Agronomía de la UBA desarrolló el Glifotest
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Desarrollan un test de detección de glifosato
Fecha de Publicación: 11/05/2016
Fuente: FAUBA
Provincia/Región: Nacional
El Glifotest es un sensor para detectar el herbicida de manera rápida y sencilla en muestras de agua, suelo y alimentos, mediante bacterias modificadas genéticamente.
Inspirados en el popular test de embarazo, un grupo de estudiantes y docentes de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) está desarrollando el Glifotest, un dispositivo que podría servir para detectar glifosato en muestras de agua, suelo y alimentos, entre otras, de manera rápida, efectiva y económica, sin la necesidad de utilizar equipamientos complejos y costosos que se encuentran en laboratorios.
La iniciativa se presentó recientemente en la competencia científica sobre biología sintética TECNOx, realizada en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, donde participaron distintas universidades de América latina. Allí, el proyecto de la FAUBA fue destacado con el “Premio al trabajo en comunidad y la colaboración”.
“La biología sintética es la ciencia y la técnica que se encarga de diseñar y construir bloques de genes que confieran a organismos características y funciones nuevas, que no existen en la naturaleza. Bajo este contexto se decidió desarrollar un test de detección de glifosato, en principio en muestras de agua, mediante una coloración diferencial de bacterias Escherichia coli modificadas genéticamente. A este dispositivo lo llamamos Glifotest”, explicó Pablo Peralta Roa, investigador de la cátedra de Genética de la FAUBA.
Peralta Roa se embarcó en el proyecto en agosto de 2015 junto a Sergio Ghio, también docente de la misma cátedra, y a un grupo de siete estudiantes de las carreras de Ciencias Ambientales y de Agronomía de la FAUBA, quienes también contaron con el apoyo del jefe de cátedra Gustavo Schrauf. El equipo se completa con los estudiantes Evelina María Caparros Frentzel, Ximena Romano, Victoria de la Paz Bernasconi Torres, Daniel Franck, Luis Francisco Magni, Guillermo Saá y Lautaro Castro.
El grupo se conformó específicamente para participar de TECNOx, basado en la competencia internacional de biología sintética iGEM, donde se propone que un instructor graduado (docente o investigador) ofrezca un espacio, un marco institucional y contención a un grupo interdisciplinario de estudiantes de grado para que desarrollen un trabajo científico que aborde un problema regional. La idea es que los estudiantes sean quienes elijan el problema, diseñen el proyecto y lo ejecuten.
“Queríamos encarar una problemática con impacto social desde la biología sintética”, dijo Castro. Al respecto, se refirió al “elevado uso y abuso del glifosato (ingrediente activo de varios herbicidas utilizados a escala mundial para el control de malezas en áreas agrícolas y urbanas), que generó polémicas en cuanto a problemáticas de tipo social y ambiental, y que preocupa a la población por su presencia no deseada en alimentos y por sus efectos sobre la salud humana, sin descartar la contaminación que conlleva en los ecosistemas edáficos y acuáticos”.
“Hay estudios que indican haber detectado glifosato en insumos sanitarios y de higiene personal masivo tales como gasas, hisopos, toallas femeninas, pañales, entre otros. Por eso quisimos hacer un biosensor de glifosato rápido, efectivo y económico”, agregó Peralta Roa, y señaló que la iniciativa permitiría obtener importantes ventajas frente a las técnicas actuales: “Para detectar glifosato hoy se necesita un equipo costoso de laboratorio y profesionales especializados. En cambio, con la bacteria modificada genéticamente y fijada a una cinta de plástico, cualquier persona puede realizar el test en su casa o incluso en el arroyo que le genera inquietud”.
“Al poner una gota de agua o de una solución hecha a partir de muestras de suelo, alimentos o lo que queramos analizar sobre la tira reactiva, la bacteria se hidratará y se teñirá de un color azul intenso ante la presencia de glifosato”, sostuvo, y advirtió que hasta ahora el proyecto se encuentra en la fase experimental: “Hemos aislado los genes necesarios a partir de otros microrganismos e insertado en nuestra bacteria para que cumpla con la función deseada. Pronto sabremos cómo se comporta la misma a distintas concentraciones de glifosato”, adelantó.
En primera instancia, las investigaciones apuntan a desarrollar un dispositivo para saber si hay presencia o no glifosato en una muestra. Sin embargo, en el futuro la iniciativa también podría permitir detectar diferentes concentraciones del herbicida, a partir de distintos colores.
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Fecha de Publicación: 11/05/2016
Fuente: FAUBA
Provincia/Región: Nacional
El Glifotest es un sensor para detectar el herbicida de manera rápida y sencilla en muestras de agua, suelo y alimentos, mediante bacterias modificadas genéticamente.
Inspirados en el popular test de embarazo, un grupo de estudiantes y docentes de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) está desarrollando el Glifotest, un dispositivo que podría servir para detectar glifosato en muestras de agua, suelo y alimentos, entre otras, de manera rápida, efectiva y económica, sin la necesidad de utilizar equipamientos complejos y costosos que se encuentran en laboratorios.
La iniciativa se presentó recientemente en la competencia científica sobre biología sintética TECNOx, realizada en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, donde participaron distintas universidades de América latina. Allí, el proyecto de la FAUBA fue destacado con el “Premio al trabajo en comunidad y la colaboración”.
“La biología sintética es la ciencia y la técnica que se encarga de diseñar y construir bloques de genes que confieran a organismos características y funciones nuevas, que no existen en la naturaleza. Bajo este contexto se decidió desarrollar un test de detección de glifosato, en principio en muestras de agua, mediante una coloración diferencial de bacterias Escherichia coli modificadas genéticamente. A este dispositivo lo llamamos Glifotest”, explicó Pablo Peralta Roa, investigador de la cátedra de Genética de la FAUBA.
Peralta Roa se embarcó en el proyecto en agosto de 2015 junto a Sergio Ghio, también docente de la misma cátedra, y a un grupo de siete estudiantes de las carreras de Ciencias Ambientales y de Agronomía de la FAUBA, quienes también contaron con el apoyo del jefe de cátedra Gustavo Schrauf. El equipo se completa con los estudiantes Evelina María Caparros Frentzel, Ximena Romano, Victoria de la Paz Bernasconi Torres, Daniel Franck, Luis Francisco Magni, Guillermo Saá y Lautaro Castro.
El grupo se conformó específicamente para participar de TECNOx, basado en la competencia internacional de biología sintética iGEM, donde se propone que un instructor graduado (docente o investigador) ofrezca un espacio, un marco institucional y contención a un grupo interdisciplinario de estudiantes de grado para que desarrollen un trabajo científico que aborde un problema regional. La idea es que los estudiantes sean quienes elijan el problema, diseñen el proyecto y lo ejecuten.
“Queríamos encarar una problemática con impacto social desde la biología sintética”, dijo Castro. Al respecto, se refirió al “elevado uso y abuso del glifosato (ingrediente activo de varios herbicidas utilizados a escala mundial para el control de malezas en áreas agrícolas y urbanas), que generó polémicas en cuanto a problemáticas de tipo social y ambiental, y que preocupa a la población por su presencia no deseada en alimentos y por sus efectos sobre la salud humana, sin descartar la contaminación que conlleva en los ecosistemas edáficos y acuáticos”.
“Hay estudios que indican haber detectado glifosato en insumos sanitarios y de higiene personal masivo tales como gasas, hisopos, toallas femeninas, pañales, entre otros. Por eso quisimos hacer un biosensor de glifosato rápido, efectivo y económico”, agregó Peralta Roa, y señaló que la iniciativa permitiría obtener importantes ventajas frente a las técnicas actuales: “Para detectar glifosato hoy se necesita un equipo costoso de laboratorio y profesionales especializados. En cambio, con la bacteria modificada genéticamente y fijada a una cinta de plástico, cualquier persona puede realizar el test en su casa o incluso en el arroyo que le genera inquietud”.
“Al poner una gota de agua o de una solución hecha a partir de muestras de suelo, alimentos o lo que queramos analizar sobre la tira reactiva, la bacteria se hidratará y se teñirá de un color azul intenso ante la presencia de glifosato”, sostuvo, y advirtió que hasta ahora el proyecto se encuentra en la fase experimental: “Hemos aislado los genes necesarios a partir de otros microrganismos e insertado en nuestra bacteria para que cumpla con la función deseada. Pronto sabremos cómo se comporta la misma a distintas concentraciones de glifosato”, adelantó.
En primera instancia, las investigaciones apuntan a desarrollar un dispositivo para saber si hay presencia o no glifosato en una muestra. Sin embargo, en el futuro la iniciativa también podría permitir detectar diferentes concentraciones del herbicida, a partir de distintos colores.
