En Córdoba, las Universidades defienden los bosques
07:00 | 
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Rechazo unánime de las universidades a la ley de bosques nativos
Fecha de Publicación: 08/09/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El consenso tan deseado por el oficialismo provincial para sancionar una nueva ley de bosques nativos dio varios pasos en falso. Las tres universidades nacionales ya expresaron su rechazo a esta iniciativa.
El proyecto se intentó aprobar en diciembre pasado, pero una movilización masiva obligó a retroceder. Hubo un segundo intento a comienzos de este año que también fracasó. El Ministerio de Ambiente de la Nación recomendó que se realizara un proceso participativo.
El Ejecutivo y la Legislatura prometieron varias audiencias públicas y elevar a las universidades el texto y la herramienta tecnológica a partir de la cual se definen las hectáreas de bosque nativo protegidas en las categorías verde, amarilla y roja.
Las tres universidades expresaron su rechazo. La última en expedirse fue la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). El Instituto Superior de Estudios Ambientales (Isea) elevará esta semana un informe muy crítico al Consejo Superior de la Casa de Trejo.
Según el Isea, de aprobarse el proyecto “agravaría la situación ambiental de la provincia, que tiene gran vulnerabilidad ante grandes tormentas, precipitaciones intensas, sequías, inundaciones e incendios”.
Detalla que el proyecto reduce significativamente las zonas roja y amarilla, y que extiende a niveles alarmantes esa vulnerabilidad. Lo hace al permitir la expansión de la ganadería bajo arbolado nativo y la agricultura industrial.
Algunas consecuencias de esto serían un aumento en los fenómenos como crecidas de ríos y anegamientos, el colapso de las “fábricas naturales” de agua y de suelo, y una reducción en la disponibilidad de agua en invierno.
“Sin biodiversidad significativa, no hay supervivencia posible a corto, mediano y largo plazo. Las ciudades y los cultivos industriales no pueden suplir los servicios ambientales que brindan los ambientes nativos de bosques, matorrales y pastizales”, detalla.
La Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) ya había puesto sus reparos al proyecto. Un documento reprochó nueve artículos.
Una de las críticas se refiere a la definición de bosque nativo. En la iniciativa, se focaliza sólo en la etapa madura de este ecosistema. La UNRC sostiene que deberían tenerse en cuenta sectores con especies arbóreas en cualquier estado de desarrollo, como un matorral.
También remarcan que omite la importancia que tienen los bosques nativos para fijar el dióxido de carbono, gas responsable del calentamiento global.
La Universidad de Villa María (UNVM) ya había pedido el archivo del proyecto en mayo con el argumento de que se trata de una normativa inconstitucional.
Según la UNVM, el texto viola el principio de congruencia establecido por la Ley General del Ambiente al comprender parámetros de protección menores a los establecidos por la ley nacional de bosques nativos (26.331). Por ejemplo, habilita el cambio del uso del suelo para las categorías roja y amarilla, y no incorpora el concepto de “bosque nativo” fijado por la norma nacional.
Herramienta deficiente
Hace unas semanas, la UNVM también denunció varias fallas en la herramienta tecnológica que la Provincia quiere usar para crear el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN).
Por ejemplo, falta una capa de información con la superficie desmontada ilegalmente entre 2005 y 2014. Los datos se habrían extraviado. La Nación ofreció información para volver a elaborar esa capa.
Tampoco están incluidas las reservas forestales intangibles creadas por resolución en 2005. Se trata de un porcentaje (entre el 30 y el 40 por ciento) que debía conservarse en cada predio con bosque nativo. Se calcula que son más de 250 mil hectáreas.
El Isea de la UNC no evaluó esta herramienta. Sin embargo, un grupo de expertos de la Casa de Trejo emitió un informe sobre el tema. “La herramienta tecnológica muestra una completa falta de sustento de conocimiento científico ecosistémico, epistemológico y metodológico”, dice el texto firmado por Alicia Barchuk, Diego Gurvich y Marcel Zak, entre otros.
Por ejemplo, denuncian que sólo tiene en cuenta uno de los 10 criterios que fija la ley nacional de bosques nativos. De esta forma, “el 50 por ciento de la cobertura de bosques existentes para la ley provincial 9.814 en la categoría roja podría descender de categoría, aspecto que la ley nacional prohíbe”.
No tiene en cuenta el criterio de potencial de conservación de cuencas. “No sólo pone en riesgo el acceso de la población al agua, en calidad y cantidad adecuadas, sino que también propicia procesos de desertificación e inundaciones”, señala el informe.
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Fecha de Publicación: 08/09/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El consenso tan deseado por el oficialismo provincial para sancionar una nueva ley de bosques nativos dio varios pasos en falso. Las tres universidades nacionales ya expresaron su rechazo a esta iniciativa.
El proyecto se intentó aprobar en diciembre pasado, pero una movilización masiva obligó a retroceder. Hubo un segundo intento a comienzos de este año que también fracasó. El Ministerio de Ambiente de la Nación recomendó que se realizara un proceso participativo.
El Ejecutivo y la Legislatura prometieron varias audiencias públicas y elevar a las universidades el texto y la herramienta tecnológica a partir de la cual se definen las hectáreas de bosque nativo protegidas en las categorías verde, amarilla y roja.
Las tres universidades expresaron su rechazo. La última en expedirse fue la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). El Instituto Superior de Estudios Ambientales (Isea) elevará esta semana un informe muy crítico al Consejo Superior de la Casa de Trejo.
Según el Isea, de aprobarse el proyecto “agravaría la situación ambiental de la provincia, que tiene gran vulnerabilidad ante grandes tormentas, precipitaciones intensas, sequías, inundaciones e incendios”.
Detalla que el proyecto reduce significativamente las zonas roja y amarilla, y que extiende a niveles alarmantes esa vulnerabilidad. Lo hace al permitir la expansión de la ganadería bajo arbolado nativo y la agricultura industrial.
Algunas consecuencias de esto serían un aumento en los fenómenos como crecidas de ríos y anegamientos, el colapso de las “fábricas naturales” de agua y de suelo, y una reducción en la disponibilidad de agua en invierno.
“Sin biodiversidad significativa, no hay supervivencia posible a corto, mediano y largo plazo. Las ciudades y los cultivos industriales no pueden suplir los servicios ambientales que brindan los ambientes nativos de bosques, matorrales y pastizales”, detalla.
La Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) ya había puesto sus reparos al proyecto. Un documento reprochó nueve artículos.
Una de las críticas se refiere a la definición de bosque nativo. En la iniciativa, se focaliza sólo en la etapa madura de este ecosistema. La UNRC sostiene que deberían tenerse en cuenta sectores con especies arbóreas en cualquier estado de desarrollo, como un matorral.
También remarcan que omite la importancia que tienen los bosques nativos para fijar el dióxido de carbono, gas responsable del calentamiento global.
La Universidad de Villa María (UNVM) ya había pedido el archivo del proyecto en mayo con el argumento de que se trata de una normativa inconstitucional.
Según la UNVM, el texto viola el principio de congruencia establecido por la Ley General del Ambiente al comprender parámetros de protección menores a los establecidos por la ley nacional de bosques nativos (26.331). Por ejemplo, habilita el cambio del uso del suelo para las categorías roja y amarilla, y no incorpora el concepto de “bosque nativo” fijado por la norma nacional.
Herramienta deficiente
Hace unas semanas, la UNVM también denunció varias fallas en la herramienta tecnológica que la Provincia quiere usar para crear el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN).
Por ejemplo, falta una capa de información con la superficie desmontada ilegalmente entre 2005 y 2014. Los datos se habrían extraviado. La Nación ofreció información para volver a elaborar esa capa.
Tampoco están incluidas las reservas forestales intangibles creadas por resolución en 2005. Se trata de un porcentaje (entre el 30 y el 40 por ciento) que debía conservarse en cada predio con bosque nativo. Se calcula que son más de 250 mil hectáreas.
El Isea de la UNC no evaluó esta herramienta. Sin embargo, un grupo de expertos de la Casa de Trejo emitió un informe sobre el tema. “La herramienta tecnológica muestra una completa falta de sustento de conocimiento científico ecosistémico, epistemológico y metodológico”, dice el texto firmado por Alicia Barchuk, Diego Gurvich y Marcel Zak, entre otros.
Por ejemplo, denuncian que sólo tiene en cuenta uno de los 10 criterios que fija la ley nacional de bosques nativos. De esta forma, “el 50 por ciento de la cobertura de bosques existentes para la ley provincial 9.814 en la categoría roja podría descender de categoría, aspecto que la ley nacional prohíbe”.
No tiene en cuenta el criterio de potencial de conservación de cuencas. “No sólo pone en riesgo el acceso de la población al agua, en calidad y cantidad adecuadas, sino que también propicia procesos de desertificación e inundaciones”, señala el informe.
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Quejas de Misiones por la demora de fondos para Bosques
Quejas contra la Nación por la demora de $18 millones de la Ley de Bosques
Fecha de Publicación: 08/09/2017
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones - Nacional
Es parte del presupuesto 2017 que debe llegar para proteger los bosques y evitar la degradación. Hay otras provincias que ya tienen sus fondos aprobados, pero Misiones todavía no.
La ministra de Ecología, Verónica Derna, señaló que están esperando que la Nación desembolse unos 18 millones de pesos que están incluidos en el presupuesto de este año para la Ley de Bosques, pero que se encuentran demorados a causa de la burocracia nacional.
La ministra realizó este planteo durante la reunión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de Misiones, realizada el lunes para analizar el presupuesto 2018.
Al mismo tiempo, Derna destacó el trabajo de los legisladores nacionales por la provincia que lograron un incremento en el monto de la Ley de Bosques “porque en años anteriores nos venía siete u ocho millones; y este año se logró 18 millones”.
Pero se quejó por la demora porque “todavía no han llegado los fondos, estamos esperando. Hemos actualizado la Ley de Bosques y rendimos todo lo necesario para recibir los fondos, pero dijeron que estaba aprobada la resolución para desembolsar el 30% y que la otra resolución por el 70% estaba para dictamen del área de Jurídicos”.
La Ley de Bosques 26.331 es de vital importancia para Misiones porque regula el uso de los Bosques Nativos y promueve la gestión forestal sustentable para frenar el avance descontrolado de la explotación forestal y la frontera agropecuaria. Sin esos fondos, la ley es letra muerta porque no pueden cumplirse los objetivos.
Los puntos centrales son: cada provincia debe realizar un Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, obligación de realizar Estudio de Impacto Ambiental y una audiencia pública antes de autorizar un desmonte y respetar a los derechos de las comunidades indígenas y campesinas. También se zonifica los bosques en categorías de muy alto valor de conservación, de alto o medio valor de conservación y de bajo valor de conservación.
El monto calculado por el Ministerio de Ecología para el año próximo es de 423 millones de pesos, lo cual representa un incremento de 15% respecto al presupuesto que se ejecuta este año y que está actualmente con un 62% de ejecución. Según la funcionaria, la mayor inversión apunta a lograr la comunicación fluida entre cuatro parques (Esmeralda, Caa Yarí, Araucarea y Moconá) con antenas, camionetas, radios y otros dispositivos de seguridad y comunicación.
50 mil títulos en trámite
Hace 20 meses, cuando asumió el nuevo Gobierno provincial hubo una autocrítica muy fuerte del gobernador Hugo Passalacqua al respecto de la existencia de 70 mil expedientes en trámite referidos a la tenencia de tierras, principalmente en las zonas rurales.
En la reunión del lunes, la Subsecretaría de Tierras informó que se brindaron 12 mil soluciones (permisos o títulos) y que se eliminaron los trámites duplicados o repetidos. Igualmente, difundió un dato que sigue siendo preocupante porque quedan pendientes 50 mil títulos de propiedad por entregar o continuar el trámite iniciado.
122 guardaparques para 460 mil hectáreas
Otro de los datos que le preguntaron los diputados opositores a Derna, y que estaba pendiente desde el año pasado era la cantidad de guardaparques que tiene el Ministerio. En ese momento fue el subsecretario Juan Manuel Díaz quien explicó que toda la provincia de Misiones tiene solo 122 guardaparques para custodiar 22 áreas naturales protegidas que totalizan 460 mil hectáreas.
Se debe tener en cuenta que los guardaparques trabajan la mitad del mes de corrido y la otra mitad descansan, por lo tanto, en actividad se encuentran solo la mitad: 61 guardaparques por turno, un promedio de tres guardaparques por cada parque provincial, sin contar los que tengan licencia, enfermedad o realicen solamente tareas administrativas.
No habló del Lote 8
Ante la consulta de un diputado opositor, la ministra Derna no contestó acerca de la intención de continuar con el camino en el Parque Provincial Moconá, para llegar al Lote 8, afectando un área natural protegida.
