Argentina ratificó la Agenda 2030 de desarrollo sostenible
08:00 | 
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Reitera Argentina compromiso con desarrollo sostenible
Fecha de Publicación: 29/09/2015
Fuente: PL
Provincia/Región: Nacional
Argentina ratificó su compromiso con la nueva Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible que impulsa la ONU, la cual hoy sustituye tras arduas negociaciones los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
La postura de la Casa Rosada la confirmó este domingo el canciller argentino, Héctor Timerman, en la sesión de clausura de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, que tuvo lugar del 25 al 27 de septiembre en la sede del organismo internacional.
Esta nueva guía constituye un ambicioso plan de acción para los próximos 15 años, compuesto por 17 objetivos y 169 metas, que deben ser implementados por todos los países para erradicar la pobreza y el hambre, fortalecer la paz universal y hacer realidad los derechos humanos.
Para Argentina, la Agenda encarna el ideal de nuestro tiempo, que no es otro que hacer realidad un mundo más justo, inclusivo, igualitario y en paz, afirmó Timerman al hablar ante el foro internacional.
El canciller destacó, entre otros logros, la reducción de la pobreza que ha logrado argentina durante la última década, así como también la importante reducción de la tasa de mortalidad infantil y materna como resultado de múltiples iniciativas que llevó adelante el Gobierno Nacional.
También recordó que su país fue distinguido en junio pasado por la FAO, por el éxito de su lucha por combatir el hambre, y por la UNESCO en el mes de abril, que lo colocó entre las naciones de más altos índices de escolaridad primaria y de inversión educativa.
Subrayó que para cumplir esta ambiciosa nueva Agenda resulta fundamental abordar, entre otros, los problemas de la estructura financiera internacional, incluyendo el sistema monetario y la deuda soberana.
En esa línea, llamó a "avanzar en la adecuación de la arquitectura financiera y hacia un sistema de comercio transparente, no discriminatorio y justo, que permita a los países en desarrollo recibir los beneficios de su inserción en la economía internacional".
El ministro consideró que la resolución que adoptó la Asamblea General el pasado 10 de septiembre sobre los "Procesos de restructuración de Deuda Soberana", constituye un paso fundamental para ayudar a los países a asegurar la sostenibilidad a largo plazo con un crecimiento con igualdad.
Antes de concluir, Timerman recordó una frase del papa Francisco cuando se dirigió a la Asamblea General.
En el primer discurso de un Sumo Pontífice ante ese órgano, Francisco instó a los organismos financieros internacionales a "velar por el desarrollo sostenible de los países, y por la no sumisión asfixiante de estos a sistemas crediticios que, lejos de promover el progreso, someten a poblaciones a mecanismos de mayor pobreza y exclusión".
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Fecha de Publicación: 29/09/2015
Fuente: PL
Provincia/Región: Nacional
Argentina ratificó su compromiso con la nueva Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible que impulsa la ONU, la cual hoy sustituye tras arduas negociaciones los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
La postura de la Casa Rosada la confirmó este domingo el canciller argentino, Héctor Timerman, en la sesión de clausura de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, que tuvo lugar del 25 al 27 de septiembre en la sede del organismo internacional.
Esta nueva guía constituye un ambicioso plan de acción para los próximos 15 años, compuesto por 17 objetivos y 169 metas, que deben ser implementados por todos los países para erradicar la pobreza y el hambre, fortalecer la paz universal y hacer realidad los derechos humanos.
Para Argentina, la Agenda encarna el ideal de nuestro tiempo, que no es otro que hacer realidad un mundo más justo, inclusivo, igualitario y en paz, afirmó Timerman al hablar ante el foro internacional.
El canciller destacó, entre otros logros, la reducción de la pobreza que ha logrado argentina durante la última década, así como también la importante reducción de la tasa de mortalidad infantil y materna como resultado de múltiples iniciativas que llevó adelante el Gobierno Nacional.
También recordó que su país fue distinguido en junio pasado por la FAO, por el éxito de su lucha por combatir el hambre, y por la UNESCO en el mes de abril, que lo colocó entre las naciones de más altos índices de escolaridad primaria y de inversión educativa.
Subrayó que para cumplir esta ambiciosa nueva Agenda resulta fundamental abordar, entre otros, los problemas de la estructura financiera internacional, incluyendo el sistema monetario y la deuda soberana.
En esa línea, llamó a "avanzar en la adecuación de la arquitectura financiera y hacia un sistema de comercio transparente, no discriminatorio y justo, que permita a los países en desarrollo recibir los beneficios de su inserción en la economía internacional".
El ministro consideró que la resolución que adoptó la Asamblea General el pasado 10 de septiembre sobre los "Procesos de restructuración de Deuda Soberana", constituye un paso fundamental para ayudar a los países a asegurar la sostenibilidad a largo plazo con un crecimiento con igualdad.
Antes de concluir, Timerman recordó una frase del papa Francisco cuando se dirigió a la Asamblea General.
En el primer discurso de un Sumo Pontífice ante ese órgano, Francisco instó a los organismos financieros internacionales a "velar por el desarrollo sostenible de los países, y por la no sumisión asfixiante de estos a sistemas crediticios que, lejos de promover el progreso, someten a poblaciones a mecanismos de mayor pobreza y exclusión".
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¿Que agroquímico tiene tu fruta y verdura?
Convocan a la población a llevar frutas y verduras para detectar si tienen agrotóxicos
Fecha de Publicación: 29/09/2015
Fuente: Telam
Provincia/Región: CABA
La Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (CaLiSA) de la carrera de Nutrición de la Facultad de Medicina de la UBA recibirá el martes 29 frutas y verduras que acerque la población para analizar si contienen agrotóxicos.
"Hace tiempo que transmitimos a la población la importancia de consumir alimentos lo menos procesados posible. Decimos que hay que comer frutas y verduras, pero lo que observamos a través de estudios es que éstas contienen cada vez más agrotóxicos", asegura Miryam Gorban, Licenciada en Nutrición y coordinadora de la Cátedra de Soberanía Alimentaria.
Y continúa: "Existe un modo de producción de las materias primas, de las verduras y frutas que al principio nosotros asociábamos sólo a la soja pero que se ha extendido a todos los cultivos, que utiliza agroquímicos y que encima lo hace de forma irresponsable".
La especialista sostuvo que "estudios recientes demuestran que las personas contienen en su sangre y en su orina gran parte de estos agroquímicos, y no nos referimos a quienes viven o trabajan en el campo, sino a hombres y mujeres que viven en plena ciudad".
En este contexto, CaLiSA se propuso realizar un relevamiento directamente de lo que la población consume: "La idea es que la persona traiga medio kilo de las especies que pedimos, comprada en su verdulería habitual y pueda saber si tiene o no agrotóxicos", detalla por su parte Raúl Bottesi, ingeniero agrónomo y docente en la carrera de Nutrición.
Bottesi explica que "según las propias indicaciones de los productores de los agroquímicos, hay sustancias que no deberían detectarse en los alimentos a menos que el agricultor se haya excedido con la dosis, o no haya respetado el tiempo de carencia antes de cosechar, es decir, que haya fumigado muy cerca de la cosecha".
"Sin embargo -agrega- tampoco existe un ciento por ciento de seguridad de que aún con un buen uso, el alimento no contenga estas sustancias. Y por otra parte, lo que se ha detectado en estudios anteriores es el uso de agroquímicos que se encuentran prohibidos como los organoclorados".
El ingeniero sostiene que "hay una cantidad máxima de residuo de determinados plaguicidas permitidos por ley, pero no es claro en base a qué se establece este criterio".
Las especies que se recibirán para el muestreo son lechuga, zanahoria, tomate, morrón y naranja; luego de entregar medio kilo de cualquiera de ellas o de varias se completa un formulario y en unos quince días se estima que estará el resultado.
Las muestras serán analizadas por el Espacio Multidisciplinario de Interacción Socio Ambiental (EMISA), un equipo conformado por profesionales y estudiantes de la Universidad de La Plata que, entre otros trabajos, realizó un relevamiento de características similares cuyos resultados fueron publicados recientemente bajo el título: "Plaguicidas, los condimentos no declarados".
En este estudio, en el que se analizaron 60 muestras entre noviembre de 2014 y abril de 2015, se buscó la presencia de insecticidas, fungicidas y herbicidas y se detectó que el 76,6 por ciento de los alimentos tenía al menos uno de estos compuestos, mientras que el 27,7 por ciento dio positivo a tres compuestos o más.
Además, entre los agroquímicos que más se detectaron estaba el insecticida endosulfan, prohibido en Argentina desde 2013; había un alto porcentaje de alimentos en los que se detectó un mayor nivel residual del permitido y otro tanto en los que se encontraron agroquímicos cuyos residuos no deben hallarse.
"Si no se conoce el origen del cultivo lo que se recomienda es lavar varias veces y con mucha agua frutas y verduras. Algunas verduras como la zanahoria, la papa o el nabo conviene siempre pelarlas, al igual que las frutas", recomienda Bottesi.
Según el especialista, "existe una conciencia cada vez mayor entre los productores pero sobre todo en los consumidores sobre la necesidad de cambiar la forma de producir".
"La producción agroecológica no es más cara, por eso también hay que comenzar a desmitificar esto de que comer más sano es sólo para una elite", asegura.
Y añade: "también como consumidores tenemos que cambiar la cabeza porque una acelga orgánica seguramente tendrá hojas de distinto tamaño, alguna quizás picada por un bichito, o los tomates tendrán diferente forma a la tradicional, ésta es la variabilidad genética que impone la naturaleza y es lo más saludable".
Las muestras pueden acercarse el próximo martes 29, a las 18 a la Facultad de Medicina (Paraguay 2155), en el Primer Piso, Salón de Consejo.
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Fecha de Publicación: 29/09/2015
Fuente: Telam
Provincia/Región: CABA
La Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (CaLiSA) de la carrera de Nutrición de la Facultad de Medicina de la UBA recibirá el martes 29 frutas y verduras que acerque la población para analizar si contienen agrotóxicos.
"Hace tiempo que transmitimos a la población la importancia de consumir alimentos lo menos procesados posible. Decimos que hay que comer frutas y verduras, pero lo que observamos a través de estudios es que éstas contienen cada vez más agrotóxicos", asegura Miryam Gorban, Licenciada en Nutrición y coordinadora de la Cátedra de Soberanía Alimentaria.
Y continúa: "Existe un modo de producción de las materias primas, de las verduras y frutas que al principio nosotros asociábamos sólo a la soja pero que se ha extendido a todos los cultivos, que utiliza agroquímicos y que encima lo hace de forma irresponsable".
La especialista sostuvo que "estudios recientes demuestran que las personas contienen en su sangre y en su orina gran parte de estos agroquímicos, y no nos referimos a quienes viven o trabajan en el campo, sino a hombres y mujeres que viven en plena ciudad".
En este contexto, CaLiSA se propuso realizar un relevamiento directamente de lo que la población consume: "La idea es que la persona traiga medio kilo de las especies que pedimos, comprada en su verdulería habitual y pueda saber si tiene o no agrotóxicos", detalla por su parte Raúl Bottesi, ingeniero agrónomo y docente en la carrera de Nutrición.
Bottesi explica que "según las propias indicaciones de los productores de los agroquímicos, hay sustancias que no deberían detectarse en los alimentos a menos que el agricultor se haya excedido con la dosis, o no haya respetado el tiempo de carencia antes de cosechar, es decir, que haya fumigado muy cerca de la cosecha".
"Sin embargo -agrega- tampoco existe un ciento por ciento de seguridad de que aún con un buen uso, el alimento no contenga estas sustancias. Y por otra parte, lo que se ha detectado en estudios anteriores es el uso de agroquímicos que se encuentran prohibidos como los organoclorados".
El ingeniero sostiene que "hay una cantidad máxima de residuo de determinados plaguicidas permitidos por ley, pero no es claro en base a qué se establece este criterio".
Las especies que se recibirán para el muestreo son lechuga, zanahoria, tomate, morrón y naranja; luego de entregar medio kilo de cualquiera de ellas o de varias se completa un formulario y en unos quince días se estima que estará el resultado.
Las muestras serán analizadas por el Espacio Multidisciplinario de Interacción Socio Ambiental (EMISA), un equipo conformado por profesionales y estudiantes de la Universidad de La Plata que, entre otros trabajos, realizó un relevamiento de características similares cuyos resultados fueron publicados recientemente bajo el título: "Plaguicidas, los condimentos no declarados".
En este estudio, en el que se analizaron 60 muestras entre noviembre de 2014 y abril de 2015, se buscó la presencia de insecticidas, fungicidas y herbicidas y se detectó que el 76,6 por ciento de los alimentos tenía al menos uno de estos compuestos, mientras que el 27,7 por ciento dio positivo a tres compuestos o más.
Además, entre los agroquímicos que más se detectaron estaba el insecticida endosulfan, prohibido en Argentina desde 2013; había un alto porcentaje de alimentos en los que se detectó un mayor nivel residual del permitido y otro tanto en los que se encontraron agroquímicos cuyos residuos no deben hallarse.
"Si no se conoce el origen del cultivo lo que se recomienda es lavar varias veces y con mucha agua frutas y verduras. Algunas verduras como la zanahoria, la papa o el nabo conviene siempre pelarlas, al igual que las frutas", recomienda Bottesi.
Según el especialista, "existe una conciencia cada vez mayor entre los productores pero sobre todo en los consumidores sobre la necesidad de cambiar la forma de producir".
"La producción agroecológica no es más cara, por eso también hay que comenzar a desmitificar esto de que comer más sano es sólo para una elite", asegura.
Y añade: "también como consumidores tenemos que cambiar la cabeza porque una acelga orgánica seguramente tendrá hojas de distinto tamaño, alguna quizás picada por un bichito, o los tomates tendrán diferente forma a la tradicional, ésta es la variabilidad genética que impone la naturaleza y es lo más saludable".
Las muestras pueden acercarse el próximo martes 29, a las 18 a la Facultad de Medicina (Paraguay 2155), en el Primer Piso, Salón de Consejo.
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Una casa sustentable argentina gana un concurso
Argentinos ganan un certamen medioambiental con una casa sustentable
Fecha de Publicación: 29/09/2015
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Nacional
El equipo ganador, integrado por ingenieros y arquitectos, presentó la casa sustentable que tiene como objetivo "fomentar el uso racional de los materiales".
La Casa G Sustentable, un proyecto de profesionales argentinos, ganó en Ecuador el premio Latinoamérica Verde en el rubro Energía, galardón que reconoció las mejores iniciativas cuidadosas del medioambiente en Iberoamérica.
El equipo ganador, integrado por ingenieros y arquitectos, presentó la casa sustentable que tiene como objetivo "fomentar el uso racional de los materiales, las buenas prácticas ambientales, el ahorro de energía y la promoción de la sustentabilidad, tanto a nivel público como privado", explican en la página de Facebook del emprendimiento argentino.
De los 1.054 proyectos, la mayoría del sector privado de distintos países de Latinoamérica y también de España, que se presentaron al concurso se seleccionaron 500 en siete categorías y de estos, 21 fueron nominados para, de entre ellos, elegir a los siete ganadores, detalló Efe.
El país anfitrión, Ecuador, se llevó tres premios, seguido por Colombia, que obtuvo dos, mientras Costar Rica y Argentina vencieron cada uno en una categoría.
