Mapuches no dejarán pasar a Chevron en Vaca Muerta
18:37 | 
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Mapuches anuncian que cerrarán el paso a Chevron
Fecha de Publicación: 11/07/2013
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
La Confederación Mapuche y las comunidades originarias asentadas en la zona de Vaca Muerta aseguraron que no permitirán el ingreso de la empresa Chevron a su territorio e impugnarán el acuerdo que se firmará el lunes con YPF por violar el derecho de consulta previa.
"No son tierras mapuches", dijo anoche un vocero de la compañía petrolera en la única declaración que hubo sobre el tema.
En una conferencia de prensa, Jorge Nahuel integrante de la Confederación explicó que "no se puede realizar ningún tipo de proyecto de desarrollo o emprendimiento en nuestro territorio si no se cumple con un procedimiento legal. El estado está obligado a consultar, si no lo hace está violando la ley", en referencia a la convención 169 de la OIT. En este sentido explicó que en ningún momento se consultó a las comunidades que viven en toda en la formación Vaca Muerta y que ante la firma de un convenio que permitirá a Chevron explotar más de 1.000 pozos para extraer gas y petróleo no convencional, tomarán "todas las medidas necesarias", para evitarlo. "Además hemos acordado con los pueblos afectados por Chevron en Ecuador, los kofan, siona, sarayaco, que no podemos permitir que Chevron entre al territorio mapuche, porque ya sabemos que va a traer contaminación", indicó Nahuel, al recordar el juicio que ganaron las comunidades ecuatorianas contra al empresa por contaminar 480.000 hectáreas de selva amazónica.
La Confederación presentará una impugnación al convenio que se firmará el lunes por incumplir con el derecho internacional de consulta previa. Además, las comunidades del lugar analizarán manifestarse ese día en el lugar.
El lonco Albino Campos, del lof Campo Maripe ubicado en el centro de Vaca Muerta, aseguró que los trabajos comenzaron hace tiempo, que hay cerca de 600 pozos en producción, y la mayoría está a entre dos y diez kilómetros de sus casas. "Esos lugares también son campos de pastoreo", alertó Campos. "Ya no queremos pagar más el precio de este desarrollo, que promueve un crecimiento sin límites, desvinculado de la naturaleza y de la cultura que le da soporte y sentido, que avanza destruyendo la biodiversidad, contaminando, el aire, las aguas, los lagos, dijeron en un comunicado. Cuestionaron al gobierno local por desconocer las características del acuerdo.
"Sorprende que Nación y Provincia abran las puertas a una empresa que es reconocida a nivel mundial como contaminante y extorsionadora", dijeron en la rueda de prensa.
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Fecha de Publicación: 11/07/2013
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
La Confederación Mapuche y las comunidades originarias asentadas en la zona de Vaca Muerta aseguraron que no permitirán el ingreso de la empresa Chevron a su territorio e impugnarán el acuerdo que se firmará el lunes con YPF por violar el derecho de consulta previa."No son tierras mapuches", dijo anoche un vocero de la compañía petrolera en la única declaración que hubo sobre el tema.
En una conferencia de prensa, Jorge Nahuel integrante de la Confederación explicó que "no se puede realizar ningún tipo de proyecto de desarrollo o emprendimiento en nuestro territorio si no se cumple con un procedimiento legal. El estado está obligado a consultar, si no lo hace está violando la ley", en referencia a la convención 169 de la OIT. En este sentido explicó que en ningún momento se consultó a las comunidades que viven en toda en la formación Vaca Muerta y que ante la firma de un convenio que permitirá a Chevron explotar más de 1.000 pozos para extraer gas y petróleo no convencional, tomarán "todas las medidas necesarias", para evitarlo. "Además hemos acordado con los pueblos afectados por Chevron en Ecuador, los kofan, siona, sarayaco, que no podemos permitir que Chevron entre al territorio mapuche, porque ya sabemos que va a traer contaminación", indicó Nahuel, al recordar el juicio que ganaron las comunidades ecuatorianas contra al empresa por contaminar 480.000 hectáreas de selva amazónica.
La Confederación presentará una impugnación al convenio que se firmará el lunes por incumplir con el derecho internacional de consulta previa. Además, las comunidades del lugar analizarán manifestarse ese día en el lugar.
El lonco Albino Campos, del lof Campo Maripe ubicado en el centro de Vaca Muerta, aseguró que los trabajos comenzaron hace tiempo, que hay cerca de 600 pozos en producción, y la mayoría está a entre dos y diez kilómetros de sus casas. "Esos lugares también son campos de pastoreo", alertó Campos. "Ya no queremos pagar más el precio de este desarrollo, que promueve un crecimiento sin límites, desvinculado de la naturaleza y de la cultura que le da soporte y sentido, que avanza destruyendo la biodiversidad, contaminando, el aire, las aguas, los lagos, dijeron en un comunicado. Cuestionaron al gobierno local por desconocer las características del acuerdo.
"Sorprende que Nación y Provincia abran las puertas a una empresa que es reconocida a nivel mundial como contaminante y extorsionadora", dijeron en la rueda de prensa.
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Las mineras de Santa Cruz no quieren pagar más
Mineras nombraron abogados para iniciar juicio a la provincia de Kirchner
Fecha de Publicación: 11/07/2013
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Santa Cruz
Pretenden frenar el nuevo impuesto amparándose en la estabilidad fiscal de la Ley de Inversiones Mineras. "Lo que se pone en cuestión es la estabilidad fiscal y esto no se puede discutir." Ésa es la línea política y legal con la que está trabajando el equipo de abogados de las principales mineras que operan en la Argentina y que harán una presentación judicial para frenar el nuevo impuesto minero no bien lo promulgue el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta.
Y según confiaron fuentes del sector, fundamentarán la presentación en que "todo el andamiaje de inversiones tiene buena parte de sus bases apoyadas" en ese beneficio que garantiza un bloque inmodificable de impuestos durante treinta años.
El equipo legal que coordina el abogado Carlos Saravia Frías, socio del estudio Saravia Frías-Mazzinghi, está integrado por los especialistas de Pan American Silver, Patagonia Gold y Yamana Gold, entre otros. Todos ellos están evaluando los pasos a seguir no bien se promulgue la ley, que Peralta logró tener desde hace quince días, detalló a BAE Negocios una fuente minera.
Más allá de que todas las empresas mineras de Santa Cruz cerraron filas ante el avance de Peralta, la situación no es la misma para cada una de ellas. Por ejemplo, Cerro Vanguardia –que opera la sudafricana AngloGold Ashanti– es socia de una empresa estatal (Fomento Minero de Santa Cruz) y no podría accionar contra su socio. Distinta es la situación de Cerro Negro –de Gold Corp.–, que tendría que pagar unos $400 millones y aún no está produciendo, pero ya declaró sus reservas.
Según la ley votada en la Cámara de Diputados santacruceña, todas las mineras que tengan el plan de factibilidad aprobado quedan alcanzadas por el nuevo "impuesto al derecho real de propiedad inmobiliaria minera", que se determinará mediante una alícuota del 1% sobre el valor de las reservas que posea la mina. Según un estudio de la consultora Abeceb, elaborado a pedido de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), las mineras tienen una presión impositiva del 53% de su producto bruto en la Argentina. Subrayan que es superior a la de Chile o Perú.
"Esto coincide con la curva descendente del precio de los metales y cuando eso ocurre los empresarios piensan en mantener la rentabilidad", se quejó ante este diario un empresario que conoce el sector. Aunque no lo diga abiertamente, la frase está ligada al empleo y la posibilidad de que la rentabilidad se mantenga recortando por allí. Lo que ocurre con esto no será menor porque el 14,2% del empleo privado de Santa Cruz está ligado a la minería de gran escala. Esa situación, que generó el alerta de todo el sector y comenzó a ser evaluada por la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi), no tuvo aún repercusiones públicas.
Para dar una idea del peso que tendrá esa alícuota del 1% en sus finanzas, las mineras señalan que se paga hasta el 3% de regalías a las provincias por el mineral –en varios casos es menos del 3%– en boca de mina. En ese lugar, el mineral tiene el precio más bajo de la cadena de valor.
Según indicaron fuentes privadas, el tema fue abordado por las provincias y por el secretario de Minería, Jorge Mayoral, pero la decisión fue no hablar en voz alta y esperar a que se sucedan los hechos: quieren ver hasta dónde llega Peralta, que consiguió la aprobación del impuesto, pero con la abstención de todos los legisladores que responden a La Cámpora. El artículo principal fue aprobado por 10 votos a favor (8 del PJ y 2 de la UCR) pero tuvo 14 abstenciones.
Es que la decisión de Peralta pega de lleno en la instancia que el Gobierno imaginó para tener una mesa de negociación permanente con las diez provincias mineras y, además, con las empresas: la Ofemi, que se creó en febrero del 2012 y preside Eduardo Fellner, tras el conflicto social que estalló en Famatina, La Rioja. Ese enfrentamiento con los pobladores locales sepultó, al menos por ahora, la posibilidad de explorar el cerro, y la semana pasada se firmó el convenio de rescisión de contrato con la canadiense Osisko Mining Corp.
País de oportunidades
El titular del Grosso Group Management, Joseph Grosso, sostuvo que la Argentina es "un país que siempre ofrece oportunidades". El empresario anunció que iniciará la etapa exploratoria de los proyectos Chinchilla y Chinchilla I en el departamento de Rinconada, en Jujuy, como parte de las iniciativas.
Ajuste en Vanguardia. Cerro Vanguardia, una de las principales productoras de oro del país, acaba de anunciar que iniciará un proceso de ajuste. Lo hizo el viernes pasado durante una reunión con sus empleados, al analizar la caída internacional del precio de los metales y "el contexto inflacionario argentino".
Según dijo el gerente general de Cerro Vanguardia, Jorge Sanguin, se vienen tiempos de "hacer más con menos", y señaló que tendrán que "tomar algunas decisiones difíciles, y que habrá sectores que deberán ser más austeros".
Un estudio especializado en el sector
El estudio jurídico Saravia Frías-Mazzinghi es uno de los más especializados en el derecho minero. No sólo porque entre sus clientes tiene a varias empresas como Mega Uranium, OroCobre, Argentina Mining, Batavia Mining, Patagonia Gold, Minera Mariana y Osisko Mining Company, sino porque dedica tiempo y esfuerzo a construir la fundamentación política para evitar que se eleve la presión tributaria sobre el sector.
Ante el creciente debate sobre la posibilidad de elevar la presión tributaria, el estudio que encabeza Carlos Saravia Frías planteó que el problema no era aumentar la carga impositiva sino lograr "una redistribución más directa, eficaz y equitativa de lo recaudado en concepto de impuestos para la Nación y las provincias". Fue durante un seminario organizado el 26 de octubre de 2011, en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral con el patrocinio exclusivo de la canadiense Barrick Gold.
"Resulta válido preguntarse si la intención de aumentar la regalía minera no deviene de un problema de distribución y administración de la renta total, más que de un problema de lo que realmente percibe el Gobierno en concepto de minería. Prueba de lo antedicho, constituye el desarrollo económico alcanzado por algunas provincias que ha defendido el sistema implementado en los '90, tomando así la minería como base fundamental de su desarrollo económico", indicó el abogado Hugo Emilio Bastías, del estudio Saravia Frías-Mazzinghi, en el primer párrafo de las conclusiones del documento "Reflexiones ante un posible cambio en la regalía minera argentina", según detalló la revista Crisis.
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Fecha de Publicación: 11/07/2013
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Santa Cruz
Pretenden frenar el nuevo impuesto amparándose en la estabilidad fiscal de la Ley de Inversiones Mineras. "Lo que se pone en cuestión es la estabilidad fiscal y esto no se puede discutir." Ésa es la línea política y legal con la que está trabajando el equipo de abogados de las principales mineras que operan en la Argentina y que harán una presentación judicial para frenar el nuevo impuesto minero no bien lo promulgue el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta.
Y según confiaron fuentes del sector, fundamentarán la presentación en que "todo el andamiaje de inversiones tiene buena parte de sus bases apoyadas" en ese beneficio que garantiza un bloque inmodificable de impuestos durante treinta años.
El equipo legal que coordina el abogado Carlos Saravia Frías, socio del estudio Saravia Frías-Mazzinghi, está integrado por los especialistas de Pan American Silver, Patagonia Gold y Yamana Gold, entre otros. Todos ellos están evaluando los pasos a seguir no bien se promulgue la ley, que Peralta logró tener desde hace quince días, detalló a BAE Negocios una fuente minera.
Más allá de que todas las empresas mineras de Santa Cruz cerraron filas ante el avance de Peralta, la situación no es la misma para cada una de ellas. Por ejemplo, Cerro Vanguardia –que opera la sudafricana AngloGold Ashanti– es socia de una empresa estatal (Fomento Minero de Santa Cruz) y no podría accionar contra su socio. Distinta es la situación de Cerro Negro –de Gold Corp.–, que tendría que pagar unos $400 millones y aún no está produciendo, pero ya declaró sus reservas.
Según la ley votada en la Cámara de Diputados santacruceña, todas las mineras que tengan el plan de factibilidad aprobado quedan alcanzadas por el nuevo "impuesto al derecho real de propiedad inmobiliaria minera", que se determinará mediante una alícuota del 1% sobre el valor de las reservas que posea la mina. Según un estudio de la consultora Abeceb, elaborado a pedido de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), las mineras tienen una presión impositiva del 53% de su producto bruto en la Argentina. Subrayan que es superior a la de Chile o Perú.
"Esto coincide con la curva descendente del precio de los metales y cuando eso ocurre los empresarios piensan en mantener la rentabilidad", se quejó ante este diario un empresario que conoce el sector. Aunque no lo diga abiertamente, la frase está ligada al empleo y la posibilidad de que la rentabilidad se mantenga recortando por allí. Lo que ocurre con esto no será menor porque el 14,2% del empleo privado de Santa Cruz está ligado a la minería de gran escala. Esa situación, que generó el alerta de todo el sector y comenzó a ser evaluada por la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi), no tuvo aún repercusiones públicas.
Para dar una idea del peso que tendrá esa alícuota del 1% en sus finanzas, las mineras señalan que se paga hasta el 3% de regalías a las provincias por el mineral –en varios casos es menos del 3%– en boca de mina. En ese lugar, el mineral tiene el precio más bajo de la cadena de valor.
Según indicaron fuentes privadas, el tema fue abordado por las provincias y por el secretario de Minería, Jorge Mayoral, pero la decisión fue no hablar en voz alta y esperar a que se sucedan los hechos: quieren ver hasta dónde llega Peralta, que consiguió la aprobación del impuesto, pero con la abstención de todos los legisladores que responden a La Cámpora. El artículo principal fue aprobado por 10 votos a favor (8 del PJ y 2 de la UCR) pero tuvo 14 abstenciones.
Es que la decisión de Peralta pega de lleno en la instancia que el Gobierno imaginó para tener una mesa de negociación permanente con las diez provincias mineras y, además, con las empresas: la Ofemi, que se creó en febrero del 2012 y preside Eduardo Fellner, tras el conflicto social que estalló en Famatina, La Rioja. Ese enfrentamiento con los pobladores locales sepultó, al menos por ahora, la posibilidad de explorar el cerro, y la semana pasada se firmó el convenio de rescisión de contrato con la canadiense Osisko Mining Corp.
