Represores contratados por la Barrick
21:52 | 
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Detienen a un ex jefe de seguridad de Barrick Argentina
Fecha de Publicación: 19/05/2013
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: San Juan
Según fuentes judiciales, por orden del juez Federal Sebastián Casanello, ayer fue detenido en la provincia de San Juan el exmilitar Rubén Bufano como supuesto partícipe de una asociación criminal que se dedicaba a secuestrar empresarios durante los años de la última dictadura militar.
Se trata del mismo hombre que estuvo en la mira por la llamada "Masacre de Fátima" y si bien no es sanjuanino, hace años que llegó a estas tierras por cuestiones laborales y se quedó a vivir.
La detención se produjo a partir de una exhorto que envió el Juzgado Nacional en lo Criminal Federal Nº 7. En la causa se investiga una presunta asociación criminal vinculada al aparato represivo que actuó durante los años de plomo. Según las fuentes, a Bufano, puntualmente, lo vincularían con una serie de secuestros a empresarios a cambio de importantes sumas de dinero.
El sospechoso habría formado parte del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército y hace casi 10 años también estuvo bajo la lupa de la Justicia por la "Masacre de Fátima", en la que en su momento pidieron su captura.
En esa causa, que data del 20 de agosto de 1976, 30 personas que estaban detenidas en un organismo policial fueron trasladadas ilegalmente a la localidad de Fátima, Buenos Aires, en donde fueron asesinadas. Ahora, el exmilitar fue apresado en San Juan por un nuevo caso y está en la mira del juez Casanello.
Debemos recordar que también Bufano fue jefe de seguridad de la empresa minera Barrik y custodio del ex Gobernador Escobar.
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Fecha de Publicación: 19/05/2013
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: San Juan
Según fuentes judiciales, por orden del juez Federal Sebastián Casanello, ayer fue detenido en la provincia de San Juan el exmilitar Rubén Bufano como supuesto partícipe de una asociación criminal que se dedicaba a secuestrar empresarios durante los años de la última dictadura militar.
Se trata del mismo hombre que estuvo en la mira por la llamada "Masacre de Fátima" y si bien no es sanjuanino, hace años que llegó a estas tierras por cuestiones laborales y se quedó a vivir.
La detención se produjo a partir de una exhorto que envió el Juzgado Nacional en lo Criminal Federal Nº 7. En la causa se investiga una presunta asociación criminal vinculada al aparato represivo que actuó durante los años de plomo. Según las fuentes, a Bufano, puntualmente, lo vincularían con una serie de secuestros a empresarios a cambio de importantes sumas de dinero.
El sospechoso habría formado parte del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército y hace casi 10 años también estuvo bajo la lupa de la Justicia por la "Masacre de Fátima", en la que en su momento pidieron su captura.
En esa causa, que data del 20 de agosto de 1976, 30 personas que estaban detenidas en un organismo policial fueron trasladadas ilegalmente a la localidad de Fátima, Buenos Aires, en donde fueron asesinadas. Ahora, el exmilitar fue apresado en San Juan por un nuevo caso y está en la mira del juez Casanello.
Debemos recordar que también Bufano fue jefe de seguridad de la empresa minera Barrik y custodio del ex Gobernador Escobar.
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Etiquetas:
La Alumbrera también contamina el Salí-Dulce
"La Alumbrera consumiría tanta electricidad como la que necesita todo Tucumán"
Fecha de Publicación: 18/05/2013
Fuente: Nuevo Diario Web
Provincia/Región: Tucumán
Precisó que el residuo volcado en el canal DP2 contamina la cuenca Salí-Dulce.
Si algo más podía sumarse a la contaminación industrial que afecta a los cauces hídricos del norte argentino, son los deshechos de la megaminería La Alumbrera, que explota yacimientos de cobre y oro en la provincia de Catamarca.
Sobre la explotación actual y sus consecuencias, el fiscal general ante la Cámara Federal de Tucumán, Dr. Gustavo Antonio Gómez, aseguró a Nuevo Diario que la empresa “contamina 5 millones de litros de agua, residuo que luego lo vuelca con muy altos niveles de contaminación a la cuenca Salí-Dulce”. Aseguró que en la última pericia realizada en junio, por orden de Fiscalía General de Tucumán, “se estableció que la minera sigue volcando metales pesados en el canal DP2 en cantidades muy importantes”, tras el secado del material que llega a Tucumán a través del mineraloducto.
Consumo energético
Sumado a esta problemática ambiental, el fiscal Gómez agregó que para su producción, la minera “necesita tanta electricidad como la que necesita toda la provincia de Tucumán”.
Comparó que el consumo energético que requiere la empresa es similar al que genera la Central Nuclear Atucha I, de la provincia de Buenos Aires.
“El gas que consume para producir esa electricidad que la minera necesita, resolvería todos los problemas de retenimiento de gas que tienen todas las industrias argentinas, a quienes en este momento se les está recortando”.
Agregó que para el presente año, está previsto un recorte de gas de hasta un 60% para la producción industrial de los ingenios tucumanos, al igual que el resto de las industrias.
Sin embargo, resaltó que “el sistema de provisión de energía y gas para la minera Alumbrera está considerado ininterrumpible. Se le puede cortar el gas a cualquier empresa, pero no a la minera La Alumbrera”, sentenció.
El funcionario judicial recalcó que en la Justicia Federal de distinas provincias existen cuatro causas penales contra la minera La Alumbrera por contaminación de aguas.
“La causa que está en el Juzgado Federal de Santiago está totalmente paralizada, luego tenemos dos en Tucumán y una en Catamarca, por la fractura del Dique de Colas, donde se arrojan los restos”, agregó.
Sobre la imposición del modelo minero y el nivel de conciencia que asumió la sociedad en torno al perjuicio ambiental que ocasiona dicho emprendimiento, el fiscal Gómez consideró que “hoy la sociedad sabe cómo actuar en la calle para no exponerse ante una comisión de hechos ilícitos. En Famatina, por ejemplo, el desmán lo provocaron los otros, no la gente”, dijo en alusión a una represión policial contra manifestantes.
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Fecha de Publicación: 18/05/2013
Fuente: Nuevo Diario Web
Provincia/Región: Tucumán
Precisó que el residuo volcado en el canal DP2 contamina la cuenca Salí-Dulce.
Si algo más podía sumarse a la contaminación industrial que afecta a los cauces hídricos del norte argentino, son los deshechos de la megaminería La Alumbrera, que explota yacimientos de cobre y oro en la provincia de Catamarca.
Sobre la explotación actual y sus consecuencias, el fiscal general ante la Cámara Federal de Tucumán, Dr. Gustavo Antonio Gómez, aseguró a Nuevo Diario que la empresa “contamina 5 millones de litros de agua, residuo que luego lo vuelca con muy altos niveles de contaminación a la cuenca Salí-Dulce”. Aseguró que en la última pericia realizada en junio, por orden de Fiscalía General de Tucumán, “se estableció que la minera sigue volcando metales pesados en el canal DP2 en cantidades muy importantes”, tras el secado del material que llega a Tucumán a través del mineraloducto.
Consumo energético
Sumado a esta problemática ambiental, el fiscal Gómez agregó que para su producción, la minera “necesita tanta electricidad como la que necesita toda la provincia de Tucumán”.
Comparó que el consumo energético que requiere la empresa es similar al que genera la Central Nuclear Atucha I, de la provincia de Buenos Aires.
“El gas que consume para producir esa electricidad que la minera necesita, resolvería todos los problemas de retenimiento de gas que tienen todas las industrias argentinas, a quienes en este momento se les está recortando”.
Agregó que para el presente año, está previsto un recorte de gas de hasta un 60% para la producción industrial de los ingenios tucumanos, al igual que el resto de las industrias.
Sin embargo, resaltó que “el sistema de provisión de energía y gas para la minera Alumbrera está considerado ininterrumpible. Se le puede cortar el gas a cualquier empresa, pero no a la minera La Alumbrera”, sentenció.
El funcionario judicial recalcó que en la Justicia Federal de distinas provincias existen cuatro causas penales contra la minera La Alumbrera por contaminación de aguas.
“La causa que está en el Juzgado Federal de Santiago está totalmente paralizada, luego tenemos dos en Tucumán y una en Catamarca, por la fractura del Dique de Colas, donde se arrojan los restos”, agregó.
Sobre la imposición del modelo minero y el nivel de conciencia que asumió la sociedad en torno al perjuicio ambiental que ocasiona dicho emprendimiento, el fiscal Gómez consideró que “hoy la sociedad sabe cómo actuar en la calle para no exponerse ante una comisión de hechos ilícitos. En Famatina, por ejemplo, el desmán lo provocaron los otros, no la gente”, dijo en alusión a una represión policial contra manifestantes.
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Clausuran un canal de un ingenio en Tucumán
Clausuran un canal conductor de vinaza en uno de los ingenios
Fecha de Publicación: 18/05/2013
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Tras un control de Medio Ambiente de la provincia y de la Nación, se acuerda el cierre de una acequia en la fábrica Santa Bárbara
El control ambiental en la provincia derivó en la clausura de un canal conductor de vinaza en el ingenio Santa Bárbara. Así lo confirmó ayer la Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán, que informó que la disposición fue consensuada por el organismo provincial, su par nacional y la empresa.
"La fábrica no enviará vinaza a los piletones de secado, estrategia de tratamiento del desecho que surge de la producción de alcohol, este año", se consignó. La cartera provincial informó que la nueva vinaza que se genere en la campaña 2013 se dispondrá en el campo para la mejora de suelos salinos, para "fertirriego" de fincas aledañas y también para riego, con sistema "rollapi", en fincas contiguas a las lagunas de evaporación. "La decisión se tomó luego de una inspección realizada por autoridades de la Secretaría de Ambiente de Tucumán, y Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, y representantes del ingenio, quienes recorrieron las 17 hectáreas del sistema de lagunas de evaporación, donde el ingenio Santa Bárbara almacena la vinaza que produce en la fabricación de alcohol", afirmó el organismo, a cargo de Alfredo Montalván, sobre el cierre de la acequia que conduce vinaza hacia las lagunas donde se almacena durante seis meses. "Parecía prudente esa solución. La propusimos como alternativa", dijo Julio Colombres, del ingenio Santa Bárbara. El empresario afirmó además que el nivel de vinaza que existía en la planta era menor que el volumen que establecen los organismos oficiales de control.
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Fecha de Publicación: 18/05/2013
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Tras un control de Medio Ambiente de la provincia y de la Nación, se acuerda el cierre de una acequia en la fábrica Santa Bárbara
El control ambiental en la provincia derivó en la clausura de un canal conductor de vinaza en el ingenio Santa Bárbara. Así lo confirmó ayer la Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán, que informó que la disposición fue consensuada por el organismo provincial, su par nacional y la empresa.
"La fábrica no enviará vinaza a los piletones de secado, estrategia de tratamiento del desecho que surge de la producción de alcohol, este año", se consignó. La cartera provincial informó que la nueva vinaza que se genere en la campaña 2013 se dispondrá en el campo para la mejora de suelos salinos, para "fertirriego" de fincas aledañas y también para riego, con sistema "rollapi", en fincas contiguas a las lagunas de evaporación. "La decisión se tomó luego de una inspección realizada por autoridades de la Secretaría de Ambiente de Tucumán, y Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, y representantes del ingenio, quienes recorrieron las 17 hectáreas del sistema de lagunas de evaporación, donde el ingenio Santa Bárbara almacena la vinaza que produce en la fabricación de alcohol", afirmó el organismo, a cargo de Alfredo Montalván, sobre el cierre de la acequia que conduce vinaza hacia las lagunas donde se almacena durante seis meses. "Parecía prudente esa solución. La propusimos como alternativa", dijo Julio Colombres, del ingenio Santa Bárbara. El empresario afirmó además que el nivel de vinaza que existía en la planta era menor que el volumen que establecen los organismos oficiales de control.
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Primer Taller de Auditoría ambiental en Jujuy
Jornadas de Auditoría Ambiental con Organizaciones no gubernamentales
Fecha de Publicación: 17/05/2013
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
En el marco de la participación ciudadana se realizo el 16 de mayo, el Primer Taller de Auditoría ambiental que se llevo a cabo en las instalaciones de la Auditoria General de la Nación. El mismo tuvo un doble propósito: por un lado, proveer información a las organizaciones de la sociedad civil sobre el control en materia medioambiental y la naturaleza del trabajo que desempeña la AGN, por otro lado, proveer herramientas a las Organizaciones de la sociedad civil que faciliten la formulación de propuestas más focalizadas sobre temas ambientales y susceptibles de ser incorporadas en la planificación anual de la AGN.
El Auditor General de la Nación Dr. Alejandro Nieva participo de la apertura de las Jornadas y destacó la relevancia de estos espacios como una forma de escuchar a las Organizaciones de la Sociedad civil. También hizo alusión a la importancia de fortalecer el rol de las Entidades Fiscalizadoras Superiores que desempeñan una función vital en la protección del ambiente ya que pueden ayudar al Poder Legislativo y a la ciudadanía a exigir que el gobierno de su país rinda cuentas sobre los compromisos ambientales contraídos en acuerdos ambientales internacionales, al igual que en las leyes y programas nacionales.
