La cuenca La Picasa en la corte por los excesos hídricos
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Buscan abordar la problemática de La Picasa
Fecha de Publicación: 07/11/2017
Fuente: NotiFe
Provincia/Región: Santa Fe - Buenos Aires - Córdoba
Raúl Lamberto, titular del organismo, presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un escrito con tres propuestas, que tienen como premisa el acuerdo entre las partes involucradas, en el marco de la audiencia pública que el máximo tribunal convocó para el próximo 8 de noviembre y del que participarán los gobiernos de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, además de un representante del Estado nacional.
El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, presentó este viernes un escrito ante la Corte Suprema de la Nación con propuestas tendientes a que las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, con la partición del Estado nacional, arriben a consensos sobre aspectos básicos y obras necesarias para solucionar los problemas hídricos generados en la cuenca de La Picasa. La presentación de la Defensoría santafesina se realizó en el marco de la audiencia pública que el Máximo Tribunal convocó para el 8 de noviembre por esta cuestión.
El escrito presentado por Lamberto consta de tres propuestas puntuales. En la primera de ellas, se propone la “creación de un ente operativo con participación de todas las provincias y de la Nación dentro del Comité de Cuenca Interjuridisccional, con competencia en el manejo de aguas, planificación, estudios, control de obras y monitoreo permanente de la cuenca (conforme a recomendación de las Defensorías del Pueblo de la Región Centro en Jornadas realizadas en el mes de marzo de 2017)”. En este caso, el planteo se basa en lo señalado en los Principios Rectores de la Política Hídrica de la Argentina, proclamados en el marco del Acuerdo Federal del Agua concertado dentro del Consejo Hídrico Federal del cual forman parte las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires. Allí se expresa que “dado que el movimiento de las aguas no reconoce fronteras político-administrativas sino leyes físicas, las cuencas hidrográficas o los acuíferos constituyen la unidad territorial más apta para la planificación y gestión coordinada de los recursos hídricos”, y más adelante se señala que “para cuencas hidrográficas de carácter interjurisdiccional es recomendable conformar ‘organizaciones interjurisdiccionales de cuenca’ para consensuar la distribución, el manejo coordinado y la protección de las aguas compartidas”.
“Resulta incontrovertido que La Picasa se alimenta de aguas aportadas por las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires y las consecuencias son padecidas principalmente por los habitantes de las dos últimas, ergo, las soluciones inmediatas deben surgir de un Comité de Cuenca Interjuridisccional con una fuerte intervención del gobierno federal”, reafirma Lamberto en el texto elevado a la Corte Suprema.
La segunda propuesta aportada por la Defensoría del Pueblo santafesina consiste en solicitar que se autorice a las “Defensorías del Pueblo de la Nación y de las provincias de Buenos Aires y Córdoba a firmar convenio donde las partes se comprometan a desarrollar procedimientos de consulta convocando a las partes interesadas y damnificadas, organizaciones sociales, vecinales y productivas”. En este caso, lo propuesto cuenta con el antecedente del conflicto de la Cuenca del Río Salí-Dulce donde las partes, en el marco del juicio ante Suprema Corte firmaron un acta acuerdo y establecieron el compromiso de “instruir un procedimiento de consultas o participación ciudadana”. En esa oportunidad, las Defensorías del Pueblo de la Nación y de las provincias de Tucumán y Santiago del Estero firmaron un convenio para establecer un sistema participativo para el control de la contaminación de la cuenca y se comprometieron a ejecutar acciones necesarias para desarrollar procedimientos de consultas dirigidas a ambientalistas locales, sectores sociales ONG y asociaciones.
Finalmente, el defensor del Pueblo santafesino solicitó a la Corte que, “si lo estima pertinente, disponga las medidas que considere adecuadas a los fines de poder expedirse respecto a la interjurisdiccionalidad de la cuenca del río Salado bonaerense”, dado que en este caso está suscitada una controversia: la provincia de Buenos Aires consideró en 1997 que se trata de un río provincial, mientras que Santa Fe alega que el mencionado curso es interjurisdiccional porque ingresa a la provincia de forma natural a través del sistema de Las Encadenadas llegando hasta las proximidades de la ciudad santafesina de Venado Tuerto. En este contexto, Lamberto sugirió: “La creación de una cuenca hidrográfica de carácter interjurisdiccional y que las decisiones respecto a ella sean adoptadas por consenso de las partes que la conforman”.
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Fecha de Publicación: 07/11/2017
Fuente: NotiFe
Provincia/Región: Santa Fe - Buenos Aires - Córdoba
Raúl Lamberto, titular del organismo, presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un escrito con tres propuestas, que tienen como premisa el acuerdo entre las partes involucradas, en el marco de la audiencia pública que el máximo tribunal convocó para el próximo 8 de noviembre y del que participarán los gobiernos de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, además de un representante del Estado nacional.
El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, presentó este viernes un escrito ante la Corte Suprema de la Nación con propuestas tendientes a que las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, con la partición del Estado nacional, arriben a consensos sobre aspectos básicos y obras necesarias para solucionar los problemas hídricos generados en la cuenca de La Picasa. La presentación de la Defensoría santafesina se realizó en el marco de la audiencia pública que el Máximo Tribunal convocó para el 8 de noviembre por esta cuestión.
El escrito presentado por Lamberto consta de tres propuestas puntuales. En la primera de ellas, se propone la “creación de un ente operativo con participación de todas las provincias y de la Nación dentro del Comité de Cuenca Interjuridisccional, con competencia en el manejo de aguas, planificación, estudios, control de obras y monitoreo permanente de la cuenca (conforme a recomendación de las Defensorías del Pueblo de la Región Centro en Jornadas realizadas en el mes de marzo de 2017)”. En este caso, el planteo se basa en lo señalado en los Principios Rectores de la Política Hídrica de la Argentina, proclamados en el marco del Acuerdo Federal del Agua concertado dentro del Consejo Hídrico Federal del cual forman parte las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires. Allí se expresa que “dado que el movimiento de las aguas no reconoce fronteras político-administrativas sino leyes físicas, las cuencas hidrográficas o los acuíferos constituyen la unidad territorial más apta para la planificación y gestión coordinada de los recursos hídricos”, y más adelante se señala que “para cuencas hidrográficas de carácter interjurisdiccional es recomendable conformar ‘organizaciones interjurisdiccionales de cuenca’ para consensuar la distribución, el manejo coordinado y la protección de las aguas compartidas”.
“Resulta incontrovertido que La Picasa se alimenta de aguas aportadas por las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires y las consecuencias son padecidas principalmente por los habitantes de las dos últimas, ergo, las soluciones inmediatas deben surgir de un Comité de Cuenca Interjuridisccional con una fuerte intervención del gobierno federal”, reafirma Lamberto en el texto elevado a la Corte Suprema.
La segunda propuesta aportada por la Defensoría del Pueblo santafesina consiste en solicitar que se autorice a las “Defensorías del Pueblo de la Nación y de las provincias de Buenos Aires y Córdoba a firmar convenio donde las partes se comprometan a desarrollar procedimientos de consulta convocando a las partes interesadas y damnificadas, organizaciones sociales, vecinales y productivas”. En este caso, lo propuesto cuenta con el antecedente del conflicto de la Cuenca del Río Salí-Dulce donde las partes, en el marco del juicio ante Suprema Corte firmaron un acta acuerdo y establecieron el compromiso de “instruir un procedimiento de consultas o participación ciudadana”. En esa oportunidad, las Defensorías del Pueblo de la Nación y de las provincias de Tucumán y Santiago del Estero firmaron un convenio para establecer un sistema participativo para el control de la contaminación de la cuenca y se comprometieron a ejecutar acciones necesarias para desarrollar procedimientos de consultas dirigidas a ambientalistas locales, sectores sociales ONG y asociaciones.
Finalmente, el defensor del Pueblo santafesino solicitó a la Corte que, “si lo estima pertinente, disponga las medidas que considere adecuadas a los fines de poder expedirse respecto a la interjurisdiccionalidad de la cuenca del río Salado bonaerense”, dado que en este caso está suscitada una controversia: la provincia de Buenos Aires consideró en 1997 que se trata de un río provincial, mientras que Santa Fe alega que el mencionado curso es interjurisdiccional porque ingresa a la provincia de forma natural a través del sistema de Las Encadenadas llegando hasta las proximidades de la ciudad santafesina de Venado Tuerto. En este contexto, Lamberto sugirió: “La creación de una cuenca hidrográfica de carácter interjurisdiccional y que las decisiones respecto a ella sean adoptadas por consenso de las partes que la conforman”.
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La quinta central sin lugar por el momento
Nación aún no definió dónde instalará la quinta central
Fecha de Publicación: 07/11/2017
Fuente: ADN
Provincia/Región: Nacional
El gobierno nacional aún no definió dónde instalará la quinta central nuclear, lo que abre un interrogante sobre la prédica del senador Miguel Pichetto para Río Negro revea su negativa. Ayer, el jefe de Gabinete Marcos Peña, dijo que podría ser en Atucha, pero “no hay una definición en sí misma”.
Fue en respuesta a la senador Magdalena Odarda (CC-ARI) quien, durante el informe de Peña en la Cámara, buscó definiciones. “Usted sabe que la Legislatura de Río Negro ha sancionado una ley que prohíbe la instalación de la central de origen chino en la provincia; pero, en la respuesta 552, nos indica que está en búsqueda de una nueva ubicación para la quinta central nuclear de origen chino. La pregunta es: ¿esta búsqueda es en la región patagónica, es en la provincia de Río Negro? Si no, indique cuáles son las posibles localizaciones de la quinta central nuclear.”, preguntó Odarda.
“Respetamos la decisión de Río Negro –es una decisión de esa provincia–, pero no aceptamos esa premisa. La nueva ubicación se analizará. Una posibilidad que se tiene en cuenta es en la misma Atucha, donde ya hay otros proyectos y espacios para poder desarrollarla allí. Pero no hay una definición en sí misma”, respondió Peña.
La indefinición suma preocupación en los sectores que impulsaron el rechazo en Río Negro. Para colmo, Pichetto insiste con que la central se emplace, como estaba previsto, en la provincia, específicamente en Sierra Grande.
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Fecha de Publicación: 07/11/2017
Fuente: ADN
Provincia/Región: Nacional
El gobierno nacional aún no definió dónde instalará la quinta central nuclear, lo que abre un interrogante sobre la prédica del senador Miguel Pichetto para Río Negro revea su negativa. Ayer, el jefe de Gabinete Marcos Peña, dijo que podría ser en Atucha, pero “no hay una definición en sí misma”.
Fue en respuesta a la senador Magdalena Odarda (CC-ARI) quien, durante el informe de Peña en la Cámara, buscó definiciones. “Usted sabe que la Legislatura de Río Negro ha sancionado una ley que prohíbe la instalación de la central de origen chino en la provincia; pero, en la respuesta 552, nos indica que está en búsqueda de una nueva ubicación para la quinta central nuclear de origen chino. La pregunta es: ¿esta búsqueda es en la región patagónica, es en la provincia de Río Negro? Si no, indique cuáles son las posibles localizaciones de la quinta central nuclear.”, preguntó Odarda.
“Respetamos la decisión de Río Negro –es una decisión de esa provincia–, pero no aceptamos esa premisa. La nueva ubicación se analizará. Una posibilidad que se tiene en cuenta es en la misma Atucha, donde ya hay otros proyectos y espacios para poder desarrollarla allí. Pero no hay una definición en sí misma”, respondió Peña.
La indefinición suma preocupación en los sectores que impulsaron el rechazo en Río Negro. Para colmo, Pichetto insiste con que la central se emplace, como estaba previsto, en la provincia, específicamente en Sierra Grande.
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Mortandad de peces en Neuquén, los productores enojados
Productores enojados tras conocerse la causa de la mortandad de peces en el río Negro
Fecha de Publicación: 07/11/2017
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
El DPA indicó que fue por agroquímicos utilizados en monte frutal, y los productores salieron con los tapones de punta. Afirman que se trata de fungicidas que usan frigoríficos y galpones de empaque.
Productores del Alto Valle están enojados con provincia luego de que se dieran a conocer que la mortandad de peces en el río Negro haya sido provocada por agroquímicos. Desde el DPA vincularon el hecho a los productores, pero los chacareros se defendieron y apuntaron contra frigoríficos y galpones de empaque.
"Lo que se encontró son funguizidas, utilizados por las empresas para su conservación. Eso se le aplica al camión luego del transporte, y en piletas. En el campo no se usa este químico. Las empresas utilizan el producto y cuando se ensucia, perdiendo efectividad, eso se tira. Habrá que preguntarle a los empresario dónde los están tirando", expresó en LU5 Edgardo Artero, productor de Fernández Oro.
