La Plata: justicia obliga a YPF a frenar la contaminación
08:00 | 
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La Justicia Ratificó que YPF debe frenar la contaminación que genera en La Plata
Fecha de Publicación: 11/07/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Buenos Aires
La Sala III de la Cámara de Apelaciones Federal de La Plata rechazó un recurso de queja interpuesto por YPF y ratificó el fallo de primera instancia, que le ordenó a la compañía a presentar un plan y ejecutar obras para evitar la contaminación que genera la refinería en La Plata, Berisso y Ensenada.
La Sala III de la Cámara de Apelaciones Federal de La Plata rechazó un recurso de queja interpuesto por la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y ratificó el fallo de primera instancia, que le ordenó a la compañía a presentar un plan y ejecutar obras para evitar la contaminación que genera la refinería en La Plata, Berisso y Ensenada.
La medida fue dictada por los jueces Carlos Alberto Nogueira y Carlos Alberto Vallefin, quienes argumentaron que “a esta altura no resulta ocioso recordar que este proceso lleva una extensísima tramitación, pues su inicio se remonta al 2003 y ha recorrido todas las instancias judiciales federales, incluida la de la Corte Suprema”.
La causa se inició cuando “Alicia Susana Mazzeo y otros” demandaron a la empresa por ocasionar contaminación, y el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 4 de La Plata había ordenado a YPF que cese en la actividad contaminante provocada por emanaciones gaseosas de la refinería.
En aquella oportunidad se constató en toda la región niveles más allá de los tolerables de CO2 (dióxido de Carbono), CO (monóxido de Carbono), NOx (óxidos de Nitrógeno), SO2 (dióxido de Azufre), monóxido de Nitrógeno (NO) y material particulado.
Fuentes judiciales revelaron a Télam que de acuerdo al informe del perito médico registrado en el expediente, la inhalación de las sustancias genera daños a la salud vinculados -principalmente- con afecciones respiratorias.
“Esta conclusión se ve reafirmada por el hecho de que todos los actores presentados y revisados por el profesional de la salud, presentan dolencias y enfermedades, en muchos casos crónicas y severas”, remarcó el fallo.
En el marco de este cuadro de situación, la justicia obligó a YPF a presentar “un plan de obras que tienda a modificar su proceso productivo en la medida en que genera emanaciones contaminantes”, lo que será objeto de evaluación y supervisión por parte de los expertos del Centro de investigaciones del Medio Ambiente, organismo dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata.
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Fecha de Publicación: 11/07/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Buenos Aires
La Sala III de la Cámara de Apelaciones Federal de La Plata rechazó un recurso de queja interpuesto por YPF y ratificó el fallo de primera instancia, que le ordenó a la compañía a presentar un plan y ejecutar obras para evitar la contaminación que genera la refinería en La Plata, Berisso y Ensenada.
La Sala III de la Cámara de Apelaciones Federal de La Plata rechazó un recurso de queja interpuesto por la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y ratificó el fallo de primera instancia, que le ordenó a la compañía a presentar un plan y ejecutar obras para evitar la contaminación que genera la refinería en La Plata, Berisso y Ensenada.
La medida fue dictada por los jueces Carlos Alberto Nogueira y Carlos Alberto Vallefin, quienes argumentaron que “a esta altura no resulta ocioso recordar que este proceso lleva una extensísima tramitación, pues su inicio se remonta al 2003 y ha recorrido todas las instancias judiciales federales, incluida la de la Corte Suprema”.
La causa se inició cuando “Alicia Susana Mazzeo y otros” demandaron a la empresa por ocasionar contaminación, y el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 4 de La Plata había ordenado a YPF que cese en la actividad contaminante provocada por emanaciones gaseosas de la refinería.
En aquella oportunidad se constató en toda la región niveles más allá de los tolerables de CO2 (dióxido de Carbono), CO (monóxido de Carbono), NOx (óxidos de Nitrógeno), SO2 (dióxido de Azufre), monóxido de Nitrógeno (NO) y material particulado.
Fuentes judiciales revelaron a Télam que de acuerdo al informe del perito médico registrado en el expediente, la inhalación de las sustancias genera daños a la salud vinculados -principalmente- con afecciones respiratorias.
“Esta conclusión se ve reafirmada por el hecho de que todos los actores presentados y revisados por el profesional de la salud, presentan dolencias y enfermedades, en muchos casos crónicas y severas”, remarcó el fallo.
En el marco de este cuadro de situación, la justicia obligó a YPF a presentar “un plan de obras que tienda a modificar su proceso productivo en la medida en que genera emanaciones contaminantes”, lo que será objeto de evaluación y supervisión por parte de los expertos del Centro de investigaciones del Medio Ambiente, organismo dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata.
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Córdoba busca un marco legal para impulsar bioenergías
Córdoba pedirá a Nación un marco legal para impulsar las bioenergías
Fecha de Publicación: 11/07/2016
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Córdoba - Nacional
La Legislatura quiere sancionar una resolución instando al Gobierno nacional que ubique este tema como “impostergable”, debido a su potencial para disminuir el impacto medioambiental, agregar valor y generar empleo.
El vicegobernador de la Provincia, Martín Llaryora, afirmó que “la bioenergía es un camino que tiene Córdoba para llevar progreso a todos los rincones”, frase que actúa como una suerte de resumen de una iniciativa que impulsará el Gobierno a través de la Legislatura: sancionar una resolución que inste al Estado nacional a que avance en regulaciones que favorezcan el desarrollo de las bioenergías.
Entre otras cosas, la iniciativa busca que el Estado “garantice un marco jurídico estable” para el fomento de estas energías alternativas, “ya que la incertidumbre regulatoria es enemiga de los inversiones y los proyectos”.
Llaryora, acompañado por el presidente provisorio de la Unicameral, Oscar González; el vicepresidente, Daniel Passerini; el jefe de bloque de Unión por Córdoba, Carlos Gutiérrez; y los ministros de Agricultura, Sergio Busso; e Industria, Roberto Avalle; encabezaron un encuentro destinado a debatir las potencialidades de la bioenergía en Córdoba. Los datos que se mencionaron durante la jornada servirán para reforzar la resolución que se busca aprobar y que luego se elevará ante la Casa Rosada.
Tema impostergable
El primer punto del proyecto de resolución (que puede verse completo haciendo click aquí o al final de la nota) implica “solicitar al Gobierno que el desarrollo de la bioenergía en Córdoba y la zona central del país se ubique como tema impostergable en la agenda de la cartera de Agroindustria”.
Por eso, pide “apoyar todas las iniciativas para el crecimiento de un sector bioenergético dinámico y al mismo tiempo sostenible y socialmente responsable, ya que resulta indispensable para el desarrollo, disminuyendo los riesgos y el impacto medioambiental”.
Con estos fines, el proyecto considera necesarios “la toma y ejecución de medidas generales tendientes a incentivar, apuntalar y diversificar el desarrollo de la bioenergía” y “que los distintos estamentos del Estado actúen como facilitadores en el proceso de creación de proyectos bioenergéticos, poniendo en funcionamiento incentivos financieros, agilizando trámites y conectando voluntades”.
Allí es que la iniciativa subraya la necesidad de que se “garantice un marco jurídico estable, ya que la incertidumbre regulatoria es enemiga de las inversiones y los proyectos”, así como también de que se promueva “la difusión hacia toda la sociedad de las ventajas y múltiples beneficios que trae aparejado el desarrollo de la bioenergía”.
Oportunidades
Precisamente, el encuentro realizado en la sala Regino Maders de la Legislatura sirvió para que diversas entidades plantearan los beneficios y oportunidades que presentan las energías. En el caso de Córdoba, por ejemplo, el bioetanol producido a partir del maíz.
Según la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (Fada), con 500 has de maíz y 250 porcinos o 500 vacas de ordeñe se pueden obtener 20 mil toneladas de materia verde y dos mil metros cúbicos de efluentes que, puestos en un biodigestor, pueden generar un megawatt por hora, suficientes para dar energía a cuatro mil personas.
El modelo a replicar, según Fada, es el de Bioeléctrica que ya genera energía en Río Cuarto utilizando como principal materia prima el maíz picado. La propuesta es construir 50 plantas de ese tipo en pequeños pueblos del interior, que implicarían una inversión global de 225 millones de dólares, puestos de trabajo para 1.550 personas (entre directos e indirectos) y energía para 200 mil cordobeses.
Nicole Pisani, de Fada, aseguró que el potencial de Córdoba es enorme: para alimentar esas 50 plantas sólo se necesita disponer del 1,3 por ciento de la superficie que se siembra anualmente con maíz o los efluentes del cuatro por ciento de las vacas y el uno por ciento de los cerdos.
Economía y ambiente
Eduardo Martelloto, director regional Córdoba del Inta, destacó que la provincia es un ejemplo del potencial del bioetanol: en total, las cuatro plantas instaladas dentro del territorio cordobés procesan anualmente casi un millón de toneladas de maíz, de las que surgen 343 mil metros cúbicos de etanol y 318.300 toneladas de burlanda.
Martellotto destacó, por ejemplo, que para un productor agropecuario de la zona de Jesús María, proveerle maíz a Aca-Bio de Villa María, en lugar de enviarlo a puerto, le reduciría el costo del flete en 2.046 pesos por hectárea (suponiendo un rinde de 100 quintales). Del mismo modo, ubicar tambos o feed lots cerca de las plantas etanoleras podría ser una ayuda para reducir los costos: la burlanda húmeda vale el 30 por ciento de la cotización del maíz y sólo lo que produce ACA-Bio alcanzaría para alimentar 94 mil novillos al año.
Por eso, una de las propuestas que impulsan desde el Inta es el impulso a plantas pequeñas de etanol, de 13.500 toneladas anuales, que incluyan una integración con producción de carne bovina.
“El Inta está trabajando en conseguir nuevos productos biomásicos, en base a forrajes o forestales, por ejemplo, que le permitan al productor mejorar su ecuación económica y su diversificación productiva”, cerró Martellotto.
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Fecha de Publicación: 11/07/2016
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Córdoba - Nacional
La Legislatura quiere sancionar una resolución instando al Gobierno nacional que ubique este tema como “impostergable”, debido a su potencial para disminuir el impacto medioambiental, agregar valor y generar empleo.
El vicegobernador de la Provincia, Martín Llaryora, afirmó que “la bioenergía es un camino que tiene Córdoba para llevar progreso a todos los rincones”, frase que actúa como una suerte de resumen de una iniciativa que impulsará el Gobierno a través de la Legislatura: sancionar una resolución que inste al Estado nacional a que avance en regulaciones que favorezcan el desarrollo de las bioenergías.
Entre otras cosas, la iniciativa busca que el Estado “garantice un marco jurídico estable” para el fomento de estas energías alternativas, “ya que la incertidumbre regulatoria es enemiga de los inversiones y los proyectos”.
Llaryora, acompañado por el presidente provisorio de la Unicameral, Oscar González; el vicepresidente, Daniel Passerini; el jefe de bloque de Unión por Córdoba, Carlos Gutiérrez; y los ministros de Agricultura, Sergio Busso; e Industria, Roberto Avalle; encabezaron un encuentro destinado a debatir las potencialidades de la bioenergía en Córdoba. Los datos que se mencionaron durante la jornada servirán para reforzar la resolución que se busca aprobar y que luego se elevará ante la Casa Rosada.
Tema impostergable
El primer punto del proyecto de resolución (que puede verse completo haciendo click aquí o al final de la nota) implica “solicitar al Gobierno que el desarrollo de la bioenergía en Córdoba y la zona central del país se ubique como tema impostergable en la agenda de la cartera de Agroindustria”.
Por eso, pide “apoyar todas las iniciativas para el crecimiento de un sector bioenergético dinámico y al mismo tiempo sostenible y socialmente responsable, ya que resulta indispensable para el desarrollo, disminuyendo los riesgos y el impacto medioambiental”.
Con estos fines, el proyecto considera necesarios “la toma y ejecución de medidas generales tendientes a incentivar, apuntalar y diversificar el desarrollo de la bioenergía” y “que los distintos estamentos del Estado actúen como facilitadores en el proceso de creación de proyectos bioenergéticos, poniendo en funcionamiento incentivos financieros, agilizando trámites y conectando voluntades”.
Allí es que la iniciativa subraya la necesidad de que se “garantice un marco jurídico estable, ya que la incertidumbre regulatoria es enemiga de las inversiones y los proyectos”, así como también de que se promueva “la difusión hacia toda la sociedad de las ventajas y múltiples beneficios que trae aparejado el desarrollo de la bioenergía”.
Oportunidades
Precisamente, el encuentro realizado en la sala Regino Maders de la Legislatura sirvió para que diversas entidades plantearan los beneficios y oportunidades que presentan las energías. En el caso de Córdoba, por ejemplo, el bioetanol producido a partir del maíz.
Según la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (Fada), con 500 has de maíz y 250 porcinos o 500 vacas de ordeñe se pueden obtener 20 mil toneladas de materia verde y dos mil metros cúbicos de efluentes que, puestos en un biodigestor, pueden generar un megawatt por hora, suficientes para dar energía a cuatro mil personas.
El modelo a replicar, según Fada, es el de Bioeléctrica que ya genera energía en Río Cuarto utilizando como principal materia prima el maíz picado. La propuesta es construir 50 plantas de ese tipo en pequeños pueblos del interior, que implicarían una inversión global de 225 millones de dólares, puestos de trabajo para 1.550 personas (entre directos e indirectos) y energía para 200 mil cordobeses.
Nicole Pisani, de Fada, aseguró que el potencial de Córdoba es enorme: para alimentar esas 50 plantas sólo se necesita disponer del 1,3 por ciento de la superficie que se siembra anualmente con maíz o los efluentes del cuatro por ciento de las vacas y el uno por ciento de los cerdos.
Economía y ambiente
Eduardo Martelloto, director regional Córdoba del Inta, destacó que la provincia es un ejemplo del potencial del bioetanol: en total, las cuatro plantas instaladas dentro del territorio cordobés procesan anualmente casi un millón de toneladas de maíz, de las que surgen 343 mil metros cúbicos de etanol y 318.300 toneladas de burlanda.
