Riachuelo sigue sin oxigenarse
09:16 | 
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Pese al plan de limpieza, el agua del Riachuelo sigue sin oxígeno
Fecha de Publicación: 28/05/2014
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
A casi seis años del fallo de la Corte Suprema de Justicia, sólo continúa el saneamiento de las márgenes en la Capital y en tramos de la costa provincial; en algunos puntos creció la contaminación, según Greenpeace
El proceso de saneamiento del Riachuelo no se refleja en el agua: a pesar de las tareas de limpieza, sigue sin oxígeno; y lo hecho no alcanza para que se empiece a notar una mejora en la calidad del hediondo líquido.
A casi seis años del fallo de la Corte Suprema de Justicia sólo siguen vigentes el saneamiento de las márgenes en la Capital y en algunos tramos de la costa bonaerense del río. Y con significativo retraso se realizan las relocalizaciones de población, el diagnóstico de las personas contaminadas y las discontinuas mediciones de contaminación del río.
En tanto, sobre el varias veces anunciado préstamo del Banco Mundial por 840 millones de dólares para construir el colector cloacal en la margen izquierda todavía no hubo novedades. Hace más de dos años se licitó la construcción de ese ducto, del desvío bajo Costanera y del Emisario Planta Riachuelo. La función de estos tubos (similares a los que se construyeron para aliviar la carga del arroyo Maldonado) es la de transportar los millones de metros cúbicos diarios de deshechos cloacales hacia las plantas de tratamiento.
Eso sí, se sumó una consultoría para debitar de ese préstamo, por medio millón de dólares, para hacer un "relevamiento patrimonial de la cuenca". La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Fundación Ciudad mostraron preocupación por este tema y presentarán un pedido de informes en los próximos días.
"No creemos que sea un tema prioritario. Prioritario es brindar agua segura, relocalizar a las personas de Villa Inflamable, en Dock Sud, concretar los estudios epidemiológicos... Tal vez más adelante, pero no creemos que esta cuestión sea urgente", dijo Andrés Nápoli, de FARN.
Las ONG -a las que se sumó Greenpeace-, que forman parte del cuerpo colegiado que debe controlar el cumplimiento del fallo que ordena la limpieza del Riachuelo, también reclaman el nombramiento de un nuevo defensor del pueblo.
"Esto afecta de manera muy directa el proceso. El cuerpo colegiado es un organismo nombrado por la Corte y el defensor es el coordinador del cuerpo; por otro lado, ante la Justicia, y por una resolución, es el único facultado para obrar en el expediente. Siendo que la defensoría es un organismo unipersonal, hoy no hay un coordinador del cuerpo. Entonces, tampoco podría la Corte pedir la opinión del defensor. A eso se agrega que no existe una persona con facultades para requerir pedidos de informes a los organismos públicos", explicó Nápoli.
La obra del colector cloacal sigue negociándose. La construcción del colector de 11,5 km fue adjudicada a Ghella-Iecsa por 2000 millones de pesos. Es la misma constructora que hizo los túneles del arroyo Maldonado, bajo el eje de la avenida Juan B. Justo. La obra del emisario subfluvial de 11 km de longitud, 3,8 m de diámetro y a 30 metros de profundidad fue adjudicada a Impregilo por 2372 millones de pesos. La construcción debería estar lista en 2019.
Aunque el préstamo del Banco Mundial está aprobado, las empresas piden el mismo trato que tuvo YPF con Chevron respecto del manejo de divisas. Al parecer, sólo se destrabaría luego de nuevas redefiniciones a cargo del Ministerio de Planificación Federal.
En tanto, un informe realizado por Greenpeace sobre la calidad de agua alerta: "Los cursos de agua del Matanza-Riachuelo mantienen niveles de contaminación medios y altos en toda su extensión, tal como ocurría hace seis años".
El informe
Las mediciones incluidas en el informe, al que tuvo acceso exclusivo LA NACION, se realizaron en dos estaciones: en otoño, de los 45 puntos de monitoreo 33 se mantuvieron en la categoría de contaminación media; dos de los puntos empeoraron y pasaron a contaminación alta, y sólo tres sitios pasaron de alta a media. Los contaminantes que se midieron son los industriales; es decir, presencia de metales como cadmio, cromo, zinc y mercurio.
"No podemos decir que esté peor, pero tampoco se puede evaluar si está mejor. Algunos parámetros mejoraron un poco, aunque hay que tener en cuenta que 2012 fue un año muy malo. Por ejemplo, los puntos en donde mejoraron ya habían tenido ese resultado y luego volvieron a empeorar. Hay que avanzar para que las mejoras se sostengan en el corto, mediano y largo plazo", indicó Lorena Pujó, coordinadora de la campaña de Tóxicos de Greenpeace.
Los Números
6 años. Es el tiempo que pasó, casi, del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia para sanear el Riachuelo; sólo siguen vigentes la limpieza de las márgenes en la Capital y en algunos lugares de la costa bonaerense del río. Con llamativo retraso sigue la relocalización de la población.
840 millones de dólares. Es el anunciado préstamo del Banco Mundial, por esta suma, para construir el colector en la margen izquierda del Riachuelo. Ya hace más de dos años que se licitó la construcción de este ducto, sin novedades.
Dudas sobre los contaminantes que soporta
- Los parámetros a tener en cuenta para determinar si un material es contaminante es una discusión que se generó tras el fallo del saneamiento de la Corte. Sin embargo, a casi seis años de aquella decisión judicial, todavía no se sabe qué carga contaminante soporta el Riachuelo.
- Esto significa que, por ejemplo, la reconversión industrial que está en marcha podría ser insuficiente. "El sistema de reconversión está creado desde las fuentes hacia el cuerpo receptor, y con las características del Riachuelo no servirá para nada", indicó Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Los límites se fijaron por resolución judicial, pero los estudios para saber cuánta contaminación soporta el río no están listos.
- "Según la Acumar, hay 500 empresas reconvertidas en la Cuenca, pero eso no se refleja en la calidad del agua. Lo más afectado es la parte baja, donde está la mayor cantidad de industrias", dijo Lorena Pujó, coordinadora de la campaña de Tóxicos de Greenpeace.
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Fecha de Publicación: 28/05/2014
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
A casi seis años del fallo de la Corte Suprema de Justicia, sólo continúa el saneamiento de las márgenes en la Capital y en tramos de la costa provincial; en algunos puntos creció la contaminación, según Greenpeace
El proceso de saneamiento del Riachuelo no se refleja en el agua: a pesar de las tareas de limpieza, sigue sin oxígeno; y lo hecho no alcanza para que se empiece a notar una mejora en la calidad del hediondo líquido.
A casi seis años del fallo de la Corte Suprema de Justicia sólo siguen vigentes el saneamiento de las márgenes en la Capital y en algunos tramos de la costa bonaerense del río. Y con significativo retraso se realizan las relocalizaciones de población, el diagnóstico de las personas contaminadas y las discontinuas mediciones de contaminación del río.
En tanto, sobre el varias veces anunciado préstamo del Banco Mundial por 840 millones de dólares para construir el colector cloacal en la margen izquierda todavía no hubo novedades. Hace más de dos años se licitó la construcción de ese ducto, del desvío bajo Costanera y del Emisario Planta Riachuelo. La función de estos tubos (similares a los que se construyeron para aliviar la carga del arroyo Maldonado) es la de transportar los millones de metros cúbicos diarios de deshechos cloacales hacia las plantas de tratamiento.
Eso sí, se sumó una consultoría para debitar de ese préstamo, por medio millón de dólares, para hacer un "relevamiento patrimonial de la cuenca". La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Fundación Ciudad mostraron preocupación por este tema y presentarán un pedido de informes en los próximos días.
"No creemos que sea un tema prioritario. Prioritario es brindar agua segura, relocalizar a las personas de Villa Inflamable, en Dock Sud, concretar los estudios epidemiológicos... Tal vez más adelante, pero no creemos que esta cuestión sea urgente", dijo Andrés Nápoli, de FARN.
Las ONG -a las que se sumó Greenpeace-, que forman parte del cuerpo colegiado que debe controlar el cumplimiento del fallo que ordena la limpieza del Riachuelo, también reclaman el nombramiento de un nuevo defensor del pueblo.
"Esto afecta de manera muy directa el proceso. El cuerpo colegiado es un organismo nombrado por la Corte y el defensor es el coordinador del cuerpo; por otro lado, ante la Justicia, y por una resolución, es el único facultado para obrar en el expediente. Siendo que la defensoría es un organismo unipersonal, hoy no hay un coordinador del cuerpo. Entonces, tampoco podría la Corte pedir la opinión del defensor. A eso se agrega que no existe una persona con facultades para requerir pedidos de informes a los organismos públicos", explicó Nápoli.
La obra del colector cloacal sigue negociándose. La construcción del colector de 11,5 km fue adjudicada a Ghella-Iecsa por 2000 millones de pesos. Es la misma constructora que hizo los túneles del arroyo Maldonado, bajo el eje de la avenida Juan B. Justo. La obra del emisario subfluvial de 11 km de longitud, 3,8 m de diámetro y a 30 metros de profundidad fue adjudicada a Impregilo por 2372 millones de pesos. La construcción debería estar lista en 2019.
Aunque el préstamo del Banco Mundial está aprobado, las empresas piden el mismo trato que tuvo YPF con Chevron respecto del manejo de divisas. Al parecer, sólo se destrabaría luego de nuevas redefiniciones a cargo del Ministerio de Planificación Federal.
En tanto, un informe realizado por Greenpeace sobre la calidad de agua alerta: "Los cursos de agua del Matanza-Riachuelo mantienen niveles de contaminación medios y altos en toda su extensión, tal como ocurría hace seis años".
El informe
Las mediciones incluidas en el informe, al que tuvo acceso exclusivo LA NACION, se realizaron en dos estaciones: en otoño, de los 45 puntos de monitoreo 33 se mantuvieron en la categoría de contaminación media; dos de los puntos empeoraron y pasaron a contaminación alta, y sólo tres sitios pasaron de alta a media. Los contaminantes que se midieron son los industriales; es decir, presencia de metales como cadmio, cromo, zinc y mercurio.
"No podemos decir que esté peor, pero tampoco se puede evaluar si está mejor. Algunos parámetros mejoraron un poco, aunque hay que tener en cuenta que 2012 fue un año muy malo. Por ejemplo, los puntos en donde mejoraron ya habían tenido ese resultado y luego volvieron a empeorar. Hay que avanzar para que las mejoras se sostengan en el corto, mediano y largo plazo", indicó Lorena Pujó, coordinadora de la campaña de Tóxicos de Greenpeace.
Los Números
6 años. Es el tiempo que pasó, casi, del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia para sanear el Riachuelo; sólo siguen vigentes la limpieza de las márgenes en la Capital y en algunos lugares de la costa bonaerense del río. Con llamativo retraso sigue la relocalización de la población.
840 millones de dólares. Es el anunciado préstamo del Banco Mundial, por esta suma, para construir el colector en la margen izquierda del Riachuelo. Ya hace más de dos años que se licitó la construcción de este ducto, sin novedades.
Dudas sobre los contaminantes que soporta
- Los parámetros a tener en cuenta para determinar si un material es contaminante es una discusión que se generó tras el fallo del saneamiento de la Corte. Sin embargo, a casi seis años de aquella decisión judicial, todavía no se sabe qué carga contaminante soporta el Riachuelo.
- Esto significa que, por ejemplo, la reconversión industrial que está en marcha podría ser insuficiente. "El sistema de reconversión está creado desde las fuentes hacia el cuerpo receptor, y con las características del Riachuelo no servirá para nada", indicó Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Los límites se fijaron por resolución judicial, pero los estudios para saber cuánta contaminación soporta el río no están listos.
- "Según la Acumar, hay 500 empresas reconvertidas en la Cuenca, pero eso no se refleja en la calidad del agua. Lo más afectado es la parte baja, donde está la mayor cantidad de industrias", dijo Lorena Pujó, coordinadora de la campaña de Tóxicos de Greenpeace.
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En la Ceamse producirán biocombustibles
Producción de biocombustible
Fecha de Publicación: 28/05/2014
Fuente: La Política On Line
Provincia/Región: Buenos Aires
La Ceamse, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y la empresa MD Servicios Industriales SRL firmaron un convenio para la producción de biocombustible de segunda generación.
En la sede porteña del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires, se firmó un convenio para la conformación de un consorcio público-privado entre el CEAMSE, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y la empresa MD Servicios Industriales SRL para el desarrollo de la investigación aplicada para la producción de biocombustible de segunda generación. Esto significa que las tierras para producir energía no compiten con las tierras para producir alimentos, ya que se utilizaran suelos no aptos para cultivos.
El ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología, Cristian Breitenstein, encabezó la firma y destacó la articulación que realizó la cartera productiva para formular este proyecto, en ese marco ponderó la asociación público privada como “un método de trabajo que permite vincular todos los recursos disponibles”, al tiempo que enfatizó el trabajo que la cartera productiva viene desarrollando con el Fondo de Innovación Tecnológica Regional-FITR del Fondo Sectorial Argentino (FONARSEC).
“No diferenciamos de donde venimos sino hacia donde vamos y en ese sentido me parece importante avanzar y concretar este proyecto, porque en la actualidad hay una gran expectativa mundial en la producción de este tipo de biocombustibles”.
Por su parte, el Presidente de CEAMSE, Raúl de Elizalde, consideró fundamental destacar que “en un predio como el de Villa Domínico, donde hay dispuestas 47 millones de toneladas, es muy importante llevar a cabo proyectos de estas características, considerando el espacio para desarrollar la actividad y los beneficios futuros que puede generar, dándole utilidad a tierras de relleno sanitario”.
El objetivo es desarrollar y optimizar la elaboración de bioetanol de 2ª generación a partir de la biomasa de Pennisetum purpurreum (un tipo de planta conocida como pasto elefante) generada en la cobertura final de un relleno sanitario cerrado, por lo que será un biocombustible que no competirá con alimentos por la tierra.
La mayor parte de las actividades se desarrollarán en el relleno sanitario cerrado de Villa Domínico dependiente de CEAMSE y en su Centro de Investigación y Desarrollo (CIDEC) involucrando ensayos de rendimiento y construcción de planta piloto de procesamiento, a cargo de la empresa MD Instalaciones Industriales. La duración del proyecto se extiende a 36 meses.
La replicación del pasto elefante se realizará en el invernáculo de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA), aprobado por el SENASA para la introducción y multiplicación de especies vegetales. En tanto, en las dependencias de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Lomas de Zamora (UNLZ) se harán evaluaciones de aptitud energética de la biomasa y el análisis de suelos de mayor complejidad.
También estuvieron presentes por parte de Ceamse el síndico titular Victor Bambill; el Ingeniero Alejandro Cittadino; el decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNLZ, Carlos Rossi; el decano de Facultad de Agronomía de la UBA, Golluscio Rodolfo; y el Socio Gerente de MD Instalaciones Industriales, Guillermo Dellagiustina, junto a Cecilia Dellagiustina y Rubén Martino.
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Fecha de Publicación: 28/05/2014
Fuente: La Política On Line
Provincia/Región: Buenos Aires
La Ceamse, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y la empresa MD Servicios Industriales SRL firmaron un convenio para la producción de biocombustible de segunda generación.
En la sede porteña del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires, se firmó un convenio para la conformación de un consorcio público-privado entre el CEAMSE, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y la empresa MD Servicios Industriales SRL para el desarrollo de la investigación aplicada para la producción de biocombustible de segunda generación. Esto significa que las tierras para producir energía no compiten con las tierras para producir alimentos, ya que se utilizaran suelos no aptos para cultivos.
El ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología, Cristian Breitenstein, encabezó la firma y destacó la articulación que realizó la cartera productiva para formular este proyecto, en ese marco ponderó la asociación público privada como “un método de trabajo que permite vincular todos los recursos disponibles”, al tiempo que enfatizó el trabajo que la cartera productiva viene desarrollando con el Fondo de Innovación Tecnológica Regional-FITR del Fondo Sectorial Argentino (FONARSEC).
“No diferenciamos de donde venimos sino hacia donde vamos y en ese sentido me parece importante avanzar y concretar este proyecto, porque en la actualidad hay una gran expectativa mundial en la producción de este tipo de biocombustibles”.
Por su parte, el Presidente de CEAMSE, Raúl de Elizalde, consideró fundamental destacar que “en un predio como el de Villa Domínico, donde hay dispuestas 47 millones de toneladas, es muy importante llevar a cabo proyectos de estas características, considerando el espacio para desarrollar la actividad y los beneficios futuros que puede generar, dándole utilidad a tierras de relleno sanitario”.
El objetivo es desarrollar y optimizar la elaboración de bioetanol de 2ª generación a partir de la biomasa de Pennisetum purpurreum (un tipo de planta conocida como pasto elefante) generada en la cobertura final de un relleno sanitario cerrado, por lo que será un biocombustible que no competirá con alimentos por la tierra.
La mayor parte de las actividades se desarrollarán en el relleno sanitario cerrado de Villa Domínico dependiente de CEAMSE y en su Centro de Investigación y Desarrollo (CIDEC) involucrando ensayos de rendimiento y construcción de planta piloto de procesamiento, a cargo de la empresa MD Instalaciones Industriales. La duración del proyecto se extiende a 36 meses.
La replicación del pasto elefante se realizará en el invernáculo de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA), aprobado por el SENASA para la introducción y multiplicación de especies vegetales. En tanto, en las dependencias de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Lomas de Zamora (UNLZ) se harán evaluaciones de aptitud energética de la biomasa y el análisis de suelos de mayor complejidad.
También estuvieron presentes por parte de Ceamse el síndico titular Victor Bambill; el Ingeniero Alejandro Cittadino; el decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNLZ, Carlos Rossi; el decano de Facultad de Agronomía de la UBA, Golluscio Rodolfo; y el Socio Gerente de MD Instalaciones Industriales, Guillermo Dellagiustina, junto a Cecilia Dellagiustina y Rubén Martino.
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La AGN señala que los bosques de Jujuy están en peligro
La deforestación de bosques nativos, un avance constante
Fecha de Publicación: 27/05/2014
Fuente: Diario Jujuy
Provincia/Región: Jujuy
El auditor general de la Nación, Alejandro Nieva, manifestó que se realiza una incorrecta implementación de la Ley 26.331 “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos”. El cual, señaló, es un tema que además de sensible, posee gran relevancia por su relación directa con la temática ambiental.
Al respecto, indicó que en nuestro país, existen seis ecorregiones que albergan bosques nativos, estas son: Parque Chaqueño, Selva de las Yungas, Selva Misionera, Espinal, Monte y Bosques Andinopatagónicos. “Estos bosques nativos, sufren una constante amenaza que consiste en la pérdida de biomasa”, expresó.
El boom de la soja, explicó, “ha generado una gran demanda de tierras que debieran preservarse, porque los bosques, y en particular los bosques nativos, tienen una función y un valor que van más allá de lo que pueda reportar la producción agropecuaria”.
En ese sentido, indicó que la Auditoría General de la Nación, aprobó recientemente un informe que analizó la implementación de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos durante los años 2007 a 2013. Allí se señaló, entre otros puntos, que “algunos ordenamientos territoriales de bosques nativos no se ajustan a lo establecido en la ley nacional. Se destaca el caso de la Provincia de Salta, en donde se realizaron recategorizaciones de conservación de los bosques nativos que implicaron pasar de una categoría de conservación Muy alta a una Mediana o Baja”, detalló.
Habiendo transcurrido más de 5 años de la sanción de la ley y cuatro de su reglamentación, agregó que “las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, y Santa Fe, no cuentan con los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos acreditados como así también se observa que el Inventario Nacional de Bosques Nativos data del año 2005, a pesar de que el programa preveía su actualización periódica”.
Por eso, finalizó diciendo que “lamentablemente, tenemos buenas leyes que no son cumplidas. Es importante fomentar la armonía entre los distintos organismos y los distintos niveles de la administración, para generar certeza y certidumbre en las distintas temáticas que incumben a la sociedad argentina”.
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Fecha de Publicación: 27/05/2014
Fuente: Diario Jujuy
Provincia/Región: Jujuy
El auditor general de la Nación, Alejandro Nieva, manifestó que se realiza una incorrecta implementación de la Ley 26.331 “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos”. El cual, señaló, es un tema que además de sensible, posee gran relevancia por su relación directa con la temática ambiental.
Al respecto, indicó que en nuestro país, existen seis ecorregiones que albergan bosques nativos, estas son: Parque Chaqueño, Selva de las Yungas, Selva Misionera, Espinal, Monte y Bosques Andinopatagónicos. “Estos bosques nativos, sufren una constante amenaza que consiste en la pérdida de biomasa”, expresó.
El boom de la soja, explicó, “ha generado una gran demanda de tierras que debieran preservarse, porque los bosques, y en particular los bosques nativos, tienen una función y un valor que van más allá de lo que pueda reportar la producción agropecuaria”.
En ese sentido, indicó que la Auditoría General de la Nación, aprobó recientemente un informe que analizó la implementación de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos durante los años 2007 a 2013. Allí se señaló, entre otros puntos, que “algunos ordenamientos territoriales de bosques nativos no se ajustan a lo establecido en la ley nacional. Se destaca el caso de la Provincia de Salta, en donde se realizaron recategorizaciones de conservación de los bosques nativos que implicaron pasar de una categoría de conservación Muy alta a una Mediana o Baja”, detalló.
Habiendo transcurrido más de 5 años de la sanción de la ley y cuatro de su reglamentación, agregó que “las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, y Santa Fe, no cuentan con los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos acreditados como así también se observa que el Inventario Nacional de Bosques Nativos data del año 2005, a pesar de que el programa preveía su actualización periódica”.
Por eso, finalizó diciendo que “lamentablemente, tenemos buenas leyes que no son cumplidas. Es importante fomentar la armonía entre los distintos organismos y los distintos niveles de la administración, para generar certeza y certidumbre en las distintas temáticas que incumben a la sociedad argentina”.
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Hoy es la Jornada mundial contra Monsanto
Un día contra los agrotóxicos
Fecha de Publicación: 27/05/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
En 200 ciudades de 49 países se realizaron actividades en contra del modelo agroindustrial basado en agroquímicos y semillas transgénicas. El epicentro en la Argentina fue la ciudad de Malvinas Argentinas, en Córdoba.
“Jornada mundial contra Monsanto”, fue la consigna de la manifestación que se realizó el sábado en 200 ciudades de 49 países. Uno de los epicentros fue Malvinas Argentinas (Córdoba), donde acaba de conocerse un estudio que conmovió a la población y acentuó las críticas a la empresa y al modelo agropecuario: análisis de la Universidad de Buenos Aires confirmaron que los vecinos tienen agroquímicos en la sangre. La Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida exigió a las autoridades gubernamentales que realicen análisis a toda la población, reiteró el rechazo a la instalación de Monsanto en Córdoba y reclamó la prohibición de uso de agroquímicos a 2500 metros de las viviendas. También hubo actos contra la compañía en Rosario, La Plata, Paraná y ciudad de Buenos Aires.
Malvinas Argentinas es una localidad cordobesa ubicada a catorce kilómetros de la capital provincial. Desde 2012 cambió su tranquilidad por la llegada de la multinacional Monsanto, que planea instalar su mayor planta de Latinoamérica de tratamiento de semillas transgénicas.
En dos años se sucedieron media docena de represiones contra los vecinos que cuestionan a la empresa, un fallo judicial que frena la construcción de la obra, la negativa de la Secretaría de Ambiente de Córdoba al estudio de impacto ambiental de Monsanto y un bloqueo de ocho meses en los portones de la planta. También dos encuestas precisan que el 60 por ciento de los vecinos rechaza a la compañía.
Malvinas Argentinas está dentro de los pueblos fumigados de Argentina, rodeado por producción agrícola industrial. Desde 2012 exigen al intendente, Daniel Arzani, y al gobernador, José Manuel de la Sota, que realicen estudios sobre la población. Nunca obtuvieron respuesta.
También presentaron un proyecto de ordenanza en 2012 para restringir las fumigaciones a 2500 metros de las viviendas. Tampoco tuvo apoyo gubernamental.
La asamblea de Malvinas Argentinas y la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) dieron a conocer un estudio exploratorio realizado por el Centro de Asesoramiento Toxicológico Analítico (Cenatoxa) y la Cátedra de Toxicología y Química Legal (ambos de la Universidad de Buenos Aires). Analizaron la sangre de diez personas (seis adultos, cuatro niños). Los resultados confirmaron las sospechas: el 70 por ciento tiene agroquímicos en sangre.
El estudio demostró que la sangre de las personas tiene los plaguicidas Aldrin, Dieldrin, DDT y Beta HCH. “Incluso bajas dosis de estos plaguicidas pueden alterar el sistema hormonal y reducir las defensas del organismo. Las consecuencias sanitarias son más graves en mujeres embarazadas, en embriones y fetos en desarrollo y en recién nacidos y niños”, explicó Raúl Montenegro, de Funam.
Vanesa Sartori, de la asamblea de Malvinas, explicó que sólo realizaron diez estudios porque cada análisis tiene un valor de 1500 pesos y aclaró que no aparecieron agroquímicos actuales (como glifosato y endosulfan) porque no consiguieron un laboratorio que sí puede detectarlos. “La sensibilidad de los aparatos no detectan glifosato, y por eso exigimos a la intendencia y a la provincia que realizan estudios sobre una muestra amplia de la población. Estamos seguros de que aparecerán todos los agroquímicos que se usan en soja y maíz transgénico”, advirtió la asambleísta.
Sartori detalló que entre las personas con plaguicidas en sangre hay dos niñas. “Imaginate lo cruel que es saber que dos nenas tendrán toda su vida esos venenos en sangre y que incluso la misma situación les tocará a sus hijos”, lamentó Sartori y señaló otro caso, el de una vecina que vive en el centro del pueblo: “Si los vecinos de frente a la plaza principal tienen plaguicidas, estamos seguros de que cuanto más cerca de los campos agropecuarios, peor será la situación. Es urgente hacer los estudios, hay enorme preocupación porque todos nuestros hijos pueden tener venenos en sangre”.
Los vecinos solicitaron a las autoridades políticas la realización de estudios sobre muestras más grandes para establecer la presencia de agroquímicos en sangre, orina y leche materna. Y, sobre todo, exigieron la suspensión definitiva de las obras de Monsanto debido a la contaminación ya existente en la localidad. “Ya estamos enfermos, con veneno en sangre, la instalación de Monsanto será un desastre y agravará la situación”, afirmó Sartori.
Montenegro, que actuó como asesor técnico de la asamblea, explicó que todos los plaguicidas detectados están prohibidos y ya no se utilizan, pero persisten en el ambiente y en las personas. “Los transfieren a sus hijas e hijos las madres embarazadas a través de la placenta primero (embriones y fetos) y durante la lactancia después, e ingresan durante toda la vida de un individuo por inhalación de partículas de suelo y la ingesta de agua y alimentos contaminados”, señaló y detalló que al Beta HCH se lo asocia a las enfermedades de Parkinson y Alzheimer, el DDT es considerado “posible cancerígeno” por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) y el Dieldrin pueden alterar el sistema inmune.
En el marco de la Jornada mundial contra Monsanto, se realizó el jueves en Malvinas Argentinas una campaña de difusión sobre los análisis de agroquímicos en sangre. Los vecinos realizaron un corte informativo, una panfleteada casa por casa y una marcha hasta la municipalidad para exigir la cancelación definitiva del permiso de instalación de Monsanto.
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Fecha de Publicación: 27/05/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
En 200 ciudades de 49 países se realizaron actividades en contra del modelo agroindustrial basado en agroquímicos y semillas transgénicas. El epicentro en la Argentina fue la ciudad de Malvinas Argentinas, en Córdoba.
“Jornada mundial contra Monsanto”, fue la consigna de la manifestación que se realizó el sábado en 200 ciudades de 49 países. Uno de los epicentros fue Malvinas Argentinas (Córdoba), donde acaba de conocerse un estudio que conmovió a la población y acentuó las críticas a la empresa y al modelo agropecuario: análisis de la Universidad de Buenos Aires confirmaron que los vecinos tienen agroquímicos en la sangre. La Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida exigió a las autoridades gubernamentales que realicen análisis a toda la población, reiteró el rechazo a la instalación de Monsanto en Córdoba y reclamó la prohibición de uso de agroquímicos a 2500 metros de las viviendas. También hubo actos contra la compañía en Rosario, La Plata, Paraná y ciudad de Buenos Aires.
Malvinas Argentinas es una localidad cordobesa ubicada a catorce kilómetros de la capital provincial. Desde 2012 cambió su tranquilidad por la llegada de la multinacional Monsanto, que planea instalar su mayor planta de Latinoamérica de tratamiento de semillas transgénicas.
En dos años se sucedieron media docena de represiones contra los vecinos que cuestionan a la empresa, un fallo judicial que frena la construcción de la obra, la negativa de la Secretaría de Ambiente de Córdoba al estudio de impacto ambiental de Monsanto y un bloqueo de ocho meses en los portones de la planta. También dos encuestas precisan que el 60 por ciento de los vecinos rechaza a la compañía.
Malvinas Argentinas está dentro de los pueblos fumigados de Argentina, rodeado por producción agrícola industrial. Desde 2012 exigen al intendente, Daniel Arzani, y al gobernador, José Manuel de la Sota, que realicen estudios sobre la población. Nunca obtuvieron respuesta.
También presentaron un proyecto de ordenanza en 2012 para restringir las fumigaciones a 2500 metros de las viviendas. Tampoco tuvo apoyo gubernamental.
La asamblea de Malvinas Argentinas y la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) dieron a conocer un estudio exploratorio realizado por el Centro de Asesoramiento Toxicológico Analítico (Cenatoxa) y la Cátedra de Toxicología y Química Legal (ambos de la Universidad de Buenos Aires). Analizaron la sangre de diez personas (seis adultos, cuatro niños). Los resultados confirmaron las sospechas: el 70 por ciento tiene agroquímicos en sangre.
El estudio demostró que la sangre de las personas tiene los plaguicidas Aldrin, Dieldrin, DDT y Beta HCH. “Incluso bajas dosis de estos plaguicidas pueden alterar el sistema hormonal y reducir las defensas del organismo. Las consecuencias sanitarias son más graves en mujeres embarazadas, en embriones y fetos en desarrollo y en recién nacidos y niños”, explicó Raúl Montenegro, de Funam.
Vanesa Sartori, de la asamblea de Malvinas, explicó que sólo realizaron diez estudios porque cada análisis tiene un valor de 1500 pesos y aclaró que no aparecieron agroquímicos actuales (como glifosato y endosulfan) porque no consiguieron un laboratorio que sí puede detectarlos. “La sensibilidad de los aparatos no detectan glifosato, y por eso exigimos a la intendencia y a la provincia que realizan estudios sobre una muestra amplia de la población. Estamos seguros de que aparecerán todos los agroquímicos que se usan en soja y maíz transgénico”, advirtió la asambleísta.