Ecuador venció en las categorías de Agua, Bosques y Biodiversidad, y Finanzas Sostenibles, en tanto que Colombia logró el primer lugar en Desarrollo humano, inclusión social y educación, así como en Residuos.
Costa Rica venció en la categoría de Emisiones y Argentina en Energía, según un comunicado de los organizadores del premio.
Este evento "se convierte en una radiografía internacional de lo que están haciendo cada uno de los países en su política pública", dijo Gustavo Manrique, presidente del comité organizador del certamen.
Los ganadores recibirán una estatuilla y se hará una filmación de cada proyecto vencedor que se proyectará en un programa de televisión para toda América Latina durante dos meses consecutivos posteriores al evento, anunciaron desde la organización.
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Fecha de Publicación: 29/09/2015
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Nacional
El equipo ganador, integrado por ingenieros y arquitectos, presentó la casa sustentable que tiene como objetivo "fomentar el uso racional de los materiales".
La Casa G Sustentable, un proyecto de profesionales argentinos, ganó en Ecuador el premio Latinoamérica Verde en el rubro Energía, galardón que reconoció las mejores iniciativas cuidadosas del medioambiente en Iberoamérica.
El equipo ganador, integrado por ingenieros y arquitectos, presentó la casa sustentable que tiene como objetivo "fomentar el uso racional de los materiales, las buenas prácticas ambientales, el ahorro de energía y la promoción de la sustentabilidad, tanto a nivel público como privado", explican en la página de Facebook del emprendimiento argentino.
De los 1.054 proyectos, la mayoría del sector privado de distintos países de Latinoamérica y también de España, que se presentaron al concurso se seleccionaron 500 en siete categorías y de estos, 21 fueron nominados para, de entre ellos, elegir a los siete ganadores, detalló Efe.
El país anfitrión, Ecuador, se llevó tres premios, seguido por Colombia, que obtuvo dos, mientras Costar Rica y Argentina vencieron cada uno en una categoría.
Ecuador venció en las categorías de Agua, Bosques y Biodiversidad, y Finanzas Sostenibles, en tanto que Colombia logró el primer lugar en Desarrollo humano, inclusión social y educación, así como en Residuos.
Costa Rica venció en la categoría de Emisiones y Argentina en Energía, según un comunicado de los organizadores del premio.
Este evento "se convierte en una radiografía internacional de lo que están haciendo cada uno de los países en su política pública", dijo Gustavo Manrique, presidente del comité organizador del certamen.
Los ganadores recibirán una estatuilla y se hará una filmación de cada proyecto vencedor que se proyectará en un programa de televisión para toda América Latina durante dos meses consecutivos posteriores al evento, anunciaron desde la organización.
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Córdoba: ecosistema degradado por una ruta
El Camino del Cuadrado está dañando las Sierras Chicas
Fecha de Publicación: 28/09/2015
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La ruta afecta la fauna local y el arroyo y la reserva universitaria Vaquerías, señalan investigadores de la UNC. Se desconoce el impacto que tuvo sobre las aguas subterráneas
El Camino del Cuadrado está lleno de bellas postales de nuestras sierras. Pero esta ruta que atraviesa cerros casi vírgenes para unir dos de los valles turísticos más importantes también es una herida abierta para la naturaleza, señalan investigadores de la UNC. El paisaje está en riesgo.
En 2009 cuando la construcción del camino estaba en marcha, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) advirtió que la obra iba a dañar la Reserva Vaquerías, un área protegida de 400 hectáreas que pertenece a la Casa de Trejo y que puede observarse abajo del Camino del Cuadrado.
El arroyo Vaquerías es la principal víctima, señalan desde la UNC.
“El arrastre de sedimentos desde los taludes del camino afecta a la reserva. Los taludes siguen inestables y con las lluvias y vientos van depositando material sobre el arroyo, lo que afecta la disponibilidad y calidad del agua y la biodiversidad asociada”, señala Fernando Barri, director de la reserva.
La geóloga Gabriela Cejas, docente e investigadora de la UNC, está estudiando el impacto de la ruta en la cantidad y calidad del agua del arroyo Vaquerías. “Por el momento no detectamos efectos en la calidad del agua, pero sí estamos observando un gran aporte de material sedimentario”, apunta.
Y agrega: “Se está acolmatando hasta el punto de que podría pasar a ser un arroyo subterráneo. Y es probable que le cambie la química al agua del arroyo, cuyas aguas llegan hasta el dique San Roque”.
La geóloga sugiere que se deberían realizar defensas para retener los sedimentos más arriba. “Lo más eficiente es una revegetación de las paredes del camino”, señala.
En 2011, la Provincia firmó un acta acuerdo con la UNC, en la que se comprometía a mitigar y remediar los daños ambientales detectados. En su momento, los costos de estos trabajos fueron calculados en 20 millones de pesos.
Luis Figliozzi, de la Dirección de Vialidad Provincial, asegura que han cumplido con buena parte del acuerdo. Y enumera los trabajos realizados como los azudes y la construcción de gaviones (muros de piedra y alambre) para evitar que los sedimentos lleguen al arroyo, y la construcción de tres escollerados con el mismo fin.
Gustavo Re, representante en la comisión por la universidad, asegura que el impacto en la reserva sigue, a pesar de la voluntad de la Provincia para realizar tareas de remediación.
“Siguen cayendo sedimentos al dique de Vaquerías. La Provincia ya lo dragó tres veces. La hidrosiembra en la paredes del camino no dio resultados, tampoco los desagües y gargantas que se construyeron para evitar que los sedimentos lleguen a la cuenca”, asegura.
El agua que no se ve
Cejas señala otro punto conflictivo del que se desconoce el impacto del camino: las aguas subterráneas. “En el estudio de Impacto Ambiental no se realizaron estudios sobre el agua subterránea. No sabemos cómo ingresa al macizo y por donde se escurre ante la presencia del camino. La UNC solicitó los estudios, pero nunca los presentaron”, explica.
La geóloga asegura que en fotos de 2009 se observa que las vertientes daban directamente en el camino. “Cuando se abrió la traza, ese escurrimiento se debe haber modificado, pero no sabemos por donde. Si se corta parte de las montañas, puede haber un desplazamiento de la cuenca”, indica.
Figliozzi discute que sea necesario realizar una investigación hidrogeológica para abrir un camino. “Un estudio de esa naturaleza lleva años y no se realiza para una obra de este tipo”, sostiene y asegura que le pidieron a la Subsecretaría de Recursos Hídricos un estudio sobre toda la cuenca, el cual tardará años en concretarse.
El funcionario reconoce que la obra generó impactos en el ecosistema. “Estamos tratando de ir mitigando y remediando los impactos generados”, dice.
Re entiende que muchos de los daños ya no tienen solución. “Aunque se clausurara el camino, el impacto seguirá. No hay forma de remediarlo”, dice y asegura que el problema es que se decidió construirlo a partir de la remoción de partes de montañas y no se pensó en hacer puentes y túneles, de menor impacto.
Animales atropellados
La fauna local también sufre el impacto del nuevo camino. Partió al medio un ecosistema. Ahora los animales deben esquivar los siete mil vehículos que todos los días circulan por la ruta. Muchos no lo logran.
Para reducir estos atropellamientos, el Estudio de Impacto Ambiental preveía la construcción de cuatro pasafaunas, túneles por debajo del camino que permiten el paso de los animales. No se construyó ninguno.
La bióloga Luz Leonardi evaluó los atropellamientos de animales en el camino del Cuadrado durante seis meses para su tesis de maestría. Detectó 91 animales muertos por esta causa. La mitad fueron aves.
De las especies terrestres los más atropellados fueron el sapo común, perdiz, comadreja y la culebra de los pastizales.
El gato montés y el hurón chico, dos especies nativas de poca distribución también fueron atropelladas, según las observaciones de Leonardi.
“La densidad relativa de atropellamientos fue la mitad de lo registrado en la ruta nacional 12, ubicada dentro del Parque Nacional Iguazú, probablemente debido a que en nuestra área de estudio la densidad vehicular sea mucho menor al igual que la abundancia de animales”, comenta Leonardi.
La bióloga determinó los lugares de la ruta como más atropellamientos y en donde es necesario tomar medidas urgentes para mitigar este daño. “Las tendencias son preocupantes. Pero hay que realizar un seguimiento para tener un estudio más completo”, advierte.
Aunque admite que lo ideal hubiese sido construir pasafaunas, Leonardi entiende que se pueden tomar otras medidas a corto plazo y no tan costosas como cartelería para disminuir la velocidad y advertir la presencia de animales.
También se pueden colocar reductores de velocidad, tipo serrucho, los cuales además provocan ruido durante el paso del vehículo que espanta a los animales.
Otra medida importante sería la forestación a los costados de la banquina con arbustos como el aromito. “Funcionan como un cerco natural porque hacen un montecito bien espinoso que los animales evitan”, señala la bióloga.
20 millones de pesos. En 2011, la UNC y la Provincia firmaron un acuerdo para que se remedien todos los impactos generados por la ruta. En ese momento los costos de esos trabajos fueron calculados en 20 millones de pesos. Pero los daños continúan.
91 animales muertos. La bióloga Luz Leonardi evaluó los atropellamientos de animales en el Camino del Cuadrado durante seis meses. La mitad de la fauna embestida fueron aves, pero también detectó mamíferos, anfibios y reptiles, algunos bastante raros para la zona.
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Fecha de Publicación: 28/09/2015
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La ruta afecta la fauna local y el arroyo y la reserva universitaria Vaquerías, señalan investigadores de la UNC. Se desconoce el impacto que tuvo sobre las aguas subterráneas
El Camino del Cuadrado está lleno de bellas postales de nuestras sierras. Pero esta ruta que atraviesa cerros casi vírgenes para unir dos de los valles turísticos más importantes también es una herida abierta para la naturaleza, señalan investigadores de la UNC. El paisaje está en riesgo.
En 2009 cuando la construcción del camino estaba en marcha, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) advirtió que la obra iba a dañar la Reserva Vaquerías, un área protegida de 400 hectáreas que pertenece a la Casa de Trejo y que puede observarse abajo del Camino del Cuadrado.
El arroyo Vaquerías es la principal víctima, señalan desde la UNC.
“El arrastre de sedimentos desde los taludes del camino afecta a la reserva. Los taludes siguen inestables y con las lluvias y vientos van depositando material sobre el arroyo, lo que afecta la disponibilidad y calidad del agua y la biodiversidad asociada”, señala Fernando Barri, director de la reserva.
La geóloga Gabriela Cejas, docente e investigadora de la UNC, está estudiando el impacto de la ruta en la cantidad y calidad del agua del arroyo Vaquerías. “Por el momento no detectamos efectos en la calidad del agua, pero sí estamos observando un gran aporte de material sedimentario”, apunta.
Y agrega: “Se está acolmatando hasta el punto de que podría pasar a ser un arroyo subterráneo. Y es probable que le cambie la química al agua del arroyo, cuyas aguas llegan hasta el dique San Roque”.
La geóloga sugiere que se deberían realizar defensas para retener los sedimentos más arriba. “Lo más eficiente es una revegetación de las paredes del camino”, señala.
En 2011, la Provincia firmó un acta acuerdo con la UNC, en la que se comprometía a mitigar y remediar los daños ambientales detectados. En su momento, los costos de estos trabajos fueron calculados en 20 millones de pesos.
Luis Figliozzi, de la Dirección de Vialidad Provincial, asegura que han cumplido con buena parte del acuerdo. Y enumera los trabajos realizados como los azudes y la construcción de gaviones (muros de piedra y alambre) para evitar que los sedimentos lleguen al arroyo, y la construcción de tres escollerados con el mismo fin.
Gustavo Re, representante en la comisión por la universidad, asegura que el impacto en la reserva sigue, a pesar de la voluntad de la Provincia para realizar tareas de remediación.
“Siguen cayendo sedimentos al dique de Vaquerías. La Provincia ya lo dragó tres veces. La hidrosiembra en la paredes del camino no dio resultados, tampoco los desagües y gargantas que se construyeron para evitar que los sedimentos lleguen a la cuenca”, asegura.
El agua que no se ve
Cejas señala otro punto conflictivo del que se desconoce el impacto del camino: las aguas subterráneas. “En el estudio de Impacto Ambiental no se realizaron estudios sobre el agua subterránea. No sabemos cómo ingresa al macizo y por donde se escurre ante la presencia del camino. La UNC solicitó los estudios, pero nunca los presentaron”, explica.
La geóloga asegura que en fotos de 2009 se observa que las vertientes daban directamente en el camino. “Cuando se abrió la traza, ese escurrimiento se debe haber modificado, pero no sabemos por donde. Si se corta parte de las montañas, puede haber un desplazamiento de la cuenca”, indica.
Figliozzi discute que sea necesario realizar una investigación hidrogeológica para abrir un camino. “Un estudio de esa naturaleza lleva años y no se realiza para una obra de este tipo”, sostiene y asegura que le pidieron a la Subsecretaría de Recursos Hídricos un estudio sobre toda la cuenca, el cual tardará años en concretarse.
El funcionario reconoce que la obra generó impactos en el ecosistema. “Estamos tratando de ir mitigando y remediando los impactos generados”, dice.
Re entiende que muchos de los daños ya no tienen solución. “Aunque se clausurara el camino, el impacto seguirá. No hay forma de remediarlo”, dice y asegura que el problema es que se decidió construirlo a partir de la remoción de partes de montañas y no se pensó en hacer puentes y túneles, de menor impacto.
Animales atropellados
La fauna local también sufre el impacto del nuevo camino. Partió al medio un ecosistema. Ahora los animales deben esquivar los siete mil vehículos que todos los días circulan por la ruta. Muchos no lo logran.
Para reducir estos atropellamientos, el Estudio de Impacto Ambiental preveía la construcción de cuatro pasafaunas, túneles por debajo del camino que permiten el paso de los animales. No se construyó ninguno.
La bióloga Luz Leonardi evaluó los atropellamientos de animales en el camino del Cuadrado durante seis meses para su tesis de maestría. Detectó 91 animales muertos por esta causa. La mitad fueron aves.
De las especies terrestres los más atropellados fueron el sapo común, perdiz, comadreja y la culebra de los pastizales.
El gato montés y el hurón chico, dos especies nativas de poca distribución también fueron atropelladas, según las observaciones de Leonardi.
“La densidad relativa de atropellamientos fue la mitad de lo registrado en la ruta nacional 12, ubicada dentro del Parque Nacional Iguazú, probablemente debido a que en nuestra área de estudio la densidad vehicular sea mucho menor al igual que la abundancia de animales”, comenta Leonardi.
La bióloga determinó los lugares de la ruta como más atropellamientos y en donde es necesario tomar medidas urgentes para mitigar este daño. “Las tendencias son preocupantes. Pero hay que realizar un seguimiento para tener un estudio más completo”, advierte.
Aunque admite que lo ideal hubiese sido construir pasafaunas, Leonardi entiende que se pueden tomar otras medidas a corto plazo y no tan costosas como cartelería para disminuir la velocidad y advertir la presencia de animales.
También se pueden colocar reductores de velocidad, tipo serrucho, los cuales además provocan ruido durante el paso del vehículo que espanta a los animales.
