No descartan volver a La Haya por Botnia
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Resurge la polémica por el monitoreo de Botnia
Fecha de Publicación: 25/02/2013
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Nacional
El senador nacional kirchnerista Pedro Guillermo Guastavino no descartó la posibilidad de que la Argentina vuelva a la Corte Internacional de Justicia de La Haya al acusar al gobierno uruguayo de "entorpecer" la difusión de información sobre el monitoreo realizado en la planta pastera Botnia-UPM, ubicada sobre el compartido río Uruguay. "Los científicos uruguayos entorpecen la publicación de información", dijo el entrerriano.
Y, advirtió que "vamos a demostrar que la pastera contamina", al hablar sobre la actividad de la planta industrial de la finlandesa Botnia-UPM que desde noviembre de 2007 funciona en la localidad uruguaya de Fray Bentos, frente a la ciudad entrerriana de Gualeguaychú. "En mi opinión y si siguen entorpeciendo, vamos a volver a La Haya para demostrar la mala fe con la que está actuando el Uruguay", dijo ante una consulta periodística. En igual sentido, la directora de Medio Ambiente de Gualeguaychú, Noelia Indart, señaló que "es lamentable pero nunca recibimos los resultados de los controles a Botnia". En estos días volvieron las críticas de integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú, luego de que el miércoles denunciaran un episodio de fuerte olor a azufre, que atribuyeron al funcionamiento de la polémica pastera.
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Fecha de Publicación: 25/02/2013
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Nacional
El senador nacional kirchnerista Pedro Guillermo Guastavino no descartó la posibilidad de que la Argentina vuelva a la Corte Internacional de Justicia de La Haya al acusar al gobierno uruguayo de "entorpecer" la difusión de información sobre el monitoreo realizado en la planta pastera Botnia-UPM, ubicada sobre el compartido río Uruguay. "Los científicos uruguayos entorpecen la publicación de información", dijo el entrerriano.
Y, advirtió que "vamos a demostrar que la pastera contamina", al hablar sobre la actividad de la planta industrial de la finlandesa Botnia-UPM que desde noviembre de 2007 funciona en la localidad uruguaya de Fray Bentos, frente a la ciudad entrerriana de Gualeguaychú. "En mi opinión y si siguen entorpeciendo, vamos a volver a La Haya para demostrar la mala fe con la que está actuando el Uruguay", dijo ante una consulta periodística. En igual sentido, la directora de Medio Ambiente de Gualeguaychú, Noelia Indart, señaló que "es lamentable pero nunca recibimos los resultados de los controles a Botnia". En estos días volvieron las críticas de integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú, luego de que el miércoles denunciaran un episodio de fuerte olor a azufre, que atribuyeron al funcionamiento de la polémica pastera.
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El proyecto Nueva Costa del Plata fue frenado
La Justicia ordenó detener el proyecto Nueva Costa del Plata
Fecha de Publicación: 24/02/2013
Fuente: InfoRegión
Provincia/Región: Buenos Aires
La Cámara de Apelaciones de La Plata ordenó a una empresa que forma parte del Grupo Techint suspender por 30 días las obras iniciadas en la ribera de Quilmes-Avellaneda. Así, la Justicia hizo lugar al pedido de vecinos nucleados en la asamblea ambientalista. Desde la Secretaría de Política Ambiental de Avellaneda habían manifestado "sorpresa" por el freno.
La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata hizo lugar a una medida cautelar impulsada por la Asamblea "No a la entrega de la Costa Quilmes-Avellaneda" y ordenó a una empresa que forma parte del Grupo Techint suspender por 30 días las obras iniciadas en el bosque ribereño Quilmes-Avellaneda, correspondientes al emprendimiento inmobiliario denominado “Nueva Costa del Plata”. La decisión judicial cuenta con la firma de Julio Reboredo y Leopoldo Schiffrin.
En diálogo con Info Región, el abogado que llevó a cabo la presentación, Leandro Giannini, explicó que “la causa -iniciada en enero- es una demanda que busca la protección y recomposición ambiental en los bosques ribereños que, en definitiva, busca detener las obras de Nueva Costa del Plata y colocar el bosque ribereño en el estado que estaba antes de que se inicien los desmontes”.
Además, Giannini expuso que “el plazo (de 30 días) es prorrogable en tanto se mantenga el estado de situación actual” y contó que los demandados son el Municipio de Avellaneda, la empresa Nuevo Milenio –del grupo Techint- y la provincia de Buenos Aires. El abogado valoró que “este proyecto sobre un bosque nativo que no debería jamás haber sido aprobado y mucho menos iniciada su ejecución”.
Por su parte, Néstor Saracho –uno de los integrantes de “No a la entrega de la Costa”- destacó que “la ordenanza (de Avellaneda) que rezonificó el área en 2008 va contra la Ley Nacional de Bosques, sancionada en 2007” por lo cual “la selva de Avellaneda y Quilmes tiene que estar protegida hasta que resuelva la Provincia (su adecuación a dicha normativa)”
En ese sentido, el secretario de la Asociación Civil Ambiente Sur e ingeniero forestal experto en Recursos Naturales, Jorge Trevin, destacó que “en la actualidad los proyectos de ley provincial se encuentran en Labor Parlamentario” y adelantó que en los “trabajos preliminares” se referencia a la zona ribereña “de color rojo”, lo que significa el mayor grado de protección previsto por la Ley de Bosques.
Por su parte, la ambientalista y vecina de la zona Nieves Baldaccini destacó que “este trabajo por la defensa del bosque nativo y humedales se viene realizando desde el 13 de marzo del 2008, cuando se anunció el emprendimiento inmobiliario” e indicó que en ese momento los vecinos organizados comenzaron a “preguntar a especialistas que pasaría si dicho emprendimiento se realizaba en ese lugar”.
Para justificar tantos años de reclamos, explicó: “La respuesta fue que si se eleva la costa a 5,50 metros de altura se destruye el humedal y deja de cumplir el servicio ambiental que genera el mismo y el bosque nativo”.
La Municipalidad de Avellaneda expresó esta semana su sorpresa por la decisión judicial de suspender por 30 días las obras de construcción del complejo urbanístico conocido como Nueva Costa del Plata. El secretario de Política Ambiental de Avellaneda, Humberto Borsani, había defendido la tarea realizada por Techint y expresó su confianza en que pronto se levantará la restricción.
“Esto es una sorpresa para mí, porque el juez de Primera Instancia no le había dado lugar”, había expresado el funcionario en diálogo con Info Región, aunque planteó que “por ahí la Cámara hace las cosas bien, se toma 30 días, analiza la posición de las ONG, analiza la posición de la empresa y esto sigue”.
“Pasa lo que dice la Presidenta (Cristina Fernández de Kirchner), la Justicia hace lo que quiere cuando quiere”, había disparado Borsani enojado, antes de afirmar que en lo que hace a “Medio Ambiente de Avellaneda, está todo bien hecho”. “El intendente (Jorge Ferraresi) y yo hemos charlado mucho del tema. El estudio de impacto ambiental que hizo Techint son 13 tomos, es un estudio perfecto y el reclamo no tiene sentido”, insistió en esa ocasión.
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Fecha de Publicación: 24/02/2013
Fuente: InfoRegión
Provincia/Región: Buenos Aires
La Cámara de Apelaciones de La Plata ordenó a una empresa que forma parte del Grupo Techint suspender por 30 días las obras iniciadas en la ribera de Quilmes-Avellaneda. Así, la Justicia hizo lugar al pedido de vecinos nucleados en la asamblea ambientalista. Desde la Secretaría de Política Ambiental de Avellaneda habían manifestado "sorpresa" por el freno.La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata hizo lugar a una medida cautelar impulsada por la Asamblea "No a la entrega de la Costa Quilmes-Avellaneda" y ordenó a una empresa que forma parte del Grupo Techint suspender por 30 días las obras iniciadas en el bosque ribereño Quilmes-Avellaneda, correspondientes al emprendimiento inmobiliario denominado “Nueva Costa del Plata”. La decisión judicial cuenta con la firma de Julio Reboredo y Leopoldo Schiffrin.
En diálogo con Info Región, el abogado que llevó a cabo la presentación, Leandro Giannini, explicó que “la causa -iniciada en enero- es una demanda que busca la protección y recomposición ambiental en los bosques ribereños que, en definitiva, busca detener las obras de Nueva Costa del Plata y colocar el bosque ribereño en el estado que estaba antes de que se inicien los desmontes”.
Además, Giannini expuso que “el plazo (de 30 días) es prorrogable en tanto se mantenga el estado de situación actual” y contó que los demandados son el Municipio de Avellaneda, la empresa Nuevo Milenio –del grupo Techint- y la provincia de Buenos Aires. El abogado valoró que “este proyecto sobre un bosque nativo que no debería jamás haber sido aprobado y mucho menos iniciada su ejecución”.
Por su parte, Néstor Saracho –uno de los integrantes de “No a la entrega de la Costa”- destacó que “la ordenanza (de Avellaneda) que rezonificó el área en 2008 va contra la Ley Nacional de Bosques, sancionada en 2007” por lo cual “la selva de Avellaneda y Quilmes tiene que estar protegida hasta que resuelva la Provincia (su adecuación a dicha normativa)”
En ese sentido, el secretario de la Asociación Civil Ambiente Sur e ingeniero forestal experto en Recursos Naturales, Jorge Trevin, destacó que “en la actualidad los proyectos de ley provincial se encuentran en Labor Parlamentario” y adelantó que en los “trabajos preliminares” se referencia a la zona ribereña “de color rojo”, lo que significa el mayor grado de protección previsto por la Ley de Bosques.