Martellotto destacó, por ejemplo, que para un productor agropecuario de la zona de Jesús María, proveerle maíz a Aca-Bio de Villa María, en lugar de enviarlo a puerto, le reduciría el costo del flete en 2.046 pesos por hectárea (suponiendo un rinde de 100 quintales). Del mismo modo, ubicar tambos o feed lots cerca de las plantas etanoleras podría ser una ayuda para reducir los costos: la burlanda húmeda vale el 30 por ciento de la cotización del maíz y sólo lo que produce ACA-Bio alcanzaría para alimentar 94 mil novillos al año.
Por eso, una de las propuestas que impulsan desde el Inta es el impulso a plantas pequeñas de etanol, de 13.500 toneladas anuales, que incluyan una integración con producción de carne bovina.
“El Inta está trabajando en conseguir nuevos productos biomásicos, en base a forrajes o forestales, por ejemplo, que le permitan al productor mejorar su ecuación económica y su diversificación productiva”, cerró Martellotto.
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Preocupa la contaminación del aire en Mendoza
Aumenta la contaminación en el aire en Mendoza
Fecha de Publicación: 11/07/2016
Fuente: Diario El Sol
Provincia/Región: Mendoza
Recientes estudios hechos por la UTN Mendoza permitieron saber que la contaminación en el aire está en aumento. En algunas zonas, por ejemplo, este incremento se da principalmente por la quema de basurales durante la noche. Estos niveles superan, incluso, las horas picos de mayor tránsito.
Históricamente, los valores de emisiones del material particulado –partículas diminutas que permanecen en la atmósfera– son mayores durante el día, cuando hay una mayor actividad de vehículos. Sin embargo, la brecha entre la contaminación que se produce en horarios diurnos y nocturnos se reduce de manera alarmante.
Según indicó el director del Grupo de Estudios de la Atmósfera y el Ambiente (GEAA) de la UTN, Enrique Puliafito, el problema se origina en la proliferación de basurales donde se queman objetos para obtener los residuos.
"Recientemente estuvimos estudiando los valores de material particulado en el Aeropuerto y es notable el impacto que tiene la quema nocturna en los basurales", explicó Puliafito, quien aclaró que no es una situación que suceda –o tenga efecto– sólo en esa zona de Mendoza.
La contaminación del aire en la zona metropolitana presenta una complicación a la hora de tomar medidas: las condiciones y factores apuntan a una atmósfera cargada de elementos nocivos para la salud, pero no existe un monitoreo sistemático que aporte los números para probarlo en detalle.
Fernando Castro es un ingeniero industrial que se desempeña en el Laboratorio de Análisis Instrumental de la Facultad de Ingeniería de la UNCuyo y trabaja en un proyecto que permitiría a cualquier persona determinar la calidad del aire de su entorno llamado MACA (Monitor Abierto de Calidad de Aire).
"En Argentina no hay casi monitoreo, pero si se tuviese lo necesario para realizar las mediciones, los resultados en Mendoza serían superiores a las normas de la Organización Mundial de la Salud", advirtió Castro.
El ingeniero sostuvo la apreciación destacando, además de las apreciaciones del GEAA, que la provincia "no tiene ventilación natural al etar contra la cordillera y con una velocidad del viento de medio metro por segundo".
Parte del monitoreo que realiza el GEAA en distintas ubicaciones incluye el Parque General San Martín. "En la noche encontramos que incluso se alcanzan niveles de emisión muy por encima de la que generan los horarios de mayor tránsito", indicó.
Puliafito señaló que las zonas urbanas de Mendoza son las más afectadas y que es posible apreciarlo a simple vista. "En las mañanas, desde el aeropuerto se puede ver una 'burbuja' de contaminación sobre la ciudad", precisó.
Por su parte, Castro enfatizó que la falta de un monitoreo sistemático es resultado de un círculo vicioso: "No hay información precisa sobre el tema, por lo que la gente no se preocupa y el tema no se instala en la agenda pública. Eso produce que no sea una prioridad a la hora de destinar fondos, y sin esos aportes no puede financiarse un monitoreo, lo que nos lleva a que no haya información sobre el tema".
Además, el ingeniero mencionó que, como los elementos nocivos no se pueden determinar a simple vista. "Como es invisible, la gente no se preocupa", enfatizó. En el caso del material particulado, el problema es que se trata de sólidos tan pequeños que ingresan en los alveolos, las zonas "más diminutas" de los pulmones.
La forma más sencilla de medir estas emisiones que se utiliza en la provincia consiste en utilizar una bomba de aire que filtra las partículas y luego se las pesa. Otra técnica se vale de mediciones a través de un sistema láser. "No utilizamos un monitoreo permanente sino que trasladamos los equipos a distintos lugares según el objetivo científico", especificó el director del GEAA.
A su vez, Castro indicó que el presupuesto que requiere un equipo de monitoreo es demasiado elevado como para vislumbrar uno permanente. "Un equipo para medir un sólo contaminante cuesta 20 mil euros. A eso hay que sumarle los gastos operativos y de mantenimiento", detalló.
Uno de los objetivos que tiene el grupo de Puliafito respecto a la presencia de material particulado en el ambiente es medir también qué otros elementos afectan al aire de la provincia, como el uso de aerosoles o la contaminación que presenta la ciudad de Santiago de Chile.
"Tenemos la hipótesis de que la contaminación no sólo está incidiendo en el cambio climático, sino también en los glaciares. El hollín favorece a los derretimientos y posiblemente la concentración de Santiago atraviesa la cordilera", detalló Puliafito.
Castro, por otro lado, señaló que en lo que respecto a la contaminación del aire, "el afectado y el contaminador son la misma persona", por lo que una mejora en la calidad del ambiente requiere un compromiso tanto del Gobierno como de cada ciudadano.
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Fecha de Publicación: 11/07/2016
Fuente: Diario El Sol
Provincia/Región: Mendoza
Recientes estudios hechos por la UTN Mendoza permitieron saber que la contaminación en el aire está en aumento. En algunas zonas, por ejemplo, este incremento se da principalmente por la quema de basurales durante la noche. Estos niveles superan, incluso, las horas picos de mayor tránsito.
Históricamente, los valores de emisiones del material particulado –partículas diminutas que permanecen en la atmósfera– son mayores durante el día, cuando hay una mayor actividad de vehículos. Sin embargo, la brecha entre la contaminación que se produce en horarios diurnos y nocturnos se reduce de manera alarmante.
Según indicó el director del Grupo de Estudios de la Atmósfera y el Ambiente (GEAA) de la UTN, Enrique Puliafito, el problema se origina en la proliferación de basurales donde se queman objetos para obtener los residuos.
"Recientemente estuvimos estudiando los valores de material particulado en el Aeropuerto y es notable el impacto que tiene la quema nocturna en los basurales", explicó Puliafito, quien aclaró que no es una situación que suceda –o tenga efecto– sólo en esa zona de Mendoza.
La contaminación del aire en la zona metropolitana presenta una complicación a la hora de tomar medidas: las condiciones y factores apuntan a una atmósfera cargada de elementos nocivos para la salud, pero no existe un monitoreo sistemático que aporte los números para probarlo en detalle.
Fernando Castro es un ingeniero industrial que se desempeña en el Laboratorio de Análisis Instrumental de la Facultad de Ingeniería de la UNCuyo y trabaja en un proyecto que permitiría a cualquier persona determinar la calidad del aire de su entorno llamado MACA (Monitor Abierto de Calidad de Aire).
"En Argentina no hay casi monitoreo, pero si se tuviese lo necesario para realizar las mediciones, los resultados en Mendoza serían superiores a las normas de la Organización Mundial de la Salud", advirtió Castro.
El ingeniero sostuvo la apreciación destacando, además de las apreciaciones del GEAA, que la provincia "no tiene ventilación natural al etar contra la cordillera y con una velocidad del viento de medio metro por segundo".
Parte del monitoreo que realiza el GEAA en distintas ubicaciones incluye el Parque General San Martín. "En la noche encontramos que incluso se alcanzan niveles de emisión muy por encima de la que generan los horarios de mayor tránsito", indicó.
Puliafito señaló que las zonas urbanas de Mendoza son las más afectadas y que es posible apreciarlo a simple vista. "En las mañanas, desde el aeropuerto se puede ver una 'burbuja' de contaminación sobre la ciudad", precisó.
Por su parte, Castro enfatizó que la falta de un monitoreo sistemático es resultado de un círculo vicioso: "No hay información precisa sobre el tema, por lo que la gente no se preocupa y el tema no se instala en la agenda pública. Eso produce que no sea una prioridad a la hora de destinar fondos, y sin esos aportes no puede financiarse un monitoreo, lo que nos lleva a que no haya información sobre el tema".
Además, el ingeniero mencionó que, como los elementos nocivos no se pueden determinar a simple vista. "Como es invisible, la gente no se preocupa", enfatizó. En el caso del material particulado, el problema es que se trata de sólidos tan pequeños que ingresan en los alveolos, las zonas "más diminutas" de los pulmones.
La forma más sencilla de medir estas emisiones que se utiliza en la provincia consiste en utilizar una bomba de aire que filtra las partículas y luego se las pesa. Otra técnica se vale de mediciones a través de un sistema láser. "No utilizamos un monitoreo permanente sino que trasladamos los equipos a distintos lugares según el objetivo científico", especificó el director del GEAA.
A su vez, Castro indicó que el presupuesto que requiere un equipo de monitoreo es demasiado elevado como para vislumbrar uno permanente. "Un equipo para medir un sólo contaminante cuesta 20 mil euros. A eso hay que sumarle los gastos operativos y de mantenimiento", detalló.
Uno de los objetivos que tiene el grupo de Puliafito respecto a la presencia de material particulado en el ambiente es medir también qué otros elementos afectan al aire de la provincia, como el uso de aerosoles o la contaminación que presenta la ciudad de Santiago de Chile.
"Tenemos la hipótesis de que la contaminación no sólo está incidiendo en el cambio climático, sino también en los glaciares. El hollín favorece a los derretimientos y posiblemente la concentración de Santiago atraviesa la cordilera", detalló Puliafito.
Castro, por otro lado, señaló que en lo que respecto a la contaminación del aire, "el afectado y el contaminador son la misma persona", por lo que una mejora en la calidad del ambiente requiere un compromiso tanto del Gobierno como de cada ciudadano.
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Ambiente presentó nuevo sistema para inspecciones
Nuevo sistema informático para hacer más eficientes las inspecciones ambientales
Fecha de Publicación: 10/07/2016
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación presentó hoy el Sistema de Programación Anticipada y Coordinada de Inspecciones Ambientales, una herramienta informática que permitirá a los organismos ambientales de la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires optimizar sus recursos y evitar superposiciones durante las inspecciones.
Gracias al nuevo sistema, desarrollado por técnicos de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), los organismos agrupados bajo la Mesa de Coordinación para las Actividades de Control Ambiental podrán cagar sus respectivos cronogramas de inspecciones programadas; a partir de estos datos, el sistema avisará si un mismo establecimiento industrial será inspeccionado en la misma semana por más de un organismo. De esta manera, se podrá evitar una superposición innecesaria o, en caso de que haga falta, coordinar para realizar la inspección en forma conjunta.
“El sistema no busca restringir ni modificar las competencias que los organismos tienen por ley; busca que nos organicemos con el fin de maximizar nuestros recursos y hacer más eficientes los controles y la fiscalización”, dijo el subsecretario de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación, Juan Trebino.
La herramienta también busca facilitar el intercambio de información; se podrán cargar las actas de inspecciones realizadas anteriormente con el objetivo de que los inspectores estén al tanto del trabajo realizado por sus colegas de otras jurisdicciones. Así, podrán saber en qué estado se encontraba el establecimiento durante el último control y sobre qué puntos hacer hincapié.
Un nuevo enfoque
El proyecto busca adoptar un enfoque colaborativo hacia la industria, para ayudar a que los establecimientos se adecuen y cumplan con la ley.
Uno de los reclamos del sector es la cantidad de inspecciones que deben afrontar en períodos de tiempo muy cortos. Estos controles no se traducen necesariamente en un mayor cuidado del ambiente ya que lleva a que los establecimientos ensayen soluciones que funcionan como parches para poder seguir operando, pero que no terminan de resolver el problema de fondo.
Para solucionar este problema, las inspecciones programadas estarán organizadas por un cronograma determinado por zonas. Cada zona será inspeccionada una semana al mes. El industrial podrá introducir el domicilio de su establecimiento para saber en qué zona se encuentra y en qué semana será pasible de ser inspeccionado; solo conocerá la semana en que se lo inspeccionará, pero no el día exacto. Así, se espera que tomen medidas más profundas para poder estar en regla el día del control.
Mesa de Coordinación para las Actividades de Control Ambiental
La Mesa de Coordinación para las Actividades de Control Ambiental está integrada por la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental del MAyDS, en representación de la Nación, por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y la Autoridad del Agua (ADA), por el lado de la Provincia de Buenos Aires, y por la Agencia de Protección Ambiental (APrA), por parte de la Ciudad de Buenos Aires. También participa la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), un organismo que está compuesto por autoridades pertenecientes a estas tres jurisdicciones, y la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A (AySA).
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Fecha de Publicación: 10/07/2016
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación presentó hoy el Sistema de Programación Anticipada y Coordinada de Inspecciones Ambientales, una herramienta informática que permitirá a los organismos ambientales de la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires optimizar sus recursos y evitar superposiciones durante las inspecciones.
Gracias al nuevo sistema, desarrollado por técnicos de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), los organismos agrupados bajo la Mesa de Coordinación para las Actividades de Control Ambiental podrán cagar sus respectivos cronogramas de inspecciones programadas; a partir de estos datos, el sistema avisará si un mismo establecimiento industrial será inspeccionado en la misma semana por más de un organismo. De esta manera, se podrá evitar una superposición innecesaria o, en caso de que haga falta, coordinar para realizar la inspección en forma conjunta.
“El sistema no busca restringir ni modificar las competencias que los organismos tienen por ley; busca que nos organicemos con el fin de maximizar nuestros recursos y hacer más eficientes los controles y la fiscalización”, dijo el subsecretario de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación, Juan Trebino.
La herramienta también busca facilitar el intercambio de información; se podrán cargar las actas de inspecciones realizadas anteriormente con el objetivo de que los inspectores estén al tanto del trabajo realizado por sus colegas de otras jurisdicciones. Así, podrán saber en qué estado se encontraba el establecimiento durante el último control y sobre qué puntos hacer hincapié.
Un nuevo enfoque
El proyecto busca adoptar un enfoque colaborativo hacia la industria, para ayudar a que los establecimientos se adecuen y cumplan con la ley.