Otra medida importante sería la forestación a los costados de la banquina con arbustos como el aromito. “Funcionan como un cerco natural porque hacen un montecito bien espinoso que los animales evitan”, señala la bióloga.
20 millones de pesos. En 2011, la UNC y la Provincia firmaron un acuerdo para que se remedien todos los impactos generados por la ruta. En ese momento los costos de esos trabajos fueron calculados en 20 millones de pesos. Pero los daños continúan.
91 animales muertos. La bióloga Luz Leonardi evaluó los atropellamientos de animales en el Camino del Cuadrado durante seis meses. La mitad de la fauna embestida fueron aves, pero también detectó mamíferos, anfibios y reptiles, algunos bastante raros para la zona.
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En Chubut experimentan con plantas para descontaminar
Buscan utilizar plantas acuáticas para que limpien aguas contaminadas
Fecha de Publicación: 28/09/2015
Fuente: Infocampo
Provincia/Región: Chubut
Una característica de las sociedades modernas es que sus actividades industriales, mineras, agropecuarias, artesanales y domésticas contaminan el ambiente en el que viven. Uno de tantos ejemplos en nuestro país sucede en Chubut con los líquidos contaminados provenientes de diferentes procesos industriales que maneja la la planta de tratamiento de efluentes del Parque Industrial Trelew. Un proyecto llevado a cabo entre la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) y la Escuela Técnica Nº 27, D.E. 18, “Hipólito Yrigoyen” está en marcha con el objetivo reducir en esas aguas la concentración de contaminantes a partir del uso de cultivos como la caña de castilla (Arundo donax) y mostaza etíope (Brassica carinata).
Diego Wassner, Secretario de de Vinculación con Escuelas Medias y CBC de la FAUBA, le explicó a SLT el origen del proyecto: “Se llama Fitoremediación, lo natural se remedia a sí mismo y se originó en varias actividades llevadas adelante en conjunto por la Subsecretaria de Vinculación de la FAUBA y la Escuela Técnica Nº 27 de la CABA, una escuela de química. Bajo la coordinación de los profesores Diego Amato y Claudia Giménez, y con el apoyo del grupo MIRA (FAUBA), los alumnos realizaron actividades y se interiorizaron sobre problemáticas ambientales para luego decidir en qué tema iban a trabajar. El financiamiento de las actividades surgió del Proyecto de Mejora en la Formación de Ciencias Exactas y Naturales en la Escuela Secundaria, dependiente Ministerio de Educación Nacional. En este proyecto también participan las facultades de Ingeniería, Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Económicas, la Dirección de Orientación del Estudiante y, desde el año 2013, la Secretaría de Asuntos Académicos de la UBA”.
El tema elegido por los alumnos fue fitoremediación de aguas contaminadas, con el posterior aprovechamiento de la biomasa producida para producir energía. Al respecto, Wassner nos contó a SLT que: “Esto implicaba dos cosas: la primera era seleccionar las especies vegetales adecuadas para remediar ese tipo de problemas. Los alumnos desarrollaron un sistema hidropónico para evaluar de manera rápida y sencilla el desempeño de diversas especies vegetales expuestas a diferentes tipos de efluentes. Para este caso puntual, se eligieron dos especies: caña de castilla y mostaza etíope. En segundo lugar, debíamos contar con un problema concreto de contaminación hídrica. Ese sitio está localizado en Chubut y pertenece a CORFO, la Corporación de Fomento de la Producción de esa provincia”.
La especie adecuada
La fitoremediación consiste en el cultivo de plantas en agua o suelos contaminados a fin reducir el nivel de contaminantes (ej., metales pesados, solventes, pesticidas, petróleo, aguas servidas, etc.). Algunas plantas cumplen muy bien esta tarea ya que poseen adaptaciones que les permiten captar los contaminantes sin que se afecte demasiado su funcionalidad. Esta tecnología tiene una serie de ventajas, incluyendo: usa energía solar (por lo que puede usarse en diferentes regiones y climas), es de bajo costo (en comparación con otros métodos químicos o mecánicos) y ha sido utilizada con éxito en diferentes partes del planeta. En Argentina, el uso de la fitoremediación es incipiente y de carácter experimental.
La literatura científica incluye una cantidad de casos exitosos de uso de caña de castilla para remediar la contaminación con cadmio y arsénico en suelos y agua. Por su parte, la mostaza etíope ha probado ser muy eficiente al remediar contaminación con metales pesados como, por ejemplo, plomo y níquel. “En este momento los estudiante están caracterizando químicamente el efluente, para luego hacerlo pasar por las raíces de caña de castilla y mostaza etíope para determinar su desempeño como fitoremediadoras”, nos contó Diego.
Aguas que no has de beber
El problema ambiental con los efluentes del Parque Industrial de Trelew no es nuevo. Cuando trabaja a máxima capacidad, este parque bombea alrededor de 10.000 m3 por día de aguas contaminadas. Luego de recibir un tratamiento primario para eliminar sólidos, estas aguas son enviadas a unas lagunas de estabilización ubicadas en un área árida cerca del aeropuerto. Allí se evaporan o infiltran en el terreno, contaminando el agua, el aire y el suelo.
Al respecto, Diego comentó en qué consisten los primeros trabajos están realizando en el marco del proyecto: “Una de las limitantes más severas de esas lagunas es que con tantos años de evaporación e infiltración, su agua se volvió extremadamente salina y alcalina. En la actualidad, CORFO está interesada en evaluar esta tecnología y, llegado el caso, ponerla en práctica. Por eso, a través de su consultor técnico, Damián Sotto, conseguimos que nos enviara 100 litros de ese agua, que usamos en parte para realizar análisis químicos (acidez, contenido de sodio, hierro, cobre, magnesio, nitritos y salinidad) y en parte para la experiencia con las plantas en hidroponia”.
Un proyecto ambicioso
Consultado acerca de los impactos positivos que se esperan del proyecto, Wassner nos comentó: “Tenemos cinco objetivos bastante ambiciosos, como generar agua de mejor calidad que se pueda utilizar para plantaciones forestales o frutales en un ambiente árido como la meseta patagónica. También pretendemos aprovechar energéticamente la biomasa de caña (que es mucha) para producir biogas o para generar calor industrial en calderas adaptadas. Desde el punto de vista estético, el proyecto mejorará el impacto visual de las lagunas en el paisaje, que al estar más limpio y sano volverá a servir como refugio de aves y fauna. Por otra parte, nuestra idea también es poner a punto una tecnología de bajo costo operativo que permita manejar de manera sustentable las aguas residuales, evitando la formación de lagunas con agua de cada vez peor calidad. Por último, tenemos la intención de que una vez ajustada, esta tecnología pueda ser replicada a otras áreas contaminadas del país”.
La Escuela 27 participó de la Feria Ambiental que organizó el Programa Escuelas Verdes de la Ciudad de Buenos Aires, y donde obtuvo el primer premio. A partir de esta distinción, el programa Escuelas Verdes financiaría el proyecto para escalarlo en alguna situación problemática en la Ciudad de Buenos Aires. “Para nosotros ha sido muy gratificante —confiesa Wassner— ver cómo estudiantes y docentes de la E.T. 27 se interesaron con los temas planteados. Nos llena de orgullo el premio que han obtenido y nos compromete a seguir trabajando juntos”.
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Fecha de Publicación: 28/09/2015
Fuente: Infocampo
Provincia/Región: Chubut
Una característica de las sociedades modernas es que sus actividades industriales, mineras, agropecuarias, artesanales y domésticas contaminan el ambiente en el que viven. Uno de tantos ejemplos en nuestro país sucede en Chubut con los líquidos contaminados provenientes de diferentes procesos industriales que maneja la la planta de tratamiento de efluentes del Parque Industrial Trelew. Un proyecto llevado a cabo entre la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) y la Escuela Técnica Nº 27, D.E. 18, “Hipólito Yrigoyen” está en marcha con el objetivo reducir en esas aguas la concentración de contaminantes a partir del uso de cultivos como la caña de castilla (Arundo donax) y mostaza etíope (Brassica carinata).
Diego Wassner, Secretario de de Vinculación con Escuelas Medias y CBC de la FAUBA, le explicó a SLT el origen del proyecto: “Se llama Fitoremediación, lo natural se remedia a sí mismo y se originó en varias actividades llevadas adelante en conjunto por la Subsecretaria de Vinculación de la FAUBA y la Escuela Técnica Nº 27 de la CABA, una escuela de química. Bajo la coordinación de los profesores Diego Amato y Claudia Giménez, y con el apoyo del grupo MIRA (FAUBA), los alumnos realizaron actividades y se interiorizaron sobre problemáticas ambientales para luego decidir en qué tema iban a trabajar. El financiamiento de las actividades surgió del Proyecto de Mejora en la Formación de Ciencias Exactas y Naturales en la Escuela Secundaria, dependiente Ministerio de Educación Nacional. En este proyecto también participan las facultades de Ingeniería, Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Económicas, la Dirección de Orientación del Estudiante y, desde el año 2013, la Secretaría de Asuntos Académicos de la UBA”.
El tema elegido por los alumnos fue fitoremediación de aguas contaminadas, con el posterior aprovechamiento de la biomasa producida para producir energía. Al respecto, Wassner nos contó a SLT que: “Esto implicaba dos cosas: la primera era seleccionar las especies vegetales adecuadas para remediar ese tipo de problemas. Los alumnos desarrollaron un sistema hidropónico para evaluar de manera rápida y sencilla el desempeño de diversas especies vegetales expuestas a diferentes tipos de efluentes. Para este caso puntual, se eligieron dos especies: caña de castilla y mostaza etíope. En segundo lugar, debíamos contar con un problema concreto de contaminación hídrica. Ese sitio está localizado en Chubut y pertenece a CORFO, la Corporación de Fomento de la Producción de esa provincia”.
La especie adecuada
La fitoremediación consiste en el cultivo de plantas en agua o suelos contaminados a fin reducir el nivel de contaminantes (ej., metales pesados, solventes, pesticidas, petróleo, aguas servidas, etc.). Algunas plantas cumplen muy bien esta tarea ya que poseen adaptaciones que les permiten captar los contaminantes sin que se afecte demasiado su funcionalidad. Esta tecnología tiene una serie de ventajas, incluyendo: usa energía solar (por lo que puede usarse en diferentes regiones y climas), es de bajo costo (en comparación con otros métodos químicos o mecánicos) y ha sido utilizada con éxito en diferentes partes del planeta. En Argentina, el uso de la fitoremediación es incipiente y de carácter experimental.
La literatura científica incluye una cantidad de casos exitosos de uso de caña de castilla para remediar la contaminación con cadmio y arsénico en suelos y agua. Por su parte, la mostaza etíope ha probado ser muy eficiente al remediar contaminación con metales pesados como, por ejemplo, plomo y níquel. “En este momento los estudiante están caracterizando químicamente el efluente, para luego hacerlo pasar por las raíces de caña de castilla y mostaza etíope para determinar su desempeño como fitoremediadoras”, nos contó Diego.
Aguas que no has de beber
El problema ambiental con los efluentes del Parque Industrial de Trelew no es nuevo. Cuando trabaja a máxima capacidad, este parque bombea alrededor de 10.000 m3 por día de aguas contaminadas. Luego de recibir un tratamiento primario para eliminar sólidos, estas aguas son enviadas a unas lagunas de estabilización ubicadas en un área árida cerca del aeropuerto. Allí se evaporan o infiltran en el terreno, contaminando el agua, el aire y el suelo.
Al respecto, Diego comentó en qué consisten los primeros trabajos están realizando en el marco del proyecto: “Una de las limitantes más severas de esas lagunas es que con tantos años de evaporación e infiltración, su agua se volvió extremadamente salina y alcalina. En la actualidad, CORFO está interesada en evaluar esta tecnología y, llegado el caso, ponerla en práctica. Por eso, a través de su consultor técnico, Damián Sotto, conseguimos que nos enviara 100 litros de ese agua, que usamos en parte para realizar análisis químicos (acidez, contenido de sodio, hierro, cobre, magnesio, nitritos y salinidad) y en parte para la experiencia con las plantas en hidroponia”.
Un proyecto ambicioso
Consultado acerca de los impactos positivos que se esperan del proyecto, Wassner nos comentó: “Tenemos cinco objetivos bastante ambiciosos, como generar agua de mejor calidad que se pueda utilizar para plantaciones forestales o frutales en un ambiente árido como la meseta patagónica. También pretendemos aprovechar energéticamente la biomasa de caña (que es mucha) para producir biogas o para generar calor industrial en calderas adaptadas. Desde el punto de vista estético, el proyecto mejorará el impacto visual de las lagunas en el paisaje, que al estar más limpio y sano volverá a servir como refugio de aves y fauna. Por otra parte, nuestra idea también es poner a punto una tecnología de bajo costo operativo que permita manejar de manera sustentable las aguas residuales, evitando la formación de lagunas con agua de cada vez peor calidad. Por último, tenemos la intención de que una vez ajustada, esta tecnología pueda ser replicada a otras áreas contaminadas del país”.
La Escuela 27 participó de la Feria Ambiental que organizó el Programa Escuelas Verdes de la Ciudad de Buenos Aires, y donde obtuvo el primer premio. A partir de esta distinción, el programa Escuelas Verdes financiaría el proyecto para escalarlo en alguna situación problemática en la Ciudad de Buenos Aires. “Para nosotros ha sido muy gratificante —confiesa Wassner— ver cómo estudiantes y docentes de la E.T. 27 se interesaron con los temas planteados. Nos llena de orgullo el premio que han obtenido y nos compromete a seguir trabajando juntos”.
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Chaco lanza un plan de adaptación al cambio climático
Lanzan el Gran Chaco Proadapt, para la adaptación al cambio climático
Fecha de Publicación: 28/09/2015
Fuente: DataChaco
Provincia/Región: Chaco
Se trata de un trabajo conjunto entre funcionarios, técnicos y organizaciones civiles.
Con presencia de representantes de Paraguay y Bolivia y de las provincias de Chaco, Formosa y Salta se realizó esta mañana, en el salón Obligado de Casa de Gobierno, el lanzamiento de la Alianza Gran Chaco Proadapt.
La iniciativa tiene por objetivo generar una alianza trinacional integrada por la sociedad civil organizada, el sector privado y los gobiernos locales.
Al frente de la apertura del encuentro estuvo el ministro de Planificación y Ambiente, Miguel Brunswig, quien agradeció la participación y el esfuerzo de todos los presentas para trabajar en la potenciación de la experiencia colectiva del Gran Chaco, mediante el intercambio de información y conocimiento para generar una mayor resiliencia climática.
Entre los presentes, se encontraban funcionarios y técnicos del gobierno de las tres provincias argentinas, de Villamonte (Bolivia), Boquerón (Paraguay) y responsables de carteras de Inversión del FOMIN y del BID. Además de coordinadores de Programas de la Unidad para el Cambio Rural (UCAR), del INTA, IPTA (Paraguay), INIAF (Bolivia), gerentes de la Fundación AVINA, organizaciones de la sociedad civil de los tres países, y líderes de organizaciones de campesinos, productores y comunidades de la sociedad.
Luego de la presentación de los integrantes de la mesa del taller, continuaron las exposiciones de representantes del Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria (FONTAGRO), quienes se refirieron a la investigación y transferencia de tecnologías adaptativas en el Gran Chaco.