País de oportunidades
El titular del Grosso Group Management, Joseph Grosso, sostuvo que la Argentina es "un país que siempre ofrece oportunidades". El empresario anunció que iniciará la etapa exploratoria de los proyectos Chinchilla y Chinchilla I en el departamento de Rinconada, en Jujuy, como parte de las iniciativas.
Ajuste en Vanguardia. Cerro Vanguardia, una de las principales productoras de oro del país, acaba de anunciar que iniciará un proceso de ajuste. Lo hizo el viernes pasado durante una reunión con sus empleados, al analizar la caída internacional del precio de los metales y "el contexto inflacionario argentino".
Según dijo el gerente general de Cerro Vanguardia, Jorge Sanguin, se vienen tiempos de "hacer más con menos", y señaló que tendrán que "tomar algunas decisiones difíciles, y que habrá sectores que deberán ser más austeros".
Un estudio especializado en el sector
El estudio jurídico Saravia Frías-Mazzinghi es uno de los más especializados en el derecho minero. No sólo porque entre sus clientes tiene a varias empresas como Mega Uranium, OroCobre, Argentina Mining, Batavia Mining, Patagonia Gold, Minera Mariana y Osisko Mining Company, sino porque dedica tiempo y esfuerzo a construir la fundamentación política para evitar que se eleve la presión tributaria sobre el sector.
Ante el creciente debate sobre la posibilidad de elevar la presión tributaria, el estudio que encabeza Carlos Saravia Frías planteó que el problema no era aumentar la carga impositiva sino lograr "una redistribución más directa, eficaz y equitativa de lo recaudado en concepto de impuestos para la Nación y las provincias". Fue durante un seminario organizado el 26 de octubre de 2011, en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral con el patrocinio exclusivo de la canadiense Barrick Gold.
"Resulta válido preguntarse si la intención de aumentar la regalía minera no deviene de un problema de distribución y administración de la renta total, más que de un problema de lo que realmente percibe el Gobierno en concepto de minería. Prueba de lo antedicho, constituye el desarrollo económico alcanzado por algunas provincias que ha defendido el sistema implementado en los '90, tomando así la minería como base fundamental de su desarrollo económico", indicó el abogado Hugo Emilio Bastías, del estudio Saravia Frías-Mazzinghi, en el primer párrafo de las conclusiones del documento "Reflexiones ante un posible cambio en la regalía minera argentina", según detalló la revista Crisis.
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Córdoba: campesinos buscan ayuda para evitar remates
Campesinos cordobeses buscan ayuda en Buenos Aires para evitar remate de terrenos
Fecha de Publicación: 11/07/2013
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Campesinos cordobeses se entrevistarán con funcionarios nacionales y organismos de Derechos Humanos, con la esperanza de frenar el remate de un campo que ocupan, tras fracasar en esas negociaciones con la provincia. Acusan a José Manuel de la Sota de “neoliberal e indiferente”.
Las reuniones se concretarán desde el miércoles y hasta el viernes de la semana próxima con el titular de la secretaría de Derechos Humanos, Martín Fresneda y con el subsecretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico, entre otros, según adelantó Horacio Britos del Movimiento Campesino de Córdoba, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina).
Los campesinos quieren que el campo La Libertad, ubicado en el Departamento Ischilín en el noroeste cordobés y actualmente con bandera de remate, sea expropiado. Habitado y poseído por familias de campesinos el terreno de 13 mil hectáreas comprende la suma de los lotes que componen la quiebra de la firma Feigin Hnos. Ltda.
“Estamos muy preocupados, muy mal, desde que De la Sota se hizo cargo del gobierno dejó caer todo, archivaron el trámite y nos dejaron sin alternativas, el campo va a remate, los acreedores quieren cobrar”, explicó Britos, quien detalló que también llevarán su caso a organismos de Derechos Humanos y a la Comisión Nacional de Tierras.
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Fecha de Publicación: 11/07/2013
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Campesinos cordobeses se entrevistarán con funcionarios nacionales y organismos de Derechos Humanos, con la esperanza de frenar el remate de un campo que ocupan, tras fracasar en esas negociaciones con la provincia. Acusan a José Manuel de la Sota de “neoliberal e indiferente”.
Las reuniones se concretarán desde el miércoles y hasta el viernes de la semana próxima con el titular de la secretaría de Derechos Humanos, Martín Fresneda y con el subsecretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico, entre otros, según adelantó Horacio Britos del Movimiento Campesino de Córdoba, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina).
Los campesinos quieren que el campo La Libertad, ubicado en el Departamento Ischilín en el noroeste cordobés y actualmente con bandera de remate, sea expropiado. Habitado y poseído por familias de campesinos el terreno de 13 mil hectáreas comprende la suma de los lotes que componen la quiebra de la firma Feigin Hnos. Ltda.
“Estamos muy preocupados, muy mal, desde que De la Sota se hizo cargo del gobierno dejó caer todo, archivaron el trámite y nos dejaron sin alternativas, el campo va a remate, los acreedores quieren cobrar”, explicó Britos, quien detalló que también llevarán su caso a organismos de Derechos Humanos y a la Comisión Nacional de Tierras.
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Ven unos peces en el Riachuelo y se armó la polémica
Riachuelo: un legislador K dijo que hay peces, y salieron a cruzarlo
Fecha de Publicación: 10/07/2013
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Riachuelo
Cabandié aseguró que es porque hay más oxígeno en el agua; para una ONG, sigue estando muy contaminada.
A cinco años del histórico fallo de la Corte Suprema que ordenó sanear el Riachuelo, el legislador kirchnerista Juan Cabandié dijo que vio peces en el curso de agua y desató la polémica.
Desde Greenpeace indicaron que la presencia de peces anfibios, que no necesitan oxígeno, no significa que la calidad del agua del Riachuelo haya mejorado. Y una vez más, la ONG denunció que la ACUMAR dispuso límites de vertidos industriales tan elevados que, aún si se cumplen, el río seguirá contaminado.
El 8 de julio de 2008, la Corte condenó a los Gobiernos Nacional, de la Ciudad y de la Provincia a sanear el Riachuelo. El lunes, en el 5° aniversario del fallo, el legislador porteño y candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria, Juan Cabandié, recorrió las obras y elogió: “Antes uno veía acumulación de botellas, basura y animales muertos y hoy comienza a haber en algunos sectores del Riachuelo bancos de peces. Es decir que se está oxigenando el agua y generando menos contaminación por parte de las empresas, que es de lo que ACUMAR se ocupa”.
Desde Greenpeace, una de las ONG que monitorean el cumplimiento del fallo, ayer aclararon que la presencia de cierto tipo de peces no indica que haya mejorado la calidad del agua. “El Riachuelo sigue igual o más contaminado que hace cinco años, cuando empezaron las tareas de saneamiento –afirmó Lorena Pujó, Coordinadora de la Campaña de Riachuelo de Greenpeace–. El hecho de que aparezca algún pez, no significa que esté limpio. El otro día dijeron que había un cardumen de madrecitas, pero esa especie sobrevive en la contaminación. También hay peces anfibios, que no necesitan oxígeno para sobrevivir. Estos no son indicadores serios de que haya disminuido la contaminación”.
Por Twitter, Cabandié retrucó: “ Algunos Pescados se enojan xqe hay Peces en Matanza-Riachuelo. ACUMAR está trabajando para recuperarlo, nunca dije que era la Laguna Azul ”.
Entre los avances que sí reconoce Greenpeace está la liberación del camino de sirga (en los laterales) y que hay menos basura en la desembocadura. Pero esto no alcanza para bajar la polución. “Aún si todas las industrias cumplieran los permisos de vertidos, el Riachuelo seguiría contaminado –subraya Pujó–. La estrategia de saneamiento de ACUMAR es incorrecta, porque si no se pide que dejen de contaminar, difícilmente el río deje de estar contaminado”.
La resolución N° 3 de ACUMAR permite el vertido sin restricciones de mercurio, plomo, cromo, cadmio, arsénico y otras. Y una presencia de oxígeno disuelto en el agua de menos de 2 mg. por litro, lo que no permite la vida de peces. Aún así, Greenpeace midió que en tramos de la cuenca baja y media, hay sólo 0,5 mg. de oxígeno por litro.
En su balance de estos cinco años, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) afirma que uno de los temas pendientes es modificar la legislación y establecer metas para la disminución del vertido de sustancias contaminantes. También explica que es prioritario confeccionar una política para la gestión de residuos, elaborar un plan de reurbanización de villas y garantizar el acceso al agua y las cloacas de la población de la Cuenca. Entre lo positivo, menciona la creación de la ACUMAR, como un órgano interjurisdiccional que coordina todas las acciones; la limpieza de las márgenes y la extracción de barcos abandonados. Pero por sobre todo, destaca el fallo de la Corte, que sirvió para romper con la inercia en que se encontraba el Riachuelo.
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Fecha de Publicación: 10/07/2013
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Riachuelo
Cabandié aseguró que es porque hay más oxígeno en el agua; para una ONG, sigue estando muy contaminada.A cinco años del histórico fallo de la Corte Suprema que ordenó sanear el Riachuelo, el legislador kirchnerista Juan Cabandié dijo que vio peces en el curso de agua y desató la polémica.
Desde Greenpeace indicaron que la presencia de peces anfibios, que no necesitan oxígeno, no significa que la calidad del agua del Riachuelo haya mejorado. Y una vez más, la ONG denunció que la ACUMAR dispuso límites de vertidos industriales tan elevados que, aún si se cumplen, el río seguirá contaminado.
El 8 de julio de 2008, la Corte condenó a los Gobiernos Nacional, de la Ciudad y de la Provincia a sanear el Riachuelo. El lunes, en el 5° aniversario del fallo, el legislador porteño y candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria, Juan Cabandié, recorrió las obras y elogió: “Antes uno veía acumulación de botellas, basura y animales muertos y hoy comienza a haber en algunos sectores del Riachuelo bancos de peces. Es decir que se está oxigenando el agua y generando menos contaminación por parte de las empresas, que es de lo que ACUMAR se ocupa”.
Desde Greenpeace, una de las ONG que monitorean el cumplimiento del fallo, ayer aclararon que la presencia de cierto tipo de peces no indica que haya mejorado la calidad del agua. “El Riachuelo sigue igual o más contaminado que hace cinco años, cuando empezaron las tareas de saneamiento –afirmó Lorena Pujó, Coordinadora de la Campaña de Riachuelo de Greenpeace–. El hecho de que aparezca algún pez, no significa que esté limpio. El otro día dijeron que había un cardumen de madrecitas, pero esa especie sobrevive en la contaminación. También hay peces anfibios, que no necesitan oxígeno para sobrevivir. Estos no son indicadores serios de que haya disminuido la contaminación”.
Por Twitter, Cabandié retrucó: “ Algunos Pescados se enojan xqe hay Peces en Matanza-Riachuelo. ACUMAR está trabajando para recuperarlo, nunca dije que era la Laguna Azul ”.
Entre los avances que sí reconoce Greenpeace está la liberación del camino de sirga (en los laterales) y que hay menos basura en la desembocadura. Pero esto no alcanza para bajar la polución. “Aún si todas las industrias cumplieran los permisos de vertidos, el Riachuelo seguiría contaminado –subraya Pujó–. La estrategia de saneamiento de ACUMAR es incorrecta, porque si no se pide que dejen de contaminar, difícilmente el río deje de estar contaminado”.
La resolución N° 3 de ACUMAR permite el vertido sin restricciones de mercurio, plomo, cromo, cadmio, arsénico y otras. Y una presencia de oxígeno disuelto en el agua de menos de 2 mg. por litro, lo que no permite la vida de peces. Aún así, Greenpeace midió que en tramos de la cuenca baja y media, hay sólo 0,5 mg. de oxígeno por litro.
En su balance de estos cinco años, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) afirma que uno de los temas pendientes es modificar la legislación y establecer metas para la disminución del vertido de sustancias contaminantes. También explica que es prioritario confeccionar una política para la gestión de residuos, elaborar un plan de reurbanización de villas y garantizar el acceso al agua y las cloacas de la población de la Cuenca. Entre lo positivo, menciona la creación de la ACUMAR, como un órgano interjurisdiccional que coordina todas las acciones; la limpieza de las márgenes y la extracción de barcos abandonados. Pero por sobre todo, destaca el fallo de la Corte, que sirvió para romper con la inercia en que se encontraba el Riachuelo.
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Se extiende el rechazo al fracking
Más Municipos argentinos libres de Fracking
Fecha de Publicación: 10/07/2013
Fuente: Portal www.biodiversidadla.org
Provincia/Región: Nacional
Se declaró a la ciudad de Villaguay y su ejido “libre de toda explotación y/o exploración de hidrocarburos no convencionales mediante el sistema de fracturación hidráulica”. Además sumandosé a San Carlos y Tupungato, Tunuyán también es declarada libre de fracking. Otras ciudades estudian proyectos.
El Consejo Deliberante de Tunuyán rechaza el fracking, sumándose a San Carlos y Tupungato
Otro paso a favor del medio ambiente: El Concejo Deliberante aprobó un proyecto de Vecinos Autoconvocados para prohibir la técnica conocida como fracking. La técnica requiere de pequeños explosivos y tiene varias consecuencias.
Valle de Uco se convirtió ayer en una región libre de fracking (fractura hidráulica), luego de que el Concejo Deliberante local aprobara por unanimidad el proyecto presentado por Vecinos Autoconvocados. Ya lo habían hecho los parlamentos de San Carlos y Tupungato. La sesión se desarrolló ante la presencia de unos 20 ambientalistas que llegaron hasta el Concejo con pancartas.
Luego de que la concejala por la UCR Sonia Olivera presentara el proyecto que creó la Banca del Ciudadano en el Parlamento tunuyanino, Vecinos Autoconvocados ingresó al cuerpo legislativo un proyecto que prohíbe el fracking en el departamento, moción que fue aprobada por unanimidad.
Entre los fundamentos de la iniciativa, los autores habían señalado que el pedido de prohibición es para el desarrollo de actividades de exploración y explotación de gas y petróleo de yacimientos no convencionales, mediante la técnica de fractura hidráulica o fracking en todo el territorio departamental.
Esa técnica utiliza explosivos para crear pequeñas fracturas mediante la perforación de una tubería de revestimiento que se aplican de manera artificial al llenarlas con agua a muy alta presión. Para ello se requieren entre 15.000 y 30.000 metros cúbicos de agua para iniciar la operación de un solo pozo.
Cuando se reduce la presión, el agua residual se mezcla con metales pesados o radiactivos procedentes del reflujo de la formación rocosa hacia la superficie que incluye el gas.
Seguridad pública
Las consecuencias ambientales de esta práctica incluyen la contaminación del agua dulce atmosférica y acústica de los acuíferos, el impacto en el paisaje e implica riesgo sísmico y emisión de gases de efecto invernadero, entre otros riesgos.