Sartori detalló que entre las personas con plaguicidas en sangre hay dos niñas. “Imaginate lo cruel que es saber que dos nenas tendrán toda su vida esos venenos en sangre y que incluso la misma situación les tocará a sus hijos”, lamentó Sartori y señaló otro caso, el de una vecina que vive en el centro del pueblo: “Si los vecinos de frente a la plaza principal tienen plaguicidas, estamos seguros de que cuanto más cerca de los campos agropecuarios, peor será la situación. Es urgente hacer los estudios, hay enorme preocupación porque todos nuestros hijos pueden tener venenos en sangre”.
Los vecinos solicitaron a las autoridades políticas la realización de estudios sobre muestras más grandes para establecer la presencia de agroquímicos en sangre, orina y leche materna. Y, sobre todo, exigieron la suspensión definitiva de las obras de Monsanto debido a la contaminación ya existente en la localidad. “Ya estamos enfermos, con veneno en sangre, la instalación de Monsanto será un desastre y agravará la situación”, afirmó Sartori.
Montenegro, que actuó como asesor técnico de la asamblea, explicó que todos los plaguicidas detectados están prohibidos y ya no se utilizan, pero persisten en el ambiente y en las personas. “Los transfieren a sus hijas e hijos las madres embarazadas a través de la placenta primero (embriones y fetos) y durante la lactancia después, e ingresan durante toda la vida de un individuo por inhalación de partículas de suelo y la ingesta de agua y alimentos contaminados”, señaló y detalló que al Beta HCH se lo asocia a las enfermedades de Parkinson y Alzheimer, el DDT es considerado “posible cancerígeno” por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) y el Dieldrin pueden alterar el sistema inmune.
En el marco de la Jornada mundial contra Monsanto, se realizó el jueves en Malvinas Argentinas una campaña de difusión sobre los análisis de agroquímicos en sangre. Los vecinos realizaron un corte informativo, una panfleteada casa por casa y una marcha hasta la municipalidad para exigir la cancelación definitiva del permiso de instalación de Monsanto.
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Los costos ocultos de los transgénicos
Transgénicos en el ojo de la tormenta
Fecha de Publicación: 27/05/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
En la actualidad, los transgénicos constituyen una de las prioridades de la agenda de ciencia y tecnología local, lo que se evidencia en la inversión pública y el sistema regulatorio. Cuáles son las ventajas de esa política y qué riesgos supone.
El mundo enfrenta una perspectiva de crecimiento demográfico y ascenso social masivo que pone en riesgo la sustentabilidad ecológica y el estilo de consumo occidental. Dichas proyecciones junto al creciente uso de biocombustibles y bioplásticos, vuelven los escenarios más temidos una realidad plausible con incipientes impactos comerciales (subas de precios, caídas en los stocks, ampliación de la frontera cultivable, etc.). En contrapartida, trae inéditas oportunidades para los países con capacidad de expandir su frontera agrícola.
La biotecnología es una revolución tecno-productiva que abre nuevos escenarios. Con ella se pueden diseñar plantas con características sumamente diversas, ya sea para obtener cultivos aptos para zonas áridas, resistentes al uso de herbicidas, con nuevos elementos nutricionales, o incluso como insumos para obtener productos industriales. Si bien no es la única técnica biotecnológica, la transgénesis supone una revolución en sí misma, pues abre la posibilidad de introducir en una planta un gen que era propio de otra especie; modifica cualitativamente los márgenes de intervención en la naturaleza, a la vez que garantiza un resultado mucho más específico que el obtenido por otras técnicas de manipulación biológica.
En el país existen trayectorias científicas consolidadas en cuanto al desarrollo de plantas transgénicas. Investigadores del sistema público fueron pioneros en Sudamérica en obtener plantas transgénicas en condiciones de laboratorio; desde hace casi 25 años, las capacidades locales de I+D se vienen multiplicando. En paralelo, Argentina también es pionera en materia de regulación de la biotecnología agrícola a través de un sistema de control de la inocuidad alimentaria y ambiental de estos cultivos.
En 1996, Argentina aprobó y adoptó el uso de cultivos transgénicos. Hoy, la mayor parte del maíz, soja y algodón implantados son de tipo transgénico. Estos, junto a la siembra directa, el desarrollo de nuevas variedades y determinados agroquímicos, conformaron un paquete tecnológico. El aumento de la productividad derivado del uso de este nuevo paquete les ha permitido a los productores que la emplearon atender el incremento de la demanda mundial y acumular ganancias, a la vez que implicó un incremento en la riqueza de la economía. El Estado obtuvo una parte vía recaudación impositiva, lo que contribuyó a sostener los distintos programas de inclusión social que implementa.
No todos los productores pueden acceder a este tipo de tecnología, lo que amerita políticas dirigidas a brindarles opciones. Además, existen serios problemas relacionados con la producción agrícola actual (poblaciones fumigadas con agroquímicos, deforestaciones para ampliar zonas de cultivos, vulnerabilidad de cultivos con menor interés comercial, problemas de títulos de propiedad, etc.) que requieren mayores esfuerzos para su solución. Si bien éstos no tienen una relación unívoca con el hecho de que los cultivos sean transgénicos, hay muchos actores sociales que plantean que todo forma parte de lo mismo, lo que termina entorpeciendo el debate sobre las posibilidades de la biotecnología agrícola local (algo similar a plantear que la emisión de gases contaminantes de muchos colectivos o los accidentes de tránsito –problemas reales y muy atendibles– se derivan mecánicamente del uso del petróleo, por lo que entonces sería negativo sostener políticas dirigidas a aumentar su producción local...).
Ahora bien, en la carrera tecnológica por el desarrollo de nuevos cultivos transgénicos, las grandes transnacionales son los actores dominantes. Las semillas transgénicas que circulan en el mercado llevan transgenes patentados por dichas empresas, lo que limita los márgenes de apropiación social de los beneficios de los transgénicos, entre otras razones, porque sólo innovan en transgenes que puedan tener una aplicación comercial amplia y las rentas tecnológicas asociadas se radican en sus casas centrales.
¿Qué oportunidades y desafíos se presentan para la Argentina en este escenario? El país tiene muchas capacidades locales para innovar en el sector. Si dispusiera de mayores esfuerzos para valorizar los desarrollos del sector público, estimulara la iniciativa privada local, introdujera cambios en el sistema regulatorio para depender menos de una lógica global –los elevados costos que implica atravesar el sistema regulatorio y la escasa presencia de emprendedores locales dispuestos a innovar en la materia, hacen que la mayoría de los desarrollos no lleguen al mercado— y afianzara vínculos con otros actores regionales de peso (sobre todo, Brasil), bien podría aprovecharse la tecnología de los transgénicos para disminuir la dependencia de las transnacionales y aumentar el desarrollo con inclusión social.
Por Pablo Pellegrini * y Guillermo Anlló **
* Investigador del Conicet/UNQ
** Investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política, FCE-UBA
Costos y beneficios
La investigación y el desarrollo (I+D) en transgénicos constituye una de las prioridades de la agenda de ciencia y tecnología local. Existieron importantes inversiones públicas en el desarrollo de capacidades relacionadas con la ingeniería genética. Además, los sistemas regulatorios, en particular la propiedad intelectual, claramente favorecen los desarrollos transgénicos por sobre otro tipo de desarrollos. Tres tipos de argumentos son utilizados para justificar este apoyo y pedir incluso más soporte desde el Estado: 1) que la transgénesis ha sido muy importante en la explicación de los aumentos de productividad en la agricultura argentina. 2) que la transgénesis, en comparación con otras técnicas de mejoramiento de semillas, representa un salto cualitativo que la convierte en la tecnología del futuro, 3) que la transgénesis podría entregar aún más beneficios sociales si ésta se gestionara y controlara desde el Estado, ya que podría satisfacer demandas sociales amplias (como, resistencia a pestes locales), no atendidas por la inversión privada.
En general, los múltiples costos que han sido atribuidos a la difusión de transgénicos y su paquete de tecnologías asociadas, se ignoran, o se argumenta que si el Estado asumiera un rol más activo, podrían ser compensados por los amplios beneficios económicos que se le atribuyen. Estos argumentos tienen varios problemas.
Primero, no hay evidencia conclusiva, ni en Argentina ni en el exterior, que indique que existe una asociación positiva entre la introducción de transgénicos y el rendimiento de la tierra. Es clara la asociación entre transgénicos y rentabilidad privada –vía reducción en los costos de los pesticidas y herbicidas—, pero no lo es la asociación entre transgénicos y rendimiento por hectárea–, la cual sí se ha encontrado más claramente asociada a mejoras introducidas con otras tecnologías de mejoramiento vegetal, como el cruzamiento clásico (asistido por biología molecular) y la mutagénesis. Nos preguntamos entonces, ¿por qué el desequilibrio a favor de la transgénesis cuando son los aumentos en el rendimiento de la tierra los que representan mejoras de mayor valor social, en la medida que son permanentes?
Segundo, dado que por el momento son pocos los eventos transgénicos disponibles en el mercado, en gran parte la evaluación del posible desempeño e importancia de la tecnología a futuro depende de las expectativas, pero éstas difieren significativamente según el tipo de actor. ¿Sobre la base de las expectativas de quiénes debería ser financiada la inversión en transgénesis? Porque para algunos actores esta tecnología representa un cambio radical en el mejoramiento vegetal (y animal) ya que permitiría ampliar hacia otras especies el pool genético que puede utilizarse en el mejoramiento. Mientras que para otros actores, los desarrollos en transgénicos amenazan la diversidad genética y económica, podrían generar efectos adversos sobre la salud y el medio ambiente difíciles de predecir, contaminan los cultivos no transgénicos e inducen a una mayor concentración productiva.
Tercero, resulta ingenuo pensar que se puede separar la “tecnología” de las instituciones que han contribuido a su desarrollo y difusión. El desarrollo de los transgénicos respondió a las estrategias de las empresas multinacionales (EMs) de generar desarrollos que les permitieran apropiarse del conocimiento, creado por ellas y por otros actores. Los marcos regulatorios internacionales que ellas mismas promueven les son funcionales a ese objetivo. En verdad sólo estados muy poderosos, de la envergadura de China han logrado algunos desarrollos en transgénicos que responden a sus necesidades locales negociando de igual a igual con las EMs. ¿Es posible pensar nuevas estrategias de investigación con un rol más preponderante del Estado, sin modificaciones profundas en los sistemas regulatorios globales (ej. de bioseguridad y derechos de propiedad) que contrabalanceen el poder de las EMs?
Finalmente, no es claro que cualquier costo que se genere por la tecnología pueda ser compensado, ya que la mayor parte de estos costos, como los que se podrían generar sobre la biodiversidad, ambiental, productiva y tecnológica, son irreversibles. Además, dado el rol dominante que tienen los transgénicos en la agenda de I+D actual, hay muchos otros costos potenciales que no se conocen porque no se ha generado información científica suficiente ni se ha buscado validar información disponible producida por otros actores de la sociedad.
Es importante repensar la política de I+D en biotecnología agrícola y equilibrar los sistemas de apoyo y las regulaciones asociadas de manera tal de asegurar la diversidad tecnológica y promover el desarrollo autónomo del país. Sólo a partir de la democratización del debate y la apertura de la agenda de I+D en biotecnología se pueden alcanzar estos objetivos de desarrollo sustentable.
Por Anabel Marín, Valeria Arza, Patrick van Zwanenberg y Mariano Fressoli *
* Centro Steps para América latina
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Fecha de Publicación: 27/05/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
En la actualidad, los transgénicos constituyen una de las prioridades de la agenda de ciencia y tecnología local, lo que se evidencia en la inversión pública y el sistema regulatorio. Cuáles son las ventajas de esa política y qué riesgos supone.
El mundo enfrenta una perspectiva de crecimiento demográfico y ascenso social masivo que pone en riesgo la sustentabilidad ecológica y el estilo de consumo occidental. Dichas proyecciones junto al creciente uso de biocombustibles y bioplásticos, vuelven los escenarios más temidos una realidad plausible con incipientes impactos comerciales (subas de precios, caídas en los stocks, ampliación de la frontera cultivable, etc.). En contrapartida, trae inéditas oportunidades para los países con capacidad de expandir su frontera agrícola.
La biotecnología es una revolución tecno-productiva que abre nuevos escenarios. Con ella se pueden diseñar plantas con características sumamente diversas, ya sea para obtener cultivos aptos para zonas áridas, resistentes al uso de herbicidas, con nuevos elementos nutricionales, o incluso como insumos para obtener productos industriales. Si bien no es la única técnica biotecnológica, la transgénesis supone una revolución en sí misma, pues abre la posibilidad de introducir en una planta un gen que era propio de otra especie; modifica cualitativamente los márgenes de intervención en la naturaleza, a la vez que garantiza un resultado mucho más específico que el obtenido por otras técnicas de manipulación biológica.
En el país existen trayectorias científicas consolidadas en cuanto al desarrollo de plantas transgénicas. Investigadores del sistema público fueron pioneros en Sudamérica en obtener plantas transgénicas en condiciones de laboratorio; desde hace casi 25 años, las capacidades locales de I+D se vienen multiplicando. En paralelo, Argentina también es pionera en materia de regulación de la biotecnología agrícola a través de un sistema de control de la inocuidad alimentaria y ambiental de estos cultivos.
En 1996, Argentina aprobó y adoptó el uso de cultivos transgénicos. Hoy, la mayor parte del maíz, soja y algodón implantados son de tipo transgénico. Estos, junto a la siembra directa, el desarrollo de nuevas variedades y determinados agroquímicos, conformaron un paquete tecnológico. El aumento de la productividad derivado del uso de este nuevo paquete les ha permitido a los productores que la emplearon atender el incremento de la demanda mundial y acumular ganancias, a la vez que implicó un incremento en la riqueza de la economía. El Estado obtuvo una parte vía recaudación impositiva, lo que contribuyó a sostener los distintos programas de inclusión social que implementa.
No todos los productores pueden acceder a este tipo de tecnología, lo que amerita políticas dirigidas a brindarles opciones. Además, existen serios problemas relacionados con la producción agrícola actual (poblaciones fumigadas con agroquímicos, deforestaciones para ampliar zonas de cultivos, vulnerabilidad de cultivos con menor interés comercial, problemas de títulos de propiedad, etc.) que requieren mayores esfuerzos para su solución. Si bien éstos no tienen una relación unívoca con el hecho de que los cultivos sean transgénicos, hay muchos actores sociales que plantean que todo forma parte de lo mismo, lo que termina entorpeciendo el debate sobre las posibilidades de la biotecnología agrícola local (algo similar a plantear que la emisión de gases contaminantes de muchos colectivos o los accidentes de tránsito –problemas reales y muy atendibles– se derivan mecánicamente del uso del petróleo, por lo que entonces sería negativo sostener políticas dirigidas a aumentar su producción local...).
Ahora bien, en la carrera tecnológica por el desarrollo de nuevos cultivos transgénicos, las grandes transnacionales son los actores dominantes. Las semillas transgénicas que circulan en el mercado llevan transgenes patentados por dichas empresas, lo que limita los márgenes de apropiación social de los beneficios de los transgénicos, entre otras razones, porque sólo innovan en transgenes que puedan tener una aplicación comercial amplia y las rentas tecnológicas asociadas se radican en sus casas centrales.
¿Qué oportunidades y desafíos se presentan para la Argentina en este escenario? El país tiene muchas capacidades locales para innovar en el sector. Si dispusiera de mayores esfuerzos para valorizar los desarrollos del sector público, estimulara la iniciativa privada local, introdujera cambios en el sistema regulatorio para depender menos de una lógica global –los elevados costos que implica atravesar el sistema regulatorio y la escasa presencia de emprendedores locales dispuestos a innovar en la materia, hacen que la mayoría de los desarrollos no lleguen al mercado— y afianzara vínculos con otros actores regionales de peso (sobre todo, Brasil), bien podría aprovecharse la tecnología de los transgénicos para disminuir la dependencia de las transnacionales y aumentar el desarrollo con inclusión social.