Uno de los reclamos del sector es la cantidad de inspecciones que deben afrontar en períodos de tiempo muy cortos. Estos controles no se traducen necesariamente en un mayor cuidado del ambiente ya que lleva a que los establecimientos ensayen soluciones que funcionan como parches para poder seguir operando, pero que no terminan de resolver el problema de fondo.
Para solucionar este problema, las inspecciones programadas estarán organizadas por un cronograma determinado por zonas. Cada zona será inspeccionada una semana al mes. El industrial podrá introducir el domicilio de su establecimiento para saber en qué zona se encuentra y en qué semana será pasible de ser inspeccionado; solo conocerá la semana en que se lo inspeccionará, pero no el día exacto. Así, se espera que tomen medidas más profundas para poder estar en regla el día del control.
Mesa de Coordinación para las Actividades de Control Ambiental
La Mesa de Coordinación para las Actividades de Control Ambiental está integrada por la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental del MAyDS, en representación de la Nación, por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y la Autoridad del Agua (ADA), por el lado de la Provincia de Buenos Aires, y por la Agencia de Protección Ambiental (APrA), por parte de la Ciudad de Buenos Aires. También participa la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), un organismo que está compuesto por autoridades pertenecientes a estas tres jurisdicciones, y la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A (AySA).
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Declaran testigos por la contaminación del Nahuel Huapi
Contaminación del lago Nahuel Huapi: declararon dos testigos
Fecha de Publicación: 10/07/2016
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Dos testigos prestaron declaración por el amparo que tramita el Juzgado Federal por la contaminación del lago Nahuel Huapi que se inició en 2011 tras una presentación de la Defensoría del Pueblo de la provincia.
El juez subrogante Gustavo Villanueva aceptó solo algunos testimonios de la lista de 13 personas solicitadas en abril por la defensora del Pueblo, Nadina Díaz, y también otros a pedido de la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB).
Esta mañana se presentaron en el Juzgado Federal, Juan Salguero, exintendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, y la referente de la asociación Árbol de Pie, Ana Wieman. Ambos habían sido solicitados por la defensoría y prestaron testimonio, no prueba documental.
Los dos testigos declararon ante un agente judicial de la Secretaría Civil 1 que lleva adelante el expediente y el resto de la semana se sumarán otros 4 testigos a pedido de la defensoría y al menos uno a solicitud de la CEB, que es una de las partes demandadas, junto a la provincia y la municipalidad.
“Se avanza en la etapa probatoria y cuando concluya el juez podrá dictar sentencia”, dijo a “DeBariloche” Sebastián Giménez, abogado de la Defensoría del Pueblo.
Ana Wieman, tras declarar en el Juzgado, dijo a “DeBariloche” que su testimonio fue presenciado por dos abogados de la CEB y afirmó que “existe la posibilidad que la CEB recurra mi testimonio porque aducen un interés particular pero yo aclaré que mi único interés es de la comunidad para preservar la salud y el lago”.
Wieman señaló que en esta causa “prácticamente no hay nada que demostrar porque es evidente que existieron roturas del colector y vertidos al lago”. Remarcó que Árbol de Pie “desde hace 10 años viene denunciando la situación del lago”.
El amparo de la defensoría por la contaminación del lago fue impulsado en 2011 y tomó reimpulso este año tras una serie de denuncias públicas e imágenes del vertido de efluentes que se repitió meses atrás.
Wieman cuestionó la demora en las actuaciones por la sanidad del lago Nahuel Huapi y señaló que “lamentablemente el tiempo de los jueces no se corresponde con la necesidad de la gente”.
También Árbol de Pie y la senadora Magdalena Odarda, impulsaron un recurso de amparo similar ante la Justicia Provincial en diciembre pasado que según el juez Sergio Barotto debía ser tratado por el fuero federal y por lo tanto anexado al expediente iniciado por la defensoría. Esta presentación aun espera la resolución del Superior Tribunal de Justicia, por lo tanto, no llegó al fuero federal.
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Fecha de Publicación: 10/07/2016
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Dos testigos prestaron declaración por el amparo que tramita el Juzgado Federal por la contaminación del lago Nahuel Huapi que se inició en 2011 tras una presentación de la Defensoría del Pueblo de la provincia.
El juez subrogante Gustavo Villanueva aceptó solo algunos testimonios de la lista de 13 personas solicitadas en abril por la defensora del Pueblo, Nadina Díaz, y también otros a pedido de la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB).
Esta mañana se presentaron en el Juzgado Federal, Juan Salguero, exintendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, y la referente de la asociación Árbol de Pie, Ana Wieman. Ambos habían sido solicitados por la defensoría y prestaron testimonio, no prueba documental.
Los dos testigos declararon ante un agente judicial de la Secretaría Civil 1 que lleva adelante el expediente y el resto de la semana se sumarán otros 4 testigos a pedido de la defensoría y al menos uno a solicitud de la CEB, que es una de las partes demandadas, junto a la provincia y la municipalidad.
“Se avanza en la etapa probatoria y cuando concluya el juez podrá dictar sentencia”, dijo a “DeBariloche” Sebastián Giménez, abogado de la Defensoría del Pueblo.
Ana Wieman, tras declarar en el Juzgado, dijo a “DeBariloche” que su testimonio fue presenciado por dos abogados de la CEB y afirmó que “existe la posibilidad que la CEB recurra mi testimonio porque aducen un interés particular pero yo aclaré que mi único interés es de la comunidad para preservar la salud y el lago”.
Wieman señaló que en esta causa “prácticamente no hay nada que demostrar porque es evidente que existieron roturas del colector y vertidos al lago”. Remarcó que Árbol de Pie “desde hace 10 años viene denunciando la situación del lago”.
El amparo de la defensoría por la contaminación del lago fue impulsado en 2011 y tomó reimpulso este año tras una serie de denuncias públicas e imágenes del vertido de efluentes que se repitió meses atrás.
Wieman cuestionó la demora en las actuaciones por la sanidad del lago Nahuel Huapi y señaló que “lamentablemente el tiempo de los jueces no se corresponde con la necesidad de la gente”.
También Árbol de Pie y la senadora Magdalena Odarda, impulsaron un recurso de amparo similar ante la Justicia Provincial en diciembre pasado que según el juez Sergio Barotto debía ser tratado por el fuero federal y por lo tanto anexado al expediente iniciado por la defensoría. Esta presentación aun espera la resolución del Superior Tribunal de Justicia, por lo tanto, no llegó al fuero federal.
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La UNNE intruye sobre derechos ante fumigaciones
Agroquímicos: instruyen a población afectada para ejercer sus derechos
Fecha de Publicación: 10/07/2016
Fuente: negocionea.com.ar
Provincia/Región: Corrientes
Docentes y estudiantes de la UNNE trabajan en el desarrollo de material didáctico y otras actividades para difundir los derechos de pobladores urbanos y rurales de expuestos a fumigaciones con agrotóxicos, y promover la toma de conciencia ante el avance de monocultivos con intenso uso de químicos.
Se trata de un proyecto de extensión aprobado por el Programa “La Universidad en el Medio” realizado por docentes e investigadores de cátedras de Filosofía y Sociología, de las Facultades de Humanidades y Ciencias Exactas, que conforman el “Grupo de Investigación sobre Conflictos Sociales” (GRICSO) y que a la vez son parte de un programa de Ciencia y Técnica dirigido por la Doctora Ana Pratesi que tiene como objeto observar las múltiples violencias que operan en las relaciones sociales en las formaciones sociales de nuestra región.
La iniciativa de extensión busca desarrollar materiales especialmente orientados a la formación y difusión de información demandada por poblaciones afectadas por fumigaciones con agrotóxicos en la región, según explican el doctor Marcelo Graciosi y el licenciado Maximiliano Román, Director y Co-director del proyecto.
El proyecto surge como una propuesta de intervención basada en investigaciones sobre conflictos sociales del Gran Chaco realizadas en los últimos años a partir de una serie de Jornadas impulsadas desde el año 2011.
Se trabaja en colaboración con la Red de Salud Popular “Ramón Carrillo”, una organización no gubernamental integrada por abogados, médicos y técnicos agrícolas que vienen trabajando desde hace doce años en investigaciones sobre los efectos de los agrotóxicos en la salud humana y en el asesoramiento de comunidades afectadas por fumigaciones.
El doctor en Filosofía Marcelo Graciosi comentó que en las últimas dos décadas se registró un avance de la frontera agrícola ligado al avance de monocultivos, como la soja transgénica tolerante al glifosato que combinado con el método de siembra directa, desplego una serie de efectos, entre ellos una exposición cada vez mayor de poblaciones urbanas y rurales a la fumigación con agrotóxicos.
La región NEA no fue ajena a esta nueva realidad, e incluso está considerada como una de las más expuestas al problema de uso de agro-tóxicos en monocultivos, como el caso de plantaciones de soja y arroz.
Si bien ante el problema de la fumigación con agrotóxicos se han registrado avances en materia de regulaciones y legislaciones, los investigadores de la UNNE consideran que gran parte de la población expuesta al riesgo desconoce los derechos que existen y que lleva a que dichos derechos no cumplan su función.
Así, se resolvió trabajar en la elaboración de materiales didácticos para “empoderar” a las poblaciones afectadas en la protección de sus derechos humanos. El objetivo es dar a conocer las leyes y demás normativas existentes, pero también generar la toma de conciencia ciudadana “para que la población afectada salga del lugar de agentes pasivos”, según indica Graciosi.
En el proyecto se trabajará en contacto directo con los pobladores a fin de elaborar un diagnóstico sobre las necesidades de información e identificar las herramientas comunicativas que serían las más adecuadas para la toma de conciencia sobre el problema de las fumigaciones con agrotóxicos.
Se planificó asimismo la realización de talleres, charlas y demás actividades participativas que posibiliten la mejor toma de contacto con la realidad e identificar el nivel de conflictividad que la temática genera en el territorio.
Los investigadores del grupo a cargo del proyecto, sostienen que gran parte de la producción agrícola de monocultivos con alta dependencia de agroquímicos es propiedad de capitales internacionales, por lo que se potencia del modelo capitalista de máxima rentabilidad sin importar las consecuencias.
Al respecto, sostienen que “si la sociedad no activa los mecanismos legales de defensa de sus derechos ni los mecanismos sociales de participación, las prácticas agrícolas seguirán dejando a nuestras poblaciones expuestas al riesgo por agroquímicos”.
“Hay legislaciones, causas públicas, fallos judiciales favorables, pero hacen falta construir estrategias para el conocimiento práctico por parte de las poblaciones afectadas” insistió por su parte el Lic. Maximiliano Román.
Sostuvo que en paralelo al proyecto de extensión, prosiguen con investigaciones sobre la temática en la región, siempre con el objetivo puesto en dar visibilidad a un tema que siguen sin un debido abordaje a nivel país.
En las actividades participan docentes y alumnos de la Cátedra “Problemática Filosófica Contemporánea” de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, y las cátedras “Sociología” en la Facultad de Humanidades.
Trabajar en temáticas de conflicto social, como la fumigación con agrotóxicos, les permite desde GRICSO impulsar una práctica universitaria comprometida con los problemas de la realidad regional.
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Fecha de Publicación: 10/07/2016
Fuente: negocionea.com.ar
Provincia/Región: Corrientes
Docentes y estudiantes de la UNNE trabajan en el desarrollo de material didáctico y otras actividades para difundir los derechos de pobladores urbanos y rurales de expuestos a fumigaciones con agrotóxicos, y promover la toma de conciencia ante el avance de monocultivos con intenso uso de químicos.
Se trata de un proyecto de extensión aprobado por el Programa “La Universidad en el Medio” realizado por docentes e investigadores de cátedras de Filosofía y Sociología, de las Facultades de Humanidades y Ciencias Exactas, que conforman el “Grupo de Investigación sobre Conflictos Sociales” (GRICSO) y que a la vez son parte de un programa de Ciencia y Técnica dirigido por la Doctora Ana Pratesi que tiene como objeto observar las múltiples violencias que operan en las relaciones sociales en las formaciones sociales de nuestra región.
La iniciativa de extensión busca desarrollar materiales especialmente orientados a la formación y difusión de información demandada por poblaciones afectadas por fumigaciones con agrotóxicos en la región, según explican el doctor Marcelo Graciosi y el licenciado Maximiliano Román, Director y Co-director del proyecto.
El proyecto surge como una propuesta de intervención basada en investigaciones sobre conflictos sociales del Gran Chaco realizadas en los últimos años a partir de una serie de Jornadas impulsadas desde el año 2011.
Se trabaja en colaboración con la Red de Salud Popular “Ramón Carrillo”, una organización no gubernamental integrada por abogados, médicos y técnicos agrícolas que vienen trabajando desde hace doce años en investigaciones sobre los efectos de los agrotóxicos en la salud humana y en el asesoramiento de comunidades afectadas por fumigaciones.
El doctor en Filosofía Marcelo Graciosi comentó que en las últimas dos décadas se registró un avance de la frontera agrícola ligado al avance de monocultivos, como la soja transgénica tolerante al glifosato que combinado con el método de siembra directa, desplego una serie de efectos, entre ellos una exposición cada vez mayor de poblaciones urbanas y rurales a la fumigación con agrotóxicos.
La región NEA no fue ajena a esta nueva realidad, e incluso está considerada como una de las más expuestas al problema de uso de agro-tóxicos en monocultivos, como el caso de plantaciones de soja y arroz.
Si bien ante el problema de la fumigación con agrotóxicos se han registrado avances en materia de regulaciones y legislaciones, los investigadores de la UNNE consideran que gran parte de la población expuesta al riesgo desconoce los derechos que existen y que lleva a que dichos derechos no cumplan su función.
Así, se resolvió trabajar en la elaboración de materiales didácticos para “empoderar” a las poblaciones afectadas en la protección de sus derechos humanos. El objetivo es dar a conocer las leyes y demás normativas existentes, pero también generar la toma de conciencia ciudadana “para que la población afectada salga del lugar de agentes pasivos”, según indica Graciosi.
En el proyecto se trabajará en contacto directo con los pobladores a fin de elaborar un diagnóstico sobre las necesidades de información e identificar las herramientas comunicativas que serían las más adecuadas para la toma de conciencia sobre el problema de las fumigaciones con agrotóxicos.
