Alumbrera comienza a operar en Bajo El Durazno
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La Alumbrera inicia la explotación de oro, cobre y plata en Belén
Fecha de Publicación: 16/01/2015
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Catamarca
Calculan que el yacimiento de Bajo El Durazno tiene 200 millones de toneladas de minerales.
La empresa Minera Alumbrera, ubicada en el departamento Belén, informó que dará inicio la explotación del yacimiento Bajo El Durazno, destinado a la obtención de cobre, oro y plata.
Mediante un comunicado, Minera Alumbrera informó que con la puesta en marcha de Bajo El Durazno se permitirá extender la vida útil de las instalaciones ubicadas en Belén.
La explotación está a cargo de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Minera Alumbrera y Yacimientos Mineros de Aguas de Dionisio (YMAD).
De acuerdo con el informe, se calcula que Bajo El Durazno tiene 200 millones de toneladas de minerales, entre los que se encuentra oro, plata y cobre.
Además estiman que durante 2015 y los primeros meses de 2016 se obtendrán unas 60 mil toneladas de concentrado, que contendrán unas 15 mil toneladas de cobre y otras 100 onzas de oro.
Bajo El Durazno, está ubicado a 2 kilómetros del yacimiento Bajo la Alumbrera y su explotación fue definida en setiembre de 2014 cuando YMAD y Minera Alumbrera firmaron el convenio que se pondrá en marcha en breve, permitiendo "mantener más de 2.200 empleos y generar nuevas fuentes de trabajo", según lo hizo saber a través de su portal web.
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Fecha de Publicación: 16/01/2015
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Catamarca
Calculan que el yacimiento de Bajo El Durazno tiene 200 millones de toneladas de minerales.
La empresa Minera Alumbrera, ubicada en el departamento Belén, informó que dará inicio la explotación del yacimiento Bajo El Durazno, destinado a la obtención de cobre, oro y plata.
Mediante un comunicado, Minera Alumbrera informó que con la puesta en marcha de Bajo El Durazno se permitirá extender la vida útil de las instalaciones ubicadas en Belén.
La explotación está a cargo de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Minera Alumbrera y Yacimientos Mineros de Aguas de Dionisio (YMAD).
De acuerdo con el informe, se calcula que Bajo El Durazno tiene 200 millones de toneladas de minerales, entre los que se encuentra oro, plata y cobre.
Además estiman que durante 2015 y los primeros meses de 2016 se obtendrán unas 60 mil toneladas de concentrado, que contendrán unas 15 mil toneladas de cobre y otras 100 onzas de oro.
Bajo El Durazno, está ubicado a 2 kilómetros del yacimiento Bajo la Alumbrera y su explotación fue definida en setiembre de 2014 cuando YMAD y Minera Alumbrera firmaron el convenio que se pondrá en marcha en breve, permitiendo "mantener más de 2.200 empleos y generar nuevas fuentes de trabajo", según lo hizo saber a través de su portal web.
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No queremos más niños que mueren por fumigaciones
No más niños envenenados
Fecha de Publicación: 16/01/2015
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Nacional
La noticia se conoció el sábado 27 de diciembre de 2014 y tuvo, lamentablemente, bastante poca repercusión. Joan Franco, un niño de 2 años y medio oriundo de San Salvador, falleció en el hospital Garrahan de Buenos Aires afectado por los agroquímicos.
Joan había nacido en Jubileo y sus padres vivían en una casa destinada a peones “lindera al cableado de alta tensión y a una antena de telefonía celular”, indicó la revista Mu en abril. Allí nació “en un combo perfecto del progreso que se completa con las fumigaciones del arroz y la soja. En enero le extirparon un tumor medular”, contó.
En ese momento Manuela, su madre, decía: “Yo digo lo que vivo y lo que veo. Acá fumigan y la verdad es que no tenemos a dónde irnos. No van a dejar de hacerlo porque mi hijo esté enfermo. No sé qué hacer. Cada 28 días le dan quimio por vena en Buenos Aires y acá todos los días por boca. Hay un 50% de probabilidades de que el tumor vuelva”. “Joan vivía en el barrio envenenado de San Salvador, cerca de la cuadra donde vivió Leila que no cumplió los 15, o Pablo que apenas sintió los 18. Joan murió en el Garrahan, lejos de su casa y de su cuadra en el barrio Centenario de San Salvador”, recordó Silvana Melo en Pelota de Trapo. La muerte duele, sobre todo si es la de un niño que recién asoma a la vida. Dolió hasta las entrañas la muerte de Juan Manuel Martínez Zurbano, alumno de 1º grado de la escuela Del Centenario de Paraná atropellado por un conductor ebrio y drogado en un automóvil fuera de control; angustia la muerte de Néstor Femenía, el niño qom de 7 años víctima de la desnutrición y la tuberculosis y también duele la partida del pequeño Joan, infectado por los pesticidas. Duelen e increpan, sobre todo porque son muertes evitables.
Sin embargo, nada cambia. El 80% de las escuelas rurales entrerrianas padecen las fumigaciones con agrotóxicos, según indicó Jorge Bevacqua, integrante de la Asamblea Ambiental de Concepción del Uruguay en diálogo con El Día. Picazón en los ojos, vómitos, dolor de garganta, erupciones en la piel y mareos son los primeros síntomas en los chicos, sin duda los más leves, porque los productos que se utilizan para fumigar los van envenenando por dentro. Las empresas muy pocas veces respetan los 50 metros de distancia y no cumplen con el preaviso del fumigador 48 horas antes.
Peor aún es la situación de las familias como la de Joan, que deben convivir con el veneno porque forma parte de su trabajo, tienen incluso que manipularlo y probablemente nadie les haya dicho qué recaudos deben tomar.
En Entre Ríos, las producciones alternativas como ganadería, tambo e incluso siembra de otros cereales fueron discontinuadas para producir soja, porque hoy es más rentable. Es imprescindible pensar cómo lograr que un productor abandone la práctica de fumigaciones de cultivos que le resultan económicamente muy rentables.
“A partir de febrero (de 2015) se retomarán el trabajo en comisión para tratar de aprobar una nueva ley que regule el uso de agroquímicos”, prometió el senador Oscar Arlettaz tras el fallido intento en 2014. Los días, los meses, los años pasan, la gente se sigue envenenando y el monstruo de la leucemia apaga vidas frágiles e incipientes.
La agricultura basada en el uso de productos químicos continúa dando enormes réditos a los pooles de siembra, al Estado nacional, a las multinacionales que proveen las semillas transgénicas y el herbicida, o que monopolizan las exportaciones; como Monsanto y Cargill. Mientras se sigue subestimando el impacto de la exposición a agroquímicos sobre la salud: ¿Cómo hacen los padres de Joan para seguir adelante, para superar el dolor de esa camita vacía y de esa vida truncada, para no mirar con miedo y hasta con culpa por no poder ofrecerles otro futuro al resto de sus hijos? Como sociedad tenemos que involucrarnos, en memoria de Joan, Leila, Pablo y por la salud de nuestros niños, debemos.
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Fecha de Publicación: 16/01/2015
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Nacional
La noticia se conoció el sábado 27 de diciembre de 2014 y tuvo, lamentablemente, bastante poca repercusión. Joan Franco, un niño de 2 años y medio oriundo de San Salvador, falleció en el hospital Garrahan de Buenos Aires afectado por los agroquímicos.
Joan había nacido en Jubileo y sus padres vivían en una casa destinada a peones “lindera al cableado de alta tensión y a una antena de telefonía celular”, indicó la revista Mu en abril. Allí nació “en un combo perfecto del progreso que se completa con las fumigaciones del arroz y la soja. En enero le extirparon un tumor medular”, contó.
En ese momento Manuela, su madre, decía: “Yo digo lo que vivo y lo que veo. Acá fumigan y la verdad es que no tenemos a dónde irnos. No van a dejar de hacerlo porque mi hijo esté enfermo. No sé qué hacer. Cada 28 días le dan quimio por vena en Buenos Aires y acá todos los días por boca. Hay un 50% de probabilidades de que el tumor vuelva”. “Joan vivía en el barrio envenenado de San Salvador, cerca de la cuadra donde vivió Leila que no cumplió los 15, o Pablo que apenas sintió los 18. Joan murió en el Garrahan, lejos de su casa y de su cuadra en el barrio Centenario de San Salvador”, recordó Silvana Melo en Pelota de Trapo. La muerte duele, sobre todo si es la de un niño que recién asoma a la vida. Dolió hasta las entrañas la muerte de Juan Manuel Martínez Zurbano, alumno de 1º grado de la escuela Del Centenario de Paraná atropellado por un conductor ebrio y drogado en un automóvil fuera de control; angustia la muerte de Néstor Femenía, el niño qom de 7 años víctima de la desnutrición y la tuberculosis y también duele la partida del pequeño Joan, infectado por los pesticidas. Duelen e increpan, sobre todo porque son muertes evitables.
Sin embargo, nada cambia. El 80% de las escuelas rurales entrerrianas padecen las fumigaciones con agrotóxicos, según indicó Jorge Bevacqua, integrante de la Asamblea Ambiental de Concepción del Uruguay en diálogo con El Día. Picazón en los ojos, vómitos, dolor de garganta, erupciones en la piel y mareos son los primeros síntomas en los chicos, sin duda los más leves, porque los productos que se utilizan para fumigar los van envenenando por dentro. Las empresas muy pocas veces respetan los 50 metros de distancia y no cumplen con el preaviso del fumigador 48 horas antes.
Peor aún es la situación de las familias como la de Joan, que deben convivir con el veneno porque forma parte de su trabajo, tienen incluso que manipularlo y probablemente nadie les haya dicho qué recaudos deben tomar.
En Entre Ríos, las producciones alternativas como ganadería, tambo e incluso siembra de otros cereales fueron discontinuadas para producir soja, porque hoy es más rentable. Es imprescindible pensar cómo lograr que un productor abandone la práctica de fumigaciones de cultivos que le resultan económicamente muy rentables.
“A partir de febrero (de 2015) se retomarán el trabajo en comisión para tratar de aprobar una nueva ley que regule el uso de agroquímicos”, prometió el senador Oscar Arlettaz tras el fallido intento en 2014. Los días, los meses, los años pasan, la gente se sigue envenenando y el monstruo de la leucemia apaga vidas frágiles e incipientes.
La agricultura basada en el uso de productos químicos continúa dando enormes réditos a los pooles de siembra, al Estado nacional, a las multinacionales que proveen las semillas transgénicas y el herbicida, o que monopolizan las exportaciones; como Monsanto y Cargill. Mientras se sigue subestimando el impacto de la exposición a agroquímicos sobre la salud: ¿Cómo hacen los padres de Joan para seguir adelante, para superar el dolor de esa camita vacía y de esa vida truncada, para no mirar con miedo y hasta con culpa por no poder ofrecerles otro futuro al resto de sus hijos? Como sociedad tenemos que involucrarnos, en memoria de Joan, Leila, Pablo y por la salud de nuestros niños, debemos.
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La soja avanza al rítmo del desmonte
Los desmontes de la soja
Fecha de Publicación: 15/01/2015
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco concentran el 80 por ciento de las hectáreas arrasadas. En Salta, comunidades wichís reclamaron al gobernador Urtubey un freno al desmonte, pero no obtuvieron respuesta. Críticas de la Universidad de Salta.
En Argentina se produce el 4,3 por ciento del desmonte mundial y se arrasa una hectárea cada dos minutos. Salta es una de las principales provincias en las que el modelo agropecuario avanza sobre el monte nativo. “El bosque es nuestra vida. Sin él no somos nadie”, reclamaron comunidades wichí mediante una carta abierta al gobernador, Juan Manuel Urtubey. La Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Salta (UNSA) alertó sobre la “extinción” de los pueblos originarios y definió la grave situación diciendo que “bien podría calificarse como genocidio”.
El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, según sus siglas en inglés), donde participan más de 300 científicos de todo el mundo, alertó en marzo pasado que el 4,3 por ciento de la deforestación global ocurre en la Argentina. En el ámbito local, la Secretaría de Ambiente de la Nación publicó en noviembre el informe “Monitoreo de la superficie de bosque nativo de Argentina”. Precisa que entre noviembre de 2007 (cuando se sancionó la Ley de Bosques) hasta fines de 2013 se arrasaron 1,9 millón de hectáreas. Un promedio de una hectáreas cada dos minutos. En cuatro provincias se concentra el 80 por ciento de los desmontes: Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco.
