En 80 años Santa Fe pierde el 82% de sus bosques
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Santa Fe perdió el 82 por ciento de sus bosques nativos en los últimos 80 años
Fecha de Publicación: 04/10/2017
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
El fenómeno se dio por la expansión de la frontera agropecuaria desde 1935. La ley de bosques, una vez más, desfinanciada.
En sólo 80 años, la provincia de Santa Fe perdió el 82 por ciento de sus bosques nativos, un proceso feroz originado en la expansión sin control de la frontera agropecuaria en una de las zonas con tierras más ricas del país. El fuerte desequilibrio ecosistémico que generó semejante mutilación del capital natural de la región se expresa hoy en inundaciones inéditas y erosión de los suelos, según interpretó Carlos Chiarulli, subdirector provincial de Recursos Naturales.
"Santa Fe pasó de tener casi seis millones de hectáreas de bosques en 1935 a apenas 840 mil en 2002, según datos generados por los censos nacionales agropecuarios realizados desde Nación en esos años", señaló el funcionario, quien aclaró que si hoy la provincia registra aproximadamente 1,2 millón de hectáreas de bosques es porque desde el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) cambiaron la definición de bosque hace algunos años.
En ese marco, se vuelve prioritario que el gobierno nacional asigne correctamente los fondos que la ley de bosques estipula para la protección de esos ecosistemas, algo que no cumplió ni la gestión de Cristina Fernández ni la actual de Mauricio Macri.
Así lo denunció esta semana la fundación Vida Silvestre, que reveló que el proyecto de presupuesto nacional para el año que viene prevé 550 millones de pesos para la preservación de los bosques nativos, apenas el 6.5 por ciento de lo estipulado por la propia ley de bosques.
Estos datos ratifican que la no defensa del bosque nativo es una lamentable política de Estado nacional, ya que el kirchnerismo y el macrismo actuaron de idéntica manera: entre 2010 y 2017, los bosques recibieron 2.481 millones de pesos en vez de 27.440 millones, un 9 por ciento de lo estipulado por la norma.
"Estamos exigiendo que se cumpla con la ley y se respeten los montos; tendrían que ser 8 mil millones y no 550, una cifra irrisoria" dijo Chiarulli, para agregar que el problema es que sobre las áreas que ocupan los bosques confluyen otros intereses de corte productivista. "Acá no se trata de algo lírico, de salvar un arbolito, porque los bosques cumplen servicios ambientales irremplazables" aclaró el funcionario.
En Santa Fe existen desde hace 10 años 663 mil hectáreas protegidas o catalogadas como "rojas", donde la tala está prohibida, un territorio que comprende sobre todo el valle de inundación del río Paraná y que representa el 5 por ciento de la superficie total de la provincia.
Además, existe 1,2 millón de hectáreas que están en zona "amarilla", donde también está prohibida la tala pero se autoriza un uso sustentable del recurso, siempre que no haya modificaciones en el uso del suelo.
A diferencia de lo que pasa en otras jurisdicciones, en Santa Fe no hay áreas bajo la categoría verde (la más permisiva), lo que se explica —según Chiarulli— por la enorme pérdida de bosques de los últimos 80 años. "Perdimos el 82 por ciento de los bosques desde 1935 y eso repercute en lo que pasa en la provincia respecto a inundaciones, pérdida de fertilidad del suelo y problemas en la dinámica hídrica, todo derivado del cambio en el uso del suelo".
Los pastizales naturales del sur de la bota corrieron igual suerte que los bosques y fueron reemplazados por cultivos: "Si el pastizal evotranspiraba 10 meses al año, un cultivo evotranspira 3 meses, lo que genera un gran excedente hídrico que hace subir las napas" explicó. Y recordó que en 2017 la provincia recibió 16 millones para planes de manejo que respeten las condiciones de sustentabilidad en las franjas "amarillas": "Es una cifra irrisoria en relación a los bosques que habría que conservar", dijo.
En Santa Fe, la mayoría de los planes que se presentan y que se aprueban son para uso ganadero del suelo: "se permite un aprovechamiento más intensivo pero dentro de determinadas pautas, no se puede cambiar de bosque a agricultura y por eso la ganadería suele ser la mejor opción".
Todavía falta
Para muchos, la defensa de los bosques es un lujo que un país que necesita crecer no puede darse. Y aunque se trata de una visión completamente errada, no es fácil cambiar el chip tanto de productores como de profesionales, formados durante décadas en paradigmas ciento por ciento productivistas.
"En el último año se presentaron 95 planes y hubiera sido interesante tener muchos más. Nosotros ejecutamos todo el dinero que viene en función de los planes que tenemos, venimos creciendo y nos va a faltar dinero", expresó Chiarulli, quien reconoció que en Santa Fe recién ahora —a partir de problemas como las inundaciones— se empezó a tener mayor conciencia de la importancia de los bosques.
"Al principio encontramos mucha resistencia por parte de los productores y de las industrias que usan leña, y también nos encontramos con que faltan profesionales con ese perfil de manejo de bosques", agregó el funcionario.
"Todo es nuevo, la formación forestal tampoco está orientada al manejo de los bosques nativos, todavía falta" subrayó.
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Fecha de Publicación: 04/10/2017
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
El fenómeno se dio por la expansión de la frontera agropecuaria desde 1935. La ley de bosques, una vez más, desfinanciada.
En sólo 80 años, la provincia de Santa Fe perdió el 82 por ciento de sus bosques nativos, un proceso feroz originado en la expansión sin control de la frontera agropecuaria en una de las zonas con tierras más ricas del país. El fuerte desequilibrio ecosistémico que generó semejante mutilación del capital natural de la región se expresa hoy en inundaciones inéditas y erosión de los suelos, según interpretó Carlos Chiarulli, subdirector provincial de Recursos Naturales.
"Santa Fe pasó de tener casi seis millones de hectáreas de bosques en 1935 a apenas 840 mil en 2002, según datos generados por los censos nacionales agropecuarios realizados desde Nación en esos años", señaló el funcionario, quien aclaró que si hoy la provincia registra aproximadamente 1,2 millón de hectáreas de bosques es porque desde el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) cambiaron la definición de bosque hace algunos años.
En ese marco, se vuelve prioritario que el gobierno nacional asigne correctamente los fondos que la ley de bosques estipula para la protección de esos ecosistemas, algo que no cumplió ni la gestión de Cristina Fernández ni la actual de Mauricio Macri.
Así lo denunció esta semana la fundación Vida Silvestre, que reveló que el proyecto de presupuesto nacional para el año que viene prevé 550 millones de pesos para la preservación de los bosques nativos, apenas el 6.5 por ciento de lo estipulado por la propia ley de bosques.
Estos datos ratifican que la no defensa del bosque nativo es una lamentable política de Estado nacional, ya que el kirchnerismo y el macrismo actuaron de idéntica manera: entre 2010 y 2017, los bosques recibieron 2.481 millones de pesos en vez de 27.440 millones, un 9 por ciento de lo estipulado por la norma.
"Estamos exigiendo que se cumpla con la ley y se respeten los montos; tendrían que ser 8 mil millones y no 550, una cifra irrisoria" dijo Chiarulli, para agregar que el problema es que sobre las áreas que ocupan los bosques confluyen otros intereses de corte productivista. "Acá no se trata de algo lírico, de salvar un arbolito, porque los bosques cumplen servicios ambientales irremplazables" aclaró el funcionario.
En Santa Fe existen desde hace 10 años 663 mil hectáreas protegidas o catalogadas como "rojas", donde la tala está prohibida, un territorio que comprende sobre todo el valle de inundación del río Paraná y que representa el 5 por ciento de la superficie total de la provincia.
Además, existe 1,2 millón de hectáreas que están en zona "amarilla", donde también está prohibida la tala pero se autoriza un uso sustentable del recurso, siempre que no haya modificaciones en el uso del suelo.
A diferencia de lo que pasa en otras jurisdicciones, en Santa Fe no hay áreas bajo la categoría verde (la más permisiva), lo que se explica —según Chiarulli— por la enorme pérdida de bosques de los últimos 80 años. "Perdimos el 82 por ciento de los bosques desde 1935 y eso repercute en lo que pasa en la provincia respecto a inundaciones, pérdida de fertilidad del suelo y problemas en la dinámica hídrica, todo derivado del cambio en el uso del suelo".
Los pastizales naturales del sur de la bota corrieron igual suerte que los bosques y fueron reemplazados por cultivos: "Si el pastizal evotranspiraba 10 meses al año, un cultivo evotranspira 3 meses, lo que genera un gran excedente hídrico que hace subir las napas" explicó. Y recordó que en 2017 la provincia recibió 16 millones para planes de manejo que respeten las condiciones de sustentabilidad en las franjas "amarillas": "Es una cifra irrisoria en relación a los bosques que habría que conservar", dijo.
En Santa Fe, la mayoría de los planes que se presentan y que se aprueban son para uso ganadero del suelo: "se permite un aprovechamiento más intensivo pero dentro de determinadas pautas, no se puede cambiar de bosque a agricultura y por eso la ganadería suele ser la mejor opción".
Todavía falta
Para muchos, la defensa de los bosques es un lujo que un país que necesita crecer no puede darse. Y aunque se trata de una visión completamente errada, no es fácil cambiar el chip tanto de productores como de profesionales, formados durante décadas en paradigmas ciento por ciento productivistas.
"En el último año se presentaron 95 planes y hubiera sido interesante tener muchos más. Nosotros ejecutamos todo el dinero que viene en función de los planes que tenemos, venimos creciendo y nos va a faltar dinero", expresó Chiarulli, quien reconoció que en Santa Fe recién ahora —a partir de problemas como las inundaciones— se empezó a tener mayor conciencia de la importancia de los bosques.
"Al principio encontramos mucha resistencia por parte de los productores y de las industrias que usan leña, y también nos encontramos con que faltan profesionales con ese perfil de manejo de bosques", agregó el funcionario.
"Todo es nuevo, la formación forestal tampoco está orientada al manejo de los bosques nativos, todavía falta" subrayó.
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Piden aparte un fiscar ante contaminación de cuencas
Contaminación: piden apartar a una fiscal
Fecha de Publicación: 04/10/2017
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Los denunciantes llevaron el planteo a la jefa de fiscales de la Nación, Alejandra Gils Carbó. También cuestionan a petroleras.
El diputado provincial Mariano Mansilla y el concejal Fernando Schpoliansky, de Unión de los Neuquinos (Une), solicitaron el apartamiento de la fiscal federal María Cristina Beute de las causas en las que denunciaron contaminación en los ríos Neuquén, Colorado, Negro y Limay.