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Para Meilán el derrame de la Barrick no es tan importante
El secretario de Minería relativiza la contaminación
Fecha de Publicación: 11/05/2016
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: San Juan
El secretario de Minería, Daniel Meilán, aseguró ayer que la eliminación de las retenciones a la minería se hizo para atraer inversiones, a la vez que relativizó el efecto por el derrame de cianuro de la mina Veladero, en San Juan, explotada por la empresa Barrick Gold.
Meilán sostuvo que también "llegaron inversiones chilenas, australianas y francesas" para la explotación de litio y señaló que para todo el sector minero, "tenemos 30 proyectos con potencial desarrollo para la próxima década". Meilán que acompañara a la vicepresidenta Gabriela Michetti en su viaje a Japón y Corea del Sur para captar inversiones, reivindicó la eliminación de las retenciones a la minería "porque no existía en ningún país y eso nos quitaba la posibilidad de inversiones".
Respecto del derrame de cianuro en la mina Veladero, en San Juan, consideró que ahí "hubo un tema de mantenimiento" de parte de la empresa Barrick Gold, pero que de igual manera "se informó mal", porque en "Veladero, de por sí los valores de arsénico, zinc y plomo son anómalos".
"El aguar del río Jachal está afectado debido a que recorre ese suelo y no por la explotación de estos yacimientos", aseguró.
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Fecha de Publicación: 11/05/2016
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: San Juan
El secretario de Minería, Daniel Meilán, aseguró ayer que la eliminación de las retenciones a la minería se hizo para atraer inversiones, a la vez que relativizó el efecto por el derrame de cianuro de la mina Veladero, en San Juan, explotada por la empresa Barrick Gold.
Meilán sostuvo que también "llegaron inversiones chilenas, australianas y francesas" para la explotación de litio y señaló que para todo el sector minero, "tenemos 30 proyectos con potencial desarrollo para la próxima década". Meilán que acompañara a la vicepresidenta Gabriela Michetti en su viaje a Japón y Corea del Sur para captar inversiones, reivindicó la eliminación de las retenciones a la minería "porque no existía en ningún país y eso nos quitaba la posibilidad de inversiones".
Respecto del derrame de cianuro en la mina Veladero, en San Juan, consideró que ahí "hubo un tema de mantenimiento" de parte de la empresa Barrick Gold, pero que de igual manera "se informó mal", porque en "Veladero, de por sí los valores de arsénico, zinc y plomo son anómalos".
"El aguar del río Jachal está afectado debido a que recorre ese suelo y no por la explotación de estos yacimientos", aseguró.
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Amparo por desmonte contra un Colegio de Abogados
Admiten amparo contra el Colegio de Abogados por desmonte
Fecha de Publicación: 11/05/2016
Fuente: CBA24N
Provincia/Región: Córdoba
La jueza de conciliación de tercera nominación Alicia Ulla de Torresán admitió el amparo presentado por la Fundación Club de Derecho contra el Colegio de Abogados de Córdoba por delitos ambientales.
Los amparistas acusan que las autoridades de la entidad profesional desmontaron ilegalmente bosque nativo en un predio que poseen en la localidad de Saldán.
"Es uno de los últimos bosques nativos que quedaban en la localidad de sierras chicas (...) No han dejado nada, han arrasado con todo", precisó el abogado denunciante Federico Macciocchi, quien detalló que la institución pretende construir en el lugar unas canchas de fútbol sintético.
El recurso solicita que cese el delito y que se proceda a realizar la recomposición del ambiente "lesionado a raíz del desmonte de bosque nativo en las inmediaciones del club de campo de dicho colegio". (Ver: Acusan al Colegio de Abogados por desmonte en Saldán)
El juzgado libró oficio a la Secretaría de Ambiente Provincial para que informe su accionar al respecto.
Admitido el recurso, ahora el Colegio de Abogados de Córdoba tiene que contestar la demanda.
"Es lamentable que justamente el Colegio, formado por especialistas en leyes, su conducción sea la primera en violarlos (...) La notificación ahora está en manos del colegio. Tienen que contestar. Es un trámite muy rápido. Debería resolverse en las próximas semanas", señaló Macciocchi.
La irregularidad había sido denunciada la semana pasada por la Fundación Vertientes Saldán junto con el concejal Jorge Daniel Medeot (MiS), quienes detectaron que el campo adyacente había sido absolutamente "arrasado y depredado".
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Fecha de Publicación: 11/05/2016
Fuente: CBA24N
Provincia/Región: Córdoba
La jueza de conciliación de tercera nominación Alicia Ulla de Torresán admitió el amparo presentado por la Fundación Club de Derecho contra el Colegio de Abogados de Córdoba por delitos ambientales.
Los amparistas acusan que las autoridades de la entidad profesional desmontaron ilegalmente bosque nativo en un predio que poseen en la localidad de Saldán.
"Es uno de los últimos bosques nativos que quedaban en la localidad de sierras chicas (...) No han dejado nada, han arrasado con todo", precisó el abogado denunciante Federico Macciocchi, quien detalló que la institución pretende construir en el lugar unas canchas de fútbol sintético.
El recurso solicita que cese el delito y que se proceda a realizar la recomposición del ambiente "lesionado a raíz del desmonte de bosque nativo en las inmediaciones del club de campo de dicho colegio". (Ver: Acusan al Colegio de Abogados por desmonte en Saldán)
El juzgado libró oficio a la Secretaría de Ambiente Provincial para que informe su accionar al respecto.
Admitido el recurso, ahora el Colegio de Abogados de Córdoba tiene que contestar la demanda.
"Es lamentable que justamente el Colegio, formado por especialistas en leyes, su conducción sea la primera en violarlos (...) La notificación ahora está en manos del colegio. Tienen que contestar. Es un trámite muy rápido. Debería resolverse en las próximas semanas", señaló Macciocchi.
La irregularidad había sido denunciada la semana pasada por la Fundación Vertientes Saldán junto con el concejal Jorge Daniel Medeot (MiS), quienes detectaron que el campo adyacente había sido absolutamente "arrasado y depredado".
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Actuaron en la feria de Pompeya contra el tráfico de fauna
Rescataron 120 animales silvestres que estaban a la venta en una feria de Pompeya
Fecha de Publicación: 10/05/2016
Fuente: Clarin
Provincia/Región: CABA
En un operativo que duró más de cuatro horas, inspectores del Ministerio de Ambiente de la Nación, junto con agentes de la Policía Metropolitana, decomisaron 120 animales silvestres que eran comercializados de manera ilegal en el barrio porteño de Pompeya. Los ejemplares fueron trasladados a la reserva Temaikèn para su rehabilitación.
Las tareas se realizaron en el cruce de las calles Perito Moreno y Sáenz. En el lugar trabajaron seis inspectores del área de Fiscalización y Control de la Dirección Nacional de Fauna y más de 40 policías.
Según detallaron desde el Ministerio de Ambiente, se incautaron 118 aves. Entre ellas se encuentran jilgueros, cabecitas negras, sporophilas (semilleros) y pericos. También rescataron un lagarto overo y una tortuga. "Estaban en jaulas en la vía pública o en cajas de cartón preparadas para ser vendidas", explicó Ricardo Negreira, coordinador de Fiscalización de la Dirección de Fauna, a cargo del operativo.
?La intervención fue el corolario de una investigación de más de dos meses realizada por la Dirección de Fauna de la cartera de Ambiente y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Ufema, a cargo del fiscal Matías Michienzi.
Todos los animales rescatados fueron trasladados a la reserva Temaikèn, ubicada en el partido de Escobar, para su rehabilitación o puesta en cuarentena antes de que se proceda a la liberación a sus lugares naturales.
El comercio de estos ejemplares está prohibido, excepto que provengan de planes aprobados o de criaderos habilitados y tengan la documentación correspondiente. El tráfico de animales constituye el tercer negocio a nivel mundial, que mueve unos 180.000 millones de dólares por año, sólo superado por la venta de armas y de drogas, precisaron desde la cartera de Ambiente.
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Fecha de Publicación: 10/05/2016
Fuente: Clarin
Provincia/Región: CABA
En un operativo que duró más de cuatro horas, inspectores del Ministerio de Ambiente de la Nación, junto con agentes de la Policía Metropolitana, decomisaron 120 animales silvestres que eran comercializados de manera ilegal en el barrio porteño de Pompeya. Los ejemplares fueron trasladados a la reserva Temaikèn para su rehabilitación.
Las tareas se realizaron en el cruce de las calles Perito Moreno y Sáenz. En el lugar trabajaron seis inspectores del área de Fiscalización y Control de la Dirección Nacional de Fauna y más de 40 policías.
Según detallaron desde el Ministerio de Ambiente, se incautaron 118 aves. Entre ellas se encuentran jilgueros, cabecitas negras, sporophilas (semilleros) y pericos. También rescataron un lagarto overo y una tortuga. "Estaban en jaulas en la vía pública o en cajas de cartón preparadas para ser vendidas", explicó Ricardo Negreira, coordinador de Fiscalización de la Dirección de Fauna, a cargo del operativo.