La primera semana de agosto, las comunidades wichí San José de Cuchuy, Laguna de Cuchuy, Chaguaral y El Duraznillo acamparon y frenaron topadoras en el municipio de Ballivián (departamento salteño de San Martín), para defender el único monte que les quedaba. En septiembre, las mismas comunidades escribieron una carta pública al gobernador, Juan Manuel Urtubey. “El monte nos da comida, es nuestra farmacia a cielo abierto, también es nuestra fuente de trabajo, nos provee el chaguar para nuestras artesanías. Le solicitamos retire los permisos de desmonte que otorgó”, reclamaron y le recordaron la vigencia de la Ley de Bosques (que protege el monte) y la ley 26.160 (que prohíbe los desalojos indígenas y ordena relevar los territorios). No tuvieron respuesta.
La Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Salta reúne a docentes, egresados y estudiantes. Emitió una inusual y dura declaración pública (respaldada por el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades): “Expresamos nuestra más profunda preocupación por los desmontes autorizados, que constituyen una violación a la Ley de Bosques y a los derechos de los pueblos originarios y familias criollas que habitan esos sectores, poniendo a los mismos en grave riesgo para su supervivencia en un corto plazo”, alerta.
Resalta que para indígenas y campesinos no es sólo bosque, sino que el monte hace a su vida. Los antropólogos de la UNSA precisan las consecuencias en la salud, el hambre, la desnutrición y la contaminación. Y cuestionan a los funcionarios: “Sus acciones no respetan los derechos indígenas reconocidos por la Constitución nacional y demuestra su funcionalidad y lealtad a los intereses de lucro a corto plazo de un puñado de empresarios, cuya codicia no repara en los costos ambientales y humanos”.
La Escuela de Antropología de la Universidad de Salta denuncia la violación de derechos humanos de los pueblos indígenas y destaca que “este accionar (desmontes y desalojos) bien podría calificarse como genocidio, delito de lesa humanidad que no prescribe”.
En Salta se desmontaron, desde 2006, 654.000 hectáreas. El principal motivo es el avance del modelo transgénico. En el 2000, en la provincia existían 210 mil hectáreas con soja. La última campaña aumentó a 600 mil hectáreas. El maíz transgénico pasó de 61 mil hectáreas (en el 2000) a 162 mil (en 2013). Otro factor es el corrimiento de la frontera ganadera, expulsada (también por la soja) de las tierras que ocupaba, avanza sobre tierras campesinas, indígenas, de monte nativo. En el 2000 había en Salta 420 mil cabezas de ganado bovino. En 2010 (última estadística disponible) llegaba a un millón de cabezas. El gobierno de Salta anunció en 2013 que planea cuadruplicar el stock ganadero para 2030. “Este avance sobre los derechos de los pueblos indígenas implica su extinción”, alerta el documento de la Escuela de Antropología.
Catalina Buliubasich, de la Escuela de Antropología y codirectora de la Maestría de Derechos Humanos de la UNSA, destacó la necesidad de puntualizar en el “aspecto humano” del desmonte, evaluó la situación como “muy preocupante” e insistió en que “está en riesgo la supervivencia” de los pueblos originarios. “Soja, desmontes, desalojos, desnutrición, pérdida de cultura e identidad, enfermedades. Es una transformación compulsiva que pone en grave riesgo la vida indígena. No puede haber silencio ante esta situación que urge revertir”, instó Buliubasich.
En noviembre pasado, más de 100 organizaciones sociales y científicos enviaron un documento a la Secretaría de Ambiente de la Nación y al Consejo Federal de Medio Ambiente para que intervengan frente a los desmontes en Salta. El 18 de diciembre, el gobierno salteño derogó dos decretos (de 2010 y 2011) que permitían esquivar la Ley de Bosques y pasar topadoras en territorios protegidos. Según Greenpeace, con esa metodología se habían arrasado 130.000 hectáreas de monte nativo.
La derogación de los decretos fue bien recibida por las organizaciones sociales, académicos y comunidades campesinas e indígenas. Pero el 29 de diciembre volvieron a desmontar. El wichí Jhonatan Félix, de la comunidad Pastor Senillosa, denunció que diez topadoras arrasaron el monte de la finca Cuchuy, uno de los epicentros de conflicto entre empresarios y pueblos originarios.
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Fecha de Publicación: 15/01/2015
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco concentran el 80 por ciento de las hectáreas arrasadas. En Salta, comunidades wichís reclamaron al gobernador Urtubey un freno al desmonte, pero no obtuvieron respuesta. Críticas de la Universidad de Salta.
En Argentina se produce el 4,3 por ciento del desmonte mundial y se arrasa una hectárea cada dos minutos. Salta es una de las principales provincias en las que el modelo agropecuario avanza sobre el monte nativo. “El bosque es nuestra vida. Sin él no somos nadie”, reclamaron comunidades wichí mediante una carta abierta al gobernador, Juan Manuel Urtubey. La Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Salta (UNSA) alertó sobre la “extinción” de los pueblos originarios y definió la grave situación diciendo que “bien podría calificarse como genocidio”.
El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, según sus siglas en inglés), donde participan más de 300 científicos de todo el mundo, alertó en marzo pasado que el 4,3 por ciento de la deforestación global ocurre en la Argentina. En el ámbito local, la Secretaría de Ambiente de la Nación publicó en noviembre el informe “Monitoreo de la superficie de bosque nativo de Argentina”. Precisa que entre noviembre de 2007 (cuando se sancionó la Ley de Bosques) hasta fines de 2013 se arrasaron 1,9 millón de hectáreas. Un promedio de una hectáreas cada dos minutos. En cuatro provincias se concentra el 80 por ciento de los desmontes: Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco.
La primera semana de agosto, las comunidades wichí San José de Cuchuy, Laguna de Cuchuy, Chaguaral y El Duraznillo acamparon y frenaron topadoras en el municipio de Ballivián (departamento salteño de San Martín), para defender el único monte que les quedaba. En septiembre, las mismas comunidades escribieron una carta pública al gobernador, Juan Manuel Urtubey. “El monte nos da comida, es nuestra farmacia a cielo abierto, también es nuestra fuente de trabajo, nos provee el chaguar para nuestras artesanías. Le solicitamos retire los permisos de desmonte que otorgó”, reclamaron y le recordaron la vigencia de la Ley de Bosques (que protege el monte) y la ley 26.160 (que prohíbe los desalojos indígenas y ordena relevar los territorios). No tuvieron respuesta.
La Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Salta reúne a docentes, egresados y estudiantes. Emitió una inusual y dura declaración pública (respaldada por el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades): “Expresamos nuestra más profunda preocupación por los desmontes autorizados, que constituyen una violación a la Ley de Bosques y a los derechos de los pueblos originarios y familias criollas que habitan esos sectores, poniendo a los mismos en grave riesgo para su supervivencia en un corto plazo”, alerta.
Resalta que para indígenas y campesinos no es sólo bosque, sino que el monte hace a su vida. Los antropólogos de la UNSA precisan las consecuencias en la salud, el hambre, la desnutrición y la contaminación. Y cuestionan a los funcionarios: “Sus acciones no respetan los derechos indígenas reconocidos por la Constitución nacional y demuestra su funcionalidad y lealtad a los intereses de lucro a corto plazo de un puñado de empresarios, cuya codicia no repara en los costos ambientales y humanos”.
La Escuela de Antropología de la Universidad de Salta denuncia la violación de derechos humanos de los pueblos indígenas y destaca que “este accionar (desmontes y desalojos) bien podría calificarse como genocidio, delito de lesa humanidad que no prescribe”.
En Salta se desmontaron, desde 2006, 654.000 hectáreas. El principal motivo es el avance del modelo transgénico. En el 2000, en la provincia existían 210 mil hectáreas con soja. La última campaña aumentó a 600 mil hectáreas. El maíz transgénico pasó de 61 mil hectáreas (en el 2000) a 162 mil (en 2013). Otro factor es el corrimiento de la frontera ganadera, expulsada (también por la soja) de las tierras que ocupaba, avanza sobre tierras campesinas, indígenas, de monte nativo. En el 2000 había en Salta 420 mil cabezas de ganado bovino. En 2010 (última estadística disponible) llegaba a un millón de cabezas. El gobierno de Salta anunció en 2013 que planea cuadruplicar el stock ganadero para 2030. “Este avance sobre los derechos de los pueblos indígenas implica su extinción”, alerta el documento de la Escuela de Antropología.
Catalina Buliubasich, de la Escuela de Antropología y codirectora de la Maestría de Derechos Humanos de la UNSA, destacó la necesidad de puntualizar en el “aspecto humano” del desmonte, evaluó la situación como “muy preocupante” e insistió en que “está en riesgo la supervivencia” de los pueblos originarios. “Soja, desmontes, desalojos, desnutrición, pérdida de cultura e identidad, enfermedades. Es una transformación compulsiva que pone en grave riesgo la vida indígena. No puede haber silencio ante esta situación que urge revertir”, instó Buliubasich.
En noviembre pasado, más de 100 organizaciones sociales y científicos enviaron un documento a la Secretaría de Ambiente de la Nación y al Consejo Federal de Medio Ambiente para que intervengan frente a los desmontes en Salta. El 18 de diciembre, el gobierno salteño derogó dos decretos (de 2010 y 2011) que permitían esquivar la Ley de Bosques y pasar topadoras en territorios protegidos. Según Greenpeace, con esa metodología se habían arrasado 130.000 hectáreas de monte nativo.
La derogación de los decretos fue bien recibida por las organizaciones sociales, académicos y comunidades campesinas e indígenas. Pero el 29 de diciembre volvieron a desmontar. El wichí Jhonatan Félix, de la comunidad Pastor Senillosa, denunció que diez topadoras arrasaron el monte de la finca Cuchuy, uno de los epicentros de conflicto entre empresarios y pueblos originarios.
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Córdoba: los pumas víctimas del mascotismo silvestre
Medio centenar de pumas permanecen en seis centros de rescate
Fecha de Publicación: 15/01/2015
Fuente: Día a Día
Provincia/Región: Córdoba
Los animales, capturados de cachorro y llevados como mascotas a domicilios particulares, fueron rescatados en el último tiempo por personal de Ambiente y la Patrulla Ambiental.
Más de medio centenar de pumas, un número que está por encima del promedio de otros años, permanecen en centros de rescate a los que son enviados los animales que fueron encontrados en domicilios particulares en el último tiempo. Este número coloca a los centros al límite de su capacidad.
La Secretaría de Ambiente está siguiendo con atención el incremento de estos casos ya que los animales silvestres que decomisan la Policía Ambiental y la Patrulla Ambiental en operativos de control ha aumentado.
"En los últimos años ha habido un aumento notable de estos casos”, advierte el director de Recursos Naturales de la Secretaría de Ambiente, Conrado Rosacher. Incluso más vecinos se están acercando a la Secretaría para llevar ejemplares cachorros y jóvenes de pumas, que -por lo general- habían sido capturados para ser “adoptados” como mascotas.
En general los ejemplares recuperados permanecían en viviendas particulares. Por este motivo, desde el organismo consideran que se trata de una problemática más vinculada al mascotismo –adopción de animales silvestres con fines domésticos-, que al tráfico comercial de fauna.
La cuestión tiene varias implicancias, entre las que se cuentan el daño al medioambiente y a la fauna (en particular a la especie), riesgos sanitarios (trasmisión de enfermedades y ataques a personas) y presiones a la gestión sustentable del ambiente.
El rescate. Con la Secretaría de Ambiente colaboran seis centros de rescate ubicados en distintos puntos de la provincia, que reciben los animales recuperados. La tarea de estos centros es importante, ya que los pumas que han estado en contacto con el hombre no pueden ser reintroducidos en su entorno natural.
En cautiverio los pumas sufren una serie de modificaciones en su conducta. Por caso, no desarrollan la musculatura y la capacidad necesaria para cazar y alimentarse, de ahí que si fueran liberados para saciar su hambre atacarían animales domésticos o ganado.
“No se pueden volver a liberar, porque fueron criados en un ámbito doméstico. Han sido amansados y alimentados desde pequeños”, explica Rosacher.
La cautela y la natural reticencia de estos grandes cazadores hacia el hombre –habitualmente huyan ante la presencia humana- también se modifica cuando son criados en un entorno doméstico. “Pierden el miedo al hombre”, resume Rosacher, por lo cual ante un eventual encuentro con personas podrían atacar. Se han registrado en otras provincias ataques a niños de pumas criados en cautiverio y luego liberados.
Los animales rescatados, en muchos casos, han sido objeto de diversos maltratos. “Llegan mutilados, sin garras – describe el director-, en muchos casos con los colmillos limados, muy delgados. En general vienen en un mal estado sanitario”.
“Lamentablemente la gente captura los pumas cuando son chiquitos. Y cuando crecen vienen los problemas, no saben qué hacer con esos animales como mascotas y terminan parando en el zoológico”, resume Edgardo Álvarez, director técnico del Tatu Carreta, uno de los centros de rescate.
