Pueblos nativos de la Patagonia sin derechos
08:43 | 
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Derechos vulnerados en el Sur
Fecha de Publicación: 23/04/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Patagonia
Una organización que monitorea el estado de los derechos indígenas cuestiona los avances de la industria extractivista y las empresas que despojan territorios ancestrales en el Sur del país. Sólo en Neuquén hay 347 mapuches judicializados por defender su tierra.
Petroleras, mineras y estancieros avanzan sobre pueblos indígenas y lo realizan con la complicidad del Poder Judicial y político. Es una de las conclusiones del Informe 2013 del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi), que analizó casos testigo de la vulneración de derechos humanos y cuantificó la criminalización en Neuquén: 347 mapuches judicializados por defender el territorio. El informe también advierte que el nuevo Código Civil implicará más desalojos y judicialización. “Se siguen perpetrando acciones estatales y privadas más propias de un contexto de colonización que de democracia”, afirma el Observatorio de Derechos Humanos.
El Odhpi publica todos los años su investigación anual. Este año centró su trabajo en Chubut, Río Negro y Neuquén. “En la Patagonia se sigue identificando al despojo territorial como el principal obstáculo para la subsistencia y desarrollo de los pueblos indígenas como pueblos autónomos”, afirma.
“Avanzada de la megaminería” es el título del capítulo sobre Chubut. Y destaca la presencia de la multinacional Pan American Silver en la meseta (centro) de la provincia para extraer plata y plomo. En la zona viven desde hace un siglo comunidades mapuches y tehuelches. El Odhpi recuerda que en Chubut está vigente la ley 5001 (que prohíbe la actividad), pero el gobierno provincial habilita la exploración. Explica que la minera ingresó al territorio de las comunidades, extrajo agua para exploración, prometió mejoras económicas, trasladó un cementerio indígena (junto a técnicos provinciales) y obtuvo el apoyo de las autoridades políticas para avanzar en una actividad prohibida.
“No se conocen otros casos de permisos oficiales para la preparación de actividades prohibidas. Es como si se autorizara a filmar un banco para averiguar sus mecanismos de seguridad porque lo que está prohibido es el robo, no su planificación. Esta aberración exhibe el enorme poder corrosivo institucional de este tipo de empresas”, denuncia el Odhpi.
“Informe de situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en la Patagonia” es el nombre del trabajo y destaca que (con la megaminería) se vulnera el Convenio 169 de la OIT (convenio internacional que tiene rango supralegal), que obliga a la consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas.
De Río Negro describe que la violación de los derechos de las comunidades son “recurrentes” y aclara que no funcionan los canales institucionales que debieran encauzar los reclamos. En cuanto a la aplicación de la ley 26.160 (aprobada en 2006, que debiera frenar las órdenes judiciales de desalojos e insta a un mapeo territorial), se relevaron 64 de las 124 comunidades y, en la actualidad, se encuentra suspendido el equipo técnico que censa las comunidades.
De Neuquén puntualiza que es “particularmente grave” la situación por la avanzada de la frontera hidrocarburífera, especialmente por los llamados hidrocarburos “no convencionales” (con el método de hidrofractura), con la explotación de la formación geológica Vaca Muerta. Explica que el gobierno nacional y el provincial “ya han reconocido que se privilegiará la actividad extractiva por sobre las comunidades. Ninguno ha tomado en cuenta la consulta, ni la participación de las comunidades mapuches”. Señala como antecedente el caso de las comunidades kaxipayiñ y paynemil, que habitan territorios contaminados durante cuatro décadas por YPF y Repsol, en el yacimiento gasífero Loma La Lata.
En Neuquén recién en 2012 se firmó el convenio para la ejecución de la ley 26.160. Y puntualiza que la aplicación “sigue demorada”.
El Odhpi dedica un apartado a la criminalización de la lucha indígena. Entre 2005 y 2012, al menos 347 miembros del pueblo mapuche de Neuquén enfrentaron procesos judiciales por defender el territorio.
El informe, de 97 páginas, analiza los casos de judicialización y concluye: “El Estado protege con esta política represiva y criminalizadora la propiedad privada terrateniente, las empresas extractivas y la especulación inmobiliaria y turística, a costa del respeto de los derechos humanos de los indígenas. Hay una tarea minuciosa y metódica para poner toda su estructura institucional, política y represiva para transgredir las leyes que el mismo Estado ha sancionado”.
El Odhpi precisa, como casos paradigmáticos de jueces que criminalizan a indígenas, a Ivonne San Martín (jueza civil de Zapala) y a Jorge Videla (Villa La Angostura). Detalla numerosos casos de violación de derechos. Entre ellos en la comunidad Quintriqueo (Neuquén), el Lof Prafil-Calfupán (Río Negro) y la comunidad Jacinto Antileo (Chubut).
“Los antiguos atropellos se han convertido hoy en violaciones a los derechos humanos. Hay un sistema articulado que funciona al servicio del despojo y la legalización de la usurpación de las tierras indígenas”, asegura el informe. Micaela Gomiz, secretaria ejecutiva del Odhpi, subrayó que la avanzada sobre los pueblos originarios se debe a “una estructura económica en la Argentina que no ha sido modificada y que es profundizada por los gobiernos que priorizan las ganancias exorbitantes de las empresas extractivas, y defienden la propiedad privada terrateniente por sobre la vida y la autonomía de las comunidades indígenas”. El informe advierte que “lo más grave” es que las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas se producen con “el impulso del gobierno, la inhibición de la Legislatura y el respaldo del Poder Judicial”.
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Fecha de Publicación: 23/04/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Patagonia
Una organización que monitorea el estado de los derechos indígenas cuestiona los avances de la industria extractivista y las empresas que despojan territorios ancestrales en el Sur del país. Sólo en Neuquén hay 347 mapuches judicializados por defender su tierra.Petroleras, mineras y estancieros avanzan sobre pueblos indígenas y lo realizan con la complicidad del Poder Judicial y político. Es una de las conclusiones del Informe 2013 del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi), que analizó casos testigo de la vulneración de derechos humanos y cuantificó la criminalización en Neuquén: 347 mapuches judicializados por defender el territorio. El informe también advierte que el nuevo Código Civil implicará más desalojos y judicialización. “Se siguen perpetrando acciones estatales y privadas más propias de un contexto de colonización que de democracia”, afirma el Observatorio de Derechos Humanos.
El Odhpi publica todos los años su investigación anual. Este año centró su trabajo en Chubut, Río Negro y Neuquén. “En la Patagonia se sigue identificando al despojo territorial como el principal obstáculo para la subsistencia y desarrollo de los pueblos indígenas como pueblos autónomos”, afirma.
“Avanzada de la megaminería” es el título del capítulo sobre Chubut. Y destaca la presencia de la multinacional Pan American Silver en la meseta (centro) de la provincia para extraer plata y plomo. En la zona viven desde hace un siglo comunidades mapuches y tehuelches. El Odhpi recuerda que en Chubut está vigente la ley 5001 (que prohíbe la actividad), pero el gobierno provincial habilita la exploración. Explica que la minera ingresó al territorio de las comunidades, extrajo agua para exploración, prometió mejoras económicas, trasladó un cementerio indígena (junto a técnicos provinciales) y obtuvo el apoyo de las autoridades políticas para avanzar en una actividad prohibida.
“No se conocen otros casos de permisos oficiales para la preparación de actividades prohibidas. Es como si se autorizara a filmar un banco para averiguar sus mecanismos de seguridad porque lo que está prohibido es el robo, no su planificación. Esta aberración exhibe el enorme poder corrosivo institucional de este tipo de empresas”, denuncia el Odhpi.
“Informe de situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en la Patagonia” es el nombre del trabajo y destaca que (con la megaminería) se vulnera el Convenio 169 de la OIT (convenio internacional que tiene rango supralegal), que obliga a la consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas.
De Río Negro describe que la violación de los derechos de las comunidades son “recurrentes” y aclara que no funcionan los canales institucionales que debieran encauzar los reclamos. En cuanto a la aplicación de la ley 26.160 (aprobada en 2006, que debiera frenar las órdenes judiciales de desalojos e insta a un mapeo territorial), se relevaron 64 de las 124 comunidades y, en la actualidad, se encuentra suspendido el equipo técnico que censa las comunidades.
De Neuquén puntualiza que es “particularmente grave” la situación por la avanzada de la frontera hidrocarburífera, especialmente por los llamados hidrocarburos “no convencionales” (con el método de hidrofractura), con la explotación de la formación geológica Vaca Muerta. Explica que el gobierno nacional y el provincial “ya han reconocido que se privilegiará la actividad extractiva por sobre las comunidades. Ninguno ha tomado en cuenta la consulta, ni la participación de las comunidades mapuches”. Señala como antecedente el caso de las comunidades kaxipayiñ y paynemil, que habitan territorios contaminados durante cuatro décadas por YPF y Repsol, en el yacimiento gasífero Loma La Lata.
En Neuquén recién en 2012 se firmó el convenio para la ejecución de la ley 26.160. Y puntualiza que la aplicación “sigue demorada”.