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Fecha de Publicación: 08/09/2017
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones - Nacional
Es parte del presupuesto 2017 que debe llegar para proteger los bosques y evitar la degradación. Hay otras provincias que ya tienen sus fondos aprobados, pero Misiones todavía no.
La ministra de Ecología, Verónica Derna, señaló que están esperando que la Nación desembolse unos 18 millones de pesos que están incluidos en el presupuesto de este año para la Ley de Bosques, pero que se encuentran demorados a causa de la burocracia nacional.
La ministra realizó este planteo durante la reunión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de Misiones, realizada el lunes para analizar el presupuesto 2018.
Al mismo tiempo, Derna destacó el trabajo de los legisladores nacionales por la provincia que lograron un incremento en el monto de la Ley de Bosques “porque en años anteriores nos venía siete u ocho millones; y este año se logró 18 millones”.
Pero se quejó por la demora porque “todavía no han llegado los fondos, estamos esperando. Hemos actualizado la Ley de Bosques y rendimos todo lo necesario para recibir los fondos, pero dijeron que estaba aprobada la resolución para desembolsar el 30% y que la otra resolución por el 70% estaba para dictamen del área de Jurídicos”.
La Ley de Bosques 26.331 es de vital importancia para Misiones porque regula el uso de los Bosques Nativos y promueve la gestión forestal sustentable para frenar el avance descontrolado de la explotación forestal y la frontera agropecuaria. Sin esos fondos, la ley es letra muerta porque no pueden cumplirse los objetivos.
Los puntos centrales son: cada provincia debe realizar un Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, obligación de realizar Estudio de Impacto Ambiental y una audiencia pública antes de autorizar un desmonte y respetar a los derechos de las comunidades indígenas y campesinas. También se zonifica los bosques en categorías de muy alto valor de conservación, de alto o medio valor de conservación y de bajo valor de conservación.
El monto calculado por el Ministerio de Ecología para el año próximo es de 423 millones de pesos, lo cual representa un incremento de 15% respecto al presupuesto que se ejecuta este año y que está actualmente con un 62% de ejecución. Según la funcionaria, la mayor inversión apunta a lograr la comunicación fluida entre cuatro parques (Esmeralda, Caa Yarí, Araucarea y Moconá) con antenas, camionetas, radios y otros dispositivos de seguridad y comunicación.
50 mil títulos en trámite
Hace 20 meses, cuando asumió el nuevo Gobierno provincial hubo una autocrítica muy fuerte del gobernador Hugo Passalacqua al respecto de la existencia de 70 mil expedientes en trámite referidos a la tenencia de tierras, principalmente en las zonas rurales.
En la reunión del lunes, la Subsecretaría de Tierras informó que se brindaron 12 mil soluciones (permisos o títulos) y que se eliminaron los trámites duplicados o repetidos. Igualmente, difundió un dato que sigue siendo preocupante porque quedan pendientes 50 mil títulos de propiedad por entregar o continuar el trámite iniciado.
122 guardaparques para 460 mil hectáreas
Otro de los datos que le preguntaron los diputados opositores a Derna, y que estaba pendiente desde el año pasado era la cantidad de guardaparques que tiene el Ministerio. En ese momento fue el subsecretario Juan Manuel Díaz quien explicó que toda la provincia de Misiones tiene solo 122 guardaparques para custodiar 22 áreas naturales protegidas que totalizan 460 mil hectáreas.
Se debe tener en cuenta que los guardaparques trabajan la mitad del mes de corrido y la otra mitad descansan, por lo tanto, en actividad se encuentran solo la mitad: 61 guardaparques por turno, un promedio de tres guardaparques por cada parque provincial, sin contar los que tengan licencia, enfermedad o realicen solamente tareas administrativas.
No habló del Lote 8
Ante la consulta de un diputado opositor, la ministra Derna no contestó acerca de la intención de continuar con el camino en el Parque Provincial Moconá, para llegar al Lote 8, afectando un área natural protegida.
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bosques nativos,
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Denuncian 'cajoneo' de la Ley de Delitos Forestales
La diputada Burgos está cajoneando la Ley de Delitos Forestales
Fecha de Publicación: 08/09/2017
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
La organización ambientalista denunció que la diputada María Gabriela Burgos está demorando la Ley de Delitos Forestales en el Congreso de la Nación. El proyecto fue presentado por Greenpeace junto a organizaciones campesinas e indígenas hace casi un año y está trabado en la comisión de Legislación Penal que preside la representante jujeña.
“Es inadmisible que haya pasado casi un año y la Comisión de Legislación Penal no lo haya tratado. Mientras su votación se demora, los desmontes ilegales y los desalojos de comunidades campesinas e indígenas, avanzan”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.
El proyecto establece una pena de 2 a 10 años de prisión a quien sin autorización ocasione intencionalmente el desmonte, incendio, cambio de uso de suelo o la destrucción de bosques nativos. También penaliza, con cárcel de 2 a 6 años, a quien ayude a cometer esos delitos a través de la provisión de maquinaria o conocimiento técnico, académico o científico. Las penas se incrementan para el funcionario que forme parte del delito o autorice desmontes violando las normas vigentes.
“Grandes productores agropecuarios y desarrolladores inmobiliarios violan la Ley de Bosques y no tienen condena: simplemente se les cobra una multa insignificante en relación al dinero que ganan a costa de la destrucción de los bosques. En muchos casos es clara la complicidad de los funcionarios en la violación de la normativa. El Congreso debe sancionar de forma urgente la Ley de Delitos Forestales para terminar con esta impunidad”, afirmó Giardini.
Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a Argentina entre los diez países que más desmontaron entre 1990 y 2015: se perdieron 7,6 millones de hectáreas, a razón de 300 mil hectáreas al año. Datos oficiales confirman que, desde la sanción de la Ley de Bosques (año 2007) hasta fines de 2016 se deforestaron 2,4 millones de hectáreas, de las cuales más de 750 mil eran bosques protegidos. Un reciente informe de Greenpeace estima que al menos el 42% de los desmontes realizados en el primer semestre del año fueron ilegales.
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Fecha de Publicación: 08/09/2017
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
La organización ambientalista denunció que la diputada María Gabriela Burgos está demorando la Ley de Delitos Forestales en el Congreso de la Nación. El proyecto fue presentado por Greenpeace junto a organizaciones campesinas e indígenas hace casi un año y está trabado en la comisión de Legislación Penal que preside la representante jujeña.
“Es inadmisible que haya pasado casi un año y la Comisión de Legislación Penal no lo haya tratado. Mientras su votación se demora, los desmontes ilegales y los desalojos de comunidades campesinas e indígenas, avanzan”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.
El proyecto establece una pena de 2 a 10 años de prisión a quien sin autorización ocasione intencionalmente el desmonte, incendio, cambio de uso de suelo o la destrucción de bosques nativos. También penaliza, con cárcel de 2 a 6 años, a quien ayude a cometer esos delitos a través de la provisión de maquinaria o conocimiento técnico, académico o científico. Las penas se incrementan para el funcionario que forme parte del delito o autorice desmontes violando las normas vigentes.
“Grandes productores agropecuarios y desarrolladores inmobiliarios violan la Ley de Bosques y no tienen condena: simplemente se les cobra una multa insignificante en relación al dinero que ganan a costa de la destrucción de los bosques. En muchos casos es clara la complicidad de los funcionarios en la violación de la normativa. El Congreso debe sancionar de forma urgente la Ley de Delitos Forestales para terminar con esta impunidad”, afirmó Giardini.
Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a Argentina entre los diez países que más desmontaron entre 1990 y 2015: se perdieron 7,6 millones de hectáreas, a razón de 300 mil hectáreas al año. Datos oficiales confirman que, desde la sanción de la Ley de Bosques (año 2007) hasta fines de 2016 se deforestaron 2,4 millones de hectáreas, de las cuales más de 750 mil eran bosques protegidos. Un reciente informe de Greenpeace estima que al menos el 42% de los desmontes realizados en el primer semestre del año fueron ilegales.
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Nulidad declarada por la CS de desmontes en Jujuy
La Corte Suprema declaró la nulidad de las autorizaciones de desmonte de bosques nativos en Jujuy por graves irregularidades en el proceso de estudio de impacto ambiental
Fecha de Publicación: 07/09/2017
Fuente: CIJ
Provincia/Región: Jujuy
La Corte Suprema, por mayoría, compuesta por los Dres. Lorenzetti, Highton de Nolasco, Maqueda y Rosatti, declaró la nulidad de dos resoluciones de la provincia de Jujuy por las cuales se había autorizado el desmonte de 1470 hectáreas de bosques nativos, en la finca La Gran Largada ubicada en la localidad de Palma Sola, departamento Santa Bárbara, de la provincia mencionada.
Consideró que las irregularidades del procedimiento de estudio de impacto ambiental (EIA) que caracterizaron el pedido de desmonte revisten suficiente gravedad para justificar la nulidad de las autorizaciones. Para resolver de ese modo, estimó que las resoluciones cuestionadas omiten la mención de las observaciones que surgen de las inspecciones previas realizadas en el predio, y que dan cuenta, por ejemplo, de un bañado que no figura en el plano presentado con el EIA. Precisó que dichas resoluciones tampoco consideraron la advertencia sobre el peligro de erosión si no se respetan las cortinas de los cursos de agua.
Además de las irregularidades señaladas, el Tribunal observó, por un lado, que las autorizaciones de desmonte comprenden una superficie de 1470 hectáreas frente a las 1200 objeto del EIA y, por el otro, que solamente se fiscalizaron 600 hectáreas, es decir, menos del 50% del área autorizada para el desmonte.
Finalmente, la Corte Suprema advirtió que no surge de las constancias de la causa que se hayan celebrado las audiencias públicas antes de otorgar la autorización, lo cual resulta contrario a la cláusula ambiental de la Constitución Nacional (art. 41), a la Ley General del Ambiente (artículos 19 a 21), a la Ley de Presupuestos Mínimos de Bosques Nativos (art. 26), y a la normativa de Jujuy que instrumenta la audiencia pública previa al EIA, como forma de canalizar la participación ciudadana.
Por estas razones concluyó que las autorizaciones de desmonte son nulas.
El Dr. Carlos Rosenkrantz, en disidencia parcial, votó por hacer lugar a la queja, dejar sin efecto la sentencia apelada, y devolver el expediente al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy para que se dicte un nuevo pronunciamiento. Puso de resalto que la sentencia de dicho tribunal había resuelto rechazar la demanda sin dar respuesta a uno de los principales fundamentos, más precisamente, la ausencia de participación de la comunidad potencialmente afectada por los actos administrativos que aprobaron la factibilidad ambiental de los desmontes antes de que aquellos fueran dictados. Por tal razón, y a la luz de la jurisprudencia del tribunal que considera arbitrarios los pronunciamientos que omiten el tratamiento de una cuestión oportunamente planteada por la parte contra quien se dirige la sentencia y que resulta relevante para la solución del caso, concluyó que la sentencia dictada por el tribunal provincial no podía ser validada.
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Fecha de Publicación: 07/09/2017
Fuente: CIJ
Provincia/Región: Jujuy
La Corte Suprema, por mayoría, compuesta por los Dres. Lorenzetti, Highton de Nolasco, Maqueda y Rosatti, declaró la nulidad de dos resoluciones de la provincia de Jujuy por las cuales se había autorizado el desmonte de 1470 hectáreas de bosques nativos, en la finca La Gran Largada ubicada en la localidad de Palma Sola, departamento Santa Bárbara, de la provincia mencionada.
Consideró que las irregularidades del procedimiento de estudio de impacto ambiental (EIA) que caracterizaron el pedido de desmonte revisten suficiente gravedad para justificar la nulidad de las autorizaciones. Para resolver de ese modo, estimó que las resoluciones cuestionadas omiten la mención de las observaciones que surgen de las inspecciones previas realizadas en el predio, y que dan cuenta, por ejemplo, de un bañado que no figura en el plano presentado con el EIA. Precisó que dichas resoluciones tampoco consideraron la advertencia sobre el peligro de erosión si no se respetan las cortinas de los cursos de agua.
Además de las irregularidades señaladas, el Tribunal observó, por un lado, que las autorizaciones de desmonte comprenden una superficie de 1470 hectáreas frente a las 1200 objeto del EIA y, por el otro, que solamente se fiscalizaron 600 hectáreas, es decir, menos del 50% del área autorizada para el desmonte.
Finalmente, la Corte Suprema advirtió que no surge de las constancias de la causa que se hayan celebrado las audiencias públicas antes de otorgar la autorización, lo cual resulta contrario a la cláusula ambiental de la Constitución Nacional (art. 41), a la Ley General del Ambiente (artículos 19 a 21), a la Ley de Presupuestos Mínimos de Bosques Nativos (art. 26), y a la normativa de Jujuy que instrumenta la audiencia pública previa al EIA, como forma de canalizar la participación ciudadana.
