Hay 12 semilleros como la rechazada en Córdoba
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Hay 12 semilleros similares a Monsanto
Fecha de Publicación: 27/10/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Lo asegura un informe del Instituto Nacional de Semillas. El punto crítico es el destino de los residuos. La intendencia de Rojas afirma que nunca hubo denuncias de contaminación por la planta que allí existe. En Córdoba, la empresa modificó etapas del proyecto.
En la Argentina existen 42 plantas procesadoras de semillas repartidas en la región pampeana y en el noroeste argentino, de las cuales 12 instalaciones cuentan con características similares –aunque un volumen productivo menor– a la que Monsanto comenzó a levantar en Malvinas Argentinas.
El destino de los residuos, uno de los puntos considerados críticos del sistema de producción de semillas de maíz híbrido, es motivo de análisis del único relevamiento existente sobre estas plantas. A 2008, las cuatro más grandes se ubicaban en Venado Tuerto y Rojas (provincia de Buenos Aires), donde opera Monsanto.
En estudio
El trabajo fue dado a conocer por un organismo público, el Instituto Nacional de Semillas (Inase) que por entonces inspeccionó 53 establecimientos que manejan semillas de distintas variedades, entre las que se cuentan maíz híbrido, soja, girasol, trigo, arroz, sorgo, zapallo, cítricos e incluso especies forestales, como el eucaliptus, entre una larga lista.
Aquel estudio se originó en la preocupación por la aparición de focos de sorgo de Alepo resistente al glifosato. Esta herbácea compite por agua y nutrientes del suelo con cereales y oleaginosas.
Si bien el proyecto de Monsanto prevé que una vez finalizada la planta, después de 2016, contará con una capacidad de producción de 3 millones de bolsas de maíz por año, la primera etapa contempla volúmenes más bajos y la continuidad de las obras está condicionada por la superficie sembrada con maíz que finalmente se consiga en las próximas campañas.
Los trabajos en Malvinas Argentinas incluyen la construcción de una secadora con sus instalaciones asociadas, como recibo de los marlos y “deschalado”, un sector de desgranado, silos de almacenamiento y una línea de clasificación, acondicionamiento y embolsado dentro de la “torre de clasificación”, que es el edificio más alto del proyecto.
Mucho antes de que se originara la actual controversia por la radicación en Córdoba, el Instituto Nacional de Semillas, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, indicó que de las 42 plantas procesadoras de semillas, 12 pueden ser “consideradas grandes”, con producciones que van a los cuatro mil a las 40 mil toneladas de semillas por año.
Las otras plantas
De esta docena de plantas, cinco procesan semillas híbridas, indica ese informe suscripto por el ingeniero agrónomo Roberto Piterbarg. Entre esas cinco, además de Monsanto en Rojas, están Nidera y Dow en Venado Tuerto y Pioneer en Salto, Buenos Aires.
Dow comenzó a operar en 1988 y dedica sus 30 hectáreas al procesamiento de semillas de maíz en espigas y sorgo. Su capacidad de producción es de 800 mil bolsas de semillas al año y tiene un potencial de almacenamiento cercano a las 3.600 toneladas en silos y secado a granel de flujo continuo.
La producción diaria de esa instalación alcanza las 180 toneladas de maíz en espigas por día y secado para fundación; 400 toneladas en espigas por día y una torre de clasificación de semilla y curado que alcanza un rendimiento de seis mil bolsas de maíz por jornada.
Syngenta, por su lado, cuenta en esa ciudad santafesina con capacidad para producir unas 900 mil bolsas por año y planifica invertir 800 millones de pesos para levantar una planta similar en Villa María, según le anunció a la presidenta Cristina Fernández, el 5 de julio pasado.
La inversión constante es un dato no menor en la actividad. Solamente 11 de las 42 plantas semilleras contaban con infraestructura cuya antigüedad es superior a los 10 años. Esto quiere decir, señala el Inase, que la mayoría de las instalaciones “o son recientes o han sido renovadas recientemente”.
Cuentan con zarandas, ventiladores, aspiradores, mesas vibradoras, caracoles y otros elementos semejantes a los que Monsanto emplea en la planta de Rojas que es muy similar a la proyectada para Córdoba.
Precauciones
Cuando el Inase avanzó sobre las precauciones que toman las plantas con el manejo de los residuos, casi la mitad lo hace a granel y un 30 por ciento en envases.
El resto, dispone los desperdicios de ambas formas. En el caso de las semilleras que procesan maíces, el principal residuo es la chala y el marlo. En un 14 por ciento se emplea para nutrición animal, otro 40 por ciento de los semilleros lo destina a consumo o comercio, y el resto actúa con ambas modalidades. El 67 por ciento de las semilleras consultadas, al traslado de los residuos lo realiza con un remito o carta de porte.
Quienes no elaboran esa documentación (el 31 por ciento) son aquellos establecimientos con producción semillera menor a las dos mil toneladas por año.
Con respecto a la separación de residuos y en particular, polvillo y otras partículas menores, solamente respondieron nueve: dos procesadores lo destinan a horno de ladrillos, seis lo envían a basural y uno lo entierra en un pozo, dice aquel trabajo del Instituto.
Residuos
Piterbarg informa especialmente sobre este punto. Indica que el descarte (la semilla que no cumple con las exigencias de calidad) se destina a consumo animal, pero los “residuos” propiamente dichos (polvillos, semillas rotas y semillas pequeñas de algunas malezas) “son desatendidos”.
El especialista advierte sobre ese problema, pero desde la perspectiva de la contaminación con semillas de sorgo de Alepo que fue el motivo original del trabajo.
Ante una consulta de este diario, Monsanto aseguró que en la planta de Rojas, una vez concluido el proceso, tanto la chala como el marlo se utilizan como alimento para feedlots , y como abono para los campos en las inmediaciones de la planta.
“En la planta de Malvinas, la chala, luego de ser compactada tendrá junto con el marlo dos alternativas de disposición: como materia prima para formulación de raciones de consumo animal y como combustible en calderas de biomasa. Adicionalmente tanto la chala como el marlo podrían emplearse en la producción de compostaje para abono de plantas”, explicó la empresa ante una consulta.
El secretario de gobierno del municipio de Rojas, Carlos Bramati, aseguró que en los 18 meses de la actual gestión municipal no se recibieron denuncias vinculadas con eventual contaminación de la planta que tiene Monsanto en esa localidad de la provincia de Buenos Aires.
El caso de Rojas, en Buenos Aires
Signo político. El gobierno local en esa ciudad está en manos del vecinalismo, aunque cuenta con el explícito apoyo del kirchnerismo bonaerense.”No hemos tenido denuncia alguna y no recuerdo que las haya habido antes”, indicó el secretario de Gobierno del municipio de Rojas, Carlos Bramati.
Autoridad. Explicó que por la ley Nº 11.459 de Radicación Industrial, la autoridad de aplicación es el Organismo para el Desarrollo Sostenible (OPDS), que depende de la provincia al mando de Daniel Scioli.
3 millones de bolsas
Según los datos del Instituto Nacional de Semillas (Inase), en la Argentina se producen actualmente 3.047.656 bolsas de maíz híbrido en sus diferentes versiones.
Fecha de Publicación: 27/10/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Lo asegura un informe del Instituto Nacional de Semillas. El punto crítico es el destino de los residuos. La intendencia de Rojas afirma que nunca hubo denuncias de contaminación por la planta que allí existe. En Córdoba, la empresa modificó etapas del proyecto.
En la Argentina existen 42 plantas procesadoras de semillas repartidas en la región pampeana y en el noroeste argentino, de las cuales 12 instalaciones cuentan con características similares –aunque un volumen productivo menor– a la que Monsanto comenzó a levantar en Malvinas Argentinas.
El destino de los residuos, uno de los puntos considerados críticos del sistema de producción de semillas de maíz híbrido, es motivo de análisis del único relevamiento existente sobre estas plantas. A 2008, las cuatro más grandes se ubicaban en Venado Tuerto y Rojas (provincia de Buenos Aires), donde opera Monsanto.
En estudio
El trabajo fue dado a conocer por un organismo público, el Instituto Nacional de Semillas (Inase) que por entonces inspeccionó 53 establecimientos que manejan semillas de distintas variedades, entre las que se cuentan maíz híbrido, soja, girasol, trigo, arroz, sorgo, zapallo, cítricos e incluso especies forestales, como el eucaliptus, entre una larga lista.
Aquel estudio se originó en la preocupación por la aparición de focos de sorgo de Alepo resistente al glifosato. Esta herbácea compite por agua y nutrientes del suelo con cereales y oleaginosas.
Si bien el proyecto de Monsanto prevé que una vez finalizada la planta, después de 2016, contará con una capacidad de producción de 3 millones de bolsas de maíz por año, la primera etapa contempla volúmenes más bajos y la continuidad de las obras está condicionada por la superficie sembrada con maíz que finalmente se consiga en las próximas campañas.
Los trabajos en Malvinas Argentinas incluyen la construcción de una secadora con sus instalaciones asociadas, como recibo de los marlos y “deschalado”, un sector de desgranado, silos de almacenamiento y una línea de clasificación, acondicionamiento y embolsado dentro de la “torre de clasificación”, que es el edificio más alto del proyecto.
Mucho antes de que se originara la actual controversia por la radicación en Córdoba, el Instituto Nacional de Semillas, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, indicó que de las 42 plantas procesadoras de semillas, 12 pueden ser “consideradas grandes”, con producciones que van a los cuatro mil a las 40 mil toneladas de semillas por año.
Las otras plantas
De esta docena de plantas, cinco procesan semillas híbridas, indica ese informe suscripto por el ingeniero agrónomo Roberto Piterbarg. Entre esas cinco, además de Monsanto en Rojas, están Nidera y Dow en Venado Tuerto y Pioneer en Salto, Buenos Aires.
Dow comenzó a operar en 1988 y dedica sus 30 hectáreas al procesamiento de semillas de maíz en espigas y sorgo. Su capacidad de producción es de 800 mil bolsas de semillas al año y tiene un potencial de almacenamiento cercano a las 3.600 toneladas en silos y secado a granel de flujo continuo.
La producción diaria de esa instalación alcanza las 180 toneladas de maíz en espigas por día y secado para fundación; 400 toneladas en espigas por día y una torre de clasificación de semilla y curado que alcanza un rendimiento de seis mil bolsas de maíz por jornada.
Syngenta, por su lado, cuenta en esa ciudad santafesina con capacidad para producir unas 900 mil bolsas por año y planifica invertir 800 millones de pesos para levantar una planta similar en Villa María, según le anunció a la presidenta Cristina Fernández, el 5 de julio pasado.
La inversión constante es un dato no menor en la actividad. Solamente 11 de las 42 plantas semilleras contaban con infraestructura cuya antigüedad es superior a los 10 años. Esto quiere decir, señala el Inase, que la mayoría de las instalaciones “o son recientes o han sido renovadas recientemente”.
Cuentan con zarandas, ventiladores, aspiradores, mesas vibradoras, caracoles y otros elementos semejantes a los que Monsanto emplea en la planta de Rojas que es muy similar a la proyectada para Córdoba.
Precauciones
Cuando el Inase avanzó sobre las precauciones que toman las plantas con el manejo de los residuos, casi la mitad lo hace a granel y un 30 por ciento en envases.
El resto, dispone los desperdicios de ambas formas. En el caso de las semilleras que procesan maíces, el principal residuo es la chala y el marlo. En un 14 por ciento se emplea para nutrición animal, otro 40 por ciento de los semilleros lo destina a consumo o comercio, y el resto actúa con ambas modalidades. El 67 por ciento de las semilleras consultadas, al traslado de los residuos lo realiza con un remito o carta de porte.
Quienes no elaboran esa documentación (el 31 por ciento) son aquellos establecimientos con producción semillera menor a las dos mil toneladas por año.
Con respecto a la separación de residuos y en particular, polvillo y otras partículas menores, solamente respondieron nueve: dos procesadores lo destinan a horno de ladrillos, seis lo envían a basural y uno lo entierra en un pozo, dice aquel trabajo del Instituto.
Residuos
Piterbarg informa especialmente sobre este punto. Indica que el descarte (la semilla que no cumple con las exigencias de calidad) se destina a consumo animal, pero los “residuos” propiamente dichos (polvillos, semillas rotas y semillas pequeñas de algunas malezas) “son desatendidos”.
El especialista advierte sobre ese problema, pero desde la perspectiva de la contaminación con semillas de sorgo de Alepo que fue el motivo original del trabajo.
Ante una consulta de este diario, Monsanto aseguró que en la planta de Rojas, una vez concluido el proceso, tanto la chala como el marlo se utilizan como alimento para feedlots , y como abono para los campos en las inmediaciones de la planta.
“En la planta de Malvinas, la chala, luego de ser compactada tendrá junto con el marlo dos alternativas de disposición: como materia prima para formulación de raciones de consumo animal y como combustible en calderas de biomasa. Adicionalmente tanto la chala como el marlo podrían emplearse en la producción de compostaje para abono de plantas”, explicó la empresa ante una consulta.
El secretario de gobierno del municipio de Rojas, Carlos Bramati, aseguró que en los 18 meses de la actual gestión municipal no se recibieron denuncias vinculadas con eventual contaminación de la planta que tiene Monsanto en esa localidad de la provincia de Buenos Aires.
El caso de Rojas, en Buenos Aires
Signo político. El gobierno local en esa ciudad está en manos del vecinalismo, aunque cuenta con el explícito apoyo del kirchnerismo bonaerense.”No hemos tenido denuncia alguna y no recuerdo que las haya habido antes”, indicó el secretario de Gobierno del municipio de Rojas, Carlos Bramati.
Autoridad. Explicó que por la ley Nº 11.459 de Radicación Industrial, la autoridad de aplicación es el Organismo para el Desarrollo Sostenible (OPDS), que depende de la provincia al mando de Daniel Scioli.
3 millones de bolsas
Según los datos del Instituto Nacional de Semillas (Inase), en la Argentina se producen actualmente 3.047.656 bolsas de maíz híbrido en sus diferentes versiones.
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Botnia: acusan al gobierno de 'dilatar' el conflicto
Gualeguaychú: la asamblea acusó a Timerman de querer 'dilatar' el conflicto
Fecha de Publicación: 27/10/2013
Fuente: La Política On Line
Provincia/Región: Nacional
Los vecinos rechazan la decisión de al ex Botnia de aumentar su producción a la vera del río Uruguay y le pidieron al Gobierno no desentenderse las elecciones. Acusaron a Timerman de contradictorio y ni mencionaron a Urribarri.
La Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú solicitó hoy al gobierno que después de las elecciones legislativas de mañana no deje de lado su "compromiso" con el conflicto abierto con Uruguay por la decisión de aumentar la producción de la fábrica de pasta de celulosa de la empresa finlandesa UPM-Botnia.
En el mismo sentido, los activistas señalaron las "contradicciones" del canciller Héctor Timerman, quien recientemente denunció la contaminación que produce la pastera ubicada en la ciudad uruguaya de Fray Bentos.
"Parece que dichas afirmaciones, han sido meras declaraciones espasmódicas, con el fin de dilatar un momento coyuntural -tal vez electoral-, sin intención alguna de mantener una postura firme y comprometida con la comunidad, dejando a la población en un estado de indefensión y abandono ante el reconocimiento de la contaminación que produce Botnia- UPM", esgrimieron.