Por Pablo Pellegrini * y Guillermo Anlló **
* Investigador del Conicet/UNQ
** Investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política, FCE-UBA
Costos y beneficios
La investigación y el desarrollo (I+D) en transgénicos constituye una de las prioridades de la agenda de ciencia y tecnología local. Existieron importantes inversiones públicas en el desarrollo de capacidades relacionadas con la ingeniería genética. Además, los sistemas regulatorios, en particular la propiedad intelectual, claramente favorecen los desarrollos transgénicos por sobre otro tipo de desarrollos. Tres tipos de argumentos son utilizados para justificar este apoyo y pedir incluso más soporte desde el Estado: 1) que la transgénesis ha sido muy importante en la explicación de los aumentos de productividad en la agricultura argentina. 2) que la transgénesis, en comparación con otras técnicas de mejoramiento de semillas, representa un salto cualitativo que la convierte en la tecnología del futuro, 3) que la transgénesis podría entregar aún más beneficios sociales si ésta se gestionara y controlara desde el Estado, ya que podría satisfacer demandas sociales amplias (como, resistencia a pestes locales), no atendidas por la inversión privada.
En general, los múltiples costos que han sido atribuidos a la difusión de transgénicos y su paquete de tecnologías asociadas, se ignoran, o se argumenta que si el Estado asumiera un rol más activo, podrían ser compensados por los amplios beneficios económicos que se le atribuyen. Estos argumentos tienen varios problemas.
Primero, no hay evidencia conclusiva, ni en Argentina ni en el exterior, que indique que existe una asociación positiva entre la introducción de transgénicos y el rendimiento de la tierra. Es clara la asociación entre transgénicos y rentabilidad privada –vía reducción en los costos de los pesticidas y herbicidas—, pero no lo es la asociación entre transgénicos y rendimiento por hectárea–, la cual sí se ha encontrado más claramente asociada a mejoras introducidas con otras tecnologías de mejoramiento vegetal, como el cruzamiento clásico (asistido por biología molecular) y la mutagénesis. Nos preguntamos entonces, ¿por qué el desequilibrio a favor de la transgénesis cuando son los aumentos en el rendimiento de la tierra los que representan mejoras de mayor valor social, en la medida que son permanentes?
Segundo, dado que por el momento son pocos los eventos transgénicos disponibles en el mercado, en gran parte la evaluación del posible desempeño e importancia de la tecnología a futuro depende de las expectativas, pero éstas difieren significativamente según el tipo de actor. ¿Sobre la base de las expectativas de quiénes debería ser financiada la inversión en transgénesis? Porque para algunos actores esta tecnología representa un cambio radical en el mejoramiento vegetal (y animal) ya que permitiría ampliar hacia otras especies el pool genético que puede utilizarse en el mejoramiento. Mientras que para otros actores, los desarrollos en transgénicos amenazan la diversidad genética y económica, podrían generar efectos adversos sobre la salud y el medio ambiente difíciles de predecir, contaminan los cultivos no transgénicos e inducen a una mayor concentración productiva.
Tercero, resulta ingenuo pensar que se puede separar la “tecnología” de las instituciones que han contribuido a su desarrollo y difusión. El desarrollo de los transgénicos respondió a las estrategias de las empresas multinacionales (EMs) de generar desarrollos que les permitieran apropiarse del conocimiento, creado por ellas y por otros actores. Los marcos regulatorios internacionales que ellas mismas promueven les son funcionales a ese objetivo. En verdad sólo estados muy poderosos, de la envergadura de China han logrado algunos desarrollos en transgénicos que responden a sus necesidades locales negociando de igual a igual con las EMs. ¿Es posible pensar nuevas estrategias de investigación con un rol más preponderante del Estado, sin modificaciones profundas en los sistemas regulatorios globales (ej. de bioseguridad y derechos de propiedad) que contrabalanceen el poder de las EMs?
Finalmente, no es claro que cualquier costo que se genere por la tecnología pueda ser compensado, ya que la mayor parte de estos costos, como los que se podrían generar sobre la biodiversidad, ambiental, productiva y tecnológica, son irreversibles. Además, dado el rol dominante que tienen los transgénicos en la agenda de I+D actual, hay muchos otros costos potenciales que no se conocen porque no se ha generado información científica suficiente ni se ha buscado validar información disponible producida por otros actores de la sociedad.
Es importante repensar la política de I+D en biotecnología agrícola y equilibrar los sistemas de apoyo y las regulaciones asociadas de manera tal de asegurar la diversidad tecnológica y promover el desarrollo autónomo del país. Sólo a partir de la democratización del debate y la apertura de la agenda de I+D en biotecnología se pueden alcanzar estos objetivos de desarrollo sustentable.
Por Anabel Marín, Valeria Arza, Patrick van Zwanenberg y Mariano Fressoli *
* Centro Steps para América latina
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León muere de frío en zoo mendocino
Polémica: hace 15 días murió un león en el Zoo
Fecha de Publicación: 27/05/2014
Fuente: Jornada On Line
Provincia/Región: Mendoza
No obstante, la novedad la dio a conocer ayer el director del paseo, Gustavo Pronotto, cuando se informó que se había rescatado un cóndor en Tunuyán. Los resultados de la necropsia determinaron que la causa del deceso fue un tumor en el bazo.
Una nueva polémica rodea al zoológico provincial por la muerte de un león hace quince días pero que fue dada a conocer recién ayer por el director Pronotto, en la conferencia en la cual anunció que se había rescatado un cóndor andino en Tunuyán.
Los resultados de la necropsia determinaron que la causa del deceso fue un tumor en el bazo que tenía el animal, por el cual había modificado sus hábitos desde hacía un tiempo y no se alimentaba normalmente. El titular del establecimiento había dicho que la muerte se dio por causas naturales por la edad del mamífero.
Hoy se conoció que el animal había recibido tratamiento durante los dos últimos meses y los veterinarios lo seguían de cerca por el equipo de veterinarios debido a un decaimiento general.
El jefe de veterinarios del Zoo, Alberto Duarte, indicó que el león “estuvo aislado varias semanas dado que en marzo presentaba apetito caprichoso, aceptando sólo trozos pequeños de carne por lo que se le hace una contención química para evaluarlo”.
El funcionario explicó que ese mes se le realizaron al ejemplar “ecografías, muestras de sangre, de orina, hisopado rectal y frotis de lo que surgió una infección que fue tratada satisfactoriamente con terapia de antibióticos y dolor”.
Unas semanas después se lo sometió nuevamente a control por posible síncope, sin que presentara manifestación clínica de la enfermedad.
“El león murió a pesar de esos esfuerzos y sin presentar otros síntomas. La necropsia dio por resultado una lesión tumoral en el bazo y esos tejidos han sido enviados a laboratorios por estudios histopatológicos que no son rápidos pero darán la información correcta”, explicó el jefe de veterinarios.
El zoológico espera esos resultados para dar a conocer el deceso del león con un diagnóstico de certeza. Igualmente se dijo que había pasado el promedio normal de vida de su especie en libertad.
El frío y los animales
Gustavo Pronotto se refirió también a la situación de diversas especies animales debido a la ola de frío. El director sostuvo que cuando comenzaron a registrarse las bajas temperaturas, “se tomaron decenas de nuevas medidas en el parque: a los animales de climas tropicales se les ponen estufas para ambientar y todas las especies reciben una nutrición especial para contrarrestar la falta de calor”.
“La mayoría de los animales no tienen demasiados problemas ante el frío pero a todos se los ayuda nutricionalmente. En los alimentos se suman minerales, vitaminas y, en algunos casos, miel para compensar la falta de calorías del clima invernal”, explicó Duarte.
“De hecho muchos de ellos, aún en ocasiones el propio oso polar Arturo, son tratados por resfríos o gripes, enfermedades típicas del otoño e invierno mendocino ya que son animales habituados, como ocurre con todos los seres vivos, al clima en el cual han crecido”, agregó.
En los próximos días el Ministerio de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales dará un nuevo parte con los resultados histopatológicos del león, así como una estadística general de otras especies para conocimiento del público.
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Fecha de Publicación: 27/05/2014
Fuente: Jornada On Line
Provincia/Región: Mendoza
No obstante, la novedad la dio a conocer ayer el director del paseo, Gustavo Pronotto, cuando se informó que se había rescatado un cóndor en Tunuyán. Los resultados de la necropsia determinaron que la causa del deceso fue un tumor en el bazo.
Una nueva polémica rodea al zoológico provincial por la muerte de un león hace quince días pero que fue dada a conocer recién ayer por el director Pronotto, en la conferencia en la cual anunció que se había rescatado un cóndor andino en Tunuyán.
Los resultados de la necropsia determinaron que la causa del deceso fue un tumor en el bazo que tenía el animal, por el cual había modificado sus hábitos desde hacía un tiempo y no se alimentaba normalmente. El titular del establecimiento había dicho que la muerte se dio por causas naturales por la edad del mamífero.
Hoy se conoció que el animal había recibido tratamiento durante los dos últimos meses y los veterinarios lo seguían de cerca por el equipo de veterinarios debido a un decaimiento general.
El jefe de veterinarios del Zoo, Alberto Duarte, indicó que el león “estuvo aislado varias semanas dado que en marzo presentaba apetito caprichoso, aceptando sólo trozos pequeños de carne por lo que se le hace una contención química para evaluarlo”.
El funcionario explicó que ese mes se le realizaron al ejemplar “ecografías, muestras de sangre, de orina, hisopado rectal y frotis de lo que surgió una infección que fue tratada satisfactoriamente con terapia de antibióticos y dolor”.
Unas semanas después se lo sometió nuevamente a control por posible síncope, sin que presentara manifestación clínica de la enfermedad.
“El león murió a pesar de esos esfuerzos y sin presentar otros síntomas. La necropsia dio por resultado una lesión tumoral en el bazo y esos tejidos han sido enviados a laboratorios por estudios histopatológicos que no son rápidos pero darán la información correcta”, explicó el jefe de veterinarios.
El zoológico espera esos resultados para dar a conocer el deceso del león con un diagnóstico de certeza. Igualmente se dijo que había pasado el promedio normal de vida de su especie en libertad.
El frío y los animales
Gustavo Pronotto se refirió también a la situación de diversas especies animales debido a la ola de frío. El director sostuvo que cuando comenzaron a registrarse las bajas temperaturas, “se tomaron decenas de nuevas medidas en el parque: a los animales de climas tropicales se les ponen estufas para ambientar y todas las especies reciben una nutrición especial para contrarrestar la falta de calor”.
“La mayoría de los animales no tienen demasiados problemas ante el frío pero a todos se los ayuda nutricionalmente. En los alimentos se suman minerales, vitaminas y, en algunos casos, miel para compensar la falta de calorías del clima invernal”, explicó Duarte.
“De hecho muchos de ellos, aún en ocasiones el propio oso polar Arturo, son tratados por resfríos o gripes, enfermedades típicas del otoño e invierno mendocino ya que son animales habituados, como ocurre con todos los seres vivos, al clima en el cual han crecido”, agregó.
En los próximos días el Ministerio de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales dará un nuevo parte con los resultados histopatológicos del león, así como una estadística general de otras especies para conocimiento del público.
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Otro paso fundamental para que La Fidelidad sea PN
El Senado define el Parque Nacional El Impenetrable, incluida La Fidelidad
Fecha de Publicación: 26/05/2014
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Senadores nacionales brindaron su apoyo a lo que será el Parque Nacional El Impenetrable, proyecto que se viene impulsando y mediante el cual la estancia La Fidelidad, que recibió el respaldo de la Cámara de Diputados del Chaco, pasaría a ser parte de esa área protegida.
En tal sentido, ya el gobierno provincial había acordado constituir una unidad de gestión para la creación del Parque Nacional El Impenetrable, que contempla además a la Estancia La Fidelidad. El acuerdo llegó tras una reunión entre los Ministerios de Producción y de Planificación y Ambiente, junto a Fiduciaria del Norte y Lotería Chaqueña, con el objetivo de coordinar las acciones direccionadas a la organización y la transparencia en el trabajo por desarrollar, para sumar recursos desde todos los sectores de la sociedad que posibiliten realizar la iniciativa.
En cuanto a lo ocurrido en el Senado de la Nación, el vicepresidente del Directorio de la Administración de Parques Nacionales, Daniel Ramos, participó junto a Valeria Pelliza, subsecretaria de Desarrollo Turístico del Ministerio de Turismo de la Nación, del plenario de comisiones en el que se trató el proyecto de ley presentado por los senadores Eduardo Agullar y Marían Inés Pilatti Vergara, mediante el cual se aceptará la cesión de jurisdicción realizada por la provincia de Chaco de las tierras que conformarán el futuro Parque Nacional El Impenetrable.
La reunión se realizó en la antevíspera, en el salón Arturo Illia del Senado Nacional, y fue convocada por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, senador Marcelo Jorge Fuentes, junto a las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda. Se trató el proyecto de ley de aceptación de la cesión de jurisdicción efectuada por la Provincia del Chaco al Estado Nacional mediante la Ley Provincial Nº 7317/13, sobre las tierras que pasarían a conformar el futuro Parque Nacional El Impenetrable.
Con dictamen positivo, en la reunión se puso de manifiesto el apoyo unánime de los senadores, tanto del oficialismo como de la oposición, hacia la creación de este nuevo Parque Nacional en la provincia del Chaco. Tal como resaltó Daniel Ramos en su exposición, se trata de una zona del bosque chaqueño inexplorado, de gran valor para la conservación y el estudio de especies que han ido desapareciendo en zonas aledañas debido al desmonte.
A través de las diversas intervenciones de los senadores presentes se puso de manifiesto el apoyo que existe desde el Congreso de la Nación hacia las tareas que Parques Nacionales, desde hace más de 110 años, viene realizando en materia de conservación del patrimonio natural y cultural de la Nación.
En el plenario estuvieron presentes el senador nacional del bloque Proyecto Sur - Unen Fernando “Pino” Solanas, Aníbal Fernández, senador nacional por el PJ FpV, y los senadores nacionales por el Chaco Eduardo Alberto Aguilar y María Inés Pilatti Vergara, también del PJ FpV, quienes en conjunto presentaron el proyecto de ley al Congreso. Además, se contó con la presencia de numerosos representantes de las diferentes oenegés que desde un principio trabajan a favor del proyecto de Parque Nacional.
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Fecha de Publicación: 26/05/2014
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Senadores nacionales brindaron su apoyo a lo que será el Parque Nacional El Impenetrable, proyecto que se viene impulsando y mediante el cual la estancia La Fidelidad, que recibió el respaldo de la Cámara de Diputados del Chaco, pasaría a ser parte de esa área protegida.
En tal sentido, ya el gobierno provincial había acordado constituir una unidad de gestión para la creación del Parque Nacional El Impenetrable, que contempla además a la Estancia La Fidelidad. El acuerdo llegó tras una reunión entre los Ministerios de Producción y de Planificación y Ambiente, junto a Fiduciaria del Norte y Lotería Chaqueña, con el objetivo de coordinar las acciones direccionadas a la organización y la transparencia en el trabajo por desarrollar, para sumar recursos desde todos los sectores de la sociedad que posibiliten realizar la iniciativa.