Participaron de las Jornadas las siguientes Organizaciones: Asociación Vecinos de la Boca, Greenpeace, ACIJ, Poder Ciudadano, Unión de Usuarios y Consumidores, FEIT, Observatorio Petrolero Sur (OPSUR), CIPEC, Fundación Ambiente y Recursos Naturales , Asociación de Abogados Ambientalista, CE.DE.PES.CA y AMARTYA.
Asimismo el Auditor General de la Nación Dr. Alejandro Nieva se refirió a que la AGN viene auditando los compromisos ambientales que el Estado Argentino adopto y se comprometió a cumplir. En este sentido hizo referencia a que años anteriores la AGN ha producido informes de auditorías sobre la aplicación de la Convención RAMSAR a la cual Argentina adhirió mediante Ley 23.919 en el año 1991, en la que han pasado 22 años y los resultados del informe de auditoría reflejan que no se ha elaborado e implementado una Política Nacional de Humedales ni un Inventario Nacional de Humedales.
En igual sentido en el año 1976 Argentina adopta la Convención sobre protección del Patrimonio de la Humanidad, y a pesar de haber transcurrido más de 37 años, la mayoría de los sitios declarados patrimonio de la humanidad tienen problemas de conservación que podrían afectar su valor excepcional.
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Fecha de Publicación: 17/05/2013
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
En el marco de la participación ciudadana se realizo el 16 de mayo, el Primer Taller de Auditoría ambiental que se llevo a cabo en las instalaciones de la Auditoria General de la Nación. El mismo tuvo un doble propósito: por un lado, proveer información a las organizaciones de la sociedad civil sobre el control en materia medioambiental y la naturaleza del trabajo que desempeña la AGN, por otro lado, proveer herramientas a las Organizaciones de la sociedad civil que faciliten la formulación de propuestas más focalizadas sobre temas ambientales y susceptibles de ser incorporadas en la planificación anual de la AGN.El Auditor General de la Nación Dr. Alejandro Nieva participo de la apertura de las Jornadas y destacó la relevancia de estos espacios como una forma de escuchar a las Organizaciones de la Sociedad civil. También hizo alusión a la importancia de fortalecer el rol de las Entidades Fiscalizadoras Superiores que desempeñan una función vital en la protección del ambiente ya que pueden ayudar al Poder Legislativo y a la ciudadanía a exigir que el gobierno de su país rinda cuentas sobre los compromisos ambientales contraídos en acuerdos ambientales internacionales, al igual que en las leyes y programas nacionales.
Participaron de las Jornadas las siguientes Organizaciones: Asociación Vecinos de la Boca, Greenpeace, ACIJ, Poder Ciudadano, Unión de Usuarios y Consumidores, FEIT, Observatorio Petrolero Sur (OPSUR), CIPEC, Fundación Ambiente y Recursos Naturales , Asociación de Abogados Ambientalista, CE.DE.PES.CA y AMARTYA.
Asimismo el Auditor General de la Nación Dr. Alejandro Nieva se refirió a que la AGN viene auditando los compromisos ambientales que el Estado Argentino adopto y se comprometió a cumplir. En este sentido hizo referencia a que años anteriores la AGN ha producido informes de auditorías sobre la aplicación de la Convención RAMSAR a la cual Argentina adhirió mediante Ley 23.919 en el año 1991, en la que han pasado 22 años y los resultados del informe de auditoría reflejan que no se ha elaborado e implementado una Política Nacional de Humedales ni un Inventario Nacional de Humedales.
En igual sentido en el año 1976 Argentina adopta la Convención sobre protección del Patrimonio de la Humanidad, y a pesar de haber transcurrido más de 37 años, la mayoría de los sitios declarados patrimonio de la humanidad tienen problemas de conservación que podrían afectar su valor excepcional.
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Macri desfinancia el saneamiento del Riachuelo
El centro cívico y el Riachuelo
Fecha de Publicación: 17/05/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Capital Federal
“El gobierno de Mauricio Macri incluyó la construcción del Centro Cívico (en terrenos del Hospital Borda) en el presupuesto para el saneamiento y recuperación de la cuenca del Riachuelo”, denunció la diputada porteña Rocío Sánchez Andía. “El jefe de Gobierno intenta disfrazar mediante una práctica presupuestaria falaz la ausencia de políticas públicas para la recuperación integral de la cuenca.”
La legisladora de la Coalición Cívica formuló el cuestionamiento a partir de un análisis del Presupuesto 2013. “Allí se informa que el Gobierno de la Ciudad destinará 599.229.890 pesos a obras destinadas a cumplir con el fallo de la Corte Suprema en el caso Mendoza, que ordena el saneamiento del río. Pero en ese total, agrega Sánchez Andía, “han incluido muchas partidas que no guardan ninguna relación directa con el saneamiento del Riachuelo”. Entre ellas, 132.008.000 pesos destinados a la construcción del centro cívico “cuya vinculación con la situación de la cuenca es inexistente”, dice la legisladora en el informe, al que accedió Página/12.
En total, agrega, el monto destinado a obras que no se corresponden con el plan de saneamiento es de 337.325.848 millones, es decir, el 56 por ciento del total presupuestado dentro del ítem Acumar. Entre ellas “obras de infraestructura escolar, que debían realizarse independientemente de la contaminación de la cuenca; la construcción de viviendas que no están destinadas a personas que viven en la orilla del Riachuelo y deben ser relocalizadas, y el Centro de Salud 16”, además del centro cívico.
Por lo tanto, concluye el informe, el monto que efectivamente será destinado a obras relacionadas con el saneamiento es de 261.904.042 pesos, es decir, “el 44 por ciento de lo que se había presupuestado”. Aunque, según la legisladora, “de esa suma sólo el 19 por ciento son recursos cuyo origen es el Tesoro de la Ciudad, puesto que el 81 por ciento restante corresponde a fondos provenientes del Estado nacional con asignación específica”. Por lo cual, “el gobierno de Macri decidió que el saneamiento y recuperación de la cuenca merecen sólo 49.761.767 pesos de los recursos de los que dispone la Ciudad”.
“La gestión de Macri infló el presupuesto destinado a la recuperación del Riachuelo –remató Sánchez Andía—. Es vergonzoso que diga que la construcción del centro cívico forma parte de la recuperación de la Cuenca del Riachuelo.”
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Fecha de Publicación: 17/05/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Capital Federal
“El gobierno de Mauricio Macri incluyó la construcción del Centro Cívico (en terrenos del Hospital Borda) en el presupuesto para el saneamiento y recuperación de la cuenca del Riachuelo”, denunció la diputada porteña Rocío Sánchez Andía. “El jefe de Gobierno intenta disfrazar mediante una práctica presupuestaria falaz la ausencia de políticas públicas para la recuperación integral de la cuenca.”
La legisladora de la Coalición Cívica formuló el cuestionamiento a partir de un análisis del Presupuesto 2013. “Allí se informa que el Gobierno de la Ciudad destinará 599.229.890 pesos a obras destinadas a cumplir con el fallo de la Corte Suprema en el caso Mendoza, que ordena el saneamiento del río. Pero en ese total, agrega Sánchez Andía, “han incluido muchas partidas que no guardan ninguna relación directa con el saneamiento del Riachuelo”. Entre ellas, 132.008.000 pesos destinados a la construcción del centro cívico “cuya vinculación con la situación de la cuenca es inexistente”, dice la legisladora en el informe, al que accedió Página/12.
En total, agrega, el monto destinado a obras que no se corresponden con el plan de saneamiento es de 337.325.848 millones, es decir, el 56 por ciento del total presupuestado dentro del ítem Acumar. Entre ellas “obras de infraestructura escolar, que debían realizarse independientemente de la contaminación de la cuenca; la construcción de viviendas que no están destinadas a personas que viven en la orilla del Riachuelo y deben ser relocalizadas, y el Centro de Salud 16”, además del centro cívico.
Por lo tanto, concluye el informe, el monto que efectivamente será destinado a obras relacionadas con el saneamiento es de 261.904.042 pesos, es decir, “el 44 por ciento de lo que se había presupuestado”. Aunque, según la legisladora, “de esa suma sólo el 19 por ciento son recursos cuyo origen es el Tesoro de la Ciudad, puesto que el 81 por ciento restante corresponde a fondos provenientes del Estado nacional con asignación específica”. Por lo cual, “el gobierno de Macri decidió que el saneamiento y recuperación de la cuenca merecen sólo 49.761.767 pesos de los recursos de los que dispone la Ciudad”.
“La gestión de Macri infló el presupuesto destinado a la recuperación del Riachuelo –remató Sánchez Andía—. Es vergonzoso que diga que la construcción del centro cívico forma parte de la recuperación de la Cuenca del Riachuelo.”
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El parque Perito Moreno se agranda por Tompkins
Se amplía el parque argentino Perito Moreno por una donación particular
Fecha de Publicación: 17/05/2013
Fuente: EFEverde
Provincia/Región: Santa Cruz
El magnate estadounidense Douglas Tompkins ha donado a Argentina 15.000 hectáreas para ampliar el Parque Nacional Perito Moreno, en el sur del país.
La donación, realizada a través de la fundación The Conservation Land Trust (CLT), de Tompkins y su mujer Kristine WcDivitt, se concretó este jueves en un acto encabezado por el ministro de Turismo argentino, Enrique Meyer, quien calificó al gesto de CLT como un acto "conmovedor".
La organización ya había donado en 2004 a Argentina 60.000 hectáreas en el sur del país para la creación del Parque Nacional Monte León.
Las nuevas tierras, que serán anexadas a la zona norte del Parque Nacional Perito Moreno, pertenecían a la estancia "El Rincón", propiedad de Tompkins, ubicada en el noroeste de la sureña provincia de Santa Cruz, en el valle del Río Lácteo, frente a la cara sur del cerro San Lorenzo.
"Como agente de conservación deseo destacar esta iniciativa, que pone en claro que la conservación no tiene fronteras", destacó en el acto el presidente de la Administración de Parques Nacionales de Argentina, Carlos Corvalán.
Por su parte, Douglas Tompkins animó al sector privado a replicar esta iniciativa y dijo que "es incomparable la sensación de ser parte del proceso de creación de un área protegida".
El filántropo estadounidense señaló que en otros lugares del mundo es habitual este tipo de donaciones, como en Estados Unidos, donde cerca del 50 por ciento de los parques nacionales fue generado en base a contribuciones de donantes.
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Fecha de Publicación: 17/05/2013
Fuente: EFEverde
Provincia/Región: Santa Cruz
El magnate estadounidense Douglas Tompkins ha donado a Argentina 15.000 hectáreas para ampliar el Parque Nacional Perito Moreno, en el sur del país.La donación, realizada a través de la fundación The Conservation Land Trust (CLT), de Tompkins y su mujer Kristine WcDivitt, se concretó este jueves en un acto encabezado por el ministro de Turismo argentino, Enrique Meyer, quien calificó al gesto de CLT como un acto "conmovedor".
La organización ya había donado en 2004 a Argentina 60.000 hectáreas en el sur del país para la creación del Parque Nacional Monte León.
Las nuevas tierras, que serán anexadas a la zona norte del Parque Nacional Perito Moreno, pertenecían a la estancia "El Rincón", propiedad de Tompkins, ubicada en el noroeste de la sureña provincia de Santa Cruz, en el valle del Río Lácteo, frente a la cara sur del cerro San Lorenzo.
"Como agente de conservación deseo destacar esta iniciativa, que pone en claro que la conservación no tiene fronteras", destacó en el acto el presidente de la Administración de Parques Nacionales de Argentina, Carlos Corvalán.
Por su parte, Douglas Tompkins animó al sector privado a replicar esta iniciativa y dijo que "es incomparable la sensación de ser parte del proceso de creación de un área protegida".
El filántropo estadounidense señaló que en otros lugares del mundo es habitual este tipo de donaciones, como en Estados Unidos, donde cerca del 50 por ciento de los parques nacionales fue generado en base a contribuciones de donantes.
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Jornada de desarrollo sustentable del Delta
Preparan una jornada sobre Integración y desarrollo sustentable del Delta del Paraná
Fecha de Publicación: 16/05/2013
Fuente: Eco2Site
Provincia/Región: Entre Ríos
A fin de elaborar una propuesta común para llevarla a cabo de la mano de la comunidad y lograr el tan buscado desarrollo sustentable, especialistas relacionados con las temáticas vinculadas a los procesos ambientales y productivos, disertarán en una jornada sobre “Integración y desarrollo sustentable del Delta del Paraná”.
De acuerdo a lo declarado a AIM por el presidente de la Sociedad Rural de Islas del Ibicuy (SRII), Armando Cadoppi, la actividad se llevará a cabo el 15 de junio próximo, a las 10, en el Concejo Deliberante de Tigre (Buenos Aires).
En diálogo con esta Agencia, Cadoppi recordó que “el Delta del Paraná es un humedal que abarca alrededor de 1,7 millones de hectáreas, ubicado en las provincias de Buenos Aires (15 por ciento del área), Santa Fe (cinco por ciento) y Entre Ríos (80 por ciento)”.