La reacción de los entrerrianos llegó tras tener una respuesta del Gobierno en contra de la decisión de la ex Botnia, que para muchos no fue más que una puesta en escena electora que sirvió también para posicionar al gobernador Sergio Urribarri como sucesor de Cristina Kirchner. Zannini hasta lo promociona como jefe de Gabinete.
En un comunicado, la asamblea informó que espera "con gran preocupación las respuestas solicitadas al gobierno nacional como también al gobierno municipal sobre qué decisión y qué acciones se van a tomar respecto al conflicto por la pastera Botnia-UPM".
El documento ni mencionó a Urribarri. Señaló que "el compromiso y el discurso que se ha visto y escuchado por parte de nuestros representantes en estos días, no sean hechos solamente con el afán de obtener un beneficio electoral, y que sea olvidado después del 27", en alusión a los comicios legislativos de mañana.
La entidad vecinal ambientalista expresó que el gobierno argentino "no ha reconocido lo que esta Asamblea ha venido diciendo y por la cual ha sido perseguida", al recordar que aún quedan asambleístas procesados por manifestaciones realizadas en la ruta hace algunos años.
"Esta Asamblea ha sostenido con firmeza y mucha coherencia desde hace más de diez años el mismo reclamo, esgrimiendo argumentos que, a pesar de ser verdaderos, no fueron reconocidos por nuestros gobernantes y esto llevó a que muchos de sus integrantes fueran perseguidos judicialmente, encontrándose al día de la fecha, algunos procesados y otros sin resolver su situación judicial", agregó el texto.
La Asamblea también advirtió que "este conflicto fue tomado por el Uruguay como una cuestión de estado, donde podemos ver a todo el arco político -oficialismo oposición- abroquelados; en cambio en nuestro país, siempre fue tomado como una cuestión política, habiendo sido usado de ésta manera según la conveniencia del momento".
La Asamblea no realizó nuevas movilizaciones en los últimos días para no entorpecer el proceso electoral, pero anunció una caravana náutica por el río Uruguay, frente a Botnia-UPM, para el domingo 3 de noviembre.
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Fecha de Publicación: 27/10/2013
Fuente: La Política On Line
Provincia/Región: Nacional
Los vecinos rechazan la decisión de al ex Botnia de aumentar su producción a la vera del río Uruguay y le pidieron al Gobierno no desentenderse las elecciones. Acusaron a Timerman de contradictorio y ni mencionaron a Urribarri.
La Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú solicitó hoy al gobierno que después de las elecciones legislativas de mañana no deje de lado su "compromiso" con el conflicto abierto con Uruguay por la decisión de aumentar la producción de la fábrica de pasta de celulosa de la empresa finlandesa UPM-Botnia.
En el mismo sentido, los activistas señalaron las "contradicciones" del canciller Héctor Timerman, quien recientemente denunció la contaminación que produce la pastera ubicada en la ciudad uruguaya de Fray Bentos.
"Parece que dichas afirmaciones, han sido meras declaraciones espasmódicas, con el fin de dilatar un momento coyuntural -tal vez electoral-, sin intención alguna de mantener una postura firme y comprometida con la comunidad, dejando a la población en un estado de indefensión y abandono ante el reconocimiento de la contaminación que produce Botnia- UPM", esgrimieron.
La reacción de los entrerrianos llegó tras tener una respuesta del Gobierno en contra de la decisión de la ex Botnia, que para muchos no fue más que una puesta en escena electora que sirvió también para posicionar al gobernador Sergio Urribarri como sucesor de Cristina Kirchner. Zannini hasta lo promociona como jefe de Gabinete.
En un comunicado, la asamblea informó que espera "con gran preocupación las respuestas solicitadas al gobierno nacional como también al gobierno municipal sobre qué decisión y qué acciones se van a tomar respecto al conflicto por la pastera Botnia-UPM".
El documento ni mencionó a Urribarri. Señaló que "el compromiso y el discurso que se ha visto y escuchado por parte de nuestros representantes en estos días, no sean hechos solamente con el afán de obtener un beneficio electoral, y que sea olvidado después del 27", en alusión a los comicios legislativos de mañana.
La entidad vecinal ambientalista expresó que el gobierno argentino "no ha reconocido lo que esta Asamblea ha venido diciendo y por la cual ha sido perseguida", al recordar que aún quedan asambleístas procesados por manifestaciones realizadas en la ruta hace algunos años.
"Esta Asamblea ha sostenido con firmeza y mucha coherencia desde hace más de diez años el mismo reclamo, esgrimiendo argumentos que, a pesar de ser verdaderos, no fueron reconocidos por nuestros gobernantes y esto llevó a que muchos de sus integrantes fueran perseguidos judicialmente, encontrándose al día de la fecha, algunos procesados y otros sin resolver su situación judicial", agregó el texto.
La Asamblea también advirtió que "este conflicto fue tomado por el Uruguay como una cuestión de estado, donde podemos ver a todo el arco político -oficialismo oposición- abroquelados; en cambio en nuestro país, siempre fue tomado como una cuestión política, habiendo sido usado de ésta manera según la conveniencia del momento".
La Asamblea no realizó nuevas movilizaciones en los últimos días para no entorpecer el proceso electoral, pero anunció una caravana náutica por el río Uruguay, frente a Botnia-UPM, para el domingo 3 de noviembre.
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La Justicia correntina analiza el uso de agrotóxicos
Desde la Justicia habrían trabado investigación sobre contaminación por el uso de plaguicidas en Corrientes
Fecha de Publicación: 26/10/2013
Fuente: Corrientes Hoy
Provincia/Región: Corrientes
Un equipo de especialistas impulsó y diagramó un trabajo para investigar a fondo el nivel de contaminación de la tierra y conocer en detalle el uso indiscriminado de plaguicidas en la provincia de Corrientes. El costo del trabajo no alcanzaba los 10 mil pesos. Una férrea oposición de las autoridades judiciales habría impedido concretar el estudio. En Corrientes, sobre en la denominada Cuenca del Río Santa Lucía, hay sospechas concretas de una contaminación grave.
Un proyecto conjunto entre profesionales locales y la Facultad de Ciencias Exactas y Agrimensura de la UNNe, confeccionó un plan de trabajo para instrumentar un Relevamiento del Impacto Toxicológico en Población y en el Medio Ambiente de la Cuenca del Río Santa Lucía.
La iniciativa cayó, y se sospecha que hubo llamativos obstáculos impulsados desde los altos mandos judiciales de Corrientes. Fuentes inobjetables aseguran que la negativa surgió desde el mismo STJ, que debía dar el aval para avanzar con el programa.
El mismo tenía por finalidad tomar un campo muestral de la totalidad de la población de riesgo, en una cantidad estimada de 125 individuos (entre ellos 50 menores) a quienes se les efectuaría tomas de muestras sanguíneas y de orina. También preveía muestras del agua de consumo y de riego y de vegetales de las propias huertas.
Desde el equipo de trabajo que impulsaba la medida aseveraron que “en Corrientes no existe aún un real estado de conciencia del riesgo que proviene del mal uso o abuso de químicos en la producción frutihortícola. Tampoco existe un censo o registro o padrón de trabajadores rurales y/o de sus familias. Los hospitales o clínicas de la zona en cuestión (la cuenca del Santa Lucía), tampoco están capacitados para realizar monitoreos”.
Alarmante
El informe agrega que “de manera preocupante debe considerarse un motivo de alarma los cada vez más frecuentes casos de leucemias, o aplasias o malformaciones congénitas en los nosocomios de la microrregión”
“La participación de los niños en el trabajo rural es una realidad innegable e imposible de desligar de la exposición a plaguicidas”, alerta el documento.
La situación incluye a toda la microrregión por cuanto, consta en el mismo informe, “el plaguicida arrastrado por el viento sobre escuelas o viviendas luego de las fumigaciones”.
Plaguicidas utilizados
Según análisis previos que motivaron la intención de analizar la zona exhaustivamente, en la zona mencionada se utilizan –entre otros- los siguientes plaguicidas:
Metamidofos: insecticida fosforado; es común que se lo use en dosis tres veces sobre la recomendada. Usado en quintas de verduras (para comercializarlas se espera que pase el fuerte olor que deja el veneno). Se usa en fumigadoras comunes (mochilas) por lo que es casi imposible que el producto no se rocíe sobre la propia persona que realiza el trabajo.
Endosulfán: Menos tóxico que el metamidofos, tiene los mismos usos y aplicaciones.
Clorpirifos: menos tóxicos que los anteriores. Muy usado en plantaciones de choclo (recolectados por menores, frecuentemente).
Atrazina: en reemplazo del glifosato, generalmente agregado al cultivo cuando se siembra, usado en campos de maíz.
Glifosato: anunciado como producto sin riesgo toxicológico, por lo que no se recomiendan elementos de protección personal. Usado en casi todos los cultivos, y principalmente en la soja. Su efecto persiste hasta dos años después de la fumigación.
A éstos plaguicidas –los mencionados- que no tienen prohibición alguna, existen otros que existen otros con prohibición parcial (también utilizados) y cuya presencia se ha detectado en agua superficial y hortalizas.
Cerca de los niños
Además, el informe alerta sobre plaguicidas y cultivos en que se utilizan donde participan niños.
Ahí aparecen:
Glifosato: pasa el tallo y el fruto. Usado en hortalizas de extracción (papa, batata, zanahorias y otras).
Organofosforados y carbamatos: usado en algodón, caña, tabaco, frutilla, hortalizas, frutales. En el tomate, se embebe el fruto antes de encajonarlo. Este trabajo es hecho por los niños.
Carbofurán: Muy tóxico. Usado en tabaco. Una práctica usual es poner maíz impregnado cerca de los cultivos para matar pájaros y evitar ataque a la cosecha.
Los objetivos del trabajo
Quienes impulsaban el trabajo de campo (médicos, bioquímicos, profesores) pretendían efectuar un relevamiento del impacto del uso de plaguicidas en la población rural y su medio. Los resultados serían puestos a disposición de las autoridades para tomar las medidas pertinentes.
Se buscaba lograr la concientización respecto del manejo responsable de estos productos y de la necesaria capacitación de los operarios y sus familias.
Resultados esperados
Se pretendía motivar a las autoridades sanitarias sobre la necesidad de realizar censos de operarios rurales expuestos a agroquímicos y confección de registro de productos usados como agroquímicos.
Concientizando a la vez sobre el peligro del uso indiscriminado e irresponsable de agroquímicos sobre el ser humano y el ecosistema.
Remarcar la importancia de los estudios químicos-ambientales para el monitoreo de la salud.
Obstáculos
Implementar el programa preventivo tuvo un obstáculo –según las fuentes- muy fuerte de las autoridades judiciales.
No se explica porqué razón se impidió contar con el elemento contundente para empezar a combatir una problemática que está instalada en Corrientes y que muchos eligen callar.
Se habla de una férrea oposición desde algunos integrantes del propio STJ.
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Fecha de Publicación: 26/10/2013
Fuente: Corrientes Hoy
Provincia/Región: Corrientes
Un equipo de especialistas impulsó y diagramó un trabajo para investigar a fondo el nivel de contaminación de la tierra y conocer en detalle el uso indiscriminado de plaguicidas en la provincia de Corrientes. El costo del trabajo no alcanzaba los 10 mil pesos. Una férrea oposición de las autoridades judiciales habría impedido concretar el estudio. En Corrientes, sobre en la denominada Cuenca del Río Santa Lucía, hay sospechas concretas de una contaminación grave.
Un proyecto conjunto entre profesionales locales y la Facultad de Ciencias Exactas y Agrimensura de la UNNe, confeccionó un plan de trabajo para instrumentar un Relevamiento del Impacto Toxicológico en Población y en el Medio Ambiente de la Cuenca del Río Santa Lucía.
La iniciativa cayó, y se sospecha que hubo llamativos obstáculos impulsados desde los altos mandos judiciales de Corrientes. Fuentes inobjetables aseguran que la negativa surgió desde el mismo STJ, que debía dar el aval para avanzar con el programa.
El mismo tenía por finalidad tomar un campo muestral de la totalidad de la población de riesgo, en una cantidad estimada de 125 individuos (entre ellos 50 menores) a quienes se les efectuaría tomas de muestras sanguíneas y de orina. También preveía muestras del agua de consumo y de riego y de vegetales de las propias huertas.
Desde el equipo de trabajo que impulsaba la medida aseveraron que “en Corrientes no existe aún un real estado de conciencia del riesgo que proviene del mal uso o abuso de químicos en la producción frutihortícola. Tampoco existe un censo o registro o padrón de trabajadores rurales y/o de sus familias. Los hospitales o clínicas de la zona en cuestión (la cuenca del Santa Lucía), tampoco están capacitados para realizar monitoreos”.
Alarmante
El informe agrega que “de manera preocupante debe considerarse un motivo de alarma los cada vez más frecuentes casos de leucemias, o aplasias o malformaciones congénitas en los nosocomios de la microrregión”
“La participación de los niños en el trabajo rural es una realidad innegable e imposible de desligar de la exposición a plaguicidas”, alerta el documento.
La situación incluye a toda la microrregión por cuanto, consta en el mismo informe, “el plaguicida arrastrado por el viento sobre escuelas o viviendas luego de las fumigaciones”.
Plaguicidas utilizados
Según análisis previos que motivaron la intención de analizar la zona exhaustivamente, en la zona mencionada se utilizan –entre otros- los siguientes plaguicidas:
Metamidofos: insecticida fosforado; es común que se lo use en dosis tres veces sobre la recomendada. Usado en quintas de verduras (para comercializarlas se espera que pase el fuerte olor que deja el veneno). Se usa en fumigadoras comunes (mochilas) por lo que es casi imposible que el producto no se rocíe sobre la propia persona que realiza el trabajo.
Endosulfán: Menos tóxico que el metamidofos, tiene los mismos usos y aplicaciones.
Clorpirifos: menos tóxicos que los anteriores. Muy usado en plantaciones de choclo (recolectados por menores, frecuentemente).
Atrazina: en reemplazo del glifosato, generalmente agregado al cultivo cuando se siembra, usado en campos de maíz.
Glifosato: anunciado como producto sin riesgo toxicológico, por lo que no se recomiendan elementos de protección personal. Usado en casi todos los cultivos, y principalmente en la soja. Su efecto persiste hasta dos años después de la fumigación.
A éstos plaguicidas –los mencionados- que no tienen prohibición alguna, existen otros que existen otros con prohibición parcial (también utilizados) y cuya presencia se ha detectado en agua superficial y hortalizas.
Cerca de los niños
Además, el informe alerta sobre plaguicidas y cultivos en que se utilizan donde participan niños.
Ahí aparecen:
Glifosato: pasa el tallo y el fruto. Usado en hortalizas de extracción (papa, batata, zanahorias y otras).
Organofosforados y carbamatos: usado en algodón, caña, tabaco, frutilla, hortalizas, frutales. En el tomate, se embebe el fruto antes de encajonarlo. Este trabajo es hecho por los niños.