La presentación se hizo ante la jefa de los fiscales de la Nación, Alejandra Gils Carbó, en la cual pidieron la designación de un nuevo fiscal para los procesos en los que se denunció a funcionarios públicos y a responsables de las empresas petroleras por la contaminación de los ríos en la Confluencia.
El planteo incluyó la denuncia del integrante de la comunidad mapuche Kaxipayiñ, Gabriel Rolando Cherqui, por una acción que se inició en 2008 y que a 2017, los denunciantes consideraron que “no ha tomado medidas procesales tendientes a investigar”, acusándola además de “!impedir la investigación” de los hechos.
Schpoliansky hizo de la denuncia de la contaminación en los ríos el eje de su campaña por la reelección en el Deliberante.
En el planteo de inacción y desidia de las autoridades que estarían contaminando el Neuquén y luego en el Limay, también integraron la prueba por el presunto incumplimiento de investigar de Beute.
Consultada por la recusación en su contra, la fiscal Beute prefirió esperar a que el planteo llegue a la procuración y luego dar su impresión sobre las acusaciones.
Schpoliansky aseguró que buscan retirar a Beute de las causas judiciales para “que avancen y no tengamos que seguir lamentando la degradación de nuestros ríos”.
Entre los antecedentes presentados ante Gils Carbó, Mansilla describió profusamente la intervención de Beute en una investigación donde la comunidad denunció la presunta contaminación de la napa con “residuos peligrosos” que terminarían en el Neuquén.
Añadió que tras la intervención de la fiscalía, la operadora de YPF realiza los trabajos escoltada por gendarmería en Loma de la Lata, que “lejos de controlar las acciones de los técnicos, garantizaban que sus trabajos se realicen sin obstáculos”.
Las denuncias involucraron tanto al ex gobernador Jorge Sapag, como al ministro Lara, al ex titular de Medio Ambiente, Ricardo Esquivel y responsables de la gerencia de YPF y a autoridades de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).
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Fecha de Publicación: 04/10/2017
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Los denunciantes llevaron el planteo a la jefa de fiscales de la Nación, Alejandra Gils Carbó. También cuestionan a petroleras.
El diputado provincial Mariano Mansilla y el concejal Fernando Schpoliansky, de Unión de los Neuquinos (Une), solicitaron el apartamiento de la fiscal federal María Cristina Beute de las causas en las que denunciaron contaminación en los ríos Neuquén, Colorado, Negro y Limay.
La presentación se hizo ante la jefa de los fiscales de la Nación, Alejandra Gils Carbó, en la cual pidieron la designación de un nuevo fiscal para los procesos en los que se denunció a funcionarios públicos y a responsables de las empresas petroleras por la contaminación de los ríos en la Confluencia.
El planteo incluyó la denuncia del integrante de la comunidad mapuche Kaxipayiñ, Gabriel Rolando Cherqui, por una acción que se inició en 2008 y que a 2017, los denunciantes consideraron que “no ha tomado medidas procesales tendientes a investigar”, acusándola además de “!impedir la investigación” de los hechos.
Schpoliansky hizo de la denuncia de la contaminación en los ríos el eje de su campaña por la reelección en el Deliberante.
En el planteo de inacción y desidia de las autoridades que estarían contaminando el Neuquén y luego en el Limay, también integraron la prueba por el presunto incumplimiento de investigar de Beute.
Consultada por la recusación en su contra, la fiscal Beute prefirió esperar a que el planteo llegue a la procuración y luego dar su impresión sobre las acusaciones.
Schpoliansky aseguró que buscan retirar a Beute de las causas judiciales para “que avancen y no tengamos que seguir lamentando la degradación de nuestros ríos”.
Entre los antecedentes presentados ante Gils Carbó, Mansilla describió profusamente la intervención de Beute en una investigación donde la comunidad denunció la presunta contaminación de la napa con “residuos peligrosos” que terminarían en el Neuquén.
Añadió que tras la intervención de la fiscalía, la operadora de YPF realiza los trabajos escoltada por gendarmería en Loma de la Lata, que “lejos de controlar las acciones de los técnicos, garantizaban que sus trabajos se realicen sin obstáculos”.
Las denuncias involucraron tanto al ex gobernador Jorge Sapag, como al ministro Lara, al ex titular de Medio Ambiente, Ricardo Esquivel y responsables de la gerencia de YPF y a autoridades de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).
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Preocupación ante proyecto de uranio y vanadio en Río Negro
Preocupación de Odarda por proyecto de uranio y vanadio
Fecha de Publicación: 04/10/2017
Fuente: APP
Provincia/Región: Río Negro
La Senadora nacional Magdalena Odarda, candidata a Diputada nacional, manifestó su preocupación por el anuncio de la empresa Canadiense Blue Sky Uranium, respecto al descubrimiento de uranio y vanadio en el proyecto denominado Amarillo Grande situado en la provincia de Río Negro. La empresa comenzaría a operar extrayendo estos minerales en el territorio provincial como insumo para la industria nuclear, es decir, para las centrales que se proyectan construir.
Presentará un pedido de informes al Secretario de Minería provincial con el fin de conocer detalles de este proyecto y la ubicación exacta del mismo.
“Todo hace pensar que el gobierno provincial y el nacional no tomaron en cuenta el reclamo popular y se disponen a favorecer a toda la industria nuclear con la explotación de uranio para abastecer a las centrales.” Afirmó.
El uranio es un metal radiactivo peligroso por esta razón y, además, químicamente toxico. Hay movimientos en todo el mundo que se oponen a la minería de uranio debido a los riesgos de cáncer de pulmón y otras enfermedades. Hablamos de cantidades descomunales de piedra molida donde se encuentra este mineral, que son esparcidos por los vientos una vez que se moviliza el terreno.
Odarda declaró que “En Argentina hay varios sitios mineros donde se exploto uranio y no hubo remediación, es decir, se sigue esparciendo en forma de partículas este metal tan peligroso para la salud. La misma Comisión nacional de Energía Atómica reconoce que las grandes cantidades de residuos deben ser gestionados de manera segura, pero sin embargo aun no lo ha hecho.”
La Senadora recalcó así su postura contraria a la minería contaminante a gran escala, donde existen grandes movimientos de suelo, perforaciones y explosiones que provocan un alto número de riesgos en el ambiente con consecuencias directas en la población. La opción de una economía sustentable y regional que potencie las características únicas de cada zona, sigue siendo la propuesta más conveniente para los rionegrinos.
Fecha de Publicación: 04/10/2017
Fuente: APP
Provincia/Región: Río Negro
La Senadora nacional Magdalena Odarda, candidata a Diputada nacional, manifestó su preocupación por el anuncio de la empresa Canadiense Blue Sky Uranium, respecto al descubrimiento de uranio y vanadio en el proyecto denominado Amarillo Grande situado en la provincia de Río Negro. La empresa comenzaría a operar extrayendo estos minerales en el territorio provincial como insumo para la industria nuclear, es decir, para las centrales que se proyectan construir.
Presentará un pedido de informes al Secretario de Minería provincial con el fin de conocer detalles de este proyecto y la ubicación exacta del mismo.
“Todo hace pensar que el gobierno provincial y el nacional no tomaron en cuenta el reclamo popular y se disponen a favorecer a toda la industria nuclear con la explotación de uranio para abastecer a las centrales.” Afirmó.
El uranio es un metal radiactivo peligroso por esta razón y, además, químicamente toxico. Hay movimientos en todo el mundo que se oponen a la minería de uranio debido a los riesgos de cáncer de pulmón y otras enfermedades. Hablamos de cantidades descomunales de piedra molida donde se encuentra este mineral, que son esparcidos por los vientos una vez que se moviliza el terreno.
Odarda declaró que “En Argentina hay varios sitios mineros donde se exploto uranio y no hubo remediación, es decir, se sigue esparciendo en forma de partículas este metal tan peligroso para la salud. La misma Comisión nacional de Energía Atómica reconoce que las grandes cantidades de residuos deben ser gestionados de manera segura, pero sin embargo aun no lo ha hecho.”
La Senadora recalcó así su postura contraria a la minería contaminante a gran escala, donde existen grandes movimientos de suelo, perforaciones y explosiones que provocan un alto número de riesgos en el ambiente con consecuencias directas en la población. La opción de una economía sustentable y regional que potencie las características únicas de cada zona, sigue siendo la propuesta más conveniente para los rionegrinos.
Aumenta el comercio ilegal de animales por internet
Crece el comercio ilegal de animales por internet: pagan hasta $ 2.500 por un loro
Fecha de Publicación: 03/10/2017
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
El 60% de las pesquisas surgen de denuncias de ventas a través de redes sociales. El negocio mueve hasta US$ 23 mil millones a nivel global. El triste ranking de los más traficados.
Lejos de la venta callejera tradicional de animales silvestres –como se puede observar en las cercanías de las ferias de Pompeya, en la ciudad de Buenos Aires, y en Villa Dominico, en Avellaneda–, bajo el anonimato que brinda internet se oculta otra forma de comercio ilegal de fauna silvestre. De las más de ochenta pesquisas de este año que lleva adelante la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Contra el Medio Ambiente (Ufima) por este tema, el 60% del comercio utiliza las redes y el problema va en aumento.
Según la Ufima, que realiza investigaciones preliminares para la protección y la conservación de la fauna silvestre con un alcance en todo el país, de ese porcentaje, el 90% se da a través de la red social Facebook, y el resto, en sitios de compra y venta por internet (como Mercado Libre) y grupos de WhatsApp. En los últimos años se logró reducir el comercio ilegal en los portales de ventas, ya que son empresas argentinas, pero no ocurre lo mismo con las redes sociales, por lo que la Ufima está trabajando para avanzar en ese espacio.
“Realizamos relevamientos virtuales de sitios y hemos hecho denuncias, que a veces no tienen efecto porque se arman otra página y listo”, afirma Cecilia Maqueda, coordinadora del Programa de Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre de la organización Aves Argentinas. “Otro problema es que las oficinas legales de Facebook no están en Argentina, por lo que es más difícil”, agrega.
En el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable aseguran que desde Nación y las provincias hay un aumento de las acciones contra el tráfico ilegal. Sin embargo, el director de Fauna Silvestre y Conservación de la Biodiversidad, Santiago D’Alessio, reconoce que “internet es un desafío, porque los vendedores no están en lugares físicos sino en una serie de plataformas con las cuales pueden comercializar con mayores libertades que en la calle, ante la mirada de espectadores”.
