservación de primates a nivel nacional; el aprovechamiento sustentable de fauna silvestre; los peces ornamentales; y la situación del guanaco.
Por último, se espera avanzar en el monitoreo de la biodiversidad, en el marco de la Comisión Nacional Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica (CONADIBIO).
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Fecha de Publicación: 08/11/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El encuentro se da en el marco del Ente Coordinador Interjurisdiccional para la Fauna
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que conduce el rabino Sergio Bergman, organizó un nuevo encuentro del Ente Coordinador Interjurisdiccional para la Fauna (ECIF), que reúne a los referentes de la temática de todas las provincias del país.
“Para el Ministerio es muy importante darle vitalidad a estos espacios de articulación y trabajamos muy fuerte con el Consejo Federal de Medio Ambiente y con la Comisión de Biodiversidad. Queremos que esta sea una usina para pensar instrumentos para la acción, compartir y proponer nuevas herramientas”, aseguró el director Nacional de Biodiversidad y Recursos Hídricos, Javier García Espil, al abrir el encuentro.
Por su parte, el director de Fauna Silvestre y Conservación de la Biodiversidad, Santiago D´Alessio, explicó: “Hacemos dos veces al año estas reuniones con todos los referentes del país para discutir cuestiones técnicas y políticas, regionales y nacionales, sobre diversas temáticas del recurso fauna. La biodiversidad no conoce de fronteras políticas, la fauna se mueve a través de las provincias, por eso es muy importante que quienes estamos a cargo de la conservación y el uso sustentable estemos articulados y trabajemos juntos”.
Entre los temas que se abordarán en el encuentro que se realiza hoy y mañana, se destaca el control y la fiscalización de fauna silvestre, el conflicto con productores, el mascotismo, el control de caza y la caza ilegal, los criaderos; el avance de la guía de tránsito electrónica; el Registro Federal de Infractores; los cotos de caza; los circos; la cetrería; la autorización de importación de especies exóticas por parte de SENASA; y la problemática de atropellamientos de animales.
Además, se tratarán el estado de avance de la recategorización de aves y de mamíferos; el monitoreo de los monos aulladores y la transmisión de fiebre amarilla; acciones de conservación de primates a nivel nacional; el aprovechamiento sustentable de fauna silvestre; los peces ornamentales; y la situación del guanaco.
Por último, se espera avanzar en el monitoreo de la biodiversidad, en el marco de la Comisión Nacional Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica (CONADIBIO).
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Tres universidades apuntan a la formación en EERR
Juntas, tres universidades darán formación estratégica en energías renovables
Fecha de Publicación: 08/11/2017
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
La sede académica será en Catamarca pero habrá procesos de movilidad estudiantil y docente. La Universidad Nacional de Córdoba ofrece el plantel docente, laboratorios y lugares de experimentación. Autoridades universitarias firmaron el acta acuerdo y ahora los consejos superiores deberán aprobar formalmente su dictado
Las energías renovables son un campo de estudio y trabajo con futuro. El Gobierno nacional acaba de recibir 228 ofertas de generación eléctrica por la licitación de proyectos en el marco de RenovAr, programa que apunta a la generación de energías renovables de fuentes eólica, solar fotovoltaica, biomasa, pequeños aprovechamientos hidroeléctricos y biogás.
Este dato es uno de los tantos que sirven para ejemplificar la incidencia que esto tendrá en la necesidad de recursos humanos formados en este campo.
Pensando en profesionales especializados a nivel de posgrado, las universidades nacionales de Córdoba (UNC) y de Catamarca (UNCA), y de la Defensa Nacional (Undef), crearán la carrera Doctorado en Energías Renovables.
Las tres casas de altos estudios acaban de firmar un acta acuerdo para llevar adelante esta iniciativa. El doctorado tendrá como sede administrativa y académica a la UNCA. Tanto los profesores y los estudiantes tendrán movilidad entre las tres instituciones. Su implementación se realizará una vez que los consejos superiores de las universidades aprueben el proyecto.
Mirta Valentich, secretaria de Asuntos Académicos de la UNC, explicó que será una carrera interinstitucional. En la Casa de Trejo participarán las facultades de Matemática, Astronomía, Física y Computación (Famaf) y de Ciencias Químicas.
Por su parte, el decano de la Facultad de Ingeniería de la Undef, José Cuozzo, sostuvo que ese centro de estudios viene trabajando con la UNC en tres posgrados diferentes. “Éste es el primer posgrado de nivel de doctorado y nos va a ayudar a implementar líneas de investigaciones de trabajo que nosotros ya venimos teniendo en el ámbito de investigación de desarrollo para la defensa”, explicó.
A su turno, Elina Silvera de Buenader, vicerrectora de la UNCA, expresó: “Apostamos por la formación de recursos humanos en un área que es de gran importancia para nosotros en la región”. “Es de alto impacto porque las energías renovables es una de las áreas temáticas prioritarias de la República Argentina en este momento”, afirmó.
El avance en este sentdio se inscribe en el marco del Programa Estratégico de Formación de Recursos Humanos en Investigación y Desarrollo (Perhid-Redes), instrumentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Interdiciplinaria
Valentich destacó el valor interinstitucional de los acuerdos suscriptos porque abarcan diferentes casas de altos estudios del país que tienen distintas trayectorias. “Además del acta acuerdo entre las tres universidades, se ha firmado un convenio específico entre las facultades de las tres universidades que están implicadas en el proyecto del doctorado”, precisó.
Por su parte, Osvaldo Cámara, docente de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC propuesto como director de la carrera, detalló que se trata de un proyecto que se diferencia de otros porque “pretende aunar los trabajos de varias disciplinas para ofrecer una propuesta en una temática clave y crucial como es la de las energías renovables”. Cámara destacó que se trata de una oferta interdisciplinaria que aborda una temática importante para el futuro.
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Fecha de Publicación: 08/11/2017
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
La sede académica será en Catamarca pero habrá procesos de movilidad estudiantil y docente. La Universidad Nacional de Córdoba ofrece el plantel docente, laboratorios y lugares de experimentación. Autoridades universitarias firmaron el acta acuerdo y ahora los consejos superiores deberán aprobar formalmente su dictado
Las energías renovables son un campo de estudio y trabajo con futuro. El Gobierno nacional acaba de recibir 228 ofertas de generación eléctrica por la licitación de proyectos en el marco de RenovAr, programa que apunta a la generación de energías renovables de fuentes eólica, solar fotovoltaica, biomasa, pequeños aprovechamientos hidroeléctricos y biogás.
Este dato es uno de los tantos que sirven para ejemplificar la incidencia que esto tendrá en la necesidad de recursos humanos formados en este campo.
Pensando en profesionales especializados a nivel de posgrado, las universidades nacionales de Córdoba (UNC) y de Catamarca (UNCA), y de la Defensa Nacional (Undef), crearán la carrera Doctorado en Energías Renovables.
