Gobierno promete "cero deforestación" en 4 años
08:00 | 
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Argentina dice que en 4 años habrá cero deforestación
Fecha de Publicación: 01/04/2016
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
La visita de Barack Obama a nuestro país la semana pasada dejó mucha tela para cortar. Entre una serie de elogios a la gestión del presidente Mauricio Macri, se destacó la postura de Argentina frente al cambio climático en la Cumbre de París que se desarrolló en diciembre pasado.
Allí, tal como explicó Juan Carlos Villalonga -representante del primer mandatario en Francia- Argentina cambió su actitud y actuó como facilitador del documento final que firmaron los 195 países participantes para evitar el calentamiento global.
“Argentina venía siendo parte de un grupo de negociación de países de Pensamiento Afín, un grupo muy reaccionario a la negociación climática en el que estaban Venezuela, Ecuador, Bolivia, entre otros, que eran muy poco proactivos a lograr un acuerdo”, expuso el diputado nacional. Con el traspaso del mando presidencial y el cambio de representantes en la Cumbre, Argentina se alejó de ese grupo.
“Nos corrimos de ese lugar y tuvimos una actitud más proactiva uniéndonos a los países con una voluntad facilitadora para lograr el acuerdo”, continuó el representante quien destacó que con esa postura Argentina marcó una diferencia en París.
Con respecto a las propuestas de nuestro país para alcanzar el objetivo de la Cumbre, Villalonga contó que fueron presentadas en octubre pasado cuando todavía gobernaba Cristina Fernández de Kirchner.
“Cada país pone sobre en la mesa el compromiso para ir avanzando que se presenta previamente, en nuestro caso la meta planteada por Argentina es reducir en un 15% las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a la curva tendencial”, detalló.
Para las nuevas autoridades gubernamentales esta meta es deficiente. “Argentina va a tener que revisar su compromiso, lo que proponemos nosotros es que para 2030 Argentina va a tener que estar un 30% o más por debajo de esa curva tendencial de emisiones”, destacó. Si bien el legislador deslizó que se puede ir trabajando para lograr esta meta, recién en dos años se va a formalizar en una nueva reunión mundial.
“En 2018 se va a hacer una revisión global de todos los compromisos de los países para ver cuál es la brecha entre lo que los países van a emitir y lo que la ciencia indica y Argentina para ese momento va a tener que tener un compromiso mayor”, aseguró.
Según relató Villalonga, las medidas concretas planteadas por el gobierno anterior para lograr la reducción del 15% estaban centradas en aumentar la disponibilidad de energías renovables, principalmente a través del ingreso de mayor cantidad de centrales nucleares, sumadas a políticas de eficiencia energética.
“Con estas medidas no se explotan las energías renovables como tendría que hacerlo, ya que la apuesta por la energía nuclear es más costosa que los otros tipos y además se incrementan otros problemas”, señaló el representante a la vez que agregó que se mantienen niveles de deforestación altos.
Nuevas medidas
El diputado informó que el gobierno de Macri va a comenzar su proceso de revisión de esas medidas. “En principio se estima que vamos a tener resultados antes de fin de año”, adelantó. De todas formas ya tienen las primeras propuestas en las que ir trabajando: “Tenemos que terminar esta década con 10% de participación de renovables en energía eléctrica, cuando hoy es el 1%, y llegar al 20% en 2025 como fechas claves”, precisó.
Para lograr este propósito, Argentina tiene que comenzar a ingresar a gran escala las energías renovables como eólica, solar, biomasa y biocombustibles.
La segunda propuesta tiene que ver con la deforestación. “En estos próximos 4 años vamos a bajar a cero la deforestación”, afirmó. Según subrayó, centrándose en esos dos rubros se puede hacer una diferencia de acá a 2030. “A partir de ese año se deberán empezar con los ajustes en otras áreas”, explicó.
Acuerdo global
Tal como destacó Villalonga lo más importante de la Cumbre de París de diciembre fue el acuerdo que se firmó entre los 195 países participantes. “El documento plantea algunas metas climáticas que son muy potentes desde el punto de vista político y tecnológico: debemos estar muy por debajo de los 2° centígrados de aumento al finalizar este siglo y tratar de limitarlo a 1,5 grados”, detalló el representante.
Otro punto establece que en la segunda mitad de este siglo, las emisiones tienen que haber llegado a la neutralidad, es decir, el mundo tiene que estar con cero emisiones. “Esto tiene una segunda implicancia: logrado ese punto es muy probable que tengamos que estar en emisiones negativas, es decir, absorber más emisiones de las que estamos generando”, analizó.
El representante remarcó que para lograr este objetivo hay que producir un enorme abandono del combustible fósil. “Tenemos que producir un cambio enorme entre todos y probablemente muchos gobiernos no estén del todo conscientes de ello”, deslizó.
Acciones locales: agua, bicicleta y forestales
Si bien las medidas para enfrentar el cambio climático se planean a nivel país, las distintas provincias también llevan adelante acciones tanto para mitigar como para adaptarse a las modificaciones del ambiente, ya que varían de acuerdo a cada región. En Mendoza se viene trabajando en estos aspectos desde hace varios años principalmente a través de la Agencia de Cambio Climático, una unidad ejecutora directa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de otros organismos internacionales que aportan fondos.
Dado que Mendoza es una zona árida, se trabaja principalmente con la temática del agua. “Mendoza es una provincia en la cual el recurso agua es muy sensible, por lo que es fundamental saber cómo están nuestras reservas. Para ello, se están comprando más estaciones remotas que se colocan en alta montaña y permiten medir permanentemente las precipitaciones de nieve o de agua para saber con qué recurso vamos a disponer en el verano”, explicó Humberto Mingorance, titular de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial.
Un segundo punto que se viene difundiendo desde hace un tiempo es la construcción de reservorios de agua que permitirán acumular agua, tanto de lluvia como la que viene de los ríos, para generarles a los productores una nueva forma de riego. “Pronto arrancamos con un reservorio en la zona de Maipú que beneficiará a 200 productores que van a tener turnos permanentes”, adelantó el funcionario.
Otro proyecto en este sentido tiene que ver con la movilidad. “Queremos que sea más eficiente y sustentable en término ambientales, por lo que se va a promover la circulación peatonal y en bicicletas y además vamos a implementar un cambio de combustibles en el sistema de transporte público”, detalló.
Un cuarto punto mencionado por Mingorance fue el plan de manejo del arbolado público que se enmarca dentro del Unicipio, para recuperar los forestales que se van perdiendo y un plan de cuidado de la flora nativa. “Queremos conseguir más fondos para poder cuidar más la flora nativa y generar algún replante en sectores que se ha desgastado por la actividad ganadera”, aseguró.
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Fecha de Publicación: 01/04/2016
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
La visita de Barack Obama a nuestro país la semana pasada dejó mucha tela para cortar. Entre una serie de elogios a la gestión del presidente Mauricio Macri, se destacó la postura de Argentina frente al cambio climático en la Cumbre de París que se desarrolló en diciembre pasado.
Allí, tal como explicó Juan Carlos Villalonga -representante del primer mandatario en Francia- Argentina cambió su actitud y actuó como facilitador del documento final que firmaron los 195 países participantes para evitar el calentamiento global.
“Argentina venía siendo parte de un grupo de negociación de países de Pensamiento Afín, un grupo muy reaccionario a la negociación climática en el que estaban Venezuela, Ecuador, Bolivia, entre otros, que eran muy poco proactivos a lograr un acuerdo”, expuso el diputado nacional. Con el traspaso del mando presidencial y el cambio de representantes en la Cumbre, Argentina se alejó de ese grupo.
“Nos corrimos de ese lugar y tuvimos una actitud más proactiva uniéndonos a los países con una voluntad facilitadora para lograr el acuerdo”, continuó el representante quien destacó que con esa postura Argentina marcó una diferencia en París.
Con respecto a las propuestas de nuestro país para alcanzar el objetivo de la Cumbre, Villalonga contó que fueron presentadas en octubre pasado cuando todavía gobernaba Cristina Fernández de Kirchner.
“Cada país pone sobre en la mesa el compromiso para ir avanzando que se presenta previamente, en nuestro caso la meta planteada por Argentina es reducir en un 15% las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a la curva tendencial”, detalló.
Para las nuevas autoridades gubernamentales esta meta es deficiente. “Argentina va a tener que revisar su compromiso, lo que proponemos nosotros es que para 2030 Argentina va a tener que estar un 30% o más por debajo de esa curva tendencial de emisiones”, destacó. Si bien el legislador deslizó que se puede ir trabajando para lograr esta meta, recién en dos años se va a formalizar en una nueva reunión mundial.
“En 2018 se va a hacer una revisión global de todos los compromisos de los países para ver cuál es la brecha entre lo que los países van a emitir y lo que la ciencia indica y Argentina para ese momento va a tener que tener un compromiso mayor”, aseguró.
Según relató Villalonga, las medidas concretas planteadas por el gobierno anterior para lograr la reducción del 15% estaban centradas en aumentar la disponibilidad de energías renovables, principalmente a través del ingreso de mayor cantidad de centrales nucleares, sumadas a políticas de eficiencia energética.
“Con estas medidas no se explotan las energías renovables como tendría que hacerlo, ya que la apuesta por la energía nuclear es más costosa que los otros tipos y además se incrementan otros problemas”, señaló el representante a la vez que agregó que se mantienen niveles de deforestación altos.
Nuevas medidas
El diputado informó que el gobierno de Macri va a comenzar su proceso de revisión de esas medidas. “En principio se estima que vamos a tener resultados antes de fin de año”, adelantó. De todas formas ya tienen las primeras propuestas en las que ir trabajando: “Tenemos que terminar esta década con 10% de participación de renovables en energía eléctrica, cuando hoy es el 1%, y llegar al 20% en 2025 como fechas claves”, precisó.
Para lograr este propósito, Argentina tiene que comenzar a ingresar a gran escala las energías renovables como eólica, solar, biomasa y biocombustibles.
La segunda propuesta tiene que ver con la deforestación. “En estos próximos 4 años vamos a bajar a cero la deforestación”, afirmó. Según subrayó, centrándose en esos dos rubros se puede hacer una diferencia de acá a 2030. “A partir de ese año se deberán empezar con los ajustes en otras áreas”, explicó.
Acuerdo global
Tal como destacó Villalonga lo más importante de la Cumbre de París de diciembre fue el acuerdo que se firmó entre los 195 países participantes. “El documento plantea algunas metas climáticas que son muy potentes desde el punto de vista político y tecnológico: debemos estar muy por debajo de los 2° centígrados de aumento al finalizar este siglo y tratar de limitarlo a 1,5 grados”, detalló el representante.
Otro punto establece que en la segunda mitad de este siglo, las emisiones tienen que haber llegado a la neutralidad, es decir, el mundo tiene que estar con cero emisiones. “Esto tiene una segunda implicancia: logrado ese punto es muy probable que tengamos que estar en emisiones negativas, es decir, absorber más emisiones de las que estamos generando”, analizó.
El representante remarcó que para lograr este objetivo hay que producir un enorme abandono del combustible fósil. “Tenemos que producir un cambio enorme entre todos y probablemente muchos gobiernos no estén del todo conscientes de ello”, deslizó.
Acciones locales: agua, bicicleta y forestales
Si bien las medidas para enfrentar el cambio climático se planean a nivel país, las distintas provincias también llevan adelante acciones tanto para mitigar como para adaptarse a las modificaciones del ambiente, ya que varían de acuerdo a cada región. En Mendoza se viene trabajando en estos aspectos desde hace varios años principalmente a través de la Agencia de Cambio Climático, una unidad ejecutora directa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de otros organismos internacionales que aportan fondos.
Dado que Mendoza es una zona árida, se trabaja principalmente con la temática del agua. “Mendoza es una provincia en la cual el recurso agua es muy sensible, por lo que es fundamental saber cómo están nuestras reservas. Para ello, se están comprando más estaciones remotas que se colocan en alta montaña y permiten medir permanentemente las precipitaciones de nieve o de agua para saber con qué recurso vamos a disponer en el verano”, explicó Humberto Mingorance, titular de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial.
Un segundo punto que se viene difundiendo desde hace un tiempo es la construcción de reservorios de agua que permitirán acumular agua, tanto de lluvia como la que viene de los ríos, para generarles a los productores una nueva forma de riego. “Pronto arrancamos con un reservorio en la zona de Maipú que beneficiará a 200 productores que van a tener turnos permanentes”, adelantó el funcionario.
Otro proyecto en este sentido tiene que ver con la movilidad. “Queremos que sea más eficiente y sustentable en término ambientales, por lo que se va a promover la circulación peatonal y en bicicletas y además vamos a implementar un cambio de combustibles en el sistema de transporte público”, detalló.
Un cuarto punto mencionado por Mingorance fue el plan de manejo del arbolado público que se enmarca dentro del Unicipio, para recuperar los forestales que se van perdiendo y un plan de cuidado de la flora nativa. “Queremos conseguir más fondos para poder cuidar más la flora nativa y generar algún replante en sectores que se ha desgastado por la actividad ganadera”, aseguró.
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INTA censura un propio trabajo sobre fracking
INTA censura trabajo contra el fracking
Fecha de Publicación: 01/04/2016
Fuente: Programa Ecos
Provincia/Región: Nacional
El colega Darío Aranda una vez más investiga un tema que difícilmente veamos aparecer en los medios. Dice “Un trabajo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria confirma el avance hidrocarburífero sobre las chacras frutícolas de Río Negro y alerta sobre las consecuencias. Es la primera vez que la institución aborda el tema de manera pública. La investigación iba a ser presentada en la Universidad Nacional del Comahue, pero fue censurada por autoridades del INTA”. Cómo es esto?
“La frontera hidrocarburífera avanza en Río Negro de la mano de la fractura hidráulica, cuando todavía no está claro su impacto ambiental. La técnica experimental es cuestionada en diferentes países por el alto riesgo de contaminar las reservas subterráneas de agua, amenaza la economía de la fruticultura y a la población rural de Allen, donde se instaló sin consulta previa, debate ni licencia social”. La advertencia proviene, por primera vez, del INTA. Lo paradójico: en lugar de dar a conocer el estudio, alertar a la sociedad y convocar a debatir políticas públicas y posibles soluciones, el INTA censuró la difusión del trabajo, prohibió la presentación del mismo en una jornada académica e intentó archivar la investigación.
El trabajo censurado firmado por Diego Rodil, aclara que se trata de la primera etapa de una investigación que se enmarca en el proyecto “Políticas públicas, modelos de desarrollo y gobernabilidad en los territorios (Programa Nacional para el Desarrollo y la Sustentabilidad de los Territorios)”.
Entre otras cosas, el trabajo habla de la incompatibilidad de actividades frutícola y gasífera debido a la perdida creciente de suelo productivo y la proliferación de chacras abandonadas, riesgos sanitarios en la fruta, ruidos molestos en la zona, rajaduras en casas, incremento de problemas de salud y riesgos de contaminación de aguas. El trabajo indica con todas las letras que preocupa la proliferación de casos de cáncer y pérdida de embarazos que requieren la urgente intervención de salud pública.
Allen, capital nacional de la pera en el centro del Alto Valle del Río Negro, concentra chacras productoras de fruta y una infraestructura para sostener esa producción, desde galpones hasta frigoríficos.
El trabajo menciona que cada vez hay más chacras abandonadas, derrames de crudo, roturas de cañerías, explosiones e incendios. “El territorio productivo se repliega y se fragmenta, dando lugar a prácticas incompatibles con las agropecuarias, con la consecuente pérdida de suelo productivo, de productores y de puestos de trabajo”.
“La extracción de hidrocarburos no es compatible con la producción agropecuaria y la residencial. El Estado debe regular este conflicto y generar políticas públicas que protejan el suelo productivo y a la población rural”, dice. En las conclusiones parciales, se puede leer: “La ‘crisis frutícola’ no justifica el cambio de uso del suelo rural, por el contrario debería representar una oportunidad para debatir un nuevo modelo basado en la soberanía alimentaria, la agricultura familiar y la agroecología”.
Recordemos que en 2013 el Concejo Deliberante de Allen a través de una ordenanza prohibió el fracking, pero un par de meses después, a instancias del gobierno provincial, el Tribunal Superior de Justicia declaró inconstitucional la ley local.
Cuenta Darío Aranda – a quien agradezco la minuciosa investigación- que este trabajo de Diego Rodil del INTA iba a ser presentado el 12 de noviembre en la VII Jornadas de la Asociación Argentina Uruguaya de Economía Ecológica, en la Universidad Nacional del Comahue sede Neuquén. Pero, el día anterior, Rodil recibió un llamado del director de la Estación Experimental Agropecuaria INTA Alto Valle, Jorge Toranzo, quien le prohibió que dé a conocer la investigación y le dijo que a la mañana siguiente se presente en el INTA, en el mismo horario en el cual supuestamente Rodil iba a estar dando su charla en la Universidad.