Más adelante, el ruralista señaló que “el Delta aporta bienes y servicios ambientales imprescindibles para la sociedad y en particular, para las ciudades y comunidades situadas a lo largo de los ríos que lo delimitan. Desde hace varios lustros la región está viviendo un desarrollo importante, pero ahora se encuentra en el umbral de lo que puede ser la transformación más radical e irreversible, o del punto de partida para un desarrollo armonioso, consensuado y beneficioso para la sociedad en su conjunto”.
La Cuenca del Plata y en particular el Delta del Paraná, “tiene un inmenso valor ecosistémicos, potencialidad productiva y de desarrollo de distintas actividades que, -en la medida que encontremos las mejores alternativas técnicas para lograr producciones sustentables- está en condiciones de hacer un significativo aporte al desarrollo económico y social del país”, agregó el profesional.
Cadoppi afirmó que “para lograr el tan buscado desarrollo sustentable, es necesario convocar a especialistas relacionados con las temáticas vinculadas a los procesos ambientales y productivos, a fin de elaborar una propuesta común para llevarla a cabo de la mano de la comunidad isleña”.
Este es el objetivo que tiene la presente convocatoria que, desde la Sociedad Rural de Islas del Ibicuy, Federación Agraria Argentina Delta, y las Fundaciones Metropolitana y Humedales / Wetlands International Argentina, “realizamos a todos los organismos y entidades vinculados con esta temática”.
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Fecha de Publicación: 16/05/2013
Fuente: Eco2Site
Provincia/Región: Entre Ríos
A fin de elaborar una propuesta común para llevarla a cabo de la mano de la comunidad y lograr el tan buscado desarrollo sustentable, especialistas relacionados con las temáticas vinculadas a los procesos ambientales y productivos, disertarán en una jornada sobre “Integración y desarrollo sustentable del Delta del Paraná”.
De acuerdo a lo declarado a AIM por el presidente de la Sociedad Rural de Islas del Ibicuy (SRII), Armando Cadoppi, la actividad se llevará a cabo el 15 de junio próximo, a las 10, en el Concejo Deliberante de Tigre (Buenos Aires).
En diálogo con esta Agencia, Cadoppi recordó que “el Delta del Paraná es un humedal que abarca alrededor de 1,7 millones de hectáreas, ubicado en las provincias de Buenos Aires (15 por ciento del área), Santa Fe (cinco por ciento) y Entre Ríos (80 por ciento)”.
Más adelante, el ruralista señaló que “el Delta aporta bienes y servicios ambientales imprescindibles para la sociedad y en particular, para las ciudades y comunidades situadas a lo largo de los ríos que lo delimitan. Desde hace varios lustros la región está viviendo un desarrollo importante, pero ahora se encuentra en el umbral de lo que puede ser la transformación más radical e irreversible, o del punto de partida para un desarrollo armonioso, consensuado y beneficioso para la sociedad en su conjunto”.
La Cuenca del Plata y en particular el Delta del Paraná, “tiene un inmenso valor ecosistémicos, potencialidad productiva y de desarrollo de distintas actividades que, -en la medida que encontremos las mejores alternativas técnicas para lograr producciones sustentables- está en condiciones de hacer un significativo aporte al desarrollo económico y social del país”, agregó el profesional.
Cadoppi afirmó que “para lograr el tan buscado desarrollo sustentable, es necesario convocar a especialistas relacionados con las temáticas vinculadas a los procesos ambientales y productivos, a fin de elaborar una propuesta común para llevarla a cabo de la mano de la comunidad isleña”.
Este es el objetivo que tiene la presente convocatoria que, desde la Sociedad Rural de Islas del Ibicuy, Federación Agraria Argentina Delta, y las Fundaciones Metropolitana y Humedales / Wetlands International Argentina, “realizamos a todos los organismos y entidades vinculados con esta temática”.
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Se acerca la temporada de avistaje de ballenas
Chubut: en junio comienza el avistaje de ballenas francas
Fecha de Publicación: 16/05/2013
Fuente: Noticias Ambientales
Provincia/Región: Chubut
La temporada de avistaje de ballenas comienza los primeros días de junio y se extiende hasta diciembre. En ese periodo, Chubut se convierte en sitio de encuentro de turistas de todo el mundo que llegan a la Argentina a presenciar uno de los mejores espectáculos de la naturaleza.
La Reserva Natural Península Valdés, declarada en 1999 “Patrimonio de la Humanidad”, es uno de los hábitat privilegiados para la reproducción de la ballena franca austral.
Con unas 400 mil hectáreas de tierra y otras 176 mil de mar, logra albergar una gran biodiversidad de flora y fauna única en el mundo. Playas con enormes acantilados de gran valor geológico donde descubrir cuevas, salir a pasear en mountain bike, embarcarse para avistar los enormes cetáceos, practicar buceo o descubrir la aventura del kayak.
Pintorescos escenarios caracterizan esta región sureña de la costa atlántica donde el visitante podrá sentirse en verdadero contacto con la naturaleza. Situada al noroeste de la provincia de Chubut, es una de las áreas patagónicas donde es posible disfrutar de un clima más apacible.
Si bien se caracteriza por fuertes vientos, una mayor cantidad de días soleados y escasas lluvias, permiten disfrutar las cristalinas aguas, desde el mes de septiembre.
Desde Puerto Pirámides, una aldea turística de características llamativas por su condición insular, se accede a los barcos o gomones que en unos escasos minutos acercarán hasta las colosales ballenas.
En el pueblo hay un pequeño centro comercial en el que se pueden adquirir artesanías y recuerdos, degustar de un plato mediterráneo fresco u hospedarse en un alojamiento totalmente ecológico. Ideal para observar dunas y cielos cambiantes.
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Fecha de Publicación: 16/05/2013
Fuente: Noticias Ambientales
Provincia/Región: Chubut
La temporada de avistaje de ballenas comienza los primeros días de junio y se extiende hasta diciembre. En ese periodo, Chubut se convierte en sitio de encuentro de turistas de todo el mundo que llegan a la Argentina a presenciar uno de los mejores espectáculos de la naturaleza.
La Reserva Natural Península Valdés, declarada en 1999 “Patrimonio de la Humanidad”, es uno de los hábitat privilegiados para la reproducción de la ballena franca austral.
Con unas 400 mil hectáreas de tierra y otras 176 mil de mar, logra albergar una gran biodiversidad de flora y fauna única en el mundo. Playas con enormes acantilados de gran valor geológico donde descubrir cuevas, salir a pasear en mountain bike, embarcarse para avistar los enormes cetáceos, practicar buceo o descubrir la aventura del kayak.
Pintorescos escenarios caracterizan esta región sureña de la costa atlántica donde el visitante podrá sentirse en verdadero contacto con la naturaleza. Situada al noroeste de la provincia de Chubut, es una de las áreas patagónicas donde es posible disfrutar de un clima más apacible.
Si bien se caracteriza por fuertes vientos, una mayor cantidad de días soleados y escasas lluvias, permiten disfrutar las cristalinas aguas, desde el mes de septiembre.
Desde Puerto Pirámides, una aldea turística de características llamativas por su condición insular, se accede a los barcos o gomones que en unos escasos minutos acercarán hasta las colosales ballenas.
En el pueblo hay un pequeño centro comercial en el que se pueden adquirir artesanías y recuerdos, degustar de un plato mediterráneo fresco u hospedarse en un alojamiento totalmente ecológico. Ideal para observar dunas y cielos cambiantes.
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Ordenan reabrir un causa del Riachuelo
La justicia ordenó reabrir una causa por contaminación del Riachuelo
Fecha de Publicación: 15/05/2013
Fuente: El Vigía
Provincia/Región: Riachuelo
La Cámara Federal porteña ordenó reabrir una causa penal por la contaminación de la cuenca Matanza Riachuelo, que había sido cerrada por la justicia, en un fallo en el que se critica duramente la labor del juez federal a cargo de la investigación.
Se trata de una denuncia de la Asociación de Vecinos de La Boca, que fue cerrada por el juez federal Norberto Oyarbide, y que ahora la Sala I de la Cámara ordenó reabrir al considerar que el magistrado omitió valorar informes y "no se abocó seriamente" a investigar la existencia de basurales.
"El juez no ordenó el análisis de la totalidad de los efluentes" y "no se abocó seriamente a dilucidar la existencia de basurales emplazados sobre la vera del Riachuelo", se advirtió en el fallo. Ahora la causa continuará tramitándose en el juzgado federal 7, a cargo ahora de Sebastián Casanello, quien deberá ordenar una serie de medidas de prueba, según la resolución.
Para la Cámara, Oyarbide, quien estuvo a cargo del juzgado federal 7, pasó por alto informes de organismos especializados, "no se abocó seriamente a dilucidar la existencia de basurales emplazados sobre la vera del Riachuelo" y "no profundizó la investigación" en busca de informes epidemiológicos de la zona.
La Cámara le había ordenado la realización de esas medidas en 2011, cuando revocó un primer archivo de la causa penal y dispuso continuar la pesquisa para establecer responsabilidades penales de empresarios de la zona o conductores de los camiones que volcaban residuos.
"Resulta evidente que las medidas de prueba ordenadas por Oyarbide con posterioridad a que este tribunal revocara el primer archivo de la causa no son aptas" para fundamentar el archivo del caso, explicó la Cámara.
La denuncia realizada en 2004 intenta establecer responsabilidades penales sobre quienes contaminaron la cuenca hídrica con "riesgos para la vida y salud de las personas, en especial para las poblaciones ribereñas" a raíz de "distintas fuentes de polución como los basurales clandestinos y a cielo abierto tanto del lado de la ciudad de Buenos Aires como de provincia".
En su momento el caso fue declarado de "interés federal" y por eso quedó en el ámbito de los tribunales federales, pero Oyarbide sobreseyó a todos los imputados, lo que fue revocado.
Para la Cámara, tampoco "profundizó la investigación para determinar si se han elaborado o no informes epidemiológicos de la zona afectada por la contaminación del Riachuelo y no dispuso medidas de prueba dirigidas a establecer el origen de los efluentes cuyas emanaciones resultaron ser contaminantes".
"Pero además el Dr. Oyarbide ha pasado por alto el informe remitido por la Agencia de Protección Ambiental del gobierno de la ciudad de Buenos Aires donde se da cuenta de la existencia de constancias relativas a la contaminación de la cuenca Matanza Riachuelo producida por conexiones a desagües cloacales clandestinos".
"El Dr. Oyarbide nada hizo para interiorizarse sobre las fuentes empleadas para elaborar tan relevante informe y tampoco dispuso medida de prueba alguna para dilucidar la actividad desarrollada en las áreas resaltadas por su alto nivel de contaminación", dice el fallo.
Por otra parte, en el expediente principal de la causa Riachuelo, está previsto que, este miércoles, representantes de AySA, ABSA, Enhosa y Ceamse presenten informes sobre las contrataciones realizadas desde 2008, en el marco de una audiencia pública ordenada por el juez federal Sergio Torres.
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Fecha de Publicación: 15/05/2013
Fuente: El Vigía
Provincia/Región: Riachuelo
La Cámara Federal porteña ordenó reabrir una causa penal por la contaminación de la cuenca Matanza Riachuelo, que había sido cerrada por la justicia, en un fallo en el que se critica duramente la labor del juez federal a cargo de la investigación.Se trata de una denuncia de la Asociación de Vecinos de La Boca, que fue cerrada por el juez federal Norberto Oyarbide, y que ahora la Sala I de la Cámara ordenó reabrir al considerar que el magistrado omitió valorar informes y "no se abocó seriamente" a investigar la existencia de basurales.
"El juez no ordenó el análisis de la totalidad de los efluentes" y "no se abocó seriamente a dilucidar la existencia de basurales emplazados sobre la vera del Riachuelo", se advirtió en el fallo. Ahora la causa continuará tramitándose en el juzgado federal 7, a cargo ahora de Sebastián Casanello, quien deberá ordenar una serie de medidas de prueba, según la resolución.
Para la Cámara, Oyarbide, quien estuvo a cargo del juzgado federal 7, pasó por alto informes de organismos especializados, "no se abocó seriamente a dilucidar la existencia de basurales emplazados sobre la vera del Riachuelo" y "no profundizó la investigación" en busca de informes epidemiológicos de la zona.
La Cámara le había ordenado la realización de esas medidas en 2011, cuando revocó un primer archivo de la causa penal y dispuso continuar la pesquisa para establecer responsabilidades penales de empresarios de la zona o conductores de los camiones que volcaban residuos.
"Resulta evidente que las medidas de prueba ordenadas por Oyarbide con posterioridad a que este tribunal revocara el primer archivo de la causa no son aptas" para fundamentar el archivo del caso, explicó la Cámara.
La denuncia realizada en 2004 intenta establecer responsabilidades penales sobre quienes contaminaron la cuenca hídrica con "riesgos para la vida y salud de las personas, en especial para las poblaciones ribereñas" a raíz de "distintas fuentes de polución como los basurales clandestinos y a cielo abierto tanto del lado de la ciudad de Buenos Aires como de provincia".
En su momento el caso fue declarado de "interés federal" y por eso quedó en el ámbito de los tribunales federales, pero Oyarbide sobreseyó a todos los imputados, lo que fue revocado.
Para la Cámara, tampoco "profundizó la investigación para determinar si se han elaborado o no informes epidemiológicos de la zona afectada por la contaminación del Riachuelo y no dispuso medidas de prueba dirigidas a establecer el origen de los efluentes cuyas emanaciones resultaron ser contaminantes".