“En tal sentido, indicamos que el cuidado del agua no es sólo parte de la historia de Mendoza, sino que es sinónimo de lucha del pueblo para conservar como un derecho humano fundamental”, apuntaron los autoconvocados.
Las acciones preventivas y de preservación en un sentido más amplio abarcan todas las situaciones de riesgo para el medio ambiente.
El Concejo Deliberante declaró a Villaguay libre de fracking
Se declaró a la ciudad de Villaguay y su ejido “libre de toda explotación y/o exploración de hidrocarburos no convencionales mediante el sistema de fracturación hidráulica”. Concepción del Uruguay y Colón fueron las primeras en aplicar la prohibición. Otras ciudades estudian proyectos.
Por unanimidad, el Concejo Deliberante de Villaguay aprobó el proyecto de ordenanza presentado por los concejales de los bloques de la Unión Cívica Radical (UCR) y del Frente Entrerriano Federal (FEF) que declara a la Ciudad de Encuentros, “libre de fracking”.
En la norma se expresa que la fractura hidráulica –fracking– “es la técnica utilizada para extraer el gas no convencional almacenado en pequeños poros o burbujas de rocas impermeables, para lo cual no solo es necesario perforar, sino que se debe, además, fracturar la roca para que el gas pueda salir”. El texto abunda en fundamentos respecto de la contaminación que esta técnica provoca, por lo que está siendo cuestionada en diversos países y prohibida en otros.
Concretamente, en el articulado del proyecto se declara a la ciudad de Villaguay y su ejido “libre de toda explotación y/o exploración de hidrocarburos no convencionales mediante el sistema de fracturación hidráulica (fracking)” y se prohíbe en su jurisdicción.
En el dictamen manifestaron los concejales que “tal como se han expresado otros municipios entrerrianos –Concepción del Uruguay fue pionera, y la siguió Colón–, es necesario establecer la prohibición de utilizar ese método de exploración o extracción de hidrocarburos y se apeló: “Es necesario impedir el avance de sistemas de explotación de recursos energéticos que puedan dañar gravemente a nuestro medio ambiente, contaminando severamente nuestros recursos naturales y poniendo en riesgo la calidad de vida de nuestra población”.
Por otra parte, parlamentos de otras localidades avanzan con propuestas similares, mientras se aguarda la sanción de una ley a nivel provincial. Basavilbaso, Concordia, San José son algunas de ellas. O como el caso de Nogoyá, localidad en que el Concejo Deliberante aprobó un proyecto de resolución en que “expresa su preocupación” por la posible exploración y/o extracción de hidrocarburos mediante esta técnica, pero aguardan la decisión de una ley provincial. En tanto, ambientalistas de las localidades de la costa del Uruguay impulsan campañas para que en el vecino país se adopten medidas similares, debido a las consecuencias ambientales ante la posibilidad del uso de este método de extracción para la región.
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Fecha de Publicación: 10/07/2013
Fuente: Portal www.biodiversidadla.org
Provincia/Región: Nacional
Se declaró a la ciudad de Villaguay y su ejido “libre de toda explotación y/o exploración de hidrocarburos no convencionales mediante el sistema de fracturación hidráulica”. Además sumandosé a San Carlos y Tupungato, Tunuyán también es declarada libre de fracking. Otras ciudades estudian proyectos.
El Consejo Deliberante de Tunuyán rechaza el fracking, sumándose a San Carlos y Tupungato
Otro paso a favor del medio ambiente: El Concejo Deliberante aprobó un proyecto de Vecinos Autoconvocados para prohibir la técnica conocida como fracking. La técnica requiere de pequeños explosivos y tiene varias consecuencias.
Valle de Uco se convirtió ayer en una región libre de fracking (fractura hidráulica), luego de que el Concejo Deliberante local aprobara por unanimidad el proyecto presentado por Vecinos Autoconvocados. Ya lo habían hecho los parlamentos de San Carlos y Tupungato. La sesión se desarrolló ante la presencia de unos 20 ambientalistas que llegaron hasta el Concejo con pancartas.
Luego de que la concejala por la UCR Sonia Olivera presentara el proyecto que creó la Banca del Ciudadano en el Parlamento tunuyanino, Vecinos Autoconvocados ingresó al cuerpo legislativo un proyecto que prohíbe el fracking en el departamento, moción que fue aprobada por unanimidad.
Entre los fundamentos de la iniciativa, los autores habían señalado que el pedido de prohibición es para el desarrollo de actividades de exploración y explotación de gas y petróleo de yacimientos no convencionales, mediante la técnica de fractura hidráulica o fracking en todo el territorio departamental.
Esa técnica utiliza explosivos para crear pequeñas fracturas mediante la perforación de una tubería de revestimiento que se aplican de manera artificial al llenarlas con agua a muy alta presión. Para ello se requieren entre 15.000 y 30.000 metros cúbicos de agua para iniciar la operación de un solo pozo.
Cuando se reduce la presión, el agua residual se mezcla con metales pesados o radiactivos procedentes del reflujo de la formación rocosa hacia la superficie que incluye el gas.
Seguridad pública
Las consecuencias ambientales de esta práctica incluyen la contaminación del agua dulce atmosférica y acústica de los acuíferos, el impacto en el paisaje e implica riesgo sísmico y emisión de gases de efecto invernadero, entre otros riesgos.
“En tal sentido, indicamos que el cuidado del agua no es sólo parte de la historia de Mendoza, sino que es sinónimo de lucha del pueblo para conservar como un derecho humano fundamental”, apuntaron los autoconvocados.
Las acciones preventivas y de preservación en un sentido más amplio abarcan todas las situaciones de riesgo para el medio ambiente.
El Concejo Deliberante declaró a Villaguay libre de fracking
Se declaró a la ciudad de Villaguay y su ejido “libre de toda explotación y/o exploración de hidrocarburos no convencionales mediante el sistema de fracturación hidráulica”. Concepción del Uruguay y Colón fueron las primeras en aplicar la prohibición. Otras ciudades estudian proyectos.
Por unanimidad, el Concejo Deliberante de Villaguay aprobó el proyecto de ordenanza presentado por los concejales de los bloques de la Unión Cívica Radical (UCR) y del Frente Entrerriano Federal (FEF) que declara a la Ciudad de Encuentros, “libre de fracking”.
En la norma se expresa que la fractura hidráulica –fracking– “es la técnica utilizada para extraer el gas no convencional almacenado en pequeños poros o burbujas de rocas impermeables, para lo cual no solo es necesario perforar, sino que se debe, además, fracturar la roca para que el gas pueda salir”. El texto abunda en fundamentos respecto de la contaminación que esta técnica provoca, por lo que está siendo cuestionada en diversos países y prohibida en otros.
Concretamente, en el articulado del proyecto se declara a la ciudad de Villaguay y su ejido “libre de toda explotación y/o exploración de hidrocarburos no convencionales mediante el sistema de fracturación hidráulica (fracking)” y se prohíbe en su jurisdicción.
En el dictamen manifestaron los concejales que “tal como se han expresado otros municipios entrerrianos –Concepción del Uruguay fue pionera, y la siguió Colón–, es necesario establecer la prohibición de utilizar ese método de exploración o extracción de hidrocarburos y se apeló: “Es necesario impedir el avance de sistemas de explotación de recursos energéticos que puedan dañar gravemente a nuestro medio ambiente, contaminando severamente nuestros recursos naturales y poniendo en riesgo la calidad de vida de nuestra población”.
Por otra parte, parlamentos de otras localidades avanzan con propuestas similares, mientras se aguarda la sanción de una ley a nivel provincial. Basavilbaso, Concordia, San José son algunas de ellas. O como el caso de Nogoyá, localidad en que el Concejo Deliberante aprobó un proyecto de resolución en que “expresa su preocupación” por la posible exploración y/o extracción de hidrocarburos mediante esta técnica, pero aguardan la decisión de una ley provincial. En tanto, ambientalistas de las localidades de la costa del Uruguay impulsan campañas para que en el vecino país se adopten medidas similares, debido a las consecuencias ambientales ante la posibilidad del uso de este método de extracción para la región.
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Confirman explotación de litio en Jujuy
Confirmado: Toyota y la australiana Orocobre producirán litio en Jujuy
Fecha de Publicación: 10/07/2013
Fuente: Cronista
Provincia/Región: Jujuy
De la planta, que estará finalizada en agosto de 2014, saldrá el 10% del total mundial de litio. El tercer socio es la provincia de Jujuy a través de la estatal Jemse
La minera Toyota Tsusho ratificó su interés en producir litio junto a la Argentina e inversores australianos, un proyecto que se llevará a cabo en Jujuy.
Ayer, la ministra de Industria, Débora Giorgi, acordó en Japón la necesidad de avanzar en este proyecto del que, además de la compañía japonesa, también formará parte la estatal Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse) y la australiana Orocobre.
El emprendimiento demandará una inversión de u$s 229 millones y producirá 17.500 toneladas por año, cerca del 10% del total mundial actual.
Durante su visita a Oriente, Giorgi acordó con el manager ejecutivo de Toyota Tsusho, Taxumi Shirai, avanzar en el proyecto, en tanto que el ejecutivo se comprometió a finalizar la construcción de la planta para agosto del año próximo.
La idea de llevar adelante este proyecto ya había sido anunciada en otras oportunidades pero se avanzó a paso lento, por lo que ahora intentan darle un impulso definitivo.
"Venimos a pedir la asociación, con vistas al mediano y largo plazo", aseguró la funcionaria, durante su encuentro con los empresarios japoneses.
"Vamos hacia el cloruro de litio, al litio metálico y a la fabricación de celdas, baterías y químicos, que completarán el desarrollo de esta industria", destacó Giorgi, en un almuerzo con la cúpula de Toyota Tsusho "uno de los brazos de Toyota Corporation".
"Una de las principales políticas de Estado de este Gobierno es aprovechar estratégicamente los recursos naturales en todo el país, para que se conviertan en elementos dinamizadores de la industrialización de la ruralidad", sostuvo la ministra.
De acuerdo con las especificaciones que se brindaron tras el anuncio, la Argentina elevará con esto "de 2.000 a 17.500 toneladas" la producción anual de carbonato de litio.
Chile, Bolivia y Argentina concentran el 85% de las reservas mundiales del mineral.
La planta de litio estará situada cerca del yacimiento, en el llamado Salar de Olaroz, en la provincia de Jujuy.
El lunes, Toyota había dado un paso importante en cuanto a su crecimiento en la Argentina, y anunció que se lanzará al mercado de los autos compactos, donde hoy no tiene presencia. La compañía sostuvo que comenzará a comercializar el Etios, que ya se vende en otros países.
Fabricado en Brasil, en la planta que la japonesa tiene en Sorocaba, comenzó con la preventa y en septiembre estará en las concesionarias argentinas.
Por otra parte, la compañía ratificó su plan de inversiones en el país, que prevé la ampliación en 10.000 m2 de la sección destinada a la fabricación in house de chasis, la expansión de la línea de pintura y de 5.000 unidades adicionales de la pick up Hilux, que representa más de u$s150 millones en exportaciones.
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Fecha de Publicación: 10/07/2013
Fuente: Cronista
Provincia/Región: Jujuy
De la planta, que estará finalizada en agosto de 2014, saldrá el 10% del total mundial de litio. El tercer socio es la provincia de Jujuy a través de la estatal JemseLa minera Toyota Tsusho ratificó su interés en producir litio junto a la Argentina e inversores australianos, un proyecto que se llevará a cabo en Jujuy.
Ayer, la ministra de Industria, Débora Giorgi, acordó en Japón la necesidad de avanzar en este proyecto del que, además de la compañía japonesa, también formará parte la estatal Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse) y la australiana Orocobre.
El emprendimiento demandará una inversión de u$s 229 millones y producirá 17.500 toneladas por año, cerca del 10% del total mundial actual.
Durante su visita a Oriente, Giorgi acordó con el manager ejecutivo de Toyota Tsusho, Taxumi Shirai, avanzar en el proyecto, en tanto que el ejecutivo se comprometió a finalizar la construcción de la planta para agosto del año próximo.
La idea de llevar adelante este proyecto ya había sido anunciada en otras oportunidades pero se avanzó a paso lento, por lo que ahora intentan darle un impulso definitivo.
"Venimos a pedir la asociación, con vistas al mediano y largo plazo", aseguró la funcionaria, durante su encuentro con los empresarios japoneses.
"Vamos hacia el cloruro de litio, al litio metálico y a la fabricación de celdas, baterías y químicos, que completarán el desarrollo de esta industria", destacó Giorgi, en un almuerzo con la cúpula de Toyota Tsusho "uno de los brazos de Toyota Corporation".
"Una de las principales políticas de Estado de este Gobierno es aprovechar estratégicamente los recursos naturales en todo el país, para que se conviertan en elementos dinamizadores de la industrialización de la ruralidad", sostuvo la ministra.
De acuerdo con las especificaciones que se brindaron tras el anuncio, la Argentina elevará con esto "de 2.000 a 17.500 toneladas" la producción anual de carbonato de litio.
Chile, Bolivia y Argentina concentran el 85% de las reservas mundiales del mineral.
La planta de litio estará situada cerca del yacimiento, en el llamado Salar de Olaroz, en la provincia de Jujuy.
El lunes, Toyota había dado un paso importante en cuanto a su crecimiento en la Argentina, y anunció que se lanzará al mercado de los autos compactos, donde hoy no tiene presencia. La compañía sostuvo que comenzará a comercializar el Etios, que ya se vende en otros países.
Fabricado en Brasil, en la planta que la japonesa tiene en Sorocaba, comenzó con la preventa y en septiembre estará en las concesionarias argentinas.
Por otra parte, la compañía ratificó su plan de inversiones en el país, que prevé la ampliación en 10.000 m2 de la sección destinada a la fabricación in house de chasis, la expansión de la línea de pintura y de 5.000 unidades adicionales de la pick up Hilux, que representa más de u$s150 millones en exportaciones.
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Atucha II realizará una segunda prueba "en caliente"
Atucha II comenzó los trabajos para la segunda prueba en caliente
Fecha de Publicación: 09/07/2013
Fuente: Terra
Provincia/Región: Nacional
Atucha II comenzó los trabajos para la segunda prueba en caliente con vapor de origen no nuclear del proceso de puesta en marcha de la central, que incluye la sincronización con la red eléctrica nacional, informó hoy el Ministerio de Planificación Federal.
El proceso tiene una duración de 19 días, durante los cuales se van a realizar alrededor de 120 pruebas de funcionamiento, "lo que constituye un hito de gran importancia en la puesta en marcha final de la planta", destaca el comunicado oficial.
El objetivo de la prueba que está realizando la empresa Nucleoeléctrica Argentina (NA SA) es alcanzar las condiciones de operación normal de la central.
El proceso requiere de 450 mil litros de agua en todo el sistema. Una vez cargado se procederá a sacar todo el aire del mismo, y luego se calentará el agua y se llevará gradualmente a una presión de 114 bar y una temperatura de 278ºC, correspondientes a la presión y la temperatura de la central cuando esté en servicio.
Alcanzados dichos valores se producirá vapor de origen no nuclear para impulsar la turbina, generando energía y conectándose a la red eléctrica por un lapso aproximado de 10 minutos.