Artero dijo que provincia se debería preguntar que se está haciendo con los residuos de los galpones de empaque. "Esos químicos están yendo a los desagües. En las chacras se toman precauciones cuando se usan productos. Ya no se usan químicos fuerte como antes, ahora esto se actualizó. Antes se llegaban a morir las aves volando cuando pasaba la curadora, pero eso no se usa más. Nosotros trabajamos con alimentos, no podemos hacer cualquier cosa", comentó Artero.
El productor afirmó que aún se usa veneno en las chacras, pero leves. "Es muy lindo decir que fuimos los productores, pero hay que tener en cuenta que el 70 por ciento de las chacras son de empresarios, no de pequeños y medianos productores. Nosotros ni siquiera tenemos acceso a esos productos", aseguró.
El jueves pasado el DPA difundió los análisis en los que se afirma que la mortandad estuvo provocada por un exceso de agroquímicos. Se encontró 20 por ciento más de lo normal en tejidos , agravado por poco oxigeno en el agua y alta temperatura.
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Fecha de Publicación: 07/11/2017
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
El DPA indicó que fue por agroquímicos utilizados en monte frutal, y los productores salieron con los tapones de punta. Afirman que se trata de fungicidas que usan frigoríficos y galpones de empaque.
Productores del Alto Valle están enojados con provincia luego de que se dieran a conocer que la mortandad de peces en el río Negro haya sido provocada por agroquímicos. Desde el DPA vincularon el hecho a los productores, pero los chacareros se defendieron y apuntaron contra frigoríficos y galpones de empaque.
"Lo que se encontró son funguizidas, utilizados por las empresas para su conservación. Eso se le aplica al camión luego del transporte, y en piletas. En el campo no se usa este químico. Las empresas utilizan el producto y cuando se ensucia, perdiendo efectividad, eso se tira. Habrá que preguntarle a los empresario dónde los están tirando", expresó en LU5 Edgardo Artero, productor de Fernández Oro.
Artero dijo que provincia se debería preguntar que se está haciendo con los residuos de los galpones de empaque. "Esos químicos están yendo a los desagües. En las chacras se toman precauciones cuando se usan productos. Ya no se usan químicos fuerte como antes, ahora esto se actualizó. Antes se llegaban a morir las aves volando cuando pasaba la curadora, pero eso no se usa más. Nosotros trabajamos con alimentos, no podemos hacer cualquier cosa", comentó Artero.
El productor afirmó que aún se usa veneno en las chacras, pero leves. "Es muy lindo decir que fuimos los productores, pero hay que tener en cuenta que el 70 por ciento de las chacras son de empresarios, no de pequeños y medianos productores. Nosotros ni siquiera tenemos acceso a esos productos", aseguró.
El jueves pasado el DPA difundió los análisis en los que se afirma que la mortandad estuvo provocada por un exceso de agroquímicos. Se encontró 20 por ciento más de lo normal en tejidos , agravado por poco oxigeno en el agua y alta temperatura.
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Criticas al gobierno desde la industria del bioetanol
El Gobierno redujo precio del bioetanol e industriales advierten por pérdidas millonarias
Fecha de Publicación: 06/11/2017
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional
Así lo decidió el ministro de Eneregía, Juan José Aranguren, a través de una resolución. Será de un 29% en total y se aplicará en dos partes, 15% desde ahora y 14% a partir de febrero. Preocupación entre productores y empresarios de Salta, Tucumán y Jujuy
La Casa Rosada puso en alerta a varias provincias esta semana. Primero fue con la reforma tributaria que incluye la aplicación de nuevas alícuotas a bebidas alcohólicas y a las gaseosas que impactará de lleno en las economías regionales de las productoras de vino, de azúcar y de limón; y luego fue con una resolución del Ministerio de Energía que baja el precio del litro de bioetanol.
Esta última medida mete más presión a Salta, Tucumán y Jujuy. Las tres avizoran una caída de los ingresos económicos al sector privado y público.
Se trata de las principales productoras del biocombustible a base de caña de azúcar y maíz.
El ajuste establecido por la cartera de Juan José Aranguren será de un 29% en total y se aplicará en dos partes: un 15% desde ahora y 14% a partir de febrero.
El Gobierno había dispuesto que el precio del litro de bioetanol de caña alcanzara los $16,873; mientras que el bioetanol de maíz, los 13,623 pesos.
Entre empresarios y funcionarios provinciales ya calculan pérdidas millonarias y evalúan por estas horas realizar una presentación judicial para poder frenar la nueva regulación de precios en el mercado de los biocombustibles
La Cámara Argentina de Alcoholes afirmó en un comunicado, firmado por el vicvepresidente Jorge Rocchia Ferro, que la baja de los valores del bioetanol fue una decisión "unilateral".
"Esta medida es un golpe brutal al sector productor de biocombustible con origen caña de azúcar, que genera 50.000 empleos directos y 200.000 indirectos en el noroeste argentino, lo que lo hace el sector privado más importante de Tucumán, Salta, Jujuy, en un producción regional con alto valor agregado y tecnología de última generación", manifestó la entidad.
Y estimó una pérdida de entre $1.500 millones y $2.000 millones para las provincias.
La Cámara también señaló que la disposición de Energía, publicado en el Boletín Oficial nacional, "atenta contra el principio de seguridad jurídica, dado que las empresas 'bioetanoleras' y azucareras realizaron inversiones sobre la base de un escenario previsto en la ley hasta 2021".
"En cuestión de horas, ese escenario cambió por una decisión inconsulta del Ministerio de Energía", añadió.
Durante el primer semestre de este año, los industriales azucareros habían solicitado al presidente Macri avanzar con el segundo incremento del corte de bioetanol en las naftas durante la gestión de gobierno -de un 12% a un 15%-, cosa que no ocurrió hasta el momento.
Además, a esa idea se sumaba la inserción en el mercado automotor argentino de autos con motores flex (naftas y bioetanol), dentro del programa de protección del medio ambiente.
"El ajuste de la economía de nuestro país no debe hacerse con un recorte brutal de los ingresos para la economía regional más importante del noroeste argentino, región que siempre fue postergada en la mesa de las decisiones, y con esta medida lo sigue siendo. No queremos que se repita la tremenda situación del año 1966, cuando cientos de miles de trabajadores de la actividad azucarera dejaron sus provincias para engrosar el cinturón pobre de la ciudad de Buenos Aires", apuntó la entidad.
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Fecha de Publicación: 06/11/2017
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional
Así lo decidió el ministro de Eneregía, Juan José Aranguren, a través de una resolución. Será de un 29% en total y se aplicará en dos partes, 15% desde ahora y 14% a partir de febrero. Preocupación entre productores y empresarios de Salta, Tucumán y Jujuy
La Casa Rosada puso en alerta a varias provincias esta semana. Primero fue con la reforma tributaria que incluye la aplicación de nuevas alícuotas a bebidas alcohólicas y a las gaseosas que impactará de lleno en las economías regionales de las productoras de vino, de azúcar y de limón; y luego fue con una resolución del Ministerio de Energía que baja el precio del litro de bioetanol.
Esta última medida mete más presión a Salta, Tucumán y Jujuy. Las tres avizoran una caída de los ingresos económicos al sector privado y público.
Se trata de las principales productoras del biocombustible a base de caña de azúcar y maíz.
El ajuste establecido por la cartera de Juan José Aranguren será de un 29% en total y se aplicará en dos partes: un 15% desde ahora y 14% a partir de febrero.
El Gobierno había dispuesto que el precio del litro de bioetanol de caña alcanzara los $16,873; mientras que el bioetanol de maíz, los 13,623 pesos.
Entre empresarios y funcionarios provinciales ya calculan pérdidas millonarias y evalúan por estas horas realizar una presentación judicial para poder frenar la nueva regulación de precios en el mercado de los biocombustibles
La Cámara Argentina de Alcoholes afirmó en un comunicado, firmado por el vicvepresidente Jorge Rocchia Ferro, que la baja de los valores del bioetanol fue una decisión "unilateral".
"Esta medida es un golpe brutal al sector productor de biocombustible con origen caña de azúcar, que genera 50.000 empleos directos y 200.000 indirectos en el noroeste argentino, lo que lo hace el sector privado más importante de Tucumán, Salta, Jujuy, en un producción regional con alto valor agregado y tecnología de última generación", manifestó la entidad.
Y estimó una pérdida de entre $1.500 millones y $2.000 millones para las provincias.
La Cámara también señaló que la disposición de Energía, publicado en el Boletín Oficial nacional, "atenta contra el principio de seguridad jurídica, dado que las empresas 'bioetanoleras' y azucareras realizaron inversiones sobre la base de un escenario previsto en la ley hasta 2021".
"En cuestión de horas, ese escenario cambió por una decisión inconsulta del Ministerio de Energía", añadió.
Durante el primer semestre de este año, los industriales azucareros habían solicitado al presidente Macri avanzar con el segundo incremento del corte de bioetanol en las naftas durante la gestión de gobierno -de un 12% a un 15%-, cosa que no ocurrió hasta el momento.
Además, a esa idea se sumaba la inserción en el mercado automotor argentino de autos con motores flex (naftas y bioetanol), dentro del programa de protección del medio ambiente.
"El ajuste de la economía de nuestro país no debe hacerse con un recorte brutal de los ingresos para la economía regional más importante del noroeste argentino, región que siempre fue postergada en la mesa de las decisiones, y con esta medida lo sigue siendo. No queremos que se repita la tremenda situación del año 1966, cuando cientos de miles de trabajadores de la actividad azucarera dejaron sus provincias para engrosar el cinturón pobre de la ciudad de Buenos Aires", apuntó la entidad.
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Estado misionero querellante por la muerte de un yaguareté
Misiones se constituyó como querellante en la causa penal por la muerte del yaguareté en Puerto Libertad
Fecha de Publicación: 06/11/2017
Fuente: Misiones Online
Provincia/Región: Misiones
En un hecho inédito en la historia de la conservación de nuestra Provincia y del país, el Estado provincial, por intermedio de la Fiscalía de Estado, se presentó como querellante particular en la causa penal por la presumible caza de un ejemplar de la especie Monumento Natural Yaguareté en el establecimiento San Jorge, perteneciente a la empresa Arauco S.A. Además se formuló reserva de accionar judicialmente por el daño ecológico derivado de la pérdida de un animal de enorme valor para el funcionamiento de los ecosistemas nativos, y patrimonio natural del Estado provincial.
En una presentación realizadapor la Fiscalía de Estado de la Provincia, suscripta por los Dres. Fidel Duarte, Fiscal de Estado y los procuradores Dres. Luis Duarte y Nelson López, y recibida en el Juzgado de Instrucción N° 3 de Puerto Iguazú , a cargo del Dr. Martín Britez, se dio formal ingreso a la manifestación de voluntad del Estado Provincial de presentarse como querellante particular en esta causa, asumiendo la representación de los intereses públicos, y de esta manera contribuir al esclarecimiento de la verdad de los hechos y dar con los autores del hecho, y que reciban el castigo previsto para la figura del delito penal de caza agravado de acuerdo a lo previsto en la Ley de Protección de Fauna Silvestre N° 22.421. En la presentación se contó con el acompañamiento del Ministerio de Ecología y RNR de Misiones, a cargo de la Dra. Verónica Derna, en la persona del Subsecretario de Ecología, Dr. Juan Manuel Díaz.
La figura del querellante particular fue introducida en el proceso penal de Misiones, a partir del referéndum constitucional llevado a cabo en las elecciones legislativas del año 2013, siendo un proyecto del presidente de la Legislatura, Ing. Carlos Rovira. Ofrece la posibilidad a las víctimas o damnificados por delitos de presentarse en el proceso aportando testigos, documentos y otros elementos de prueba, solicitando pericias y colaborando en todo lo que sea posible con el Juez de Instrucción para llegar a la verdad de los hechos.
El daño ecológico o ambiental consiste en el deterioro o menoscabo que sufren los ecosistemas en su normal funcionamiento luego de hechos que lo afectan negativamente. Este daño, cuando es causado por la conducta humana se puede traducir en un valor económico de reparación pecuniaria para llevar a cabo las acciones que necesarias para restablecer el equilibrio interrumpido por el accionar humano en contravención a la normativa vigente.