Y le mandaron un email que dice “Esta Dirección no considera pertinente su exposición en las Jornadas de Economía Ecológica, como así tampoco que sea publicado por los organizadores de las Jornadas. Esperamos que esta situación no vuelva a repetirse”.
El INTA supuestamente tiene que dedicarse en esa zona al sector frutícola, pero anda organizando desde hace un par de años charlas en las cuales se invita a petroleros que cuenten sobre lo inocuo y bueno que es el fracking. Y hasta llama a petroleros a dictar cursitos en los que se afirma que el fracking “tiene impacto cero”.
El INTA nunca se refirió al tema en público ni alertó de los riesgos de la avanzada petrolera.
Eso sí, enseguida se pone las pilas si viene la langosta o si viene la lluvia.
Claro que la langosta o la lluvia no manejan dinero…
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Fecha de Publicación: 01/04/2016
Fuente: Programa Ecos
Provincia/Región: Nacional
El colega Darío Aranda una vez más investiga un tema que difícilmente veamos aparecer en los medios. Dice “Un trabajo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria confirma el avance hidrocarburífero sobre las chacras frutícolas de Río Negro y alerta sobre las consecuencias. Es la primera vez que la institución aborda el tema de manera pública. La investigación iba a ser presentada en la Universidad Nacional del Comahue, pero fue censurada por autoridades del INTA”. Cómo es esto?
“La frontera hidrocarburífera avanza en Río Negro de la mano de la fractura hidráulica, cuando todavía no está claro su impacto ambiental. La técnica experimental es cuestionada en diferentes países por el alto riesgo de contaminar las reservas subterráneas de agua, amenaza la economía de la fruticultura y a la población rural de Allen, donde se instaló sin consulta previa, debate ni licencia social”. La advertencia proviene, por primera vez, del INTA. Lo paradójico: en lugar de dar a conocer el estudio, alertar a la sociedad y convocar a debatir políticas públicas y posibles soluciones, el INTA censuró la difusión del trabajo, prohibió la presentación del mismo en una jornada académica e intentó archivar la investigación.
El trabajo censurado firmado por Diego Rodil, aclara que se trata de la primera etapa de una investigación que se enmarca en el proyecto “Políticas públicas, modelos de desarrollo y gobernabilidad en los territorios (Programa Nacional para el Desarrollo y la Sustentabilidad de los Territorios)”.
Entre otras cosas, el trabajo habla de la incompatibilidad de actividades frutícola y gasífera debido a la perdida creciente de suelo productivo y la proliferación de chacras abandonadas, riesgos sanitarios en la fruta, ruidos molestos en la zona, rajaduras en casas, incremento de problemas de salud y riesgos de contaminación de aguas. El trabajo indica con todas las letras que preocupa la proliferación de casos de cáncer y pérdida de embarazos que requieren la urgente intervención de salud pública.
Allen, capital nacional de la pera en el centro del Alto Valle del Río Negro, concentra chacras productoras de fruta y una infraestructura para sostener esa producción, desde galpones hasta frigoríficos.
El trabajo menciona que cada vez hay más chacras abandonadas, derrames de crudo, roturas de cañerías, explosiones e incendios. “El territorio productivo se repliega y se fragmenta, dando lugar a prácticas incompatibles con las agropecuarias, con la consecuente pérdida de suelo productivo, de productores y de puestos de trabajo”.
“La extracción de hidrocarburos no es compatible con la producción agropecuaria y la residencial. El Estado debe regular este conflicto y generar políticas públicas que protejan el suelo productivo y a la población rural”, dice. En las conclusiones parciales, se puede leer: “La ‘crisis frutícola’ no justifica el cambio de uso del suelo rural, por el contrario debería representar una oportunidad para debatir un nuevo modelo basado en la soberanía alimentaria, la agricultura familiar y la agroecología”.
Recordemos que en 2013 el Concejo Deliberante de Allen a través de una ordenanza prohibió el fracking, pero un par de meses después, a instancias del gobierno provincial, el Tribunal Superior de Justicia declaró inconstitucional la ley local.
Cuenta Darío Aranda – a quien agradezco la minuciosa investigación- que este trabajo de Diego Rodil del INTA iba a ser presentado el 12 de noviembre en la VII Jornadas de la Asociación Argentina Uruguaya de Economía Ecológica, en la Universidad Nacional del Comahue sede Neuquén. Pero, el día anterior, Rodil recibió un llamado del director de la Estación Experimental Agropecuaria INTA Alto Valle, Jorge Toranzo, quien le prohibió que dé a conocer la investigación y le dijo que a la mañana siguiente se presente en el INTA, en el mismo horario en el cual supuestamente Rodil iba a estar dando su charla en la Universidad.
Y le mandaron un email que dice “Esta Dirección no considera pertinente su exposición en las Jornadas de Economía Ecológica, como así tampoco que sea publicado por los organizadores de las Jornadas. Esperamos que esta situación no vuelva a repetirse”.
El INTA supuestamente tiene que dedicarse en esa zona al sector frutícola, pero anda organizando desde hace un par de años charlas en las cuales se invita a petroleros que cuenten sobre lo inocuo y bueno que es el fracking. Y hasta llama a petroleros a dictar cursitos en los que se afirma que el fracking “tiene impacto cero”.
El INTA nunca se refirió al tema en público ni alertó de los riesgos de la avanzada petrolera.
Eso sí, enseguida se pone las pilas si viene la langosta o si viene la lluvia.
Claro que la langosta o la lluvia no manejan dinero…
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La Rioja quiere ser punta en termosolar
La Rioja apuesta a ser pionera en producción de energía termosolar
Fecha de Publicación: 01/04/2016
Fuente: Nueva Rioja
Provincia/Región: La Rioja
El gobernador Sergio Casas firmó una carta de intención con representantes de la empresa china Potengia firma desarrolladora del Grupo CSIC (China Shipbuilding Industry Corporation) para impulsar la generación de energía termosolar en la provincia de La Rioja. En el país actualmente no se genera energía de este tipo, por lo que La Rioja apuesta a ser pionera en la producción de energía termosolar.
En el encuentro que se concretó este lunes en Casa de Gobierno, acompañaron al gobernador los ministros de Infraestructura, Juan Velardez; de Producción y Desarrollo Económico, Fernando Rejal; de Gobierno, Claudio Saúl; y el titular del IPALaR, Ciro Montivero. En tanto que en representación de CSIC estuvieron el ceo Hansong Wang y la asistente ceo Abigail Jiang.
La carta de intención rubricada da cuenta que la Provincia de La Rioja quiere desarrollar nuevas estrategias para el aprovechamiento de los recursos naturales que posee la provincia y generar energía en base a fuentes renovables, no contaminantes. En tanto que el inversor es una empresa china de generación y comercialización de energías renovables con vasta experiencia en el desarrollo de proyectos energéticos con energías renovables de generación solar. En ese marco, las partes identificaron y analizaron la conveniencia y oportunidad para la ejecución de tareas tendientes a la realización de proyectos de generación eléctrica.
De esta manera, acordaron firmar una carta de intención que tiene por finalidad realizar las evaluaciones y acciones conducentes a la instalación y futura explotación de plantas generadoras de energía eléctrica de origen solar en la provincia de La Rioja.
Provincia generadora
“Se firmo una carta de intención para cooperar con esta empresa en toda la programación y el diseño energético del futuro de la provincia. Hay una fuerte decisión del gobernador de convertir a La Rioja en generadora de energía. No solamente abastecer lo que consumimos en los meses pico, sino también vender el Sistema Interconectado este excedente para que la provincia tenga un ingreso genuino de fondos”, explicó Velardez.
Además el ministro anunció la intención del primer mandatario provincial frente a éste convenio. “El gobernador quiere que avancemos en una nueva tecnología que es la termosolar, donde la empresa china CSIC, que nos visita en esta oportunidad, es líder en tecnología de punta en el mundo”. “La provincia de La Rioja tiene las condiciones ideales para desarrollar esta energía. Nuestras zonas de radiación, tanto en el oeste como en los llanos es muy positivo”, aseguró.
Comentó además que se trabajará para fomentar la generación de energía en lugares puntuales que beneficien la producción. “Sabemos que estas nuevas subas de energía impactan en los usuarios domiciliarios y también a la gente que trabaja en la producción, por eso vamos a encarar algún tipo de solución a futuro y una de esas es la generación de energía termosolar para productores del valle de Chilecito como del valle del Bermejo”, manifestó.
Por su parte el ministro de Producción, Fernando Rejal, señaló que “en el primer contacto que hemos hecho con este grupo de empresarios chinos manifestaron su vocación y su voluntad de invertir en la energía termosolar en La Rioja”. “Además mostraron intención de investigar las condiciones para generar energía a través de los pasivos ambientales en los distintos emprendimientos olivícolas”, agregó.
Para finalizar, Abigail Jiang, asistente ceo de la empresa china CSIC, dio a conocer que la empresa que representan es “una de las empresas líderes en lo que es energía termosolar”. “Estamos encantados en colaborar con la provincia”, resaltó. Explicó a la vez que la energía termosolar es una tecnología nueva y actualmente en Argentina no hay. “Nos encantaría hacer en La Rioja el primero”, enfatizó.
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Fecha de Publicación: 01/04/2016
Fuente: Nueva Rioja
Provincia/Región: La Rioja
El gobernador Sergio Casas firmó una carta de intención con representantes de la empresa china Potengia firma desarrolladora del Grupo CSIC (China Shipbuilding Industry Corporation) para impulsar la generación de energía termosolar en la provincia de La Rioja. En el país actualmente no se genera energía de este tipo, por lo que La Rioja apuesta a ser pionera en la producción de energía termosolar.
En el encuentro que se concretó este lunes en Casa de Gobierno, acompañaron al gobernador los ministros de Infraestructura, Juan Velardez; de Producción y Desarrollo Económico, Fernando Rejal; de Gobierno, Claudio Saúl; y el titular del IPALaR, Ciro Montivero. En tanto que en representación de CSIC estuvieron el ceo Hansong Wang y la asistente ceo Abigail Jiang.
La carta de intención rubricada da cuenta que la Provincia de La Rioja quiere desarrollar nuevas estrategias para el aprovechamiento de los recursos naturales que posee la provincia y generar energía en base a fuentes renovables, no contaminantes. En tanto que el inversor es una empresa china de generación y comercialización de energías renovables con vasta experiencia en el desarrollo de proyectos energéticos con energías renovables de generación solar. En ese marco, las partes identificaron y analizaron la conveniencia y oportunidad para la ejecución de tareas tendientes a la realización de proyectos de generación eléctrica.
De esta manera, acordaron firmar una carta de intención que tiene por finalidad realizar las evaluaciones y acciones conducentes a la instalación y futura explotación de plantas generadoras de energía eléctrica de origen solar en la provincia de La Rioja.
Provincia generadora
“Se firmo una carta de intención para cooperar con esta empresa en toda la programación y el diseño energético del futuro de la provincia. Hay una fuerte decisión del gobernador de convertir a La Rioja en generadora de energía. No solamente abastecer lo que consumimos en los meses pico, sino también vender el Sistema Interconectado este excedente para que la provincia tenga un ingreso genuino de fondos”, explicó Velardez.
Además el ministro anunció la intención del primer mandatario provincial frente a éste convenio. “El gobernador quiere que avancemos en una nueva tecnología que es la termosolar, donde la empresa china CSIC, que nos visita en esta oportunidad, es líder en tecnología de punta en el mundo”. “La provincia de La Rioja tiene las condiciones ideales para desarrollar esta energía. Nuestras zonas de radiación, tanto en el oeste como en los llanos es muy positivo”, aseguró.
Comentó además que se trabajará para fomentar la generación de energía en lugares puntuales que beneficien la producción. “Sabemos que estas nuevas subas de energía impactan en los usuarios domiciliarios y también a la gente que trabaja en la producción, por eso vamos a encarar algún tipo de solución a futuro y una de esas es la generación de energía termosolar para productores del valle de Chilecito como del valle del Bermejo”, manifestó.
Por su parte el ministro de Producción, Fernando Rejal, señaló que “en el primer contacto que hemos hecho con este grupo de empresarios chinos manifestaron su vocación y su voluntad de invertir en la energía termosolar en La Rioja”. “Además mostraron intención de investigar las condiciones para generar energía a través de los pasivos ambientales en los distintos emprendimientos olivícolas”, agregó.
Para finalizar, Abigail Jiang, asistente ceo de la empresa china CSIC, dio a conocer que la empresa que representan es “una de las empresas líderes en lo que es energía termosolar”. “Estamos encantados en colaborar con la provincia”, resaltó. Explicó a la vez que la energía termosolar es una tecnología nueva y actualmente en Argentina no hay. “Nos encantaría hacer en La Rioja el primero”, enfatizó.
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¿Bergman falseó el análisis del accidente de la Barrick?
Una pericia concluyó que el volumen de cianuro derramado por Barrick Gold "sería mucho mayor"
Fecha de Publicación: 31/03/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: San Juan
Nunca se va a saber la verdad. Pero hay certeza de que no fueron un millón de litros, como informó Barrick Gold. El derrame de solución cianurada desde la mina Veladero al río Potrerillos, en San Juan, sería mucho mayor, según el borrador de una lapidaria evaluación encargada por la Subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental. El reporte fue ocultado, hasta que lo filtraron sus empleados. Una vez hecho público, el actual ministro de Ambiente, Sergio Bergman, lo presentó en la Justicia, pero le quitó las partes más contundentes. El estudio asegura, entre otras cosas, que la empresa deliberadamente brindó datos que tenía sobre el probable vertido de metales pesados y manipuló las mediciones de cianuro. También cuestiona el sistema de seguridad del yacimiento.
Entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre del año pasado, dos semanas después del derrame, una comitiva oficial integrada por varios expertos de distintas dependencias de la Secretaría de Ambiente, hoy elevado al rango de Ministerio, viajó a Veladero para analizar in situ la información brindada por Minera Argentina Gold SA (Barrick Gold). El informe que elaboraron estuvo cajoneado, hasta que fue filtrado a los medios. Al otro día, Bergman aseguró que no sabía que existía ese documento -pese a que fue fechado al 29 de febrero de este año, durante su gestión- y se comprometió a acercarlo al expediente que tramita ante la Justicia Federal. Pero confirmó a Infobae una fuente judicial, el ministro presentó un reporte más "light", sin algunas afirmaciones de peso del trabajo original.
"El informe original es más contundente, mientras que el que presentaron en el expediente es más benévolo con Barrick Gold, ya que sólo incluye sugerencias y no es determinante", indicó la fuente.
Desde el entorno de Bergman rechazaron esa afirmación. "El único informe oficial es el que figura en el expediente. Lo otro es un borrador que se modificó en el proceso de evaluación interna", explicaron fuentes del Ministerio de Ambiente a Infobae. "Si es más o menos fuerte, es subjetivo. Creemos que lo que presentamos es contundente", agregó.
Aunque el listado de críticas del estudio original es extenso, lo más importante que pusieron en duda los profesionales enviados por la cartera de Ambiente es la forma que usó Barrick Gold para calcular el volumen derramado de solución lixiviante, que es el líquido con cianuro que se usa para separar la roca del mineral. Oficialmente, fueron 1.027.600 litros. Pero la cifra se quedó corta.
El informe derriba una "corrección a la lectura del aforador", que es el instrumento que se usa para medir la cantidad de agua que circula por un río o canal. En concreto, el aforador que está cerca a la desembocadura del río Potrerillos en el río Las Taguas arrojó que a las 21 horas del 12 de septiembre la profundidad del curso era de 49,7 centímetros, pero Barrick Gold calculó el famoso millón de litros derramados en base a una profundidad de 9,7 centímetros.
¿Qué ocurrió? Siempre según Barrick Gold, el 18 de septiembre la empresa detectó que en la base del aforador había "una capa importante de sedimentos y roca". Entonces, decidió corregir la cifra que brindaba el instrumento quitándole 40 centímetros. Esto, según el informe, "daría lugar a un error significativo en los valores presentados".
La empresa no dio explicaciones sobre la presencia de sedimentos y roca en la base del aforador. Esto no es menor, ya que los expertos advirtieron, por un lado, que la propia Barrick Gold supuestamente ya había removido ese material con cianuro del cauce del río Potrerillos y, por otro, que el mismo derrame podría haber arrastrado los sedimentos.