En lo que va del año, desde Ambiente indicaron que se decomisaron 374 animales y 178 productos y subproductos con ejemplares muertos. En 2016, la cifra de ejemplares vivos alcanzó los 1.600. El último operativo ocurrió la semana pasada en la localidad bonaerense de Villa Domínico. Allí se incautaron tres pitones molurus, una pitón regius, cuatro culebras, seis jilgueros y seis tortugas de agua.
Alrededor del 70% de los animales afectados por el comercio ilegal son aves, y entre las especies más afectadas están el cardenal común, el cardenal amarillo (en peligro de extinción por esta actividad), el jilguero, el federal (en estado vulnerable), el tucán, el rey del bosque, la reina mora, la cotorra, el loro hablador, el pepitero de collar, el zorzal y el piquito de oro.
También sufren esta práctica los monos que se venden en las rutas y los reptiles, como la tortuga terrestre –que ya se encuentra en estado vulnerable de conservación–, el lagarto overo, la boa y distintas especies de pitón. La compraventa no autorizada de animales es un delito penal en Argentina que prevé entre dos meses y dos años de prisión, y es de jurisdicción federal.
Negocio. Dado el carácter oculto de la actividad, en nuestro país no hay cifras oficiales del dinero que implica. Los precios que se pueden encontrar varían, de acuerdo con los relevamientos de Aves Argentinas, entre $ 1.500 y $ 2.000 por el cardenal amarillo; $ 2.500 el loro hablador; $ 500 el lagarto overo; $ 200 la tortuga, y $ 300 la reina mora. En un informe, Naciones Unidas e Interpol estimaron que a nivel mundial el tráfico ilícito de flora y fauna obtiene entre US$ 7.000 y US$ 23.000 millones por año. Ya es el tercer negocio ilegal a nivel mundial, detrás del tráfico de drogas y el de armas.
“Sabemos que hay mucha gente en situación de vulnerabilidad económica que recurre a ese tipo de delitos y que es el eslabón final de una cadena más compleja, con personas poderosas que saben lo que hacen. Por lo general, es a los acopiadores a quien tratamos de afectar con nuestras actividades”, describe D’Alessio.
Del otro lado del negocio, las consecuencias son desastrosas: se estima que por las condiciones de hacinamiento y estrés, el 90% de los animales capturados para su comercio ilegal muere antes de llegar a la venta. Por lo cual, antes de hacer una compra es necesario informarse para descartar que sea fauna silvestre y reclamar la documentación de origen de la autoridad de aplicación de la jurisdicción.
“Al que le gusten las aves le recomendamos que las disfrute en libertad. Más vale volando”, aconseja Maqueda.
Liberan cardenales amarillos
Como consecuencia del comercio ilegal y las modificaciones en su hábitat, el cardenal amarillo se encuentra en peligro y su población se redujo a entre 1.500 y 2.000 ejemplares. Es por eso que el Ministerio de Ambiente, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y la Fundación Temaikèn trabajan para lograr un procedimiento con base técnica, legal y científica para la recuperación de estas aves, que cumplió una importante etapa el jueves pasado con la liberación de 26 ejemplares en La Pampa. Las aves, que provenían del tráfico ilegal, llevan un radiotransmisor con el fin de monitorear su adaptación. “Llegaron bien luego de un viaje bastante largo, allí volaron todos y hasta ahora están todos bien”, dice con alegría Andrés Suares, de la Fundación Temaikèn. El Laboratorio de Ecología y Comportamiento Animal de la UBA realizó los análisis genéticos para identificar el origen de los cardenales, y la Fundación trabajó para que pudieran recuperar musculación, hábitos y alimentación. “Estamos monitoreando a estos ejemplares para ver si se adaptan bien, si forman parejas, si se unen a otros grupos y sobreviven”, explicó Santiago D’Alessio.
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Fecha de Publicación: 03/10/2017
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
El 60% de las pesquisas surgen de denuncias de ventas a través de redes sociales. El negocio mueve hasta US$ 23 mil millones a nivel global. El triste ranking de los más traficados.
Lejos de la venta callejera tradicional de animales silvestres –como se puede observar en las cercanías de las ferias de Pompeya, en la ciudad de Buenos Aires, y en Villa Dominico, en Avellaneda–, bajo el anonimato que brinda internet se oculta otra forma de comercio ilegal de fauna silvestre. De las más de ochenta pesquisas de este año que lleva adelante la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Contra el Medio Ambiente (Ufima) por este tema, el 60% del comercio utiliza las redes y el problema va en aumento.
Según la Ufima, que realiza investigaciones preliminares para la protección y la conservación de la fauna silvestre con un alcance en todo el país, de ese porcentaje, el 90% se da a través de la red social Facebook, y el resto, en sitios de compra y venta por internet (como Mercado Libre) y grupos de WhatsApp. En los últimos años se logró reducir el comercio ilegal en los portales de ventas, ya que son empresas argentinas, pero no ocurre lo mismo con las redes sociales, por lo que la Ufima está trabajando para avanzar en ese espacio.
“Realizamos relevamientos virtuales de sitios y hemos hecho denuncias, que a veces no tienen efecto porque se arman otra página y listo”, afirma Cecilia Maqueda, coordinadora del Programa de Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre de la organización Aves Argentinas. “Otro problema es que las oficinas legales de Facebook no están en Argentina, por lo que es más difícil”, agrega.
En el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable aseguran que desde Nación y las provincias hay un aumento de las acciones contra el tráfico ilegal. Sin embargo, el director de Fauna Silvestre y Conservación de la Biodiversidad, Santiago D’Alessio, reconoce que “internet es un desafío, porque los vendedores no están en lugares físicos sino en una serie de plataformas con las cuales pueden comercializar con mayores libertades que en la calle, ante la mirada de espectadores”.
En lo que va del año, desde Ambiente indicaron que se decomisaron 374 animales y 178 productos y subproductos con ejemplares muertos. En 2016, la cifra de ejemplares vivos alcanzó los 1.600. El último operativo ocurrió la semana pasada en la localidad bonaerense de Villa Domínico. Allí se incautaron tres pitones molurus, una pitón regius, cuatro culebras, seis jilgueros y seis tortugas de agua.
Alrededor del 70% de los animales afectados por el comercio ilegal son aves, y entre las especies más afectadas están el cardenal común, el cardenal amarillo (en peligro de extinción por esta actividad), el jilguero, el federal (en estado vulnerable), el tucán, el rey del bosque, la reina mora, la cotorra, el loro hablador, el pepitero de collar, el zorzal y el piquito de oro.
También sufren esta práctica los monos que se venden en las rutas y los reptiles, como la tortuga terrestre –que ya se encuentra en estado vulnerable de conservación–, el lagarto overo, la boa y distintas especies de pitón. La compraventa no autorizada de animales es un delito penal en Argentina que prevé entre dos meses y dos años de prisión, y es de jurisdicción federal.
Negocio. Dado el carácter oculto de la actividad, en nuestro país no hay cifras oficiales del dinero que implica. Los precios que se pueden encontrar varían, de acuerdo con los relevamientos de Aves Argentinas, entre $ 1.500 y $ 2.000 por el cardenal amarillo; $ 2.500 el loro hablador; $ 500 el lagarto overo; $ 200 la tortuga, y $ 300 la reina mora. En un informe, Naciones Unidas e Interpol estimaron que a nivel mundial el tráfico ilícito de flora y fauna obtiene entre US$ 7.000 y US$ 23.000 millones por año. Ya es el tercer negocio ilegal a nivel mundial, detrás del tráfico de drogas y el de armas.
“Sabemos que hay mucha gente en situación de vulnerabilidad económica que recurre a ese tipo de delitos y que es el eslabón final de una cadena más compleja, con personas poderosas que saben lo que hacen. Por lo general, es a los acopiadores a quien tratamos de afectar con nuestras actividades”, describe D’Alessio.
Del otro lado del negocio, las consecuencias son desastrosas: se estima que por las condiciones de hacinamiento y estrés, el 90% de los animales capturados para su comercio ilegal muere antes de llegar a la venta. Por lo cual, antes de hacer una compra es necesario informarse para descartar que sea fauna silvestre y reclamar la documentación de origen de la autoridad de aplicación de la jurisdicción.
“Al que le gusten las aves le recomendamos que las disfrute en libertad. Más vale volando”, aconseja Maqueda.
Liberan cardenales amarillos
Como consecuencia del comercio ilegal y las modificaciones en su hábitat, el cardenal amarillo se encuentra en peligro y su población se redujo a entre 1.500 y 2.000 ejemplares. Es por eso que el Ministerio de Ambiente, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y la Fundación Temaikèn trabajan para lograr un procedimiento con base técnica, legal y científica para la recuperación de estas aves, que cumplió una importante etapa el jueves pasado con la liberación de 26 ejemplares en La Pampa. Las aves, que provenían del tráfico ilegal, llevan un radiotransmisor con el fin de monitorear su adaptación. “Llegaron bien luego de un viaje bastante largo, allí volaron todos y hasta ahora están todos bien”, dice con alegría Andrés Suares, de la Fundación Temaikèn. El Laboratorio de Ecología y Comportamiento Animal de la UBA realizó los análisis genéticos para identificar el origen de los cardenales, y la Fundación trabajó para que pudieran recuperar musculación, hábitos y alimentación. “Estamos monitoreando a estos ejemplares para ver si se adaptan bien, si forman parejas, si se unen a otros grupos y sobreviven”, explicó Santiago D’Alessio.
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Podría cambiar la Ley de Agroquímicos de San Luis
San Luis: alertan por la modificación de la Ley de Agroquímicos
Fecha de Publicación: 03/10/2017
Fuente: MDZ
Provincia/Región: San Luis
Organizaciones ambientalistas de la provincia de San Luis expresaron hoy su preocupación y alertaron sobre la posible reducción de las distancias en la aplicación de agroquímicos en relación a zonas urbanas y rurales de la provincia, anunciada por el ministerio de Medio Ambiente local.
El alerta surge de las declaraciones públicas del ministro de esa cartera, Sergio Freixes, quien mantuvo diferentes reuniones para trabajar en la modificación de la Ley de Fitosanitarios con productores, integrantes del SENASA, el INTA, la facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, ruralistas y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia, tendientes a la reducción de la distancias establecidas en San Luis por Ley.
Representantes de más de una docena de organizaciones advirtieron en un comunicado conjunto que "en San Luis ya se ha documentado enfermedades y contaminación", y que "las pruebas fueron presentadas ante la justicia y al gobierno provincial".