La coordinadora de la Unidad de Desarrollo Productivo de UCAR, Daniela Raposo, expuso los instrumentos actuales de inversión y proyección 2016-2019. De FOMIN/BID, Carlos Sánchez Román, coordinador Programa Adaptación al Cambio Climático – BID Washigton DC, abordó la cartera de inversión del BID orientada al desarrollo y nuevos instrumentos de inversión público-privados.
Se busca así direccionar la inversión al desarrollo nacional e internacional para contribuir a la capacidad adaptativa de pequeños productores del Gran Chaco Americano, y de los grupos sociales más vulnerables, frente a impactos derivados del cambio y la variabilidad climática.
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Fecha de Publicación: 28/09/2015
Fuente: DataChaco
Provincia/Región: Chaco
Se trata de un trabajo conjunto entre funcionarios, técnicos y organizaciones civiles.
Con presencia de representantes de Paraguay y Bolivia y de las provincias de Chaco, Formosa y Salta se realizó esta mañana, en el salón Obligado de Casa de Gobierno, el lanzamiento de la Alianza Gran Chaco Proadapt.
La iniciativa tiene por objetivo generar una alianza trinacional integrada por la sociedad civil organizada, el sector privado y los gobiernos locales.
Al frente de la apertura del encuentro estuvo el ministro de Planificación y Ambiente, Miguel Brunswig, quien agradeció la participación y el esfuerzo de todos los presentas para trabajar en la potenciación de la experiencia colectiva del Gran Chaco, mediante el intercambio de información y conocimiento para generar una mayor resiliencia climática.
Entre los presentes, se encontraban funcionarios y técnicos del gobierno de las tres provincias argentinas, de Villamonte (Bolivia), Boquerón (Paraguay) y responsables de carteras de Inversión del FOMIN y del BID. Además de coordinadores de Programas de la Unidad para el Cambio Rural (UCAR), del INTA, IPTA (Paraguay), INIAF (Bolivia), gerentes de la Fundación AVINA, organizaciones de la sociedad civil de los tres países, y líderes de organizaciones de campesinos, productores y comunidades de la sociedad.
Luego de la presentación de los integrantes de la mesa del taller, continuaron las exposiciones de representantes del Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria (FONTAGRO), quienes se refirieron a la investigación y transferencia de tecnologías adaptativas en el Gran Chaco.
La coordinadora de la Unidad de Desarrollo Productivo de UCAR, Daniela Raposo, expuso los instrumentos actuales de inversión y proyección 2016-2019. De FOMIN/BID, Carlos Sánchez Román, coordinador Programa Adaptación al Cambio Climático – BID Washigton DC, abordó la cartera de inversión del BID orientada al desarrollo y nuevos instrumentos de inversión público-privados.
Se busca así direccionar la inversión al desarrollo nacional e internacional para contribuir a la capacidad adaptativa de pequeños productores del Gran Chaco Americano, y de los grupos sociales más vulnerables, frente a impactos derivados del cambio y la variabilidad climática.
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Barrick: quieren que se hable del 'ya está y no pasó nada'"
Organizaciones ambientales criticaron la decisión de la Justicia de levantar la cautelar contra Barrick Gold
Fecha de Publicación: 27/09/2015
Fuente: La Nación
Provincia/Región: San Juan
A 10 días del derrame, Veladero está nuevamente en funcionamiento tras la resolución de la justicia de San Juan
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) manifestaron su preocupación por la reciente resolución del juez civil y penal Pablo Oritja, titular del juzgado de la 2° Circunscripción judicial de San Juan, de levantar la medida cautelar que impedía a la empresa minera Barrick Gold operar con cianuro en el emprendimiento de Veladero.
La resolución había sido dictada por el propio juez Oritja, tras conocerse la noticia de un derrame de cianuro en Veladero el pasado 13 de septiembre. "Si bien el magistrado habría impuesto una serie de condicionamientos, nos preocupa el hermetismo con el que se manejó el incidente, la escasa información sobre las circunstancias del hecho brindadas por las autoridades, y las medidas de gestión de riesgo y manejo de contingencias utilizadas", planteó Pía Marchegiani, directora de Participación de FARN.
"No se pueden seguir manejando asuntos tan delicados, que involucran la afectación del ambiente y la salud humana, de esta manera. Al contrario, se requieren máxima responsabilidad y transparencia para que la ciudadanía sepa lo que está sucediendo y pueda actuar en consecuencia", agregó.
Las organizaciones exigen el inmediato esclarecimiento del incidente -cuál es efectivamente la cantidad de solución cianurada vertida al ambiente, la dimensión de la superficie afectada por el derrame- con intervención de peritos técnicos imparciales, así como que se hagan públicos tanto los resultados de los distintos informes técnicos efectuados, y las medidas tomadas para salvaguardar el ambiente y la salud de las personas que viven en zonas aledañas o influidas por el megaproyecto minero.
"Repudiamos la reciente decisión del juez Oritja. Barrick mintió y el Gobierno de San Juan ocultó", recalcó Gonzalo Strano, de la campaña de Glaciares de Greenpeace. Y sumó: "Todavía hoy se sigue escatimando información fundamental sobre el accidente y sus consecuencias".
Por su parte, Enrique Viale de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas se quejó de la manera de actuar de la justicia de San Juan. "Acá todo puede pasar, como por ejemplo que a 24 horas de conocer que se derramó 1 millón de litros de cianuro sobre la cuenca del río Jáchal, el juez tome la decisión de levantar la medida cautelar, desconociendo los principios preventivo y precautorio, que constituyen la columna vertebral del derecho ambiental".
Y agregó: "La estrategia coordinada por Barrick y el gobierno de Gioja es instalar la teoría de que 'ya está y no pasó nada' cuando estamos ante uno de los peores desastres ambientales mineros de la historia argentina".
Más Información:
El vicegobernador dijo que tomarán "decisiones políticas contundentes"....
La Comisión de medio ambiente del Senado se traslada a San Juan
Reclamo opositor por el derrame en San Juan
Veladero: "La estrategia de Barrick y Gioja es instalar la teoría de que 'ya está y no pasó nada'"
Scioli de campaña en San Juan prometió una "minería sustentable" y pidió ...
Derrame de cianuro: imputaron al secretario de Minería y a 9 empleados de ...
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Fecha de Publicación: 27/09/2015
Fuente: La Nación
Provincia/Región: San Juan
A 10 días del derrame, Veladero está nuevamente en funcionamiento tras la resolución de la justicia de San Juan
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) manifestaron su preocupación por la reciente resolución del juez civil y penal Pablo Oritja, titular del juzgado de la 2° Circunscripción judicial de San Juan, de levantar la medida cautelar que impedía a la empresa minera Barrick Gold operar con cianuro en el emprendimiento de Veladero.
La resolución había sido dictada por el propio juez Oritja, tras conocerse la noticia de un derrame de cianuro en Veladero el pasado 13 de septiembre. "Si bien el magistrado habría impuesto una serie de condicionamientos, nos preocupa el hermetismo con el que se manejó el incidente, la escasa información sobre las circunstancias del hecho brindadas por las autoridades, y las medidas de gestión de riesgo y manejo de contingencias utilizadas", planteó Pía Marchegiani, directora de Participación de FARN.
"No se pueden seguir manejando asuntos tan delicados, que involucran la afectación del ambiente y la salud humana, de esta manera. Al contrario, se requieren máxima responsabilidad y transparencia para que la ciudadanía sepa lo que está sucediendo y pueda actuar en consecuencia", agregó.
Las organizaciones exigen el inmediato esclarecimiento del incidente -cuál es efectivamente la cantidad de solución cianurada vertida al ambiente, la dimensión de la superficie afectada por el derrame- con intervención de peritos técnicos imparciales, así como que se hagan públicos tanto los resultados de los distintos informes técnicos efectuados, y las medidas tomadas para salvaguardar el ambiente y la salud de las personas que viven en zonas aledañas o influidas por el megaproyecto minero.
"Repudiamos la reciente decisión del juez Oritja. Barrick mintió y el Gobierno de San Juan ocultó", recalcó Gonzalo Strano, de la campaña de Glaciares de Greenpeace. Y sumó: "Todavía hoy se sigue escatimando información fundamental sobre el accidente y sus consecuencias".
Por su parte, Enrique Viale de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas se quejó de la manera de actuar de la justicia de San Juan. "Acá todo puede pasar, como por ejemplo que a 24 horas de conocer que se derramó 1 millón de litros de cianuro sobre la cuenca del río Jáchal, el juez tome la decisión de levantar la medida cautelar, desconociendo los principios preventivo y precautorio, que constituyen la columna vertebral del derecho ambiental".
Y agregó: "La estrategia coordinada por Barrick y el gobierno de Gioja es instalar la teoría de que 'ya está y no pasó nada' cuando estamos ante uno de los peores desastres ambientales mineros de la historia argentina".
Más Información:
El vicegobernador dijo que tomarán "decisiones políticas contundentes"....
La Comisión de medio ambiente del Senado se traslada a San Juan
Reclamo opositor por el derrame en San Juan
Veladero: "La estrategia de Barrick y Gioja es instalar la teoría de que 'ya está y no pasó nada'"
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Barrick Gold,
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Contaminación sonora en la 25 de Mayo, hay sentencia
Intiman al Gobierno porteño a bajar el ruido en la 25 de Mayo
Fecha de Publicación: 27/09/2015
Fuente: Clarín
Provincia/Región: CABA
Contaminación sonora.La Justicia confirmó un fallo que obliga a la Ciudad a presentar un plan para cumplir la medida. La causa es de 2001, cuando Pedro Barragán, que vive a 50 metros de la autopista, denunció que el sonido es insalubre.
El Gobierno porteño se va quedando sin excusas. La Justicia de la Ciudad rechazó un recurso de inconstitucionalidad que el Ejecutivo presentó contra una sentencia de Cámara, que le dio ocho meses para presentar un estudio de impacto ambiental y un plan para mitigar los ruidos de la autopista 25 de Mayo. Sin embargo, desde AUSA afirman que ya los presentaron. Y anticipan que el año próximo colocarán una primera pantalla acústica para amortiguar la contaminación sonora.
La 25 de Mayo fue inaugurada en 1980 por el ex intendente de facto Osvaldo Cacciatore. Desde entonces, los habitantes de los edificios vecinos conviven con un ruido infernal. Como Pedro Barragán, que en 1973 compró un departamento en Luis Sáenz Peña al 1200 y, siete años después, se encontró con la autopista a 50 metros de su balcón. A toda hora, en su casa hay 97 decibeles provenientes de la vía rápida, por la que circulan 100.000 vehículos por día. Pero la Organización Mundial de la Salud considera que el ruido no debe superar los 30 decibeles y que si excede los 90 durante ocho horas o más provoca daño auditivo.
“Tenemos dolores de cabeza, hipertensión y hay que poner el televisor al máximo volumen para poder escuchar. De noche no podemos dormir, porque es cuando más camiones circulan”, describe Barragán, que en 2001 presentó una denuncia ante la Justicia porteña. Otros 500 vecinos acompañaron su reclamo, basado en el artículo 26 de la Constitución de la Ciudad, que protege el derecho a gozar de un ambiente sano. Dos años después, un juez le dio la razón pero AUSA no hizo nada para reducir el ruido. Hasta que en junio de 2014, la Justicia le puso un plazo de ocho meses para que presente un estudio de impacto ambiental y un plan de adecuación.
El Gobierno porteño apeló, pero en diciembre la Cámara confirmó el fallo. Fue entonces que la Procuración de la Ciudad presentó un recurso de inconstitucionalidad para recurrir al Tribunal Superior de Justicia, alegando que la sentencia era arbitraria y vulneraba la garantía de defensa y del debido proceso. La Sala I de la Cámara rechazó este recurso, porque entendió que la intervención de ese Tribunal no corresponde ante una decisión adoptada en la etapa de ejecución de una sentencia firme.
“Ahora el Gobierno de la Ciudad y AUSA van a tener que cumplir sí o sí con el fallo –dice Barragán–. ¿Qué más pueden hacer? Hace años que vienen usando chicanas jurídicas para no respetar la orden judicial, pero ahora la Cámara dice que no hay que seguir resolviendo algo que ya está confirmado. Lo que pasa es que el Ejecutivo sigue alargando la situación y mientras está poniendo el Metrobus en la autopista. Y cuando empiece a circular, el ruido va a ser aún peor”.
A pesar de los recursos judiciales que interpuso para eludir la sentencia, en AUSA aseguran que ya la cumplieron. Y que en enero presentaron el estudio de impacto ambiental ante la Agencia de Protección Ambiental (APRA), que es la autoridad de aplicación, y en febrero se lo informaron al Juzgado.“En junio de 2015, APRA otorgó el certificado de aptitud ambiental a la autopista 25 de Mayo, lo que da muestra del cabal cumplimiento de lo ordenado por el juzgado”, informaron en AUSA.
Según AUSA, también hicieron estudios y planes de mitigación para toda la red de autopistas. En el caso de la 25 de Mayo, explicaron, en base a un mapa de ruido se elaboró un plan que contempla la instalación de pantallas acústicas de 3 metros de altura en los lugares más críticos a partir de 2016, y la readecuación edilicia de las escuelas de las zonas más conflictivas.
Leé también: Pondrán paneles...
El abogado de Barragán y director de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, Andrés Nápoli, niega que AUSA haya obedecido la orden judicial: “Presentó un plan realizado por un técnico de la Universidad Nacional de Tres de Febrero –sostiene–. Pero ese documento no cumple los recaudos técnicos y requisitos previstos por la normativa en vigencia para que pueda ser considerado como un Plan de Adecuación Ambiental. Por ejemplo, carece de un Estudio de Línea de Base, que permita conocer cuál es la situación actual de la autopista en relación a emisión sonora de los vehículos. Y llama la atención la ausencia total de datos sobre la cantidad de vehículos que transitan a diario por la misma o las horas en que mayor emisión sonora se produce”.
Además, Nápoli afirma que el Gobierno porteño no hizo estudios de ruido para medir el impacto que tendrá el Metrobus en la autopista. “En todos estos años, la situación fue empeorando –sostiene–. Y los responsables son el Gobierno porteño y la Justicia misma, que permitió que su propio fallo se diluya en recursos inaceptables”.
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Fecha de Publicación: 27/09/2015
Fuente: Clarín
Provincia/Región: CABA
Contaminación sonora.La Justicia confirmó un fallo que obliga a la Ciudad a presentar un plan para cumplir la medida. La causa es de 2001, cuando Pedro Barragán, que vive a 50 metros de la autopista, denunció que el sonido es insalubre.
El Gobierno porteño se va quedando sin excusas. La Justicia de la Ciudad rechazó un recurso de inconstitucionalidad que el Ejecutivo presentó contra una sentencia de Cámara, que le dio ocho meses para presentar un estudio de impacto ambiental y un plan para mitigar los ruidos de la autopista 25 de Mayo. Sin embargo, desde AUSA afirman que ya los presentaron. Y anticipan que el año próximo colocarán una primera pantalla acústica para amortiguar la contaminación sonora.