"La metodología y el factor de corrección (40 cm) con el cual se calcularon los caudales del derrame son poco confiables. Esto podría hacer inferir que si el sedimento presente se acumuló a posteriori del incidente y pudiera atribuirse a las prácticas realizadas para mitigar sus efectos, en tal caso, el volumen derramado sería mucho mayor que el informado por la empresa", recalca el borrador del reporte al que accedió este medio.
Ese no es el único error que advirtieron los técnicos. También desaprobaron un cálculo de Barrick Gold sobre la cantidad de solución que podría haber permanecido en la quebrada de Potrerillos sin ser registrada por el aforador y que la minera computó como 93 mil litros. "Es estimativo, y no presenta ninguna justificación", analizaron.
Frente a tanta incertidumbre, el informe concluyó en cuanto al volumen derramado: "La forma correcta hubiera sido informar valores máximos y mínimos calculados, o bien, se debería haber presentado un valor final con un error o una incertidumbre asociada".
Uno de los abogados que representan a la querella en la Justicia Federal porteña, Enrique Viale, pidió el cierre de Veladero. "No sólo se confirmó que hubo otros tres derrames, sino que Barrick Gold manipuló los cálculos de cuánto derramó", protestó. Y añadió: "Las autoridades públicas, tanto nacionales como provinciales, se preocupan más por ocultar los desastres de Barrick que por cuidar el ambiente y la salud de la población".
¿Qué se fugó?
Pese de que el monitoreo mensual de aguas superficiales que hace Barrick Gold en 13 puntos de la zona incluye a una treintena de sustancias, el reporte advierte que "con posterioridad al incidente, sólo se analizaron cianuro (total y libre) y mercurio". En otras palabras, se dejan afuera a los metales pesados, como cobre, cobalto, aluminio, hierro, níquel, manganeso, arsénico, plomo, boro y zinc, entre otros.
Los asambleístas creen que en ese ocultamiento hay una intencionalidad de disimular la magnitud del daño. "Sólo publican los resultados del cianuro, porque los metales pesados no se diluyen y el cianuro, en cambio, se diluye echando cal y agua. Y ellos reconocen que lavaron el río", explicó a Infobae el abogado Diego Seguí, que representa a Saúl Zeballos, denunciante y vecino de la vecina ciudad de Jáchal.
Pero incluso sobre el valor de cianuro reportado hay dudas, ya que Barrick Gold usó, otra vez, una cifra distinta a la que arrojaron las mediciones. La empresa SGS, que realiza el monitoreo externo de Veladero, precisó que a las 13.30 horas del 13 de septiembre en el río Potrerillos había un valor de 550,5 mg/l de cianuro total, pero la minera informó a las autoridades que el número fue corregido por SGS, arrojando un valor final de 55,05 mg/l. Sin embargo, la notificación de esa corrección no fue aportada, por lo que no hay prueba de la misma. Dicho de otra forma, la minera no justificó por qué disminuyó la cifra diez veces.
Esto se tradujo en una inconsistencia. El borrador del informe señala que la concentración de cianuro en el mismo punto del río Potrerillos era de 55,05 mg/l y en el río Las Taguas, que está más abajo, era mayor, de 133 mg/l. "Si bien tanto la corriente del derrame como el caudal de los ríos fue variable a lo largo del día, en Potrerillos sería esperable una concentración varias veces superior debido al efecto de dilución", evaluaron los técnicos.
Aún así, la ley 24.585 que regula la actividad minera establece como límites para la protección de la vida acuática un máximo de 0,005 mg/l de cianuro, por lo que el dato corregido sigue siendo ampliamente mayor al valor permitido.
Lo mismo pasa con el mercurio medido, que superó el límite de 0,001 mg/l que establece esa ley. Por ejemplo, se detectaron valores que alcanzaron hasta 0,0093 mg/l en el Río Potrerillos y 0,008 mg/l en el Río Las Taguas.
Por último, los expertos subrayaron que algunos resultados de pH informados "presentan valores incompatibles con la magnitud medida". O sea que Barrick Gold no sólo limitó las sustancias sobre las que decidió reportar, sino que los guarsimos que brindó tampoco son confiables.
Ante la consulta de Infobae, desde Barrick Gold dijeron desconocer el reporte, pese a que está en los dos expedientes penales abiertos tras el derrame.
¿La mina más segura del mundo?
De la redacción del informe participaron expertos de las direcciones de Residuos Peligrosos, Prevención y Recomposición Ambiental y Gestión Ambiental de los Recursos Hídricos. En sus notas incluyeron una serie de críticas muy duras al sistema de seguridad Veladero.
Entre otras cosas, marcaron que no hay bateas de contención en lugares críticos o doble camisa en las tuberías. También subrayaron que el canal en el que se produjo la fuga "está excavado en el terreno y se encuentra sin impermiabilizar", por lo que es posible que se filtre líquido a las napas.
Pero quizás lo más grande es que advierte que el yacimiento considerado por Barrick Gold como el más seguro del mundo "no cuenta con controles automáticos". Por eso el derrame se detectó indirectamente, cuando el monitoreo que se hace dos veces al día en el río Potrerillos arrojó que había subido el volumen de agua. De ahí en más, se demoró una hora en detectar el origen de la contingencia. Buena parte de la tragedia se podría haber evitado.
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Fecha de Publicación: 31/03/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: San Juan
Nunca se va a saber la verdad. Pero hay certeza de que no fueron un millón de litros, como informó Barrick Gold. El derrame de solución cianurada desde la mina Veladero al río Potrerillos, en San Juan, sería mucho mayor, según el borrador de una lapidaria evaluación encargada por la Subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental. El reporte fue ocultado, hasta que lo filtraron sus empleados. Una vez hecho público, el actual ministro de Ambiente, Sergio Bergman, lo presentó en la Justicia, pero le quitó las partes más contundentes. El estudio asegura, entre otras cosas, que la empresa deliberadamente brindó datos que tenía sobre el probable vertido de metales pesados y manipuló las mediciones de cianuro. También cuestiona el sistema de seguridad del yacimiento.
Entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre del año pasado, dos semanas después del derrame, una comitiva oficial integrada por varios expertos de distintas dependencias de la Secretaría de Ambiente, hoy elevado al rango de Ministerio, viajó a Veladero para analizar in situ la información brindada por Minera Argentina Gold SA (Barrick Gold). El informe que elaboraron estuvo cajoneado, hasta que fue filtrado a los medios. Al otro día, Bergman aseguró que no sabía que existía ese documento -pese a que fue fechado al 29 de febrero de este año, durante su gestión- y se comprometió a acercarlo al expediente que tramita ante la Justicia Federal. Pero confirmó a Infobae una fuente judicial, el ministro presentó un reporte más "light", sin algunas afirmaciones de peso del trabajo original.
"El informe original es más contundente, mientras que el que presentaron en el expediente es más benévolo con Barrick Gold, ya que sólo incluye sugerencias y no es determinante", indicó la fuente.
Desde el entorno de Bergman rechazaron esa afirmación. "El único informe oficial es el que figura en el expediente. Lo otro es un borrador que se modificó en el proceso de evaluación interna", explicaron fuentes del Ministerio de Ambiente a Infobae. "Si es más o menos fuerte, es subjetivo. Creemos que lo que presentamos es contundente", agregó.
Aunque el listado de críticas del estudio original es extenso, lo más importante que pusieron en duda los profesionales enviados por la cartera de Ambiente es la forma que usó Barrick Gold para calcular el volumen derramado de solución lixiviante, que es el líquido con cianuro que se usa para separar la roca del mineral. Oficialmente, fueron 1.027.600 litros. Pero la cifra se quedó corta.
El informe derriba una "corrección a la lectura del aforador", que es el instrumento que se usa para medir la cantidad de agua que circula por un río o canal. En concreto, el aforador que está cerca a la desembocadura del río Potrerillos en el río Las Taguas arrojó que a las 21 horas del 12 de septiembre la profundidad del curso era de 49,7 centímetros, pero Barrick Gold calculó el famoso millón de litros derramados en base a una profundidad de 9,7 centímetros.
¿Qué ocurrió? Siempre según Barrick Gold, el 18 de septiembre la empresa detectó que en la base del aforador había "una capa importante de sedimentos y roca". Entonces, decidió corregir la cifra que brindaba el instrumento quitándole 40 centímetros. Esto, según el informe, "daría lugar a un error significativo en los valores presentados".
La empresa no dio explicaciones sobre la presencia de sedimentos y roca en la base del aforador. Esto no es menor, ya que los expertos advirtieron, por un lado, que la propia Barrick Gold supuestamente ya había removido ese material con cianuro del cauce del río Potrerillos y, por otro, que el mismo derrame podría haber arrastrado los sedimentos.
"La metodología y el factor de corrección (40 cm) con el cual se calcularon los caudales del derrame son poco confiables. Esto podría hacer inferir que si el sedimento presente se acumuló a posteriori del incidente y pudiera atribuirse a las prácticas realizadas para mitigar sus efectos, en tal caso, el volumen derramado sería mucho mayor que el informado por la empresa", recalca el borrador del reporte al que accedió este medio.
Ese no es el único error que advirtieron los técnicos. También desaprobaron un cálculo de Barrick Gold sobre la cantidad de solución que podría haber permanecido en la quebrada de Potrerillos sin ser registrada por el aforador y que la minera computó como 93 mil litros. "Es estimativo, y no presenta ninguna justificación", analizaron.
Frente a tanta incertidumbre, el informe concluyó en cuanto al volumen derramado: "La forma correcta hubiera sido informar valores máximos y mínimos calculados, o bien, se debería haber presentado un valor final con un error o una incertidumbre asociada".
Uno de los abogados que representan a la querella en la Justicia Federal porteña, Enrique Viale, pidió el cierre de Veladero. "No sólo se confirmó que hubo otros tres derrames, sino que Barrick Gold manipuló los cálculos de cuánto derramó", protestó. Y añadió: "Las autoridades públicas, tanto nacionales como provinciales, se preocupan más por ocultar los desastres de Barrick que por cuidar el ambiente y la salud de la población".
¿Qué se fugó?
Pese de que el monitoreo mensual de aguas superficiales que hace Barrick Gold en 13 puntos de la zona incluye a una treintena de sustancias, el reporte advierte que "con posterioridad al incidente, sólo se analizaron cianuro (total y libre) y mercurio". En otras palabras, se dejan afuera a los metales pesados, como cobre, cobalto, aluminio, hierro, níquel, manganeso, arsénico, plomo, boro y zinc, entre otros.
Los asambleístas creen que en ese ocultamiento hay una intencionalidad de disimular la magnitud del daño. "Sólo publican los resultados del cianuro, porque los metales pesados no se diluyen y el cianuro, en cambio, se diluye echando cal y agua. Y ellos reconocen que lavaron el río", explicó a Infobae el abogado Diego Seguí, que representa a Saúl Zeballos, denunciante y vecino de la vecina ciudad de Jáchal.
Pero incluso sobre el valor de cianuro reportado hay dudas, ya que Barrick Gold usó, otra vez, una cifra distinta a la que arrojaron las mediciones. La empresa SGS, que realiza el monitoreo externo de Veladero, precisó que a las 13.30 horas del 13 de septiembre en el río Potrerillos había un valor de 550,5 mg/l de cianuro total, pero la minera informó a las autoridades que el número fue corregido por SGS, arrojando un valor final de 55,05 mg/l. Sin embargo, la notificación de esa corrección no fue aportada, por lo que no hay prueba de la misma. Dicho de otra forma, la minera no justificó por qué disminuyó la cifra diez veces.
Esto se tradujo en una inconsistencia. El borrador del informe señala que la concentración de cianuro en el mismo punto del río Potrerillos era de 55,05 mg/l y en el río Las Taguas, que está más abajo, era mayor, de 133 mg/l. "Si bien tanto la corriente del derrame como el caudal de los ríos fue variable a lo largo del día, en Potrerillos sería esperable una concentración varias veces superior debido al efecto de dilución", evaluaron los técnicos.
Aún así, la ley 24.585 que regula la actividad minera establece como límites para la protección de la vida acuática un máximo de 0,005 mg/l de cianuro, por lo que el dato corregido sigue siendo ampliamente mayor al valor permitido.
Lo mismo pasa con el mercurio medido, que superó el límite de 0,001 mg/l que establece esa ley. Por ejemplo, se detectaron valores que alcanzaron hasta 0,0093 mg/l en el Río Potrerillos y 0,008 mg/l en el Río Las Taguas.
Por último, los expertos subrayaron que algunos resultados de pH informados "presentan valores incompatibles con la magnitud medida". O sea que Barrick Gold no sólo limitó las sustancias sobre las que decidió reportar, sino que los guarsimos que brindó tampoco son confiables.
Ante la consulta de Infobae, desde Barrick Gold dijeron desconocer el reporte, pese a que está en los dos expedientes penales abiertos tras el derrame.
¿La mina más segura del mundo?
De la redacción del informe participaron expertos de las direcciones de Residuos Peligrosos, Prevención y Recomposición Ambiental y Gestión Ambiental de los Recursos Hídricos. En sus notas incluyeron una serie de críticas muy duras al sistema de seguridad Veladero.
Entre otras cosas, marcaron que no hay bateas de contención en lugares críticos o doble camisa en las tuberías. También subrayaron que el canal en el que se produjo la fuga "está excavado en el terreno y se encuentra sin impermiabilizar", por lo que es posible que se filtre líquido a las napas.
Pero quizás lo más grande es que advierte que el yacimiento considerado por Barrick Gold como el más seguro del mundo "no cuenta con controles automáticos". Por eso el derrame se detectó indirectamente, cuando el monitoreo que se hace dos veces al día en el río Potrerillos arrojó que había subido el volumen de agua. De ahí en más, se demoró una hora en detectar el origen de la contingencia. Buena parte de la tragedia se podría haber evitado.
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El río Negro con naftaleno, plomo, hierro y cobre
La Corte confirma la contaminación del Río Negro
Fecha de Publicación: 31/03/2016
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Un informe reciente presentado por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó que el río Negro ya no es la fuente natural que supo ser. El análisis de la muestras tomadas en las zonas de la naciente y de la confluencia determinó que en el agua hay presencia de naftaleno "que puede ser nociva para la salud de la gente y para el medio ambiente".
La información fue difundida ayer por los legisladores del radicalismo y de la Coalición Cívica ARI Bautista Mendioroz, Leonardo Ballester, Jorge Ocampos y por la senadora Magdalena Odarda. Se trata de los parlamentarios que a principios de este año presentaron una denuncia penal en el Juzgado Federal de Roca para que se investiguen las responsabilidades en la afectación del recurso natural más importante del Alto Valle.
Fuentes judiciales confirmaron ayer a "Río Negro" la existencia de ese documento oficial de la Corte en la causa 842/2015, pero advirtieron que todavía faltan más estudios para precisar si el naftaleno y otros metales que fueron encontrados en el río (plomo, hierro y cobre) se encuentran en niveles que permitan establecer la existencia de un daño ambiental.
Sobre lo que no dudan los funcionarios judiciales consultados es que el río Negro está contaminado por materia fecal, principalmente en la zona de Cipolletti, y en relación a ese aspecto, ayer se supo que la causa avanzó a paso firme en la línea orientada a dilucidar por qué la ciudad no tiene terminada su planta depuradora.
Con sendas órdenes de presentación en Buenos Aires y en Viedma (una medida más "amable" que marca el paso previo a un allanamiento), el Juzgado Federal a cargo de Jorge García Davini consiguió la documentación oficial relacionada con los aportes que hizo el gobierno nacional al municipio de Cipolletti para construir el segundo módulo de esa planta. Y por estas horas el expediente se encuentra en la Fiscalía Federal, a la espera de una decisión clave para el actual intendente, Abel Baratti, quien podría terminar su gestión la semana que viene con serios problemas ante la Justicia (ver aparte).
"Constante presencia"
Con respecto al informe del Cuerpo Médico Forense de la Corte, los legisladores rionegrinos señalaron que "en las muestras efectuadas en la naciente del curso de agua, como así también en la confluencia, es constante la presencia de naftaleno, al igual que la de otros metales cuya incidencia debería ser analizada como son los casos de plomo, hierro y cobre".
"En las conclusiones finales del informe del cuerpo médico forense se sostiene, y esto es lo más alarmante "que no solamente se encuentra naftaleno en las muestras estudiadas, sino en otras sustancias químicas que también pueden traer problemas en la salud de las personas y del Medio Ambiente por ser estas muy persistentes"", agregaron. Finalmente se indica sobre el análisis realizado que "en base a los resultados remitidos de las muestras tomadas, se puede informar que en ellos se observan resultados que están por encima de los valores guía como la presencia de naftaleno, amoníaco nitritos, sulfuros y fenoles, así como de metales como el plomo, hierro y cobre. Un valor de DQO (demanda química de oxigeno) aumentado y la presencia de sedimento sólido".