El Odhpi dedica un apartado a la criminalización de la lucha indígena. Entre 2005 y 2012, al menos 347 miembros del pueblo mapuche de Neuquén enfrentaron procesos judiciales por defender el territorio.
El informe, de 97 páginas, analiza los casos de judicialización y concluye: “El Estado protege con esta política represiva y criminalizadora la propiedad privada terrateniente, las empresas extractivas y la especulación inmobiliaria y turística, a costa del respeto de los derechos humanos de los indígenas. Hay una tarea minuciosa y metódica para poner toda su estructura institucional, política y represiva para transgredir las leyes que el mismo Estado ha sancionado”.
El Odhpi precisa, como casos paradigmáticos de jueces que criminalizan a indígenas, a Ivonne San Martín (jueza civil de Zapala) y a Jorge Videla (Villa La Angostura). Detalla numerosos casos de violación de derechos. Entre ellos en la comunidad Quintriqueo (Neuquén), el Lof Prafil-Calfupán (Río Negro) y la comunidad Jacinto Antileo (Chubut).
“Los antiguos atropellos se han convertido hoy en violaciones a los derechos humanos. Hay un sistema articulado que funciona al servicio del despojo y la legalización de la usurpación de las tierras indígenas”, asegura el informe. Micaela Gomiz, secretaria ejecutiva del Odhpi, subrayó que la avanzada sobre los pueblos originarios se debe a “una estructura económica en la Argentina que no ha sido modificada y que es profundizada por los gobiernos que priorizan las ganancias exorbitantes de las empresas extractivas, y defienden la propiedad privada terrateniente por sobre la vida y la autonomía de las comunidades indígenas”. El informe advierte que “lo más grave” es que las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas se producen con “el impulso del gobierno, la inhibición de la Legislatura y el respaldo del Poder Judicial”.
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Zoo de Buenos Aires sigue dando para la polémica
Polémica en el Zoo de Buenos Aires: renunció su director, Claudio Bertonatti
Fecha de Publicación: 22/04/2013
Fuente: Diario Veloz
Provincia/Región: Buenos Aires
La polémica en el Zoo porteño reside, entre otras cosas, en torno a las denuncias por recortes del presupuesto. Paralelamente, su director, el museólogo y conservacionista Claudio Bertonatti renunció.
En una carta, explicó que se va porque perdió "la convicción de que sea posible seguir transformando al viejo Zoológico de Buenos Aires en un moderno centro de educación ambiental y de conservación de fauna". En tanto, el nuevo director, Juan Pablo Guaita, afirmó que continuarán con el plan de manejo elaborado por Bertonatti.
En octubre, el Gobierno porteño subastó al mejor postor la siempre polémica concesión del Zoo por cinco años. Ganó Jardín Zoológico de Buenos Aires S.A., la misma gerenciadora que lo venía explotando. Ofertó un canon mensual de $ 1.010.000. Antes, había presentado un plan de manejo con el lema "Un zoo sin rejas, para educar con los animales y conservar con las personas". Bertonatti había asumido el 16 de enero de 2012, y fue el autor de ese plan. Sin embargo, el 3 de abril dio un paso al costado.
El nuevo director es el abogado Juan Pablo Guaita, que negó que vayan a abandonar el plan de Bertonatti dijo: "Se fue una persona, no una política. Él estaba a cargo de un plan que está escrito y que fue ofrecido a la Municipalidad (sic) junto a nuestra oferta en la subasta. Cumplirlo es nuestra obligación y el equipo de Bertonatti sigue trabajando". Y relativizó: "No hay un recorte de presupuesto. Sí hay es una realidad económica distinta. Armamos un proyecto basados en un flujo de público constante, pero este año hay un 25% menos de visitantes. Estamos asegurando el bienestar de los animales y no se van a restringir un montón de proyectos extras de conservación. Lo que pasa es que la idea era aumentarlos, y eso no se va a poder".
Bertonatti expresó ayer: "El recorte es el gran motivo de mi renuncia. Me convocaron para diseñar un plan de transformación del zoológico. Ponerlo en práctica requiere una inversión, pero me dijeron que no tenían recursos. Yo les respondí que entonces no tenía sentido que me quede".
El ahora ex director propuso transformar al Zoo en un centro de educación ambiental y de conservación de la fauna, con programas para la reproducción y reintroducción en su hábitat de especies autóctonas, como el yaguareté.
"El zoológico no puede ser más sólo un paseo donde se exhiben animales con fin comercial. Su finalidad debe ser contribuir a conservar la naturaleza con acento en la fauna local. Tenés que tener un puñado de especies carismáticas, como jirafas o leones, que tienen poder convocatoria. Pero el desafío es derivar la atención a la fauna argentina, que está en situación crítica. Y que la gente se lleve un mensaje que lo empuje a mejorar su relación con el medio ambiente", explicó.
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Fecha de Publicación: 22/04/2013
Fuente: Diario Veloz
Provincia/Región: Buenos Aires
La polémica en el Zoo porteño reside, entre otras cosas, en torno a las denuncias por recortes del presupuesto. Paralelamente, su director, el museólogo y conservacionista Claudio Bertonatti renunció.En una carta, explicó que se va porque perdió "la convicción de que sea posible seguir transformando al viejo Zoológico de Buenos Aires en un moderno centro de educación ambiental y de conservación de fauna". En tanto, el nuevo director, Juan Pablo Guaita, afirmó que continuarán con el plan de manejo elaborado por Bertonatti.
En octubre, el Gobierno porteño subastó al mejor postor la siempre polémica concesión del Zoo por cinco años. Ganó Jardín Zoológico de Buenos Aires S.A., la misma gerenciadora que lo venía explotando. Ofertó un canon mensual de $ 1.010.000. Antes, había presentado un plan de manejo con el lema "Un zoo sin rejas, para educar con los animales y conservar con las personas". Bertonatti había asumido el 16 de enero de 2012, y fue el autor de ese plan. Sin embargo, el 3 de abril dio un paso al costado.
El nuevo director es el abogado Juan Pablo Guaita, que negó que vayan a abandonar el plan de Bertonatti dijo: "Se fue una persona, no una política. Él estaba a cargo de un plan que está escrito y que fue ofrecido a la Municipalidad (sic) junto a nuestra oferta en la subasta. Cumplirlo es nuestra obligación y el equipo de Bertonatti sigue trabajando". Y relativizó: "No hay un recorte de presupuesto. Sí hay es una realidad económica distinta. Armamos un proyecto basados en un flujo de público constante, pero este año hay un 25% menos de visitantes. Estamos asegurando el bienestar de los animales y no se van a restringir un montón de proyectos extras de conservación. Lo que pasa es que la idea era aumentarlos, y eso no se va a poder".
Bertonatti expresó ayer: "El recorte es el gran motivo de mi renuncia. Me convocaron para diseñar un plan de transformación del zoológico. Ponerlo en práctica requiere una inversión, pero me dijeron que no tenían recursos. Yo les respondí que entonces no tenía sentido que me quede".
El ahora ex director propuso transformar al Zoo en un centro de educación ambiental y de conservación de la fauna, con programas para la reproducción y reintroducción en su hábitat de especies autóctonas, como el yaguareté.
"El zoológico no puede ser más sólo un paseo donde se exhiben animales con fin comercial. Su finalidad debe ser contribuir a conservar la naturaleza con acento en la fauna local. Tenés que tener un puñado de especies carismáticas, como jirafas o leones, que tienen poder convocatoria. Pero el desafío es derivar la atención a la fauna argentina, que está en situación crítica. Y que la gente se lleve un mensaje que lo empuje a mejorar su relación con el medio ambiente", explicó.
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Explotación de potasio como sea
'Con o sin Vale'
Fecha de Publicación: 22/04/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Mendoza - Nacional
El anuncio de la minera Vale de no continuar con su proyecto de explotación de potasio en Mendoza ha sido justificado desde la empresa por problemas de costos y tipo de cambio. Sin embargo, una reasignación de prioridades para compensar las pérdidas a escala global como consecuencia de la caída en la cotización del mineral de hierro parece haber sido la motivación de mayor peso para abandonar el emprendimiento. Hasta aquí, podría pensarse que se trata de un clásico cálculo costo-beneficio por parte del inversor, con criterios de racionalidad económica que, como los de cualquier privado, miden muy poco el impacto social de sus decisiones, pese a que la empresa se comprometa a pagar las indemnizaciones correspondientes y a cancelar las deudas con proveedores. Allí es donde concurre el Estado, en este caso el provincial, para resguardar los puestos de trabajo y asegurar la plena vigencia del proyecto.
La idea de que Potasio Río Colorado continúe “con o sin Vale” abre interrogantes sobre si se piensa en un emprendimiento en asociación con capitales privados, o si será el Estado el que lo ejecute y financie. La propuesta de un Estado gestionando con mayor protagonismo un proyecto de estas características constituye en sí misma toda una novedad, habida cuenta de que el minero es un sector ampliamente dominado por el capital extranjero. Ello explica la creación el año pasado de la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi), pensada para fortalecer el poder de negociación de las provincias y establecer un piso de exigencias de distinta índole frente a las multinacionales del sector. Unificar posturas en cuanto a derechos y obligaciones de los privados resulta muy pertinente en un país donde la Constitución nacional otorga a las provincias “el dominio originario” sobre los recursos naturales en sus territorios. Esta circunstancia limita al Estado nacional para involucrarse en su defensa y control, volviendo necesaria, una vez más, la promoción del debate respecto de las competencias de ambas jurisdicciones (nacional y provincial) derivadas de esa ambigua definición que dejaron los constituyentes del ’94. Una discusión que, al calor de la tendencia verificada a escala global –donde grandes corporaciones económicas avanzan en el control y usufructo de recursos naturales públicos–, invita a repensar la cuestión del federalismo, si por ello lo que se pretende es debilitar al Estado nacional en momentos donde se necesita fortalecerlo.
