Chubut: gaviotas contra ballenas, sigue el problema
Ballenas: la eliminación de gaviotas disminuyó la frecuencia pero no la intensidad de los ataques
Fecha de Publicación: 15/08/2015
Fuente: Diario Jornada de Chubut
Provincia/Región: Chubut
Desde que empezó el plan se extrajeron 3.600 gaviotas picadoras. Acordaron mantener el programa y realizar un censo para verificar el impacto del programa en la población de aves. Fue más efectivo en Pirámides que en El Doradillo.
Pese a que se eliminaron más de 3.600 aves en dos temporadas, el plan de eliminación selectiva de gaviotas picadoras de ballenas no logró disminuir la intensidad de los mismos, aunque sí su frecuencia.
Los resultados del programa fueron presentados el martes a las organizaciones ambientales de la zona en un encuentro convocado por el Ministerio de Ambiente y donde se hizo balance de la iniciativa que se puso en marcha en el año 2012, pero recién el año pasado pudo concretarse de manera efectiva a lo largo de toda una temporada.
Desde que se inició el plan se extrajeron 3.625 gaviotas picadoras, pese a lo cual la intensidad de los ataques sobre las ballenas no habría cesado, aunque sí la frecuencia de los mismos. El dato fue compartido por los responsables del plan para informar sobre los resultados del plan mismo y su impacto en la tasa de ataques.
La problemática de los ataques de las gaviotas sobre las ballenas lleva décadas y el plan de eliminación selectiva de ejemplares picadores se decidió en el año 2012 en el marco de una serie de reuniones entre autoridades del área de fauna del gobierno provincial y organizaciones ecologistas, en tanto que el financiamiento de la parte operativa quedaba a cargo del Ministerio de Ambiente.
El procedimiento elegido fue la eliminación selectiva desde embarcaciones con tiradores profesionales en un área próxima a Puerto Pirámides y con un monitoreo de investigadores del CENPAT para determinar el impacto del programa.
La reunión fue convocada por autoridades del Ministerio de Ambiente y los resultados fueron presentados por el investigador Marcelo Bertellotti, del CENPAT. Del encuentro participaron representantes de la Municipalidad de Puerto Madryn, la Municipalidad de Puerto Pirámides, la Fundación Patagonia Natural, la ong WEF, ARCOHBA, Prefectura Naval Argentina y representantes de la Dirección de Flora y Fauna de Chubut, como así también de conservación y turismo.
Según el informe que se presentó el martes a las organizaciones ambientales, la implementación durante el primer año se demoró y perdió la temporada, mientras que durante el 2013, el plan experimental no pudo desarrollarse tal cual lo previsto por problemas, tanto logísticos como de costos.
La primera temporada completa en la que el programa se pudo desarrollar habría sido la 2014 y volvería a concretarse desde este mes de agosto y por espacio de tres meses.
Del análisis del equipo que trabajó en el proyecto el plan experimental habría sido exitoso ya que se habría logrado disminuir un poco la frecuencia de los ataques durante los avistajes, pero no se pudo disminuir la intensidad de los ataques.
De esos mismos datos compartidos con las organizaciones surge que el impacto de la eliminación de gaviotas picadoras se notó más en el área próxima a Puerto Pirámides que en El Doradillo, mientras que se detectó que los meses de mayor interacción van de agosto a octubre.
Tras el encuentro, los actores habrían acordado mantener el plan para eliminar a los ejemplares que interactúan con las ballenas y sostener el monitoreo de los resultados, además de la realización de un censo para determinar el impacto en la población de gaviotas de Península Valdés de la extracción de casi 4.000 ejemplares.#
“Se dejó pasar mucho tiempo para implementar un plan”
Tenemos que acelerar los tiempos, perdimos muchísimos años en tomar decisiones, hoy deberíamos estar discutiendo el plan b, o cómo seguir en vez de estar todavía evaluando un experimento” dijo Gabriela Bellazzi, de la fundación WEF, al evaluar la implementación del plan de eliminación selectiva de gaviotas picadoras.
Pese a su visión crítica sobre el abordaje de la problemática, Bellazzi respaldó el plan “porque es preferible que se haga algo antes que nada”, expresó en declaraciones a FM Tiempo Puerto Madryn (99.1).
Uno de los aspectos en los que habría influido el tiempo transcurrido es que un problema que en principio estaba reducido a un grupo de individuos picadores, se habría extendido a toda la población de gaviotas. Bellazzi afirmó que “todas pican, lo cual es terrible, porque reaccionamos muy tarde; yo hacía un cálculo, desde que se observaron primeros ataques hasta que se logró implementar sin contratiempos un plan de acción durante toda una temporada, pasaron 40 años, si tenemos en cuenta que los primeros ataques fueron en 1974 y el primer año que se pudo implementar fue el 2014, o sea que pasaron casi 35 años desde que se observó el primer ataque hasta que todas las partes reconocieron que la interacción era un problema y que era necesario intervenir”.
La titular de la Fundación Tierra Salvaje dijo que “está demostrado que hay bacterias que ingresan al cuerpo de las ballenas, y solo lo pueden hacer a través de lastimaduras en la piel, cual es el principal agente que provoca lastimaduras” y agregó que “siempre estuvimos ante un problema que o no lo queríamos ver porque no queríamos solucionarlo y mirábamos para otro lado, o realmente no éramos lo suficientemente lúcidos para reconocer la importancia”, expresó Bellazzi, quien comparó la problemática de las gaviotas con la invasión del alga Undaria que también ha afectado las costas del Golfo Nuevo.
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Fecha de Publicación: 15/08/2015
Fuente: Diario Jornada de Chubut
Provincia/Región: Chubut
Desde que empezó el plan se extrajeron 3.600 gaviotas picadoras. Acordaron mantener el programa y realizar un censo para verificar el impacto del programa en la población de aves. Fue más efectivo en Pirámides que en El Doradillo.
Pese a que se eliminaron más de 3.600 aves en dos temporadas, el plan de eliminación selectiva de gaviotas picadoras de ballenas no logró disminuir la intensidad de los mismos, aunque sí su frecuencia.
Los resultados del programa fueron presentados el martes a las organizaciones ambientales de la zona en un encuentro convocado por el Ministerio de Ambiente y donde se hizo balance de la iniciativa que se puso en marcha en el año 2012, pero recién el año pasado pudo concretarse de manera efectiva a lo largo de toda una temporada.
Desde que se inició el plan se extrajeron 3.625 gaviotas picadoras, pese a lo cual la intensidad de los ataques sobre las ballenas no habría cesado, aunque sí la frecuencia de los mismos. El dato fue compartido por los responsables del plan para informar sobre los resultados del plan mismo y su impacto en la tasa de ataques.
La problemática de los ataques de las gaviotas sobre las ballenas lleva décadas y el plan de eliminación selectiva de ejemplares picadores se decidió en el año 2012 en el marco de una serie de reuniones entre autoridades del área de fauna del gobierno provincial y organizaciones ecologistas, en tanto que el financiamiento de la parte operativa quedaba a cargo del Ministerio de Ambiente.
El procedimiento elegido fue la eliminación selectiva desde embarcaciones con tiradores profesionales en un área próxima a Puerto Pirámides y con un monitoreo de investigadores del CENPAT para determinar el impacto del programa.
La reunión fue convocada por autoridades del Ministerio de Ambiente y los resultados fueron presentados por el investigador Marcelo Bertellotti, del CENPAT. Del encuentro participaron representantes de la Municipalidad de Puerto Madryn, la Municipalidad de Puerto Pirámides, la Fundación Patagonia Natural, la ong WEF, ARCOHBA, Prefectura Naval Argentina y representantes de la Dirección de Flora y Fauna de Chubut, como así también de conservación y turismo.
Según el informe que se presentó el martes a las organizaciones ambientales, la implementación durante el primer año se demoró y perdió la temporada, mientras que durante el 2013, el plan experimental no pudo desarrollarse tal cual lo previsto por problemas, tanto logísticos como de costos.
La primera temporada completa en la que el programa se pudo desarrollar habría sido la 2014 y volvería a concretarse desde este mes de agosto y por espacio de tres meses.
Del análisis del equipo que trabajó en el proyecto el plan experimental habría sido exitoso ya que se habría logrado disminuir un poco la frecuencia de los ataques durante los avistajes, pero no se pudo disminuir la intensidad de los ataques.
De esos mismos datos compartidos con las organizaciones surge que el impacto de la eliminación de gaviotas picadoras se notó más en el área próxima a Puerto Pirámides que en El Doradillo, mientras que se detectó que los meses de mayor interacción van de agosto a octubre.
Tras el encuentro, los actores habrían acordado mantener el plan para eliminar a los ejemplares que interactúan con las ballenas y sostener el monitoreo de los resultados, además de la realización de un censo para determinar el impacto en la población de gaviotas de Península Valdés de la extracción de casi 4.000 ejemplares.#
“Se dejó pasar mucho tiempo para implementar un plan”
Tenemos que acelerar los tiempos, perdimos muchísimos años en tomar decisiones, hoy deberíamos estar discutiendo el plan b, o cómo seguir en vez de estar todavía evaluando un experimento” dijo Gabriela Bellazzi, de la fundación WEF, al evaluar la implementación del plan de eliminación selectiva de gaviotas picadoras.
Pese a su visión crítica sobre el abordaje de la problemática, Bellazzi respaldó el plan “porque es preferible que se haga algo antes que nada”, expresó en declaraciones a FM Tiempo Puerto Madryn (99.1).
Uno de los aspectos en los que habría influido el tiempo transcurrido es que un problema que en principio estaba reducido a un grupo de individuos picadores, se habría extendido a toda la población de gaviotas. Bellazzi afirmó que “todas pican, lo cual es terrible, porque reaccionamos muy tarde; yo hacía un cálculo, desde que se observaron primeros ataques hasta que se logró implementar sin contratiempos un plan de acción durante toda una temporada, pasaron 40 años, si tenemos en cuenta que los primeros ataques fueron en 1974 y el primer año que se pudo implementar fue el 2014, o sea que pasaron casi 35 años desde que se observó el primer ataque hasta que todas las partes reconocieron que la interacción era un problema y que era necesario intervenir”.
La titular de la Fundación Tierra Salvaje dijo que “está demostrado que hay bacterias que ingresan al cuerpo de las ballenas, y solo lo pueden hacer a través de lastimaduras en la piel, cual es el principal agente que provoca lastimaduras” y agregó que “siempre estuvimos ante un problema que o no lo queríamos ver porque no queríamos solucionarlo y mirábamos para otro lado, o realmente no éramos lo suficientemente lúcidos para reconocer la importancia”, expresó Bellazzi, quien comparó la problemática de las gaviotas con la invasión del alga Undaria que también ha afectado las costas del Golfo Nuevo.
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Neuquén y los basureros petroleros, grave peligro
Basureros petroleros, un peligro en plena ciudad
Fecha de Publicación: 15/08/2015
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Las plantas de tratamiento de residuos de la industria están cerca de la población y tienen antecedentes graves.
La explotación comercial de formaciones no convencionales, como Vaca Muerta, requiere de campañas masivas de perforación. Se estima que para alcanzar un umbral de conocimiento que haga rentable esos proyectos se deben perforar mil pozos por año, un número inédito para la industria petrolera argentina.
Esa magnitud de perforaciones encaminaría al país hacia el autoabastecimiento energético, pero conllevaría un gran dilema: cómo gestionar el impacto ambiental que genera la actividad.
El año pasado se hicieron 550 pozos en Neuquén, 310 de ellos no convencionales, según datos de la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Provincia. La cantidad de pozos perforados creció un 124 por ciento en 2014 con respecto a 2006, cuando iniciaron los primeros testeos de las formaciones tight y shale.
El nivel de actividad –cuando aún es incipiente el desarrollo de Vaca Muerta– ya puso en jaque a las plantas de tratamiento de residuos que genera la industria en la región. Los “basureros petroleros”, tal como los denomina la comisión ambiental creada el sábado último para reclamar la erradicación de los centros urbanos de las empresas que tratan los recortes de perforación a base oil, suelos empetrolados y agua de flowback, generan la preocupación entre los vecinos.
Por el crecimiento de los asentamientos irregulares en la capital provincial, miles de familias quedaron expuestas a los gases que emiten los hornos de empresas como Indarsa y Comarsa, en el parque industrial.