Carbofurán: Muy tóxico. Usado en tabaco. Una práctica usual es poner maíz impregnado cerca de los cultivos para matar pájaros y evitar ataque a la cosecha.
Los objetivos del trabajo
Quienes impulsaban el trabajo de campo (médicos, bioquímicos, profesores) pretendían efectuar un relevamiento del impacto del uso de plaguicidas en la población rural y su medio. Los resultados serían puestos a disposición de las autoridades para tomar las medidas pertinentes.
Se buscaba lograr la concientización respecto del manejo responsable de estos productos y de la necesaria capacitación de los operarios y sus familias.
Resultados esperados
Se pretendía motivar a las autoridades sanitarias sobre la necesidad de realizar censos de operarios rurales expuestos a agroquímicos y confección de registro de productos usados como agroquímicos.
Concientizando a la vez sobre el peligro del uso indiscriminado e irresponsable de agroquímicos sobre el ser humano y el ecosistema.
Remarcar la importancia de los estudios químicos-ambientales para el monitoreo de la salud.
Obstáculos
Implementar el programa preventivo tuvo un obstáculo –según las fuentes- muy fuerte de las autoridades judiciales.
No se explica porqué razón se impidió contar con el elemento contundente para empezar a combatir una problemática que está instalada en Corrientes y que muchos eligen callar.
Se habla de una férrea oposición desde algunos integrantes del propio STJ.
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San Martín de los Andes creará dos reservas naturales
San Martín tendrá dos reservas naturales
Fecha de Publicación: 26/10/2013
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
La Cooperativa Telefónica de esta ciudad y organizaciones ambientalistas firmaron un acuerdo para poner en marcha la primera reserva natural urbana privada de San Martín de los Andes, que estará abierta al público para actividades recreativas como el avistaje de aves, entre otras.
En el mismo acto se anunció que "Cotesma" también está trabajando en la ampliación de la fibra óptica y explora la incorporación de un servicio de televisión interactiva por internet.
Conviene recordar que esta ciudad ya tiene una reserva protegida municipal en el área de faldeos de Los Radales, por la biodiversidad de flora autóctona que se conserva allí, declarada como tal en junio pasado con vistas a crear un Parque y Jardín Botánico y Temático.
A su turno, la nueva área es propiedad privada de la Telefónica y está constituida por humedales en los llanos del antiguo valle glaciario del Lácar, que a su vez reúnen gran variedad de aves de la zona.
En consecuencia esta ciudad, que orilla los 30.000 habitantes y tiene un ejido de 14.000 hectáreas, tendrá la infrecuente característica para localidades de su escala de poseer dos áreas de reserva natural, una de propiedad pública y otra privada.
Según explicó el presidente de la cooperativa, Juan Astete, la figura de "reserva natural urbana privada" con acceso al público no está difundida como modalidad en el país, y de hecho la de la Vega será una de las pocas en su tipo que funcionan en la Argentina.
El sitio está emplazado en un lote de 18 hectáreas de un predio de 50, que pertenece a la Cooperativa Telefónica en la Vega Plana. Como se apuntó, se trata de un humedal formado por lagunas permanentes, dentro de un sistema de mallines asociados a la pradera adyacente, que por su biodiversidad merece un tratamiento especial.
Cotesma firmó un acuerdo para un plan de manejo con la Asociación Conservación Patagónica y la Asociación Aves Patagónicas, que en conjunto administrarán la reserva natural urbana.
"Respuesta a la comunidad"
Para la cooperativa, el proyecto es "una manera de dar respuesta a las necesidades de la comunidad relacionadas con las actividades recreativas y de preservación, investigación y contemplación de la naturaleza, en un marco autosustentable".
En ese contexto, la Reserva Natural Urbana es definida como "un espacio silvestre, de propiedad estatal o privada, donde predomina la naturaleza originaria del lugar, ubicada cerca o dentro de una ciudad, y donde se promueve la educación ambiental, la investigación, la preservación de la biodiversidad, la protección de la flora y la fauna y la participación de la comunidad en temas concernientes al cuidado y protección del ambiente y de las especias que lo habitan".
También se apuntará a desarrollar el ecoturismo y a divulgar las actividades en el área a través de visitas guiadas, exhibiciones, charlas y cursos.
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Fecha de Publicación: 26/10/2013
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
La Cooperativa Telefónica de esta ciudad y organizaciones ambientalistas firmaron un acuerdo para poner en marcha la primera reserva natural urbana privada de San Martín de los Andes, que estará abierta al público para actividades recreativas como el avistaje de aves, entre otras.
En el mismo acto se anunció que "Cotesma" también está trabajando en la ampliación de la fibra óptica y explora la incorporación de un servicio de televisión interactiva por internet.
Conviene recordar que esta ciudad ya tiene una reserva protegida municipal en el área de faldeos de Los Radales, por la biodiversidad de flora autóctona que se conserva allí, declarada como tal en junio pasado con vistas a crear un Parque y Jardín Botánico y Temático.
A su turno, la nueva área es propiedad privada de la Telefónica y está constituida por humedales en los llanos del antiguo valle glaciario del Lácar, que a su vez reúnen gran variedad de aves de la zona.
En consecuencia esta ciudad, que orilla los 30.000 habitantes y tiene un ejido de 14.000 hectáreas, tendrá la infrecuente característica para localidades de su escala de poseer dos áreas de reserva natural, una de propiedad pública y otra privada.
Según explicó el presidente de la cooperativa, Juan Astete, la figura de "reserva natural urbana privada" con acceso al público no está difundida como modalidad en el país, y de hecho la de la Vega será una de las pocas en su tipo que funcionan en la Argentina.
El sitio está emplazado en un lote de 18 hectáreas de un predio de 50, que pertenece a la Cooperativa Telefónica en la Vega Plana. Como se apuntó, se trata de un humedal formado por lagunas permanentes, dentro de un sistema de mallines asociados a la pradera adyacente, que por su biodiversidad merece un tratamiento especial.
Cotesma firmó un acuerdo para un plan de manejo con la Asociación Conservación Patagónica y la Asociación Aves Patagónicas, que en conjunto administrarán la reserva natural urbana.
"Respuesta a la comunidad"
Para la cooperativa, el proyecto es "una manera de dar respuesta a las necesidades de la comunidad relacionadas con las actividades recreativas y de preservación, investigación y contemplación de la naturaleza, en un marco autosustentable".
En ese contexto, la Reserva Natural Urbana es definida como "un espacio silvestre, de propiedad estatal o privada, donde predomina la naturaleza originaria del lugar, ubicada cerca o dentro de una ciudad, y donde se promueve la educación ambiental, la investigación, la preservación de la biodiversidad, la protección de la flora y la fauna y la participación de la comunidad en temas concernientes al cuidado y protección del ambiente y de las especias que lo habitan".
También se apuntará a desarrollar el ecoturismo y a divulgar las actividades en el área a través de visitas guiadas, exhibiciones, charlas y cursos.
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Corrientes imulsa la generación de energía por biomasa
Corrientes promociona el uso de energía por biomasa
Fecha de Publicación: 25/10/2013
Fuente: Agrovalor
Provincia/Región: Corrientes
Funcionarios de la Subsecretaría de Industria y Promoción de Inversiones de Corrientes expusieron en la“Primera Jornada sobre Estrategias Público Privadas para la Utilización de Productos Biomásicos en Energía” que se realizó el pasado miércoles en el aula magna de la Universidad San Pablo de la provincia de Tucumán.
La presencia de los agentes provinciales se da en el marco de la búsqueda de nuevas inversiones y de agregado de valor en las materias primas, aprovechando la ocasión para dar a conocer el futuro que tiene la provincia en la generación de energía a partir del empleo de recursos biomásicos no utilizados.
Según informaron desde el ministerio, el objetivo de la actividad fue la de difundir las tecnologías disponibles para que las empresas agrícolas, agroindustriales y forestales que disponen de recursos biomásicos se informen sobre las alternativas que tienen para transformarlos en energía.
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Fecha de Publicación: 25/10/2013
Fuente: Agrovalor
Provincia/Región: Corrientes
Funcionarios de la Subsecretaría de Industria y Promoción de Inversiones de Corrientes expusieron en la“Primera Jornada sobre Estrategias Público Privadas para la Utilización de Productos Biomásicos en Energía” que se realizó el pasado miércoles en el aula magna de la Universidad San Pablo de la provincia de Tucumán.
La presencia de los agentes provinciales se da en el marco de la búsqueda de nuevas inversiones y de agregado de valor en las materias primas, aprovechando la ocasión para dar a conocer el futuro que tiene la provincia en la generación de energía a partir del empleo de recursos biomásicos no utilizados.
Según informaron desde el ministerio, el objetivo de la actividad fue la de difundir las tecnologías disponibles para que las empresas agrícolas, agroindustriales y forestales que disponen de recursos biomásicos se informen sobre las alternativas que tienen para transformarlos en energía.
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Córdoba: logran medir la comustión de árboles y arbustos
Cordobeses 'inventan' cómo medir el impacto del fuego en plantas
Fecha de Publicación: 25/10/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Para un estudio científico desarrollaron en la UNC un dispositivo que facilita el análisis. Se determinó que hasta 60% de árboles y arbustos autóctonos sobrevive a un incendio moderado.
Investigadores cordobeses del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (Imbiv), que depende del Conicet y de la Universidad Nacional de Córdoba, desarrollaron un dispositivo que permite, por primera vez, medir la inflamabilidad de las plantas ante el fuego. En una provincia que tiene frecuentes incendios rurales y forestales, la investigación aporta conocimientos especialmente útiles.
Los autores son el doctor en biología Pedro Jaureguiberry y el biólogo Gustavo Bertone, que lo desarrollaron para una tesis doctoral dirigida por la docente y reconocida investigadora Sandra Díaz, también cordobesa, en el marco de estudios sobre “la ecología del fuego”.
Para determinar en qué dimensión el fuego afecta a arbustos y árboles fue necesario desarrollar un dispositivo específico que permitiera medir la inflamabilidad de las diferentes especies, así como un protocolo y un índice que no existían hasta el momento. El dispositivo parece un asador portátil, que permite medir en el campo y de manera estandarizada, la inflamabilidad de plantas enteras o porciones.
Luego de que los resultados se publicaran en la revista científica Austral Ecology, el Conicet tramitó la patente.
Este desarrollo constituye un punto medio entre los estudios de laboratorio que se realizan con instrumentos costosos de alta precisión que miden pequeñas partes separadas y no tienen en cuenta la estructura de la planta, y otras investigaciones complejas que involucran el ensamblaje de comunidades de plantas. “La que se desarrolló aquí es una solución intermedia, precisa, económica y portable”, valoró Díaz.
Utilidad local
Para el caso de Córdoba, la información obtenida es un primer paso útil porque permite estimar qué tan inflamable es cada especie, cuáles sobreviven mejor a los incendios, en qué condiciones y qué semillas resisten más el paso del fuego.
“Las 34 especies que estudié pueden rebrotar después de un incendio de baja o media intensidad, mientras que con un fuego muy intenso muchas de ellas mueren. La mayoría de las semillas mostraron tolerancia a temperaturas moderadas, de hasta 70 grados”, comentó Jaureguiberry a este diario.
A grandes rasgos, los árboles y arbustos son más resistentes y las gramíneas mucho menos.
“No todas las plantas responden igual al fuego ni todos los fuegos son iguales. Aún no tenemos suficiente conocimiento científico para establecer una política que tenga en cuenta este tipo de diferencias”, comentó Díaz. El informe evidencia que aunque la mayoría de las especies nativas tiene capacidad de rebrotar, el ecosistema no se recupera en su totalidad.
Las especies dominantes del bosque autóctono de Córdoba son poco inflamables. Quebracho blanco, tala, mistol, piquillín, garabato, espinillo y otros tienen buena resistencia. En promedio, sobreviven seis de cada 10, salvo fuegos de intensidad extrema. En algunos tipos de algarrobo, sólo rebrotan ejemplares jóvenes mientras que los más añejos, en general, mueren. La brea tiene menor resistencia. También Jaureguiberry citó que la mayoría de las semillas de árboles y arbustos sobreviven a temperaturas de hasta 100º, que serían incendios de baja o mediana intensidad.
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Fecha de Publicación: 25/10/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Para un estudio científico desarrollaron en la UNC un dispositivo que facilita el análisis. Se determinó que hasta 60% de árboles y arbustos autóctonos sobrevive a un incendio moderado.
Investigadores cordobeses del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (Imbiv), que depende del Conicet y de la Universidad Nacional de Córdoba, desarrollaron un dispositivo que permite, por primera vez, medir la inflamabilidad de las plantas ante el fuego. En una provincia que tiene frecuentes incendios rurales y forestales, la investigación aporta conocimientos especialmente útiles.
Los autores son el doctor en biología Pedro Jaureguiberry y el biólogo Gustavo Bertone, que lo desarrollaron para una tesis doctoral dirigida por la docente y reconocida investigadora Sandra Díaz, también cordobesa, en el marco de estudios sobre “la ecología del fuego”.
Para determinar en qué dimensión el fuego afecta a arbustos y árboles fue necesario desarrollar un dispositivo específico que permitiera medir la inflamabilidad de las diferentes especies, así como un protocolo y un índice que no existían hasta el momento. El dispositivo parece un asador portátil, que permite medir en el campo y de manera estandarizada, la inflamabilidad de plantas enteras o porciones.
Luego de que los resultados se publicaran en la revista científica Austral Ecology, el Conicet tramitó la patente.
Este desarrollo constituye un punto medio entre los estudios de laboratorio que se realizan con instrumentos costosos de alta precisión que miden pequeñas partes separadas y no tienen en cuenta la estructura de la planta, y otras investigaciones complejas que involucran el ensamblaje de comunidades de plantas. “La que se desarrolló aquí es una solución intermedia, precisa, económica y portable”, valoró Díaz.
Utilidad local
Para el caso de Córdoba, la información obtenida es un primer paso útil porque permite estimar qué tan inflamable es cada especie, cuáles sobreviven mejor a los incendios, en qué condiciones y qué semillas resisten más el paso del fuego.
“Las 34 especies que estudié pueden rebrotar después de un incendio de baja o media intensidad, mientras que con un fuego muy intenso muchas de ellas mueren. La mayoría de las semillas mostraron tolerancia a temperaturas moderadas, de hasta 70 grados”, comentó Jaureguiberry a este diario.
A grandes rasgos, los árboles y arbustos son más resistentes y las gramíneas mucho menos.
“No todas las plantas responden igual al fuego ni todos los fuegos son iguales. Aún no tenemos suficiente conocimiento científico para establecer una política que tenga en cuenta este tipo de diferencias”, comentó Díaz. El informe evidencia que aunque la mayoría de las especies nativas tiene capacidad de rebrotar, el ecosistema no se recupera en su totalidad.
Las especies dominantes del bosque autóctono de Córdoba son poco inflamables. Quebracho blanco, tala, mistol, piquillín, garabato, espinillo y otros tienen buena resistencia. En promedio, sobreviven seis de cada 10, salvo fuegos de intensidad extrema. En algunos tipos de algarrobo, sólo rebrotan ejemplares jóvenes mientras que los más añejos, en general, mueren. La brea tiene menor resistencia. También Jaureguiberry citó que la mayoría de las semillas de árboles y arbustos sobreviven a temperaturas de hasta 100º, que serían incendios de baja o mediana intensidad.