Las tres casas de altos estudios acaban de firmar un acta acuerdo para llevar adelante esta iniciativa. El doctorado tendrá como sede administrativa y académica a la UNCA. Tanto los profesores y los estudiantes tendrán movilidad entre las tres instituciones. Su implementación se realizará una vez que los consejos superiores de las universidades aprueben el proyecto.
Mirta Valentich, secretaria de Asuntos Académicos de la UNC, explicó que será una carrera interinstitucional. En la Casa de Trejo participarán las facultades de Matemática, Astronomía, Física y Computación (Famaf) y de Ciencias Químicas.
Por su parte, el decano de la Facultad de Ingeniería de la Undef, José Cuozzo, sostuvo que ese centro de estudios viene trabajando con la UNC en tres posgrados diferentes. “Éste es el primer posgrado de nivel de doctorado y nos va a ayudar a implementar líneas de investigaciones de trabajo que nosotros ya venimos teniendo en el ámbito de investigación de desarrollo para la defensa”, explicó.
A su turno, Elina Silvera de Buenader, vicerrectora de la UNCA, expresó: “Apostamos por la formación de recursos humanos en un área que es de gran importancia para nosotros en la región”. “Es de alto impacto porque las energías renovables es una de las áreas temáticas prioritarias de la República Argentina en este momento”, afirmó.
El avance en este sentdio se inscribe en el marco del Programa Estratégico de Formación de Recursos Humanos en Investigación y Desarrollo (Perhid-Redes), instrumentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Interdiciplinaria
Valentich destacó el valor interinstitucional de los acuerdos suscriptos porque abarcan diferentes casas de altos estudios del país que tienen distintas trayectorias. “Además del acta acuerdo entre las tres universidades, se ha firmado un convenio específico entre las facultades de las tres universidades que están implicadas en el proyecto del doctorado”, precisó.
Por su parte, Osvaldo Cámara, docente de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC propuesto como director de la carrera, detalló que se trata de un proyecto que se diferencia de otros porque “pretende aunar los trabajos de varias disciplinas para ofrecer una propuesta en una temática clave y crucial como es la de las energías renovables”. Cámara destacó que se trata de una oferta interdisciplinaria que aborda una temática importante para el futuro.
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La cuenca La Picasa en la corte por los excesos hídricos
Buscan abordar la problemática de La Picasa
Fecha de Publicación: 07/11/2017
Fuente: NotiFe
Provincia/Región: Santa Fe - Buenos Aires - Córdoba
Raúl Lamberto, titular del organismo, presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un escrito con tres propuestas, que tienen como premisa el acuerdo entre las partes involucradas, en el marco de la audiencia pública que el máximo tribunal convocó para el próximo 8 de noviembre y del que participarán los gobiernos de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, además de un representante del Estado nacional.
El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, presentó este viernes un escrito ante la Corte Suprema de la Nación con propuestas tendientes a que las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, con la partición del Estado nacional, arriben a consensos sobre aspectos básicos y obras necesarias para solucionar los problemas hídricos generados en la cuenca de La Picasa. La presentación de la Defensoría santafesina se realizó en el marco de la audiencia pública que el Máximo Tribunal convocó para el 8 de noviembre por esta cuestión.
El escrito presentado por Lamberto consta de tres propuestas puntuales. En la primera de ellas, se propone la “creación de un ente operativo con participación de todas las provincias y de la Nación dentro del Comité de Cuenca Interjuridisccional, con competencia en el manejo de aguas, planificación, estudios, control de obras y monitoreo permanente de la cuenca (conforme a recomendación de las Defensorías del Pueblo de la Región Centro en Jornadas realizadas en el mes de marzo de 2017)”. En este caso, el planteo se basa en lo señalado en los Principios Rectores de la Política Hídrica de la Argentina, proclamados en el marco del Acuerdo Federal del Agua concertado dentro del Consejo Hídrico Federal del cual forman parte las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires. Allí se expresa que “dado que el movimiento de las aguas no reconoce fronteras político-administrativas sino leyes físicas, las cuencas hidrográficas o los acuíferos constituyen la unidad territorial más apta para la planificación y gestión coordinada de los recursos hídricos”, y más adelante se señala que “para cuencas hidrográficas de carácter interjurisdiccional es recomendable conformar ‘organizaciones interjurisdiccionales de cuenca’ para consensuar la distribución, el manejo coordinado y la protección de las aguas compartidas”.
“Resulta incontrovertido que La Picasa se alimenta de aguas aportadas por las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires y las consecuencias son padecidas principalmente por los habitantes de las dos últimas, ergo, las soluciones inmediatas deben surgir de un Comité de Cuenca Interjuridisccional con una fuerte intervención del gobierno federal”, reafirma Lamberto en el texto elevado a la Corte Suprema.
La segunda propuesta aportada por la Defensoría del Pueblo santafesina consiste en solicitar que se autorice a las “Defensorías del Pueblo de la Nación y de las provincias de Buenos Aires y Córdoba a firmar convenio donde las partes se comprometan a desarrollar procedimientos de consulta convocando a las partes interesadas y damnificadas, organizaciones sociales, vecinales y productivas”. En este caso, lo propuesto cuenta con el antecedente del conflicto de la Cuenca del Río Salí-Dulce donde las partes, en el marco del juicio ante Suprema Corte firmaron un acta acuerdo y establecieron el compromiso de “instruir un procedimiento de consultas o participación ciudadana”. En esa oportunidad, las Defensorías del Pueblo de la Nación y de las provincias de Tucumán y Santiago del Estero firmaron un convenio para establecer un sistema participativo para el control de la contaminación de la cuenca y se comprometieron a ejecutar acciones necesarias para desarrollar procedimientos de consultas dirigidas a ambientalistas locales, sectores sociales ONG y asociaciones.
Finalmente, el defensor del Pueblo santafesino solicitó a la Corte que, “si lo estima pertinente, disponga las medidas que considere adecuadas a los fines de poder expedirse respecto a la interjurisdiccionalidad de la cuenca del río Salado bonaerense”, dado que en este caso está suscitada una controversia: la provincia de Buenos Aires consideró en 1997 que se trata de un río provincial, mientras que Santa Fe alega que el mencionado curso es interjurisdiccional porque ingresa a la provincia de forma natural a través del sistema de Las Encadenadas llegando hasta las proximidades de la ciudad santafesina de Venado Tuerto. En este contexto, Lamberto sugirió: “La creación de una cuenca hidrográfica de carácter interjurisdiccional y que las decisiones respecto a ella sean adoptadas por consenso de las partes que la conforman”.
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Fecha de Publicación: 07/11/2017
Fuente: NotiFe
Provincia/Región: Santa Fe - Buenos Aires - Córdoba
Raúl Lamberto, titular del organismo, presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un escrito con tres propuestas, que tienen como premisa el acuerdo entre las partes involucradas, en el marco de la audiencia pública que el máximo tribunal convocó para el próximo 8 de noviembre y del que participarán los gobiernos de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, además de un representante del Estado nacional.