"El conflicto con los agrotóxicos involucra a toda la población de la provincia, porque todos bebemos agua, comemos alimentos y respiramos aire", alertaron.
Denunciaron asimismo que "esta misma semana, vecinos del paraje Santa Martina, volvieron a ser fumigados en horas de la noche, sin respetarse las previsiones legales imperantes en la provincia".
Las organizaciones destacaron que San Luis fue pionera en los años 80 al legislar las fumigaciones, preocupados por el impacto en la salud y el ambiente, y el año pasado, volvió a posicionarse a la vanguardia en la temática con la ley provincial que impuso distancias de 1.500 metros a poblaciones urbanas y 300 a casas de zonas rurales.
"Una modificación en el texto de la Ley -aseguraron- como la que se pretende impulsar, reduce las distancias a cero, poniendo en riesgo de vida a la población, lo que no sacrificaría hectáreas, sino vidas", concluyeron.
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Fecha de Publicación: 03/10/2017
Fuente: MDZ
Provincia/Región: San Luis
Organizaciones ambientalistas de la provincia de San Luis expresaron hoy su preocupación y alertaron sobre la posible reducción de las distancias en la aplicación de agroquímicos en relación a zonas urbanas y rurales de la provincia, anunciada por el ministerio de Medio Ambiente local.
El alerta surge de las declaraciones públicas del ministro de esa cartera, Sergio Freixes, quien mantuvo diferentes reuniones para trabajar en la modificación de la Ley de Fitosanitarios con productores, integrantes del SENASA, el INTA, la facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, ruralistas y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia, tendientes a la reducción de la distancias establecidas en San Luis por Ley.
Representantes de más de una docena de organizaciones advirtieron en un comunicado conjunto que "en San Luis ya se ha documentado enfermedades y contaminación", y que "las pruebas fueron presentadas ante la justicia y al gobierno provincial".
"El conflicto con los agrotóxicos involucra a toda la población de la provincia, porque todos bebemos agua, comemos alimentos y respiramos aire", alertaron.
Denunciaron asimismo que "esta misma semana, vecinos del paraje Santa Martina, volvieron a ser fumigados en horas de la noche, sin respetarse las previsiones legales imperantes en la provincia".
Las organizaciones destacaron que San Luis fue pionera en los años 80 al legislar las fumigaciones, preocupados por el impacto en la salud y el ambiente, y el año pasado, volvió a posicionarse a la vanguardia en la temática con la ley provincial que impuso distancias de 1.500 metros a poblaciones urbanas y 300 a casas de zonas rurales.
"Una modificación en el texto de la Ley -aseguraron- como la que se pretende impulsar, reduce las distancias a cero, poniendo en riesgo de vida a la población, lo que no sacrificaría hectáreas, sino vidas", concluyeron.
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En Armstrong inauguran una planta fotovoltaica
Se inauguró en Armstrong planta de generación eléctrica fotovoltaica
Fecha de Publicación: 03/10/2017
Fuente: Presidencia de la Nación
Provincia/Región: Santa Fe
En la ciudad santafesina de Armstrong se inauguró formalmente la planta de generación eléctrica fotovoltaica, en el marco del Proyecto de Redes Inteligentes con Energías Renovables (PRIER), conformado por un consorcio público privado.
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) acompañó la inauguración de la planta, que cuenta con una potencia instalada de 200 kW, y está ubicada a unos 390 kilómetros al sudoeste de la capital provincial.
Se trata de un emprendimiento piloto que involucra estudios técnicos y normativos para replicar el proyecto en otras distribuidoras eléctricas del país, estudiando tecnologías de comunicación de las redes inteligentes, inter-operabilidad de inversores y parámetros de calidad de energía ante la inyección de energía de fuentes renovables distribuidas.
El proyecto apunta a promover la participación activa del usuario en pos de acercar la generación al consumo. La red convencional convivirá con la red inteligente y esta última será la encargada de administrar la inyección de energía renovable, integrando la energía eólica y solar en el tendido eléctrico.
Por otra parte, hay en el país más de 590 cooperativas que distribuyen energía eléctrica, entre otros servicios, a más de dos millones de clientes. Solo en la provincia de Santa Fe existen 59 cooperativas eléctricas, que con un marco normativo técnico adecuado, serán objeto de los resultados del proyecto.
Durante la ceremonia de inauguración de la planta, estuvieron presentes los principales responsables del proyecto: Héctor Laiz, gerente de Metrología, Calidad y Ambiente del INTI –uno de los impulsores de la iniciativa-, Gustavo Gil, director del Centro INTI-Energías Renovables, junto a su equipo de trabajo, Ricardo Airasca, gerente de la CELAR, Pablo Bertinat, miembro de la Facultad Rosario de la UTN.
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Fecha de Publicación: 03/10/2017
Fuente: Presidencia de la Nación
Provincia/Región: Santa Fe
En la ciudad santafesina de Armstrong se inauguró formalmente la planta de generación eléctrica fotovoltaica, en el marco del Proyecto de Redes Inteligentes con Energías Renovables (PRIER), conformado por un consorcio público privado.
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) acompañó la inauguración de la planta, que cuenta con una potencia instalada de 200 kW, y está ubicada a unos 390 kilómetros al sudoeste de la capital provincial.
Se trata de un emprendimiento piloto que involucra estudios técnicos y normativos para replicar el proyecto en otras distribuidoras eléctricas del país, estudiando tecnologías de comunicación de las redes inteligentes, inter-operabilidad de inversores y parámetros de calidad de energía ante la inyección de energía de fuentes renovables distribuidas.
El proyecto apunta a promover la participación activa del usuario en pos de acercar la generación al consumo. La red convencional convivirá con la red inteligente y esta última será la encargada de administrar la inyección de energía renovable, integrando la energía eólica y solar en el tendido eléctrico.
Por otra parte, hay en el país más de 590 cooperativas que distribuyen energía eléctrica, entre otros servicios, a más de dos millones de clientes. Solo en la provincia de Santa Fe existen 59 cooperativas eléctricas, que con un marco normativo técnico adecuado, serán objeto de los resultados del proyecto.
Durante la ceremonia de inauguración de la planta, estuvieron presentes los principales responsables del proyecto: Héctor Laiz, gerente de Metrología, Calidad y Ambiente del INTI –uno de los impulsores de la iniciativa-, Gustavo Gil, director del Centro INTI-Energías Renovables, junto a su equipo de trabajo, Ricardo Airasca, gerente de la CELAR, Pablo Bertinat, miembro de la Facultad Rosario de la UTN.
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Colmenas diezmadas en Entre Ríos por el Fipronil
Un poderoso insecticida provocó la muerte de miles de abejas
Fecha de Publicación: 02/10/2017
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
Colmenas vecinas al Río Uruguay fueron diezmadas. Se sospechó de los agroquímicos, pero el causante del grave fenómeno fue un insecticida. En Uruguay está prohibido. En Argentina se lo consigue en Mercado Libre.
Autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca del Uruguay y de la Comisión de Desarrollo Apícola, anunciaron en la víspera que el uso del Fipronil –insecticida de amplio espectro que afecta el sistema nervioso central de los insectos– causó la mortandad de miles de abejas hace un mes en los departamentos de Paysandú y Salto, vecinos a Colón y Concordia.
El producto, prohibido en Uruguay desde el año 2009, fue lo que causó el envenenamiento de los insectos, y no la aplicación de agroquímicos como suponían en primera instancia los 16 apicultores que hicieron la denuncia, ante la pérdida de más de 1.800 colmenas, por un valor estimado de U$S 200.000.
El ingeniero agrónomo Federico Montes, director general de los Servicios Agrícolas, indicó que el Fipronil es un producto ilegal. "Acá no se produce, no se comercializa y no está; de dónde vino, serán cosas que tendremos que averiguar".
Señaló que está todo dentro de un marco ilegal, "y es cometer un delito el matar colmenas. Me cuesta hasta pensar cuál es la idea de quién hizo esto y generó este problema", subrayó.
En Argentina, una simple búsqueda en internet permite comprobar que insecticidas a base de Fipronil son ofrecidos en venta en portales de comercialización, como es el caso de Mercado Libre.
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Fecha de Publicación: 02/10/2017
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
Colmenas vecinas al Río Uruguay fueron diezmadas. Se sospechó de los agroquímicos, pero el causante del grave fenómeno fue un insecticida. En Uruguay está prohibido. En Argentina se lo consigue en Mercado Libre.
Autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca del Uruguay y de la Comisión de Desarrollo Apícola, anunciaron en la víspera que el uso del Fipronil –insecticida de amplio espectro que afecta el sistema nervioso central de los insectos– causó la mortandad de miles de abejas hace un mes en los departamentos de Paysandú y Salto, vecinos a Colón y Concordia.
El producto, prohibido en Uruguay desde el año 2009, fue lo que causó el envenenamiento de los insectos, y no la aplicación de agroquímicos como suponían en primera instancia los 16 apicultores que hicieron la denuncia, ante la pérdida de más de 1.800 colmenas, por un valor estimado de U$S 200.000.
El ingeniero agrónomo Federico Montes, director general de los Servicios Agrícolas, indicó que el Fipronil es un producto ilegal. "Acá no se produce, no se comercializa y no está; de dónde vino, serán cosas que tendremos que averiguar".
Señaló que está todo dentro de un marco ilegal, "y es cometer un delito el matar colmenas. Me cuesta hasta pensar cuál es la idea de quién hizo esto y generó este problema", subrayó.
En Argentina, una simple búsqueda en internet permite comprobar que insecticidas a base de Fipronil son ofrecidos en venta en portales de comercialización, como es el caso de Mercado Libre.
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La Barrick certa de volver a reactivar Lama
La reactivación de Lama cada vez más cerca
Fecha de Publicación: 02/10/2017
Fuente: Diario La Provincia
Provincia/Región: San Juan
El ministro Alberto Hensel, tras su paso por China, aseguró que la empresa Shandong Gold presentó interés por la reactivación de la mina, que se verá reflejado en más mano de obra para la provincia.
La posibilidad de reactivación de Lama en manos de Barrick y de Shandong Gold genera cada vez más expectativas en el gobierno sanjuanino. Este jueves, el ministro de Minería, Alberto Hensel volvió de Asia donde participó de la Feria Internacional de Minería China. Según informó el funcionario, en esta ocasión se presentó un gran interés en los asiáticos por la vuelta al ruedo de la mina que se detuvo en el 2015.