"Pero además el Dr. Oyarbide ha pasado por alto el informe remitido por la Agencia de Protección Ambiental del gobierno de la ciudad de Buenos Aires donde se da cuenta de la existencia de constancias relativas a la contaminación de la cuenca Matanza Riachuelo producida por conexiones a desagües cloacales clandestinos".
"El Dr. Oyarbide nada hizo para interiorizarse sobre las fuentes empleadas para elaborar tan relevante informe y tampoco dispuso medida de prueba alguna para dilucidar la actividad desarrollada en las áreas resaltadas por su alto nivel de contaminación", dice el fallo.
Por otra parte, en el expediente principal de la causa Riachuelo, está previsto que, este miércoles, representantes de AySA, ABSA, Enhosa y Ceamse presenten informes sobre las contrataciones realizadas desde 2008, en el marco de una audiencia pública ordenada por el juez federal Sergio Torres.
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Famatina. Represión, periodismo y silencio oficial
Famatina. Represión, periodismo y silencio oficial
Fecha de Publicación: 15/05/2013
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Nacional - La Rioja
Represión contra quienes cuestionan la megaminería. El rol de los gobiernos. La complicidad (por acción u omisión) del periodismo.
Corporaciones mineras y el intento de mejorar su imagen. El Borda y Famatina. ¿Represiones de primera y de segunda? El twitter presidencial que no fue. Y las preguntas sin respuesta.
Paula Ríos está en el suelo, caída y, frente a ella, de pie, un policía amenazante, arma en mano.
Sábado al mediodía. Famatina. La Rioja.
Paula Ríos cometió el delito de protestar contra la posible visita del gobernador Luis Beder Herrera, impulsor de la megaminería en la provincia.
Paula Ríos no fue la única víctima de la represión. Otras once personas recibieron balazos de goma, golpes policiales y piedrazos de militantes del PJ local y de supuestos empleados mineros.
“Antimineros provocaron disturbios en Famatina”, tituló el recuadro del diario Tiempo Argentino. Quince líneas con una versión alejada de la realidad: “Un nutrido grupo de ambientalistas y antimineros agredieron a militantes del Partido Justicialista (…) Algunos militantes actuaron en defensa propia y la policía intervino para que el hecho no pasara a mayores”.
El diario Tiempo Argentino no habló con Paula Ríos.
Sí lo hizo la FM Mirador, de Chilecito. “El policía me pateó la cabeza. Me pisó el hombro con su bota. Me puteó. Me dijo ‘levantate, vieja de mierda, o te cago matando’. Yo no podía pararme. Me levantó del cabello. Me puso el arma sobre el cuerpo. Y me dijo ‘esto no lo vas a volver a hacer nunca más, si te dejo viva date por dichosa’. Me puso el arma en la cabeza”.
Paula pensó que la mataban. Le pidió a Dios. Pensó en sus hijos.
El policía no la mató. Sí le dio cinco balazos de goma en la espalda y uno en la pierna. “Si te encuentro, te cago matando”, la amenazó.
El relato eriza la piel.
—–
“La crisis causó dos nuevas muertes”. Tituló el diario Clarín del 27 de junio de 2002, referido al asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.
No fue la Policía, ni la Prefectura, ni el gobierno de Eduardo Duhalde. Fue la “crisis”.
En facultades de periodismo se lo enseña como ejemplo del antiperiodismo. Y Clarín hizo claros méritos para ser el antiejemplo.
—–
El 23 de noviembre de 2010, la Policía de Formosa reprimió a la comunidad qom La Primavera. Asesinaron al qom Roberto López y al policía Eber Falcón, veinte heridos y una decena de casas incendiadas (por la propia policía).
Los medios de comunicación alineados con el Gobierno Nacional enfocaron inicialmente la represión como un enfrentamiento (lo mismo habían hechos medios cercanos a Duhalde en la masacre de Avellaneda). Cuando la realidad ya no se pudo esconder, apuntaron como único responsable político al gobernador Gildo Insfrán. Ese fue el límite. Muy rara vez esos medios apuntaron a la complicidad del Gobierno Nacional con las políticas de Insfrán.
Los grandes medios que actúan como oposición política (sobre todo luego de la Resolución 125) apuntaron desde un primer momento a la alianza Insfrán-Cristina Fernández de Kirchner. Dejaron en evidencia a la estructura del Estado Nacional, siempre en apoyo a Insfrán, siempre en contra de la comunidad qom. Clarín y La Nación, por mencionar dos de los medios emblemáticos, nunca citaron el fondo de la represión que se da contra campesinos e indígenas: el modelo agropecuario, que avanza con soja, ganadería, desmontes, contaminación, desalojos y violencia.
El periodismo ya no es importante por lo que dice, sino por lo que oculta.
—–
El 16 de noviembre de 2011 asesinaron a Cristian Ferreyra, 23 años, padre de un niño, militante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-VC) en el paraje San Antonio, norte de la provincia.
La Agencia de Noticias Télam tituló: “La muerte de un campesino en Santiago del Estero fue por una disputa entre vecinos”.
Como contrapunto, Clarín y La Nación hablaron de “asesinato”, pero (otra vez) eludieron hablar del corrimiento de frontera agropecuaria que arrasa montes y vidas.
—–
Desde 2003, lucha de Esquel mediante, la megaminería nunca tuvo la bendición de la opinión pública.
La consultora Aresco hizo pública en 2010 una encuesta: siete de cada diez personas rechazan la actividad minera a cielo abierto en las provincias con esa actividad. El estudio abarcó seis provincias cordilleranas y señaló que sólo el 17 por ciento se mostró a favor de la actividad. La investigación afirmó que existe un convencimiento alto sobre la contaminación que produce la actividad, reveló que los encuestados priorizan mayoritariamente el cuidado del ambiente por sobre la posibilidad de empleo y se explicitó un amplio rechazo a los beneficios impositivos que tiene la actividad.
“Estudio sobre minería a cielo abierto en provincias mineras”, es el nombre del relevamiento realizado en septiembre de 2010 por la consultora Aresco. Con una muestra de 802 casos abarcó Catamarca, La Rioja, San Juan, Neuquén, Chubut y Santa Cruz. Consultados sobre el posible “acuerdo con la producción minera a cielo abierto a nivel nacional”, el 76,6 por ciento afirmó estar “poco/nada de acuerdo” y sólo el 17,4 por ciento se mostró a favor. Cuando la consulta se realiza sobre la actividad a nivel provincial, el 31,3 por ciento optó por el “nada de acuerdo” y el 30,1 por ciento “poco de acuerdo”. El rechazo provincial llega así al 61,5 por ciento. El 12,9 por ciento se mostró “muy de acuerdo” y el 14,8 “bastante de acuerdo”.
“Gran parte de la población de las seis provincias, dado el impacto sobre el ambiente, no muestra acuerdo con el desarrollo de la minería a cielo abierto y con los beneficios impositivos que se otorguen a las empresas”, fue una de las conclusiones del trabajo.
——
Las compañías mineras decidieron meterse de lleno en la batalla comunicacional. La Cámara de Empresarios Mineros (CAEM), que nuclea a todas las grandes empresas del sector, contrató en 2010 a la consultora internacional Hill & Knowton (acusada de inventar testimonios sobre el accionar de soldados iraquíes en Kuwait). Solicitadas en diarios de tirada nacional, presencia de trabajadores mineros en canales de televisión y campañas de publicidad fueron algunos de los ejes de la lucha mediática. El objetivo inicial fue frenar en el Congreso un proyecto de ley para prohibir la minería. A mediano plazo, revertir la mala imagen que pesa sobre la megaminería.
“Se evaluó que tuvimos errores en la comunicación, hacia las comunidades y también hacia los medios. Por eso decidimos contratar a Hill & Knowton, diseñar una estrategia de comunicación y posicionar en la opinión pública el sector minero”, explicó el gerente general de la CAEM, Damián Altgelt.
En el sitio de internet de Hill & Knowton figura una de las premisas de la empresa: “El objetivo principal de nuestro servicio es ayudar a los clientes a generar las condiciones regulatorias y de opinión pública que hagan viable su negocio en el mediano y largo plazo”.
Sobrevino una campaña en TV, radio y gráfica sobre “minería responsable” y publicidad sobre la presencia de “metales en la vida cotidiana”. Poco más y culpaban a los asambleístas por la posible falta de anteojos, la escases de sillas de ruedas y la ausencia de camillas en los hospitales.
La campaña publicitaria estuvo presente, incluso, en programas y diarios con perfil crítico a la megaminería.
Las corporaciones mineras movían su primera ficha.
—–
La Rioja prohibió la megaminería en julio de 2007. El entonces vicegobernador Luis Beder Herrera se transformó en férreo opositor del gobernador Ángel Mazza. Logró la destitución de su ex socio político y asumió el Ejecutivo provincial. En los diarios de la provincia se publicaron artículos con su discurso antiminero y fotos de Beder Herrera con carteles que rechazan la actividad.
En agosto de 2008, el propio Beder Herrera derogó la ley que prohibía la minería y permitió el avance de la empresa Barrick Gold. Beder Herrera, oriundo de Famatina, no se animó a volver a su pueblo natal.
Famatina y Chilecito (La Rioja) fueron epicentro en el verano de 2012 de la resistencia contra la megaminería. Habían echado en 2008 a la multinacional Barrick Gold. Pero a fines de 2011 ya era notoria la presencia de la minera Osisko Mining Corp para explorar el cerro Famatina. Volvió el estado de movilización. Que tuvo su pico cuando los asambleístas descubrieron una carpeta de la empresa con información de los activistas. “Listas negras”, al mejor estilo de la última dictadura militar, en las que se detallaban lugares de trabajo y nivel de participación en las asambleas.
El 2 de enero de 2012 comenzó el corte en Alto Carrizal, camino vecinal por donde debiera pasar la empresa para explorar el cerro Famatina. Semanas de corte, que se transformó en un acampe permanente y masivo. El 12 de enero hubo movilización, en respaldo a la lucha riojana, en seis provincias (Mendoza, Río Negro, Catamarca, Córdoba, Chubut y Buenos Aires).
Famatina se instaló en la agenda nacional. Los medios opositores al Gobierno transmitían en directo y dedicaban tapas a la movilización popular. Todos sabían (en primer lugar las asambleas) que no era casual esa presencia: transmitían un hecho real y que lo ameritaba, pero también lo usaban como denuncia contra el Gobierno (el estratega y responsable de la avanzada minera).
Los medios alineados con el oficialismo inicialmente ignoraron la pueblada. Luego dieron cuenta del hecho, pero siempre con el menor espacio posible.
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Sobrevino un trabajo de pinzas.
Las empresas mineras redoblaron la campaña publicitaria (más publicidad, más dinero para las empresas periodísticas).
Y el Gobierno conformó, el 15 de febrero de 2012, la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi), integrada por Jujuy, Salta, La Rioja, San Juan, Mendoza, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Catamarca. Un claro respaldo a la actividad minera y una fina articulación política para desactivar resistencias.
La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), que reúne a las grandes empresas del sector, celebró la creación de la Ofemi (incluso firmó el acta de conformación).
En tiempos de medios polarizados, las empresas periodísticas comenzaron a leer las críticas a la actividad minera en clave de pauta (empresaria y/o gubernamental).
La resistencia de base contra la minería notó rápidamente como ambos polos mediáticos tomaban distancia de las luchas territoriales.
No hubo más tapas contra la megaminería. No hubo más transmisiones en directo desde los cortes. Los minutos de radio escasearon. —–
La Secretaría de Minería de Nación, mediante su informe “La minería en números”, en 2003 había sólo 40 proyectos mineros. En 2009 ya eran 336 (840 por ciento). La misma Secretaría de Minería reconoce que en 2012 se llegó a 600 proyectos mineros en estudio: un 1500 por ciento más que en 2003.
Nunca antes la megaminería, de la mano de las corporaciones, había crecido tanto.
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El 12 de mayo, en Tinogasta, la policía avanzó sobre un bloqueo de ruta y detuvo a tres asambleístas. El 1 de junio, la gobernadora Lucía Corpacci solicitó a la Corte de Justicia provincial que ordene el desalojo de otro bloqueo selectivo de Tinogasta. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Catamarca, Amelia Sesto de Leiva, señaló que “la cárcel es la solución para los ambientalistas”.
El 20 de julio, en Cerro Negro (Catamarca, intersección de rutas 40 y 60) la policía provincial y un grupo de choque prominero reprimieron un corte de ruta que bloqueaba el paso a camiones de Minera Alumbrera. Como en Andalgalá, quedó en evidencia la alianza represiva estatal-minera.
“Los principales responsables de esta represión son la gobernadora Lucía Corpacci y el gobierno nacional que es el aliado incondicional de las corporaciones mineras”, denunció Jorge Ramos, asambleísta de Andalgalá.
En noviembre de 2012, en Rawson (Chubut), decenas de asambleístas fueron heridos por una patota de la Uocra en las afueras de la legislatura provincial. El gobernador Martín Buzzi pretendía modificar la ley provincial y habilitar la megaminería. Las asambleas marcharon y la golpiza fue feroz. “Una carnicería”, definieron las asambleas de Chubut. Las fotos y videos explicitaron hombres y mujeres sangrando. Otra vez, represión terciarizada.