El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, presentó este viernes un escrito ante la Corte Suprema de la Nación con propuestas tendientes a que las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, con la partición del Estado nacional, arriben a consensos sobre aspectos básicos y obras necesarias para solucionar los problemas hídricos generados en la cuenca de La Picasa. La presentación de la Defensoría santafesina se realizó en el marco de la audiencia pública que el Máximo Tribunal convocó para el 8 de noviembre por esta cuestión.
El escrito presentado por Lamberto consta de tres propuestas puntuales. En la primera de ellas, se propone la “creación de un ente operativo con participación de todas las provincias y de la Nación dentro del Comité de Cuenca Interjuridisccional, con competencia en el manejo de aguas, planificación, estudios, control de obras y monitoreo permanente de la cuenca (conforme a recomendación de las Defensorías del Pueblo de la Región Centro en Jornadas realizadas en el mes de marzo de 2017)”. En este caso, el planteo se basa en lo señalado en los Principios Rectores de la Política Hídrica de la Argentina, proclamados en el marco del Acuerdo Federal del Agua concertado dentro del Consejo Hídrico Federal del cual forman parte las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires. Allí se expresa que “dado que el movimiento de las aguas no reconoce fronteras político-administrativas sino leyes físicas, las cuencas hidrográficas o los acuíferos constituyen la unidad territorial más apta para la planificación y gestión coordinada de los recursos hídricos”, y más adelante se señala que “para cuencas hidrográficas de carácter interjurisdiccional es recomendable conformar ‘organizaciones interjurisdiccionales de cuenca’ para consensuar la distribución, el manejo coordinado y la protección de las aguas compartidas”.
“Resulta incontrovertido que La Picasa se alimenta de aguas aportadas por las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires y las consecuencias son padecidas principalmente por los habitantes de las dos últimas, ergo, las soluciones inmediatas deben surgir de un Comité de Cuenca Interjuridisccional con una fuerte intervención del gobierno federal”, reafirma Lamberto en el texto elevado a la Corte Suprema.
La segunda propuesta aportada por la Defensoría del Pueblo santafesina consiste en solicitar que se autorice a las “Defensorías del Pueblo de la Nación y de las provincias de Buenos Aires y Córdoba a firmar convenio donde las partes se comprometan a desarrollar procedimientos de consulta convocando a las partes interesadas y damnificadas, organizaciones sociales, vecinales y productivas”. En este caso, lo propuesto cuenta con el antecedente del conflicto de la Cuenca del Río Salí-Dulce donde las partes, en el marco del juicio ante Suprema Corte firmaron un acta acuerdo y establecieron el compromiso de “instruir un procedimiento de consultas o participación ciudadana”. En esa oportunidad, las Defensorías del Pueblo de la Nación y de las provincias de Tucumán y Santiago del Estero firmaron un convenio para establecer un sistema participativo para el control de la contaminación de la cuenca y se comprometieron a ejecutar acciones necesarias para desarrollar procedimientos de consultas dirigidas a ambientalistas locales, sectores sociales ONG y asociaciones.
Finalmente, el defensor del Pueblo santafesino solicitó a la Corte que, “si lo estima pertinente, disponga las medidas que considere adecuadas a los fines de poder expedirse respecto a la interjurisdiccionalidad de la cuenca del río Salado bonaerense”, dado que en este caso está suscitada una controversia: la provincia de Buenos Aires consideró en 1997 que se trata de un río provincial, mientras que Santa Fe alega que el mencionado curso es interjurisdiccional porque ingresa a la provincia de forma natural a través del sistema de Las Encadenadas llegando hasta las proximidades de la ciudad santafesina de Venado Tuerto. En este contexto, Lamberto sugirió: “La creación de una cuenca hidrográfica de carácter interjurisdiccional y que las decisiones respecto a ella sean adoptadas por consenso de las partes que la conforman”.
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La quinta central sin lugar por el momento
Nación aún no definió dónde instalará la quinta central
Fecha de Publicación: 07/11/2017
Fuente: ADN
Provincia/Región: Nacional
El gobierno nacional aún no definió dónde instalará la quinta central nuclear, lo que abre un interrogante sobre la prédica del senador Miguel Pichetto para Río Negro revea su negativa. Ayer, el jefe de Gabinete Marcos Peña, dijo que podría ser en Atucha, pero “no hay una definición en sí misma”.
Fue en respuesta a la senador Magdalena Odarda (CC-ARI) quien, durante el informe de Peña en la Cámara, buscó definiciones. “Usted sabe que la Legislatura de Río Negro ha sancionado una ley que prohíbe la instalación de la central de origen chino en la provincia; pero, en la respuesta 552, nos indica que está en búsqueda de una nueva ubicación para la quinta central nuclear de origen chino. La pregunta es: ¿esta búsqueda es en la región patagónica, es en la provincia de Río Negro? Si no, indique cuáles son las posibles localizaciones de la quinta central nuclear.”, preguntó Odarda.
“Respetamos la decisión de Río Negro –es una decisión de esa provincia–, pero no aceptamos esa premisa. La nueva ubicación se analizará. Una posibilidad que se tiene en cuenta es en la misma Atucha, donde ya hay otros proyectos y espacios para poder desarrollarla allí. Pero no hay una definición en sí misma”, respondió Peña.
La indefinición suma preocupación en los sectores que impulsaron el rechazo en Río Negro. Para colmo, Pichetto insiste con que la central se emplace, como estaba previsto, en la provincia, específicamente en Sierra Grande.
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Fecha de Publicación: 07/11/2017
Fuente: ADN
Provincia/Región: Nacional
El gobierno nacional aún no definió dónde instalará la quinta central nuclear, lo que abre un interrogante sobre la prédica del senador Miguel Pichetto para Río Negro revea su negativa. Ayer, el jefe de Gabinete Marcos Peña, dijo que podría ser en Atucha, pero “no hay una definición en sí misma”.
Fue en respuesta a la senador Magdalena Odarda (CC-ARI) quien, durante el informe de Peña en la Cámara, buscó definiciones. “Usted sabe que la Legislatura de Río Negro ha sancionado una ley que prohíbe la instalación de la central de origen chino en la provincia; pero, en la respuesta 552, nos indica que está en búsqueda de una nueva ubicación para la quinta central nuclear de origen chino. La pregunta es: ¿esta búsqueda es en la región patagónica, es en la provincia de Río Negro? Si no, indique cuáles son las posibles localizaciones de la quinta central nuclear.”, preguntó Odarda.
“Respetamos la decisión de Río Negro –es una decisión de esa provincia–, pero no aceptamos esa premisa. La nueva ubicación se analizará. Una posibilidad que se tiene en cuenta es en la misma Atucha, donde ya hay otros proyectos y espacios para poder desarrollarla allí. Pero no hay una definición en sí misma”, respondió Peña.