Por su parte, la ambientalista y vecina de la zona Nieves Baldaccini destacó que “este trabajo por la defensa del bosque nativo y humedales se viene realizando desde el 13 de marzo del 2008, cuando se anunció el emprendimiento inmobiliario” e indicó que en ese momento los vecinos organizados comenzaron a “preguntar a especialistas que pasaría si dicho emprendimiento se realizaba en ese lugar”.
Para justificar tantos años de reclamos, explicó: “La respuesta fue que si se eleva la costa a 5,50 metros de altura se destruye el humedal y deja de cumplir el servicio ambiental que genera el mismo y el bosque nativo”.
La Municipalidad de Avellaneda expresó esta semana su sorpresa por la decisión judicial de suspender por 30 días las obras de construcción del complejo urbanístico conocido como Nueva Costa del Plata. El secretario de Política Ambiental de Avellaneda, Humberto Borsani, había defendido la tarea realizada por Techint y expresó su confianza en que pronto se levantará la restricción.
“Esto es una sorpresa para mí, porque el juez de Primera Instancia no le había dado lugar”, había expresado el funcionario en diálogo con Info Región, aunque planteó que “por ahí la Cámara hace las cosas bien, se toma 30 días, analiza la posición de las ONG, analiza la posición de la empresa y esto sigue”.
“Pasa lo que dice la Presidenta (Cristina Fernández de Kirchner), la Justicia hace lo que quiere cuando quiere”, había disparado Borsani enojado, antes de afirmar que en lo que hace a “Medio Ambiente de Avellaneda, está todo bien hecho”. “El intendente (Jorge Ferraresi) y yo hemos charlado mucho del tema. El estudio de impacto ambiental que hizo Techint son 13 tomos, es un estudio perfecto y el reclamo no tiene sentido”, insistió en esa ocasión.
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Salí-Dulce: denunciarán penalmente a Montalván
Denuncian penalmente a Montalván por la contaminación de la cuenca Salí-Dulce
Fecha de Publicación: 24/02/2013
Fuente: El Siglo
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Por el supuesto delito de encubrimiento e infracción a la Ley general de ambiente, el Secretario de Medio Ambiente de la Provincia, Alfredo Montalván, fue denunciado ante la fiscalía federal N° 2, del Ministerio Público de la Nación.
La presentación, fue llevada a cabo por el legislador radical Ariel García en torno a las situaciones dadas por los vuelcos de vinaza en los canales que contaminan a los ríos afluentes de la cuenca de la región.
Además, se dejó constancia que la acusación será ampliada en contra de los responsables que surgieren de la sustanciación y demás medidas preliminares que se practiquen en la investigación penal por la contaminación generada en la localidad santiagueña de El Palomar, departamento Jiménez, provincia de Santiago del Estero, hechos estos producidos, de acuerdo al parlamentario, por el ingenio La Florida que, hace aproximadamente un mes, arrojó más de 80 millones de litros de desecho puro a través del canal interprovincial del Este.
La presentación en los estrados judiciales refiere que Montalván resulta autor penalmente responsable del delito de encubrimiento (Art. 277 del Cod Penal), y coautor (participe no necesario Art. 46 del Cod Penal) del delito de infracción a la ley 24051 Ley de Residuos Peligrosos.
"Desde el inicio de su función pública no se vislumbra cambios en las políticas de estado de su incumbencia que respondan en forma positiva a los numerosos reclamos administrativos, judiciales y manifestaciones públicas realizadas por la sociedad, en repudio a las continuas violaciones a la legislación ambiental por parte de empresas públicas, privadas y gestiones de gobierno", recalcó García.
Asimismo, el radical remarcó que "en la Justicia Federal están radicadas sendas denuncias e investigaciones de oficio sobre delitos ambientales ocasionados por los ingenios tucumanos que arrojan desechos industriales sin ningún reparo violando toda la legislación local, nacional e internacional que rige la materia".
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Fecha de Publicación: 24/02/2013
Fuente: El Siglo
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Por el supuesto delito de encubrimiento e infracción a la Ley general de ambiente, el Secretario de Medio Ambiente de la Provincia, Alfredo Montalván, fue denunciado ante la fiscalía federal N° 2, del Ministerio Público de la Nación.La presentación, fue llevada a cabo por el legislador radical Ariel García en torno a las situaciones dadas por los vuelcos de vinaza en los canales que contaminan a los ríos afluentes de la cuenca de la región.
Además, se dejó constancia que la acusación será ampliada en contra de los responsables que surgieren de la sustanciación y demás medidas preliminares que se practiquen en la investigación penal por la contaminación generada en la localidad santiagueña de El Palomar, departamento Jiménez, provincia de Santiago del Estero, hechos estos producidos, de acuerdo al parlamentario, por el ingenio La Florida que, hace aproximadamente un mes, arrojó más de 80 millones de litros de desecho puro a través del canal interprovincial del Este.
La presentación en los estrados judiciales refiere que Montalván resulta autor penalmente responsable del delito de encubrimiento (Art. 277 del Cod Penal), y coautor (participe no necesario Art. 46 del Cod Penal) del delito de infracción a la ley 24051 Ley de Residuos Peligrosos.
"Desde el inicio de su función pública no se vislumbra cambios en las políticas de estado de su incumbencia que respondan en forma positiva a los numerosos reclamos administrativos, judiciales y manifestaciones públicas realizadas por la sociedad, en repudio a las continuas violaciones a la legislación ambiental por parte de empresas públicas, privadas y gestiones de gobierno", recalcó García.
Asimismo, el radical remarcó que "en la Justicia Federal están radicadas sendas denuncias e investigaciones de oficio sobre delitos ambientales ocasionados por los ingenios tucumanos que arrojan desechos industriales sin ningún reparo violando toda la legislación local, nacional e internacional que rige la materia".
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Rechazan amparo de mapuches por fracking
Rechazaron el amparo presentado por los mapuches por el pozo no convencional
Fecha de Publicación: 23/02/2013
Fuente: El Diario de Madryn
Provincia/Región: Chubut
Según informó la abogada Silvia de los Santos el recurso de amparo presentado en previsión de posibles impactos a partir de la actividad del pozo exploratorio que comenzó a perforar YPF en El Trébol “se declaró improcedente”. Según anticipó en Actualidad 2.0 que la decisión será “apelada” y añadió que “dos días antes de la audiencia pública para informarnos sobre la evaluación de impacto, ya se había autorizado el inicio de tareas para perforar el pozo”. Además, según manifestó la abogada, la posibilidad del rechazo ya era contemplada y aseguró que sirve para apelar hacia una jurisdicción superior.
“La acción de amparo la presentó un mapuche, a quien yo patrocino y tenía por objeto cuatro cosas: proteger los derechos individuales y colectivos indígenas, el derecho a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental legal, proteger el derecho al patrimonio arqueológico y proteger el derecho humano al agua”. La presentación la realizó Marcelo Pintihueque, en representación de los pueblos originarios de la provincia.
“Toda obra o proyecto que vaya a tener un impacto negativo del ambiente tiene que tener una evaluación de impacto ambiental previo al inicio de la obra. El procedimiento en Chubut está reglado por el decreto 185 del año 2009. Lo que argumentamos es que no se siguieron esos pasos, tal es así que en febrero nos enteramos de que el 14 de noviembre de 2012, dos días antes de la audiencia pública para informarnos sobre la evaluación de impacto, ya se había autorizado el inicio de tareas para perforar el pozo”. El principal pedido que hacen los amparistas es que se respete el artículo 169 de la OIT que pide a los Estados que consulten a las comunidades originarias sobre el desarrollo de proyectos productivos de gran envergadura.
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Fecha de Publicación: 23/02/2013
Fuente: El Diario de Madryn
Provincia/Región: Chubut
Según informó la abogada Silvia de los Santos el recurso de amparo presentado en previsión de posibles impactos a partir de la actividad del pozo exploratorio que comenzó a perforar YPF en El Trébol “se declaró improcedente”. Según anticipó en Actualidad 2.0 que la decisión será “apelada” y añadió que “dos días antes de la audiencia pública para informarnos sobre la evaluación de impacto, ya se había autorizado el inicio de tareas para perforar el pozo”. Además, según manifestó la abogada, la posibilidad del rechazo ya era contemplada y aseguró que sirve para apelar hacia una jurisdicción superior.
“La acción de amparo la presentó un mapuche, a quien yo patrocino y tenía por objeto cuatro cosas: proteger los derechos individuales y colectivos indígenas, el derecho a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental legal, proteger el derecho al patrimonio arqueológico y proteger el derecho humano al agua”. La presentación la realizó Marcelo Pintihueque, en representación de los pueblos originarios de la provincia.
“Toda obra o proyecto que vaya a tener un impacto negativo del ambiente tiene que tener una evaluación de impacto ambiental previo al inicio de la obra. El procedimiento en Chubut está reglado por el decreto 185 del año 2009. Lo que argumentamos es que no se siguieron esos pasos, tal es así que en febrero nos enteramos de que el 14 de noviembre de 2012, dos días antes de la audiencia pública para informarnos sobre la evaluación de impacto, ya se había autorizado el inicio de tareas para perforar el pozo”. El principal pedido que hacen los amparistas es que se respete el artículo 169 de la OIT que pide a los Estados que consulten a las comunidades originarias sobre el desarrollo de proyectos productivos de gran envergadura.