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Investigan multimillonaria estafa de La Alumbrera
Minera La Alumbrera habría estafado al fisco por más de 17 mil millones de dólares
Fecha de Publicación: 25/10/2013
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
La maniobra de la empresa complicaría a las autoridades de la UNT y a sus socios de YMAD. El fiscal General Federal, Antonio Gustavo Gómez, formuló el requerimiento de instrucción para iniciar la investigación ante la posible comisión de delitos económicos.
La Minera La Alumbrera estaría obteniendo ganancias encubiertas que no distribuye con sus socios de Yacimientos Minero Aguas de Dionisio (YMAD), a partir de que no produce sólo lo que públicamente ha declarado, como lo es oro, cobre y molbideno, sino que además exporta cromo, titanio, cobalto, cesio y uranio, entre otros, los que en sí mismos tienen un valor agregado mucho mayor. Esto fue revelado por una denuncia que recibió el Fiscal General Federal, Antonio Gustavo Gómez, quien solicitó el requerimiento de instrucción al juez subrogante Nº2, Mario Racedo, para que adopte las medidas que correspondan ante la presunción de estar frente a delitos. En los cuales estarían involucrados, además de los miembros de la minera, las distintas autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), desde el año 1998, y del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
El fiscal Gómez manifestó que la presentación realizada por el licenciado Guillermo Amilcar Vergara, está acompañada por material complementario que oportunamente fue ofrecida al Secretario de Minera de la Nación, ingeniero Jorge Mayoral. En la ocasión, los hechos descriptos estarían vinculados a distintos ilícitos que se estarían cometiendo en el marco de la explotación minera que hace la empresa Minera La Alumbrera en la provincia de Catamarca.
El secretario de Minería fue denunciado en la causa “Juan González su denuncia” de trámite en el Juzgado Federal II y la Cámara Federal, en el fallo que procesó al directivo Julian Rooney, fue mencionado por el encubrimiento que se hizo desde la Secretaría de Minería de la Nación, en cuanto a la contaminación que produce la empresa en su explotación.
Pero en esta oportunidad, el Fiscal General impulsó el requerimiento atento a los delitos que se estarían cometiendo por las ganancias encubiertas que la minera no estaría distribuyendo con sus socios y que además, configurarían delitos por evasión al fisco, por un monto varias veces millonario. Al respecto, Gómez señaló que “En Titanio, por ejemplo obtendría unos 1.920 dólares por tonelada o en Escandio unos 4.492 dólares por tonelada.
Más allá de que estos minerales no serían mencionados en los permisos de embarque que se labrarían ante la Administración Nacional de Aduanas de San Lorenzo, este ocultamiento significaría una evasión fiscal y un grave perjuicio para YMAD y sus socios”. Sostuvo que según se afirma en la presentación realizada por el licenciado Vergara “la empresa Minera La Alumbrera no sólo produce oro, cobre y molbideno, sino que además una serie de metales y tierras raras que no declara y que le estaría produciendo una mayor ganancia al momento de la refinación”.
De ser cierto todo esto, la empresa estaría ganando de modo encubierto un promedio de noventa dólares por tonelada, habiendo descontado de dicho monto todo lo que significa el costo de producción desde la extracción hasta el fraccionado y la venta. Al analizar propia documentación de la explotadora minera, Gómez indicó que se estarían extrayendo en forma anual un promedio de 91.250.000 toneladas. Es decir, que la empresa no declara 8.266.337.500 dólares por año. Asimismo, señaló que Minera La Alumbrera habría evadido el impuesto a las ganancias por un total de 17.360.148.750 dólares.
En el requerimiento elevado al juzgado, Gómez detalló que resulta ineludible establecer el valor metalífero de lo que se extraen boca de mina, esto es que metales integran las rocas que luego son procesadas. Además, sostuvo que “está claro que habría una estafa al Estado Nacional, en cabeza tanto de la UNT como del CIN. Por lo que resulta necesario verificar lo que por ley y contrato La Alumbrera debió haber transferido a YMAD, y no lo que habría hecho, y lo que YMAD habría compartido con la UNT y el CIN”.
Para poder avanzar en la investigación, el representante del ministerio público solicitó al juzgado que se libre oficio a la Secretaría de Minería de la Nación a fin de que informe si inició alguna investigación o si hizo alguna denuncia penal ante los elementos de pruebas presentados contra la Minera La Alumbrera. Además, requirió se oficie a la Afip-DGI para que informe sobre las declaraciones juradas presentadas por La Alumbrera y de YMAD.
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Fecha de Publicación: 25/10/2013
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
La maniobra de la empresa complicaría a las autoridades de la UNT y a sus socios de YMAD. El fiscal General Federal, Antonio Gustavo Gómez, formuló el requerimiento de instrucción para iniciar la investigación ante la posible comisión de delitos económicos.
La Minera La Alumbrera estaría obteniendo ganancias encubiertas que no distribuye con sus socios de Yacimientos Minero Aguas de Dionisio (YMAD), a partir de que no produce sólo lo que públicamente ha declarado, como lo es oro, cobre y molbideno, sino que además exporta cromo, titanio, cobalto, cesio y uranio, entre otros, los que en sí mismos tienen un valor agregado mucho mayor. Esto fue revelado por una denuncia que recibió el Fiscal General Federal, Antonio Gustavo Gómez, quien solicitó el requerimiento de instrucción al juez subrogante Nº2, Mario Racedo, para que adopte las medidas que correspondan ante la presunción de estar frente a delitos. En los cuales estarían involucrados, además de los miembros de la minera, las distintas autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), desde el año 1998, y del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
El fiscal Gómez manifestó que la presentación realizada por el licenciado Guillermo Amilcar Vergara, está acompañada por material complementario que oportunamente fue ofrecida al Secretario de Minera de la Nación, ingeniero Jorge Mayoral. En la ocasión, los hechos descriptos estarían vinculados a distintos ilícitos que se estarían cometiendo en el marco de la explotación minera que hace la empresa Minera La Alumbrera en la provincia de Catamarca.
El secretario de Minería fue denunciado en la causa “Juan González su denuncia” de trámite en el Juzgado Federal II y la Cámara Federal, en el fallo que procesó al directivo Julian Rooney, fue mencionado por el encubrimiento que se hizo desde la Secretaría de Minería de la Nación, en cuanto a la contaminación que produce la empresa en su explotación.
Pero en esta oportunidad, el Fiscal General impulsó el requerimiento atento a los delitos que se estarían cometiendo por las ganancias encubiertas que la minera no estaría distribuyendo con sus socios y que además, configurarían delitos por evasión al fisco, por un monto varias veces millonario. Al respecto, Gómez señaló que “En Titanio, por ejemplo obtendría unos 1.920 dólares por tonelada o en Escandio unos 4.492 dólares por tonelada.
Más allá de que estos minerales no serían mencionados en los permisos de embarque que se labrarían ante la Administración Nacional de Aduanas de San Lorenzo, este ocultamiento significaría una evasión fiscal y un grave perjuicio para YMAD y sus socios”. Sostuvo que según se afirma en la presentación realizada por el licenciado Vergara “la empresa Minera La Alumbrera no sólo produce oro, cobre y molbideno, sino que además una serie de metales y tierras raras que no declara y que le estaría produciendo una mayor ganancia al momento de la refinación”.
De ser cierto todo esto, la empresa estaría ganando de modo encubierto un promedio de noventa dólares por tonelada, habiendo descontado de dicho monto todo lo que significa el costo de producción desde la extracción hasta el fraccionado y la venta. Al analizar propia documentación de la explotadora minera, Gómez indicó que se estarían extrayendo en forma anual un promedio de 91.250.000 toneladas. Es decir, que la empresa no declara 8.266.337.500 dólares por año. Asimismo, señaló que Minera La Alumbrera habría evadido el impuesto a las ganancias por un total de 17.360.148.750 dólares.
En el requerimiento elevado al juzgado, Gómez detalló que resulta ineludible establecer el valor metalífero de lo que se extraen boca de mina, esto es que metales integran las rocas que luego son procesadas. Además, sostuvo que “está claro que habría una estafa al Estado Nacional, en cabeza tanto de la UNT como del CIN. Por lo que resulta necesario verificar lo que por ley y contrato La Alumbrera debió haber transferido a YMAD, y no lo que habría hecho, y lo que YMAD habría compartido con la UNT y el CIN”.
Para poder avanzar en la investigación, el representante del ministerio público solicitó al juzgado que se libre oficio a la Secretaría de Minería de la Nación a fin de que informe si inició alguna investigación o si hizo alguna denuncia penal ante los elementos de pruebas presentados contra la Minera La Alumbrera. Además, requirió se oficie a la Afip-DGI para que informe sobre las declaraciones juradas presentadas por La Alumbrera y de YMAD.
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La 'cláusula secreta' de Vaca Muerta
The New York Times revela 'cláusula secreta' de acuerdo YPF-Chevron
Fecha de Publicación: 24/10/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
El diario estadounidense publicó algunos detalles del convenio, donde explica que la petrolera extranjera seguirá recibiendo "a perpetuidad" las regalías que genere el yacimiento neuquino de Vaca Muerta.
La petrolera Chevron seguirá recibiendo "a perpetuidad" las regalías que genere el yacimiento neuquino de Vaca Muerta, donde se asoció con YPF, incluso si lo abandona dentro de 18 meses, salida por la que no tendría "penalidad" alguna que pagar.
Así lo aseguró en las últimas horas el diario estadounidense New York Times (NYT), que, sobre la base de "funcionarios petroleros argentinos", publicó un artículo bajo el título "Una singular alianza en la Patagonia", al abordar las cláusulas "secretas" del pacto entre YPF y la petrolera norteamericana para impulsar la exploración de shale gas en el sur del país.
Según la publicación, correspondiente a la edición del martes, pero que impactó hoy en Buenos Aires, Chevron quedará protegida de eventuales pérdidas económicas que pudiera sufrir como consecuencia de "cambios en los vientos políticos".
"Si la compañía invierte 1.200 millones de dólares puede retirarse 18 meses más tarde de la operación, sin penalidad alguna, y continuará recibiendo los beneficios netos del 50 por ciento de la producción de los pozos iniciales a perpetuidad", reveló el NYT.
El 16 de julio pasado, Chevron acordó con YPF el desembolso de 1.240 millones de dólares para el desarrollo de la producción de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta, en un área de 20 kilómetros cuadrados.
La presidenta Cristina Fernández defendió esa noche el acuerdo entre YPF y Chevron para explotar el yacimiento Vaca Muerta, al asegurar que la firma norteamericana "es una de las más importantes del mundo".
Un día después del acuerdo, y ante las críticas que generó la llegada de una compañía norteamericana para impulsar el desarrollo de la "soberanía hidrocarburífera", la presidenta Cristina Fernández defendió el entendimento con Chevron.
"Es contradictorio, nos decían que no traíamos inversión extranjera, que no despertábamos confianza. Todas son críticas. Parecen la gata flora", dijo la mandataria durante un acto en la Casa Rosada.
La Presidenta aseguró esa vez que "esperaban que YPF fuera un fracaso para luego tal vez mas adelante volverla a manos privadas como hicieron con gran parte de nuestro patrimonio".
Según el titular de YPF, Miguel Galuccio, la asociación con Chevron es "estratégica para la compañía y para la Argentina", ya que pone "en producción un recurso que puede cambiar el futuro energético de nuestro país".
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Fecha de Publicación: 24/10/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
El diario estadounidense publicó algunos detalles del convenio, donde explica que la petrolera extranjera seguirá recibiendo "a perpetuidad" las regalías que genere el yacimiento neuquino de Vaca Muerta.
La petrolera Chevron seguirá recibiendo "a perpetuidad" las regalías que genere el yacimiento neuquino de Vaca Muerta, donde se asoció con YPF, incluso si lo abandona dentro de 18 meses, salida por la que no tendría "penalidad" alguna que pagar.
Así lo aseguró en las últimas horas el diario estadounidense New York Times (NYT), que, sobre la base de "funcionarios petroleros argentinos", publicó un artículo bajo el título "Una singular alianza en la Patagonia", al abordar las cláusulas "secretas" del pacto entre YPF y la petrolera norteamericana para impulsar la exploración de shale gas en el sur del país.
Según la publicación, correspondiente a la edición del martes, pero que impactó hoy en Buenos Aires, Chevron quedará protegida de eventuales pérdidas económicas que pudiera sufrir como consecuencia de "cambios en los vientos políticos".
"Si la compañía invierte 1.200 millones de dólares puede retirarse 18 meses más tarde de la operación, sin penalidad alguna, y continuará recibiendo los beneficios netos del 50 por ciento de la producción de los pozos iniciales a perpetuidad", reveló el NYT.
El 16 de julio pasado, Chevron acordó con YPF el desembolso de 1.240 millones de dólares para el desarrollo de la producción de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta, en un área de 20 kilómetros cuadrados.
La presidenta Cristina Fernández defendió esa noche el acuerdo entre YPF y Chevron para explotar el yacimiento Vaca Muerta, al asegurar que la firma norteamericana "es una de las más importantes del mundo".
Un día después del acuerdo, y ante las críticas que generó la llegada de una compañía norteamericana para impulsar el desarrollo de la "soberanía hidrocarburífera", la presidenta Cristina Fernández defendió el entendimento con Chevron.
"Es contradictorio, nos decían que no traíamos inversión extranjera, que no despertábamos confianza. Todas son críticas. Parecen la gata flora", dijo la mandataria durante un acto en la Casa Rosada.
La Presidenta aseguró esa vez que "esperaban que YPF fuera un fracaso para luego tal vez mas adelante volverla a manos privadas como hicieron con gran parte de nuestro patrimonio".
Según el titular de YPF, Miguel Galuccio, la asociación con Chevron es "estratégica para la compañía y para la Argentina", ya que pone "en producción un recurso que puede cambiar el futuro energético de nuestro país".
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Piden el fuero penal para delitos ambientales
Reclaman prisión para quienes cometan delitos ambientales
Fecha de Publicación: 24/10/2013
Fuente: Territorio Digital
Provincia/Región: Misiones
El Gobierno de Misiones con el aval de otras provincias reclama se declare como delito penal ambiental el apeo y otras conductas que afectan la conservación de los bosques nativos.
El pedido de la Provincia es similar a la impulsada en el marco de las políticas públicas de protección del ambiente misionero por la senadora Sandra Giménez. Esta legisladora había propuesto, el año pasado, un proyecto de ley para la incorporación al Código Penal Argentino de la figura de “apeo ilegal de los montes nativos”. Esta iniciativa de ley apunta que quienes sean encontrados culpables de ese delito, deban cumplir con penas de prisión efectiva (Ver: Una iniciativa...).
La Provincia a través de la ministra de Ecología y Recursos Naturales Renovables, Viviana Rovira, presentó ahora dicha iniciativa en la Asamblea Extraordinaria del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) celebrada en Buenos Aires.
Se pretende convertir en ley el proyecto que establece la tipificación de los delitos ambientales. La idea fue votada y avalada por las otras provincias y será elevada como documento del Cofema. Esto mismo había solicitado, el año pasado en el mismo ámbito, el gobernador de Misiones, Maurice Closs.