Se planificó asimismo la realización de talleres, charlas y demás actividades participativas que posibiliten la mejor toma de contacto con la realidad e identificar el nivel de conflictividad que la temática genera en el territorio.
Los investigadores del grupo a cargo del proyecto, sostienen que gran parte de la producción agrícola de monocultivos con alta dependencia de agroquímicos es propiedad de capitales internacionales, por lo que se potencia del modelo capitalista de máxima rentabilidad sin importar las consecuencias.
Al respecto, sostienen que “si la sociedad no activa los mecanismos legales de defensa de sus derechos ni los mecanismos sociales de participación, las prácticas agrícolas seguirán dejando a nuestras poblaciones expuestas al riesgo por agroquímicos”.
“Hay legislaciones, causas públicas, fallos judiciales favorables, pero hacen falta construir estrategias para el conocimiento práctico por parte de las poblaciones afectadas” insistió por su parte el Lic. Maximiliano Román.
Sostuvo que en paralelo al proyecto de extensión, prosiguen con investigaciones sobre la temática en la región, siempre con el objetivo puesto en dar visibilidad a un tema que siguen sin un debido abordaje a nivel país.
En las actividades participan docentes y alumnos de la Cátedra “Problemática Filosófica Contemporánea” de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, y las cátedras “Sociología” en la Facultad de Humanidades.
Trabajar en temáticas de conflicto social, como la fumigación con agrotóxicos, les permite desde GRICSO impulsar una práctica universitaria comprometida con los problemas de la realidad regional.
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La planta 'basura cero' viene lento
Atrasos en la obra de la planta 'basura cero'
Fecha de Publicación: 09/07/2016
Fuente: Diario El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
A seis meses de que se agote el plazo estipulado por la Justicia para que se abran sus puertas -y en el mismo momento se clausure definitivamente el relleno sanitario que Ceamse opera camino a Punta Lara-, la planta de tratamiento integral de residuos para nuestra región aún espera su primer ladrillo.
De acuerdo con lo dispuesto por la Suprema Corte bonaerense, en uno de los capítulos mas recientes de una disputa larga y controvertida entre organizaciones ambientalistas, vecinos y el Estado, el enterramiento de basura domiciliaria en el Centro de Disposición Final Ensenada debe cesar antes de que empiece 2017.
Sin embargo, y a pesar de que para el montaje y la puesta a punto de la Planta de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB) se necesitaría un año, apenas se terminaron las tareas de compactación y movimiento de suelos en el predio de diagonal 74 y arroyo El Gato -lindante con el Aeroclub- en el que se la erigirá.
El complejo que recibirá a los camiones recolectores de La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen y Magdalena será gestionado en la órbita del ente Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), a través de la firma adjudicataria Arx Arcillex.
“Ya se elevó el terreno hasta la cota requerida, y resta concretar una plataforma sólida sobre la que se puedan descargar las maquinarias y los materiales que se usarán para levantar la planta” explicaron voceros de Ceamse: “hay equipos que permanecen en la Aduana, pero los trámites para retirarlos ya se destrabaron”.
Las actuales estimaciones prevén la llegada de esa maquinaria para mediados de este mes.
Según los datos aportados oportunamente por los técnicos de Arx Arcillex, la planta de TMB procesará entre 900 y 1.000 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos (RSU).
Sus instalaciones contarán con un edificio administrativo en el que también habrá un comedor, sanitarios, vestuarios, oficinas y sala primeros auxilios. Además, se construirá un galpón para recicladores de 400 metros cuadrados, otro galpón para el invernadero de bioestabilizado del material de 600 metros cuadrados, y una nave para Tratamiento Mecánico Biológico de 600 metros cuadrados.
El área de proceso de la Planta de Tratamiento estará integrada por tres naves de aproximadamente 80 metros de longitud y 70 de anchura; una de ellas estará destinada a la descarga de los RSU sin separación en origen, que llegarán a la planta a bordo de los camiones recolectores “cola de pato” y serán trasladados por palas cargadoras a tolvas de trituración.
Otro de los galpones estará destinado a la trituración primaria, el separador y clasificador con tromel y el compactador de las fracciones gruesas que resulten separadas (“fracción de rechazo”).
El tercer galpón recibirá, por separado, los restos de poda y la fracción orgánica clasificada por el tromel, para mezclarlos y enviarlos a un área separada para el tratamiento biológico o “bioestabilizado”.
En tanto, la fracción inorgánica de rechazo será “inertizada”, enfardada y compactada, para luego envolverla con un film especial y utilizarla como base de la disposición final y la recuperación de canteras”.
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Fecha de Publicación: 09/07/2016
Fuente: Diario El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
A seis meses de que se agote el plazo estipulado por la Justicia para que se abran sus puertas -y en el mismo momento se clausure definitivamente el relleno sanitario que Ceamse opera camino a Punta Lara-, la planta de tratamiento integral de residuos para nuestra región aún espera su primer ladrillo.
De acuerdo con lo dispuesto por la Suprema Corte bonaerense, en uno de los capítulos mas recientes de una disputa larga y controvertida entre organizaciones ambientalistas, vecinos y el Estado, el enterramiento de basura domiciliaria en el Centro de Disposición Final Ensenada debe cesar antes de que empiece 2017.
Sin embargo, y a pesar de que para el montaje y la puesta a punto de la Planta de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB) se necesitaría un año, apenas se terminaron las tareas de compactación y movimiento de suelos en el predio de diagonal 74 y arroyo El Gato -lindante con el Aeroclub- en el que se la erigirá.
El complejo que recibirá a los camiones recolectores de La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen y Magdalena será gestionado en la órbita del ente Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), a través de la firma adjudicataria Arx Arcillex.
“Ya se elevó el terreno hasta la cota requerida, y resta concretar una plataforma sólida sobre la que se puedan descargar las maquinarias y los materiales que se usarán para levantar la planta” explicaron voceros de Ceamse: “hay equipos que permanecen en la Aduana, pero los trámites para retirarlos ya se destrabaron”.
Las actuales estimaciones prevén la llegada de esa maquinaria para mediados de este mes.
Según los datos aportados oportunamente por los técnicos de Arx Arcillex, la planta de TMB procesará entre 900 y 1.000 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos (RSU).
Sus instalaciones contarán con un edificio administrativo en el que también habrá un comedor, sanitarios, vestuarios, oficinas y sala primeros auxilios. Además, se construirá un galpón para recicladores de 400 metros cuadrados, otro galpón para el invernadero de bioestabilizado del material de 600 metros cuadrados, y una nave para Tratamiento Mecánico Biológico de 600 metros cuadrados.
El área de proceso de la Planta de Tratamiento estará integrada por tres naves de aproximadamente 80 metros de longitud y 70 de anchura; una de ellas estará destinada a la descarga de los RSU sin separación en origen, que llegarán a la planta a bordo de los camiones recolectores “cola de pato” y serán trasladados por palas cargadoras a tolvas de trituración.
Otro de los galpones estará destinado a la trituración primaria, el separador y clasificador con tromel y el compactador de las fracciones gruesas que resulten separadas (“fracción de rechazo”).
El tercer galpón recibirá, por separado, los restos de poda y la fracción orgánica clasificada por el tromel, para mezclarlos y enviarlos a un área separada para el tratamiento biológico o “bioestabilizado”.
En tanto, la fracción inorgánica de rechazo será “inertizada”, enfardada y compactada, para luego envolverla con un film especial y utilizarla como base de la disposición final y la recuperación de canteras”.
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Córdoba: menor presupuesto para Policía Ambiental
Preocupa en el sur provincial el recorte a las partidas para la Policía Ambiental
Fecha de Publicación: 09/07/2016
Fuente: El Puntal de Río Cuarto
Provincia/Región: Córdoba
Organizaciones ambientalistas y legisladores exigen que se revea la decisión. Consideran necesario bregar contra el desmonte como así también combatir la caza y pesca furtiva en campos de la zona
Huinca Renancó.- Organizaciones ambientalistas del sur provincial y legisladores de la oposición manifestaron su preocupación por las consecuencias que pudiera traer consigo el recorte de las partidas destinadas a la Policía Ambiental.
Sobre el tema, la legisladora radical Amalia Vagni solicitó días atrás un pedido de informe en la Legislatura pero hasta el momento no ha tenido respuesta.
Vagni dijo a PUNTAL que tal solicitud se fundamenta en cinco puntos, entre los que considera se informen: los criterios utilizados para la distribución de las bases operativas, la rutina de contralor y acciones que llevan adelante en caso de que actúen de oficio según las competencias otorgadas por la ley 10.115 y la cantidad de agentes y equipos técnicos para llevar adelante el contralor provincial, discriminando según cargos, funciones y profesión.
Pero entre uno de los puntos más destacados pide que “se explique el desfinanciamiento de la Policía Ambiental que se observa en la disminución presupuestaria de 3.191.000 de pesos del año 2015 a 477.000 de pesos en el año 2016”, cifra que implicaría un recorte aproximado del orden del 85 por ciento, según lo publicado por el medio especializado “Sala de Prensa Ambiental”.
“Si la provincia tiene una extensión de 165.321 kilómetros cuadrados y la Policía Ambiental cuenta con 16 vehículos y con 6 bases operativas, ¿cómo pretende la actual gestión llevar adelante el control ambiental con un presupuesto asignado de $ 477.000 de pesos para el año 2016 y sólo $ 5.000 para el combustible de 16 vehículos”, se preguntó la legisladora Vagni.
En el año 2012 el gobernador José Manuel de la Sota creaba la Dirección de Policía Ambiental, dependiente del Ministerio de Agua y Ambiente de la provincia de Córdoba con el objetivo de “profundizar acciones de conservación y protección del ambiente en todo el territorio”, según sus palabras. Desde entonces la Policía Ambiental debe ejercer el control y la fiscalización de los recursos naturales en el ámbito provincial, velando por la calidad ecológica de las diferentes regiones, conforme a lo establecido entre sus funciones. Sin embargo, desde hace un tiempo son recurrentes las quejas por demoras en las inspecciones y la falta de seguimiento de los casos denunciados por los ciudadanos.
Un ínfimo presupuesto que plantea dudas acerca del interés del gobierno para respaldar al único organismo encargado de evitar, controlar o detener el constante deterioro de los ecosistemas provinciales. Respaldo económico queda claro que no le brinda. Desde hace tiempo, un pedido de informes en la Legislatura espera la presencia del ministro de Agua y Ambiente, Ing. Fabián López, para que explique este grave desfinanciamiento en el área ambiental.
Exigen más fondos
Abel Lino, legislador por el departamento General Roca y actual presidente de la Comisión de Agricultura en la Legislatura, dijo a PUNTAL que se mantienen en alerta por tal situación al tiempo que adelantó que hoy va a haber una reunión de la Comisión de Ambiente en la Legislatura, en la que se va a tratar el tema y se va a pedir “un presupuesto acorde a las necesidades”.
“También hay un trabajo muy importante en un plan de reordenamiento territorial, donde nuestros bosques nativos puedan ampliar sus radios y asegurar la preservación de los mismos, y no seguir deprendando”. Después de julio tiene que haber una nueva ley que defienda el ambiente y los bosques”, señaló. Cabe agregar que el caso no cayó bien en la ONG ambientalista Mamull Mapu que tiene sede en Villa Huidobro, desde donde por estas horas se analizaba publicar un comunicado en rechazo a este recorte presupuestario.
Llega el ministro López
En el marco de la firma del Pacto Social Ambiental para el Departamento General Roca, llegará a Villa Huidobro este mediodía el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia, Fabián López, junto al secretario de Ambiente y Cambio Climático, Javier Britch.
El acto está previsto para las 11.45 en el salón de la Municipalidad de Villa Huidobro y tendrá como finalidad la firma de este acuerdo que propone el cuidado del ambiente, con políticas proactivas en conjunto entre el gobierno de Córdoba, las distintas municipalidades y comunas, las instituciones educativas y las fuerzas vivas de cada localidad.
Con la distribución de semillas a estudiantes secundarios en esta localidad, se dio el primer paso hacia la concreción del denominado Acuerdo Social Ambiental, firmado tiempo atrás con la Provincia y por el cual se procura recuperar y proteger el bosque nativo de caldenes en el sur cordobés.
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Fecha de Publicación: 09/07/2016
Fuente: El Puntal de Río Cuarto
Provincia/Región: Córdoba
Organizaciones ambientalistas y legisladores exigen que se revea la decisión. Consideran necesario bregar contra el desmonte como así también combatir la caza y pesca furtiva en campos de la zona
Huinca Renancó.- Organizaciones ambientalistas del sur provincial y legisladores de la oposición manifestaron su preocupación por las consecuencias que pudiera traer consigo el recorte de las partidas destinadas a la Policía Ambiental.
Sobre el tema, la legisladora radical Amalia Vagni solicitó días atrás un pedido de informe en la Legislatura pero hasta el momento no ha tenido respuesta.
Vagni dijo a PUNTAL que tal solicitud se fundamenta en cinco puntos, entre los que considera se informen: los criterios utilizados para la distribución de las bases operativas, la rutina de contralor y acciones que llevan adelante en caso de que actúen de oficio según las competencias otorgadas por la ley 10.115 y la cantidad de agentes y equipos técnicos para llevar adelante el contralor provincial, discriminando según cargos, funciones y profesión.
Pero entre uno de los puntos más destacados pide que “se explique el desfinanciamiento de la Policía Ambiental que se observa en la disminución presupuestaria de 3.191.000 de pesos del año 2015 a 477.000 de pesos en el año 2016”, cifra que implicaría un recorte aproximado del orden del 85 por ciento, según lo publicado por el medio especializado “Sala de Prensa Ambiental”.
“Si la provincia tiene una extensión de 165.321 kilómetros cuadrados y la Policía Ambiental cuenta con 16 vehículos y con 6 bases operativas, ¿cómo pretende la actual gestión llevar adelante el control ambiental con un presupuesto asignado de $ 477.000 de pesos para el año 2016 y sólo $ 5.000 para el combustible de 16 vehículos”, se preguntó la legisladora Vagni.
En el año 2012 el gobernador José Manuel de la Sota creaba la Dirección de Policía Ambiental, dependiente del Ministerio de Agua y Ambiente de la provincia de Córdoba con el objetivo de “profundizar acciones de conservación y protección del ambiente en todo el territorio”, según sus palabras. Desde entonces la Policía Ambiental debe ejercer el control y la fiscalización de los recursos naturales en el ámbito provincial, velando por la calidad ecológica de las diferentes regiones, conforme a lo establecido entre sus funciones. Sin embargo, desde hace un tiempo son recurrentes las quejas por demoras en las inspecciones y la falta de seguimiento de los casos denunciados por los ciudadanos.