Por estas razones concluyó que las autorizaciones de desmonte son nulas.
El Dr. Carlos Rosenkrantz, en disidencia parcial, votó por hacer lugar a la queja, dejar sin efecto la sentencia apelada, y devolver el expediente al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy para que se dicte un nuevo pronunciamiento. Puso de resalto que la sentencia de dicho tribunal había resuelto rechazar la demanda sin dar respuesta a uno de los principales fundamentos, más precisamente, la ausencia de participación de la comunidad potencialmente afectada por los actos administrativos que aprobaron la factibilidad ambiental de los desmontes antes de que aquellos fueran dictados. Por tal razón, y a la luz de la jurisprudencia del tribunal que considera arbitrarios los pronunciamientos que omiten el tratamiento de una cuestión oportunamente planteada por la parte contra quien se dirige la sentencia y que resulta relevante para la solución del caso, concluyó que la sentencia dictada por el tribunal provincial no podía ser validada.
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Los residuos peligrosos en análisis del COFEMA
El Consejo Federal de Medio Ambiente trabaja en un nuevo proyecto de ley de residuos peligrosos
Fecha de Publicación: 07/09/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA) sesionó hoy en Asamblea Extraordinaria para discutir un anteproyecto de ley de residuos peligrosos que impulsa el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Para esto, el COFEMA inició ayer una jornada de trabajo en la ciudad de Buenos Aires cuya apertura estuvo a cargo del rabino Sergio Bergman, ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable; Lucas Figueras, secretario de Coordinación Interjudiccional de la cartera nacional de Ambiente; Thierry Decoud, secretario de Control y Monitoreo del mismo Ministerio; y María Inés Zigarán, presidenta del COFEMA.
“Esperamos que este espacio federal sea productivo, proactivo y colaborativo, en donde provincias y Nación trabajemos de manera conjunta en pos de generar consensos para este importante proyecto de ley”, señaló el ministro Bergman en el inicio del taller.
En relación con esto, técnicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable presentaron durante la primera jornada los lineamientos del anteproyecto que busca reemplazar a la vigente Ley N.° 24051. Las comisiones de asesoramiento legislativo y de residuos de COFEMA discutieron además los aspectos generales del mismo, con una posterior puesta en común de las propuestas y aportes de cada una de las comisiones.
En la segunda jornada, dedicada a la celebración de la Asamblea Extraordinaria, el COFEMA realizó consideraciones a propósito del mencionado proyecto, en el cual se decidió continuar trabajando buscando el acuerdo de todas las provincias participantes. En este marco, el ministro Bergman señaló: “Espero que podamos tratar de ser lo más focales y ejecutivos posibles, a fin de concentrarnos en los intercambios que requerimos para poder validar las gestiones. Uno de los temas prioritarios es el proyecto de residuos peligrosos. Espero sea un espacio de construcción compartida y de debate de contenidos”.
También se presentó el estado de situación de un convenio COFEMA – Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, se discutió en torno a los proyectos de resolución sobre constitución del fondo de bosques en cumplimiento de la Ley N.° 26331 y se comentó el estado de situación del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, a cargo del Ministerio de Ambiente de la Nación.
Por otra parte, se presentó una propuesta conjunta entre la cartera de Ambiente y el Ministerio de Agroindustria mediante la cual se propone la realización de un taller de aplicaciones de agroquímicos; y se trataron temas vinculados al proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de áreas marinas protegidas y al seguro ambiental, entre otros temas.
En la Asamblea del COFEMA también participaron junto a Bergman, Figueras, Decoud y Zigarán el secretario de Política Ambiental, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático, Diego Moreno; el subsecretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Carlos Gentile; y la vicepresidenta de COFEMA y ministra de Planificación, Ambiente e Innovación Tecnológica del Chaco, María Elina Serrano.
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Fecha de Publicación: 07/09/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA) sesionó hoy en Asamblea Extraordinaria para discutir un anteproyecto de ley de residuos peligrosos que impulsa el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Para esto, el COFEMA inició ayer una jornada de trabajo en la ciudad de Buenos Aires cuya apertura estuvo a cargo del rabino Sergio Bergman, ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable; Lucas Figueras, secretario de Coordinación Interjudiccional de la cartera nacional de Ambiente; Thierry Decoud, secretario de Control y Monitoreo del mismo Ministerio; y María Inés Zigarán, presidenta del COFEMA.
“Esperamos que este espacio federal sea productivo, proactivo y colaborativo, en donde provincias y Nación trabajemos de manera conjunta en pos de generar consensos para este importante proyecto de ley”, señaló el ministro Bergman en el inicio del taller.
En relación con esto, técnicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable presentaron durante la primera jornada los lineamientos del anteproyecto que busca reemplazar a la vigente Ley N.° 24051. Las comisiones de asesoramiento legislativo y de residuos de COFEMA discutieron además los aspectos generales del mismo, con una posterior puesta en común de las propuestas y aportes de cada una de las comisiones.
En la segunda jornada, dedicada a la celebración de la Asamblea Extraordinaria, el COFEMA realizó consideraciones a propósito del mencionado proyecto, en el cual se decidió continuar trabajando buscando el acuerdo de todas las provincias participantes. En este marco, el ministro Bergman señaló: “Espero que podamos tratar de ser lo más focales y ejecutivos posibles, a fin de concentrarnos en los intercambios que requerimos para poder validar las gestiones. Uno de los temas prioritarios es el proyecto de residuos peligrosos. Espero sea un espacio de construcción compartida y de debate de contenidos”.
También se presentó el estado de situación de un convenio COFEMA – Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, se discutió en torno a los proyectos de resolución sobre constitución del fondo de bosques en cumplimiento de la Ley N.° 26331 y se comentó el estado de situación del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, a cargo del Ministerio de Ambiente de la Nación.
Por otra parte, se presentó una propuesta conjunta entre la cartera de Ambiente y el Ministerio de Agroindustria mediante la cual se propone la realización de un taller de aplicaciones de agroquímicos; y se trataron temas vinculados al proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de áreas marinas protegidas y al seguro ambiental, entre otros temas.
En la Asamblea del COFEMA también participaron junto a Bergman, Figueras, Decoud y Zigarán el secretario de Política Ambiental, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático, Diego Moreno; el subsecretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Carlos Gentile; y la vicepresidenta de COFEMA y ministra de Planificación, Ambiente e Innovación Tecnológica del Chaco, María Elina Serrano.
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Jujuy sigue con el programa edificios públicos sustentables
Avanza con éxito el programa edificios públicos más sustentables
Fecha de Publicación: 07/09/2017
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
El Ministerio de Ambiente de Jujuy avanza con éxito en el Programa Edificios públicos más sustentables, el cual se enmarca en el Plan integral de residuos sólidos urbanos GIRSU y dentro de la política Jujuy Verde: Carbono neutral 2030.
El Programa EPMS busca impulsar a las instituciones públicas a implementar prácticas respetuosas, valorativas del ambiente y de los recursos naturales, en vista a consolidar el desafío de convertir a Jujuy en una provincia verde.
La sustentabilidad de un edificio público implica un proceso, el cual tiene como objetivo reducir de manera institucional la huella de carbono, mejorar la matriz energética, la matriz de transporte, y generar un cambio de hábitos más respetuosos por el ambiente.
En este sentido, el proceso sustentable ha iniciado a través de la separación binaria de residuos en las instituciones públicas adheridas a la iniciativa, y contempla el apoyo a través de distintos factores, como la entrega de materiales e insumos (contenedores de cartón para la separación de residuos, bolsas plásticas de dos colores, afiches y folletos explicativos, un decálogo de buenas prácticas ambientales en edificios públicos, big bags y carteles indicativos para los puntos verdes definidos por cada institución).
Además, se brinda una charla informativa a los referentes y empleados públicos sobre separación de residuos; se firma de un acta de adhesión y compromiso con el programa; y se incorpora al circuito urbano de recolección selectiva de residuos, realizado conjuntamente con el Municipio de San Salvador de Jujuy.
Esta primera etapa del proceso de sustentabilidad, implica concientizar sobre la valorización de los residuos como recursos y oportunidades de desarrollo para diferentes actores de nuestra sociedad, como ser recuperadores, recicladores, emprendedores sustentables, fundaciones, entre otros.
Todo el material reciclable recuperado es destinado al Centro Ambiental Jujuy, donde recuperadores informales ya están clasificando y comercializando el material aprovechado. En ese espacio los recuperadores informales trabajan de forma grupal y en condiciones laborales apropiadas.
En este contexto, se articula al Plan de Inclusión Social de Recuperadores del basural de El Pongo, llevado a cabo a partir de marzo del 2016 y es un paso importante que se está dando para la puesta en marcha definitiva de la planta de separación de residuos que está en el centro ambiental Jujuy.
Es de destacar la adhesión inicial de más de 20 edificios públicos al Programa, de los cuales las experiencias más exitosas fueron las de la Dirección Provincial de Rentas, el Ministerio de Ambiente y la Universidad Católica de Santiago del Estero.
Cabe mencionar que se avanza en la sustentabilidad con los edificios públicos ya que estas instituciones generan grandes volúmenes de residuos diariamente, no sólo por los empleados que trabajan internamente, sino también por los usuarios que asisten diariamente; además conllevan un alto potencial para replicar buenas prácticas hacia otros sectores de la sociales; y porque es factible el trabajo articulado e interinstitucional para lograr acciones de mayor impacto y unidad para nuestra sociedad.
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Fecha de Publicación: 07/09/2017
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
El Ministerio de Ambiente de Jujuy avanza con éxito en el Programa Edificios públicos más sustentables, el cual se enmarca en el Plan integral de residuos sólidos urbanos GIRSU y dentro de la política Jujuy Verde: Carbono neutral 2030.
El Programa EPMS busca impulsar a las instituciones públicas a implementar prácticas respetuosas, valorativas del ambiente y de los recursos naturales, en vista a consolidar el desafío de convertir a Jujuy en una provincia verde.
La sustentabilidad de un edificio público implica un proceso, el cual tiene como objetivo reducir de manera institucional la huella de carbono, mejorar la matriz energética, la matriz de transporte, y generar un cambio de hábitos más respetuosos por el ambiente.
En este sentido, el proceso sustentable ha iniciado a través de la separación binaria de residuos en las instituciones públicas adheridas a la iniciativa, y contempla el apoyo a través de distintos factores, como la entrega de materiales e insumos (contenedores de cartón para la separación de residuos, bolsas plásticas de dos colores, afiches y folletos explicativos, un decálogo de buenas prácticas ambientales en edificios públicos, big bags y carteles indicativos para los puntos verdes definidos por cada institución).
Además, se brinda una charla informativa a los referentes y empleados públicos sobre separación de residuos; se firma de un acta de adhesión y compromiso con el programa; y se incorpora al circuito urbano de recolección selectiva de residuos, realizado conjuntamente con el Municipio de San Salvador de Jujuy.
Esta primera etapa del proceso de sustentabilidad, implica concientizar sobre la valorización de los residuos como recursos y oportunidades de desarrollo para diferentes actores de nuestra sociedad, como ser recuperadores, recicladores, emprendedores sustentables, fundaciones, entre otros.
Todo el material reciclable recuperado es destinado al Centro Ambiental Jujuy, donde recuperadores informales ya están clasificando y comercializando el material aprovechado. En ese espacio los recuperadores informales trabajan de forma grupal y en condiciones laborales apropiadas.
En este contexto, se articula al Plan de Inclusión Social de Recuperadores del basural de El Pongo, llevado a cabo a partir de marzo del 2016 y es un paso importante que se está dando para la puesta en marcha definitiva de la planta de separación de residuos que está en el centro ambiental Jujuy.
Es de destacar la adhesión inicial de más de 20 edificios públicos al Programa, de los cuales las experiencias más exitosas fueron las de la Dirección Provincial de Rentas, el Ministerio de Ambiente y la Universidad Católica de Santiago del Estero.
Cabe mencionar que se avanza en la sustentabilidad con los edificios públicos ya que estas instituciones generan grandes volúmenes de residuos diariamente, no sólo por los empleados que trabajan internamente, sino también por los usuarios que asisten diariamente; además conllevan un alto potencial para replicar buenas prácticas hacia otros sectores de la sociales; y porque es factible el trabajo articulado e interinstitucional para lograr acciones de mayor impacto y unidad para nuestra sociedad.