No abundan en la Argentina muchos casos de empresas públicas provinciales involucradas en el negocio minero. El de mayor recorrido es el de Fomicruz, empresa santacruceña que es socia minoritaria de la sudafricana Anglogold Ashanti, con el 7,5 por ciento de las acciones de Cerro Vanguardia, un yacimiento de oro y cobre que opera en la provincia desde 1998. Como la Ley de Inversiones Mineras exime a las multinacionales del pago de la mayoría de los impuestos nacionales y pone un tope del 3 por ciento a las regalías provinciales, Santa Cruz embolsa más dinero gracias a esa participación que por los tributos que cobra. Por lo tanto, la gran expansión del sector podría asegurar un rápido retorno en divisas de la inversión pública en Mendoza, garantizando la rentabilidad económica del proyecto. Las restricciones, en cambio, parecerían ser más de naturaleza técnica a consecuencia del escaso desarrollo tecnológico nacional en la industria minera, lo que demandará esmerarse en la capacitación de los trabajadores y, a largo plazo, planificar un impulso del sector donde se priorice la generación de mayor valor agregado.
En lo inmediato, el principal desafío de este renovado protagonismo del sector público en la minería será promover una mayor licencia social de la actividad, en tanto dicha expansión económica se ha consolidado a expensas de una conflictividad social ascendente que resiste el auge de esta industria. El extractivismo choca con límites culturales, sociales y ambientales en toda Latinoamérica, tendencia que podría empezar a revertirse con mayor fiscalización pública, donde la justicia económica redistributiva que impondría un reparto más equitativo de la renta minera no descuide aspectos esenciales vinculados a la defensa de la identidad cultural en las zonas donde estos emprendimientos operan
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Fecha de Publicación: 22/04/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Mendoza - Nacional
El anuncio de la minera Vale de no continuar con su proyecto de explotación de potasio en Mendoza ha sido justificado desde la empresa por problemas de costos y tipo de cambio. Sin embargo, una reasignación de prioridades para compensar las pérdidas a escala global como consecuencia de la caída en la cotización del mineral de hierro parece haber sido la motivación de mayor peso para abandonar el emprendimiento. Hasta aquí, podría pensarse que se trata de un clásico cálculo costo-beneficio por parte del inversor, con criterios de racionalidad económica que, como los de cualquier privado, miden muy poco el impacto social de sus decisiones, pese a que la empresa se comprometa a pagar las indemnizaciones correspondientes y a cancelar las deudas con proveedores. Allí es donde concurre el Estado, en este caso el provincial, para resguardar los puestos de trabajo y asegurar la plena vigencia del proyecto.
La idea de que Potasio Río Colorado continúe “con o sin Vale” abre interrogantes sobre si se piensa en un emprendimiento en asociación con capitales privados, o si será el Estado el que lo ejecute y financie. La propuesta de un Estado gestionando con mayor protagonismo un proyecto de estas características constituye en sí misma toda una novedad, habida cuenta de que el minero es un sector ampliamente dominado por el capital extranjero. Ello explica la creación el año pasado de la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi), pensada para fortalecer el poder de negociación de las provincias y establecer un piso de exigencias de distinta índole frente a las multinacionales del sector. Unificar posturas en cuanto a derechos y obligaciones de los privados resulta muy pertinente en un país donde la Constitución nacional otorga a las provincias “el dominio originario” sobre los recursos naturales en sus territorios. Esta circunstancia limita al Estado nacional para involucrarse en su defensa y control, volviendo necesaria, una vez más, la promoción del debate respecto de las competencias de ambas jurisdicciones (nacional y provincial) derivadas de esa ambigua definición que dejaron los constituyentes del ’94. Una discusión que, al calor de la tendencia verificada a escala global –donde grandes corporaciones económicas avanzan en el control y usufructo de recursos naturales públicos–, invita a repensar la cuestión del federalismo, si por ello lo que se pretende es debilitar al Estado nacional en momentos donde se necesita fortalecerlo.
No abundan en la Argentina muchos casos de empresas públicas provinciales involucradas en el negocio minero. El de mayor recorrido es el de Fomicruz, empresa santacruceña que es socia minoritaria de la sudafricana Anglogold Ashanti, con el 7,5 por ciento de las acciones de Cerro Vanguardia, un yacimiento de oro y cobre que opera en la provincia desde 1998. Como la Ley de Inversiones Mineras exime a las multinacionales del pago de la mayoría de los impuestos nacionales y pone un tope del 3 por ciento a las regalías provinciales, Santa Cruz embolsa más dinero gracias a esa participación que por los tributos que cobra. Por lo tanto, la gran expansión del sector podría asegurar un rápido retorno en divisas de la inversión pública en Mendoza, garantizando la rentabilidad económica del proyecto. Las restricciones, en cambio, parecerían ser más de naturaleza técnica a consecuencia del escaso desarrollo tecnológico nacional en la industria minera, lo que demandará esmerarse en la capacitación de los trabajadores y, a largo plazo, planificar un impulso del sector donde se priorice la generación de mayor valor agregado.
En lo inmediato, el principal desafío de este renovado protagonismo del sector público en la minería será promover una mayor licencia social de la actividad, en tanto dicha expansión económica se ha consolidado a expensas de una conflictividad social ascendente que resiste el auge de esta industria. El extractivismo choca con límites culturales, sociales y ambientales en toda Latinoamérica, tendencia que podría empezar a revertirse con mayor fiscalización pública, donde la justicia económica redistributiva que impondría un reparto más equitativo de la renta minera no descuide aspectos esenciales vinculados a la defensa de la identidad cultural en las zonas donde estos emprendimientos operan
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Fuertes críticas a cambio de normativa de agrotóxicos en MDP
Ecologistas rechazan el nuevo proyecto de ordenanza de agroquímicos
Fecha de Publicación: 20/04/2013
Fuente: 0223.com.ar
Provincia/Región: Buenos Aires
El Municipio, tras la fuerte discusión que generó la polémica ordenanza sobre los agroquímicos en el partido de General Pueyrredon, decidió suspender la normativa y conformar un cuerpo de expertos para crear un nuevo proyecto que conformara a las dos partes en disputa: la de los productores agrícolas y la de los vecinos lindantes al cordón frutihortícola y grupos ecologistas.
Pero este consenso no se produjo y una parte no fue invitada producto del "olvido".
"En las primeras reuniones se 'olvidaron de mandar las invitaciones', según se excusaron después y en la última nos avisaron a las 20 horas que a las 8 del día siguiente se reunirían. Nosotros y los vecinos tenemos otras actividades y no nos podemos pedir un franco de manera espontánea", explicó Silvana Buján, titular de la Fundación Bios, a 0223.
Buján dijo estar "absolutamente decepcionada por cómo se manejó la reunión, porque solamente fueron los productores y se desoyeron los consejos de la Universidad sobre la distancia que deben aplicar los agrotóxicos. Nos llama poderosamente la atención", añadió.
La representante de Bios explicó que este proyecto de ordenanza "no es lo que se habló". "Acá se legitima fumigar al vecino. Retrocedimos en cuatro patas. Este proyecto permite aplicar productos a 25 metros de las escuelas o centros de salud y casas. Es incomprensible", dijo ofuscada.
La ecologista sostuvo que "sólo hay un punto positivo, que es el de la barrera forestal y el impulso que se le va a dar a los productos agroecológicos". Pero remarcó que esta nueva ordenanza que quieren promulgar, "está fuera de la ley y el tratamiento de ciertos productos ni siquiera la Organización Mundial de la Salud lo permite", finalizó.
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Fecha de Publicación: 20/04/2013
Fuente: 0223.com.ar
Provincia/Región: Buenos Aires
El Municipio, tras la fuerte discusión que generó la polémica ordenanza sobre los agroquímicos en el partido de General Pueyrredon, decidió suspender la normativa y conformar un cuerpo de expertos para crear un nuevo proyecto que conformara a las dos partes en disputa: la de los productores agrícolas y la de los vecinos lindantes al cordón frutihortícola y grupos ecologistas.Pero este consenso no se produjo y una parte no fue invitada producto del "olvido".
"En las primeras reuniones se 'olvidaron de mandar las invitaciones', según se excusaron después y en la última nos avisaron a las 20 horas que a las 8 del día siguiente se reunirían. Nosotros y los vecinos tenemos otras actividades y no nos podemos pedir un franco de manera espontánea", explicó Silvana Buján, titular de la Fundación Bios, a 0223.