En el caso del Monumento Natural Yaguareté, su rol en el ecosistema es decisivo ya que por ser un depredador tope, o super predador, contribuye a la regulación de todas las poblaciones de vertebrados mayores, que constituyen sus presas, incidiendo directamente en ellas e indirectamente a todo el ecosistema, por lo cual se lo considera una especie que indicadora del estado de salud del ambiente, ya que su sola presencia implica que también existen las restantes especies que forman parte de la cadena trófica.
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Fecha de Publicación: 06/11/2017
Fuente: Misiones Online
Provincia/Región: Misiones
En un hecho inédito en la historia de la conservación de nuestra Provincia y del país, el Estado provincial, por intermedio de la Fiscalía de Estado, se presentó como querellante particular en la causa penal por la presumible caza de un ejemplar de la especie Monumento Natural Yaguareté en el establecimiento San Jorge, perteneciente a la empresa Arauco S.A. Además se formuló reserva de accionar judicialmente por el daño ecológico derivado de la pérdida de un animal de enorme valor para el funcionamiento de los ecosistemas nativos, y patrimonio natural del Estado provincial.
En una presentación realizadapor la Fiscalía de Estado de la Provincia, suscripta por los Dres. Fidel Duarte, Fiscal de Estado y los procuradores Dres. Luis Duarte y Nelson López, y recibida en el Juzgado de Instrucción N° 3 de Puerto Iguazú , a cargo del Dr. Martín Britez, se dio formal ingreso a la manifestación de voluntad del Estado Provincial de presentarse como querellante particular en esta causa, asumiendo la representación de los intereses públicos, y de esta manera contribuir al esclarecimiento de la verdad de los hechos y dar con los autores del hecho, y que reciban el castigo previsto para la figura del delito penal de caza agravado de acuerdo a lo previsto en la Ley de Protección de Fauna Silvestre N° 22.421. En la presentación se contó con el acompañamiento del Ministerio de Ecología y RNR de Misiones, a cargo de la Dra. Verónica Derna, en la persona del Subsecretario de Ecología, Dr. Juan Manuel Díaz.
La figura del querellante particular fue introducida en el proceso penal de Misiones, a partir del referéndum constitucional llevado a cabo en las elecciones legislativas del año 2013, siendo un proyecto del presidente de la Legislatura, Ing. Carlos Rovira. Ofrece la posibilidad a las víctimas o damnificados por delitos de presentarse en el proceso aportando testigos, documentos y otros elementos de prueba, solicitando pericias y colaborando en todo lo que sea posible con el Juez de Instrucción para llegar a la verdad de los hechos.
El daño ecológico o ambiental consiste en el deterioro o menoscabo que sufren los ecosistemas en su normal funcionamiento luego de hechos que lo afectan negativamente. Este daño, cuando es causado por la conducta humana se puede traducir en un valor económico de reparación pecuniaria para llevar a cabo las acciones que necesarias para restablecer el equilibrio interrumpido por el accionar humano en contravención a la normativa vigente.
En el caso del Monumento Natural Yaguareté, su rol en el ecosistema es decisivo ya que por ser un depredador tope, o super predador, contribuye a la regulación de todas las poblaciones de vertebrados mayores, que constituyen sus presas, incidiendo directamente en ellas e indirectamente a todo el ecosistema, por lo cual se lo considera una especie que indicadora del estado de salud del ambiente, ya que su sola presencia implica que también existen las restantes especies que forman parte de la cadena trófica.
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El sueño universitario consumido por la fiebre del oro
El sueño universitario consumido por la fiebre del oro
Fecha de Publicación: 06/11/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
La Justicia debe profundizar la investigación sobre cómo se usaron en la UNT los dineros provenientes de la minería. El fallo de la Cámara Federal de Apelaciones abre un camino complementario en la causa contra el ex rector Juan Alberto Cerisola, acusado por defraudación a la administración pública, administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Con él están acusados sus ex funcionarios Luis Sacca, Olga Cudmani y Osvaldo Venturino. La causa: el manejo de $ 342 millones recibidos en concepto de utilidades por Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) entre 2006 y 2009. Involucra la compleja relación que ha tenido la Universidad con la empresa minera (por ley, la Casa de Estudios tiene derecho a un 40% de las utilidades) desde que la minería comenzó a dar frutos en la década pasada y también involucra la consecución de uno de los sueños de la casa de Juan B. Terán, que siempre fue completar con los fondos de la minería la ciudad universitaria, ese gran proyecto que empezó a ver la luz en 1946 con las residencias y laboratorios para docentes, investigadores y estudiantes repartidos por Horco Molle y San Javier. Proyecto que se detuvo, maravilloso y gigantesco, en 1955, pero que siguió latente, como utopía.
El contador Cerisola, dos veces rector de la UNT, hizo creer en 2008 que le ponía el útimo clavo al ataúd de ese sueño frustrado por medio siglo. Claro, la gente siempre creyó que el edificio esquelético semihundido de San Javier (el que está junto al Bosque de la Memoria) era como un símbolo de ambiciones desmedidas y que el funicular que iba a comunicar ese sector del cerro con Horco Molle (cerca de la entrada a la escuela de Agricultura) había sido un proyecto faraónico.
El acta que cambió todo
Cuando el 2 de enero de 2008 (día rarísimo para hacer un acuerdo sobre el destino de un gran sueño universitario) Cerisola firmó con YMAD el acta para declarar cumplido el sueño de la Ciudad Universitaria logró obtener la libre disponibilidad de los fondos mineros. Para usarlos como quisiera. Sus argumentos: hubo un acta previa, de diciembre , firmada por el directorio de YMAD en el que estaban los delegados de la UNT, Mario Marigliano y Rodolfo Campero, que avalaba el argumento de la inviabilidad de la Ciudad Universitaria; un informe de proyecto de obras en las distintas facultades que compensaran la Ciudad Universitaria, hecho por la Secretaría de Obras de la UNT (la responsable diría luego que se trató de un un plan de obras elaborado en forma global sobre la base de una estimación de superficies y costos, no de un proyecto) y un informe al Consejo Superior sobre el acta del 2 de enero que el cuerpo colegiado universitario no advirtió. Años después el acta fue declarada nula pero durante años Cerisola fue Midas haciendo de todo con los fondos mineros sin que nadie protestara. A todos les gustaba que se estuvieran haciendo arreglos y construcciones en una universidad acostumbrada a décadas de escasez.
Hasta que en 2014 Florencio Aceñolaza, ex delegado en YMAD, advirtió en el Consejo Superior que por el acta de Cerisola habían dejado de entrar 500 millones de pesos, dado que la UNT dejaba de cobrar el 40% y pasaba a recibir sólo el 20%. El 20% restante debía ir a las otras universidades del país, de acuerdo a la ley que creó YMAD.
Entonces se advirtió que el sueño se había truncado y cobraron fuerza dos denuncias por irregularidades en el manejo de los fondos. Son las causas llamadas “Eudal” (de 2009) y “Sigen”, que el fiscal federal Carlos Brito investigó, con tremendos informes de la Auditoría General de la Nación, la Sigen (Sindicatura General de la Nación) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Al cabo de esta investigación se procesó a Cerisola y sus funcionarios. La denuncia habla de obras hechas sin licitación y sin control (se acusa al ex rector de montar un sistema para que nadie revea sus decisiones); de justificar que se hagan trabajos por fuera de la Ley de Obras Públicas; pago de sobreprecios y no sólo de poner el dinero que llegaba de la minería en plazos fijos en entidades financieras de riesgo (que daban más interés que los bancos sólidos) sino de no rendir cuentas de los intereses de esos plazos fijos. Algunos ejemplos: en la obra en la Facultad de Derecho, la empresa contratada (Beton) pidió $ 4,2 millones por mayores costos y le reconocieron $ 6,9 millones sin explicar las razones. Por la ampliación de aulas en la Facultad de Psicología se contrató la obra por $ 4,8 millones y se pagó $ 8,6 millones, es decir un 80,29% más. Y así con otras obras. En cuanto a los plazos fijos, se mencionan casos como el convenido el 28/11/2007 con la compañía “Equity Trust Company” por un monto de $24,2 millones por el plazo de 547 días, a una tasa o interés anual del 15%, cuyo vencimiento operaba el 28/5/2009 por un interés de $1.6 millones. “Sin embargo, tal como lo informa la Procelac, el monto que correspondió a esa tasa y que debía haber percibido la Casa de Altos Estudios es de $5,5 millones, advirtiéndose un faltante de $3,8 millones (diferencia entre el monto declarado y el que correspondía haber percibido)”. ¿A dónde fue esa plata?
Tres novedades
Lo que hizo la Cámara Federal fue corroborar, un año y medio después, la sentencia del juez Horacio Poviña, que procesaba y enviaba a juicio a Cerisola y los otros tres. Todavía les queda a los acusados la oportunidad de apelar en casación y acaso ha de pasar otro año y medio más. Pero la Cámara introdujo algunas novedades. Una, que no cabe el argumento de Cudmani de que se justificaba la “obediencia absoluta”. Otra, que tampoco cabe la postura de Venturino en cuanto a la “ignorancia deliberada” (llamada willful blindness”, que abarca situaciones en las que un sujeto, por razones muy diversas, ha preferido no saber lo que pasa y mantenerse en un estado de incertidumbre). En tercer lugar, ordena que se indague en el manejo del dinero de la minería desde 2006 y en los movimientos patrimoniales de los procesados, para saber si “las personas físicas con capacidad de decisión en el uso de los fondos recibieron algún tipo de beneficio por el ejercicio de ese poder”. O sea, un avance en teoría, al igual que la decisión del juez Poviña, de hace un año, de investigar a las empresas que hicieron las obras bajo sospecha. Pero hay que ver si se hará en realidad esta pesquisa, teniendo en cuenta los años que llevó hacer la primera investigación y la certeza de que las causas por corrupción demoran 15 años en promedio en la Justicia Federal.
Mientras tanto, ¿qué hizo la UNT con respecto a los fondos mineros que ingresaron desde 2009? Poco y nada, excepto las resoluciones del Consejo Superior pidiendo más controles y exigiendo que se tomen medidas para que las otras universidades adviertan que estuvieron recibiendo dinero que correspondía a la Ciudad Universitaria. También insistió para que se advierta a YMAD que debía restituir el porcentaje de plata para la UNT. Además de que se determinó que incluso desde que entregó únicamente el 20% estuvo enviando a la UNT menos dinero del que correspondía. Eso figura en la investigación contra Cerisola.
Pero YMAD ya está afrontando el proceso de cierre de la Minera Alumbrera; ya no tiene expectativas de cobrar regalías y en cambio se debate ante las probables pérdidas. “Dinero de YMAD para la UNT ya no va a haber”, dijo en enero la rectora, Alicia Bardón. Encima, hace poco se denunció al ex presidente de YMAD por irregularidades con la venta de oro. Y nunca se aclaró acerca de las ganancias de los funcionarios del ente (delegados de la UNT incluidos). Cada paso en busca de transparencia ha sido con sangre y lágrimas y con la sensación de que era una victoria pírrica, como si se perdiera más en el esfuerzo que lo que se ganaba.
¿La UNT conseguirá ver alguna vez los fondos que le corresponden por la Ciudad Universitaria? ¿Volverá a soñar de nuevo con ese proyecto en San javier? Legalmente ya puede hacerlo, desde que se declaró nula el acta de Cerisola. Y hace un mes el arquitecto español Federico Soriano reivindicó ese derecho a la utopía, cuando dijo que los tucumanos deberían aspirar de nuevo a concretar la Ciudad Universitaria, a recuperar esas “piezas de valor brutal” “como una cuestión de memoria histórica”. ¿De dónde saldrán los fondos? Acaso aparecerán cuando la UNT empiece a funcionar como usina de pensamiento y de proyectos, no como la casa de estudios deficitaria, mal administrada y siempre necesitada de dinero que es hoy.
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Fecha de Publicación: 06/11/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
La Justicia debe profundizar la investigación sobre cómo se usaron en la UNT los dineros provenientes de la minería. El fallo de la Cámara Federal de Apelaciones abre un camino complementario en la causa contra el ex rector Juan Alberto Cerisola, acusado por defraudación a la administración pública, administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Con él están acusados sus ex funcionarios Luis Sacca, Olga Cudmani y Osvaldo Venturino. La causa: el manejo de $ 342 millones recibidos en concepto de utilidades por Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) entre 2006 y 2009. Involucra la compleja relación que ha tenido la Universidad con la empresa minera (por ley, la Casa de Estudios tiene derecho a un 40% de las utilidades) desde que la minería comenzó a dar frutos en la década pasada y también involucra la consecución de uno de los sueños de la casa de Juan B. Terán, que siempre fue completar con los fondos de la minería la ciudad universitaria, ese gran proyecto que empezó a ver la luz en 1946 con las residencias y laboratorios para docentes, investigadores y estudiantes repartidos por Horco Molle y San Javier. Proyecto que se detuvo, maravilloso y gigantesco, en 1955, pero que siguió latente, como utopía.