La 25 de Mayo fue inaugurada en 1980 por el ex intendente de facto Osvaldo Cacciatore. Desde entonces, los habitantes de los edificios vecinos conviven con un ruido infernal. Como Pedro Barragán, que en 1973 compró un departamento en Luis Sáenz Peña al 1200 y, siete años después, se encontró con la autopista a 50 metros de su balcón. A toda hora, en su casa hay 97 decibeles provenientes de la vía rápida, por la que circulan 100.000 vehículos por día. Pero la Organización Mundial de la Salud considera que el ruido no debe superar los 30 decibeles y que si excede los 90 durante ocho horas o más provoca daño auditivo.
“Tenemos dolores de cabeza, hipertensión y hay que poner el televisor al máximo volumen para poder escuchar. De noche no podemos dormir, porque es cuando más camiones circulan”, describe Barragán, que en 2001 presentó una denuncia ante la Justicia porteña. Otros 500 vecinos acompañaron su reclamo, basado en el artículo 26 de la Constitución de la Ciudad, que protege el derecho a gozar de un ambiente sano. Dos años después, un juez le dio la razón pero AUSA no hizo nada para reducir el ruido. Hasta que en junio de 2014, la Justicia le puso un plazo de ocho meses para que presente un estudio de impacto ambiental y un plan de adecuación.
El Gobierno porteño apeló, pero en diciembre la Cámara confirmó el fallo. Fue entonces que la Procuración de la Ciudad presentó un recurso de inconstitucionalidad para recurrir al Tribunal Superior de Justicia, alegando que la sentencia era arbitraria y vulneraba la garantía de defensa y del debido proceso. La Sala I de la Cámara rechazó este recurso, porque entendió que la intervención de ese Tribunal no corresponde ante una decisión adoptada en la etapa de ejecución de una sentencia firme.
“Ahora el Gobierno de la Ciudad y AUSA van a tener que cumplir sí o sí con el fallo –dice Barragán–. ¿Qué más pueden hacer? Hace años que vienen usando chicanas jurídicas para no respetar la orden judicial, pero ahora la Cámara dice que no hay que seguir resolviendo algo que ya está confirmado. Lo que pasa es que el Ejecutivo sigue alargando la situación y mientras está poniendo el Metrobus en la autopista. Y cuando empiece a circular, el ruido va a ser aún peor”.
A pesar de los recursos judiciales que interpuso para eludir la sentencia, en AUSA aseguran que ya la cumplieron. Y que en enero presentaron el estudio de impacto ambiental ante la Agencia de Protección Ambiental (APRA), que es la autoridad de aplicación, y en febrero se lo informaron al Juzgado.“En junio de 2015, APRA otorgó el certificado de aptitud ambiental a la autopista 25 de Mayo, lo que da muestra del cabal cumplimiento de lo ordenado por el juzgado”, informaron en AUSA.
Según AUSA, también hicieron estudios y planes de mitigación para toda la red de autopistas. En el caso de la 25 de Mayo, explicaron, en base a un mapa de ruido se elaboró un plan que contempla la instalación de pantallas acústicas de 3 metros de altura en los lugares más críticos a partir de 2016, y la readecuación edilicia de las escuelas de las zonas más conflictivas.
Leé también: Pondrán paneles...
El abogado de Barragán y director de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, Andrés Nápoli, niega que AUSA haya obedecido la orden judicial: “Presentó un plan realizado por un técnico de la Universidad Nacional de Tres de Febrero –sostiene–. Pero ese documento no cumple los recaudos técnicos y requisitos previstos por la normativa en vigencia para que pueda ser considerado como un Plan de Adecuación Ambiental. Por ejemplo, carece de un Estudio de Línea de Base, que permita conocer cuál es la situación actual de la autopista en relación a emisión sonora de los vehículos. Y llama la atención la ausencia total de datos sobre la cantidad de vehículos que transitan a diario por la misma o las horas en que mayor emisión sonora se produce”.
Además, Nápoli afirma que el Gobierno porteño no hizo estudios de ruido para medir el impacto que tendrá el Metrobus en la autopista. “En todos estos años, la situación fue empeorando –sostiene–. Y los responsables son el Gobierno porteño y la Justicia misma, que permitió que su propio fallo se diluya en recursos inaceptables”.
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Multas por desmontar: irrisorias y no se pagan
Multaron a dos productores por desmontar zona de bosque nativo
Fecha de Publicación: 27/09/2015
Fuente: APFDigital
Provincia/Región: Entre Ríos
Mediante la Resolución Nº 1162, dictada por la Dirección General de Recursos Naturales (incluida en el Decreto Nº 733), dependiente del Ministerio de la Producción de la provincia de Entre Ríos, emitida el 3 de diciembre de 2008 se inició un expediente que alude a un acta de infracción a la Ley nacional Nº 13. 273 contra los titulares de la estancia La Giuliana, ubicada en Distrito Ramírez del Departamento Federal.
Según la normativa vigente de Defensa de la Riqueza Forestal y de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos, Santiago y Agustín Suppo, titulares del emprendimiento productivo, fueron sancionados con una multa de 150.000 pesos por tareas de desmonte en ese establecimiento del norte entrerriano. Al tomar conocimiento de la acción legal, los dueños del campo interpusieron un recurso de apelación jerárquica contra la resolución de la Dirección General de Recursos Naturales, la cual fue rechazada el 28 de agosto de 2013. Más allá de este primer revés, los productores volvieron a la carga y el 25 de junio de 2014 avanzaron con un nuevo recurso de apelación jerárquica, pero esta vez lo elevaron ante el gobernador, Sergio Urribarri.
Como parte involucrada en la cuestión, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Producción analizó la procedencia legal del recurso y en base a ello dictaminó: “El recurso de apelación jerárquica interpuesto, debe tenerse por interpuesto en forma legal y en tiempo hábil; que además entiende que con respecto de la cuestión de fondo del recurso, el memorial de agravio carece de argumentos con entidad suficiente como para conmover la decisión atacada”. Al desarrollar su argumentación, el área competente entendió que “son los mismos sancionados que al hacer su primera presentación, no niegan la constatación efectuada por los funcionarios de la Dirección General de Recursos Naturales, manifestando expresamente su deseo de encuadrarse en las disposiciones sobre Manejo de Monte Nativo”.
Entonces, en base a estos fundamentos, se advirtió que el recurso presentado por los Suppo “no logra desvirtuar la consideración razonada sobre los fundamentos y argumentos tomados en cuenta por la administración para proceder al dictado de la resolución atacada”. De esta manera se rechazó el recurso de apelación y se procedió a confirmar la resolución recurrida, refrendada por el ministro Schunk.
Protección de Bosques Nativos
El director de Gestión de Uso Sustentable de los Recursos Naturales que depende de la Dirección General de Recursos Naturales, Roque Fernández, se refirió a la importancia de la puesta en vigencia La Ley Nacional Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos. “En marzo de 2014 se promulgó la Ley provincial Nº 10.284 que habla del ordenamiento del Bosque Nativo, y en mayo de este año se dictó el Decreto Nº 1.329 reglamentario de la norma”, informó el funcionario en diálogo con UNO.
Según detalló, en la misma está tipificada la cuestión de las infracciones, donde las provincias podían elaborar su propio sistema de sanciones o utilizar la que dispone la ley nacional de Presupuesto Mínimo. En relación a las escalas empleadas para fijar los montos de las multas en la provincia, el director de la repartición aseguró que por módulo desmontado la sanción alcanza a 400 pesos. Fernández explicó que se aplica una escala de módulos que va del 1 al 100 por hectárea. “Por ejemplo, si el monte que usted taló es contenedor de la erosión hídrica o que alberga -desde el punto de vista de la ecología- otras especies, las multas pueden ser altas por hectáreas. Esto es en base a informes técnicos que elaboran los inspectores de Recursos Naturales y luego lo evalúa el área jurídica”, manifestó.
Distrito del Ñandubay
El complejo ecosistémico más representativo de Entre Ríos y con áreas de bosques nativos que perdura es el Distrito del Ñandubay. En ese contexto, Fernández también habló de El Espinal, que comprende una clasificación fitogeográfica compartida con Santa Fe y Córdoba. “Hoy la ley lo toma como un complejo ambiental; si el complejo de árboles es abrigo de determinadas especies, de aves o de mamíferos, y además protege el suelo, ese complejo se debe proteger. Ese es el espíritu de la ley de Presupuesto Mínimo. Entonces esos bosques ubicados en El Espinal son de alto valor de conservación”, fundamentó. Con el objetivo de preservar estas áreas boscosas la normativa en cuestión establece una compensación para aquellos productores que protejan estas zonas de montes. Según Fernández, existen distintos planes de conservación o planes de manejo sostenible que permiten al productor desarrollar actividades relacionados con su tarea cotidiana. “No se le restringe su labor, sino que se le permite hacer con determinadas pautas ambientales para mantener los atributos del bosque y no ir en contra de su perpetuidad. Cuando no hace un manejo consustanciado con los actos renovables de la propia especie está condenando al bosque a la muerte”, resaltó. En cuanto a la zona donde se detectó la infracción, específicamente en el Departamento Federal, el funcionario explicó que allí se conserva una de las pocas áreas con Espinal, junto al Departamento Tala y la zona norte de Nogoyá. “Toda esa franja ingresa desde el sur de Santa Fe y el norte de La Pampa. Y deja una margen de unos 50 kilómetros a la margen de la costa del Uruguay que presenta otro tipo de paisaje, de características pampeanas”, aseveró. Entre las especies protegidas debido al avance del desmonte figuran el cardenal amarillo y el aguará guazú, entre otras.
Una vasta extensión de área protegida
De acuerdo a un relevamiento de la Facultad de Agronomía, en la provincia de Entre Ríos alrededor de 350.000 hectáreas están categorizadas como bosques de alto valor de conservación. Según la misma clasificación y catalogadas con el color amarillo -que implica un mediano valor de conservación-, se tienen contabilizadas 1.070.000 hectáreas. “La parte posible de solicitar desmonte alcanzaría las 450.000 hectáreas. Es un derecho que le asiste a un productor; tenemos que tener en cuenta los factores ambientales para saber si es posible hacerlo. Porque una persona que no tiene conocimiento de que el suelo es frágil, o está en evolución o está en desarrollo, probablemente no soporte un ciclo de cultivo”, reflexionó. Consultado por las pautas a seguir en esta materia y la política fijada para preservar los bosques nativos, Fernández consideró vital que los productores respeten la biodiversidad sin restringir su fuente laboral. “Tiene que haber una armonía entre la producción y la conservación”, argumentó.
Alcance de la aplicación
Por primera vez los productores entrerrianos que son titulares de tierras con bosques nativos accederán a beneficios por conservarlos. Para ello deberán presentar planes entre el 31 de agosto y 31 de diciembre, que se ejecutarán en 2016. Esto es posible porque la normativa local fue validada por la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos Nº 26.331, con lo cual se dispone de recursos que compensen al productor que decida resguardar dicho recurso natural. Así, la provincia tendrá beneficios económicos y mejores estándares ambientales. La Provincia tiene las partidas, a través del Consejo Federal de Medio Ambiente, que dentro del presupuesto nacional se asigna a las provincias que tienen su ordenamiento aprobado. En Entre Ríos hay 39 áreas protegidas: 13 de dominio privados, 17 de municipios y nueve del gobierno entrerriano.
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Fecha de Publicación: 27/09/2015
Fuente: APFDigital
Provincia/Región: Entre Ríos
Mediante la Resolución Nº 1162, dictada por la Dirección General de Recursos Naturales (incluida en el Decreto Nº 733), dependiente del Ministerio de la Producción de la provincia de Entre Ríos, emitida el 3 de diciembre de 2008 se inició un expediente que alude a un acta de infracción a la Ley nacional Nº 13. 273 contra los titulares de la estancia La Giuliana, ubicada en Distrito Ramírez del Departamento Federal.
Según la normativa vigente de Defensa de la Riqueza Forestal y de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos, Santiago y Agustín Suppo, titulares del emprendimiento productivo, fueron sancionados con una multa de 150.000 pesos por tareas de desmonte en ese establecimiento del norte entrerriano. Al tomar conocimiento de la acción legal, los dueños del campo interpusieron un recurso de apelación jerárquica contra la resolución de la Dirección General de Recursos Naturales, la cual fue rechazada el 28 de agosto de 2013. Más allá de este primer revés, los productores volvieron a la carga y el 25 de junio de 2014 avanzaron con un nuevo recurso de apelación jerárquica, pero esta vez lo elevaron ante el gobernador, Sergio Urribarri.
Como parte involucrada en la cuestión, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Producción analizó la procedencia legal del recurso y en base a ello dictaminó: “El recurso de apelación jerárquica interpuesto, debe tenerse por interpuesto en forma legal y en tiempo hábil; que además entiende que con respecto de la cuestión de fondo del recurso, el memorial de agravio carece de argumentos con entidad suficiente como para conmover la decisión atacada”. Al desarrollar su argumentación, el área competente entendió que “son los mismos sancionados que al hacer su primera presentación, no niegan la constatación efectuada por los funcionarios de la Dirección General de Recursos Naturales, manifestando expresamente su deseo de encuadrarse en las disposiciones sobre Manejo de Monte Nativo”.
Entonces, en base a estos fundamentos, se advirtió que el recurso presentado por los Suppo “no logra desvirtuar la consideración razonada sobre los fundamentos y argumentos tomados en cuenta por la administración para proceder al dictado de la resolución atacada”. De esta manera se rechazó el recurso de apelación y se procedió a confirmar la resolución recurrida, refrendada por el ministro Schunk.
Protección de Bosques Nativos
El director de Gestión de Uso Sustentable de los Recursos Naturales que depende de la Dirección General de Recursos Naturales, Roque Fernández, se refirió a la importancia de la puesta en vigencia La Ley Nacional Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos. “En marzo de 2014 se promulgó la Ley provincial Nº 10.284 que habla del ordenamiento del Bosque Nativo, y en mayo de este año se dictó el Decreto Nº 1.329 reglamentario de la norma”, informó el funcionario en diálogo con UNO.
Según detalló, en la misma está tipificada la cuestión de las infracciones, donde las provincias podían elaborar su propio sistema de sanciones o utilizar la que dispone la ley nacional de Presupuesto Mínimo. En relación a las escalas empleadas para fijar los montos de las multas en la provincia, el director de la repartición aseguró que por módulo desmontado la sanción alcanza a 400 pesos. Fernández explicó que se aplica una escala de módulos que va del 1 al 100 por hectárea. “Por ejemplo, si el monte que usted taló es contenedor de la erosión hídrica o que alberga -desde el punto de vista de la ecología- otras especies, las multas pueden ser altas por hectáreas. Esto es en base a informes técnicos que elaboran los inspectores de Recursos Naturales y luego lo evalúa el área jurídica”, manifestó.