Las tres represiones tuvieron un punto común: la escasa cobertura de los “medios nacionales”.
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“Este Gobierno no reprime la protesta social”, fue el anuncio de Néstor Kirchner al llegar a la presidencia. Con el 22 por ciento de los votos, y la memoria fresca de la masacre de Avellaneda, se cumplió en los primeros años de gobierno.
Pero los funcionarios y militantes siguen repitiendo lo que la realidad ya desmintió: la represión en el Parque Indoamericano (diciembre de 2010, donde la Policía Federal y Metropolitana reprimieron por igual), la zona liberada (por la Federal) en el asesinato de Mariano Ferreyra y la detención en agosto pasado de 65 personas (incluidos nueve menores de edad) en Campo de Mayo (lugar emblemático de la dictadura militar) son sólo algunos hechos concretos que se imponen al relato.
Y la represión está terciarizada: policías provinciales, sicarios de empresarios rurales, grupos de choque de sindicatos y empresas extractivas.
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El 26 de abril, la Policía Metropolitana (bajo la responsabilidad política de Mauricio Macri) reprimió en el Hospital Borda a médicos, pacientes, vecinos, militantes y periodistas.
Por internet circuló una imagen muy clara donde se veía que la enorme mayoría de los medios impresos y web hablaron de “incidentes” y “disturbios” (entre ellos La Nación y Clarín). Página12 fue uno de los pocos medios que tituló de manera clara y sujeta a la realidad: “Represión”. La tapa del sábado 27 de abril mostraba a policías apuntando. Y hubo amplia cobertura.
Dos semanas después, en Famatina, la policía del kirchnerista Luis Beder Herrera reprimió a asambleístas que rechazan la megaminería. La versión impresa de Página12 le dedicó un recuadro, 986 caracteres.
El diario La Nación (versión impresa) lo omitió por completo. Al igual que la Agencia Telam, que el sábado (día de los hechos) no publicó ni una línea. Recién al día siguiente (domingo a las 11.50 –casi 24 horas después de los hechos, muy tarde para una agencia de noticias–), emitió un artículo: “Volvió la calma a Famatina tras incidentes con asambleístas antiminería”.
Nobleza obliga: la Agencia DYN (de Clarín y La Nación) sí lo cubrió. Emitió cables el sábado y el domingo. Siempre con el título de represión. Y Clarín, edición papel domingo, también dio cuenta de la represión (3.000 caracteres).
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Marcela Crabbe, asambleístas de Chilecito, estaba en el lugar de la represión. “Fue terrible. Hubo un ensañamiento criminal. Pasaron un límite. Ya podemos esperar cualquier cosa. Ayer salió el Gobernador y sus funcionarios a justificar la represión y pedir que la Justicia nos criminalice. Represión y cárcel. Eso pretenden para nosotros”.
Jenny Luján, también asambleísta, explicó que el gobierno provincial los acusa de “asociación ilícita” para utilizar la Ley Antiterrorista. “Dicen que nosotros somos los violentos. ¡Qué por favor vengan a ver cómo están los compañeros reprimidos! Esto es un plan de disciplinamiento que busca acabar con la resistencia de las comunidades”, denunció Luján.
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La represión en Famatina no fue tapa de diarios porteños.
¿Por pauta de las empresas mineras?
¿Por pauta del oficialismo?
¿Porque el gobernador Beder Herrera es aliado del Gobierno Nacional?
¿Porque no fue el PRO?
¿Porque fue “más allá” de le General Paz?
¿Simple “línea editorial”?
¿O un poco de todo eso?
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Un estudiante de primer año de Periodismo ya sabe lo que son los grandes medios de comunicación: empresas con intereses económicos y políticos. Que denuncian y callan según su conveniencia. Y donde (¿muchos?) trabajadores de prensa intentan aprovechar las “grietas” para escribir según dicta la conciencia.
Pero, lo que el estudiante (¿y los periodistas?) no pregunta: ¿qué responsabilidad nos cabe a los laburantes de esos medios a la hora de no contar lo que realmente pasa?
¿Se debe naturalizar el silencio empresario ante las represiones?
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El 23 de marzo de 2013 hubo una masiva e histórica marcha en Esquel. Se celebraron los diez años del plebiscito que rechazó la instalación de una empresa minera y marcó un quiebre en las luchas socioambientales de Argentina.
La movilización fue invisibilizada por la gran mayoría de los grandes medios de comunicación de Ciudad de Buenos Aires.
Y Esquel volvió a dar otra lección. En la marcha, un cartel escrito a mano: “Frente al silencio mediático, periodismo hormiga“. Y una leyenda anónima: “Lo que los medios grandes te quieren ocultar, seguro lo encontrás en los buenos medios: los autogestivos, los comunitarios, los cooperativos. Porque los buenos medios tienen un compromiso con vos e informan lo que pasa en las calles, no lo que ´funcionarios públicos´ que se hacen llamar periodistas deciden desde un escritorio o una gacetilla de prensa oficial”.
—–
“En el Borda hubo una increíble represión”, destacó la Presidenta a través de su cuenta de Twitter al día siguiente de la represión y señaló la “impresionante protección mediática” que recibió el gobierno de Mauricio Macri. La Presidenta cuestionó la cobertura benigna de los medios de comunicación y consideró que “debería incluirse como materia en las facultades de comunicación social de todo el país”.
A 72 horas de la represión en Famatina, la Presidenta no se refirió al tema. Tampoco lo hizo ningún ministro. Tampoco los intelectuales orgánicos del oficialismo.
Con la represión en el Borda, los habituales voceros del Gobierno hacían cola para denunciar la violencia. Pero Famatina no les ameritó el mismo rechazo.
El gobierno nacional no suele repudiaron las represiones que padecen quienes luchan contra el extractivismo (y muchos menos si esas provincias son de gobiernos aliados). El gobierno nacional nunca condenó los asesinatos de campesinos e indígenas (que suelen tener como trasfondo el modelo de agronegocios).
El caso más notorio, la recurrente violencia contra la comunidad qom La Primavera. Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, participó el jueves pasado de una conferencia de prensa junto a otros organismos de derechos humanos que exigen el fin de la violencia contra el Pueblo Qom. En tono, pero también de enojo, Cortiñas no anduvo con vueltas: “Hemos intentado llegar a la Presidenta y y no hubo respuesta. El silencio nos ofende y nos humilla”.
—–
Paula Ríos recuerda que el sábado fue “muy doloroso”. Describe lo golpes, el maltrato físico y psicológico.
El relato es duro, las entrevistadoras se conmueven.
Sufrió seis disparos de goma, le pisaron la cabeza con un borcego policial, la levantaron de los cabellos, pensó en sus hijos, creyó que la mataban. Y, pese a todo, no la quebraron: “No me van hacer bajar los brazos. Hay necesidad acá, pero tenemos dignidad, cosa que ellos no. Estas cosas no dan fuerzas para no claudicar. Nada nos va hacer retroceder. Estamos más fuerte que nunca”.
Por Darío Aranda para 8300web
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Fecha de Publicación: 15/05/2013
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Nacional - La Rioja
Represión contra quienes cuestionan la megaminería. El rol de los gobiernos. La complicidad (por acción u omisión) del periodismo.
Corporaciones mineras y el intento de mejorar su imagen. El Borda y Famatina. ¿Represiones de primera y de segunda? El twitter presidencial que no fue. Y las preguntas sin respuesta.
Paula Ríos está en el suelo, caída y, frente a ella, de pie, un policía amenazante, arma en mano.
Sábado al mediodía. Famatina. La Rioja.
Paula Ríos cometió el delito de protestar contra la posible visita del gobernador Luis Beder Herrera, impulsor de la megaminería en la provincia.
Paula Ríos no fue la única víctima de la represión. Otras once personas recibieron balazos de goma, golpes policiales y piedrazos de militantes del PJ local y de supuestos empleados mineros.
“Antimineros provocaron disturbios en Famatina”, tituló el recuadro del diario Tiempo Argentino. Quince líneas con una versión alejada de la realidad: “Un nutrido grupo de ambientalistas y antimineros agredieron a militantes del Partido Justicialista (…) Algunos militantes actuaron en defensa propia y la policía intervino para que el hecho no pasara a mayores”.
El diario Tiempo Argentino no habló con Paula Ríos.
Sí lo hizo la FM Mirador, de Chilecito. “El policía me pateó la cabeza. Me pisó el hombro con su bota. Me puteó. Me dijo ‘levantate, vieja de mierda, o te cago matando’. Yo no podía pararme. Me levantó del cabello. Me puso el arma sobre el cuerpo. Y me dijo ‘esto no lo vas a volver a hacer nunca más, si te dejo viva date por dichosa’. Me puso el arma en la cabeza”.
Paula pensó que la mataban. Le pidió a Dios. Pensó en sus hijos.
El policía no la mató. Sí le dio cinco balazos de goma en la espalda y uno en la pierna. “Si te encuentro, te cago matando”, la amenazó.
El relato eriza la piel.
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“La crisis causó dos nuevas muertes”. Tituló el diario Clarín del 27 de junio de 2002, referido al asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.
No fue la Policía, ni la Prefectura, ni el gobierno de Eduardo Duhalde. Fue la “crisis”.
En facultades de periodismo se lo enseña como ejemplo del antiperiodismo. Y Clarín hizo claros méritos para ser el antiejemplo.
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El 23 de noviembre de 2010, la Policía de Formosa reprimió a la comunidad qom La Primavera. Asesinaron al qom Roberto López y al policía Eber Falcón, veinte heridos y una decena de casas incendiadas (por la propia policía).
Los medios de comunicación alineados con el Gobierno Nacional enfocaron inicialmente la represión como un enfrentamiento (lo mismo habían hechos medios cercanos a Duhalde en la masacre de Avellaneda). Cuando la realidad ya no se pudo esconder, apuntaron como único responsable político al gobernador Gildo Insfrán. Ese fue el límite. Muy rara vez esos medios apuntaron a la complicidad del Gobierno Nacional con las políticas de Insfrán.
Los grandes medios que actúan como oposición política (sobre todo luego de la Resolución 125) apuntaron desde un primer momento a la alianza Insfrán-Cristina Fernández de Kirchner. Dejaron en evidencia a la estructura del Estado Nacional, siempre en apoyo a Insfrán, siempre en contra de la comunidad qom. Clarín y La Nación, por mencionar dos de los medios emblemáticos, nunca citaron el fondo de la represión que se da contra campesinos e indígenas: el modelo agropecuario, que avanza con soja, ganadería, desmontes, contaminación, desalojos y violencia.
El periodismo ya no es importante por lo que dice, sino por lo que oculta.
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El 16 de noviembre de 2011 asesinaron a Cristian Ferreyra, 23 años, padre de un niño, militante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-VC) en el paraje San Antonio, norte de la provincia.
La Agencia de Noticias Télam tituló: “La muerte de un campesino en Santiago del Estero fue por una disputa entre vecinos”.
Como contrapunto, Clarín y La Nación hablaron de “asesinato”, pero (otra vez) eludieron hablar del corrimiento de frontera agropecuaria que arrasa montes y vidas.
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Desde 2003, lucha de Esquel mediante, la megaminería nunca tuvo la bendición de la opinión pública.
La consultora Aresco hizo pública en 2010 una encuesta: siete de cada diez personas rechazan la actividad minera a cielo abierto en las provincias con esa actividad. El estudio abarcó seis provincias cordilleranas y señaló que sólo el 17 por ciento se mostró a favor de la actividad. La investigación afirmó que existe un convencimiento alto sobre la contaminación que produce la actividad, reveló que los encuestados priorizan mayoritariamente el cuidado del ambiente por sobre la posibilidad de empleo y se explicitó un amplio rechazo a los beneficios impositivos que tiene la actividad.
“Estudio sobre minería a cielo abierto en provincias mineras”, es el nombre del relevamiento realizado en septiembre de 2010 por la consultora Aresco. Con una muestra de 802 casos abarcó Catamarca, La Rioja, San Juan, Neuquén, Chubut y Santa Cruz. Consultados sobre el posible “acuerdo con la producción minera a cielo abierto a nivel nacional”, el 76,6 por ciento afirmó estar “poco/nada de acuerdo” y sólo el 17,4 por ciento se mostró a favor. Cuando la consulta se realiza sobre la actividad a nivel provincial, el 31,3 por ciento optó por el “nada de acuerdo” y el 30,1 por ciento “poco de acuerdo”. El rechazo provincial llega así al 61,5 por ciento. El 12,9 por ciento se mostró “muy de acuerdo” y el 14,8 “bastante de acuerdo”.
“Gran parte de la población de las seis provincias, dado el impacto sobre el ambiente, no muestra acuerdo con el desarrollo de la minería a cielo abierto y con los beneficios impositivos que se otorguen a las empresas”, fue una de las conclusiones del trabajo.
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Las compañías mineras decidieron meterse de lleno en la batalla comunicacional. La Cámara de Empresarios Mineros (CAEM), que nuclea a todas las grandes empresas del sector, contrató en 2010 a la consultora internacional Hill & Knowton (acusada de inventar testimonios sobre el accionar de soldados iraquíes en Kuwait). Solicitadas en diarios de tirada nacional, presencia de trabajadores mineros en canales de televisión y campañas de publicidad fueron algunos de los ejes de la lucha mediática. El objetivo inicial fue frenar en el Congreso un proyecto de ley para prohibir la minería. A mediano plazo, revertir la mala imagen que pesa sobre la megaminería.