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Fecha de Publicación: 31/03/2016
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Un informe reciente presentado por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó que el río Negro ya no es la fuente natural que supo ser. El análisis de la muestras tomadas en las zonas de la naciente y de la confluencia determinó que en el agua hay presencia de naftaleno "que puede ser nociva para la salud de la gente y para el medio ambiente".
La información fue difundida ayer por los legisladores del radicalismo y de la Coalición Cívica ARI Bautista Mendioroz, Leonardo Ballester, Jorge Ocampos y por la senadora Magdalena Odarda. Se trata de los parlamentarios que a principios de este año presentaron una denuncia penal en el Juzgado Federal de Roca para que se investiguen las responsabilidades en la afectación del recurso natural más importante del Alto Valle.
Fuentes judiciales confirmaron ayer a "Río Negro" la existencia de ese documento oficial de la Corte en la causa 842/2015, pero advirtieron que todavía faltan más estudios para precisar si el naftaleno y otros metales que fueron encontrados en el río (plomo, hierro y cobre) se encuentran en niveles que permitan establecer la existencia de un daño ambiental.
Sobre lo que no dudan los funcionarios judiciales consultados es que el río Negro está contaminado por materia fecal, principalmente en la zona de Cipolletti, y en relación a ese aspecto, ayer se supo que la causa avanzó a paso firme en la línea orientada a dilucidar por qué la ciudad no tiene terminada su planta depuradora.
Con sendas órdenes de presentación en Buenos Aires y en Viedma (una medida más "amable" que marca el paso previo a un allanamiento), el Juzgado Federal a cargo de Jorge García Davini consiguió la documentación oficial relacionada con los aportes que hizo el gobierno nacional al municipio de Cipolletti para construir el segundo módulo de esa planta. Y por estas horas el expediente se encuentra en la Fiscalía Federal, a la espera de una decisión clave para el actual intendente, Abel Baratti, quien podría terminar su gestión la semana que viene con serios problemas ante la Justicia (ver aparte).
"Constante presencia"
Con respecto al informe del Cuerpo Médico Forense de la Corte, los legisladores rionegrinos señalaron que "en las muestras efectuadas en la naciente del curso de agua, como así también en la confluencia, es constante la presencia de naftaleno, al igual que la de otros metales cuya incidencia debería ser analizada como son los casos de plomo, hierro y cobre".
"En las conclusiones finales del informe del cuerpo médico forense se sostiene, y esto es lo más alarmante "que no solamente se encuentra naftaleno en las muestras estudiadas, sino en otras sustancias químicas que también pueden traer problemas en la salud de las personas y del Medio Ambiente por ser estas muy persistentes"", agregaron. Finalmente se indica sobre el análisis realizado que "en base a los resultados remitidos de las muestras tomadas, se puede informar que en ellos se observan resultados que están por encima de los valores guía como la presencia de naftaleno, amoníaco nitritos, sulfuros y fenoles, así como de metales como el plomo, hierro y cobre. Un valor de DQO (demanda química de oxigeno) aumentado y la presencia de sedimento sólido".
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Proyectan una hidroeléctrica cerca de El Bolsón
Estudios previos para construir una central hidroeléctrica en cercanías a El Bolsón
Fecha de Publicación: 31/03/2016
Fuente: ADN Agencia Digital
Provincia/Región: Río Negro
La obra fue gestionada por el Gobierno provincial en el marco de un plan para explotar la potencialidad de las energías renovables en el territorio rionegrino.
La consultora ABS S.A. será la encargada de hacer el estudio de referencia, que consiste en la confección del pliego técnico que analizará integralmente la cuenca del Arroyo Lindo para su aprovechamiento hidroeléctrico.
“De acuerdo al cronograma de tareas entregado, el trabajo se inició esta semana y tendría que estar concluido en diciembre”, informó el Secretario de Estado de Energía provincial, Sebastián Caldiero.
“Tenemos mucha expectativa ya que uno de los ejes sobre los cuales gira la política provincial en materia de energía eléctrica está centrada la explotación de proyectos de energías renovables, como lo es en este caso la hidroelectricidad”, señaló Caldiero.
“Sobre la potencia eléctrica que podría despachar el complejo el algo que surgirá de los estudios y análisis en marcha, al igual que las alternativas de localización y el tipo de central recomendada para estos casos”, aclaró el funcionario provincial.
Cabe agregar que el proyecto fue reflotado por el organismo provincial el año pasado y su avance estaba condicionado al análisis de las nuevas autoridades que asumieron tras el recambio gubernamental a nivel nacional.
Caldeiro mencionó que “es una buena señal que Nación haya entendido la necesidad de avanzar en este sentido y que se trata de una interesante iniciativa con una gran potencialidad”.
La elaboración del proyecto ejecutivo y pliego técnico fue acordado en $4.300.000, tal cual detalló la representante de la Secretaría de Estado de Energía de Río Negro, Ing. María del Carmen Rubio, que participó del acto de adjudicación y formará parte de la Unidad Ejecutora del Programa que hará el seguimiento de los trabajos.
Una vez que la firma ABS SA entregue toda la documentación, se podrá avanzar en la licitación para la construcción de la obra y materializar el proyecto.
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Fecha de Publicación: 31/03/2016
Fuente: ADN Agencia Digital
Provincia/Región: Río Negro
La obra fue gestionada por el Gobierno provincial en el marco de un plan para explotar la potencialidad de las energías renovables en el territorio rionegrino.
La consultora ABS S.A. será la encargada de hacer el estudio de referencia, que consiste en la confección del pliego técnico que analizará integralmente la cuenca del Arroyo Lindo para su aprovechamiento hidroeléctrico.
“De acuerdo al cronograma de tareas entregado, el trabajo se inició esta semana y tendría que estar concluido en diciembre”, informó el Secretario de Estado de Energía provincial, Sebastián Caldiero.
“Tenemos mucha expectativa ya que uno de los ejes sobre los cuales gira la política provincial en materia de energía eléctrica está centrada la explotación de proyectos de energías renovables, como lo es en este caso la hidroelectricidad”, señaló Caldiero.
“Sobre la potencia eléctrica que podría despachar el complejo el algo que surgirá de los estudios y análisis en marcha, al igual que las alternativas de localización y el tipo de central recomendada para estos casos”, aclaró el funcionario provincial.
Cabe agregar que el proyecto fue reflotado por el organismo provincial el año pasado y su avance estaba condicionado al análisis de las nuevas autoridades que asumieron tras el recambio gubernamental a nivel nacional.
Caldeiro mencionó que “es una buena señal que Nación haya entendido la necesidad de avanzar en este sentido y que se trata de una interesante iniciativa con una gran potencialidad”.
La elaboración del proyecto ejecutivo y pliego técnico fue acordado en $4.300.000, tal cual detalló la representante de la Secretaría de Estado de Energía de Río Negro, Ing. María del Carmen Rubio, que participó del acto de adjudicación y formará parte de la Unidad Ejecutora del Programa que hará el seguimiento de los trabajos.
Una vez que la firma ABS SA entregue toda la documentación, se podrá avanzar en la licitación para la construcción de la obra y materializar el proyecto.
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Argentina amplía su plataforma marítima
Presentaron nuevo mapa de Argentina con plataforma marina ampliada
Fecha de Publicación: 30/03/2016
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional
La Cancillería a cargo de Susana Malcorra presentó el nuevo mapa de la Argentina con el Límite Exterior de la Plataforma Continental reconocido por la ONU.
Malcorra destacó que la adopción por parte de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) con sede en Naciones Unidas de las recomendaciones formuladas por la Argentina aumentan el territorio nacional por un equivalente al "48 por ciento del territorio emergido" del país.
"Este es un verdadero ejemplo de política de Estado", enfatizó la ministra de Relaciones Exteriores, quien destacó que la Comisión, que realizó su presentación en agosto de 2009 ante la ONU fue creada hace 20 años.
Durante una conferencia ofrecida en el Palacio San Martín, el titular de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (Copla) y vicecanciller Carlos Foradori subrayó que el trabajo realizado "no es el de un gobierno" y que "nadie, absolutamente nadie" es el autor de esa política sino que se trata de una tarea "de todos los argentinos".
"Es una casualidad que esta aprobación surja ahora. Es la conclusión de un trabajo de conjunto", subrayó Foradori, quien destacó que las tareas de la Copla se llevaron adelante "aún en el año 2001", en medio de restricciones presupuestarias.
Foradori destacó la tarea de la comisión de expertos argentina como "una verdadera fábrica de creación de soberanía" y destacó que permitió "obtener 1,7 millones de kilómetros cuadrados más de territorio para la explotación del lecho y el subsuelo".
"Se trata de riquezas que ni siquiera todavía conocemos", señaló el vicecanciller durante la presentación.
El trabajo científico, técnico y jurídico que permitió demarcar el límite exterior de la plataforma. Copla fue creada por ley nacional en los años 90 y está presidida por la Cancillería e integrada por el Jefe del Servicio de Hidrografía Naval y el Ministerio de Economía.
La presentación argentina fue realizada en 2009, e incluyó el reconocimiento del límite exterior de la plataforma continental de todo el territorio argentino: continental, Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y Antártida Argentina, por lo que el dictamen de la ONU ratifica los límites argentinos y la soberanía nacional sobre el Atlántico Sur.
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Fecha de Publicación: 30/03/2016
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional
La Cancillería a cargo de Susana Malcorra presentó el nuevo mapa de la Argentina con el Límite Exterior de la Plataforma Continental reconocido por la ONU.
Malcorra destacó que la adopción por parte de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) con sede en Naciones Unidas de las recomendaciones formuladas por la Argentina aumentan el territorio nacional por un equivalente al "48 por ciento del territorio emergido" del país.
"Este es un verdadero ejemplo de política de Estado", enfatizó la ministra de Relaciones Exteriores, quien destacó que la Comisión, que realizó su presentación en agosto de 2009 ante la ONU fue creada hace 20 años.
Durante una conferencia ofrecida en el Palacio San Martín, el titular de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (Copla) y vicecanciller Carlos Foradori subrayó que el trabajo realizado "no es el de un gobierno" y que "nadie, absolutamente nadie" es el autor de esa política sino que se trata de una tarea "de todos los argentinos".
"Es una casualidad que esta aprobación surja ahora. Es la conclusión de un trabajo de conjunto", subrayó Foradori, quien destacó que las tareas de la Copla se llevaron adelante "aún en el año 2001", en medio de restricciones presupuestarias.
Foradori destacó la tarea de la comisión de expertos argentina como "una verdadera fábrica de creación de soberanía" y destacó que permitió "obtener 1,7 millones de kilómetros cuadrados más de territorio para la explotación del lecho y el subsuelo".
"Se trata de riquezas que ni siquiera todavía conocemos", señaló el vicecanciller durante la presentación.
El trabajo científico, técnico y jurídico que permitió demarcar el límite exterior de la plataforma. Copla fue creada por ley nacional en los años 90 y está presidida por la Cancillería e integrada por el Jefe del Servicio de Hidrografía Naval y el Ministerio de Economía.
La presentación argentina fue realizada en 2009, e incluyó el reconocimiento del límite exterior de la plataforma continental de todo el territorio argentino: continental, Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y Antártida Argentina, por lo que el dictamen de la ONU ratifica los límites argentinos y la soberanía nacional sobre el Atlántico Sur.
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La Barrick y su responsabilidad: derrames no declarados
Hubo otros tres derrames de cianuro de la Barrick Gold que no se hicieron públicos
Fecha de Publicación: 30/03/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: San Juan
La información figura en un registro de contingencias, pero los vecinos de San Juan nunca se entraron. Desconfían de las cifras oficiales sobre esos incidentes de la empresa que ya fue sancionada por contaminar
No fue el único. Al derrame de más de un millón de litros de agua cianurada ocurrido el último septiembre en la mina Veladero, en San Juan, le antecedieron por lo menos tres vertidos que no se hicieron públicos en su momento. Aunque las cifras oficiales de esos incidentes son menores, en la Asamblea Jáchal No Se Toca desconfían de su veracidad, dado que la empresa Minera Argentina Gold (Barrick Gold) y las autoridades de San Juan intentaron ocultar la fuga del año pasado y su magnitud.
Según consta en un informe de la Dirección de Residuos Peligrosos que figura en el expediente de la Secretaría de Ambiente (hoy, Ministerio) iniciado tras el último derrame, en 2012 Barrick Gold presentó un "registro de contingencias" en el que cual confirmó que hubo al menos tres vertidos de cianuro antes del ocurrido entre el 12 y 13 de septiembre del año pasado.
Dos ocurrieron en 2011. El primero fue el 31 de julio, cuando hubo un desborde de solución y mineral fuera del valle de lixiviación, que es donde se separa la roca del mineral. Barrick Gold reportó que se fugaron 1.500 litros del líquido y se afectaron 20 metros cuadrados. El 29 de noviembre de ese año hubo un segundo vertido de 1.680 litros de solución cianurada que se produjo por una ruptura en la soldadura de una geomembrana.
Al año siguiente, Barrick Gold confesó que el 22 de marzo hubo otro derrame de 1.494 litros de solución cianurada en 160 metros cuadrados, que se produjo tras la quema de una bomba en el área de filtros persas. "Este suceso provoca que se corte la alimentación trifásica de la zona de filtros por 10 minutos, provocando un aumento del nivel de líquido de la nave", reportó la minera.
En la Asamblea Jáchal No Se Toca recibieron la novedad de los otros tres derrames con sabor amargo, porque nunca les avisaron y se enteraron casi de casualidad. "Tres incidentes previos al del 13 de septiembre de 2015 en la mina Veladero ratifican que las condiciones de infraestructura no son óptimas, y que los funcionarios que conocieron de ellas no actuaron conforme de su deber", lamentaron vía Facebook.
En los dos primeros casos, Barrick Gold informó que la gravedad de los incidentes fue "baja", mientras que evaluó en el tercero fue "media". Sin embargo, los asambleístas no creen ni en el balance ni en las cifras brindadas por la empresa. Y se basan en la experiencia del último derrame: un informe oficial de la la Subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental ocultado por el último gobierno y filtrado por sus trabajadores prueba que los cálculos de la minera canadiense sobre el volumen derramado y la concentración de cianuro fueron manipulados.
Aquella vez, Barrick Gold tardó varios días en reconocer públicamente el incidente y su verdadera magnitud. Primero lo negó. Luego lo admitió. Y después habló de 224 mil litros. Como adelantó Infobae en su momento, esa cifra en realidad marcaba un mínimo porque el cálculo había sido groseramente manipulado y sólo estimaba una cantidad de litros derramados en base a los momentos en que se detectó y se solucionó la fuga. Tal es así, que el vertido terminó siendo de unos 5 millones de litros y por lo menos 1.072.600 litros -una quinta parte- terminaron en el río Potrerillos.
"Desde el mediodía del 13 de septiembre todo el Gobierno de (José Luis) Gioja sabía que había habido un derrame y no dijeron nada. Nos enteramos a las 10 de la noche y por un mensaje de texto de un empleado de la mina. Quisieron ocultar lo que pasó", evaluó en declaraciones a Infobae uno de los integrantes de la asamblea, Saúl Zeballos, vecino de la localidad de Jáchal.
"Al otro día el gobernador dijo que no había contaminación. Y la Policía Minera salió a decir que habían sido 15 mil litros y que no habían llegado al río. Pero nosotros vimos que gente de Barrick Gold estaba tomando muestras de agua a 100 kilómetros de la mina. Es decir, sabían perfectamente todo y no lo querían decir", insistió. "¿Quién nos asegura que con los otros tres derrames nos dijeron la verdad? ¿Y quién nos asegura que no hubo otros que no fueron notificados?", preguntó.
Si hay algo en lo que coinciden los que están a favor y en contra de la megaminería en San Juan es en que Barrick Gold tuvo una pésima política comunicacional luego del derrame. Minimizar las cifras fue un error. En el mundo minero sienten que la firma canadiense le hizo un daño a la imagen de la actividad. No es menor: Veladero era considerada la mina más seguro del mundo. Y encima la minera canadiense sistemáticamente negó en público lo que terminó reconociendo en el expediente: que hubo contaminación. La credibilidad se la llevó el cianuro.