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A la nueva nuclear se la "comería" Buenos Aires
La central nuclear que rechazó Río Negro se construiría en las cercanías de Atucha
Fecha de Publicación: 06/09/2017
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Buenos Aires
Argentina y China firmaron en mayo, en Beijing, un contrato marco para la construcción de la cuarta y quinta centrales nucleares en el país, con una inversión total prevista por 14.000 millones de dólares, de los cuales el país asiático financiará el 85%.
La decisión de no construir la quinta central nuclear en la provincia de Río Negro "no cuestiona ni retrasa los contratos" pendientes de firma con China, aseguraron fuentes oficiales, al plantear que la primera alternativa que se analiza para su nueva locación es el Complejo Atómico Atucha, sobre la margen derecha del río Paraná, en el partido bonaerense de Zárate.
Fuentes vinculadas al proceso de desarrollo nuclear dijeron a Télam que tras el desistimiento del proyecto por parte del gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, se decidió "analizar otras posibilidades, entre las que tiene una posibilidad privilegiada Atucha", ubicada en la localidad bonaerense de Lima, en Zárate.
"Esa locación no sólo es la original que tenía el proyecto de la cuarta y quinta central, para las cuales ya estaban los terrenos adquiridos, sino que ahí ya está consolidada la licencia social con más de 40 años de actividad del complejo atómico", indicó la fuente.
En este sentido, se resaltó que Atucha es, además, "la opción más económica para el país, ya que cuenta con la infraestructura de caminos, de viviendas para los trabajadores involucrados en la construcción, todos los servicios de salud y educación para la vida de esa comunidad y el tendido eléctrico cuya construcción sería también millonaria".
No obstante, la misma fuente resaltó: "la decisión de la nueva locación será política, aunque fundada en estudios técnicos", y en ese contexto el Gobierno deberá "analizar si otra provincia podría albergar el proyecto sin generar otro golpe a la reputación de la actividad nuclear o ir a una opción más segura con la licencia social consolidada".
Más allá de la nueva locación, se afirmó desde el Gobierno que "la marcha atrás de Río Negro no posterga en nada ni pone en cuestionamiento los contratos con China para la construcción de las dos centrales, de las cuales la primera comenzará en pocos meses y la segunda recién entrará en obra en 2020, por lo cual hay tiempo suficientes para elegir su destino".
Los detalles que se ofrecen desde el Gobierno suman fundamentos a los dichos del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien durante la última semana en la Cámara de Diputados destacó la "necesidad de avanzar" con el proyecto, como así también la búsqueda de una "locación alternativa", para la cual no descartó el "mismo complejo en que se desarrolla Atucha".
"Es positivo para el desarrollo científico, energético e industrial para la Argentina que esto se haga", expresó Marcos Peña ante los legisladores.
El Complejo Atómico ya alberga a las centrales Atucha I y Atucha II, y a comienzos de 2017 está anunciada la construcción de Atucha III, la cuarta central nuclear que tendrá el país junto a la cordobesa de Embalse, la cual se encuentra en la etapa final de un proceso de modernización que permitirá extender su vida útil por 30 años.
Argentina y China firmaron en mayo, en Beijing, un contrato marco para la construcción de la cuarta y quinta centrales nucleares en el país, con una inversión total prevista por 14.000 millones de dólares, de los cuales el país asiático financiará el 85%.
La primera de las centrales que comenzará a construirse en enero en Lima, brindará una potencia instalada de 700 Mw y demandará unos 7 años de construcción, mientras que la segunda aportará 1.150 Mw de potencia y requerirá unos 8 años de obras a partir de 2020.
Así, la construcción de ambas elevarán a 11% el aporte de la energía nuclear al sistema eléctrico, que actualmente apenas supera el 4%, pero además reducirá el uso de combustibles fósiles en equipos de generación de alta ineficiencia y contaminantes para el medio ambiente.
El Ministerio de Energía anunció el miércoles que reconsiderará la ubicación del proyecto "a la luz de la nueva posición" del gobernador Weretilneck, quien el viernes hizo pública la decisión de rechazar su instalación en la provincia, tras ser uno de sus impulsores, luego de que en los últimos meses ambientalistas, vecinos y sectores políticos se manifestaron en oposición por los supuestos riesgos ecológicos del proyecto energético.
La cartera de Juan José Aranguren recordó: "el gobierno de la provincia manifestó su total acuerdo y entusiasmo con la iniciativa", y afirmó que es necesario "fomentar y no clausurar a partir de un análisis electoral" el debate sobre el tema para que sea "la propia ciudadanía la que juzgue esto".
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Fecha de Publicación: 06/09/2017
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Buenos Aires
Argentina y China firmaron en mayo, en Beijing, un contrato marco para la construcción de la cuarta y quinta centrales nucleares en el país, con una inversión total prevista por 14.000 millones de dólares, de los cuales el país asiático financiará el 85%.
La decisión de no construir la quinta central nuclear en la provincia de Río Negro "no cuestiona ni retrasa los contratos" pendientes de firma con China, aseguraron fuentes oficiales, al plantear que la primera alternativa que se analiza para su nueva locación es el Complejo Atómico Atucha, sobre la margen derecha del río Paraná, en el partido bonaerense de Zárate.
Fuentes vinculadas al proceso de desarrollo nuclear dijeron a Télam que tras el desistimiento del proyecto por parte del gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, se decidió "analizar otras posibilidades, entre las que tiene una posibilidad privilegiada Atucha", ubicada en la localidad bonaerense de Lima, en Zárate.
"Esa locación no sólo es la original que tenía el proyecto de la cuarta y quinta central, para las cuales ya estaban los terrenos adquiridos, sino que ahí ya está consolidada la licencia social con más de 40 años de actividad del complejo atómico", indicó la fuente.
En este sentido, se resaltó que Atucha es, además, "la opción más económica para el país, ya que cuenta con la infraestructura de caminos, de viviendas para los trabajadores involucrados en la construcción, todos los servicios de salud y educación para la vida de esa comunidad y el tendido eléctrico cuya construcción sería también millonaria".
No obstante, la misma fuente resaltó: "la decisión de la nueva locación será política, aunque fundada en estudios técnicos", y en ese contexto el Gobierno deberá "analizar si otra provincia podría albergar el proyecto sin generar otro golpe a la reputación de la actividad nuclear o ir a una opción más segura con la licencia social consolidada".
Más allá de la nueva locación, se afirmó desde el Gobierno que "la marcha atrás de Río Negro no posterga en nada ni pone en cuestionamiento los contratos con China para la construcción de las dos centrales, de las cuales la primera comenzará en pocos meses y la segunda recién entrará en obra en 2020, por lo cual hay tiempo suficientes para elegir su destino".
Los detalles que se ofrecen desde el Gobierno suman fundamentos a los dichos del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien durante la última semana en la Cámara de Diputados destacó la "necesidad de avanzar" con el proyecto, como así también la búsqueda de una "locación alternativa", para la cual no descartó el "mismo complejo en que se desarrolla Atucha".
"Es positivo para el desarrollo científico, energético e industrial para la Argentina que esto se haga", expresó Marcos Peña ante los legisladores.
El Complejo Atómico ya alberga a las centrales Atucha I y Atucha II, y a comienzos de 2017 está anunciada la construcción de Atucha III, la cuarta central nuclear que tendrá el país junto a la cordobesa de Embalse, la cual se encuentra en la etapa final de un proceso de modernización que permitirá extender su vida útil por 30 años.
Argentina y China firmaron en mayo, en Beijing, un contrato marco para la construcción de la cuarta y quinta centrales nucleares en el país, con una inversión total prevista por 14.000 millones de dólares, de los cuales el país asiático financiará el 85%.
La primera de las centrales que comenzará a construirse en enero en Lima, brindará una potencia instalada de 700 Mw y demandará unos 7 años de construcción, mientras que la segunda aportará 1.150 Mw de potencia y requerirá unos 8 años de obras a partir de 2020.
Así, la construcción de ambas elevarán a 11% el aporte de la energía nuclear al sistema eléctrico, que actualmente apenas supera el 4%, pero además reducirá el uso de combustibles fósiles en equipos de generación de alta ineficiencia y contaminantes para el medio ambiente.
El Ministerio de Energía anunció el miércoles que reconsiderará la ubicación del proyecto "a la luz de la nueva posición" del gobernador Weretilneck, quien el viernes hizo pública la decisión de rechazar su instalación en la provincia, tras ser uno de sus impulsores, luego de que en los últimos meses ambientalistas, vecinos y sectores políticos se manifestaron en oposición por los supuestos riesgos ecológicos del proyecto energético.
La cartera de Juan José Aranguren recordó: "el gobierno de la provincia manifestó su total acuerdo y entusiasmo con la iniciativa", y afirmó que es necesario "fomentar y no clausurar a partir de un análisis electoral" el debate sobre el tema para que sea "la propia ciudadanía la que juzgue esto".
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El Limay lejos de recuperarse
El verano está más cerca y el Limay no se recupera
Fecha de Publicación: 06/09/2017
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Caudales muy bajos, flora y fauna afectada y denuncias de contaminación es el panorama que los grupos ambientalistas advirtieron respecto del presente de las costas del río Limay en la ciudad y sus alrededores.
En un relevamiento de este diario se constató que los caudales del río siguen siendo muy bajos, y no hay garantías de que la situación para esta temporada estival difiera demasiado de la de la anterior cuando el balneario Albino Cotro estuvo clausurado por la contaminación.
La situación complica a los que tienen una relación más periódica con el río, como por ejemplo Carlos Sartori, integrante de la agrupación Salvemos los Ríos que el año pasado protagonizó varias marchas en su defensa y quien aseguró que seguirán movilizados para lograr el cese de la contaminación.
Las jornadas de protesta del verano anterior concluyeron en un debate legislativo por el que se aprobó una ley de alerta hídrico ambiental. Esa norma prevé la creación de un comité con integrantes del EPAS, Recursos Hídricos, Medio Ambiente y también de las organizaciones ambientalistas. Ya en este mes se cumple el tiempo estipulado para conformar el comité, para el que Sartori, asegura, no recibió invitación.
Por su parte, desde Recursos Hídricos de la Provincia sostienen que la situación de contaminación “disminuyó mucho” y que “las nevadas ayudarán a tener mayor caudal en el río Limay”.
“Lo que nosotros queremos es que se deje de contaminar, no sanear, sino empezar por el paso previo. Que se dejen de verter las cloacas directamente al río, como hizo por ejemplo Plottier, o también como pasa en la planta de Tronador, donde nunca nos dejaron entrar para ver cuánto tratan y cuánto no”, explicó el ambientalista, quien además denunció que se arrojan al río “hidrocarburos y agrotóxicos”.
Truchas en peligro. Difícil inicio de la temporada de pesca
Marcelo Jara, integrante de la Asociación de Pesca de Neuquén y Mosqueros del Limay, aseguró que están detrás de la Dirección de Fauna para que controlen la depredación que sufren los peces con la bajante del caudal en el río Limay.
“Las truchas desovan en la orilla y al estar tan baja se mueren”, comentó el especialista.
Añadió que la situación afecta severamente a la flora acuática del emblemático río.
“Nosotros estamos en constante lucha para que generar energía no esté por arriba de la vida de la flora y la fauna”, señaló Jara.
El pescador advirtió que la temporada de pesca en la región arranca en noviembre y que con la mortandad de los huevos habrá menos peces disponibles para la actividad.
La situación de las costas del Limay es más complicada en proximidades de la capital que en sitios ubicados aguas arriba.
“Los análisis en los balnearios arrancan en noviembre para obtener los resultados durante los primeros días de diciembre”.
Confían en que haya más nevadas en la cordillera
El subsecretario de Recursos Hídricos de la provincia, Horacio Carvalho, admitió el bajo caudal que tiene actualmente el río Limay, pero aseguró que tiene que ver con “los siete años de sequía que atraviesa el país”.
De todos modos, el funcionario fue optimista y adelantó que las nevadas de este año colaborarán para mejorar la situación y que las obras que ya están en marcha harán lo propio para frenar la contaminación.
“La bajante no es un tema que pasa solo por el manejo humano del caudal, sino que es la naturaleza la que lo define con sus lluvias o sequías, como tenemos hace años en nuestro país”, aclaró.
El funcionario comentó que está en marcha un programa de calidad de base de todos los ríos y lagos de Neuquén con 78 puntos de muestreos y que todos los análisis “están bien” con respecto a la calidad del agua.
“El caudal sube por las necesidades de riego en el Limay y en el río Negro. El pico de caudal será en diciembre y enero”. Julio Porrino Secretario de Operaciones y Fiscalización de la AIC
“Para nosotros los niveles de contaminación que hay mejoran sustancialmente con respecto a los del año pasado”, aseguró Carvalho, quien atribuyó las mejoras a las obras que se hicieron en la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Centenario, en la planta de Tronador y la ampliación de la planta de Senillosa.