?La intervención fue el corolario de una investigación de más de dos meses realizada por la Dirección de Fauna de la cartera de Ambiente y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Ufema, a cargo del fiscal Matías Michienzi.
Todos los animales rescatados fueron trasladados a la reserva Temaikèn, ubicada en el partido de Escobar, para su rehabilitación o puesta en cuarentena antes de que se proceda a la liberación a sus lugares naturales.
El comercio de estos ejemplares está prohibido, excepto que provengan de planes aprobados o de criaderos habilitados y tengan la documentación correspondiente. El tráfico de animales constituye el tercer negocio a nivel mundial, que mueve unos 180.000 millones de dólares por año, sólo superado por la venta de armas y de drogas, precisaron desde la cartera de Ambiente.
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Darán a conocer resultados sobre Barrick según UNOPS
UNOPS difundirá el informe final del impacto en la calidad del agua tras el derrame en la mina Veladero
Fecha de Publicación: 10/05/2016
Fuente: Diario La Provincia
Provincia/Región: San Juan
La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) con la participación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) presentará el informe este miércoles 11 de Mayo.
Este miércoles 11 de Mayo, en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson se difundirá las conclusiones finales de la auditoría ambiental concretada por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) con la participación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) sobre la calidad del agua en el área de influencia de la Mina Veladero tras el derrame de solución cianurada producido el 13 de septiembre de 2015.
Los datos del informe final son muy esperados por el sector empresario de la minería, las comunidades de Iglesia y Jáchal, autoridades provinciales y nacionales. Después de la falla de una válvula en la tubería del sistema de lixiviación en la mina Veladero que produjo un derrame de solución cianurada, el gobierno de San Juan solicitó un estudio a UNOPS, con la participación del PNUMA con el propósito de realizar una evaluación ambiental sobre el área afectada y elaborará un informe público.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) está desarrollando desde el 2014 el Proyecto AuMin San Juan, que tiene la finalidad de concretar auditorías ambientales en tres emprendimientos mineros que se encuentran en explotación pero no incluía hasta septiembre del 2015 la evaluación del impacto ambiental después de un incidente ambiental.
El monitoreo concretado se llama "Estudio sobre la calidad de los cuerpos de agua en el área de influencia de la Mina Veladero, posterior al incidente ambiental del 13/09/15” fue presentada el 25 de septiembre de 2015. El 2 de octubre de 2015 la propuesta fue aprobada por el Gobierno de San Juan, y la misión de campo inició el 5 de octubre de 2015.
En el estudio se evaluó técnicamente la situación ambiental de los ríos Potrerillos, Las Taguas, La Palca, Blanco y Jáchal, y también se seleccionaron muestras de aguas crudas en puntos de captación de agua de las localidades de El Chinguillo, Malimán y Angualasto. Se tomaron muestras de agua superficial, subterránea y sedimentos en aproximadamente 121 puntos escogidos por UNOPS y el PNUMA.
También se concretaron estudios limnológicos en nueve sitios aguas abajo del incidente. Estos estudios comprendieron el análisis de las comunidades fitoplanctónicas, zooplanctónicas, fitobéntónicas y de macroinvertebrados bentónicos. Se estudió el estado ecológico de los tramos de los ríos estudiados, indagando sobre posibles variaciones en las comunidades biológicas características de esa zona.
Las conclusiones contenidas en el Informe son el resultado del procesamiento de más de 9.500 determinaciones analíticas provenientes de las 165 muestras tomadas durante el periodo comprendido entre el 5 de octubre y el 1 de noviembre de 2015, sobre las que se llevaron a cabo análisis de aguas superficiales y subterráneas, sedimentos, suelos y bentos a lo largo de 200 kilómetros de curso fluvial desde el punto de descarga de contaminantes hasta el punto situado aguas abajo del dique Cuesta del Viento para detectar la presencia de metales, cianuro y sus derivados.
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Fecha de Publicación: 10/05/2016
Fuente: Diario La Provincia
Provincia/Región: San Juan
La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) con la participación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) presentará el informe este miércoles 11 de Mayo.
Este miércoles 11 de Mayo, en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson se difundirá las conclusiones finales de la auditoría ambiental concretada por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) con la participación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) sobre la calidad del agua en el área de influencia de la Mina Veladero tras el derrame de solución cianurada producido el 13 de septiembre de 2015.
Los datos del informe final son muy esperados por el sector empresario de la minería, las comunidades de Iglesia y Jáchal, autoridades provinciales y nacionales. Después de la falla de una válvula en la tubería del sistema de lixiviación en la mina Veladero que produjo un derrame de solución cianurada, el gobierno de San Juan solicitó un estudio a UNOPS, con la participación del PNUMA con el propósito de realizar una evaluación ambiental sobre el área afectada y elaborará un informe público.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) está desarrollando desde el 2014 el Proyecto AuMin San Juan, que tiene la finalidad de concretar auditorías ambientales en tres emprendimientos mineros que se encuentran en explotación pero no incluía hasta septiembre del 2015 la evaluación del impacto ambiental después de un incidente ambiental.
El monitoreo concretado se llama "Estudio sobre la calidad de los cuerpos de agua en el área de influencia de la Mina Veladero, posterior al incidente ambiental del 13/09/15” fue presentada el 25 de septiembre de 2015. El 2 de octubre de 2015 la propuesta fue aprobada por el Gobierno de San Juan, y la misión de campo inició el 5 de octubre de 2015.
En el estudio se evaluó técnicamente la situación ambiental de los ríos Potrerillos, Las Taguas, La Palca, Blanco y Jáchal, y también se seleccionaron muestras de aguas crudas en puntos de captación de agua de las localidades de El Chinguillo, Malimán y Angualasto. Se tomaron muestras de agua superficial, subterránea y sedimentos en aproximadamente 121 puntos escogidos por UNOPS y el PNUMA.
También se concretaron estudios limnológicos en nueve sitios aguas abajo del incidente. Estos estudios comprendieron el análisis de las comunidades fitoplanctónicas, zooplanctónicas, fitobéntónicas y de macroinvertebrados bentónicos. Se estudió el estado ecológico de los tramos de los ríos estudiados, indagando sobre posibles variaciones en las comunidades biológicas características de esa zona.
Las conclusiones contenidas en el Informe son el resultado del procesamiento de más de 9.500 determinaciones analíticas provenientes de las 165 muestras tomadas durante el periodo comprendido entre el 5 de octubre y el 1 de noviembre de 2015, sobre las que se llevaron a cabo análisis de aguas superficiales y subterráneas, sedimentos, suelos y bentos a lo largo de 200 kilómetros de curso fluvial desde el punto de descarga de contaminantes hasta el punto situado aguas abajo del dique Cuesta del Viento para detectar la presencia de metales, cianuro y sus derivados.
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Chaco lanzó el programa sobre Cambio Climático
Planificación lanzó el programa provincial sobre Cambio Climático
Fecha de Publicación: 10/05/2016
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
En el marco del acuerdo de París de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, del que participa también la Argentina, se conformó una mesa interdisciplinaria en la que se planteó el trabajo de cara al futuro sobre el compromiso de la provincia en esta temática. El pacto establece medidas para la reducción de las emisiones de dióxido de carbono desde el año 2020.
En ese marco, en Chaco se realizó este sábado una reunión que contó con la presencia de la ministra de Planificación, Ambiente e Innovación Tecnológica, María Elina Serrano, y el ministro de Producción, Gabriel Tortarolo.
En ese contexto, se lanzó el Programa Provincial sobre cambio climático, contexto en el que se conformó una mesa interdisciplinaria en la que expuso el geógrafo Luis Romero de la cartera ambiental.
"La propuesta que tenemos pensada pretende generar un gran equipo de trabajo, para lo cual la interdisciplinariedad significa mucho para nosotros, específicamente en lo relacionado a temas ambientales y puntualmente cambio climático", expresó Serrando.
"Nuestro país ha firmado un acuerdo y hoy estamos reunidos acá, representando a la provincia, siguiendo la voluntad política del gobernador Domingo Peppo, que ante todo, deja muy en claro que la problemática del cambio climático es algo que nos toca a todos", agregó.
Participaron del encuentro representantes de las carteras de Educación Ciencia y Tecnología,de Desarrollo Humano y Ordenamiento Territorial, de Hacienda y Finanzas Públicas, de Industria, de la Producción, y de Infraestructura y Servicios Públicos. También de la Secretaría General de Gobierno, de Municipios y Ciudades, APA, SAMEEP, SECHEEP.
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Marchó Gualeguaychú y pidió definición de la Nación
Nueva marcha de vecinos de Gualeguaychú para exigir el traslado de la pastera Botnia
Fecha de Publicación: 09/05/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Entre Ríos - Nacional
Un multitudinaria marcha exigió el traslado de la pastera UPM-Botnia de la costa del río Uruguay, en la duodécima protesta, y pidió una clara definición por parte del Gobierno sobre "qué política aplicará en este conflicto".