El contador Cerisola, dos veces rector de la UNT, hizo creer en 2008 que le ponía el útimo clavo al ataúd de ese sueño frustrado por medio siglo. Claro, la gente siempre creyó que el edificio esquelético semihundido de San Javier (el que está junto al Bosque de la Memoria) era como un símbolo de ambiciones desmedidas y que el funicular que iba a comunicar ese sector del cerro con Horco Molle (cerca de la entrada a la escuela de Agricultura) había sido un proyecto faraónico.
El acta que cambió todo
Cuando el 2 de enero de 2008 (día rarísimo para hacer un acuerdo sobre el destino de un gran sueño universitario) Cerisola firmó con YMAD el acta para declarar cumplido el sueño de la Ciudad Universitaria logró obtener la libre disponibilidad de los fondos mineros. Para usarlos como quisiera. Sus argumentos: hubo un acta previa, de diciembre , firmada por el directorio de YMAD en el que estaban los delegados de la UNT, Mario Marigliano y Rodolfo Campero, que avalaba el argumento de la inviabilidad de la Ciudad Universitaria; un informe de proyecto de obras en las distintas facultades que compensaran la Ciudad Universitaria, hecho por la Secretaría de Obras de la UNT (la responsable diría luego que se trató de un un plan de obras elaborado en forma global sobre la base de una estimación de superficies y costos, no de un proyecto) y un informe al Consejo Superior sobre el acta del 2 de enero que el cuerpo colegiado universitario no advirtió. Años después el acta fue declarada nula pero durante años Cerisola fue Midas haciendo de todo con los fondos mineros sin que nadie protestara. A todos les gustaba que se estuvieran haciendo arreglos y construcciones en una universidad acostumbrada a décadas de escasez.
Hasta que en 2014 Florencio Aceñolaza, ex delegado en YMAD, advirtió en el Consejo Superior que por el acta de Cerisola habían dejado de entrar 500 millones de pesos, dado que la UNT dejaba de cobrar el 40% y pasaba a recibir sólo el 20%. El 20% restante debía ir a las otras universidades del país, de acuerdo a la ley que creó YMAD.
Entonces se advirtió que el sueño se había truncado y cobraron fuerza dos denuncias por irregularidades en el manejo de los fondos. Son las causas llamadas “Eudal” (de 2009) y “Sigen”, que el fiscal federal Carlos Brito investigó, con tremendos informes de la Auditoría General de la Nación, la Sigen (Sindicatura General de la Nación) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Al cabo de esta investigación se procesó a Cerisola y sus funcionarios. La denuncia habla de obras hechas sin licitación y sin control (se acusa al ex rector de montar un sistema para que nadie revea sus decisiones); de justificar que se hagan trabajos por fuera de la Ley de Obras Públicas; pago de sobreprecios y no sólo de poner el dinero que llegaba de la minería en plazos fijos en entidades financieras de riesgo (que daban más interés que los bancos sólidos) sino de no rendir cuentas de los intereses de esos plazos fijos. Algunos ejemplos: en la obra en la Facultad de Derecho, la empresa contratada (Beton) pidió $ 4,2 millones por mayores costos y le reconocieron $ 6,9 millones sin explicar las razones. Por la ampliación de aulas en la Facultad de Psicología se contrató la obra por $ 4,8 millones y se pagó $ 8,6 millones, es decir un 80,29% más. Y así con otras obras. En cuanto a los plazos fijos, se mencionan casos como el convenido el 28/11/2007 con la compañía “Equity Trust Company” por un monto de $24,2 millones por el plazo de 547 días, a una tasa o interés anual del 15%, cuyo vencimiento operaba el 28/5/2009 por un interés de $1.6 millones. “Sin embargo, tal como lo informa la Procelac, el monto que correspondió a esa tasa y que debía haber percibido la Casa de Altos Estudios es de $5,5 millones, advirtiéndose un faltante de $3,8 millones (diferencia entre el monto declarado y el que correspondía haber percibido)”. ¿A dónde fue esa plata?
Tres novedades
Lo que hizo la Cámara Federal fue corroborar, un año y medio después, la sentencia del juez Horacio Poviña, que procesaba y enviaba a juicio a Cerisola y los otros tres. Todavía les queda a los acusados la oportunidad de apelar en casación y acaso ha de pasar otro año y medio más. Pero la Cámara introdujo algunas novedades. Una, que no cabe el argumento de Cudmani de que se justificaba la “obediencia absoluta”. Otra, que tampoco cabe la postura de Venturino en cuanto a la “ignorancia deliberada” (llamada willful blindness”, que abarca situaciones en las que un sujeto, por razones muy diversas, ha preferido no saber lo que pasa y mantenerse en un estado de incertidumbre). En tercer lugar, ordena que se indague en el manejo del dinero de la minería desde 2006 y en los movimientos patrimoniales de los procesados, para saber si “las personas físicas con capacidad de decisión en el uso de los fondos recibieron algún tipo de beneficio por el ejercicio de ese poder”. O sea, un avance en teoría, al igual que la decisión del juez Poviña, de hace un año, de investigar a las empresas que hicieron las obras bajo sospecha. Pero hay que ver si se hará en realidad esta pesquisa, teniendo en cuenta los años que llevó hacer la primera investigación y la certeza de que las causas por corrupción demoran 15 años en promedio en la Justicia Federal.
Mientras tanto, ¿qué hizo la UNT con respecto a los fondos mineros que ingresaron desde 2009? Poco y nada, excepto las resoluciones del Consejo Superior pidiendo más controles y exigiendo que se tomen medidas para que las otras universidades adviertan que estuvieron recibiendo dinero que correspondía a la Ciudad Universitaria. También insistió para que se advierta a YMAD que debía restituir el porcentaje de plata para la UNT. Además de que se determinó que incluso desde que entregó únicamente el 20% estuvo enviando a la UNT menos dinero del que correspondía. Eso figura en la investigación contra Cerisola.
Pero YMAD ya está afrontando el proceso de cierre de la Minera Alumbrera; ya no tiene expectativas de cobrar regalías y en cambio se debate ante las probables pérdidas. “Dinero de YMAD para la UNT ya no va a haber”, dijo en enero la rectora, Alicia Bardón. Encima, hace poco se denunció al ex presidente de YMAD por irregularidades con la venta de oro. Y nunca se aclaró acerca de las ganancias de los funcionarios del ente (delegados de la UNT incluidos). Cada paso en busca de transparencia ha sido con sangre y lágrimas y con la sensación de que era una victoria pírrica, como si se perdiera más en el esfuerzo que lo que se ganaba.
¿La UNT conseguirá ver alguna vez los fondos que le corresponden por la Ciudad Universitaria? ¿Volverá a soñar de nuevo con ese proyecto en San javier? Legalmente ya puede hacerlo, desde que se declaró nula el acta de Cerisola. Y hace un mes el arquitecto español Federico Soriano reivindicó ese derecho a la utopía, cuando dijo que los tucumanos deberían aspirar de nuevo a concretar la Ciudad Universitaria, a recuperar esas “piezas de valor brutal” “como una cuestión de memoria histórica”. ¿De dónde saldrán los fondos? Acaso aparecerán cuando la UNT empiece a funcionar como usina de pensamiento y de proyectos, no como la casa de estudios deficitaria, mal administrada y siempre necesitada de dinero que es hoy.
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El plan de Ambiente para proteger los bosques
Cinco planes oficiales para proteger los bosques
Fecha de Publicación: 05/11/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable trabaja en cinco planes, aún en etapa experimental, para proteger los bosques nativos y colaborar con la restauración de aquellos degradados.
Por un lado impulsa que los dueños de campos con bosques tipificados como amarillos (con alguna degradación y que pueden ser restaurados) adopten el denominado Manejo de Bosques con Ganadería Integrada, un plan de producción que permite la plantación de forrajes, pero en espacios limitados, que autoriza el aprovechamiento forestal con zonas rotativas y planificadas en ciclos de 20 años. El sistema exige un área de reserva de biodiversidad del 10% del predio. Ya hay unos 50 productores interesados o con experiencias avanzadas.
Otro plan piloto es el de restauración de bosques degradados, que cuenta con ocho experiencias en Chaco, Jujuy, Mendoza, Misiones, San Luis, Buenos Aires, Chubut y Santiago del Estero.
La tercera estrategia busca lograr que las explotaciones forestales incorporen mejores prácticas de manejo del bosque, con turnos de corte e inventarios forestales, de modo que la actividad sea sustentable. Ya hay dos experiencias en marcha, una en la cuenca de Monte Quemado, en Santiago del Estero, y otra en el Caimancito, en Jujuy.
Finalmente, el ministerio busca que los propietarios de chacras con bosques desarrollen prácticas para prevenir incendios y trabaja en un plan enfocado en financiar la implementación de programas de manejo en áreas protegidas bajo la categoría roja, la de máxima protección de bosques.
"Los cinco lineamientos están en etapa experimental. Los tres primeros, con experiencias concretas que nosotros estamos financiando. La expectativa es que a partir del año que viene y el siguiente se puedan instrumentar con lineamientos bien claros", aseguró Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ambiente.
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Fecha de Publicación: 05/11/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable trabaja en cinco planes, aún en etapa experimental, para proteger los bosques nativos y colaborar con la restauración de aquellos degradados.
Por un lado impulsa que los dueños de campos con bosques tipificados como amarillos (con alguna degradación y que pueden ser restaurados) adopten el denominado Manejo de Bosques con Ganadería Integrada, un plan de producción que permite la plantación de forrajes, pero en espacios limitados, que autoriza el aprovechamiento forestal con zonas rotativas y planificadas en ciclos de 20 años. El sistema exige un área de reserva de biodiversidad del 10% del predio. Ya hay unos 50 productores interesados o con experiencias avanzadas.
Otro plan piloto es el de restauración de bosques degradados, que cuenta con ocho experiencias en Chaco, Jujuy, Mendoza, Misiones, San Luis, Buenos Aires, Chubut y Santiago del Estero.
La tercera estrategia busca lograr que las explotaciones forestales incorporen mejores prácticas de manejo del bosque, con turnos de corte e inventarios forestales, de modo que la actividad sea sustentable. Ya hay dos experiencias en marcha, una en la cuenca de Monte Quemado, en Santiago del Estero, y otra en el Caimancito, en Jujuy.
Finalmente, el ministerio busca que los propietarios de chacras con bosques desarrollen prácticas para prevenir incendios y trabaja en un plan enfocado en financiar la implementación de programas de manejo en áreas protegidas bajo la categoría roja, la de máxima protección de bosques.
"Los cinco lineamientos están en etapa experimental. Los tres primeros, con experiencias concretas que nosotros estamos financiando. La expectativa es que a partir del año que viene y el siguiente se puedan instrumentar con lineamientos bien claros", aseguró Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ambiente.
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Reclamo de Río Negro a La Pampa por el río Colorado
Otro diferendo con La Pampa por alteraciones con el río Colorado
Fecha de Publicación: 05/11/2017
Fuente: Agencia Periodística Patagonica
Provincia/Región: Río Negro - La Pampa
Luego de varias gestiones y planteos sin respuesta, y transcurridos varios años desde el primer reclamo, una legisladora de Río Colorado le envió una carta al presidente de la Legislatura de la Pampa, y vicegobernador, para que su gobierno resuelva el tratamiento de los residuos de la planta potabilizadora de Pichi Mahuida y así evitar el volcado al río Colorado de importantes cantidades de sal y otros minerales, calcio, magnesio y aluminio, que se encuentran entre un 50 % y 60 % por sobre los niveles naturales que lleva el río.
“Están modificando la composición natural del río”, alertó la legisladora de Juntos Somos Río Negro, Elsa Inchassendague, autora de la nota enviada al vicegobernador Mariano Alberto Fernández, y a todos los integrantes de la Legislatura pampeana.
La planta se encuentra a 70 kilómetros al oeste de Río Colorado, abastece a 16 localidades, y representa el 70% del abastecimiento de agua potable de la ciudad de Santa Rosa.
Durante el proceso de potabilización van quedando restos, entre ellos “mucha sal”, comentó la legisladora, quien exhortó a Fernández “a que contribuya a arbitrar los medios para revertir esta situación”.
“Desde el diálogo y el trabajo compartido y comprometido, podremos arribar a una solución que demuestre que sabemos cómo disfrutar de una sana convivencia, y que preferimos siempre buscar acuerdos, acompañarnos, y trabajar en conjunto”, dice el escrito oficial.