Y, si bien desde las empresas aseguran que cumplen con todas las normas ambientales y las denuncias de problemas respiratorios no están comprobadas científicamente, en octubre del año pasado un derrame de crudo causado por una pileta clandestina de Indarsa en el PIN puso de relieve el crecimiento descontrolado de los basureros petroleros que hubo en los últimos años a raíz de la explotación de Vaca Muerta.
La empresa recibió una multa de 1,75 millones de pesos, a través de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia, que determinó que la pileta no cumplía con normas ambientales ni estaba habilitada, y fue instada a abandonar el parque industrial. En 2009, Indarsa debió dejar de operar tras producirse un gran incendio por la manipulación de productos químicos. En abril de este año hubo un incidente similar aunque de menor magnitud.
Ante el boom de Vaca Muerta, la compañía amplió la superficie de la planta y compró un lote de 70 hectáreas en Añelo, para estar cerca del epicentro del desarrollo no convencional. Además de una ubicación estratégica, ese predio permitirá reducir costos, ya que transportar los deshechos desde los yacimientos significa entre el 30 y el 40% del gasto global de tratamiento.
El caso de Comarsa también es preocupante. Rodeada de barrios populosos y postergados, la planta es duramente cuestionada por vecinos y por la comisión que busca erradicar los basureros petroleros de los centros urbanos.
En 2013, ante la expansión del negocio de los residuos que genera Vaca Muerta, Comarsa le pidió al municipio capitalino la cesión de 3,7 hectáreas para almacenar tierras contaminadas y otros residuos. La comuna le vendió el terreno a 35 pesos el metro cuadrado y la empresa debía forestar una franja de envolvente de 300 metros de ancho con riego por goteo y hacerse cargo del mantenimiento, para amortiguar las emisiones de gases que genera la planta. Aún no hay un solo árbol plantado.
“Vamos a hacer un seguimiento para exigir que se cumpla con la fecha de salida de la planta y en qué condiciones quedará el predio porque necesitará que se haga un tratamiento del suelo”, indicó Daniel Fernández, vocero de la flamante comisión integrada por vecinos del oeste capitalino, la Confederación Mapuche, diputados y concejales del ARI y del FIT, el Observatorio Petrolero Sur, estudiantes secundarios y universitarios y organizaciones sociales.
“Queremos una reunión con Ricardo Esquivel, secretario de Medio Ambiente, para que nos muestre los controles de las miles de toneladas de material que sale todos los días de Comarsa para disposición final, porque hemos seguido algunos camiones que descargan en los cañadones de Plottier. Queremos ver qué pasa con la contaminación por metales pesados que es la más peligrosa”, agregó Fernández.
Los vecinos de la Confluencia –sobre todo de barrios de la meseta- están acostumbrados a convivir con la cara más nociva de la industria petrolera. En 2010, el Municipio y la empresa Pluspetrol acordaron el saneamiento de las piletas de oxidación donde se arrojaban desechos petroleros y líquidos cloacales. Recién a fines del año pasado se culminó el traslado de las piletas.
Esquivel aseguró que las empresas de tratamiento de residuos petroleros deberán mudarse de sus asentamientos en el parque industrial de Neuquén en el plazo de un año.
“Van a tener que trasladarse para radicarse en zonas alejadas de comunidades, ya que el conglomerado urbano está ‘encima’ de esa zona de parque industrial y eso actualmente produce afectaciones al ambiente y al entorno humano”, reconoció.
Indarsa ya tiene instalaciones en Añelo, mientras que Comarsa planea trasladarse a esa zona.
En la provincia son muy pocas las empresas que se dedican a este tipo de actividad. En la ciudad de Neuquén están Indarsa y Comarsa. En Senillosa se encuentra la planta de Trans Ecológica, mientras que la firma EET Servicios Ambientales está radicada en Plaza Huincul. En Centenario se encuentra la base de Serma, Servicios Medio Ambientales; mientras que Triter se instaló en el Parque Industrial de Añelo .
El negocio del tratamiento y disposición final de residuos provenientes de la industria petrolera se expandió y supera la capacidad operativa de las plantas.
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Fecha de Publicación: 15/08/2015
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Las plantas de tratamiento de residuos de la industria están cerca de la población y tienen antecedentes graves.
La explotación comercial de formaciones no convencionales, como Vaca Muerta, requiere de campañas masivas de perforación. Se estima que para alcanzar un umbral de conocimiento que haga rentable esos proyectos se deben perforar mil pozos por año, un número inédito para la industria petrolera argentina.
Esa magnitud de perforaciones encaminaría al país hacia el autoabastecimiento energético, pero conllevaría un gran dilema: cómo gestionar el impacto ambiental que genera la actividad.
El año pasado se hicieron 550 pozos en Neuquén, 310 de ellos no convencionales, según datos de la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Provincia. La cantidad de pozos perforados creció un 124 por ciento en 2014 con respecto a 2006, cuando iniciaron los primeros testeos de las formaciones tight y shale.
El nivel de actividad –cuando aún es incipiente el desarrollo de Vaca Muerta– ya puso en jaque a las plantas de tratamiento de residuos que genera la industria en la región. Los “basureros petroleros”, tal como los denomina la comisión ambiental creada el sábado último para reclamar la erradicación de los centros urbanos de las empresas que tratan los recortes de perforación a base oil, suelos empetrolados y agua de flowback, generan la preocupación entre los vecinos.
Por el crecimiento de los asentamientos irregulares en la capital provincial, miles de familias quedaron expuestas a los gases que emiten los hornos de empresas como Indarsa y Comarsa, en el parque industrial.
Y, si bien desde las empresas aseguran que cumplen con todas las normas ambientales y las denuncias de problemas respiratorios no están comprobadas científicamente, en octubre del año pasado un derrame de crudo causado por una pileta clandestina de Indarsa en el PIN puso de relieve el crecimiento descontrolado de los basureros petroleros que hubo en los últimos años a raíz de la explotación de Vaca Muerta.
La empresa recibió una multa de 1,75 millones de pesos, a través de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia, que determinó que la pileta no cumplía con normas ambientales ni estaba habilitada, y fue instada a abandonar el parque industrial. En 2009, Indarsa debió dejar de operar tras producirse un gran incendio por la manipulación de productos químicos. En abril de este año hubo un incidente similar aunque de menor magnitud.
Ante el boom de Vaca Muerta, la compañía amplió la superficie de la planta y compró un lote de 70 hectáreas en Añelo, para estar cerca del epicentro del desarrollo no convencional. Además de una ubicación estratégica, ese predio permitirá reducir costos, ya que transportar los deshechos desde los yacimientos significa entre el 30 y el 40% del gasto global de tratamiento.
El caso de Comarsa también es preocupante. Rodeada de barrios populosos y postergados, la planta es duramente cuestionada por vecinos y por la comisión que busca erradicar los basureros petroleros de los centros urbanos.
En 2013, ante la expansión del negocio de los residuos que genera Vaca Muerta, Comarsa le pidió al municipio capitalino la cesión de 3,7 hectáreas para almacenar tierras contaminadas y otros residuos. La comuna le vendió el terreno a 35 pesos el metro cuadrado y la empresa debía forestar una franja de envolvente de 300 metros de ancho con riego por goteo y hacerse cargo del mantenimiento, para amortiguar las emisiones de gases que genera la planta. Aún no hay un solo árbol plantado.
“Vamos a hacer un seguimiento para exigir que se cumpla con la fecha de salida de la planta y en qué condiciones quedará el predio porque necesitará que se haga un tratamiento del suelo”, indicó Daniel Fernández, vocero de la flamante comisión integrada por vecinos del oeste capitalino, la Confederación Mapuche, diputados y concejales del ARI y del FIT, el Observatorio Petrolero Sur, estudiantes secundarios y universitarios y organizaciones sociales.
“Queremos una reunión con Ricardo Esquivel, secretario de Medio Ambiente, para que nos muestre los controles de las miles de toneladas de material que sale todos los días de Comarsa para disposición final, porque hemos seguido algunos camiones que descargan en los cañadones de Plottier. Queremos ver qué pasa con la contaminación por metales pesados que es la más peligrosa”, agregó Fernández.
Los vecinos de la Confluencia –sobre todo de barrios de la meseta- están acostumbrados a convivir con la cara más nociva de la industria petrolera. En 2010, el Municipio y la empresa Pluspetrol acordaron el saneamiento de las piletas de oxidación donde se arrojaban desechos petroleros y líquidos cloacales. Recién a fines del año pasado se culminó el traslado de las piletas.
Esquivel aseguró que las empresas de tratamiento de residuos petroleros deberán mudarse de sus asentamientos en el parque industrial de Neuquén en el plazo de un año.
“Van a tener que trasladarse para radicarse en zonas alejadas de comunidades, ya que el conglomerado urbano está ‘encima’ de esa zona de parque industrial y eso actualmente produce afectaciones al ambiente y al entorno humano”, reconoció.
Indarsa ya tiene instalaciones en Añelo, mientras que Comarsa planea trasladarse a esa zona.
En la provincia son muy pocas las empresas que se dedican a este tipo de actividad. En la ciudad de Neuquén están Indarsa y Comarsa. En Senillosa se encuentra la planta de Trans Ecológica, mientras que la firma EET Servicios Ambientales está radicada en Plaza Huincul. En Centenario se encuentra la base de Serma, Servicios Medio Ambientales; mientras que Triter se instaló en el Parque Industrial de Añelo .
El negocio del tratamiento y disposición final de residuos provenientes de la industria petrolera se expandió y supera la capacidad operativa de las plantas.
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Paraguay preocupado por la nuclear en Formosa
Preocupa posible instalación de planta nuclear en Formosa
Fecha de Publicación: 15/08/2015
Fuente: ABC Color ( Paraguay )
Provincia/Región: Formosa - Nacional
La anunciada instalación de una planta nuclear en Formosa, Argentina, preocupa a médicos y representantes de diferentes organizaciones ambientalistas de nuestro país. Esta preocupación fue expresada durante un panel debate dirigido a médicos del Hospital Central del Instituto de Previsión Social, desarrollado ayer en la sala del consejo.
El objetivo principal es concienciar a los médicos sobre la problemática que traería la construcción de una planta nuclear en el vecino país.
La presentación del panel estuvo a cargo del ingeniero Industrial Julio Pallarolas, recibido en la Universidad Nacional de Asunción y miembro de la campaña “Paraguay renovable y antinuclear”, quien, además, estuvo acompañado de médicos como el Dr. Mario Meyer, la Dra. Marta Ascurra, y ambientalista Brigitte Fuzellier, quien dijo que fue víctima del accidente nuclear de Chernobyl.
Consecuencias
El oncólogo Mario Meyer dijo que existen peligros por la manipulación radiactiva. “Lo que nos concierne a nosotros es la producción de uranio a través de las minerías en Paraguay, además del reactor nuclear que estará cerca nuestro y que es preocupante. La ubicación implica que en Paraguay podría darse contaminación de las aguas y del suelo con sustancias radiactivas que también producen enfermedades como el cáncer”, subrayó. Mencionó que iniciaron la campaña denominada “Paraguay renovable y antinuclear”.
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Fecha de Publicación: 15/08/2015
Fuente: ABC Color ( Paraguay )
Provincia/Región: Formosa - Nacional
La anunciada instalación de una planta nuclear en Formosa, Argentina, preocupa a médicos y representantes de diferentes organizaciones ambientalistas de nuestro país. Esta preocupación fue expresada durante un panel debate dirigido a médicos del Hospital Central del Instituto de Previsión Social, desarrollado ayer en la sala del consejo.
El objetivo principal es concienciar a los médicos sobre la problemática que traería la construcción de una planta nuclear en el vecino país.
La presentación del panel estuvo a cargo del ingeniero Industrial Julio Pallarolas, recibido en la Universidad Nacional de Asunción y miembro de la campaña “Paraguay renovable y antinuclear”, quien, además, estuvo acompañado de médicos como el Dr. Mario Meyer, la Dra. Marta Ascurra, y ambientalista Brigitte Fuzellier, quien dijo que fue víctima del accidente nuclear de Chernobyl.
Consecuencias
El oncólogo Mario Meyer dijo que existen peligros por la manipulación radiactiva. “Lo que nos concierne a nosotros es la producción de uranio a través de las minerías en Paraguay, además del reactor nuclear que estará cerca nuestro y que es preocupante. La ubicación implica que en Paraguay podría darse contaminación de las aguas y del suelo con sustancias radiactivas que también producen enfermedades como el cáncer”, subrayó. Mencionó que iniciaron la campaña denominada “Paraguay renovable y antinuclear”.