Finalizado este complejo ensayo, se retirará el total del agua liviana del sistema, se procederá a su secado y se cargará con las 600 toneladas de agua pesada que se utilizarán durante la futura operación.
Así, la central quedará en condiciones de iniciar la puesta en marcha nuclear para posteriormente generar energía eléctrica e integrarse al Sistema Interconectado Nacional(SIN), aportando el equivalente al 4 por ciento del consumo eléctrico total del país.
Esta etapa se suma a otras ya cumplidas, como la primera prueba en caliente, la prueba de presión del sistema primario y moderador y la carga de elementos combustibles en el núcleo del reactor.
La Central Nuclear Atucha II tiene una potencia de 745MW (megavatios) y funcionará a base de uranio natural y agua pesada.
Está ubicada sobre la margen derecha del Río Paraná, en la localidad de Lima, Partido de Zárate, a 115 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.
La piedra fundacional de Atucha II se colocó en 1982, pero entre 1994 y 2006 la construcción estuvo paralizada hasta el relanzamiento del Plan Nuclear Argentino impulsado por el Gobierno Nacional.
Las obras civiles y el montaje mecánico de los principales componentes concluyeron en septiembre de 2011. En esa fecha, con la visita de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se dio inicio a las tareas para la puesta en marcha de la central .
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Fecha de Publicación: 09/07/2013
Fuente: Terra
Provincia/Región: Nacional
Atucha II comenzó los trabajos para la segunda prueba en caliente con vapor de origen no nuclear del proceso de puesta en marcha de la central, que incluye la sincronización con la red eléctrica nacional, informó hoy el Ministerio de Planificación Federal.
El proceso tiene una duración de 19 días, durante los cuales se van a realizar alrededor de 120 pruebas de funcionamiento, "lo que constituye un hito de gran importancia en la puesta en marcha final de la planta", destaca el comunicado oficial.
El objetivo de la prueba que está realizando la empresa Nucleoeléctrica Argentina (NA SA) es alcanzar las condiciones de operación normal de la central.
El proceso requiere de 450 mil litros de agua en todo el sistema. Una vez cargado se procederá a sacar todo el aire del mismo, y luego se calentará el agua y se llevará gradualmente a una presión de 114 bar y una temperatura de 278ºC, correspondientes a la presión y la temperatura de la central cuando esté en servicio.
Alcanzados dichos valores se producirá vapor de origen no nuclear para impulsar la turbina, generando energía y conectándose a la red eléctrica por un lapso aproximado de 10 minutos.
Finalizado este complejo ensayo, se retirará el total del agua liviana del sistema, se procederá a su secado y se cargará con las 600 toneladas de agua pesada que se utilizarán durante la futura operación.
Así, la central quedará en condiciones de iniciar la puesta en marcha nuclear para posteriormente generar energía eléctrica e integrarse al Sistema Interconectado Nacional(SIN), aportando el equivalente al 4 por ciento del consumo eléctrico total del país.
Esta etapa se suma a otras ya cumplidas, como la primera prueba en caliente, la prueba de presión del sistema primario y moderador y la carga de elementos combustibles en el núcleo del reactor.
La Central Nuclear Atucha II tiene una potencia de 745MW (megavatios) y funcionará a base de uranio natural y agua pesada.
Está ubicada sobre la margen derecha del Río Paraná, en la localidad de Lima, Partido de Zárate, a 115 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.
La piedra fundacional de Atucha II se colocó en 1982, pero entre 1994 y 2006 la construcción estuvo paralizada hasta el relanzamiento del Plan Nuclear Argentino impulsado por el Gobierno Nacional.
Las obras civiles y el montaje mecánico de los principales componentes concluyeron en septiembre de 2011. En esa fecha, con la visita de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se dio inicio a las tareas para la puesta en marcha de la central .
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Preocupación en Córdoba por los incendios forestales
Incendios: alertan que 2013 será un año riesgoso
Fecha de Publicación: 09/07/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Hay temor por la cantidad de árboles caídos en Calamuchita. Ya hubo varios focos, aunque ninguno extendido. 2012 fue el de menor superficie quemada.
La semana que pasó marcó el inicio de la temporada de incendios rurales en Córdoba. Como cada año, de mayo a noviembre los riesgos crecen porque las lluvias se reducen y los pastizales se secan con las heladas, haciéndose más combustibles.
Hace siete días, ayudados por jornadas ventosas, se quemaron algunos cientos de hectáreas, la mayoría de ellas de pastos y rastrojos (restos de cultivos), aunque también hubo bosque afectado.
El principal foco se desató entre Cabalango y Tanti, en Punilla, donde al menos 15 hectáreas de monte nativo resultaron quemadas. También los hubo en las zonas de El Manzano y Río Ceballos, de Sierras Chicas; entre Despeñaderos y San Agustín; en cercanías del lago Los Molinos; en Santa Rosa de Calamuchita; en Malagueño, y otros puntos del mapa.
Semanas anteriores hubo otros focos aislados. Uno de ellos, en Villa Rumipal, llegó a metros de algunas viviendas.
“Desde ahora se inician los meses más duros”, anticipó el bombero Marcelo Zornada, actual jefe del Plan Provincial de Manejo del Fuego.
“El plan está en marcha con todos los cuarteles involucrados”, señaló Zornada, quien confirmó además la disponibilidad del equipo aéreo, integrado por tres aviones hidrantes –uno vigía y dos helicópteros de la Provincia– y cuatro aviones que el Plan Nacional contra el Fuego dispone para Córdoba cada año, entre mayo y diciembre.
Riesgo extra. Para este año, un riesgo adicional es la presencia de mucha más madera seca, caída sobre todo en el valle de Calamuchita, donde fuertes temporales de viento, en octubre y noviembre pasados, dejaron por el suelo más de un millón de árboles de forestaciones de pinares de esa región serrana. Se estima que la mitad de esa madera fue extraída y recuperada, pero el resto quedó y aumenta la carga de fuego.
“El objetivo es estar alertas, con los bomberos en sus puestos de vigías en las zonas de riesgo, para poder detectar el fuego lo antes posible, para que no se expanda. En la gran mayoría de los casos, en los últimos años se viene logrando eso. La dificultad está cuando se trata de zonas de difícil acceso y cuando el viento les gana a los bomberos e impide la actividad del refuerzo aéreo”, explicó Zornada.
El año 2012 fue el de menor superficie quemada en esta provincia de los últimos 20 años. Se afectaron 10.100 hectáreas, según los datos del Plan Provincial de Manejo del Fuego. Un tercio fue en zona serrana.
La cifra es similar a los bajos registros de 2011 y 2007. Y está muy por debajo de los peores años de la década del ’90, cuando el fuego quemaba más de 200 mil hectáreas por año. En la última década, 2003 y 2009 fueron años complicados, con más de 120 mil hectáreas afectadas.
Reclamo. No es simple conocer el destino de lo que se recauda.
Federación de Bomberos reclama desde hace años mayor transparencia en la ejecución de los fondos.
Qué es. El Plan Provincial de Manejo del Fuego se sostiene con el aporte que desde 2005 pagan los cordobeses con la factura de energía. Residenciales abonan 5,25 pesos por mes, comercios 6,20 y grandes consumidores 220.
Primer trimestre. Para 2013 se prevén 57 millones. Ya se recaudaron 13,8 millones, pero se pagaron 3,76.
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Fecha de Publicación: 09/07/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Hay temor por la cantidad de árboles caídos en Calamuchita. Ya hubo varios focos, aunque ninguno extendido. 2012 fue el de menor superficie quemada.La semana que pasó marcó el inicio de la temporada de incendios rurales en Córdoba. Como cada año, de mayo a noviembre los riesgos crecen porque las lluvias se reducen y los pastizales se secan con las heladas, haciéndose más combustibles.
Hace siete días, ayudados por jornadas ventosas, se quemaron algunos cientos de hectáreas, la mayoría de ellas de pastos y rastrojos (restos de cultivos), aunque también hubo bosque afectado.
El principal foco se desató entre Cabalango y Tanti, en Punilla, donde al menos 15 hectáreas de monte nativo resultaron quemadas. También los hubo en las zonas de El Manzano y Río Ceballos, de Sierras Chicas; entre Despeñaderos y San Agustín; en cercanías del lago Los Molinos; en Santa Rosa de Calamuchita; en Malagueño, y otros puntos del mapa.
Semanas anteriores hubo otros focos aislados. Uno de ellos, en Villa Rumipal, llegó a metros de algunas viviendas.
“Desde ahora se inician los meses más duros”, anticipó el bombero Marcelo Zornada, actual jefe del Plan Provincial de Manejo del Fuego.
“El plan está en marcha con todos los cuarteles involucrados”, señaló Zornada, quien confirmó además la disponibilidad del equipo aéreo, integrado por tres aviones hidrantes –uno vigía y dos helicópteros de la Provincia– y cuatro aviones que el Plan Nacional contra el Fuego dispone para Córdoba cada año, entre mayo y diciembre.
Riesgo extra. Para este año, un riesgo adicional es la presencia de mucha más madera seca, caída sobre todo en el valle de Calamuchita, donde fuertes temporales de viento, en octubre y noviembre pasados, dejaron por el suelo más de un millón de árboles de forestaciones de pinares de esa región serrana. Se estima que la mitad de esa madera fue extraída y recuperada, pero el resto quedó y aumenta la carga de fuego.
“El objetivo es estar alertas, con los bomberos en sus puestos de vigías en las zonas de riesgo, para poder detectar el fuego lo antes posible, para que no se expanda. En la gran mayoría de los casos, en los últimos años se viene logrando eso. La dificultad está cuando se trata de zonas de difícil acceso y cuando el viento les gana a los bomberos e impide la actividad del refuerzo aéreo”, explicó Zornada.
El año 2012 fue el de menor superficie quemada en esta provincia de los últimos 20 años. Se afectaron 10.100 hectáreas, según los datos del Plan Provincial de Manejo del Fuego. Un tercio fue en zona serrana.
La cifra es similar a los bajos registros de 2011 y 2007. Y está muy por debajo de los peores años de la década del ’90, cuando el fuego quemaba más de 200 mil hectáreas por año. En la última década, 2003 y 2009 fueron años complicados, con más de 120 mil hectáreas afectadas.
Reclamo. No es simple conocer el destino de lo que se recauda.
Federación de Bomberos reclama desde hace años mayor transparencia en la ejecución de los fondos.
Qué es. El Plan Provincial de Manejo del Fuego se sostiene con el aporte que desde 2005 pagan los cordobeses con la factura de energía. Residenciales abonan 5,25 pesos por mes, comercios 6,20 y grandes consumidores 220.
Primer trimestre. Para 2013 se prevén 57 millones. Ya se recaudaron 13,8 millones, pero se pagaron 3,76.
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Se cumplen 5 años de la orden de sanear el Riachuelo
A cinco años de que se ordenara sanear el Riachuelo, aún queda un largo camino
Fecha de Publicación: 08/07/2013
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Al cumplirse hoy cinco años de que la Corte Suprema de Justicia, en un histórico fallo, intimara al Estado nacional, a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad recomponer el daño ambiental existente en la Cuenca Matanza-Riachuelo (CMR), todavía quedan muchas cuentas pendientes, de urgente resolución.
Si bien se estableció un programa de políticas públicas de cumplimiento obligatorio, determinando quiénes son los responsables de llevar adelante las acciones y las obras de saneamiento, y el plazo en que deberán ser concretadas, se suman los incumplimientos. Desde que el primer encargado de hacer cumplir el fallo de la corte, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, fue apartado por presuntas irregularidades, en noviembre pasado, la causa está prácticamente detenida.
Según Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente para los Recursos Naturales (FARN), "el fallo fue un punto de inflexión para sacar al Riachuelo del estado de abandono en el que se encontraba". Resaltó: "Queda mucho por hacer, principalmente porque los avances en el plan de saneamiento no se están dando dentro de los tiempos estipulados. Aun así, destacamos la sentencia de la Corte dictada hace cinco años, ya que nos permitió darle visibilidad y seguimiento a un tema que afecta de manera directa a más de tres millones de personas que viven en los márgenes del Riachuelo".
Pasados cinco años de este fallo que buscó revertir la falta de acciones de los gobiernos, que no asumían su responsabilidad en el saneamiento, la FARN puntualizó aspectos positivos y negativos en este período.
Entre los avances, destacó que el fallo de la Corte fue determinante para romper la inercia en la que se encontraba el Riachuelo y la creación de la Autoridad de Cuenca (Acumar) como órgano interjurisdiccional que coordina todas las acciones y obras. También, la limpieza de los márgenes de la cuenca y la extracción de buques abandonados, lo que permitió mejorar el espejo de agua y que el Riachuelo "huela mejor".
Además, fue importante el trabajo de las organizaciones y de la Acumar en el monitoreo para que el plan de saneamiento se lleve adelante y sea prioritario en la agenda política. También se creó el sitio www.quepasariachuelo.org.ar , una plataforma para que los vecinos denuncien la contaminación en la cuenca.
Entre las cuentas pendientes, FARN consideró que es necesario establecer metas para la disminución del vertido, emisión y disposición de sustancias contaminantes en el Riachuelo y modificar la legislación.
Puso en el debe la falta de confección de una política integral para la gestión de residuos en toda la cuenca y la elaboración de un plan de reurbanización de villas y asentamientos. Esta iniciativa posiblemente encuentre un envión con la designación de Buenos Aires como sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018, para la cual toda la zona sur deberá reacondicionarse.
Además, todavía se debe garantizar de manera urgente el acceso al agua segura a la población que se encuentra en situación de riesgo.
Otros temas pendientes son la realización de obras de infraestructura cloacal y la elaboración de un mapa actualizado de la red de conductos de desagües pluviales.
Según FARN, también es necesario "preservar y defender los espacios verdes de la cuenca, como por ejemplo la recientemente creada Reserva Natural Laguna de Rocha", en Esteban Echeverría. Además, se debe elaborar un estudio integral de riesgo para el polo petroquímico de Dock Sud, sostuvieron.
Poco movimiento
Recién el 27 de marzo pasado la Justicia ordenó a la empresa Exolgan detener las obras de dragado que está realizando en el canal de entrada a Dock Sud hasta que presente los estudios ambientales correspondientes. El fallo había hecho lugar a una medida cautelar presentada por una fundación que argumentó que la remoción de barros producto del dragado podría afectar aún más la contaminación de las aguas.
En diciembre, tras apartar a Armella, la Corte resolvió repartir en dos tribunales la causa. El control de los contratos celebrados o por celebrarse en relación con el plan de obras de provisión de agua potable, cloacas (a cargo de AySA, ABSA y Enhosa) y tratamiento de la basura (a cargo de la Ceamse) quedó a cargo del juez federal porteño Sergio Torres; el control de la ejecución del saneamiento de la cuenca está en manos del juez federal de Morón Jorge Rodríguez.