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Fecha de Publicación: 30/03/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: San Juan
La información figura en un registro de contingencias, pero los vecinos de San Juan nunca se entraron. Desconfían de las cifras oficiales sobre esos incidentes de la empresa que ya fue sancionada por contaminar
No fue el único. Al derrame de más de un millón de litros de agua cianurada ocurrido el último septiembre en la mina Veladero, en San Juan, le antecedieron por lo menos tres vertidos que no se hicieron públicos en su momento. Aunque las cifras oficiales de esos incidentes son menores, en la Asamblea Jáchal No Se Toca desconfían de su veracidad, dado que la empresa Minera Argentina Gold (Barrick Gold) y las autoridades de San Juan intentaron ocultar la fuga del año pasado y su magnitud.
Según consta en un informe de la Dirección de Residuos Peligrosos que figura en el expediente de la Secretaría de Ambiente (hoy, Ministerio) iniciado tras el último derrame, en 2012 Barrick Gold presentó un "registro de contingencias" en el que cual confirmó que hubo al menos tres vertidos de cianuro antes del ocurrido entre el 12 y 13 de septiembre del año pasado.
Dos ocurrieron en 2011. El primero fue el 31 de julio, cuando hubo un desborde de solución y mineral fuera del valle de lixiviación, que es donde se separa la roca del mineral. Barrick Gold reportó que se fugaron 1.500 litros del líquido y se afectaron 20 metros cuadrados. El 29 de noviembre de ese año hubo un segundo vertido de 1.680 litros de solución cianurada que se produjo por una ruptura en la soldadura de una geomembrana.
Al año siguiente, Barrick Gold confesó que el 22 de marzo hubo otro derrame de 1.494 litros de solución cianurada en 160 metros cuadrados, que se produjo tras la quema de una bomba en el área de filtros persas. "Este suceso provoca que se corte la alimentación trifásica de la zona de filtros por 10 minutos, provocando un aumento del nivel de líquido de la nave", reportó la minera.
En la Asamblea Jáchal No Se Toca recibieron la novedad de los otros tres derrames con sabor amargo, porque nunca les avisaron y se enteraron casi de casualidad. "Tres incidentes previos al del 13 de septiembre de 2015 en la mina Veladero ratifican que las condiciones de infraestructura no son óptimas, y que los funcionarios que conocieron de ellas no actuaron conforme de su deber", lamentaron vía Facebook.
En los dos primeros casos, Barrick Gold informó que la gravedad de los incidentes fue "baja", mientras que evaluó en el tercero fue "media". Sin embargo, los asambleístas no creen ni en el balance ni en las cifras brindadas por la empresa. Y se basan en la experiencia del último derrame: un informe oficial de la la Subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental ocultado por el último gobierno y filtrado por sus trabajadores prueba que los cálculos de la minera canadiense sobre el volumen derramado y la concentración de cianuro fueron manipulados.
Aquella vez, Barrick Gold tardó varios días en reconocer públicamente el incidente y su verdadera magnitud. Primero lo negó. Luego lo admitió. Y después habló de 224 mil litros. Como adelantó Infobae en su momento, esa cifra en realidad marcaba un mínimo porque el cálculo había sido groseramente manipulado y sólo estimaba una cantidad de litros derramados en base a los momentos en que se detectó y se solucionó la fuga. Tal es así, que el vertido terminó siendo de unos 5 millones de litros y por lo menos 1.072.600 litros -una quinta parte- terminaron en el río Potrerillos.
"Desde el mediodía del 13 de septiembre todo el Gobierno de (José Luis) Gioja sabía que había habido un derrame y no dijeron nada. Nos enteramos a las 10 de la noche y por un mensaje de texto de un empleado de la mina. Quisieron ocultar lo que pasó", evaluó en declaraciones a Infobae uno de los integrantes de la asamblea, Saúl Zeballos, vecino de la localidad de Jáchal.
"Al otro día el gobernador dijo que no había contaminación. Y la Policía Minera salió a decir que habían sido 15 mil litros y que no habían llegado al río. Pero nosotros vimos que gente de Barrick Gold estaba tomando muestras de agua a 100 kilómetros de la mina. Es decir, sabían perfectamente todo y no lo querían decir", insistió. "¿Quién nos asegura que con los otros tres derrames nos dijeron la verdad? ¿Y quién nos asegura que no hubo otros que no fueron notificados?", preguntó.
Si hay algo en lo que coinciden los que están a favor y en contra de la megaminería en San Juan es en que Barrick Gold tuvo una pésima política comunicacional luego del derrame. Minimizar las cifras fue un error. En el mundo minero sienten que la firma canadiense le hizo un daño a la imagen de la actividad. No es menor: Veladero era considerada la mina más seguro del mundo. Y encima la minera canadiense sistemáticamente negó en público lo que terminó reconociendo en el expediente: que hubo contaminación. La credibilidad se la llevó el cianuro.
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En Entre Ríos no cumplen con la ley de agroquímicos
'No se cumple la ley' que regula la aplicación de agroquímicos
Fecha de Publicación: 30/03/2016
Fuente: El Día de Gualeguaychú
Provincia/Región: Entre Ríos
El secretario de Producción Primaria, Martín Barbieri, afirmó que “no se cumple” la ley de plaguicidas Nº 6599 vigente en la provincia para regular la aplicación de agroquímicos.
“No se cumple la presentación de la receta agronómica y el control de un ingeniero en la fumigación”, describió. Adelantó que su intención es “poner en orden” esta situación, trabajar con los municipios y la Policía y más adelante escuchar la opinión de los ambientalistas.
El secretario de Producción Primaria, Martín Barbieri, dijo que desde su área se propuso hacer un relevamiento respecto a la utilización de agroquímicos en la provincia.
“Vemos que no se cumple la ley vigente, no se cumple la presentación de la receta agronómica, el control de un ingeniero agrónomo en la fumigación en zona periurbana”, describió.
Esta “falta de control” – señaló – “va en detrimento del medio ambiente”. Por eso adelantó que quiere llevar adelante “un ordenamiento” para que el proceso sea “más justo con los aplicadores, con los poblados y el medio ambiente”.
En esa línea, dijo que trabajará “en conjunto con los municipios y la Policía para aunar esfuerzos entre todos, que se cumpla la ley a rajatabla y que se respeten las instancias como corresponde”.
Con ese objetivo, se llevó adelante el 15 de marzo pasado un encuentro “multisectorial” que reunió a actores del agro como entidades de productores, profesionales de la materia, y funcionarios de Gobierno. No estuvieron representados los ambientalistas entrerrianos.
“Va a haber futuras reuniones y se los convocará. Esta vez se nos ocurrió llamar a los actores directamente relacionados con las aplicaciones para tener un relevamiento de la primera línea. Nos interesa, siempre y cuando sea bien fundamentada, la opinión de los ambientalistas y todas las voces. Para eso habrá más instancias”, respondió Barbieri.
En tanto, desde la Campaña ‘Paren de fumigar las escuelas’ Jorge Bevacqua lamentó no haber sido convocados por la cartera de Producción para tratar el tema.
“Ninguna de las organizaciones que trabajan en la defensa del ambiente y de los bienes comunes participó, solo fueron políticos y empresarios integrantes de la cámara de agronegocios”, definió.
Tras opinar que “deberían escucharse todas las voces” respecto al tema, Bevacqua insistió en que la discusión no debe ceñirse sólo a la cartera que conduce el ministro Carlos Scheppens. (APFDigital)
Cabe recordar que hace unos días, mediante un proyecto de resolución en conjunto con su compañero de bancada, Daniel Koch, el diputado provincial, Gustavo Zavallo, solicitó que el gobierno aplique la Ley de Plaguicidas Nº 6599, sus resoluciones y decretos. Asimismo, insta al Ejecutivo a “dotar al Ministerio de la Producción provincial de los recursos humanos, de infraestructura y económicos para cumplir con los objetivos de la ley”.
“Hace mucho tiempo se viene reclamando desde distintos sectores sociales una Ley de Agroquímicos que limite el uso de los mismos a un nivel compatible con la salud humana y sostenible desde la producción agropecuaria”, alertó.
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Fecha de Publicación: 30/03/2016
Fuente: El Día de Gualeguaychú
Provincia/Región: Entre Ríos
El secretario de Producción Primaria, Martín Barbieri, afirmó que “no se cumple” la ley de plaguicidas Nº 6599 vigente en la provincia para regular la aplicación de agroquímicos.
“No se cumple la presentación de la receta agronómica y el control de un ingeniero en la fumigación”, describió. Adelantó que su intención es “poner en orden” esta situación, trabajar con los municipios y la Policía y más adelante escuchar la opinión de los ambientalistas.
El secretario de Producción Primaria, Martín Barbieri, dijo que desde su área se propuso hacer un relevamiento respecto a la utilización de agroquímicos en la provincia.
“Vemos que no se cumple la ley vigente, no se cumple la presentación de la receta agronómica, el control de un ingeniero agrónomo en la fumigación en zona periurbana”, describió.
Esta “falta de control” – señaló – “va en detrimento del medio ambiente”. Por eso adelantó que quiere llevar adelante “un ordenamiento” para que el proceso sea “más justo con los aplicadores, con los poblados y el medio ambiente”.
En esa línea, dijo que trabajará “en conjunto con los municipios y la Policía para aunar esfuerzos entre todos, que se cumpla la ley a rajatabla y que se respeten las instancias como corresponde”.
Con ese objetivo, se llevó adelante el 15 de marzo pasado un encuentro “multisectorial” que reunió a actores del agro como entidades de productores, profesionales de la materia, y funcionarios de Gobierno. No estuvieron representados los ambientalistas entrerrianos.
“Va a haber futuras reuniones y se los convocará. Esta vez se nos ocurrió llamar a los actores directamente relacionados con las aplicaciones para tener un relevamiento de la primera línea. Nos interesa, siempre y cuando sea bien fundamentada, la opinión de los ambientalistas y todas las voces. Para eso habrá más instancias”, respondió Barbieri.
En tanto, desde la Campaña ‘Paren de fumigar las escuelas’ Jorge Bevacqua lamentó no haber sido convocados por la cartera de Producción para tratar el tema.
“Ninguna de las organizaciones que trabajan en la defensa del ambiente y de los bienes comunes participó, solo fueron políticos y empresarios integrantes de la cámara de agronegocios”, definió.
Tras opinar que “deberían escucharse todas las voces” respecto al tema, Bevacqua insistió en que la discusión no debe ceñirse sólo a la cartera que conduce el ministro Carlos Scheppens. (APFDigital)
Cabe recordar que hace unos días, mediante un proyecto de resolución en conjunto con su compañero de bancada, Daniel Koch, el diputado provincial, Gustavo Zavallo, solicitó que el gobierno aplique la Ley de Plaguicidas Nº 6599, sus resoluciones y decretos. Asimismo, insta al Ejecutivo a “dotar al Ministerio de la Producción provincial de los recursos humanos, de infraestructura y económicos para cumplir con los objetivos de la ley”.
“Hace mucho tiempo se viene reclamando desde distintos sectores sociales una Ley de Agroquímicos que limite el uso de los mismos a un nivel compatible con la salud humana y sostenible desde la producción agropecuaria”, alertó.
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La Nuclear de Embalse sin estudio de impacto ambiental
La Nuclear adeuda el estudio de impacto ambiental
Fecha de Publicación: 29/03/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional - Córdoba
La Provincia lo reclama desde hace un año para habilitar las obras de extensión de vida útil. Esos trabajos están en ejecución desde 2011. El nuevo Gobierno cumpliría ese paso.
La Provincia intimó a la Nación, varias veces durante 2015, para que no avance en la obra de extensión de vida útil de la Central Nuclear de Embalse hasta no cumplir con los requisitos de la nueva ley de ambiente de Córdoba. La obra, sin embargo, está en plena marcha y nada indica que la advertencia pase a los hechos.
“Hasta la fecha, no obra presentación de estudio de impacto ambiental por parte de la empresa Nucleoeléctrica Argentina SA”, respondió por escrito el 15 de marzo pasado el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de Córdoba al pedido de informes elevado por el Foro Ambiental Córdoba.
En la respuesta a esa institución, el Ministerio adjuntó todos los trámites realizados, sin éxito, para que el Estado nacional cumpla con la ley de ambiente cordobesa aprobada en 2015. Una primera nota enviada por el ministro Fabián López a la empresa estatal que administra las usinas atómicas, el 30 de enero de 2015, notifica que “no podrá dar inicio a las obras de extensión de vida útil de la Central Nuclear Embalse sin que antes le sea otorgada la correspondiente licencia ambiental, conforme establece el artículo 31 de la ley provincial 10.208”.
Esa norma exige, para toda nueva radicación de cierta envergadura, la presentación de un estudio de impacto ambiental, que deberá evaluar la Provincia, además de “una audiencia pública u otros mecanismos que aseguren la participación ciudadana”.
En realidad, las obras para que la usina pueda operar por otros 30 años se iniciaron en 2011 y fueron avanzando paulatinamente. Con la vida útil de su reactor ya vencida, la parada prolongada para el recambio de los equipos críticos se inició en diciembre pasado. Se estima que demandará por lo menos dos años (algunos calculan tres) para que vuelva a ser puesta en marcha. Según informó años atrás el ex Ministerio de Planificación Federal, la inversión total superaría los 1.600 millones de dólares. Una buena parte ya se erogó en las obras ejecutadas y equipos adquiridos.
Federico Kopta, coordinador del Foro Ambiental Córdoba, señaló que reclamaron información a la Provincia “porque importa saber si se cumple la nueva ley de ambiente”. Indicó que “ni siquiera este planteo es a favor o en contra de la continuidad de la Nuclear, sino para asegurar que se cumpla la norma” y remarcó que “en este caso es el propio Estado el que no la está acatando”.
Kopta planteó que “si se cumple, la ciudadanía podrá acceder al estudio sobre el impacto ambiental, y en la audiencia pública consultar y discutir, como nunca se ha hecho, qué medidas prevén por ejemplo ante emergencias o riesgos”.
Por correo
Tras aquella primera notificación de enero de 2015 a Nucleoeléctrica, hubo otra (el 18 de agosto), además de cartas documento a la Secretaria de Energía de la Nación (el 3 de febrero) y a la Comisión Nacional de Energía Atómica (el 28 de abril). Finalmente, el 16 de noviembre pasado, la Policía Ambiental de Córdoba giró otra a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), órgano estatal de contralor de la actividad atómica, en la que “intima a cesar las obras” por no dar cumplimiento a la ley cordobesa.
Las respuestas –a las que este diario tuvo acceso– muestran que las diferentes reparticiones nacionales rechazaron las intimaciones argumentando que no era una cuestión de sus incumbencias. En todo caso, quedaba en manos de Nucleoeléctrica.
La ARN replicó que la actividad atómica está en realidad regulada por la ley nacional 24.804 y precisó que “las actividades de Nucleoeléctrica se enmarcan en la licencia de operación otorgada y no existen objeciones que puedan demostrar eventuales incumplimientos” a la ley nacional y a las regulaciones de esa ARN.
¿Ahora sí?
En este marco, el flamante secretario de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia, Javier Britch, admitió a este diario que el tema sigue abierto pero dijo saber ahora que “el estudio de impacto ambiental está en elaboración y hay un compromiso de enviarlo lo antes posible”. Según apuntó, algo varió desde el cambio de autoridades. “Nos hemos reunido con gente de Nucleoeléctrica. Hay una relación mucho mejor que la que había. Nos aseguran que el estudio está en marcha. Ellos tienen auditorías y normas internacionales exigentes, pero eso no quita que la Provincia pueda exigir que cumplan también con nuestra ley”, señaló.
Britch aseguró que una vez que se evalúe el estudio se convocará a la audiencia pública “como establece la ley”. Admitió que las obras de reconversión de la usina están en avanzada marcha y aclaró que “por el momento” no se insistirá con intimaciones para paralizarlas. “Mientras veamos predisposición, no hay intenciones de tomar otras medidas”, contestó el funcionario provincial.
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Fecha de Publicación: 29/03/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional - Córdoba
La Provincia lo reclama desde hace un año para habilitar las obras de extensión de vida útil. Esos trabajos están en ejecución desde 2011. El nuevo Gobierno cumpliría ese paso.
La Provincia intimó a la Nación, varias veces durante 2015, para que no avance en la obra de extensión de vida útil de la Central Nuclear de Embalse hasta no cumplir con los requisitos de la nueva ley de ambiente de Córdoba. La obra, sin embargo, está en plena marcha y nada indica que la advertencia pase a los hechos.
“Hasta la fecha, no obra presentación de estudio de impacto ambiental por parte de la empresa Nucleoeléctrica Argentina SA”, respondió por escrito el 15 de marzo pasado el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de Córdoba al pedido de informes elevado por el Foro Ambiental Córdoba.