Dijo además que con la Colectora del Oeste II en marcha y las obras en el arroyo Durán la situación tenderá a mejorar.
En cambio, la situación que sí admitió que aún no mejoró es la de la planta de Plottier. “Las responsabilidades son del Municipio. En Plottier tenemos el mismo problema, ahí no se avanzó en nada en la calidad de líquido vertido. Lo único que hacen es clorarlo. Seguimos esperando los proyectos para poder ir a buscar financiamiento a Nación”, dijo.
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Fecha de Publicación: 06/09/2017
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Caudales muy bajos, flora y fauna afectada y denuncias de contaminación es el panorama que los grupos ambientalistas advirtieron respecto del presente de las costas del río Limay en la ciudad y sus alrededores.
En un relevamiento de este diario se constató que los caudales del río siguen siendo muy bajos, y no hay garantías de que la situación para esta temporada estival difiera demasiado de la de la anterior cuando el balneario Albino Cotro estuvo clausurado por la contaminación.
La situación complica a los que tienen una relación más periódica con el río, como por ejemplo Carlos Sartori, integrante de la agrupación Salvemos los Ríos que el año pasado protagonizó varias marchas en su defensa y quien aseguró que seguirán movilizados para lograr el cese de la contaminación.
Las jornadas de protesta del verano anterior concluyeron en un debate legislativo por el que se aprobó una ley de alerta hídrico ambiental. Esa norma prevé la creación de un comité con integrantes del EPAS, Recursos Hídricos, Medio Ambiente y también de las organizaciones ambientalistas. Ya en este mes se cumple el tiempo estipulado para conformar el comité, para el que Sartori, asegura, no recibió invitación.
Por su parte, desde Recursos Hídricos de la Provincia sostienen que la situación de contaminación “disminuyó mucho” y que “las nevadas ayudarán a tener mayor caudal en el río Limay”.
“Lo que nosotros queremos es que se deje de contaminar, no sanear, sino empezar por el paso previo. Que se dejen de verter las cloacas directamente al río, como hizo por ejemplo Plottier, o también como pasa en la planta de Tronador, donde nunca nos dejaron entrar para ver cuánto tratan y cuánto no”, explicó el ambientalista, quien además denunció que se arrojan al río “hidrocarburos y agrotóxicos”.
Truchas en peligro. Difícil inicio de la temporada de pesca
Marcelo Jara, integrante de la Asociación de Pesca de Neuquén y Mosqueros del Limay, aseguró que están detrás de la Dirección de Fauna para que controlen la depredación que sufren los peces con la bajante del caudal en el río Limay.
“Las truchas desovan en la orilla y al estar tan baja se mueren”, comentó el especialista.
Añadió que la situación afecta severamente a la flora acuática del emblemático río.
“Nosotros estamos en constante lucha para que generar energía no esté por arriba de la vida de la flora y la fauna”, señaló Jara.
El pescador advirtió que la temporada de pesca en la región arranca en noviembre y que con la mortandad de los huevos habrá menos peces disponibles para la actividad.
La situación de las costas del Limay es más complicada en proximidades de la capital que en sitios ubicados aguas arriba.
“Los análisis en los balnearios arrancan en noviembre para obtener los resultados durante los primeros días de diciembre”.
Confían en que haya más nevadas en la cordillera
El subsecretario de Recursos Hídricos de la provincia, Horacio Carvalho, admitió el bajo caudal que tiene actualmente el río Limay, pero aseguró que tiene que ver con “los siete años de sequía que atraviesa el país”.
De todos modos, el funcionario fue optimista y adelantó que las nevadas de este año colaborarán para mejorar la situación y que las obras que ya están en marcha harán lo propio para frenar la contaminación.
“La bajante no es un tema que pasa solo por el manejo humano del caudal, sino que es la naturaleza la que lo define con sus lluvias o sequías, como tenemos hace años en nuestro país”, aclaró.
El funcionario comentó que está en marcha un programa de calidad de base de todos los ríos y lagos de Neuquén con 78 puntos de muestreos y que todos los análisis “están bien” con respecto a la calidad del agua.
“El caudal sube por las necesidades de riego en el Limay y en el río Negro. El pico de caudal será en diciembre y enero”. Julio Porrino Secretario de Operaciones y Fiscalización de la AIC
“Para nosotros los niveles de contaminación que hay mejoran sustancialmente con respecto a los del año pasado”, aseguró Carvalho, quien atribuyó las mejoras a las obras que se hicieron en la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Centenario, en la planta de Tronador y la ampliación de la planta de Senillosa.
Dijo además que con la Colectora del Oeste II en marcha y las obras en el arroyo Durán la situación tenderá a mejorar.
En cambio, la situación que sí admitió que aún no mejoró es la de la planta de Plottier. “Las responsabilidades son del Municipio. En Plottier tenemos el mismo problema, ahí no se avanzó en nada en la calidad de líquido vertido. Lo único que hacen es clorarlo. Seguimos esperando los proyectos para poder ir a buscar financiamiento a Nación”, dijo.
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Demuestran afección de agroquímicos a anfibios
La deforestación y los agroquímicos amenazan a los anfibios de la región
Fecha de Publicación: 06/09/2017
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Litoral
La pérdida de su hábitat natural y las fumigaciones afectan a muchos animales que son clave en el control biológico
La pérdida de su hábitat natural y la exponencial cantidad de agroquímicos aplicado en zonas rurales son las principales amenazas para los anfibios de la región, un grupo de animales clave en el control biológico de los ecosistemas que hoy se ve en peligro por el escaso control sobre prácticas insustentables del modelo productivo pampeano como la deforestación.
Así lo estableció un grupo de científicos de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) que trabaja desde 1998 en la caracterización del riesgo ambiental sobre larvas y adultos de anfibios de los agroquímicos utilizados masivamente.
Según Agustín Bassó —reciente expositor en el ciclo "Ateneos de naturaleza, conservación y sociedad" que organiza el Museo Ameghino de Santa Fe— , el tema de los anfibios (ranas, sapos y escuerzos) "es relevante por varias razones", y la primera de ella es que es el grupo de animales que posee más especies con algún grado de amenaza; algo que los coloca involuntariamente "en el triste podio de ser quienes van ganando la carrera que nadie quiere ganar, la de la extinción de su especie".
"Las amenazas que pesan sobre los anfibios son relevantes porque en ecología sabemos que todas las especies se relacionan de alguna u otra manera y que la pérdida de toda esa biomasa de ranas afecta a las otras especies que pierden una fuente de alimento, o sea de energía", especificó el investigador, para quien en términos generales la principal fuente de amenaza para esa especie —además de los agroquímicos— es la pérdida de su hábitat.
Para el científico, en la Argentina y especialmente en la zona núcleo agropecuaria, "es muy fácil ver que todo el paisaje natural (para el que se adaptaron y evolucionaron estos anfibios) fue modificado y reemplazado por un cultivo que poco en común tiene respecto a estructura y función con el ecosistema original".
Por eso, según agregó, "no alcanza con las áreas protegidas para conservar a las especies ya que los privados no son debidamente controlados por parte del Estado respecto de qué hacen con sus bosques o humedales", un control que en la actualidad "es más que posible gracias a las imágenes satelitales".
Junto a la pérdida de hábitat, la contaminación es otra de las grandes causas de amenaza para los anfibios, así como para el resto de la biota. "Son muchos los contaminantes y cada vez hay más. En el laboratorio de Ecotoxicología investigamos el efecto que tienen muchos contaminantes emergentes en los anuros de la región".
Los investigadores encontraron efectos a nivel hormonal, enzimático, comportamental, morfológico, histológico, poblacional y a nivel de comunidad; es decir "prácticamente en todos los niveles posibles", algo "para nada sorprendente, siendo que se aplican entre 3 y 4 millones de toneladas de agroquímicos y fertilizantes".
Amenaza química
Según el trabajo "Los agroquímicos y sus impactos en los anfibios: un dilema de difícil solución", dirigido por Rafael Lajmanovich, de la cátedra de Ecotoxicología de Bioquímica de la UNL, uno de los mayores desafíos a nivel mundial es lograr un uso racional de los insumos químicos que sustentan a los sistemas productivos, una dependencia que se incrementó de forma exponencial a partir de los años 1960 con la denominada "revolución verde".
En sus estudios, el grupo que dirige Lajmanovich ha encontrado evidencias sobre los efectos de diferentes agroquímicos en larvas y adultos de anfibios anuros como letalidad, cola bifurcada en larvas expuestas a endosulfán, polimelia (miembros extra), edemas abdominales, natación inversa en larvas, y ausencia de queratinización en zona ocular.
Respecto del glifosato, la investigación de la UNL refiere que a nivel mundial existen alrededor de 400 citas de trabajos científicos sobre su toxicidad en distintos modelos de animales, tanto de laboratorio como de vida silvestre.
Efectos
Específicamente, sobre sus efectos en especies de anfibios locales, un trabajo anterior del propio Lajmanovich da cuenta de malformaciones morfológicas externas (craneofaciales, bucales, en los ojos y curvatura de la aleta caudal), así como efectos sobre el esqueleto hiobranquial (alteraciones en la estructura cartilaginosa por disrupción en la formación de colágeno) detectadas en renacuajos de una especie de rana ampliamente distribuida en la región argentina expuesta a dosis subletales de glifosato.
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Fecha de Publicación: 06/09/2017
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Litoral
La pérdida de su hábitat natural y las fumigaciones afectan a muchos animales que son clave en el control biológico
La pérdida de su hábitat natural y la exponencial cantidad de agroquímicos aplicado en zonas rurales son las principales amenazas para los anfibios de la región, un grupo de animales clave en el control biológico de los ecosistemas que hoy se ve en peligro por el escaso control sobre prácticas insustentables del modelo productivo pampeano como la deforestación.
Así lo estableció un grupo de científicos de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) que trabaja desde 1998 en la caracterización del riesgo ambiental sobre larvas y adultos de anfibios de los agroquímicos utilizados masivamente.
Según Agustín Bassó —reciente expositor en el ciclo "Ateneos de naturaleza, conservación y sociedad" que organiza el Museo Ameghino de Santa Fe— , el tema de los anfibios (ranas, sapos y escuerzos) "es relevante por varias razones", y la primera de ella es que es el grupo de animales que posee más especies con algún grado de amenaza; algo que los coloca involuntariamente "en el triste podio de ser quienes van ganando la carrera que nadie quiere ganar, la de la extinción de su especie".
"Las amenazas que pesan sobre los anfibios son relevantes porque en ecología sabemos que todas las especies se relacionan de alguna u otra manera y que la pérdida de toda esa biomasa de ranas afecta a las otras especies que pierden una fuente de alimento, o sea de energía", especificó el investigador, para quien en términos generales la principal fuente de amenaza para esa especie —además de los agroquímicos— es la pérdida de su hábitat.
Para el científico, en la Argentina y especialmente en la zona núcleo agropecuaria, "es muy fácil ver que todo el paisaje natural (para el que se adaptaron y evolucionaron estos anfibios) fue modificado y reemplazado por un cultivo que poco en común tiene respecto a estructura y función con el ecosistema original".
Por eso, según agregó, "no alcanza con las áreas protegidas para conservar a las especies ya que los privados no son debidamente controlados por parte del Estado respecto de qué hacen con sus bosques o humedales", un control que en la actualidad "es más que posible gracias a las imágenes satelitales".
Junto a la pérdida de hábitat, la contaminación es otra de las grandes causas de amenaza para los anfibios, así como para el resto de la biota. "Son muchos los contaminantes y cada vez hay más. En el laboratorio de Ecotoxicología investigamos el efecto que tienen muchos contaminantes emergentes en los anuros de la región".
Los investigadores encontraron efectos a nivel hormonal, enzimático, comportamental, morfológico, histológico, poblacional y a nivel de comunidad; es decir "prácticamente en todos los niveles posibles", algo "para nada sorprendente, siendo que se aplican entre 3 y 4 millones de toneladas de agroquímicos y fertilizantes".
Amenaza química
Según el trabajo "Los agroquímicos y sus impactos en los anfibios: un dilema de difícil solución", dirigido por Rafael Lajmanovich, de la cátedra de Ecotoxicología de Bioquímica de la UNL, uno de los mayores desafíos a nivel mundial es lograr un uso racional de los insumos químicos que sustentan a los sistemas productivos, una dependencia que se incrementó de forma exponencial a partir de los años 1960 con la denominada "revolución verde".
En sus estudios, el grupo que dirige Lajmanovich ha encontrado evidencias sobre los efectos de diferentes agroquímicos en larvas y adultos de anfibios anuros como letalidad, cola bifurcada en larvas expuestas a endosulfán, polimelia (miembros extra), edemas abdominales, natación inversa en larvas, y ausencia de queratinización en zona ocular.