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El sabido riesgo ambiental del urbanismo bonaerense
Opinión científica sobre el serio riesgo ambiental y la "responsabilidad" de cuatro municipios
Fecha de Publicación: 14/08/2015
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Buenos Aires
El fiscal de Estado pidió a la Corte que revea la situación de las audiencias. Mientras, un abogado experto en Derecho Minero, comparte la decisión de los magistrados.
En diálogo con diariohoy.net, la geógrafa Patricia Pintos, investigadora del Centro de Investigaciones Geográficas (CIG) y del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (UNLP-CONICET), quien desde hace veinte años lleva como objeto de estudio el avance de las urbanizaciones privadas en cuatro municipios bonaerenses (Escobar, Pilar, Tigre y San Fernando) y su consecuencia en la naturaleza de la cuenca del río Luján, dio cuenta de cómo la imprevisión reinante de las autoridades provinciales y nacionales, derivó en grandes pérdidas sociales y medioambientales. A su vez, dejó aclarado que la imprevisión en esta área, afecta indefectiblemente otros sectores y así es como “contribuye” a que hoy estén inundados los lujanenses, los lobenses, los arrecifeños, los saltenses, los chivilcoyanos… y siguen los damnificados.
Es la irracional urbanización cerrada en humedales, con el guiño cómplice de la clase política que no planificó y dejó hacer, lo que -según confirma Pintos- conllevó a que se "pierdan 9.200 hectáreas en los municipios de Escobar, Pilar, Tigre y Campana, producto de la avanzada de este modelo urbanizador que lo que hace es buscar aproximarse cada vez más al cauce del río Luján o alguno de sus tributarios, apropiándose de esos paisajes ligados al agua y quitándole las características que le son particulares y que sirven, en términos de amortiguación, en situaciones como la crecida del río", comenzó explicando Pintos.
-Actúan con una especulación que no repara en las catástrofes, siendo ésta cada vez más duras. ¿Cómo es el método que utilizan los inmobiliarios?
-Para construir y dada que las áreas son inundables, con la tendencia del mercado diferenciar que los lleva a acercarse al río Luján, altean los terrenos, es decir, los sobreelevan con tareas de relleno. Las rellenan varios metros, hasta 8 metros, modificando la morfología del humedal. Y naturalmente las planicies de inundación que están próximas al río son áreas que le pertenecen al río, son bajas, y las planicies como su nombre lo indican es un área donde el río en situaciones de crecida se expande, pero estas urbanizaciones terminan constituyendo una serie de obstáculos.
-¿Podría explicarlo con un ejemplo?
-Imagine que el agua viene desde la cuenca media, desde la ciudad de Luján, y empieza a encontrarse con una sucesión de obstáculos, que son los ya 60 barrios cerrados localizados a lo largo de los cuatro municipios. Es esto lo que entorpece cada vez más el escurrimiento del agua, lo que implica que el agua en la ciudad de Luján permanezca durante tantos días y no drene de la manera que el río lo haría si tuviera su cauce normal. Para que quede bien claro, el río es un sistema, cualquier interferencia que se causa en algún lugar del río, tiene alguna implicancia en otro sector.
-La imprevisión y la falta de control permite que eso suceda? ¿hay complicidad?
-Diría que hay una clara responsabilidad de las autoridades, no diría mirar para otro lado, por un lado dejan hacer. Estamos asistiendo al festival del mercado dsarrollador mobilia del tipo rentistas, los municipios son funcionales a ese modelo, y ahora se desentienden de esto. Ellos dejan hacer; muchas veces los desarrolladores inmobiliarios avanzan en el movimiento de suelos, en la conformación de las lagunas artificiales, en los terraplenes perimetrales que protegen a los emprendimientos del agua que podría ingresar desde el exterior, cuando ni siquiera tienen los certificados de factibilidad provincial aprobados. Acá hay una responsabilidad compartida entre los municipios que le dan localización a los emprendimiento, la provincia y los desarrolladores inmobiliarios. Es una articulación lamentable que tiene implicancia en toda la cuenca y consecuencias muy serias.
-¿Cuales serían las medidas o las obras que deberían encararse desde los distintos gobiernos para poder acabar con todo este problema?
-No soy ingeniera hidráulica para poder hablarte de qué tipo de obra, pero si se necesitan realmente obras de ingeniería hidráulica para resolver estas cuestiones que bien podrían haberse evitado de haberse gestionado adecuadamente el territorio. En materia de lo que vengo estudiando hace tantos años, con el avance del urbanismo privado en los humedales, vengo sosteniendo que los municipio o la Provincia, o ambos, deben actuar inmediatamente previendo nuevas habilitaciones de urbanizaciones cerradas en humedales. Eso mostraría una primera voluntad de querer resolver en parte el problema.
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Fecha de Publicación: 14/08/2015
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Buenos Aires
El fiscal de Estado pidió a la Corte que revea la situación de las audiencias. Mientras, un abogado experto en Derecho Minero, comparte la decisión de los magistrados.
En diálogo con diariohoy.net, la geógrafa Patricia Pintos, investigadora del Centro de Investigaciones Geográficas (CIG) y del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (UNLP-CONICET), quien desde hace veinte años lleva como objeto de estudio el avance de las urbanizaciones privadas en cuatro municipios bonaerenses (Escobar, Pilar, Tigre y San Fernando) y su consecuencia en la naturaleza de la cuenca del río Luján, dio cuenta de cómo la imprevisión reinante de las autoridades provinciales y nacionales, derivó en grandes pérdidas sociales y medioambientales. A su vez, dejó aclarado que la imprevisión en esta área, afecta indefectiblemente otros sectores y así es como “contribuye” a que hoy estén inundados los lujanenses, los lobenses, los arrecifeños, los saltenses, los chivilcoyanos… y siguen los damnificados.
Es la irracional urbanización cerrada en humedales, con el guiño cómplice de la clase política que no planificó y dejó hacer, lo que -según confirma Pintos- conllevó a que se "pierdan 9.200 hectáreas en los municipios de Escobar, Pilar, Tigre y Campana, producto de la avanzada de este modelo urbanizador que lo que hace es buscar aproximarse cada vez más al cauce del río Luján o alguno de sus tributarios, apropiándose de esos paisajes ligados al agua y quitándole las características que le son particulares y que sirven, en términos de amortiguación, en situaciones como la crecida del río", comenzó explicando Pintos.
-Actúan con una especulación que no repara en las catástrofes, siendo ésta cada vez más duras. ¿Cómo es el método que utilizan los inmobiliarios?
-Para construir y dada que las áreas son inundables, con la tendencia del mercado diferenciar que los lleva a acercarse al río Luján, altean los terrenos, es decir, los sobreelevan con tareas de relleno. Las rellenan varios metros, hasta 8 metros, modificando la morfología del humedal. Y naturalmente las planicies de inundación que están próximas al río son áreas que le pertenecen al río, son bajas, y las planicies como su nombre lo indican es un área donde el río en situaciones de crecida se expande, pero estas urbanizaciones terminan constituyendo una serie de obstáculos.
-¿Podría explicarlo con un ejemplo?
-Imagine que el agua viene desde la cuenca media, desde la ciudad de Luján, y empieza a encontrarse con una sucesión de obstáculos, que son los ya 60 barrios cerrados localizados a lo largo de los cuatro municipios. Es esto lo que entorpece cada vez más el escurrimiento del agua, lo que implica que el agua en la ciudad de Luján permanezca durante tantos días y no drene de la manera que el río lo haría si tuviera su cauce normal. Para que quede bien claro, el río es un sistema, cualquier interferencia que se causa en algún lugar del río, tiene alguna implicancia en otro sector.
-La imprevisión y la falta de control permite que eso suceda? ¿hay complicidad?
-Diría que hay una clara responsabilidad de las autoridades, no diría mirar para otro lado, por un lado dejan hacer. Estamos asistiendo al festival del mercado dsarrollador mobilia del tipo rentistas, los municipios son funcionales a ese modelo, y ahora se desentienden de esto. Ellos dejan hacer; muchas veces los desarrolladores inmobiliarios avanzan en el movimiento de suelos, en la conformación de las lagunas artificiales, en los terraplenes perimetrales que protegen a los emprendimientos del agua que podría ingresar desde el exterior, cuando ni siquiera tienen los certificados de factibilidad provincial aprobados. Acá hay una responsabilidad compartida entre los municipios que le dan localización a los emprendimiento, la provincia y los desarrolladores inmobiliarios. Es una articulación lamentable que tiene implicancia en toda la cuenca y consecuencias muy serias.
-¿Cuales serían las medidas o las obras que deberían encararse desde los distintos gobiernos para poder acabar con todo este problema?
-No soy ingeniera hidráulica para poder hablarte de qué tipo de obra, pero si se necesitan realmente obras de ingeniería hidráulica para resolver estas cuestiones que bien podrían haberse evitado de haberse gestionado adecuadamente el territorio. En materia de lo que vengo estudiando hace tantos años, con el avance del urbanismo privado en los humedales, vengo sosteniendo que los municipio o la Provincia, o ambos, deben actuar inmediatamente previendo nuevas habilitaciones de urbanizaciones cerradas en humedales. Eso mostraría una primera voluntad de querer resolver en parte el problema.
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Greencor denunciada por residuos de hidrocarburos
Firma acusada de no remediar en Cinco Saltos
Fecha de Publicación: 14/08/2015
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Los vecinos autoconvocados por el medio ambiente de esta localidad denunciaron que la empresa Greencor dejó "tirados" unos 30.000 metros cúbicos de residuos de hidrocarburos que debió haber remediado.
Sostuvieron además que la secretaría de Medio Ambiente no logró que sanearan la barda contaminada "empeorando la situación de las zonas aledañas" al lugar donde funcionó la planta de tratamiento de residuos de hidrocarburos. Se sostuvo que en el lugar sólo hay contaminación y un sereno.
Así lo expresó uno de los voceros del grupo, Eduardo Araya, quien especificó que el 22 de agosto se volverán a reunir con los vecinos y la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia en el lugar, para una nueva inspección.
Como se recordará, la cartera de medio ambiente ordenó el cese de la actividad de Greencor en esta localidad y estableció un plan de cierre que involucraba la remediación de los barros empetrolados que estaban depositados en la barda al momento de la intimación.
Araya indicó que los vecinos han continuado inspeccionando el lugar (ubicado en cercanías del basural municipal y lindero al camino hacia el Pellegrini) y que debido a que no hubo mejoras, el 14 de julio pasado elevaron una nota tanto a la secretaría de Medio Ambiente como a la municipalidad de Cinco Saltos denunciando la situación.
"Todo se encuentra en estado de total y absoluto abandono", se indicó. "La empresa Greencor no realizó ningún tipo de plan de remediación ambiental, ni saneamiento básico desde noviembre de 2014", se sostuvo al tiempo que se increpó que los barros con petróleo acarreados desde los pozos petroleros al lugar involucran "un alto potencial tóxico y contaminante".
Agregó que el cálculo surgió de sectores delimitados de 250 metros por 12 de ancho, con unos 70 centímetros de profundidad donde se depositó la tierra con hidrocarburo que se extraía de los pozos para sanearlas.
La empresa Greencor fue habilitada por Medio Ambiente de la provincia y contó con la habilitación de la municipalidad de Cinco Saltos para llevar desde los distintos pozos de extracción de la región, los barros empetrolados que no podían ser remediados en el campo. En varias oportunidades, las transportistas perdían parte del residuo en el trayecto y los vecinos siempre se opusieron a que la localidad fuera un "basurero petrolero" o depositaria de la contaminación producto de la extracción petrolera.
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Fecha de Publicación: 14/08/2015
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Los vecinos autoconvocados por el medio ambiente de esta localidad denunciaron que la empresa Greencor dejó "tirados" unos 30.000 metros cúbicos de residuos de hidrocarburos que debió haber remediado.
Sostuvieron además que la secretaría de Medio Ambiente no logró que sanearan la barda contaminada "empeorando la situación de las zonas aledañas" al lugar donde funcionó la planta de tratamiento de residuos de hidrocarburos. Se sostuvo que en el lugar sólo hay contaminación y un sereno.
Así lo expresó uno de los voceros del grupo, Eduardo Araya, quien especificó que el 22 de agosto se volverán a reunir con los vecinos y la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia en el lugar, para una nueva inspección.
Como se recordará, la cartera de medio ambiente ordenó el cese de la actividad de Greencor en esta localidad y estableció un plan de cierre que involucraba la remediación de los barros empetrolados que estaban depositados en la barda al momento de la intimación.