"Los empresarios consideran que hay que seguir avanzando en el Valle del Cura y particularmente con el tema de Lama van a presentar un informe de prefactibilidad y nos da una sensación que hay una decisión tomada en darle una respuesta a San Juan con este proyecto que es tan importante en minería", comenzó informando Hensel en radio Estación Claridad.
Actualmente la mina está en un proceso de exploración y los responsables están elaborando el informe de pre factibilidad. El proyecto "está muy avanzado" y está la esperanza de poder concretarlo. "Esto es muy bueno, por lo que puede traducrise en generación de empleo y riquezas que necesitamos poner a disposición de la sociead", agregó Hensel quien no puede dar todavía más detalles pero auguró que va por buen camino.
Durante dos días, los funcionarios argentinos tuvieron encuentros con dirigentes chinos y ejecutivos mineros para presentar el programa "La industria minera como política de Estado", con el foco puesto en el marco regulatorio positivo y en el potencial minero de cobre, oro, plata, litio y potasio.
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Fecha de Publicación: 02/10/2017
Fuente: Diario La Provincia
Provincia/Región: San Juan
El ministro Alberto Hensel, tras su paso por China, aseguró que la empresa Shandong Gold presentó interés por la reactivación de la mina, que se verá reflejado en más mano de obra para la provincia.
La posibilidad de reactivación de Lama en manos de Barrick y de Shandong Gold genera cada vez más expectativas en el gobierno sanjuanino. Este jueves, el ministro de Minería, Alberto Hensel volvió de Asia donde participó de la Feria Internacional de Minería China. Según informó el funcionario, en esta ocasión se presentó un gran interés en los asiáticos por la vuelta al ruedo de la mina que se detuvo en el 2015.
"Los empresarios consideran que hay que seguir avanzando en el Valle del Cura y particularmente con el tema de Lama van a presentar un informe de prefactibilidad y nos da una sensación que hay una decisión tomada en darle una respuesta a San Juan con este proyecto que es tan importante en minería", comenzó informando Hensel en radio Estación Claridad.
Actualmente la mina está en un proceso de exploración y los responsables están elaborando el informe de pre factibilidad. El proyecto "está muy avanzado" y está la esperanza de poder concretarlo. "Esto es muy bueno, por lo que puede traducrise en generación de empleo y riquezas que necesitamos poner a disposición de la sociead", agregó Hensel quien no puede dar todavía más detalles pero auguró que va por buen camino.
Durante dos días, los funcionarios argentinos tuvieron encuentros con dirigentes chinos y ejecutivos mineros para presentar el programa "La industria minera como política de Estado", con el foco puesto en el marco regulatorio positivo y en el potencial minero de cobre, oro, plata, litio y potasio.
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San Luis: fuerte multa a cazadores cordobeses
Cazadores cordobeses deberán pagar $190 mil por matar un Venado de las Pampas
Fecha de Publicación: 02/10/2017
Fuente: ANSL
Provincia/Región: San Luis
Así lo determinó el Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción, basándose en la Ley Provincial Nº IX-0317-2004 de Conservación de fauna, caza y pesca. El delito se cometió en julio pasado, al sur de la localidad de Fraga.
En virtud de brindar una mayor y más eficaz protección a la fauna en general y nativa, en particular, por la que debemos velar como integrantes de nuestro valioso patrimonio natural provincial, el Gobierno de San Luis estableció en 2009 la veda de caza comercial y deportiva de fauna silvestre en todo el territorio sanluiseño.
En esta línea, desde el programa Fiscalización y Control, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción, se aplicó una multa ejemplificadora a tres cazadores de la provincia de Córdoba que, el pasado mes de julio, fueron detenidos al sur de la localidad de Fraga, constatando que habían cazado un Venado de las Pampas (especie insignia de San Luis), seis perdices coloradas y dos liebres europeas. El importe total que deberán pagar es de $190.500,00.
“El cérvido, al ser una especie en peligro de extinción, tiene un artículo especial dentro de la normativa. No se puede cazar, capturar ejemplares de la especie, o transportar animales vivos o muertos y sus productos o despojos”, indicó la jefa del Subprograma Control y Fiscalización Ambiental, María Julia Veinticinco.
Existe una metodología de cálculo para establecer la multa. “Las unidades de multa son 10 litros de combustible de mayor octanaje. Por cazar un cérvido, el mínimo es de 20 hasta 800 unidades de multa. Por ser un Venado de las Pampas se determinó la máxima sanción”, precisó la funcionaria.
Finalmente, la jefa del Subprograma informó que, de esta forma, el Ejecutivo provincial concluyó el trámite administrativo, dejando a disposición del poder judicial el seguimiento de esta causa.
Venado de las Pampas en San Luis
La provincia cuenta con la mayor población de esta especie en la Argentina, en los pastizales naturales del sur provincial. La especie de venado se encuentra en peligro de extinción (se calcula que quedan cerca de 2 mil animales en toda la Argentina).
Todos podemos ayudar
Si sabemos de alguien que caza animales, trafica con ellos o los posee de forma ilegal, el Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción recepciona denuncias anónimas al (0266) 4452000, interno 3372/3235.
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Fecha de Publicación: 02/10/2017
Fuente: ANSL
Provincia/Región: San Luis
Así lo determinó el Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción, basándose en la Ley Provincial Nº IX-0317-2004 de Conservación de fauna, caza y pesca. El delito se cometió en julio pasado, al sur de la localidad de Fraga.
En virtud de brindar una mayor y más eficaz protección a la fauna en general y nativa, en particular, por la que debemos velar como integrantes de nuestro valioso patrimonio natural provincial, el Gobierno de San Luis estableció en 2009 la veda de caza comercial y deportiva de fauna silvestre en todo el territorio sanluiseño.
En esta línea, desde el programa Fiscalización y Control, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción, se aplicó una multa ejemplificadora a tres cazadores de la provincia de Córdoba que, el pasado mes de julio, fueron detenidos al sur de la localidad de Fraga, constatando que habían cazado un Venado de las Pampas (especie insignia de San Luis), seis perdices coloradas y dos liebres europeas. El importe total que deberán pagar es de $190.500,00.
“El cérvido, al ser una especie en peligro de extinción, tiene un artículo especial dentro de la normativa. No se puede cazar, capturar ejemplares de la especie, o transportar animales vivos o muertos y sus productos o despojos”, indicó la jefa del Subprograma Control y Fiscalización Ambiental, María Julia Veinticinco.
Existe una metodología de cálculo para establecer la multa. “Las unidades de multa son 10 litros de combustible de mayor octanaje. Por cazar un cérvido, el mínimo es de 20 hasta 800 unidades de multa. Por ser un Venado de las Pampas se determinó la máxima sanción”, precisó la funcionaria.
Finalmente, la jefa del Subprograma informó que, de esta forma, el Ejecutivo provincial concluyó el trámite administrativo, dejando a disposición del poder judicial el seguimiento de esta causa.
Venado de las Pampas en San Luis
La provincia cuenta con la mayor población de esta especie en la Argentina, en los pastizales naturales del sur provincial. La especie de venado se encuentra en peligro de extinción (se calcula que quedan cerca de 2 mil animales en toda la Argentina).
Todos podemos ayudar
Si sabemos de alguien que caza animales, trafica con ellos o los posee de forma ilegal, el Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción recepciona denuncias anónimas al (0266) 4452000, interno 3372/3235.
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Rechazan plan de remediación de Los Pelambres
Escombrera en San Juan: el Gobierno rechazó un plan de retiro por su extenso plazo
Fecha de Publicación: 01/10/2017
Fuente: Cuyo Noticias
Provincia/Región: San Juan
La minera chilena Los Pelambres propuso retirar la escombrera que armó en suelo calingastino sin autorización argentina en 10 años, pero para el gobierno de Uñac el plazo es excesivamente extenso, por lo que expuso su rechazo y apuesta a que la remoción total se haga en tres años. La posición sanjuanina fue compartida por Cancillería, en un encuentro en el que representantes nacionales y autoridades locales mantuvieron a fines de la semana pasada y cuyo análisis trascendió ayer. Las conversaciones continúan abiertas, ya que fuentes calificadas señalaron que notaron predisposición de la empresa trasandina en llevar adelante dicha tarea, la que ya ha mantenido contacto con funcionarios del Ministerio de Minería local y continúa con el puente diplomático con la cartera de Relaciones Exteriores de su país. El objetivo es que la movida comience este verano, entre diciembre y enero.
El jueves salió a la luz que Los Pelambres había presentado por primera vez un plan de retiro, el cual fue anunciado por funcionarios de Cancillería argentina en el Senado. La iniciativa no fue casual, ya que sobre la minera chilena pesa una orden del juez Federal Leopoldo Rago Gallo de sacar la montaña de escombros. No solo eso, ya que están imputados tres exgerentes generales, Ignacio Cruz Zabala, Alberto Cerda Mery y Robert Mayne-Nicholls, y el director Ejecutivo de Antofagasta Minerals, el grupo que controla Los Pelambres, de los delitos de contaminación y usurpación de agua y suelo. Los mismos corren el riesgo de tener una condena en su contra.
Ya el ministro de Minería, Alberto Hensel, le había adelantado a este medio que le iban a exigir a la compañía trasandina que saque las 40 millones toneladas de rocas en cinco años como máximo, teniendo en cuenta que ese fue el plazo que le llevó construir la escombrera en territorio calingastino, de 2007 a 2012. Pero trascendió que la provincia va por más y pone todas las fichas a que sea en tres años. Según las condiciones climáticas del lugar, las tareas de extracción pueden realizarse en 10 de los 12 meses del año. En ese marco, los 10 años de trabajos que propuso Los Pelambres fueron descartados, indicaron las fuentes.
De la reunión que tuvieron funcionarios de Cancillería con Fiscalía de Estado de la provincia y el Ministerio de Minería salió a la luz que la minera ya tiene identificada la zona en Chile en donde depositará los escombros que tiró en la provincia, la cual está a unos 13 kilómetros de la mina que explota en el vecino país. Según las fuentes, la gestión uñaquista también quiere que se instalen cámaras, como se hizo en el emprendimiento Veladero, para monitorear y supervisar el retiro. Además, ya se están analizando las tareas de mitigación durante el retiro, como la colocación de una capa de material para evitar infiltraciones de agua.
Todo se aceleró con una pericia que encargó Rago Gallo, la cual estableció que la escombrera contamina lagunas cordilleranas, es un foco de generación de drenaje ácido y metales pesados, y que estos últimos podrían afectar los suelos y las napas. El peligro además radica en que las aguas que bajan de la escombrera pueden confluir en el río Carnicería, uno de los afluentes del San Juan. El magistrado también tiene en la mira a directivos de Glencore, cuya empresa es dueña del terreno donde se armó la escombrera y que aún da pelea judicial.