Respecto del glifosato, la investigación de la UNL refiere que a nivel mundial existen alrededor de 400 citas de trabajos científicos sobre su toxicidad en distintos modelos de animales, tanto de laboratorio como de vida silvestre.
Efectos
Específicamente, sobre sus efectos en especies de anfibios locales, un trabajo anterior del propio Lajmanovich da cuenta de malformaciones morfológicas externas (craneofaciales, bucales, en los ojos y curvatura de la aleta caudal), así como efectos sobre el esqueleto hiobranquial (alteraciones en la estructura cartilaginosa por disrupción en la formación de colágeno) detectadas en renacuajos de una especie de rana ampliamente distribuida en la región argentina expuesta a dosis subletales de glifosato.
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Oportunidades para empresas de generar su energía
Empresas con energía propia
Fecha de Publicación: 05/09/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
La exigencia de un consumo mínimo de fuentes renovables, la habilitación de la compra entre privados y la energía distribuida impulsan la autogeneración. Oportunidades y temas pendientes.
Argentina todavía está en pañales en el uso de energías renovables, pero los cambios normativos que están sucediendo desde 2015 prometen dar un gran impulso al sector. Y no sólo a los grandes proyectos y empresas de energía, sino también a muchas firmas de otros sectores productivos que generan para su propio consumo.
Para los primeros, los programas Renovar adjudicaron y están licitando grandes cantidades de potencia instalada. En el caso de las empresas usuarias, la ley 27.191 (septiembre de 2015) obliga a grandes consumidores a que, como mínimo, el ocho por ciento de su consumo de energía eléctrica sea de fuentes renovables a partir del 31 de diciembre. Las exigencias aumentan hasta el 20 por ciento cuando termine 2025.
Dos semanas atrás, el Gobierno reglamentó una cuestión clave para este proceso: la compra entre privados, sin pasar por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).
Además, en el Congreso se está tratando el proyecto de energía distribuida, en este caso, para pequeños y medianos usuarios. Esto permitirá que desde una casa hasta una Pyme puedan generar energía y subir los excedentes al sistema para reducir su factura.
Usuarios y generadores
Con este nuevo marco, hay muchos usuarios que están evaluando la posibilidad de generar para consumo propio y, en caso de tener excedentes, vender a otras empresas.
Esta tendencia se suma a las de empresas que hicieron punta y ya están trabajando con su propia energía renovable, como es el caso de Aceitera General Deheza (AGD), al sur de la provincia.
De esta manera, en poco tiempo no sólo se agregarán al sistema los megavatios de los proyectos licitados por el Estado (casi mil del Renovar I que están en construcción y otros 2.400 que se están licitando en la segunda etapa), sino también una cantidad de pequeñas plantas en el país, que siguen el ejemplo de las pioneras.
“Que haya un número importante de autogeneración está permitiendo que los actores empiecen a confiar en las renovables”, dice Carolina Rodríguez, coordinadora general de la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader).
Gerardo Listello, responsable de Medio Ambiente y Seguridad Industrial de AGD, señala que la aceitera, que comenzó hace 20 años con generación de vapor con biomasa, y hace 10 con generación eléctrica, hizo que otras firmas de la región siguieran el ejemplo. “Hay un desarrollo técnico y un conocimiento que no había cuando nosotros comenzamos”, remarca.
El interés no sólo lo despierta la normativa, sino también el mercado eléctrico argentino, cuyos costos subieron muchísimo. “Argentina tiene energía cara, de baja calidad y altamente contaminante”, opina Juan Bosch, de la consultora energética Saesa.
Opciones
Cuando se habla de energías renovables se incluye, entre otras, la eólica, la solar térmica, la solar fotovoltaica (paneles), la hidráulica, la biomasa, el biogás y los biocombustibles.
La que utiliza los vientos, en el sur del país, y la luz solar, en el norte, son las más difundidas. Estas modalidades también pueden instalarse a pequeña escala en el techo de una casa o en el patio de un establecimiento.
En Córdoba, los proyectos con biomasa tienen un gran atractivo porque utilizan los desechos de la industria de la alimentación (maní, girasol, maíz). De esta manera, las fábricas usan un desperdicio difícil de disponer y con escaso valor (ver página 3).
La ventaja de las instalaciones de paneles solares, por ejemplo, es que se instalan mucho más rápido y hay empresas dedicadas a hacerlo. En el caso de la biomasa, son proyectos más a medida.
“En este caso, una consultora puede instalar paneles en el patio o en el techo de una empresa y esto está creciendo mucho”, comenta Bosch.
Además de la modalidad tradicional, en la cual el usuario realiza la inversión y decide qué destino le dará a la energía generada (consumo propio o venta a terceros), hay otra para quienes no son expertos en energía.
“La instalación en el predio del usuario corre por cuenta del proveedor, quien le vende la energía y decide qué hacer con el resto”, explica Bosch.
Tener que lidiar con una cuestión que no es el core de la empresa es uno de los inconvenientes de esta nueva ley.
“Yo soy fabricante de tractores, no de energía. Se le debería pedir a quien la provee que genere un porcentaje en forma renovable”, se quejó Raúl Giai Levra, titular de Pauny, que acaba de instalar paneles solares y eólicos en su planta de Las Varillas.
Cuestión de costos
La aún escasa disponibilidad de energía “verde” es una limitante para cumplir con ese ocho por ciento mínimo, no sólo en generación, también en distribución.
“Si todos quisieran comprar al sistema interconectado, no alcanza con la capacidad de transporte y transformación”, opina Bosch.
Ercole Felippa, de la láctea Manfrey, agrega otro punto: “Hoy la energía renovable es más barata que la convencional, pero no tiene adicionales de distribución, impuestos, cargos por obras. Habría que ver si el costo de distribución no la encarece”.
Rodríguez aporta que “pequeños generadores en varios lados, cerca de los centros de consumo, implica menos costos de distribución y menores pérdidas de transmisión, además de estabilizar la calidad de la entrega”.
La cuestión del costo es clave en todos los proyectos y es un tema aún pendiente, advierte la especialista de Cader, aunque espera que esta y otras cuestiones se terminen de definir antes de fin de año.
“Necesitamos que Cammesa termine de indicar cuál es el precio al que va a cobrar las energías renovables, para que todos los privados tengan un costo de referencia para evaluar el proyecto”, subraya.
De esta manera, las empresas pueden analizar si le conviene la generación en una instalación propia, si contratan la compra de energía a otros privados o si la adquieren al sistema.
Otro costo que también se debería definir en la compra entre privados es el cargo de transporte y distribución. “Debería ser para todos igual”, opina Rodríguez.
Bosch explica que la forma como funciona para los privados es realizar contratos de compraventa de energía en el futuro. “Con esto, un generador puede ir a un banco y pedir financiamiento para la inversión”, apunta.
Eso es lo que el Estado garantiza en las licitaciones del Renovar, aunque las empresas ahora están habilitadas a hacerlo.
Normas
Piso. Según la ley, a partir del 31 de diciembre de 2017, el ocho por ciento del consumo de energía eléctrica de los grandes usuarios (quienes demandan más de 300 kilovatios) debe provenir de fuentes renovables. La exigencia sube en forma escalonada cada dos años, hasta llegar al 20 por ciento después de 2025.
Compra entre privados. El 22 de agosto, el Ministerio de Energía publicó la resolución 281/2017, que reglamenta el mercado a término de energías renovables. Permite que un usuario pueda comprar a un generador privado, en lugar del sistema interconectado.
Energía distribuida. El proyecto podría lograr media sanción en Diputados la semana próxima. Permite que un usuario genere su propia energía e inyecte a la red la que no consuma. El distribuidor le resta el monto de esa “venta” de la facturación total. Es para usuarios residenciales y pequeños y medianos comercios o industrias.
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Fecha de Publicación: 05/09/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
La exigencia de un consumo mínimo de fuentes renovables, la habilitación de la compra entre privados y la energía distribuida impulsan la autogeneración. Oportunidades y temas pendientes.
Argentina todavía está en pañales en el uso de energías renovables, pero los cambios normativos que están sucediendo desde 2015 prometen dar un gran impulso al sector. Y no sólo a los grandes proyectos y empresas de energía, sino también a muchas firmas de otros sectores productivos que generan para su propio consumo.
Para los primeros, los programas Renovar adjudicaron y están licitando grandes cantidades de potencia instalada. En el caso de las empresas usuarias, la ley 27.191 (septiembre de 2015) obliga a grandes consumidores a que, como mínimo, el ocho por ciento de su consumo de energía eléctrica sea de fuentes renovables a partir del 31 de diciembre. Las exigencias aumentan hasta el 20 por ciento cuando termine 2025.
Dos semanas atrás, el Gobierno reglamentó una cuestión clave para este proceso: la compra entre privados, sin pasar por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).
Además, en el Congreso se está tratando el proyecto de energía distribuida, en este caso, para pequeños y medianos usuarios. Esto permitirá que desde una casa hasta una Pyme puedan generar energía y subir los excedentes al sistema para reducir su factura.
Usuarios y generadores
Con este nuevo marco, hay muchos usuarios que están evaluando la posibilidad de generar para consumo propio y, en caso de tener excedentes, vender a otras empresas.
Esta tendencia se suma a las de empresas que hicieron punta y ya están trabajando con su propia energía renovable, como es el caso de Aceitera General Deheza (AGD), al sur de la provincia.
De esta manera, en poco tiempo no sólo se agregarán al sistema los megavatios de los proyectos licitados por el Estado (casi mil del Renovar I que están en construcción y otros 2.400 que se están licitando en la segunda etapa), sino también una cantidad de pequeñas plantas en el país, que siguen el ejemplo de las pioneras.
“Que haya un número importante de autogeneración está permitiendo que los actores empiecen a confiar en las renovables”, dice Carolina Rodríguez, coordinadora general de la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader).
Gerardo Listello, responsable de Medio Ambiente y Seguridad Industrial de AGD, señala que la aceitera, que comenzó hace 20 años con generación de vapor con biomasa, y hace 10 con generación eléctrica, hizo que otras firmas de la región siguieran el ejemplo. “Hay un desarrollo técnico y un conocimiento que no había cuando nosotros comenzamos”, remarca.
El interés no sólo lo despierta la normativa, sino también el mercado eléctrico argentino, cuyos costos subieron muchísimo. “Argentina tiene energía cara, de baja calidad y altamente contaminante”, opina Juan Bosch, de la consultora energética Saesa.
Opciones
Cuando se habla de energías renovables se incluye, entre otras, la eólica, la solar térmica, la solar fotovoltaica (paneles), la hidráulica, la biomasa, el biogás y los biocombustibles.
La que utiliza los vientos, en el sur del país, y la luz solar, en el norte, son las más difundidas. Estas modalidades también pueden instalarse a pequeña escala en el techo de una casa o en el patio de un establecimiento.
En Córdoba, los proyectos con biomasa tienen un gran atractivo porque utilizan los desechos de la industria de la alimentación (maní, girasol, maíz). De esta manera, las fábricas usan un desperdicio difícil de disponer y con escaso valor (ver página 3).
La ventaja de las instalaciones de paneles solares, por ejemplo, es que se instalan mucho más rápido y hay empresas dedicadas a hacerlo. En el caso de la biomasa, son proyectos más a medida.
“En este caso, una consultora puede instalar paneles en el patio o en el techo de una empresa y esto está creciendo mucho”, comenta Bosch.
Además de la modalidad tradicional, en la cual el usuario realiza la inversión y decide qué destino le dará a la energía generada (consumo propio o venta a terceros), hay otra para quienes no son expertos en energía.
“La instalación en el predio del usuario corre por cuenta del proveedor, quien le vende la energía y decide qué hacer con el resto”, explica Bosch.
Tener que lidiar con una cuestión que no es el core de la empresa es uno de los inconvenientes de esta nueva ley.
“Yo soy fabricante de tractores, no de energía. Se le debería pedir a quien la provee que genere un porcentaje en forma renovable”, se quejó Raúl Giai Levra, titular de Pauny, que acaba de instalar paneles solares y eólicos en su planta de Las Varillas.
Cuestión de costos
La aún escasa disponibilidad de energía “verde” es una limitante para cumplir con ese ocho por ciento mínimo, no sólo en generación, también en distribución.
“Si todos quisieran comprar al sistema interconectado, no alcanza con la capacidad de transporte y transformación”, opina Bosch.
Ercole Felippa, de la láctea Manfrey, agrega otro punto: “Hoy la energía renovable es más barata que la convencional, pero no tiene adicionales de distribución, impuestos, cargos por obras. Habría que ver si el costo de distribución no la encarece”.