La indefinición suma preocupación en los sectores que impulsaron el rechazo en Río Negro. Para colmo, Pichetto insiste con que la central se emplace, como estaba previsto, en la provincia, específicamente en Sierra Grande.
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Mortandad de peces en Neuquén, los productores enojados
Productores enojados tras conocerse la causa de la mortandad de peces en el río Negro
Fecha de Publicación: 07/11/2017
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
El DPA indicó que fue por agroquímicos utilizados en monte frutal, y los productores salieron con los tapones de punta. Afirman que se trata de fungicidas que usan frigoríficos y galpones de empaque.
Productores del Alto Valle están enojados con provincia luego de que se dieran a conocer que la mortandad de peces en el río Negro haya sido provocada por agroquímicos. Desde el DPA vincularon el hecho a los productores, pero los chacareros se defendieron y apuntaron contra frigoríficos y galpones de empaque.
"Lo que se encontró son funguizidas, utilizados por las empresas para su conservación. Eso se le aplica al camión luego del transporte, y en piletas. En el campo no se usa este químico. Las empresas utilizan el producto y cuando se ensucia, perdiendo efectividad, eso se tira. Habrá que preguntarle a los empresario dónde los están tirando", expresó en LU5 Edgardo Artero, productor de Fernández Oro.
Artero dijo que provincia se debería preguntar que se está haciendo con los residuos de los galpones de empaque. "Esos químicos están yendo a los desagües. En las chacras se toman precauciones cuando se usan productos. Ya no se usan químicos fuerte como antes, ahora esto se actualizó. Antes se llegaban a morir las aves volando cuando pasaba la curadora, pero eso no se usa más. Nosotros trabajamos con alimentos, no podemos hacer cualquier cosa", comentó Artero.
El productor afirmó que aún se usa veneno en las chacras, pero leves. "Es muy lindo decir que fuimos los productores, pero hay que tener en cuenta que el 70 por ciento de las chacras son de empresarios, no de pequeños y medianos productores. Nosotros ni siquiera tenemos acceso a esos productos", aseguró.
El jueves pasado el DPA difundió los análisis en los que se afirma que la mortandad estuvo provocada por un exceso de agroquímicos. Se encontró 20 por ciento más de lo normal en tejidos , agravado por poco oxigeno en el agua y alta temperatura.
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Fecha de Publicación: 07/11/2017
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
El DPA indicó que fue por agroquímicos utilizados en monte frutal, y los productores salieron con los tapones de punta. Afirman que se trata de fungicidas que usan frigoríficos y galpones de empaque.
Productores del Alto Valle están enojados con provincia luego de que se dieran a conocer que la mortandad de peces en el río Negro haya sido provocada por agroquímicos. Desde el DPA vincularon el hecho a los productores, pero los chacareros se defendieron y apuntaron contra frigoríficos y galpones de empaque.
"Lo que se encontró son funguizidas, utilizados por las empresas para su conservación. Eso se le aplica al camión luego del transporte, y en piletas. En el campo no se usa este químico. Las empresas utilizan el producto y cuando se ensucia, perdiendo efectividad, eso se tira. Habrá que preguntarle a los empresario dónde los están tirando", expresó en LU5 Edgardo Artero, productor de Fernández Oro.
Artero dijo que provincia se debería preguntar que se está haciendo con los residuos de los galpones de empaque. "Esos químicos están yendo a los desagües. En las chacras se toman precauciones cuando se usan productos. Ya no se usan químicos fuerte como antes, ahora esto se actualizó. Antes se llegaban a morir las aves volando cuando pasaba la curadora, pero eso no se usa más. Nosotros trabajamos con alimentos, no podemos hacer cualquier cosa", comentó Artero.
El productor afirmó que aún se usa veneno en las chacras, pero leves. "Es muy lindo decir que fuimos los productores, pero hay que tener en cuenta que el 70 por ciento de las chacras son de empresarios, no de pequeños y medianos productores. Nosotros ni siquiera tenemos acceso a esos productos", aseguró.
El jueves pasado el DPA difundió los análisis en los que se afirma que la mortandad estuvo provocada por un exceso de agroquímicos. Se encontró 20 por ciento más de lo normal en tejidos , agravado por poco oxigeno en el agua y alta temperatura.
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Criticas al gobierno desde la industria del bioetanol
El Gobierno redujo precio del bioetanol e industriales advierten por pérdidas millonarias
Fecha de Publicación: 06/11/2017
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional
Así lo decidió el ministro de Eneregía, Juan José Aranguren, a través de una resolución. Será de un 29% en total y se aplicará en dos partes, 15% desde ahora y 14% a partir de febrero. Preocupación entre productores y empresarios de Salta, Tucumán y Jujuy
La Casa Rosada puso en alerta a varias provincias esta semana. Primero fue con la reforma tributaria que incluye la aplicación de nuevas alícuotas a bebidas alcohólicas y a las gaseosas que impactará de lleno en las economías regionales de las productoras de vino, de azúcar y de limón; y luego fue con una resolución del Ministerio de Energía que baja el precio del litro de bioetanol.
Esta última medida mete más presión a Salta, Tucumán y Jujuy. Las tres avizoran una caída de los ingresos económicos al sector privado y público.
Se trata de las principales productoras del biocombustible a base de caña de azúcar y maíz.
El ajuste establecido por la cartera de Juan José Aranguren será de un 29% en total y se aplicará en dos partes: un 15% desde ahora y 14% a partir de febrero.
El Gobierno había dispuesto que el precio del litro de bioetanol de caña alcanzara los $16,873; mientras que el bioetanol de maíz, los 13,623 pesos.
Entre empresarios y funcionarios provinciales ya calculan pérdidas millonarias y evalúan por estas horas realizar una presentación judicial para poder frenar la nueva regulación de precios en el mercado de los biocombustibles
La Cámara Argentina de Alcoholes afirmó en un comunicado, firmado por el vicvepresidente Jorge Rocchia Ferro, que la baja de los valores del bioetanol fue una decisión "unilateral".
"Esta medida es un golpe brutal al sector productor de biocombustible con origen caña de azúcar, que genera 50.000 empleos directos y 200.000 indirectos en el noroeste argentino, lo que lo hace el sector privado más importante de Tucumán, Salta, Jujuy, en un producción regional con alto valor agregado y tecnología de última generación", manifestó la entidad.
Y estimó una pérdida de entre $1.500 millones y $2.000 millones para las provincias.
La Cámara también señaló que la disposición de Energía, publicado en el Boletín Oficial nacional, "atenta contra el principio de seguridad jurídica, dado que las empresas 'bioetanoleras' y azucareras realizaron inversiones sobre la base de un escenario previsto en la ley hasta 2021".