Acuerdo fallido. El Gobierno había bajado un acuerdo al que había arribado con Los Pelambres para aislar la escombrera hasta que se decidiera su retiro. ¿El motivo? En la minera chilena dieron a entender que no iban a sacar los residuos.
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Fecha de Publicación: 01/10/2017
Fuente: Cuyo Noticias
Provincia/Región: San Juan
La minera chilena Los Pelambres propuso retirar la escombrera que armó en suelo calingastino sin autorización argentina en 10 años, pero para el gobierno de Uñac el plazo es excesivamente extenso, por lo que expuso su rechazo y apuesta a que la remoción total se haga en tres años. La posición sanjuanina fue compartida por Cancillería, en un encuentro en el que representantes nacionales y autoridades locales mantuvieron a fines de la semana pasada y cuyo análisis trascendió ayer. Las conversaciones continúan abiertas, ya que fuentes calificadas señalaron que notaron predisposición de la empresa trasandina en llevar adelante dicha tarea, la que ya ha mantenido contacto con funcionarios del Ministerio de Minería local y continúa con el puente diplomático con la cartera de Relaciones Exteriores de su país. El objetivo es que la movida comience este verano, entre diciembre y enero.
El jueves salió a la luz que Los Pelambres había presentado por primera vez un plan de retiro, el cual fue anunciado por funcionarios de Cancillería argentina en el Senado. La iniciativa no fue casual, ya que sobre la minera chilena pesa una orden del juez Federal Leopoldo Rago Gallo de sacar la montaña de escombros. No solo eso, ya que están imputados tres exgerentes generales, Ignacio Cruz Zabala, Alberto Cerda Mery y Robert Mayne-Nicholls, y el director Ejecutivo de Antofagasta Minerals, el grupo que controla Los Pelambres, de los delitos de contaminación y usurpación de agua y suelo. Los mismos corren el riesgo de tener una condena en su contra.
Ya el ministro de Minería, Alberto Hensel, le había adelantado a este medio que le iban a exigir a la compañía trasandina que saque las 40 millones toneladas de rocas en cinco años como máximo, teniendo en cuenta que ese fue el plazo que le llevó construir la escombrera en territorio calingastino, de 2007 a 2012. Pero trascendió que la provincia va por más y pone todas las fichas a que sea en tres años. Según las condiciones climáticas del lugar, las tareas de extracción pueden realizarse en 10 de los 12 meses del año. En ese marco, los 10 años de trabajos que propuso Los Pelambres fueron descartados, indicaron las fuentes.
De la reunión que tuvieron funcionarios de Cancillería con Fiscalía de Estado de la provincia y el Ministerio de Minería salió a la luz que la minera ya tiene identificada la zona en Chile en donde depositará los escombros que tiró en la provincia, la cual está a unos 13 kilómetros de la mina que explota en el vecino país. Según las fuentes, la gestión uñaquista también quiere que se instalen cámaras, como se hizo en el emprendimiento Veladero, para monitorear y supervisar el retiro. Además, ya se están analizando las tareas de mitigación durante el retiro, como la colocación de una capa de material para evitar infiltraciones de agua.
Todo se aceleró con una pericia que encargó Rago Gallo, la cual estableció que la escombrera contamina lagunas cordilleranas, es un foco de generación de drenaje ácido y metales pesados, y que estos últimos podrían afectar los suelos y las napas. El peligro además radica en que las aguas que bajan de la escombrera pueden confluir en el río Carnicería, uno de los afluentes del San Juan. El magistrado también tiene en la mira a directivos de Glencore, cuya empresa es dueña del terreno donde se armó la escombrera y que aún da pelea judicial.
Acuerdo fallido. El Gobierno había bajado un acuerdo al que había arribado con Los Pelambres para aislar la escombrera hasta que se decidiera su retiro. ¿El motivo? En la minera chilena dieron a entender que no iban a sacar los residuos.
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Biocombustibles europeos contra argentinos
Industria europea del biocombustible anunció acción contra Argentina
Fecha de Publicación: 01/10/2017
Fuente: Diario Bae
Provincia/Región: Nacional
La Cámara Europea de Biodiésel presentará un caso de antidumping contra las importaciones nacionales
Los productores europeos de biodiésel anunciaron hoy que llevarán ante la Comisión Europea las importaciones de biodiesel argentino, a pesar del proceso de reapertura del mercado de la Unión Europea tras un fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La Cámara Europea de Biodiesel (EBB por sus siglas en inglés) presentará un caso de antidumping contra las importaciones de biodiésel argentino, tras la decisión de la Unión Europea (UE) de bajar significativamente los aranceles para los productos nacionales.
En un comunicado publicado en su página web, el EBB señala su preocupación por “el impacto que el Reglamento de Aplicación 2017/1578 está teniendo en el mercado de la UE”. “Se pedirá la imposición de derechos compensatorios de alto nivel por vía rápida, necesaria para prevenir una afluencia de productos de Argentina”, destaca la entidad europea.
La disminución arancelaria ha provocado un aumento importante en los volúmenes de exportaciones subvencionadas de biodiesel de la Argentina a los mercados de la UE. Según los productores europeos, las subvenciones significan que los exportadores argentinos pueden vender biodiesel a un precio inferior al costo de las materias primas solo en la UE.
“Esta adopción de la “vía rápida” contra los las exportaciones argentinas a precios razonables fueron implementadas recientemente por las autoridades de defensa comercial de EE.UU. y la industria con la esperanza de un enfoque similar en la UE, si es posible”, destaca la EBB.
Más adelante remarcaron que “esta es una lucha legítima para proteger el mercado de biodiésel de la UE -y los 120.000 puestos de trabajo que apoya- de un mercado fuertemente subsidiado orientada a la exportación. Estamos preparados para hacer lo que sea necesario para limitar las recurrentes importaciones argentinas de biodiesel”. Un fallo de la OMC obligó a las autoridades europeas bajen los aranceles contra el ingreso de biodiesel argentino.
La Comisión Europea se había concedido hasta el 10 de agosto de 2017 para garantizar que los deberes de la UE se ajusten al informe del Òrgano de Apelación de la OMC. La UE y la Argentina convinieron mutuamente en posponer el plazo hasta el 28 de septiembre de 2017. Mientras tanto, y a pesar de un fuerte desacuerdo, la UE decidió reducir sustancialmente los derechos antidumping contra la Argentina, para ajustarse a la OMC.
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Fecha de Publicación: 01/10/2017
Fuente: Diario Bae
Provincia/Región: Nacional
La Cámara Europea de Biodiésel presentará un caso de antidumping contra las importaciones nacionales
Los productores europeos de biodiésel anunciaron hoy que llevarán ante la Comisión Europea las importaciones de biodiesel argentino, a pesar del proceso de reapertura del mercado de la Unión Europea tras un fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La Cámara Europea de Biodiesel (EBB por sus siglas en inglés) presentará un caso de antidumping contra las importaciones de biodiésel argentino, tras la decisión de la Unión Europea (UE) de bajar significativamente los aranceles para los productos nacionales.
En un comunicado publicado en su página web, el EBB señala su preocupación por “el impacto que el Reglamento de Aplicación 2017/1578 está teniendo en el mercado de la UE”. “Se pedirá la imposición de derechos compensatorios de alto nivel por vía rápida, necesaria para prevenir una afluencia de productos de Argentina”, destaca la entidad europea.
La disminución arancelaria ha provocado un aumento importante en los volúmenes de exportaciones subvencionadas de biodiesel de la Argentina a los mercados de la UE. Según los productores europeos, las subvenciones significan que los exportadores argentinos pueden vender biodiesel a un precio inferior al costo de las materias primas solo en la UE.
“Esta adopción de la “vía rápida” contra los las exportaciones argentinas a precios razonables fueron implementadas recientemente por las autoridades de defensa comercial de EE.UU. y la industria con la esperanza de un enfoque similar en la UE, si es posible”, destaca la EBB.
Más adelante remarcaron que “esta es una lucha legítima para proteger el mercado de biodiésel de la UE -y los 120.000 puestos de trabajo que apoya- de un mercado fuertemente subsidiado orientada a la exportación. Estamos preparados para hacer lo que sea necesario para limitar las recurrentes importaciones argentinas de biodiesel”. Un fallo de la OMC obligó a las autoridades europeas bajen los aranceles contra el ingreso de biodiesel argentino.
La Comisión Europea se había concedido hasta el 10 de agosto de 2017 para garantizar que los deberes de la UE se ajusten al informe del Òrgano de Apelación de la OMC. La UE y la Argentina convinieron mutuamente en posponer el plazo hasta el 28 de septiembre de 2017. Mientras tanto, y a pesar de un fuerte desacuerdo, la UE decidió reducir sustancialmente los derechos antidumping contra la Argentina, para ajustarse a la OMC.
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Justicia obliga a garantizar el medio ambiente sano
Condenan al Municipio a garantizar el medio ambiente para los vecinos de Terrazas del Neuquén
Fecha de Publicación: 01/10/2017
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Fue luego de un amparo presentado por la Defensoría del Pueblo, tras una serie de denuncias a mediados de 2015 por la quema de basura en la meseta.
La Justicia condenó a la Municipalidad de Neuquén a cerrar un predio ubicado en la meseta, en el límite de Terrazas del Neuquén y Bardas Soleadas, vigilarlo, evitar el depósito y la quema de basura y a la vez hacer la limpieza y remediación ambiental.
El fallo tiene relación con un amparo presentado por la Defensoría del Pueblo en julio del año 2015 a partir de la denuncia de vecinos del sector, que dieron cuenta de una quema indiscriminada en basurales.
La sentencia, firmada por el titular del juzgado civil Nº 2, juez Alejandra Bozzano, le da un plazo de tres meses a la administración municipal para dar cumplimiento a la medida, que está establecida por la ordenanza Nº 11986.
En sus argumentos, el fallo avala lo reclamado por la Defensoría que se refiere a que la quema clandestina constituye un foco de contaminación y afecta la salud de los vecinos de Terrazas del Neuquén con humos tóxicos.
En su defensa, el municipio rechazó la presentación judicial y argumentó, entre otros aspectos, el cierre de tres accesos al predio; la colocación de cartelería que prohíbe arrojar basura; la notificación a 20 empresas de contenedores; la limpieza y vigilancia del lugar.