Buján dijo estar "absolutamente decepcionada por cómo se manejó la reunión, porque solamente fueron los productores y se desoyeron los consejos de la Universidad sobre la distancia que deben aplicar los agrotóxicos. Nos llama poderosamente la atención", añadió.
La representante de Bios explicó que este proyecto de ordenanza "no es lo que se habló". "Acá se legitima fumigar al vecino. Retrocedimos en cuatro patas. Este proyecto permite aplicar productos a 25 metros de las escuelas o centros de salud y casas. Es incomprensible", dijo ofuscada.
La ecologista sostuvo que "sólo hay un punto positivo, que es el de la barrera forestal y el impulso que se le va a dar a los productos agroecológicos". Pero remarcó que esta nueva ordenanza que quieren promulgar, "está fuera de la ley y el tratamiento de ciertos productos ni siquiera la Organización Mundial de la Salud lo permite", finalizó.
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Gualeguaychú se movilizan una vez más
Activistas de Gualeguaychú se movilizan una vez más
Fecha de Publicación: 21/04/2013
Fuente: El Espectador
Provincia/Región: Entre Ríos
Convocados por la Asamblea Ambiental Ciudadana, los vecinos marchan al puente internacional General San Martín, que une esa localidad entrerriana con Fray Bentos. Será la novena movilización desde que se desató el conflicto por la instalación de Botnia (hoy UPM).
Como ocurre desde 2005, los organizadores leerán un documento desde el puente, donde reclamarán conocer los resultados del monitoreo ambiental binacional al que se comprometieron los gobiernos de la Argentina y el Uruguay, y que ya desató cortocircuitos diplomáticos ante la dificultad para conocer los resultados de los estudios.
Pero el reclamo se enfocará, además, en la situación de dos asambleístas procesados por una causa iniciada por el gobierno de Cristina Fernández, luego de años en que su esposo y antecesor, Néstor Kichner, apoyara el reclamo.
"No conocemos los resultados del monitoreo, no tenemos respuestas a los reclamos y tenemos dos asambleístas procesados, además de los judicializados", indicó a los medios locales la asambleísta Cristina Limba.
"Gualeguaychú ha logrado mucho con su lucha, no debemos olvidar que Ence se fue por este motivo y que otras pasteras desistieron de instalarse. La palabra Gualeguaychú giró por el mundo entero a raíz de la bandera que levantó la gente y debemos recordarle al mundo que la lucha no terminó", destacó.
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Fecha de Publicación: 21/04/2013
Fuente: El Espectador
Provincia/Región: Entre Ríos
Convocados por la Asamblea Ambiental Ciudadana, los vecinos marchan al puente internacional General San Martín, que une esa localidad entrerriana con Fray Bentos. Será la novena movilización desde que se desató el conflicto por la instalación de Botnia (hoy UPM).Como ocurre desde 2005, los organizadores leerán un documento desde el puente, donde reclamarán conocer los resultados del monitoreo ambiental binacional al que se comprometieron los gobiernos de la Argentina y el Uruguay, y que ya desató cortocircuitos diplomáticos ante la dificultad para conocer los resultados de los estudios.
Pero el reclamo se enfocará, además, en la situación de dos asambleístas procesados por una causa iniciada por el gobierno de Cristina Fernández, luego de años en que su esposo y antecesor, Néstor Kichner, apoyara el reclamo.
"No conocemos los resultados del monitoreo, no tenemos respuestas a los reclamos y tenemos dos asambleístas procesados, además de los judicializados", indicó a los medios locales la asambleísta Cristina Limba.
"Gualeguaychú ha logrado mucho con su lucha, no debemos olvidar que Ence se fue por este motivo y que otras pasteras desistieron de instalarse. La palabra Gualeguaychú giró por el mundo entero a raíz de la bandera que levantó la gente y debemos recordarle al mundo que la lucha no terminó", destacó.
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Chubut tendrá un generación eólica de 2.000 Megavatios
La generación eólica de Chubut será de 2.000 Megavatios
Fecha de Publicación: 21/04/2013
Fuente: El Extremo Sur
Provincia/Región: Chubut
La generación eólica en la provincia será de unos 2 mil megavatios, así lo confirmó el Subsecretario de Servicios Públicos, Gerardo Couto al sostener que es una industria que se está desarrollando ya que el sector empresarial está realizando tareas de montaje, obras civiles, logística y se están proveyendo las auto partes de los molinos eólicos.
La idea es poner en valor el desarrollo de la energía eólica en la provincia ver los detalles de los futuros parques, hay futuros emprendimiento en la zona de Malaspina con un grado de avance importante y la idea es recorrer la zona, “estamos trabajando para que los distintos desarrollo las empresas tengan su parte de crecimiento”.
Al ser consultado sobre el desarrollo de los parques eolicos, dijo que en este momento está construido el parque de Rawson 1 y 2, en construcción Isolux Corson en Loma Blanca 4, esta por iniciar Loma Blanca 2, lo de Malaespina, y hay posibilidad de avanzar por Vientos de la Patagonia empresa conformada por Enarsa y la provincia para hacer desarrollo en la zona sur, “la inversión de lo que está construido y lo próximo a proyectarse estamos hablando de 2 mil megavatios de energía para el futuro de la provincia”.
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Fecha de Publicación: 21/04/2013
Fuente: El Extremo Sur
Provincia/Región: Chubut
La generación eólica en la provincia será de unos 2 mil megavatios, así lo confirmó el Subsecretario de Servicios Públicos, Gerardo Couto al sostener que es una industria que se está desarrollando ya que el sector empresarial está realizando tareas de montaje, obras civiles, logística y se están proveyendo las auto partes de los molinos eólicos.La idea es poner en valor el desarrollo de la energía eólica en la provincia ver los detalles de los futuros parques, hay futuros emprendimiento en la zona de Malaspina con un grado de avance importante y la idea es recorrer la zona, “estamos trabajando para que los distintos desarrollo las empresas tengan su parte de crecimiento”.
Al ser consultado sobre el desarrollo de los parques eolicos, dijo que en este momento está construido el parque de Rawson 1 y 2, en construcción Isolux Corson en Loma Blanca 4, esta por iniciar Loma Blanca 2, lo de Malaespina, y hay posibilidad de avanzar por Vientos de la Patagonia empresa conformada por Enarsa y la provincia para hacer desarrollo en la zona sur, “la inversión de lo que está construido y lo próximo a proyectarse estamos hablando de 2 mil megavatios de energía para el futuro de la provincia”.
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Asamblea Extraordinaria del COFEMA por los bosques
Capitanich encabezó el cierre de la Asamblea Extraordinaria del Consejo Federal de Medio Ambiente
Fecha de Publicación: 20/04/2013
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco - Nacional
El gobernador Jorge Capitanich participó del cierre de la Asamblea Extraordinaria del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), que con la presencia de más de 50 técnicos de 21 provincias argentinas se reunió para avanzar en la aplicación efectiva de la Ley de Bosques nativos y en un procedimiento que garantice una mejor distribución de fondos de 2013.
En el salón Casablanca del Hotel Amerian, el mandatario provincial brindó detalles de los avances cualitativos que se dieron en la provincia en los últimos cinco años y bregó por la concreción de una agenda ambiental unificada. “En el Chaco, estamos trabajando en un proyecto de ley de un Código Ambiental que nos permita coordinar acciones para mejorar en diversos aspectos, como el tratamiento de los residuos sólidos urbanos”, manifestó.
El mandatario instó a trabajar en una agenda ambiental coordinada que incluya el desarrollo de un mecanismo de sustitución de bosques no maderables por maderables de alta productividad, la aplicación de biotecnología y herramientas para aumentar la productividad y rentabilidad a través de la cadena de valor. “Debemos avanzar en tecnologías asociadas a procesos que mejoren la productividad y el rendimiento de la actividad forestal, así como la industrialización para crear cadena de valor”, señaló el gobernador.
“Apuntamos a la preservación de bosques nativos, pero también es bueno pensar que esos bosques pueden tener mayor productividad, mayor rendimiento, mejor calidad de uso, mayor factor multiplicador del empleo, entre otros ítems”, agregó.
Presentes
Del acto participaron también el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Juan José Mussi, el ministro de Producción Enrique Orban, los subsecretarios Ariel López (Coordinación de Políticas Ambientales), Miguel Brunswig (Recursos Naturales), María Elina Serrano (Ambiente y Desarrollo Sustentable). Además estuvieron la presidenta y la vicepresidenta del COMEFA, Laura Juárez y Daiana Hissa, respectivamente y funcionarios y técnicos nacionales y provinciales.
Análisis y debate de la jornada
Creada hace 24 años, la COFEMA, es un organismo que coordina la elaboración de la política ambiental entre jurisdicciones provinciales. La asamblea extraordinaria comenzó este miércoles en Resistencia con el tratamiento de temas como el Plan Forestal Nacional, la coordinación del Sistema Federal de Áreas Protegidos (SIFAP), y el análisis de resultados del Taller de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos realizado hace pocas semanas en Buenos Aires.
En la jornada de este jueves, se debatió sobre diversas propuestas para optimizar la aplicación de la Ley de Bosques Nativos (Nº 26.331) y la distribución del Fondo 2013, entre las provincias que cuentan con bosques nativos. En ese sentido, se especificaron la definición de plazos, reserva del 10 por ciento y redistribución de saldos.