Ante una gran cantidad de participantes congregados en el puente que une Gualeguaychú con Fray Bentos -que los organizadores calcularon en 22.000 y que según otras fuentes llegaron a los 10.000-, y bajo el lema "Por nuestra vida, por el planeta, fuera Botnia", los asambleístas explicaron que "año tras año convocamos en la lucha por el medio ambiente, contra una Finlandia que cuida su país y nos deja su basura".
A su vez, reclamaron "energía y celeridad en el reclamo de nuestras autoridades, el funcionamiento pleno de la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru), la puesta en marcha del Comité científico bilateral, y que las organizaciones internacionales consideren esta situación como "violatoria de Derechos Humanos fundamentales de los habitantes de esta región".
"Esta región clama justicia, todos saben las toneladas de contaminación que emite la empresa, prestigiosos equipos de científicos han demostrado que el fósforo principal contaminante que se vierte en el río Uruguay, mientras además llevamos años respirando gases tóxicos y seguimos esperando los sensores de calidad de aire prometidos", destacaron.
Por otra parte, manifestaron que mientras la pastera funcione "la lucha continuará ante una empresa ilegal y contaminante que no contará con la licencia social, defendiendo el ambiente y nuestro planeta, defendemos la vida y por ella de las generaciones futuras".
El asambleísta Juan Veronesi, explicó que "como todos los años, el colegio José María Bértora se encuentra desde anoche realizando un acampe en la zona, y este año se sumaron dos establecimientos más", por lo que "va a estar la juventud encabezando la marcha con mucho entusiasmo".
El intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, dijo que "la crisis ambiental es social, política y económica, y hoy el desastre climático que vivimos, nos lleva más allá de lo alternativo y nos pone frente al desafío de lo posible".
"Todo esto nos lleva a ratificar nuestro compromiso con el ambiente y a hacerlo extensivo a toda nuestra cotidianeidad, y por eso apoyamos a caminar por la vida, y decimos 'Fuera las pasteras del río Uruguay'. Estamos seguros de que un pueblo que camina, no se domina", concluyó Piaggio.
Según la Asamblea, la planta Fray Bentos "extrae un volumen de celulosa que se vende en Finlandia por 1.100 millones de dólares, mientras que deja en Uruguay en concepto de salarios menos del uno por ciento de esta cifra".
La empresa finlandesa "desea hacer una nueva planta en Uruguay, exigiendo que el Gobierno uruguayo invierta 500 millones de dólares en red ferroviaria, para así alcanzar a producir el 50 por ciento de la producción mundial de celulosa de esta empresa", detallaron los integrantes de la Asamblea.
"Si se crea una nueva planta de celulosa, Finlandia se estaría sacando de encima plantas contaminantes para dejar su país libre de ellas, trasladando la contaminación a regiones como la nuestra", sostuvieron los asambleístas.
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Fecha de Publicación: 09/05/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Entre Ríos - Nacional
Un multitudinaria marcha exigió el traslado de la pastera UPM-Botnia de la costa del río Uruguay, en la duodécima protesta, y pidió una clara definición por parte del Gobierno sobre "qué política aplicará en este conflicto".
Ante una gran cantidad de participantes congregados en el puente que une Gualeguaychú con Fray Bentos -que los organizadores calcularon en 22.000 y que según otras fuentes llegaron a los 10.000-, y bajo el lema "Por nuestra vida, por el planeta, fuera Botnia", los asambleístas explicaron que "año tras año convocamos en la lucha por el medio ambiente, contra una Finlandia que cuida su país y nos deja su basura".
A su vez, reclamaron "energía y celeridad en el reclamo de nuestras autoridades, el funcionamiento pleno de la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru), la puesta en marcha del Comité científico bilateral, y que las organizaciones internacionales consideren esta situación como "violatoria de Derechos Humanos fundamentales de los habitantes de esta región".
"Esta región clama justicia, todos saben las toneladas de contaminación que emite la empresa, prestigiosos equipos de científicos han demostrado que el fósforo principal contaminante que se vierte en el río Uruguay, mientras además llevamos años respirando gases tóxicos y seguimos esperando los sensores de calidad de aire prometidos", destacaron.
Por otra parte, manifestaron que mientras la pastera funcione "la lucha continuará ante una empresa ilegal y contaminante que no contará con la licencia social, defendiendo el ambiente y nuestro planeta, defendemos la vida y por ella de las generaciones futuras".
El asambleísta Juan Veronesi, explicó que "como todos los años, el colegio José María Bértora se encuentra desde anoche realizando un acampe en la zona, y este año se sumaron dos establecimientos más", por lo que "va a estar la juventud encabezando la marcha con mucho entusiasmo".
El intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, dijo que "la crisis ambiental es social, política y económica, y hoy el desastre climático que vivimos, nos lleva más allá de lo alternativo y nos pone frente al desafío de lo posible".
"Todo esto nos lleva a ratificar nuestro compromiso con el ambiente y a hacerlo extensivo a toda nuestra cotidianeidad, y por eso apoyamos a caminar por la vida, y decimos 'Fuera las pasteras del río Uruguay'. Estamos seguros de que un pueblo que camina, no se domina", concluyó Piaggio.
Según la Asamblea, la planta Fray Bentos "extrae un volumen de celulosa que se vende en Finlandia por 1.100 millones de dólares, mientras que deja en Uruguay en concepto de salarios menos del uno por ciento de esta cifra".
La empresa finlandesa "desea hacer una nueva planta en Uruguay, exigiendo que el Gobierno uruguayo invierta 500 millones de dólares en red ferroviaria, para así alcanzar a producir el 50 por ciento de la producción mundial de celulosa de esta empresa", detallaron los integrantes de la Asamblea.
"Si se crea una nueva planta de celulosa, Finlandia se estaría sacando de encima plantas contaminantes para dejar su país libre de ellas, trasladando la contaminación a regiones como la nuestra", sostuvieron los asambleístas.
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Rechazo ambientalista a las Represas en Santa Cruz
Represas en Santa Cruz: rechazo de una coalición de ONG ambientalistas
Fecha de Publicación: 09/05/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Santa Cruz
Tras conocerse la noticia de que la obra se realizará, sostienen que no tienen fundamento técnico y que el impacto social y ambiental devastará un ecosistema "irreemplazable"
Una coalición de ONG ambientalistas difundió ayer un duro mensaje al gobierno nacional por la construcción de dos represas en el río Santa Cruz, que financiará el gobierno chino. El reporte sostiene que es una "irresponsabilidad por parte del Estado nacional" avanzar en el proyecto sin conocer el impacto ambiental que tendrá y asegura que el complejo hidroeléctrico no tiene una "justificación técnica"; que muestra "déficits en materia de transparencia en la información" y que hay un "impacto socio ambiental que compromete el ecosistema".
El pronunciamiento impactó en la administración de Cambiemos ya que varios de los referentes de esas organizaciones hoy son funcionarios como son los casos de Diego Moreno (ex Fundación Vida Silvestre), Dolores Douverges (ex Fundación Ambiente y Recursos Naturales) y Gonzalo Girolami (ex Greenpeace), actualmente en el Ministerio de Ambiente; así como también Emiliano Ezcurra (ex Banco de Bosques), hoy vicepresidente de Parques Nacionales y Juan Carlos Villalonga, de Los Verdes y actual diputado nacional de Cambiemos. A las ONG mencionadas se sumaron Aves Argentinas, Fundación Flora y Fauna Argentina y la Fundación Naturaleza para el Futuro.
"Las grandes represas no son consideradas energías renovables porque tienen un alto impacto sobre el ambiente natural y una escasa vida útil por acumulación de sedimentos, dejándolas inoperables. La Canciller Susana Malcorra manifestó que el proyecto de las represas de Santa Cruz será menos ambicioso que lo presupuestado, pero que se logrará. En esa línea, se informó que las represas en cuestión pasarán de tener 11 a 8 turbinas, se reducirá el monto de la obra de US$ 7600 millones a US$ 4000 millones, se aplazarán los tiempos de la misma y que la provincia de Santa Cruz obtendrá un 12% de regalías por la energía transportada al país, aunque el Estado Nacional mantendrá la propiedad de las obras. Esto visibiliza que el proyecto hidroeléctrico responde meramente a compromisos financieros con otra nación para evitar una eventual situación de cross default, más que por genuinas prioridades energéticas y ambientales", indica el mensaje enviado a la prensa.