El Consejo Federal de Medio Ambiente es el ámbito institucional de encuentro federal, a los fines de abordar los problemas y las soluciones del medio ambiente en la totalidad del territorio nacional.
El encuentro
La Asamblea Extraordinaria estuvo encabezada por la subsecretaria de Planificación y Política Ambiental, Silvia Revora. Esta funcionaria asistió al debate y la necesidad de avanzar sobre las jurisdicciones en planes forestales, actualización del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos, sanciones y registro de infractores; conductas y actos a incluir como delito penal.
En este sentido la provincia de Misiones fue la impulsora de la necesidad de contar en el Código Penal con sanciones, más allá de lo económico.
Se planteó la necesidad de declarar delito penal ambiental al apeo y otras conductas que afectan la conservación de los bosques nativos.
Además se indicó la importancia de incrementar los fondos asignados en el presupuesto nacional a fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley 26331.
Una iniciativa impulsada desde el 2012
La senadora Sandra Giménez presentó el año pasado un proyecto de ley que propone la incorporación al Código Penal Argentino de la figura de “apeo ilegal de los montes nativos”.
Esta idea fue enarbolada y propuesta por el Ministerio de Ecología de Misiones, a pedido del gobernador Maurice Closs y el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema). De aprobarse dicha norma, quienes sean encontrados culpables de ese delito deberán cumplir con penas de prisión efectiva.
La legisladora nacional, al dar forma al proyecto, había indicado que “el gobernador solicitó al Consejo la redacción de un proyecto de ley que tipifique como delito el apeo ilegal de montes nativos, con la consecuente pena de prisión y reclusión a los responsables que con absoluta conciencia, negligencia, imprudencia o impericia apean nuestros bosques nativos aún en zonas legalmente protegidas”. Las denuncias por apeo ilegal son una constante en especial en la zona Norte. Los jueces sostienen que no pueden hacer otra cosa que aplicar sanciones económicas.
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Fecha de Publicación: 24/10/2013
Fuente: Territorio Digital
Provincia/Región: Misiones
El Gobierno de Misiones con el aval de otras provincias reclama se declare como delito penal ambiental el apeo y otras conductas que afectan la conservación de los bosques nativos.
El pedido de la Provincia es similar a la impulsada en el marco de las políticas públicas de protección del ambiente misionero por la senadora Sandra Giménez. Esta legisladora había propuesto, el año pasado, un proyecto de ley para la incorporación al Código Penal Argentino de la figura de “apeo ilegal de los montes nativos”. Esta iniciativa de ley apunta que quienes sean encontrados culpables de ese delito, deban cumplir con penas de prisión efectiva (Ver: Una iniciativa...).
La Provincia a través de la ministra de Ecología y Recursos Naturales Renovables, Viviana Rovira, presentó ahora dicha iniciativa en la Asamblea Extraordinaria del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) celebrada en Buenos Aires.
Se pretende convertir en ley el proyecto que establece la tipificación de los delitos ambientales. La idea fue votada y avalada por las otras provincias y será elevada como documento del Cofema. Esto mismo había solicitado, el año pasado en el mismo ámbito, el gobernador de Misiones, Maurice Closs.
El Consejo Federal de Medio Ambiente es el ámbito institucional de encuentro federal, a los fines de abordar los problemas y las soluciones del medio ambiente en la totalidad del territorio nacional.
El encuentro
La Asamblea Extraordinaria estuvo encabezada por la subsecretaria de Planificación y Política Ambiental, Silvia Revora. Esta funcionaria asistió al debate y la necesidad de avanzar sobre las jurisdicciones en planes forestales, actualización del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos, sanciones y registro de infractores; conductas y actos a incluir como delito penal.
En este sentido la provincia de Misiones fue la impulsora de la necesidad de contar en el Código Penal con sanciones, más allá de lo económico.
Se planteó la necesidad de declarar delito penal ambiental al apeo y otras conductas que afectan la conservación de los bosques nativos.
Además se indicó la importancia de incrementar los fondos asignados en el presupuesto nacional a fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley 26331.
Una iniciativa impulsada desde el 2012
La senadora Sandra Giménez presentó el año pasado un proyecto de ley que propone la incorporación al Código Penal Argentino de la figura de “apeo ilegal de los montes nativos”.
Esta idea fue enarbolada y propuesta por el Ministerio de Ecología de Misiones, a pedido del gobernador Maurice Closs y el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema). De aprobarse dicha norma, quienes sean encontrados culpables de ese delito deberán cumplir con penas de prisión efectiva.
La legisladora nacional, al dar forma al proyecto, había indicado que “el gobernador solicitó al Consejo la redacción de un proyecto de ley que tipifique como delito el apeo ilegal de montes nativos, con la consecuente pena de prisión y reclusión a los responsables que con absoluta conciencia, negligencia, imprudencia o impericia apean nuestros bosques nativos aún en zonas legalmente protegidas”. Las denuncias por apeo ilegal son una constante en especial en la zona Norte. Los jueces sostienen que no pueden hacer otra cosa que aplicar sanciones económicas.
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Universidad de La Punta modelo en gestión interna ambiental
La ULP, más cerca de convertirse en una universidad verde
Fecha de Publicación: 24/10/2013
Fuente: ULP
Provincia/Región: San Luis
La gestión de residuos, el biodigestor, la planta de reciclado, el sistema de iluminación LED, el aerogenerador de baja potencia y los paneles fotovoltaicos son algunas de las iniciativas, que desarrolla ULP para el cuidado del medio ambiente.
La Universidad de La Punta (ULP), a través del programa Desarrollo Sustentable, lleva adelante iniciativas para promover el cuidado del medio ambiente. Estas actividades la convierten en una "universidad verde".
"Uno de los objetivos de la ULP es cuidar los recursos naturales, a partir de la generación y desarrollo de energías alternativas", explicó Luis Rastrilla, responsable de Desarrollo Sustentable. Y añadió: "Es una institución que está a la vanguardia en lo que respecta al cuidado del medio ambiente".
Los nuevos proyectos
• Aerogenerador de baja potencia
En noviembre, la ULP, conjuntamente con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Medio Ambiente, implementará un aerogenerador de baja potencia en su campus para generar energía eólica. Tal como adelantó Rastrilla, desde Desarrollo Sustentable se dictarán talleres en escuelas técnicas para difundir su utilidad.
"El aerogenerador trabajará con los datos de la Red de Estaciones Meteorológicas (REM) para hacer un mapa eólico y determinar cuáles son los lugares adecuados de la provincia para instalar aerogeneradores", adelantó Rastrilla.
• Paneles fotovoltaicos
Los paneles están formados por un conjunto de celdas, que producen electricidad por medio de la luz solar. El Parque Astronómico La Punta (PALP) es uno de los beneficiados con la instalación de estos paneles.
Según Rastrilla: “La idea es sumar más paneles para alimentar con energía solar a algunas instalaciones de la Universidad”.
• Sistema de iluminación LED
En los próximos meses, la ULP instalará en su campus este sistema de iluminación, que permite reducir el consumo energético.
"De esta manera, lograremos disminuir la contaminación lumínica y el dióxido de carbono en la atmosfera", explicó.
• Planta piloto de biodiesel
Uno de los desafíos para el año próximo es la instalación de una planta piloto de biodiesel, que permitirá transformar el aceite vegetal en un producto útil como el biodiesel.
Algunos de los "proyectos verdes" de la ULP
En 2014 la ULP continuará implementando la gestión de residuos en origen (generales, orgánicos y papel), a través de cestos distribuidos en todo el campus universitario. Además, promoverá la recolección de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).
La gestión de residuos permitirá mantener en funcionamiento el Biodigestor, que funciona en la ULP desde hace un año y medio. El dispositivo produce energía limpia y renovable -el biogás-, que contribuye a la disminución del calentamiento global y al volumen de residuos destinados a disposición final.
También favorecerá la tarea de su Planta de Reciclado. Esta iniciativa tiene por objetivo concientizar a niños y adultos sobre la importancia de reciclar para reducir el volumen de residuos y evitar la tala indiscriminada de árboles.
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Fecha de Publicación: 24/10/2013
Fuente: ULP
Provincia/Región: San Luis
La gestión de residuos, el biodigestor, la planta de reciclado, el sistema de iluminación LED, el aerogenerador de baja potencia y los paneles fotovoltaicos son algunas de las iniciativas, que desarrolla ULP para el cuidado del medio ambiente.
La Universidad de La Punta (ULP), a través del programa Desarrollo Sustentable, lleva adelante iniciativas para promover el cuidado del medio ambiente. Estas actividades la convierten en una "universidad verde".
"Uno de los objetivos de la ULP es cuidar los recursos naturales, a partir de la generación y desarrollo de energías alternativas", explicó Luis Rastrilla, responsable de Desarrollo Sustentable. Y añadió: "Es una institución que está a la vanguardia en lo que respecta al cuidado del medio ambiente".
Los nuevos proyectos
• Aerogenerador de baja potencia
En noviembre, la ULP, conjuntamente con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Medio Ambiente, implementará un aerogenerador de baja potencia en su campus para generar energía eólica. Tal como adelantó Rastrilla, desde Desarrollo Sustentable se dictarán talleres en escuelas técnicas para difundir su utilidad.
"El aerogenerador trabajará con los datos de la Red de Estaciones Meteorológicas (REM) para hacer un mapa eólico y determinar cuáles son los lugares adecuados de la provincia para instalar aerogeneradores", adelantó Rastrilla.
• Paneles fotovoltaicos
Los paneles están formados por un conjunto de celdas, que producen electricidad por medio de la luz solar. El Parque Astronómico La Punta (PALP) es uno de los beneficiados con la instalación de estos paneles.
Según Rastrilla: “La idea es sumar más paneles para alimentar con energía solar a algunas instalaciones de la Universidad”.
• Sistema de iluminación LED
En los próximos meses, la ULP instalará en su campus este sistema de iluminación, que permite reducir el consumo energético.
"De esta manera, lograremos disminuir la contaminación lumínica y el dióxido de carbono en la atmosfera", explicó.
• Planta piloto de biodiesel
Uno de los desafíos para el año próximo es la instalación de una planta piloto de biodiesel, que permitirá transformar el aceite vegetal en un producto útil como el biodiesel.
Algunos de los "proyectos verdes" de la ULP
En 2014 la ULP continuará implementando la gestión de residuos en origen (generales, orgánicos y papel), a través de cestos distribuidos en todo el campus universitario. Además, promoverá la recolección de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).
La gestión de residuos permitirá mantener en funcionamiento el Biodigestor, que funciona en la ULP desde hace un año y medio. El dispositivo produce energía limpia y renovable -el biogás-, que contribuye a la disminución del calentamiento global y al volumen de residuos destinados a disposición final.
También favorecerá la tarea de su Planta de Reciclado. Esta iniciativa tiene por objetivo concientizar a niños y adultos sobre la importancia de reciclar para reducir el volumen de residuos y evitar la tala indiscriminada de árboles.
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Se reúne la Asociación Argentina de Energías Renovables
La Asociación Argentina de Energías Renovables se reúne en Tucumán
Fecha de Publicación: 23/10/2013
Fuente: El Siglo
Provincia/Región: Nacional - Tucumán
El evento, de carácter nacional, está organizado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y tendrá como sede dicha unidad académica.
Hoy, a partir de las 10.00, arrancarán las actividades que se extenderán hasta el próximo viernes.
La Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente (ASADES) organiza la XXXVI Reunión de Trabajo de dicha asociación y el XXII Encuentro de la Asociación Internacional para la Educación en Energía Solar.
Las reuniones están coordinadas por la FAU, a través del Instituto de Acondicionamiento Ambiental, con la participación de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (FACET), a través del Centro de Estudios de Energía.
El encuentro está destinado a científicos, docentes, profesionales y empresarios, vinculados a la investigación, enseñanza y gestión del medio ambiente y a las energías renovables en sus distintas formas y aplicaciones.
La Reunión se realiza con el objetivo de generar un ámbito para el diálogo multisectorial sobre el cuidado del ambiente, el uso racional de la energía y las múltiples aplicaciones de las energías renovables.
Es por eso que busca convocar a investigadores, científicos, y profesionales de organismos públicos y privados, interesados en el uso racional de la energía, el aprovechamiento de recursos renovables y el diseño ambientalmente consciente, para el intercambio de estudios, ideas y experiencias sobre el tema.
Las ponencias, talleres y conferencias comenzarán a las 8.30 y se extenderán durante toda la jornada, hasta alrededor de las 21.00.
Por consultas y mayor información: www1.herrera.unt.edu.ar/asades2013, donde se detalla cada una de las actividades previstas para el encuentro. Email: asades2013@herrera.unt.edu.ar.
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Fecha de Publicación: 23/10/2013
Fuente: El Siglo
Provincia/Región: Nacional - Tucumán
El evento, de carácter nacional, está organizado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y tendrá como sede dicha unidad académica.
Hoy, a partir de las 10.00, arrancarán las actividades que se extenderán hasta el próximo viernes.
La Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente (ASADES) organiza la XXXVI Reunión de Trabajo de dicha asociación y el XXII Encuentro de la Asociación Internacional para la Educación en Energía Solar.
Las reuniones están coordinadas por la FAU, a través del Instituto de Acondicionamiento Ambiental, con la participación de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (FACET), a través del Centro de Estudios de Energía.
El encuentro está destinado a científicos, docentes, profesionales y empresarios, vinculados a la investigación, enseñanza y gestión del medio ambiente y a las energías renovables en sus distintas formas y aplicaciones.
La Reunión se realiza con el objetivo de generar un ámbito para el diálogo multisectorial sobre el cuidado del ambiente, el uso racional de la energía y las múltiples aplicaciones de las energías renovables.
Es por eso que busca convocar a investigadores, científicos, y profesionales de organismos públicos y privados, interesados en el uso racional de la energía, el aprovechamiento de recursos renovables y el diseño ambientalmente consciente, para el intercambio de estudios, ideas y experiencias sobre el tema.
Las ponencias, talleres y conferencias comenzarán a las 8.30 y se extenderán durante toda la jornada, hasta alrededor de las 21.00.
Por consultas y mayor información: www1.herrera.unt.edu.ar/asades2013, donde se detalla cada una de las actividades previstas para el encuentro. Email: asades2013@herrera.unt.edu.ar.
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Argentina es problemática para la minería
Argentina es uno de los países con más problemas por minería
Fecha de Publicación: 23/10/2013
Fuente: No a la Mina - Inversor Energético y Minero
Provincia/Región: Nacional
La Argentina es uno de los cuatro países de América Latina que acumulan más conflictos de índole socioambiental provocados por empresas mineras en cuanto a contaminación, restricción o escasez de agua, falta de consulta previa a las comunidades, disputas territoriales, desplazamiento de pueblos originarios, cambios de uso de suelo, violaciones de derechos humanos e incumplimiento de políticas de responsabilidad social corporativa, pero también por la repartición de rentas e ingresos tributarios provenientes de las actividades mineras, tal como lo indica un flamante estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
De acuerdo con el portal mexicano Jornada, la Argentina y México comparten el segundo lugar entre una veintena de naciones mineras de la región que afrontan esta clase de problemas.