En cuanto a lo ocurrido en el Senado de la Nación, el vicepresidente del Directorio de la Administración de Parques Nacionales, Daniel Ramos, participó junto a Valeria Pelliza, subsecretaria de Desarrollo Turístico del Ministerio de Turismo de la Nación, del plenario de comisiones en el que se trató el proyecto de ley presentado por los senadores Eduardo Agullar y Marían Inés Pilatti Vergara, mediante el cual se aceptará la cesión de jurisdicción realizada por la provincia de Chaco de las tierras que conformarán el futuro Parque Nacional El Impenetrable.
La reunión se realizó en la antevíspera, en el salón Arturo Illia del Senado Nacional, y fue convocada por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, senador Marcelo Jorge Fuentes, junto a las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda. Se trató el proyecto de ley de aceptación de la cesión de jurisdicción efectuada por la Provincia del Chaco al Estado Nacional mediante la Ley Provincial Nº 7317/13, sobre las tierras que pasarían a conformar el futuro Parque Nacional El Impenetrable.
Con dictamen positivo, en la reunión se puso de manifiesto el apoyo unánime de los senadores, tanto del oficialismo como de la oposición, hacia la creación de este nuevo Parque Nacional en la provincia del Chaco. Tal como resaltó Daniel Ramos en su exposición, se trata de una zona del bosque chaqueño inexplorado, de gran valor para la conservación y el estudio de especies que han ido desapareciendo en zonas aledañas debido al desmonte.
A través de las diversas intervenciones de los senadores presentes se puso de manifiesto el apoyo que existe desde el Congreso de la Nación hacia las tareas que Parques Nacionales, desde hace más de 110 años, viene realizando en materia de conservación del patrimonio natural y cultural de la Nación.
En el plenario estuvieron presentes el senador nacional del bloque Proyecto Sur - Unen Fernando “Pino” Solanas, Aníbal Fernández, senador nacional por el PJ FpV, y los senadores nacionales por el Chaco Eduardo Alberto Aguilar y María Inés Pilatti Vergara, también del PJ FpV, quienes en conjunto presentaron el proyecto de ley al Congreso. Además, se contó con la presencia de numerosos representantes de las diferentes oenegés que desde un principio trabajan a favor del proyecto de Parque Nacional.
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Bariloche en el buen camino del reciclaje de RSU
Bariloche a un paso del reciclaje total de la basura
Fecha de Publicación: 26/05/2014
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Cada año llegan al basural 40.000 toneladas de residuos y un escaso porcentaje de materiales se recupera para reciclar. Pero esa proporción comenzará a cambiar el próximo verano cuando se ponga en funcionamiento la planta de separación de residuos con un moderno sistema mecánico que ya comienza a tomar forma en el vertedero municipal.
Una enorme estructura de hierro azul ya fue emplazada en la parte posterior del vertedero a cielo abierto, a unos 300 metros del acceso por la ruta 40 Sur. En ese galpón que comenzó a construirse en febrero se diseñará una planta de separación en óptimas condiciones de seguridad e higiene para que trabajen los 60 operadores de la Asociación de Recicladores Bariloche.
La estructura que levanta la empresa Deisa con mano de obra local, adjudicataria de la licitación realizada por el ministerio de Turismo de la Nación con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. Tendrá sanitarios, vestuarios y comedor para los recicladores, además de grupos electrógenos propios para que nunca deje de operar la maquinaria que permitirá agilizar el proceso de separación de material reciclable como cartón, vidrio, metal, papel y plástico.
Esa maquinaria -que ahora se encuentra desarmada a un lado de la nueva estructura- consiste en una cinta transportadora de selección con desgarradores de bolsas, trituradora de residuos orgánicos, un sistema de cubetas de clasificación donde los operadores manualmente con el avance de los residuos en la cinta los tomarán y separarán, mientras que los metales serán absorbidos automáticamente por un imán.
Los materiales reciblables son dispuestos luego en una compactadora que forma con ellos un fardo listo para su traslado a los distintos puntos de venta del país. El resto de los residuos serán trasladados al relleno sanitario (cuya obra comenzará después de la veda invernal) que se ubicará detrás del perímetro actual del basural, en tierras que obtuvo recientemente el municipio por un acuerdo con los propietarios, y los residuos orgánicos irá a la planta de compostaje.
La planta de separación y compostaje tiene un plazo de 9 meses pero en las próximas semanas habrá tiempo sin tareas por la veda climática. Por eso se estima que para el verano estará en funcionamiento, según indicó el secretario de Desarrollo Estratégico Horacio Fernández quien admitió que se debe realizar un "cambio cultural" en la población para que separe en origen.
El resto de la obra que incluye el relleno sanitario (una excavación con membrana impermeable y separación de líquidos lixiviados) y el saneamiento del basural a cielo abierto actual, concluirá en abril.
Con el nuevo tratamiento de la basura Bariloche podrá reciclar los 310 kilos anuales de basura que genera cada habitante y engrosar así las ventas de la ARB del material recuperado. Para lograrlo se capacitará en el uso de la nueva tecnología a los recicladores y se realizarán sendas campañas de concientización de la población para facilitar la separación en origen. Un paso posterior será la definición del retiro de residuos fraccionados por material con un diagrama de días específicos de circulación del camión recolector.
El fin de una postal gris
La funesta postal del basural a cielo abierto en el acceso Sur a la ciudad desaparecerá en corto plazo, un viejo reclamo de los vecinos de barrios aledaños afectados por la quema de basura y otras emanaciones, que celebran el avance de la obra.
El ministerio de Turismo de Nación incluyó en 2010 a Bariloche en el programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en municipios turísticos con una inversión de 70 millones de pesos, un proceso que ya se desarrolló en San Martín de los Andes, Villa la Angostura, El Bolsón y Junín de los Andes.
El proyecto demorado por cuestiones administrativas y de posesión de tierras que se resolvió a fines del 2013 con la obtención de la escritura traslativa de dominio de 37 hectáreas, se dividió en tres etapas con la planta de separación que realiza la empresa Deisa S.A, el relleno sanitario que ejecutará la empresa Dessler a partir de septiembre y la remediación del vertedero actual que realizará OPS.
El nuevo basural "implica poner fin a un foco de contaminación muy grande que emana contaminación a toda la ciudad" dijo la intendenta María Eugenia Martini tiempo atrás cuando se concretaron las licitaciones para dar inicio a la obra.
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Fecha de Publicación: 26/05/2014
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Cada año llegan al basural 40.000 toneladas de residuos y un escaso porcentaje de materiales se recupera para reciclar. Pero esa proporción comenzará a cambiar el próximo verano cuando se ponga en funcionamiento la planta de separación de residuos con un moderno sistema mecánico que ya comienza a tomar forma en el vertedero municipal.
Una enorme estructura de hierro azul ya fue emplazada en la parte posterior del vertedero a cielo abierto, a unos 300 metros del acceso por la ruta 40 Sur. En ese galpón que comenzó a construirse en febrero se diseñará una planta de separación en óptimas condiciones de seguridad e higiene para que trabajen los 60 operadores de la Asociación de Recicladores Bariloche.
La estructura que levanta la empresa Deisa con mano de obra local, adjudicataria de la licitación realizada por el ministerio de Turismo de la Nación con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. Tendrá sanitarios, vestuarios y comedor para los recicladores, además de grupos electrógenos propios para que nunca deje de operar la maquinaria que permitirá agilizar el proceso de separación de material reciclable como cartón, vidrio, metal, papel y plástico.
Esa maquinaria -que ahora se encuentra desarmada a un lado de la nueva estructura- consiste en una cinta transportadora de selección con desgarradores de bolsas, trituradora de residuos orgánicos, un sistema de cubetas de clasificación donde los operadores manualmente con el avance de los residuos en la cinta los tomarán y separarán, mientras que los metales serán absorbidos automáticamente por un imán.
Los materiales reciblables son dispuestos luego en una compactadora que forma con ellos un fardo listo para su traslado a los distintos puntos de venta del país. El resto de los residuos serán trasladados al relleno sanitario (cuya obra comenzará después de la veda invernal) que se ubicará detrás del perímetro actual del basural, en tierras que obtuvo recientemente el municipio por un acuerdo con los propietarios, y los residuos orgánicos irá a la planta de compostaje.
La planta de separación y compostaje tiene un plazo de 9 meses pero en las próximas semanas habrá tiempo sin tareas por la veda climática. Por eso se estima que para el verano estará en funcionamiento, según indicó el secretario de Desarrollo Estratégico Horacio Fernández quien admitió que se debe realizar un "cambio cultural" en la población para que separe en origen.
El resto de la obra que incluye el relleno sanitario (una excavación con membrana impermeable y separación de líquidos lixiviados) y el saneamiento del basural a cielo abierto actual, concluirá en abril.
Con el nuevo tratamiento de la basura Bariloche podrá reciclar los 310 kilos anuales de basura que genera cada habitante y engrosar así las ventas de la ARB del material recuperado. Para lograrlo se capacitará en el uso de la nueva tecnología a los recicladores y se realizarán sendas campañas de concientización de la población para facilitar la separación en origen. Un paso posterior será la definición del retiro de residuos fraccionados por material con un diagrama de días específicos de circulación del camión recolector.
El fin de una postal gris
La funesta postal del basural a cielo abierto en el acceso Sur a la ciudad desaparecerá en corto plazo, un viejo reclamo de los vecinos de barrios aledaños afectados por la quema de basura y otras emanaciones, que celebran el avance de la obra.
El ministerio de Turismo de Nación incluyó en 2010 a Bariloche en el programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en municipios turísticos con una inversión de 70 millones de pesos, un proceso que ya se desarrolló en San Martín de los Andes, Villa la Angostura, El Bolsón y Junín de los Andes.
El proyecto demorado por cuestiones administrativas y de posesión de tierras que se resolvió a fines del 2013 con la obtención de la escritura traslativa de dominio de 37 hectáreas, se dividió en tres etapas con la planta de separación que realiza la empresa Deisa S.A, el relleno sanitario que ejecutará la empresa Dessler a partir de septiembre y la remediación del vertedero actual que realizará OPS.
El nuevo basural "implica poner fin a un foco de contaminación muy grande que emana contaminación a toda la ciudad" dijo la intendenta María Eugenia Martini tiempo atrás cuando se concretaron las licitaciones para dar inicio a la obra.
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Sali-Dulce: faltan obras y la zafra está cerca
Instan a ingenio a concluir obras ante el nuevo inicio de la zafra
Fecha de Publicación: 26/05/2014
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Tucumán
Los martes, miércoles y jueves pasado se realizaron nuevas inspecciones a los 10 ingenios con destilería de alcohol de Tucumán, oportunidad en la que se hicieron serias advertencias a la fábrica San Juan, por presentar algunos retrasos en sus obras de contingencias, para evitar posibles daños ambientales en la cuenca Salí Dulce.
“A este ingenio se le ha dado un plazo (25 de junio) para que concluyan con tales obras, de no concluir, desde Santiago pediremos a las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación para que no comience con la actividad zafrera”, resaltó en diálogo con Nuevo Diario, el ministro del Agua y Medio Ambiente de la Provincia, Ing. Abel Tévez, quien remarcó que el resto de las industrias, “lograron avanzar con las obras comprometido tanto para el acondicionamiento de la vinaza como para cenizas”, aseguró.
La medida de control al ingenio San Juan fue planteada en el marco de una reunión de una parte miembro del Comité de cuenca Salí Dulce realizada el pasado jueves en la sede del Ministerio, con la presencia del defensor del Pueblo de la Provincia, Martín Díaz Achával; el secretario de Medio Ambiente de Tucumán, Alfredo Montalván; representantes de la Secretaria de Medio Ambiente de la Nación, entre otros funcionarios.
La obligada mesa de trabajo, se dio en el marco de un seguimiento estricto que se hará a las fábricas alcoholeras durante el mes de inicio de la zafra azucarera en la vecina provincia, a sabiendas que a fines del mes venidero, deberá presentarse un nuevo informe ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En tanto se definió que entre los días 16 y 17 de junio, se realicen sendos monitoreos en conjunto entre los equipos de trabajo de Santiago, Tucumán, la Nación y Córdoba, quienes intervendrán también aguas abajo de la extensa cuenca del Salí Dulce, área que prevé controlarse una vez por mes, para observar los caudales que se aportan hacia su desembocadura hacia Córdoba.
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Fecha de Publicación: 26/05/2014
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Tucumán
Los martes, miércoles y jueves pasado se realizaron nuevas inspecciones a los 10 ingenios con destilería de alcohol de Tucumán, oportunidad en la que se hicieron serias advertencias a la fábrica San Juan, por presentar algunos retrasos en sus obras de contingencias, para evitar posibles daños ambientales en la cuenca Salí Dulce.
“A este ingenio se le ha dado un plazo (25 de junio) para que concluyan con tales obras, de no concluir, desde Santiago pediremos a las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación para que no comience con la actividad zafrera”, resaltó en diálogo con Nuevo Diario, el ministro del Agua y Medio Ambiente de la Provincia, Ing. Abel Tévez, quien remarcó que el resto de las industrias, “lograron avanzar con las obras comprometido tanto para el acondicionamiento de la vinaza como para cenizas”, aseguró.
La medida de control al ingenio San Juan fue planteada en el marco de una reunión de una parte miembro del Comité de cuenca Salí Dulce realizada el pasado jueves en la sede del Ministerio, con la presencia del defensor del Pueblo de la Provincia, Martín Díaz Achával; el secretario de Medio Ambiente de Tucumán, Alfredo Montalván; representantes de la Secretaria de Medio Ambiente de la Nación, entre otros funcionarios.
La obligada mesa de trabajo, se dio en el marco de un seguimiento estricto que se hará a las fábricas alcoholeras durante el mes de inicio de la zafra azucarera en la vecina provincia, a sabiendas que a fines del mes venidero, deberá presentarse un nuevo informe ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En tanto se definió que entre los días 16 y 17 de junio, se realicen sendos monitoreos en conjunto entre los equipos de trabajo de Santiago, Tucumán, la Nación y Córdoba, quienes intervendrán también aguas abajo de la extensa cuenca del Salí Dulce, área que prevé controlarse una vez por mes, para observar los caudales que se aportan hacia su desembocadura hacia Córdoba.
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Pascua Lama: demandan a la Barrick por engañar
Demandan a Barrick Gold con u$s 6.000 millones por Pascua Lama
Fecha de Publicación: 25/05/2014
Fuente: Cronista
Provincia/Región: San Juan
Un grupo de abogados acusa a la firma de tergiversar la situación del proyecto minero binacional al engañar a los inversores sobre los desafíos económicos y ambientales del proyecto.
Siguen los problemas para el proyecto minero Pascua Lama de Barrick Gold.
Tras sufrir la paralización temporal de la iniciativa en suelo nacional y de algunos “dimes y diretes” entre autoridades de Chile y Argentina, hoy se conoció que un grupo de abogados presentó una demanda colectiva por 6.000 millones de dólares en contra de la firma en Canadá.
Según reporta la edición del miércoles de Financial Post que reproduce el Diario Financiero de Chile, la demanda acusa a la firma minera y a cuatro ejecutivos de alto rango de tergiversar la situación del proyecto binacional.
La demanda asegura que que Barrick y los ejecutivos engañaron a los inversionistas sobre los desafíos económicos y ambientales del proyecto.
“Barrick sabía o debería haber sabido que los costos significativos para construir y producir oro y plata de este proyecto harían una operación especulativa”, afirma la demanda presentada en la Corte Superior de Justicia de Ontario el miércoles .
Los demandantes también acusan que la compañía entregaron una revelación inexacta o engañosa sobre las condiciones ambientales en torno al proyecto.
“La acción plantea serias preguntas sobre cómo Barrick Gold lleva a cabo sus negocios y asuntos y la manera en la que se aumentó el capital en los mercados públicos”, dijo Kirk Baert de la firma de abogados Koskie Minsky.