"Un complejo hidroeléctrico como éste convertiría al río Santa Cruz en grandes embalses artificiales, devastando un ecosistema irremplazable como el área de influencia del Parque Nacional Los Glaciares (declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco) que alberga los glaciares Perito Moreno y Upsala, y el Parque Nacional Monte León. Asimismo, la confluencia y desembocadura de los ríos Chico y Santa Cruz ha sido declarada como AICA (Área de Importancia para la Conservación de las Aves). El sitio es clave como lugar de invernada para el críticamente amenazado macá tobiano (Podiceps gallardoi), ave endémica de la Argentina registrada sólo en la provincia de Santa Cruz y declarada Monumento Natural Provincial", agregan los ambientalistas. Villalonga ayer twitteó el comunicado y sostuvo: "El necesario desarrollo que necesita el país debe ser compatibile con la naturaleza. El gran desafío por delante". Fue su única declaración pública.
Click Aqui
Las ONG también critican el proceso de adjudicación y de estudios de impacto ambiental y concluyen: "Hoy se desconocen los potenciales daños que las represas podrían generar, incluso con el nuevo diseño. El indicar que por el simple pase de 11 a 8 turbinas, se evitará que la potencia de las represas impacte en el ambiente es, por lo menos, una irresponsabilidad del Estado Nacional".
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Fecha de Publicación: 09/05/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Santa Cruz
Tras conocerse la noticia de que la obra se realizará, sostienen que no tienen fundamento técnico y que el impacto social y ambiental devastará un ecosistema "irreemplazable"
Una coalición de ONG ambientalistas difundió ayer un duro mensaje al gobierno nacional por la construcción de dos represas en el río Santa Cruz, que financiará el gobierno chino. El reporte sostiene que es una "irresponsabilidad por parte del Estado nacional" avanzar en el proyecto sin conocer el impacto ambiental que tendrá y asegura que el complejo hidroeléctrico no tiene una "justificación técnica"; que muestra "déficits en materia de transparencia en la información" y que hay un "impacto socio ambiental que compromete el ecosistema".
El pronunciamiento impactó en la administración de Cambiemos ya que varios de los referentes de esas organizaciones hoy son funcionarios como son los casos de Diego Moreno (ex Fundación Vida Silvestre), Dolores Douverges (ex Fundación Ambiente y Recursos Naturales) y Gonzalo Girolami (ex Greenpeace), actualmente en el Ministerio de Ambiente; así como también Emiliano Ezcurra (ex Banco de Bosques), hoy vicepresidente de Parques Nacionales y Juan Carlos Villalonga, de Los Verdes y actual diputado nacional de Cambiemos. A las ONG mencionadas se sumaron Aves Argentinas, Fundación Flora y Fauna Argentina y la Fundación Naturaleza para el Futuro.
"Las grandes represas no son consideradas energías renovables porque tienen un alto impacto sobre el ambiente natural y una escasa vida útil por acumulación de sedimentos, dejándolas inoperables. La Canciller Susana Malcorra manifestó que el proyecto de las represas de Santa Cruz será menos ambicioso que lo presupuestado, pero que se logrará. En esa línea, se informó que las represas en cuestión pasarán de tener 11 a 8 turbinas, se reducirá el monto de la obra de US$ 7600 millones a US$ 4000 millones, se aplazarán los tiempos de la misma y que la provincia de Santa Cruz obtendrá un 12% de regalías por la energía transportada al país, aunque el Estado Nacional mantendrá la propiedad de las obras. Esto visibiliza que el proyecto hidroeléctrico responde meramente a compromisos financieros con otra nación para evitar una eventual situación de cross default, más que por genuinas prioridades energéticas y ambientales", indica el mensaje enviado a la prensa.
"Un complejo hidroeléctrico como éste convertiría al río Santa Cruz en grandes embalses artificiales, devastando un ecosistema irremplazable como el área de influencia del Parque Nacional Los Glaciares (declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco) que alberga los glaciares Perito Moreno y Upsala, y el Parque Nacional Monte León. Asimismo, la confluencia y desembocadura de los ríos Chico y Santa Cruz ha sido declarada como AICA (Área de Importancia para la Conservación de las Aves). El sitio es clave como lugar de invernada para el críticamente amenazado macá tobiano (Podiceps gallardoi), ave endémica de la Argentina registrada sólo en la provincia de Santa Cruz y declarada Monumento Natural Provincial", agregan los ambientalistas. Villalonga ayer twitteó el comunicado y sostuvo: "El necesario desarrollo que necesita el país debe ser compatibile con la naturaleza. El gran desafío por delante". Fue su única declaración pública.
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Las ONG también critican el proceso de adjudicación y de estudios de impacto ambiental y concluyen: "Hoy se desconocen los potenciales daños que las represas podrían generar, incluso con el nuevo diseño. El indicar que por el simple pase de 11 a 8 turbinas, se evitará que la potencia de las represas impacte en el ambiente es, por lo menos, una irresponsabilidad del Estado Nacional".
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Derrame de la Barrick y división de proceso legal
Barrick: la Corte Suprema dividió la competencia en la causa por el derrame de cianuro en San Juan
Fecha de Publicación: 09/05/2016
Fuente: CIJ
Provincia/Región: San Juan - Nacional
El Máximo Tribunal estableció que el juez provincial de Jáchal debe investigar la responsabilidad de los directivos de la empresa y funcionarios locales y el juez federal Sebastián Casanello a los funcionarios nacionales
En el día de la fecha, la Corte Suprema resolvió que la justicia de la provincia de San Juan es competente para investigar el derrame de cianuro en el río Potrerillos que se produjo desde la mina Veladero, operada por la empresa “Barrick Gold” ubicada en el Departamento de Iglesia de la Provincia de San Juan.
A raíz de este episodio, se originaron dos procesos penales, uno en la justicia provincial y otro en la federal de la ciudad de Buenos Aires.
En la justicia local de San Juan se investiga a los directivos de la empresa “Barrick Gold” y a funcionarios provinciales del Ministerio de Minería y del Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia de San Juan, mientras que en la justicia federal de la Capital Federal se investiga el comportamiento de Sergio Lorusso (ex Secretario de Ambiente de la Nación) y Jorge Mayoral (ex Secretario de Minería de la Nación), así como el de funcionarios provinciales y directivos de la citada empresa.
El juez a cargo del Juzgado de Jáchal de San Juan le solicitó al juez a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal n°7 de esta Capital que se inhibiera de intervenir en la causa. Sin embargo, el juez federal rechazó ese pedido porque entendía que a él le correspondía seguir investigando.
Este conflicto de competencia fue resuelto por la Corte Suprema que decidió que la justicia provincial debe determinar la responsabilidad de los directivos de la empresa Barrick Gold y de los funcionarios del gobierno provincial por la posible violación a la Ley de Residuos Peligrosos, y que el juez federal debe investigar la conducta de los ex secretarios de Minería y de Ambiente de la Nación.
La Corte Suprema también exhortó a los jueces a cargo de las investigaciones mencionadas a que adopten las medidas necesarias para asegurar una rápida y buena administración de justicia.
Finalmente, la Corte Suprema enfatizó la importancia de resguardar la jurisdicción de los jueces provinciales dado que la Constitución Nacional garantiza como principio fundacional del federalismo el reconocimiento de su autonomía.
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Fecha de Publicación: 09/05/2016
Fuente: CIJ
Provincia/Región: San Juan - Nacional
El Máximo Tribunal estableció que el juez provincial de Jáchal debe investigar la responsabilidad de los directivos de la empresa y funcionarios locales y el juez federal Sebastián Casanello a los funcionarios nacionales
En el día de la fecha, la Corte Suprema resolvió que la justicia de la provincia de San Juan es competente para investigar el derrame de cianuro en el río Potrerillos que se produjo desde la mina Veladero, operada por la empresa “Barrick Gold” ubicada en el Departamento de Iglesia de la Provincia de San Juan.
A raíz de este episodio, se originaron dos procesos penales, uno en la justicia provincial y otro en la federal de la ciudad de Buenos Aires.
En la justicia local de San Juan se investiga a los directivos de la empresa “Barrick Gold” y a funcionarios provinciales del Ministerio de Minería y del Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia de San Juan, mientras que en la justicia federal de la Capital Federal se investiga el comportamiento de Sergio Lorusso (ex Secretario de Ambiente de la Nación) y Jorge Mayoral (ex Secretario de Minería de la Nación), así como el de funcionarios provinciales y directivos de la citada empresa.
El juez a cargo del Juzgado de Jáchal de San Juan le solicitó al juez a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal n°7 de esta Capital que se inhibiera de intervenir en la causa. Sin embargo, el juez federal rechazó ese pedido porque entendía que a él le correspondía seguir investigando.
Este conflicto de competencia fue resuelto por la Corte Suprema que decidió que la justicia provincial debe determinar la responsabilidad de los directivos de la empresa Barrick Gold y de los funcionarios del gobierno provincial por la posible violación a la Ley de Residuos Peligrosos, y que el juez federal debe investigar la conducta de los ex secretarios de Minería y de Ambiente de la Nación.
La Corte Suprema también exhortó a los jueces a cargo de las investigaciones mencionadas a que adopten las medidas necesarias para asegurar una rápida y buena administración de justicia.