Denunciá. Se pueden denunciar casos de mascotismo de pumas y otras especies a la Policía Ambiental, organismo dependiente del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos a los teléfonos: 0351 4321200 interno 1286 (de lunes a viernes de 8 a 20) o al 0800-777-0220.
Por SMS: con las letras PA (un espacio) y tu denuncia al 60606.
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Fecha de Publicación: 15/01/2015
Fuente: Día a Día
Provincia/Región: Córdoba
Los animales, capturados de cachorro y llevados como mascotas a domicilios particulares, fueron rescatados en el último tiempo por personal de Ambiente y la Patrulla Ambiental.
Más de medio centenar de pumas, un número que está por encima del promedio de otros años, permanecen en centros de rescate a los que son enviados los animales que fueron encontrados en domicilios particulares en el último tiempo. Este número coloca a los centros al límite de su capacidad.
La Secretaría de Ambiente está siguiendo con atención el incremento de estos casos ya que los animales silvestres que decomisan la Policía Ambiental y la Patrulla Ambiental en operativos de control ha aumentado.
"En los últimos años ha habido un aumento notable de estos casos”, advierte el director de Recursos Naturales de la Secretaría de Ambiente, Conrado Rosacher. Incluso más vecinos se están acercando a la Secretaría para llevar ejemplares cachorros y jóvenes de pumas, que -por lo general- habían sido capturados para ser “adoptados” como mascotas.
En general los ejemplares recuperados permanecían en viviendas particulares. Por este motivo, desde el organismo consideran que se trata de una problemática más vinculada al mascotismo –adopción de animales silvestres con fines domésticos-, que al tráfico comercial de fauna.
La cuestión tiene varias implicancias, entre las que se cuentan el daño al medioambiente y a la fauna (en particular a la especie), riesgos sanitarios (trasmisión de enfermedades y ataques a personas) y presiones a la gestión sustentable del ambiente.
El rescate. Con la Secretaría de Ambiente colaboran seis centros de rescate ubicados en distintos puntos de la provincia, que reciben los animales recuperados. La tarea de estos centros es importante, ya que los pumas que han estado en contacto con el hombre no pueden ser reintroducidos en su entorno natural.
En cautiverio los pumas sufren una serie de modificaciones en su conducta. Por caso, no desarrollan la musculatura y la capacidad necesaria para cazar y alimentarse, de ahí que si fueran liberados para saciar su hambre atacarían animales domésticos o ganado.
“No se pueden volver a liberar, porque fueron criados en un ámbito doméstico. Han sido amansados y alimentados desde pequeños”, explica Rosacher.
La cautela y la natural reticencia de estos grandes cazadores hacia el hombre –habitualmente huyan ante la presencia humana- también se modifica cuando son criados en un entorno doméstico. “Pierden el miedo al hombre”, resume Rosacher, por lo cual ante un eventual encuentro con personas podrían atacar. Se han registrado en otras provincias ataques a niños de pumas criados en cautiverio y luego liberados.
Los animales rescatados, en muchos casos, han sido objeto de diversos maltratos. “Llegan mutilados, sin garras – describe el director-, en muchos casos con los colmillos limados, muy delgados. En general vienen en un mal estado sanitario”.
“Lamentablemente la gente captura los pumas cuando son chiquitos. Y cuando crecen vienen los problemas, no saben qué hacer con esos animales como mascotas y terminan parando en el zoológico”, resume Edgardo Álvarez, director técnico del Tatu Carreta, uno de los centros de rescate.
Denunciá. Se pueden denunciar casos de mascotismo de pumas y otras especies a la Policía Ambiental, organismo dependiente del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos a los teléfonos: 0351 4321200 interno 1286 (de lunes a viernes de 8 a 20) o al 0800-777-0220.
Por SMS: con las letras PA (un espacio) y tu denuncia al 60606.
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Córdoba sufrió tormentas extremas
Tormenta: daños y evacuados
Fecha de Publicación: 14/01/2015
Fuente: Día a Día
Provincia/Región: Córdoba
San Agustín, Las Bajadas y Villa General Belgrano intentan volver a la normalidad, después del vendaval de agua y piedra.
Hay que esperar que el agua corra por el río. Esta expresión de aliento bien vale para los pobladores de tres localidades de Córdoba, que sintieron el enojo de la naturaleza entre la noche del lunes y la madrugada de ayer.
San Agustín, Las Bajadas y Villa General Belgrano todavía esperan volver a la normalidad, después de las tormentas registradas.
Fuentes de la Defensa Civil de la Provincia informaron que, al cierre de esta edición, todavía quedaban 69 evacuados en esas tres localidades. También se registraron viviendas, puentes y vados anegados en Corralito, Almafuerte y Río Tercero. En todas hubo interrupciones de algunos servicios, lo que afectó parcial o totalmente a esas ciudades.
Los accesos a algunos puentes quedaron interrumpidos. En la ciudad de Córdoba, la Municipalidad bloqueó los dos puentes de acceso a la Costanera Sur, debido al desborde del río Suquía. Y en Villa General Belgrano, el arroyo Los Sauces también quedó fuera de sí, lo que provocó anegamientos en la calle Julio Roca.
En cambio, en San Agustín y Las Bajadas, las inundaciones fueron provocadas por la gran cantidad de lluvia caída en poco tiempo: 140 milímetros en 40 minutos.
“Estamos asistiendo a las familias que quedaron evacuadas. Otras tantas ya regresaron a sus hogares. Pedimos mucha precaución a la hora de circular, especialmente si se pasa por puentes y vados. No es recomendable el acampe a la vera de los ríos y arroyos, especialmente en la zona de Calamuchita”, indicó Diego Concha, titular de la repartición.
En la Calera, una piedra impactó sobre un automóvil Renault 12. Sus dos ocupantes terminaron heridos. Se registraron desmoronamientos en la zona del paredón del dique.
Las tormentas del lunes por la madrugada impactaron en Calamuchita, cuyo nivel de vertedero creció unos 30 centímetros. No aconteció lo mismo con los diques La Viña, San Roque y La Quebrada que casi no tuvieron variaciones.
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Fecha de Publicación: 14/01/2015
Fuente: Día a Día
Provincia/Región: Córdoba
San Agustín, Las Bajadas y Villa General Belgrano intentan volver a la normalidad, después del vendaval de agua y piedra.
Hay que esperar que el agua corra por el río. Esta expresión de aliento bien vale para los pobladores de tres localidades de Córdoba, que sintieron el enojo de la naturaleza entre la noche del lunes y la madrugada de ayer.
San Agustín, Las Bajadas y Villa General Belgrano todavía esperan volver a la normalidad, después de las tormentas registradas.
Fuentes de la Defensa Civil de la Provincia informaron que, al cierre de esta edición, todavía quedaban 69 evacuados en esas tres localidades. También se registraron viviendas, puentes y vados anegados en Corralito, Almafuerte y Río Tercero. En todas hubo interrupciones de algunos servicios, lo que afectó parcial o totalmente a esas ciudades.
Los accesos a algunos puentes quedaron interrumpidos. En la ciudad de Córdoba, la Municipalidad bloqueó los dos puentes de acceso a la Costanera Sur, debido al desborde del río Suquía. Y en Villa General Belgrano, el arroyo Los Sauces también quedó fuera de sí, lo que provocó anegamientos en la calle Julio Roca.
En cambio, en San Agustín y Las Bajadas, las inundaciones fueron provocadas por la gran cantidad de lluvia caída en poco tiempo: 140 milímetros en 40 minutos.
“Estamos asistiendo a las familias que quedaron evacuadas. Otras tantas ya regresaron a sus hogares. Pedimos mucha precaución a la hora de circular, especialmente si se pasa por puentes y vados. No es recomendable el acampe a la vera de los ríos y arroyos, especialmente en la zona de Calamuchita”, indicó Diego Concha, titular de la repartición.
En la Calera, una piedra impactó sobre un automóvil Renault 12. Sus dos ocupantes terminaron heridos. Se registraron desmoronamientos en la zona del paredón del dique.
Las tormentas del lunes por la madrugada impactaron en Calamuchita, cuyo nivel de vertedero creció unos 30 centímetros. No aconteció lo mismo con los diques La Viña, San Roque y La Quebrada que casi no tuvieron variaciones.
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Terminó el proyecto de ordenamiento pesquero
Finalizó proyecto de ordenamiento pesquero y conservación de la biodiversidad en humedales
Fecha de Publicación: 14/01/2015
Fuente: Diario Formosa
Provincia/Región: Norte
Con la asistencia financiera del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por su sigla en inglés) y el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), como también de la cartera de Producción y Ambiente de la provincia, localmente también se trabajo en el proyecto de ordenamiento pesquero y conservación de la biodiversidad en humedales, en nuestro caso en la cuenca del rio Paraguay, ya que el mismo abarco también al Parana.
El objetivo de las labores (donde participara también la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Dirección de Pesca Continental y Acuicultura (DPCyA) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca) fue mejorar el ordenamiento pesquero y fortalecer la planificación intersectorial, generar una línea de base importante de actividades orientadas a fortalecer los mecanismos técnicos y administrativos para el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y la conservación de los humedales de la cuenca. El proyecto se propuso abordar una serie de barreras que dificultan el logro de soluciones a largo plazo.
El mismo abarcó a un amplio corredor de humedales y planicies de inundación que componen el ecosistema fluvial de los ríos Paraguay-Paraná de la Cuenca del Plata en la Ecoregión del Paraná Inferior. Los ríos Paraná y Paraguay constituyen “corredores biogeográficos”, es decir, vías efectivas para la migración de flora y fauna de linaje tropical hacia zonas templadas, brindando recursos naturales y servicios fundamentales para las comunidades ribereñas. Este corredor fluvial ofrece una gran variedad de hábitats que favorece la presencia de una gran biodiversidad adaptada a la alternancia de fases de inundación y sequía. En particular, estos humedales sustentan altos valores de biodiversidad de peces migratorios y de importancia comercial y cumplen un rol vital para que las especies migratorias puedan llevar a cabo las diferentes fases de sus ciclos biológicos (reproducción, migración reproductiva, desove y crecimiento). Alrededor del 85% de las capturas de peces continentales de la Argentina ocurre en el corredor Paraguay-Paraná; se distinguen tres tipos de pesquerías: artesanal/ de subsistencia; comercial de mediana escala; y la deportiva/recreativa. El área del proyecto abarca siete provincias, con una superficie de casi 24 millones de hectáreas.
Conclusión
Profesionales del ministerio de la Producción y Ambiente y participantes de las actividades realizadas en el marco del Proyecto GEF – Pesca y Humedales, concluyeron que lo planificado fue implementado con “efectividad y eficiencia, y con una gran capacidad de corrección y ajuste”.
Plantearon una serie de recomendaciones que aspiran, “por un lado, a capitalizar los logros alcanzados para seguir avanzando hacia el objetivo de largo plazo y, por otro, a mejorar el diseño, monitoreo y evaluación de futuros proyectos GEF”
Así también el proyecto promovió la participación de los actores en todas las instancias de toma de decisión, de manera de aumentar el sentido de apropiación y minimizar potenciales conflictos. Lograr el sentido de pertenencia a una idea, un concepto y una estrategia unificada es fundamental ante posibles cambios institucionales, al tiempo que promovió la sostenibilidad más allá del proyecto.
Para finalizar, destacaron que “se puso en valor y resaltó la necesidad de mantener la integridad de los ecosistemas, que deben ser mantenidos a través de amplios paisajes para lograr la conservación de los servicios ambientales que operan a gran escala, de la conectividad entre ecosistemas naturales y semi naturales, y para garantizar que el concepto de servicios ecosistémicos se integre en las políticas, las estrategias, las prácticas de producción y las decisiones de los usuarios de la tierra y los recursos”
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Fecha de Publicación: 14/01/2015
Fuente: Diario Formosa
Provincia/Región: Norte
Con la asistencia financiera del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por su sigla en inglés) y el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), como también de la cartera de Producción y Ambiente de la provincia, localmente también se trabajo en el proyecto de ordenamiento pesquero y conservación de la biodiversidad en humedales, en nuestro caso en la cuenca del rio Paraguay, ya que el mismo abarco también al Parana.
El objetivo de las labores (donde participara también la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Dirección de Pesca Continental y Acuicultura (DPCyA) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca) fue mejorar el ordenamiento pesquero y fortalecer la planificación intersectorial, generar una línea de base importante de actividades orientadas a fortalecer los mecanismos técnicos y administrativos para el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y la conservación de los humedales de la cuenca. El proyecto se propuso abordar una serie de barreras que dificultan el logro de soluciones a largo plazo.