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En Salta lanzan proyectos sobre bosques nativos
Proyectos sobre bosques nativos
Fecha de Publicación: 23/02/2013
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
La recepción de proyectos de conservación y enriquecimiento de bosques nativos se recibirán hasta el 28 de febrero. Los formularios deben ser presentados en la Secretaría de Ambiente, Santiago del Estero 2.245, block B, de la ciudad Capital.
La financiación se hace a través de un fondo para la conservación de bosques nativos que destina la Nación a las provincias. El 70% de estos fondos se destina a titulares de tierras con superficie boscosa, sean públicos o privados, de acuerdo a la categoría de conservación. Se trata de un aporte no reintegrable y genera al titular el compromiso de realizar y mantener un plan de manejo y conservación de los bosques nativos que deberá ser aprobado por las autoridades de cada jurisdicción.
Entre otros, los principales beneficios que los bosques nativos brindan a la sociedad son: regulación hídrica, conservación de la biodiversidad, conservación del suelo y de calidad del agua, belleza del paisaje y defensa de la identidad cultural.
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Fecha de Publicación: 23/02/2013
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
La recepción de proyectos de conservación y enriquecimiento de bosques nativos se recibirán hasta el 28 de febrero. Los formularios deben ser presentados en la Secretaría de Ambiente, Santiago del Estero 2.245, block B, de la ciudad Capital.
La financiación se hace a través de un fondo para la conservación de bosques nativos que destina la Nación a las provincias. El 70% de estos fondos se destina a titulares de tierras con superficie boscosa, sean públicos o privados, de acuerdo a la categoría de conservación. Se trata de un aporte no reintegrable y genera al titular el compromiso de realizar y mantener un plan de manejo y conservación de los bosques nativos que deberá ser aprobado por las autoridades de cada jurisdicción.
Entre otros, los principales beneficios que los bosques nativos brindan a la sociedad son: regulación hídrica, conservación de la biodiversidad, conservación del suelo y de calidad del agua, belleza del paisaje y defensa de la identidad cultural.
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Empresarios tucumanos a indagatoria
Empresarios tucumanos serán indagados en los primeros días de marzo por el juez Molinari
Fecha de Publicación: 22/02/2013
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Importantes industriales de la vecina provincia son investigados por el grave daño ocasionado al ecosistema del lago de Río Hondo. Por el vertido de vinaza y otros desechos deberán rendir cuentas en los estrados judiciales federales de la provincia.
Importantes industriales de la vecina provincia de Tucumán, serán indagados por el juez federal Guillermo Molinari, a raíz de la contaminación que se produjo en el lago Río Hondo y que tiempo atrás generó un grave daño en el ecosistema.
Según anticiparon a EL LIBERAL fuentes judiciales, estas medidas se cumplirán en los primeros días de marzo. Las indagatorias se darán en el marco de la investigación que lleva adelante el magistrado federal por el expediente Nº 4166/09 y acumulados, caratulado autos: “Denuncia de Luis Saleme sobre envenenamiento de aguas y daño en el lago contra autores desconocidos”.
Planteos
Como se recordará, el juez federal había previsto realizar las indagatorias hacia fines del año pasado. Entonces se conoció que el juez federal Nº 2 de Tucumán, Fernando Poviña, se había declarado competente, por lo cual el planteo de incompetencia pasó a la Cámara Federal de Tucumán. Mientras, el magistrado santiagueño siguió adelante con la tarea investigativa que en los últimos tiempos recopiló importante prueba documental y de pericias tomadas en la cuenca Salí-Dulce.
Según señalaron las fuentes, las indagatorias habían sido libradas hace dos semanas en contra de los señalados como presuntos responsables de infringir la ley de Residuos Peligrosos.
El Palomar
Por otra parte, trascendió que el juez federal Molinari reiteró un oficio a Gendarmería para que remita el resultado de las pruebas realizadas en El Palomar, y que habían sido solicitadas por el fiscal federal Pedro Simón, en la causa iniciada contra los responsables del ingenio La Florida, por los vuelcos de millones de litros de vinaza en la localidad santiagueña del departamento Jiménez. Por esta denuncia, el fiscal Simón había solicitado que se impute al dueño del ingenio, el empresario Jorge Rocchia Ferro, y al gerente responsable de la planta, por los delitos previstos en la ley 24.051 (Residuos Peligrosos), ya que no solo contaminaron el ambiente en territorio santiagueño, sino que pusieron en riesgo a las 300 personas que viven en el pequeño poblado. Como se recordará, desde noviembre de 2012 hasta enero pasado, la planta industrial protagonizó cuatro derrames que originó el alarma en la localidad y la intervención de las autoridades santiagueñas, denuncia penal incluida.
Además, los responsables del ingenio desobedecieron una disposición emanada del Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán que le prohibía usar canales públicos de riego como lugar de almacenamiento o medio de transporte de vinaza o cualquier otro residuo industrial.
Por estos hechos, la Secretaría de Medio Ambiente aplicó dos multas por $ 700 mil a la firma.
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Fecha de Publicación: 22/02/2013
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Importantes industriales de la vecina provincia son investigados por el grave daño ocasionado al ecosistema del lago de Río Hondo. Por el vertido de vinaza y otros desechos deberán rendir cuentas en los estrados judiciales federales de la provincia.Importantes industriales de la vecina provincia de Tucumán, serán indagados por el juez federal Guillermo Molinari, a raíz de la contaminación que se produjo en el lago Río Hondo y que tiempo atrás generó un grave daño en el ecosistema.
Según anticiparon a EL LIBERAL fuentes judiciales, estas medidas se cumplirán en los primeros días de marzo. Las indagatorias se darán en el marco de la investigación que lleva adelante el magistrado federal por el expediente Nº 4166/09 y acumulados, caratulado autos: “Denuncia de Luis Saleme sobre envenenamiento de aguas y daño en el lago contra autores desconocidos”.
Planteos
Como se recordará, el juez federal había previsto realizar las indagatorias hacia fines del año pasado. Entonces se conoció que el juez federal Nº 2 de Tucumán, Fernando Poviña, se había declarado competente, por lo cual el planteo de incompetencia pasó a la Cámara Federal de Tucumán. Mientras, el magistrado santiagueño siguió adelante con la tarea investigativa que en los últimos tiempos recopiló importante prueba documental y de pericias tomadas en la cuenca Salí-Dulce.
Según señalaron las fuentes, las indagatorias habían sido libradas hace dos semanas en contra de los señalados como presuntos responsables de infringir la ley de Residuos Peligrosos.
El Palomar
Por otra parte, trascendió que el juez federal Molinari reiteró un oficio a Gendarmería para que remita el resultado de las pruebas realizadas en El Palomar, y que habían sido solicitadas por el fiscal federal Pedro Simón, en la causa iniciada contra los responsables del ingenio La Florida, por los vuelcos de millones de litros de vinaza en la localidad santiagueña del departamento Jiménez. Por esta denuncia, el fiscal Simón había solicitado que se impute al dueño del ingenio, el empresario Jorge Rocchia Ferro, y al gerente responsable de la planta, por los delitos previstos en la ley 24.051 (Residuos Peligrosos), ya que no solo contaminaron el ambiente en territorio santiagueño, sino que pusieron en riesgo a las 300 personas que viven en el pequeño poblado. Como se recordará, desde noviembre de 2012 hasta enero pasado, la planta industrial protagonizó cuatro derrames que originó el alarma en la localidad y la intervención de las autoridades santiagueñas, denuncia penal incluida.
Además, los responsables del ingenio desobedecieron una disposición emanada del Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán que le prohibía usar canales públicos de riego como lugar de almacenamiento o medio de transporte de vinaza o cualquier otro residuo industrial.
Por estos hechos, la Secretaría de Medio Ambiente aplicó dos multas por $ 700 mil a la firma.
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San Juan dice que está todo Ok con sus glaciares
Fiscalía de Estado presentó la auditoría ambiental a la Corte Suprema
Fecha de Publicación: 22/02/2013
Fuente: Tiempo de San Juan
Provincia/Región: San Juan - Nacional
El informe remitido destaca entre sus conclusiones que no existe impacto actual, generado o potencial por superposición de actividad minera u obras de infraestructura actuales o proyectadas en el área de estudio, sobre glaciares descubiertos.
La Fiscalía de Estado informó a través de un comunicado, que el Fiscal Guillermo De Sanctis, presentó ante el Supremo Tribunal, el Informe de Auditoría Ambiental sobre los proyectos Veladero y Pascua Lama, sector Lama (lado argentino), que fuera presentado el 29 de enero próximo pasado.
Esto, en el marco de los juicios por inconstitucionalidad contra la ley nacional 26.639 (Glaciares), promovidos por empresas y entidades productivas sanjuaninas, junto con la provincia de San Juan, y tramitados ante la Corte Suprema de la Nación. Esta presentación se hizo con el propósito de “reserva y/o agregación a los juicios “Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA); Barrick Exploraciones Argentinas SA y Otro; y Minera Argentina Gold SA, contra Estado Nacional s/Acción Declarativa de Inconstitucionalidad”.
Cabe consignar que en anterior presentación, finalizando el año judicial 2012, el propio Fiscal de Estado dio cuenta del avance de las tareas propias de la Auditoría Ambiental dispuesta en el territorio de la provincia por el Poder Ejecutivo mediante Decreto 1246 de 2012, sobre proyectos mineros y demás actividades comprendidas en el marco del artículo 15 de la ley nacional 26.639.