En la respuesta a esa institución, el Ministerio adjuntó todos los trámites realizados, sin éxito, para que el Estado nacional cumpla con la ley de ambiente cordobesa aprobada en 2015. Una primera nota enviada por el ministro Fabián López a la empresa estatal que administra las usinas atómicas, el 30 de enero de 2015, notifica que “no podrá dar inicio a las obras de extensión de vida útil de la Central Nuclear Embalse sin que antes le sea otorgada la correspondiente licencia ambiental, conforme establece el artículo 31 de la ley provincial 10.208”.
Esa norma exige, para toda nueva radicación de cierta envergadura, la presentación de un estudio de impacto ambiental, que deberá evaluar la Provincia, además de “una audiencia pública u otros mecanismos que aseguren la participación ciudadana”.
En realidad, las obras para que la usina pueda operar por otros 30 años se iniciaron en 2011 y fueron avanzando paulatinamente. Con la vida útil de su reactor ya vencida, la parada prolongada para el recambio de los equipos críticos se inició en diciembre pasado. Se estima que demandará por lo menos dos años (algunos calculan tres) para que vuelva a ser puesta en marcha. Según informó años atrás el ex Ministerio de Planificación Federal, la inversión total superaría los 1.600 millones de dólares. Una buena parte ya se erogó en las obras ejecutadas y equipos adquiridos.
Federico Kopta, coordinador del Foro Ambiental Córdoba, señaló que reclamaron información a la Provincia “porque importa saber si se cumple la nueva ley de ambiente”. Indicó que “ni siquiera este planteo es a favor o en contra de la continuidad de la Nuclear, sino para asegurar que se cumpla la norma” y remarcó que “en este caso es el propio Estado el que no la está acatando”.
Kopta planteó que “si se cumple, la ciudadanía podrá acceder al estudio sobre el impacto ambiental, y en la audiencia pública consultar y discutir, como nunca se ha hecho, qué medidas prevén por ejemplo ante emergencias o riesgos”.
Por correo
Tras aquella primera notificación de enero de 2015 a Nucleoeléctrica, hubo otra (el 18 de agosto), además de cartas documento a la Secretaria de Energía de la Nación (el 3 de febrero) y a la Comisión Nacional de Energía Atómica (el 28 de abril). Finalmente, el 16 de noviembre pasado, la Policía Ambiental de Córdoba giró otra a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), órgano estatal de contralor de la actividad atómica, en la que “intima a cesar las obras” por no dar cumplimiento a la ley cordobesa.
Las respuestas –a las que este diario tuvo acceso– muestran que las diferentes reparticiones nacionales rechazaron las intimaciones argumentando que no era una cuestión de sus incumbencias. En todo caso, quedaba en manos de Nucleoeléctrica.
La ARN replicó que la actividad atómica está en realidad regulada por la ley nacional 24.804 y precisó que “las actividades de Nucleoeléctrica se enmarcan en la licencia de operación otorgada y no existen objeciones que puedan demostrar eventuales incumplimientos” a la ley nacional y a las regulaciones de esa ARN.
¿Ahora sí?
En este marco, el flamante secretario de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia, Javier Britch, admitió a este diario que el tema sigue abierto pero dijo saber ahora que “el estudio de impacto ambiental está en elaboración y hay un compromiso de enviarlo lo antes posible”. Según apuntó, algo varió desde el cambio de autoridades. “Nos hemos reunido con gente de Nucleoeléctrica. Hay una relación mucho mejor que la que había. Nos aseguran que el estudio está en marcha. Ellos tienen auditorías y normas internacionales exigentes, pero eso no quita que la Provincia pueda exigir que cumplan también con nuestra ley”, señaló.
Britch aseguró que una vez que se evalúe el estudio se convocará a la audiencia pública “como establece la ley”. Admitió que las obras de reconversión de la usina están en avanzada marcha y aclaró que “por el momento” no se insistirá con intimaciones para paralizarlas. “Mientras veamos predisposición, no hay intenciones de tomar otras medidas”, contestó el funcionario provincial.
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Grave déficit en la gestión de residuos de Mendoza
Crece la quema de basura y agrava la contaminación del aire
Fecha de Publicación: 29/03/2016
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Hay vertederos clandestinos y semioficiales, utilizados por municipios. El fuego es provocado o debido a autoignición, con emisión de humo altamente contaminante, tanto o más que el de vehículos y fábricas. Urge una solución.
Columnas de humo gris y espeso invaden ambas manos del Acceso Este, a 100 metros del río Mendoza, en San Martín. En el costado sur de la ruta se ubica un basural a cielo abierto que ha proliferado desde el año pasado y que constantemente es invadido por las llamas. A simple vista, estas emisiones solamente afectan la visibilidad de los vehículos que por allí circulan, pero además deterioran la calidad del aire de la zona al contener material particulado, monóxido de carbono y compuestos orgánicos volátiles.
Justamente la quema de residuos es considerada por los expertos del Grupo de Estudios de la Atmósfera y el Ambiente (GEAA), dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional Mendoza, como un aspecto más a tener en cuenta para analizar la contaminación atmosférica local, cuando antes se centraban únicamente en las fuentes móviles y fijas, es decir, en las industrias y en los automóviles.
“La quema de basura es otra fuente de contaminación que hemos notado y que impacta bastante. Anteriormente la habíamos subestimado, pero se está haciendo cada vez más crítica”, comenzó a explicar Enrique Puliafito, director del grupo de investigación de la UTN. El profesional detalló que en esos casos se emite sobre todo material particulado, monóxido de carbono y compuestos orgánicos volátiles. “Estos últimos son muy tóxicos y pueden ser cancerígenos si las cantidades son más altas”, precisó.
El GEAA comenzó a indagar acerca de este fenómeno luego de que el dispositivo que mide material particulado en forma continua, que tienen instalado en el Parque General San Martín, mostrara valores muy altos en horario nocturno.
“Al principio creíamos que era provocado por los autos, pero después notamos que no era regular y se daba en horarios de madrugada por lo que tratamos de identificar las causas”, explicó Puliafito. Así descubrieron que el particulado provenía de la zona de Godoy Cruz donde se encuentra el basural El Pozo, donde si bien se ha comenzado el proceso de cicatrización, todavía se producen incendios.
“En general la situación se repite en casi todos los departamentos donde hay lugares de recopilación de residuos”, aseguró el experto de la UTN e indicó que la quema a veces es casual o de autoignición, y en otras es intencional.
A nivel sanitario, las consecuencias negativas de estas emisiones afectan principalmente a las personas que se encuentran más cercanas. “Hay familias que viven de la recolección del material reciclable que son los más perjudicados”, destacó Puliafito, y detalló que dentro de este grupo los que se llevan la peor parte son los niños, las personas que están enfermas -con algún tipo de patología cardíaca o respiratoria- y los ancianos.
“Es un trabajo que podría ser mejor organizado, lo que requiere es una tarea de los municipios y de todos los ciudadanos para reciclar los residuos; conductas que en otros países están dando buen resultado”, señaló el ingeniero.
Lo que más les preocupa a los expertos de la UTN es la proliferación de estos espacios clandestinos y lo poco que se considera el tema. “Hay cada vez más basurales dispersos en baldíos o terrenos que eran fincas y hay como una especie de dejadez por parte de toda la sociedad a la hora de abordarlo”, consideró Puliafito.
Foco de contaminación
Miriam Skalany, titular de la Dirección de Protección Ambiental (DPA) de la Secretaría de Ambiente, coincidió con los científicos al considerar a la quema de desechos “como uno de los focos más peligrosos de contaminación ambiental”. “Todo lo que son grandes empresas cementeras o refinerías están muy controladas y la contaminación vehicular afecta principalmente al microcentro”, precisó.
Acorde a esta primera apreciación, Skalany contó que periódicamente realizan inspecciones en los distintos vertederos irregulares de la provincia: “El lunes pasado fuimos al basural clandestino ubicado en la ruta 7 a la altura del puente del río Mendoza, donde se están estableciendo nuevos asentamientos.
Para ella, la presencia de basurales está entremezclada con un problema social, porque mucha gente vive del cirujeo. “Podría solucionarse, primero que nada con plantas de separación y basurales habilitados, pero además con un sistema de recolección diferenciada”, explicó, afirmando que esta tarea les corresponde a los municipios, pero se trata de acciones que requieren grandes presupuestos. “Igualmente estamos trabajando el tema en el marco del Unicipio” (plan de gestión integrada de las comunas del Gran Mendoza), remarcó.
Acciones para remediar
Los basurales mencionados son sólo dos ejemplos de todos los que proliferan de forma irregular en la provincia. En el caso de San Martín, desde la comuna comentaron que esa porción del Acceso Este se transformó en vertedero por no contar con otro sitio para disponer los residuos, luego del cierre del tradicional lugar de disposición de desechos de ese departamento en calle Barrera.
“Por varios meses no se pudo poner en marcha la planta de disposición final en Rivadavia, donde debíamos llevar nuestra basura, y la situación se nos complicó”, reconoció Horacio Cremaschi, subsecretario de Obras y Servicios Públicos de San Martín. “Ahora que la planta está funcionando hemos empezado a remediar este vertedero para poder forestar”, detalló. Allí se colocará una garita de seguridad para evitar que vuelva a acumularse la basura.
“Para la primera quincena de abril vamos a tener el problema resuelto”, se comprometió el funcionario. En una visita de Los Andes al lugar se pudo ver a los camiones trabajando, pero con restos de basura aún ardiendo.
Por su parte, en la Municipalidad de Godoy Cruz aseguraron que desde noviembre de 2013 no se llevan nuevos residuos a El Pozo y que se está trabajando en su cierre definitivo. “Municipalmente no tiramos nada, sólo queda la basura que ya estaba. Lo que estamos haciendo es un trabajo de cicatrización, que consiste en llevar escombros para poder tapar la quebrada grande del lugar”, informó Pedro San Martín, director de Limpieza Urbana y Protección Ambiental. Si bien la idea es forestar todo el predio, pasarán al menos cuatro años hasta que se logre ese objetivo.
Según informó el funcionario, antiguamente trabajaban allí unas 100 familias, que se han reducido a solo tres. “Si vienen los carreteleros nosotros limpiamos enseguida por lo que queda muy poco material reciclable”, añadió. Con respecto a la quema, reconoció que días atrás se volvieron a repetir, pero que son eventuales y no tan frecuentes como lo eran años atrás.
“Tratamos de evitar que se prenda fuego”
Blanca Zárate y Jaquelina Saldaña -madre e hija- se dedican desde hace seis años a recolectar reciclables para vender en distintas chacaritas. Primero lo hacían en un basural ubicado en las inmediaciones del barrio Villa Adela de Palmira, donde viven, pero luego se trasladaron a las cercanías del Acceso Este, donde comenzaron a acumularse los residuos desde el año pasado.
“Nosotras juntamos botellas, plástico duro, cartón, vidrio, lo vendemos y con eso tenemos nuestro sueldo”, comentaron en un descanso de la tarea que les toma el día entero: “No somos la única familia que vive de esto, acá hay como 10. No es mucho lo que ganamos pero nos alcanza para vivir”.
Con el humo que les pegaba directamente en la cara, ambas comentaron que se trata de una situación que se repite a diario. “Nosotros tratamos de evitar que se prenda fuego porque perdemos material. pero no podemos controlar a todo el mundo que entra”, reconocieron. Ellas muchas veces se ven asfixiadas por este humo pero igualmente siguen trabajando, sin considerar las consecuencias para su salud.
“Nosotras estamos bien y nos sirve el trabajo, ahora están diciendo que van a cerrar pero si nos sacan no sé a dónde nos vamos a ir”, deslizó Jaquelina, quien es mamá de cuatro chicos.
Pedro López, jubilado, vive solo con su señora, por lo que toma la venta de reciclables como un extra de sus haberes mensuales. “No valen mucho los materiales, pero es mejor que estar todo el día en mi casa”, comentó. A él también lo perjudica la quema. “Por la noche viene mucha gente y nadie puede evitarlo, es una pena porque queda prendido por varios días y tenemos menos para sacar”, se lamentó.
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Fecha de Publicación: 29/03/2016
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Hay vertederos clandestinos y semioficiales, utilizados por municipios. El fuego es provocado o debido a autoignición, con emisión de humo altamente contaminante, tanto o más que el de vehículos y fábricas. Urge una solución.
Columnas de humo gris y espeso invaden ambas manos del Acceso Este, a 100 metros del río Mendoza, en San Martín. En el costado sur de la ruta se ubica un basural a cielo abierto que ha proliferado desde el año pasado y que constantemente es invadido por las llamas. A simple vista, estas emisiones solamente afectan la visibilidad de los vehículos que por allí circulan, pero además deterioran la calidad del aire de la zona al contener material particulado, monóxido de carbono y compuestos orgánicos volátiles.
Justamente la quema de residuos es considerada por los expertos del Grupo de Estudios de la Atmósfera y el Ambiente (GEAA), dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional Mendoza, como un aspecto más a tener en cuenta para analizar la contaminación atmosférica local, cuando antes se centraban únicamente en las fuentes móviles y fijas, es decir, en las industrias y en los automóviles.
“La quema de basura es otra fuente de contaminación que hemos notado y que impacta bastante. Anteriormente la habíamos subestimado, pero se está haciendo cada vez más crítica”, comenzó a explicar Enrique Puliafito, director del grupo de investigación de la UTN. El profesional detalló que en esos casos se emite sobre todo material particulado, monóxido de carbono y compuestos orgánicos volátiles. “Estos últimos son muy tóxicos y pueden ser cancerígenos si las cantidades son más altas”, precisó.
El GEAA comenzó a indagar acerca de este fenómeno luego de que el dispositivo que mide material particulado en forma continua, que tienen instalado en el Parque General San Martín, mostrara valores muy altos en horario nocturno.
“Al principio creíamos que era provocado por los autos, pero después notamos que no era regular y se daba en horarios de madrugada por lo que tratamos de identificar las causas”, explicó Puliafito. Así descubrieron que el particulado provenía de la zona de Godoy Cruz donde se encuentra el basural El Pozo, donde si bien se ha comenzado el proceso de cicatrización, todavía se producen incendios.
“En general la situación se repite en casi todos los departamentos donde hay lugares de recopilación de residuos”, aseguró el experto de la UTN e indicó que la quema a veces es casual o de autoignición, y en otras es intencional.
A nivel sanitario, las consecuencias negativas de estas emisiones afectan principalmente a las personas que se encuentran más cercanas. “Hay familias que viven de la recolección del material reciclable que son los más perjudicados”, destacó Puliafito, y detalló que dentro de este grupo los que se llevan la peor parte son los niños, las personas que están enfermas -con algún tipo de patología cardíaca o respiratoria- y los ancianos.
“Es un trabajo que podría ser mejor organizado, lo que requiere es una tarea de los municipios y de todos los ciudadanos para reciclar los residuos; conductas que en otros países están dando buen resultado”, señaló el ingeniero.
Lo que más les preocupa a los expertos de la UTN es la proliferación de estos espacios clandestinos y lo poco que se considera el tema. “Hay cada vez más basurales dispersos en baldíos o terrenos que eran fincas y hay como una especie de dejadez por parte de toda la sociedad a la hora de abordarlo”, consideró Puliafito.
Foco de contaminación
Miriam Skalany, titular de la Dirección de Protección Ambiental (DPA) de la Secretaría de Ambiente, coincidió con los científicos al considerar a la quema de desechos “como uno de los focos más peligrosos de contaminación ambiental”. “Todo lo que son grandes empresas cementeras o refinerías están muy controladas y la contaminación vehicular afecta principalmente al microcentro”, precisó.
Acorde a esta primera apreciación, Skalany contó que periódicamente realizan inspecciones en los distintos vertederos irregulares de la provincia: “El lunes pasado fuimos al basural clandestino ubicado en la ruta 7 a la altura del puente del río Mendoza, donde se están estableciendo nuevos asentamientos.
Para ella, la presencia de basurales está entremezclada con un problema social, porque mucha gente vive del cirujeo. “Podría solucionarse, primero que nada con plantas de separación y basurales habilitados, pero además con un sistema de recolección diferenciada”, explicó, afirmando que esta tarea les corresponde a los municipios, pero se trata de acciones que requieren grandes presupuestos. “Igualmente estamos trabajando el tema en el marco del Unicipio” (plan de gestión integrada de las comunas del Gran Mendoza), remarcó.
Acciones para remediar
Los basurales mencionados son sólo dos ejemplos de todos los que proliferan de forma irregular en la provincia. En el caso de San Martín, desde la comuna comentaron que esa porción del Acceso Este se transformó en vertedero por no contar con otro sitio para disponer los residuos, luego del cierre del tradicional lugar de disposición de desechos de ese departamento en calle Barrera.