Una causa con años de inercia
El expediente terminó radicado en dos juzgados
- El fallo. El 8 de julio de 2008, un histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia obligó al Estado nacional, a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad a recomponer el daño ambiental existente en la cuenca Matanza-Riachuelo
- Denuncias. El 22 de marzo de 2009, el defensor del Pueblo de la Nación Eduardo Mondino y las ONG encargadas de monitorear el plan de saneamiento denunciaron que el Estado había incumplido sus obligaciones
- Armella, afuera. El 5 de noviembre de 2012, la Corte Suprema separó de la causa al juez federal de Quilmes, Luis Armella
- En dos juzgados. El 19 de diciembre de 2012, la Corte Suprema dispuso que el control de algunos contratos de obras lo hiciera el Juzgado Federal porteño N° 12 y el monitoreo de la ejecución del saneamiento, el Juzgado Federal N° 2 de Morón
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Fecha de Publicación: 08/07/2013
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Al cumplirse hoy cinco años de que la Corte Suprema de Justicia, en un histórico fallo, intimara al Estado nacional, a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad recomponer el daño ambiental existente en la Cuenca Matanza-Riachuelo (CMR), todavía quedan muchas cuentas pendientes, de urgente resolución.Si bien se estableció un programa de políticas públicas de cumplimiento obligatorio, determinando quiénes son los responsables de llevar adelante las acciones y las obras de saneamiento, y el plazo en que deberán ser concretadas, se suman los incumplimientos. Desde que el primer encargado de hacer cumplir el fallo de la corte, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, fue apartado por presuntas irregularidades, en noviembre pasado, la causa está prácticamente detenida.
Según Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente para los Recursos Naturales (FARN), "el fallo fue un punto de inflexión para sacar al Riachuelo del estado de abandono en el que se encontraba". Resaltó: "Queda mucho por hacer, principalmente porque los avances en el plan de saneamiento no se están dando dentro de los tiempos estipulados. Aun así, destacamos la sentencia de la Corte dictada hace cinco años, ya que nos permitió darle visibilidad y seguimiento a un tema que afecta de manera directa a más de tres millones de personas que viven en los márgenes del Riachuelo".
Pasados cinco años de este fallo que buscó revertir la falta de acciones de los gobiernos, que no asumían su responsabilidad en el saneamiento, la FARN puntualizó aspectos positivos y negativos en este período.
Entre los avances, destacó que el fallo de la Corte fue determinante para romper la inercia en la que se encontraba el Riachuelo y la creación de la Autoridad de Cuenca (Acumar) como órgano interjurisdiccional que coordina todas las acciones y obras. También, la limpieza de los márgenes de la cuenca y la extracción de buques abandonados, lo que permitió mejorar el espejo de agua y que el Riachuelo "huela mejor".
Además, fue importante el trabajo de las organizaciones y de la Acumar en el monitoreo para que el plan de saneamiento se lleve adelante y sea prioritario en la agenda política. También se creó el sitio www.quepasariachuelo.org.ar , una plataforma para que los vecinos denuncien la contaminación en la cuenca.
Entre las cuentas pendientes, FARN consideró que es necesario establecer metas para la disminución del vertido, emisión y disposición de sustancias contaminantes en el Riachuelo y modificar la legislación.
Puso en el debe la falta de confección de una política integral para la gestión de residuos en toda la cuenca y la elaboración de un plan de reurbanización de villas y asentamientos. Esta iniciativa posiblemente encuentre un envión con la designación de Buenos Aires como sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018, para la cual toda la zona sur deberá reacondicionarse.
Además, todavía se debe garantizar de manera urgente el acceso al agua segura a la población que se encuentra en situación de riesgo.
Otros temas pendientes son la realización de obras de infraestructura cloacal y la elaboración de un mapa actualizado de la red de conductos de desagües pluviales.
Según FARN, también es necesario "preservar y defender los espacios verdes de la cuenca, como por ejemplo la recientemente creada Reserva Natural Laguna de Rocha", en Esteban Echeverría. Además, se debe elaborar un estudio integral de riesgo para el polo petroquímico de Dock Sud, sostuvieron.
Poco movimiento
Recién el 27 de marzo pasado la Justicia ordenó a la empresa Exolgan detener las obras de dragado que está realizando en el canal de entrada a Dock Sud hasta que presente los estudios ambientales correspondientes. El fallo había hecho lugar a una medida cautelar presentada por una fundación que argumentó que la remoción de barros producto del dragado podría afectar aún más la contaminación de las aguas.
En diciembre, tras apartar a Armella, la Corte resolvió repartir en dos tribunales la causa. El control de los contratos celebrados o por celebrarse en relación con el plan de obras de provisión de agua potable, cloacas (a cargo de AySA, ABSA y Enhosa) y tratamiento de la basura (a cargo de la Ceamse) quedó a cargo del juez federal porteño Sergio Torres; el control de la ejecución del saneamiento de la cuenca está en manos del juez federal de Morón Jorge Rodríguez.
Una causa con años de inercia
El expediente terminó radicado en dos juzgados
- El fallo. El 8 de julio de 2008, un histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia obligó al Estado nacional, a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad a recomponer el daño ambiental existente en la cuenca Matanza-Riachuelo
- Denuncias. El 22 de marzo de 2009, el defensor del Pueblo de la Nación Eduardo Mondino y las ONG encargadas de monitorear el plan de saneamiento denunciaron que el Estado había incumplido sus obligaciones
- Armella, afuera. El 5 de noviembre de 2012, la Corte Suprema separó de la causa al juez federal de Quilmes, Luis Armella
- En dos juzgados. El 19 de diciembre de 2012, la Corte Suprema dispuso que el control de algunos contratos de obras lo hiciera el Juzgado Federal porteño N° 12 y el monitoreo de la ejecución del saneamiento, el Juzgado Federal N° 2 de Morón
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Argentina con potencial para la energía eólica
Destacan importancia de industrializar la energía eólica
Fecha de Publicación: 08/07/2013
Fuente: Diario El Chubut
Provincia/Región: Chubut
La crisis energética, financiera y ambiental que atraviesa el mundo globalizado actual, desde hace ya varias décadas, llevó a los países desarrollados a fomentar la investigación y la utilización de energías renovables capaces de alcanzar los estándares de las fuentes tradicionales.
Los estados nacionales de países que hoy se encuentran a la vanguardia del desarrollo tecnológico y científico en el mundo como Dinamarca, Estados Unidos, Alemania, Canadá y -en menor medida- España, sumado a Brasil en Sudamérica, vienen apostando en los últimos años a una fuente energética limpia, segura, confiable, con un potencial extraordinario para crear una nueva industria generadora de empleo calificado: la energía eólica.
En el contexto del nuevo orden mundial, la Argentina aparece como uno de los países con mayor potencial para implementar este tipo de industria, pero a la vez es el menos desarrollado. Por esta razón, con el objetivo de revertir esta situación de atraso estructural, desde los años noventa hasta el presente, el Congreso de la Nación sancionó una serie de leyes de promoción para de este tipo de emprendimientos, que le dan prioridad a la fabricación de molinos eólicos financiados con capitales nacionales.
Sin embargo, el desarrollo en el país de esta industria es todavía muy incipiente y la totalidad de los equipos para construir los parques eólicos son adquiridos en el extranjero.
Capitales chubutenses
Desde hace seis años, Industrias Bass, una empresa de capitales chubutenses con 15 años de experiencia en el sector de la metalúrgica, capacita en el país y en el exterior recursos humanos, con el objetivo de promover la industria de la energía eólica en la Argentina.
No solo realiza proyectos de construcción y remodelación de parques eólicos en esta provincia, sino también se expandió con emprendimientos en las provincias de Buenos Aires y Santa Cruz, y en el sur de Chile.
Para ello, la firma dispone de dos plantas en el Parque Industrial de Trelew, de las cuales una está destinada íntegramente a la producción de torres eólicas. Esta última cuenta con una superficie de 6500 metros cuadrados cubiertos, está emplazada en un terreno de 16 hectáreas y tiene capacidad para fabricar 150 torres anuales.
Según informó el titular de Industrias Bass, Martín Castillo, la firma «está en condiciones de fabricar productos con las mismas normas de certificación que cualquier fábrica extranjera». En este sentido, explicó que la empresa tiene el equipamiento y el transporte necesarios para producir los anillos de fundación, las torres eólicas y algunas partes para los aerogeneradores de estos sistemas.
Producción nacional
Con el propósito de fomentar el desarrollo de la industria eólica en la Argentina, el 23 de septiembre de 1998, el Congreso de la Nación sancionó la ley 25.019, el Régimen Nacional de Energía Eólica, que dispuso la promoción de la investigación sobre este recurso energético y promovió la instalación de parques eólicos en todo el país.
En Chubut -un par de meses antes-, el 7 de julio de ese mismo año, se había sancionado la Ley Eólica Nº 4.389, que en su artículo 8ª expresa claramente que el estado priorizará el financiamiento de los emprendimientos ejecutados con elementos que se fabriquen en la provincia.
En tanto, el 6 de diciembre de 2006, el Congreso de la Nación aprobó la ley Nº 26.190, que fomenta el uso de fuentes renovables de energía destinadas a la producción de energía eléctrica. Esta ley hace hincapié en la fabricación de torres eólicas en el país (entre otras fuentes de energía) y en la creación de fuentes de empleo con capitales nacionales.
Más cercano en el tiempo, el 30 de noviembre de 2011, cuando la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, inauguró el parque eólico de Rawson, remarcó que los molinos deben y pueden ser fabricadas en la Argentina.
Millones de dólares al exterior
Según datos brindados por Martín Castillo, cada megavatio instalado, hoy cuesta alrededor de dos millones de dólares, de los cuales sólo 200.000 quedan en el país como obra civil y logística, mientras que 1.800.000 dólares se van al exterior para la adquisición, puesta en marcha y mantenimiento de los equipos.
Al respecto, el titular de Industrias Bass explicó que las torres eólicas se fabrican con una chapa especial que no se produce en el país y que se importa del mercado asiático (principalmente de China y Corea), al igual que otros materiales.
Hoy la firma emplea a 50 personas pero el empresario destacó que, de incentivarse el desarrollo por parte del Estado nacional y provincial de esta industria limpia, habría un efecto multiplicador en el mercado laboral.»Cuando las fábrica de torres eólicas esté funcionando a pleno, dará trabajo a unas 90 personas sólo en ese rubro», indicó.
En este sentido, Castillo afirmó que «es necesario que al momento de asumir los compromisos, el gobierno y los desarrolladores, además de producir energía, impulsen la industria nacional».
A su entender, Chubut cuenta con la tecnología y los recursos humanos necesarios para hacerlo. «Los negocios están, falta que los desarrolladores vean a la industria nacional como una posibilidad cierta y necesaria para abastecer sus requerimientos, y que los inversores también prefieran financiar trabajo nacional», concluyó el empresario.
Industria en potencia
Chubut cuenta con las condiciones climáticas ideales, la superficie y las redes de conexión indispensables para montar parques eólicos en toda la región. En la actualidad, existen en el territorio chubutense una serie de proyectos previstos para generar 2500 megavatios de energía eólica, con una inversión estimada de 5000 millones de dólares.
El más ambicioso es el de Gastre, que prevé la generación de 1350 magavatios (Mw). Luego, se encuentran El Angelito (400 Mw), Puerto Madryn (220 Mw), Loma Blanca (200 Mw), Malaspina (100 Mw) y otros.
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Fecha de Publicación: 08/07/2013
Fuente: Diario El Chubut
Provincia/Región: Chubut
La crisis energética, financiera y ambiental que atraviesa el mundo globalizado actual, desde hace ya varias décadas, llevó a los países desarrollados a fomentar la investigación y la utilización de energías renovables capaces de alcanzar los estándares de las fuentes tradicionales.Los estados nacionales de países que hoy se encuentran a la vanguardia del desarrollo tecnológico y científico en el mundo como Dinamarca, Estados Unidos, Alemania, Canadá y -en menor medida- España, sumado a Brasil en Sudamérica, vienen apostando en los últimos años a una fuente energética limpia, segura, confiable, con un potencial extraordinario para crear una nueva industria generadora de empleo calificado: la energía eólica.
En el contexto del nuevo orden mundial, la Argentina aparece como uno de los países con mayor potencial para implementar este tipo de industria, pero a la vez es el menos desarrollado. Por esta razón, con el objetivo de revertir esta situación de atraso estructural, desde los años noventa hasta el presente, el Congreso de la Nación sancionó una serie de leyes de promoción para de este tipo de emprendimientos, que le dan prioridad a la fabricación de molinos eólicos financiados con capitales nacionales.
Sin embargo, el desarrollo en el país de esta industria es todavía muy incipiente y la totalidad de los equipos para construir los parques eólicos son adquiridos en el extranjero.
Capitales chubutenses
Desde hace seis años, Industrias Bass, una empresa de capitales chubutenses con 15 años de experiencia en el sector de la metalúrgica, capacita en el país y en el exterior recursos humanos, con el objetivo de promover la industria de la energía eólica en la Argentina.
No solo realiza proyectos de construcción y remodelación de parques eólicos en esta provincia, sino también se expandió con emprendimientos en las provincias de Buenos Aires y Santa Cruz, y en el sur de Chile.
Para ello, la firma dispone de dos plantas en el Parque Industrial de Trelew, de las cuales una está destinada íntegramente a la producción de torres eólicas. Esta última cuenta con una superficie de 6500 metros cuadrados cubiertos, está emplazada en un terreno de 16 hectáreas y tiene capacidad para fabricar 150 torres anuales.
Según informó el titular de Industrias Bass, Martín Castillo, la firma «está en condiciones de fabricar productos con las mismas normas de certificación que cualquier fábrica extranjera». En este sentido, explicó que la empresa tiene el equipamiento y el transporte necesarios para producir los anillos de fundación, las torres eólicas y algunas partes para los aerogeneradores de estos sistemas.
Producción nacional
Con el propósito de fomentar el desarrollo de la industria eólica en la Argentina, el 23 de septiembre de 1998, el Congreso de la Nación sancionó la ley 25.019, el Régimen Nacional de Energía Eólica, que dispuso la promoción de la investigación sobre este recurso energético y promovió la instalación de parques eólicos en todo el país.
En Chubut -un par de meses antes-, el 7 de julio de ese mismo año, se había sancionado la Ley Eólica Nº 4.389, que en su artículo 8ª expresa claramente que el estado priorizará el financiamiento de los emprendimientos ejecutados con elementos que se fabriquen en la provincia.
En tanto, el 6 de diciembre de 2006, el Congreso de la Nación aprobó la ley Nº 26.190, que fomenta el uso de fuentes renovables de energía destinadas a la producción de energía eléctrica. Esta ley hace hincapié en la fabricación de torres eólicas en el país (entre otras fuentes de energía) y en la creación de fuentes de empleo con capitales nacionales.
Más cercano en el tiempo, el 30 de noviembre de 2011, cuando la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, inauguró el parque eólico de Rawson, remarcó que los molinos deben y pueden ser fabricadas en la Argentina.
Millones de dólares al exterior
Según datos brindados por Martín Castillo, cada megavatio instalado, hoy cuesta alrededor de dos millones de dólares, de los cuales sólo 200.000 quedan en el país como obra civil y logística, mientras que 1.800.000 dólares se van al exterior para la adquisición, puesta en marcha y mantenimiento de los equipos.