El informe remitido destaca entre sus conclusiones que “No existe impacto actual, generado o potencial por superposición de actividad minera u obras de infraestructura actuales o proyectadas en el área de estudio, sobre glaciares descubiertos y/o manchones de nieve ni sobre glaciares de escombros activos o inactivos, y que la dispersión de polvo no tiene impacto sobre los glaciares cubiertos y de escombros”.
De Sanctis destacó que la provincia de San Juan, hasta la fecha, es la única que está cumplimentando todas las acciones para la protección de los glaciares de San Juan como el inventario de los glaciares con entendimiento del Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLIA) y ahora, la Auditoría Ambiental.
San Juan había dictado, antes de la mencionada ley nacional, sus propias normas para la protección de los glaciares, como la ley Nº 8.144 por la que se crea el Consejo Provincial de Coordinación para la Protección de Glaciares y las que ordenan la Auditoría Ambiental.
En su presentación a la Corte, De Sanctis informó al máximo Tribunal que próximamente se culminarán los trabajos de Auditoría Ambiental en los proyectos mineros Pachón, Los Azules y Altar, y el Proyecto del Túnel Binacional.
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Fecha de Publicación: 22/02/2013
Fuente: Tiempo de San Juan
Provincia/Región: San Juan - Nacional
El informe remitido destaca entre sus conclusiones que no existe impacto actual, generado o potencial por superposición de actividad minera u obras de infraestructura actuales o proyectadas en el área de estudio, sobre glaciares descubiertos.
La Fiscalía de Estado informó a través de un comunicado, que el Fiscal Guillermo De Sanctis, presentó ante el Supremo Tribunal, el Informe de Auditoría Ambiental sobre los proyectos Veladero y Pascua Lama, sector Lama (lado argentino), que fuera presentado el 29 de enero próximo pasado.
Esto, en el marco de los juicios por inconstitucionalidad contra la ley nacional 26.639 (Glaciares), promovidos por empresas y entidades productivas sanjuaninas, junto con la provincia de San Juan, y tramitados ante la Corte Suprema de la Nación. Esta presentación se hizo con el propósito de “reserva y/o agregación a los juicios “Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA); Barrick Exploraciones Argentinas SA y Otro; y Minera Argentina Gold SA, contra Estado Nacional s/Acción Declarativa de Inconstitucionalidad”.
Cabe consignar que en anterior presentación, finalizando el año judicial 2012, el propio Fiscal de Estado dio cuenta del avance de las tareas propias de la Auditoría Ambiental dispuesta en el territorio de la provincia por el Poder Ejecutivo mediante Decreto 1246 de 2012, sobre proyectos mineros y demás actividades comprendidas en el marco del artículo 15 de la ley nacional 26.639.
El informe remitido destaca entre sus conclusiones que “No existe impacto actual, generado o potencial por superposición de actividad minera u obras de infraestructura actuales o proyectadas en el área de estudio, sobre glaciares descubiertos y/o manchones de nieve ni sobre glaciares de escombros activos o inactivos, y que la dispersión de polvo no tiene impacto sobre los glaciares cubiertos y de escombros”.
De Sanctis destacó que la provincia de San Juan, hasta la fecha, es la única que está cumplimentando todas las acciones para la protección de los glaciares de San Juan como el inventario de los glaciares con entendimiento del Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLIA) y ahora, la Auditoría Ambiental.
San Juan había dictado, antes de la mencionada ley nacional, sus propias normas para la protección de los glaciares, como la ley Nº 8.144 por la que se crea el Consejo Provincial de Coordinación para la Protección de Glaciares y las que ordenan la Auditoría Ambiental.
En su presentación a la Corte, De Sanctis informó al máximo Tribunal que próximamente se culminarán los trabajos de Auditoría Ambiental en los proyectos mineros Pachón, Los Azules y Altar, y el Proyecto del Túnel Binacional.
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Morandad en Río Hondo: sospechan de herbicidas
Sospechan que un herbicida causó la muerte de animales en Río Hondo
Fecha de Publicación: 22/02/2013
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero
El representante de la agrupación ecologista termense Eco Bio Term, Dr. Walter Nieva consideró que herbicidas serían los causantes de la muerte de numerosos animales en la costa del embalse a la altura del paraje Villa Río Hondo. El profesional bioquímico descartó que la descomposición de algas haya provocado la mortandad de vacunos, aves y porcinos.
“Para mi fueron herbicidas que se arrojaron al embalse, podrían ser el Fenoxi ácido o el DDT que son herbicidas que se usan y contaminan muchísimo.. Agregó: “no existe en el mundo algas que hayan matado vacas, chanchos. El porcino come de todo, no se puede creer que haya muerto por las algas”. Adelantó que hoy en horas de la mañana presentará una nota en el Concejo Deliberante solicitando desde la entidad Eco Bio Term que los concejales tengan en su poder el informe de especialistas que emitieron los resultados por la mortandad de animales en el embalse. “Queremos saber, qué sustancia tóxica mató a los animales, qué cantidad de veneno se necesita para matar a un vacuno, porque si mató a una vaca podría matar a una persona, ”, aseguró.
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Fecha de Publicación: 22/02/2013
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero
El representante de la agrupación ecologista termense Eco Bio Term, Dr. Walter Nieva consideró que herbicidas serían los causantes de la muerte de numerosos animales en la costa del embalse a la altura del paraje Villa Río Hondo. El profesional bioquímico descartó que la descomposición de algas haya provocado la mortandad de vacunos, aves y porcinos.“Para mi fueron herbicidas que se arrojaron al embalse, podrían ser el Fenoxi ácido o el DDT que son herbicidas que se usan y contaminan muchísimo.. Agregó: “no existe en el mundo algas que hayan matado vacas, chanchos. El porcino come de todo, no se puede creer que haya muerto por las algas”. Adelantó que hoy en horas de la mañana presentará una nota en el Concejo Deliberante solicitando desde la entidad Eco Bio Term que los concejales tengan en su poder el informe de especialistas que emitieron los resultados por la mortandad de animales en el embalse. “Queremos saber, qué sustancia tóxica mató a los animales, qué cantidad de veneno se necesita para matar a un vacuno, porque si mató a una vaca podría matar a una persona, ”, aseguró.
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Barrick sancionada por Pascua Lama
Proyecto Pascua Lama es sancionado por graves incumplimientos medioambientales
Fecha de Publicación: 21/02/2013
Fuente: Programa Chile Sustentable
País/Región: Chile - Argentina
La empresa minera Barrick y su proyecto Pascua Lama nuevamente están en tela de juicio por la serie de irregularidades detectadas en términos de gestión medioambiental e incumplimiento de los compromisos y medidas de mitigación contempladas en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
Esta vez, el Servicio de Evaluación Ambiental de Atacama (SEA) constató que un total de 7 de los 8 considerandos evaluados en uno de los procesos sancionatorios y contemplados en su RCA, presentan incumplimientos parciales o totales, por lo cual la Comisión de Evaluación Ambiental, de manera unánime, decidió multar a la empresa con 2.550 UTM.
Entre los tantos incumplimientos que fueron detectados por el organismo, están las irregularidades en el manejo de la planta de aguas servidas de la minera; aspecto que fue explicado por la seremi de Salud de Atacama, Lilian Sandoval.
En tanto, el otro de los procesos sancionatorios contra Barrick evaluado por el SEA fue el presentado por la Dirección General de Aguas y se refiere a los incumplimientos de la minera en las medidas de monitoreo del estado de los glaciares ubicados en la Cordillera del valle del Huasco -donde se ubica el proyecto- y en las acciones de mitigación para evitar el levantamiento de material particulado sobre los mismos, aspecto clave en su conservación y sustentabilidad del curso hídrico de la cuenca.
En definitiva, la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama, vistos los antecedentes del segundo proceso de sanción, determinó que Barrick deberá pagar una multa de otras 500 UTM.
Ante los categóricos antecedentes, el seremi de Minería de Atacama, Mauricio Pino, criticó la gestión ambiental de Barrick.
Agregó el seremi que ya desde octubre del año 2012, el Sernageomin había detectado desprolijidades de la minera en el manejo de la normativa de seguridad laboral, por lo cual desde esa fecha se encuentran cerradas sus faenas.
Pino también fue enfático en señalar que si continúan las irregularidades e incumplimientos de la minera canadiense, incluso se podría revocar el permiso ambiental por parte de la recién creada Superintendencia del Medio Ambiente.
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Fecha de Publicación: 21/02/2013
Fuente: Programa Chile Sustentable
País/Región: Chile - Argentina
La empresa minera Barrick y su proyecto Pascua Lama nuevamente están en tela de juicio por la serie de irregularidades detectadas en términos de gestión medioambiental e incumplimiento de los compromisos y medidas de mitigación contempladas en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).Esta vez, el Servicio de Evaluación Ambiental de Atacama (SEA) constató que un total de 7 de los 8 considerandos evaluados en uno de los procesos sancionatorios y contemplados en su RCA, presentan incumplimientos parciales o totales, por lo cual la Comisión de Evaluación Ambiental, de manera unánime, decidió multar a la empresa con 2.550 UTM.
Entre los tantos incumplimientos que fueron detectados por el organismo, están las irregularidades en el manejo de la planta de aguas servidas de la minera; aspecto que fue explicado por la seremi de Salud de Atacama, Lilian Sandoval.