“Se evaluó que tuvimos errores en la comunicación, hacia las comunidades y también hacia los medios. Por eso decidimos contratar a Hill & Knowton, diseñar una estrategia de comunicación y posicionar en la opinión pública el sector minero”, explicó el gerente general de la CAEM, Damián Altgelt.
En el sitio de internet de Hill & Knowton figura una de las premisas de la empresa: “El objetivo principal de nuestro servicio es ayudar a los clientes a generar las condiciones regulatorias y de opinión pública que hagan viable su negocio en el mediano y largo plazo”.
Sobrevino una campaña en TV, radio y gráfica sobre “minería responsable” y publicidad sobre la presencia de “metales en la vida cotidiana”. Poco más y culpaban a los asambleístas por la posible falta de anteojos, la escases de sillas de ruedas y la ausencia de camillas en los hospitales.
La campaña publicitaria estuvo presente, incluso, en programas y diarios con perfil crítico a la megaminería.
Las corporaciones mineras movían su primera ficha.
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La Rioja prohibió la megaminería en julio de 2007. El entonces vicegobernador Luis Beder Herrera se transformó en férreo opositor del gobernador Ángel Mazza. Logró la destitución de su ex socio político y asumió el Ejecutivo provincial. En los diarios de la provincia se publicaron artículos con su discurso antiminero y fotos de Beder Herrera con carteles que rechazan la actividad.
En agosto de 2008, el propio Beder Herrera derogó la ley que prohibía la minería y permitió el avance de la empresa Barrick Gold. Beder Herrera, oriundo de Famatina, no se animó a volver a su pueblo natal.
Famatina y Chilecito (La Rioja) fueron epicentro en el verano de 2012 de la resistencia contra la megaminería. Habían echado en 2008 a la multinacional Barrick Gold. Pero a fines de 2011 ya era notoria la presencia de la minera Osisko Mining Corp para explorar el cerro Famatina. Volvió el estado de movilización. Que tuvo su pico cuando los asambleístas descubrieron una carpeta de la empresa con información de los activistas. “Listas negras”, al mejor estilo de la última dictadura militar, en las que se detallaban lugares de trabajo y nivel de participación en las asambleas.
El 2 de enero de 2012 comenzó el corte en Alto Carrizal, camino vecinal por donde debiera pasar la empresa para explorar el cerro Famatina. Semanas de corte, que se transformó en un acampe permanente y masivo. El 12 de enero hubo movilización, en respaldo a la lucha riojana, en seis provincias (Mendoza, Río Negro, Catamarca, Córdoba, Chubut y Buenos Aires).
Famatina se instaló en la agenda nacional. Los medios opositores al Gobierno transmitían en directo y dedicaban tapas a la movilización popular. Todos sabían (en primer lugar las asambleas) que no era casual esa presencia: transmitían un hecho real y que lo ameritaba, pero también lo usaban como denuncia contra el Gobierno (el estratega y responsable de la avanzada minera).
Los medios alineados con el oficialismo inicialmente ignoraron la pueblada. Luego dieron cuenta del hecho, pero siempre con el menor espacio posible.
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Sobrevino un trabajo de pinzas.
Las empresas mineras redoblaron la campaña publicitaria (más publicidad, más dinero para las empresas periodísticas).
Y el Gobierno conformó, el 15 de febrero de 2012, la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi), integrada por Jujuy, Salta, La Rioja, San Juan, Mendoza, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Catamarca. Un claro respaldo a la actividad minera y una fina articulación política para desactivar resistencias.
La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), que reúne a las grandes empresas del sector, celebró la creación de la Ofemi (incluso firmó el acta de conformación).
En tiempos de medios polarizados, las empresas periodísticas comenzaron a leer las críticas a la actividad minera en clave de pauta (empresaria y/o gubernamental).
La resistencia de base contra la minería notó rápidamente como ambos polos mediáticos tomaban distancia de las luchas territoriales.
No hubo más tapas contra la megaminería. No hubo más transmisiones en directo desde los cortes. Los minutos de radio escasearon. —–
La Secretaría de Minería de Nación, mediante su informe “La minería en números”, en 2003 había sólo 40 proyectos mineros. En 2009 ya eran 336 (840 por ciento). La misma Secretaría de Minería reconoce que en 2012 se llegó a 600 proyectos mineros en estudio: un 1500 por ciento más que en 2003.
Nunca antes la megaminería, de la mano de las corporaciones, había crecido tanto.
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El 12 de mayo, en Tinogasta, la policía avanzó sobre un bloqueo de ruta y detuvo a tres asambleístas. El 1 de junio, la gobernadora Lucía Corpacci solicitó a la Corte de Justicia provincial que ordene el desalojo de otro bloqueo selectivo de Tinogasta. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Catamarca, Amelia Sesto de Leiva, señaló que “la cárcel es la solución para los ambientalistas”.
El 20 de julio, en Cerro Negro (Catamarca, intersección de rutas 40 y 60) la policía provincial y un grupo de choque prominero reprimieron un corte de ruta que bloqueaba el paso a camiones de Minera Alumbrera. Como en Andalgalá, quedó en evidencia la alianza represiva estatal-minera.
“Los principales responsables de esta represión son la gobernadora Lucía Corpacci y el gobierno nacional que es el aliado incondicional de las corporaciones mineras”, denunció Jorge Ramos, asambleísta de Andalgalá.
En noviembre de 2012, en Rawson (Chubut), decenas de asambleístas fueron heridos por una patota de la Uocra en las afueras de la legislatura provincial. El gobernador Martín Buzzi pretendía modificar la ley provincial y habilitar la megaminería. Las asambleas marcharon y la golpiza fue feroz. “Una carnicería”, definieron las asambleas de Chubut. Las fotos y videos explicitaron hombres y mujeres sangrando. Otra vez, represión terciarizada.
Las tres represiones tuvieron un punto común: la escasa cobertura de los “medios nacionales”.
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“Este Gobierno no reprime la protesta social”, fue el anuncio de Néstor Kirchner al llegar a la presidencia. Con el 22 por ciento de los votos, y la memoria fresca de la masacre de Avellaneda, se cumplió en los primeros años de gobierno.
Pero los funcionarios y militantes siguen repitiendo lo que la realidad ya desmintió: la represión en el Parque Indoamericano (diciembre de 2010, donde la Policía Federal y Metropolitana reprimieron por igual), la zona liberada (por la Federal) en el asesinato de Mariano Ferreyra y la detención en agosto pasado de 65 personas (incluidos nueve menores de edad) en Campo de Mayo (lugar emblemático de la dictadura militar) son sólo algunos hechos concretos que se imponen al relato.
Y la represión está terciarizada: policías provinciales, sicarios de empresarios rurales, grupos de choque de sindicatos y empresas extractivas.
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El 26 de abril, la Policía Metropolitana (bajo la responsabilidad política de Mauricio Macri) reprimió en el Hospital Borda a médicos, pacientes, vecinos, militantes y periodistas.
Por internet circuló una imagen muy clara donde se veía que la enorme mayoría de los medios impresos y web hablaron de “incidentes” y “disturbios” (entre ellos La Nación y Clarín). Página12 fue uno de los pocos medios que tituló de manera clara y sujeta a la realidad: “Represión”. La tapa del sábado 27 de abril mostraba a policías apuntando. Y hubo amplia cobertura.
Dos semanas después, en Famatina, la policía del kirchnerista Luis Beder Herrera reprimió a asambleístas que rechazan la megaminería. La versión impresa de Página12 le dedicó un recuadro, 986 caracteres.
El diario La Nación (versión impresa) lo omitió por completo. Al igual que la Agencia Telam, que el sábado (día de los hechos) no publicó ni una línea. Recién al día siguiente (domingo a las 11.50 –casi 24 horas después de los hechos, muy tarde para una agencia de noticias–), emitió un artículo: “Volvió la calma a Famatina tras incidentes con asambleístas antiminería”.
Nobleza obliga: la Agencia DYN (de Clarín y La Nación) sí lo cubrió. Emitió cables el sábado y el domingo. Siempre con el título de represión. Y Clarín, edición papel domingo, también dio cuenta de la represión (3.000 caracteres).
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Marcela Crabbe, asambleístas de Chilecito, estaba en el lugar de la represión. “Fue terrible. Hubo un ensañamiento criminal. Pasaron un límite. Ya podemos esperar cualquier cosa. Ayer salió el Gobernador y sus funcionarios a justificar la represión y pedir que la Justicia nos criminalice. Represión y cárcel. Eso pretenden para nosotros”.
Jenny Luján, también asambleísta, explicó que el gobierno provincial los acusa de “asociación ilícita” para utilizar la Ley Antiterrorista. “Dicen que nosotros somos los violentos. ¡Qué por favor vengan a ver cómo están los compañeros reprimidos! Esto es un plan de disciplinamiento que busca acabar con la resistencia de las comunidades”, denunció Luján.
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La represión en Famatina no fue tapa de diarios porteños.
¿Por pauta de las empresas mineras?
¿Por pauta del oficialismo?
¿Porque el gobernador Beder Herrera es aliado del Gobierno Nacional?
¿Porque no fue el PRO?
¿Porque fue “más allá” de le General Paz?
¿Simple “línea editorial”?
¿O un poco de todo eso?
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Un estudiante de primer año de Periodismo ya sabe lo que son los grandes medios de comunicación: empresas con intereses económicos y políticos. Que denuncian y callan según su conveniencia. Y donde (¿muchos?) trabajadores de prensa intentan aprovechar las “grietas” para escribir según dicta la conciencia.
Pero, lo que el estudiante (¿y los periodistas?) no pregunta: ¿qué responsabilidad nos cabe a los laburantes de esos medios a la hora de no contar lo que realmente pasa?
¿Se debe naturalizar el silencio empresario ante las represiones?
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El 23 de marzo de 2013 hubo una masiva e histórica marcha en Esquel. Se celebraron los diez años del plebiscito que rechazó la instalación de una empresa minera y marcó un quiebre en las luchas socioambientales de Argentina.
La movilización fue invisibilizada por la gran mayoría de los grandes medios de comunicación de Ciudad de Buenos Aires.
Y Esquel volvió a dar otra lección. En la marcha, un cartel escrito a mano: “Frente al silencio mediático, periodismo hormiga“. Y una leyenda anónima: “Lo que los medios grandes te quieren ocultar, seguro lo encontrás en los buenos medios: los autogestivos, los comunitarios, los cooperativos. Porque los buenos medios tienen un compromiso con vos e informan lo que pasa en las calles, no lo que ´funcionarios públicos´ que se hacen llamar periodistas deciden desde un escritorio o una gacetilla de prensa oficial”.
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“En el Borda hubo una increíble represión”, destacó la Presidenta a través de su cuenta de Twitter al día siguiente de la represión y señaló la “impresionante protección mediática” que recibió el gobierno de Mauricio Macri. La Presidenta cuestionó la cobertura benigna de los medios de comunicación y consideró que “debería incluirse como materia en las facultades de comunicación social de todo el país”.
A 72 horas de la represión en Famatina, la Presidenta no se refirió al tema. Tampoco lo hizo ningún ministro. Tampoco los intelectuales orgánicos del oficialismo.
Con la represión en el Borda, los habituales voceros del Gobierno hacían cola para denunciar la violencia. Pero Famatina no les ameritó el mismo rechazo.
El gobierno nacional no suele repudiaron las represiones que padecen quienes luchan contra el extractivismo (y muchos menos si esas provincias son de gobiernos aliados). El gobierno nacional nunca condenó los asesinatos de campesinos e indígenas (que suelen tener como trasfondo el modelo de agronegocios).
El caso más notorio, la recurrente violencia contra la comunidad qom La Primavera. Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, participó el jueves pasado de una conferencia de prensa junto a otros organismos de derechos humanos que exigen el fin de la violencia contra el Pueblo Qom. En tono, pero también de enojo, Cortiñas no anduvo con vueltas: “Hemos intentado llegar a la Presidenta y y no hubo respuesta. El silencio nos ofende y nos humilla”.
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Paula Ríos recuerda que el sábado fue “muy doloroso”. Describe lo golpes, el maltrato físico y psicológico.
El relato es duro, las entrevistadoras se conmueven.
Sufrió seis disparos de goma, le pisaron la cabeza con un borcego policial, la levantaron de los cabellos, pensó en sus hijos, creyó que la mataban. Y, pese a todo, no la quebraron: “No me van hacer bajar los brazos. Hay necesidad acá, pero tenemos dignidad, cosa que ellos no. Estas cosas no dan fuerzas para no claudicar. Nada nos va hacer retroceder. Estamos más fuerte que nunca”.
Por Darío Aranda para 8300web
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Vinaza al borde de la cuenca Sali-Dulce
Ingenios arrojan vinaza en piletones a punto de rebalsar hacia la cuenca
Fecha de Publicación: 14/05/2013
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
A un día del inicio de la zafra, EL LIBERAL constató que ingenios tucumanos continúan arrojando vinaza y acumulándola en inmensos piletones, desoyendo los acuerdos firmados con la Nación, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Un equipo periodístico recorrió unos cuatrocientos kilómetros en la jornada de ayer con el objetivo de comprobar el poco grado de avance de las obras que las industrias se comprometieron a realizar, ante la Nación, en el marco de los Convenios de Reconversión Industrial (CRI).