“Por varios meses no se pudo poner en marcha la planta de disposición final en Rivadavia, donde debíamos llevar nuestra basura, y la situación se nos complicó”, reconoció Horacio Cremaschi, subsecretario de Obras y Servicios Públicos de San Martín. “Ahora que la planta está funcionando hemos empezado a remediar este vertedero para poder forestar”, detalló. Allí se colocará una garita de seguridad para evitar que vuelva a acumularse la basura.
“Para la primera quincena de abril vamos a tener el problema resuelto”, se comprometió el funcionario. En una visita de Los Andes al lugar se pudo ver a los camiones trabajando, pero con restos de basura aún ardiendo.
Por su parte, en la Municipalidad de Godoy Cruz aseguraron que desde noviembre de 2013 no se llevan nuevos residuos a El Pozo y que se está trabajando en su cierre definitivo. “Municipalmente no tiramos nada, sólo queda la basura que ya estaba. Lo que estamos haciendo es un trabajo de cicatrización, que consiste en llevar escombros para poder tapar la quebrada grande del lugar”, informó Pedro San Martín, director de Limpieza Urbana y Protección Ambiental. Si bien la idea es forestar todo el predio, pasarán al menos cuatro años hasta que se logre ese objetivo.
Según informó el funcionario, antiguamente trabajaban allí unas 100 familias, que se han reducido a solo tres. “Si vienen los carreteleros nosotros limpiamos enseguida por lo que queda muy poco material reciclable”, añadió. Con respecto a la quema, reconoció que días atrás se volvieron a repetir, pero que son eventuales y no tan frecuentes como lo eran años atrás.
“Tratamos de evitar que se prenda fuego”
Blanca Zárate y Jaquelina Saldaña -madre e hija- se dedican desde hace seis años a recolectar reciclables para vender en distintas chacaritas. Primero lo hacían en un basural ubicado en las inmediaciones del barrio Villa Adela de Palmira, donde viven, pero luego se trasladaron a las cercanías del Acceso Este, donde comenzaron a acumularse los residuos desde el año pasado.
“Nosotras juntamos botellas, plástico duro, cartón, vidrio, lo vendemos y con eso tenemos nuestro sueldo”, comentaron en un descanso de la tarea que les toma el día entero: “No somos la única familia que vive de esto, acá hay como 10. No es mucho lo que ganamos pero nos alcanza para vivir”.
Con el humo que les pegaba directamente en la cara, ambas comentaron que se trata de una situación que se repite a diario. “Nosotros tratamos de evitar que se prenda fuego porque perdemos material. pero no podemos controlar a todo el mundo que entra”, reconocieron. Ellas muchas veces se ven asfixiadas por este humo pero igualmente siguen trabajando, sin considerar las consecuencias para su salud.
“Nosotras estamos bien y nos sirve el trabajo, ahora están diciendo que van a cerrar pero si nos sacan no sé a dónde nos vamos a ir”, deslizó Jaquelina, quien es mamá de cuatro chicos.
Pedro López, jubilado, vive solo con su señora, por lo que toma la venta de reciclables como un extra de sus haberes mensuales. “No valen mucho los materiales, pero es mejor que estar todo el día en mi casa”, comentó. A él también lo perjudica la quema. “Por la noche viene mucha gente y nadie puede evitarlo, es una pena porque queda prendido por varios días y tenemos menos para sacar”, se lamentó.
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Limay: quieren para la contaminación
Buscan ponerles fin a los problemas de contaminación
Fecha de Publicación: 29/03/2016
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
El defensor del Pueblo de la ciudad, Ricardo Riva, presentó un amparo ambiental contra Fidus SA y la Municipalidad de Neuquén por debilitar el terraplén de defensa del río Limay a la altura del barrio cerrado La Castellana en Valentina Sur.
La presentación de Riva se generó luego de recibir un informe emitido por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) en donde se detalla el avance de la urbanización en zonas anegadizas en las que, según los vecinos, se escurre el agua cuando se dan altos caudales del Limay. Para corroborar el informe, el defensor y su equipo técnico estuvieron en el lugar el 16 de marzo, y comprobaron las advertencias hechas por la AIC y los vecinos.
El escrito legal detalla que se interrumpió un terraplén existente sobre la margen del río y se construyó otro que define el contorno del barrio en el sector. Riva explicó que los vecinos linderos al terraplén se inundan cuando el río tiene caudales que llegan al nivel máximo permitido (1290 metros cúbicos por segundo), y que se forman lagunas en el interior del barrio por elevación del nivel freático.
El amparo indica que "el padecimiento ambiental no se limita solamente al debilitamiento de las defensas del río, sino también a la afectación del normal funcionamiento hídrico del brazo del río que generó un foco contaminante por el estancamiento de las aguas". Agrega también que los vecinos que experimentan de modo frecuente la saturación de las cloacas, y que "sospechan" no estar conectados a la red del sistema cloacal de la ciudad.
Pedido
Riva solicitó remediar en forma definitiva el daño ambiental ocasionado. "Esto significa restituir la defensa del Limay en condiciones de seguridad que resulten aprobadas por la AIC y Recursos Hídricos de la Provincia, priorizando la alternativa más rápida dada la urgencia del caso y la inminente agravación de los daños", señala el amparo.
También pide que se suspendan modificaciones que se proyecten sobre las defensas del sector, hasta tanto los organismos mencionados den la conformidad y requirió un informe de evolución de impacto ambiental.
El amparo incluye la remediación de la contaminación ambiental que surge del estancamiento de aguas del río. Requiere el normal funcionamiento hidráulico del brazo del río que en la actualidad se encuentra obturado.
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Fecha de Publicación: 29/03/2016
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
El defensor del Pueblo de la ciudad, Ricardo Riva, presentó un amparo ambiental contra Fidus SA y la Municipalidad de Neuquén por debilitar el terraplén de defensa del río Limay a la altura del barrio cerrado La Castellana en Valentina Sur.
La presentación de Riva se generó luego de recibir un informe emitido por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) en donde se detalla el avance de la urbanización en zonas anegadizas en las que, según los vecinos, se escurre el agua cuando se dan altos caudales del Limay. Para corroborar el informe, el defensor y su equipo técnico estuvieron en el lugar el 16 de marzo, y comprobaron las advertencias hechas por la AIC y los vecinos.
El escrito legal detalla que se interrumpió un terraplén existente sobre la margen del río y se construyó otro que define el contorno del barrio en el sector. Riva explicó que los vecinos linderos al terraplén se inundan cuando el río tiene caudales que llegan al nivel máximo permitido (1290 metros cúbicos por segundo), y que se forman lagunas en el interior del barrio por elevación del nivel freático.
El amparo indica que "el padecimiento ambiental no se limita solamente al debilitamiento de las defensas del río, sino también a la afectación del normal funcionamiento hídrico del brazo del río que generó un foco contaminante por el estancamiento de las aguas". Agrega también que los vecinos que experimentan de modo frecuente la saturación de las cloacas, y que "sospechan" no estar conectados a la red del sistema cloacal de la ciudad.
Pedido
Riva solicitó remediar en forma definitiva el daño ambiental ocasionado. "Esto significa restituir la defensa del Limay en condiciones de seguridad que resulten aprobadas por la AIC y Recursos Hídricos de la Provincia, priorizando la alternativa más rápida dada la urgencia del caso y la inminente agravación de los daños", señala el amparo.
También pide que se suspendan modificaciones que se proyecten sobre las defensas del sector, hasta tanto los organismos mencionados den la conformidad y requirió un informe de evolución de impacto ambiental.
El amparo incluye la remediación de la contaminación ambiental que surge del estancamiento de aguas del río. Requiere el normal funcionamiento hidráulico del brazo del río que en la actualidad se encuentra obturado.
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Científicos argentinos al Polo Norte
Comienza una inédita misión de argentinos al Polo Norte
Fecha de Publicación: 28/03/2016
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
En una arriesgada misión, mañana partirá la primera expedición íntegramente argentina al Polo Norte. La iniciativa, impulsada y financiada por la Fundación Criteria con apoyo logístico del Ejército, buscará plantar bandera en el extremo del Artico para llevar un mensaje de alerta sobre el impacto del cambio climático en el mundo.
Pero, además, tendrá un objetivo científico: tomar una serie de muestras de hielo ártico como parte del desarrollo de estudios comparativos de contaminantes orgánicos e inorgánicos entre el Polo Norte y el Polo Sur, tarea que se realizará en conjunto con el Instituto Antártico Argentino.
La expedición Polo Norte 2016 está integrada por nueve argentinos con amplia experiencia en la montaña y en la Antártida, ocho expedicionarios propiamente dichos y un director que será el encargado de cuidar la misión desde una base cercana.
El grupo partirá mañana hacia Oslo vía Londres para finalmente llegar a Longyearbyen, en el archipiélago ártico de Svalbard (Noruega). Allí permanecerán cinco días en los que, además de probar las botas, esquíes y pesados trineos que utilizarán, deberán adaptarse al desafiante clima polar que enfrentarán en los días siguientes.
Una vez concluida esta etapa, a partir del 6 de abril, avanzarán 120 kilómetros desde la base Barneo (perteneciente a Rusia) para, finalmente, el día 14, plantar la bandera argentina en el extremo boreal del planeta. “Creemos que vamos a hacer marchas de seis a siete horas por día hasta llegar al Polo Norte. No sabemos la fecha exacta de llegada porque eso va a depender de las condiciones del clima y de las corrientes marinas”, explicó Santiago Tito, presidente de la Fundación Criteria e integrante de la expedición.
Los riesgos que deberán enfrentar son grandes. “El primer desafío son las muy bajas temperaturas (la mínima puede llegar a -70º), pero también las caídas al agua si la superficie glaciar se quiebra y, por último, algún problema físico. Pero estamos muy bien preparados. Estuvimos un año entrenando para este momento”, aseguró Tito.
El jefe de la expedición será el general Víctor Figueroa, ex director Antártico del Ejército y quien comandó la expedición al Polo Sur en 2000. Además, integrarán la patrulla Gustavo Curti, Ignacio Carro, Luis Cataldo, Emiliano Curti, Juan Pablo de la Rúa y Santiago Tito. Finalmente, también será parte de la expedición el fotógrafo Tomás Heinrich, el primer argentino que alcanzó la cumbre del Monte Everest, quien registrará el viaje y realizará un documental sobre la travesía.
“Poder participar de esta misión para todos nosotros es un orgullo, porque sentimos que estamos representando a los 40 millones de argentinos en una de las hazañas más importantes de los últimos años”, concluyó Tito.
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Fecha de Publicación: 28/03/2016
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
En una arriesgada misión, mañana partirá la primera expedición íntegramente argentina al Polo Norte. La iniciativa, impulsada y financiada por la Fundación Criteria con apoyo logístico del Ejército, buscará plantar bandera en el extremo del Artico para llevar un mensaje de alerta sobre el impacto del cambio climático en el mundo.
Pero, además, tendrá un objetivo científico: tomar una serie de muestras de hielo ártico como parte del desarrollo de estudios comparativos de contaminantes orgánicos e inorgánicos entre el Polo Norte y el Polo Sur, tarea que se realizará en conjunto con el Instituto Antártico Argentino.
La expedición Polo Norte 2016 está integrada por nueve argentinos con amplia experiencia en la montaña y en la Antártida, ocho expedicionarios propiamente dichos y un director que será el encargado de cuidar la misión desde una base cercana.
El grupo partirá mañana hacia Oslo vía Londres para finalmente llegar a Longyearbyen, en el archipiélago ártico de Svalbard (Noruega). Allí permanecerán cinco días en los que, además de probar las botas, esquíes y pesados trineos que utilizarán, deberán adaptarse al desafiante clima polar que enfrentarán en los días siguientes.
Una vez concluida esta etapa, a partir del 6 de abril, avanzarán 120 kilómetros desde la base Barneo (perteneciente a Rusia) para, finalmente, el día 14, plantar la bandera argentina en el extremo boreal del planeta. “Creemos que vamos a hacer marchas de seis a siete horas por día hasta llegar al Polo Norte. No sabemos la fecha exacta de llegada porque eso va a depender de las condiciones del clima y de las corrientes marinas”, explicó Santiago Tito, presidente de la Fundación Criteria e integrante de la expedición.
Los riesgos que deberán enfrentar son grandes. “El primer desafío son las muy bajas temperaturas (la mínima puede llegar a -70º), pero también las caídas al agua si la superficie glaciar se quiebra y, por último, algún problema físico. Pero estamos muy bien preparados. Estuvimos un año entrenando para este momento”, aseguró Tito.
El jefe de la expedición será el general Víctor Figueroa, ex director Antártico del Ejército y quien comandó la expedición al Polo Sur en 2000. Además, integrarán la patrulla Gustavo Curti, Ignacio Carro, Luis Cataldo, Emiliano Curti, Juan Pablo de la Rúa y Santiago Tito. Finalmente, también será parte de la expedición el fotógrafo Tomás Heinrich, el primer argentino que alcanzó la cumbre del Monte Everest, quien registrará el viaje y realizará un documental sobre la travesía.
“Poder participar de esta misión para todos nosotros es un orgullo, porque sentimos que estamos representando a los 40 millones de argentinos en una de las hazañas más importantes de los últimos años”, concluyó Tito.
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Fallo contra Monsanto por patentamiento de semillas
Transcendental fallo de la justicia argentina rechaza a Monsanto el pedido de patentamiento de semillas transgénicas
Fecha de Publicación: 28/03/2016
Fuente: naturalezadederechos.org
Provincia/Región: Nacional
La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, con asiento en la ciudad de Buenos Aires, en una sentencia, notificada en el mes de Diciembre de 2015, rechazó la demanda iniciada por la multinacional biotecnológica Monsanto en la cual solicitaba el patentamiento de las semillas transgénicas que produce y la declaración de inconstitucionalidad del art. 6 del decreto reglamentario 260/96 que establece que no se considerará materia patentable a las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos.
El 8 de febrero de 1995 Monsanto presentó ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), organismo estatal encargado de registrar las patentes por invenciones con aplicación industrial, una solicitud de patente por la cual reivindicaba - según la empresa - tres inventos: a) un método para producir una planta transgénica; b) moléculas de ADN recombinante de doble cadena que habrían de ser incorporadas a las plantas para su transformación; y c) células vegetales modificadas por tales moléculas.
El INPI rechazó la solicitud de Monsanto por considerar que la misma era improcedente atento a que la molécula de ADN recombinante y las células modificadas no constituyen una invención porque son materia viva y preexistente en la naturaleza, o bien, "material biológico y genético o su réplica" tal como prevé la ley de patentes. Asimismo el INPI consideró que ese material genético tiene la aptitud de generar una planta completa, lo cual el decreto reglamentario 290/06 excluye expresamente la patentabilidad.
Ante la decisión administrativa, Monsanto en el año 2007 recurrió a la justicia federal solicitando la nulidad de la resolución administrativa del INPI y la declaración de inconstitucionalidad del art 6 del decreto reglamentario 290/06. En primera instancia la justicia fallo a favor de Monsanto, pero esa decisión judicial fue apelada por el INPI que motivó el fallo de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial revocandola.
La Cámara fue contundente en el rechazo, señalando que la molécula de ADN recombinante, las células vegetales transformadas por ella y las plantas generadas a partir de estas últimas incluidas en la solicitud, es materia no incluida en el amparo que brinda el sistema de patentes, por no cumplir las previsiones establecidas en la ley.
El tribunal consideró que cualquier aporte técnico que se realice en el campo de la biotecnología y que tenga aplicación industrial no necesariamente es patentable, ya que la mera innovación no es equiparable a la inventiva, pues se nos presenta solo una una modificación de la materia ya existente en la naturaleza que no constituye creación humana alguna, requisito esencial para la procedencia del patentamiento previsto en la legislación.
En efecto, - cita la cámara- , la Ley de patentes 24.481 en su art. 4 establece que serán patentables las invenciones de productos o procedimientos, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.
Se sostiene en la resolución judicial que las decisiones del INPI rechazando el pedio de patentes de Monsanto constituyen actos administrativos válidos, por lo que rechaza la impugnación de inconstitucionalidad y nulidad de la multinacional, ya que no advierte que se vulnere el principio establecido en el art. 31 de la Constitución nacional, toda vez que la norma cuya supremacía invoca la empresa -art. 27.3 del ADPIC- es la que, precisamente, permite el sistema de protección sui generis que se da con el cobro de un arancel previsto en la ley de patentes, sin exigir aquella que la innovación amparada de ese modo sea, al mismo tiempo, declarada patentable en la legislación interna del país miembro; y en lo que hace al derecho interno, ni el art. 17 de la CN. ni la Ley 24.481 autorizan a patentar el material incluido en la solicitud.