Araya indicó que los vecinos han continuado inspeccionando el lugar (ubicado en cercanías del basural municipal y lindero al camino hacia el Pellegrini) y que debido a que no hubo mejoras, el 14 de julio pasado elevaron una nota tanto a la secretaría de Medio Ambiente como a la municipalidad de Cinco Saltos denunciando la situación.
"Todo se encuentra en estado de total y absoluto abandono", se indicó. "La empresa Greencor no realizó ningún tipo de plan de remediación ambiental, ni saneamiento básico desde noviembre de 2014", se sostuvo al tiempo que se increpó que los barros con petróleo acarreados desde los pozos petroleros al lugar involucran "un alto potencial tóxico y contaminante".
Agregó que el cálculo surgió de sectores delimitados de 250 metros por 12 de ancho, con unos 70 centímetros de profundidad donde se depositó la tierra con hidrocarburo que se extraía de los pozos para sanearlas.
La empresa Greencor fue habilitada por Medio Ambiente de la provincia y contó con la habilitación de la municipalidad de Cinco Saltos para llevar desde los distintos pozos de extracción de la región, los barros empetrolados que no podían ser remediados en el campo. En varias oportunidades, las transportistas perdían parte del residuo en el trayecto y los vecinos siempre se opusieron a que la localidad fuera un "basurero petrolero" o depositaria de la contaminación producto de la extracción petrolera.
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Yungas podría contar con un centro de interpretación
Analizan el emplazamiento de un centro de interpretación de las Yungas
Fecha de Publicación: 14/08/2015
Fuente: Secretaría de Ambiente de Salta
Provincia/Región: Salta
Integrantes de la Secretaría de Ambiente y del Programa de Turismo Sustentable de la Provincia de Salta mantuvieron un encuentro para evaluar posibles locaciones del espacio. El objetivo es difundir cualidades de la eco región.
En el marco del Programa de Turismo Sustentable de la Provincia de Salta, integrantes de la Unidad de Gestión Ambiental de la Secretaría de Ambiente mantuvieron un encuentro para evaluar posibles sitios de emplazamiento para un centro de interpretación de la eco región Yungas. La reunión fue encabezada por el secretario de Ambiente, Gustavo Paul y la coordinadora general del Programa de Desarrollo Turístico Sustentable, María Eugenia Sbrocco.
El objetivo de la iniciativa, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es generar un espacio para difundir características de la zona, áreas protegidas provinciales, nacionales, municipales y privadas existentes, y aspectos de la rica biodiversidad local entre los turistas que visiten el lugar. Además servirá como un centro de promoción para actividades educativas y científicas.
Profesionales en la temática analizan diversas locaciones y evalúan variables de infraestructura y accesibilidad. Es importante señalar que el centro de interpretación también permitirá motorizar el comercio y las economías regionales.
Participaron del encuentro Natalia Rangeon, directora de Planificación Territorial, Carolina Romano, jefa del programa Cooperación Internacional, Sebastián Musalem y Marcelo Cuevas, jefes de los programas Áreas Protegidas y Guardaparques, respectivamente, integrantes de la Secretaría de Turismo y la Subsecretaría de Financiamiento Internacional y consultores externos.
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Fecha de Publicación: 14/08/2015
Fuente: Secretaría de Ambiente de Salta
Provincia/Región: Salta
Integrantes de la Secretaría de Ambiente y del Programa de Turismo Sustentable de la Provincia de Salta mantuvieron un encuentro para evaluar posibles locaciones del espacio. El objetivo es difundir cualidades de la eco región.
En el marco del Programa de Turismo Sustentable de la Provincia de Salta, integrantes de la Unidad de Gestión Ambiental de la Secretaría de Ambiente mantuvieron un encuentro para evaluar posibles sitios de emplazamiento para un centro de interpretación de la eco región Yungas. La reunión fue encabezada por el secretario de Ambiente, Gustavo Paul y la coordinadora general del Programa de Desarrollo Turístico Sustentable, María Eugenia Sbrocco.
El objetivo de la iniciativa, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es generar un espacio para difundir características de la zona, áreas protegidas provinciales, nacionales, municipales y privadas existentes, y aspectos de la rica biodiversidad local entre los turistas que visiten el lugar. Además servirá como un centro de promoción para actividades educativas y científicas.
Profesionales en la temática analizan diversas locaciones y evalúan variables de infraestructura y accesibilidad. Es importante señalar que el centro de interpretación también permitirá motorizar el comercio y las economías regionales.
Participaron del encuentro Natalia Rangeon, directora de Planificación Territorial, Carolina Romano, jefa del programa Cooperación Internacional, Sebastián Musalem y Marcelo Cuevas, jefes de los programas Áreas Protegidas y Guardaparques, respectivamente, integrantes de la Secretaría de Turismo y la Subsecretaría de Financiamiento Internacional y consultores externos.
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¿Quienes son los responsables de la inundación?
Los countries sobre la cuenca, responsables de la crecida del Río Luján
Fecha de Publicación: 13/08/2015
Fuente: infojusnoticias.gov.ar
Provincia/Región: Buenos Aires
Lo explicó la geógrafa Patricia Pintos a través de un estudio sobre los efectos del urbanismo privado en la cuenca baja del río Luján.
La crecida del Río Luján no se detiene. Las causas aparentes de este fenómeno: las lluvias constantes de los últimos días. Las reales: el crecimiento de los barrios privados sobre la cuenca del Río que destruyeron su normal cauce. “Hay algunos estudios realizados por investigadores del Instituto Nacional del Agua (INA), específicamente el doctor Malagnino, que analizan la mega-urbanización San Sebastián, en Pilar. En ese estudio pudo determinar que el emprendimiento está asentado sobre el propio humedal, en la rivera del Río Luján, en el límite con Campana. Y que a partir de las obras de relleno para poder llevar adelante el emprendimiento, la planicie de inundación se redujo un 40 por ciento”, explicó a Infojus Noticias la geógrafa Patricia Pintos, investigadora del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional de La Plata y coautora junto a Patricio Narodowski, del libro “La privatopía sacrílega. Efectos del urbanismo privado en la cuenca baja del río Luján”, (2012).
“Hay una sucesión de mega-emprendimientos inmobiliarios que generó un efecto conjunto, un proceso de sumatoria que genera una incidencia clara en los cambios de los patrones de escurrimiento del Río Luján y por lo tanto, sería uno de los elementos más fuertes en la explicación de las inundaciones de los últimos años”, explicó.
A dos años de la máxima inundación en la historia de la ciudad de Luján, el río que surge en la unión de los arroyos El Durazno y Los Leones, y recorre Luján, Pilar, Exaltación de la Cruz, Escobar, Campana, Tigre y San Fernando, para desembocar en el Río de la Plata, aumentó su cauce y amenaza alcanzar niveles récord.
“El río necesita una planicie de inundación para que en momentos de creciente, el agua naturalmente inunde esa planicie, un proceso natural de cualquier río que tiene un caudal medio pero en épocas de crecientes, al superar ese caudal, evacúa el agua avanzando sobre ese espacio”, señaló Pintos.
Al hacerse el emprendimiento junto al Río Luján –recordemos que San Sebastián tiene 1100 hectáreas– el lecho de inundación se redujo, porque se rellena un área que habitualmente el Río anegaba y esa reducción del lugar por donde debían escurrir las aguas, el Río lo resuelve de alguna anegando nuevas áreas. A su vez, –explicó Pintos– este fenómeno, ejerce un efecto de tapón sobre el libre escurrimiento del agua y genera un impacto aguas arriba. “Por esto es que desde 2011 y sobre todo en 2012, se vienen sucediendo una serie de inundaciones en la propia ciudad de Luján, a tal punto que hace un par de años el agua llegó hasta la cripta de la Basílica en un hecho inédito en su historia”, dijo.
Según Pintos, se puede argumentar, según los estudios, que “la afectación de las planicies de inundación del Río para la construcción de estos mega-emprendimientos está cambiando la dinámica de drenaje del cauce principal y los tributario del Río Luján y genera complicaciones aguas arriba, en la cuenca media.
La geógrafa explicó que los estudios hechos por el INA se abocaron a San Sebastián como muestra, pero que son aplicables a los 60 emprendimientos de este tipo que están asentados en el humedal del Río Luján, algunos de ellos linderos al cause principal y otros a sus tributarios. “Se puede extrapolar el análisis al resto, estamos hablando de que hay una sucesión de emprendimientos que generó un efecto conjunto, hay un proceso de sumatoria que genera una incidencia clara en los cambios de los patrones de escurrimiento del Río y por lo tanto, sería uno de los elementos más fuertes en la explicación de las inundaciones de los últimos años”, dijo.
Neoliberalismo geográfico
“El boom de estos desarrollos inmobiliarios a fines de los 90 y principios del 2000 va de la mano de las políticas neoliberales en la gestión urbana. Eso Incide en que los Municipios relajaron mucho su política de planificación del territorio, sobre todo en los ’90, muy de la mano del paradigma del dejar hacer al mercado, flexibilizar las reglas de juego y los procedimientos para que los mercados pudieran dinamizar las economías locales y alcanzar el tan pregonado derrame hacia otros sectores. Con esos argumentos los Municipios dejaron hacer y ahora nos encontramos con los efectos de todo esto”, explicó la especialista.
El impacto de las políticas neoliberales en la forma de organización del Estado también tuvo su impacto en la problemática de Luján. “Antes, los Municipios, adheridos a la descentralización con las Secretarias de Asuntos Municipales, podían ellos mismos emitir declaraciones de impacto ambiental en sus órbitas. Eso derivó en que Municipios con estructuras débiles y muy acotadas emitieran una declaración de impacto ambiental para emprendimiento que tienen una escala muy importante”, argumentó Patricia Pintos y agregó que” la Provincia en ese momento, un poco a partir del trabajo de algunas organizaciones y de nuestros trabajos de investigación, sacó la resolución 29 a partir de la cual todos aquellos emprendimientos que implican una modificación del humedal o áreas que tuvieran algún tipo de acumulación somera, superficial, permanente o semipermanente de agua y que implicara una transformación drástica de esa característica ambiental, tiene que tener una declaración de impacto ambiental emitida por la autoridad provincial”.
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Fecha de Publicación: 13/08/2015
Fuente: infojusnoticias.gov.ar
Provincia/Región: Buenos Aires
Lo explicó la geógrafa Patricia Pintos a través de un estudio sobre los efectos del urbanismo privado en la cuenca baja del río Luján.
La crecida del Río Luján no se detiene. Las causas aparentes de este fenómeno: las lluvias constantes de los últimos días. Las reales: el crecimiento de los barrios privados sobre la cuenca del Río que destruyeron su normal cauce. “Hay algunos estudios realizados por investigadores del Instituto Nacional del Agua (INA), específicamente el doctor Malagnino, que analizan la mega-urbanización San Sebastián, en Pilar. En ese estudio pudo determinar que el emprendimiento está asentado sobre el propio humedal, en la rivera del Río Luján, en el límite con Campana. Y que a partir de las obras de relleno para poder llevar adelante el emprendimiento, la planicie de inundación se redujo un 40 por ciento”, explicó a Infojus Noticias la geógrafa Patricia Pintos, investigadora del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional de La Plata y coautora junto a Patricio Narodowski, del libro “La privatopía sacrílega. Efectos del urbanismo privado en la cuenca baja del río Luján”, (2012).
“Hay una sucesión de mega-emprendimientos inmobiliarios que generó un efecto conjunto, un proceso de sumatoria que genera una incidencia clara en los cambios de los patrones de escurrimiento del Río Luján y por lo tanto, sería uno de los elementos más fuertes en la explicación de las inundaciones de los últimos años”, explicó.
A dos años de la máxima inundación en la historia de la ciudad de Luján, el río que surge en la unión de los arroyos El Durazno y Los Leones, y recorre Luján, Pilar, Exaltación de la Cruz, Escobar, Campana, Tigre y San Fernando, para desembocar en el Río de la Plata, aumentó su cauce y amenaza alcanzar niveles récord.
“El río necesita una planicie de inundación para que en momentos de creciente, el agua naturalmente inunde esa planicie, un proceso natural de cualquier río que tiene un caudal medio pero en épocas de crecientes, al superar ese caudal, evacúa el agua avanzando sobre ese espacio”, señaló Pintos.