De esta manera, la provincia continúa en permanente alerta porque existen en territorio tucumano millones de litros de vinaza, tal cual denunciaron organizaciones ambientalistas, depositados en piletones a cielo abierto y que están al límite de su capacidad.
El comienzo de la zafra significará el trabajo a pleno de los ingenios que tienen destilerías para producir bioetanol, un compuesto que se incluye en los combustibles que se comercializan en la Argentina, cuyo residuo es la vinaza.
La recorrida se inició en Santa Bárbara, ubicado en la ciudad de Alberdi, al sur del Jardín de la República, ingenio que acumula vinaza en piletones ubicados a unos cien metros del Río Chico, que forma parte de la Cuenca Salí Dulce, con todo el riesgo ambiental que ello implica.
La situación es bastante delicada también en La Corona, ubicada en la ciudad de Concepción. El ingenio, que debía haber construido un vinazoducto, no realizó las obras y realiza el traslado de la vinaza a través de camiones.
En su última visita, el secretario de Ambiente, Juan José Mussi, había advertido que si el ingenio no instalaba el vinazoducto, no iba a destilar. Sin embargo, no realizaron ninguna de estas obras.
En la localidad de León Rougés, se ubica Santa Rosa, ingenio en el cual se observa desde kilómetros antes de qué manera se encuentra destilando y largando humo negro desde tres, de las cuatro chimeneas en funcionamiento, lo cual significa que trabajan sin la utilización de filtros.
A unos quinientos metros se ubican los cinco piletones en los que acumulan vinaza, de los cuales dos se encuentran activos y arrojando vinaza, cuando el compromiso para iniciar la zafra era el de vaciarlas, en lugar de llenarlas.
El común denominador en la zona de los ingenios son los fuertes olores nauseabundos y el gran malestar por parte de los vecinos, a raíz de los riesgo que corren al convivir con estos desechos industriales.
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Fecha de Publicación: 14/05/2013
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
A un día del inicio de la zafra, EL LIBERAL constató que ingenios tucumanos continúan arrojando vinaza y acumulándola en inmensos piletones, desoyendo los acuerdos firmados con la Nación, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.Un equipo periodístico recorrió unos cuatrocientos kilómetros en la jornada de ayer con el objetivo de comprobar el poco grado de avance de las obras que las industrias se comprometieron a realizar, ante la Nación, en el marco de los Convenios de Reconversión Industrial (CRI).
De esta manera, la provincia continúa en permanente alerta porque existen en territorio tucumano millones de litros de vinaza, tal cual denunciaron organizaciones ambientalistas, depositados en piletones a cielo abierto y que están al límite de su capacidad.
El comienzo de la zafra significará el trabajo a pleno de los ingenios que tienen destilerías para producir bioetanol, un compuesto que se incluye en los combustibles que se comercializan en la Argentina, cuyo residuo es la vinaza.
La recorrida se inició en Santa Bárbara, ubicado en la ciudad de Alberdi, al sur del Jardín de la República, ingenio que acumula vinaza en piletones ubicados a unos cien metros del Río Chico, que forma parte de la Cuenca Salí Dulce, con todo el riesgo ambiental que ello implica.
La situación es bastante delicada también en La Corona, ubicada en la ciudad de Concepción. El ingenio, que debía haber construido un vinazoducto, no realizó las obras y realiza el traslado de la vinaza a través de camiones.
En su última visita, el secretario de Ambiente, Juan José Mussi, había advertido que si el ingenio no instalaba el vinazoducto, no iba a destilar. Sin embargo, no realizaron ninguna de estas obras.
En la localidad de León Rougés, se ubica Santa Rosa, ingenio en el cual se observa desde kilómetros antes de qué manera se encuentra destilando y largando humo negro desde tres, de las cuatro chimeneas en funcionamiento, lo cual significa que trabajan sin la utilización de filtros.
A unos quinientos metros se ubican los cinco piletones en los que acumulan vinaza, de los cuales dos se encuentran activos y arrojando vinaza, cuando el compromiso para iniciar la zafra era el de vaciarlas, en lugar de llenarlas.
El común denominador en la zona de los ingenios son los fuertes olores nauseabundos y el gran malestar por parte de los vecinos, a raíz de los riesgo que corren al convivir con estos desechos industriales.
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Reserva de lobos marinos en la Patagonia
La mayor reserva de lobos marinos abrió al público en la Patagonia
Fecha de Publicación: 14/05/2013
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Santa Cruz
Se identificaron 11.350 ejemplares, además de otros mamíferos marinos, terrestres y aves. También es muy rica la flora del lugar.
Al noreste de la provincia de Santa Cruz se esconde el mayor apostadero de lobos marinos de un pelo, que viven acompañados de orcas, elefantes marinos, gaviotas, y patos. Se encuentran dentro de un complejo de manejo integrado de las reservas que se llaman Monte Loayza y Cañadón del Duraznillo, que ocupan 2.000 hectáreas y pueden ser visitadas por turistas para tomar fotos, caminar, aprender y disfrutar de un ecosistema único. Es decir, es ideal para sentirse un ecoturista.
Las dos áreas naturales forman parte de una alianza estratégica que acordaron la Fundación Hábitat & Desarrollo, la empresa petrolera Sinopec Argentina, y la empresa Golfo San Jorge, dedicada a la ganadería ovina, en el marco de la política de conservación del Consejo Agrario de la provincia de Santa Cruz. “La alianza sirvió para hacer una manejo conjunto de las dos áreas naturales entre el sector público, el sector empresarial, y el ambientalista”, contó Fernando Ardura, conservacionista y director ejecutivo de la fundación.
Una de las reservas, Monte Loayza, había sido creada por una ley provincial en 2004. Está a 169 kilómetros al sur de la ciudad de Caleta Olivia, y consiste en una franja costera de 200 metros de ancho a partir de la línea más alta de mareas. Está pegada a la otra reserva, Cañadón del Duraznillo, que ocupa 1.340 hectáreas de estepa patagónica. “Desde hace 25 años, no hay ovejas en el Cañadón del Duraznillo, por lo cual se pudo recuperar la flora y la fauna autóctona del lugar”, comentó Ardura.
Los visitantes (en grupos de 12 personas) tendrán mucho terreno para recorrer, y muchos animales y plantas para contemplar. En la zona costera está el mayor apostadero de lobos marinos. Recientemente, el equipo de Marcela Nabte, de la Fundación Patagonia Natural, realizó allí un censo de esos mamíferos carnívoros y color pardo oscuro que pueden pesar más de 300 kilos. Se identificaron 11.350 ejemplares en el lugar.
Además de los lobos, en la reserva de Monte Loayza se pueden ver 25 especies de aves marinas y costeras: como los albatros, los cormoranes, los chorlos, las garzas, las gaviotas, los aguiluchos, y los halcones. En la zona del Cañadón, se pueden encontrar guanacos, zorros colorados y grises, pumas, peludos, y choiques(el ñandú de la Patagonia). Y la vegetación engaña. A primera vista, parece estar compuesta por arbustos bajos, pero lo cierto es que incluye variedad de arbustos, herbáceas y cactáceas, como la mata mora, la uña de gato, y el cactus austral. Por si fuera poco, en las reservas –de propiedad privada– se han descubierto restos arqueológicos –como puntas de proyectiles, arpones y rompecráneos– de humanos que pasaron por allí hace más de 6.000 años.
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Fecha de Publicación: 14/05/2013
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Santa Cruz
Se identificaron 11.350 ejemplares, además de otros mamíferos marinos, terrestres y aves. También es muy rica la flora del lugar.Al noreste de la provincia de Santa Cruz se esconde el mayor apostadero de lobos marinos de un pelo, que viven acompañados de orcas, elefantes marinos, gaviotas, y patos. Se encuentran dentro de un complejo de manejo integrado de las reservas que se llaman Monte Loayza y Cañadón del Duraznillo, que ocupan 2.000 hectáreas y pueden ser visitadas por turistas para tomar fotos, caminar, aprender y disfrutar de un ecosistema único. Es decir, es ideal para sentirse un ecoturista.
Las dos áreas naturales forman parte de una alianza estratégica que acordaron la Fundación Hábitat & Desarrollo, la empresa petrolera Sinopec Argentina, y la empresa Golfo San Jorge, dedicada a la ganadería ovina, en el marco de la política de conservación del Consejo Agrario de la provincia de Santa Cruz. “La alianza sirvió para hacer una manejo conjunto de las dos áreas naturales entre el sector público, el sector empresarial, y el ambientalista”, contó Fernando Ardura, conservacionista y director ejecutivo de la fundación.
Una de las reservas, Monte Loayza, había sido creada por una ley provincial en 2004. Está a 169 kilómetros al sur de la ciudad de Caleta Olivia, y consiste en una franja costera de 200 metros de ancho a partir de la línea más alta de mareas. Está pegada a la otra reserva, Cañadón del Duraznillo, que ocupa 1.340 hectáreas de estepa patagónica. “Desde hace 25 años, no hay ovejas en el Cañadón del Duraznillo, por lo cual se pudo recuperar la flora y la fauna autóctona del lugar”, comentó Ardura.
Los visitantes (en grupos de 12 personas) tendrán mucho terreno para recorrer, y muchos animales y plantas para contemplar. En la zona costera está el mayor apostadero de lobos marinos. Recientemente, el equipo de Marcela Nabte, de la Fundación Patagonia Natural, realizó allí un censo de esos mamíferos carnívoros y color pardo oscuro que pueden pesar más de 300 kilos. Se identificaron 11.350 ejemplares en el lugar.
Además de los lobos, en la reserva de Monte Loayza se pueden ver 25 especies de aves marinas y costeras: como los albatros, los cormoranes, los chorlos, las garzas, las gaviotas, los aguiluchos, y los halcones. En la zona del Cañadón, se pueden encontrar guanacos, zorros colorados y grises, pumas, peludos, y choiques(el ñandú de la Patagonia). Y la vegetación engaña. A primera vista, parece estar compuesta por arbustos bajos, pero lo cierto es que incluye variedad de arbustos, herbáceas y cactáceas, como la mata mora, la uña de gato, y el cactus austral. Por si fuera poco, en las reservas –de propiedad privada– se han descubierto restos arqueológicos –como puntas de proyectiles, arpones y rompecráneos– de humanos que pasaron por allí hace más de 6.000 años.
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Biodiesel complicado en Argentina
Cayó 40% la producción de biodiesel en la Argentina
Fecha de Publicación: 14/05/2013
Fuente: infoCampo
Provincia/Región: Nacional
La falta de aceite de soja por la menor cosecha del año pasado fue la causa estacional, a la que se suma el desincentivo de la política oficial que sacó pymes del mercado.
En el primer trimestre del 2013 las fábricas que operan en el país produjeron 40% menos del biocombustible que en igual período del año pasado.
Así, la elaboración del producto que complementa al gasoil en los motores cayó por debajo de las 500.000 toneladas en el primer trimestre del año, según un informe difundido por la consultora Investigaciones Económicas Sectoriales (IES).
El motivo estacional de la pérdida de producción tiene que ver con que en los primeros tres meses del año las fábricas tuvieron que administrar un raquítico stock de soja remanente de la campaña pasada, que fue mala por la sequía y dejó una cosecha de solamente 40 millones de toneladas.
Con la entrada de la soja nueva a partir de abril (se calcula que ya se cosecharon las tres cuartas partes de los campo sojeros) la situación probablemente mejore, pero no por completo.
El sector del biodiesel comenzó a sufrir en septiembre pasado un fenómeno que hasta el momento no había conocido: políticas oficiales que limitaron el negocio. Este sector, que fue promovido por el gobierno kirchnerista con beneficios que incentivaron millonarias inversiones, vio cómo de un día para otro las retenciones a las exportaciones subieron 10 puntos y el precio regulado en el mercado interno descendió 15%. La medida fue inmediatamente corregida para mitigar su impacto. La suba de retenciones fue de unos 5 puntos y el precio fue dividido en tres segmentos, según la escala de producción de la empresa. Pero para entonces varias firmas pequeñas y medianas habían dejado de producir.
Algunas de las empresas que por mayores costos de producción no pudieron sobrellevar los cambios en la política oficial aún no volvieron a producir, según informa IES y pudo corroborar El Cronista con fuentes del mercado.
Según publicó El Cronista, a la situación local se suma un contexto internacional complicado.
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Fecha de Publicación: 14/05/2013
Fuente: infoCampo
Provincia/Región: Nacional
La falta de aceite de soja por la menor cosecha del año pasado fue la causa estacional, a la que se suma el desincentivo de la política oficial que sacó pymes del mercado.En el primer trimestre del 2013 las fábricas que operan en el país produjeron 40% menos del biocombustible que en igual período del año pasado.
Así, la elaboración del producto que complementa al gasoil en los motores cayó por debajo de las 500.000 toneladas en el primer trimestre del año, según un informe difundido por la consultora Investigaciones Económicas Sectoriales (IES).