En tanto, el otro de los procesos sancionatorios contra Barrick evaluado por el SEA fue el presentado por la Dirección General de Aguas y se refiere a los incumplimientos de la minera en las medidas de monitoreo del estado de los glaciares ubicados en la Cordillera del valle del Huasco -donde se ubica el proyecto- y en las acciones de mitigación para evitar el levantamiento de material particulado sobre los mismos, aspecto clave en su conservación y sustentabilidad del curso hídrico de la cuenca.
En definitiva, la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama, vistos los antecedentes del segundo proceso de sanción, determinó que Barrick deberá pagar una multa de otras 500 UTM.
Ante los categóricos antecedentes, el seremi de Minería de Atacama, Mauricio Pino, criticó la gestión ambiental de Barrick.
Agregó el seremi que ya desde octubre del año 2012, el Sernageomin había detectado desprolijidades de la minera en el manejo de la normativa de seguridad laboral, por lo cual desde esa fecha se encuentran cerradas sus faenas.
Pino también fue enfático en señalar que si continúan las irregularidades e incumplimientos de la minera canadiense, incluso se podría revocar el permiso ambiental por parte de la recién creada Superintendencia del Medio Ambiente.
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El lago Escondido ya no estará tan escondido
Justicia obliga a abrir un camino para acceder a lago Escondido
Fecha de Publicación: 21/02/2013
Fuente: BAE
Provincia/Región: Río Negro
El río Escondido pasa justo por debajo de una de las mansiones que Joseph Lewis construyó en las casi 12.000 hectáreas que ostenta a 30 kilómetros de El Bolsón. Hay que cruzarlo en dos tramos para acceder a lago Escondido, un espejo de agua de enorme belleza natural y de invaluable valor ambiental que desde la instalación del magnate inglés en la Patagonia quedó vallado por tranqueras y militarizado por las armas de la seguridad que lo custodia. La semana pasada, la justicia de Bariloche puso fin a esta privatización que viola la Constitución nacional y la provincial. Ordenó que en 120 días el gobierno de Río Negro cumpla un fallo desoído durante cuatro años y que haga las obras necesarias para habilitar dos pasos públicos hacia el lago. Y en la ciudad son optimistas de que el poder de lobby del “Tío Joe” no alcanzará esta vez para frenarlo ni un día más.
El juez Marcelo Cuellar, a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nº 3 de Bariloche, reunió el viernes pasado en su despacho al ministro de Obras Públicas, Fernando Vaca Narvaja, representantes de la empresa Vial Rionegrina Sociedad del Estado (VIARSE), la Dirección de Medio Ambiente provincial, de la Fiscalía de Estado de Río Negro, de la empresa Hidden Lake S.A. (la firma de Lewis que administra las tierras) y del INTI, además de la legisladora provincial y amparista, Magdalena Odarda. Allí les comunicó que ratificaba el fallo que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial firmó en 2009 y que ordenaba a la provincia a abrir, en un plazo máximo de cuatro meses, dos pasos hacia lago Escondido. Uno más extenso, a través de la montaña, de unos 85 kilómetros; el otro, conocido como Camino Tacuifí, tiene casi 25 kilómetros. Es el que históricamente usaron los lugareños para acceder al lago y que con la llegada de los millones de Lewis quedó privatizado y cerrado con personal armado en sus últimos 3 kilómetros, que pisan las tierras del inglés.
El fallo del STJ de 2009 ordenaba a Viarse y a la Secretaría de Ambiente Provincial a abrir ambos pasos en 120 días. Pero la administración del entonces gobernador Miguel Saiz dilató el asunto. “En connivencia con la empresa de Lewis, hizo algunas obras en el camino largo. Pero siempre se negó a trabajar en el camino corto”, apunta Odarda, en mención al paso privatizado que desde siempre usaron los pobladores. Ante estas dilaciones, el máximo tribunal remitió el expediente a los juzgados de Bariloche.
Cuellar les informó a todas las partes que, tras ocho años de juicio, en las próximas horas firmará una resolución para que en 120 días se concluyan las obras y se abran ambos pasos, bajo apercibimiento de multas conminatorias y de gravedad progresiva por cada día de demora, que se aplicaría sobre los funcionarios responsables.
Tercer paso
Odarda y los habitantes de la zona estiman que Hidden Lake S.A. se presentará con un planteo alternativo: abrir un tercer paso. “Los nuevos abogados de Lewis no podían entender cómo nunca se negoció la apertura de un tercer camino”, contó la legisladora rionegrina. “El Camino Tacuifí desemboca en una de las mansiones de Lewis –explicó a BAE Odarda–. Vamos a ver qué proponen, pero si desnaturaliza lo dispuesto por la Justicia vamos a insistir por Tacuifí”.
Para acceder a lago Escondido por Tacuifí hay que cruzar dos veces el río Escondido y una vez El Foyel. Allí siempre hubo puentes pero cuando se instaló el magnate “desaparecieron”, afirma la amparista. En respuesta, Lewis puso tranqueras y construyó dos puentes, pero dentro de su “propiedad privada”. Explica Odarda: “Con la nueva orden judicial, habría que abrir las tranqueras y franquear el paso. Si además se habilitan los puentes y se construye un tercero o se badean los ríos, hasta se podría llegar en auto a lago Escondido, porque es un paso en muy buenas condiciones”.
El día que la tropa de Lewis amenazó con “Winchesters”
Cuando en 2011 la Corte Suprema rechazó un recurso extraordinario de los abogados de Hidden Lake para que intervenga luego que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro le impusiera la apertura del Camino Tacuifí, el apoderado de Joe Lewis en Argentina, Nicolás Van Ditmar, amenazó a sus empleados con levantar todo y dejarlos sin trabajo. Así los instigó a movilizarse a Viedma, proveyéndoles previamente caballos y carpas a estrenar. Hicieron un escrache en la puerta de la casa de un juez de madrugada y persiguieron a la propia Odarda. Y Van Ditmar, detrás de ellos, no se anduvo con chiquitas: “Vamos a defender la propiedad con el Winchester en la mano, con sangre si hace falta”.
“Legisladores o políticos oportunistas instalaron que un inglés privatizó un lago y se quiere robar el agua. Esto no es de un inglés sino de las 200 familias que lo trabajamos. Si el inglés pierde su privacidad o la preservación del recurso natural, es muy fácil, levanta campamento y los que vamos a quedar en la calle somos nosotros”, continuó su queja la cara visible de Lewis en la Argentina.
“La justicia por mano propia muchas veces es el camino”, sentenció Van Ditmar en marzo de 2011. En noviembre pasado fue absuelto por la Justicia por estas declaraciones. Pero las recetas del lejano Oeste, en cuatro meses, quedarán vencidas.
Ley de Tierras
La presencia de multimillonarios europeos y norteamericanos en el sur de la Argentina y la concentración de tierras de explotación agropecuaria en manos de capitales extranjeras derivó a fines de 2011 en la sanción de la Ley de Tierras, que limita el porcentaje de territorio argentino que podrá ser propiedad extranjera.
Fija en 15 % el límite a la titularidad de tierras en personas o capitales extranjeros. Proporción que ase aplica a nival nacional, provincial y municipal. “Las tierras de un mismo titular extranjero no podrán superar las mil hectáreas”, dice el artículo 10º. Lejísimo de las más de 12 mil que Lewis tiene en la Patagonia.
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Fecha de Publicación: 21/02/2013
Fuente: BAE
Provincia/Región: Río Negro
El río Escondido pasa justo por debajo de una de las mansiones que Joseph Lewis construyó en las casi 12.000 hectáreas que ostenta a 30 kilómetros de El Bolsón. Hay que cruzarlo en dos tramos para acceder a lago Escondido, un espejo de agua de enorme belleza natural y de invaluable valor ambiental que desde la instalación del magnate inglés en la Patagonia quedó vallado por tranqueras y militarizado por las armas de la seguridad que lo custodia. La semana pasada, la justicia de Bariloche puso fin a esta privatización que viola la Constitución nacional y la provincial. Ordenó que en 120 días el gobierno de Río Negro cumpla un fallo desoído durante cuatro años y que haga las obras necesarias para habilitar dos pasos públicos hacia el lago. Y en la ciudad son optimistas de que el poder de lobby del “Tío Joe” no alcanzará esta vez para frenarlo ni un día más.El juez Marcelo Cuellar, a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nº 3 de Bariloche, reunió el viernes pasado en su despacho al ministro de Obras Públicas, Fernando Vaca Narvaja, representantes de la empresa Vial Rionegrina Sociedad del Estado (VIARSE), la Dirección de Medio Ambiente provincial, de la Fiscalía de Estado de Río Negro, de la empresa Hidden Lake S.A. (la firma de Lewis que administra las tierras) y del INTI, además de la legisladora provincial y amparista, Magdalena Odarda. Allí les comunicó que ratificaba el fallo que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial firmó en 2009 y que ordenaba a la provincia a abrir, en un plazo máximo de cuatro meses, dos pasos hacia lago Escondido. Uno más extenso, a través de la montaña, de unos 85 kilómetros; el otro, conocido como Camino Tacuifí, tiene casi 25 kilómetros. Es el que históricamente usaron los lugareños para acceder al lago y que con la llegada de los millones de Lewis quedó privatizado y cerrado con personal armado en sus últimos 3 kilómetros, que pisan las tierras del inglés.