Al respecto, el titular de Industrias Bass explicó que las torres eólicas se fabrican con una chapa especial que no se produce en el país y que se importa del mercado asiático (principalmente de China y Corea), al igual que otros materiales.
Hoy la firma emplea a 50 personas pero el empresario destacó que, de incentivarse el desarrollo por parte del Estado nacional y provincial de esta industria limpia, habría un efecto multiplicador en el mercado laboral.»Cuando las fábrica de torres eólicas esté funcionando a pleno, dará trabajo a unas 90 personas sólo en ese rubro», indicó.
En este sentido, Castillo afirmó que «es necesario que al momento de asumir los compromisos, el gobierno y los desarrolladores, además de producir energía, impulsen la industria nacional».
A su entender, Chubut cuenta con la tecnología y los recursos humanos necesarios para hacerlo. «Los negocios están, falta que los desarrolladores vean a la industria nacional como una posibilidad cierta y necesaria para abastecer sus requerimientos, y que los inversores también prefieran financiar trabajo nacional», concluyó el empresario.
Industria en potencia
Chubut cuenta con las condiciones climáticas ideales, la superficie y las redes de conexión indispensables para montar parques eólicos en toda la región. En la actualidad, existen en el territorio chubutense una serie de proyectos previstos para generar 2500 megavatios de energía eólica, con una inversión estimada de 5000 millones de dólares.
El más ambicioso es el de Gastre, que prevé la generación de 1350 magavatios (Mw). Luego, se encuentran El Angelito (400 Mw), Puerto Madryn (220 Mw), Loma Blanca (200 Mw), Malaspina (100 Mw) y otros.
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Argentina y su debilidad nuclear
Argentina y su debilidad nuclear
Fecha de Publicación: 08/07/2013
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Por Mauro Fernández - Campaña de Clima y Energía de Greenpeace.
Argentina sufre una adicción alarmante. Desde hace 63 años, el país invierte miles de millones de dólares en la industria nuclear. ¿El resultado? Abastecer sólo el 4,7% de la demanda eléctrica nacional –de acuerdo a los datos de la compañía administradora del mercado eléctrico de 2012. A pesar de que los millonarios aportes no han logrado encender demasiadas luces, la dirigencia política está empecinada en seguir sacando dinero del bolsillo de los ciudadanos para financiar esta energía cara, sucia y peligrosa –y que en Argentina está 100% subsidiada.
La semana pasada, el ministro de Planificación, Julio De Vido, anunció que los argentinos pagaremos 42 mil millones de dólares para fomentar una fuente de energía que pone en peligro nuestra estructura social, nuestros territorios, e incluso nuestras vidas, como hemos visto luego de los desastres nucleares de Chernobyl y Fukushima. Y lo peor es que nadie nos preguntó si estamos de acuerdo. Una tecnología tan peligrosa no puede avanzar a espaldas de la población.
A más de dos años del desastre nuclear de Fukushima, miles de japoneses siguen sin poder regresar a sus hogares y la usina colapsada sigue contaminando el agua del Océano Pacífico con sucesivas fugas de radiactividad. Hoy, la tercera economía global avanza hacia una desnuclearización completa para la década de 2030. Sin embargo, nuestro país niega las devastadoras evidencias de esta tecnología y promete un crecimiento exponencial de su capacidad atómica bajo el falso paradigma de “seguridad nuclear”.
Las autoridades a cargo de determinar las causas del desastre nuclear concluyeron que lo que generó las condiciones para que Fukushima ocurra fue la debilidad y la connivencia del regulador nuclear; el rol del terremoto y el tsunami fue el de disparador. En Argentina la situación no es muy distinta. La falta de transparencia de la Autoridad Regulatoria Nuclear se evidencia, por ejemplo, cuando permite que se instale un nuevo reactor en la Central Nuclear Embalse, en Córdoba, sin llamar a audiencias públicas ni exigir un estudio de impacto ambiental. Un accidente nuclear puede ocurrir en Córdoba, donde pretende extenderse la vida útil de esta planta que no sería aceptada en muchos países por sus similitudes con el reactor de Chernobyl.
Además, luego de Fukushima, la Agencia Internacional de Energía Atómica convocó a todos sus Estados miembro –entre ellos Argentina– a solicitar auditorías por parte de sus pares para cotejar y mejorar las medidas de seguridad nuclear. Aunque más de 40 países ya lo han hecho –incluso países sin usinas atómicas operativas, como los Emiratos Árabes Unidos–, Argentina todavía no solicitó esta revisión.
Los anuncios de De Vido no pueden pasar desapercibidos. En Greenpeace somos conscientes que no hay energía nuclear segura, pero la mejor forma para transitar el abandono de esta tecnología sin descuidar a la población es cumpliendo los máximos estándares de seguridad, con transparencia regulatoria y participación pública. Argentina no cumple ninguna de estas condiciones.
Greenpeace propone una transición hacia fuentes de energía renovables. Una opción más limpia, segura y actualmente más económica, como hemos demostrado en nuestro escenario energético para el año 2050.
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Fecha de Publicación: 08/07/2013
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Por Mauro Fernández - Campaña de Clima y Energía de Greenpeace.
Argentina sufre una adicción alarmante. Desde hace 63 años, el país invierte miles de millones de dólares en la industria nuclear. ¿El resultado? Abastecer sólo el 4,7% de la demanda eléctrica nacional –de acuerdo a los datos de la compañía administradora del mercado eléctrico de 2012. A pesar de que los millonarios aportes no han logrado encender demasiadas luces, la dirigencia política está empecinada en seguir sacando dinero del bolsillo de los ciudadanos para financiar esta energía cara, sucia y peligrosa –y que en Argentina está 100% subsidiada.
La semana pasada, el ministro de Planificación, Julio De Vido, anunció que los argentinos pagaremos 42 mil millones de dólares para fomentar una fuente de energía que pone en peligro nuestra estructura social, nuestros territorios, e incluso nuestras vidas, como hemos visto luego de los desastres nucleares de Chernobyl y Fukushima. Y lo peor es que nadie nos preguntó si estamos de acuerdo. Una tecnología tan peligrosa no puede avanzar a espaldas de la población.
A más de dos años del desastre nuclear de Fukushima, miles de japoneses siguen sin poder regresar a sus hogares y la usina colapsada sigue contaminando el agua del Océano Pacífico con sucesivas fugas de radiactividad. Hoy, la tercera economía global avanza hacia una desnuclearización completa para la década de 2030. Sin embargo, nuestro país niega las devastadoras evidencias de esta tecnología y promete un crecimiento exponencial de su capacidad atómica bajo el falso paradigma de “seguridad nuclear”.
Las autoridades a cargo de determinar las causas del desastre nuclear concluyeron que lo que generó las condiciones para que Fukushima ocurra fue la debilidad y la connivencia del regulador nuclear; el rol del terremoto y el tsunami fue el de disparador. En Argentina la situación no es muy distinta. La falta de transparencia de la Autoridad Regulatoria Nuclear se evidencia, por ejemplo, cuando permite que se instale un nuevo reactor en la Central Nuclear Embalse, en Córdoba, sin llamar a audiencias públicas ni exigir un estudio de impacto ambiental. Un accidente nuclear puede ocurrir en Córdoba, donde pretende extenderse la vida útil de esta planta que no sería aceptada en muchos países por sus similitudes con el reactor de Chernobyl.
Además, luego de Fukushima, la Agencia Internacional de Energía Atómica convocó a todos sus Estados miembro –entre ellos Argentina– a solicitar auditorías por parte de sus pares para cotejar y mejorar las medidas de seguridad nuclear. Aunque más de 40 países ya lo han hecho –incluso países sin usinas atómicas operativas, como los Emiratos Árabes Unidos–, Argentina todavía no solicitó esta revisión.
Los anuncios de De Vido no pueden pasar desapercibidos. En Greenpeace somos conscientes que no hay energía nuclear segura, pero la mejor forma para transitar el abandono de esta tecnología sin descuidar a la población es cumpliendo los máximos estándares de seguridad, con transparencia regulatoria y participación pública. Argentina no cumple ninguna de estas condiciones.
Greenpeace propone una transición hacia fuentes de energía renovables. Una opción más limpia, segura y actualmente más económica, como hemos demostrado en nuestro escenario energético para el año 2050.
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Alumbrera, sin "derrame minero"
Despues de 20 años Alumbrera no realizó ninguna obra en el departamento
Fecha de Publicación: 07/07/2013
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Catamarca
"Minera Alumbrera no realizó ninguna obra que beneficie a Santa María". Pese a que la empresa extrae el agua del campo el arenal de hace casi dos décadas y está a punto de terminar la explotación, Santa María no ha recibido ningún beneficio de esta empresa que está obligada a realizar inversiones de responsabilidad social empresaria.
La comunidad toda, incluso específicamente comerciantes y empresarios de Santa María se quejan de la administración que llevan adelante quienes están al frente de la empresa, o aparecen como las caras visibles del emprendimiento. Más específicamente, se trata de Jorge Montaldi (gerente de Relaciones Institucionales), Víctor Miguel Paredes, (representante de Asuntos Comunitarios) Walter Miñaura (gerente de Asuntos Institucionales) Jorge Reynoso (Analista de Costos) y Daniel Serrano (gerente de Desarrollo Sostenible).
Al respecto, José Sánchez, presidente de la Cámara Económica del departamento, sindica a la empresa y sus caras visibles como los responsables del atraso y perjuicio que sufre Santa María. Y es que sólo el 5,5% de las compras e insumos que se adquieren para el emprendimiento minero son de proveedores santamarianos. El resto, se compra afuera.
"Nosotros presentamos nuestro pedido basándonos en los informes de sostenibilidad que Minera Alumbrera realizó el año pasado. Ese 5,5% que se menciona allí es en función de los informes que ellos mismos dan. Todavía hay que dividir esa suma en la zona de impacto primario y en toda la provincia, o sea que en realidad es mucho menor".
También el empresario apunta que la Minera "tiene el compromiso de propiciar el desarrollo de proveedores mineros. Por eso es que se deriva de allí el compromiso social de Alumbrera con Santa María".
"En los últimos 15 años, este desarrollo de proveedores no se realizó. En Santa María no se produjo, en tanto las empresas que están son las que siempre han trabajado, y que no llegan a un total de cinco. Pero después de eso, no se propició un desarrollo de proveedores. A tal punto que la Minera se provee, en mayor parte, de otras provincias", asegura Sánchez.
También el empresario se queja de la falta de compromiso por parte de la empresa en tomar mano de obra catamarqueña. Según los datos que maneja la Cámara Empresaria, Minera Alumbrera puede tener 70 empleados y al respecto Sánchez apunta que "llama la atención que dentro del mayor emprendimiento minero ubicado en Catamarca, sean pocos los catamarqueños que allí trabajan. A mí me gustaría que Alumbrera diga cuántos profesionales santamarianos están trabajando allí. Sobran los dedos de una mano, eso lo puedo asegurar", destaca el empresario a Criterio New.
"No atendemos kiosquitos"
Según relata el Presidente de la Cámara Económica de Santa María, "Miñaura y Reynoso, todos ellos a cargo de las compras y las licitaciones, se auto proclamaron de que 'Minera Alumbrera no está para atender kiosquitos'".
"No son quiosquitos -les responde Sánchez-, son alrededor de 20 empresas de trasporte y servicios, camiones, metalúrgicas, almacenes de rubros generales, soldadores, pequeñas empresas que estamos trabajando en el medio, y que lógicamente aspiramos a convertirnos en proveedores mineros".
Reclamo de obras
No sólo la Cámara Económica se ha levantado en contra del accionar de los gerenciadores de Minera Alumbrera.
El intendente Anderch, el Rotary Club y varias organizaciones intermedias de Santa María vienen reclamando desde hace varios años a la empresa Minera Alumbrera Ltd. que apruebe el financiamiento, en el marco de su programa de Responsabilidad Social Empresaria (RSE), para construir el Complejo Cultural, Educativo y Polideportivo "Abel Acosta", de 6.403 metros cuadrados en dos plantas, que tendrá un espacio cubierto para la práctica deportiva, un área social y cultural equipada para espectáculos, un sector o área pedagógica para talleres , que se erigiría en terrenos de la ex Escuela Normal.
Pero hasta ahora no tuvieron respuesta positiva, pese a que Santa María está dentro del área primaria de impacto minero, y que esa comunidad "no fue satisfecha en su interés", contrastando las millonarias inversiones realizadas por la empresa en Tucumán, como el hospital materno infantil para la ciudad de Concepción (Tucumán), entre otras.
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Fecha de Publicación: 07/07/2013
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Catamarca
"Minera Alumbrera no realizó ninguna obra que beneficie a Santa María". Pese a que la empresa extrae el agua del campo el arenal de hace casi dos décadas y está a punto de terminar la explotación, Santa María no ha recibido ningún beneficio de esta empresa que está obligada a realizar inversiones de responsabilidad social empresaria.La comunidad toda, incluso específicamente comerciantes y empresarios de Santa María se quejan de la administración que llevan adelante quienes están al frente de la empresa, o aparecen como las caras visibles del emprendimiento. Más específicamente, se trata de Jorge Montaldi (gerente de Relaciones Institucionales), Víctor Miguel Paredes, (representante de Asuntos Comunitarios) Walter Miñaura (gerente de Asuntos Institucionales) Jorge Reynoso (Analista de Costos) y Daniel Serrano (gerente de Desarrollo Sostenible).
Al respecto, José Sánchez, presidente de la Cámara Económica del departamento, sindica a la empresa y sus caras visibles como los responsables del atraso y perjuicio que sufre Santa María. Y es que sólo el 5,5% de las compras e insumos que se adquieren para el emprendimiento minero son de proveedores santamarianos. El resto, se compra afuera.
"Nosotros presentamos nuestro pedido basándonos en los informes de sostenibilidad que Minera Alumbrera realizó el año pasado. Ese 5,5% que se menciona allí es en función de los informes que ellos mismos dan. Todavía hay que dividir esa suma en la zona de impacto primario y en toda la provincia, o sea que en realidad es mucho menor".
También el empresario apunta que la Minera "tiene el compromiso de propiciar el desarrollo de proveedores mineros. Por eso es que se deriva de allí el compromiso social de Alumbrera con Santa María".
"En los últimos 15 años, este desarrollo de proveedores no se realizó. En Santa María no se produjo, en tanto las empresas que están son las que siempre han trabajado, y que no llegan a un total de cinco. Pero después de eso, no se propició un desarrollo de proveedores. A tal punto que la Minera se provee, en mayor parte, de otras provincias", asegura Sánchez.
También el empresario se queja de la falta de compromiso por parte de la empresa en tomar mano de obra catamarqueña. Según los datos que maneja la Cámara Empresaria, Minera Alumbrera puede tener 70 empleados y al respecto Sánchez apunta que "llama la atención que dentro del mayor emprendimiento minero ubicado en Catamarca, sean pocos los catamarqueños que allí trabajan. A mí me gustaría que Alumbrera diga cuántos profesionales santamarianos están trabajando allí. Sobran los dedos de una mano, eso lo puedo asegurar", destaca el empresario a Criterio New.