Uno de los puntos fuertes de la reunión fue el análisis de los fondos destinados al control de bosques nativos y su distribución. El organismo, es considerado el ámbito para formular una política ambiental integral, así como estrategias y programas de gestión, tanto en lo preventivo como en lo correctivo en materia de política ambiental.
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Fecha de Publicación: 20/04/2013
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco - Nacional
El gobernador Jorge Capitanich participó del cierre de la Asamblea Extraordinaria del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), que con la presencia de más de 50 técnicos de 21 provincias argentinas se reunió para avanzar en la aplicación efectiva de la Ley de Bosques nativos y en un procedimiento que garantice una mejor distribución de fondos de 2013.En el salón Casablanca del Hotel Amerian, el mandatario provincial brindó detalles de los avances cualitativos que se dieron en la provincia en los últimos cinco años y bregó por la concreción de una agenda ambiental unificada. “En el Chaco, estamos trabajando en un proyecto de ley de un Código Ambiental que nos permita coordinar acciones para mejorar en diversos aspectos, como el tratamiento de los residuos sólidos urbanos”, manifestó.
El mandatario instó a trabajar en una agenda ambiental coordinada que incluya el desarrollo de un mecanismo de sustitución de bosques no maderables por maderables de alta productividad, la aplicación de biotecnología y herramientas para aumentar la productividad y rentabilidad a través de la cadena de valor. “Debemos avanzar en tecnologías asociadas a procesos que mejoren la productividad y el rendimiento de la actividad forestal, así como la industrialización para crear cadena de valor”, señaló el gobernador.
“Apuntamos a la preservación de bosques nativos, pero también es bueno pensar que esos bosques pueden tener mayor productividad, mayor rendimiento, mejor calidad de uso, mayor factor multiplicador del empleo, entre otros ítems”, agregó.
Presentes
Del acto participaron también el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Juan José Mussi, el ministro de Producción Enrique Orban, los subsecretarios Ariel López (Coordinación de Políticas Ambientales), Miguel Brunswig (Recursos Naturales), María Elina Serrano (Ambiente y Desarrollo Sustentable). Además estuvieron la presidenta y la vicepresidenta del COMEFA, Laura Juárez y Daiana Hissa, respectivamente y funcionarios y técnicos nacionales y provinciales.
Análisis y debate de la jornada
Creada hace 24 años, la COFEMA, es un organismo que coordina la elaboración de la política ambiental entre jurisdicciones provinciales. La asamblea extraordinaria comenzó este miércoles en Resistencia con el tratamiento de temas como el Plan Forestal Nacional, la coordinación del Sistema Federal de Áreas Protegidos (SIFAP), y el análisis de resultados del Taller de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos realizado hace pocas semanas en Buenos Aires.
En la jornada de este jueves, se debatió sobre diversas propuestas para optimizar la aplicación de la Ley de Bosques Nativos (Nº 26.331) y la distribución del Fondo 2013, entre las provincias que cuentan con bosques nativos. En ese sentido, se especificaron la definición de plazos, reserva del 10 por ciento y redistribución de saldos.
Uno de los puntos fuertes de la reunión fue el análisis de los fondos destinados al control de bosques nativos y su distribución. El organismo, es considerado el ámbito para formular una política ambiental integral, así como estrategias y programas de gestión, tanto en lo preventivo como en lo correctivo en materia de política ambiental.
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UNCuyo cultivará microalgas para biocombustibles
La UNCuyo tendrá su primera planta de cultivo de microalgas para fabricar biocombustibles
Fecha de Publicación: 19/04/2013
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
Este viernes a las 11 será la presentación formal de esta nueva etapa, que ya lleva años de investigación. El proyecto contará con una inversión de 3 millones y medio de pesos.
La UNCuyo informó este jueves que su proyecto de cultivo de microalgas para la fabricación de biocombustibles a gran escala contará con una planta piloto. La presentación formal del proyecto será este viernes a las 11 en la oficina de la Fundación de la Universidad (FUNC), en el primer piso del rectorado.
La inversión será de 3,5 millones de pesos y serán aportados por la Fundación y por la empresa Energy Traders SA.
"El piloto permitirá ensayar, a escala industrial, todos los procesos que hacen a esta tecnología; que ya han sido desarrollados por emprendedores de la Universidad Nacional de Cuyo a partir de dos laboratorios que operan, desde hace cuatro años, en el Espacio de la Ciencia y la Tecnología (ECT) de esa Universidad", explica un comunicado de esa casa de altos estudios.
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Fecha de Publicación: 19/04/2013
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
Este viernes a las 11 será la presentación formal de esta nueva etapa, que ya lleva años de investigación. El proyecto contará con una inversión de 3 millones y medio de pesos.La UNCuyo informó este jueves que su proyecto de cultivo de microalgas para la fabricación de biocombustibles a gran escala contará con una planta piloto. La presentación formal del proyecto será este viernes a las 11 en la oficina de la Fundación de la Universidad (FUNC), en el primer piso del rectorado.
La inversión será de 3,5 millones de pesos y serán aportados por la Fundación y por la empresa Energy Traders SA.
"El piloto permitirá ensayar, a escala industrial, todos los procesos que hacen a esta tecnología; que ya han sido desarrollados por emprendedores de la Universidad Nacional de Cuyo a partir de dos laboratorios que operan, desde hace cuatro años, en el Espacio de la Ciencia y la Tecnología (ECT) de esa Universidad", explica un comunicado de esa casa de altos estudios.
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Riachuelo: OPDS con intensos operativos de control
Entre los meses de enero y marzo se labraron 1214 infracciones y se clausuraron 124 establecimientos
Fecha de Publicación: 19/04/2013
Fuente: OPDS
Provincia/Región: Buenos Aires
El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) a través de la Dirección de Fiscalización Ambiental y de las diferentes Unidades de Respuestas Rápidas (URR), está llevando a cabo en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires intensos operativos de control a Empresas, Industrias, Lavaderos Industriales y Establecimientos Pecuarios con el objetivo de velar por el efectivo cumplimiento de la normativa ambiental vigente.
Entre los meses de enero y marzo del corriente año, agentes de la Dirección de Controladores Ambientales y de las nueve URR, distribuidas en toda la provincia, inspeccionaron más de 1500 empresas y establecimientos en operativos que se realizaron en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires.
Las diferentes intervenciones arrojaron como resultado la clausura de 124 establecimientos de variados rubros productivos y de servicios, como así también 1214 infracciones a la normativa ambiental vigente.
Las faltas más comunes constatadas por los distintos departamentos de control y fiscalización se inscriben en: riesgo por daño ambiental inminente, ausencia de Certificado de Aptitud Ambiental, falta de ensayo en los aparatos sometidos a presión (Calderas, matafuegos, extinguidores, autoclaves, etc.), vertidos de efluentes líquidos y constatación de residuos especiales sin tratamiento.
“Profundizamos día a día nuestra presencia en todo el territorio provincial controlando que las empresas e industrias cumplan con las leyes y resoluciones que velan por el cuidado del ambiente”, destacó el Director Ejecutivo del OPDS, Hugo Bilbao.
El titular de la cartera ambiental sostuvo que “dentro del marco de la agenda ambiental, el gobernador Daniel Scioli nos pide ser implacables en las tareas de fiscalización industrial, que permiten cuidar el medio ambiente, porque en el contexto de un país en crecimiento tenemos el deber de buscar un equilibrio entre producción y ambiente sano”.
Por último indicó que “además de fiscalizar, nuestra tarea es trabajar con todos los sectores y concientizar a la sociedad para terminar con la falsa antinomia de industria versus ambiente”.
Cabe aclarar que dichas inspecciones se realizan tanto de oficio por parte del organismo, como a través de denuncias de particulares o de la intervención administrativa a partir del seguimiento de expedientes.
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Fecha de Publicación: 19/04/2013
Fuente: OPDS
Provincia/Región: Buenos Aires
El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) a través de la Dirección de Fiscalización Ambiental y de las diferentes Unidades de Respuestas Rápidas (URR), está llevando a cabo en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires intensos operativos de control a Empresas, Industrias, Lavaderos Industriales y Establecimientos Pecuarios con el objetivo de velar por el efectivo cumplimiento de la normativa ambiental vigente.
Entre los meses de enero y marzo del corriente año, agentes de la Dirección de Controladores Ambientales y de las nueve URR, distribuidas en toda la provincia, inspeccionaron más de 1500 empresas y establecimientos en operativos que se realizaron en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires.
Las diferentes intervenciones arrojaron como resultado la clausura de 124 establecimientos de variados rubros productivos y de servicios, como así también 1214 infracciones a la normativa ambiental vigente.
Las faltas más comunes constatadas por los distintos departamentos de control y fiscalización se inscriben en: riesgo por daño ambiental inminente, ausencia de Certificado de Aptitud Ambiental, falta de ensayo en los aparatos sometidos a presión (Calderas, matafuegos, extinguidores, autoclaves, etc.), vertidos de efluentes líquidos y constatación de residuos especiales sin tratamiento.