Al hacerse el emprendimiento junto al Río Luján –recordemos que San Sebastián tiene 1100 hectáreas– el lecho de inundación se redujo, porque se rellena un área que habitualmente el Río anegaba y esa reducción del lugar por donde debían escurrir las aguas, el Río lo resuelve de alguna anegando nuevas áreas. A su vez, –explicó Pintos– este fenómeno, ejerce un efecto de tapón sobre el libre escurrimiento del agua y genera un impacto aguas arriba. “Por esto es que desde 2011 y sobre todo en 2012, se vienen sucediendo una serie de inundaciones en la propia ciudad de Luján, a tal punto que hace un par de años el agua llegó hasta la cripta de la Basílica en un hecho inédito en su historia”, dijo.
Según Pintos, se puede argumentar, según los estudios, que “la afectación de las planicies de inundación del Río para la construcción de estos mega-emprendimientos está cambiando la dinámica de drenaje del cauce principal y los tributario del Río Luján y genera complicaciones aguas arriba, en la cuenca media.
La geógrafa explicó que los estudios hechos por el INA se abocaron a San Sebastián como muestra, pero que son aplicables a los 60 emprendimientos de este tipo que están asentados en el humedal del Río Luján, algunos de ellos linderos al cause principal y otros a sus tributarios. “Se puede extrapolar el análisis al resto, estamos hablando de que hay una sucesión de emprendimientos que generó un efecto conjunto, hay un proceso de sumatoria que genera una incidencia clara en los cambios de los patrones de escurrimiento del Río y por lo tanto, sería uno de los elementos más fuertes en la explicación de las inundaciones de los últimos años”, dijo.
Neoliberalismo geográfico
“El boom de estos desarrollos inmobiliarios a fines de los 90 y principios del 2000 va de la mano de las políticas neoliberales en la gestión urbana. Eso Incide en que los Municipios relajaron mucho su política de planificación del territorio, sobre todo en los ’90, muy de la mano del paradigma del dejar hacer al mercado, flexibilizar las reglas de juego y los procedimientos para que los mercados pudieran dinamizar las economías locales y alcanzar el tan pregonado derrame hacia otros sectores. Con esos argumentos los Municipios dejaron hacer y ahora nos encontramos con los efectos de todo esto”, explicó la especialista.
El impacto de las políticas neoliberales en la forma de organización del Estado también tuvo su impacto en la problemática de Luján. “Antes, los Municipios, adheridos a la descentralización con las Secretarias de Asuntos Municipales, podían ellos mismos emitir declaraciones de impacto ambiental en sus órbitas. Eso derivó en que Municipios con estructuras débiles y muy acotadas emitieran una declaración de impacto ambiental para emprendimiento que tienen una escala muy importante”, argumentó Patricia Pintos y agregó que” la Provincia en ese momento, un poco a partir del trabajo de algunas organizaciones y de nuestros trabajos de investigación, sacó la resolución 29 a partir de la cual todos aquellos emprendimientos que implican una modificación del humedal o áreas que tuvieran algún tipo de acumulación somera, superficial, permanente o semipermanente de agua y que implicara una transformación drástica de esa característica ambiental, tiene que tener una declaración de impacto ambiental emitida por la autoridad provincial”.
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Atuel: Mendoza dice que La Pampa no hizo nada
Mendoza dice que La Pampa "no acreditó" el severo daño que provocan los 70 años del corte del Atuel
Fecha de Publicación: 13/08/2015
Fuente: Télam
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
El gobierno de Mendoza contestó la demanda presentada por La Pampa el año pasado ante la Corte Suprema por el corte que realizó hace 68 años sobre el río, declarado interjurisdiccional en 1987 por el máximo tribunal de justicia, y cuya interrupción provocó un severo daño ambiental y económico a gran parte del territorio pampeano.
En mayo de 2014, el gobierno de La Pampa, encabezado por el gobernador Oscar Jorge, demandó a la provincia de Mendoza solicitando que se declare el incumplimiento de la provincia cuyana a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del año 1987, que obligaba a negociar y celebrar de buena fe convenios para regular el uso del agua del Atuel, y que consideraba interprovincial al río.
La demanda de la Pampa está centrada en los incumplimientos de la provincia cuyana, además de incluir los argumentos de "daño ambiental y social".
Según se informó en un comunicado, el gobernador mendocino Francisco Pérez acompañó al Fiscal de Estado, Fernando Simón, y al asesor de gobierno, César Mosso Giannini, en la presentación de la contestación a dicha demanda hoy ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
"En la actualidad, los regantes de la provincia de Mendoza no llegan a regar las 50 mil hectáreas en producción porque falta agua", argumentó Pérez luego de presentada la contestación y continuó: "La provincia ha invertido, además, 150 millones de dólares en obras de impermeabilización de canales y en el Marginal del Atuel".
"La Pampa ha basado la demanda sin nunca acreditar un daño ni tampoco ha hecho obras de cuidado del agua y tecnificación de riego en el norte (donde llega el agua del Atuel), sino que han invertido todo en el sur en relación al río Colorado. Mendoza lleva invertido millones en obras de impermeabilización de canales", añadió el gobernador mendocino en el comunicado difundido.
La contestación formal a la demanda por el Atuel consta de 696 páginas,13 anexos probatorios y tiene la intervención tanto de Asesoría de Gobierno y Fiscalía de Estado, informaron desde el gobierno de Mendoza.
Y señalaron que también participaron en su redacción "entes que entienden en la investigación y el estudio de la realidad hídrica provincial como la Universidad Nacional de Cuyo y el Departamento General de Irrigación".
El conflicto por las aguas del Atuel se agravó a mediados del siglo pasado, cuando se inauguró el embalse El Nihuil, en el departamento mendocino de San Rafael, con el fin de destinar las aguas del río a la generación de electricidad, y complementariamente, al regadío existente en Mendoza.
Este embalse produjo el definitivo corte del cauce del río en el territorio pampeano, lo que obligó a lugareños de la zona oeste de la Pampa al éxodo forzado.
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Fecha de Publicación: 13/08/2015
Fuente: Télam
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
El gobierno de Mendoza contestó la demanda presentada por La Pampa el año pasado ante la Corte Suprema por el corte que realizó hace 68 años sobre el río, declarado interjurisdiccional en 1987 por el máximo tribunal de justicia, y cuya interrupción provocó un severo daño ambiental y económico a gran parte del territorio pampeano.
En mayo de 2014, el gobierno de La Pampa, encabezado por el gobernador Oscar Jorge, demandó a la provincia de Mendoza solicitando que se declare el incumplimiento de la provincia cuyana a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del año 1987, que obligaba a negociar y celebrar de buena fe convenios para regular el uso del agua del Atuel, y que consideraba interprovincial al río.
La demanda de la Pampa está centrada en los incumplimientos de la provincia cuyana, además de incluir los argumentos de "daño ambiental y social".
Según se informó en un comunicado, el gobernador mendocino Francisco Pérez acompañó al Fiscal de Estado, Fernando Simón, y al asesor de gobierno, César Mosso Giannini, en la presentación de la contestación a dicha demanda hoy ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
"En la actualidad, los regantes de la provincia de Mendoza no llegan a regar las 50 mil hectáreas en producción porque falta agua", argumentó Pérez luego de presentada la contestación y continuó: "La provincia ha invertido, además, 150 millones de dólares en obras de impermeabilización de canales y en el Marginal del Atuel".
"La Pampa ha basado la demanda sin nunca acreditar un daño ni tampoco ha hecho obras de cuidado del agua y tecnificación de riego en el norte (donde llega el agua del Atuel), sino que han invertido todo en el sur en relación al río Colorado. Mendoza lleva invertido millones en obras de impermeabilización de canales", añadió el gobernador mendocino en el comunicado difundido.
La contestación formal a la demanda por el Atuel consta de 696 páginas,13 anexos probatorios y tiene la intervención tanto de Asesoría de Gobierno y Fiscalía de Estado, informaron desde el gobierno de Mendoza.
Y señalaron que también participaron en su redacción "entes que entienden en la investigación y el estudio de la realidad hídrica provincial como la Universidad Nacional de Cuyo y el Departamento General de Irrigación".
El conflicto por las aguas del Atuel se agravó a mediados del siglo pasado, cuando se inauguró el embalse El Nihuil, en el departamento mendocino de San Rafael, con el fin de destinar las aguas del río a la generación de electricidad, y complementariamente, al regadío existente en Mendoza.
Este embalse produjo el definitivo corte del cauce del río en el territorio pampeano, lo que obligó a lugareños de la zona oeste de la Pampa al éxodo forzado.
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Neuquén pudo, no hay más bolsas descartables
Neuquén logró el objetivo de 'bolsa cero'
Fecha de Publicación: 13/08/2015
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
La gente aceptó usar las de tela en lugar de las de nailon. El proceso de cambió demandó más de seis años, pero luego de las resistencias iniciales se impuso el cambio.
Hace seis años era impensado ir al supermercado y volver sin al menos diez bolsas de nailon cuando se hacía "la compra del mes".
Hoy, después de una intensa y progresiva campaña, no entregan ninguna. Algunos dan hasta tres de papel. La gente se acostumbró y usa de tela o cajas, mientras cada vez son más los comercios que aunque no están alcanzados por la ordenanza también optan por el slogan "bolsa cero".
"Hubo mucha discusión y resistencia al principio, aunque se trataba de una norma que era amigable con el medio ambiente. Pero finalmente la gente cambió el hábito", aseguró la subsecretaria de Medio Ambiente del municipio capitalino, Paola Guerrera.
La idea de reducir el uso de bolsas de plástico para disminuir su efecto contaminante (en la zona de bardas estaban dispersas por doquier) surgió en la gestión del ex intendente Martín Farizano.
En 2009 comenzaron las primeras campañas y en 2010 se aprobó la ordenanza 11.760 que creó el programa de "reducción de bolsas plásticas degradables, oxobiodegradables, biodegradables, hidrodegradables o de similar naturaleza".
La norma comenzó a aplicarse en 2011 y consistió en una reducción progresiva en la entrega de bolsas: primero se podían entregar siete, después cinco, luego tres hasta llegar a ninguna.
Fueron tiempos de numerosos debates que incluyeron reuniones entre dueños de supermercados y concejales.
Hubo resistencia de los vecinos. Argumentaban que sin las bolsas no tendrían cómo cargar los productos, e incluso que sería un gasto extra el comprar bolsas de residuos al no tener la "bolsa del súper" para tirar la basura.
"Cuando asumimos (diciembre de 2011) nos tocó implementar las tres bolsas. Hicimos los controles y aplicamos las multas", agregó.
Recordó que el cambio fue difícil y que llevó cerca de seis años llegar a la "bolsa cero".
Actualmente no se entrega ningún tipo de bolsa, y está vigente la ordenanza 12.962 que habilita la entrega de hasta tres, de papel.
Los clientes llevan sus propias bolsas de tela, usan cajas o directamente pasan los productos del carro al baúl del auto.
"El esfuerzo fue mínimo, nadie se fundió por tener que comprar una bolsa de tela o de residuos. En realidad era una cuestión de comodidad", dijo la funcionaria.
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Fecha de Publicación: 13/08/2015
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
La gente aceptó usar las de tela en lugar de las de nailon. El proceso de cambió demandó más de seis años, pero luego de las resistencias iniciales se impuso el cambio.
Hace seis años era impensado ir al supermercado y volver sin al menos diez bolsas de nailon cuando se hacía "la compra del mes".
Hoy, después de una intensa y progresiva campaña, no entregan ninguna. Algunos dan hasta tres de papel. La gente se acostumbró y usa de tela o cajas, mientras cada vez son más los comercios que aunque no están alcanzados por la ordenanza también optan por el slogan "bolsa cero".
"Hubo mucha discusión y resistencia al principio, aunque se trataba de una norma que era amigable con el medio ambiente. Pero finalmente la gente cambió el hábito", aseguró la subsecretaria de Medio Ambiente del municipio capitalino, Paola Guerrera.
La idea de reducir el uso de bolsas de plástico para disminuir su efecto contaminante (en la zona de bardas estaban dispersas por doquier) surgió en la gestión del ex intendente Martín Farizano.
En 2009 comenzaron las primeras campañas y en 2010 se aprobó la ordenanza 11.760 que creó el programa de "reducción de bolsas plásticas degradables, oxobiodegradables, biodegradables, hidrodegradables o de similar naturaleza".
La norma comenzó a aplicarse en 2011 y consistió en una reducción progresiva en la entrega de bolsas: primero se podían entregar siete, después cinco, luego tres hasta llegar a ninguna.
Fueron tiempos de numerosos debates que incluyeron reuniones entre dueños de supermercados y concejales.