Un ínfimo presupuesto que plantea dudas acerca del interés del gobierno para respaldar al único organismo encargado de evitar, controlar o detener el constante deterioro de los ecosistemas provinciales. Respaldo económico queda claro que no le brinda. Desde hace tiempo, un pedido de informes en la Legislatura espera la presencia del ministro de Agua y Ambiente, Ing. Fabián López, para que explique este grave desfinanciamiento en el área ambiental.
Exigen más fondos
Abel Lino, legislador por el departamento General Roca y actual presidente de la Comisión de Agricultura en la Legislatura, dijo a PUNTAL que se mantienen en alerta por tal situación al tiempo que adelantó que hoy va a haber una reunión de la Comisión de Ambiente en la Legislatura, en la que se va a tratar el tema y se va a pedir “un presupuesto acorde a las necesidades”.
“También hay un trabajo muy importante en un plan de reordenamiento territorial, donde nuestros bosques nativos puedan ampliar sus radios y asegurar la preservación de los mismos, y no seguir deprendando”. Después de julio tiene que haber una nueva ley que defienda el ambiente y los bosques”, señaló. Cabe agregar que el caso no cayó bien en la ONG ambientalista Mamull Mapu que tiene sede en Villa Huidobro, desde donde por estas horas se analizaba publicar un comunicado en rechazo a este recorte presupuestario.
Llega el ministro López
En el marco de la firma del Pacto Social Ambiental para el Departamento General Roca, llegará a Villa Huidobro este mediodía el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia, Fabián López, junto al secretario de Ambiente y Cambio Climático, Javier Britch.
El acto está previsto para las 11.45 en el salón de la Municipalidad de Villa Huidobro y tendrá como finalidad la firma de este acuerdo que propone el cuidado del ambiente, con políticas proactivas en conjunto entre el gobierno de Córdoba, las distintas municipalidades y comunas, las instituciones educativas y las fuerzas vivas de cada localidad.
Con la distribución de semillas a estudiantes secundarios en esta localidad, se dio el primer paso hacia la concreción del denominado Acuerdo Social Ambiental, firmado tiempo atrás con la Provincia y por el cual se procura recuperar y proteger el bosque nativo de caldenes en el sur cordobés.
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Periodistas intimidados por investigar fumigaciones
Intimidan a periodistas por una investigación sobre cáncer y agroquímicos
Fecha de Publicación: 09/07/2016
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
Un equipo de la televisión italiana denunció que trabajó con la policía de Entre Ríos siguiéndoles el paso. Una brigada de investigaciones visitó, de civil y sin identificaciones, el hotel donde se hospedaban.
Desde el sábado un equipo de la televisión italiana, acompañado por el periodista Patricio Eleisegui (autor de Envenenados), investiga las consecuencias de los agrotóxicos en las poblaciones entrerrianas.
Los periodistas denunciaron que trabajaron con la policía de Entre Ríos siguiéndoles el paso y la brigada de investigaciones visitando, de civil y sin identificaciones en su vehículo, el hotel donde se alojaban: "se habían llevado toda la información de nuestro registro, es decir, nuestro DNI y domicilios en Buenos Aires, celulares y profesión".
Esto se da en consonancia con los resultados respecto a los niveles de contaminación de San Salvador que hicieron los equipos de la Universidad de Rosario y de La Plata.
A raíz del libro Evenenados, la producción del programa televisivo italiano 'Le Lene' (que se emite por el canal Italia) está visitando lugares puntuales para conocer las consecuencias de las fumigaciones con agroquímicos en los eventos transgénicos y cómo eso impacta en la salud de la población.
"Elegimos como primer destino en Entre Ríos; San Salvador, tras conocer los resultados de las pericias que hicieron los equipos de la Universidad de Rosario y de La Plata con Damián Verzeñassi y Damián Marino", relató Patricio Eleisegui, quien acompaña a los periodistas italianos.
Y contó: "Iniciamos un trabajo de campo entrevistando a personas de casos puntuales a través de las referencias de Andrea Kloster y el Movimiento Todos por Todos. Y después llegamos a hacer consultas en la calle preguntando si conocían la cuestión del cáncer en San Salvador y si la vinculaban con el glifosato y con la producción del arroz, en casi todos los casos encontramos personas que conocían la problemática y que en la mayoría de los casos daban cuenta de tener familiares afectados o fallecidos".
En simultáneo: el accionar de la Policía y la brigada de investigaciones
"Empezamos a notar que teníamos la presencia de un patrullero a cada paso. Y en un momento que hicimos una incursión por un camino vecinal para ver unos molinos de arroz, paramos junto a un productor que tenía un molino arrocero detrás.
Y llega un patrullero de la Policía de Entre Ríos y se bajan dos agentes con una carpeta y mientras tanto los italianos seguían haciendo la entrevista con el productor agropecuario, se acercan donde estábamos nosotros y yo les salgo al paso, porque los italianos no hablan muy bien español y les pregunto cuál es el problema, dicen que querían ver si estaba todo tranquilo, y comienzan a preguntar de dónde éramos y qué estábamos haciendo en San Salvador y cuanto tiempo nos íbamos a quedar y en qué Hotel nos estábamos alojando, y yo les pregunto cuál era el inconveniente y que nosotros estábamos haciendo prensa y no teníamos porque dar esa información.
Y cuando llegamos al Hotel 3 de Febrero, nosotros ya habíamos dormido, porque llegamos en la madrugada del sábado a San Salvador, la chica que atiende nos dice que habían ido personas de Investigaciones vestidos de civil y se habían llevado toda la información de nuestro registro, es decir, nuestro DNI y domicilios en Buenos Aires, celulares y profesión. Esto ocurre en paralelo al momento que nos interceptan a nosotros en el camino vecinal. Fueron dos acciones en simultáneo", manifestó el periodista Patricio Eleisegui.
Y agregó: "El domingo temprano cuando estábamos saliendo para Basavilbaso, vemos que había un patrullero de la Policía Provincial en la puerta, entonces nos acercamos y le preguntamos cuál había sido el problema del día anterior para que vengan al hotel a llevarse los datos, y entonces nos dicen ellos no tenían que ver directamente sino que había sido la Brigada de Investigaciones en un auto sin identificación y con personal vestido de civil."
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Fecha de Publicación: 09/07/2016
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
Un equipo de la televisión italiana denunció que trabajó con la policía de Entre Ríos siguiéndoles el paso. Una brigada de investigaciones visitó, de civil y sin identificaciones, el hotel donde se hospedaban.
Desde el sábado un equipo de la televisión italiana, acompañado por el periodista Patricio Eleisegui (autor de Envenenados), investiga las consecuencias de los agrotóxicos en las poblaciones entrerrianas.
Los periodistas denunciaron que trabajaron con la policía de Entre Ríos siguiéndoles el paso y la brigada de investigaciones visitando, de civil y sin identificaciones en su vehículo, el hotel donde se alojaban: "se habían llevado toda la información de nuestro registro, es decir, nuestro DNI y domicilios en Buenos Aires, celulares y profesión".
Esto se da en consonancia con los resultados respecto a los niveles de contaminación de San Salvador que hicieron los equipos de la Universidad de Rosario y de La Plata.
A raíz del libro Evenenados, la producción del programa televisivo italiano 'Le Lene' (que se emite por el canal Italia) está visitando lugares puntuales para conocer las consecuencias de las fumigaciones con agroquímicos en los eventos transgénicos y cómo eso impacta en la salud de la población.
"Elegimos como primer destino en Entre Ríos; San Salvador, tras conocer los resultados de las pericias que hicieron los equipos de la Universidad de Rosario y de La Plata con Damián Verzeñassi y Damián Marino", relató Patricio Eleisegui, quien acompaña a los periodistas italianos.
Y contó: "Iniciamos un trabajo de campo entrevistando a personas de casos puntuales a través de las referencias de Andrea Kloster y el Movimiento Todos por Todos. Y después llegamos a hacer consultas en la calle preguntando si conocían la cuestión del cáncer en San Salvador y si la vinculaban con el glifosato y con la producción del arroz, en casi todos los casos encontramos personas que conocían la problemática y que en la mayoría de los casos daban cuenta de tener familiares afectados o fallecidos".
En simultáneo: el accionar de la Policía y la brigada de investigaciones
"Empezamos a notar que teníamos la presencia de un patrullero a cada paso. Y en un momento que hicimos una incursión por un camino vecinal para ver unos molinos de arroz, paramos junto a un productor que tenía un molino arrocero detrás.
Y llega un patrullero de la Policía de Entre Ríos y se bajan dos agentes con una carpeta y mientras tanto los italianos seguían haciendo la entrevista con el productor agropecuario, se acercan donde estábamos nosotros y yo les salgo al paso, porque los italianos no hablan muy bien español y les pregunto cuál es el problema, dicen que querían ver si estaba todo tranquilo, y comienzan a preguntar de dónde éramos y qué estábamos haciendo en San Salvador y cuanto tiempo nos íbamos a quedar y en qué Hotel nos estábamos alojando, y yo les pregunto cuál era el inconveniente y que nosotros estábamos haciendo prensa y no teníamos porque dar esa información.
Y cuando llegamos al Hotel 3 de Febrero, nosotros ya habíamos dormido, porque llegamos en la madrugada del sábado a San Salvador, la chica que atiende nos dice que habían ido personas de Investigaciones vestidos de civil y se habían llevado toda la información de nuestro registro, es decir, nuestro DNI y domicilios en Buenos Aires, celulares y profesión. Esto ocurre en paralelo al momento que nos interceptan a nosotros en el camino vecinal. Fueron dos acciones en simultáneo", manifestó el periodista Patricio Eleisegui.
Y agregó: "El domingo temprano cuando estábamos saliendo para Basavilbaso, vemos que había un patrullero de la Policía Provincial en la puerta, entonces nos acercamos y le preguntamos cuál había sido el problema del día anterior para que vengan al hotel a llevarse los datos, y entonces nos dicen ellos no tenían que ver directamente sino que había sido la Brigada de Investigaciones en un auto sin identificación y con personal vestido de civil."
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Producción de bioetanol récord
La producción de bioetanol marcó un récord
Fecha de Publicación: 08/07/2016
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Nacional
En el primer trimestre se produjeron 196.720 metros cúbicos, según el Indec. El 67 por ciento es derivado del maíz, con Córdoba como principal productora.
La producción de bioetanol argentino del primer trimestre marcó su máximo histórico al llegar a 196.720 metros cúbicos, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) que Presidencia de la Nación destacó a través de un comunicado.
De esta cantidad, 64.864 metros cúbicos correspondieron a bioetanol de caña y 131.856 metros cúbicos a bioetanol de maíz. El biocombustible derivado del cereal se produce casi exclusivamente en Córdoba, que tiene cuatro de las cinco plantas de bioetanol que funcionan en todo el país.
Además, los despachos al mercado interno de ese combustible alcanzaron cifras inéditas al sumar 209.665 metros cúbicos.
También el biodiesel
También las exportaciones de biodiesel se incrementaron más del 90 por ciento durante el primer trimestre de este año, en comparación con el mismo periodo de 2015.
De acuerdo con los datos oficiales, en el primer trimestre de 2015 la venta al exterior fue de 95.805 toneladas, mientras que en el mismo lapso de este año ascendieron a 185.400 toneladas.
Los envíos representaron un ingreso total de 124.729.128 dólares y Estados Unidos fue el principal destino.
Se informó además que la producción del fluido subió el 21,1 por ciento y acumuló 339.833 toneladas, el mayor nivel desde 2012.
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Fecha de Publicación: 08/07/2016
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Nacional
En el primer trimestre se produjeron 196.720 metros cúbicos, según el Indec. El 67 por ciento es derivado del maíz, con Córdoba como principal productora.
La producción de bioetanol argentino del primer trimestre marcó su máximo histórico al llegar a 196.720 metros cúbicos, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) que Presidencia de la Nación destacó a través de un comunicado.
De esta cantidad, 64.864 metros cúbicos correspondieron a bioetanol de caña y 131.856 metros cúbicos a bioetanol de maíz. El biocombustible derivado del cereal se produce casi exclusivamente en Córdoba, que tiene cuatro de las cinco plantas de bioetanol que funcionan en todo el país.
Además, los despachos al mercado interno de ese combustible alcanzaron cifras inéditas al sumar 209.665 metros cúbicos.
También el biodiesel
También las exportaciones de biodiesel se incrementaron más del 90 por ciento durante el primer trimestre de este año, en comparación con el mismo periodo de 2015.
De acuerdo con los datos oficiales, en el primer trimestre de 2015 la venta al exterior fue de 95.805 toneladas, mientras que en el mismo lapso de este año ascendieron a 185.400 toneladas.
Los envíos representaron un ingreso total de 124.729.128 dólares y Estados Unidos fue el principal destino.
Se informó además que la producción del fluido subió el 21,1 por ciento y acumuló 339.833 toneladas, el mayor nivel desde 2012.
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Bajo porcentaje de familias relocalizadas en el Riachuelo
Sólo el 14% de las familias que viven a orillas del Riachuelo fueron relocalizadas
Fecha de Publicación: 08/07/2016
Fuente: nueva-ciudad.com.ar
Provincia/Región: Riachuelo
Se trata de 427 de las 3187 viviendas que están ubicadas en la margen del río. La relocalización fue ordenada por la Corte Suprema en 2008.
Según el fallo de la Corte Suprema de 2008, al gobierno porteño le correspondía relocalizar 3187 familias, sin embargo solo logró brindarle una solución habitacional a 427, es decir, al 14,16% del total. La Unidad de Proyectos Especiales ACUMAR de la Auditoría elaboró un informe que evalúa el desempeño en la materia de la Ciudad en el período 2011-2015. El Plan Integral de Saneamiento Integral (PISA) cuenta con 14 líneas de acción y una de ellas es, justamente, la Urbanización de villas y asentamientos precarios.
Para este ítem se invirtieron $673 millones hasta 2014, lo que “equivale al 40,72% del total del presupuesto aportado por la CABA para la cuenca. Es decir, que pese a haber recibido cuatro de cada diez pesos aportados por la Ciudad, tuvo efectividad menor al 15%”. Hasta diciembre de 2015 además de las 427 finalizadas había “1349 viviendas en demanda, 1141 en ejecución, 54 rescindidas y 29 a iniciar”.