"En cuestión de horas, ese escenario cambió por una decisión inconsulta del Ministerio de Energía", añadió.
Durante el primer semestre de este año, los industriales azucareros habían solicitado al presidente Macri avanzar con el segundo incremento del corte de bioetanol en las naftas durante la gestión de gobierno -de un 12% a un 15%-, cosa que no ocurrió hasta el momento.
Además, a esa idea se sumaba la inserción en el mercado automotor argentino de autos con motores flex (naftas y bioetanol), dentro del programa de protección del medio ambiente.
"El ajuste de la economía de nuestro país no debe hacerse con un recorte brutal de los ingresos para la economía regional más importante del noroeste argentino, región que siempre fue postergada en la mesa de las decisiones, y con esta medida lo sigue siendo. No queremos que se repita la tremenda situación del año 1966, cuando cientos de miles de trabajadores de la actividad azucarera dejaron sus provincias para engrosar el cinturón pobre de la ciudad de Buenos Aires", apuntó la entidad.
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Fecha de Publicación: 06/11/2017
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional
Así lo decidió el ministro de Eneregía, Juan José Aranguren, a través de una resolución. Será de un 29% en total y se aplicará en dos partes, 15% desde ahora y 14% a partir de febrero. Preocupación entre productores y empresarios de Salta, Tucumán y Jujuy
La Casa Rosada puso en alerta a varias provincias esta semana. Primero fue con la reforma tributaria que incluye la aplicación de nuevas alícuotas a bebidas alcohólicas y a las gaseosas que impactará de lleno en las economías regionales de las productoras de vino, de azúcar y de limón; y luego fue con una resolución del Ministerio de Energía que baja el precio del litro de bioetanol.
Esta última medida mete más presión a Salta, Tucumán y Jujuy. Las tres avizoran una caída de los ingresos económicos al sector privado y público.
Se trata de las principales productoras del biocombustible a base de caña de azúcar y maíz.
El ajuste establecido por la cartera de Juan José Aranguren será de un 29% en total y se aplicará en dos partes: un 15% desde ahora y 14% a partir de febrero.
El Gobierno había dispuesto que el precio del litro de bioetanol de caña alcanzara los $16,873; mientras que el bioetanol de maíz, los 13,623 pesos.
Entre empresarios y funcionarios provinciales ya calculan pérdidas millonarias y evalúan por estas horas realizar una presentación judicial para poder frenar la nueva regulación de precios en el mercado de los biocombustibles
La Cámara Argentina de Alcoholes afirmó en un comunicado, firmado por el vicvepresidente Jorge Rocchia Ferro, que la baja de los valores del bioetanol fue una decisión "unilateral".
"Esta medida es un golpe brutal al sector productor de biocombustible con origen caña de azúcar, que genera 50.000 empleos directos y 200.000 indirectos en el noroeste argentino, lo que lo hace el sector privado más importante de Tucumán, Salta, Jujuy, en un producción regional con alto valor agregado y tecnología de última generación", manifestó la entidad.
Y estimó una pérdida de entre $1.500 millones y $2.000 millones para las provincias.
La Cámara también señaló que la disposición de Energía, publicado en el Boletín Oficial nacional, "atenta contra el principio de seguridad jurídica, dado que las empresas 'bioetanoleras' y azucareras realizaron inversiones sobre la base de un escenario previsto en la ley hasta 2021".
"En cuestión de horas, ese escenario cambió por una decisión inconsulta del Ministerio de Energía", añadió.
Durante el primer semestre de este año, los industriales azucareros habían solicitado al presidente Macri avanzar con el segundo incremento del corte de bioetanol en las naftas durante la gestión de gobierno -de un 12% a un 15%-, cosa que no ocurrió hasta el momento.
Además, a esa idea se sumaba la inserción en el mercado automotor argentino de autos con motores flex (naftas y bioetanol), dentro del programa de protección del medio ambiente.
"El ajuste de la economía de nuestro país no debe hacerse con un recorte brutal de los ingresos para la economía regional más importante del noroeste argentino, región que siempre fue postergada en la mesa de las decisiones, y con esta medida lo sigue siendo. No queremos que se repita la tremenda situación del año 1966, cuando cientos de miles de trabajadores de la actividad azucarera dejaron sus provincias para engrosar el cinturón pobre de la ciudad de Buenos Aires", apuntó la entidad.
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Estado misionero querellante por la muerte de un yaguareté
Misiones se constituyó como querellante en la causa penal por la muerte del yaguareté en Puerto Libertad
Fecha de Publicación: 06/11/2017
Fuente: Misiones Online
Provincia/Región: Misiones
En un hecho inédito en la historia de la conservación de nuestra Provincia y del país, el Estado provincial, por intermedio de la Fiscalía de Estado, se presentó como querellante particular en la causa penal por la presumible caza de un ejemplar de la especie Monumento Natural Yaguareté en el establecimiento San Jorge, perteneciente a la empresa Arauco S.A. Además se formuló reserva de accionar judicialmente por el daño ecológico derivado de la pérdida de un animal de enorme valor para el funcionamiento de los ecosistemas nativos, y patrimonio natural del Estado provincial.
En una presentación realizadapor la Fiscalía de Estado de la Provincia, suscripta por los Dres. Fidel Duarte, Fiscal de Estado y los procuradores Dres. Luis Duarte y Nelson López, y recibida en el Juzgado de Instrucción N° 3 de Puerto Iguazú , a cargo del Dr. Martín Britez, se dio formal ingreso a la manifestación de voluntad del Estado Provincial de presentarse como querellante particular en esta causa, asumiendo la representación de los intereses públicos, y de esta manera contribuir al esclarecimiento de la verdad de los hechos y dar con los autores del hecho, y que reciban el castigo previsto para la figura del delito penal de caza agravado de acuerdo a lo previsto en la Ley de Protección de Fauna Silvestre N° 22.421. En la presentación se contó con el acompañamiento del Ministerio de Ecología y RNR de Misiones, a cargo de la Dra. Verónica Derna, en la persona del Subsecretario de Ecología, Dr. Juan Manuel Díaz.
La figura del querellante particular fue introducida en el proceso penal de Misiones, a partir del referéndum constitucional llevado a cabo en las elecciones legislativas del año 2013, siendo un proyecto del presidente de la Legislatura, Ing. Carlos Rovira. Ofrece la posibilidad a las víctimas o damnificados por delitos de presentarse en el proceso aportando testigos, documentos y otros elementos de prueba, solicitando pericias y colaborando en todo lo que sea posible con el Juez de Instrucción para llegar a la verdad de los hechos.
El daño ecológico o ambiental consiste en el deterioro o menoscabo que sufren los ecosistemas en su normal funcionamiento luego de hechos que lo afectan negativamente. Este daño, cuando es causado por la conducta humana se puede traducir en un valor económico de reparación pecuniaria para llevar a cabo las acciones que necesarias para restablecer el equilibrio interrumpido por el accionar humano en contravención a la normativa vigente.