Hubo resistencia de los vecinos. Argumentaban que sin las bolsas no tendrían cómo cargar los productos, e incluso que sería un gasto extra el comprar bolsas de residuos al no tener la "bolsa del súper" para tirar la basura.
"Cuando asumimos (diciembre de 2011) nos tocó implementar las tres bolsas. Hicimos los controles y aplicamos las multas", agregó.
Recordó que el cambio fue difícil y que llevó cerca de seis años llegar a la "bolsa cero".
Actualmente no se entrega ningún tipo de bolsa, y está vigente la ordenanza 12.962 que habilita la entrega de hasta tres, de papel.
Los clientes llevan sus propias bolsas de tela, usan cajas o directamente pasan los productos del carro al baúl del auto.
"El esfuerzo fue mínimo, nadie se fundió por tener que comprar una bolsa de tela o de residuos. En realidad era una cuestión de comodidad", dijo la funcionaria.
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La FAO advierte de la pérdida de suelos en el país
Advierten sobre el riesgo de la erosión en los suelos agrícolas del país
Fecha de Publicación: 12/08/2015
Fuente: Infocampo
Provincia/Región: Nacional
Más de 60 millones de hectáreas en la Argentina “están sujetas a procesos de erosión de suelos, que van de moderados a graves", dijo Benjamín Kiersch, de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe.
Al hablar en la apertura del taller por el Año Internacional de los Suelos, que se desarrollará hasta mañana en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Kiersch alertó sobre “la deforestación por reemplazo de bosques, vinculada a particularmente a la extensión de los cultivos de soja”.
El especialista mencionó también los efectos de la erosión eólica e hídrica, y el fuerte impacto por la creciente utilización de agroquímicos en el campo argentino.
“En menos de dos decenios el uso de pesticidas y herbicidas pasó de 30 mil a 200 mil toneladas anuales, porque no se utiliza la labranza física y se opta por el control químico de malezas”, explicó Kiersch.
En la inauguración del encuentro, el representante de FAO en la Argentina, Valdir Welte, remarcó que "el 95% de la base alimentaria y nutricional humana se asienta en los suelos”.
“Se trata de un recurso finito y cada año se pierden en el planeta 30 mil kilómetros cuadrados por año, el equivalente a la superficie de Costa Rica”, advirtió Welte, y alertó luego que “son necesarios hasta mil años para que se forme un centímetro de suelo”.
El secretario de Coordinación Político Institucional y Emergencia Agropecuaria, Javier Rodríguez, admitió a su vez la “presión hacia una sobreutilización de suelos, por la mayor demanda de alimentos ante el crecimiento de la población y los mayores ingresos”.
“El desafío es encontrar las herramientas para sostener la calidad de los suelos, que se van a utilizar de manera más intensiva”, juzgó el funcionario.
Durante el taller se indicó que el Año Internacional de los Suelos, declarado por la ONU, “es una gran oportunidad para dar a conocer la importancia de conservar sanos y fértiles los suelos para garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición así como las funciones esenciales del ecosistema”.
Se alertó al respecto que la falta de cualquiera de los 15 nutrientes necesarios para el crecimiento vegetal puede limitar el rendimiento de los cultivos.
Los especialistas de la FAO resaltaron que en la región el flagelo del hambre fue superado por más de 30 millones de personas en los últimos veinte años, pero aún quedan 34,3 millones de afectados.
El organismo proyectó que “en 2050 la producción agrícola deberá aumentar en un 60% a nivel mundial, y casi 100% en los países en desarrollo, con el fin de satisfacer la demanda de alimentos”.
Afortunadamente, consideró Kiersch, “la gestión sostenible del suelo permitiría producir hasta 58% más de alimentos”, sin necesidad de aumentar la superficie actual.
El taller que se lleva a cabo en Agricultura tiene por finalidad intercambiar información sobre los trabajos que viene realizando la Argentina, tanto en el campo de la investigación académica y la innovación tecnológica, como en el diseño de políticas públicas.
Participan como expositores referentes técnicos de la cartera agrícola, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Federación de Ingeniería Agronómica, universidades de Buenos Aires y Rio Cuarto, el Conicet, referentes de las organizaciones de productores, de las industrias de insumos y de las organizaciones de profesionales.
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Fecha de Publicación: 12/08/2015
Fuente: Infocampo
Provincia/Región: Nacional
Más de 60 millones de hectáreas en la Argentina “están sujetas a procesos de erosión de suelos, que van de moderados a graves", dijo Benjamín Kiersch, de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe.
Al hablar en la apertura del taller por el Año Internacional de los Suelos, que se desarrollará hasta mañana en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Kiersch alertó sobre “la deforestación por reemplazo de bosques, vinculada a particularmente a la extensión de los cultivos de soja”.
El especialista mencionó también los efectos de la erosión eólica e hídrica, y el fuerte impacto por la creciente utilización de agroquímicos en el campo argentino.
“En menos de dos decenios el uso de pesticidas y herbicidas pasó de 30 mil a 200 mil toneladas anuales, porque no se utiliza la labranza física y se opta por el control químico de malezas”, explicó Kiersch.
En la inauguración del encuentro, el representante de FAO en la Argentina, Valdir Welte, remarcó que "el 95% de la base alimentaria y nutricional humana se asienta en los suelos”.
“Se trata de un recurso finito y cada año se pierden en el planeta 30 mil kilómetros cuadrados por año, el equivalente a la superficie de Costa Rica”, advirtió Welte, y alertó luego que “son necesarios hasta mil años para que se forme un centímetro de suelo”.
El secretario de Coordinación Político Institucional y Emergencia Agropecuaria, Javier Rodríguez, admitió a su vez la “presión hacia una sobreutilización de suelos, por la mayor demanda de alimentos ante el crecimiento de la población y los mayores ingresos”.
“El desafío es encontrar las herramientas para sostener la calidad de los suelos, que se van a utilizar de manera más intensiva”, juzgó el funcionario.
Durante el taller se indicó que el Año Internacional de los Suelos, declarado por la ONU, “es una gran oportunidad para dar a conocer la importancia de conservar sanos y fértiles los suelos para garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición así como las funciones esenciales del ecosistema”.
Se alertó al respecto que la falta de cualquiera de los 15 nutrientes necesarios para el crecimiento vegetal puede limitar el rendimiento de los cultivos.
Los especialistas de la FAO resaltaron que en la región el flagelo del hambre fue superado por más de 30 millones de personas en los últimos veinte años, pero aún quedan 34,3 millones de afectados.
El organismo proyectó que “en 2050 la producción agrícola deberá aumentar en un 60% a nivel mundial, y casi 100% en los países en desarrollo, con el fin de satisfacer la demanda de alimentos”.
Afortunadamente, consideró Kiersch, “la gestión sostenible del suelo permitiría producir hasta 58% más de alimentos”, sin necesidad de aumentar la superficie actual.
El taller que se lleva a cabo en Agricultura tiene por finalidad intercambiar información sobre los trabajos que viene realizando la Argentina, tanto en el campo de la investigación académica y la innovación tecnológica, como en el diseño de políticas públicas.
Participan como expositores referentes técnicos de la cartera agrícola, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Federación de Ingeniería Agronómica, universidades de Buenos Aires y Rio Cuarto, el Conicet, referentes de las organizaciones de productores, de las industrias de insumos y de las organizaciones de profesionales.
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Córdoba: TSJ ratifica que la minería a cielo abierto no va
Córdoba prohibe la minería a cielo abierto
Fecha de Publicación: 12/08/2015
Fuente: Día a Día - Edición Electrónica
Provincia/Región: Córdoba
Lo ratificó el TSJ. La Cámara Empresaria de Minería y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica habían pedido que se declarar inconstitucional la ley de minería que impide este tipo de explotaciones. El cuidado del agua es el eje del fallo.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) declaró la constitucionalidad de la ley provincial de minería (9526) que prohíbe la actividad minera metalífera "a cielo abierto" o cuando se utilicen sustancias como cianuro, mercurio "y otras calificadas como peligrosas".
La Cámara Empresaria de Minería de la Provincia de Córdoba (Cemicor) y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica (APCNEAN) habían pedido que se declarar su inconstitucionalidad por las restricciones que imponían a la actividad.
Los vocales del TSJ concluyeron que estas restricciones responden a proteger el ambiente "como bien colectivo supremo".
El Tribunal decretó además que la normativa no es inconstitucional porque fue dictada "dentro de las competencias propias de la provincia de Córdoba en materia ambiental".
Protección del agua. En su argumentación, los magistrados integrantes del alto cuerpo judicial explicaron que esta ley tiene por fin “amparar un uso razonable del agua y mantener en niveles aceptables los efectos contaminantes de determinadas y puntuales actividades, prácticas y procesos mineros, para lo cual ha tenido en cuenta muy especialmente que el método de lixiviación química resulta inaceptable desde la perspectiva ambiental contemporánea”.
"Existe consenso en la literatura respecto a que ninguna actividad industrial es tan agresiva al ambiente como la minería metalífera a cielo abierto”, remarcan los vocales en el fallo.
La protección de los recursos hídricos de la provincia fue uno de los argumentos más fuertes del tribunal, ya que remarcaron que se trata de un bien "único e irreemplazable para toda la humanidad".
“Se ha afirmado que una de estas minas puede gastar entre 50.000 y 300.000 litros de agua por minuto una vez en actividad”, destacaron los vocales del TSJ y subrayaron que, según un informe que obra en la causa, “en la mina La Alumbrera (Catamarca) se consumen 100.000.000 de litros por día y en la Veladero (San Juan), unos 70.000.000 litros diarios”.
En la sentencia, los vocales tuvieron en cuenta la experiencia en la provincia, con los casos de la planta de procesamiento de uranio en "Los Gigantes" y de los residuos del complejo fabril creado en 1952, donde se efectuaron actividades de concentración de uranio y desarrollo de procesos asociados y donde funcionaba la planta de producción de dióxido de uranio (UO2), operada por Dioxitek y un equipo de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) de geología y apoyo a otras actividades, que fue clausurada recientemente y que se encuentra en Alta Córdoba.
La ley prohíbe la minería a cielo abierto pero permite que otro tipo de explotaciones menos agresivas se desarrollen sobre el suelo de la provincia de Córdoba.
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Fecha de Publicación: 12/08/2015
Fuente: Día a Día - Edición Electrónica
Provincia/Región: Córdoba
Lo ratificó el TSJ. La Cámara Empresaria de Minería y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica habían pedido que se declarar inconstitucional la ley de minería que impide este tipo de explotaciones. El cuidado del agua es el eje del fallo.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) declaró la constitucionalidad de la ley provincial de minería (9526) que prohíbe la actividad minera metalífera "a cielo abierto" o cuando se utilicen sustancias como cianuro, mercurio "y otras calificadas como peligrosas".
La Cámara Empresaria de Minería de la Provincia de Córdoba (Cemicor) y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica (APCNEAN) habían pedido que se declarar su inconstitucionalidad por las restricciones que imponían a la actividad.
Los vocales del TSJ concluyeron que estas restricciones responden a proteger el ambiente "como bien colectivo supremo".
El Tribunal decretó además que la normativa no es inconstitucional porque fue dictada "dentro de las competencias propias de la provincia de Córdoba en materia ambiental".
Protección del agua. En su argumentación, los magistrados integrantes del alto cuerpo judicial explicaron que esta ley tiene por fin “amparar un uso razonable del agua y mantener en niveles aceptables los efectos contaminantes de determinadas y puntuales actividades, prácticas y procesos mineros, para lo cual ha tenido en cuenta muy especialmente que el método de lixiviación química resulta inaceptable desde la perspectiva ambiental contemporánea”.
"Existe consenso en la literatura respecto a que ninguna actividad industrial es tan agresiva al ambiente como la minería metalífera a cielo abierto”, remarcan los vocales en el fallo.
La protección de los recursos hídricos de la provincia fue uno de los argumentos más fuertes del tribunal, ya que remarcaron que se trata de un bien "único e irreemplazable para toda la humanidad".
“Se ha afirmado que una de estas minas puede gastar entre 50.000 y 300.000 litros de agua por minuto una vez en actividad”, destacaron los vocales del TSJ y subrayaron que, según un informe que obra en la causa, “en la mina La Alumbrera (Catamarca) se consumen 100.000.000 de litros por día y en la Veladero (San Juan), unos 70.000.000 litros diarios”.