Cada uno tiene 26 casos, y de ese modo sólo son superados por Perú y Chile, que cuentan con 33 conflictos mineros, que la CEPAL atribuye a "la falta de una legislación minera que incluya leyes ambientales, sociales, laborales y territoriales, entre otras, y que -sobre todo- sea firme al monitorear y sancionar la falta de cumplimiento de las políticas de desarrollo sostenible de los países en cuestión".
Según el organismo, los proyectos de todas las empresas mineras que actualmente están implicadas en algún conflicto en México representan un 13 por ciento de la producción de oro de esa nación.
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Fecha de Publicación: 23/10/2013
Fuente: No a la Mina - Inversor Energético y Minero
Provincia/Región: Nacional
La Argentina es uno de los cuatro países de América Latina que acumulan más conflictos de índole socioambiental provocados por empresas mineras en cuanto a contaminación, restricción o escasez de agua, falta de consulta previa a las comunidades, disputas territoriales, desplazamiento de pueblos originarios, cambios de uso de suelo, violaciones de derechos humanos e incumplimiento de políticas de responsabilidad social corporativa, pero también por la repartición de rentas e ingresos tributarios provenientes de las actividades mineras, tal como lo indica un flamante estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
De acuerdo con el portal mexicano Jornada, la Argentina y México comparten el segundo lugar entre una veintena de naciones mineras de la región que afrontan esta clase de problemas.
Cada uno tiene 26 casos, y de ese modo sólo son superados por Perú y Chile, que cuentan con 33 conflictos mineros, que la CEPAL atribuye a "la falta de una legislación minera que incluya leyes ambientales, sociales, laborales y territoriales, entre otras, y que -sobre todo- sea firme al monitorear y sancionar la falta de cumplimiento de las políticas de desarrollo sostenible de los países en cuestión".
Según el organismo, los proyectos de todas las empresas mineras que actualmente están implicadas en algún conflicto en México representan un 13 por ciento de la producción de oro de esa nación.
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La Rioja fue designada como sede del COHIFE
La Rioja será sede del Consejo Hídrico Federal
Fecha de Publicación: 23/10/2013
Fuente: El Independiente
Provincia/Región: La Rioja
En el marco del XXIV Congreso Nacional del Agua (CONAGUA 2013), que se llevó a cabo del 14 al 18 de Octubre en San Juan, La Rioja fue seleccionada como sede para la próxima Asamblea Ordinaria del Consejo Hídrico Federal (COHIFE).
Conformado con el objetivo de facilitar y mejorar las relaciones entre las provincias, y entre éstas y la Nación, en el ámbito de la gestión hídrica, el COHIFE reúne a todos los organismos que tienen a cargo los recursos hídricos del país.
En ocasión del XXIV Congreso Nacional del Agua, que se realizó en San Juan, el Instituto Provincial del Agua La Rioja (IPALAR) participó de la 73º Reunión del Comité Ejecutivo del Consejo.
En la oportunidad, el director de Perforaciones y Cuencas Hídricas del Instituto, Ariel Andrade, y la coordinadora general técnica, María Eugenia Paliza, presentaron la propuesta para que la provincia se transforme en la sede de la próxima reunión del COHIFE que se realizará el 28 y 29 de noviembre, moción que fue aceptada por unanimidad entre los miembros del mismo.
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Fecha de Publicación: 23/10/2013
Fuente: El Independiente
Provincia/Región: La Rioja
En el marco del XXIV Congreso Nacional del Agua (CONAGUA 2013), que se llevó a cabo del 14 al 18 de Octubre en San Juan, La Rioja fue seleccionada como sede para la próxima Asamblea Ordinaria del Consejo Hídrico Federal (COHIFE).
Conformado con el objetivo de facilitar y mejorar las relaciones entre las provincias, y entre éstas y la Nación, en el ámbito de la gestión hídrica, el COHIFE reúne a todos los organismos que tienen a cargo los recursos hídricos del país.
En ocasión del XXIV Congreso Nacional del Agua, que se realizó en San Juan, el Instituto Provincial del Agua La Rioja (IPALAR) participó de la 73º Reunión del Comité Ejecutivo del Consejo.
En la oportunidad, el director de Perforaciones y Cuencas Hídricas del Instituto, Ariel Andrade, y la coordinadora general técnica, María Eugenia Paliza, presentaron la propuesta para que la provincia se transforme en la sede de la próxima reunión del COHIFE que se realizará el 28 y 29 de noviembre, moción que fue aceptada por unanimidad entre los miembros del mismo.
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Problemas de salud por los agrotóxicos y su uso desaprensivo
Mal uso de los agroquímicos provoca problemas de salud
Fecha de Publicación: 22/10/2013
Fuente: Infobae
Provincia/Región: Nacional
El boom de la soja en la Argentina, el principal producto de exportación del país, está relacionado con el uso de semillas transgénicas. La mala aplicación de herbicidas y pesticidas trae consecuencias sobre algunos sectores de la población rural
El peón de campo Fabián Tomasi no estaba entrenado para usar pesticidas. Tenía que llenar los tanques de los rociadores lo más rápido posible para que siguiesen fumigando, lo que frecuentemente implicaba ducharse en sustancias tóxicas. Hoy, a los 47 años, es un esqueleto en vida y le cuesta salir de su vivienda en la provincia de Entre Ríos.
La maestra de escuela Andrea Druetta vive en la provincia de Santa Fe, corazón de la zona de producción de soja argentina y donde está prohibido rociar agroquímicos a menos de 500 metros de las zonas pobladas. Pero se siembra y fumiga soja a 30 metros de su casa y sus hijos fueron rociados con veneno mientras nadaban en su piscina.
Luego del fallecimiento de su bebé recién nacido por una falla renal, Sofía Gatica hizo una denuncia que dio lugar a la primera condena que hubo en Argentina por el uso ilegal de sustancias agroquímicas. El veredicto del año pasado, no obstante, llegó demasiado tarde para sus 5.300 vecinos de Ituzaingó Anexo. Un estudio del Gobierno encontró niveles alarmantes de contaminación agroquímica en la tierra y en su agua potable, y un 80% de los niños examinados tenía rastros de pesticidas en su sangre.
La biotecnología estadounidense hizo de Argentina el tercer productor mundial de grano de soja, pero el uso de las sustancias químicas que potenciaron ese boom van más allá de los campos de soja, algodón y maíz.
The Associated Press documentó decenas de casos en provincias agricultoras donde se emplean sustancias tóxicas en maneras que no fueron previstas por las regulaciones señaladas por la ciencia o que estuvieran específicamente prohibidas por la ley, y en un contexto de pocos controles estatal. El viento arrastra los tóxicos, que quedan esparcidos en escuelas y viviendas al tiempo que han contaminado fuentes de agua. Los peones del campo manipulan las sustancias sin el equipo protector necesario y la gente almacena agua en contenedores de pesticidas que deberían haber sido destruidos.
Ahora los médicos advierten que el uso descontrolado de pesticidas puede ser la causa de crecientes problemas de salud que vienen experimentando los 12 millones de personas que viven en la vasta región agrícola de Argentina.
En Santa Fe, las tasas de cáncer son entre dos y cuatro veces más altas que el promedio nacional. En el Chaco, los defectos de nacimiento se cuadruplicaron desde que el uso de esta biotecnología aplicada al campo se disparara hace 17 años.
"El cambio en la forma de producir, francamente ha cambiado el perfil de enfermedades", dijo Medardo Ávila Vásquez, pediatra y cofundador de Médicos de Pueblos Fumigados, parte de un creciente movimiento que exige la aplicación de normas seguras en la agricultura. "Nos hizo perder una población bastante sana. Ahora vemos una población con altas tasas de cáncer, niños que nacen con malformaciones y enfermedades que eran muy infrecuentes".
Una nación que supo ser conocida por su ganado alimentado con pasto ha sido transformada, desde 1996, cuando la empresa Monsanto, con sede en Saint Louis, Missouri, convenció a Argentina de que la adopción de sus semillas y sustancias químicas patentadas aumentaría las cosechas y reduciría el uso de pesticidas. Hoy, toda la cosecha de soja y casi toda la producción de maíz y algodón están modificadas genéticamente. Las áreas de cultivo de soja se triplicaron y ahora abarcan 19 millones de hectáreas.
El uso de los pesticidas bajó al principio, pero luego repuntó y se multiplicó por nueve. De los 34 millones de litros de 1990 se pasó a casi 317 millones en la actualidad, a medida que los agricultores aumentaban sus cultivos, hasta un máximo de tres cosechas al año, mientras las pestes se hacían más resistentes a las sustancias.
En general, los agricultores argentinos aplican un estimado de 4,3 libras de agroquímicos por hectárea, más del doble de lo que usan los estadounidenses, de acuerdo con un análisis de la AP de datos del Gobierno y de la industria de los pesticidas.
El glifosato, componente clave de los pesticidas Roundup de Monsanto, es una de las sustancias químicas más usadas y menos tóxicas del mundo para eliminar la maleza. Es segura si se aplica debidamente, según muchas agencias reguladoras, incluidas las de Estados Unidos y Europa.
El pasado primero de mayo, la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos aumentó el nivel aceptable de residuos de glifosato en alimentos tras llegar a la conclusión, basada en estudios presentados por la empresa, de que "hay una certeza razonable de que no causará perjuicios en la población en general ni en los bebés y niños por su exposición acumulada".
Argentina adoptó el modelo de Monsanto, pero la aplicación de las normas de seguridad varía, ya que en la regulación de la agricultura priman las 23 provincias, que tienen distintas normativas. El rociado está prohibido a menos de tres kilómetros de las zonas pobladas en algunas provincias, pero es permitido a 50 metros en otras. Un tercio de las entidades territoriales no prevén límite alguno y la mayoría no tiene políticas detalladas de cumplimiento de las normas.
Una ley nacional obliga a quienes aplican sustancias químicas que puedan amenazar la salud a adoptar "medidas eficaces para impedir la generalizada degradación del ambiente, sin importar costos o consecuencias". Pero la ley nunca se aplicó a la agricultura, según comprobó la Auditoría General de la Nación el año pasado.
En respuesta a numerosas denuncias, la presidente Cristina Fernández de Kirchner creó, en 2009, una comisión para que investigara a fondo la aspersión de agroquímicos. Esa comisión hizo público un informe de avance en septiembre del mismo año que dice que "es necesaria la ejecución sostenida en el tiempo de controles sistemáticos de concentraciones del herbicida y compuestos de degradación, como de estudios exhaustivos de laboratorio y de campo, que involucren a los formulados que contengan glifosato, como así también su(s) interacción(es) con otros agroquímicos, bajo las condiciones actuales de uso en nuestro país". La comisión, sin embargo, no se ha reunido desde 2010, según la Auditoría General.
Funcionarios del Gobierno insisten en que el problema no es la falta de investigación, sino la mala información que recibe la población.
"He leído infinidad de documentos, encuestas, videos en contra de la biotecnología, artículos en medios, en los universidades, tanto en Argentina como en Gran Bretaña, y realmente quienes leen todo esto se encuentran en una ensalada (se marean) y terminamos confundidos", dijo el ministro de Agricultura, Lorenzo Basso. "Creo que tenemos que repartir el compromiso de Argentina como productor de alimentos. Si no nos posicionamos en este principio, empezamos a cuestionar cuál es el modelo argentino".
En una declaración escrita, Monsanto dijo que "no aprueba el mal uso que se haga de los pesticidas o la violación de cualquier ley sobre el uso de plaguicidas, reglamentos o decisiones judiciales" que al respecto se hayan promulgado.
"Monsanto toma muy en serio la administración de los productos y nos comunicamos regularmente con nuestros clientes con respecto al uso adecuado de nuestros productos", dijo a la AP Thomas Helscher, vocero de Monsanto.
Modelo Monsanto
Argentina fue uno de los primeros países en adoptar el nuevo modelo de la agricultura biotecnológica promovido por Monsanto y otras empresas agrícolas estadounidenses.
En lugar de rotar la tierra abonada y rociarla de pesticidas, para luego esperar que las sustancias tóxicas se dispersen antes de plantar, los agricultoras hacen la "siembra directa" y luego rocían la zona sin dañar las cosechas que han sido modificadas genéticamente para que puedan tolerar determinadas sustancias químicas.
La siembra directa requiere mucho menos tiempo y dinero y permite al agricultor hacer más cosechas y cultivar incluso en tierras que antes eran consideradas poco rentables.
Las pestes, no obstante, se hacen resistentes de manera más rápida, sobre todo cuando se aplican las mismas sustancias químicas a cultivos modificados genéticamente en gran escala.
Por eso es que los agricultores usan glifosato, considerado uno de los herbicidas más seguros del mundo, en concentraciones cada vez más altas y lo mezclan con sustancias mucho más tóxicas, como la 2,4,D, empleada por los militares estadounidenses en lo que se bautizó como el "Agente Naranja" para deforestar las selvas durante la guerra de Vietnam.
En 2006, una división del Ministerio de Agricultura argentino recomendó que las etiquetas advirtieran que el uso de mezclas de glifosato y sustancias más tóxicas debe limitarse a "áreas agrícolas, alejadas de viviendas y centros poblados". Pero la recomendación fue ignorada, según la investigación de la Auditoria General.
El Gobierno cita investigaciones de la industria avaladas por la autoridad ambiental estadounidense, que el primero de mayo dijo que "no hay indicios de que el glifosato sea un químico neurotóxico y no hay necesidad de hacer un estudio" al respecto.
El biólogo molecular Andrés Carrasco, de la Universidad de Buenos Aires, dice que los cócteles químicos son alarmantes, pero que el glifosato por sí solo puede generar trastornos a la salud de los humanos. Comprobó que la inyección de dosis muy bajas de glifosato en embriones de ranas y pollos puede alterar los niveles de ácido retinoico, lo que causa defectos en la columna similares a los que médicos detectan cada vez más en comunidades humanas donde se usan agroquímicos.
El ácido, una especie de vitamina A, es fundamental para combatir el cáncer y desencadenar expresiones genéticas, el proceso por el cual las células embrión se transforman en órganos y miembros.
"Si es posible reproducirlo en el laboratorio, seguramente lo que está pasando en el campo es mucho peor", dijo Carrasco. "Y si es mucho peor, y sospechamos que es, lo que tenemos que hacer es ponerlo bajo una lupa".
Sus hallazgos, publicados en la revista Chemical Research in Toxicology en 2010, fueron rechazados por Monsanto, que dijo que "no sorprenden dada la metodología y los escenarios de exposición irreales".
Monsanto sostuvo, en respuesta a las preguntas de la AP, que los análisis de la seguridad de los químicos deben hacerse únicamente en animales vivos y que la inyección de embriones "es menos confiable y menos relevante en la evaluación de los riesgos para los humanos".
"El glifosato es menos tóxico que el repelente que pones en la piel de los chicos", dijo Pablo Vaquero, vicepresidente de Monsanto en Argentina y director de asuntos corporativos de la empresa en el Cono Sur. "Dicho esto, habría que tener una hojita de responsabilidad en el buen uso de productos, porque de ninguna manera pondría repelente en la boca de los chicos, y ningún aplicador ambiental debería utilizar un mosquito o un avión fumigador sin darse cuenta de las condiciones ambientales y las amenazas que hay a partir del uso del producto". En los campos, las advertencias son vastamente ignoradas.