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Fecha de Publicación: 25/05/2014
Fuente: Cronista
Provincia/Región: San Juan
Un grupo de abogados acusa a la firma de tergiversar la situación del proyecto minero binacional al engañar a los inversores sobre los desafíos económicos y ambientales del proyecto.
Siguen los problemas para el proyecto minero Pascua Lama de Barrick Gold.
Tras sufrir la paralización temporal de la iniciativa en suelo nacional y de algunos “dimes y diretes” entre autoridades de Chile y Argentina, hoy se conoció que un grupo de abogados presentó una demanda colectiva por 6.000 millones de dólares en contra de la firma en Canadá.
Según reporta la edición del miércoles de Financial Post que reproduce el Diario Financiero de Chile, la demanda acusa a la firma minera y a cuatro ejecutivos de alto rango de tergiversar la situación del proyecto binacional.
La demanda asegura que que Barrick y los ejecutivos engañaron a los inversionistas sobre los desafíos económicos y ambientales del proyecto.
“Barrick sabía o debería haber sabido que los costos significativos para construir y producir oro y plata de este proyecto harían una operación especulativa”, afirma la demanda presentada en la Corte Superior de Justicia de Ontario el miércoles .
Los demandantes también acusan que la compañía entregaron una revelación inexacta o engañosa sobre las condiciones ambientales en torno al proyecto.
“La acción plantea serias preguntas sobre cómo Barrick Gold lleva a cabo sus negocios y asuntos y la manera en la que se aumentó el capital en los mercados públicos”, dijo Kirk Baert de la firma de abogados Koskie Minsky.
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Zonas protegidas que caen al ritmo de la soja
La soja no les deja ver el bosque
Fecha de Publicación: 25/05/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Un informe de la organización ambientalista revela que la provincia autoriza excepciones que permiten la deforestación en zonas protegidas por la ley. Los desmontes afectan a comunidades originarias y campesinas que son desplazadas.
La Ley Nacional de Bosques, sancionada en 2007 para la protección de la forestación nativa, no se cumple en la provincia de Salta, donde dos decretos permiten excepciones que ya provocaron el desmonte de 120 mil hectáreas protegidas y amenazan con arrasar otras 125 mil, una superficie que equivale a seis veces la de la Ciudad de Buenos Aires. Los datos corresponden a un informe de la organización ambientalista Greenpeace, al que accedió Página/12, en el que se detalla cuáles son las grandes empresas que avanzan sobre los bosques salteños: entre otras, El Yuto, de la familia Macri; Spinica SA, que tiene en su directorio a Alejandro Roggio, del grupo homónimo, y Cuchy, propiedad del secretario Legal y Técnico de la Ciudad de Buenos Aires, Pablo Clusellas.
“La provincia de Salta recibe 45 millones de pesos anuales por parte de la Nación en compensación por el cumplimiento de la Ley Bosques, pero con esas excepciones no está cumpliendo con la norma”, dijo a Página/12 Hernán Giardino, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace. “Salta es la provincia donde la deforestación es mayor y donde más se incumple la Ley de Bosques”, agregó.
El no cumplimiento de la ley en la provincia de Salta se planteó en la última reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente, integrado por el gobierno nacional y representantes de todas las provincias, a la que el delegado salteño no asistió. “No podemos tomar una decisión unilateral desde la Nación, porque la aplicación de la ley es federal, pero estamos proponiendo otro mecanismo para que los aportes económicos lleguen directamente a los productores que protegen los bosques y a las comunidades indígenas y campesinas, y no terminen en el tesoro de la provincia”, dijo a Página/12 la subsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Silvia Revora.
La tala de bosques nativos en Salta está motorizada principalmente por el avance descontrolado de la frontera agropecuaria. Se arrasan extensas zonas arboladas para destinarlas a la plantación de soja o el pastoreo de ganado. No solo se pierden los bosques sino que desaparecen los recursos de comunidades indígenas y campesinas, habitantes ancestrales de ese suelo aunque carecen de títulos de propiedad.
A esas poblaciones también pretende proteger la ley sancionada en 2007, al establecer que cada provincia debe hacer un Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN), en forma participativa, con criterios ambientales pero también económicos y sociales mediante el cual quede en claro qué áreas se pueden deforestar (marcadas en el mapa con verde), en cuáles está prohibido (señaladas en rojo) y dónde se puede hacer un aprovechamiento sustentable, es decir, cortar árboles pero sin desmontar (pintadas de amarillo).
En las áreas marcadas en rojo o amarillo es donde viven comunidades indígenas y campesinas, para las cuales el monte es su hábitat y su fuente de sustento.
Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, antes de la sanción de la ley ya habían sido desmontadas más de 600 mil hectáreas en Salta: 194.386 entre 1998 y 2002 y 414.934 entre 2002 y 2006. En noviembre de 2007 se sancionó la Ley de Bosques (26.331) pero solo ese año, durante el debate parlamentario y para eludir la moratoria que establecería la norma, el entonces gobernador Juan Carlos Romero autorizó el desmonte de otras 400 mil hectáreas, según denunció en su momento Greenpeace. Ese año se quintuplicaron los permisos otorgados el año anterior.
Un año después la Legislatura provincial sancionó la ley de Ordenamiento Territorial que, llamativamente, no tenía el mapa que exige la ley nacional. Fue entonces que la Corte Suprema de la Nación, al hacer lugar a un amparo de comunidades indígenas y campesinas, tuvo que ordenar la suspensión de los permisos de desmonte hasta que se incorpore el mapa.
Eso ocurrió recién en julio de 2009: la nueva reglamentación permitía la deforestación en 1.592.366 hectáreas (área verde) y la prohibía en 1.294.778 (área roja), mientras que 5.303018 quedaban para el aprovechamiento sustentable (amarillo), es decir, permitía la tala parcial para obtención de leña o pequeñas plantaciones pero no el desmonte. Así, se permitía el desmonte del 19,23 por ciento de los bosques, previo estudio de impacto ambiental y audiencia pública. Pero para los dueños de la tierra eso no era suficiente.
Según el informe de Greenpeace, desde la sanción de la ley proliferaron las solicitudes de permisos, que encontraron eco en el gobierno provincial: “Se deforestaron más de 400.000 hectáreas, de las cuales 120 mil estaban protegidas por la Ley nacional”, asegura el informe, realizado a partir de un relevamiento de las audiencias públicas realizadas en la provincia para legitimar los desmontes.
¿Cómo es el mecanismo para que una empresa pueda hacer lo que está prohibido y no pagar por las consecuencias? Sencillamente, piden al gobierno provincial la recategorización de predios clasificados en las categorías I y II (rojo y amarillo), algo que está prohibido por la ley nacional. Y el gobierno lo otorga. “Para ello se vale de dos decretos, el 2211/10 y el 3136/11, que viola las normas nacionales”, advierte Giardino.
La reglamentación de la Ley de Bosques establece que la modificación de los ordenamientos debe hacerse cada cinco años y no a cada rato, como ocurre en la provincia norteña. Y dispone que mientras tanto, “en caso de duda respecto de la afectación de un predio, en forma total o parcial, se optará por la categoría de mayor valor de conservación”.
“El desmonte afecta la vida de las comunidades wichí, que viven de la caza y utilizan la leña como su principal fuente de energía, y a los campesinos que pastorean allí a sus animales”, dice a este diario Andrés Leake, de la Fundación Refugio, que trabaja con comunidades afectadas. “Esto provoca el desplazamiento de familias a las periferias de los centros urbanos, y es el origen de problemas como alcoholismo, prostitución y marginalidad.”
“Estamos luchando contra el mercado”, dice Silvia Révora, desde la Subsecretaría de Ambiente. “Los únicos interesados en que se cumpla la ley, además de nosotros, son los pobladores originarios que viven de los bosques. Por eso vamos a concentrar nuestros aportes en ellos y no tanto en los grandes empresarios, que si no deforestan ahora lo harán el año que viene.” “Esta es la mejor ley de bosques de América latina, la única donde el Estado nacional pone dinero para conservar los bosques. Estamos trabajando para que se cumpla y tenga éxito.”
A estas empresas no les interesa
De acuerdo con el informe de Greenpeace titulado Desmontes S.A., algunas de las empresas que tramitan permisos para poder arrasar con los bosques son las siguientes:
- La finca El Carmen, en el departamento San Martín, cerca de la ciudad de Embarcación. Tiene 7407 hectáreas de las cuales el 90 por ciento son de bosques nativos. Toda la finca está clasificada en la Categoría II (amarillo), es decir, que se permite un aprovechamiento sustentable, pero no desmonte. Pese a eso, el gobierno salteño autorizó el cambio a Categoría III (verde) de 3327 hectáreas. El Carmen es propiedad de Santa Cecilia del Oeste, de Aldo Navilli e hijos. Al Grupo Navilli pertenecen además la Compañía Argentina de Granos S.A. y Molino Cañuelas.
- La finca Cuchuy, ubicada en el departamento de San Martín, abarca cerca de 10 mil hectáreas de bosques nativos, superficie clasificada en las categorías I (rojo) y II (amarillo) en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia. Los propietarios de la finca, Pablo Clusellas (secretario Legal y Técnico de la CABA) y Alejandro Jaime Braun Peña, solicitaron al gobierno provincial el cambio a la categoría verde para desmontar 8962 hectáreas, de las cuales se les otorgó permiso para 5316. El desmonte de esa superficie afectará a las comunidades indígenas Cuchuy, San José, Corralito y Chaguaral. Esas comunidades ya habían denunciado que empresarios les ofrecían pequeños lotes de tierras para que les permitan seguir desmontando. “Quedaron aisladas en océanos de soja”, cuenta Andres Leake, de la Fundación Refugio.
- La finca El Yuto, que tiene 20 mil hectáreas, en el departamento San Martín. Es propiedad de Yuto S.A., del empresario Franco Macri y sus hijos, entre ellos, el jefe de Gobierno, Mauricio Macri. Fue clasificada como Categoría II (amarillo), pero el administrador de la finca pidió el desmonte de 8163 hectáreas para explotación agrícola. En esa finca resultan afectadas las comunidades indígenas y campesinas La Chirola, La Corzuela, Algarrobito, Asamblea de Dios, Las Llanas, La Mina y El Campamento.
- La Maravilla Lote A4 abarca 6191 hectáreas y es propiedad de la empresa Spinica S.A., cuyo directorio está integrado por Alejandro Roggio, uno de los principales accionistas del Grupo Roggio, contratista del Estado en construcciones, higiene urbana y transporte. La provincia los autorizó a desmontar 1423 hectáreas.
- El Establecimiento Agrobari S.A., del empresario portugués Joào Pereira Coutiño. Tiene una extensión de 30.000 hectáreas, en el departamento de Anta. Pidió permiso para desforestar 7259 hectáreas.
- Otras fincas con permisos de desmonte son La Peregrina, (7054 hectáreas); Santo Domingo o Palo Santo (3289); Nuevo Horizonte (9103), La Charqueada (1593); Establecimiento San Francisco (5779) y Establecimiento Ganadero Los Pozos (4184 hectáreas), entre otros.
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Fecha de Publicación: 25/05/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Un informe de la organización ambientalista revela que la provincia autoriza excepciones que permiten la deforestación en zonas protegidas por la ley. Los desmontes afectan a comunidades originarias y campesinas que son desplazadas.
La Ley Nacional de Bosques, sancionada en 2007 para la protección de la forestación nativa, no se cumple en la provincia de Salta, donde dos decretos permiten excepciones que ya provocaron el desmonte de 120 mil hectáreas protegidas y amenazan con arrasar otras 125 mil, una superficie que equivale a seis veces la de la Ciudad de Buenos Aires. Los datos corresponden a un informe de la organización ambientalista Greenpeace, al que accedió Página/12, en el que se detalla cuáles son las grandes empresas que avanzan sobre los bosques salteños: entre otras, El Yuto, de la familia Macri; Spinica SA, que tiene en su directorio a Alejandro Roggio, del grupo homónimo, y Cuchy, propiedad del secretario Legal y Técnico de la Ciudad de Buenos Aires, Pablo Clusellas.
“La provincia de Salta recibe 45 millones de pesos anuales por parte de la Nación en compensación por el cumplimiento de la Ley Bosques, pero con esas excepciones no está cumpliendo con la norma”, dijo a Página/12 Hernán Giardino, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace. “Salta es la provincia donde la deforestación es mayor y donde más se incumple la Ley de Bosques”, agregó.
El no cumplimiento de la ley en la provincia de Salta se planteó en la última reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente, integrado por el gobierno nacional y representantes de todas las provincias, a la que el delegado salteño no asistió. “No podemos tomar una decisión unilateral desde la Nación, porque la aplicación de la ley es federal, pero estamos proponiendo otro mecanismo para que los aportes económicos lleguen directamente a los productores que protegen los bosques y a las comunidades indígenas y campesinas, y no terminen en el tesoro de la provincia”, dijo a Página/12 la subsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Silvia Revora.
La tala de bosques nativos en Salta está motorizada principalmente por el avance descontrolado de la frontera agropecuaria. Se arrasan extensas zonas arboladas para destinarlas a la plantación de soja o el pastoreo de ganado. No solo se pierden los bosques sino que desaparecen los recursos de comunidades indígenas y campesinas, habitantes ancestrales de ese suelo aunque carecen de títulos de propiedad.
A esas poblaciones también pretende proteger la ley sancionada en 2007, al establecer que cada provincia debe hacer un Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN), en forma participativa, con criterios ambientales pero también económicos y sociales mediante el cual quede en claro qué áreas se pueden deforestar (marcadas en el mapa con verde), en cuáles está prohibido (señaladas en rojo) y dónde se puede hacer un aprovechamiento sustentable, es decir, cortar árboles pero sin desmontar (pintadas de amarillo).
En las áreas marcadas en rojo o amarillo es donde viven comunidades indígenas y campesinas, para las cuales el monte es su hábitat y su fuente de sustento.
Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, antes de la sanción de la ley ya habían sido desmontadas más de 600 mil hectáreas en Salta: 194.386 entre 1998 y 2002 y 414.934 entre 2002 y 2006. En noviembre de 2007 se sancionó la Ley de Bosques (26.331) pero solo ese año, durante el debate parlamentario y para eludir la moratoria que establecería la norma, el entonces gobernador Juan Carlos Romero autorizó el desmonte de otras 400 mil hectáreas, según denunció en su momento Greenpeace. Ese año se quintuplicaron los permisos otorgados el año anterior.
Un año después la Legislatura provincial sancionó la ley de Ordenamiento Territorial que, llamativamente, no tenía el mapa que exige la ley nacional. Fue entonces que la Corte Suprema de la Nación, al hacer lugar a un amparo de comunidades indígenas y campesinas, tuvo que ordenar la suspensión de los permisos de desmonte hasta que se incorpore el mapa.
Eso ocurrió recién en julio de 2009: la nueva reglamentación permitía la deforestación en 1.592.366 hectáreas (área verde) y la prohibía en 1.294.778 (área roja), mientras que 5.303018 quedaban para el aprovechamiento sustentable (amarillo), es decir, permitía la tala parcial para obtención de leña o pequeñas plantaciones pero no el desmonte. Así, se permitía el desmonte del 19,23 por ciento de los bosques, previo estudio de impacto ambiental y audiencia pública. Pero para los dueños de la tierra eso no era suficiente.
Según el informe de Greenpeace, desde la sanción de la ley proliferaron las solicitudes de permisos, que encontraron eco en el gobierno provincial: “Se deforestaron más de 400.000 hectáreas, de las cuales 120 mil estaban protegidas por la Ley nacional”, asegura el informe, realizado a partir de un relevamiento de las audiencias públicas realizadas en la provincia para legitimar los desmontes.