Rodríguez aporta que “pequeños generadores en varios lados, cerca de los centros de consumo, implica menos costos de distribución y menores pérdidas de transmisión, además de estabilizar la calidad de la entrega”.
La cuestión del costo es clave en todos los proyectos y es un tema aún pendiente, advierte la especialista de Cader, aunque espera que esta y otras cuestiones se terminen de definir antes de fin de año.
“Necesitamos que Cammesa termine de indicar cuál es el precio al que va a cobrar las energías renovables, para que todos los privados tengan un costo de referencia para evaluar el proyecto”, subraya.
De esta manera, las empresas pueden analizar si le conviene la generación en una instalación propia, si contratan la compra de energía a otros privados o si la adquieren al sistema.
Otro costo que también se debería definir en la compra entre privados es el cargo de transporte y distribución. “Debería ser para todos igual”, opina Rodríguez.
Bosch explica que la forma como funciona para los privados es realizar contratos de compraventa de energía en el futuro. “Con esto, un generador puede ir a un banco y pedir financiamiento para la inversión”, apunta.
Eso es lo que el Estado garantiza en las licitaciones del Renovar, aunque las empresas ahora están habilitadas a hacerlo.
Normas
Piso. Según la ley, a partir del 31 de diciembre de 2017, el ocho por ciento del consumo de energía eléctrica de los grandes usuarios (quienes demandan más de 300 kilovatios) debe provenir de fuentes renovables. La exigencia sube en forma escalonada cada dos años, hasta llegar al 20 por ciento después de 2025.
Compra entre privados. El 22 de agosto, el Ministerio de Energía publicó la resolución 281/2017, que reglamenta el mercado a término de energías renovables. Permite que un usuario pueda comprar a un generador privado, en lugar del sistema interconectado.
Energía distribuida. El proyecto podría lograr media sanción en Diputados la semana próxima. Permite que un usuario genere su propia energía e inyecte a la red la que no consuma. El distribuidor le resta el monto de esa “venta” de la facturación total. Es para usuarios residenciales y pequeños y medianos comercios o industrias.
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Proyecto para limitar las fumigaciones en poblaciones
Pretenden penalizar las fumigaciones próximas a una población
Fecha de Publicación: 05/09/2017
Fuente: APFDigital
Provincia/Región: Nacional
El Diputado Nacional Julio Solanas presentó un Proyecto de ley que propone una modificación del Código Penal por el que “será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años, y multa de $50 mil a $100 mil, a quien realice fumigaciones aéreas, o que siendo terrestres lo fueran menos de dos mil metros a partir del límite de las plantas urbanas o núcleos poblacionales, instituciones escolares y centros de salud”.
De esta manera y según el proyecto de Solanas, se condenarán las fumigaciones que afecten la vida de la población mediante la “utilización de productos químicos y/o biológicos de uso agropecuario y/o forestal, en particular plaguicidas y/o fertilizantes, cuya implementación provoque riesgos para la salud, alterando de forma significativa y duradera zonas geográficas en detrimento de todo tipo de vida, ya sea humana, animal o vegetal.”
La propuesta de Solanas es una respuesta a los reclamos y pedidos de distintas poblaciones rurales, afectadas por el avance indiscriminado de insalubres formas de producción agrícola. Por estas razones, el diputado explica que “Siguen existiendo falencias en cuanto a la posibilidad de contar con instrumentos penales de protección del medio ambiente.” Y rescata del derecho internacional el concepto de delito de ecocidio entendido como tal “al que daña gravemente o destruye el medio ambiente, hasta el punto de poder alterar de forma significativa y duradera el patrimonio mundial o los servicios de ecosistemas de los que dependen determinados grupos humanos”.
“Sin lugar a dudas esto nos lleva a ponderar específicamente la conducta de quienes actúan poniendo en riesgo y afectando el derecho a la vida, a la salud, incurriendo en un obrar ilegal y manifiestamente ilegitimo”, sostuvo el legislador.
“Es por ello, que consideramos necesario establecer nuevas herramientas, a fin de que la población pueda contar con medios eficaces que amplíen el resguardo de los derechos humanos comprometidos, como la vida, la salud, y la preservación de un ambiente sano”, argumentó Solanas.
En los fundamentos del proyecto, el Diputado manifiesta que resulta imprescindible “trabajar en un nuevo encuadramiento legal con el fin de proteger la vida, la salud de cada habitante en lo que hace al derecho de gozar de un ambiente sano, lo cual requiere de esta Honorable Cámara consagrar la utilización del derecho penal como respuesta a estos hechos lesivos”.
“Entendemos oportuno la inclusión de este delito en el capítulo de Delitos contra la Salud Pública, incorporando la responsabilidad de las personas jurídicas de forma independiente de la responsabilidad individual de los directivos que pudieran haber participado en la conducta lesiva”, concluyó el legislador. ()
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Fecha de Publicación: 05/09/2017
Fuente: APFDigital
Provincia/Región: Nacional
El Diputado Nacional Julio Solanas presentó un Proyecto de ley que propone una modificación del Código Penal por el que “será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años, y multa de $50 mil a $100 mil, a quien realice fumigaciones aéreas, o que siendo terrestres lo fueran menos de dos mil metros a partir del límite de las plantas urbanas o núcleos poblacionales, instituciones escolares y centros de salud”.
De esta manera y según el proyecto de Solanas, se condenarán las fumigaciones que afecten la vida de la población mediante la “utilización de productos químicos y/o biológicos de uso agropecuario y/o forestal, en particular plaguicidas y/o fertilizantes, cuya implementación provoque riesgos para la salud, alterando de forma significativa y duradera zonas geográficas en detrimento de todo tipo de vida, ya sea humana, animal o vegetal.”
La propuesta de Solanas es una respuesta a los reclamos y pedidos de distintas poblaciones rurales, afectadas por el avance indiscriminado de insalubres formas de producción agrícola. Por estas razones, el diputado explica que “Siguen existiendo falencias en cuanto a la posibilidad de contar con instrumentos penales de protección del medio ambiente.” Y rescata del derecho internacional el concepto de delito de ecocidio entendido como tal “al que daña gravemente o destruye el medio ambiente, hasta el punto de poder alterar de forma significativa y duradera el patrimonio mundial o los servicios de ecosistemas de los que dependen determinados grupos humanos”.
“Sin lugar a dudas esto nos lleva a ponderar específicamente la conducta de quienes actúan poniendo en riesgo y afectando el derecho a la vida, a la salud, incurriendo en un obrar ilegal y manifiestamente ilegitimo”, sostuvo el legislador.
“Es por ello, que consideramos necesario establecer nuevas herramientas, a fin de que la población pueda contar con medios eficaces que amplíen el resguardo de los derechos humanos comprometidos, como la vida, la salud, y la preservación de un ambiente sano”, argumentó Solanas.
En los fundamentos del proyecto, el Diputado manifiesta que resulta imprescindible “trabajar en un nuevo encuadramiento legal con el fin de proteger la vida, la salud de cada habitante en lo que hace al derecho de gozar de un ambiente sano, lo cual requiere de esta Honorable Cámara consagrar la utilización del derecho penal como respuesta a estos hechos lesivos”.
“Entendemos oportuno la inclusión de este delito en el capítulo de Delitos contra la Salud Pública, incorporando la responsabilidad de las personas jurídicas de forma independiente de la responsabilidad individual de los directivos que pudieran haber participado en la conducta lesiva”, concluyó el legislador. ()
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Cumbre en Argentina sobre reducción de riesgos naturales
Cumbre para la reducción de riesgos naturales
Fecha de Publicación: 05/09/2017
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
Asistirán más de 300 participantes de todo el mundo. Se debatirá la generación de alertas por desastres naturales que permitan salvar vidas.
La “Cumbre para la reducción de riesgos de desastres en las Américas” de la agencia espacial estadounidense NASA delibera en Buenos Aires desde hoy hasta el viernes acerca de relacionar datos terrestres obtenidos con información satelital para generar alertas de desastres naturales que permitan salvar vidas y bienes ante los eventos de cambio climático, informó la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae).
A partir de un programa de ciencias de la Tierra que inició hace una década la agencia espacial, el proyecto planteó qué sucedería si una enorme cantidad de datos relacionados con el medio ambiente terrestre, provistos a diario por los satélites de la NASA, pudieran ser utilizados ante un desastre natural, donde y cuando sea que estos ocurran.
La Cumbre comienza a las 8.30 en el Hotel Intercontinental -Moreno 809, barrio porteño de Monserrat-, con la apertura de Sandra Cauffman -directora de la división Ciencias de la Tierra de NASA-, Conrado Varotto -director de la Conae- y Agustín Campero -secretario de Articulación Científico Tecnológica del Ministerio de Ciencia y Tecnología-.
La reunión internacional sobre usos de los datos que proveen los satélites de observación de la Tierra en la gestión de emergencias -como incendios, inundaciones y erupciones volcánicas- está dirigida a la comunidad de proveedores y usuarios de la información satelital sobre emergencias (naturales y antropogénicas) con enfoque hacia la región latinoamericana.
Asistirán más de 300 participantes de Alemania, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Guyana, Italia, Mexico, Peru y Portugal. Télam
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Fecha de Publicación: 05/09/2017
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
Asistirán más de 300 participantes de todo el mundo. Se debatirá la generación de alertas por desastres naturales que permitan salvar vidas.
La “Cumbre para la reducción de riesgos de desastres en las Américas” de la agencia espacial estadounidense NASA delibera en Buenos Aires desde hoy hasta el viernes acerca de relacionar datos terrestres obtenidos con información satelital para generar alertas de desastres naturales que permitan salvar vidas y bienes ante los eventos de cambio climático, informó la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae).
A partir de un programa de ciencias de la Tierra que inició hace una década la agencia espacial, el proyecto planteó qué sucedería si una enorme cantidad de datos relacionados con el medio ambiente terrestre, provistos a diario por los satélites de la NASA, pudieran ser utilizados ante un desastre natural, donde y cuando sea que estos ocurran.
La Cumbre comienza a las 8.30 en el Hotel Intercontinental -Moreno 809, barrio porteño de Monserrat-, con la apertura de Sandra Cauffman -directora de la división Ciencias de la Tierra de NASA-, Conrado Varotto -director de la Conae- y Agustín Campero -secretario de Articulación Científico Tecnológica del Ministerio de Ciencia y Tecnología-.
La reunión internacional sobre usos de los datos que proveen los satélites de observación de la Tierra en la gestión de emergencias -como incendios, inundaciones y erupciones volcánicas- está dirigida a la comunidad de proveedores y usuarios de la información satelital sobre emergencias (naturales y antropogénicas) con enfoque hacia la región latinoamericana.
Asistirán más de 300 participantes de Alemania, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Guyana, Italia, Mexico, Peru y Portugal. Télam
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Tierra del Fuego: pena de prisión para desmontadores
Van a prisión por talar 216 árboles en Parque Nacional Tierra del Fuego
Fecha de Publicación: 04/09/2017
Fuente: El Federal
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Se trata de un delito cometido en 2005. Tres hombres ingresaron sin permiso al parque y talaron 216 ejemplares de lenga y guindo para la apertura de una senda. Una condena por desmonte que busca concientizar a la sociedad sobre estas conductas ilegales.
La justicia nacional ratificó una condena por el delito de “daño agravado y usurpación” a tres hombres que talaron 216 árboles en un área protegida del Parque Nacional Tierra del Fuego. La Administración de Parques Nacionales indicó que esta es la “primera vez que se pena un desmonte de esas características”.
El delito había sido cometido entre abril y junio de 2005, cuando empleados de la empresa “Patagonia Spirit” ingresaron sin autorización a ese parque, removieron los mojones que demarcaban el límite del área protegida y talaron 216 árboles para la apertura de una senda de acceso desde la Ruta Nacional N° 3 hacia la Bahía San José.
El informe de peritaje realizado por la Dirección de Bosques en septiembre de ese mismo año reconoció “tres sectores en los que la picada penetró en el parque mediante el corte de ejemplares de lenga (Nothofagus pumilio) y guindo (Nothofagus betuloides)”, tanto adultos como jóvenes.
La decisión fue adoptada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, luego de que en septiembre de 2016 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur condenara a Ricardo Bianciotto y Horacio Burgos a un año y tres meses de prisión, y a Orlando Rubén Mansilla Ruiz a un año.
“La pena tiene una finalidad de prevención tanto general, al enviar un mensaje a la sociedad para que sepa que esas conductas son ilegales, como especial, orientada a educar a quienes delinquieron para que no vuelvan a hacerlo“, indicó Parque Nacionales.