En el caso del Monumento Natural Yaguareté, su rol en el ecosistema es decisivo ya que por ser un depredador tope, o super predador, contribuye a la regulación de todas las poblaciones de vertebrados mayores, que constituyen sus presas, incidiendo directamente en ellas e indirectamente a todo el ecosistema, por lo cual se lo considera una especie que indicadora del estado de salud del ambiente, ya que su sola presencia implica que también existen las restantes especies que forman parte de la cadena trófica.
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Fecha de Publicación: 06/11/2017
Fuente: Misiones Online
Provincia/Región: Misiones
En un hecho inédito en la historia de la conservación de nuestra Provincia y del país, el Estado provincial, por intermedio de la Fiscalía de Estado, se presentó como querellante particular en la causa penal por la presumible caza de un ejemplar de la especie Monumento Natural Yaguareté en el establecimiento San Jorge, perteneciente a la empresa Arauco S.A. Además se formuló reserva de accionar judicialmente por el daño ecológico derivado de la pérdida de un animal de enorme valor para el funcionamiento de los ecosistemas nativos, y patrimonio natural del Estado provincial.
En una presentación realizadapor la Fiscalía de Estado de la Provincia, suscripta por los Dres. Fidel Duarte, Fiscal de Estado y los procuradores Dres. Luis Duarte y Nelson López, y recibida en el Juzgado de Instrucción N° 3 de Puerto Iguazú , a cargo del Dr. Martín Britez, se dio formal ingreso a la manifestación de voluntad del Estado Provincial de presentarse como querellante particular en esta causa, asumiendo la representación de los intereses públicos, y de esta manera contribuir al esclarecimiento de la verdad de los hechos y dar con los autores del hecho, y que reciban el castigo previsto para la figura del delito penal de caza agravado de acuerdo a lo previsto en la Ley de Protección de Fauna Silvestre N° 22.421. En la presentación se contó con el acompañamiento del Ministerio de Ecología y RNR de Misiones, a cargo de la Dra. Verónica Derna, en la persona del Subsecretario de Ecología, Dr. Juan Manuel Díaz.
La figura del querellante particular fue introducida en el proceso penal de Misiones, a partir del referéndum constitucional llevado a cabo en las elecciones legislativas del año 2013, siendo un proyecto del presidente de la Legislatura, Ing. Carlos Rovira. Ofrece la posibilidad a las víctimas o damnificados por delitos de presentarse en el proceso aportando testigos, documentos y otros elementos de prueba, solicitando pericias y colaborando en todo lo que sea posible con el Juez de Instrucción para llegar a la verdad de los hechos.
El daño ecológico o ambiental consiste en el deterioro o menoscabo que sufren los ecosistemas en su normal funcionamiento luego de hechos que lo afectan negativamente. Este daño, cuando es causado por la conducta humana se puede traducir en un valor económico de reparación pecuniaria para llevar a cabo las acciones que necesarias para restablecer el equilibrio interrumpido por el accionar humano en contravención a la normativa vigente.
En el caso del Monumento Natural Yaguareté, su rol en el ecosistema es decisivo ya que por ser un depredador tope, o super predador, contribuye a la regulación de todas las poblaciones de vertebrados mayores, que constituyen sus presas, incidiendo directamente en ellas e indirectamente a todo el ecosistema, por lo cual se lo considera una especie que indicadora del estado de salud del ambiente, ya que su sola presencia implica que también existen las restantes especies que forman parte de la cadena trófica.
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El sueño universitario consumido por la fiebre del oro
El sueño universitario consumido por la fiebre del oro
Fecha de Publicación: 06/11/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
La Justicia debe profundizar la investigación sobre cómo se usaron en la UNT los dineros provenientes de la minería. El fallo de la Cámara Federal de Apelaciones abre un camino complementario en la causa contra el ex rector Juan Alberto Cerisola, acusado por defraudación a la administración pública, administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Con él están acusados sus ex funcionarios Luis Sacca, Olga Cudmani y Osvaldo Venturino. La causa: el manejo de $ 342 millones recibidos en concepto de utilidades por Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) entre 2006 y 2009. Involucra la compleja relación que ha tenido la Universidad con la empresa minera (por ley, la Casa de Estudios tiene derecho a un 40% de las utilidades) desde que la minería comenzó a dar frutos en la década pasada y también involucra la consecución de uno de los sueños de la casa de Juan B. Terán, que siempre fue completar con los fondos de la minería la ciudad universitaria, ese gran proyecto que empezó a ver la luz en 1946 con las residencias y laboratorios para docentes, investigadores y estudiantes repartidos por Horco Molle y San Javier. Proyecto que se detuvo, maravilloso y gigantesco, en 1955, pero que siguió latente, como utopía.
El contador Cerisola, dos veces rector de la UNT, hizo creer en 2008 que le ponía el útimo clavo al ataúd de ese sueño frustrado por medio siglo. Claro, la gente siempre creyó que el edificio esquelético semihundido de San Javier (el que está junto al Bosque de la Memoria) era como un símbolo de ambiciones desmedidas y que el funicular que iba a comunicar ese sector del cerro con Horco Molle (cerca de la entrada a la escuela de Agricultura) había sido un proyecto faraónico.
El acta que cambió todo
Cuando el 2 de enero de 2008 (día rarísimo para hacer un acuerdo sobre el destino de un gran sueño universitario) Cerisola firmó con YMAD el acta para declarar cumplido el sueño de la Ciudad Universitaria logró obtener la libre disponibilidad de los fondos mineros. Para usarlos como quisiera. Sus argumentos: hubo un acta previa, de diciembre , firmada por el directorio de YMAD en el que estaban los delegados de la UNT, Mario Marigliano y Rodolfo Campero, que avalaba el argumento de la inviabilidad de la Ciudad Universitaria; un informe de proyecto de obras en las distintas facultades que compensaran la Ciudad Universitaria, hecho por la Secretaría de Obras de la UNT (la responsable diría luego que se trató de un un plan de obras elaborado en forma global sobre la base de una estimación de superficies y costos, no de un proyecto) y un informe al Consejo Superior sobre el acta del 2 de enero que el cuerpo colegiado universitario no advirtió. Años después el acta fue declarada nula pero durante años Cerisola fue Midas haciendo de todo con los fondos mineros sin que nadie protestara. A todos les gustaba que se estuvieran haciendo arreglos y construcciones en una universidad acostumbrada a décadas de escasez.
Hasta que en 2014 Florencio Aceñolaza, ex delegado en YMAD, advirtió en el Consejo Superior que por el acta de Cerisola habían dejado de entrar 500 millones de pesos, dado que la UNT dejaba de cobrar el 40% y pasaba a recibir sólo el 20%. El 20% restante debía ir a las otras universidades del país, de acuerdo a la ley que creó YMAD.