Durante tres años Tomasi estuvo expuesto cotidianamente a los químicos al llenar de pesticidas los tanques que se usan para rociar los cultivos. Ahora está al borde de la muerte, víctima de una polineuropatía, una enfermedad neurológica que lo tiene sin fuerza, marchito.
"Preparaba millones de litros veneno sin ningún tipo de protección, como guantes, máscaras o vestimenta especial", dijo. "No sabía nada de esto. Aprendí después de hacer contacto con científicos. Los venenos vienen en bidones, son líquidos concentrados con un montón de precauciones que tomar al momento de aplicarlo". Pero "nadie toma precauciones".
La soja se vende a 500 dólares la tonelada y los agricultores la plantan donde pueden, ignorando a menudo las recomendaciones de Monsanto y las restricciones establecidas en las leyes de las provincias, pues rocían sin avisar a la población, incluso cuando soplan vientos.
En Entre Ríos, los maestros dijeron que no se respeta el límite establecido de no rociar a menos de 50 metros en 18 escuelas y que 11 de esos campos de cultivo fueron fumigados en plena clase. Cinco maestros hicieron denuncias a la policía este año.
La maestra Druetta denunció en Santa Fe que algunos estudiantes se desmayaron cuando los pesticidas entraron a las aulas y que el agua potable de su pueblo de Alvear está contaminada. Dice que la escuela carece de agua purificada y que un vecino mantiene congelados cuerpos de conejos y pájaros que cayeron muertos tras la aspersión con la esperanza de que alguien los estudie.
En la provincia de Buenos Aires está prohibido cargar o preparar equipos para fumigar en áreas pobladas, pero en pueblos como Rawson se rociaron los tóxicos al otro lado de la calle, donde hay viviendas y una escuela, y las sustancias tóxicas que se desbordan fueron a parar a una zanja.
Félix San Román dice que cuando se quejó de las nubes de sustancias químicas que llegan a su casa, los rociadores le dieron una golpiza que rompió su columna y algunos dientes. Afirmó que hizo una denuncia en 2011, que fue ignorada.
"Este es un pueblo chiquito donde nadie se enfrenta con nadie y las autoridades hacen la vista gorda", dijo San Román. "Sólo quiero que se aplique la ley existente, que dice que no se puede hacer esto adentro (a menos de) 1.500 metros. Nadie la respeta".
A veces hasta las órdenes judiciales son ignoradas. En enero, el activista Oscar di Vincensi se plantó frente a un tractor en un campo aledaño a una casa, mostrando un papel con un fallo que impide rociar a menos de 1.000 metros de las viviendas en su pueblo, llamado Alberti. El conductor del tractor lo ignoró y lo roció de pesticida.
El riesgo en la salud
El doctor Damian Verzenassi, director del programa de Medio Ambiente y Salud de la facultad de medicina de la Universidad Nacional de Rosario, decidió tratar de averiguar el motivo de un aumento en los casos de cáncer, defectos de nacimiento y pérdidas de bebés durante el embarazo en los hospitales de Argentina.
"No fuimos a encontrar problemas de agroquímicos", dijo el médico. "Fuimos a averiguar qué estaba pasando con la gente".
Desde 2010, hizo un estudio epidemiológico casa por casa que incluyó a 65.000 personas en la provincia de Santa Fe y comprobó que las tasas de cáncer son entre dos y cuatro veces el promedio nacional, incluidos el cáncer de pecho, de próstata y de pulmón. También se comprobaron altos índices de trastornos en la tiroides y de problemas respiratorios crónicos.
"Puede estar vinculado con los agrotóxicos", dijo Verzenassi. "Hacen los análisis de toxicidad sobre el primer ingrediente, pero nunca han estudiado las interacciones entre todos los químicos que están aplicando.
La médica María del Carmen Seveso, quien dirige desde hace 33 años las unidades de terapia intensiva y comisiones de ética en hospitales del Chaco, se alarmó al ver que, según certificados de nacimiento, los defectos congénitos de los bebés se habían cuadruplicado, de 19,1 a 85,3 por cada 10.000 nacimientos, desde que se aprobó la siembra de cultivos modificados genéticamente hace una década.
Empeñada en hallar las causas, Seveso y su equipo médico encuestó a 2.051 personas en seis pueblos del Chaco. Comprobó que hay más enfermedades y defectos en los pueblos agrícolas que en pueblos ganaderos. En Avia Terai, el 31% de los consultados dijo tener un familiar que contrajo cáncer en la última década, comparado con el 3% del vecino pueblo ganadero de Charadai.
Al visitar estos poblados rodeados por cultivos, la AP encontró rastros de sustancias químicas en sitios donde se supone que no deberían estar.
Claudia Sariski, cuya casa no tiene agua, dice que no deja que sus mellizas beban el agua almacenada en contenedores donde hubo sustancias químicas que tiene en el patio trasero. Pero sus pollos lo hacen, y ella usa esa agua para lavar la ropa.
"Preparan las semillas y el veneno en sus casas. No se ha tomado conciencia de lo que están haciendo", dijo la agrimensora Katherina Pardo. "Es muy común, tanto en Avia Terai como en pueblos vecinos, que usen los recipientes usados para abastecer de agua la casa. Como no hay agua potable, la gente los usa igual. Son gente muy práctica".
El estudio detectó enfermedades que, según la médica Seveso, antes no eran comunes, como defectos de nacimiento, deformaciones del cerebro, médulas espinales expuestas, ceguera o sordera, lesiones neurológicas, infertilidad y problemas inusuales en la piel.
Aixa Cano, una niña de cinco años, tiene verrugas peludas en todo el cuerpo. Su vecina Camila Verón, de dos años, nació con varios defectos. Los médicos les dijeron a las madres que los agroquímicos podrían ser responsables.
"Me dijeron que fue lo que tomaba, que está en el agua porque tiran mucho veneno acá cerca", dijo la madre de Camila, Silvia Achaval, señalando hacia su hija. "Los que dicen que tirar veneno no tiene efecto... no sé qué sentido tiene, porque allí tiene la prueba".
Es casi imposible demostrar que la exposición a una sustancia química específica puede haber causado el cáncer o defectos de nacimiento en una persona. Pero, al igual que otros médicos, Seveso dice que los resultados en Chaco hacen necesaria una rigurosa investigación del Gobierno.
Su informe de 68 páginas, sin embargo, fue archivado por un año en el Ministerio de Salud del Chaco. Finalmente, se filtró una copia, que fue distribuida por internet. "Hay cosas de las que no se habla, cosas que no se escuchan", dijo Seveso. Los científicos dicen que sólo estudios más amplios, a largo plazo, pueden descartar a los agroquímicos como causantes de estas enfermedades.
"Es por ello que hacemos estudios epidemiológicos de males cardíacos, problemas con el cigarrillo y todo tipo de cosas", dijo Doug Gurian-Sherman, ex regulador de la Agencia de Protección Ambiental estadounidense que ahora colabora con la Union of Concerned Scientists. "Si tienes indicios que revelan graves problemas de salud, no esperas hasta tener pruebas absolutas para tomar medidas".
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Fecha de Publicación: 22/10/2013
Fuente: Infobae
Provincia/Región: Nacional
El boom de la soja en la Argentina, el principal producto de exportación del país, está relacionado con el uso de semillas transgénicas. La mala aplicación de herbicidas y pesticidas trae consecuencias sobre algunos sectores de la población rural
El peón de campo Fabián Tomasi no estaba entrenado para usar pesticidas. Tenía que llenar los tanques de los rociadores lo más rápido posible para que siguiesen fumigando, lo que frecuentemente implicaba ducharse en sustancias tóxicas. Hoy, a los 47 años, es un esqueleto en vida y le cuesta salir de su vivienda en la provincia de Entre Ríos.
La maestra de escuela Andrea Druetta vive en la provincia de Santa Fe, corazón de la zona de producción de soja argentina y donde está prohibido rociar agroquímicos a menos de 500 metros de las zonas pobladas. Pero se siembra y fumiga soja a 30 metros de su casa y sus hijos fueron rociados con veneno mientras nadaban en su piscina.
Luego del fallecimiento de su bebé recién nacido por una falla renal, Sofía Gatica hizo una denuncia que dio lugar a la primera condena que hubo en Argentina por el uso ilegal de sustancias agroquímicas. El veredicto del año pasado, no obstante, llegó demasiado tarde para sus 5.300 vecinos de Ituzaingó Anexo. Un estudio del Gobierno encontró niveles alarmantes de contaminación agroquímica en la tierra y en su agua potable, y un 80% de los niños examinados tenía rastros de pesticidas en su sangre.
La biotecnología estadounidense hizo de Argentina el tercer productor mundial de grano de soja, pero el uso de las sustancias químicas que potenciaron ese boom van más allá de los campos de soja, algodón y maíz.
The Associated Press documentó decenas de casos en provincias agricultoras donde se emplean sustancias tóxicas en maneras que no fueron previstas por las regulaciones señaladas por la ciencia o que estuvieran específicamente prohibidas por la ley, y en un contexto de pocos controles estatal. El viento arrastra los tóxicos, que quedan esparcidos en escuelas y viviendas al tiempo que han contaminado fuentes de agua. Los peones del campo manipulan las sustancias sin el equipo protector necesario y la gente almacena agua en contenedores de pesticidas que deberían haber sido destruidos.
Ahora los médicos advierten que el uso descontrolado de pesticidas puede ser la causa de crecientes problemas de salud que vienen experimentando los 12 millones de personas que viven en la vasta región agrícola de Argentina.
En Santa Fe, las tasas de cáncer son entre dos y cuatro veces más altas que el promedio nacional. En el Chaco, los defectos de nacimiento se cuadruplicaron desde que el uso de esta biotecnología aplicada al campo se disparara hace 17 años.
"El cambio en la forma de producir, francamente ha cambiado el perfil de enfermedades", dijo Medardo Ávila Vásquez, pediatra y cofundador de Médicos de Pueblos Fumigados, parte de un creciente movimiento que exige la aplicación de normas seguras en la agricultura. "Nos hizo perder una población bastante sana. Ahora vemos una población con altas tasas de cáncer, niños que nacen con malformaciones y enfermedades que eran muy infrecuentes".
Una nación que supo ser conocida por su ganado alimentado con pasto ha sido transformada, desde 1996, cuando la empresa Monsanto, con sede en Saint Louis, Missouri, convenció a Argentina de que la adopción de sus semillas y sustancias químicas patentadas aumentaría las cosechas y reduciría el uso de pesticidas. Hoy, toda la cosecha de soja y casi toda la producción de maíz y algodón están modificadas genéticamente. Las áreas de cultivo de soja se triplicaron y ahora abarcan 19 millones de hectáreas.
El uso de los pesticidas bajó al principio, pero luego repuntó y se multiplicó por nueve. De los 34 millones de litros de 1990 se pasó a casi 317 millones en la actualidad, a medida que los agricultores aumentaban sus cultivos, hasta un máximo de tres cosechas al año, mientras las pestes se hacían más resistentes a las sustancias.
En general, los agricultores argentinos aplican un estimado de 4,3 libras de agroquímicos por hectárea, más del doble de lo que usan los estadounidenses, de acuerdo con un análisis de la AP de datos del Gobierno y de la industria de los pesticidas.
El glifosato, componente clave de los pesticidas Roundup de Monsanto, es una de las sustancias químicas más usadas y menos tóxicas del mundo para eliminar la maleza. Es segura si se aplica debidamente, según muchas agencias reguladoras, incluidas las de Estados Unidos y Europa.
El pasado primero de mayo, la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos aumentó el nivel aceptable de residuos de glifosato en alimentos tras llegar a la conclusión, basada en estudios presentados por la empresa, de que "hay una certeza razonable de que no causará perjuicios en la población en general ni en los bebés y niños por su exposición acumulada".
Argentina adoptó el modelo de Monsanto, pero la aplicación de las normas de seguridad varía, ya que en la regulación de la agricultura priman las 23 provincias, que tienen distintas normativas. El rociado está prohibido a menos de tres kilómetros de las zonas pobladas en algunas provincias, pero es permitido a 50 metros en otras. Un tercio de las entidades territoriales no prevén límite alguno y la mayoría no tiene políticas detalladas de cumplimiento de las normas.
Una ley nacional obliga a quienes aplican sustancias químicas que puedan amenazar la salud a adoptar "medidas eficaces para impedir la generalizada degradación del ambiente, sin importar costos o consecuencias". Pero la ley nunca se aplicó a la agricultura, según comprobó la Auditoría General de la Nación el año pasado.
En respuesta a numerosas denuncias, la presidente Cristina Fernández de Kirchner creó, en 2009, una comisión para que investigara a fondo la aspersión de agroquímicos. Esa comisión hizo público un informe de avance en septiembre del mismo año que dice que "es necesaria la ejecución sostenida en el tiempo de controles sistemáticos de concentraciones del herbicida y compuestos de degradación, como de estudios exhaustivos de laboratorio y de campo, que involucren a los formulados que contengan glifosato, como así también su(s) interacción(es) con otros agroquímicos, bajo las condiciones actuales de uso en nuestro país". La comisión, sin embargo, no se ha reunido desde 2010, según la Auditoría General.
Funcionarios del Gobierno insisten en que el problema no es la falta de investigación, sino la mala información que recibe la población.
"He leído infinidad de documentos, encuestas, videos en contra de la biotecnología, artículos en medios, en los universidades, tanto en Argentina como en Gran Bretaña, y realmente quienes leen todo esto se encuentran en una ensalada (se marean) y terminamos confundidos", dijo el ministro de Agricultura, Lorenzo Basso. "Creo que tenemos que repartir el compromiso de Argentina como productor de alimentos. Si no nos posicionamos en este principio, empezamos a cuestionar cuál es el modelo argentino".
En una declaración escrita, Monsanto dijo que "no aprueba el mal uso que se haga de los pesticidas o la violación de cualquier ley sobre el uso de plaguicidas, reglamentos o decisiones judiciales" que al respecto se hayan promulgado.
"Monsanto toma muy en serio la administración de los productos y nos comunicamos regularmente con nuestros clientes con respecto al uso adecuado de nuestros productos", dijo a la AP Thomas Helscher, vocero de Monsanto.
Modelo Monsanto
Argentina fue uno de los primeros países en adoptar el nuevo modelo de la agricultura biotecnológica promovido por Monsanto y otras empresas agrícolas estadounidenses.
En lugar de rotar la tierra abonada y rociarla de pesticidas, para luego esperar que las sustancias tóxicas se dispersen antes de plantar, los agricultoras hacen la "siembra directa" y luego rocían la zona sin dañar las cosechas que han sido modificadas genéticamente para que puedan tolerar determinadas sustancias químicas.
La siembra directa requiere mucho menos tiempo y dinero y permite al agricultor hacer más cosechas y cultivar incluso en tierras que antes eran consideradas poco rentables.
Las pestes, no obstante, se hacen resistentes de manera más rápida, sobre todo cuando se aplican las mismas sustancias químicas a cultivos modificados genéticamente en gran escala.