“Profundizamos día a día nuestra presencia en todo el territorio provincial controlando que las empresas e industrias cumplan con las leyes y resoluciones que velan por el cuidado del ambiente”, destacó el Director Ejecutivo del OPDS, Hugo Bilbao.
El titular de la cartera ambiental sostuvo que “dentro del marco de la agenda ambiental, el gobernador Daniel Scioli nos pide ser implacables en las tareas de fiscalización industrial, que permiten cuidar el medio ambiente, porque en el contexto de un país en crecimiento tenemos el deber de buscar un equilibrio entre producción y ambiente sano”.
Por último indicó que “además de fiscalizar, nuestra tarea es trabajar con todos los sectores y concientizar a la sociedad para terminar con la falsa antinomia de industria versus ambiente”.
Cabe aclarar que dichas inspecciones se realizan tanto de oficio por parte del organismo, como a través de denuncias de particulares o de la intervención administrativa a partir del seguimiento de expedientes.
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Derrames petroleros en el Colorado en la mira de COIRCO
Parlamento Patagónico pide una investigación de los derrames petroleros en el Colorado
Fecha de Publicación: 18/04/2013
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: Patagonia
La comisión de Recursos Naturales, Turismo y Medio Ambiente del Parlamento pidió el COIRCO que invetigue los efectos de los derrames petroleros. Fue durante la reunión del organismo que sesionó en Neuquén.
La recomendación de los legisladores patagónicos es “reclamar la urgente investigación ante el Comité Ejecutivo del Coirco respecto de los efectos producidos por la reiteración de derrames de petróleo y aguas contaminadas con hidrocarburos en la Zona de Rincón de los Sauces, Catriel y 25 de Mayo, perteneciente a la Cuenca del Río Colorado”.
La Comisión de Recursos Naturales, Turismo y Medio Ambiente del Parlamento Patagónico unificó dos iniciativas presentadas por las provincias de La Pampa y de Río Negro entendiendo que dicha situación pone en peligro la potabilidad del agua del río, y su uso para riego de cultivos, cría de animales, fauna ictícola y principalmente para el consumo humano, de la zona y toda su extensión aguas abajo.
También apunta la recomendación para que las provincias que integran el Parlamento ‘adopten todas las medidas de control que crean necesarias a fin de evitar que el río Colorado se siga degradando e inutilizando‘.
Por unanimidad
También fueron aprobados por unanimidad en las respectivas comisiones otros proyectos que la provincia de La Pampa presentó en el seno del Parlamento Patagónico, entre los que se encuentra la recomendación para que las provincias del sur argentino generen acciones necesarias para lograr en cada una de las mismas y el ámbito del ministerio que crea corresponder, la formación de un ‘servicio de contención y asesoramiento a familiares de víctimas por muertes violentas‘.
También se trató el proyecto para que en cada provincia patagónica se generen acciones necesarias para lograr en cada una de ellas la utilización, promoción, difusión y desarrollo de la instancia de mediación, como método no adversarial de resolución de conflictos en los ámbitos extrajudicial, escolar y judicial, en concordancia con los objetivos y principios plasmados en la ley de Mediación Integral de la provincia de La Pampa.
Por último se trató en comisión el proyecto para que se concreten en los estados provinciales patagónicos la concreta implementación y funcionamiento -con los recursos presupuestarios correspondientes-de la figura del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, instituido por los artículos 47 a 64 de la ley nacional 26.061.
Fecha de Publicación: 18/04/2013
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: Patagonia
La comisión de Recursos Naturales, Turismo y Medio Ambiente del Parlamento pidió el COIRCO que invetigue los efectos de los derrames petroleros. Fue durante la reunión del organismo que sesionó en Neuquén.La recomendación de los legisladores patagónicos es “reclamar la urgente investigación ante el Comité Ejecutivo del Coirco respecto de los efectos producidos por la reiteración de derrames de petróleo y aguas contaminadas con hidrocarburos en la Zona de Rincón de los Sauces, Catriel y 25 de Mayo, perteneciente a la Cuenca del Río Colorado”.
La Comisión de Recursos Naturales, Turismo y Medio Ambiente del Parlamento Patagónico unificó dos iniciativas presentadas por las provincias de La Pampa y de Río Negro entendiendo que dicha situación pone en peligro la potabilidad del agua del río, y su uso para riego de cultivos, cría de animales, fauna ictícola y principalmente para el consumo humano, de la zona y toda su extensión aguas abajo.
También apunta la recomendación para que las provincias que integran el Parlamento ‘adopten todas las medidas de control que crean necesarias a fin de evitar que el río Colorado se siga degradando e inutilizando‘.
Por unanimidad
También fueron aprobados por unanimidad en las respectivas comisiones otros proyectos que la provincia de La Pampa presentó en el seno del Parlamento Patagónico, entre los que se encuentra la recomendación para que las provincias del sur argentino generen acciones necesarias para lograr en cada una de las mismas y el ámbito del ministerio que crea corresponder, la formación de un ‘servicio de contención y asesoramiento a familiares de víctimas por muertes violentas‘.
También se trató el proyecto para que en cada provincia patagónica se generen acciones necesarias para lograr en cada una de ellas la utilización, promoción, difusión y desarrollo de la instancia de mediación, como método no adversarial de resolución de conflictos en los ámbitos extrajudicial, escolar y judicial, en concordancia con los objetivos y principios plasmados en la ley de Mediación Integral de la provincia de La Pampa.
Por último se trató en comisión el proyecto para que se concreten en los estados provinciales patagónicos la concreta implementación y funcionamiento -con los recursos presupuestarios correspondientes-de la figura del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, instituido por los artículos 47 a 64 de la ley nacional 26.061.
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A fin de mayo sacarán el PCB cerda de la escuela
A fin de mayo realizarán descontaminación de transformadores
Fecha de Publicación: 18/04/2013
Fuente: ANB
Provincia/Región: Río Negro
Así lo informó la CEB. Este jueves se realizaron tareas rutinarias en la Usina que la cooperativa posee en Puerto Moreno, lo que generó intranquilidad en la comunidad educativa de la Escuela 44. Pero no hubo trabajos sobre los transformadores con PCB. Comenzará la toma de muestras para determinar qué hay en los tambores también depositados.
La descontaminación de los transformadores con PCB que la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) almacena en un galpón de Puerto Moreno, se iniciará recién el 29 de mayo. Así lo informó la entidad, a partir de datos aportados por la empresa Kioshi, que tendrá a su cargo la tarea de "limpieza" del material contaminante.
Los trabajos se concretarán en un horario que no "afecte la actividad escolar", se señaló.
Precisamente este jueves, la comunidad educativa de la Escuela 44 y el Jardín 68 se vieron intranquilas debido al movimiento de operarios en la usina que la CEB posee en la zona.
Según informó la entidad, se trató de "tareas normales en la Usina Puerto Moreno, vinculadas a ensayos y maniobras previas para llevar a cabo el service (sic) de los transformadores grandes que fueron programados hace unos seis meses atrás y que se llevarán a cabo mañana viernes y por cinco días en Estación Transformadora de Ñireco, Cipresales y Puerto Moreno".
"Estas tareas de mantenimiento de los cinco transformadores deben realizarse antes del invierno y el servicio ya está contratado", detalló la CEB.
Los trabajos "nada tienen que ver con los 11 transformadores alojados en depósito especial, por estar contaminados en bajas dosis con PCB", apuntó la Cooperativa a través de un comunicado.
En ese galpón, "el personal de la CEB cumplió con tareas de rotulado, según requerimiento específico de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Rio Negro, para la señalización de cada uno de los tambores, como exige dicha normativa". Este viernes se concretará la toma de muestras "para caracterizar el aceite depositado en tambores, conforme a lo exigido" por Medio Ambiente provincial. (ANB)
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Fecha de Publicación: 18/04/2013
Fuente: ANB
Provincia/Región: Río Negro
Así lo informó la CEB. Este jueves se realizaron tareas rutinarias en la Usina que la cooperativa posee en Puerto Moreno, lo que generó intranquilidad en la comunidad educativa de la Escuela 44. Pero no hubo trabajos sobre los transformadores con PCB. Comenzará la toma de muestras para determinar qué hay en los tambores también depositados.
La descontaminación de los transformadores con PCB que la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) almacena en un galpón de Puerto Moreno, se iniciará recién el 29 de mayo. Así lo informó la entidad, a partir de datos aportados por la empresa Kioshi, que tendrá a su cargo la tarea de "limpieza" del material contaminante.
Los trabajos se concretarán en un horario que no "afecte la actividad escolar", se señaló.
Precisamente este jueves, la comunidad educativa de la Escuela 44 y el Jardín 68 se vieron intranquilas debido al movimiento de operarios en la usina que la CEB posee en la zona.
Según informó la entidad, se trató de "tareas normales en la Usina Puerto Moreno, vinculadas a ensayos y maniobras previas para llevar a cabo el service (sic) de los transformadores grandes que fueron programados hace unos seis meses atrás y que se llevarán a cabo mañana viernes y por cinco días en Estación Transformadora de Ñireco, Cipresales y Puerto Moreno".
"Estas tareas de mantenimiento de los cinco transformadores deben realizarse antes del invierno y el servicio ya está contratado", detalló la CEB.