Entonces se advirtió que el sueño se había truncado y cobraron fuerza dos denuncias por irregularidades en el manejo de los fondos. Son las causas llamadas “Eudal” (de 2009) y “Sigen”, que el fiscal federal Carlos Brito investigó, con tremendos informes de la Auditoría General de la Nación, la Sigen (Sindicatura General de la Nación) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Al cabo de esta investigación se procesó a Cerisola y sus funcionarios. La denuncia habla de obras hechas sin licitación y sin control (se acusa al ex rector de montar un sistema para que nadie revea sus decisiones); de justificar que se hagan trabajos por fuera de la Ley de Obras Públicas; pago de sobreprecios y no sólo de poner el dinero que llegaba de la minería en plazos fijos en entidades financieras de riesgo (que daban más interés que los bancos sólidos) sino de no rendir cuentas de los intereses de esos plazos fijos. Algunos ejemplos: en la obra en la Facultad de Derecho, la empresa contratada (Beton) pidió $ 4,2 millones por mayores costos y le reconocieron $ 6,9 millones sin explicar las razones. Por la ampliación de aulas en la Facultad de Psicología se contrató la obra por $ 4,8 millones y se pagó $ 8,6 millones, es decir un 80,29% más. Y así con otras obras. En cuanto a los plazos fijos, se mencionan casos como el convenido el 28/11/2007 con la compañía “Equity Trust Company” por un monto de $24,2 millones por el plazo de 547 días, a una tasa o interés anual del 15%, cuyo vencimiento operaba el 28/5/2009 por un interés de $1.6 millones. “Sin embargo, tal como lo informa la Procelac, el monto que correspondió a esa tasa y que debía haber percibido la Casa de Altos Estudios es de $5,5 millones, advirtiéndose un faltante de $3,8 millones (diferencia entre el monto declarado y el que correspondía haber percibido)”. ¿A dónde fue esa plata?
Tres novedades
Lo que hizo la Cámara Federal fue corroborar, un año y medio después, la sentencia del juez Horacio Poviña, que procesaba y enviaba a juicio a Cerisola y los otros tres. Todavía les queda a los acusados la oportunidad de apelar en casación y acaso ha de pasar otro año y medio más. Pero la Cámara introdujo algunas novedades. Una, que no cabe el argumento de Cudmani de que se justificaba la “obediencia absoluta”. Otra, que tampoco cabe la postura de Venturino en cuanto a la “ignorancia deliberada” (llamada willful blindness”, que abarca situaciones en las que un sujeto, por razones muy diversas, ha preferido no saber lo que pasa y mantenerse en un estado de incertidumbre). En tercer lugar, ordena que se indague en el manejo del dinero de la minería desde 2006 y en los movimientos patrimoniales de los procesados, para saber si “las personas físicas con capacidad de decisión en el uso de los fondos recibieron algún tipo de beneficio por el ejercicio de ese poder”. O sea, un avance en teoría, al igual que la decisión del juez Poviña, de hace un año, de investigar a las empresas que hicieron las obras bajo sospecha. Pero hay que ver si se hará en realidad esta pesquisa, teniendo en cuenta los años que llevó hacer la primera investigación y la certeza de que las causas por corrupción demoran 15 años en promedio en la Justicia Federal.
Mientras tanto, ¿qué hizo la UNT con respecto a los fondos mineros que ingresaron desde 2009? Poco y nada, excepto las resoluciones del Consejo Superior pidiendo más controles y exigiendo que se tomen medidas para que las otras universidades adviertan que estuvieron recibiendo dinero que correspondía a la Ciudad Universitaria. También insistió para que se advierta a YMAD que debía restituir el porcentaje de plata para la UNT. Además de que se determinó que incluso desde que entregó únicamente el 20% estuvo enviando a la UNT menos dinero del que correspondía. Eso figura en la investigación contra Cerisola.
Pero YMAD ya está afrontando el proceso de cierre de la Minera Alumbrera; ya no tiene expectativas de cobrar regalías y en cambio se debate ante las probables pérdidas. “Dinero de YMAD para la UNT ya no va a haber”, dijo en enero la rectora, Alicia Bardón. Encima, hace poco se denunció al ex presidente de YMAD por irregularidades con la venta de oro. Y nunca se aclaró acerca de las ganancias de los funcionarios del ente (delegados de la UNT incluidos). Cada paso en busca de transparencia ha sido con sangre y lágrimas y con la sensación de que era una victoria pírrica, como si se perdiera más en el esfuerzo que lo que se ganaba.
¿La UNT conseguirá ver alguna vez los fondos que le corresponden por la Ciudad Universitaria? ¿Volverá a soñar de nuevo con ese proyecto en San javier? Legalmente ya puede hacerlo, desde que se declaró nula el acta de Cerisola. Y hace un mes el arquitecto español Federico Soriano reivindicó ese derecho a la utopía, cuando dijo que los tucumanos deberían aspirar de nuevo a concretar la Ciudad Universitaria, a recuperar esas “piezas de valor brutal” “como una cuestión de memoria histórica”. ¿De dónde saldrán los fondos? Acaso aparecerán cuando la UNT empiece a funcionar como usina de pensamiento y de proyectos, no como la casa de estudios deficitaria, mal administrada y siempre necesitada de dinero que es hoy.
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Fecha de Publicación: 06/11/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
La Justicia debe profundizar la investigación sobre cómo se usaron en la UNT los dineros provenientes de la minería. El fallo de la Cámara Federal de Apelaciones abre un camino complementario en la causa contra el ex rector Juan Alberto Cerisola, acusado por defraudación a la administración pública, administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Con él están acusados sus ex funcionarios Luis Sacca, Olga Cudmani y Osvaldo Venturino. La causa: el manejo de $ 342 millones recibidos en concepto de utilidades por Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) entre 2006 y 2009. Involucra la compleja relación que ha tenido la Universidad con la empresa minera (por ley, la Casa de Estudios tiene derecho a un 40% de las utilidades) desde que la minería comenzó a dar frutos en la década pasada y también involucra la consecución de uno de los sueños de la casa de Juan B. Terán, que siempre fue completar con los fondos de la minería la ciudad universitaria, ese gran proyecto que empezó a ver la luz en 1946 con las residencias y laboratorios para docentes, investigadores y estudiantes repartidos por Horco Molle y San Javier. Proyecto que se detuvo, maravilloso y gigantesco, en 1955, pero que siguió latente, como utopía.
El contador Cerisola, dos veces rector de la UNT, hizo creer en 2008 que le ponía el útimo clavo al ataúd de ese sueño frustrado por medio siglo. Claro, la gente siempre creyó que el edificio esquelético semihundido de San Javier (el que está junto al Bosque de la Memoria) era como un símbolo de ambiciones desmedidas y que el funicular que iba a comunicar ese sector del cerro con Horco Molle (cerca de la entrada a la escuela de Agricultura) había sido un proyecto faraónico.