"No atendemos kiosquitos"
Según relata el Presidente de la Cámara Económica de Santa María, "Miñaura y Reynoso, todos ellos a cargo de las compras y las licitaciones, se auto proclamaron de que 'Minera Alumbrera no está para atender kiosquitos'".
"No son quiosquitos -les responde Sánchez-, son alrededor de 20 empresas de trasporte y servicios, camiones, metalúrgicas, almacenes de rubros generales, soldadores, pequeñas empresas que estamos trabajando en el medio, y que lógicamente aspiramos a convertirnos en proveedores mineros".
Reclamo de obras
No sólo la Cámara Económica se ha levantado en contra del accionar de los gerenciadores de Minera Alumbrera.
El intendente Anderch, el Rotary Club y varias organizaciones intermedias de Santa María vienen reclamando desde hace varios años a la empresa Minera Alumbrera Ltd. que apruebe el financiamiento, en el marco de su programa de Responsabilidad Social Empresaria (RSE), para construir el Complejo Cultural, Educativo y Polideportivo "Abel Acosta", de 6.403 metros cuadrados en dos plantas, que tendrá un espacio cubierto para la práctica deportiva, un área social y cultural equipada para espectáculos, un sector o área pedagógica para talleres , que se erigiría en terrenos de la ex Escuela Normal.
Pero hasta ahora no tuvieron respuesta positiva, pese a que Santa María está dentro del área primaria de impacto minero, y que esa comunidad "no fue satisfecha en su interés", contrastando las millonarias inversiones realizadas por la empresa en Tucumán, como el hospital materno infantil para la ciudad de Concepción (Tucumán), entre otras.
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Arsénico, grave problema a nivel Nacional
La ruta nacional del veneno
Fecha de Publicación: 07/07/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Más de tres millones de argentinos consumen agua contaminada con un alto nivel de arsénico. El país necesita realizar millonarias inversiones en infraestructura para poder proveer agua potable en las provincias donde más afecta el problema.
Los niños de la comunidad qom El Salado, en el noroeste de la provincia de Chaco, tienen mechones rubios y rojizos que resaltan en sus cabelleras. Los médicos e ingenieros agrónomos que trabajan en aquella zona conocen bien el motivo de esas coloraciones. El motivo se llama arsénico, un elemento químico presente en una alta proporción en el agua de los aljibes y los pozos de los que se nutren los habitantes de aquella región. El arsénico no sólo es considerado uno de los principales responsables del pésimo estado de las dentaduras de los miembros de aquellas comunidades, sino que también se lo considera un inmunodepresor que juega un rol clave en el elevadísimo número de muertes de mujeres por cáncer de útero que hacen de aquella zona una de las más afligidas en el mundo por esa enfermedad.
Una medialuna mortal. El arsénico es un compañero invisible y letal que acompaña a buena parte de los habitantes de este país toda su vida. Se instala en los cuerpos de los argentinos ricos y los argentinos pobres, de los niños más chiquitos y de los ancianos, en los habitantes de las villas miseria y de los departamentos y countries más caros. Millones lo van acumulando en sus organismos a lo largo de los años, sin enterarse siquiera, porque es un residente asintomático, que no provoca fiebres, ni dolores, ni otras evidencias físicas más graves hasta que ya ha hecho daño. A veces, mucho daño.
Argentina posee y exhibe con orgullo sus rutas turísticas y gastronómicas, sus caminos del vino, de las artesanías, del adobe, de los lagos y las estancias jesuíticas. Pero también tiene otra ruta, ignorada y escondida, que es la ruta del arsénico, un veneno que más de 10 millones de argentinos ingieren todos los días, y que por lo menos tres millones de ellos lo hacen en alta proporción. La ruta argentina del arsénico, como se puede ver en el mapa, es principalmente una larga medialuna que se extiende desde la cordillera salteña hasta el norte de La Pampa, pasando por Chaco, Santa Fe y Córdoba. También afecta, con distintos niveles, a Jujuy, Formosa, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Buenos Aires, San Juan, Mendoza, San Luis y Chubut (Infografía).
Otras regiones no aparecen en este mapa por falta de datos y no porque se tenga seguridad de la ausencia de arsénico en grado significativo. La ruta argentina del arsénico, además, es una de las más extensas del mundo. Su presencia se debe a la actividad volcánica que tuvo la cordillera de los Andes, aunque la diseminación del arsénico también es una consecuencia de las actividades de los seres humanos tales como la minería, las fumigaciones de cultivos o el uso de insecticidas.
Pese a la dimensión que tiene el problema y a las numerosas advertencias de los estudiosos que mes a mes monitorean distintos rincones del territorio nacional, las miles de muertes silenciosas provocadas por la ingesta de arsénico continúan sin ocupar un lugar expectante en la agenda política, económica y sanitaria de la Argentina. Es fácil dar un ejemplo.
Los medios periodísticos y las autoridades sanitarias de Argentina llevan meses encabezando sus noticieros y sus conferencias con la incidencia que está teniendo la gripe A: 23 muertos confirmados hasta el pasado viernes, según el Ministerio de Salud de la Nación. Esa cifra se torna insignificante si se la compara con los perjuicios sanitarios que provoca cada ?año la ingestión de agua con arsénico, un elemento que, está demostrado, tiene efectos cancerígenos.
Muestrario. Roberto Cáceres, un ingeniero químico y profesor universitario instalado en San Juan, que es considerado una de las máximas autoridades en el tema, dijo a este diario que Argentina ni siquiera tiene estadísticas confiables sobre cuántas víctimas mortales suma cada año debido al arsénico.
“Los muertos por cáncer provocado por ingestión de arsénico no se atribuyen al arsénico”, contó Cáceres.
“El problema es que en Argentina no es obligatorio dar la real causa de la muerte en el acta de defunción. Entonces, al no darse la causa real, resulta que todos nos morimos por paro cardiorrespiratorio así nos atropelle un tren. Obvio que todos morimos por un paro, pero, si no especificamos bien las causas, es muy difícil hacer estadísticas”.
Cáceres propone que se modifique la ley y se haga constar las causas específicas de las muertes. “El médico que ha tratado a una persona puede saberlo bien. Si no, el único indicador que tendrán los médicos van a ser los pacientes que los visitan en hospitales y consultorios, con lo que es muy difícil hacer estadísticas”. Los problemas que puede provocar la ingestión continuada de agua contaminada por arsénico son tan numerosos, como se puede ver en el gráfico, que se agrupan bajo 13 rubros.
Atañen inconvenientes hepáticos, renales, intestinales, dermatológicos, cardiovasculares, pulmonares y reproductivos, entre otros. El mayor riesgo es cuando el problema deriva en diferentes casos de cáncer, tal cual se lo ha estudiado y documentado en varios estudios médicos locales e internacionales, según destaca el propio Ministerio de Salud de la Nación en un manual de capacitación publicado hace dos años como parte de su Programa Nacional de Prevención y Control de las Intoxicaciones (Precotox).
En Argentina, el problema mejor tipificado en la región donde se encuentran los millones de consumidores diarios de agua contaminada es el llamado hidroarsenicismo crónico regional endémico (Hacre).
Es una enfermedad fácilmente identificable por el tipo de lesiones que provoca en la piel y por diversas alteraciones, cancerosas o no. Luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló hace pocos años que el límite aconsejable de arsénico en agua para consumo humano no debe superar el 0,01 miligramo, millones de argentinos continúan bebiendo agua con índices superiores.
En 2007, la administración nacional cambió el Código Alimentario para bajar el tope de arsénico, que estaba en 0,05, a la cifra pretendida por la OMS. Estableció que a partir de 2012 todas las provincias argentinas debían bajar su tolerancia a las aguas con arsénico al 0,01. Al día de hoy, cumplido el plazo, ninguna provincia alcanzó la meta. Existen varias explicaciones de por qué ocurre esto. Las autoridades de varios distritos, Córdoba entre ellos, han señalado que no existen pruebas epidemiológicas concluyentes para decir que una concentración de arsénico de 0,05 sea grave para la salud de las personas que consumen esa agua durante varias décadas de sus vidas.
Un silencio perjudicial. Más allá de las discusiones sanitarias, existe un motivo poderoso que explica por qué el problema no está en los primeros planos: los costos. Disminuir la presencia de arsénico en el agua que toman millones de argentinos todos los días requiere una inversión millonaria y constante en infraestructura.
Y no es un tema que resulte tan atractivo para los políticos como los torneos de fútbol, las obras públicas monumentales o los carnavales. Además, mucha de esa inversión debería quedar a cargo de pequeñas cooperativas de agua que no podrían afrontarla sin un programa de apoyo específico.
En provincias como Córdoba, el problema de las aguas con arsénico está concentrado en sus zonas económicamente más poderosas: el este y el sur, donde existen numerosas ciudades y poblaciones que beben líquido proveniente de perforaciones subterráneas. En el caso de la ciudad de Córdoba, que consume agua de fuentes superficiales (ríos y lagos), el problema tiene menor entidad, aunque la empresa proveedora Aguas Cordobesas informó que su contrato con la Provincia continúa haciendo referencia al valor de 0,05 de arsénico, que es superior al recomendado por OMS y por la Nación.
Por ahora, los diferentes gobiernos provinciales sólo actúan en lugares donde los análisis demuestran que las poblaciones están consumiendo agua con niveles de arsénico altísimo, que multiplican a veces por cien el límite de la OMS.
La semana pasada, una diputada provincial salteña, Irene Soler, pidió informes sobre la denuncia de una docente de la localidad de Rivadavia que afirmó que algunos de sus alumnos no podían finalizar los estudios por el retardo mental que les provocaría el arsénico.
En Córdoba se trabaja en lugares como Monte del Rosario, en el departamento Río Primero, donde se está construyendo un tanque y red domiciliaria luego de que se comprobaran niveles de arsénico muy altos.
Por ahora, son gritos y soluciones aisladas. Por ahora, es motivo para el buen negocio de las empresas que comercializan filtros y aguas purificadas. La ruta argentina del arsénico sigue siendo un tema escondido bajo la tierra.
Sin ningún dato. El ingeniero químico Roberto Cáceres, autoridad en la materia, asegura que los muertos por acción del arsénico no figuran en las estadísticas, ya que no se indica que mueren por esa causa. Se habla solamente de paro cardíaco.
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Fecha de Publicación: 07/07/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Más de tres millones de argentinos consumen agua contaminada con un alto nivel de arsénico. El país necesita realizar millonarias inversiones en infraestructura para poder proveer agua potable en las provincias donde más afecta el problema.Los niños de la comunidad qom El Salado, en el noroeste de la provincia de Chaco, tienen mechones rubios y rojizos que resaltan en sus cabelleras. Los médicos e ingenieros agrónomos que trabajan en aquella zona conocen bien el motivo de esas coloraciones. El motivo se llama arsénico, un elemento químico presente en una alta proporción en el agua de los aljibes y los pozos de los que se nutren los habitantes de aquella región. El arsénico no sólo es considerado uno de los principales responsables del pésimo estado de las dentaduras de los miembros de aquellas comunidades, sino que también se lo considera un inmunodepresor que juega un rol clave en el elevadísimo número de muertes de mujeres por cáncer de útero que hacen de aquella zona una de las más afligidas en el mundo por esa enfermedad.
Una medialuna mortal. El arsénico es un compañero invisible y letal que acompaña a buena parte de los habitantes de este país toda su vida. Se instala en los cuerpos de los argentinos ricos y los argentinos pobres, de los niños más chiquitos y de los ancianos, en los habitantes de las villas miseria y de los departamentos y countries más caros. Millones lo van acumulando en sus organismos a lo largo de los años, sin enterarse siquiera, porque es un residente asintomático, que no provoca fiebres, ni dolores, ni otras evidencias físicas más graves hasta que ya ha hecho daño. A veces, mucho daño.
Argentina posee y exhibe con orgullo sus rutas turísticas y gastronómicas, sus caminos del vino, de las artesanías, del adobe, de los lagos y las estancias jesuíticas. Pero también tiene otra ruta, ignorada y escondida, que es la ruta del arsénico, un veneno que más de 10 millones de argentinos ingieren todos los días, y que por lo menos tres millones de ellos lo hacen en alta proporción. La ruta argentina del arsénico, como se puede ver en el mapa, es principalmente una larga medialuna que se extiende desde la cordillera salteña hasta el norte de La Pampa, pasando por Chaco, Santa Fe y Córdoba. También afecta, con distintos niveles, a Jujuy, Formosa, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Buenos Aires, San Juan, Mendoza, San Luis y Chubut (Infografía).
Otras regiones no aparecen en este mapa por falta de datos y no porque se tenga seguridad de la ausencia de arsénico en grado significativo. La ruta argentina del arsénico, además, es una de las más extensas del mundo. Su presencia se debe a la actividad volcánica que tuvo la cordillera de los Andes, aunque la diseminación del arsénico también es una consecuencia de las actividades de los seres humanos tales como la minería, las fumigaciones de cultivos o el uso de insecticidas.
Pese a la dimensión que tiene el problema y a las numerosas advertencias de los estudiosos que mes a mes monitorean distintos rincones del territorio nacional, las miles de muertes silenciosas provocadas por la ingesta de arsénico continúan sin ocupar un lugar expectante en la agenda política, económica y sanitaria de la Argentina. Es fácil dar un ejemplo.
Los medios periodísticos y las autoridades sanitarias de Argentina llevan meses encabezando sus noticieros y sus conferencias con la incidencia que está teniendo la gripe A: 23 muertos confirmados hasta el pasado viernes, según el Ministerio de Salud de la Nación. Esa cifra se torna insignificante si se la compara con los perjuicios sanitarios que provoca cada ?año la ingestión de agua con arsénico, un elemento que, está demostrado, tiene efectos cancerígenos.
Muestrario. Roberto Cáceres, un ingeniero químico y profesor universitario instalado en San Juan, que es considerado una de las máximas autoridades en el tema, dijo a este diario que Argentina ni siquiera tiene estadísticas confiables sobre cuántas víctimas mortales suma cada año debido al arsénico.
“Los muertos por cáncer provocado por ingestión de arsénico no se atribuyen al arsénico”, contó Cáceres.
“El problema es que en Argentina no es obligatorio dar la real causa de la muerte en el acta de defunción. Entonces, al no darse la causa real, resulta que todos nos morimos por paro cardiorrespiratorio así nos atropelle un tren. Obvio que todos morimos por un paro, pero, si no especificamos bien las causas, es muy difícil hacer estadísticas”.
Cáceres propone que se modifique la ley y se haga constar las causas específicas de las muertes. “El médico que ha tratado a una persona puede saberlo bien. Si no, el único indicador que tendrán los médicos van a ser los pacientes que los visitan en hospitales y consultorios, con lo que es muy difícil hacer estadísticas”. Los problemas que puede provocar la ingestión continuada de agua contaminada por arsénico son tan numerosos, como se puede ver en el gráfico, que se agrupan bajo 13 rubros.