Los trabajos "nada tienen que ver con los 11 transformadores alojados en depósito especial, por estar contaminados en bajas dosis con PCB", apuntó la Cooperativa a través de un comunicado.
En ese galpón, "el personal de la CEB cumplió con tareas de rotulado, según requerimiento específico de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Rio Negro, para la señalización de cada uno de los tambores, como exige dicha normativa". Este viernes se concretará la toma de muestras "para caracterizar el aceite depositado en tambores, conforme a lo exigido" por Medio Ambiente provincial. (ANB)
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Piden acelerar el inventario de glaciares
Piden acelerar el inventario de glaciares
Fecha de Publicación: 18/04/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn) urgió hoy a las autoridades a acelerar el inventario de los glaciares del país para poder garantizar así su cuidado y preservación.
"Consideramos muy importante que se implemente la Ley de Glaciares y para ello debe completarse el inventario que se está realizando", explicó a Efe el vocero de Farn, Federico Sangalli.
Sangalli señaló que de entrar en vigor la ley de Glaciares, algunos proyectos mineros deberían revisarse, entre ellos el que lleva adelante la multinacional canadiense Barrick Gold en Pascua Lama, en la frontera argentino-chilena.
La "Ley de Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial", aprobada en 2010 tras un fuerte debate parlamentario, restringe la actividad minera en la zona de glaciares de la frontera argentina con Chile, que se extiende por unos 5.000 kilómetros.
Firmas del sector minero acudieron a la Justicia para frenar la aplicación de la norma en la provincia de San Juan, donde se encuentra, ente otros, el proyecto Pascua Lama.
Pero en julio de 2012 la Corte Suprema de Justicia de Argentina revocó todas las acciones cautelares que frenaban la aplicación de la ley de protección a los glaciares, que, entre otros puntos, ordena al Gobierno a realizar un inventario de todas las áreas alcanzadas por la norma.
En 2008, la presidenta argentina, Cristina Fernández, había vetado una ley de protección de glaciares aprobada por ambas cámaras del Parlamento alegando que su puesta en práctica podría traer consecuencias negativas para la economía de las provincias mineras.
Pese a las demoras en la realización del inventario de glaciares, Sangalli reconoció algunos avances en materia ambiental logrados en los últimos años en Argentina, como la aprobación de una ley de protección de bosques y la propia de glaciares, pero apuntó que aún estas normas no se han implementado "y es un proceso lento porque hay intereses muy fuertes detrás".
"Sigue habiendo desmonte, pero a un ritmo más lento. Aún así, en las provincias del norte hay una gran conflictividad vinculada a la tierra", señaló.
"Preguntamos a partidos políticos y todos coincidieron en que el gran reto para los próximos años es implementar leyes existentes, que, además de las ya citadas, incluye la de tratamiento de residuos, cambio climático y ordenamiento del territorio", añadió.
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Fecha de Publicación: 18/04/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn) urgió hoy a las autoridades a acelerar el inventario de los glaciares del país para poder garantizar así su cuidado y preservación."Consideramos muy importante que se implemente la Ley de Glaciares y para ello debe completarse el inventario que se está realizando", explicó a Efe el vocero de Farn, Federico Sangalli.
Sangalli señaló que de entrar en vigor la ley de Glaciares, algunos proyectos mineros deberían revisarse, entre ellos el que lleva adelante la multinacional canadiense Barrick Gold en Pascua Lama, en la frontera argentino-chilena.
La "Ley de Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial", aprobada en 2010 tras un fuerte debate parlamentario, restringe la actividad minera en la zona de glaciares de la frontera argentina con Chile, que se extiende por unos 5.000 kilómetros.
Firmas del sector minero acudieron a la Justicia para frenar la aplicación de la norma en la provincia de San Juan, donde se encuentra, ente otros, el proyecto Pascua Lama.
Pero en julio de 2012 la Corte Suprema de Justicia de Argentina revocó todas las acciones cautelares que frenaban la aplicación de la ley de protección a los glaciares, que, entre otros puntos, ordena al Gobierno a realizar un inventario de todas las áreas alcanzadas por la norma.
En 2008, la presidenta argentina, Cristina Fernández, había vetado una ley de protección de glaciares aprobada por ambas cámaras del Parlamento alegando que su puesta en práctica podría traer consecuencias negativas para la economía de las provincias mineras.
Pese a las demoras en la realización del inventario de glaciares, Sangalli reconoció algunos avances en materia ambiental logrados en los últimos años en Argentina, como la aprobación de una ley de protección de bosques y la propia de glaciares, pero apuntó que aún estas normas no se han implementado "y es un proceso lento porque hay intereses muy fuertes detrás".
"Sigue habiendo desmonte, pero a un ritmo más lento. Aún así, en las provincias del norte hay una gran conflictividad vinculada a la tierra", señaló.
"Preguntamos a partidos políticos y todos coincidieron en que el gran reto para los próximos años es implementar leyes existentes, que, además de las ya citadas, incluye la de tratamiento de residuos, cambio climático y ordenamiento del territorio", añadió.
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Piden informes por contaminación de hidrocarburos
Reclaman informes por derrames y contaminación en Río Negro
Fecha de Publicación: 17/04/2013
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
El bloque legislativo del radicalismo reclamó explicaciones al Poder Ejecutivo rionegrino sobre derrames hidrocarburíferos y contaminación de napas acuíferas en el río Colorado y la entrega de permisos mineros con ausencia de informes de impacto ambiental.
Sobre el incidente en la reserva de Puesto Hernández exigió un detalle por empresa y por yacimiento de los escurrimientos menores, y mayores denunciados por las operadoras en la provincia de Río Negro desde enero del año pasado. La nota dirigida a las secretarías de Hidrocarburo y Medio Ambiente pide copias de las inspecciones realizadas para constatar la información recibida así como también las actuaciones administrativas realizadas tendientes determinar responsabilidades y sanciones, y particularmente remediar los daños ocasionados. El planteo hace referencia a la necesidad de informes sobre cuáles han sido las medidas preventivas adoptadas en respuesta a la situación denunciada, destinadas a garantizar la salud de la población ribereña del río Colorado y se han cursado notificaciones a avisos a las autoridades del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco).
Asimismo, pidió datos sobre acciones de remediación ambiental.
En cuanto al escurrimiento a napas de Catriel, solicitaron copias de inspecciones a yacimientos de todo el año pasado, y de las empresas que no presentaron el plan de monitoreo obras y tareas del 2012. La preocupación está centrada en el yacimiento Medianera.
En un tercer tema preocupante, indicaron la necesidad de información para determinar si efectivamente se otorgaron derechos mineros sin la correspondiente aprobación ambiental, considerando que este tipo de avales según la legislación vigente debe ser previa al inicio de actividades.
La bancada pone como ejemplo de esclarecimiento de todos los casos mencionados, un dato acerca de inspecciones realizadas a canteras de bentonita ubicadas en la zona del lago Pellegrini.
Por otra parte, solicitó la entrega de un listado de emprendimientos mineros en esta capital y San Antonio Oeste.
La reiteración del reclamo está vinculada con la insatisfacción sobre la información original brindada por el ente minero de la provincia.
Los legisladores aprovechan la oportunidad para dar una interpretación acerca de los primeros detalles, considerando que es un "hecho gravísimo" la concesión de permisos mineros sin atender el artículo 251 del Código Minero en el que se menciona que deben adelantarse estudios antes de proceder al otorgamiento.
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Fecha de Publicación: 17/04/2013
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
El bloque legislativo del radicalismo reclamó explicaciones al Poder Ejecutivo rionegrino sobre derrames hidrocarburíferos y contaminación de napas acuíferas en el río Colorado y la entrega de permisos mineros con ausencia de informes de impacto ambiental.
Sobre el incidente en la reserva de Puesto Hernández exigió un detalle por empresa y por yacimiento de los escurrimientos menores, y mayores denunciados por las operadoras en la provincia de Río Negro desde enero del año pasado. La nota dirigida a las secretarías de Hidrocarburo y Medio Ambiente pide copias de las inspecciones realizadas para constatar la información recibida así como también las actuaciones administrativas realizadas tendientes determinar responsabilidades y sanciones, y particularmente remediar los daños ocasionados. El planteo hace referencia a la necesidad de informes sobre cuáles han sido las medidas preventivas adoptadas en respuesta a la situación denunciada, destinadas a garantizar la salud de la población ribereña del río Colorado y se han cursado notificaciones a avisos a las autoridades del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco).
Asimismo, pidió datos sobre acciones de remediación ambiental.
En cuanto al escurrimiento a napas de Catriel, solicitaron copias de inspecciones a yacimientos de todo el año pasado, y de las empresas que no presentaron el plan de monitoreo obras y tareas del 2012. La preocupación está centrada en el yacimiento Medianera.
En un tercer tema preocupante, indicaron la necesidad de información para determinar si efectivamente se otorgaron derechos mineros sin la correspondiente aprobación ambiental, considerando que este tipo de avales según la legislación vigente debe ser previa al inicio de actividades.
La bancada pone como ejemplo de esclarecimiento de todos los casos mencionados, un dato acerca de inspecciones realizadas a canteras de bentonita ubicadas en la zona del lago Pellegrini.