Se tomó la iniciativa de apelar al presidente de la Legislatura de La Pampa, porque hace poco tiempo, el 28 de julio de este año, se efectuó un muestreo a cargo de personal técnico del Laboratorio CIATI A.C de la ciudad de Villa Regina (supervisado por técnicos del Departamento Provincial de Aguas, representantes técnicos del COIRCO y de la Municipalidad de Río Colorado) para realizar posteriores análisis. Se detectaron “las sustancias residuales del tratamiento de potabilización, específicamente, calcio, magnesio y aluminio, en el cauce de nuestro río”.
Tomando como base esos resultados, Inchassendague le manifestó a Fernández que “veo con preocupación que, además, la provincia de La Pampa se encontraría infringiendo el Código de Aguas de la provincia de Río Negro”, y por lo tanto “en virtud de lo planteado, esta pretensión de que agotemos instancias de diálogo y trabajo político, sin perjuicio de que, de no arribar acuerdos, se inicie la acción legal pertinente”.
Hace varios años que se hacen pedidos para que se traten esos desechos de la potabilización, incluso se recomendó desde el Departamento Provincial de Aguas que los efluentes de la planta en cuestión ” sean reutilizados en el riego de especies forestales o reciban tratamiento para ser descargados al río, con el objetivo de reducir el nivel de aluminio que ingresa al cuerpo hídrico”.
Inchassendague, junto a la carta al vicegobernador de La Pampa, adjuntó un informe realizado por la provincia de Río Negro (a través del Departamento Provincial de Aguas y la Legislatura de Río Negro) que “arroja resultados de sumo interés para los pueblos ribereños pertenecientes tanto a la provincia de Río Negro como a las provincias de La Pampa y Buenos Aires, ya que en las localidades de La Adela (L. P.) y Pedro Luro (B. A.) también se utilizan las aguas de este río, tanto para el consumo doméstico (en Pedro Luro) como para irrigación de plantaciones (en ambas localidades). Además, debemos considerar que con el nuevo Acueducto Pedro Luro – Bahía Blanca, proyectado por la provincia de Buenos Aires, las aguas del río Colorado alimentarán al Gran Bahía Blanca y a otras 11 localidades aledañas de dicha provincia”.
Recordó la legisladora de Juntos que “desde distintas organizaciones sin fines de lucro, como la Mesa del Agua, habían venido reclamando durante años que se llevara adelante una investigación exhaustiva sobre la calidad del agua”.
La empresa “Aguas del Colorado SAPEM” encargó a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata un proyecto para una planta de tratamiento. Fue aprobado por el COIRCO y presentado en el 3° Congreso Pampeano del Agua llevado a cabo el 14 y 15 de septiembre de 2010 en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa.
“Recurro a Usted –cierra diciendo Inchassendague en su carta- con la esperanza de que podamos seguir beneficiándonos de este recurso, cuidándolo y respetándolo integralmente, porque gracias a su existencia, nuestros pueblos se fundaron y han logrado subsistir y crecer, convirtiéndose en lo que son hoy y en lo que somos hoy”.
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Fecha de Publicación: 05/11/2017
Fuente: Agencia Periodística Patagonica
Provincia/Región: Río Negro - La Pampa
Luego de varias gestiones y planteos sin respuesta, y transcurridos varios años desde el primer reclamo, una legisladora de Río Colorado le envió una carta al presidente de la Legislatura de la Pampa, y vicegobernador, para que su gobierno resuelva el tratamiento de los residuos de la planta potabilizadora de Pichi Mahuida y así evitar el volcado al río Colorado de importantes cantidades de sal y otros minerales, calcio, magnesio y aluminio, que se encuentran entre un 50 % y 60 % por sobre los niveles naturales que lleva el río.
“Están modificando la composición natural del río”, alertó la legisladora de Juntos Somos Río Negro, Elsa Inchassendague, autora de la nota enviada al vicegobernador Mariano Alberto Fernández, y a todos los integrantes de la Legislatura pampeana.
La planta se encuentra a 70 kilómetros al oeste de Río Colorado, abastece a 16 localidades, y representa el 70% del abastecimiento de agua potable de la ciudad de Santa Rosa.
Durante el proceso de potabilización van quedando restos, entre ellos “mucha sal”, comentó la legisladora, quien exhortó a Fernández “a que contribuya a arbitrar los medios para revertir esta situación”.
“Desde el diálogo y el trabajo compartido y comprometido, podremos arribar a una solución que demuestre que sabemos cómo disfrutar de una sana convivencia, y que preferimos siempre buscar acuerdos, acompañarnos, y trabajar en conjunto”, dice el escrito oficial.
Se tomó la iniciativa de apelar al presidente de la Legislatura de La Pampa, porque hace poco tiempo, el 28 de julio de este año, se efectuó un muestreo a cargo de personal técnico del Laboratorio CIATI A.C de la ciudad de Villa Regina (supervisado por técnicos del Departamento Provincial de Aguas, representantes técnicos del COIRCO y de la Municipalidad de Río Colorado) para realizar posteriores análisis. Se detectaron “las sustancias residuales del tratamiento de potabilización, específicamente, calcio, magnesio y aluminio, en el cauce de nuestro río”.
Tomando como base esos resultados, Inchassendague le manifestó a Fernández que “veo con preocupación que, además, la provincia de La Pampa se encontraría infringiendo el Código de Aguas de la provincia de Río Negro”, y por lo tanto “en virtud de lo planteado, esta pretensión de que agotemos instancias de diálogo y trabajo político, sin perjuicio de que, de no arribar acuerdos, se inicie la acción legal pertinente”.
Hace varios años que se hacen pedidos para que se traten esos desechos de la potabilización, incluso se recomendó desde el Departamento Provincial de Aguas que los efluentes de la planta en cuestión ” sean reutilizados en el riego de especies forestales o reciban tratamiento para ser descargados al río, con el objetivo de reducir el nivel de aluminio que ingresa al cuerpo hídrico”.
Inchassendague, junto a la carta al vicegobernador de La Pampa, adjuntó un informe realizado por la provincia de Río Negro (a través del Departamento Provincial de Aguas y la Legislatura de Río Negro) que “arroja resultados de sumo interés para los pueblos ribereños pertenecientes tanto a la provincia de Río Negro como a las provincias de La Pampa y Buenos Aires, ya que en las localidades de La Adela (L. P.) y Pedro Luro (B. A.) también se utilizan las aguas de este río, tanto para el consumo doméstico (en Pedro Luro) como para irrigación de plantaciones (en ambas localidades). Además, debemos considerar que con el nuevo Acueducto Pedro Luro – Bahía Blanca, proyectado por la provincia de Buenos Aires, las aguas del río Colorado alimentarán al Gran Bahía Blanca y a otras 11 localidades aledañas de dicha provincia”.
Recordó la legisladora de Juntos que “desde distintas organizaciones sin fines de lucro, como la Mesa del Agua, habían venido reclamando durante años que se llevara adelante una investigación exhaustiva sobre la calidad del agua”.
La empresa “Aguas del Colorado SAPEM” encargó a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata un proyecto para una planta de tratamiento. Fue aprobado por el COIRCO y presentado en el 3° Congreso Pampeano del Agua llevado a cabo el 14 y 15 de septiembre de 2010 en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa.
“Recurro a Usted –cierra diciendo Inchassendague en su carta- con la esperanza de que podamos seguir beneficiándonos de este recurso, cuidándolo y respetándolo integralmente, porque gracias a su existencia, nuestros pueblos se fundaron y han logrado subsistir y crecer, convirtiéndose en lo que son hoy y en lo que somos hoy”.
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Milo Lockett se sumo a los reclamos contra Coca Cola
El artista Milo Lockett reclamó la reforestación de un desmonte en Salta
Fecha de Publicación: 05/11/2017
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
Junto a Greenpeace instaló una botella gigante frente a las oficinas de una importante compañía de gaseosas para defender los bosques nativos. La empresa salió a desmentir la denuncia.
El artista plástico Milo Lockett se convirtió por un día en activista por la protección de los bosques nativos de la Argentina. Junto a Greenpeace instaló una botella de dos metros de altura frente a las oficinas de Coca Cola y desplegó su arte con el mensaje “Sprite, reforestá ya”.
De esta manera se unió al reclamo de la organización ecologista, que pide la reforestación de un desmonte ilegal en Salta, según denunció Greenpeace. Es decir que se habría talado parte de los bosques nativos considerados de alto valor de conservación.
"Los ecologistas reclamaron a la marca de gaseosas que reforeste tres mil hectáreas que desmontó su proveedor en Salta, La Moraleja S.A. -que le suministra el jugo de limón concentrado- y que establezca una política de cero deforestación para sus proveedores", informó la organización.
“Estamos interviniendo una botella de una marca que dice ser sustentable y, sin embargo, le compra limones a una empresa que destruyó bosques nativos. Por eso, a través de esta acción ponemos en escena una problemática urgente para que la sociedad la conozca”, consideró Lockett en un comunicado.
El artista, oriundo del Chaco, comparte la preocupación por la emergencia forestal en la que se encuentra el país.
Greenpeace indicó que, según las Naciones Unidas, Argentina está entre los 10 países que más destruyeron sus bosques en los últimos 25 años.
"El 80 por ciento de la deforestación se concentra en cuatro provincias del norte: Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco", explicó.
Greenpeace afirmó que viene denunciando casos de "destrucción de bosques en todo el país" y, a su vez, reclamó la sanción de una ley de delitos forestales que castigue penalmente a los responsables.
¿Qué dice Coca Cola?
Por su parte, Coca Cola desmintió la denuncia de la organización ambientalista. A través de un comunicado, la compañía dijo:
“Sprite no deforestó ilegalmente. Greenpeace, organización con la que mantenemos diálogo, acusa a La Moraleja, uno de nuestros proveedores en la provincia de Salta, por la deforestación de 3.000 hectáreas.
Desde el inicio del reclamo, estamos facilitando conversaciones que involucran a La Moraleja, a ProYungas -una fundación especializada en la conservación del bosque nativo en el área-, al gobierno de la provincia de Salta y al Ministerio Nacional de Medio Ambiente.
La Moraleja cumple con las regulaciones correspondientes al uso de tierra. Sin embargo, dada la importancia de la zona para la Reserva Nacional Pizarro, La Moraleja decidió desarrollar junto a Fundación ProYungas, un plan de conservación en la región, que incluye casi 7000 hectáreas en esta área clave”.
Por su parte, La Moraleja SA también difundió su comunicado en el que aseguró que “no ha realizado ningún tipo de deforestación ilegal”.
“La empresa cumple con todas las regulaciones de uso de la tierra establecido por las leyes nacionales y provinciales y cuenta con las autorizaciones pertinentes del Gobierno de la Provincia de Salta”, agregó. Además dijo que está trabajando con la Fundación ProYungas desde septiembre pasado para desarrollar un plan de restauración y conservación en la región.
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Fecha de Publicación: 05/11/2017
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
Junto a Greenpeace instaló una botella gigante frente a las oficinas de una importante compañía de gaseosas para defender los bosques nativos. La empresa salió a desmentir la denuncia.
El artista plástico Milo Lockett se convirtió por un día en activista por la protección de los bosques nativos de la Argentina. Junto a Greenpeace instaló una botella de dos metros de altura frente a las oficinas de Coca Cola y desplegó su arte con el mensaje “Sprite, reforestá ya”.
De esta manera se unió al reclamo de la organización ecologista, que pide la reforestación de un desmonte ilegal en Salta, según denunció Greenpeace. Es decir que se habría talado parte de los bosques nativos considerados de alto valor de conservación.
"Los ecologistas reclamaron a la marca de gaseosas que reforeste tres mil hectáreas que desmontó su proveedor en Salta, La Moraleja S.A. -que le suministra el jugo de limón concentrado- y que establezca una política de cero deforestación para sus proveedores", informó la organización.
“Estamos interviniendo una botella de una marca que dice ser sustentable y, sin embargo, le compra limones a una empresa que destruyó bosques nativos. Por eso, a través de esta acción ponemos en escena una problemática urgente para que la sociedad la conozca”, consideró Lockett en un comunicado.
El artista, oriundo del Chaco, comparte la preocupación por la emergencia forestal en la que se encuentra el país.
Greenpeace indicó que, según las Naciones Unidas, Argentina está entre los 10 países que más destruyeron sus bosques en los últimos 25 años.
"El 80 por ciento de la deforestación se concentra en cuatro provincias del norte: Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco", explicó.