El mismo abarcó a un amplio corredor de humedales y planicies de inundación que componen el ecosistema fluvial de los ríos Paraguay-Paraná de la Cuenca del Plata en la Ecoregión del Paraná Inferior. Los ríos Paraná y Paraguay constituyen “corredores biogeográficos”, es decir, vías efectivas para la migración de flora y fauna de linaje tropical hacia zonas templadas, brindando recursos naturales y servicios fundamentales para las comunidades ribereñas. Este corredor fluvial ofrece una gran variedad de hábitats que favorece la presencia de una gran biodiversidad adaptada a la alternancia de fases de inundación y sequía. En particular, estos humedales sustentan altos valores de biodiversidad de peces migratorios y de importancia comercial y cumplen un rol vital para que las especies migratorias puedan llevar a cabo las diferentes fases de sus ciclos biológicos (reproducción, migración reproductiva, desove y crecimiento). Alrededor del 85% de las capturas de peces continentales de la Argentina ocurre en el corredor Paraguay-Paraná; se distinguen tres tipos de pesquerías: artesanal/ de subsistencia; comercial de mediana escala; y la deportiva/recreativa. El área del proyecto abarca siete provincias, con una superficie de casi 24 millones de hectáreas.
Conclusión
Profesionales del ministerio de la Producción y Ambiente y participantes de las actividades realizadas en el marco del Proyecto GEF – Pesca y Humedales, concluyeron que lo planificado fue implementado con “efectividad y eficiencia, y con una gran capacidad de corrección y ajuste”.
Plantearon una serie de recomendaciones que aspiran, “por un lado, a capitalizar los logros alcanzados para seguir avanzando hacia el objetivo de largo plazo y, por otro, a mejorar el diseño, monitoreo y evaluación de futuros proyectos GEF”
Así también el proyecto promovió la participación de los actores en todas las instancias de toma de decisión, de manera de aumentar el sentido de apropiación y minimizar potenciales conflictos. Lograr el sentido de pertenencia a una idea, un concepto y una estrategia unificada es fundamental ante posibles cambios institucionales, al tiempo que promovió la sostenibilidad más allá del proyecto.
Para finalizar, destacaron que “se puso en valor y resaltó la necesidad de mantener la integridad de los ecosistemas, que deben ser mantenidos a través de amplios paisajes para lograr la conservación de los servicios ambientales que operan a gran escala, de la conectividad entre ecosistemas naturales y semi naturales, y para garantizar que el concepto de servicios ecosistémicos se integre en las políticas, las estrategias, las prácticas de producción y las decisiones de los usuarios de la tierra y los recursos”
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Dakar y la imposibilidad de medir el impacto ambiental
Advierten que no se podrá medir el impacto ambiental del Dakar
Fecha de Publicación: 13/01/2015
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Nacional
Dos especialistas en patrimonio arqueológico y recursos naturales opinan sobre la llegada de la carrera de rally más difícil del mundo.
Mientras Chile evalúa si continuará o no participando del Rally Dakar en 2016, las preguntas sobre cuál será el impacto ambiental y arqueológico por la geografía que atraviesa la carrera más difícil del mundo siguen sin poder responderse con claridad. Al menos en Salta, donde no existen mediciones previas sobre el estado de la flora y la fauna y por lo tanto no se puede establecer de qué manera podrían ser alteradas por la presencia de los 567 vehículos que trae la competencia, además de las tres o más unidades que acompañan a cada uno de los pilotos.
Así lo asegura Juan José Sauad, especialista en recursos naturales, docente e investigador en la UNSa: "Salta no tiene una base de información con indicadores ambientales que permitan medir los cambios, y esto se ve no solo con el Dakar sino con todas las actividades -explica-, no tenemos sistemas de indicadores construidos en la provincia que nos permitan comparar. Esto desnuda falencias en términos ambientales y a niveles estructurales de la provincia". Sin inventarios de flora, de fauna ni de condiciones y características del ambiente, nadie puede asegurar con certeza si el impacto será alto, moderado o imperceptible. Y esa incógnita no parece preocuparle a nadie que organice o que se encargue de controlar la carrera.
En cuanto a los riesgos que podría implicar para el patrimonio arqueológico, la incertidumbre es todavía mayor. Rossana Ledesma, doctora en arqueología e investigadora del Conicet, explica que el problema es no tener acceso a cuál será el recorrido que tendrá la carrera, dado el convenio de confidencialidad que se acepta como parte del acuerdo con la ASO (Amaury Sport Organisation) la empresa que se encarga de la organización global de la competencia. "La provincia se maneja con un hermetismo total, no sabemos por dónde va a pasar. Los arqueólogos tendríamos que pararnos uno en cada sitio para saber si pasan o no", asegura.
Ruta secreta
El tema con la confidencialidad tiene que ver con el resguardo de los circuitos para evitar que los competidores tengan información de antemano. Para cumplir con cada etapa deben pasar por una determinada cantidad de "white points", únicos puntos donde se activa el GPS asignado por la organización y que les permitirá dirigirse al próximo destino. Entre esos puntos, los pilotos deben guiarse solamente por sus navegadores, con mapas, instinto y destreza. "Si no los encuentran dan círculos, pasan por propiedades privados, campos, o lo que se encuentren -agrega Ledesma- y en ese trayecto puede haber sitios arqueológicos, caminos incaicos, etcétera".
Uno de los puntos más complicados de la ruta esbozada es Santa Rosa de Tastil, a 100 kilómetros de Salta, donde se encuentra uno de los poblados preincanicos más completos que se conservan y declarado Monumento Histórico Nacional en 1997. En la zona hay 1160 recintos de piedra, calzadas sobreelevadas, plazas y arquitectura funeraria y depósitos arqueológicos a bajo nivel, según publica el sitio oficial de la población.
Paisajes alterados
En cuanto al medio ambiente, Sauad explica que el tránsito de los vehículos pone en suspensión una gran cantidad de partículas en el aire, que en esta época del año alteran la floración y la maduración de frutos de gran parte de la flora autóctona. Además los ruidos generan el alejamiento de la fauna silvestre propia, que se suma a la generación de residuos que puedan quedar en el lugar.
"Desde el punto de vista ambiental, tengo el criterio de nuestra propia Ley 7070, que aplica el principio precautorio: ante la falta de informacion que dé certezas, es preferible tener una actitud de prevención, y una forma de prevenir es esperar, hacer investigaciones y después decidir si se hace o no. Esta es una actividad netamente económica y que le interesa a la provincia desde el punto de vista turístico. Esto hace que sean eventos no sustentables, con afectaciones que vamos a desconocer. ¿Cuál es el impacto real? No lo vamos a saber. Quizá la magnitud sea insignificante, pero no sé si hay alguien en la provincia que pueda decirlo".
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Fecha de Publicación: 13/01/2015
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Nacional
Dos especialistas en patrimonio arqueológico y recursos naturales opinan sobre la llegada de la carrera de rally más difícil del mundo.
Mientras Chile evalúa si continuará o no participando del Rally Dakar en 2016, las preguntas sobre cuál será el impacto ambiental y arqueológico por la geografía que atraviesa la carrera más difícil del mundo siguen sin poder responderse con claridad. Al menos en Salta, donde no existen mediciones previas sobre el estado de la flora y la fauna y por lo tanto no se puede establecer de qué manera podrían ser alteradas por la presencia de los 567 vehículos que trae la competencia, además de las tres o más unidades que acompañan a cada uno de los pilotos.
Así lo asegura Juan José Sauad, especialista en recursos naturales, docente e investigador en la UNSa: "Salta no tiene una base de información con indicadores ambientales que permitan medir los cambios, y esto se ve no solo con el Dakar sino con todas las actividades -explica-, no tenemos sistemas de indicadores construidos en la provincia que nos permitan comparar. Esto desnuda falencias en términos ambientales y a niveles estructurales de la provincia". Sin inventarios de flora, de fauna ni de condiciones y características del ambiente, nadie puede asegurar con certeza si el impacto será alto, moderado o imperceptible. Y esa incógnita no parece preocuparle a nadie que organice o que se encargue de controlar la carrera.
En cuanto a los riesgos que podría implicar para el patrimonio arqueológico, la incertidumbre es todavía mayor. Rossana Ledesma, doctora en arqueología e investigadora del Conicet, explica que el problema es no tener acceso a cuál será el recorrido que tendrá la carrera, dado el convenio de confidencialidad que se acepta como parte del acuerdo con la ASO (Amaury Sport Organisation) la empresa que se encarga de la organización global de la competencia. "La provincia se maneja con un hermetismo total, no sabemos por dónde va a pasar. Los arqueólogos tendríamos que pararnos uno en cada sitio para saber si pasan o no", asegura.
Ruta secreta
El tema con la confidencialidad tiene que ver con el resguardo de los circuitos para evitar que los competidores tengan información de antemano. Para cumplir con cada etapa deben pasar por una determinada cantidad de "white points", únicos puntos donde se activa el GPS asignado por la organización y que les permitirá dirigirse al próximo destino. Entre esos puntos, los pilotos deben guiarse solamente por sus navegadores, con mapas, instinto y destreza. "Si no los encuentran dan círculos, pasan por propiedades privados, campos, o lo que se encuentren -agrega Ledesma- y en ese trayecto puede haber sitios arqueológicos, caminos incaicos, etcétera".
Uno de los puntos más complicados de la ruta esbozada es Santa Rosa de Tastil, a 100 kilómetros de Salta, donde se encuentra uno de los poblados preincanicos más completos que se conservan y declarado Monumento Histórico Nacional en 1997. En la zona hay 1160 recintos de piedra, calzadas sobreelevadas, plazas y arquitectura funeraria y depósitos arqueológicos a bajo nivel, según publica el sitio oficial de la población.
Paisajes alterados
En cuanto al medio ambiente, Sauad explica que el tránsito de los vehículos pone en suspensión una gran cantidad de partículas en el aire, que en esta época del año alteran la floración y la maduración de frutos de gran parte de la flora autóctona. Además los ruidos generan el alejamiento de la fauna silvestre propia, que se suma a la generación de residuos que puedan quedar en el lugar.
"Desde el punto de vista ambiental, tengo el criterio de nuestra propia Ley 7070, que aplica el principio precautorio: ante la falta de informacion que dé certezas, es preferible tener una actitud de prevención, y una forma de prevenir es esperar, hacer investigaciones y después decidir si se hace o no. Esta es una actividad netamente económica y que le interesa a la provincia desde el punto de vista turístico. Esto hace que sean eventos no sustentables, con afectaciones que vamos a desconocer. ¿Cuál es el impacto real? No lo vamos a saber. Quizá la magnitud sea insignificante, pero no sé si hay alguien en la provincia que pueda decirlo".
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La sustentabilidad de la pesca de merluza es posible
Merluza hubbsi: de la sobreexplotación a la sustentabilidad
Fecha de Publicación: 13/01/2015
Fuente: Diario Crónica
Provincia/Región: Nacional
Argentina logró recuperar la biomasa de Merluza Común (Merluccius hubbsi) gracias a las políticas de Estado impulsadas por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que conduce Carlos Casamiquela.
A partir de la sanción de la Ley Federal de Pesca N° 24.922 en 1998 se logró recuperar y sostener el recurso con herramientas claves como el establecimiento de una cuotificación en 2009 y los distintos controles que se aplican para el cumplimiento de las normas establecidas.
Desde 2003, en el marco del Plan de Manejo Sustentable, las capturas anuales totales no superaron el máximo permisible recomendado por el INIDEP.
A través de la Resolución Nº 265, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación vigente desde el 2000, se ha vedado la captura por arrastre de fondo en una zona de 12.000 km2 en el Mar Argentino. La medida contribuyó visiblemente a la recuperación de juveniles de merluza, afectados por esta práctica de explotación pesquera.
Asimismo, el Sistema de Monitoreo Satelital permite la localización de cada uno de los buques que operan sobre la Zona Económica Exclusiva Argentina, a fin de controlar el cumplimiento de las vedas y temporadas de pesca. Cada 12 horas se publica un informe de posicionamiento satelital en la página web de la cartera agropecuaria nacional.
Existen zonas de veda combinadas con aperturas y cierres estacionales, zonas de veda fijas y de esfuerzo restringido, lo que sumado al trabajo de la Dirección de Control y Fiscalización, el conocimiento de las especies y sus patrones de comportamiento, da como resultado el manejo ordenado de las distintas pesquerías.
En la misma línea, el Consejo Federal Pesquero creó en junio de 2011 la Comisión de Seguimiento de la Pesquería de Merluza Común, que permitió desde entonces trabajar eficientemente en la administración de los recursos y demostró ser una herramienta eficaz y beneficiosa para mantener un contacto fluido con todos los actores del sector de dicha pesquería.