Finalmente, la Corte Suprema enfatizó la importancia de resguardar la jurisdicción de los jueces provinciales dado que la Constitución Nacional garantiza como principio fundacional del federalismo el reconocimiento de su autonomía.
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No se sabe donde, pero cazaron un yaguareté
El yaguareté sigue protegido
Fecha de Publicación: 08/05/2016
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Nacional
Una fotografía de un yaguareté sacrificado en algún ignoto paraje selvático motivó una rápida respuesta oficial, que abrió una investigación de oficio llevada a cabo por la Policía Rural que determinó que la cacería de un ejemplar en el municipio de Embarcación podría ser veraz, pero que la foto que acompañó la denuncia virtual no correspondería a ese hecho.
La fuerza pública trabajó para determinar la veracidad de la imagen, cuándo sucedió y quién es la persona que está junto al animal sin vida.
La triste imagen muestra un yaguareté cazado, aparentemente, en Embarcación. Es más, un tal Pepino se adjudica el crimen contra la naturaleza.
Víctor Puca, jefe de la Policía Rural de la Provincia, dijo ayer a El Tribuno que no se había realizado una denuncia al respecto pero que, de todas maneras, se trabajó en la mañana y en la tarde de oficio para investigar este caso", indicó.
La duda surge sobre el tiempo y el lugar donde fue tomada la fotografía del animal, que se encuentra en peligro de extinción.
Luego aclaró que "si el caso no fue en Salta, vamos a realizar la correspondiente derivación a la provincia que corresponda", sostuvo.
Determinar la veracidad de la imagen es algo en lo que también trabajó la Policía como así también investigar quién fue el encargado de distribuir la foto.
Se supo en horas de la tarde que incluso la Secretaría de Medio Ambiente inició una investigación luego de tomar conocimiento de la posible caza de un yaguareté en el norte de la provincia. La imagen fue reenviada mediante la aplicación Whatsapp a un funcionario de esa secretaría, quien invitó a dejar asentada la denuncia en el programa Fiscalización y Control. Ante la negativa, fue el funcionario quien la radicó.
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Fecha de Publicación: 08/05/2016
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Nacional
Una fotografía de un yaguareté sacrificado en algún ignoto paraje selvático motivó una rápida respuesta oficial, que abrió una investigación de oficio llevada a cabo por la Policía Rural que determinó que la cacería de un ejemplar en el municipio de Embarcación podría ser veraz, pero que la foto que acompañó la denuncia virtual no correspondería a ese hecho.
La fuerza pública trabajó para determinar la veracidad de la imagen, cuándo sucedió y quién es la persona que está junto al animal sin vida.
La triste imagen muestra un yaguareté cazado, aparentemente, en Embarcación. Es más, un tal Pepino se adjudica el crimen contra la naturaleza.
Víctor Puca, jefe de la Policía Rural de la Provincia, dijo ayer a El Tribuno que no se había realizado una denuncia al respecto pero que, de todas maneras, se trabajó en la mañana y en la tarde de oficio para investigar este caso", indicó.
La duda surge sobre el tiempo y el lugar donde fue tomada la fotografía del animal, que se encuentra en peligro de extinción.
Luego aclaró que "si el caso no fue en Salta, vamos a realizar la correspondiente derivación a la provincia que corresponda", sostuvo.
Determinar la veracidad de la imagen es algo en lo que también trabajó la Policía como así también investigar quién fue el encargado de distribuir la foto.
Se supo en horas de la tarde que incluso la Secretaría de Medio Ambiente inició una investigación luego de tomar conocimiento de la posible caza de un yaguareté en el norte de la provincia. La imagen fue reenviada mediante la aplicación Whatsapp a un funcionario de esa secretaría, quien invitó a dejar asentada la denuncia en el programa Fiscalización y Control. Ante la negativa, fue el funcionario quien la radicó.
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Córdoba: el Estado denuncia a productor por agrotóxicos
Denuncia penal contra un productor de Leones por violar la Ley de Agroquímicos
Fecha de Publicación: 08/05/2016
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Córdoba
El Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de la Dirección General de Fiscalización y Control, presentó ante la fiscalía de Marcos Juárez una denuncia penal contra un productor, aplicador y transportista agropecuario con domicilio en la ciudad de Leones, en el departamento Marcos Juárez.
Según informó la cartera agropecuaria, "la denuncia fue radicada ya que violó la clausura preventiva impuesta oportunamente por la cartera sobre el equipo pulverizador de productos químicos y biológicos de uso agropecuario de su propiedad. Se llegó a esta instancia luego de diversos procedimientos efectuados a partir de una denuncia receptada a través de la línea 0800-8888-AGRO (2476)".
Al no lograr la regularización por parte del productor, se efectivizó la clausura de la máquina colocándole los precintos. La pulverizadora no contaba con la habilitación correspondiente y emanaba fuertes olores por encontrarse sin limpieza y en la vía pública.
Sin seguridad
El Ministerio agregó que, además, se constató la presencia de productos fitosanitarios en un galpón contiguo al domicilio, espacio que tampoco contaba con la habilitación del Ministerio para funcionar como lugar de almacenamiento y no se cumplían con las medidas de seguridad para resguardar la salud de los operarios y de la población. Por estos motivos, el depósito también fue clausurado.
Al continuar con sus actividades haciendo uso tanto del equipo como del espacio mencionado, desde el Ministerio se decidió presentar la denuncia penal.
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Fecha de Publicación: 08/05/2016
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Córdoba
El Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de la Dirección General de Fiscalización y Control, presentó ante la fiscalía de Marcos Juárez una denuncia penal contra un productor, aplicador y transportista agropecuario con domicilio en la ciudad de Leones, en el departamento Marcos Juárez.
Según informó la cartera agropecuaria, "la denuncia fue radicada ya que violó la clausura preventiva impuesta oportunamente por la cartera sobre el equipo pulverizador de productos químicos y biológicos de uso agropecuario de su propiedad. Se llegó a esta instancia luego de diversos procedimientos efectuados a partir de una denuncia receptada a través de la línea 0800-8888-AGRO (2476)".
Al no lograr la regularización por parte del productor, se efectivizó la clausura de la máquina colocándole los precintos. La pulverizadora no contaba con la habilitación correspondiente y emanaba fuertes olores por encontrarse sin limpieza y en la vía pública.
Sin seguridad
El Ministerio agregó que, además, se constató la presencia de productos fitosanitarios en un galpón contiguo al domicilio, espacio que tampoco contaba con la habilitación del Ministerio para funcionar como lugar de almacenamiento y no se cumplían con las medidas de seguridad para resguardar la salud de los operarios y de la población. Por estos motivos, el depósito también fue clausurado.
Al continuar con sus actividades haciendo uso tanto del equipo como del espacio mencionado, desde el Ministerio se decidió presentar la denuncia penal.
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Nación se hará cargo del Nahuel Huapi
Odarda comunicó que Nación hará tareas de purificación en el Nahuel Huapi
Fecha de Publicación: 08/05/2016
Fuente: ADN
Provincia/Región: Río Negro
La senadora Magdalena Odarda (ARI-CC) informó que Nación confirmó que el saneamiento del lago Nahuel Huapi está contemplado en el Plan Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento que incluye además, otras dos obras en Río Negro: Colonia Josefa y Guardia Mitre.
Tras la información que le fue suministrada por el Ministerio del Interior, Odarda indicó: “Gracias a la movilización ciudadana en Bariloche por el amparo judicial, el gobierno nacional pone prioridad a la salud del Nahuel Huapi este año”.
La parlamentaria agregó: “Si bien el Juzgado Federal no actuó con las diligencias que el caso requería y esa pasividad permitió que durante los seis años que se presentó la primer causa en ese fuero la contaminación se profundizara, la nueva movilización ciudadana detrás del nuevo amparo ambiental de diciembre del 2015, al cual se sumaron más de 6000 ciudadanos, sí fue determinante para poder llegar a la prensa nacional”.
La información oficial que recibió la Legisladora de la Cámara Alta indica que las tres obras programadas para la provincia serán el “Plan Director de Agua Potable y Saneamiento para San Carlos de Bariloche más Proyectos Ejecutivos de Agua y Cloaca – ETAPA I”-; cuyo organismo ejecutor será SSRH-ENOHSA.
La segunda obra se trataría del “Proyecto de Sistema de Riego Colonia Josefa”, ejecutado por SSRH al igual que llevará adelante la ejecución de la obra hídrica del “Proyecto Sistema de Riego Guardia Mitre”, en el marco del fortalecimiento y desarrollo de áreas de producción bajo riego.
Respecto a los trabajos planificados para el lago andino, la parlamentaria destacó “pudimos poner el problema en la agenda provincial y nacional. Ahora faltarían obras en los ríos Negro y Colorado, por las cuales seguiremos reclamando”.