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Fecha de Publicación: 01/10/2017
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Fue luego de un amparo presentado por la Defensoría del Pueblo, tras una serie de denuncias a mediados de 2015 por la quema de basura en la meseta.
La Justicia condenó a la Municipalidad de Neuquén a cerrar un predio ubicado en la meseta, en el límite de Terrazas del Neuquén y Bardas Soleadas, vigilarlo, evitar el depósito y la quema de basura y a la vez hacer la limpieza y remediación ambiental.
El fallo tiene relación con un amparo presentado por la Defensoría del Pueblo en julio del año 2015 a partir de la denuncia de vecinos del sector, que dieron cuenta de una quema indiscriminada en basurales.
La sentencia, firmada por el titular del juzgado civil Nº 2, juez Alejandra Bozzano, le da un plazo de tres meses a la administración municipal para dar cumplimiento a la medida, que está establecida por la ordenanza Nº 11986.
En sus argumentos, el fallo avala lo reclamado por la Defensoría que se refiere a que la quema clandestina constituye un foco de contaminación y afecta la salud de los vecinos de Terrazas del Neuquén con humos tóxicos.
En su defensa, el municipio rechazó la presentación judicial y argumentó, entre otros aspectos, el cierre de tres accesos al predio; la colocación de cartelería que prohíbe arrojar basura; la notificación a 20 empresas de contenedores; la limpieza y vigilancia del lugar.
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Demuestran impacto en la salud de agroquímicos en frutas
Los frutos del veneno
Fecha de Publicación: 30/09/2017
Fuente: Nexciencia (UBA)
Provincia/Región: Río Negro - Neuquén
Un estudio científico efectuado en una importante zona frutícola del Alto Valle, en las provincias de Río Negro y Neuquén, prueba que los plaguicidas que allí se utilizan impactan en los bebés nacidos de madres que, durante el tercer trimestre de su embarazo, residieron en áreas expuestas a la fumigación.
La economía del Alto Valle de las provincias de Río Negro y Neuquén depende, en gran medida, de su producción frutícola. Con la finalidad de evitar las pérdidas de productividad que ocasionan los insectos, esta actividad económica va acompañada por la pulverización de cientos de toneladas anuales de plaguicidas, cuya aplicación se efectúa a lo largo de octubre, noviembre y diciembre.
“La particularidad que tiene esta región es que las viviendas de las poblaciones rurales están muy próximas a los emprendimientos frutícolas. Además, la época de aplicación de los plaguicidas coincide con la época de mayores vientos”, señala María Gabriela Rovedatti, del Laboratorio de Toxicología de Mezclas Químicas de Exactas UBA, una de las autoras del estudio que acaba de publicarse en la revista científica Environmental Science and Pollution Research.
“Es el primer estudio que analiza la sangre del cordón umbilical de bebés nacidos de mujeres que residen en estas poblaciones rurales, y encontramos alteraciones bioquímicas que indican un impacto de los plaguicidas”, revela Rovedatti.
Madres sanas
El trabajo científico incluyó a 151 mujeres saludables de entre 16 y 35 años de edad que estaban cursando el tercer trimestre de su embarazo. Para descartar otros factores que pudieran influir en el estudio, se excluyó a las fumadoras, a aquellas que sufrían alguna enfermedad crónica y a las que desarrollaron alguna complicación durante la gestación.
Por la misma razón, las mujeres incluidas en el estudio eran todas del mismo grupo étnico (latinas) y formaban parte de un hogar de ingresos económicos medios. Asimismo, fueron seleccionadas solamente aquellas que parieron un solo bebé, nacido saludable y a término, en un hospital público.
Para el análisis, fueron divididas en tres grupos. Por un lado, aquellas que residen en áreas rurales y que cursaron su tercer trimestre de embarazo durante la época de fumigación. Por otro lado, las residentes rurales cuyo último trimestre de gestación no coincidió con el período de pulverización. Finalmente, el tercer grupo estaba conformado por mujeres que residen en la ciudad de Neuquén y que nunca habían estado expuestas a los plaguicidas.
“El análisis de la sangre del cordón umbilical muestra, en el caso de las residentes rurales, que los glóbulos rojos son más frágiles y que hay mayor daño en el ADN de los linfocitos”, informa Rovedatti.
Según la investigadora, “ya se sabe que este tipo de plaguicidas atraviesan la placenta y llegan al feto. Estos resultados, junto con los de trabajos nuestros anteriores, dan indicios de que esta población está siendo impactada por los plaguicidas por el solo hecho de residir en esas zonas rurales”.
Niños en riesgo
Desde hace ya varios años, la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) estudia los efectos de las fumigaciones sobre las poblaciones rurales del Alto Valle. Hasta que se mudó a Buenos Aires, Rovedatti formó parte de esa institución y participó de numerosos talleres educativos sostenidos por la UNCo, que estaban enfocados en informar para la prevención de conductas de riesgo.
“No se puede tener resultados que afectan a una población y no hacer nada con ellos”, acota la investigadora.
Para elaborar los contenidos de los talleres, encuestaron a los pobladores rurales: “Encontramos que el 80% de las mujeres no sabía cuál era la época de aplicación de los plaguicidas y que un porcentaje alto comía las frutas directamente del árbol cuando todavía estaban contaminadas”, ilustra.
Por su menor tamaño corporal, para la misma cantidad de plaguicida, los niños tienen mayor riesgo de intoxicarse que los adultos: “La encuesta mostró que, por desconocimiento de los riesgos, durante el tiempo de fumigación las madres dejaban jugar a los chicos afuera y colgaban la ropa de los niños en el exterior. Además, los chicos se bañaban en los canales de riego, que son los desagües de los plaguicidas”.
Además de Rovedatti, el trabajo de investigación lo firman María Quintana, Berta Vera, Gladis Magnarelli y Natalia Guiñazú, todas ellas investigadoras de la UNCo.
“Sabemos que los resultados de nuestras investigaciones pueden afectar intereses que tienen que ver con la producción frutícola y con la comercialización de plaguicidas”, dice Rovedatti. “Pero además de pensar en aumentar la producción, tenemos que cuidar a las personas, sobre todo a los chicos y a las embarazadas que son más vulnerables”, opina.
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Fecha de Publicación: 30/09/2017
Fuente: Nexciencia (UBA)
Provincia/Región: Río Negro - Neuquén
Un estudio científico efectuado en una importante zona frutícola del Alto Valle, en las provincias de Río Negro y Neuquén, prueba que los plaguicidas que allí se utilizan impactan en los bebés nacidos de madres que, durante el tercer trimestre de su embarazo, residieron en áreas expuestas a la fumigación.
La economía del Alto Valle de las provincias de Río Negro y Neuquén depende, en gran medida, de su producción frutícola. Con la finalidad de evitar las pérdidas de productividad que ocasionan los insectos, esta actividad económica va acompañada por la pulverización de cientos de toneladas anuales de plaguicidas, cuya aplicación se efectúa a lo largo de octubre, noviembre y diciembre.
“La particularidad que tiene esta región es que las viviendas de las poblaciones rurales están muy próximas a los emprendimientos frutícolas. Además, la época de aplicación de los plaguicidas coincide con la época de mayores vientos”, señala María Gabriela Rovedatti, del Laboratorio de Toxicología de Mezclas Químicas de Exactas UBA, una de las autoras del estudio que acaba de publicarse en la revista científica Environmental Science and Pollution Research.
“Es el primer estudio que analiza la sangre del cordón umbilical de bebés nacidos de mujeres que residen en estas poblaciones rurales, y encontramos alteraciones bioquímicas que indican un impacto de los plaguicidas”, revela Rovedatti.
Madres sanas
El trabajo científico incluyó a 151 mujeres saludables de entre 16 y 35 años de edad que estaban cursando el tercer trimestre de su embarazo. Para descartar otros factores que pudieran influir en el estudio, se excluyó a las fumadoras, a aquellas que sufrían alguna enfermedad crónica y a las que desarrollaron alguna complicación durante la gestación.
Por la misma razón, las mujeres incluidas en el estudio eran todas del mismo grupo étnico (latinas) y formaban parte de un hogar de ingresos económicos medios. Asimismo, fueron seleccionadas solamente aquellas que parieron un solo bebé, nacido saludable y a término, en un hospital público.
Para el análisis, fueron divididas en tres grupos. Por un lado, aquellas que residen en áreas rurales y que cursaron su tercer trimestre de embarazo durante la época de fumigación. Por otro lado, las residentes rurales cuyo último trimestre de gestación no coincidió con el período de pulverización. Finalmente, el tercer grupo estaba conformado por mujeres que residen en la ciudad de Neuquén y que nunca habían estado expuestas a los plaguicidas.
“El análisis de la sangre del cordón umbilical muestra, en el caso de las residentes rurales, que los glóbulos rojos son más frágiles y que hay mayor daño en el ADN de los linfocitos”, informa Rovedatti.
Según la investigadora, “ya se sabe que este tipo de plaguicidas atraviesan la placenta y llegan al feto. Estos resultados, junto con los de trabajos nuestros anteriores, dan indicios de que esta población está siendo impactada por los plaguicidas por el solo hecho de residir en esas zonas rurales”.
Niños en riesgo
Desde hace ya varios años, la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) estudia los efectos de las fumigaciones sobre las poblaciones rurales del Alto Valle. Hasta que se mudó a Buenos Aires, Rovedatti formó parte de esa institución y participó de numerosos talleres educativos sostenidos por la UNCo, que estaban enfocados en informar para la prevención de conductas de riesgo.
“No se puede tener resultados que afectan a una población y no hacer nada con ellos”, acota la investigadora.
Para elaborar los contenidos de los talleres, encuestaron a los pobladores rurales: “Encontramos que el 80% de las mujeres no sabía cuál era la época de aplicación de los plaguicidas y que un porcentaje alto comía las frutas directamente del árbol cuando todavía estaban contaminadas”, ilustra.
Por su menor tamaño corporal, para la misma cantidad de plaguicida, los niños tienen mayor riesgo de intoxicarse que los adultos: “La encuesta mostró que, por desconocimiento de los riesgos, durante el tiempo de fumigación las madres dejaban jugar a los chicos afuera y colgaban la ropa de los niños en el exterior. Además, los chicos se bañaban en los canales de riego, que son los desagües de los plaguicidas”.
Además de Rovedatti, el trabajo de investigación lo firman María Quintana, Berta Vera, Gladis Magnarelli y Natalia Guiñazú, todas ellas investigadoras de la UNCo.