El motivo estacional de la pérdida de producción tiene que ver con que en los primeros tres meses del año las fábricas tuvieron que administrar un raquítico stock de soja remanente de la campaña pasada, que fue mala por la sequía y dejó una cosecha de solamente 40 millones de toneladas.
Con la entrada de la soja nueva a partir de abril (se calcula que ya se cosecharon las tres cuartas partes de los campo sojeros) la situación probablemente mejore, pero no por completo.
El sector del biodiesel comenzó a sufrir en septiembre pasado un fenómeno que hasta el momento no había conocido: políticas oficiales que limitaron el negocio. Este sector, que fue promovido por el gobierno kirchnerista con beneficios que incentivaron millonarias inversiones, vio cómo de un día para otro las retenciones a las exportaciones subieron 10 puntos y el precio regulado en el mercado interno descendió 15%. La medida fue inmediatamente corregida para mitigar su impacto. La suba de retenciones fue de unos 5 puntos y el precio fue dividido en tres segmentos, según la escala de producción de la empresa. Pero para entonces varias firmas pequeñas y medianas habían dejado de producir.
Algunas de las empresas que por mayores costos de producción no pudieron sobrellevar los cambios en la política oficial aún no volvieron a producir, según informa IES y pudo corroborar El Cronista con fuentes del mercado.
Según publicó El Cronista, a la situación local se suma un contexto internacional complicado.
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Piden juicio político a Beder Herrera por la represión
Repudian la represión en Famatina y exigen el juicio político del gobernador Beder Herrera
Fecha de Publicación: 13/05/2013
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: La Rioja
Dirigentes sociales, sindicales y de una fundación que defiende el medio ambiente rechazan el proyecto de explotación a cielo abierto. El ataque policial se produjo después de que un grupo de militantes del PJ agredió con piedras a los manifestantes. A la ONU.
Organizaciones no gubernamentales y ambientalistas repudiaron ayer la represión que ejerció -el viernes último- la policía de La Rioja contra manifestantes de Famatina que rechazan la minería, mientras una diputada anunció que impulsará el juicio político del gobernador kirchnerista Luis Herrera, a quien acusó de militarizar La Rioja.
La violenta represión que dejó 16 heridos e imputaciones en causas judiciales a algunos pobladores que estuvieron detenidos fue repudiada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que expresó su preocupación por la agresión policial contra asambleístas que se encontraban realizando un reclamo pacífico.
La FARN advirtió que la violencia demuestra "la creciente conflictividad que produce este tipo de proyectos mineros de gran escala y, en particular el Proyecto Famatina, que pretende ser desarrollado por privados y el Gobierno riojano, ignorando y reprimiendo la opinión y expresión de la comunidad".
Los hechos ocurrieron poco después del mediodía en la ciudad ubicada 230 kilómetros al oeste de esta capital provincial, cuando dirigentes del justicialismo local pretendían asumir la conducción partidaria departamental. Ese acto coincidió con una manifestación anunciada por el intendente local, Ismael Bordagaray, para rechazar la presencia del gobernador Luis Beder Herrera, quien de todas maneras no estuvo presente y deslindó responsabilidades por la represión policial.
El acto justicialista se demoró y el gobernador no había llegado, al tiempo que los periodistas denunciaban que para ingresar al pueblo había que mostrar documentación e identificarse. Alrededor de las 15, un grupo prominero agredió a los vecinos que estaban en la plaza, mientras que la policía disparó balas de goma y hubo detenciones.
La prensa local reportó que un contingente policial integrado por unos 300 efectivos, con escudos y armas largas, ocupó la localidad de Famatina para custodiar el acto de asunción de las autoridades "bederistas".
Repudios varios
La Secretaría de Derechos Humanos de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) también repudió la represión y señaló al titular del ejecutivo provincial por los graves resultados de la acción policial.
"Los manifestantes fueron agredidos por un grupo identificado con carteles de la Juventud Peronista, que además realizó destrozos en comercios y viviendas", denunció la referente del gremio que dirige el riojano Rogelio De Leonardis.
El sindicalista reclamó: "que se investigue la complicidad policial en las agresiones de la patota del partido oficialista, contra los integrantes de la Asamblea que se manifestaba contra los planes mineros de la multinacional Osisko y el Gobierno local". La dirigente del MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores) nacional, Vilma Ripoll, se sumó a los repudios con un comunicado en el que señaló: "los K reprimen al heroico pueblo de Famatina que lucha contra la megaminería. Violan los derechos humanos para defender los intereses de la minera Osisko".
Perdió el control
En tanto, la diputada nacional radical Inés Brizuela denunció que Herrera está militarizando La Rioja, porque se le fue de las manos el manejo institucional de su Gobierno.
La parlamentaria explicó que, ante ello, impulsa el juicio político del gobernador que, dijo: "tuvo que militarizar, con miles de policías, un pueblo pacífico para poder entrar a su propio departamento, porque la gente lo declaró persona no grata".
El mandatario, dijo, "llegó muy lejos al ordenarle a su policía que reprima a los vecinos con los que él mismo creció, y esto va a terminar muy mal si sigue provocando al pueblo".
"Hubo decenas de heridos con balas de gomas y gases lacrimógenos", repudió fuertemente la dirigente radical.
"Detuvieron a cinco personas por contravenciones, cuando fue el propio Gobierno el que agredió e hirió, y el lunes seguramente imputará a ciudadanos que sólo están defendiendo la forma en la que quieren vivir", denunció Brizuela.
En ese marco, consideró que Herrera no puede seguir al frente del Gobierno, cuando declara zona liberada para la represión policial, para enfrentar a un pueblo de su propia provincia. (DyN)
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Fecha de Publicación: 13/05/2013
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: La Rioja
Dirigentes sociales, sindicales y de una fundación que defiende el medio ambiente rechazan el proyecto de explotación a cielo abierto. El ataque policial se produjo después de que un grupo de militantes del PJ agredió con piedras a los manifestantes. A la ONU.Organizaciones no gubernamentales y ambientalistas repudiaron ayer la represión que ejerció -el viernes último- la policía de La Rioja contra manifestantes de Famatina que rechazan la minería, mientras una diputada anunció que impulsará el juicio político del gobernador kirchnerista Luis Herrera, a quien acusó de militarizar La Rioja.
La violenta represión que dejó 16 heridos e imputaciones en causas judiciales a algunos pobladores que estuvieron detenidos fue repudiada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que expresó su preocupación por la agresión policial contra asambleístas que se encontraban realizando un reclamo pacífico.
La FARN advirtió que la violencia demuestra "la creciente conflictividad que produce este tipo de proyectos mineros de gran escala y, en particular el Proyecto Famatina, que pretende ser desarrollado por privados y el Gobierno riojano, ignorando y reprimiendo la opinión y expresión de la comunidad".
Los hechos ocurrieron poco después del mediodía en la ciudad ubicada 230 kilómetros al oeste de esta capital provincial, cuando dirigentes del justicialismo local pretendían asumir la conducción partidaria departamental. Ese acto coincidió con una manifestación anunciada por el intendente local, Ismael Bordagaray, para rechazar la presencia del gobernador Luis Beder Herrera, quien de todas maneras no estuvo presente y deslindó responsabilidades por la represión policial.
El acto justicialista se demoró y el gobernador no había llegado, al tiempo que los periodistas denunciaban que para ingresar al pueblo había que mostrar documentación e identificarse. Alrededor de las 15, un grupo prominero agredió a los vecinos que estaban en la plaza, mientras que la policía disparó balas de goma y hubo detenciones.
La prensa local reportó que un contingente policial integrado por unos 300 efectivos, con escudos y armas largas, ocupó la localidad de Famatina para custodiar el acto de asunción de las autoridades "bederistas".
Repudios varios
La Secretaría de Derechos Humanos de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) también repudió la represión y señaló al titular del ejecutivo provincial por los graves resultados de la acción policial.
"Los manifestantes fueron agredidos por un grupo identificado con carteles de la Juventud Peronista, que además realizó destrozos en comercios y viviendas", denunció la referente del gremio que dirige el riojano Rogelio De Leonardis.
El sindicalista reclamó: "que se investigue la complicidad policial en las agresiones de la patota del partido oficialista, contra los integrantes de la Asamblea que se manifestaba contra los planes mineros de la multinacional Osisko y el Gobierno local". La dirigente del MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores) nacional, Vilma Ripoll, se sumó a los repudios con un comunicado en el que señaló: "los K reprimen al heroico pueblo de Famatina que lucha contra la megaminería. Violan los derechos humanos para defender los intereses de la minera Osisko".
Perdió el control
En tanto, la diputada nacional radical Inés Brizuela denunció que Herrera está militarizando La Rioja, porque se le fue de las manos el manejo institucional de su Gobierno.
La parlamentaria explicó que, ante ello, impulsa el juicio político del gobernador que, dijo: "tuvo que militarizar, con miles de policías, un pueblo pacífico para poder entrar a su propio departamento, porque la gente lo declaró persona no grata".
El mandatario, dijo, "llegó muy lejos al ordenarle a su policía que reprima a los vecinos con los que él mismo creció, y esto va a terminar muy mal si sigue provocando al pueblo".
"Hubo decenas de heridos con balas de gomas y gases lacrimógenos", repudió fuertemente la dirigente radical.
"Detuvieron a cinco personas por contravenciones, cuando fue el propio Gobierno el que agredió e hirió, y el lunes seguramente imputará a ciudadanos que sólo están defendiendo la forma en la que quieren vivir", denunció Brizuela.
En ese marco, consideró que Herrera no puede seguir al frente del Gobierno, cuando declara zona liberada para la represión policial, para enfrentar a un pueblo de su propia provincia. (DyN)
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De reserva natural a estadio de fútbol
El Riachuelo, sin reserva protegida
Fecha de Publicación: 13/05/2013
Fuente: Blog Ecológico - La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
Hoy es el día de las reservas naturales. Pero hay poco que celebrar. Hace dos días la cuenca Matanza-Riachuelo acaba de perder 64 has de el único espacio protegido que tenía. Se trata de la Laguna de Rocha, un espacio que los vecinos, tras largos años, habían conseguido la declaración de Reserva Natural del humedal ubicado en Esteban Echeverría.
¿Cuál será el nuevo destino de este espacio? Las hectáreas desafectadas de la categoría Reserva Natural fueron cedidas a los clubes Boca Juniors y Racing Club, que pretenden edificar en esos terrenos.
La reforma, sancionada por el Senado bonaerense a instancias de un proyecto de La Cámpora, protege ambientalmente al espejo de agua pero exceptúa a los terrenos del Estado Nacional. El proyecto había sido enviado desde la Cámara baja, por el diputado José Ottavis, en el que se modifica la ley que declara Reserva Natural a la Laguna de Rocha, exceptuando de esta categoría a 64 hectáreas que fueron cedidas Boca Juniors y a Racing, por una resolución del PEN en el año 2009.
El pliego no fue acompañado por la oposición, que pretendía otras reformas. Además, los vecinos de Esteban Echeverría, unidos en un Colectivo Ecológico que había reclamado largamente por la declaración de Reserva Natural del humedal había pedido de diversas formas que el Senado tuviera en cuenta no aprobar la modificación a la ley y preservara la Laguna.
Por su parte los legisladores del oficialismo argumentaron que los terrenos adjudicados a los clubes no forman parte de la Reserva Natural de Laguna de Rocha, basándose en estudios técnicos de la OPDS y Acumar.
El balance: un nuevo acuerdo político de espaldas a los pedidos y reclamos vecinales.
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Fecha de Publicación: 13/05/2013
Fuente: Blog Ecológico - La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
Hoy es el día de las reservas naturales. Pero hay poco que celebrar. Hace dos días la cuenca Matanza-Riachuelo acaba de perder 64 has de el único espacio protegido que tenía. Se trata de la Laguna de Rocha, un espacio que los vecinos, tras largos años, habían conseguido la declaración de Reserva Natural del humedal ubicado en Esteban Echeverría.¿Cuál será el nuevo destino de este espacio? Las hectáreas desafectadas de la categoría Reserva Natural fueron cedidas a los clubes Boca Juniors y Racing Club, que pretenden edificar en esos terrenos.
La reforma, sancionada por el Senado bonaerense a instancias de un proyecto de La Cámpora, protege ambientalmente al espejo de agua pero exceptúa a los terrenos del Estado Nacional. El proyecto había sido enviado desde la Cámara baja, por el diputado José Ottavis, en el que se modifica la ley que declara Reserva Natural a la Laguna de Rocha, exceptuando de esta categoría a 64 hectáreas que fueron cedidas Boca Juniors y a Racing, por una resolución del PEN en el año 2009.
El pliego no fue acompañado por la oposición, que pretendía otras reformas. Además, los vecinos de Esteban Echeverría, unidos en un Colectivo Ecológico que había reclamado largamente por la declaración de Reserva Natural del humedal había pedido de diversas formas que el Senado tuviera en cuenta no aprobar la modificación a la ley y preservara la Laguna.
Por su parte los legisladores del oficialismo argumentaron que los terrenos adjudicados a los clubes no forman parte de la Reserva Natural de Laguna de Rocha, basándose en estudios técnicos de la OPDS y Acumar.
El balance: un nuevo acuerdo político de espaldas a los pedidos y reclamos vecinales.
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