Fiscalización y control del recurso
La Dirección de Control y Fiscalización lleva a cabo su tarea a través de los inspectores que posee en las diferentes delegaciones. Allí recibe las declaraciones de captura que elaboran los pescadores. Los inspectores en muelle elaboran actas de desembarque que luego son contrastadas con los partes de pesca para elaborar estadísticas y detectar eventuales infracciones.
Se cuenta con inspectores a bordo que elaboran informes sobre el desarrollo de la captura durante la marea a fin de verificar, con ayuda también de los observadores del INIDEP, el cumplimiento de las normas pertinentes.
Hoy, ante la necesidad de generar desarrollos superadores de la actual certificación de captura legal, la Subsecretaría de Pesca se encuentra abocada en la implementación de un Sistema de Trazabilidad Oficial para el sector pesquero que permitirá la verificación del producto desde la captura hasta su comercialización.
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Fecha de Publicación: 13/01/2015
Fuente: Diario Crónica
Provincia/Región: Nacional
Argentina logró recuperar la biomasa de Merluza Común (Merluccius hubbsi) gracias a las políticas de Estado impulsadas por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que conduce Carlos Casamiquela.
A partir de la sanción de la Ley Federal de Pesca N° 24.922 en 1998 se logró recuperar y sostener el recurso con herramientas claves como el establecimiento de una cuotificación en 2009 y los distintos controles que se aplican para el cumplimiento de las normas establecidas.
Desde 2003, en el marco del Plan de Manejo Sustentable, las capturas anuales totales no superaron el máximo permisible recomendado por el INIDEP.
A través de la Resolución Nº 265, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación vigente desde el 2000, se ha vedado la captura por arrastre de fondo en una zona de 12.000 km2 en el Mar Argentino. La medida contribuyó visiblemente a la recuperación de juveniles de merluza, afectados por esta práctica de explotación pesquera.
Asimismo, el Sistema de Monitoreo Satelital permite la localización de cada uno de los buques que operan sobre la Zona Económica Exclusiva Argentina, a fin de controlar el cumplimiento de las vedas y temporadas de pesca. Cada 12 horas se publica un informe de posicionamiento satelital en la página web de la cartera agropecuaria nacional.
Existen zonas de veda combinadas con aperturas y cierres estacionales, zonas de veda fijas y de esfuerzo restringido, lo que sumado al trabajo de la Dirección de Control y Fiscalización, el conocimiento de las especies y sus patrones de comportamiento, da como resultado el manejo ordenado de las distintas pesquerías.
En la misma línea, el Consejo Federal Pesquero creó en junio de 2011 la Comisión de Seguimiento de la Pesquería de Merluza Común, que permitió desde entonces trabajar eficientemente en la administración de los recursos y demostró ser una herramienta eficaz y beneficiosa para mantener un contacto fluido con todos los actores del sector de dicha pesquería.
Fiscalización y control del recurso
La Dirección de Control y Fiscalización lleva a cabo su tarea a través de los inspectores que posee en las diferentes delegaciones. Allí recibe las declaraciones de captura que elaboran los pescadores. Los inspectores en muelle elaboran actas de desembarque que luego son contrastadas con los partes de pesca para elaborar estadísticas y detectar eventuales infracciones.
Se cuenta con inspectores a bordo que elaboran informes sobre el desarrollo de la captura durante la marea a fin de verificar, con ayuda también de los observadores del INIDEP, el cumplimiento de las normas pertinentes.
Hoy, ante la necesidad de generar desarrollos superadores de la actual certificación de captura legal, la Subsecretaría de Pesca se encuentra abocada en la implementación de un Sistema de Trazabilidad Oficial para el sector pesquero que permitirá la verificación del producto desde la captura hasta su comercialización.
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Blooper judicial de la Cámara Minera jujeña
No sabían qué protege la Ley de Glaciares, pero igual la cuestionaron
Fecha de Publicación: 12/01/2015
Fuente: Diario Judicial
Provincia/Región: Jujuy
La Corte Suprema revocó una medida cautelar ordenada por un juez federal de Jujuy, por la que se suspendió la vigencia de la Ley de Glaciares. La Cámara Minera jujeña inició el amparo señalando no saber con precisión “qué se está protegiendo”. Al Tribunal le pareció “imposible delinear el acto en ciernes que pueda afectar” los intereses mineros.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto una medida cautelar que suspendió la vigencia de la Ley de Glaciares, y rechazó in limine un planteo de inconstitucionalidad de la norma promovido por la Cámara Minera de Jujuy.
Ocurrió en la causa “Cámara Minera de Jujuy y otra (Provincia de Jujuy) c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, en la que se buscó la declaración de inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley Nacional 26.639, que estableció el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. La accionante aseguró que su aplicación “puede alterar la situación actual de emprendimientos mineros”.
La medida solicitada fue otorgada por el Juzgado Federal N° 2 de Jujuy, a cargo de Carlos Olivera Pastor. El magistrado entendió que existía verosimilitud del derecho porque "no se puede descartar un conflicto entre los artículos 41 y 124 de la Constitución Federal”. El primero sobre el derecho a un ambiente sano, y el segundo sobre la posibilidad de las provincias de crear zonas de desarrollo económico.
En cuanto al peligro en la demora, el magistrado jujeño sostuvo que la Ley 26.639 creó “un estado de incertidumbre e intranquilidad para las entidades mineras que componen la Cámara actora, dada su finalidad de fomentar y promover el desarrollo de la minería en el territorio provincial”. Luego de ello, se declaró incompetente y remitió la causa a la Corte Suprema.
Al llegar al Máximo Tribunal, los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni, consideraron que no había un “caso” en el planteo de la Cámara Minera, y por ello la demanda debía ser rechazada “in límine”, es decir, sin analizar los pormenores del caso.
Los magistrados criticaron que la actora no planteó en su demanda “ninguna actividad de las características señaladas que pudiese causar algún tipo de afectación a sus intereses”. Los abogados detallaron en su demanda que “actualmente se sabe cuál es exactamente la porción del territorio que quedarán definidas como glaciares y ambiente periglacial, es decir no se sabe con precisión que se está protegiendo aunque existen posibilidades ciertas que queden comprendidas las áreas de alta montaña con 'suelo congelados' y en la media y baja montaña las áreas con 'suelos saturados de hielo' lo que constituye una amenaza arbitraria e ilegítima inminente para los derechos de mis representados”.
“En estos términos, de su planteo sólo puede concluirse que si la actora no sabe ‘qué se está protegiendo’ por medio de la ley que impugna, le resultará imposible delinear el acto en ciernes que pueda afectar sus intereses”, sostuvo la Corte Federal.
Los jueces infirieron que la Ley de Glaciares, por lo tanto, ley 26.639 fue impugnada en abstracto, “y suspendida en su vigencia por un juez federal en esa misma condición, con total prescindencia de considerar la viabilidad de su aplicación actual o en ciernes a algún miembro de la Cámara Minera de Jujuy que pudiese dar lugar a una afectación en los derechos reconocidos por las normas federales que invoca”.
De modo que el “estado de incertidumbre” aducido por las mineras no era tal, “en la medida en que el Poder Ejecutivo Nacional aún no ha delimitado el ambiente glaciar y periglacial que cae bajo la prohibición del artículo 6° de la ley 26.639”.
Como corolario de ello, la Corte sostuvo que “el planteo no supera la mera hipótesisde que algún proyecto minero sito en la provincia de Jujuy - aunque ninguno ha sido individualizado por la cámara actora en su demanda- podría verse afectado por una prohibición cuyo alcance geográfico quedará delimitado cuando el Poder Ejecutivo Nacional cumpla la tarea reglamentaria encomendada por el legislador en los artículos 3°, 4° y 5° de la ley citada”.
Los magistrados también se pronunciaron sobre la omisión del estado de no precisar los alcances de la Ley, que el Congreso ordenó reglamentar hace más de cuatro años. Pero ello no fue óbice para concluir que la acción declarativa planteada no resultaba “un medio apto para satisfacer el interés especulativo de la actora”. Ya que su pretensión “tendiente a obtener la declaración general y directa de inconstitucionalidad de la norma sancionada por el Congreso Federal y la medida cautelar dictada en consecuencia- no acreditan una ‘causa’ o ‘caso contencioso’ que permita la intervención del Poder Judicial de la Nación”.
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Fecha de Publicación: 12/01/2015
Fuente: Diario Judicial
Provincia/Región: Jujuy
La Corte Suprema revocó una medida cautelar ordenada por un juez federal de Jujuy, por la que se suspendió la vigencia de la Ley de Glaciares. La Cámara Minera jujeña inició el amparo señalando no saber con precisión “qué se está protegiendo”. Al Tribunal le pareció “imposible delinear el acto en ciernes que pueda afectar” los intereses mineros.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto una medida cautelar que suspendió la vigencia de la Ley de Glaciares, y rechazó in limine un planteo de inconstitucionalidad de la norma promovido por la Cámara Minera de Jujuy.
Ocurrió en la causa “Cámara Minera de Jujuy y otra (Provincia de Jujuy) c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, en la que se buscó la declaración de inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley Nacional 26.639, que estableció el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. La accionante aseguró que su aplicación “puede alterar la situación actual de emprendimientos mineros”.
La medida solicitada fue otorgada por el Juzgado Federal N° 2 de Jujuy, a cargo de Carlos Olivera Pastor. El magistrado entendió que existía verosimilitud del derecho porque "no se puede descartar un conflicto entre los artículos 41 y 124 de la Constitución Federal”. El primero sobre el derecho a un ambiente sano, y el segundo sobre la posibilidad de las provincias de crear zonas de desarrollo económico.
En cuanto al peligro en la demora, el magistrado jujeño sostuvo que la Ley 26.639 creó “un estado de incertidumbre e intranquilidad para las entidades mineras que componen la Cámara actora, dada su finalidad de fomentar y promover el desarrollo de la minería en el territorio provincial”. Luego de ello, se declaró incompetente y remitió la causa a la Corte Suprema.
Al llegar al Máximo Tribunal, los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni, consideraron que no había un “caso” en el planteo de la Cámara Minera, y por ello la demanda debía ser rechazada “in límine”, es decir, sin analizar los pormenores del caso.
Los magistrados criticaron que la actora no planteó en su demanda “ninguna actividad de las características señaladas que pudiese causar algún tipo de afectación a sus intereses”. Los abogados detallaron en su demanda que “actualmente se sabe cuál es exactamente la porción del territorio que quedarán definidas como glaciares y ambiente periglacial, es decir no se sabe con precisión que se está protegiendo aunque existen posibilidades ciertas que queden comprendidas las áreas de alta montaña con 'suelo congelados' y en la media y baja montaña las áreas con 'suelos saturados de hielo' lo que constituye una amenaza arbitraria e ilegítima inminente para los derechos de mis representados”.
“En estos términos, de su planteo sólo puede concluirse que si la actora no sabe ‘qué se está protegiendo’ por medio de la ley que impugna, le resultará imposible delinear el acto en ciernes que pueda afectar sus intereses”, sostuvo la Corte Federal.
Los jueces infirieron que la Ley de Glaciares, por lo tanto, ley 26.639 fue impugnada en abstracto, “y suspendida en su vigencia por un juez federal en esa misma condición, con total prescindencia de considerar la viabilidad de su aplicación actual o en ciernes a algún miembro de la Cámara Minera de Jujuy que pudiese dar lugar a una afectación en los derechos reconocidos por las normas federales que invoca”.
De modo que el “estado de incertidumbre” aducido por las mineras no era tal, “en la medida en que el Poder Ejecutivo Nacional aún no ha delimitado el ambiente glaciar y periglacial que cae bajo la prohibición del artículo 6° de la ley 26.639”.
Como corolario de ello, la Corte sostuvo que “el planteo no supera la mera hipótesisde que algún proyecto minero sito en la provincia de Jujuy - aunque ninguno ha sido individualizado por la cámara actora en su demanda- podría verse afectado por una prohibición cuyo alcance geográfico quedará delimitado cuando el Poder Ejecutivo Nacional cumpla la tarea reglamentaria encomendada por el legislador en los artículos 3°, 4° y 5° de la ley citada”.
Los magistrados también se pronunciaron sobre la omisión del estado de no precisar los alcances de la Ley, que el Congreso ordenó reglamentar hace más de cuatro años. Pero ello no fue óbice para concluir que la acción declarativa planteada no resultaba “un medio apto para satisfacer el interés especulativo de la actora”. Ya que su pretensión “tendiente a obtener la declaración general y directa de inconstitucionalidad de la norma sancionada por el Congreso Federal y la medida cautelar dictada en consecuencia- no acreditan una ‘causa’ o ‘caso contencioso’ que permita la intervención del Poder Judicial de la Nación”.