Distrito del Ñandubay
El complejo ecosistémico más representativo de Entre Ríos y con áreas de bosques nativos que perdura es el Distrito del Ñandubay. En ese contexto, Fernández también habló de El Espinal, que comprende una clasificación fitogeográfica compartida con Santa Fe y Córdoba. “Hoy la ley lo toma como un complejo ambiental; si el complejo de árboles es abrigo de determinadas especies, de aves o de mamíferos, y además protege el suelo, ese complejo se debe proteger. Ese es el espíritu de la ley de Presupuesto Mínimo. Entonces esos bosques ubicados en El Espinal son de alto valor de conservación”, fundamentó. Con el objetivo de preservar estas áreas boscosas la normativa en cuestión establece una compensación para aquellos productores que protejan estas zonas de montes. Según Fernández, existen distintos planes de conservación o planes de manejo sostenible que permiten al productor desarrollar actividades relacionados con su tarea cotidiana. “No se le restringe su labor, sino que se le permite hacer con determinadas pautas ambientales para mantener los atributos del bosque y no ir en contra de su perpetuidad. Cuando no hace un manejo consustanciado con los actos renovables de la propia especie está condenando al bosque a la muerte”, resaltó. En cuanto a la zona donde se detectó la infracción, específicamente en el Departamento Federal, el funcionario explicó que allí se conserva una de las pocas áreas con Espinal, junto al Departamento Tala y la zona norte de Nogoyá. “Toda esa franja ingresa desde el sur de Santa Fe y el norte de La Pampa. Y deja una margen de unos 50 kilómetros a la margen de la costa del Uruguay que presenta otro tipo de paisaje, de características pampeanas”, aseveró. Entre las especies protegidas debido al avance del desmonte figuran el cardenal amarillo y el aguará guazú, entre otras.
Una vasta extensión de área protegida
De acuerdo a un relevamiento de la Facultad de Agronomía, en la provincia de Entre Ríos alrededor de 350.000 hectáreas están categorizadas como bosques de alto valor de conservación. Según la misma clasificación y catalogadas con el color amarillo -que implica un mediano valor de conservación-, se tienen contabilizadas 1.070.000 hectáreas. “La parte posible de solicitar desmonte alcanzaría las 450.000 hectáreas. Es un derecho que le asiste a un productor; tenemos que tener en cuenta los factores ambientales para saber si es posible hacerlo. Porque una persona que no tiene conocimiento de que el suelo es frágil, o está en evolución o está en desarrollo, probablemente no soporte un ciclo de cultivo”, reflexionó. Consultado por las pautas a seguir en esta materia y la política fijada para preservar los bosques nativos, Fernández consideró vital que los productores respeten la biodiversidad sin restringir su fuente laboral. “Tiene que haber una armonía entre la producción y la conservación”, argumentó.
Alcance de la aplicación
Por primera vez los productores entrerrianos que son titulares de tierras con bosques nativos accederán a beneficios por conservarlos. Para ello deberán presentar planes entre el 31 de agosto y 31 de diciembre, que se ejecutarán en 2016. Esto es posible porque la normativa local fue validada por la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos Nº 26.331, con lo cual se dispone de recursos que compensen al productor que decida resguardar dicho recurso natural. Así, la provincia tendrá beneficios económicos y mejores estándares ambientales. La Provincia tiene las partidas, a través del Consejo Federal de Medio Ambiente, que dentro del presupuesto nacional se asigna a las provincias que tienen su ordenamiento aprobado. En Entre Ríos hay 39 áreas protegidas: 13 de dominio privados, 17 de municipios y nueve del gobierno entrerriano.
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Monsanto sin cobrará un canon por su soja Intacta
Finalmente, Monsanto cobrará el canon por su soja Intacta a partir de 2016
Fecha de Publicación: 26/09/2015
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Nacional
Monsanto, que hace 20 años lanzó al mundo la primera soja transgénica, superó casi todos los obstáculos para poder comenzar a cobrarles a los productores argentinos una retribución por sus innovaciones. Esa regalía, que llegaría hasta 15 dólares por tonelada de soja, casi 5% de lo que hoy vale el cultivo, solo es resistida por sectores de la producción y el acopio. Pero el resto de la industria cerró filas ante la falta de definición del Estado, según publicó Clarín.
Este canon tecnológico, que se aplicaría a la segunda generación de soja modificada, la “Intacta RR2”, será mucho más oneroso para el productor que no pueda demostrar que pagó las regalías al momento de comprar la semillas.
Monsanto siempre dijo que prefiere cobrar de ese modo, aunque sus ingresos se reduzcan casi a la mitad, 8 dólares por tonelada. Pero como el mercado presenta tanta informalidad como el de la música o el software, instrumentó un sistema privado de control: se hace un test a la soja en puertos y acopios, y si se descubre que es Intacta, se aplica el descuento compulsivamente bajo la Ley de Patentes.
El sistema funcionó hasta ahora para unos pocos productores del Norte, y no hubo conflictos porque la mayoría de ellos aceptó pagar algún dinero de más por la semilla mejorada de Monsanto. Pero con esta nueva campaña, la Intacta comenzó a venderse en el resto del país. Es decir, todos los productores serán controlados en 2016.
Monsanto, de entrada, logró alinear con su sistema a las exportadoras. Según versiones, ese apoyo clave surgió porque las condicionó con no firmarles el “certificado de bioseguridad”, una suerte de salvoconducto de inocuidad para vender granos a China. Como sea, empresas como Cargill o Bunge aceptaron ser agentes de recaudación. La excepción fue AFA, cooperativa ligada a Federación Agraria. Pero el resto ya aplica la “cláusula de biotecnología” a los contratos “forward” para soja 2015/16.
El gobierno al principio pareció mostrar resistencias. Aníbal Fernández y el ministro Carlos Casamiquela anunciaron en mayo un DNU que pondría las cosas en su lugar: establecería que el canon debía pagarse solo en la bolsa de semillas. Pero jamás fue firmado y se reemplazó por un proyecto de ley que, al ritmo actual, llegará tarde. Esto envalentonó al resto de la industria semillera. Una fuente del sector dijo que apoyan los controles, sobre todo porque detrás de la Intacta hay muchos nuevos transgénicos esperando. Syngenta, Basf, Bayer o Dow también querrán cobrar por sus tecnologías.
La Mesa de Enlace se pronunció contra el cobro compulsivo, pero entidades tecnológicas como AAPRESID y AACREA lo aceptaron. La mayor resistencia proviene ahora de la Federación de Acopiadores, ya que serán ellos los que deberán aplicar los test y actuar como recaudadores cuando el sistema se generalice. Han mantenido varias reuniones con Monsanto, pero ha sido imposible un entendimiento. Por eso insistieron en que el Estado debe ponerse los pantalones largos. La entidad presentó dos recursos de amparo que no prosperan. En Defensa de la Competencia, en tanto, una presentación de Federación Agraria “estaría frenada”.
“Monsanto insiste en utilizar a las acopiadoras como cobradoras de supuestas deudas que pudieran tener los productores”, afirmó un documento de los Acopiadores. Y advirtió: “Estas dos posiciones tan antagónicas y el Estado ausente, presagian un escándalo”.
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Fecha de Publicación: 26/09/2015
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Nacional
Monsanto, que hace 20 años lanzó al mundo la primera soja transgénica, superó casi todos los obstáculos para poder comenzar a cobrarles a los productores argentinos una retribución por sus innovaciones. Esa regalía, que llegaría hasta 15 dólares por tonelada de soja, casi 5% de lo que hoy vale el cultivo, solo es resistida por sectores de la producción y el acopio. Pero el resto de la industria cerró filas ante la falta de definición del Estado, según publicó Clarín.
Este canon tecnológico, que se aplicaría a la segunda generación de soja modificada, la “Intacta RR2”, será mucho más oneroso para el productor que no pueda demostrar que pagó las regalías al momento de comprar la semillas.
Monsanto siempre dijo que prefiere cobrar de ese modo, aunque sus ingresos se reduzcan casi a la mitad, 8 dólares por tonelada. Pero como el mercado presenta tanta informalidad como el de la música o el software, instrumentó un sistema privado de control: se hace un test a la soja en puertos y acopios, y si se descubre que es Intacta, se aplica el descuento compulsivamente bajo la Ley de Patentes.
El sistema funcionó hasta ahora para unos pocos productores del Norte, y no hubo conflictos porque la mayoría de ellos aceptó pagar algún dinero de más por la semilla mejorada de Monsanto. Pero con esta nueva campaña, la Intacta comenzó a venderse en el resto del país. Es decir, todos los productores serán controlados en 2016.
Monsanto, de entrada, logró alinear con su sistema a las exportadoras. Según versiones, ese apoyo clave surgió porque las condicionó con no firmarles el “certificado de bioseguridad”, una suerte de salvoconducto de inocuidad para vender granos a China. Como sea, empresas como Cargill o Bunge aceptaron ser agentes de recaudación. La excepción fue AFA, cooperativa ligada a Federación Agraria. Pero el resto ya aplica la “cláusula de biotecnología” a los contratos “forward” para soja 2015/16.
El gobierno al principio pareció mostrar resistencias. Aníbal Fernández y el ministro Carlos Casamiquela anunciaron en mayo un DNU que pondría las cosas en su lugar: establecería que el canon debía pagarse solo en la bolsa de semillas. Pero jamás fue firmado y se reemplazó por un proyecto de ley que, al ritmo actual, llegará tarde. Esto envalentonó al resto de la industria semillera. Una fuente del sector dijo que apoyan los controles, sobre todo porque detrás de la Intacta hay muchos nuevos transgénicos esperando. Syngenta, Basf, Bayer o Dow también querrán cobrar por sus tecnologías.
La Mesa de Enlace se pronunció contra el cobro compulsivo, pero entidades tecnológicas como AAPRESID y AACREA lo aceptaron. La mayor resistencia proviene ahora de la Federación de Acopiadores, ya que serán ellos los que deberán aplicar los test y actuar como recaudadores cuando el sistema se generalice. Han mantenido varias reuniones con Monsanto, pero ha sido imposible un entendimiento. Por eso insistieron en que el Estado debe ponerse los pantalones largos. La entidad presentó dos recursos de amparo que no prosperan. En Defensa de la Competencia, en tanto, una presentación de Federación Agraria “estaría frenada”.
“Monsanto insiste en utilizar a las acopiadoras como cobradoras de supuestas deudas que pudieran tener los productores”, afirmó un documento de los Acopiadores. Y advirtió: “Estas dos posiciones tan antagónicas y el Estado ausente, presagian un escándalo”.
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Santa Fe vuelve al debate por los límites a la fumigación
Retoman debate sobre los límites a la fumigación con agroquímicos
Fecha de Publicación: 26/09/2015
Fuente: rosario3.com
Provincia/Región: Santa Fe
La Cámara de Diputados provincial tratará este jueves la restricción de aplicaciones aéreas y terrestres cerca de las localidades. El tema ha perdido estado parlamentario en períodos anteriores. Se analizan dos iniciativas diferentes. “Se trata de cambiar el modelo productivo”, afirmó Tessa
La Cámara de Diputados de la provincia retomará este jueves los proyectos para limitar las aplicaciones de agroquímicos en localidades santafesinas. El tema, que tiene preferencia para la próxima sesión, ha perdido estado parlamentario en períodos anteriores por falta de tratamiento en el Senado. Este año los legisladores deberán optar entre dos iniciativas diferentes.
Por un lado, se analizará la propuesta del legislador provincial de Nuevo Encuentro José María Tessa, que fue redactada en conjunto con la Multisectorial Paren de Fumigarnos, y apunta a impedir las fumigaciones aéreas en todo el territorio provincial y limitar las terrestres. Por otra parte, se analizará un proyecto de la diputada del socialismo, Inés Bertero.
Tessa presentó nuevamente este año en la Cámara baja el proyecto de ley modificatorio a la actual ley provincial 11.273 de Fitosanitarios, que apunta a “preservar a la población de las aspersiones de agrotóxicos”.
El proyecto de Tessa prohíbe “las fumigaciones aéreas y la venta libre de agroquímicos en toda la provincia”
También restringe “las fumigaciones terrestres a una distancia no menor a 800 metros de centros poblados y zonas sensibles, y de 1000 metros de escuelas rurales; y prioriza las áreas libres de agroquímicos para la producción de alimento humano y de agricultura familiar y agroecológica".
La iniciativa de Bertero, en cambio, prevé un máximo de 200 metros sin agrotóxicos. “Se permite fumigar con productos de banda verde y azul, hasta los 3.000 metros solo en los casos en que no haya piso, que no se pueda hacer fumigación terrestre. Además, siempre tiene que estar supervisado por un ingeniero agrónomo”, explicó la legisladora socialista.
La salud del pueblo
Sobre el debate en Diputados, José María Tessa sostuvo que los legisladores están “interpelados y obligados a definir una posición en defensa y protección de la vida y la salud del pueblo al que representamos”.
“Se trata de cambiar el modelo productivo, no de dejar esos terrenos improductivos. Pasar de la producción agroindustrial a la agroecológica utilizando elementos de conservación y rectificación de la tierra que sean naturales y no contaminen”, opinó.
También Tessa recordó que existe otro proyecto de su autoría, complementario a la modificación de la Ley de Fitosanitarios, que contempla la promoción de este modelo sustentable para la producción de alimentos sanos.
“Hay que comenzar a promocionar y subsidiar desde el Estado un nuevo sistema productivo para ir modificando la situación actual. Hay que volver a los cordones de huertas que abastecían a los pueblos. Si se llega a lograr la certificación de producción orgánica, la cuestión puede mejorar mucho”, concluyó Tessa.
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Fecha de Publicación: 26/09/2015
Fuente: rosario3.com
Provincia/Región: Santa Fe
La Cámara de Diputados provincial tratará este jueves la restricción de aplicaciones aéreas y terrestres cerca de las localidades. El tema ha perdido estado parlamentario en períodos anteriores. Se analizan dos iniciativas diferentes. “Se trata de cambiar el modelo productivo”, afirmó Tessa
La Cámara de Diputados de la provincia retomará este jueves los proyectos para limitar las aplicaciones de agroquímicos en localidades santafesinas. El tema, que tiene preferencia para la próxima sesión, ha perdido estado parlamentario en períodos anteriores por falta de tratamiento en el Senado. Este año los legisladores deberán optar entre dos iniciativas diferentes.
Por un lado, se analizará la propuesta del legislador provincial de Nuevo Encuentro José María Tessa, que fue redactada en conjunto con la Multisectorial Paren de Fumigarnos, y apunta a impedir las fumigaciones aéreas en todo el territorio provincial y limitar las terrestres. Por otra parte, se analizará un proyecto de la diputada del socialismo, Inés Bertero.
Tessa presentó nuevamente este año en la Cámara baja el proyecto de ley modificatorio a la actual ley provincial 11.273 de Fitosanitarios, que apunta a “preservar a la población de las aspersiones de agrotóxicos”.
El proyecto de Tessa prohíbe “las fumigaciones aéreas y la venta libre de agroquímicos en toda la provincia”
También restringe “las fumigaciones terrestres a una distancia no menor a 800 metros de centros poblados y zonas sensibles, y de 1000 metros de escuelas rurales; y prioriza las áreas libres de agroquímicos para la producción de alimento humano y de agricultura familiar y agroecológica".
La iniciativa de Bertero, en cambio, prevé un máximo de 200 metros sin agrotóxicos. “Se permite fumigar con productos de banda verde y azul, hasta los 3.000 metros solo en los casos en que no haya piso, que no se pueda hacer fumigación terrestre. Además, siempre tiene que estar supervisado por un ingeniero agrónomo”, explicó la legisladora socialista.
La salud del pueblo
Sobre el debate en Diputados, José María Tessa sostuvo que los legisladores están “interpelados y obligados a definir una posición en defensa y protección de la vida y la salud del pueblo al que representamos”.