Atañen inconvenientes hepáticos, renales, intestinales, dermatológicos, cardiovasculares, pulmonares y reproductivos, entre otros. El mayor riesgo es cuando el problema deriva en diferentes casos de cáncer, tal cual se lo ha estudiado y documentado en varios estudios médicos locales e internacionales, según destaca el propio Ministerio de Salud de la Nación en un manual de capacitación publicado hace dos años como parte de su Programa Nacional de Prevención y Control de las Intoxicaciones (Precotox).
En Argentina, el problema mejor tipificado en la región donde se encuentran los millones de consumidores diarios de agua contaminada es el llamado hidroarsenicismo crónico regional endémico (Hacre).
Es una enfermedad fácilmente identificable por el tipo de lesiones que provoca en la piel y por diversas alteraciones, cancerosas o no. Luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló hace pocos años que el límite aconsejable de arsénico en agua para consumo humano no debe superar el 0,01 miligramo, millones de argentinos continúan bebiendo agua con índices superiores.
En 2007, la administración nacional cambió el Código Alimentario para bajar el tope de arsénico, que estaba en 0,05, a la cifra pretendida por la OMS. Estableció que a partir de 2012 todas las provincias argentinas debían bajar su tolerancia a las aguas con arsénico al 0,01. Al día de hoy, cumplido el plazo, ninguna provincia alcanzó la meta. Existen varias explicaciones de por qué ocurre esto. Las autoridades de varios distritos, Córdoba entre ellos, han señalado que no existen pruebas epidemiológicas concluyentes para decir que una concentración de arsénico de 0,05 sea grave para la salud de las personas que consumen esa agua durante varias décadas de sus vidas.
Un silencio perjudicial. Más allá de las discusiones sanitarias, existe un motivo poderoso que explica por qué el problema no está en los primeros planos: los costos. Disminuir la presencia de arsénico en el agua que toman millones de argentinos todos los días requiere una inversión millonaria y constante en infraestructura.
Y no es un tema que resulte tan atractivo para los políticos como los torneos de fútbol, las obras públicas monumentales o los carnavales. Además, mucha de esa inversión debería quedar a cargo de pequeñas cooperativas de agua que no podrían afrontarla sin un programa de apoyo específico.
En provincias como Córdoba, el problema de las aguas con arsénico está concentrado en sus zonas económicamente más poderosas: el este y el sur, donde existen numerosas ciudades y poblaciones que beben líquido proveniente de perforaciones subterráneas. En el caso de la ciudad de Córdoba, que consume agua de fuentes superficiales (ríos y lagos), el problema tiene menor entidad, aunque la empresa proveedora Aguas Cordobesas informó que su contrato con la Provincia continúa haciendo referencia al valor de 0,05 de arsénico, que es superior al recomendado por OMS y por la Nación.
Por ahora, los diferentes gobiernos provinciales sólo actúan en lugares donde los análisis demuestran que las poblaciones están consumiendo agua con niveles de arsénico altísimo, que multiplican a veces por cien el límite de la OMS.
La semana pasada, una diputada provincial salteña, Irene Soler, pidió informes sobre la denuncia de una docente de la localidad de Rivadavia que afirmó que algunos de sus alumnos no podían finalizar los estudios por el retardo mental que les provocaría el arsénico.
En Córdoba se trabaja en lugares como Monte del Rosario, en el departamento Río Primero, donde se está construyendo un tanque y red domiciliaria luego de que se comprobaran niveles de arsénico muy altos.
Por ahora, son gritos y soluciones aisladas. Por ahora, es motivo para el buen negocio de las empresas que comercializan filtros y aguas purificadas. La ruta argentina del arsénico sigue siendo un tema escondido bajo la tierra.
Sin ningún dato. El ingeniero químico Roberto Cáceres, autoridad en la materia, asegura que los muertos por acción del arsénico no figuran en las estadísticas, ya que no se indica que mueren por esa causa. Se habla solamente de paro cardíaco.
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Analizan verduras y encuentran plaguicidas
Denuncian en Mar del Plata la presencia de agroquímicos en verduras que están a la venta
Fecha de Publicación: 06/07/2013
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Buenos Aires
La organización ambientalista Bios analizó numerosos vegetales expuestos para adquisición del público y la conclusión demostró la existencia sustancias peligrosas para la salud
A partir de un estudio en el que se analizaron diferentes verduras que eran vendidas en la ciudad, la organización ecologista Bios denunció este miércoles que se encontraron sustancias peligrosas para la salud que no deberían estar contenidas en los vegetales.
El objetivo de Bios, la Asociación Civil para la Defensa del Ambiente, es demostrar que “las buenas prácticas agrícolas no son la solución al problema” y advertir, una vez más, que “la salud está en juego”.
Hace más de tres años la organización denunció penalmente la presencia de residuos plaguicidas en verduras para el consumo humano. Ahora, según informaron, “aún cuando el Senasa lo advierte desde hace años a las autoridades en cada región argentina”, volvieron a comprobar lo mismo.
En una nueva ronda de análisis que realizó Bios sobre verduras comercializadas en la ciudad “han vuelto a aparecer sustancias que no debiesen estar allí”, aseguraron y describieron que se trata de “vegetales que usted, nosotros, los funcionarios y nuestros hijos comemos a diario”.
Según destacaron los vegetales fueron adquiridos en distintas verdulerías durante el período invernal que es cuando se produce una baja utilización de agroquímicos. Por eso mostraron aún más su preocupación. “Se ha declamado hasta el cansancio sobre las ‘buenas prácticas agrícolas’. Estamos en época del año de poco uso de plaguicidas y sin embargo aparecen estos resultados”, advirtieron.
En detalle, encontraron sustancias como el endosulfán que, según aseguraron, afecta directamente el sistema nervioso central con síntomas como hiperactividad, excitación, dificultad para respirar y náuseas. También destacaron la presencia de cipermetrina que provoca como síntoma sensaciones faciales anormales, mareo, dolor de cabeza y fatiga, y de dimetoato, metilazinfos, disulfoton y deltametrina.
“El mundo alerta sobre la acumulación de los organoclorados en nuestros cuerpos. Los países extreman sus medidas de control y promueven la agroecología. En nuestra región -y podemos imaginar que en el resto también- seguimos comiendo diariamente residuos de agrotóxicos. ¿Qué tiene que pasar para que las cosas cambien?", analizaron los ambientalistas, quienes insistieron con que “el camino es la agroecología” y se quejaron que los modelos denominados como “buenas prácticas agrícolas” dominen en las decisiones políticas.
Bios es una organización ecologista, que trabaja en la defensa del ambiente, los derechos humanos y la difusión del conocimiento. Sus áreas de trabajo específicas se centran en los impactos del modelo de crecimiento y sus impactos en el ambiente y la salud.
“Desarrollamos campañas, promovemos legislación y generamos material pedagógico y de prensa, en cuanto a los químicos peligrosos, agrotóxicos y modelo rural, salud y ambiente, problemática de la incineración y respeto a la diversidad biológica y cultural”, se describe la organización.
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Fecha de Publicación: 06/07/2013
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Buenos Aires
La organización ambientalista Bios analizó numerosos vegetales expuestos para adquisición del público y la conclusión demostró la existencia sustancias peligrosas para la saludA partir de un estudio en el que se analizaron diferentes verduras que eran vendidas en la ciudad, la organización ecologista Bios denunció este miércoles que se encontraron sustancias peligrosas para la salud que no deberían estar contenidas en los vegetales.
El objetivo de Bios, la Asociación Civil para la Defensa del Ambiente, es demostrar que “las buenas prácticas agrícolas no son la solución al problema” y advertir, una vez más, que “la salud está en juego”.
Hace más de tres años la organización denunció penalmente la presencia de residuos plaguicidas en verduras para el consumo humano. Ahora, según informaron, “aún cuando el Senasa lo advierte desde hace años a las autoridades en cada región argentina”, volvieron a comprobar lo mismo.
En una nueva ronda de análisis que realizó Bios sobre verduras comercializadas en la ciudad “han vuelto a aparecer sustancias que no debiesen estar allí”, aseguraron y describieron que se trata de “vegetales que usted, nosotros, los funcionarios y nuestros hijos comemos a diario”.
Según destacaron los vegetales fueron adquiridos en distintas verdulerías durante el período invernal que es cuando se produce una baja utilización de agroquímicos. Por eso mostraron aún más su preocupación. “Se ha declamado hasta el cansancio sobre las ‘buenas prácticas agrícolas’. Estamos en época del año de poco uso de plaguicidas y sin embargo aparecen estos resultados”, advirtieron.
En detalle, encontraron sustancias como el endosulfán que, según aseguraron, afecta directamente el sistema nervioso central con síntomas como hiperactividad, excitación, dificultad para respirar y náuseas. También destacaron la presencia de cipermetrina que provoca como síntoma sensaciones faciales anormales, mareo, dolor de cabeza y fatiga, y de dimetoato, metilazinfos, disulfoton y deltametrina.
“El mundo alerta sobre la acumulación de los organoclorados en nuestros cuerpos. Los países extreman sus medidas de control y promueven la agroecología. En nuestra región -y podemos imaginar que en el resto también- seguimos comiendo diariamente residuos de agrotóxicos. ¿Qué tiene que pasar para que las cosas cambien?", analizaron los ambientalistas, quienes insistieron con que “el camino es la agroecología” y se quejaron que los modelos denominados como “buenas prácticas agrícolas” dominen en las decisiones políticas.
Bios es una organización ecologista, que trabaja en la defensa del ambiente, los derechos humanos y la difusión del conocimiento. Sus áreas de trabajo específicas se centran en los impactos del modelo de crecimiento y sus impactos en el ambiente y la salud.
“Desarrollamos campañas, promovemos legislación y generamos material pedagógico y de prensa, en cuanto a los químicos peligrosos, agrotóxicos y modelo rural, salud y ambiente, problemática de la incineración y respeto a la diversidad biológica y cultural”, se describe la organización.
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Córdoba: causa de Ituzaingó nuevamente a juicio
Comienza pericia clave en causa por agroquímicos
Fecha de Publicación: 06/07/2013
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Se aplicará una técnica multidisciplinaria en la causa que investiga 142 casos de cáncer en barrio Ituzaingó Anexo y 13 en Los Cedros y su posible conexión con la fumigación de agrotóxicos. Intervendrán oncólogos, biólogos, toxicólogos, ingenieros agrónomos del Poder Judicial y la UNC. Intentarán determinar cuántos de los casos denunciados fueron desarrollados en el barrio.
Arranca la próxima semana una etapa clave en el marco de la causa que investiga la conexión entre casos de cáncer en los barrios Ituzaingó y Los Cedros, y la fumigación de agrotóxicos en la zona.
Se trata de una “pericia multidisciplinaria” con la cual un equipo conformado por oncólogos, biólogos toxicólogos e ingenieros agrónomos analizarán caso por caso las historias clínicas de los vecinos enfermos de cáncer en ambas locaciones.
Tratarán de determinar en cada uno de los pacientes, si se trata de enfermedades genéticas, en qué casos adquirieron la enfermedad viviendo en otro lugar y luego se mudaron a los barrios en cuestión.
El objetivo de esta pericia es descartar los casos en lo que no haya tenido incidencia la exposición sostenida a los agroquímicos.
El fiscal Carlos Matheu, a cargo de la causa desde hace 10 meses, “señaló que se trata de una pericia clave y sus resultados estrían cerca de fin de año”.
Vale recordar que se trata de una segunda etapa de la investigación denominada “causa madre”. La primera, que confirmó la fumigación con agrotóxicos sobre barrio Ituzaingó Anexo tuvo un fallo histórico y condenó a tres años de prisión condicional, no efectiva, al agricultor Francisco Parra y al piloto aeroaplicador Edgardo Pancello, quienes fueron encontrados culpables de contaminación ambiental dolosa.
La causa madre, originada en el año 2002, recayó sobre la Justicia provincial tras declarar su incompetencia el fuero Federal. Durmió en un cajón de la Fiscalía del Distrito 2 Turno 5 al punto que prescribieron las acusaciones contra los funcionarios públicos acusados por omisión de sus deberes.
El próximo juicio incorporó el caso de barrio Los Cedros, donde uno de los condenados por la causa anterior (el aeroaplicador Edgardo Pancello) también habría fumigado. Por acumulación subjetiva la causa recayó sobre la Fiscalía de Carlos Matheu, a cargo de la causa madre desde hace 10 meses.
En este barrio, el denunciante es un vecino y en un hábitat de 30 familias se contabilizaron 13 casos de cáncer.
En la segunda etapa del juicio por las fumigaciones hay seis imputados. Tres que provienen de la causa anterior, y tres acusados nuevos que surgió de la nueva etapa instructiva.
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Fecha de Publicación: 06/07/2013
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Se aplicará una técnica multidisciplinaria en la causa que investiga 142 casos de cáncer en barrio Ituzaingó Anexo y 13 en Los Cedros y su posible conexión con la fumigación de agrotóxicos. Intervendrán oncólogos, biólogos, toxicólogos, ingenieros agrónomos del Poder Judicial y la UNC. Intentarán determinar cuántos de los casos denunciados fueron desarrollados en el barrio.
Arranca la próxima semana una etapa clave en el marco de la causa que investiga la conexión entre casos de cáncer en los barrios Ituzaingó y Los Cedros, y la fumigación de agrotóxicos en la zona.
Se trata de una “pericia multidisciplinaria” con la cual un equipo conformado por oncólogos, biólogos toxicólogos e ingenieros agrónomos analizarán caso por caso las historias clínicas de los vecinos enfermos de cáncer en ambas locaciones.
Tratarán de determinar en cada uno de los pacientes, si se trata de enfermedades genéticas, en qué casos adquirieron la enfermedad viviendo en otro lugar y luego se mudaron a los barrios en cuestión.
El objetivo de esta pericia es descartar los casos en lo que no haya tenido incidencia la exposición sostenida a los agroquímicos.
El fiscal Carlos Matheu, a cargo de la causa desde hace 10 meses, “señaló que se trata de una pericia clave y sus resultados estrían cerca de fin de año”.
Vale recordar que se trata de una segunda etapa de la investigación denominada “causa madre”. La primera, que confirmó la fumigación con agrotóxicos sobre barrio Ituzaingó Anexo tuvo un fallo histórico y condenó a tres años de prisión condicional, no efectiva, al agricultor Francisco Parra y al piloto aeroaplicador Edgardo Pancello, quienes fueron encontrados culpables de contaminación ambiental dolosa.
La causa madre, originada en el año 2002, recayó sobre la Justicia provincial tras declarar su incompetencia el fuero Federal. Durmió en un cajón de la Fiscalía del Distrito 2 Turno 5 al punto que prescribieron las acusaciones contra los funcionarios públicos acusados por omisión de sus deberes.
El próximo juicio incorporó el caso de barrio Los Cedros, donde uno de los condenados por la causa anterior (el aeroaplicador Edgardo Pancello) también habría fumigado. Por acumulación subjetiva la causa recayó sobre la Fiscalía de Carlos Matheu, a cargo de la causa madre desde hace 10 meses.
En este barrio, el denunciante es un vecino y en un hábitat de 30 familias se contabilizaron 13 casos de cáncer.
En la segunda etapa del juicio por las fumigaciones hay seis imputados. Tres que provienen de la causa anterior, y tres acusados nuevos que surgió de la nueva etapa instructiva.
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