En la sentencia, los vocales tuvieron en cuenta la experiencia en la provincia, con los casos de la planta de procesamiento de uranio en "Los Gigantes" y de los residuos del complejo fabril creado en 1952, donde se efectuaron actividades de concentración de uranio y desarrollo de procesos asociados y donde funcionaba la planta de producción de dióxido de uranio (UO2), operada por Dioxitek y un equipo de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) de geología y apoyo a otras actividades, que fue clausurada recientemente y que se encuentra en Alta Córdoba.
La ley prohíbe la minería a cielo abierto pero permite que otro tipo de explotaciones menos agresivas se desarrollen sobre el suelo de la provincia de Córdoba.
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La efectividad del control en la cuenca Sali-Dulce
“La vigilancia por la contaminación tiene que ser para siempre”, dijo el ministro Feijóo
Fecha de Publicación: 12/08/2015
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero
“El programa que comenzó hace tres años, se mantiene muy activo. Incluso hacemos informes trimestrales a la Corte de manera conjunta”, dijo Feijóo.
Al ser consultado sobre esta causa que fue elevada a juicio oral en contra de Rocchia Ferro por contaminar con vinaza zonas santiagueñas, el ministro de la Producción, Jorge Feijóo, dijo a Nuevo Diario, que “los temas ambientales” tienen diferentes responsabilidades y “tienen instancias administrativas y judiciales”. Si bien indicó que no conoce en profundidad el caso del juicio oral, sostuvo que a ellos como provincia “la intervención de la Justicia nos ayudó mucho”. Por lo tanto manifestó que “siempre hemos participado y actuado en servicio a la Justicia con todo el apoyo necesario especialmente en los aspectos técnicos y de análisis”, de esa forma sostuvo que siempre están a disposición de la Justicia. Feijóo destacó el trabajo conjunto que se viene realizando entre las provincias de Tucumán y Santiago del Estero en contra de la contaminación.
“Hemos avanzado en todo lo que es el sector azucarero y también sector citrícola. Incluso una critrícola se ha mudado de un lugar a otro por los temas ambientales, de manera que creo que el programa que ha comenzado hace tres años, se mantiene muy activo. Incluso estamos haciendo informes trimestrales a la Corte de manera conjunta entre Tucumán- Santiago y la Nación”, añadió. De esa forma no dudó en enfatizar que la contaminación “es un tema que está y que debemos estar de forma permanente y activos, porque la vigilancia tiene que ser para siempre”.
Remarcó que “el control es permanente”; e incluso dijo que en “algunos casos de forma remota, se controla con sensores remotos que están instalados en los efluentes de la industria, que transmiten evaluaciones de cinco parámetros de calidad de agua, de forma automática cada 15 minutos todos los días a un centro servidor que hay en la Secretaría de Ambiente, con mecanismos de alarmas; de manera que la situación está muy bien controlada”.
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Fecha de Publicación: 12/08/2015
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero
“El programa que comenzó hace tres años, se mantiene muy activo. Incluso hacemos informes trimestrales a la Corte de manera conjunta”, dijo Feijóo.
Al ser consultado sobre esta causa que fue elevada a juicio oral en contra de Rocchia Ferro por contaminar con vinaza zonas santiagueñas, el ministro de la Producción, Jorge Feijóo, dijo a Nuevo Diario, que “los temas ambientales” tienen diferentes responsabilidades y “tienen instancias administrativas y judiciales”. Si bien indicó que no conoce en profundidad el caso del juicio oral, sostuvo que a ellos como provincia “la intervención de la Justicia nos ayudó mucho”. Por lo tanto manifestó que “siempre hemos participado y actuado en servicio a la Justicia con todo el apoyo necesario especialmente en los aspectos técnicos y de análisis”, de esa forma sostuvo que siempre están a disposición de la Justicia. Feijóo destacó el trabajo conjunto que se viene realizando entre las provincias de Tucumán y Santiago del Estero en contra de la contaminación.
“Hemos avanzado en todo lo que es el sector azucarero y también sector citrícola. Incluso una critrícola se ha mudado de un lugar a otro por los temas ambientales, de manera que creo que el programa que ha comenzado hace tres años, se mantiene muy activo. Incluso estamos haciendo informes trimestrales a la Corte de manera conjunta entre Tucumán- Santiago y la Nación”, añadió. De esa forma no dudó en enfatizar que la contaminación “es un tema que está y que debemos estar de forma permanente y activos, porque la vigilancia tiene que ser para siempre”.
Remarcó que “el control es permanente”; e incluso dijo que en “algunos casos de forma remota, se controla con sensores remotos que están instalados en los efluentes de la industria, que transmiten evaluaciones de cinco parámetros de calidad de agua, de forma automática cada 15 minutos todos los días a un centro servidor que hay en la Secretaría de Ambiente, con mecanismos de alarmas; de manera que la situación está muy bien controlada”.
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No llamará a audiencia pública por la Ley 7.722
La Corte no llamará a audiencia pública para resolver sobre la ley 'antiminera'
Fecha de Publicación: 11/08/2015
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Por cuatro votos contra tres, el máximo tribunal resolvió el pasado martes que no convocará a una audiencia pública antes de resolver sobre la constitucionalidad de la ley 7.722, que frenó la actividad minera en Mendoza. La audiencia había sido pedida por el Procurador y está establecida como mecanismo de la Corte para resolver causas conflictivas. La ley antiminera, espera por una sentencia del máximo tribunal desde hace 8 años y el expediente está dormido.
La Suprema Corte de Justicia rechazó en las últimas horas el pedido realizado, entre otros miembros de la Justicia, por el Procurador Rodolfo González, para que se realice una audiencia pública como instancia previa a la sentencia que el máximo tribunal deberá emitir sobre los planteos de inconstitucionalidad que recayeron oportunamente sobre la ley 7722, conocida como ley antiminera.
Con cuatro votos en contra y tres en disidencia, la Corte no dio lugar el pasado día 4 de agosto a la posibilidad que la controvertida ley, que fuera sancionada en 2007 y que desde entonces espera por la resolución de su constitucionalidad, sea sometida al trámite de la audiencia pública, mecanismo de debate que fuera adoptado por el mismo tribunal en 2013.
Los jueces que se opusieron a la audiencia fueron Julio Gómez, Alejandro Pérez Hualde, Herman Salvini y Pedro Llorente. En tanto quienes la respaldaron (y votaron en disidencia) fueron Omar Palermo, Jorge Nanclares y Mario Adaro, este último, impulsor de las audiencias públicas como mecanismo de resolución de sentencias conflictivas en el seno de la Corte.
Uno de los argumentos principales de los magistrados para no dar lugar al pedido del Procurador, fue que las pruebas sustanciadas en el expediente ya son suficientes como para dictar una sentencia y que el debate de la norma cuestionada ya se produjo en el ámbito de la Legislatura cuando la ley se trató durante el gobierno de Julio Cobos.
Nos encontramos ante el cuestionamiento a una norma elaborada en el seno del Poder Legislativo, que fue objeto de debate dentro del mismo y respecto de la cual el Tribunal se limitará -en su oportunidad- a expedirse en el marco de la acción intentada y dentro de sus específicas incumbencias, sin hallarse habilitado a ingresar en materia propia de otros poderes del estado, redactaron Gómez, Pérez Hualde, Llorente y Salvini.
La medida podría leerse como otro traspié entre quienes impulsan en el seno de la Corte la resolución de un planteo de inconstitucionalidad que ya lleva ocho años.
Una larga demora
La ley Nº7.722 fue sancionada durante el gobierno de Julio Cobos, al ritmo de los cortes de rutas y las protestas en el Valle de Uco, y provocó la caída de todos los proyectos de megaminería a cielo abierto de Mendoza.
En términos generales, la norma prohíbe el uso de sustancias químicas ?como el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico? en la minería metalífera y establece que la declaración de impacto ambiental (DIA) de cada proceso extractivo debe ser ratificada por ley en la Legislatura.
A los pocos días de la sanción de la ley, el 20 de julio de 2007, se desencadenaron 12 planteos de inconstitucionalidad, en su mayoría de empresas mineras, que fueron patrocinados siete de los once pendientes por el estudio de abogados Barraza, Rodríguez, Díaz y Gregorio, el mismo que impulsó el fallido proyecto San Jorge.
Los planteos de inconstitucionalidad estuvieron centrados en dos puntos. El sector considera discriminatorio que la minería no pueda utilizar sustancias como el cianuro o el ácido sulfúrico y otras actividades productivas sí. Y, por el otro, entienden que existe una confusión de poderes, ya que la Legislatura tiene que aprobar la DIA cuando para otras autorizaciones ambientales, basta sólo con un decreto del Poder
Hacia finales de 2013, a través de una acordada impulsada por Adaro, la Suprema Corte mendocina copió de la Corte de Justicia de la Nación el mecanismo de las audiencias púbicas que fue utilizado, entre otras, en la conflictivas causa de la Ley de Medios. Hasta aquí, la audiencia solo fue utilizada por la Corte en el conflicto de los trabajadores de prensa por la aplicación de su convenio colectivo de trabajo, aunque siempre estuvo pensada para ser aplicada en este expediente de la 7722.
La causa de la 7722 está desde hace dos años a resolución del plenario de la Corte, pero virtualmente quedó adormecida desde ese entonces.
Tanto es así, que los abogados patrocinantes pidieron la suspensión de los expedientes para evitar la caducidad de los mismos ante las demoras del tribunal que, según dejaron entrever en su reciente sentencia sobre este tema, no tienen apuro alguno en resolver tan delicado tema
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Fecha de Publicación: 11/08/2015
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Por cuatro votos contra tres, el máximo tribunal resolvió el pasado martes que no convocará a una audiencia pública antes de resolver sobre la constitucionalidad de la ley 7.722, que frenó la actividad minera en Mendoza. La audiencia había sido pedida por el Procurador y está establecida como mecanismo de la Corte para resolver causas conflictivas. La ley antiminera, espera por una sentencia del máximo tribunal desde hace 8 años y el expediente está dormido.
La Suprema Corte de Justicia rechazó en las últimas horas el pedido realizado, entre otros miembros de la Justicia, por el Procurador Rodolfo González, para que se realice una audiencia pública como instancia previa a la sentencia que el máximo tribunal deberá emitir sobre los planteos de inconstitucionalidad que recayeron oportunamente sobre la ley 7722, conocida como ley antiminera.
Con cuatro votos en contra y tres en disidencia, la Corte no dio lugar el pasado día 4 de agosto a la posibilidad que la controvertida ley, que fuera sancionada en 2007 y que desde entonces espera por la resolución de su constitucionalidad, sea sometida al trámite de la audiencia pública, mecanismo de debate que fuera adoptado por el mismo tribunal en 2013.
Los jueces que se opusieron a la audiencia fueron Julio Gómez, Alejandro Pérez Hualde, Herman Salvini y Pedro Llorente. En tanto quienes la respaldaron (y votaron en disidencia) fueron Omar Palermo, Jorge Nanclares y Mario Adaro, este último, impulsor de las audiencias públicas como mecanismo de resolución de sentencias conflictivas en el seno de la Corte.
Uno de los argumentos principales de los magistrados para no dar lugar al pedido del Procurador, fue que las pruebas sustanciadas en el expediente ya son suficientes como para dictar una sentencia y que el debate de la norma cuestionada ya se produjo en el ámbito de la Legislatura cuando la ley se trató durante el gobierno de Julio Cobos.
Nos encontramos ante el cuestionamiento a una norma elaborada en el seno del Poder Legislativo, que fue objeto de debate dentro del mismo y respecto de la cual el Tribunal se limitará -en su oportunidad- a expedirse en el marco de la acción intentada y dentro de sus específicas incumbencias, sin hallarse habilitado a ingresar en materia propia de otros poderes del estado, redactaron Gómez, Pérez Hualde, Llorente y Salvini.
La medida podría leerse como otro traspié entre quienes impulsan en el seno de la Corte la resolución de un planteo de inconstitucionalidad que ya lleva ocho años.
Una larga demora
La ley Nº7.722 fue sancionada durante el gobierno de Julio Cobos, al ritmo de los cortes de rutas y las protestas en el Valle de Uco, y provocó la caída de todos los proyectos de megaminería a cielo abierto de Mendoza.
En términos generales, la norma prohíbe el uso de sustancias químicas ?como el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico? en la minería metalífera y establece que la declaración de impacto ambiental (DIA) de cada proceso extractivo debe ser ratificada por ley en la Legislatura.
A los pocos días de la sanción de la ley, el 20 de julio de 2007, se desencadenaron 12 planteos de inconstitucionalidad, en su mayoría de empresas mineras, que fueron patrocinados siete de los once pendientes por el estudio de abogados Barraza, Rodríguez, Díaz y Gregorio, el mismo que impulsó el fallido proyecto San Jorge.