El fallo del STJ de 2009 ordenaba a Viarse y a la Secretaría de Ambiente Provincial a abrir ambos pasos en 120 días. Pero la administración del entonces gobernador Miguel Saiz dilató el asunto. “En connivencia con la empresa de Lewis, hizo algunas obras en el camino largo. Pero siempre se negó a trabajar en el camino corto”, apunta Odarda, en mención al paso privatizado que desde siempre usaron los pobladores. Ante estas dilaciones, el máximo tribunal remitió el expediente a los juzgados de Bariloche.
Cuellar les informó a todas las partes que, tras ocho años de juicio, en las próximas horas firmará una resolución para que en 120 días se concluyan las obras y se abran ambos pasos, bajo apercibimiento de multas conminatorias y de gravedad progresiva por cada día de demora, que se aplicaría sobre los funcionarios responsables.
Tercer paso
Odarda y los habitantes de la zona estiman que Hidden Lake S.A. se presentará con un planteo alternativo: abrir un tercer paso. “Los nuevos abogados de Lewis no podían entender cómo nunca se negoció la apertura de un tercer camino”, contó la legisladora rionegrina. “El Camino Tacuifí desemboca en una de las mansiones de Lewis –explicó a BAE Odarda–. Vamos a ver qué proponen, pero si desnaturaliza lo dispuesto por la Justicia vamos a insistir por Tacuifí”.
Para acceder a lago Escondido por Tacuifí hay que cruzar dos veces el río Escondido y una vez El Foyel. Allí siempre hubo puentes pero cuando se instaló el magnate “desaparecieron”, afirma la amparista. En respuesta, Lewis puso tranqueras y construyó dos puentes, pero dentro de su “propiedad privada”. Explica Odarda: “Con la nueva orden judicial, habría que abrir las tranqueras y franquear el paso. Si además se habilitan los puentes y se construye un tercero o se badean los ríos, hasta se podría llegar en auto a lago Escondido, porque es un paso en muy buenas condiciones”.
El día que la tropa de Lewis amenazó con “Winchesters”
Cuando en 2011 la Corte Suprema rechazó un recurso extraordinario de los abogados de Hidden Lake para que intervenga luego que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro le impusiera la apertura del Camino Tacuifí, el apoderado de Joe Lewis en Argentina, Nicolás Van Ditmar, amenazó a sus empleados con levantar todo y dejarlos sin trabajo. Así los instigó a movilizarse a Viedma, proveyéndoles previamente caballos y carpas a estrenar. Hicieron un escrache en la puerta de la casa de un juez de madrugada y persiguieron a la propia Odarda. Y Van Ditmar, detrás de ellos, no se anduvo con chiquitas: “Vamos a defender la propiedad con el Winchester en la mano, con sangre si hace falta”.
“Legisladores o políticos oportunistas instalaron que un inglés privatizó un lago y se quiere robar el agua. Esto no es de un inglés sino de las 200 familias que lo trabajamos. Si el inglés pierde su privacidad o la preservación del recurso natural, es muy fácil, levanta campamento y los que vamos a quedar en la calle somos nosotros”, continuó su queja la cara visible de Lewis en la Argentina.
“La justicia por mano propia muchas veces es el camino”, sentenció Van Ditmar en marzo de 2011. En noviembre pasado fue absuelto por la Justicia por estas declaraciones. Pero las recetas del lejano Oeste, en cuatro meses, quedarán vencidas.
Ley de Tierras
La presencia de multimillonarios europeos y norteamericanos en el sur de la Argentina y la concentración de tierras de explotación agropecuaria en manos de capitales extranjeras derivó a fines de 2011 en la sanción de la Ley de Tierras, que limita el porcentaje de territorio argentino que podrá ser propiedad extranjera.
Fija en 15 % el límite a la titularidad de tierras en personas o capitales extranjeros. Proporción que ase aplica a nival nacional, provincial y municipal. “Las tierras de un mismo titular extranjero no podrán superar las mil hectáreas”, dice el artículo 10º. Lejísimo de las más de 12 mil que Lewis tiene en la Patagonia.
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Cámaras para monitorear en el Polo Petroquímico
Nuevas cámaras para monitorear las emisiones del Polo Petroquímico
Fecha de Publicación: 21/02/2013
Fuente: La Nueva Provincia
Provincia/Región: Buenos Aires
Los registros fílmicos que obtendrán estos equipos tienen peso legal y servirán para acompañar las actas, dando cuenta, por ejemplo, del nivel de opacidad del humo de las antorchas.
La Agencia Ambiental de la Municipalidad decidió iniciar el proceso de licitación para la instalación de diez cámaras filmadoras de alta tecnología que puedan monitorear lo que acontece en el sector industrial de Ingeniero White, Cangrejales, Puerto Galván y General Daniel Cerri.
De esta manera se busca reemplazar a los cinco equipos que se encuentran emplazados en la sede del Comité Técnico Ejecutivo (CTE, San Martín 3474, Ingeniero White), los cuales presentan la necesidad de un aggiornamiento , tras más de diez años de antigüedad y funcionamiento, y una calidad de imagen que no permite evaluaciones certeras.
Según el titular de la Agencia, Sebastián Serra, estas filmaciones tienen peso legal y acompañarán las actas confeccionadas por los inspectores, por ejemplo, para determinar el nivel de opacidad del humo de las antorchas, su duración, y otras fugas o eventos que puedan registrarse.
"La cámara es clave para demostrar características de las emisiones. Incluso sirven de prueba para cuando los inspectores no llegan a estar presentes en la industria para observar el hecho en persona", dijo Serra.
Las cámaras serán alquiladas a una empresa que también pueda prestar el servicio de mantenimiento. Luego, tras analizar la calidad de las prestaciones, se evaluará la adquisición de los equipos.
La inversión se afrontará con fondos de la tasa ambiental, tributo abonado por las propias industrias de tercera categoría. La intención de la comuna es realizar el llamado a licitación en marzo.
Las nuevas cámaras se instalarán en las zonas industriales y también en la sede del CTE, para tomar registro de la magnitud del evento.
Las que actualmente están en funcionamiento no permiten hacer paneos, mientras que las que se prevé incorporar pueden lograrlo, incluso a 360 grados, con la modalidad "domo".
Con alta definición y buen poder de zoom, las señales de las filmadoras llegarán no sólo al CTE, sino también al sistema de prevención y vigilancia del municipio, ubicado en Moreno 9. Esto también posibilitará tener otro punto de control, muy útil en caso de eventos que pongan en riesgo a la comunidad.
Otros sensores. Desde la Agencia Ambiental también se prevé avanzar en la modernización de sensores, aquellos que miden ruidos o sustancias.
"Si bien tenemos sensores de ruidos en distintos puntos, contamos con un equipo que es excelente y está ubicado frente a la central termoeléctrica Luis Piedra Buena, el cual, superado cierto nivel de decibeles, da aviso al CTE y comienza a grabar lo que registra. Pretendemos sumar más de estos equipos y colocarlos en otros puntos", dijo Serra.
Nuevo coordinador para el CTE
El llamado a concurso para ocupar el cargo de coordinador del CTE, organismo dependiente de la comuna que se ocupa de monitorear a las grandes industrias, comenzará a desandarse la semana próxima cuando sea publicada la convocatoria.
Quien acceda al puesto ya no tendrá un contrato por tres meses, sino por dos años, que podrá ser renovado automáticamente por un período igual si el Ejecutivo considera que su gestión ha sido satisfactoria, contemplando variables "medibles" como el cumplimiento de los programas de inspección, el desarrollo de nuevas líneas de trabajo e investigación, el fortalecimiento del organismo, la productividad, el liderazgo y el desarrollo del personal.
Luego de cuatro años, se deberá llamar a un nuevo concurso, al que se puede presentar el coordinador que venía desempeñándose hasta ese momento.
Participarán siete jurados de la elección: dos representarán al Departamento Ejecutivo y cinco a instituciones que participan del Comité de Control y Monitoreo, grupo integrado por las universidades nacionales, el Consorcio de Gestión del Puerto, ONG y sociedades de fomento, entre otros.
Serra estimó que el nuevo coordinador --el cargo está siendo cubierto por César Pérez-- podría estar en funciones a mediados de abril.
Tras realizar los concursos para la elección del coordinador y de un monitoreador del CTE, y de un comunicador para la Agencia Ambiental, Serra dijo que avanzará para mejorar la estabilidad laboral de los inspectores, a los cuales se les renuevan los contratos cada tres meses.
El último titular de este cuerpo fue Fernando Rey Saravia.
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Fecha de Publicación: 21/02/2013
Fuente: La Nueva Provincia
Provincia/Región: Buenos Aires
Los registros fílmicos que obtendrán estos equipos tienen peso legal y servirán para acompañar las actas, dando cuenta, por ejemplo, del nivel de opacidad del humo de las antorchas.
La Agencia Ambiental de la Municipalidad decidió iniciar el proceso de licitación para la instalación de diez cámaras filmadoras de alta tecnología que puedan monitorear lo que acontece en el sector industrial de Ingeniero White, Cangrejales, Puerto Galván y General Daniel Cerri.
De esta manera se busca reemplazar a los cinco equipos que se encuentran emplazados en la sede del Comité Técnico Ejecutivo (CTE, San Martín 3474, Ingeniero White), los cuales presentan la necesidad de un aggiornamiento , tras más de diez años de antigüedad y funcionamiento, y una calidad de imagen que no permite evaluaciones certeras.