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La planta de uranio a Río Negro a audiencia pública
Habrá audiencia pública en febrero por la planta de uranio
Fecha de Publicación: 12/01/2015
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Pobladores de Pilcaniyeu y la región Andina podrán finalmente opinar por la actividad de la planta de enriquecimiento de uranio de la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) el 27 de febrero en una audiencia pública convocada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincial.
La audiencia llega después del planteo judicial del legislador radical Alejandro Betelú y el fallo de mediados de noviembre del Superior Tribunal de Justicia que ordenó a la Provincia a convocar a la participación ciudadana a pesar de que en julio pasado la Secretaría de Ambiente aprobara el estudio de impacto ambiental y autorizara la actividad sin consulta popular.
La convocatoria, difundida por la agencia ADN- indica que se analizará en la audiencia el proyecto correspondiente a la reactivación del modulo experimental para enriquecimiento de uranio del Complejo Tecnológico Pilcaniyeu.
La audiencia se realizará en el salón de actos del Municipio de Pilcaniyeu a las 9. La Secretaría puso a disposición la documentación técnica presentada inicialmente por la Cnea y el estudio de impacto ambiental elaborado por el Centro Regional Universitario Bariloche de la Universidad Nacional del Comahue y el plan de gestión ambiental elaborado por la Gerencia Ambiental de la Cnea.
La planta de uranio fue reactivada por la Comisión Nacional de Energía Atómica y el Ministerio de Planificación Federal con una inversión de 27 millones de dólares.
En 2010 se anunció la puesta en marcha de esta planta ubicada en jurisdicción de Pilcaniyeu, donde incluso llegó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para habilitarla.
En julio "DeBariloche" reveló que la secretaria de Medio Ambiente, Laura Juárez, había aprobado el estudio de impacto ambiental realizado por la Universidad del Comahue y desistió de llamar a audiencia pública por considerar que la planta pertenecía a la jurisdicción nacional.
Sin embargo, el juez Enrique Mansilla en representación del STJ, hizo lugar parcialmente a un recurso de amparo colectivo promovido por el legislador Betelú ordenando a convocar a audiencia pero desestimando la declaración de nulidad de las actuaciones de Medio Ambiente que pretendía.
El juez descartó anular las actuaciones de la Secretaría pero consideró válida la convocatoria a la población para conocer su opinión. También rechazó la opinión de la procuradora general Silvia Baquero Lazcano que consideró que el planteo era de orden federal.
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Fecha de Publicación: 12/01/2015
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Pobladores de Pilcaniyeu y la región Andina podrán finalmente opinar por la actividad de la planta de enriquecimiento de uranio de la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) el 27 de febrero en una audiencia pública convocada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincial.
La audiencia llega después del planteo judicial del legislador radical Alejandro Betelú y el fallo de mediados de noviembre del Superior Tribunal de Justicia que ordenó a la Provincia a convocar a la participación ciudadana a pesar de que en julio pasado la Secretaría de Ambiente aprobara el estudio de impacto ambiental y autorizara la actividad sin consulta popular.
La convocatoria, difundida por la agencia ADN- indica que se analizará en la audiencia el proyecto correspondiente a la reactivación del modulo experimental para enriquecimiento de uranio del Complejo Tecnológico Pilcaniyeu.
La audiencia se realizará en el salón de actos del Municipio de Pilcaniyeu a las 9. La Secretaría puso a disposición la documentación técnica presentada inicialmente por la Cnea y el estudio de impacto ambiental elaborado por el Centro Regional Universitario Bariloche de la Universidad Nacional del Comahue y el plan de gestión ambiental elaborado por la Gerencia Ambiental de la Cnea.
La planta de uranio fue reactivada por la Comisión Nacional de Energía Atómica y el Ministerio de Planificación Federal con una inversión de 27 millones de dólares.
En 2010 se anunció la puesta en marcha de esta planta ubicada en jurisdicción de Pilcaniyeu, donde incluso llegó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para habilitarla.
En julio "DeBariloche" reveló que la secretaria de Medio Ambiente, Laura Juárez, había aprobado el estudio de impacto ambiental realizado por la Universidad del Comahue y desistió de llamar a audiencia pública por considerar que la planta pertenecía a la jurisdicción nacional.
Sin embargo, el juez Enrique Mansilla en representación del STJ, hizo lugar parcialmente a un recurso de amparo colectivo promovido por el legislador Betelú ordenando a convocar a audiencia pero desestimando la declaración de nulidad de las actuaciones de Medio Ambiente que pretendía.
El juez descartó anular las actuaciones de la Secretaría pero consideró válida la convocatoria a la población para conocer su opinión. También rechazó la opinión de la procuradora general Silvia Baquero Lazcano que consideró que el planteo era de orden federal.
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Puerto Madero cobijó a la Fórmula E
La Fórmula E debutó en Buenos Aires
Fecha de Publicación: 11/01/2015
Fuente: Sin Mordaza
Provincia/Región: CABA
En el circuito callejero de Puerto Madero se desarrolló la cuarta fecha de la innovadora categoría. Pilotos, especialistas y organizadores hablaron con Infobae de la carrera que ganó el portugués Da Costa.
Los accesos se abrieron a las 8:30 y algunos curiosos se fueron acercando a Puerto Madero para observar los primeros giros de los autos, en los ensayos que hicieron los pilotos en el trazado porteño de 2.407 metros.
Bajo el intenso calor que azotó a la Ciudad y el caliente asfalto del circuito callejero, los fanáticos se fueron sumando a una fiesta que tiene como máxima fundamental el cuidado natural. Jorge Tomasi, principal impulsor de la Fórmula E en Sudamérica y presidente del Automóvil Club de Uruguay, habló con Infobae de la importancia de la llegada de la categoría a Buenos Aires: "Esto no sólo apunta a ser algo diferente, sino que impulsa la sustentabilidad del medio ambiente. Si no desarrollamos este tipo de cambios, nuestro futuro no será para nada auspicioso".
El directivo reconoció que el evento "está dirigido a un público joven" y advirtió que la participación de profesionales con pasado en la Fórmula Uno es una herramienta ideal para atraer a los fanáticos.
Uno de los apellidos con tradición en el automovilismo es Piquet; en este caso quien compitió fue Nelson Piquet Junior, quien terminó tercero. El brasileño porta el apellido de quien fuera tricampeón mundial de la Máxima en la década del 80 y según él "eso no debe influir a la hora de manejar". "Lo mismo le debe ocurrir a Nicolas Prost y Bruno Senna. Nosotros tenemos que pensar en el auto, en no equivocarnos y en concentrarnos para ganar", explicó.
Un hombre con menor jerarquía pero igual entusiasmo es Salvador Durán, quien se desempeña junto al portugués Da Costa (ganador del Gran Premio Argentino) en el equipo Amlin. El mexicano confesó que tuvo que cambiar su forma de manejar, por las exigencias propias de la categoría y manifestó la dificultad que conlleva generar la estrategia para economizar la energía en pista.
En tanto, Fernando Tronello, relator de Fórmula Uno, dijo que la innovadora propuesta de la FIA "podrá afianzarse con el tiempo, aunque no tenga muchas cosas en común con la F1". "Es un proyecto de energía renovable, que se puede sustentar perfectamente. Que Buenos Aires esté incorporado al grupo de las ciudades que organizan este evento es una suerte", sintetizó el periodista de Fox Sports.
"El mundo avanza y habrá que ser tuerca sin ruido", fue la frase que esbozó el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, cuando arribó al circuito para ver la largada final. Su interés sobre la cantidad de espectadores y la clasificación fueron sus principales preocupaciones en la soleada tarde. Sin dudas, el político se convirtió en uno de los tantos fans que vibraron con la Fórmula E.
"Pensemos que mucho de lo que estamos sufriendo con el cambio climático se debe a la utilización de energías fósiles. Por eso, si el mundo logra desarrollar los motores eléctricos el panorama futuro del medio ambiente va a ser muy distinto", apuntó.
También hubo algunos desertores, como fue el caso de Marcelo, un hincha del automovilismo que viajó desde Córdoba exclusivamente para ser testigo del espectáculo organizado por la FIA. "Tengo una gran desilusión, los coches tienen el mismo ruido que la aspiradora que usa mi mujer en casa", comentó.
Una situación similar vivieron los comerciantes de la zona, aunque sus críticas se basaron en la disminución de sus ganancias: "Estuvimos una semana cerrados por la construcción del circuito, y la gente viene, mira un ratito y se va", dijo Hugo, cajero de uno de los puestos gastronómicos, que se caracteriza por sus sándwiches de bondiola. El incremento de los precios de sus combos tampoco ayudó al aumento de su demanda.
La aceptación de la categoría todavía no se consolidó y el ejemplo más claro de ello fue cuando Jean Todt se asomó a la calle de boxes y desde las tribunas le exigieron que traiga a la Fórmula Uno. Con un cántico futbolístico, los tuercas expresaron su petición, y el presidente de la FIA sólo atinó a saludar. Tal vez, el año que viene los simpatizantes estén más preparados para un acontecimiento de alcance mundial.
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Fecha de Publicación: 11/01/2015
Fuente: Sin Mordaza
Provincia/Región: CABA
En el circuito callejero de Puerto Madero se desarrolló la cuarta fecha de la innovadora categoría. Pilotos, especialistas y organizadores hablaron con Infobae de la carrera que ganó el portugués Da Costa.
Los accesos se abrieron a las 8:30 y algunos curiosos se fueron acercando a Puerto Madero para observar los primeros giros de los autos, en los ensayos que hicieron los pilotos en el trazado porteño de 2.407 metros.
Bajo el intenso calor que azotó a la Ciudad y el caliente asfalto del circuito callejero, los fanáticos se fueron sumando a una fiesta que tiene como máxima fundamental el cuidado natural. Jorge Tomasi, principal impulsor de la Fórmula E en Sudamérica y presidente del Automóvil Club de Uruguay, habló con Infobae de la importancia de la llegada de la categoría a Buenos Aires: "Esto no sólo apunta a ser algo diferente, sino que impulsa la sustentabilidad del medio ambiente. Si no desarrollamos este tipo de cambios, nuestro futuro no será para nada auspicioso".
El directivo reconoció que el evento "está dirigido a un público joven" y advirtió que la participación de profesionales con pasado en la Fórmula Uno es una herramienta ideal para atraer a los fanáticos.
Uno de los apellidos con tradición en el automovilismo es Piquet; en este caso quien compitió fue Nelson Piquet Junior, quien terminó tercero. El brasileño porta el apellido de quien fuera tricampeón mundial de la Máxima en la década del 80 y según él "eso no debe influir a la hora de manejar". "Lo mismo le debe ocurrir a Nicolas Prost y Bruno Senna. Nosotros tenemos que pensar en el auto, en no equivocarnos y en concentrarnos para ganar", explicó.
Un hombre con menor jerarquía pero igual entusiasmo es Salvador Durán, quien se desempeña junto al portugués Da Costa (ganador del Gran Premio Argentino) en el equipo Amlin. El mexicano confesó que tuvo que cambiar su forma de manejar, por las exigencias propias de la categoría y manifestó la dificultad que conlleva generar la estrategia para economizar la energía en pista.
En tanto, Fernando Tronello, relator de Fórmula Uno, dijo que la innovadora propuesta de la FIA "podrá afianzarse con el tiempo, aunque no tenga muchas cosas en común con la F1". "Es un proyecto de energía renovable, que se puede sustentar perfectamente. Que Buenos Aires esté incorporado al grupo de las ciudades que organizan este evento es una suerte", sintetizó el periodista de Fox Sports.
"El mundo avanza y habrá que ser tuerca sin ruido", fue la frase que esbozó el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, cuando arribó al circuito para ver la largada final. Su interés sobre la cantidad de espectadores y la clasificación fueron sus principales preocupaciones en la soleada tarde. Sin dudas, el político se convirtió en uno de los tantos fans que vibraron con la Fórmula E.
"Pensemos que mucho de lo que estamos sufriendo con el cambio climático se debe a la utilización de energías fósiles. Por eso, si el mundo logra desarrollar los motores eléctricos el panorama futuro del medio ambiente va a ser muy distinto", apuntó.
También hubo algunos desertores, como fue el caso de Marcelo, un hincha del automovilismo que viajó desde Córdoba exclusivamente para ser testigo del espectáculo organizado por la FIA. "Tengo una gran desilusión, los coches tienen el mismo ruido que la aspiradora que usa mi mujer en casa", comentó.
Una situación similar vivieron los comerciantes de la zona, aunque sus críticas se basaron en la disminución de sus ganancias: "Estuvimos una semana cerrados por la construcción del circuito, y la gente viene, mira un ratito y se va", dijo Hugo, cajero de uno de los puestos gastronómicos, que se caracteriza por sus sándwiches de bondiola. El incremento de los precios de sus combos tampoco ayudó al aumento de su demanda.