Greenpeace afirmó que viene denunciando casos de "destrucción de bosques en todo el país" y, a su vez, reclamó la sanción de una ley de delitos forestales que castigue penalmente a los responsables.
¿Qué dice Coca Cola?
Por su parte, Coca Cola desmintió la denuncia de la organización ambientalista. A través de un comunicado, la compañía dijo:
“Sprite no deforestó ilegalmente. Greenpeace, organización con la que mantenemos diálogo, acusa a La Moraleja, uno de nuestros proveedores en la provincia de Salta, por la deforestación de 3.000 hectáreas.
Desde el inicio del reclamo, estamos facilitando conversaciones que involucran a La Moraleja, a ProYungas -una fundación especializada en la conservación del bosque nativo en el área-, al gobierno de la provincia de Salta y al Ministerio Nacional de Medio Ambiente.
La Moraleja cumple con las regulaciones correspondientes al uso de tierra. Sin embargo, dada la importancia de la zona para la Reserva Nacional Pizarro, La Moraleja decidió desarrollar junto a Fundación ProYungas, un plan de conservación en la región, que incluye casi 7000 hectáreas en esta área clave”.
Por su parte, La Moraleja SA también difundió su comunicado en el que aseguró que “no ha realizado ningún tipo de deforestación ilegal”.
“La empresa cumple con todas las regulaciones de uso de la tierra establecido por las leyes nacionales y provinciales y cuenta con las autorizaciones pertinentes del Gobierno de la Provincia de Salta”, agregó. Además dijo que está trabajando con la Fundación ProYungas desde septiembre pasado para desarrollar un plan de restauración y conservación en la región.
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Mercurio en la red de agua de Jáchal
Pueblo argentino contaminado por Barrick Gold halla mercurio en su red de agua
Fecha de Publicación: 04/11/2017
Fuente: Sputnik
Provincia/Región: San Juan
La localidad argentina de Jáchal, en la provincia de San Juan (oeste), ha encontrado en su red de agua niveles de mercurio que exceden en entre 200 y 300% lo establecido por la legislación, además de selenio y antimonio, después de tres derrames que causó la empresa canadiense Barrick Gold en los últimos dos años.
El pasado 27 de julio los indicadores de mercurio en el agua subterránea de Jáchal, donde viven unos 12.000 habitantes, superaban en 300% lo establecido por el artículo 982 del Código Alimentario Argentino.
Un poco más tarde, el 31 de agosto, esos niveles superaban en 200% lo estipulado por la normativa argentina, según las pruebas realizadas por el laboratorio de control de calidad Dr. Alberto Graffigna de la Universidad Nacional de Cuyo, a las que tuvo acceso esta agencia.
El nivel de mercurio que se detectó a finales de julio fue de 0,004 miligramos por litro, y el último día de agosto el guarismo era de 0,003 miligramos por litro, cuando el Código Alimentario establece un máximo de 0,001 por litro.
Las muestras se tomaron en el campamento Vivero Municipal, en las inmediaciones de la planta de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) de Jáchal, y en la escuela Gabriel Albarracín, situada en el municipio sanjuanino de La Represa, de donde la mencionada ciudad obtiene su agua subterránea a través de un acueducto de 22 kilómetros de extensión entre ambos tramos.
En las dos zonas "se detectó mercurio en exceso en todos los pozos que se ocupan para consumo humano y en dos meses seguidos", constató Zeballos.
"Los otros metales que antes no aparecían en el agua de red son el selenio y el antimonio", añadió.
En una carta enviada en octubre al presidente de OSSE, Sergio Ruiz, la asamblea Jáchal No Se Toca adjuntó los análisis realizados y exigió que el organismo restablezca los valores legales del agua potable que se consume en la zona.
Mientras tanto, OSSE tiene la responsabilidad de proveer agua envasada a la localidad sanjuanina, en especial al hospital y a los colegios de Jáchal.
Barrick Gold pidió la remoción del juez federal Sebastián Casanello, quien investiga la violación de la Ley Nacional de Glaciares en la provincia por parte de la firma canadiense, dado que dos de sus proyectos mineros, Veladero y Pascua Lama, situados en la cordillera de los Andes, se encuentran en zonas glaciales y periglaciales.
En la mina Veladero, a unos 200 kilómetros de la localidad Jáchal, esa misma compañía extrae desde 2005, a cielo abierto, oro y plata.
Varios vertidos
El último derrame que provocó Barrick Gold en la mina Veladero, ubicada en el departamento Iglesia y a unos 200 kilómetros de Jáchal, fue el 17 de marzo de 2017, cuando se rompió una tubería que vertió agua cianurada.
El segundo derrame tuvo lugar el 15 de septiembre de 2016, cuando la compañía reconoció, con una semana de retraso, que se había producido un nuevo vertido de cianuro tras resultar dañada una cañería por la caída de un bloque de hielo.
El percance más grave ocurrió un año antes, el 12 de septiembre de 2015, cuando se rompió una válvula de una tubería y se volcaron cinco millones de litros de agua cianurada sobre la cordillera y el río Jáchal, cuyas aguas desembocan en las provincias vecinas de San Luis (oeste) y Mendoza (centro-oeste).
Este último fue el peor incidente minero que haya sufrido Argentina en toda su historia.
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Fecha de Publicación: 04/11/2017
Fuente: Sputnik
Provincia/Región: San Juan
La localidad argentina de Jáchal, en la provincia de San Juan (oeste), ha encontrado en su red de agua niveles de mercurio que exceden en entre 200 y 300% lo establecido por la legislación, además de selenio y antimonio, después de tres derrames que causó la empresa canadiense Barrick Gold en los últimos dos años.
El pasado 27 de julio los indicadores de mercurio en el agua subterránea de Jáchal, donde viven unos 12.000 habitantes, superaban en 300% lo establecido por el artículo 982 del Código Alimentario Argentino.
Un poco más tarde, el 31 de agosto, esos niveles superaban en 200% lo estipulado por la normativa argentina, según las pruebas realizadas por el laboratorio de control de calidad Dr. Alberto Graffigna de la Universidad Nacional de Cuyo, a las que tuvo acceso esta agencia.
El nivel de mercurio que se detectó a finales de julio fue de 0,004 miligramos por litro, y el último día de agosto el guarismo era de 0,003 miligramos por litro, cuando el Código Alimentario establece un máximo de 0,001 por litro.
Las muestras se tomaron en el campamento Vivero Municipal, en las inmediaciones de la planta de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) de Jáchal, y en la escuela Gabriel Albarracín, situada en el municipio sanjuanino de La Represa, de donde la mencionada ciudad obtiene su agua subterránea a través de un acueducto de 22 kilómetros de extensión entre ambos tramos.
En las dos zonas "se detectó mercurio en exceso en todos los pozos que se ocupan para consumo humano y en dos meses seguidos", constató Zeballos.
"Los otros metales que antes no aparecían en el agua de red son el selenio y el antimonio", añadió.
En una carta enviada en octubre al presidente de OSSE, Sergio Ruiz, la asamblea Jáchal No Se Toca adjuntó los análisis realizados y exigió que el organismo restablezca los valores legales del agua potable que se consume en la zona.
Mientras tanto, OSSE tiene la responsabilidad de proveer agua envasada a la localidad sanjuanina, en especial al hospital y a los colegios de Jáchal.
Barrick Gold pidió la remoción del juez federal Sebastián Casanello, quien investiga la violación de la Ley Nacional de Glaciares en la provincia por parte de la firma canadiense, dado que dos de sus proyectos mineros, Veladero y Pascua Lama, situados en la cordillera de los Andes, se encuentran en zonas glaciales y periglaciales.
En la mina Veladero, a unos 200 kilómetros de la localidad Jáchal, esa misma compañía extrae desde 2005, a cielo abierto, oro y plata.
Varios vertidos
El último derrame que provocó Barrick Gold en la mina Veladero, ubicada en el departamento Iglesia y a unos 200 kilómetros de Jáchal, fue el 17 de marzo de 2017, cuando se rompió una tubería que vertió agua cianurada.
El segundo derrame tuvo lugar el 15 de septiembre de 2016, cuando la compañía reconoció, con una semana de retraso, que se había producido un nuevo vertido de cianuro tras resultar dañada una cañería por la caída de un bloque de hielo.
El percance más grave ocurrió un año antes, el 12 de septiembre de 2015, cuando se rompió una válvula de una tubería y se volcaron cinco millones de litros de agua cianurada sobre la cordillera y el río Jáchal, cuyas aguas desembocan en las provincias vecinas de San Luis (oeste) y Mendoza (centro-oeste).
Este último fue el peor incidente minero que haya sufrido Argentina en toda su historia.
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Decomisam gran cantidad de aves en Buenos Aires
Ambiente rescató aves del tráfico de fauna
Fecha de Publicación: 04/11/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente
Provincia/Región: Buenos Aires
El decomiso se realizó en conjunto con la provincia de Buenos Aires y fuerzas de seguridad federales.
Unas 88 aves provenientes del comercio ilegal de fauna fueron decomisados esta mañana durante un operativo en el partido de Berazategui. Del procedimiento participaron el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a través de la Dirección de Fauna Silvestre y Conservación de la Biodiversidad; la Policía Federal, delegación Avellaneda; y el Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires.
Durante el decomiso se secuestraron ejemplares de reyes del bosque, pepiteros, reinas moras, cabecitas, zorzales, amazona aestivas, loros habladores, cardenales de copete rojo y cardenales amarillos, especie catalogada en peligro de extinción y enmarcada en el Plan de Acción Extinción Cero que lleva adelante la cartera ambiental. Las aves fueron trasladadas a la Estación de Cría de Animales Silvestres (ECAS), que depende del Ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense, donde serán evaluadas y rehabilitadas para una posible reinserción en su hábitat.
El director nacional de Biodiversidad y Recursos Hídricos de la cartera de Ambiente, Javier García Espil, se refirió a las aves rescatadas: “El operativo fue un éxito en la coordinación de los distintos niveles de Gobierno y poderes del Estado para controlar las actividades que ponen en riesgo nuestra biodiversidad”. Además aseguró: “Desde el Ministerio de Ambiente, que encabeza Sergio Bergman, junto con otras carteras, así como también en el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente con las provincias y las fuerzas de Seguridad, se está trabajando en generar mejores oportunidades de respuesta a las amenazas a la biodiversidad”. “En ese sentido, próximamente estaremos brindando capacitaciones para la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y continuaremos los esfuerzos para mejorar los controles en el área de frontera”, destacó.
Cabe recordar que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación trabaja para combatir el tráfico ilegal de animales en el marco de la ley 22.421, que establece la conservación de la fauna silvestre. El operativo se llevó a cabo por orden del Juzgado de primera instancia de Quilmes, a cargo de Luis Antonio Armella.
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Fecha de Publicación: 04/11/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente
Provincia/Región: Buenos Aires
El decomiso se realizó en conjunto con la provincia de Buenos Aires y fuerzas de seguridad federales.
Unas 88 aves provenientes del comercio ilegal de fauna fueron decomisados esta mañana durante un operativo en el partido de Berazategui. Del procedimiento participaron el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a través de la Dirección de Fauna Silvestre y Conservación de la Biodiversidad; la Policía Federal, delegación Avellaneda; y el Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires.
Durante el decomiso se secuestraron ejemplares de reyes del bosque, pepiteros, reinas moras, cabecitas, zorzales, amazona aestivas, loros habladores, cardenales de copete rojo y cardenales amarillos, especie catalogada en peligro de extinción y enmarcada en el Plan de Acción Extinción Cero que lleva adelante la cartera ambiental. Las aves fueron trasladadas a la Estación de Cría de Animales Silvestres (ECAS), que depende del Ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense, donde serán evaluadas y rehabilitadas para una posible reinserción en su hábitat.
El director nacional de Biodiversidad y Recursos Hídricos de la cartera de Ambiente, Javier García Espil, se refirió a las aves rescatadas: “El operativo fue un éxito en la coordinación de los distintos niveles de Gobierno y poderes del Estado para controlar las actividades que ponen en riesgo nuestra biodiversidad”. Además aseguró: “Desde el Ministerio de Ambiente, que encabeza Sergio Bergman, junto con otras carteras, así como también en el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente con las provincias y las fuerzas de Seguridad, se está trabajando en generar mejores oportunidades de respuesta a las amenazas a la biodiversidad”. “En ese sentido, próximamente estaremos brindando capacitaciones para la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y continuaremos los esfuerzos para mejorar los controles en el área de frontera”, destacó.