Para los auditores, “los incumplimientos en la normativa vigente y la débil formulación de los proyectos explican las demoras en la ejecución”. Todas las obras están bajo la responsabilidad del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). En el asentamiento Rodrigo Bueno “había 350 viviendas demandadas hasta noviembre de 2015”.
En la Villa 21-24 “eran 677 las viviendas en demanda, con nombres de obra ya designados, mientas que en la Villa 26 había 125 terminadas, 64 en ejecución y 94 obras rescindidas”. El informe elaborado por la AGCBA también detalla el estado de los trabajos en el Asentamiento Lamadrid, Luján, Magaldi, El Pueblito y Villa Cartón. A rasgos generales, el organismo de control señala que muchas de las tareas de ingeniería, que tuvieron inicio en el 2001, “registraron una lentitud en la formulación y la ejecución de proyectos”. De hecho, “hubo contrataciones de obras que se hicieron con anteproyectos y sin estudios previos que permitan identificar interferencias y detectar problemáticas propias de la construcción”.
También se detectaron “debilidades en los controles que se les realizaba a las cooperativas de trabajo encargadas de la recolección y la limpieza del riachuelo”. Como punto positivo la AGCBA señala que “es indudable la recuperación de áreas degradadas como el camino de sirga y la disminución de los niveles de contaminación en la calidad del aire y del agua”.
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Fecha de Publicación: 08/07/2016
Fuente: nueva-ciudad.com.ar
Provincia/Región: Riachuelo
Se trata de 427 de las 3187 viviendas que están ubicadas en la margen del río. La relocalización fue ordenada por la Corte Suprema en 2008.
Según el fallo de la Corte Suprema de 2008, al gobierno porteño le correspondía relocalizar 3187 familias, sin embargo solo logró brindarle una solución habitacional a 427, es decir, al 14,16% del total. La Unidad de Proyectos Especiales ACUMAR de la Auditoría elaboró un informe que evalúa el desempeño en la materia de la Ciudad en el período 2011-2015. El Plan Integral de Saneamiento Integral (PISA) cuenta con 14 líneas de acción y una de ellas es, justamente, la Urbanización de villas y asentamientos precarios.
Para este ítem se invirtieron $673 millones hasta 2014, lo que “equivale al 40,72% del total del presupuesto aportado por la CABA para la cuenca. Es decir, que pese a haber recibido cuatro de cada diez pesos aportados por la Ciudad, tuvo efectividad menor al 15%”. Hasta diciembre de 2015 además de las 427 finalizadas había “1349 viviendas en demanda, 1141 en ejecución, 54 rescindidas y 29 a iniciar”.
Para los auditores, “los incumplimientos en la normativa vigente y la débil formulación de los proyectos explican las demoras en la ejecución”. Todas las obras están bajo la responsabilidad del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). En el asentamiento Rodrigo Bueno “había 350 viviendas demandadas hasta noviembre de 2015”.
En la Villa 21-24 “eran 677 las viviendas en demanda, con nombres de obra ya designados, mientas que en la Villa 26 había 125 terminadas, 64 en ejecución y 94 obras rescindidas”. El informe elaborado por la AGCBA también detalla el estado de los trabajos en el Asentamiento Lamadrid, Luján, Magaldi, El Pueblito y Villa Cartón. A rasgos generales, el organismo de control señala que muchas de las tareas de ingeniería, que tuvieron inicio en el 2001, “registraron una lentitud en la formulación y la ejecución de proyectos”. De hecho, “hubo contrataciones de obras que se hicieron con anteproyectos y sin estudios previos que permitan identificar interferencias y detectar problemáticas propias de la construcción”.
También se detectaron “debilidades en los controles que se les realizaba a las cooperativas de trabajo encargadas de la recolección y la limpieza del riachuelo”. Como punto positivo la AGCBA señala que “es indudable la recuperación de áreas degradadas como el camino de sirga y la disminución de los niveles de contaminación en la calidad del aire y del agua”.
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Ahora el zoo de Mendoza remata animales
Mendoza: tas la muerte de 60 ejemplares, piden frenar los remates de animales del Zoo
Fecha de Publicación: 08/07/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Mendoza
Organizaciones protectoras de animales se manifestaron este miércoles frente a la casa de Mendoza, para pedir que “se frene en forma urgente la subasta de ejemplares de la fauna silvestre que habita en el Zoológico".
Integrantes de organizaciones que trabajan en favor de los derechos de los animales pidieron este miércoles "frenar en forma urgente la subasta de ejemplares de la fauna silvestre que habita en el Zoológico de Mendoza", y exigieron el levantamiento de programas para proteger la vida animal, durante una protesta callejera frente a la casa de esa provincia en la Ciudad de Buenos Aires.
"Repudiamos la muerte de 60 animales del Zoológico de Mendoza y denunciamos el riesgo que corren los ejemplares que empezaron a ser rematados en el marco de una reconversión que no respeta el derecho animal", dijo a Télam la activista independiente Ana Schipani, durante la protesta que se hizo en Callao al 400.
Durante la intervención, el director de la Casa de Mendoza, Gustavo Videla, recibió a una delegación de las agrupaciones y se comprometió a confirmar "las versiones de remate de animales del zoológico de esa provincia", según los integrantes de las agrupaciones movilizadas hoy.
Además, dijo Schipani, "el funcionario tomó nota de los puntos del plan nacional que propone reconvertir los zoológicos y que son parte de un debate legislativo en Mendoza por estos días. Necesitamos que la ley que se apruebe precise cómo deben hacerse las derivaciones de los animales afectados por la reconversión".
"El plan debe garantizar que no terminen en manos de cotos de caza, laboratorios, o incluso otros zoológicos", añadió la activista.
Victoria Perdomo, de Animales sin Fronteras, denunció "como otra muestra más de la política de exterminio de animales que se da en todo el país, el levantamiento del Programa Pro Tenencia que funcionaba hasta que asumió el nuevo gobierno en la Villa 31 de la Ciudad de Buenos Aires, con un centro fijo de atención de perros y gatos".
"Tampoco se cumplen las 100 castraciones por año que por ley debe cumplir el Instituto Luis Pasteur, donde se ha restringido la atención", sostuvo Perdomo, quien estimó que "no solamente se aplican medidas eutanásicas sino que además proliferan los animales en situación de calle por la falta de políticas públicas".
Para la activista, "el gobierno porteño responde con la Ley 5.346 que lo habilita a capturar animales de la calle para donarlos para la experimentación, medida que la quieren transpolar a todo el país".
Con caretas que representan a especies silvestres en cautiverio, como son -para el imaginario social- los leones, tigres, pumas, osos, y jirafas, los activistas se fotografiaron frente a la casa de la provincia y repartieron volantes sobre el Plan Nacional de ecoparques, una propuesta que según los proteccionistas "no respeta el derecho animal y profundiza el maltrato y las políticas de eutanasia".
El plan nacional no puntualiza con el rigor necesario "cuando un animal puede ser sometido a la eutanasia; la imprecisión pone en riesgo la vida de muchos de ellos y muestra insensibilidad con los animales, que termina siendo una política social, de control de enfermedades", aclaró la integrante de Animales sin Fronteras.
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Fecha de Publicación: 08/07/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Mendoza
Organizaciones protectoras de animales se manifestaron este miércoles frente a la casa de Mendoza, para pedir que “se frene en forma urgente la subasta de ejemplares de la fauna silvestre que habita en el Zoológico".
Integrantes de organizaciones que trabajan en favor de los derechos de los animales pidieron este miércoles "frenar en forma urgente la subasta de ejemplares de la fauna silvestre que habita en el Zoológico de Mendoza", y exigieron el levantamiento de programas para proteger la vida animal, durante una protesta callejera frente a la casa de esa provincia en la Ciudad de Buenos Aires.
"Repudiamos la muerte de 60 animales del Zoológico de Mendoza y denunciamos el riesgo que corren los ejemplares que empezaron a ser rematados en el marco de una reconversión que no respeta el derecho animal", dijo a Télam la activista independiente Ana Schipani, durante la protesta que se hizo en Callao al 400.
Durante la intervención, el director de la Casa de Mendoza, Gustavo Videla, recibió a una delegación de las agrupaciones y se comprometió a confirmar "las versiones de remate de animales del zoológico de esa provincia", según los integrantes de las agrupaciones movilizadas hoy.
Además, dijo Schipani, "el funcionario tomó nota de los puntos del plan nacional que propone reconvertir los zoológicos y que son parte de un debate legislativo en Mendoza por estos días. Necesitamos que la ley que se apruebe precise cómo deben hacerse las derivaciones de los animales afectados por la reconversión".
"El plan debe garantizar que no terminen en manos de cotos de caza, laboratorios, o incluso otros zoológicos", añadió la activista.
Victoria Perdomo, de Animales sin Fronteras, denunció "como otra muestra más de la política de exterminio de animales que se da en todo el país, el levantamiento del Programa Pro Tenencia que funcionaba hasta que asumió el nuevo gobierno en la Villa 31 de la Ciudad de Buenos Aires, con un centro fijo de atención de perros y gatos".
"Tampoco se cumplen las 100 castraciones por año que por ley debe cumplir el Instituto Luis Pasteur, donde se ha restringido la atención", sostuvo Perdomo, quien estimó que "no solamente se aplican medidas eutanásicas sino que además proliferan los animales en situación de calle por la falta de políticas públicas".
Para la activista, "el gobierno porteño responde con la Ley 5.346 que lo habilita a capturar animales de la calle para donarlos para la experimentación, medida que la quieren transpolar a todo el país".
Con caretas que representan a especies silvestres en cautiverio, como son -para el imaginario social- los leones, tigres, pumas, osos, y jirafas, los activistas se fotografiaron frente a la casa de la provincia y repartieron volantes sobre el Plan Nacional de ecoparques, una propuesta que según los proteccionistas "no respeta el derecho animal y profundiza el maltrato y las políticas de eutanasia".
El plan nacional no puntualiza con el rigor necesario "cuando un animal puede ser sometido a la eutanasia; la imprecisión pone en riesgo la vida de muchos de ellos y muestra insensibilidad con los animales, que termina siendo una política social, de control de enfermedades", aclaró la integrante de Animales sin Fronteras.
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Increíble: ONG lleva plantados dos millones de algarrobos
Ambientalistas plantaron dos millones de algarrobos blancos
Fecha de Publicación: 07/07/2016
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero
En el Día del Árbol, el Grupo Ambiental para el Desarrollo (Gade) enterró el plantín de algarrobo blanco número 2.000.000 de producción propia. Según contaron desde la ONG, en casi 10 años de trabajo se pudo forestar unas 2.000 hectáreas de algarrobo blanco en campos de pequeños y medianos productores que tenían sus suelos fuera del circuito productivo por degradación y salinidad. Con apoyo de la Cooperación Italiana y gracias a la Ley 26.331 de Protección del Bosque Nativo se enriquecieron 545 hectáreas de bosques en campos de pequeños productores en los departamentos Capital, Loreto, Banda, Robles, Figueroa. En este sentido, Silvio Ramírez afirmó que "este granito de arena que Gade ha realizado cobra relevancia porque va en dirección contraria a lo acontecido con la deforestación que ha sufrido y sufre nuestra provincia y la región del Chaco argentino y mediante esta acción estamos recuperando, volviendo a cubrir de vegetación la tierra con esta especie nativa, rehabilitando y restaurando poniendo en práctica la idea de la tres "R" para los bosques lo que sería: recuperar, rehabilitar y restaurar". "Estamos orgullosos de lo alcanzado por parte de nuestra pequeña organización no gubernamental de Santiago del Estero de plantar hoy el plantín número 2.000.000 de producción propia. Y así ayudar a mas de 100 pequeños productores santiagueños a valorar nuestras especies nativas como elemento de producción comercial y mejoradora se suelos degradados por un lado y por el otro de mejoradora del bosque nativo, también degradado, a través del enriquecimiento forestal y de esta forma también adherimos al lema de este año de UNCCD "Protejamos el planeta, Recuperemos la tierra, Involucremos a la gente", manifestó Ramírez. Este plantín 2.000.000 significa para Gade apostar mas fuerte al futuro de la forestación en Santiago y "redoblar nuestro compromiso de seguir avanzando, pensando en duplicar o triplicar en los próximos 10 años el numero de plantines producidos y así lograr más hectáreas forestadas y enriquecidas con algarrobo blanco".
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Fecha de Publicación: 07/07/2016
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero
En el Día del Árbol, el Grupo Ambiental para el Desarrollo (Gade) enterró el plantín de algarrobo blanco número 2.000.000 de producción propia. Según contaron desde la ONG, en casi 10 años de trabajo se pudo forestar unas 2.000 hectáreas de algarrobo blanco en campos de pequeños y medianos productores que tenían sus suelos fuera del circuito productivo por degradación y salinidad. Con apoyo de la Cooperación Italiana y gracias a la Ley 26.331 de Protección del Bosque Nativo se enriquecieron 545 hectáreas de bosques en campos de pequeños productores en los departamentos Capital, Loreto, Banda, Robles, Figueroa. En este sentido, Silvio Ramírez afirmó que "este granito de arena que Gade ha realizado cobra relevancia porque va en dirección contraria a lo acontecido con la deforestación que ha sufrido y sufre nuestra provincia y la región del Chaco argentino y mediante esta acción estamos recuperando, volviendo a cubrir de vegetación la tierra con esta especie nativa, rehabilitando y restaurando poniendo en práctica la idea de la tres "R" para los bosques lo que sería: recuperar, rehabilitar y restaurar". "Estamos orgullosos de lo alcanzado por parte de nuestra pequeña organización no gubernamental de Santiago del Estero de plantar hoy el plantín número 2.000.000 de producción propia. Y así ayudar a mas de 100 pequeños productores santiagueños a valorar nuestras especies nativas como elemento de producción comercial y mejoradora se suelos degradados por un lado y por el otro de mejoradora del bosque nativo, también degradado, a través del enriquecimiento forestal y de esta forma también adherimos al lema de este año de UNCCD "Protejamos el planeta, Recuperemos la tierra, Involucremos a la gente", manifestó Ramírez. Este plantín 2.000.000 significa para Gade apostar mas fuerte al futuro de la forestación en Santiago y "redoblar nuestro compromiso de seguir avanzando, pensando en duplicar o triplicar en los próximos 10 años el numero de plantines producidos y así lograr más hectáreas forestadas y enriquecidas con algarrobo blanco".