La aceptación de la categoría todavía no se consolidó y el ejemplo más claro de ello fue cuando Jean Todt se asomó a la calle de boxes y desde las tribunas le exigieron que traiga a la Fórmula Uno. Con un cántico futbolístico, los tuercas expresaron su petición, y el presidente de la FIA sólo atinó a saludar. Tal vez, el año que viene los simpatizantes estén más preparados para un acontecimiento de alcance mundial.
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Chubut irá a plebiscito sobre la explotación minera
Chubut: habrá una consulta por la minería
Fecha de Publicación: 11/01/2015
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Chubut
El gobierno de Chubut convocará a un plebiscito sobre la explotación minera en la provincia. La idea que baraja el gobernador K Martín Buzzi es hacerlo en simultáneo con las elecciones de octubre, en las que se renovarán las autoridades locales y la fórmula presidencial, después del escándalo que se desató en la sesión de la Legislatura donde se aprobó el polémico proyecto que dispone consultas populares sobre la explotación minera. Así lo reconoció el secretario de Asuntos Municipales de la provincia, Néstor Hourcade, en una conferencia de prensa.
El plebiscito, tal como lo establece la ley aprobada a finales del año pasado, establece que sólo se vote en las localidades donde existen proyectos mineros. Son, en general, lugares de la desértica meseta donde la falta de generación de empleo hace que los pobladores clamen por la instalación de empresas mineras para conseguir trabajo.
La Legislatura aprobó en noviembre una ley que envió el gobernador Buzzi (actualmente de vacaciones, posiblemente en México) donde se zonifican los plebiscitos, aunque en el proyecto no se establecía en que momento se iban a realizar. Ahora, a través de uno de sus funcionarios, se conoce la intención de realizarlos en octubre, en coincidencia con la apuesta que hará Buzzi por su reelección. La sesión donde se aprobó la ley resultó escandalosa, al conocerse un mensaje de texto que un empresario minero le envió al diputado del PJ Gustavo Muñiz, donde le “sugería” que se amplíen las consultas a la zona oeste de la provincia donde existen yacimientos de oro y plata. “Después el Ejecutivo lo regula”, contestó el diputado.
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Fecha de Publicación: 11/01/2015
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Chubut
El gobierno de Chubut convocará a un plebiscito sobre la explotación minera en la provincia. La idea que baraja el gobernador K Martín Buzzi es hacerlo en simultáneo con las elecciones de octubre, en las que se renovarán las autoridades locales y la fórmula presidencial, después del escándalo que se desató en la sesión de la Legislatura donde se aprobó el polémico proyecto que dispone consultas populares sobre la explotación minera. Así lo reconoció el secretario de Asuntos Municipales de la provincia, Néstor Hourcade, en una conferencia de prensa.
El plebiscito, tal como lo establece la ley aprobada a finales del año pasado, establece que sólo se vote en las localidades donde existen proyectos mineros. Son, en general, lugares de la desértica meseta donde la falta de generación de empleo hace que los pobladores clamen por la instalación de empresas mineras para conseguir trabajo.
La Legislatura aprobó en noviembre una ley que envió el gobernador Buzzi (actualmente de vacaciones, posiblemente en México) donde se zonifican los plebiscitos, aunque en el proyecto no se establecía en que momento se iban a realizar. Ahora, a través de uno de sus funcionarios, se conoce la intención de realizarlos en octubre, en coincidencia con la apuesta que hará Buzzi por su reelección. La sesión donde se aprobó la ley resultó escandalosa, al conocerse un mensaje de texto que un empresario minero le envió al diputado del PJ Gustavo Muñiz, donde le “sugería” que se amplíen las consultas a la zona oeste de la provincia donde existen yacimientos de oro y plata. “Después el Ejecutivo lo regula”, contestó el diputado.
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Denuncia penal por el Dakar
Dakar: denuncian penalmente a funcionarios públicos por dañar al medio ambiente
Fecha de Publicación: 10/01/2015
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Nacional
La organización FUNAM denunció penalmente a funcionarios públicos nacionales y provinciales por no proteger al ambiente y los ciudadanos a través del daño que causará la competencia del Dakar.
Raúl Montenegro, presidente de la Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM), sostuvo que las autoridades de Ambiente "debieron informar públicamente y con varias semanas de antelación los lugares y horarios precisos de de la competencia pero prefirieron obedecer las instrucciones de la empresa francesa organizadora, Amaury Sport, y de sus responsables, Etienne Lavigne y David Eli".
Montenegro indicó que "el secreto exigido por los organizadores viola los derechos de los argentinos y pone en grave peligro el hábitat, la vida y los bienes de muchas personas en todo el país, no solamente en Córdoba".
La acción de FUNAM, patrocinada por el Abogado Alejandro Zeverín, está siendo analizada por el Fiscal de Feria Alejandro Sánchez Freytes.
El Rally Dakar ha producido directa e indirectamente más de medio centenar de muertes en África y América del Sur, y destrozado en forma irreparable ambientes y yacimientos arqueológicos y paleontológicos en Argentina, Chile y Perú.
La denuncia se agrega a la causa que investiga el Juzgado Federal n° 1 sobre grave violación de normas por parte de funcionarios de la Nación y varias provincias, y por los organizadores franceses del Rally Dakar.
"El Gobierno de la Nación y los gobiernos provinciales que le dijeron sí al Dakar no solo debieron pagar para que pueda realizarse la competencia. También aceptaron las temerarias e ilegales condiciones de secreto que imponen Etienne Lavigne y David Eli, de la empresa francesa Amaury Sport. Anunciar a la población y a los pilotos los recorridos con apenas uno o dos días de antelación es una irresponsabilidad inaceptable. Equivale a aumentar los riesgos de que muera gente y se destrocen ambientes, porque al Rally Dakar lo conforman los vehículos que compiten, los vehículos de soporte y el movimiento de espectadores", sostuvo Montenegro.
"Tanto el gobierno nacional que le pagó 4 millones de dólares a la empresa francesa Amaury Sport, y destina 28,5 millones de dólares de su presupuesto para el Dakar 2015, como los gobiernos provinciales, entre ellos el de Córdoba, que también gastan mucho dinero en la competencia, usan demagógicamente al Rally Dakar. No les importa que la carrera cueste la vida de personas inocentes y destroce ambientes únicos. Mientras puedan estar en los medios de comunicación social, a los políticos de turno –muchos de ellos candidatos en las próximas elecciones- no parece afectarles demasiado aparecer en fotos manchadas de sangre".
La denuncia se agrega a la causa sobre el Rally Dakar 2013 que está investigando el Juzgado Federal n° 1 de Córdoba, en la cual Raúl Montenegro es querellante particular "per se" y por FUNAM.
En dicha causa se analizan las graves violaciones a leyes vigentes que habrían cometido funcionarios de la Nación, como el Ministro de Turismo Enrique Meyer, funcionarios de ambiente del gobierno de Córdoba, funcionarios de otras provincias afectadas al Rally Dakar 2013, y los responsables por la empresa Amaury Sport, Etienne Lavigne y David Eli. Esta causa también es patrocinada por el Abogado Alejandro Zeverín.
El Dr. Raúl Montenegro indicó que "desde el inicio del Rally Dakar en Argentina, tanto los organizadores franceses de la competencia como funcionarios provinciales y nacionales de nuestro país han venido violando todo tipo de normas para que el lucrativo espectáculo continúe. Primero se toman las decisiones y luego se hacen los estudios ambientales a fin de aparentar legalidad. Como parte de ese desquicio el gobierno argentino amplió el gasto y redistribuyó 308,9 millones de pesos en el presupuesto 2014 para financiar los costos del Rally Dakar 2015, pero sin que antes estuvieran hechos los estudios de impacto ambiental ni emitidas las autorizaciones".
"El Rally Dakar es uno de los más recientes y toscos episodios de colonialismo, donde unos cientos de tontos pueden jugar a la aventura con vidas y ambientes ajenos ante la complicidad canallesca de gobiernos y funcionarios irresponsables", señaló.
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Fecha de Publicación: 10/01/2015
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Nacional
La organización FUNAM denunció penalmente a funcionarios públicos nacionales y provinciales por no proteger al ambiente y los ciudadanos a través del daño que causará la competencia del Dakar.
Raúl Montenegro, presidente de la Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM), sostuvo que las autoridades de Ambiente "debieron informar públicamente y con varias semanas de antelación los lugares y horarios precisos de de la competencia pero prefirieron obedecer las instrucciones de la empresa francesa organizadora, Amaury Sport, y de sus responsables, Etienne Lavigne y David Eli".
Montenegro indicó que "el secreto exigido por los organizadores viola los derechos de los argentinos y pone en grave peligro el hábitat, la vida y los bienes de muchas personas en todo el país, no solamente en Córdoba".
La acción de FUNAM, patrocinada por el Abogado Alejandro Zeverín, está siendo analizada por el Fiscal de Feria Alejandro Sánchez Freytes.
El Rally Dakar ha producido directa e indirectamente más de medio centenar de muertes en África y América del Sur, y destrozado en forma irreparable ambientes y yacimientos arqueológicos y paleontológicos en Argentina, Chile y Perú.
La denuncia se agrega a la causa que investiga el Juzgado Federal n° 1 sobre grave violación de normas por parte de funcionarios de la Nación y varias provincias, y por los organizadores franceses del Rally Dakar.
"El Gobierno de la Nación y los gobiernos provinciales que le dijeron sí al Dakar no solo debieron pagar para que pueda realizarse la competencia. También aceptaron las temerarias e ilegales condiciones de secreto que imponen Etienne Lavigne y David Eli, de la empresa francesa Amaury Sport. Anunciar a la población y a los pilotos los recorridos con apenas uno o dos días de antelación es una irresponsabilidad inaceptable. Equivale a aumentar los riesgos de que muera gente y se destrocen ambientes, porque al Rally Dakar lo conforman los vehículos que compiten, los vehículos de soporte y el movimiento de espectadores", sostuvo Montenegro.
"Tanto el gobierno nacional que le pagó 4 millones de dólares a la empresa francesa Amaury Sport, y destina 28,5 millones de dólares de su presupuesto para el Dakar 2015, como los gobiernos provinciales, entre ellos el de Córdoba, que también gastan mucho dinero en la competencia, usan demagógicamente al Rally Dakar. No les importa que la carrera cueste la vida de personas inocentes y destroce ambientes únicos. Mientras puedan estar en los medios de comunicación social, a los políticos de turno –muchos de ellos candidatos en las próximas elecciones- no parece afectarles demasiado aparecer en fotos manchadas de sangre".
La denuncia se agrega a la causa sobre el Rally Dakar 2013 que está investigando el Juzgado Federal n° 1 de Córdoba, en la cual Raúl Montenegro es querellante particular "per se" y por FUNAM.
En dicha causa se analizan las graves violaciones a leyes vigentes que habrían cometido funcionarios de la Nación, como el Ministro de Turismo Enrique Meyer, funcionarios de ambiente del gobierno de Córdoba, funcionarios de otras provincias afectadas al Rally Dakar 2013, y los responsables por la empresa Amaury Sport, Etienne Lavigne y David Eli. Esta causa también es patrocinada por el Abogado Alejandro Zeverín.
El Dr. Raúl Montenegro indicó que "desde el inicio del Rally Dakar en Argentina, tanto los organizadores franceses de la competencia como funcionarios provinciales y nacionales de nuestro país han venido violando todo tipo de normas para que el lucrativo espectáculo continúe. Primero se toman las decisiones y luego se hacen los estudios ambientales a fin de aparentar legalidad. Como parte de ese desquicio el gobierno argentino amplió el gasto y redistribuyó 308,9 millones de pesos en el presupuesto 2014 para financiar los costos del Rally Dakar 2015, pero sin que antes estuvieran hechos los estudios de impacto ambiental ni emitidas las autorizaciones".
"El Rally Dakar es uno de los más recientes y toscos episodios de colonialismo, donde unos cientos de tontos pueden jugar a la aventura con vidas y ambientes ajenos ante la complicidad canallesca de gobiernos y funcionarios irresponsables", señaló.
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Formosa avanza con la planta de uranio
La provincia de Formosa avanza en la instalación de una planta de uranio
Fecha de Publicación: 10/01/2015
Fuente: Minuto Uno
Provincia/Región: Formosa
El subsecretario de Desarrollo Económico de Formosa, Julio Araoz, estimó que durante enero "se estará cumpliendo con el acto de apertura de ofertas para la construcción de la nueva planta procesadora de dióxido de uranio", a radicarse a 15 kilómetros de la capital norteña.
"Luego de que las autoridades competentes concedieran la licencia ambiental para la instalación de la nueva planta de uranio, se avanzó en activar el proceso licitatorio para la construcción de lo que comprende la primera etapa del proyecto de la instalación de Dioxitek", explicó.