Cabe recordar que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación trabaja para combatir el tráfico ilegal de animales en el marco de la ley 22.421, que establece la conservación de la fauna silvestre. El operativo se llevó a cabo por orden del Juzgado de primera instancia de Quilmes, a cargo de Luis Antonio Armella.
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Se aproxima la privatización de la generación de energía
Autorizan a Energía a vender centrales eléctricas del Estado
Fecha de Publicación: 04/11/2017
Fuente: El Cronista Comercial
Provincia/Región: Nacional
A través del decreto 882/17, publicado hoy en el Boletín Oficial, la administración nacional decidió cambiarle el nombre a ENARSA por "Integración Energética Argentina S.A.". Estiman que con la venta de activos recaudarán u$s 1000 millones, que según fuentes del Ejecutivo serán utilizados en otras obras de infraestructura energética.
El presidente de la Nación, Mauricio Macri, instruyó al Ministerio de Energía y Minería a vender centrales energéticas del Estado nacional que están en poder de Energía Argentina S.A. (ENARSA), a la vez que decidió cambiarle el nombre a ENARSA por "Integración Energética Argentina S.A." y "restituirle" el nombre original a las represas hidroeléctricas ubicadas en la provincia de Santa Cruz, entre otras medidas publicadas hoy en el Boletín Oficial.
Hasta hoy, el Ministerio de Energía tenía bajo su órbita dos sociedades anónimas: la Empresa Binacional S.A. (EBISA) y Energía Argentina S.A. (ENARSA), aunque a partir de la publicación del decreto EBISA (que comercializa por ejemplo la energía producida por Yacyretá) será reabsorbida por ENARSA y a su vez esta última cambiará de nombre, que pasará a llamarse Integración Energética S.A. "Queremos darle un punto de quiebre y dejar el pasado de ENARSA atrás", mencionaron desde el Ministerio que conduce Juan José Aranguren.
Según detallaron fuentes de la cartera de Energía, el objetivo de esta fusión es "lograr una mayor eficiencia, fusionarla y que maneje mejor los emprendimientos energéticos que están en este momento ejecutados por el Estado Nacional y aquellos que en un futuro puedan hacerse desde el Estado Nacional".
Bajo esta nueva sociedad anónima, por ejemplo, estarán las represas de Santa Cruz, la Central Térmica de Río Turbio y también los gasoductos cordillerano, de la costa y el del centro, que pasa por la provincia de Santa Fe.
Además de la nueva sociedad, a través del decreto, el presidente instruyó a Aranguren a que venda algunos activos en poder de ENARSA. Según cálculos de funcionarios de ese Ministerio, podrían recaudar hasta u$s 1000 millones con las ventas, aunque remarcaron que son números "conservadores".
Entre los activos que buscarán vender, se encuentran:
* Las centrales térmicas Barragán Ensenada y Brigadier López, que se venderán con el compromiso de que se cierre el ciclo.
* Las participaciones accionarias que tiene el Estado nacional en las cuatro centrales correspondientes al FONINVEMEM: San Martín, Manuel Belgrano, Vuelta de Obligado y Guillermo Brown.
* El 50% de la compañía Citelec, que a su vez es titular del 52% de Transener, la transportista de alta tensión.
* El 51% de las acciones que están previstas que salgan al mercado de la empresa Diositec.
* Las pequeñas participaciones accionarias en empresas, como el 8,7% que tiene de Central Puerto, el 8% de participación en TransBa, otro pequeño porcentaje en Térmica Güemes. La argumentación es porque no tiene ninguna "capacidad estratégica", dijeron desde Energía.
Todas estas ventas, aseguraron desde el Ministerio, se hará por un proceso de licitaciones transparentes. "Acá no hay club de amigos", remarcaron.
El Estado nacional decidió estas ventas a raíz del resultado de las elecciones porque consideran que las urnas "refrendaron" una manera "de hacer la cosa pública" con un "Estado menos burocrático, menos pesado y que le cueste menos" a los ciudadanos.
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Fecha de Publicación: 04/11/2017
Fuente: El Cronista Comercial
Provincia/Región: Nacional
A través del decreto 882/17, publicado hoy en el Boletín Oficial, la administración nacional decidió cambiarle el nombre a ENARSA por "Integración Energética Argentina S.A.". Estiman que con la venta de activos recaudarán u$s 1000 millones, que según fuentes del Ejecutivo serán utilizados en otras obras de infraestructura energética.
El presidente de la Nación, Mauricio Macri, instruyó al Ministerio de Energía y Minería a vender centrales energéticas del Estado nacional que están en poder de Energía Argentina S.A. (ENARSA), a la vez que decidió cambiarle el nombre a ENARSA por "Integración Energética Argentina S.A." y "restituirle" el nombre original a las represas hidroeléctricas ubicadas en la provincia de Santa Cruz, entre otras medidas publicadas hoy en el Boletín Oficial.
Hasta hoy, el Ministerio de Energía tenía bajo su órbita dos sociedades anónimas: la Empresa Binacional S.A. (EBISA) y Energía Argentina S.A. (ENARSA), aunque a partir de la publicación del decreto EBISA (que comercializa por ejemplo la energía producida por Yacyretá) será reabsorbida por ENARSA y a su vez esta última cambiará de nombre, que pasará a llamarse Integración Energética S.A. "Queremos darle un punto de quiebre y dejar el pasado de ENARSA atrás", mencionaron desde el Ministerio que conduce Juan José Aranguren.
Según detallaron fuentes de la cartera de Energía, el objetivo de esta fusión es "lograr una mayor eficiencia, fusionarla y que maneje mejor los emprendimientos energéticos que están en este momento ejecutados por el Estado Nacional y aquellos que en un futuro puedan hacerse desde el Estado Nacional".
Bajo esta nueva sociedad anónima, por ejemplo, estarán las represas de Santa Cruz, la Central Térmica de Río Turbio y también los gasoductos cordillerano, de la costa y el del centro, que pasa por la provincia de Santa Fe.
Además de la nueva sociedad, a través del decreto, el presidente instruyó a Aranguren a que venda algunos activos en poder de ENARSA. Según cálculos de funcionarios de ese Ministerio, podrían recaudar hasta u$s 1000 millones con las ventas, aunque remarcaron que son números "conservadores".
Entre los activos que buscarán vender, se encuentran:
* Las centrales térmicas Barragán Ensenada y Brigadier López, que se venderán con el compromiso de que se cierre el ciclo.
* Las participaciones accionarias que tiene el Estado nacional en las cuatro centrales correspondientes al FONINVEMEM: San Martín, Manuel Belgrano, Vuelta de Obligado y Guillermo Brown.
* El 50% de la compañía Citelec, que a su vez es titular del 52% de Transener, la transportista de alta tensión.
* El 51% de las acciones que están previstas que salgan al mercado de la empresa Diositec.
* Las pequeñas participaciones accionarias en empresas, como el 8,7% que tiene de Central Puerto, el 8% de participación en TransBa, otro pequeño porcentaje en Térmica Güemes. La argumentación es porque no tiene ninguna "capacidad estratégica", dijeron desde Energía.
Todas estas ventas, aseguraron desde el Ministerio, se hará por un proceso de licitaciones transparentes. "Acá no hay club de amigos", remarcaron.
El Estado nacional decidió estas ventas a raíz del resultado de las elecciones porque consideran que las urnas "refrendaron" una manera "de hacer la cosa pública" con un "Estado menos burocrático, menos pesado y que le cueste menos" a los ciudadanos.
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A la Barrick no le gustó la sentencia: antipatía por la minería
Barrick recusó al juez Casanello por "prejuicio" contra la minería
Fecha de Publicación: 03/11/2017
Fuente: IProfesional
Provincia/Región: Nacional
La multinacional presentó un escrito donde acusa que el magistrado tiene antipatía por la actividad. Casanello deberá decidir si acepta o no el recurso
La multinacional minera Barrick Gold recusó al juez federal Sebastián Casanello, quien interviene en la investigación por supuestos vertidos contaminantes en las minas de Veladero y Pascua Lama.
Barrick argumentó que Casanello tiene "prejuicio y antipatía" para con la empresa, que está acusada de violar la ley nacional de glaciares mediante la explotación de yacimientos en la provincia de San Juan.
La recusación y pedido de apartamiento fueron presentados por el titular de las filiales argentinas de la multinacional, "Barrick Exploraciones Argentina SA y Minera Argentina Gold SRL, Fernando Giannoni, en un escrito patrocinado por el exjuez y ministro de Justicia León Arslanián.
La causal invocada para la recusación es la de "prejuzgamiento". Casanello deberá resolver si acepta o rechaza la recusación, y luego el expediente pasará en consulta a la Cámara Federal.
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Fecha de Publicación: 03/11/2017
Fuente: IProfesional
Provincia/Región: Nacional
La multinacional presentó un escrito donde acusa que el magistrado tiene antipatía por la actividad. Casanello deberá decidir si acepta o no el recurso
La multinacional minera Barrick Gold recusó al juez federal Sebastián Casanello, quien interviene en la investigación por supuestos vertidos contaminantes en las minas de Veladero y Pascua Lama.
Barrick argumentó que Casanello tiene "prejuicio y antipatía" para con la empresa, que está acusada de violar la ley nacional de glaciares mediante la explotación de yacimientos en la provincia de San Juan.
La recusación y pedido de apartamiento fueron presentados por el titular de las filiales argentinas de la multinacional, "Barrick Exploraciones Argentina SA y Minera Argentina Gold SRL, Fernando Giannoni, en un escrito patrocinado por el exjuez y ministro de Justicia León Arslanián.
La causal invocada para la recusación es la de "prejuzgamiento". Casanello deberá resolver si acepta o rechaza la recusación, y luego el expediente pasará en consulta a la Cámara Federal.
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Barrick Gold,
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'Cóctel de plaguicidas' en Allen provoca muerte de peces
Un 'cóctel de plaguicidas' mató a los peces en Allen
Fecha de Publicación: 03/11/2017
Fuente: Diario Rïo Negro
Provincia/Región: Rïo Negro
Los estudios realizados en distintos laboratorios de la región indican que la mortandad se debió a elementos que se utilizan en el monte frutal. Descartan las sospechas en torno de la sidrera.
Los peces que fueron hallados muertos entre el cauce de un brazo del río Negro y un descargadero de agua, en Allen, tenían un “cóctel” de restos de agroquímicos en los tejidos y vísceras. Una serie de estudios que se realizaron para investigar la mortandad, determinaron la presencia de plaguicidas que se utilizan en el monte frutal.
Después de más de tres meses de espera, finalmente el misterio de los peces que aparecieron muertos a pocos metros de un brazo del río Negro, tiene elementos científicos. En los últimos días la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas y el Departamento Provincial de Aguas, recibieron los resultados de los análisis que se llevaron adelante para intentar determinar por qué se registró la mortandad de más de un centenar de carpas y truchas, el pasado 24 de julio.
Cuando se detectó el extraño fenómeno, el gobierno provincial apuntó los cañones de las sospechas contra la sidrera que pertenece a la firma CCU Argentina y que tiene su planta en el parque industrial de Allen. Ahora y con los resultados de los estudios, esa compañía se podrá quitar de encima el manto de dudas que – apresuradamente– le habían arrojado desde la cúspide del poder político.
Poco oxígeno
Entre los detalles del informe, se destaca que en el área de la mortandad de peces se registró bajo contenido de oxígeno disuelto que, en muestreos posteriores, presentó una leve mejora. En el punto de descarga de la sidrera, se agrega que si bien se encontraron valores elevados de DQO (Demanda Química de Oxígeno), “no parecen asociarse a una alta carga bacteriana, dado que los tenores de oxígeno fueron muy favorables”. Tampoco se detectaron hidrocarburos totales de petróleo, BTEX (benceno, tolueno, etilbenceno y xileno) o toxinas algales, teniendo en cuenta que en Allen existe una creciente actividad de la industria del gas y el petróleo.
En cuanto a agroquímicos, del total de 204 compuestos de aplicación corriente en las áreas agrícolas de la región que fueron analizados, se registró la presencia de THFI (metabolito del captan), tiabendazol, fenilfenol, fludioxonil, iprodione (fungicidas), clorpirifos y diazinon (órganofosforados) y carbendazim (carbamatos). Según el informe, se trata de productos que se aplican principalmente en el monte frutal y otros en la industria.
Entre las conclusiones a las que llegaron los especialistas, se indica que la presencia de agroquímicos (algunos en mayores cantidades que otros) y los bajos tenores de oxígeno que presentaba el agua, podrían haber sido los determinantes en la mortandad de los peces. “Se presume que la presencia de agroquímicos en el área de estudio, proviene de la manipulación indebida de estas sustancias que han sido arrojadas al ambiente e inevitablemente alcanzan los drenajes del sistema de riego”, agrega el informe.