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Fecha de Publicación: 08/05/2016
Fuente: ADN
Provincia/Región: Río Negro
La senadora Magdalena Odarda (ARI-CC) informó que Nación confirmó que el saneamiento del lago Nahuel Huapi está contemplado en el Plan Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento que incluye además, otras dos obras en Río Negro: Colonia Josefa y Guardia Mitre.
Tras la información que le fue suministrada por el Ministerio del Interior, Odarda indicó: “Gracias a la movilización ciudadana en Bariloche por el amparo judicial, el gobierno nacional pone prioridad a la salud del Nahuel Huapi este año”.
La parlamentaria agregó: “Si bien el Juzgado Federal no actuó con las diligencias que el caso requería y esa pasividad permitió que durante los seis años que se presentó la primer causa en ese fuero la contaminación se profundizara, la nueva movilización ciudadana detrás del nuevo amparo ambiental de diciembre del 2015, al cual se sumaron más de 6000 ciudadanos, sí fue determinante para poder llegar a la prensa nacional”.
La información oficial que recibió la Legisladora de la Cámara Alta indica que las tres obras programadas para la provincia serán el “Plan Director de Agua Potable y Saneamiento para San Carlos de Bariloche más Proyectos Ejecutivos de Agua y Cloaca – ETAPA I”-; cuyo organismo ejecutor será SSRH-ENOHSA.
La segunda obra se trataría del “Proyecto de Sistema de Riego Colonia Josefa”, ejecutado por SSRH al igual que llevará adelante la ejecución de la obra hídrica del “Proyecto Sistema de Riego Guardia Mitre”, en el marco del fortalecimiento y desarrollo de áreas de producción bajo riego.
Respecto a los trabajos planificados para el lago andino, la parlamentaria destacó “pudimos poner el problema en la agenda provincial y nacional. Ahora faltarían obras en los ríos Negro y Colorado, por las cuales seguiremos reclamando”.
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Arrancó la Comisión Nacional de Cambio Climático
Se lanzó la Comisión Nacional de Cambio Climático
Fecha de Publicación: 07/05/2016
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, rabino Sergio Bergman, presidio hoy la reunión por el lanzamiento de la Comisión Nacional de Cambio Climático en la cual participaron miembros del Gabinete Nacional. Es el primer encuentro de un espacio de articulación institucional integrado por diferentes ministerios y organismos especializados con injerencia en el cambio climático.
La Comisión recibió la visita del embajador de Marruecos en Argentina, Fouad Yazourh, en el marco de los preparativos por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, COP 22, que se desarrollará en noviembre próximo en Marrakech.
"El foco de este primer encuentro estuvo puesto en coordinar las acciones de mitigación y adaptación que el Gobierno llevará adelante en el marco de una estrategia común que aborde el problema del cambio climático en todas sus aristas", expresó el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, rabino Sergio Bergman.
En la reunión se evaluaron aquellos sectores que representan las mayores emisiones en el país y se comenzaron a identificar medidas para reducirlas. Esto es fundamental, ya que los gases de efecto invernadero (GEIs) son el subproducto de muchas actividades vinculadas al agro y a la deforestación, a la producción energética, al transporte, a la industria y a los residuos.
En este sentido, el subsecretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Carlos Gentile, explicó a los participantes que el país comenzó a discutir una estrategia para “revisar la contribución argentina en línea con el esfuerzo global para lograr el objetivo de no superar el aumento de 2°C de la temperatura promedio global".
La nueva gestión del Ministerio de Ambiente que encabeza Bergman inició el proceso de revisión de la Contribución Nacional presentada por la gestión anterior en la COP 21, con el objetivo de aumentar su compromiso de reducción de emisiones de GEIs, y así asumir un mayor esfuerzo a la lucha contra el calentamiento global.
Estuvieron en el lanzamiento en Casa de Gobierno los titulares de las carteras de Educación, Esteban Bullrich; de Transporte, Guillermo Dietrich; de Energía y Minería, Juan José Aranguren; de Desarrollo Social, Carolina Stanley; y el vicecanciller Carlos Foradori, el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, y el secretario de Política Ambiental del Ministerio de Ambiente, Diego Moreno.
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Fecha de Publicación: 07/05/2016
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, rabino Sergio Bergman, presidio hoy la reunión por el lanzamiento de la Comisión Nacional de Cambio Climático en la cual participaron miembros del Gabinete Nacional. Es el primer encuentro de un espacio de articulación institucional integrado por diferentes ministerios y organismos especializados con injerencia en el cambio climático.
La Comisión recibió la visita del embajador de Marruecos en Argentina, Fouad Yazourh, en el marco de los preparativos por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, COP 22, que se desarrollará en noviembre próximo en Marrakech.
"El foco de este primer encuentro estuvo puesto en coordinar las acciones de mitigación y adaptación que el Gobierno llevará adelante en el marco de una estrategia común que aborde el problema del cambio climático en todas sus aristas", expresó el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, rabino Sergio Bergman.
En la reunión se evaluaron aquellos sectores que representan las mayores emisiones en el país y se comenzaron a identificar medidas para reducirlas. Esto es fundamental, ya que los gases de efecto invernadero (GEIs) son el subproducto de muchas actividades vinculadas al agro y a la deforestación, a la producción energética, al transporte, a la industria y a los residuos.
En este sentido, el subsecretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Carlos Gentile, explicó a los participantes que el país comenzó a discutir una estrategia para “revisar la contribución argentina en línea con el esfuerzo global para lograr el objetivo de no superar el aumento de 2°C de la temperatura promedio global".
La nueva gestión del Ministerio de Ambiente que encabeza Bergman inició el proceso de revisión de la Contribución Nacional presentada por la gestión anterior en la COP 21, con el objetivo de aumentar su compromiso de reducción de emisiones de GEIs, y así asumir un mayor esfuerzo a la lucha contra el calentamiento global.
Estuvieron en el lanzamiento en Casa de Gobierno los titulares de las carteras de Educación, Esteban Bullrich; de Transporte, Guillermo Dietrich; de Energía y Minería, Juan José Aranguren; de Desarrollo Social, Carolina Stanley; y el vicecanciller Carlos Foradori, el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, y el secretario de Política Ambiental del Ministerio de Ambiente, Diego Moreno.
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La Nación quiere antenas celulares en todos lados
La Nación quiere vía libre para la instalación de antenas de celulares
Fecha de Publicación: 07/05/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
El gobierno de Mauricio Macri está decidido a mejorar la calidad de la telefonía celular en Argentina a cualquier precio. Por este motivo, está iniciando una campaña para que los municipios con restricciones para la instalación de antenas de telefonía permitan la colocación de esta infraestructura.
“Junto con el Ministerio del Interior, estamos conversando con las autoridades de estas localidades para que den marcha atrás con las ordenanzas restrictivas. Así van a tener un mejor servicio”, indicó una fuente del Ministerio de Comunicaciones de la Nación.
Pero si no funciona por las “buenas”, ordenarán a la Procuración del Tesoro de la Nación que promueva recursos de inconstitucionalidad ante cada municipio que limite la colocación de las antenas. “Los municipios no tienen el poder de policía en este tema”, argumentó esta fuente.
Ricardo Taborda, director del Laboratorio de Investigación Aplicada y Desarrollo (Liade), de la Universidad Nacional de Córdoba, aseguró que existe un conflicto entre las normativas.
“El uso de la tierra y lo que se construye allí lo decide cada municipio, pero es la Nación la que autoriza la prestación del servicio. La Municipalidad no puede prohibir que una empresa de telefonía preste el servicio para el que fue autorizada”, explicó Taborda. Hace cinco años o más, los municipios comenzaron a sancionar ordenanzas restrictivas para la instalación de estas antenas, tras los reclamos de vecinos. El argumento es que supone un riesgo para la salud, además de contaminar visualmente el paisaje o el barrio, lo cual desvaloriza los inmuebles de la zona.
Como respuesta, las empresas prestatarias recurrieron a la Justicia para instalar las antenas. Ese mismo procedimiento piensa utilizar ahora la Nación. Años atrás, los tribunales les dieron la razón a las empresas en algunos casos, aunque en otros primó la decisión municipal.
En el interior
En la última década, decenas de localidades cordobesas dictaron ordenanzas para fijar limitaciones geográficas a la instalación de grandes antenas. En todos los casos, las normas surgieron como respuesta a planteos de vecinos.
Varias de las ciudades que habían impuesto las mayores restricciones, como la prohibición de toda antena en zona urbana, relajaron luego sus normas pero con ciertos requisitos para su habilitación.
En algunas se sostienen restricciones y en muchas se siguen discutiendo. Hubo también controversias que se judicializaron. Por ejemplo, en Unquillo, por acción de los vecinos, y en Villa Ascasubi por un planteo del municipio.
De todos modos, en el último tiempo aun en localidades que impusieron restricciones aparecieron antenas más pequeñas, y en algunos casos “disfrazadas”, en zonas urbanizadas.