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Fecha de Publicación: 04/09/2017
Fuente: El Federal
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Se trata de un delito cometido en 2005. Tres hombres ingresaron sin permiso al parque y talaron 216 ejemplares de lenga y guindo para la apertura de una senda. Una condena por desmonte que busca concientizar a la sociedad sobre estas conductas ilegales.
La justicia nacional ratificó una condena por el delito de “daño agravado y usurpación” a tres hombres que talaron 216 árboles en un área protegida del Parque Nacional Tierra del Fuego. La Administración de Parques Nacionales indicó que esta es la “primera vez que se pena un desmonte de esas características”.
El delito había sido cometido entre abril y junio de 2005, cuando empleados de la empresa “Patagonia Spirit” ingresaron sin autorización a ese parque, removieron los mojones que demarcaban el límite del área protegida y talaron 216 árboles para la apertura de una senda de acceso desde la Ruta Nacional N° 3 hacia la Bahía San José.
El informe de peritaje realizado por la Dirección de Bosques en septiembre de ese mismo año reconoció “tres sectores en los que la picada penetró en el parque mediante el corte de ejemplares de lenga (Nothofagus pumilio) y guindo (Nothofagus betuloides)”, tanto adultos como jóvenes.
La decisión fue adoptada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, luego de que en septiembre de 2016 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur condenara a Ricardo Bianciotto y Horacio Burgos a un año y tres meses de prisión, y a Orlando Rubén Mansilla Ruiz a un año.
“La pena tiene una finalidad de prevención tanto general, al enviar un mensaje a la sociedad para que sepa que esas conductas son ilegales, como especial, orientada a educar a quienes delinquieron para que no vuelvan a hacerlo“, indicó Parque Nacionales.
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Zona protegida de Chaco sigue deforestándose
Se multiplican los desmontes en zona protegida del Chaco
Fecha de Publicación: 04/09/2017
Fuente: Chaco Hoy
Provincia/Región: Chaco
Al cierre de esta nota desmontaron más de 600 hectáreas en zona protegida por la Ley de Bosques. Por la falta de un buen Mapa de Zonificación del OTBN, realidad que no es casual ni accidental, se torna un poco dificultoso la ubicación del predio. Sin embargo, las imágenes satelitales secuenciadas comprueban que se deforestó en Zona Amarilla, lo que no es una novedad sino que es un fenómeno recurrente que se multiplica porque los desmontes clandestinos o autorizados por la Dirección de Bosques -a través del programa de Cambio de Uso de Suelo- se concentran en la región norte de Pampa del Infierno, Los Frentones y Río Muerto, en pleno Impenetrable chaqueño.
El desmonte se ejecutó en el campo que, según la ficha del Instituto de Colonización, figura a nombre de Héctor Alfredo Giongo, dueño de la Parcela 229, Circunscripción V del Departamento Almirante Brown. En la zona se afirma que trabaja el campo su hija, Melisa Giongo, que casualmente es la esposa del abogado Victor Hugo Paoletti, quién asesora a la Asociación de Productores Forestales, a su vez hijo del antiguo explotador forestal y recurrente intendente de la locadlidad de Los Frentones, Pedro Orestes Paoletti
La investigación en terreno del Centro Mandela se inició el 17 de junio pasado. El desmonte comenzó en la mitad sur del campo, a la vista de todos los que circulan por la Picada YPF. A pesar de ser obligatorio, no se exhibe en la tranquera del campo desmontado el cartel en donde se debe reflejar la autorización que obligatoriamente debe otorgar la Dirección de Bosques para que se realice un desmonte, con los datos indispensables como son la superficie a deforestar, el técnico responsable de los “trabajos”, la empresa de desmonte, el número de expediente y la disposición que otorga el permiso a los fines de que el desmonte sea legal.
La faltan de exhibición del cartel permite presumir que el desmonte sería ilegal o clandestino dado que la tranquera del campo está ubicada sobre una de las Picadas YPF, la que arranca en la localidad de Los Frentones, de modo tal de que la falta del cartel pone en evidencia lo ocurrido.
Queman los restos forestales de los desmontes
Es notable la cantidad de quemas de restos forestales en la región ubicada al norte de la localidad de Pampa del Infierno, Los Frentones y Río Muerto, a pesar de que están expresamente prohibidos en el artículo 15 de la Ley de Bosques y en el artículo 3 de la Ley 26.562 de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema. Se multiplicaron los desmontes en esa amplia zona, invadiendo el área protegida (Zona Amarilla), en la que no se debe desmontar. La imagen que sigue refleja los incendios y quemas a 72 horas del cierre de esta nota. Los incendios están perfectamente detectados y localizados en el sitio http://fires.globalforestwatch.org/map/#activeLayers=viirsFires%2CactiveFires%2CboundingBoxes&activeBasemap=topo&x=-62&y=-26&z=11
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Fecha de Publicación: 04/09/2017
Fuente: Chaco Hoy
Provincia/Región: Chaco
Al cierre de esta nota desmontaron más de 600 hectáreas en zona protegida por la Ley de Bosques. Por la falta de un buen Mapa de Zonificación del OTBN, realidad que no es casual ni accidental, se torna un poco dificultoso la ubicación del predio. Sin embargo, las imágenes satelitales secuenciadas comprueban que se deforestó en Zona Amarilla, lo que no es una novedad sino que es un fenómeno recurrente que se multiplica porque los desmontes clandestinos o autorizados por la Dirección de Bosques -a través del programa de Cambio de Uso de Suelo- se concentran en la región norte de Pampa del Infierno, Los Frentones y Río Muerto, en pleno Impenetrable chaqueño.
El desmonte se ejecutó en el campo que, según la ficha del Instituto de Colonización, figura a nombre de Héctor Alfredo Giongo, dueño de la Parcela 229, Circunscripción V del Departamento Almirante Brown. En la zona se afirma que trabaja el campo su hija, Melisa Giongo, que casualmente es la esposa del abogado Victor Hugo Paoletti, quién asesora a la Asociación de Productores Forestales, a su vez hijo del antiguo explotador forestal y recurrente intendente de la locadlidad de Los Frentones, Pedro Orestes Paoletti
La investigación en terreno del Centro Mandela se inició el 17 de junio pasado. El desmonte comenzó en la mitad sur del campo, a la vista de todos los que circulan por la Picada YPF. A pesar de ser obligatorio, no se exhibe en la tranquera del campo desmontado el cartel en donde se debe reflejar la autorización que obligatoriamente debe otorgar la Dirección de Bosques para que se realice un desmonte, con los datos indispensables como son la superficie a deforestar, el técnico responsable de los “trabajos”, la empresa de desmonte, el número de expediente y la disposición que otorga el permiso a los fines de que el desmonte sea legal.
La faltan de exhibición del cartel permite presumir que el desmonte sería ilegal o clandestino dado que la tranquera del campo está ubicada sobre una de las Picadas YPF, la que arranca en la localidad de Los Frentones, de modo tal de que la falta del cartel pone en evidencia lo ocurrido.
Queman los restos forestales de los desmontes
Es notable la cantidad de quemas de restos forestales en la región ubicada al norte de la localidad de Pampa del Infierno, Los Frentones y Río Muerto, a pesar de que están expresamente prohibidos en el artículo 15 de la Ley de Bosques y en el artículo 3 de la Ley 26.562 de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema. Se multiplicaron los desmontes en esa amplia zona, invadiendo el área protegida (Zona Amarilla), en la que no se debe desmontar. La imagen que sigue refleja los incendios y quemas a 72 horas del cierre de esta nota. Los incendios están perfectamente detectados y localizados en el sitio http://fires.globalforestwatch.org/map/#activeLayers=viirsFires%2CactiveFires%2CboundingBoxes&activeBasemap=topo&x=-62&y=-26&z=11
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Urge trasladar el basurero petrolero en Neuquén
Piden apurar la mudanza del basurero petrolero
Fecha de Publicación: 04/09/2017
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
El basurero petrolero, ubicado dentro del predio de tratamiento de la empresa Comarsa, en el Parque Industrial Neuquén, aún no se traslada a la ciudad de Añelo. El apuro viene por las peticiones que hizo el diputado por Libres del Sur, Santiago Nogueira, ante el reclamo de vecinos de que la compañía seguía operando y dejando ingresar camiones con basura de los yacimientos petroleros.
La empresa tiene una restricción para ingresar nueva basura y está abocada sólo al tratamiento de los residuos que tiene acopiados hasta el 30 de junio pasado. Sin embargo, la empresa seguiría operando con el ingreso de camiones, según informó Nogueira. “Ya hemos hecho el pedido a Ambiente de la provincia, pero lo que nos urge ahora es que se traslade toda esa basura a Añelo, antes de que la empresa se mude”, indicó.
El pedido está en la comisión de Medio Ambiente de la Legislatura, pero aún no puede tratarse. Los residuos se siguen quemando en el ejido de la localidad, es por eso que la empresa está invirtiendo en un predio especial en Añelo. Pero la solicitud urgente de traslado aún no es tratada por los diputados.
Dos años de plazo
Comarsa tiene que trasladarse debido a que las plantas de tratamiento de residuos petroleros deben estar ubicadas a más de ocho kilómetros de las ciudades, según el Decreto 2263/15. Lo tiene que hacer en un plazo de dos años como máximo y ese período vence a finales de noviembre.
La operación también alcanza a la empresa Indarsa, dedicada a la misma actividad que Comarsa, y también tiene que trasladarse hacia la zona de Vaca Muerta.
El diputado Nogueira aseguró que Provincia está en conocimiento de que la empresa sigue tratando la basura nueva que ingresa en camiones y que por eso fue multada. Sin embargo, pidió el traslado urgente de la basura a Añelo.
Según el diputado, mientras más residuos ingresen al predio para tratarlo, más tiempo tardará la firma en mudarse, con el conflicto que implica para los vecinos que viven en los alrededores cada vez que se producen quemas. “Sólo tiene que poner en marcha los camiones para que en Neuquén no se queme más basura y se dañe el medioambiente”, explicó.
La inspección que hizo la subsecretaría de Ambiente a la planta constató el ingreso de residuos especiales identificados como “corrientes semisólidas” hasta el 7 de julio pasado, es decir, una semana después de la prohibición de ingresar residuos nuevos. Mientras se espera el traslado del basurero petrolero, los vecinos de los alrededores del parque industrial observan con dudas.
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Fecha de Publicación: 04/09/2017
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
El basurero petrolero, ubicado dentro del predio de tratamiento de la empresa Comarsa, en el Parque Industrial Neuquén, aún no se traslada a la ciudad de Añelo. El apuro viene por las peticiones que hizo el diputado por Libres del Sur, Santiago Nogueira, ante el reclamo de vecinos de que la compañía seguía operando y dejando ingresar camiones con basura de los yacimientos petroleros.
La empresa tiene una restricción para ingresar nueva basura y está abocada sólo al tratamiento de los residuos que tiene acopiados hasta el 30 de junio pasado. Sin embargo, la empresa seguiría operando con el ingreso de camiones, según informó Nogueira. “Ya hemos hecho el pedido a Ambiente de la provincia, pero lo que nos urge ahora es que se traslade toda esa basura a Añelo, antes de que la empresa se mude”, indicó.
El pedido está en la comisión de Medio Ambiente de la Legislatura, pero aún no puede tratarse. Los residuos se siguen quemando en el ejido de la localidad, es por eso que la empresa está invirtiendo en un predio especial en Añelo. Pero la solicitud urgente de traslado aún no es tratada por los diputados.
Dos años de plazo
Comarsa tiene que trasladarse debido a que las plantas de tratamiento de residuos petroleros deben estar ubicadas a más de ocho kilómetros de las ciudades, según el Decreto 2263/15. Lo tiene que hacer en un plazo de dos años como máximo y ese período vence a finales de noviembre.
La operación también alcanza a la empresa Indarsa, dedicada a la misma actividad que Comarsa, y también tiene que trasladarse hacia la zona de Vaca Muerta.
El diputado Nogueira aseguró que Provincia está en conocimiento de que la empresa sigue tratando la basura nueva que ingresa en camiones y que por eso fue multada. Sin embargo, pidió el traslado urgente de la basura a Añelo.
Según el diputado, mientras más residuos ingresen al predio para tratarlo, más tiempo tardará la firma en mudarse, con el conflicto que implica para los vecinos que viven en los alrededores cada vez que se producen quemas. “Sólo tiene que poner en marcha los camiones para que en Neuquén no se queme más basura y se dañe el medioambiente”, explicó.
La inspección que hizo la subsecretaría de Ambiente a la planta constató el ingreso de residuos especiales identificados como “corrientes semisólidas” hasta el 7 de julio pasado, es decir, una semana después de la prohibición de ingresar residuos nuevos. Mientras se espera el traslado del basurero petrolero, los vecinos de los alrededores del parque industrial observan con dudas.
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