El funcionario precisó que la planta de Dioxitek, una sociedad anónima estatal, "dispondrá de una tecnología con procesos distintos" a la que la misma firma posee en la provincia de Córdoba. "Estos científicos vienen trabajando hace muchos años y han dado un gran paso, que es lograr el enriquecimiento por un método diferente", remarcó Aráoz.
Por su parte, el director general del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC) , Federico Bernal, expuso que el Proyecto NPUO2 comprende el diseño, construcción, montaje y puesta en marcha de una planta industrial que contará con tecnología de avanzada, permitiéndole producir 460 toneladas de dióxido de uranio por año a través de dos módulos de producción, con una capacidad de procesamiento de 230 t/año cada uno.
Reveló que "su diseño respetará una rigurosa política ambiental a través del cumplimiento de estándares nacionales e internacionales en la materia".
La cuestión ambiental alertó al gobierno del vecino país del Paraguay, cuyos funcionarios mostraron preocupación por el posible impacto que podría tener de su lado de la frontera. Hace pocos días, el canciller guaraní, Eladio Loizaga, informó que el Gobierno argentino invitó a los legisladores paraguayos para que visiten el lugar donde estará la planta para evitar cualquier suspicacia.
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Fecha de Publicación: 10/01/2015
Fuente: Minuto Uno
Provincia/Región: Formosa
El subsecretario de Desarrollo Económico de Formosa, Julio Araoz, estimó que durante enero "se estará cumpliendo con el acto de apertura de ofertas para la construcción de la nueva planta procesadora de dióxido de uranio", a radicarse a 15 kilómetros de la capital norteña.
"Luego de que las autoridades competentes concedieran la licencia ambiental para la instalación de la nueva planta de uranio, se avanzó en activar el proceso licitatorio para la construcción de lo que comprende la primera etapa del proyecto de la instalación de Dioxitek", explicó.
El funcionario precisó que la planta de Dioxitek, una sociedad anónima estatal, "dispondrá de una tecnología con procesos distintos" a la que la misma firma posee en la provincia de Córdoba. "Estos científicos vienen trabajando hace muchos años y han dado un gran paso, que es lograr el enriquecimiento por un método diferente", remarcó Aráoz.
Por su parte, el director general del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC) , Federico Bernal, expuso que el Proyecto NPUO2 comprende el diseño, construcción, montaje y puesta en marcha de una planta industrial que contará con tecnología de avanzada, permitiéndole producir 460 toneladas de dióxido de uranio por año a través de dos módulos de producción, con una capacidad de procesamiento de 230 t/año cada uno.
Reveló que "su diseño respetará una rigurosa política ambiental a través del cumplimiento de estándares nacionales e internacionales en la materia".
La cuestión ambiental alertó al gobierno del vecino país del Paraguay, cuyos funcionarios mostraron preocupación por el posible impacto que podría tener de su lado de la frontera. Hace pocos días, el canciller guaraní, Eladio Loizaga, informó que el Gobierno argentino invitó a los legisladores paraguayos para que visiten el lugar donde estará la planta para evitar cualquier suspicacia.
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Córdoba sigue desmontando
Segundo mes con más de mil hectáreas desmontadas
Fecha de Publicación: 09/01/2015
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
En noviembre fueron 1.122, las cuales se suman a las 1.550 de octubre. Esta vez, la región más afectada fue Mar Chiquita, según la Provincia.
Noviembre de 2014 fue el segundo mes consecutivo con más de mil hectáreas desmontadas en Córdoba. Desaparecieron 1.122 hectáreas.
El dato surge del relevamiento mensual que realiza la Provincia a partir de imágenes satelitales, sobrevuelos y controles terrestres. El 91 por ciento de ese desmonte fue ilegal.
En octubre se deforestaron 1.550 hectáreas, la segunda marca más alta del año pasado, sólo superada por el desmonte de 1.734 hectáreas de abril, que relevó en su momento la ONG Guyra a través de un análisis de imágenes satelitales.
De esta forma, el bosque nativo concluye el año con más pérdidas de las esperadas, ya que a inicio de año se había registrado un descenso en las intervenciones, incluso con desmonte cero en algunos meses, según el relevamiento de Guyra. La Provincia comenzó su monitoreo en septiembre.
“Lo primero que llama la atención de los datos es que mientras Guyra detectó 133 hectáreas desmontadas en octubre y noviembre, la Provincia detectó 2.672 hectáreas. Eso hace pensar que los desmontes de los últimos años podrían superar a los detectados por la ONG”, señala Federico Kopta, presidente del Foro Ambiental Córdoba.
A Kopta también le llama la atención la alta tasa de desmonte ilegal. “Puede que este pico tenga que ver con una especulación sobre el ordenamiento territorial que se renovará este año, a la espera de alguna amnistía sobre lo desmontado con anterioridad”, especula.
Y advierte que existe un acuerdo entre distintos sectores de que lo desmontado en forma ilegal desde 2005, cuando se sancionó la ley 9.219 que prohíbe el desmonte total, sea considerado como zona roja (con máxima protección), como indica la ley nacional.
“Esta postura la defenderemos a rajatabla, a fin de que se restaure el bosque nativo en las áreas desmontadas en forma ilegal, como obligan la ley. De lo contrario, se daría carta blanca a los desmontes y a legalizarlos con el sólo pago de una multa, como si fuera una mera parte del costo del campo”, explica.
Mar Chiquita
La mayor parte del desmonte ilegal ocurrió en Río Seco. De las 721,08 hectáreas intervenidas sin autorización en este departamento, unas 546 hectáreas corresponden a predios donde predomina la vegetación arbustiva asociada a ambientes salinos cercanos a Mar Chiquita y los Bañados del Río Dulce.
“Son intervenciones sobre espartillo, la única vegetación que crece allí. No hay árboles autóctonos como quebrachos”, explica Adrián Rinaudo, director de la Policía Ambiental, encargada del relevamiento.
Y agrega: “La gente pasa una rastra de disco para que el espartillo vuelva a tener hojas verdes y tiernas. Este rebrote sirve para el pastoreo del ganado. Hace 20 o 30 años que hacen lo mismo”.
Sin embargo, el funcionario aclara que son intervenciones ilegales sobre vegetación nativa, por lo que corresponde una sanción. “Pudimos llegar a algunos predios, pero son de difícil acceso, sobre todo en este período de lluvia”, comenta.
Rinaudo sostiene que la gente debe tomar conciencia y realizar el trámite de autorización para intervenir en la vegetación nativa. Y detalla que en general se trata de tierras públicas en donde habitan campesinos desde hace 20 años, por lo que reclaman su tenencia.
Por su parte, Kopta advierte sobre la existencia de desmontes autorizados. “Necesitamos que la Secretaría de Ambiente explicite cuánta superficie más está autorizada para intervenirse, qué tipo de intervención pueden hacer y hasta qué año. La autoridad aún no ha respondido a este reclamo”, indica.
Sobre lo que arrojará el monitoreo de diciembre de 2014, Rinaudo anticipa que habrá muy pocas hectáreas desmontadas pero por problemas de satélite. “Diciembre estuvo muy nublado por lo que fue difícil analizar las imágenes. De todas formas tratamos de compensarlo con vuelos de patrullaje”, asegura.
Datos anteriores
Entre 2012 y octubre de 2014 se deforestaron 17.557 hectáreas, o el equivalente a 22,3 canchas de fútbol como la del estadio Mario Kempes por día.
En tanto, de 2004 y 2010 desapareció el 40 por ciento de los bosques nativos del norte y oeste de la provincia. Son 269 mil hectáreas de bosques cerrados y abiertos, según un relevamiento realizado por la Universidad Nacional de Córdoba.
Antes de 2004 sólo quedaba el 10 por ciento de los 12 millones de hectáreas de bosque que había en Córdoba.
Vegetación salina. Unas 546 hectáreas fueron desmontadas en zonas salinas cercanas a Mar Chiquita, donde sólo crece el arbusto llamado espartillo.
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Fecha de Publicación: 09/01/2015
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
En noviembre fueron 1.122, las cuales se suman a las 1.550 de octubre. Esta vez, la región más afectada fue Mar Chiquita, según la Provincia.
Noviembre de 2014 fue el segundo mes consecutivo con más de mil hectáreas desmontadas en Córdoba. Desaparecieron 1.122 hectáreas.
El dato surge del relevamiento mensual que realiza la Provincia a partir de imágenes satelitales, sobrevuelos y controles terrestres. El 91 por ciento de ese desmonte fue ilegal.
En octubre se deforestaron 1.550 hectáreas, la segunda marca más alta del año pasado, sólo superada por el desmonte de 1.734 hectáreas de abril, que relevó en su momento la ONG Guyra a través de un análisis de imágenes satelitales.
De esta forma, el bosque nativo concluye el año con más pérdidas de las esperadas, ya que a inicio de año se había registrado un descenso en las intervenciones, incluso con desmonte cero en algunos meses, según el relevamiento de Guyra. La Provincia comenzó su monitoreo en septiembre.
“Lo primero que llama la atención de los datos es que mientras Guyra detectó 133 hectáreas desmontadas en octubre y noviembre, la Provincia detectó 2.672 hectáreas. Eso hace pensar que los desmontes de los últimos años podrían superar a los detectados por la ONG”, señala Federico Kopta, presidente del Foro Ambiental Córdoba.
A Kopta también le llama la atención la alta tasa de desmonte ilegal. “Puede que este pico tenga que ver con una especulación sobre el ordenamiento territorial que se renovará este año, a la espera de alguna amnistía sobre lo desmontado con anterioridad”, especula.
Y advierte que existe un acuerdo entre distintos sectores de que lo desmontado en forma ilegal desde 2005, cuando se sancionó la ley 9.219 que prohíbe el desmonte total, sea considerado como zona roja (con máxima protección), como indica la ley nacional.
“Esta postura la defenderemos a rajatabla, a fin de que se restaure el bosque nativo en las áreas desmontadas en forma ilegal, como obligan la ley. De lo contrario, se daría carta blanca a los desmontes y a legalizarlos con el sólo pago de una multa, como si fuera una mera parte del costo del campo”, explica.
Mar Chiquita
La mayor parte del desmonte ilegal ocurrió en Río Seco. De las 721,08 hectáreas intervenidas sin autorización en este departamento, unas 546 hectáreas corresponden a predios donde predomina la vegetación arbustiva asociada a ambientes salinos cercanos a Mar Chiquita y los Bañados del Río Dulce.
“Son intervenciones sobre espartillo, la única vegetación que crece allí. No hay árboles autóctonos como quebrachos”, explica Adrián Rinaudo, director de la Policía Ambiental, encargada del relevamiento.
Y agrega: “La gente pasa una rastra de disco para que el espartillo vuelva a tener hojas verdes y tiernas. Este rebrote sirve para el pastoreo del ganado. Hace 20 o 30 años que hacen lo mismo”.
Sin embargo, el funcionario aclara que son intervenciones ilegales sobre vegetación nativa, por lo que corresponde una sanción. “Pudimos llegar a algunos predios, pero son de difícil acceso, sobre todo en este período de lluvia”, comenta.
Rinaudo sostiene que la gente debe tomar conciencia y realizar el trámite de autorización para intervenir en la vegetación nativa. Y detalla que en general se trata de tierras públicas en donde habitan campesinos desde hace 20 años, por lo que reclaman su tenencia.
Por su parte, Kopta advierte sobre la existencia de desmontes autorizados. “Necesitamos que la Secretaría de Ambiente explicite cuánta superficie más está autorizada para intervenirse, qué tipo de intervención pueden hacer y hasta qué año. La autoridad aún no ha respondido a este reclamo”, indica.
Sobre lo que arrojará el monitoreo de diciembre de 2014, Rinaudo anticipa que habrá muy pocas hectáreas desmontadas pero por problemas de satélite. “Diciembre estuvo muy nublado por lo que fue difícil analizar las imágenes. De todas formas tratamos de compensarlo con vuelos de patrullaje”, asegura.
Datos anteriores
Entre 2012 y octubre de 2014 se deforestaron 17.557 hectáreas, o el equivalente a 22,3 canchas de fútbol como la del estadio Mario Kempes por día.
En tanto, de 2004 y 2010 desapareció el 40 por ciento de los bosques nativos del norte y oeste de la provincia. Son 269 mil hectáreas de bosques cerrados y abiertos, según un relevamiento realizado por la Universidad Nacional de Córdoba.
Antes de 2004 sólo quedaba el 10 por ciento de los 12 millones de hectáreas de bosque que había en Córdoba.
Vegetación salina. Unas 546 hectáreas fueron desmontadas en zonas salinas cercanas a Mar Chiquita, donde sólo crece el arbusto llamado espartillo.
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