Por eso es que los agricultores usan glifosato, considerado uno de los herbicidas más seguros del mundo, en concentraciones cada vez más altas y lo mezclan con sustancias mucho más tóxicas, como la 2,4,D, empleada por los militares estadounidenses en lo que se bautizó como el "Agente Naranja" para deforestar las selvas durante la guerra de Vietnam.
En 2006, una división del Ministerio de Agricultura argentino recomendó que las etiquetas advirtieran que el uso de mezclas de glifosato y sustancias más tóxicas debe limitarse a "áreas agrícolas, alejadas de viviendas y centros poblados". Pero la recomendación fue ignorada, según la investigación de la Auditoria General.
El Gobierno cita investigaciones de la industria avaladas por la autoridad ambiental estadounidense, que el primero de mayo dijo que "no hay indicios de que el glifosato sea un químico neurotóxico y no hay necesidad de hacer un estudio" al respecto.
El biólogo molecular Andrés Carrasco, de la Universidad de Buenos Aires, dice que los cócteles químicos son alarmantes, pero que el glifosato por sí solo puede generar trastornos a la salud de los humanos. Comprobó que la inyección de dosis muy bajas de glifosato en embriones de ranas y pollos puede alterar los niveles de ácido retinoico, lo que causa defectos en la columna similares a los que médicos detectan cada vez más en comunidades humanas donde se usan agroquímicos.
El ácido, una especie de vitamina A, es fundamental para combatir el cáncer y desencadenar expresiones genéticas, el proceso por el cual las células embrión se transforman en órganos y miembros.
"Si es posible reproducirlo en el laboratorio, seguramente lo que está pasando en el campo es mucho peor", dijo Carrasco. "Y si es mucho peor, y sospechamos que es, lo que tenemos que hacer es ponerlo bajo una lupa".
Sus hallazgos, publicados en la revista Chemical Research in Toxicology en 2010, fueron rechazados por Monsanto, que dijo que "no sorprenden dada la metodología y los escenarios de exposición irreales".
Monsanto sostuvo, en respuesta a las preguntas de la AP, que los análisis de la seguridad de los químicos deben hacerse únicamente en animales vivos y que la inyección de embriones "es menos confiable y menos relevante en la evaluación de los riesgos para los humanos".
"El glifosato es menos tóxico que el repelente que pones en la piel de los chicos", dijo Pablo Vaquero, vicepresidente de Monsanto en Argentina y director de asuntos corporativos de la empresa en el Cono Sur. "Dicho esto, habría que tener una hojita de responsabilidad en el buen uso de productos, porque de ninguna manera pondría repelente en la boca de los chicos, y ningún aplicador ambiental debería utilizar un mosquito o un avión fumigador sin darse cuenta de las condiciones ambientales y las amenazas que hay a partir del uso del producto". En los campos, las advertencias son vastamente ignoradas.
Durante tres años Tomasi estuvo expuesto cotidianamente a los químicos al llenar de pesticidas los tanques que se usan para rociar los cultivos. Ahora está al borde de la muerte, víctima de una polineuropatía, una enfermedad neurológica que lo tiene sin fuerza, marchito.
"Preparaba millones de litros veneno sin ningún tipo de protección, como guantes, máscaras o vestimenta especial", dijo. "No sabía nada de esto. Aprendí después de hacer contacto con científicos. Los venenos vienen en bidones, son líquidos concentrados con un montón de precauciones que tomar al momento de aplicarlo". Pero "nadie toma precauciones".
La soja se vende a 500 dólares la tonelada y los agricultores la plantan donde pueden, ignorando a menudo las recomendaciones de Monsanto y las restricciones establecidas en las leyes de las provincias, pues rocían sin avisar a la población, incluso cuando soplan vientos.
En Entre Ríos, los maestros dijeron que no se respeta el límite establecido de no rociar a menos de 50 metros en 18 escuelas y que 11 de esos campos de cultivo fueron fumigados en plena clase. Cinco maestros hicieron denuncias a la policía este año.
La maestra Druetta denunció en Santa Fe que algunos estudiantes se desmayaron cuando los pesticidas entraron a las aulas y que el agua potable de su pueblo de Alvear está contaminada. Dice que la escuela carece de agua purificada y que un vecino mantiene congelados cuerpos de conejos y pájaros que cayeron muertos tras la aspersión con la esperanza de que alguien los estudie.
En la provincia de Buenos Aires está prohibido cargar o preparar equipos para fumigar en áreas pobladas, pero en pueblos como Rawson se rociaron los tóxicos al otro lado de la calle, donde hay viviendas y una escuela, y las sustancias tóxicas que se desbordan fueron a parar a una zanja.
Félix San Román dice que cuando se quejó de las nubes de sustancias químicas que llegan a su casa, los rociadores le dieron una golpiza que rompió su columna y algunos dientes. Afirmó que hizo una denuncia en 2011, que fue ignorada.
"Este es un pueblo chiquito donde nadie se enfrenta con nadie y las autoridades hacen la vista gorda", dijo San Román. "Sólo quiero que se aplique la ley existente, que dice que no se puede hacer esto adentro (a menos de) 1.500 metros. Nadie la respeta".
A veces hasta las órdenes judiciales son ignoradas. En enero, el activista Oscar di Vincensi se plantó frente a un tractor en un campo aledaño a una casa, mostrando un papel con un fallo que impide rociar a menos de 1.000 metros de las viviendas en su pueblo, llamado Alberti. El conductor del tractor lo ignoró y lo roció de pesticida.
El riesgo en la salud
El doctor Damian Verzenassi, director del programa de Medio Ambiente y Salud de la facultad de medicina de la Universidad Nacional de Rosario, decidió tratar de averiguar el motivo de un aumento en los casos de cáncer, defectos de nacimiento y pérdidas de bebés durante el embarazo en los hospitales de Argentina.
"No fuimos a encontrar problemas de agroquímicos", dijo el médico. "Fuimos a averiguar qué estaba pasando con la gente".
Desde 2010, hizo un estudio epidemiológico casa por casa que incluyó a 65.000 personas en la provincia de Santa Fe y comprobó que las tasas de cáncer son entre dos y cuatro veces el promedio nacional, incluidos el cáncer de pecho, de próstata y de pulmón. También se comprobaron altos índices de trastornos en la tiroides y de problemas respiratorios crónicos.
"Puede estar vinculado con los agrotóxicos", dijo Verzenassi. "Hacen los análisis de toxicidad sobre el primer ingrediente, pero nunca han estudiado las interacciones entre todos los químicos que están aplicando.
La médica María del Carmen Seveso, quien dirige desde hace 33 años las unidades de terapia intensiva y comisiones de ética en hospitales del Chaco, se alarmó al ver que, según certificados de nacimiento, los defectos congénitos de los bebés se habían cuadruplicado, de 19,1 a 85,3 por cada 10.000 nacimientos, desde que se aprobó la siembra de cultivos modificados genéticamente hace una década.
Empeñada en hallar las causas, Seveso y su equipo médico encuestó a 2.051 personas en seis pueblos del Chaco. Comprobó que hay más enfermedades y defectos en los pueblos agrícolas que en pueblos ganaderos. En Avia Terai, el 31% de los consultados dijo tener un familiar que contrajo cáncer en la última década, comparado con el 3% del vecino pueblo ganadero de Charadai.
Al visitar estos poblados rodeados por cultivos, la AP encontró rastros de sustancias químicas en sitios donde se supone que no deberían estar.
Claudia Sariski, cuya casa no tiene agua, dice que no deja que sus mellizas beban el agua almacenada en contenedores donde hubo sustancias químicas que tiene en el patio trasero. Pero sus pollos lo hacen, y ella usa esa agua para lavar la ropa.
"Preparan las semillas y el veneno en sus casas. No se ha tomado conciencia de lo que están haciendo", dijo la agrimensora Katherina Pardo. "Es muy común, tanto en Avia Terai como en pueblos vecinos, que usen los recipientes usados para abastecer de agua la casa. Como no hay agua potable, la gente los usa igual. Son gente muy práctica".
El estudio detectó enfermedades que, según la médica Seveso, antes no eran comunes, como defectos de nacimiento, deformaciones del cerebro, médulas espinales expuestas, ceguera o sordera, lesiones neurológicas, infertilidad y problemas inusuales en la piel.
Aixa Cano, una niña de cinco años, tiene verrugas peludas en todo el cuerpo. Su vecina Camila Verón, de dos años, nació con varios defectos. Los médicos les dijeron a las madres que los agroquímicos podrían ser responsables.
"Me dijeron que fue lo que tomaba, que está en el agua porque tiran mucho veneno acá cerca", dijo la madre de Camila, Silvia Achaval, señalando hacia su hija. "Los que dicen que tirar veneno no tiene efecto... no sé qué sentido tiene, porque allí tiene la prueba".
Es casi imposible demostrar que la exposición a una sustancia química específica puede haber causado el cáncer o defectos de nacimiento en una persona. Pero, al igual que otros médicos, Seveso dice que los resultados en Chaco hacen necesaria una rigurosa investigación del Gobierno.
Su informe de 68 páginas, sin embargo, fue archivado por un año en el Ministerio de Salud del Chaco. Finalmente, se filtró una copia, que fue distribuida por internet. "Hay cosas de las que no se habla, cosas que no se escuchan", dijo Seveso. Los científicos dicen que sólo estudios más amplios, a largo plazo, pueden descartar a los agroquímicos como causantes de estas enfermedades.
"Es por ello que hacemos estudios epidemiológicos de males cardíacos, problemas con el cigarrillo y todo tipo de cosas", dijo Doug Gurian-Sherman, ex regulador de la Agencia de Protección Ambiental estadounidense que ahora colabora con la Union of Concerned Scientists. "Si tienes indicios que revelan graves problemas de salud, no esperas hasta tener pruebas absolutas para tomar medidas".
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Alumbrera autorizada a explotar nueva mina
El Gobierno autorizó la exploración del proyecto Bajo El Durazno
Fecha de Publicación: 22/10/2013
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
El Gobierno, a través de la Secretaría de Minería, aprobó la ejecución de la ampliación del programa de perforación “Diamantina 2013” para la etapa de exploración del Proyecto Bajo El Durazno ubicado en el departamento Belén, aledaño al empredimiento Bajo de La Alumbrera.
Luego de la evaluación y verificación en terreno del plan exploratorio del manejo ambiental que llevó a cabo personal técnico-profesional de la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera dependiente de la SEM, se aprobó la ejecución de 3.000 metros de perforación solicitada por la empresa Minera Alumbrera LTD en Bajo El Durazno.
La tarea a desarrollar también incluye acondicionamientos de accesos y construcción de plataformas para el emplazamiento de equipos de exploración, trabajos que demandarán la incorporación inicial de aproximadamente 25 personas de manera directa, entre geólogos, operadores de equipos y muestreadores.
Un aspecto importante es que el instrumento legal de aprobación (DIA – Declaración de Impacto Ambiental) incluye la obligación por parte de la empresa operadora, de contratar además auditores ambientales inscriptos en el Registro de Consultores Ambientales de la SEM, oriundos del área de influencia primaria del proyecto exploratorio.
Además, la DIA establece que los recursos humanos, insumos y proveedores para el desarrollo de las tareas que se incorporen en lo sucesivo para la zona exploratoria de Bajo El Durazno deberán ser en un 70 por ciento de origen catamarqueño.
Ya en el 2012 se ejecutaron 5.000 metros de perforación en la zona mencionada a los efectos de confirmar y completar información de reservas de minerales.
Bajo El Durazno se encuentra ubicado a 3 kilómetros del yacimiento Bajo La Alumbrera y las exploraciones realizadas permitieron ubicar un recurso geológico estimado en 200 millones de toneladas de minerales.
El depósito Bajo El Durazno se localiza en el complejo volcánico Farallón Negro, en el departamento Belén. Se encuentra ubicado, en línea recta, a diez kilómetros al este-noreste de la Mina Farallón Negro y a seis kilómetros al norte de la mina Bajo La Alumbrera.
El ministro de Producción Ángel Mercado destacó la importancia de este avance y explicó que el trabajo resulta necesario para “certificar con mayor precisión la calidad y cantidad de mineral existente y poder así avanzar después en la etapa de explotación”.
“Con esta medida, comienzan ya tareas concretas para prolongar la vida útil de la actividad y de esta manera se empieza a dar certidumbres, tanto para las finanzas provinciales como para los inversores, los empleados, los proveedores y todos los actores involucrados”.
“Esta decisión demuestra que el Gobierno no se queda a esperar, sino que actúa y hace todo lo posible hacer para empezar a darle certezas a quienes tienen que tomar decisiones de inversión”, dijo.
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Fecha de Publicación: 22/10/2013
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
El Gobierno, a través de la Secretaría de Minería, aprobó la ejecución de la ampliación del programa de perforación “Diamantina 2013” para la etapa de exploración del Proyecto Bajo El Durazno ubicado en el departamento Belén, aledaño al empredimiento Bajo de La Alumbrera.
Luego de la evaluación y verificación en terreno del plan exploratorio del manejo ambiental que llevó a cabo personal técnico-profesional de la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera dependiente de la SEM, se aprobó la ejecución de 3.000 metros de perforación solicitada por la empresa Minera Alumbrera LTD en Bajo El Durazno.
La tarea a desarrollar también incluye acondicionamientos de accesos y construcción de plataformas para el emplazamiento de equipos de exploración, trabajos que demandarán la incorporación inicial de aproximadamente 25 personas de manera directa, entre geólogos, operadores de equipos y muestreadores.
Un aspecto importante es que el instrumento legal de aprobación (DIA – Declaración de Impacto Ambiental) incluye la obligación por parte de la empresa operadora, de contratar además auditores ambientales inscriptos en el Registro de Consultores Ambientales de la SEM, oriundos del área de influencia primaria del proyecto exploratorio.
Además, la DIA establece que los recursos humanos, insumos y proveedores para el desarrollo de las tareas que se incorporen en lo sucesivo para la zona exploratoria de Bajo El Durazno deberán ser en un 70 por ciento de origen catamarqueño.
Ya en el 2012 se ejecutaron 5.000 metros de perforación en la zona mencionada a los efectos de confirmar y completar información de reservas de minerales.
Bajo El Durazno se encuentra ubicado a 3 kilómetros del yacimiento Bajo La Alumbrera y las exploraciones realizadas permitieron ubicar un recurso geológico estimado en 200 millones de toneladas de minerales.
El depósito Bajo El Durazno se localiza en el complejo volcánico Farallón Negro, en el departamento Belén. Se encuentra ubicado, en línea recta, a diez kilómetros al este-noreste de la Mina Farallón Negro y a seis kilómetros al norte de la mina Bajo La Alumbrera.
El ministro de Producción Ángel Mercado destacó la importancia de este avance y explicó que el trabajo resulta necesario para “certificar con mayor precisión la calidad y cantidad de mineral existente y poder así avanzar después en la etapa de explotación”.
“Con esta medida, comienzan ya tareas concretas para prolongar la vida útil de la actividad y de esta manera se empieza a dar certidumbres, tanto para las finanzas provinciales como para los inversores, los empleados, los proveedores y todos los actores involucrados”.
“Esta decisión demuestra que el Gobierno no se queda a esperar, sino que actúa y hace todo lo posible hacer para empezar a darle certezas a quienes tienen que tomar decisiones de inversión”, dijo.
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