“Se trata de cambiar el modelo productivo, no de dejar esos terrenos improductivos. Pasar de la producción agroindustrial a la agroecológica utilizando elementos de conservación y rectificación de la tierra que sean naturales y no contaminen”, opinó.
También Tessa recordó que existe otro proyecto de su autoría, complementario a la modificación de la Ley de Fitosanitarios, que contempla la promoción de este modelo sustentable para la producción de alimentos sanos.
“Hay que comenzar a promocionar y subsidiar desde el Estado un nuevo sistema productivo para ir modificando la situación actual. Hay que volver a los cordones de huertas que abastecían a los pueblos. Si se llega a lograr la certificación de producción orgánica, la cuestión puede mejorar mucho”, concluyó Tessa.
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Desertificación en Mendoza con fondos para el freno
Mendoza recibirá fondos para enfrentar la desertificación
Fecha de Publicación: 26/09/2015
Fuente: MDZ Online
Provincia/Región: Mendoza
Se destinarán 3,5 millones de dólares a la lucha contra la desertificación en el NOA y Cuyo. Incluye unas 100 mil hectáreas en nuestra región.
Se realizó en la provincia un importante encuentro en donde se presentó el proyecto Manejo Sostenible de Tierras para el NOA y Cuyo a todos los actores involucrados en nuestra provincia y se avanzó en acuerdos preliminares sobre la ubicación general del Sitio Específico de Intervención.
El objetivo del proyecto ejecutado por la Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación es construir un marco de trabajo basado en el manejo sostenible de tierras para las zonas secas del noroeste y cuyo argentino.
Así, se busca mitigar la degradación de la tierra, mantener los servicios de los ecosistemas y mejorar los medios de vida rurales, promoviendo la implementación de las prácticas de manejo sostenible de tierras en estas áreas, para prevenir, adaptar, mitigar y rehabilitar la degradación de las tierras las áreas críticas y en áreas de alto riesgo; a fin de reducir los impactos ambientales negativos y prestar apoyo a las comunidades locales.
Alberto Molina, coordinador de la Mesa Provincial de Organizaciones de Tierras de Mendoza, del Ministerio de Tierras explicó que Mendoza tiene una superficie de 14 millones de hectáreas de las cuales el 4,8 es irrigado y que luchar contra la desertificación es una necesidad imperante en nuestra provincia.
Molina detalló que este sitio específico de intervención será de 100 mil hectáreas de nuestro secano, donde se realizarán prácticas concretas de apoyo a la producción y al manejo sustentable de tierras para los pobladores de esas zonas.
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Fecha de Publicación: 26/09/2015
Fuente: MDZ Online
Provincia/Región: Mendoza
Se destinarán 3,5 millones de dólares a la lucha contra la desertificación en el NOA y Cuyo. Incluye unas 100 mil hectáreas en nuestra región.
Se realizó en la provincia un importante encuentro en donde se presentó el proyecto Manejo Sostenible de Tierras para el NOA y Cuyo a todos los actores involucrados en nuestra provincia y se avanzó en acuerdos preliminares sobre la ubicación general del Sitio Específico de Intervención.
El objetivo del proyecto ejecutado por la Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación es construir un marco de trabajo basado en el manejo sostenible de tierras para las zonas secas del noroeste y cuyo argentino.
Así, se busca mitigar la degradación de la tierra, mantener los servicios de los ecosistemas y mejorar los medios de vida rurales, promoviendo la implementación de las prácticas de manejo sostenible de tierras en estas áreas, para prevenir, adaptar, mitigar y rehabilitar la degradación de las tierras las áreas críticas y en áreas de alto riesgo; a fin de reducir los impactos ambientales negativos y prestar apoyo a las comunidades locales.
Alberto Molina, coordinador de la Mesa Provincial de Organizaciones de Tierras de Mendoza, del Ministerio de Tierras explicó que Mendoza tiene una superficie de 14 millones de hectáreas de las cuales el 4,8 es irrigado y que luchar contra la desertificación es una necesidad imperante en nuestra provincia.
Molina detalló que este sitio específico de intervención será de 100 mil hectáreas de nuestro secano, donde se realizarán prácticas concretas de apoyo a la producción y al manejo sustentable de tierras para los pobladores de esas zonas.
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Hay una nueva ley de energías renovables
Congreso sancionó nueva ley de energías renovables por amplia mayoría
Fecha de Publicación: 25/09/2015
Fuente: energiaestrategica.com
Provincia/Región: Nacional
Con apoyo de casi todas las fuerzas políticas, la cámara de diputados dio el visto bueno a la propuesta de modificación de la ley 26.190, elaborada por Marcelo Guinle, el senador del Frente para la Victoria, que se propone lograr que en 2017 un 8 por ciento de la matriz eléctrica esté conformada por energías renovables.
Cerca de las 7 de la tarde la Cámara de Diputados comenzó el debate, que se estiró hasta las 20:39 horas. Hubo 191 legisladores presentes (sumando al presidente de la cámara), que en su gran mayoría acompañaron el proyecto (ver) sin objeciones: 178 votos a favor, 8 en contra y 4 abstenciones. Cabe destacar que primó el consenso, como no ocurre con otros temas vinculados a la economía.
Durante toda la sesión hubo quorum, lo que demuestra el interés por los asuntos relacionados a la energía. No fue igual con otras normativas que también figuraron en la orden del día. Al finalizar la votación, los aplausos colmaron el recinto. “Siento una inmensa alegría“, expresó Sebastian Kind, asesor de Guinle, encargado de redactar y gestionar con autoridades el proyecto de ley.
En las exposiciones, los diputados reconocieron la importancia de apostar a las energías limpias y así evitar salida de divisas para importar combustibles fósiles.
También se expresó la importancia de proteger el medio ambiente, aunque no fue el eje de los argumentos. No obstante, fueron posturas que plantearon todos los partidos.
El Frente Renovador señaló algunas disidencias, pero levantó la mano en positivo, mientras que la Unión Cívica Radical expuso reparos, según cuentan fuentes que estuvieron en la audiencia, como “pase de factura” por un proyecto que el oficialismo no le dio lugar, impulsado por Ernesto Sanz, que también promueve las energías renovables.
En definitiva, la iniciativa fue aprobada tal como ingresó en senadores en 2014. Ahora se viene otra discusión, aunque puertas adentro, que tiene que ver con la reglamentación. ¿Se llegará a realizar en 2015? Diferentes actores pujarán para introducir algunas modificaciones.
Llamativamente, el gobernador de Chubut, Martín Buzzi, que apoya la candidatura de Daniel Scioli, ayer salió plantear que se cobren regalías a los proyectos verdes que se instalen en la provincia: “tendremos que ir a leyes eólicas propias, nosotros somos el Kuwait de la energía eólica”.
Lo que está claro, es que así como las provincias reclaman su soberanía por los hidrocarburos frente a YPF y el Gobierno Nacional, apenas las renovables exploten masivamente y se transformen en un gran negocio (como prometen en el corto y mediano plazo) vendrá la misma discusión por la renta. Ya están en la mira. Estos comentarios no aparecen al voleo ni por casualidad, empiezan a instalar el tema en la agenda.
Historia y debate de la nueva ley de renovables
El proyecto de ley comenzó el proceso de gestación a principios de 2013, luego de revisar los errores que había tenido la ley 26.190 de “Energías Renovables”, sancionada en 2006, que no se llegó a cumplir, y el programa “GENREN”, impulsado en 2009 sin demasiado éxito. En líneas generales, la conclusión fue que existía gran potencial e interés de las empresas para invertir en el negocio, pero el cuello de botella aparecía en el financiamiento.
Por eso el texto de Marcelo Guinle intentó concentrar su atención en corregir los déficit del pasado y conformar un nuevo “Fondo Fiduciario de Energías Renovables”, dejando su administración en manos del Consejo Federal de la Energía Eléctrica.
Desde entonces, se elaboraron 15 borradores hasta llegar al texto definitivo que luego fue aprobado. Hasta el número 5, participaron las cámaras empresarias y otros actores del rubro. Luego fue tratado por los expertos que asesoraron al legislador directamente con Axel Kicillof, el Ministro de Economía y dueño de la lapicera, quién bajó de 127 dólares el precio del MWh, como se planteó en un primer momento, a 113 dólares.
Así como está, libera el camino a inversores en energía eólica, pero posterga a las energías solar y biomasa, que a lo largo del año cerraron contratos con la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico (CAMMESA) por 240 y 180 dólares el MWh, respectivamente. Para seguir creciendo, deberán enmarcarse en la Resolución 108, que abre el juego a valores más altos. Las grandes represas no están incluidas en la nueva normativa, a diferencia de los Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos (menos de 30 MW de potencia).
Una vez introducido en el Senado, Guinle no obtuvo inconvenientes para conseguir el apoyo del oficialismo y sus pares de la oposición: en diciembre de 2014 recibió media sanción por 54 votos a favor y 4 en contra del Frente UNEN, liderado por Fernando “Pino” Solanas, quién no estuvo de acuerdo en facilitar importaciones de equipos: aerogeneradores, sistemas fotovoltaicos, turbinas, entre otros.
Ya en 2015, fue aprobado sin objeciones en la Comisión de Energía y Combustibles en Diputados, sólo con algunas inquietudes sobre el tratamiento fiscal por parte de Martín Losteau, de ECO.
El 3 de junio de este año, ingresó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, consiguiendo el visto bueno de los 26 legisladores que participaron de la votación. Para sorpresa de los presentes, hubo tres disidencias parciales, por parte de Federico Sturzenegger del PRO, Miguel Bazze y Enrique Vaquié de la UCR.
Posicionamiento de los actores del sector
Cuando se conoció el texto que ingresó en senadores, hubo opiniones encontradas, algunas a favor, otras más negativas, al punto que varias asociaciones plantearon aplicar modificaciones en la normativa, alertando sobre las dificultades para diversificar la matriz, con un precio límite de 113 dólares el MWh.
También advirtieron respecto de las consecuencias que ocasionaría obligar a los Grandes Usuarios – consumo igual o superior a 300 kW -que presenten los certificados de compra de energía limpia. Temen que no se apliquen las multas correspondientes y que no se garantice el cumplimiento de la ley. Incluso, se alertó sobre las complicaciones económicas que acarrearía en el sector Pyme su instrumentación.
Tal es así, que el Comité Argentino de Presas (CAP), entidad que representa al sector hidroeléctrico, y la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) enviaron notas a Julián Domínguez, el presidente de la Cámara de Diputados, solicitándole la revisación de algunos artículos.
Son algunos de los temas que se van a plantear al momento de reglamentar la normativa que aún no tiene fecha cierta ¿Será este año? Los referentes de la industria dudan que en los tres meses que quedan para la actual gestión de Gobierno se pueda resolver.
En este escenario, de ser Daniel Scioli, el candidato del Frente para la Victoria (FPV) el próximo presidente, habrá más chances de que se mantenga intacto el texto original, aprobado en ambas cámaras. De ganar el PRO de Mauricio Macri, se sabe que la Agencia de Protección Ambiental (APRA) apoya la iniciativa, pero ya está trabajando en el tema, viendo otras posibilidades para su reglamentación, según supo energiaestratégica.com.
Detalles del texto
El corazón de la propuesta tiene como objetivo lograr que un 8 por ciento de la matriz nacional de energía eléctrica sea aportada por fuentes renovables de cara al año 2017 y alcanzar un 20 por ciento para el año 2025.
Uno de los aspectos destacados tiene que ver con los mecanismos que conformarían un fondo fiduciario (FODER) para respaldar la financiación de los proyectos de inversión:
- Destinar un mínimo del 50 por ciento del ahorro efectivo en combustibles líquidos causado por las energías renovables (se calcula que las energías renovables ahorrarían al fisco 41.000 millones de dólares hasta el año 2025)
- Cargos específicos a la demanda
- Recupero de capital e intereses de la financiación otorgada
- Dividendos o utilidades percibidas por titularidad de acciones o participaciones en proyectos o ingresos por sus ventas
Otro aspecto central radica en establecer una obligación con penalidad en cabeza de los grandes usuarios de energía eléctrica –particularmente en aquellos que tienen un consumo igual o superior a 300 kW– para el cumplimiento individual de las metas de consumo de energías renovables que fija la ley.
Con esta medida se pretende que se contraten volúmenes de energía directamente en el mercado, ya sea con generadores de energías renovables independientes, a través de comercializadores, o por medio de la ejecución de proyectos propios.
En cuanto al mecanismo de promoción fiscal, el nuevo texto propone:
- a) Amortización acelerada del impuesto a las ganancias, a lo que se suma:
- b) Devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
- c) Exención del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.
- d) Certificado Fiscal por el 20 % del componente nacional siempre que se integre un mínimo del 30%.
- e) Exención del impuesto sobre la distribución de dividendos (10%) ante la reinversión de utilidades.
- f) Exención de los derechos de importación para bienes de capital y equipos hasta 2017.
- g) No aplicación de tributos específicos, regalías nacionales, provinciales y municipales durante el régimen de fomento.
- h) Traslado de posibles aumentos fiscales a los precios de los contratos.
Otros puntos de interés
- i) Tratamiento para el despacho como central hidroeléctrica de pasada, lo que brinda prioridad de despacho a los proyectos.
- j) Aporte de la reserva de potencia soportado por todo el sistema.
- k) Límite de 113 us$/MWh promedio al precio de los contratos suscriptos por los Grandes Usuarios (muy inferior a la penalidad de 200 us$/MWh).
- l) Prioridad de acceso al financiamiento público (FODER) a proyectos con mayor integración de componente nacional.
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Fecha de Publicación: 25/09/2015
Fuente: energiaestrategica.com
Provincia/Región: Nacional
Con apoyo de casi todas las fuerzas políticas, la cámara de diputados dio el visto bueno a la propuesta de modificación de la ley 26.190, elaborada por Marcelo Guinle, el senador del Frente para la Victoria, que se propone lograr que en 2017 un 8 por ciento de la matriz eléctrica esté conformada por energías renovables.
Cerca de las 7 de la tarde la Cámara de Diputados comenzó el debate, que se estiró hasta las 20:39 horas. Hubo 191 legisladores presentes (sumando al presidente de la cámara), que en su gran mayoría acompañaron el proyecto (ver) sin objeciones: 178 votos a favor, 8 en contra y 4 abstenciones. Cabe destacar que primó el consenso, como no ocurre con otros temas vinculados a la economía.
Durante toda la sesión hubo quorum, lo que demuestra el interés por los asuntos relacionados a la energía. No fue igual con otras normativas que también figuraron en la orden del día. Al finalizar la votación, los aplausos colmaron el recinto. “Siento una inmensa alegría“, expresó Sebastian Kind, asesor de Guinle, encargado de redactar y gestionar con autoridades el proyecto de ley.
En las exposiciones, los diputados reconocieron la importancia de apostar a las energías limpias y así evitar salida de divisas para importar combustibles fósiles.
También se expresó la importancia de proteger el medio ambiente, aunque no fue el eje de los argumentos. No obstante, fueron posturas que plantearon todos los partidos.
El Frente Renovador señaló algunas disidencias, pero levantó la mano en positivo, mientras que la Unión Cívica Radical expuso reparos, según cuentan fuentes que estuvieron en la audiencia, como “pase de factura” por un proyecto que el oficialismo no le dio lugar, impulsado por Ernesto Sanz, que también promueve las energías renovables.