Con una claridad meridiana y en lo que hace el centro de la motivación del rechazo al pedido de patente de Monsanto, la cámara señala: que la interpretación armónica del art. 27.3.b del ADPIC y del art. 2.1. del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) aprobado en la República Argentina mediante la Ley 24.376, autoriza a sostener que el primer cuerpo normativo permite que los Estados Miembros adopten un sistema sui generis de protección de las obtenciones vegetales que los releva de incluirlas en el sistema de patentes, protección que se completa con la Ley 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas y su dec. reglamentario nº 2183/91.
La sentencia ya fue apelada por Monsanto vía recurso extraordinario, pues al tratarse de una decisión de la ultima instancia ordinaria de la justicia en la que esta en juego la constitucionalidad de una norma, la misma es susceptible de ser recurrida ante la Corte Suprema de la Nación. Con ello se abre un nuevo marco de contienda, ya que seguramente muchas organizaciones, asambleas y colectivos que participan en varias campañas contra los proyectos de ley de semillas que procuran establecer el patentamiento que Monsanto busca por el camino judicial, estarán expectantes e interesadas de ser oídas por el máximo tribunal de la Nación, ya sea como amicus curiae o a través de la implementación de audiencias publicas,
Como bien se describiera en "La Argentina, segun Monsanto" las empresas agrobiotecnológicas encabezadas por Monsanto Argentina SAIC, han reclamado históricamente al Gobierno Argentino, el pago adicional de un canon por el uso de las semillas transgénicas que aquellas comercializan, alegando derechos de propiedad intelectual. Para la industria biotecnológica no alcanza el pago del arancel que la ley de semillas prevé, además - con Monsanto a la cabeza - reclama el pago de un canon adicional, en concepto de patente.
Por el momento, Monsanto ha encontrado un obstáculo válido y legal con este fallo coherente y criterioso de la justicia federal argentina, que se constituye quizás en uno de los antecedentes mundiales primigenios en rechazarle a la multinacional norteamericana su pretensión de patentamiento, vía judicial, de las semillas transgénicas. Lo cual es muy importante, resta ahora que sea confirmado por la Corte Suprema de la Nación, ámbito adonde se deberá focalizar la atención, sin perjuicio de seguir reclamando ante el poder político que el actual orden legal vigente en materia de semillas y patentes (que sostiene la decisión judicial) permanezca inmutable.
Texto de la sentencia
Fecha de Publicación: 28/03/2016
Fuente: naturalezadederechos.org
Provincia/Región: Nacional
La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, con asiento en la ciudad de Buenos Aires, en una sentencia, notificada en el mes de Diciembre de 2015, rechazó la demanda iniciada por la multinacional biotecnológica Monsanto en la cual solicitaba el patentamiento de las semillas transgénicas que produce y la declaración de inconstitucionalidad del art. 6 del decreto reglamentario 260/96 que establece que no se considerará materia patentable a las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos.
El 8 de febrero de 1995 Monsanto presentó ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), organismo estatal encargado de registrar las patentes por invenciones con aplicación industrial, una solicitud de patente por la cual reivindicaba - según la empresa - tres inventos: a) un método para producir una planta transgénica; b) moléculas de ADN recombinante de doble cadena que habrían de ser incorporadas a las plantas para su transformación; y c) células vegetales modificadas por tales moléculas.
El INPI rechazó la solicitud de Monsanto por considerar que la misma era improcedente atento a que la molécula de ADN recombinante y las células modificadas no constituyen una invención porque son materia viva y preexistente en la naturaleza, o bien, "material biológico y genético o su réplica" tal como prevé la ley de patentes. Asimismo el INPI consideró que ese material genético tiene la aptitud de generar una planta completa, lo cual el decreto reglamentario 290/06 excluye expresamente la patentabilidad.
Ante la decisión administrativa, Monsanto en el año 2007 recurrió a la justicia federal solicitando la nulidad de la resolución administrativa del INPI y la declaración de inconstitucionalidad del art 6 del decreto reglamentario 290/06. En primera instancia la justicia fallo a favor de Monsanto, pero esa decisión judicial fue apelada por el INPI que motivó el fallo de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial revocandola.
La Cámara fue contundente en el rechazo, señalando que la molécula de ADN recombinante, las células vegetales transformadas por ella y las plantas generadas a partir de estas últimas incluidas en la solicitud, es materia no incluida en el amparo que brinda el sistema de patentes, por no cumplir las previsiones establecidas en la ley.
El tribunal consideró que cualquier aporte técnico que se realice en el campo de la biotecnología y que tenga aplicación industrial no necesariamente es patentable, ya que la mera innovación no es equiparable a la inventiva, pues se nos presenta solo una una modificación de la materia ya existente en la naturaleza que no constituye creación humana alguna, requisito esencial para la procedencia del patentamiento previsto en la legislación.
En efecto, - cita la cámara- , la Ley de patentes 24.481 en su art. 4 establece que serán patentables las invenciones de productos o procedimientos, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.
Se sostiene en la resolución judicial que las decisiones del INPI rechazando el pedio de patentes de Monsanto constituyen actos administrativos válidos, por lo que rechaza la impugnación de inconstitucionalidad y nulidad de la multinacional, ya que no advierte que se vulnere el principio establecido en el art. 31 de la Constitución nacional, toda vez que la norma cuya supremacía invoca la empresa -art. 27.3 del ADPIC- es la que, precisamente, permite el sistema de protección sui generis que se da con el cobro de un arancel previsto en la ley de patentes, sin exigir aquella que la innovación amparada de ese modo sea, al mismo tiempo, declarada patentable en la legislación interna del país miembro; y en lo que hace al derecho interno, ni el art. 17 de la CN. ni la Ley 24.481 autorizan a patentar el material incluido en la solicitud.
Con una claridad meridiana y en lo que hace el centro de la motivación del rechazo al pedido de patente de Monsanto, la cámara señala: que la interpretación armónica del art. 27.3.b del ADPIC y del art. 2.1. del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) aprobado en la República Argentina mediante la Ley 24.376, autoriza a sostener que el primer cuerpo normativo permite que los Estados Miembros adopten un sistema sui generis de protección de las obtenciones vegetales que los releva de incluirlas en el sistema de patentes, protección que se completa con la Ley 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas y su dec. reglamentario nº 2183/91.
La sentencia ya fue apelada por Monsanto vía recurso extraordinario, pues al tratarse de una decisión de la ultima instancia ordinaria de la justicia en la que esta en juego la constitucionalidad de una norma, la misma es susceptible de ser recurrida ante la Corte Suprema de la Nación. Con ello se abre un nuevo marco de contienda, ya que seguramente muchas organizaciones, asambleas y colectivos que participan en varias campañas contra los proyectos de ley de semillas que procuran establecer el patentamiento que Monsanto busca por el camino judicial, estarán expectantes e interesadas de ser oídas por el máximo tribunal de la Nación, ya sea como amicus curiae o a través de la implementación de audiencias publicas,
Como bien se describiera en "La Argentina, segun Monsanto" las empresas agrobiotecnológicas encabezadas por Monsanto Argentina SAIC, han reclamado históricamente al Gobierno Argentino, el pago adicional de un canon por el uso de las semillas transgénicas que aquellas comercializan, alegando derechos de propiedad intelectual. Para la industria biotecnológica no alcanza el pago del arancel que la ley de semillas prevé, además - con Monsanto a la cabeza - reclama el pago de un canon adicional, en concepto de patente.
Por el momento, Monsanto ha encontrado un obstáculo válido y legal con este fallo coherente y criterioso de la justicia federal argentina, que se constituye quizás en uno de los antecedentes mundiales primigenios en rechazarle a la multinacional norteamericana su pretensión de patentamiento, vía judicial, de las semillas transgénicas. Lo cual es muy importante, resta ahora que sea confirmado por la Corte Suprema de la Nación, ámbito adonde se deberá focalizar la atención, sin perjuicio de seguir reclamando ante el poder político que el actual orden legal vigente en materia de semillas y patentes (que sostiene la decisión judicial) permanezca inmutable.
Texto de la sentencia
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Conicet trabaja en cuantificar contaminantes emergentes
Nuevas técnicas para cuantificar contaminantes emergentes en muestras ambientales
Fecha de Publicación: 28/03/2016
Fuente: Agencia Fe
Provincia/Región: Nacional
Valeria Lozano y su directora Graciela Escandar, ambas investigadoras del CONICET y docentes de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas (UNR), llevan adelante en la Unidad de Química Analítica del Instituto de Química Rosario (IQUIR, CONICET-UNR) una investigación que incluye el desarrollo de nuevas técnicas para la cuantificación de contaminantes emergentes en muestras ambientales mediante espectroscopía de luminiscencia molecular. "Son fundamentalmente preocupantes los contaminantes emergentes pertenecientes al grupo de los fármacos", explicó Lozano. Según la investigadora, "los medicamentos consumidos a nivel mundial en forma frecuente como antibióticos y antiinflamatorios, o en forma continua por pacientes con enfermedades crónicas llegan a las aguas superficiales y subterráneas a través del vertido de desagües domésticos, hospitalarios y cloacales, o a través de descartes inadecuados, y no siempre ellos y/o sus metabolitos se eliminan correctamente en las plantas de tratamiento de aguas".
Un contaminante emergente es un compuesto orgánico o inorgánico que no integra naturalmente los ecosistemas, y que al estar disponible en el ambiente, aún en pequeñas cantidades, es capaz de producir efectos adversos a corto y largo plazo en los seres vivos.
"El agua, antes de ser potable pasa por un tratamiento y control, pero dado que los contaminantes emergentes no están considerados por las regulaciones existentes que controlan la calidad del agua, sus residuos pueden potencialmente ingresar a la población a través del consumo de dichas aguas, con el consecuente riesgo para la salud. Esto indicaría la necesidad de desarrollar nuevos métodos científicos favorables para su rápida detección y cuantificación", agregó la investigadora.
Trabajo actual
Uno de los trabajos que están desarrollando Lozano y Escandar involucra el estudio de un nuevo método para la determinación de fármacos prescriptos en enfermedades crónicas, tales como carbamazepina (un anticonvulsionante usado a nivel mundial en cantidades del orden de toneladas por año), ofloxacina (antibacteriano de amplio espectro indicado para infecciones de los tractos urinario y respiratorio, que presenta además importante uso veterinario), y piroxicam (analgésico indicado para el alivio de los síntomas de dolor odontológico, artritis y artrosis, entre otros).
"Como no existe regulación que monitoree la presencia de estos compuestos en el medio ambiente, buscamos que nuestras técnicas logren su cuantificación a niveles de concentración muy bajos. Aunque un contaminante se encuentre presente en aguas a nivel de vestigios, puede producir efectos nocivos en los seres vivos que la consumen diariamente durante muchos años", indicó Lozano.
Para realizar los estudios, las investigadoras utilizaron muestras del río Paraná, aguas subterráneas de pozo y agua potable de la ciudad de Rosario y sus alrededores, y muestras de agua de Santa Rosa (La Pampa), lugar de origen de Lozano. Si bien hay evidencia científica del hallazgo de dichos fármacos en muestras ambientales y de consumo de Estados Unidos, China y Europa, hasta el momento, las científicas no han encontrado los contaminantes evaluados en las muestras analizadas.
Detección que cuida el ambiente
Las investigadoras desarrollaron métodos analíticos de fluorescencia y fluorescencia fotoinducida en combinación con algoritmos quimiométricos, que permiten analizar contaminantes en muestras ambientales y que cumplen con los principios de la Química Analítica Verde; es decir, se promueve instaurar técnicas analíticas que sean amigables con el medio ambiente, lo cual se logra reduciendo los volúmenes de desechos químicos, evitando el uso de grandes cantidades de solventes orgánicos o reactivos tóxicos, y consumiendo poca energía mediante métodos rápidos que permiten el procesamiento de aproximadamente 6-8 muestras por hora.
El tratamiento de los datos se lleva a cabo mediante un procesamiento quimiométrico, que utiliza estadística y matemática para resolver casos complejos de la química. Esta herramienta tiene como ventajas su bajo costo y la posibilidad de proporcionar información de alta calidad. "La quimiometría permite determinar varios compuestos simultáneamente en muestras complejas, como lo son las muestras ambientales, sin la necesidad de separarlos previamente. Con la quimiometría se gana mucho tiempo porque se puede optimizar el número de experimentos; además, dado el diseño de los métodos, se ahorra en el uso de solventes orgánicos tóxicos", concluyó Lozano.
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Fecha de Publicación: 28/03/2016
Fuente: Agencia Fe
Provincia/Región: Nacional
Valeria Lozano y su directora Graciela Escandar, ambas investigadoras del CONICET y docentes de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas (UNR), llevan adelante en la Unidad de Química Analítica del Instituto de Química Rosario (IQUIR, CONICET-UNR) una investigación que incluye el desarrollo de nuevas técnicas para la cuantificación de contaminantes emergentes en muestras ambientales mediante espectroscopía de luminiscencia molecular. "Son fundamentalmente preocupantes los contaminantes emergentes pertenecientes al grupo de los fármacos", explicó Lozano. Según la investigadora, "los medicamentos consumidos a nivel mundial en forma frecuente como antibióticos y antiinflamatorios, o en forma continua por pacientes con enfermedades crónicas llegan a las aguas superficiales y subterráneas a través del vertido de desagües domésticos, hospitalarios y cloacales, o a través de descartes inadecuados, y no siempre ellos y/o sus metabolitos se eliminan correctamente en las plantas de tratamiento de aguas".
Un contaminante emergente es un compuesto orgánico o inorgánico que no integra naturalmente los ecosistemas, y que al estar disponible en el ambiente, aún en pequeñas cantidades, es capaz de producir efectos adversos a corto y largo plazo en los seres vivos.
"El agua, antes de ser potable pasa por un tratamiento y control, pero dado que los contaminantes emergentes no están considerados por las regulaciones existentes que controlan la calidad del agua, sus residuos pueden potencialmente ingresar a la población a través del consumo de dichas aguas, con el consecuente riesgo para la salud. Esto indicaría la necesidad de desarrollar nuevos métodos científicos favorables para su rápida detección y cuantificación", agregó la investigadora.
Trabajo actual
Uno de los trabajos que están desarrollando Lozano y Escandar involucra el estudio de un nuevo método para la determinación de fármacos prescriptos en enfermedades crónicas, tales como carbamazepina (un anticonvulsionante usado a nivel mundial en cantidades del orden de toneladas por año), ofloxacina (antibacteriano de amplio espectro indicado para infecciones de los tractos urinario y respiratorio, que presenta además importante uso veterinario), y piroxicam (analgésico indicado para el alivio de los síntomas de dolor odontológico, artritis y artrosis, entre otros).
"Como no existe regulación que monitoree la presencia de estos compuestos en el medio ambiente, buscamos que nuestras técnicas logren su cuantificación a niveles de concentración muy bajos. Aunque un contaminante se encuentre presente en aguas a nivel de vestigios, puede producir efectos nocivos en los seres vivos que la consumen diariamente durante muchos años", indicó Lozano.
Para realizar los estudios, las investigadoras utilizaron muestras del río Paraná, aguas subterráneas de pozo y agua potable de la ciudad de Rosario y sus alrededores, y muestras de agua de Santa Rosa (La Pampa), lugar de origen de Lozano. Si bien hay evidencia científica del hallazgo de dichos fármacos en muestras ambientales y de consumo de Estados Unidos, China y Europa, hasta el momento, las científicas no han encontrado los contaminantes evaluados en las muestras analizadas.
Detección que cuida el ambiente
Las investigadoras desarrollaron métodos analíticos de fluorescencia y fluorescencia fotoinducida en combinación con algoritmos quimiométricos, que permiten analizar contaminantes en muestras ambientales y que cumplen con los principios de la Química Analítica Verde; es decir, se promueve instaurar técnicas analíticas que sean amigables con el medio ambiente, lo cual se logra reduciendo los volúmenes de desechos químicos, evitando el uso de grandes cantidades de solventes orgánicos o reactivos tóxicos, y consumiendo poca energía mediante métodos rápidos que permiten el procesamiento de aproximadamente 6-8 muestras por hora.
El tratamiento de los datos se lleva a cabo mediante un procesamiento quimiométrico, que utiliza estadística y matemática para resolver casos complejos de la química. Esta herramienta tiene como ventajas su bajo costo y la posibilidad de proporcionar información de alta calidad. "La quimiometría permite determinar varios compuestos simultáneamente en muestras complejas, como lo son las muestras ambientales, sin la necesidad de separarlos previamente. Con la quimiometría se gana mucho tiempo porque se puede optimizar el número de experimentos; además, dado el diseño de los métodos, se ahorra en el uso de solventes orgánicos tóxicos", concluyó Lozano.
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