¿Cómo es el mecanismo para que una empresa pueda hacer lo que está prohibido y no pagar por las consecuencias? Sencillamente, piden al gobierno provincial la recategorización de predios clasificados en las categorías I y II (rojo y amarillo), algo que está prohibido por la ley nacional. Y el gobierno lo otorga. “Para ello se vale de dos decretos, el 2211/10 y el 3136/11, que viola las normas nacionales”, advierte Giardino.
La reglamentación de la Ley de Bosques establece que la modificación de los ordenamientos debe hacerse cada cinco años y no a cada rato, como ocurre en la provincia norteña. Y dispone que mientras tanto, “en caso de duda respecto de la afectación de un predio, en forma total o parcial, se optará por la categoría de mayor valor de conservación”.
“El desmonte afecta la vida de las comunidades wichí, que viven de la caza y utilizan la leña como su principal fuente de energía, y a los campesinos que pastorean allí a sus animales”, dice a este diario Andrés Leake, de la Fundación Refugio, que trabaja con comunidades afectadas. “Esto provoca el desplazamiento de familias a las periferias de los centros urbanos, y es el origen de problemas como alcoholismo, prostitución y marginalidad.”
“Estamos luchando contra el mercado”, dice Silvia Révora, desde la Subsecretaría de Ambiente. “Los únicos interesados en que se cumpla la ley, además de nosotros, son los pobladores originarios que viven de los bosques. Por eso vamos a concentrar nuestros aportes en ellos y no tanto en los grandes empresarios, que si no deforestan ahora lo harán el año que viene.” “Esta es la mejor ley de bosques de América latina, la única donde el Estado nacional pone dinero para conservar los bosques. Estamos trabajando para que se cumpla y tenga éxito.”
A estas empresas no les interesa
De acuerdo con el informe de Greenpeace titulado Desmontes S.A., algunas de las empresas que tramitan permisos para poder arrasar con los bosques son las siguientes:
- La finca El Carmen, en el departamento San Martín, cerca de la ciudad de Embarcación. Tiene 7407 hectáreas de las cuales el 90 por ciento son de bosques nativos. Toda la finca está clasificada en la Categoría II (amarillo), es decir, que se permite un aprovechamiento sustentable, pero no desmonte. Pese a eso, el gobierno salteño autorizó el cambio a Categoría III (verde) de 3327 hectáreas. El Carmen es propiedad de Santa Cecilia del Oeste, de Aldo Navilli e hijos. Al Grupo Navilli pertenecen además la Compañía Argentina de Granos S.A. y Molino Cañuelas.
- La finca Cuchuy, ubicada en el departamento de San Martín, abarca cerca de 10 mil hectáreas de bosques nativos, superficie clasificada en las categorías I (rojo) y II (amarillo) en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia. Los propietarios de la finca, Pablo Clusellas (secretario Legal y Técnico de la CABA) y Alejandro Jaime Braun Peña, solicitaron al gobierno provincial el cambio a la categoría verde para desmontar 8962 hectáreas, de las cuales se les otorgó permiso para 5316. El desmonte de esa superficie afectará a las comunidades indígenas Cuchuy, San José, Corralito y Chaguaral. Esas comunidades ya habían denunciado que empresarios les ofrecían pequeños lotes de tierras para que les permitan seguir desmontando. “Quedaron aisladas en océanos de soja”, cuenta Andres Leake, de la Fundación Refugio.
- La finca El Yuto, que tiene 20 mil hectáreas, en el departamento San Martín. Es propiedad de Yuto S.A., del empresario Franco Macri y sus hijos, entre ellos, el jefe de Gobierno, Mauricio Macri. Fue clasificada como Categoría II (amarillo), pero el administrador de la finca pidió el desmonte de 8163 hectáreas para explotación agrícola. En esa finca resultan afectadas las comunidades indígenas y campesinas La Chirola, La Corzuela, Algarrobito, Asamblea de Dios, Las Llanas, La Mina y El Campamento.
- La Maravilla Lote A4 abarca 6191 hectáreas y es propiedad de la empresa Spinica S.A., cuyo directorio está integrado por Alejandro Roggio, uno de los principales accionistas del Grupo Roggio, contratista del Estado en construcciones, higiene urbana y transporte. La provincia los autorizó a desmontar 1423 hectáreas.
- El Establecimiento Agrobari S.A., del empresario portugués Joào Pereira Coutiño. Tiene una extensión de 30.000 hectáreas, en el departamento de Anta. Pidió permiso para desforestar 7259 hectáreas.
- Otras fincas con permisos de desmonte son La Peregrina, (7054 hectáreas); Santo Domingo o Palo Santo (3289); Nuevo Horizonte (9103), La Charqueada (1593); Establecimiento San Francisco (5779) y Establecimiento Ganadero Los Pozos (4184 hectáreas), entre otros.
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Se aprobó la creación del Parque Nacional Patagonia
El Senado aprobó la creación del Parque Nacional Patagonia
Fecha de Publicación: 24/05/2014
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Patagonia
La nueva área protegida preservará parte de la meseta del Lago Buenos Aires, prioritaria para la conservación de la biodiversidad de la estepa patagónica
El Senado aprobó la creación del Parque Nacional Patagonia, un proyecto impulsado por los senadores santacruceños María Ester Labado y Pablo Gonzáles, y el acompañamiento del senador Freddy Martínez.
El área que abarcará el nuevo Parque Nacional es una meseta patagónica que alberga numerosas lagunas en las que el Macá Tobiano, un ave que migra en el invierno y que está en vía de extinción, encuentra las condiciones necesarias para su nidificación.
A su vez, además de la flora y fauna patagónica, entre las que se incluyen algunas especies endémicas, se encuentra una variedad de manifestaciones arqueológicas, destacándose petroglifos y parapetos.
La decisión fue recibida con entusiasmo por parte de diferentes ONG´s como Aves Argentinas, Ambiente Sur y la Fundación Flora y Fauna en la región, que desde el año 2007 vienen trabajando para la conservación de la biodiversidad de esa zona.
Según un comunicado de la Administración de Parques Nacionales, la custodia por parte de ese organismo ya comenzó en forma previa a la creación definitiva del Parque Nacional, de acuerdo a lo previsto en la Ley Provincial de Cesión de Jurisdicción sancionada en 2013.
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Fecha de Publicación: 24/05/2014
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Patagonia
La nueva área protegida preservará parte de la meseta del Lago Buenos Aires, prioritaria para la conservación de la biodiversidad de la estepa patagónica
El Senado aprobó la creación del Parque Nacional Patagonia, un proyecto impulsado por los senadores santacruceños María Ester Labado y Pablo Gonzáles, y el acompañamiento del senador Freddy Martínez.
El área que abarcará el nuevo Parque Nacional es una meseta patagónica que alberga numerosas lagunas en las que el Macá Tobiano, un ave que migra en el invierno y que está en vía de extinción, encuentra las condiciones necesarias para su nidificación.
A su vez, además de la flora y fauna patagónica, entre las que se incluyen algunas especies endémicas, se encuentra una variedad de manifestaciones arqueológicas, destacándose petroglifos y parapetos.
La decisión fue recibida con entusiasmo por parte de diferentes ONG´s como Aves Argentinas, Ambiente Sur y la Fundación Flora y Fauna en la región, que desde el año 2007 vienen trabajando para la conservación de la biodiversidad de esa zona.
Según un comunicado de la Administración de Parques Nacionales, la custodia por parte de ese organismo ya comenzó en forma previa a la creación definitiva del Parque Nacional, de acuerdo a lo previsto en la Ley Provincial de Cesión de Jurisdicción sancionada en 2013.
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RAEE: cada argentino descarta 4 kilos al año
Cada argentino produce cuatro kilos de basura electrónica al año
Fecha de Publicación: 24/05/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
En 2012, hubo 440 mil toneladas de deshechos. Argentina es el tercer país de la región que más basura de este tipo genera.
Cada argentino produce en promedio unos cuatro kilos de basura electrónica al año, según el informe eWaste hecho en base a datos de la a Universidad de las Naciones Unidas (UNU).
El estudio revela que el país generó unos 440 mil toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (Raee) en 2012 (ver informe en PDF).
Argentina aparece en el tercer lugar del ranking regional, encabezado por Brasil, donde se generaron 1.388.000 toneladas de basura. Lo sigue México con 1.003.000 de toneladas.
Se espera que para el próximo año el país produzca unas 550.000 toneladas de basura electrónica.
El informe sostiene que el país no cuenta con una norma específica y de alcance nacional para el tratamiento de estos residuos, algo frecuente en los países de la región. "No obstante, en octubre de 2013 se presentó un proyecto de ley que obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores y espera la media sanción restante en la Cámara de Diputados", sostiene.
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Fecha de Publicación: 24/05/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
En 2012, hubo 440 mil toneladas de deshechos. Argentina es el tercer país de la región que más basura de este tipo genera.
Cada argentino produce en promedio unos cuatro kilos de basura electrónica al año, según el informe eWaste hecho en base a datos de la a Universidad de las Naciones Unidas (UNU).
El estudio revela que el país generó unos 440 mil toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (Raee) en 2012 (ver informe en PDF).
Argentina aparece en el tercer lugar del ranking regional, encabezado por Brasil, donde se generaron 1.388.000 toneladas de basura. Lo sigue México con 1.003.000 de toneladas.
Se espera que para el próximo año el país produzca unas 550.000 toneladas de basura electrónica.
El informe sostiene que el país no cuenta con una norma específica y de alcance nacional para el tratamiento de estos residuos, algo frecuente en los países de la región. "No obstante, en octubre de 2013 se presentó un proyecto de ley que obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores y espera la media sanción restante en la Cámara de Diputados", sostiene.
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Piden que Nación intervenga por bosques provinciales
Ambientalistas solicitan a la Secretaría de Ambiente de la Nación que intervenga ante la violación de la Ley de bosques en Salta y Neuquén
Fecha de Publicación: 23/05/2014
Fuente: FVS
Provincia/Región: Nacional - Salta - Neuquén
Desde la sanción de la normativa forestal nacional, la provincia de Salta ya ha recategorizado más de 125.000 hectáreas de bosques nativos inicialmente zonificados en las Categorías I (rojo) y II (amarillo). Esta información se desprende de la sumatoria de audiencias públicas convocadas por el Poder Ejecutivo provincial.
En ese sentido, resulta sumamente grave que el gobierno provincial realice en forma sistemática recategorizaciones prediales que modifican, a simple solicitud del titular de la finca, la zonificación establecida en su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). De esta manera, en Salta se autorizan grandes desmontes en bosques nativos que habían sido clasificados en las Categorías I – rojo y II – amarillo (donde está expresamente prohibido hacerlo).
Por otra parte, resulta también preocupante la situación en Neuquén, donde el municipio de Villa La Angostura recientemente propuso al Poder Ejecutivo provincial modificar la zonificación originalmente establecida en el OTBN y pasar de 2.000 a más de 5.000 las hectáreas donde se permite deforestar (cambiando a la Categoría III – verde- y a blanco, o sea sin bosques, vastas zonas forestales que estaban originalmente clasificadas en la Categoría II –amarillo-).
De aprobarse esta nueva zonificación se dejarían desprotegidos al 80% de los bosques de la zona, lo que facilitaría el desmonte de grandes extensiones para el desarrollo de grandes proyectos inmobiliarios que son fuertemente rechazados por la mayoría de la comunidad.
Cabe recordar que la zonificación vigente de bosques nativos dentro de los ejidos municipales de Neuquén fue elaborada bajo los criterios de la Ley Nacional, puesta en discusión en talleres abiertos a la comunidad, e incluida en el OTBN, aprobado por la legislatura provincial en forma unánime en noviembre de 2011.
La aplicación de la Ley de Bosques no corresponde a los municipios, sino al Poder Ejecutivo provincial, de acuerdo a lo establecido en la normativa forestal y en el artículo 124 de la Constitución Nacional.
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Fecha de Publicación: 23/05/2014
Fuente: FVS
Provincia/Región: Nacional - Salta - Neuquén
Desde la sanción de la normativa forestal nacional, la provincia de Salta ya ha recategorizado más de 125.000 hectáreas de bosques nativos inicialmente zonificados en las Categorías I (rojo) y II (amarillo). Esta información se desprende de la sumatoria de audiencias públicas convocadas por el Poder Ejecutivo provincial.
En ese sentido, resulta sumamente grave que el gobierno provincial realice en forma sistemática recategorizaciones prediales que modifican, a simple solicitud del titular de la finca, la zonificación establecida en su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). De esta manera, en Salta se autorizan grandes desmontes en bosques nativos que habían sido clasificados en las Categorías I – rojo y II – amarillo (donde está expresamente prohibido hacerlo).
Por otra parte, resulta también preocupante la situación en Neuquén, donde el municipio de Villa La Angostura recientemente propuso al Poder Ejecutivo provincial modificar la zonificación originalmente establecida en el OTBN y pasar de 2.000 a más de 5.000 las hectáreas donde se permite deforestar (cambiando a la Categoría III – verde- y a blanco, o sea sin bosques, vastas zonas forestales que estaban originalmente clasificadas en la Categoría II –amarillo-).
De aprobarse esta nueva zonificación se dejarían desprotegidos al 80% de los bosques de la zona, lo que facilitaría el desmonte de grandes extensiones para el desarrollo de grandes proyectos inmobiliarios que son fuertemente rechazados por la mayoría de la comunidad.
Cabe recordar que la zonificación vigente de bosques nativos dentro de los ejidos municipales de Neuquén fue elaborada bajo los criterios de la Ley Nacional, puesta en discusión en talleres abiertos a la comunidad, e incluida en el OTBN, aprobado por la legislatura provincial en forma unánime en noviembre de 2011.
La aplicación de la Ley de Bosques no corresponde a los municipios, sino al Poder Ejecutivo provincial, de acuerdo a lo establecido en la normativa forestal y en el artículo 124 de la Constitución Nacional.
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Córdoba: la Justicia con Monsanto va y viene
Idas y vueltas de la Justicia respecto de la multinacional Monsanto
Fecha de Publicación: 23/05/2014
Fuente: ArgenPress
Provincia/Región: Córdoba
La instalación de la planta en la localidad de Malvinas Argentinas, a 16 kilómetros de Córdoba, está paralizada por la oposición de sus vecinos y por diferentes fallos judiciales que se han pronunciado en diverso sentido.
La empresa que lidera el mercado internacional en materia de producción de semillas transgénicas de soja y maíz, la firma Monsanto, no puede todavía finalizar su instalación en Córdoba. Eso a pesar de haber comenzado las obras civiles de la planta en Malvinas Argentinas, que es similar a la que posee en Rojas, provincia de Buenos Aires, pero de mucha mayor capacidad, al punto que, si prospera, sería la planta más grande de Monsanto a nivel mundial.
Los cordobeses, haciendo honor a su fama de "díscolos", le están complicando las cosas a la multinacional con sede en Saint Louis, Estados Unidos. Además de la oposición de los vecinos organizados en la "Asamblea Malvinas Lucha por la Vida", y apoyados por un amplio arco de organizaciones sociales, políticas, gremiales, de derechos humanos y defensoras del medio ambiente, la semana pasada se denunció los efectos nocivos para la salud de las personas, que provocará la instalación de dicha planta productora de semillas de maíz.
Denuncia
El martes 13, en el Gremio de los Judiciales de Córdoba, tuvo lugar una conferencia de prensa, simultánea con otras que se realizaban en diferentes ciudades del país, para informar sobre los resultados de análisis de sangre efectuados a diez pobladores de Malvinas Argentinas, seis mayores y cuatro menores.