La restricción que se mantiene como más habitual es una relativa: que no se ubiquen a menos de 200 o 300 metros de escuelas, hospitales y clínicas, si son torres de alto porte.
Impacto en la salud
Taborda sostuvo que las antenas no suponen un riesgo para la salud, ya que la seguridad está contemplada en el mismo diseño de los equipamientos, aunque indicó que el Estado debe controlar el funcionamiento de estos dispositivos.
“El impacto puede ser visual y sobre todo en los barrios, que es donde la gente se queja más. Por eso, la solución es camuflar estas antenas en formas de tanques de agua, chimeneas o cruces de una iglesia”, indicó.
Aseguró que para mejorar el servicio hay que colocar más antenas, en especial para el nuevo servicio 4G, que demanda un ancho de banda más grande.
En la provincia, hay unas mil antenas. Según los controles del Ente Regulador de Servicios Públicos de Córdoba (Ersep), ninguna viola los niveles máximos de radiación fijados por el Ministerio de Salud.
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Fecha de Publicación: 07/05/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
El gobierno de Mauricio Macri está decidido a mejorar la calidad de la telefonía celular en Argentina a cualquier precio. Por este motivo, está iniciando una campaña para que los municipios con restricciones para la instalación de antenas de telefonía permitan la colocación de esta infraestructura.
“Junto con el Ministerio del Interior, estamos conversando con las autoridades de estas localidades para que den marcha atrás con las ordenanzas restrictivas. Así van a tener un mejor servicio”, indicó una fuente del Ministerio de Comunicaciones de la Nación.
Pero si no funciona por las “buenas”, ordenarán a la Procuración del Tesoro de la Nación que promueva recursos de inconstitucionalidad ante cada municipio que limite la colocación de las antenas. “Los municipios no tienen el poder de policía en este tema”, argumentó esta fuente.
Ricardo Taborda, director del Laboratorio de Investigación Aplicada y Desarrollo (Liade), de la Universidad Nacional de Córdoba, aseguró que existe un conflicto entre las normativas.
“El uso de la tierra y lo que se construye allí lo decide cada municipio, pero es la Nación la que autoriza la prestación del servicio. La Municipalidad no puede prohibir que una empresa de telefonía preste el servicio para el que fue autorizada”, explicó Taborda. Hace cinco años o más, los municipios comenzaron a sancionar ordenanzas restrictivas para la instalación de estas antenas, tras los reclamos de vecinos. El argumento es que supone un riesgo para la salud, además de contaminar visualmente el paisaje o el barrio, lo cual desvaloriza los inmuebles de la zona.
Como respuesta, las empresas prestatarias recurrieron a la Justicia para instalar las antenas. Ese mismo procedimiento piensa utilizar ahora la Nación. Años atrás, los tribunales les dieron la razón a las empresas en algunos casos, aunque en otros primó la decisión municipal.
En el interior
En la última década, decenas de localidades cordobesas dictaron ordenanzas para fijar limitaciones geográficas a la instalación de grandes antenas. En todos los casos, las normas surgieron como respuesta a planteos de vecinos.
Varias de las ciudades que habían impuesto las mayores restricciones, como la prohibición de toda antena en zona urbana, relajaron luego sus normas pero con ciertos requisitos para su habilitación.
En algunas se sostienen restricciones y en muchas se siguen discutiendo. Hubo también controversias que se judicializaron. Por ejemplo, en Unquillo, por acción de los vecinos, y en Villa Ascasubi por un planteo del municipio.
De todos modos, en el último tiempo aun en localidades que impusieron restricciones aparecieron antenas más pequeñas, y en algunos casos “disfrazadas”, en zonas urbanizadas.
La restricción que se mantiene como más habitual es una relativa: que no se ubiquen a menos de 200 o 300 metros de escuelas, hospitales y clínicas, si son torres de alto porte.
Impacto en la salud
Taborda sostuvo que las antenas no suponen un riesgo para la salud, ya que la seguridad está contemplada en el mismo diseño de los equipamientos, aunque indicó que el Estado debe controlar el funcionamiento de estos dispositivos.
“El impacto puede ser visual y sobre todo en los barrios, que es donde la gente se queja más. Por eso, la solución es camuflar estas antenas en formas de tanques de agua, chimeneas o cruces de una iglesia”, indicó.
Aseguró que para mejorar el servicio hay que colocar más antenas, en especial para el nuevo servicio 4G, que demanda un ancho de banda más grande.
En la provincia, hay unas mil antenas. Según los controles del Ente Regulador de Servicios Públicos de Córdoba (Ersep), ninguna viola los niveles máximos de radiación fijados por el Ministerio de Salud.
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Millonaria multa a desmontadores seriales
Por desmontes demandan a finqueros por $171 millones
Fecha de Publicación: 07/05/2016
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
La presentación fue realizada entre la Procuración General de la Provincia y la Fiscalía Civil de Tartagal. El dinero se usará para recomponer el daño ambiental.
La jueza de Tartagal Claudia Yance tramita una demanda contra los productores Juan José Karlen y Daniel Darío Karlen, a quienes se les reclama el pago de $171.413.473 que se destinarán a mitigar el daño ambiental producido por el desmonte en dos lotes ubicados en el departamento San Martín.
La audiencia preparatoria fijada a partir de la demanda planteada por el Ministerio Público Fiscal, estaba prevista para abril pasado, pero los productores no se presentaron. En consecuencia, la jueza dio por concluida la medida y quedó en condiciones de seguir con el trámite sumarísimo de la acción y dictar sentencia.
Los hechos que se imputan a los productores se produjeron entre 2012 y 2013 en la finca Cuchuy, ubicada a unos 40 kilómetros de Coronel Cornejo (al este de la ruta nacional 34) y abarca 11.875 hectáreas.
Condena anterior
Por este desmonte, los Karlen ya fueron condenados por desobediencia judicial el año pasado por la vocal de la sala II del Tribunal de Juicio de Tartagal, Asusena Vázquez, porque no frenaron el desmonte.
La jueza Yance, por su parte, le dio a la demanda el trámite de acción colectiva. El Ministerio Público Fiscal solicitó que se clausuren los lotes, ya que el tiempo que demandará la recuperación ambiental se estima en unos 20 años.
En el caso de los lotes de los Karlen, la devastación de flora y fauna afectó particularmente a dos especies que se encuentran en vías de extinción, pero también obligó a la migración de criollos y comunidades originarias. Como es un proceso sumarísimo, se espera que en unos 15 días la audiencia del juicio civil. El Ministerio Público pidió que se sume información de la AFIP sobre ganancias de los Karlen con su actividad ilegal durante este tiempo.
También se solicitó la presencia del INTA para calcular los rindes de las campañas agrícolas que usufructuaron y a Epidemiología.
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Fecha de Publicación: 07/05/2016
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
La presentación fue realizada entre la Procuración General de la Provincia y la Fiscalía Civil de Tartagal. El dinero se usará para recomponer el daño ambiental.
La jueza de Tartagal Claudia Yance tramita una demanda contra los productores Juan José Karlen y Daniel Darío Karlen, a quienes se les reclama el pago de $171.413.473 que se destinarán a mitigar el daño ambiental producido por el desmonte en dos lotes ubicados en el departamento San Martín.
La audiencia preparatoria fijada a partir de la demanda planteada por el Ministerio Público Fiscal, estaba prevista para abril pasado, pero los productores no se presentaron. En consecuencia, la jueza dio por concluida la medida y quedó en condiciones de seguir con el trámite sumarísimo de la acción y dictar sentencia.
Los hechos que se imputan a los productores se produjeron entre 2012 y 2013 en la finca Cuchuy, ubicada a unos 40 kilómetros de Coronel Cornejo (al este de la ruta nacional 34) y abarca 11.875 hectáreas.
Condena anterior
Por este desmonte, los Karlen ya fueron condenados por desobediencia judicial el año pasado por la vocal de la sala II del Tribunal de Juicio de Tartagal, Asusena Vázquez, porque no frenaron el desmonte.
La jueza Yance, por su parte, le dio a la demanda el trámite de acción colectiva. El Ministerio Público Fiscal solicitó que se clausuren los lotes, ya que el tiempo que demandará la recuperación ambiental se estima en unos 20 años.
En el caso de los lotes de los Karlen, la devastación de flora y fauna afectó particularmente a dos especies que se encuentran en vías de extinción, pero también obligó a la migración de criollos y comunidades originarias. Como es un proceso sumarísimo, se espera que en unos 15 días la audiencia del juicio civil. El Ministerio Público pidió que se sume información de la AFIP sobre ganancias de los Karlen con su actividad ilegal durante este tiempo.
También se solicitó la presencia del INTA para calcular los rindes de las campañas agrícolas que usufructuaron y a Epidemiología.
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Etiquetas:
agricultura industrial,
Desmontes,
legislación y derecho ambiental,
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