Los planteos de inconstitucionalidad estuvieron centrados en dos puntos. El sector considera discriminatorio que la minería no pueda utilizar sustancias como el cianuro o el ácido sulfúrico y otras actividades productivas sí. Y, por el otro, entienden que existe una confusión de poderes, ya que la Legislatura tiene que aprobar la DIA cuando para otras autorizaciones ambientales, basta sólo con un decreto del Poder
Hacia finales de 2013, a través de una acordada impulsada por Adaro, la Suprema Corte mendocina copió de la Corte de Justicia de la Nación el mecanismo de las audiencias púbicas que fue utilizado, entre otras, en la conflictivas causa de la Ley de Medios. Hasta aquí, la audiencia solo fue utilizada por la Corte en el conflicto de los trabajadores de prensa por la aplicación de su convenio colectivo de trabajo, aunque siempre estuvo pensada para ser aplicada en este expediente de la 7722.
La causa de la 7722 está desde hace dos años a resolución del plenario de la Corte, pero virtualmente quedó adormecida desde ese entonces.
Tanto es así, que los abogados patrocinantes pidieron la suspensión de los expedientes para evitar la caducidad de los mismos ante las demoras del tribunal que, según dejaron entrever en su reciente sentencia sobre este tema, no tienen apuro alguno en resolver tan delicado tema
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Así funcionaba el yacimiento de uranio de Los Gigantes
Testigo de cómo funcionaba la mina de uranio
Fecha de Publicación: 11/08/2015
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
En los años ’80, Manuel ingresó como empleado en el yacimiento de uranio al pie del macizo de Los Gigantes, cerca de Carlos Paz.
Era la época de oro de la planta que llegó a tener 120 empleados, y que dejó de funcionar en 1989, con fuertes sospechas de contaminación de la cuenca del río San Antonio, uno de los principales afluentes del lago San Roque.
Manuel se presentó en la mina de uranio para trabajar como chofer, pero como el puesto ya había sido cubierto, le realizaron una prueba de mecánica y electricidad. “Me mandaron a unas cámaras frigoríficas, a hacer la instalación”, recuerda. Ese fue el pasaporte al yacimiento, donde trabajó durante tres años y medio.
Entre otras cosas, Manuel fue el encargado del cableado y del montaje de la planta. Por eso la conoce como la palma de su mano.
“Se hizo un dique para tirar todo el desecho. Decían que se iba a evaporar con el sol: agua con ácido sulfúrico. Pero debajo del dique dejaron puestos dos tubos con dos válvulas, de antemano… Yo tuve que llevar un generador grande para soldar unos caños de plástico y dejaron esos caños ahí preparados”, relata Guerrero Díaz. Y sigue: “¿Y qué hacían? Empezaron a producir, el dique se llenó. Cuando había tormenta, llevaban dos pochanos (de la Pampa del Pocho), que escarpaban las válvulas, las abrían y le bajaban el nivel al dique. Eso iba al lago San Roque, por el río San Antonio, venía a dar acá al cajón. Los peces se morían”.
“Nos hacían análisis de orina cada 15 días. Cuando venía el resultado de Buenos Aires, decían: ‘usted, usted y usted, pasen a cobrar el fondo de desempleo porque quedan despedidos’. Porque estaban muy contaminados y le decían a don Castro: ‘el lunes traiga a 10 nuevos”, asegura Guerrero Díaz.
Ester añade: “Había gente que había bajado como 20 kilos. A Manuel lo despidieron cuando el nivel de contaminación superó lo que ellos consideraban normal. Él está contaminado”.
Manuel subraya: “El uranio es contaminante por las vías respiratorias. En un turno de 15 días, puedes estar ciento por ciento contaminado. Pero a las 48 horas, por el biorritmo, se desaloja el 96 por ciento. Pero hay un cuatro por ciento que queda en el cuerpo, el remanente”.
“Para sacar 1.500 kilos de uranio se tiraban cuatro mil kilos de fósforo, que ya había sido extraído. Ni siquiera hacían un acopio en un galpón, para que pudieran utilizar después el fósforo. Lo tiraban al talud y con la lluvia, eso iba al dique. Al uranio lo traían acá a Alta Córdoba, a la planta enriquecedora”, dice.
“En Alta Córdoba lo sometían a altas temperaturas, fundían las pastillas que eran combustible para Río Tercero, para las usinas. Cuando ya sale de ahí es radioactivo. Allá en la planta era contaminante, nada más. El uranio ya venía limpio. Había mineral para 20 años, pero a los siete años se declararon en quiebra cuando el uranio no le dio los 1.500 kilos por mes. Y ahí quedó la planta abandonada”, remata Guerrero Díaz.
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Fecha de Publicación: 11/08/2015
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
En los años ’80, Manuel ingresó como empleado en el yacimiento de uranio al pie del macizo de Los Gigantes, cerca de Carlos Paz.
Era la época de oro de la planta que llegó a tener 120 empleados, y que dejó de funcionar en 1989, con fuertes sospechas de contaminación de la cuenca del río San Antonio, uno de los principales afluentes del lago San Roque.
Manuel se presentó en la mina de uranio para trabajar como chofer, pero como el puesto ya había sido cubierto, le realizaron una prueba de mecánica y electricidad. “Me mandaron a unas cámaras frigoríficas, a hacer la instalación”, recuerda. Ese fue el pasaporte al yacimiento, donde trabajó durante tres años y medio.
Entre otras cosas, Manuel fue el encargado del cableado y del montaje de la planta. Por eso la conoce como la palma de su mano.
“Se hizo un dique para tirar todo el desecho. Decían que se iba a evaporar con el sol: agua con ácido sulfúrico. Pero debajo del dique dejaron puestos dos tubos con dos válvulas, de antemano… Yo tuve que llevar un generador grande para soldar unos caños de plástico y dejaron esos caños ahí preparados”, relata Guerrero Díaz. Y sigue: “¿Y qué hacían? Empezaron a producir, el dique se llenó. Cuando había tormenta, llevaban dos pochanos (de la Pampa del Pocho), que escarpaban las válvulas, las abrían y le bajaban el nivel al dique. Eso iba al lago San Roque, por el río San Antonio, venía a dar acá al cajón. Los peces se morían”.
“Nos hacían análisis de orina cada 15 días. Cuando venía el resultado de Buenos Aires, decían: ‘usted, usted y usted, pasen a cobrar el fondo de desempleo porque quedan despedidos’. Porque estaban muy contaminados y le decían a don Castro: ‘el lunes traiga a 10 nuevos”, asegura Guerrero Díaz.
Ester añade: “Había gente que había bajado como 20 kilos. A Manuel lo despidieron cuando el nivel de contaminación superó lo que ellos consideraban normal. Él está contaminado”.
Manuel subraya: “El uranio es contaminante por las vías respiratorias. En un turno de 15 días, puedes estar ciento por ciento contaminado. Pero a las 48 horas, por el biorritmo, se desaloja el 96 por ciento. Pero hay un cuatro por ciento que queda en el cuerpo, el remanente”.
“Para sacar 1.500 kilos de uranio se tiraban cuatro mil kilos de fósforo, que ya había sido extraído. Ni siquiera hacían un acopio en un galpón, para que pudieran utilizar después el fósforo. Lo tiraban al talud y con la lluvia, eso iba al dique. Al uranio lo traían acá a Alta Córdoba, a la planta enriquecedora”, dice.
“En Alta Córdoba lo sometían a altas temperaturas, fundían las pastillas que eran combustible para Río Tercero, para las usinas. Cuando ya sale de ahí es radioactivo. Allá en la planta era contaminante, nada más. El uranio ya venía limpio. Había mineral para 20 años, pero a los siete años se declararon en quiebra cuando el uranio no le dio los 1.500 kilos por mes. Y ahí quedó la planta abandonada”, remata Guerrero Díaz.
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Jornada sobre desertificación en Chubut
Técnicos del Gobierno participaron de jornada sobre desertificación y recuperación de suelos
Fecha de Publicación: 11/08/2015
Fuente: Diario Crónica
Provincia/Región: Chubut
La Subsecretaría de Ganadería y Agricultura del Ministerio de Desarrollo Territorial y Sectores Productivos junto a integrantes del equipo técnico de CORFO participaron de las “Jornadas de alternativas de manejo del pastizal del Chubut para el control de la desertificación”, evento organizado por la Red Provincial sobre Desertificación del Chubut.
La actividad se concretó en el Gimnasio Municipal de Gaiman donde la apertura estuvo a cargo de la subsecretaria de Ganadería y Agricultura de la provincia Digna Hernando, quien dio la bienvenida a los participantes.
El objetivo de la jornada fue dar a conocer las alternativas de experiencias de manejo del pastizal como base forrajera de la ganadería implementadas en Chubut y poder evaluar sus posibles efectos en la lucha contra la desertificación.
La jornada contó con una exposición introductoria a cargo del director general de Ganadería del Chubut Ariel Aguirre, con la colaboración de Néstor Nápoli, técnico de CORFO, donde se puso en contexto la situación de la desertificación en la Provincia en términos socio- ambientales, la historia y la situación actual de la actividad ganadera.
Seguidamente, se contó con las exposiciones de especialistas en diferentes propuestas de manejo de pastizales que se llevan a cabo en la Provincia, en relación a la producción ganadera.
Entre los oradores, Juan Escobar, técnico del INTA presentó la propuesta de manejo adaptativo que aplica y propone esa institución. También expuso Pablo Borrelli, de OVIS XXI, con la propuesta de manejo adaptativo y holístico que practican en muchos establecimientos en toda la Patagonia, presentando diferentes resultados.
Por el INTA Esquel, Guillermo García Martínez presentó las herramientas de análisis y de manejo adaptativo que realizan en establecimientos del Noroeste de la Patagonia, en un trabajo en conjunto entre INTA y la Facultad de Agronomía (FAUBA).
Por último se llevó a cabo el debate de conclusión entre productores, técnicos, estudiantes, entre otros actores y el mismo fue orientado hacia la situación actual de la ganadería, la acción de la desertificación, qué factores se tienen en cuenta para tomar o modificar una forma de manejo y qué estrategias se pueden visualizar para mejora del sector.
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Fecha de Publicación: 11/08/2015
Fuente: Diario Crónica
Provincia/Región: Chubut
La Subsecretaría de Ganadería y Agricultura del Ministerio de Desarrollo Territorial y Sectores Productivos junto a integrantes del equipo técnico de CORFO participaron de las “Jornadas de alternativas de manejo del pastizal del Chubut para el control de la desertificación”, evento organizado por la Red Provincial sobre Desertificación del Chubut.
La actividad se concretó en el Gimnasio Municipal de Gaiman donde la apertura estuvo a cargo de la subsecretaria de Ganadería y Agricultura de la provincia Digna Hernando, quien dio la bienvenida a los participantes.
El objetivo de la jornada fue dar a conocer las alternativas de experiencias de manejo del pastizal como base forrajera de la ganadería implementadas en Chubut y poder evaluar sus posibles efectos en la lucha contra la desertificación.
La jornada contó con una exposición introductoria a cargo del director general de Ganadería del Chubut Ariel Aguirre, con la colaboración de Néstor Nápoli, técnico de CORFO, donde se puso en contexto la situación de la desertificación en la Provincia en términos socio- ambientales, la historia y la situación actual de la actividad ganadera.
Seguidamente, se contó con las exposiciones de especialistas en diferentes propuestas de manejo de pastizales que se llevan a cabo en la Provincia, en relación a la producción ganadera.
Entre los oradores, Juan Escobar, técnico del INTA presentó la propuesta de manejo adaptativo que aplica y propone esa institución. También expuso Pablo Borrelli, de OVIS XXI, con la propuesta de manejo adaptativo y holístico que practican en muchos establecimientos en toda la Patagonia, presentando diferentes resultados.
Por el INTA Esquel, Guillermo García Martínez presentó las herramientas de análisis y de manejo adaptativo que realizan en establecimientos del Noroeste de la Patagonia, en un trabajo en conjunto entre INTA y la Facultad de Agronomía (FAUBA).
Por último se llevó a cabo el debate de conclusión entre productores, técnicos, estudiantes, entre otros actores y el mismo fue orientado hacia la situación actual de la ganadería, la acción de la desertificación, qué factores se tienen en cuenta para tomar o modificar una forma de manejo y qué estrategias se pueden visualizar para mejora del sector.
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