Esos análisis mostraron un dato muy preocupante: en siete de esos diez se encontró presencia de plaguicidas en la sangre, que son muy persistentes, y entre ellos se encuentran algunos como Aldrin, Dieldrin, DDT y Beta HCH.
La conferencia de prensa en Córdoba fue presidida por Raúl Montenegro, titular de la Fundación por la Defensa del Ambiente (Funam) y premio Nobel alternativo 2004, junto a integrantes de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, entre ellos su abogado, Federico Macciocchi. Montenegro, que es biólogo y titular de la cátedra de Biología Evolutiva de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), y quien se encuentra asesorando a los vecinos de Malvinas Argentinas, advirtió que "incluso bajas dosis de estos plaguicidas pueden alterar el sistema hormonal y reducir las defensas del organismo".
Contaminación en sangre
El biólogo expresó que estos plaguicidas están prohibidos pero "persisten en el ambiente y en las personas. Los transfieren a sus hijas e hijos las madres embarazadas a través de la placenta primero -embriones y fetos-, y durante la lactancia después, e ingresan durante toda la vida de un individuo por inhalación de partículas de suelo y la ingesta de agua y alimentos contaminados".
Los análisis de sangre fueron encargados por la Asamblea Malvinas a la Universidad de Buenos Aires, porque ni la municipalidad de esa localidad ni el gobierno de José Manuel de la Sota, accedieron a costear esos estudios en la población.
Ahora, con los resultados en la mano y la comprobación de que Malvinas Argentinas es una población en riesgo por la gran proporción de vecinos con contaminación en su sangre, la Asamblea y la Funam exigen la realización de "estudios sobre muestras más grandes para establecer la presencia de agroquímicos en sangre, orina y leche materna" y la puesta en marcha, para toda la provincia, de un Observatorio Ambiental de residuos peligrosos y de un Observatorio Epidemiológico, ambos continuos.
El dirigente de la Funam denunció que en Malvinas Argentinas existe un "fondo" de contaminación por plaguicidas "en el cuerpo de personas de todas las edades, y seguramente en los suelos y aguas subterráneas. Esto es el resultado de años de pulverizaciones y la carencia de una ordenanza que prohíba la aplicación periurbana de plaguicidas agrícolas". Esta situación agrava de por sí el efecto negativo que tendría la instalación de la planta de Monsanto, pues "descargaría partículas contaminadas con plaguicidas durante las operaciones de manejo de maíz transgénico (descarga, desgranado, secado) y al aplicarlos en silos y curado de semillas".
Justicia que mira y no ve
El Poder Judicial de Córdoba ya tuvo su participación en casos de impacto ambiental, como fue en 2012, con el juicio por las fumigaciones en barrio Ituzaingó Anexo, en la zona sudeste de la ciudad capital. En ese juicio, que fue el primero en Argentina y en América Latina, se condenó, a penas leves, a los productores agrícolas y al aviador que participaron de fumigaciones.
Pero una cosa es juzgar a dos medianos productores agropecuarios y a un aviador, y otra muy distinta, a la multinacional Monsanto. Es así, que los amparos judiciales presentados por los vecinos de Malvinas Argentinas, patrocinados por el joven abogado Macciocchi, del Club de Derecho, han tenido idas y vueltas, con dispares resoluciones, algunas denegando y otras acogiendo su petición, que no era otra que se respetara la legislación nacional y provincial en defensa del ambiente. Según estas normas, ninguna planta puede instalarse si previamente no presenta un estudio de impacto ambiental, que demuestre que no es peligrosa ni dañina para la salud de los pobladores o del medioambiente. Y en la legislación nacional se prevé una consulta popular si el emprendimiento a instalarse genera malestar en la población.
En Río Cuarto, el intendente radical Juan Jure, decidió el año pasado por decreto rechazar la instalación de Monsanto, con el apoyo de la Universidad Nacional y la oposición de la Sociedad Rural y el Centro Empresario, en base a los estudios realizados por la Dirección de Zoonosis y Ambiente del Entre Descentralizado de Control Municipal. Jure dijo en ese momento que lo hacía, sobre todo, para preservar la "paz social" en esa ciudad.
Poderes en sintonía
En abril de 2013, el Tribunal Superior de Justicia dictó un fallo que rechazaba la pretensión de los vecinos de Malvinas Argentinas y, aduciendo que se trataba sólo de "autorizar las obras civiles" de la planta de Monsanto, permitió que las mismas continuaran. De esta forma el TSJ, en sintonía con el gobierno provincial y el intendente Arzani, daban "vía libre" a la empresa multinacional, para que continuara la construcción de la planta. Obviamente constituía toda una señal jurídico-política para que luego obtuviera la autorización definitiva, sobre todo teniendo en cuenta la gran inversión que implica esta instalación.
Pero los vecinos no se amilanaron y a la par que cortaban el acceso a la planta, para impedir la continuidad de las obras, siguieron la batalla judicial.
Nuevamente un fallo de primera instancia les rechazó el pedido de paralización de las obras, pero luego una sentencia de la Cámara Laboral, Sala II, en enero de 2014, hizo lugar al amparo, y prohibió a Monsanto continuar con la construcción de la planta, hasta tanto no se presentara un estudio de impacto ambiental, tal como lo dispone la legislación nacional.
Apelación
Esa resolución fue apelada tanto por Monsanto como por el intendente Arzani, éste último ya muy castigado por las numerosas movilizaciones de los vecinos en Malvinas Argentinas, algunas de las cuales fueron duramente reprimidas. También hubo marchas en Córdoba Capital.
Y aunque la Cámara Laboral rechazó los recursos, los disconformes fueron en queja al Tribunal Superior, que acogió ese pedido y en pocas semanas más se espera una resolución.
Según el periodista Luis Kempa, de La Voz del Interior, quien suele publicar primicias del máximo tribunal cordobés, el fallo del TSJ estaría en sintonía con el del año pasado, esto es, autorizaría a Monsanto a continuar la construcción de su planta procesadora y productora de semillas transgénicas de maíz. Todo ello, invocando la "seguridad jurídica", en una causa sobre derecho ambiental, contra la multinacional más denunciada en todo el mundo.
Si ésa fuera la decisión del TSJ cordobés, sus integrantes estarían desoyendo a un científico de indudable prestigio como Montenegro, y a las numerosas denuncias sobre la contaminación en los pobladores de Malvinas Argentinas, cuya salud se vería aún más resentida con los efectos de la manipulación de sustancias como las que utiliza Monsanto.
¿Cerca de la gente?
El TSJ de Córdoba suele utilizar como lema de su gestión la frase: "Justicia cerca de la gente". Un fallo favorable a la radicación de esa empresa en Córdoba, muy por el contrario, sería una demostración de un Poder Judicial que favorece a los poderosos y deniega los reclamos de los más vulnerables y humildes, la salud pública y los derechos ambientales.
Sería de esperar que los vocales del TSJ, incluso su presidente, que fue denunciado el año pasado por ser titular de un emprendimiento agropecuario, situación incompatible con la función de un magistrado, atiendan la petición razonable y justa de una población que ya tiene su salud resentida. Ellos tienen derecho a vivir, como lo dice el artículo 41 de la Constitución Nacional, en un "ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo".
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Fecha de Publicación: 23/05/2014
Fuente: ArgenPress
Provincia/Región: Córdoba
La instalación de la planta en la localidad de Malvinas Argentinas, a 16 kilómetros de Córdoba, está paralizada por la oposición de sus vecinos y por diferentes fallos judiciales que se han pronunciado en diverso sentido.
La empresa que lidera el mercado internacional en materia de producción de semillas transgénicas de soja y maíz, la firma Monsanto, no puede todavía finalizar su instalación en Córdoba. Eso a pesar de haber comenzado las obras civiles de la planta en Malvinas Argentinas, que es similar a la que posee en Rojas, provincia de Buenos Aires, pero de mucha mayor capacidad, al punto que, si prospera, sería la planta más grande de Monsanto a nivel mundial.
Los cordobeses, haciendo honor a su fama de "díscolos", le están complicando las cosas a la multinacional con sede en Saint Louis, Estados Unidos. Además de la oposición de los vecinos organizados en la "Asamblea Malvinas Lucha por la Vida", y apoyados por un amplio arco de organizaciones sociales, políticas, gremiales, de derechos humanos y defensoras del medio ambiente, la semana pasada se denunció los efectos nocivos para la salud de las personas, que provocará la instalación de dicha planta productora de semillas de maíz.
Denuncia
El martes 13, en el Gremio de los Judiciales de Córdoba, tuvo lugar una conferencia de prensa, simultánea con otras que se realizaban en diferentes ciudades del país, para informar sobre los resultados de análisis de sangre efectuados a diez pobladores de Malvinas Argentinas, seis mayores y cuatro menores.
Esos análisis mostraron un dato muy preocupante: en siete de esos diez se encontró presencia de plaguicidas en la sangre, que son muy persistentes, y entre ellos se encuentran algunos como Aldrin, Dieldrin, DDT y Beta HCH.
La conferencia de prensa en Córdoba fue presidida por Raúl Montenegro, titular de la Fundación por la Defensa del Ambiente (Funam) y premio Nobel alternativo 2004, junto a integrantes de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, entre ellos su abogado, Federico Macciocchi. Montenegro, que es biólogo y titular de la cátedra de Biología Evolutiva de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), y quien se encuentra asesorando a los vecinos de Malvinas Argentinas, advirtió que "incluso bajas dosis de estos plaguicidas pueden alterar el sistema hormonal y reducir las defensas del organismo".
Contaminación en sangre
El biólogo expresó que estos plaguicidas están prohibidos pero "persisten en el ambiente y en las personas. Los transfieren a sus hijas e hijos las madres embarazadas a través de la placenta primero -embriones y fetos-, y durante la lactancia después, e ingresan durante toda la vida de un individuo por inhalación de partículas de suelo y la ingesta de agua y alimentos contaminados".
Los análisis de sangre fueron encargados por la Asamblea Malvinas a la Universidad de Buenos Aires, porque ni la municipalidad de esa localidad ni el gobierno de José Manuel de la Sota, accedieron a costear esos estudios en la población.
Ahora, con los resultados en la mano y la comprobación de que Malvinas Argentinas es una población en riesgo por la gran proporción de vecinos con contaminación en su sangre, la Asamblea y la Funam exigen la realización de "estudios sobre muestras más grandes para establecer la presencia de agroquímicos en sangre, orina y leche materna" y la puesta en marcha, para toda la provincia, de un Observatorio Ambiental de residuos peligrosos y de un Observatorio Epidemiológico, ambos continuos.
El dirigente de la Funam denunció que en Malvinas Argentinas existe un "fondo" de contaminación por plaguicidas "en el cuerpo de personas de todas las edades, y seguramente en los suelos y aguas subterráneas. Esto es el resultado de años de pulverizaciones y la carencia de una ordenanza que prohíba la aplicación periurbana de plaguicidas agrícolas". Esta situación agrava de por sí el efecto negativo que tendría la instalación de la planta de Monsanto, pues "descargaría partículas contaminadas con plaguicidas durante las operaciones de manejo de maíz transgénico (descarga, desgranado, secado) y al aplicarlos en silos y curado de semillas".
Justicia que mira y no ve
El Poder Judicial de Córdoba ya tuvo su participación en casos de impacto ambiental, como fue en 2012, con el juicio por las fumigaciones en barrio Ituzaingó Anexo, en la zona sudeste de la ciudad capital. En ese juicio, que fue el primero en Argentina y en América Latina, se condenó, a penas leves, a los productores agrícolas y al aviador que participaron de fumigaciones.
Pero una cosa es juzgar a dos medianos productores agropecuarios y a un aviador, y otra muy distinta, a la multinacional Monsanto. Es así, que los amparos judiciales presentados por los vecinos de Malvinas Argentinas, patrocinados por el joven abogado Macciocchi, del Club de Derecho, han tenido idas y vueltas, con dispares resoluciones, algunas denegando y otras acogiendo su petición, que no era otra que se respetara la legislación nacional y provincial en defensa del ambiente. Según estas normas, ninguna planta puede instalarse si previamente no presenta un estudio de impacto ambiental, que demuestre que no es peligrosa ni dañina para la salud de los pobladores o del medioambiente. Y en la legislación nacional se prevé una consulta popular si el emprendimiento a instalarse genera malestar en la población.
En Río Cuarto, el intendente radical Juan Jure, decidió el año pasado por decreto rechazar la instalación de Monsanto, con el apoyo de la Universidad Nacional y la oposición de la Sociedad Rural y el Centro Empresario, en base a los estudios realizados por la Dirección de Zoonosis y Ambiente del Entre Descentralizado de Control Municipal. Jure dijo en ese momento que lo hacía, sobre todo, para preservar la "paz social" en esa ciudad.
Poderes en sintonía
En abril de 2013, el Tribunal Superior de Justicia dictó un fallo que rechazaba la pretensión de los vecinos de Malvinas Argentinas y, aduciendo que se trataba sólo de "autorizar las obras civiles" de la planta de Monsanto, permitió que las mismas continuaran. De esta forma el TSJ, en sintonía con el gobierno provincial y el intendente Arzani, daban "vía libre" a la empresa multinacional, para que continuara la construcción de la planta. Obviamente constituía toda una señal jurídico-política para que luego obtuviera la autorización definitiva, sobre todo teniendo en cuenta la gran inversión que implica esta instalación.
Pero los vecinos no se amilanaron y a la par que cortaban el acceso a la planta, para impedir la continuidad de las obras, siguieron la batalla judicial.
Nuevamente un fallo de primera instancia les rechazó el pedido de paralización de las obras, pero luego una sentencia de la Cámara Laboral, Sala II, en enero de 2014, hizo lugar al amparo, y prohibió a Monsanto continuar con la construcción de la planta, hasta tanto no se presentara un estudio de impacto ambiental, tal como lo dispone la legislación nacional.
Apelación
Esa resolución fue apelada tanto por Monsanto como por el intendente Arzani, éste último ya muy castigado por las numerosas movilizaciones de los vecinos en Malvinas Argentinas, algunas de las cuales fueron duramente reprimidas. También hubo marchas en Córdoba Capital.
Y aunque la Cámara Laboral rechazó los recursos, los disconformes fueron en queja al Tribunal Superior, que acogió ese pedido y en pocas semanas más se espera una resolución.
Según el periodista Luis Kempa, de La Voz del Interior, quien suele publicar primicias del máximo tribunal cordobés, el fallo del TSJ estaría en sintonía con el del año pasado, esto es, autorizaría a Monsanto a continuar la construcción de su planta procesadora y productora de semillas transgénicas de maíz. Todo ello, invocando la "seguridad jurídica", en una causa sobre derecho ambiental, contra la multinacional más denunciada en todo el mundo.
Si ésa fuera la decisión del TSJ cordobés, sus integrantes estarían desoyendo a un científico de indudable prestigio como Montenegro, y a las numerosas denuncias sobre la contaminación en los pobladores de Malvinas Argentinas, cuya salud se vería aún más resentida con los efectos de la manipulación de sustancias como las que utiliza Monsanto.
¿Cerca de la gente?
El TSJ de Córdoba suele utilizar como lema de su gestión la frase: "Justicia cerca de la gente". Un fallo favorable a la radicación de esa empresa en Córdoba, muy por el contrario, sería una demostración de un Poder Judicial que favorece a los poderosos y deniega los reclamos de los más vulnerables y humildes, la salud pública y los derechos ambientales.
Sería de esperar que los vocales del TSJ, incluso su presidente, que fue denunciado el año pasado por ser titular de un emprendimiento agropecuario, situación incompatible con la función de un magistrado, atiendan la petición razonable y justa de una población que ya tiene su salud resentida. Ellos tienen derecho a vivir, como lo dice el artículo 41 de la Constitución Nacional, en un "ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo".
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