“Sabemos que los resultados de nuestras investigaciones pueden afectar intereses que tienen que ver con la producción frutícola y con la comercialización de plaguicidas”, dice Rovedatti. “Pero además de pensar en aumentar la producción, tenemos que cuidar a las personas, sobre todo a los chicos y a las embarazadas que son más vulnerables”, opina.
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El proyecto San Jorge oficialmente rechazado
La Provincia hizo oficial el rechazo al proyecto San Jorge
Fecha de Publicación: 30/09/2017
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Se desaprobó el Estudio de Impacto Ambiental y se llevó el plan a foja cero. Ahora la empresa deberá decidir si avanza o no con la inversión.
El Gobierno de Mendoza oficializó, a través de la Resolución 1027, el rechazo al informe de impacto ambiental presentado por los accionistas del proyecto minero San Jorge.
De esa forma el plan de explotación de oro y cobre en Uspallata volvió a foja cero y solo podrá realizarse si los inversionistas vuelven a hacer todos los trámites legales desde el principio. Es decir que deberán presentar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental y esperar a que sea aprobado por el Gobierno poder comenzar con las obras.
Ese proceso impediría que la inversión minera, que se estima que alcanzaría U$S 200 millones y generaría 5.000 puestos de trabajo, no se concrete antes del 2019.
Las causas del rechazo
La Resolución 1.027 fue firmada en forma conjunta por la Dirección de Protección Ambiental y la Dirección de Minería. En el artículo 2, la normativa dice textualmente “Rechácese la presentación de Actualización del Informe de Impacto Ambiental del Proyecto Minero Planta de Concentración de Cobre Minera San Jorge S.A.”.
Para entender la normativa, se deben repasar las claves del conflicto. El proyecto San Jorge fue formalmente presentado en 2008, pero nunca logró la aprobación de la Legislatura.
Tras varias idas y vueltas, en 2016 los accionistas presentaron un plan de trabajo alternativo que implicaba extraer cobre y oro en Mendoza, para luego trasladarlo a San Juan y procesarlo en la provincia vecina.
Sin embargo, el Estudio de Impacto Ambiental presentado en esa oportunidad fue el mismo que se utilizó en el plan de trabajo original, que concentraba todas las actividades de la empresa dentro de Mendoza.
Humberto Mingorance, Secretario de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, explicó que “San Jorge debe realizar un nuevo procedimiento desde cero y presentarlo al Gobierno con el Estudio de Impacto Ambiental realizado en función del nuevo proyecto. En caso de ser aprobado, podrá presentarlo en la Legislatura”.
Claro está, que San Jorge deberá determinar si avanza o no con el nuevo proceso desde cero y si interpone alguna acción legal contra el Gobierno.
Taras Nechiporenko, CEO de Minera San Jorge, señaló que “la empresa aun no fue notificada por parte del Gobierno” y advirtió que “no se tomará ninguna determinación hasta que eso suceda”.
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Fecha de Publicación: 30/09/2017
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Se desaprobó el Estudio de Impacto Ambiental y se llevó el plan a foja cero. Ahora la empresa deberá decidir si avanza o no con la inversión.
El Gobierno de Mendoza oficializó, a través de la Resolución 1027, el rechazo al informe de impacto ambiental presentado por los accionistas del proyecto minero San Jorge.
De esa forma el plan de explotación de oro y cobre en Uspallata volvió a foja cero y solo podrá realizarse si los inversionistas vuelven a hacer todos los trámites legales desde el principio. Es decir que deberán presentar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental y esperar a que sea aprobado por el Gobierno poder comenzar con las obras.
Ese proceso impediría que la inversión minera, que se estima que alcanzaría U$S 200 millones y generaría 5.000 puestos de trabajo, no se concrete antes del 2019.
Las causas del rechazo
La Resolución 1.027 fue firmada en forma conjunta por la Dirección de Protección Ambiental y la Dirección de Minería. En el artículo 2, la normativa dice textualmente “Rechácese la presentación de Actualización del Informe de Impacto Ambiental del Proyecto Minero Planta de Concentración de Cobre Minera San Jorge S.A.”.
Para entender la normativa, se deben repasar las claves del conflicto. El proyecto San Jorge fue formalmente presentado en 2008, pero nunca logró la aprobación de la Legislatura.
Tras varias idas y vueltas, en 2016 los accionistas presentaron un plan de trabajo alternativo que implicaba extraer cobre y oro en Mendoza, para luego trasladarlo a San Juan y procesarlo en la provincia vecina.
Sin embargo, el Estudio de Impacto Ambiental presentado en esa oportunidad fue el mismo que se utilizó en el plan de trabajo original, que concentraba todas las actividades de la empresa dentro de Mendoza.
Humberto Mingorance, Secretario de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, explicó que “San Jorge debe realizar un nuevo procedimiento desde cero y presentarlo al Gobierno con el Estudio de Impacto Ambiental realizado en función del nuevo proyecto. En caso de ser aprobado, podrá presentarlo en la Legislatura”.
Claro está, que San Jorge deberá determinar si avanza o no con el nuevo proceso desde cero y si interpone alguna acción legal contra el Gobierno.
Taras Nechiporenko, CEO de Minera San Jorge, señaló que “la empresa aun no fue notificada por parte del Gobierno” y advirtió que “no se tomará ninguna determinación hasta que eso suceda”.
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Presionados, el Senado aprobó la Ley de tierras
Atravesado por la desaparición de Santiago, el Senado aprobó la Ley de tierras
Fecha de Publicación: 30/09/2017
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
Luego de un largo debate en la que principal discusión fue el plazo de la nueva prórroga, la Cámara Alta aprobó la iniciativa y la giró a Diputados.
Con el vencimiento de la prorroga votada hace cuatro años en el horizonte, el Senado aprobó por unanimidad con 62 votos positivos la norma que extiende por cuatro años más la norma que impide el desaojo los pueblos originarios de sus territorios
La oposición, en sus distintas variantes, fue la encargado de defender el proyecto. Los distintos oradores coincidieron en señalar que el plazo para la prorroga no se podía reducir a menos de cuatro años debido, entre otras cosas, a la complejidad del relevamiento territorial.
Al respecto la senadora jujeña Liliana Fellner señaló: “En caso de no prorrogarse por cuatro años se estaría incumpliendo con el convenio 169 de la OIT”
En ese contexto, la senadora mendocina por el bloque PJ-FpV, Anabel Fernández Sagasti, aprovechó para cuestionar tanto a Cambiemos como la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. “Nos vamos a avalar la persecución y el desalojo de los pueblos originarios. Quieren crear un enemigo interno que no existe. La única violencia que existe hoy en argentina es la violencia institucional”, sentenció en el marco de una sesión que volvió a estar atravesada por la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
El neuquino Marcelo Fuentes continuo por el camino marcado por Sagasti y aseguró que “la intención del Gobierno era que esta ley cayera pero la conmoción del caso Maldonado los llevo a entender que es necesaria”.
Desde la UCR y el interbloque Cambiemos, el primero en adelantar el apoyo fue el formoseño Luis Naidenoff. “Vamos a acompañar una vez más el proyecto de prórroga, porque estamos convencidos, de la necesidad de dotar de cierta certidumbre ante la inminencia de posibles medidas administrativas o judiciales que tiendan a menoscabar determinados derechos”, destacó el senador.
Sin embargo, Naidenoff cuestionó que en los últimos 11 años solo se relevado el 30% de las comunidades y señaló que si bien “la responsabilidad es compartida por el Estado nacional y los Estados provinciales” lo cierto es que “hay muchas provincias que no sólo no ayudan sino que ponen palos en la rueda”.
Por su parte, Miguel Ángel Pichetto, decidió hablar a título personal y dejó en claro que pese a apoyar “la norma que busca pacificar” en la “Argentina no se puede permitir que haya tierras sagradas” por cuestiones “de soberanía”.
El presidente del bloque Pj – FpV para cuestionar al RAM y calificarlo como una minoría violenta y al mismo tiempo pedir que se esclarezca el caso Maldonado.
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Fecha de Publicación: 30/09/2017
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
Luego de un largo debate en la que principal discusión fue el plazo de la nueva prórroga, la Cámara Alta aprobó la iniciativa y la giró a Diputados.
Con el vencimiento de la prorroga votada hace cuatro años en el horizonte, el Senado aprobó por unanimidad con 62 votos positivos la norma que extiende por cuatro años más la norma que impide el desaojo los pueblos originarios de sus territorios
La oposición, en sus distintas variantes, fue la encargado de defender el proyecto. Los distintos oradores coincidieron en señalar que el plazo para la prorroga no se podía reducir a menos de cuatro años debido, entre otras cosas, a la complejidad del relevamiento territorial.
Al respecto la senadora jujeña Liliana Fellner señaló: “En caso de no prorrogarse por cuatro años se estaría incumpliendo con el convenio 169 de la OIT”
En ese contexto, la senadora mendocina por el bloque PJ-FpV, Anabel Fernández Sagasti, aprovechó para cuestionar tanto a Cambiemos como la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. “Nos vamos a avalar la persecución y el desalojo de los pueblos originarios. Quieren crear un enemigo interno que no existe. La única violencia que existe hoy en argentina es la violencia institucional”, sentenció en el marco de una sesión que volvió a estar atravesada por la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
El neuquino Marcelo Fuentes continuo por el camino marcado por Sagasti y aseguró que “la intención del Gobierno era que esta ley cayera pero la conmoción del caso Maldonado los llevo a entender que es necesaria”.
Desde la UCR y el interbloque Cambiemos, el primero en adelantar el apoyo fue el formoseño Luis Naidenoff. “Vamos a acompañar una vez más el proyecto de prórroga, porque estamos convencidos, de la necesidad de dotar de cierta certidumbre ante la inminencia de posibles medidas administrativas o judiciales que tiendan a menoscabar determinados derechos”, destacó el senador.
Sin embargo, Naidenoff cuestionó que en los últimos 11 años solo se relevado el 30% de las comunidades y señaló que si bien “la responsabilidad es compartida por el Estado nacional y los Estados provinciales” lo cierto es que “hay muchas provincias que no sólo no ayudan sino que ponen palos en la rueda”.
Por su parte, Miguel Ángel Pichetto, decidió hablar a título personal y dejó en claro que pese a apoyar “la norma que busca pacificar” en la “Argentina no se puede permitir que haya tierras sagradas” por cuestiones “de soberanía”.
El presidente del bloque Pj – FpV para cuestionar al RAM y calificarlo como una minoría violenta y al mismo tiempo pedir que se esclarezca el caso Maldonado.
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