Para estudiar el fenómeno registrado se efectuaron mediciones in situ de temperatura del agua, pH, conductividad eléctrica y oxígeno disuelto (concentración y saturación) mediante la sonda multiparamétrica HACH HQ40D, se colectaron muestras de agua destinadas a análisis bacteriológicos (Escherichia coli), demanda química de oxígeno (DQO), agroquímicos, hidrocarburos y toxinas algales. Los laboratorios encargados de los análisis fueron Ingelab, Praxis, Ciati e Induser. El análisis anatomopatológico de los ejemplares de peces colectados, se realizó en el Centro de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN) de Junín de los Andes y los estudios de presencia de residuos de agroquímicos en tejidos, se efectuaron en el laboratorio Citaac (Conicet- UNC) de la ciudad de Neuquén.
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Fecha de Publicación: 03/11/2017
Fuente: Diario Rïo Negro
Provincia/Región: Rïo Negro
Los estudios realizados en distintos laboratorios de la región indican que la mortandad se debió a elementos que se utilizan en el monte frutal. Descartan las sospechas en torno de la sidrera.
Los peces que fueron hallados muertos entre el cauce de un brazo del río Negro y un descargadero de agua, en Allen, tenían un “cóctel” de restos de agroquímicos en los tejidos y vísceras. Una serie de estudios que se realizaron para investigar la mortandad, determinaron la presencia de plaguicidas que se utilizan en el monte frutal.
Después de más de tres meses de espera, finalmente el misterio de los peces que aparecieron muertos a pocos metros de un brazo del río Negro, tiene elementos científicos. En los últimos días la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas y el Departamento Provincial de Aguas, recibieron los resultados de los análisis que se llevaron adelante para intentar determinar por qué se registró la mortandad de más de un centenar de carpas y truchas, el pasado 24 de julio.
Cuando se detectó el extraño fenómeno, el gobierno provincial apuntó los cañones de las sospechas contra la sidrera que pertenece a la firma CCU Argentina y que tiene su planta en el parque industrial de Allen. Ahora y con los resultados de los estudios, esa compañía se podrá quitar de encima el manto de dudas que – apresuradamente– le habían arrojado desde la cúspide del poder político.
Poco oxígeno
Entre los detalles del informe, se destaca que en el área de la mortandad de peces se registró bajo contenido de oxígeno disuelto que, en muestreos posteriores, presentó una leve mejora. En el punto de descarga de la sidrera, se agrega que si bien se encontraron valores elevados de DQO (Demanda Química de Oxígeno), “no parecen asociarse a una alta carga bacteriana, dado que los tenores de oxígeno fueron muy favorables”. Tampoco se detectaron hidrocarburos totales de petróleo, BTEX (benceno, tolueno, etilbenceno y xileno) o toxinas algales, teniendo en cuenta que en Allen existe una creciente actividad de la industria del gas y el petróleo.
En cuanto a agroquímicos, del total de 204 compuestos de aplicación corriente en las áreas agrícolas de la región que fueron analizados, se registró la presencia de THFI (metabolito del captan), tiabendazol, fenilfenol, fludioxonil, iprodione (fungicidas), clorpirifos y diazinon (órganofosforados) y carbendazim (carbamatos). Según el informe, se trata de productos que se aplican principalmente en el monte frutal y otros en la industria.
Entre las conclusiones a las que llegaron los especialistas, se indica que la presencia de agroquímicos (algunos en mayores cantidades que otros) y los bajos tenores de oxígeno que presentaba el agua, podrían haber sido los determinantes en la mortandad de los peces. “Se presume que la presencia de agroquímicos en el área de estudio, proviene de la manipulación indebida de estas sustancias que han sido arrojadas al ambiente e inevitablemente alcanzan los drenajes del sistema de riego”, agrega el informe.
Para estudiar el fenómeno registrado se efectuaron mediciones in situ de temperatura del agua, pH, conductividad eléctrica y oxígeno disuelto (concentración y saturación) mediante la sonda multiparamétrica HACH HQ40D, se colectaron muestras de agua destinadas a análisis bacteriológicos (Escherichia coli), demanda química de oxígeno (DQO), agroquímicos, hidrocarburos y toxinas algales. Los laboratorios encargados de los análisis fueron Ingelab, Praxis, Ciati e Induser. El análisis anatomopatológico de los ejemplares de peces colectados, se realizó en el Centro de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN) de Junín de los Andes y los estudios de presencia de residuos de agroquímicos en tejidos, se efectuaron en el laboratorio Citaac (Conicet- UNC) de la ciudad de Neuquén.
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Córdoba pierde 16 mil hectáreas por los incendios este año
Más de 16 mil hectáreas quemadas en lo que va de 2017
Fecha de Publicación: 03/11/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Desde hace varios años, la época de riesgos de incendios parece estirarse en Córdoba. En pleno octubre, cuando antes parecían desaparecer las condiciones que facilitaban los fuegos, se siguen sumando ahora. Desde el Plan Provincial de Manejo del Fuego anticipan, además, que este año el riesgo se mantendrá alto casi hasta diciembre, sobre todo en el oeste y el noroeste provincial, con una sequía que los complica.
Las lluvias de los últimos días trajeron algún alivio, pero en ciertas zonas harían falta varias precipitaciones sucesivas más para alejar riesgos. Es más: entre viernes y sábado se combatió un foco complicado en Las Palmas (Traslasierra), entre otros varios en el norte.
En la primera quincena de octubre se sumaron varios incendios complejos y expandidos. Uno inquietó por su avance durante dos días, sobre montes y pastizales entre Cruz del Eje y Deán Funes. Allí, unas 2.500 hectáreas ardieron, según los primeros cálculos preliminares.
Días antes, un foco en el Valle de Traslasierra demandó un esforzado trabajo, también de dos días, pero dejó unas 1.200 hectáreas de montes hechas humo. El foco se expandió entre cerros y quebradas casi deshabitadas y de difícil acceso, al norte de Panaholma y al este de Ambul.
El ya acotado bosque nativo cordobés tiene, sólo por lo quemado en una semana de octubre, unas 2.500 hectáreas menos de superficie. No es poco, ante el escaso bosque remanente en Córdoba.
En la semana que pasó, los cordobeses pudieron además comprobar cómo los incendios serranos los afectaban en forma directa y en su vida cotidiana: las cenizas que dejaron como herencia las llamas de dos de esos grandes incendios cercanos al cauce del río Suquía fueron las que provocaron que la Capital y otras localidades se quedaran durante dos días sin agua potable.
La suma del año
De enero a agosto, el año 2017 había tenido muy pocos incendios rurales en Córdoba: apenas unas 1.500 hectáreas en ocho meses, sumando áreas llanas y serranas.
En agosto, las condiciones variaron y se sumaron cientos de focos. Pero siete fueron los más expandidos y complejos.
Llamativamente, en apenas dos semanas, tres grandes incendios complicaron la zona donde limitan el Valle de Punilla y las Sierras Chicas. Allí se sumaron 2.500 hectáreas en la reserva militar La Calera, 3.700 en un foco iniciado en Santa María de Punilla y otras 3.750 entre Cosquín y el Camino del Cuadrado. Entre los tres sumaron 10 mil hectáreas casi encadenadas, en una misma región. Fueron los dos primeros de esos focos.
Por esos mismos días, hubo incendios complejos en Luyaba (Traslasierra) y en Avellaneda (Totoral). Luego, entre cientos de pequeños focos controlados antes de su expansión, se agregaron los de Ambul (Traslasierra) y de Chuña (Cruz del Eje).
La suma estimada para lo que va del año se ubica ahora sobre las 16 mil hectáreas. La precisión oficial se tendrá luego de los relevamientos satelitales actualizados. Es más que lo quemado en los tres años anteriores.
En 2014 y 2016, la superficie anual quemada fue de entre 10 mil y 11 mil hectáreas, de las más bajas de las dos últimas décadas. En 2015 fueron 17 mil. En cambio, 2013 había sido de los peores, con 151 mil hectáreas bajo fuego.
Foco extinguido: las Palmas
Hicieron falta bomberos de 23 cuarteles cordobeses.
Bomberos voluntarios de 23 cuarteles de la provincia pudieron extinguir un incendio de campos en la zona del paraje Las Palmas, en jurisdicción de Salsacate.
Alrededor de 80 bomberos y tres aviones hidrantes, dos pertenecientes a la provincia y uno a la Nación, trabajaron para las tareas de extinción del siniestro en esa zona del Valle de Traslasierra, 205 kilómetros al oeste de la ciudad de Córdoba. Anoche sólo quedaba una guardia de cenizas.
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Fecha de Publicación: 03/11/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Desde hace varios años, la época de riesgos de incendios parece estirarse en Córdoba. En pleno octubre, cuando antes parecían desaparecer las condiciones que facilitaban los fuegos, se siguen sumando ahora. Desde el Plan Provincial de Manejo del Fuego anticipan, además, que este año el riesgo se mantendrá alto casi hasta diciembre, sobre todo en el oeste y el noroeste provincial, con una sequía que los complica.
Las lluvias de los últimos días trajeron algún alivio, pero en ciertas zonas harían falta varias precipitaciones sucesivas más para alejar riesgos. Es más: entre viernes y sábado se combatió un foco complicado en Las Palmas (Traslasierra), entre otros varios en el norte.
En la primera quincena de octubre se sumaron varios incendios complejos y expandidos. Uno inquietó por su avance durante dos días, sobre montes y pastizales entre Cruz del Eje y Deán Funes. Allí, unas 2.500 hectáreas ardieron, según los primeros cálculos preliminares.
Días antes, un foco en el Valle de Traslasierra demandó un esforzado trabajo, también de dos días, pero dejó unas 1.200 hectáreas de montes hechas humo. El foco se expandió entre cerros y quebradas casi deshabitadas y de difícil acceso, al norte de Panaholma y al este de Ambul.
El ya acotado bosque nativo cordobés tiene, sólo por lo quemado en una semana de octubre, unas 2.500 hectáreas menos de superficie. No es poco, ante el escaso bosque remanente en Córdoba.
En la semana que pasó, los cordobeses pudieron además comprobar cómo los incendios serranos los afectaban en forma directa y en su vida cotidiana: las cenizas que dejaron como herencia las llamas de dos de esos grandes incendios cercanos al cauce del río Suquía fueron las que provocaron que la Capital y otras localidades se quedaran durante dos días sin agua potable.
La suma del año
De enero a agosto, el año 2017 había tenido muy pocos incendios rurales en Córdoba: apenas unas 1.500 hectáreas en ocho meses, sumando áreas llanas y serranas.
En agosto, las condiciones variaron y se sumaron cientos de focos. Pero siete fueron los más expandidos y complejos.
Llamativamente, en apenas dos semanas, tres grandes incendios complicaron la zona donde limitan el Valle de Punilla y las Sierras Chicas. Allí se sumaron 2.500 hectáreas en la reserva militar La Calera, 3.700 en un foco iniciado en Santa María de Punilla y otras 3.750 entre Cosquín y el Camino del Cuadrado. Entre los tres sumaron 10 mil hectáreas casi encadenadas, en una misma región. Fueron los dos primeros de esos focos.
Por esos mismos días, hubo incendios complejos en Luyaba (Traslasierra) y en Avellaneda (Totoral). Luego, entre cientos de pequeños focos controlados antes de su expansión, se agregaron los de Ambul (Traslasierra) y de Chuña (Cruz del Eje).
La suma estimada para lo que va del año se ubica ahora sobre las 16 mil hectáreas. La precisión oficial se tendrá luego de los relevamientos satelitales actualizados. Es más que lo quemado en los tres años anteriores.
En 2014 y 2016, la superficie anual quemada fue de entre 10 mil y 11 mil hectáreas, de las más bajas de las dos últimas décadas. En 2015 fueron 17 mil. En cambio, 2013 había sido de los peores, con 151 mil hectáreas bajo fuego.
Foco extinguido: las Palmas
Hicieron falta bomberos de 23 cuarteles cordobeses.
Bomberos voluntarios de 23 cuarteles de la provincia pudieron extinguir un incendio de campos en la zona del paraje Las Palmas, en jurisdicción de Salsacate.
Alrededor de 80 bomberos y tres aviones hidrantes, dos pertenecientes a la provincia y uno a la Nación, trabajaron para las tareas de extinción del siniestro en esa zona del Valle de Traslasierra, 205 kilómetros al oeste de la ciudad de Córdoba. Anoche sólo quedaba una guardia de cenizas.
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