Por otra parte, solicitó la entrega de un listado de emprendimientos mineros en esta capital y San Antonio Oeste.
La reiteración del reclamo está vinculada con la insatisfacción sobre la información original brindada por el ente minero de la provincia.
Los legisladores aprovechan la oportunidad para dar una interpretación acerca de los primeros detalles, considerando que es un "hecho gravísimo" la concesión de permisos mineros sin atender el artículo 251 del Código Minero en el que se menciona que deben adelantarse estudios antes de proceder al otorgamiento.
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Sigue el desmonte en Salta avalado por su gobierno
Convocan a un desmonte de casi cuatro mil hectáreas en Rivadavia
Fecha de Publicación: 17/04/2013
Fuente: Que Pasa Salta
Provincia/Región: Salta
Desde el Ministerio de Ambiente se convocó a una audiencia pública para disponer el desmonte de casi cuatro mil hectáreas para una habilitación total de 6969 hectáreas en el departamento Rivadavia.
Así surge de un aviso administrativo publicado ayer en el Boletín Oficial en el cual se indica que la audiencia será el próximo 26 de abril a pedido de Pedro Luis Cignetti, Jorge Ricardo Cignetti, Héctor Boccolini, Guillermo Sona, y Adriana Sona, quienes pidieron el cambio de uso de suelo en las tierras de Rivadavia a fin de desarrollar la ganadería.
Según sostiene el aviso administrativo, "el proyecto se ejecutará en dos módulos productivos a realizarse el desmonte y desparejado de 2.696,3925 hectáreas, en la primera etapa, y 1.217,3506 hectáreas netas durante la segunda etapa, de una habilitación total de 6.969,4623 hectáreas, quedando supeditada la habilitación de los módulos de control, monitoreo y aprobación por parte de la Secretaría de Ambiente, de un informe circunstanciado a cargo del proponente".
La audiencia será en el salón Britos de J.V. González, en Anta. Los interesados pueden conocer el expediente en la Secretaría de Ambiente, Santiago del Estero 2245 de 8 a 14. En la Municipalidad de J.V. González, de 7 a 13. Aquellos que quieran presentarse como parte, deben volcar las pruebas en la Secretaría de Ambiente (en Salta Capital), hasta el 24 de abril.
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Fecha de Publicación: 17/04/2013
Fuente: Que Pasa Salta
Provincia/Región: Salta
Desde el Ministerio de Ambiente se convocó a una audiencia pública para disponer el desmonte de casi cuatro mil hectáreas para una habilitación total de 6969 hectáreas en el departamento Rivadavia.Así surge de un aviso administrativo publicado ayer en el Boletín Oficial en el cual se indica que la audiencia será el próximo 26 de abril a pedido de Pedro Luis Cignetti, Jorge Ricardo Cignetti, Héctor Boccolini, Guillermo Sona, y Adriana Sona, quienes pidieron el cambio de uso de suelo en las tierras de Rivadavia a fin de desarrollar la ganadería.
Según sostiene el aviso administrativo, "el proyecto se ejecutará en dos módulos productivos a realizarse el desmonte y desparejado de 2.696,3925 hectáreas, en la primera etapa, y 1.217,3506 hectáreas netas durante la segunda etapa, de una habilitación total de 6.969,4623 hectáreas, quedando supeditada la habilitación de los módulos de control, monitoreo y aprobación por parte de la Secretaría de Ambiente, de un informe circunstanciado a cargo del proponente".
La audiencia será en el salón Britos de J.V. González, en Anta. Los interesados pueden conocer el expediente en la Secretaría de Ambiente, Santiago del Estero 2245 de 8 a 14. En la Municipalidad de J.V. González, de 7 a 13. Aquellos que quieran presentarse como parte, deben volcar las pruebas en la Secretaría de Ambiente (en Salta Capital), hasta el 24 de abril.
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SENASA "reclasificó" los agrotóxicos
Los plaguicidas usados en el país fueron reclasificados por SENASA
Fecha de Publicación: 17/04/2013
Fuente: Eco2Site
Provincia/Región: Nacional
Los plaguicidas usados en la Argentina fueron recientemente reclasificados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (resolución 302/2012), de acuerdo con lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, según sea su toxicidad aguda oral y dermal.
Cada plaguicida tiene una toxicidad aguda que se mide por su dosis letal media (DL50), que expresa en miligramos por kg/ratas, la cantidad del plaguicida que causa la muerte del 50%.
Un plaguicida clase IV usado frecuentemente, puede significar más riesgo para la salud y el ambiente que uno de clase I usado una sola vez, dice el Ing. Guillermo March, profesional asociado Inta-Ciap, docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Se produce intoxicación aguda cuando ocurrida la penetración del plaguicida al organismo (vía oral, dérmica, inhalatoria) se manifiesta de manera inmediata y hasta las 24 horas. Por lo tanto, cuanto menor es la DL50 mayor es la toxicidad aguda del plaguicida.
La mayoría de los plaguicidas agrícolas vendidos en Argentina pertenecen a los grupos III y IV, o sea los menos peligrosos en cuanto a intoxicaciones agudas, dice March.
Observar el color de la banda en la parte inferior de la etiqueta del envase, y atender a los pictogramas y leyendas que informan sobre los cuidados a tener en cuenta es de importancia vital al momento de su uso.
No obstante, al analizar de manera integral la toxicidad de los plaguicidas, el nivel de peligro que indica esta clasificación es uno de los vértices de un sistema que trasciende la realización de un tratamiento.
A diferencia del peligro, que implica un efecto prácticamente inmediato (intoxicación aguda), los riesgos del uso de plaguicidas comprenden efectos negativos a mediano y largo plazo. "Como estos efectos sobre la salud y el ambiente no son inmediatos –son intangibles en el momento de los tratamientos–, no dimensionamos el alcance del riesgo de usar los plaguicidas. Sólo nos preocupa el peligro", dice March en una nota publicada en La Voz del Interior.
Al aplicar frecuentemente un plaguicida se puede producir un efecto gradual/acumulativo en el organismo humano y el ambiente, cuyos resultados pueden ser enfermedades (efectos diferidos, toxicidad crónica) y degradación ambiental a mediano y largo plazo.
Una cosa es el peligro en el momento de los tratamientos (especialmente para el trabajador rural), y otra la valoración del riesgo social y ambiental que resultará de la suma de los tratamientos durante el cultivo.
Evaluar el impacto social y ambiental de los plaguicidas a través de indicadores de riesgo, implica utilizar una herramienta cuantitativa para contribuir al manejo sustentable de nuestra agricultura.
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Fecha de Publicación: 17/04/2013
Fuente: Eco2Site
Provincia/Región: Nacional
Los plaguicidas usados en la Argentina fueron recientemente reclasificados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (resolución 302/2012), de acuerdo con lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, según sea su toxicidad aguda oral y dermal.
Cada plaguicida tiene una toxicidad aguda que se mide por su dosis letal media (DL50), que expresa en miligramos por kg/ratas, la cantidad del plaguicida que causa la muerte del 50%.
Un plaguicida clase IV usado frecuentemente, puede significar más riesgo para la salud y el ambiente que uno de clase I usado una sola vez, dice el Ing. Guillermo March, profesional asociado Inta-Ciap, docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Se produce intoxicación aguda cuando ocurrida la penetración del plaguicida al organismo (vía oral, dérmica, inhalatoria) se manifiesta de manera inmediata y hasta las 24 horas. Por lo tanto, cuanto menor es la DL50 mayor es la toxicidad aguda del plaguicida.
La mayoría de los plaguicidas agrícolas vendidos en Argentina pertenecen a los grupos III y IV, o sea los menos peligrosos en cuanto a intoxicaciones agudas, dice March.
Observar el color de la banda en la parte inferior de la etiqueta del envase, y atender a los pictogramas y leyendas que informan sobre los cuidados a tener en cuenta es de importancia vital al momento de su uso.
No obstante, al analizar de manera integral la toxicidad de los plaguicidas, el nivel de peligro que indica esta clasificación es uno de los vértices de un sistema que trasciende la realización de un tratamiento.
A diferencia del peligro, que implica un efecto prácticamente inmediato (intoxicación aguda), los riesgos del uso de plaguicidas comprenden efectos negativos a mediano y largo plazo. "Como estos efectos sobre la salud y el ambiente no son inmediatos –son intangibles en el momento de los tratamientos–, no dimensionamos el alcance del riesgo de usar los plaguicidas. Sólo nos preocupa el peligro", dice March en una nota publicada en La Voz del Interior.
Al aplicar frecuentemente un plaguicida se puede producir un efecto gradual/acumulativo en el organismo humano y el ambiente, cuyos resultados pueden ser enfermedades (efectos diferidos, toxicidad crónica) y degradación ambiental a mediano y largo plazo.
Una cosa es el peligro en el momento de los tratamientos (especialmente para el trabajador rural), y otra la valoración del riesgo social y ambiental que resultará de la suma de los tratamientos durante el cultivo.
Evaluar el impacto social y ambiental de los plaguicidas a través de indicadores de riesgo, implica utilizar una herramienta cuantitativa para contribuir al manejo sustentable de nuestra agricultura.
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