Según el titular de la Agencia, Sebastián Serra, estas filmaciones tienen peso legal y acompañarán las actas confeccionadas por los inspectores, por ejemplo, para determinar el nivel de opacidad del humo de las antorchas, su duración, y otras fugas o eventos que puedan registrarse.
"La cámara es clave para demostrar características de las emisiones. Incluso sirven de prueba para cuando los inspectores no llegan a estar presentes en la industria para observar el hecho en persona", dijo Serra.
Las cámaras serán alquiladas a una empresa que también pueda prestar el servicio de mantenimiento. Luego, tras analizar la calidad de las prestaciones, se evaluará la adquisición de los equipos.
La inversión se afrontará con fondos de la tasa ambiental, tributo abonado por las propias industrias de tercera categoría. La intención de la comuna es realizar el llamado a licitación en marzo.
Las nuevas cámaras se instalarán en las zonas industriales y también en la sede del CTE, para tomar registro de la magnitud del evento.
Las que actualmente están en funcionamiento no permiten hacer paneos, mientras que las que se prevé incorporar pueden lograrlo, incluso a 360 grados, con la modalidad "domo".
Con alta definición y buen poder de zoom, las señales de las filmadoras llegarán no sólo al CTE, sino también al sistema de prevención y vigilancia del municipio, ubicado en Moreno 9. Esto también posibilitará tener otro punto de control, muy útil en caso de eventos que pongan en riesgo a la comunidad.
Otros sensores. Desde la Agencia Ambiental también se prevé avanzar en la modernización de sensores, aquellos que miden ruidos o sustancias.
"Si bien tenemos sensores de ruidos en distintos puntos, contamos con un equipo que es excelente y está ubicado frente a la central termoeléctrica Luis Piedra Buena, el cual, superado cierto nivel de decibeles, da aviso al CTE y comienza a grabar lo que registra. Pretendemos sumar más de estos equipos y colocarlos en otros puntos", dijo Serra.
Nuevo coordinador para el CTE
El llamado a concurso para ocupar el cargo de coordinador del CTE, organismo dependiente de la comuna que se ocupa de monitorear a las grandes industrias, comenzará a desandarse la semana próxima cuando sea publicada la convocatoria.
Quien acceda al puesto ya no tendrá un contrato por tres meses, sino por dos años, que podrá ser renovado automáticamente por un período igual si el Ejecutivo considera que su gestión ha sido satisfactoria, contemplando variables "medibles" como el cumplimiento de los programas de inspección, el desarrollo de nuevas líneas de trabajo e investigación, el fortalecimiento del organismo, la productividad, el liderazgo y el desarrollo del personal.
Luego de cuatro años, se deberá llamar a un nuevo concurso, al que se puede presentar el coordinador que venía desempeñándose hasta ese momento.
Participarán siete jurados de la elección: dos representarán al Departamento Ejecutivo y cinco a instituciones que participan del Comité de Control y Monitoreo, grupo integrado por las universidades nacionales, el Consorcio de Gestión del Puerto, ONG y sociedades de fomento, entre otros.
Serra estimó que el nuevo coordinador --el cargo está siendo cubierto por César Pérez-- podría estar en funciones a mediados de abril.
Tras realizar los concursos para la elección del coordinador y de un monitoreador del CTE, y de un comunicador para la Agencia Ambiental, Serra dijo que avanzará para mejorar la estabilidad laboral de los inspectores, a los cuales se les renuevan los contratos cada tres meses.
El último titular de este cuerpo fue Fernando Rey Saravia.
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Siguen las protestas por las obras en la 9 de Julio
Otra protesta vecinal por las obras en la 9 de Julio
Fecha de Publicación: 20/02/2013
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Capital Federal
Denunciaron el intento de demoler una obra del artista Gyula Kosice. El lunes, los grupos de ambientalistas ampliarán los recursos de amparo.
Organizaciones ambientalistas ampliarán el próximo lunes los dos recursos de amparo presentados contra la construcción del Metrobus sobre la Avenida 9 de Julio, luego de analizar la documentación presentada por el gobierno de la Ciudad ante el juez Guillermo Schleiber.
El abogado ambientalista Enrique Viale explicó durante una nueva protesta realizada anoche contra la obra que lleva a cabo el gobierno porteño en la tradicional avenida céntrica que hay "tiempo hasta el lunes para agregar material a nuestra presentación, y en eso trabajamos".
Viale destacó que la presentación que hizo el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, ante el juez "es voluminosa, pero es confusa y plagada de irregularidades", y añadió: "Lo más grave es que no le dijo nada al juez sobre las obras que hasta ahora se han hecho."
Unos 80 vecinos volvieron a cortar ayer los carriles centrales de la 9 de Julio, en su intersección con la calle Marcelo T. de Alvear, durante una nueva protesta contra el Metrobus que el gobierno de la Ciudad ejecuta sobre esa avenida. A la manifestación asistieron los legisladores Adrián Camps, Alejandro Bodart y María Jose Lubertino.
Los vecinos portaban carteles con leyendas como "Macri vetador serial, genocida ambiental", mientras que personas se colgaban carteles con la inscripción "Obra ilegal". La marcha esta vez se centralizó en el monumento Homenaje a la Democracia, del artista Gyula Kosice, que presentaba perforaciones en la vereda. Nidia Marinaro, titular de Propamba (Propuesta para el Area Metropolitana de Buenos Aires), destacó que "las cuatro perforaciones eran el comienzo de las tareas de apuntalamiento para la demolición; un vecino lo vio, denunció el hecho y se frenó esta acción". Indicó que el primer amparo "tiene plazo hasta el lunes para ampliarse y seguramente esta maniobra burda de querer demoler este monumento será un antecedente que pese en nuestra próxima presentacion".
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Fecha de Publicación: 20/02/2013
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Capital Federal
Denunciaron el intento de demoler una obra del artista Gyula Kosice. El lunes, los grupos de ambientalistas ampliarán los recursos de amparo.Organizaciones ambientalistas ampliarán el próximo lunes los dos recursos de amparo presentados contra la construcción del Metrobus sobre la Avenida 9 de Julio, luego de analizar la documentación presentada por el gobierno de la Ciudad ante el juez Guillermo Schleiber.
El abogado ambientalista Enrique Viale explicó durante una nueva protesta realizada anoche contra la obra que lleva a cabo el gobierno porteño en la tradicional avenida céntrica que hay "tiempo hasta el lunes para agregar material a nuestra presentación, y en eso trabajamos".
Viale destacó que la presentación que hizo el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, ante el juez "es voluminosa, pero es confusa y plagada de irregularidades", y añadió: "Lo más grave es que no le dijo nada al juez sobre las obras que hasta ahora se han hecho."
Unos 80 vecinos volvieron a cortar ayer los carriles centrales de la 9 de Julio, en su intersección con la calle Marcelo T. de Alvear, durante una nueva protesta contra el Metrobus que el gobierno de la Ciudad ejecuta sobre esa avenida. A la manifestación asistieron los legisladores Adrián Camps, Alejandro Bodart y María Jose Lubertino.
Los vecinos portaban carteles con leyendas como "Macri vetador serial, genocida ambiental", mientras que personas se colgaban carteles con la inscripción "Obra ilegal". La marcha esta vez se centralizó en el monumento Homenaje a la Democracia, del artista Gyula Kosice, que presentaba perforaciones en la vereda. Nidia Marinaro, titular de Propamba (Propuesta para el Area Metropolitana de Buenos Aires), destacó que "las cuatro perforaciones eran el comienzo de las tareas de apuntalamiento para la demolición; un vecino lo vio, denunció el hecho y se frenó esta acción". Indicó que el primer amparo "tiene plazo hasta el lunes para ampliarse y seguramente esta maniobra burda de querer demoler este monumento será un antecedente que pese en nuestra próxima presentacion".
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Parece que alguno pone la plata para que siga Vale
Vale: afirman que hay un inversor interesado
Fecha de Publicación: 20/02/2013
Fuente: Tes Lineas
Provincia/Región: Mendoza
La minera brasileña seguiría siendo la operadora del proyecto. Los próximos 15 días serán definitorios para el futuro de las obras en Mendoza e Ingeniero White.
El gobernador de Mendoza, Francisco "Paco" Pérez, aseguró que hay un interesado en sumarse como inversionista en el proyecto que la empresa Vale impulsa para la extracción de potasio en Malargüe y su posterior exportación por nuestra ciudad.
Si bien no ofreció mayores detalles, el mandatario cuyano descartó que se trate de los capitales chinos mencionados anteriormente y admitió que el tema será analizado esta semana en la ciudad de Buenos Aires.
De esta manera todo parece indicar que existiría una luz al final del túnel en el que permanece atrapado el multimillonario proyecto de la minera brasileña, aunque otros observadores siguen siendo muy cautelosos con relación al futuro de dicho emprendimiento.
Mientras tanto, más de 5.000 trabajadores --4.000 en Mendoza y el resto en nuestra ciudad-- siguen esperando con angustia un anuncio que dé por terminado el receso y les permita volver a sus empleos.
"El gobernador (por Pérez) ahora se encuentra en Buenos Aires y, de acuerdo a fuentes mineras, tenía previsto interiorizarse sobre el asunto que lleva a delante el gobierno nacional exclusivamente", dijo ayer el sitio web MDZ on line.
La forma de sumarse el nuevo actor sería inyectando recursos, que serían los que Vale dice que le faltan para continuar, aunque la empresa brasileña seguiría siendo la operadora. Para ello esta semana se reunirán Pérez, representantes de Vale y del grupo inversor.