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Mendoza: el debate minero a pleno
¿En quién confían los pro y los antiminería?
Fecha de Publicación: 07/07/2016
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Y finalmente se vuelve a hablar de minería en Mendoza, pero para sorpresa de muchos de los actores de la discusión, tanto de los que están a favor como de los que están en contra, se dio en un ambiente donde cada sector puso su cuota de confianza, pero depositada en distintos actores del Gobierno.
La mayoría de los empresarios mineros y de otros rubros que estuvieron en la cita la "ponen fichas" al accionar del subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú. Desde los sectores sociales, especialmente en el ambientalismo, la ponen en Cornejo, pero no directamente en el gobernador, sino en miembros de su administración que hasta hace poco fueron parte del movimiento antiminero.
Bajo ese panorama se desarrolló la primera jornada, en la cual fue más que nada verse las caras y entender que este proceso apunta a desarrollar, por lo menos desde la intención, una política minera que -más allá de los matices- permita encontrar en la actividad la diversificación de la matriz productiva, con proyectos de primera, segunda y tercera categoría.
Sin embargo, la discusión real será si Mendoza aceptará o no el desarrollo de los proyectos de minería metalífera que no estén limitados por la Ley 7.722 y en ese contexto la primera señal la dio el ministro Enrique Vaquié, quien no participó de la actividad porque tenía un viaje a Buenos Aires, pero sí estuvo más temprano para hablar con los medios. De sus palabras, que invitaban a no entusiasmarse, se desprende que más allá del resultado que pueda lograr en sentido técnico y estratégico, seguirá existiendo resistencia en el mismo seno del Ejecutivo.
La ausencia del titular de la cartera también fue un señal que no pasó desapercibida para los participantes, especialmente para el sector empresarial, el cual conoce la postura de uno de lo redactores de la Ley 7.722 respecto a la industria. Por eso, las fichas del sector pro no apuntan al ministro y sus dudas están puestas en el rol que jugará a la hora de las decisiones.
En medio de esa duda, desde la Nación llegó Santiago Dondo, subsecretario de Política Minera, uno de los hombres fuertes de la Secretaría de Minería, con una relación muy cercana con Juan José Aranguren y con línea directa al presidente Mauricio Macri. Su figura es una señal de la importancia que le dará la Nación al proceso, del cual esperan noticias positivas a fin de año y puntualmente que se permita dar luz verde a proyectos con una alta inversión y que están a la espera de la decisión política para desarrollarlos.
Confianza
La confianza que logró Guiñazú causó sorpresa, tanto que en los pasillos del Centro de Congresos y Exposiciones se vio a representantes de empresas importantes más allá de las mineras, como por ejemplo a miembros de la familia Badaloni de Andesmar.
Además, entre todos los actores, pasó casi desapercibido el brasileño Eduardo Santana, directivo de Vale, la empresa concesionaria de Potasio Río Colorado. Santana aprovechó la oportunidad para conversar brevemente con Santiago Dondo y también con representantes del Gobierno provincial. Seguramente el tema que trataron fue la situación del proyecto de la empresa en Malargüe, el cual sólo se reactivará de la mano de un socio inversionista, según confirmó el mismo Santana en un diálogo de pasillo con MDZ.
Aunque evitó hablar de otros temas, se sabe que la empresa está alerta a la situación de la concesión, ya que en marzo de 2017 se cumplen cuatro años desde el cierre del proyecto por las malas condiciones del mercado del potasio. Sin embargo, fuentes extraoficiales señalan que Vale ha invertido cerca de 17 millones de dólares por año en la mina, por lo que podría alegar "trabajo razonable" para mantener la concesión en caso que el Ejecutivo provincial avance con la quita de los derechos de explotación.
Volviendo al "Espacio de Diálogo", los sectores ambientalistas tuvieron una postura marcada y la hicieron sentir durante la primera parte del encuentro, donde pidieron que -aprovechando la asistencia masiva- se proyectara un documental sobre la Ley 7.722, el cual estaba agendado para la segunda parte del encuentro.
Sin embargo, y ante la posibilidad que no tuviera la misma atención que se le estaba dando al inicio del proceso, se les permitió exhibirlo antes, algo que generó uno que otro comentario. Mientras se mostraba la película, el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, se ubicó en la mesa de los ambientalistas y compartió con ellos, mientras los representantes mineros hacían algunos reparos a lo que se proyectaba. De allí otra señal, apuntando la confianza de este sector a la figura del mismo Mingorance y la influencia que puede tener su carte -donde está el extitular de Oikos, Eduardo Sosa- en el delineamiento final de la política minera.
Finalmente, la película se vio y terminó con aplausos, pero fue el primer momento en donde se comenzaron a marcar bien las distancias entre uno y otro sector.
Cada "coffee break" sirvió también para ver de qué lugar venía cada uno de los participantes. Mientras los miembros de algunas cámaras mineras y de otras industrias, además de actores políticos y sociales, animaban charlas en torno a las mesas, en un extremo del salón se reunían todos los miembros de las organizaciones ambientalistas y se arengaban unos a otros.
Bajo ese panorama Guiñazú fue el gran ganador de la jornada, porque por primera vez en años se pudo arrancar un marco nuevo, con proyección, con reglas claras y la posibilidad de avanzar en el tratamiento serio del tema. Además, logró el crédito de los empresarios y consiguió sentar a la mesa a los sectores ambientalistas. Ahora falta recorrer el camino y ver que resultados se consiguen y, más tarde, ver si el resultado permite o no avanzar con la minería metalífera en Mendoza.
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Fecha de Publicación: 07/07/2016
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Y finalmente se vuelve a hablar de minería en Mendoza, pero para sorpresa de muchos de los actores de la discusión, tanto de los que están a favor como de los que están en contra, se dio en un ambiente donde cada sector puso su cuota de confianza, pero depositada en distintos actores del Gobierno.
La mayoría de los empresarios mineros y de otros rubros que estuvieron en la cita la "ponen fichas" al accionar del subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú. Desde los sectores sociales, especialmente en el ambientalismo, la ponen en Cornejo, pero no directamente en el gobernador, sino en miembros de su administración que hasta hace poco fueron parte del movimiento antiminero.
Bajo ese panorama se desarrolló la primera jornada, en la cual fue más que nada verse las caras y entender que este proceso apunta a desarrollar, por lo menos desde la intención, una política minera que -más allá de los matices- permita encontrar en la actividad la diversificación de la matriz productiva, con proyectos de primera, segunda y tercera categoría.
Sin embargo, la discusión real será si Mendoza aceptará o no el desarrollo de los proyectos de minería metalífera que no estén limitados por la Ley 7.722 y en ese contexto la primera señal la dio el ministro Enrique Vaquié, quien no participó de la actividad porque tenía un viaje a Buenos Aires, pero sí estuvo más temprano para hablar con los medios. De sus palabras, que invitaban a no entusiasmarse, se desprende que más allá del resultado que pueda lograr en sentido técnico y estratégico, seguirá existiendo resistencia en el mismo seno del Ejecutivo.
La ausencia del titular de la cartera también fue un señal que no pasó desapercibida para los participantes, especialmente para el sector empresarial, el cual conoce la postura de uno de lo redactores de la Ley 7.722 respecto a la industria. Por eso, las fichas del sector pro no apuntan al ministro y sus dudas están puestas en el rol que jugará a la hora de las decisiones.
En medio de esa duda, desde la Nación llegó Santiago Dondo, subsecretario de Política Minera, uno de los hombres fuertes de la Secretaría de Minería, con una relación muy cercana con Juan José Aranguren y con línea directa al presidente Mauricio Macri. Su figura es una señal de la importancia que le dará la Nación al proceso, del cual esperan noticias positivas a fin de año y puntualmente que se permita dar luz verde a proyectos con una alta inversión y que están a la espera de la decisión política para desarrollarlos.
Confianza
La confianza que logró Guiñazú causó sorpresa, tanto que en los pasillos del Centro de Congresos y Exposiciones se vio a representantes de empresas importantes más allá de las mineras, como por ejemplo a miembros de la familia Badaloni de Andesmar.
Además, entre todos los actores, pasó casi desapercibido el brasileño Eduardo Santana, directivo de Vale, la empresa concesionaria de Potasio Río Colorado. Santana aprovechó la oportunidad para conversar brevemente con Santiago Dondo y también con representantes del Gobierno provincial. Seguramente el tema que trataron fue la situación del proyecto de la empresa en Malargüe, el cual sólo se reactivará de la mano de un socio inversionista, según confirmó el mismo Santana en un diálogo de pasillo con MDZ.
Aunque evitó hablar de otros temas, se sabe que la empresa está alerta a la situación de la concesión, ya que en marzo de 2017 se cumplen cuatro años desde el cierre del proyecto por las malas condiciones del mercado del potasio. Sin embargo, fuentes extraoficiales señalan que Vale ha invertido cerca de 17 millones de dólares por año en la mina, por lo que podría alegar "trabajo razonable" para mantener la concesión en caso que el Ejecutivo provincial avance con la quita de los derechos de explotación.
Volviendo al "Espacio de Diálogo", los sectores ambientalistas tuvieron una postura marcada y la hicieron sentir durante la primera parte del encuentro, donde pidieron que -aprovechando la asistencia masiva- se proyectara un documental sobre la Ley 7.722, el cual estaba agendado para la segunda parte del encuentro.
Sin embargo, y ante la posibilidad que no tuviera la misma atención que se le estaba dando al inicio del proceso, se les permitió exhibirlo antes, algo que generó uno que otro comentario. Mientras se mostraba la película, el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, se ubicó en la mesa de los ambientalistas y compartió con ellos, mientras los representantes mineros hacían algunos reparos a lo que se proyectaba. De allí otra señal, apuntando la confianza de este sector a la figura del mismo Mingorance y la influencia que puede tener su carte -donde está el extitular de Oikos, Eduardo Sosa- en el delineamiento final de la política minera.
Finalmente, la película se vio y terminó con aplausos, pero fue el primer momento en donde se comenzaron a marcar bien las distancias entre uno y otro sector.
Cada "coffee break" sirvió también para ver de qué lugar venía cada uno de los participantes. Mientras los miembros de algunas cámaras mineras y de otras industrias, además de actores políticos y sociales, animaban charlas en torno a las mesas, en un extremo del salón se reunían todos los miembros de las organizaciones ambientalistas y se arengaban unos a otros.
Bajo ese panorama Guiñazú fue el gran ganador de la jornada, porque por primera vez en años se pudo arrancar un marco nuevo, con proyección, con reglas claras y la posibilidad de avanzar en el tratamiento serio del tema. Además, logró el crédito de los empresarios y consiguió sentar a la mesa a los sectores ambientalistas. Ahora falta recorrer el camino y ver que resultados se consiguen y, más tarde, ver si el resultado permite o no avanzar con la minería metalífera en Mendoza.
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Agroquímicos y cuando las "buenas prácticas" fallan
Aplicación de agroquímicos en la mira: no siempre se respeta la “franja verde”
Fecha de Publicación: 07/07/2016
Fuente: Diario Democracia
Provincia/Región: Buenos Aires
Se registraron algunas denuncias meses pasados y en dos casos se impuso una multa. El camino al Balneario, Cerrito Colorado Sur y algunas localidades del partido son las zonas más afectadas. Qué dice la normativa vigente. Debate entre dos posturas: pragmática y precautoria.
La destacada periodista, investigadora y cineasta francesa Marie Monique Robin, autora del documental “El mundo según Monsanto” (2008), estuvo hace un mes en Junín dando una conferencia y, en ese mismo periplo, llegó hasta Baigorrita para tomar el testimonio de una ciudadana de la vecina localidad, cuya hija nació con una malformación congénita posiblemente causada por la exposición a agroquímicos.
El tema vuelve a poner de relieve el debate en torno al uso de ciertos productos fitosanitarios para la producción agraria.
En diálogo con Democracia, María Liz Robledo explica que su hija Martina nació con una malformación que se llama atresia de esófago con fistula traqueoesofágica. “Eso significa que el esófago está cerrado en una parte y no tiene comunicación”, resume.
Se trata de una dolencia potencialmente mortal por lo que necesita un tratamiento de inmediato, ya que el paciente corre riesgo de broncoaspirarse con saliva y líquidos provenientes del estómago, lo que podría causar asfixia y neumonía.
La única posibilidad de sobrevida para Martina fue una operación, que se llevó a cabo siendo ella una recién nacida. Y si bien la intervención fue exitosa, debe tomar prevenciones de cuidado permanentemente. De hecho, ahora está con un tratamiento preventivo de las vías respiratorias y hace dos meses que no puede ir al jardín, por recomendación del neumonólogo.
El asunto es que un año después nació otro bebé en Baigorrita con el mismo diagnóstico, lo que llamó poderosamente la atención dado que es una malformación muy poco frecuente, y se habían dado en dos casos en una localidad tan pequeña y en menos de dos años.
Ambos casos tienen una característica en común, como señala Robledo: “Al lado de mi casa tenía un depósito de bidones de agroquímicos apoyados contra la medianera y una fumigadora que estacionaba allí, y en la otra casa sucedía algo similar, porque en el lote de al lado, sin medianera de por medio, lavaban las fumigadores”.
De ahí surgieron las sospechas sobre la posible incidencia de la exposición a los agroquímicos con las malformaciones.
María Liz se puso en contacto con el Foro Ambiental de Los Toldos y trabajaron para que se aprobara una ordenanza que previera una franja verde, lo que sucedió en diciembre último.
Según dice, a raíz de su posición activista “mucha gente en el pueblo se puso en contra” de ella y dejó de saludarla.
En la ciudad
En Junín también hay una ordenanza que establece una “franja verde” y detalla los tipos de agroquímicos que se pueden utilizar, quiénes son los que los pueden aplicar y especifica un espacio protegido de 500 metros de las zonas urbanas.
Sin embargo, esta ordenanza no siempre se cumple. De hecho, desde el titular de Subsecretaría de Producción del municipio, Daniel Coria, confirmó que hubo algunas denuncias que se hicieron en el último tiempo por este tipo de prácticas. En dos casos, se impusieron multas a los infractores.