El acta que cambió todo
Cuando el 2 de enero de 2008 (día rarísimo para hacer un acuerdo sobre el destino de un gran sueño universitario) Cerisola firmó con YMAD el acta para declarar cumplido el sueño de la Ciudad Universitaria logró obtener la libre disponibilidad de los fondos mineros. Para usarlos como quisiera. Sus argumentos: hubo un acta previa, de diciembre , firmada por el directorio de YMAD en el que estaban los delegados de la UNT, Mario Marigliano y Rodolfo Campero, que avalaba el argumento de la inviabilidad de la Ciudad Universitaria; un informe de proyecto de obras en las distintas facultades que compensaran la Ciudad Universitaria, hecho por la Secretaría de Obras de la UNT (la responsable diría luego que se trató de un un plan de obras elaborado en forma global sobre la base de una estimación de superficies y costos, no de un proyecto) y un informe al Consejo Superior sobre el acta del 2 de enero que el cuerpo colegiado universitario no advirtió. Años después el acta fue declarada nula pero durante años Cerisola fue Midas haciendo de todo con los fondos mineros sin que nadie protestara. A todos les gustaba que se estuvieran haciendo arreglos y construcciones en una universidad acostumbrada a décadas de escasez.
Hasta que en 2014 Florencio Aceñolaza, ex delegado en YMAD, advirtió en el Consejo Superior que por el acta de Cerisola habían dejado de entrar 500 millones de pesos, dado que la UNT dejaba de cobrar el 40% y pasaba a recibir sólo el 20%. El 20% restante debía ir a las otras universidades del país, de acuerdo a la ley que creó YMAD.
Entonces se advirtió que el sueño se había truncado y cobraron fuerza dos denuncias por irregularidades en el manejo de los fondos. Son las causas llamadas “Eudal” (de 2009) y “Sigen”, que el fiscal federal Carlos Brito investigó, con tremendos informes de la Auditoría General de la Nación, la Sigen (Sindicatura General de la Nación) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Al cabo de esta investigación se procesó a Cerisola y sus funcionarios. La denuncia habla de obras hechas sin licitación y sin control (se acusa al ex rector de montar un sistema para que nadie revea sus decisiones); de justificar que se hagan trabajos por fuera de la Ley de Obras Públicas; pago de sobreprecios y no sólo de poner el dinero que llegaba de la minería en plazos fijos en entidades financieras de riesgo (que daban más interés que los bancos sólidos) sino de no rendir cuentas de los intereses de esos plazos fijos. Algunos ejemplos: en la obra en la Facultad de Derecho, la empresa contratada (Beton) pidió $ 4,2 millones por mayores costos y le reconocieron $ 6,9 millones sin explicar las razones. Por la ampliación de aulas en la Facultad de Psicología se contrató la obra por $ 4,8 millones y se pagó $ 8,6 millones, es decir un 80,29% más. Y así con otras obras. En cuanto a los plazos fijos, se mencionan casos como el convenido el 28/11/2007 con la compañía “Equity Trust Company” por un monto de $24,2 millones por el plazo de 547 días, a una tasa o interés anual del 15%, cuyo vencimiento operaba el 28/5/2009 por un interés de $1.6 millones. “Sin embargo, tal como lo informa la Procelac, el monto que correspondió a esa tasa y que debía haber percibido la Casa de Altos Estudios es de $5,5 millones, advirtiéndose un faltante de $3,8 millones (diferencia entre el monto declarado y el que correspondía haber percibido)”. ¿A dónde fue esa plata?
Tres novedades
Lo que hizo la Cámara Federal fue corroborar, un año y medio después, la sentencia del juez Horacio Poviña, que procesaba y enviaba a juicio a Cerisola y los otros tres. Todavía les queda a los acusados la oportunidad de apelar en casación y acaso ha de pasar otro año y medio más. Pero la Cámara introdujo algunas novedades. Una, que no cabe el argumento de Cudmani de que se justificaba la “obediencia absoluta”. Otra, que tampoco cabe la postura de Venturino en cuanto a la “ignorancia deliberada” (llamada willful blindness”, que abarca situaciones en las que un sujeto, por razones muy diversas, ha preferido no saber lo que pasa y mantenerse en un estado de incertidumbre). En tercer lugar, ordena que se indague en el manejo del dinero de la minería desde 2006 y en los movimientos patrimoniales de los procesados, para saber si “las personas físicas con capacidad de decisión en el uso de los fondos recibieron algún tipo de beneficio por el ejercicio de ese poder”. O sea, un avance en teoría, al igual que la decisión del juez Poviña, de hace un año, de investigar a las empresas que hicieron las obras bajo sospecha. Pero hay que ver si se hará en realidad esta pesquisa, teniendo en cuenta los años que llevó hacer la primera investigación y la certeza de que las causas por corrupción demoran 15 años en promedio en la Justicia Federal.
Mientras tanto, ¿qué hizo la UNT con respecto a los fondos mineros que ingresaron desde 2009? Poco y nada, excepto las resoluciones del Consejo Superior pidiendo más controles y exigiendo que se tomen medidas para que las otras universidades adviertan que estuvieron recibiendo dinero que correspondía a la Ciudad Universitaria. También insistió para que se advierta a YMAD que debía restituir el porcentaje de plata para la UNT. Además de que se determinó que incluso desde que entregó únicamente el 20% estuvo enviando a la UNT menos dinero del que correspondía. Eso figura en la investigación contra Cerisola.
Pero YMAD ya está afrontando el proceso de cierre de la Minera Alumbrera; ya no tiene expectativas de cobrar regalías y en cambio se debate ante las probables pérdidas. “Dinero de YMAD para la UNT ya no va a haber”, dijo en enero la rectora, Alicia Bardón. Encima, hace poco se denunció al ex presidente de YMAD por irregularidades con la venta de oro. Y nunca se aclaró acerca de las ganancias de los funcionarios del ente (delegados de la UNT incluidos). Cada paso en busca de transparencia ha sido con sangre y lágrimas y con la sensación de que era una victoria pírrica, como si se perdiera más en el esfuerzo que lo que se ganaba.
¿La UNT conseguirá ver alguna vez los fondos que le corresponden por la Ciudad Universitaria? ¿Volverá a soñar de nuevo con ese proyecto en San javier? Legalmente ya puede hacerlo, desde que se declaró nula el acta de Cerisola. Y hace un mes el arquitecto español Federico Soriano reivindicó ese derecho a la utopía, cuando dijo que los tucumanos deberían aspirar de nuevo a concretar la Ciudad Universitaria, a recuperar esas “piezas de valor brutal” “como una cuestión de memoria histórica”. ¿De dónde saldrán los fondos? Acaso aparecerán cuando la UNT empiece a funcionar como usina de pensamiento y de proyectos, no como la casa de estudios deficitaria, mal administrada y siempre necesitada de dinero que es hoy.
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