En definitiva, la iniciativa fue aprobada tal como ingresó en senadores en 2014. Ahora se viene otra discusión, aunque puertas adentro, que tiene que ver con la reglamentación. ¿Se llegará a realizar en 2015? Diferentes actores pujarán para introducir algunas modificaciones.
Llamativamente, el gobernador de Chubut, Martín Buzzi, que apoya la candidatura de Daniel Scioli, ayer salió plantear que se cobren regalías a los proyectos verdes que se instalen en la provincia: “tendremos que ir a leyes eólicas propias, nosotros somos el Kuwait de la energía eólica”.
Lo que está claro, es que así como las provincias reclaman su soberanía por los hidrocarburos frente a YPF y el Gobierno Nacional, apenas las renovables exploten masivamente y se transformen en un gran negocio (como prometen en el corto y mediano plazo) vendrá la misma discusión por la renta. Ya están en la mira. Estos comentarios no aparecen al voleo ni por casualidad, empiezan a instalar el tema en la agenda.
Historia y debate de la nueva ley de renovables
El proyecto de ley comenzó el proceso de gestación a principios de 2013, luego de revisar los errores que había tenido la ley 26.190 de “Energías Renovables”, sancionada en 2006, que no se llegó a cumplir, y el programa “GENREN”, impulsado en 2009 sin demasiado éxito. En líneas generales, la conclusión fue que existía gran potencial e interés de las empresas para invertir en el negocio, pero el cuello de botella aparecía en el financiamiento.
Por eso el texto de Marcelo Guinle intentó concentrar su atención en corregir los déficit del pasado y conformar un nuevo “Fondo Fiduciario de Energías Renovables”, dejando su administración en manos del Consejo Federal de la Energía Eléctrica.
Desde entonces, se elaboraron 15 borradores hasta llegar al texto definitivo que luego fue aprobado. Hasta el número 5, participaron las cámaras empresarias y otros actores del rubro. Luego fue tratado por los expertos que asesoraron al legislador directamente con Axel Kicillof, el Ministro de Economía y dueño de la lapicera, quién bajó de 127 dólares el precio del MWh, como se planteó en un primer momento, a 113 dólares.
Así como está, libera el camino a inversores en energía eólica, pero posterga a las energías solar y biomasa, que a lo largo del año cerraron contratos con la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico (CAMMESA) por 240 y 180 dólares el MWh, respectivamente. Para seguir creciendo, deberán enmarcarse en la Resolución 108, que abre el juego a valores más altos. Las grandes represas no están incluidas en la nueva normativa, a diferencia de los Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos (menos de 30 MW de potencia).
Una vez introducido en el Senado, Guinle no obtuvo inconvenientes para conseguir el apoyo del oficialismo y sus pares de la oposición: en diciembre de 2014 recibió media sanción por 54 votos a favor y 4 en contra del Frente UNEN, liderado por Fernando “Pino” Solanas, quién no estuvo de acuerdo en facilitar importaciones de equipos: aerogeneradores, sistemas fotovoltaicos, turbinas, entre otros.
Ya en 2015, fue aprobado sin objeciones en la Comisión de Energía y Combustibles en Diputados, sólo con algunas inquietudes sobre el tratamiento fiscal por parte de Martín Losteau, de ECO.
El 3 de junio de este año, ingresó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, consiguiendo el visto bueno de los 26 legisladores que participaron de la votación. Para sorpresa de los presentes, hubo tres disidencias parciales, por parte de Federico Sturzenegger del PRO, Miguel Bazze y Enrique Vaquié de la UCR.
Posicionamiento de los actores del sector
Cuando se conoció el texto que ingresó en senadores, hubo opiniones encontradas, algunas a favor, otras más negativas, al punto que varias asociaciones plantearon aplicar modificaciones en la normativa, alertando sobre las dificultades para diversificar la matriz, con un precio límite de 113 dólares el MWh.
También advirtieron respecto de las consecuencias que ocasionaría obligar a los Grandes Usuarios – consumo igual o superior a 300 kW -que presenten los certificados de compra de energía limpia. Temen que no se apliquen las multas correspondientes y que no se garantice el cumplimiento de la ley. Incluso, se alertó sobre las complicaciones económicas que acarrearía en el sector Pyme su instrumentación.
Tal es así, que el Comité Argentino de Presas (CAP), entidad que representa al sector hidroeléctrico, y la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) enviaron notas a Julián Domínguez, el presidente de la Cámara de Diputados, solicitándole la revisación de algunos artículos.
Son algunos de los temas que se van a plantear al momento de reglamentar la normativa que aún no tiene fecha cierta ¿Será este año? Los referentes de la industria dudan que en los tres meses que quedan para la actual gestión de Gobierno se pueda resolver.
En este escenario, de ser Daniel Scioli, el candidato del Frente para la Victoria (FPV) el próximo presidente, habrá más chances de que se mantenga intacto el texto original, aprobado en ambas cámaras. De ganar el PRO de Mauricio Macri, se sabe que la Agencia de Protección Ambiental (APRA) apoya la iniciativa, pero ya está trabajando en el tema, viendo otras posibilidades para su reglamentación, según supo energiaestratégica.com.
Detalles del texto
El corazón de la propuesta tiene como objetivo lograr que un 8 por ciento de la matriz nacional de energía eléctrica sea aportada por fuentes renovables de cara al año 2017 y alcanzar un 20 por ciento para el año 2025.
Uno de los aspectos destacados tiene que ver con los mecanismos que conformarían un fondo fiduciario (FODER) para respaldar la financiación de los proyectos de inversión:
- Destinar un mínimo del 50 por ciento del ahorro efectivo en combustibles líquidos causado por las energías renovables (se calcula que las energías renovables ahorrarían al fisco 41.000 millones de dólares hasta el año 2025)
- Cargos específicos a la demanda
- Recupero de capital e intereses de la financiación otorgada
- Dividendos o utilidades percibidas por titularidad de acciones o participaciones en proyectos o ingresos por sus ventas
Otro aspecto central radica en establecer una obligación con penalidad en cabeza de los grandes usuarios de energía eléctrica –particularmente en aquellos que tienen un consumo igual o superior a 300 kW– para el cumplimiento individual de las metas de consumo de energías renovables que fija la ley.
Con esta medida se pretende que se contraten volúmenes de energía directamente en el mercado, ya sea con generadores de energías renovables independientes, a través de comercializadores, o por medio de la ejecución de proyectos propios.
En cuanto al mecanismo de promoción fiscal, el nuevo texto propone:
- a) Amortización acelerada del impuesto a las ganancias, a lo que se suma:
- b) Devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
- c) Exención del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.
- d) Certificado Fiscal por el 20 % del componente nacional siempre que se integre un mínimo del 30%.
- e) Exención del impuesto sobre la distribución de dividendos (10%) ante la reinversión de utilidades.
- f) Exención de los derechos de importación para bienes de capital y equipos hasta 2017.
- g) No aplicación de tributos específicos, regalías nacionales, provinciales y municipales durante el régimen de fomento.
- h) Traslado de posibles aumentos fiscales a los precios de los contratos.
Otros puntos de interés
- i) Tratamiento para el despacho como central hidroeléctrica de pasada, lo que brinda prioridad de despacho a los proyectos.
- j) Aporte de la reserva de potencia soportado por todo el sistema.
- k) Límite de 113 us$/MWh promedio al precio de los contratos suscriptos por los Grandes Usuarios (muy inferior a la penalidad de 200 us$/MWh).
- l) Prioridad de acceso al financiamiento público (FODER) a proyectos con mayor integración de componente nacional.
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Buenos Aires: ley de agroquímicos para fin de año?
Avanza en Buenos Aires una ley para los agroquímicos
Fecha de Publicación: 25/09/2015
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Buenos Aires
En territorio bonaerense no existe hoy ningún límite y varios municipios han comenzado a tomar cartas en el asunto.
La Provincia de Buenos Aires es la mayor productora agrícola del país, pero no cuenta todavía con una legislación que regule el uso de agroquímicos. El senador Alfonso Coll Areco, cercano a Daniel Scioli, cree que esa deuda se zanjará pronto, ya que en el Senado Provincial avanza un proyecto que podría ser aprobado este año.
Coll Areco preside la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible y es autor de la iniciativa que cosechó bastante apoyo de radicales y kirchneristas. Explica que en territorio bonaerense no existe hoy ningún límite y varios municipios han comenzado a tomar cartas en el asunto. “El problema está en que cada municipio tiene su propio criterio mas bien de tinte localista, y como la producción es mas bien extensiva se podrían generar asimetría”, evaluó el legislador.
La norma en estudio determina la creación de registros tanto de aplicadores como de los asesores agronómicos que recetan los agroquímicos a usar. También impondría “limites de exclusión “para zonas urbanas, cursos o espejos de agua y escuelas rurales. Las distancias donde no podrán usarse agroquímicos serán variables según el modo de aplicación y los niveles toxicológicos de los productos.
“No podemos ser injustos ni con la producción ni con la población”, agregó Coll Areco, al explicar que la norma establecería además la creación de zonas “buffer” en las que las aplicaciones solo podrán realizarse con una autorización previa e “in situ” de cada municipio, de acuerdo a las condiciones climáticas imperantes cada día.
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Fecha de Publicación: 25/09/2015
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Buenos Aires
En territorio bonaerense no existe hoy ningún límite y varios municipios han comenzado a tomar cartas en el asunto.
La Provincia de Buenos Aires es la mayor productora agrícola del país, pero no cuenta todavía con una legislación que regule el uso de agroquímicos. El senador Alfonso Coll Areco, cercano a Daniel Scioli, cree que esa deuda se zanjará pronto, ya que en el Senado Provincial avanza un proyecto que podría ser aprobado este año.
Coll Areco preside la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible y es autor de la iniciativa que cosechó bastante apoyo de radicales y kirchneristas. Explica que en territorio bonaerense no existe hoy ningún límite y varios municipios han comenzado a tomar cartas en el asunto. “El problema está en que cada municipio tiene su propio criterio mas bien de tinte localista, y como la producción es mas bien extensiva se podrían generar asimetría”, evaluó el legislador.
La norma en estudio determina la creación de registros tanto de aplicadores como de los asesores agronómicos que recetan los agroquímicos a usar. También impondría “limites de exclusión “para zonas urbanas, cursos o espejos de agua y escuelas rurales. Las distancias donde no podrán usarse agroquímicos serán variables según el modo de aplicación y los niveles toxicológicos de los productos.
“No podemos ser injustos ni con la producción ni con la población”, agregó Coll Areco, al explicar que la norma establecería además la creación de zonas “buffer” en las que las aplicaciones solo podrán realizarse con una autorización previa e “in situ” de cada municipio, de acuerdo a las condiciones climáticas imperantes cada día.
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Chinos invertirían para crear el parque eólico más grande
Inversores chinos destinarán $800 M para crear el parque eólico más grande de Argentina
Fecha de Publicación: 25/09/2015
Fuente: La Economía On Line
Provincia/Región: La Rioja
Un grupo empresario privado presentó un proyecto para ampliar el Parque Eólico Arauco (PEA) con la incorporación de 300 MW (megavatios) y una inversión de $813 M, los cuales serán utilizados para atender la demanda de la provincia de La Rioja y reforzar la oferta de generación al resto del país.
La iniciativa, que será financiada en un 85% por bancos chinos y apunta a crear el parque eólico más grande de Argentina, será llevada adelante por la empresa local CRZ Construcciones, con la participación del grupo alemán Siemens como tecnólogo y la China United Engineering Corporation (CUC) que tendrá a su cargo la provisión de los equipos.
“El proyecto prevé incorporar 300 MW de energía eólica renovable con tres módulos de 100 MW cada uno en un plazo de obra que ha sido fijado en 36 meses”, indicó el presidente de CRZ, Santiago Clusellas. Agregó que “además de los beneficios ambientales, con la ampliación del parque eólico riojano se podrá cubrir la demanda equivalente a unos 400.000 hogares y obtener un ahorro por sustitución de importaciones de combustibles del orden de los USD 440 M”.
El proyecto incluye la provisión llave en mano y el montaje de 131 aerogeneradores de tecnología alemana de punta que serán fabricados en China. Se trata de los equipos Siemens SWT-2.3-108 que cuentan con una potencia unitaria de 2,3 MW. Asimismo, el proyecto incluye el suministro de un sistema de control y monitoreo a distancia, una subestación transformadora y una línea de alta tensión.
El Parque Eólico Arauco (PEA) se encuentra a 85 km de la ciudad de La Rioja y al sur de la ciudad de Aimogasta, y es operado por la empresa estatal Parque Eólico Arauco SAPEM, donde la provincia de La Rioja cuenta con una participación mayoritaria. En la actualidad se encuentran en funcionamiento 24 aerogeneradores, que inyectan al sistema eléctrico nacional (SIN) unos 50 MW. En simultáneo se encuentra en construcción la cuarta etapa del Parque que prevé la habilitación de otros 26 aerogenerados, que elevarán su capacidad de generación a 102MW (megavatios).
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Fecha de Publicación: 25/09/2015
Fuente: La Economía On Line
Provincia/Región: La Rioja
Un grupo empresario privado presentó un proyecto para ampliar el Parque Eólico Arauco (PEA) con la incorporación de 300 MW (megavatios) y una inversión de $813 M, los cuales serán utilizados para atender la demanda de la provincia de La Rioja y reforzar la oferta de generación al resto del país.
La iniciativa, que será financiada en un 85% por bancos chinos y apunta a crear el parque eólico más grande de Argentina, será llevada adelante por la empresa local CRZ Construcciones, con la participación del grupo alemán Siemens como tecnólogo y la China United Engineering Corporation (CUC) que tendrá a su cargo la provisión de los equipos.
“El proyecto prevé incorporar 300 MW de energía eólica renovable con tres módulos de 100 MW cada uno en un plazo de obra que ha sido fijado en 36 meses”, indicó el presidente de CRZ, Santiago Clusellas. Agregó que “además de los beneficios ambientales, con la ampliación del parque eólico riojano se podrá cubrir la demanda equivalente a unos 400.000 hogares y obtener un ahorro por sustitución de importaciones de combustibles del orden de los USD 440 M”.
El proyecto incluye la provisión llave en mano y el montaje de 131 aerogeneradores de tecnología alemana de punta que serán fabricados en China. Se trata de los equipos Siemens SWT-2.3-108 que cuentan con una potencia unitaria de 2,3 MW. Asimismo, el proyecto incluye el suministro de un sistema de control y monitoreo a distancia, una subestación transformadora y una línea de alta tensión.
El Parque Eólico Arauco (PEA) se encuentra a 85 km de la ciudad de La Rioja y al sur de la ciudad de Aimogasta, y es operado por la empresa estatal Parque Eólico Arauco SAPEM, donde la provincia de La Rioja cuenta con una participación mayoritaria. En la actualidad se encuentran en funcionamiento 24 aerogeneradores, que inyectan al sistema eléctrico nacional (SIN) unos 50 MW. En simultáneo se encuentra en construcción la cuarta etapa del Parque que prevé la habilitación de otros 26 aerogenerados, que elevarán su capacidad de generación a 102MW (megavatios).
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