Si bien no trascendió el monto que deberán pagar las personas que transgredieron esta normativa, la legislación se establece montos de hasta 30 mil pesos.
“Desde el municipio se sigue gestionando para que se respeten las buenas prácticas agrícolas y uso responsable de los fitosanitarios, priorizando la protección de los ciudadanos y su entorno”, señala a Democracia el ingeniero Matías Senigagliesi, de la misma subsecretaría.
En tanto, Coria agrega que en el último tiempo desde el municipio se está trabajando en la concientización sobre este tema: “Estamos haciendo charlas y queremos concientizar de que se van a seguir cobrando multas”. Estas charlas se van a dar, principalmente, en las localidades del distrito.
En cuanto a las zonas donde hay más peligro, este medio pudo constatar que se plantearon denuncias en la zona del Camino al Parque Natural Laguna de Gómez, en los barrios San Carlos y Real, así como en los alrededores del barrio privado San Ignacio –en Cerrito Colorado Sur– y en localidades del partido, como Fortín Tiburcio.
En tanto, uno de los puntos que plantea la Ordenanza 6425 es que los aplicadores deben estar inscriptos en un registro en la Municipalidad. Ante esto, fuentes comunales advierten que los productores que no respetan la franja verde, ante la imposibilidad de conseguir aplicadores que infrinjan la normativa, muchas veces contratan fumigadores de otras ciudades, como Lincoln, por ejemplo.
Normativa y competencias
El aspecto legal de la aplicación de agroquímicos tampoco está exento de controversias.
El abogado Marcos Villalba, especialista en derecho ambiental, explica que “nuestro país aún no sancionó una ley nacional que contenga los lineamientos básicos para todo el territorio, a pesar de la utilización generalizada de estos productos en el tratamiento de plagas y malezas y en la fertilización de suelos”.
Es por ello que cada provincia legisló su propia ley, sin un criterio unificador. “En el caso de Buenos Aires –continúa Villalba– rige la ley 10699, que gira en torno a una receta llamada ‘agronómica’ que, avalada por un profesional, garantiza la licitud de la compra o de cualquier otro sistema de acceso al agroquímico, pero que no logra garantizar la licitud del uso de éstos ya que nadie sigue el modo en que el productor hace las aplicaciones”.
Con todo, en cuanto a las aeroaplicaciones de estos productos, el decreto reglamentario 499/2001 de la ley, en su artículo 38 “prohíbe expresamente operar a distancias menores a 2 kilómetros de centros poblados, no pudiendo sobrevolarlos aún después de haber agotado su carga”.
Villalba, profesor titular de la cátedra de Derechos de Incidencia Colectiva y adjunto de la cátedra de Derecho Agrario y Ambiental de la Unnoba, señala que se hace difícil normativizar esta práctica cuando las competencias están tan repartidas: “La competencia para regular la producción, la venta y el uso de los productos fitosanitarios es nacional y con ello la aprobación o prohibición de productos con dicho alcance territorial, y también es competencia de la Nación el registrar los productos aprobados, así como también fiscalizar el mercado de productos. Mientras tanto la regulación del uso de estos productos, la protección de los ambientes donde se utilizan y el control general del cumplimiento de la normativa vigente, incluida la nacional, queda a cargo de cada provincia. Y si bien la Provincia fija el límite del territorio municipal, quien fija su zona urbana sólo es el propio municipio. De allí la potestad municipal para regular las líneas agronómicas que delimitan la denominada ‘zona buffer’ o de amortiguamiento, con natural al poder de policía municipal para legislar acerca de lo urbanístico, ordenamiento territorial, sanitario, ambiental y salud pública”.
Pragmáticos y precautorios
Las diferentes miradas sobre las controversias en torno a los agroquímicos se agrupan en dos conjuntos de argumentos o posiciones.
Una es la denominada “pragmática”, comúnmente esgrimida por algunas corporaciones, asociaciones privadas y organismos públicos, que sostienen que si los agroquímicos son utilizados de manera correcta, los riesgos para la salud humana y el ambiente no existen o son muy bajos.
La otra es una postura “precautoria”, expresada por diferentes expertos y organizaciones sociales, para quienes existen suficientes evidencias de que los agroquímicos utilizados en las fumigaciones representan un riesgo para la salud humana y el ambiente.
Villalba indica que en la posición pragmática, “el argumento principal es que si son utilizados adecuadamente, no deberían causar daños sobre la salud de las personas ni el ambiente”, y esto significa “que se pone el acento en una cuestión técnica y una práctica ideal”. La responsabilidad por cualquier daño posible quedaría entonces en manos de las personas y empresas que realizan las aplicaciones de los agroquímicos, no en los productores, ni en las empresas que fabrican y venden los agroquímicos.
Para la postura precautoria, “los agroquímicos representan un riesgo comprobado para la salud humana” y sus argumentos se basan “en sus propios estudios de laboratorio y su experiencia con pacientes”.
“Esta última posición –completa Villalba– sostiene que las enfermedades que producen los venenos agroquímicos van a pesar sobre una ecuación económica del país cuando haya que atender la dañada salud de los afectados, que seguramente recaerán sobre el ya debilitado sector público. Sus argumentos se basan en sus propios estudios de laboratorio y su experiencia con pacientes. Los actores de esta posición no solo intentan producir conocimiento que cumpla los estándares académicos, sino que también tienen como objetivo motivaciones sociales y políticas”.
En referencia a la incidencia de estos productos en la salud, Marcela Torreblanca, profesora de biología e integrante del Foro Ambientalista de Junín, sostiene que “hay muchas investigaciones que relacionan las malformaciones con el uso de agroquímicos, y ya hay registros en ciudades cercanas, como en Los Toldos y Rojas”.
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Fecha de Publicación: 07/07/2016
Fuente: Diario Democracia
Provincia/Región: Buenos Aires
Se registraron algunas denuncias meses pasados y en dos casos se impuso una multa. El camino al Balneario, Cerrito Colorado Sur y algunas localidades del partido son las zonas más afectadas. Qué dice la normativa vigente. Debate entre dos posturas: pragmática y precautoria.
La destacada periodista, investigadora y cineasta francesa Marie Monique Robin, autora del documental “El mundo según Monsanto” (2008), estuvo hace un mes en Junín dando una conferencia y, en ese mismo periplo, llegó hasta Baigorrita para tomar el testimonio de una ciudadana de la vecina localidad, cuya hija nació con una malformación congénita posiblemente causada por la exposición a agroquímicos.
El tema vuelve a poner de relieve el debate en torno al uso de ciertos productos fitosanitarios para la producción agraria.
En diálogo con Democracia, María Liz Robledo explica que su hija Martina nació con una malformación que se llama atresia de esófago con fistula traqueoesofágica. “Eso significa que el esófago está cerrado en una parte y no tiene comunicación”, resume.
Se trata de una dolencia potencialmente mortal por lo que necesita un tratamiento de inmediato, ya que el paciente corre riesgo de broncoaspirarse con saliva y líquidos provenientes del estómago, lo que podría causar asfixia y neumonía.
La única posibilidad de sobrevida para Martina fue una operación, que se llevó a cabo siendo ella una recién nacida. Y si bien la intervención fue exitosa, debe tomar prevenciones de cuidado permanentemente. De hecho, ahora está con un tratamiento preventivo de las vías respiratorias y hace dos meses que no puede ir al jardín, por recomendación del neumonólogo.
El asunto es que un año después nació otro bebé en Baigorrita con el mismo diagnóstico, lo que llamó poderosamente la atención dado que es una malformación muy poco frecuente, y se habían dado en dos casos en una localidad tan pequeña y en menos de dos años.
Ambos casos tienen una característica en común, como señala Robledo: “Al lado de mi casa tenía un depósito de bidones de agroquímicos apoyados contra la medianera y una fumigadora que estacionaba allí, y en la otra casa sucedía algo similar, porque en el lote de al lado, sin medianera de por medio, lavaban las fumigadores”.
De ahí surgieron las sospechas sobre la posible incidencia de la exposición a los agroquímicos con las malformaciones.
María Liz se puso en contacto con el Foro Ambiental de Los Toldos y trabajaron para que se aprobara una ordenanza que previera una franja verde, lo que sucedió en diciembre último.
Según dice, a raíz de su posición activista “mucha gente en el pueblo se puso en contra” de ella y dejó de saludarla.
En la ciudad
En Junín también hay una ordenanza que establece una “franja verde” y detalla los tipos de agroquímicos que se pueden utilizar, quiénes son los que los pueden aplicar y especifica un espacio protegido de 500 metros de las zonas urbanas.
Sin embargo, esta ordenanza no siempre se cumple. De hecho, desde el titular de Subsecretaría de Producción del municipio, Daniel Coria, confirmó que hubo algunas denuncias que se hicieron en el último tiempo por este tipo de prácticas. En dos casos, se impusieron multas a los infractores.
Si bien no trascendió el monto que deberán pagar las personas que transgredieron esta normativa, la legislación se establece montos de hasta 30 mil pesos.
“Desde el municipio se sigue gestionando para que se respeten las buenas prácticas agrícolas y uso responsable de los fitosanitarios, priorizando la protección de los ciudadanos y su entorno”, señala a Democracia el ingeniero Matías Senigagliesi, de la misma subsecretaría.
En tanto, Coria agrega que en el último tiempo desde el municipio se está trabajando en la concientización sobre este tema: “Estamos haciendo charlas y queremos concientizar de que se van a seguir cobrando multas”. Estas charlas se van a dar, principalmente, en las localidades del distrito.
En cuanto a las zonas donde hay más peligro, este medio pudo constatar que se plantearon denuncias en la zona del Camino al Parque Natural Laguna de Gómez, en los barrios San Carlos y Real, así como en los alrededores del barrio privado San Ignacio –en Cerrito Colorado Sur– y en localidades del partido, como Fortín Tiburcio.
En tanto, uno de los puntos que plantea la Ordenanza 6425 es que los aplicadores deben estar inscriptos en un registro en la Municipalidad. Ante esto, fuentes comunales advierten que los productores que no respetan la franja verde, ante la imposibilidad de conseguir aplicadores que infrinjan la normativa, muchas veces contratan fumigadores de otras ciudades, como Lincoln, por ejemplo.
Normativa y competencias
El aspecto legal de la aplicación de agroquímicos tampoco está exento de controversias.
El abogado Marcos Villalba, especialista en derecho ambiental, explica que “nuestro país aún no sancionó una ley nacional que contenga los lineamientos básicos para todo el territorio, a pesar de la utilización generalizada de estos productos en el tratamiento de plagas y malezas y en la fertilización de suelos”.
Es por ello que cada provincia legisló su propia ley, sin un criterio unificador. “En el caso de Buenos Aires –continúa Villalba– rige la ley 10699, que gira en torno a una receta llamada ‘agronómica’ que, avalada por un profesional, garantiza la licitud de la compra o de cualquier otro sistema de acceso al agroquímico, pero que no logra garantizar la licitud del uso de éstos ya que nadie sigue el modo en que el productor hace las aplicaciones”.
Con todo, en cuanto a las aeroaplicaciones de estos productos, el decreto reglamentario 499/2001 de la ley, en su artículo 38 “prohíbe expresamente operar a distancias menores a 2 kilómetros de centros poblados, no pudiendo sobrevolarlos aún después de haber agotado su carga”.
Villalba, profesor titular de la cátedra de Derechos de Incidencia Colectiva y adjunto de la cátedra de Derecho Agrario y Ambiental de la Unnoba, señala que se hace difícil normativizar esta práctica cuando las competencias están tan repartidas: “La competencia para regular la producción, la venta y el uso de los productos fitosanitarios es nacional y con ello la aprobación o prohibición de productos con dicho alcance territorial, y también es competencia de la Nación el registrar los productos aprobados, así como también fiscalizar el mercado de productos. Mientras tanto la regulación del uso de estos productos, la protección de los ambientes donde se utilizan y el control general del cumplimiento de la normativa vigente, incluida la nacional, queda a cargo de cada provincia. Y si bien la Provincia fija el límite del territorio municipal, quien fija su zona urbana sólo es el propio municipio. De allí la potestad municipal para regular las líneas agronómicas que delimitan la denominada ‘zona buffer’ o de amortiguamiento, con natural al poder de policía municipal para legislar acerca de lo urbanístico, ordenamiento territorial, sanitario, ambiental y salud pública”.
Pragmáticos y precautorios
Las diferentes miradas sobre las controversias en torno a los agroquímicos se agrupan en dos conjuntos de argumentos o posiciones.
Una es la denominada “pragmática”, comúnmente esgrimida por algunas corporaciones, asociaciones privadas y organismos públicos, que sostienen que si los agroquímicos son utilizados de manera correcta, los riesgos para la salud humana y el ambiente no existen o son muy bajos.
La otra es una postura “precautoria”, expresada por diferentes expertos y organizaciones sociales, para quienes existen suficientes evidencias de que los agroquímicos utilizados en las fumigaciones representan un riesgo para la salud humana y el ambiente.
Villalba indica que en la posición pragmática, “el argumento principal es que si son utilizados adecuadamente, no deberían causar daños sobre la salud de las personas ni el ambiente”, y esto significa “que se pone el acento en una cuestión técnica y una práctica ideal”. La responsabilidad por cualquier daño posible quedaría entonces en manos de las personas y empresas que realizan las aplicaciones de los agroquímicos, no en los productores, ni en las empresas que fabrican y venden los agroquímicos.
Para la postura precautoria, “los agroquímicos representan un riesgo comprobado para la salud humana” y sus argumentos se basan “en sus propios estudios de laboratorio y su experiencia con pacientes”.
“Esta última posición –completa Villalba– sostiene que las enfermedades que producen los venenos agroquímicos van a pesar sobre una ecuación económica del país cuando haya que atender la dañada salud de los afectados, que seguramente recaerán sobre el ya debilitado sector público. Sus argumentos se basan en sus propios estudios de laboratorio y su experiencia con pacientes. Los actores de esta posición no solo intentan producir conocimiento que cumpla los estándares académicos, sino que también tienen como objetivo motivaciones sociales y políticas”.
En referencia a la incidencia de estos productos en la salud, Marcela Torreblanca, profesora de biología e integrante del Foro Ambientalista de Junín, sostiene que “hay muchas investigaciones que relacionan las malformaciones con el uso de agroquímicos, y ya hay registros en ciudades cercanas, como en Los Toldos y Rojas”.
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