¿Antes del plazo?
El próximo jueves 28 vence la prórroga que pidió la minera para presentar el cronograma de reanudación de las obras, pero, según dicho medio informativo cuyano, fue el gobernador mendocino quien dijo que podría haber novedades antes, luego de que se produzca esa reunión.
"Puede haber algo antes, hay algunas reuniones. Apareció un grupo inversor que se sumaría", dijo escuetamente Pérez, que ratificó que la intención es que Vale siga siendo el operador de la mina.
Por otro lado, desde el gobierno mendocino se sigue presionando para impulsar la nueva traza del ferrocarril de la sal, dejando de lado la ruta inicial que pasa por Neuquén y Río Negro.
En tal sentido, se postula el empleo de vías que atraviesen Mendoza y La Pampa para llegar hasta el puerto whitense.
Señalan que aunque sea una traza más larga (unos 600 kilómetros adicionales), se abaratarían costos porque evitaría a Vale las obras complementarias exigidas por los municipios patagónicos.
Sigue el silencio
En el predio de 35 hectáreas ubicado en el bulevar Juan B. Justo, a escasos metros de la central termoeléctrica Luis Piedra Buena, el silencio sigue siendo dueño absoluto del paisaje.
Sin casi presencia humana, con algunas máquinas y vehículos abandonados, el obrador se parece más a un páramo que a la colmena de obreros que poblaba el lugar hasta mediados de diciembre pasado.
Nadie, absolutamente nadie, sabe cuándo Vale retomará las tareas. Por ahora los haberes están al día, pero la incertidumbre se acrecienta de cara a marzo próximo.
Potasio Río Colorado es el emprendimiento minero más importante del país en la actualidad y convertiría a la provincia de Mendoza en uno de los principales exportadores mundiales de cloruro de potasio, un potente fertilizante de gran demanda.
La iniciativa avanzó inicialmente en manos de la empresa inglesa Río Tinto, pero luego fue vendida a la brasileña Vale, que en total proyectó una inversión de más de 6 mil millones de dólares y que ahora, producto de la inflación y de otros factores, rondaría los 10 mil millones de dólares.
La mina estaba en pleno proceso de construcción pero Vale suspendió los trabajos el 21 de diciembre por problemas financieros y pidió diferir el pago de impuestos por más de 1.000 millones de dólares, algo a lo que la presidenta Cristina Fernández se negó.
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Fecha de Publicación: 20/02/2013
Fuente: Tes Lineas
Provincia/Región: Mendoza
La minera brasileña seguiría siendo la operadora del proyecto. Los próximos 15 días serán definitorios para el futuro de las obras en Mendoza e Ingeniero White.
El gobernador de Mendoza, Francisco "Paco" Pérez, aseguró que hay un interesado en sumarse como inversionista en el proyecto que la empresa Vale impulsa para la extracción de potasio en Malargüe y su posterior exportación por nuestra ciudad.
Si bien no ofreció mayores detalles, el mandatario cuyano descartó que se trate de los capitales chinos mencionados anteriormente y admitió que el tema será analizado esta semana en la ciudad de Buenos Aires.
De esta manera todo parece indicar que existiría una luz al final del túnel en el que permanece atrapado el multimillonario proyecto de la minera brasileña, aunque otros observadores siguen siendo muy cautelosos con relación al futuro de dicho emprendimiento.
Mientras tanto, más de 5.000 trabajadores --4.000 en Mendoza y el resto en nuestra ciudad-- siguen esperando con angustia un anuncio que dé por terminado el receso y les permita volver a sus empleos.
"El gobernador (por Pérez) ahora se encuentra en Buenos Aires y, de acuerdo a fuentes mineras, tenía previsto interiorizarse sobre el asunto que lleva a delante el gobierno nacional exclusivamente", dijo ayer el sitio web MDZ on line.
La forma de sumarse el nuevo actor sería inyectando recursos, que serían los que Vale dice que le faltan para continuar, aunque la empresa brasileña seguiría siendo la operadora. Para ello esta semana se reunirán Pérez, representantes de Vale y del grupo inversor.
¿Antes del plazo?
El próximo jueves 28 vence la prórroga que pidió la minera para presentar el cronograma de reanudación de las obras, pero, según dicho medio informativo cuyano, fue el gobernador mendocino quien dijo que podría haber novedades antes, luego de que se produzca esa reunión.
"Puede haber algo antes, hay algunas reuniones. Apareció un grupo inversor que se sumaría", dijo escuetamente Pérez, que ratificó que la intención es que Vale siga siendo el operador de la mina.
Por otro lado, desde el gobierno mendocino se sigue presionando para impulsar la nueva traza del ferrocarril de la sal, dejando de lado la ruta inicial que pasa por Neuquén y Río Negro.
En tal sentido, se postula el empleo de vías que atraviesen Mendoza y La Pampa para llegar hasta el puerto whitense.
Señalan que aunque sea una traza más larga (unos 600 kilómetros adicionales), se abaratarían costos porque evitaría a Vale las obras complementarias exigidas por los municipios patagónicos.
Sigue el silencio
En el predio de 35 hectáreas ubicado en el bulevar Juan B. Justo, a escasos metros de la central termoeléctrica Luis Piedra Buena, el silencio sigue siendo dueño absoluto del paisaje.
Sin casi presencia humana, con algunas máquinas y vehículos abandonados, el obrador se parece más a un páramo que a la colmena de obreros que poblaba el lugar hasta mediados de diciembre pasado.
Nadie, absolutamente nadie, sabe cuándo Vale retomará las tareas. Por ahora los haberes están al día, pero la incertidumbre se acrecienta de cara a marzo próximo.
Potasio Río Colorado es el emprendimiento minero más importante del país en la actualidad y convertiría a la provincia de Mendoza en uno de los principales exportadores mundiales de cloruro de potasio, un potente fertilizante de gran demanda.
La iniciativa avanzó inicialmente en manos de la empresa inglesa Río Tinto, pero luego fue vendida a la brasileña Vale, que en total proyectó una inversión de más de 6 mil millones de dólares y que ahora, producto de la inflación y de otros factores, rondaría los 10 mil millones de dólares.
La mina estaba en pleno proceso de construcción pero Vale suspendió los trabajos el 21 de diciembre por problemas financieros y pidió diferir el pago de impuestos por más de 1.000 millones de dólares, algo a lo que la presidenta Cristina Fernández se negó.
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Demanda colectiva por los transgénicos en Argentina
Presentaron una demanda colectiva por el uso de cultivos transgénicos
Fecha de Publicación: 20/02/2013
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Nacional
Objetan ante la Suprema Corte de Justicia el sistema agroindustrial. Piden que se sancione a las compañías que los comercializan y que reparen el daño ambiental que generaron desde 1996. Cuestionan la introducción al país de los organismos genéticamente modificados (OGM) y el uso de agroquímicos vinculados a ellos.
Desde el 21 de diciembre de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina (CSJN) tiene en sus manos una demanda colectiva por daño ambiental contra el Estado nacional y las compañías multinacionales productoras de organismos genéticamente modificados (OGM) y el paquete de agrotóxicos asociados a ellos que se utilizan en el modelo productivo agroindustrial argentino desde principios de los 90.
La demanda ataca principalmente a los OGM —que son la base del esquema productivo que permitió la instauración en el país del actual sistema agrario—, y a sus características asociadas, las que derivaron en la tendencia al monocultivo, el método de siembra directa con la consecuente reducción de mano de obra rural, la concentración económica en manos de pocos productores y pooles de siembra, el meganegocio de las empresas multinacionales oligopólicas y el inconmensurable impacto sobre la salud de las poblaciones rurales y el medio ambiente.
El reclamo es por daño ambiental, moral y punitivo, y exige que no se autorice la incorporación de nuevos OGM en el país. Está caratulado como "Giménez Alicia Fanny y otros contra el Estado nacional, Monsanto y otros sobre daño ambiental". Los demandados son el Estado nacional, el Concejo Federal de Medio Ambiente y un grupo de empresas como Monsanto, Syngenta, DuPont, Novartis, Nidera, Dow Agrosciences, Pionner, Agrevo, Ciba Geigy, Argenbio y Bayer, entre otras, productoras de OGM —principalmente semillas de soja, maíz, algodón, arroz—, y el paquete químico atado a su uso, que se basa principalmente en el glifosato, sales derivadas del mismo, surfactantes y coadyuvantes.
La modificación artificial del genoma de una planta —o "evento" en la jerga de estas empresas—, fue aprobada en la Argentina desde 1996, por lo que se sembraron y se siembran en la actualidad sin control, a gran escala y sin evaluación de impacto o riesgo ambiental alguno, más de veinte millones de hectáreas. Además, se vierten más de doscientos millones de litros de agrotóxicos al ambiente por campaña y, en algunos casos, sobre los habitantes, a sabiendas de las consecuencias dañosas que ello acarrea.
La demanda tiene por objeto que la CSJN ordene al Ejecutivo Nacional suspender provisionalmente la liberación incontrolada de OGM y disponga el "etiquetado" de los productos que los contengan. Que suspenda también la aplicación de los agrotóxicos utilizados para su cultivo hasta tanto se determine científicamente su inocuidad para el ambiente, los ecosistemas, la biodiversidad, la salud de los seres vivos, el patrimonio cultural argentino y la sostenibilidad del modelo de producción, en mira a las generaciones futuras.
También solicita que exhorte al Poder Legislativo a dictar una ley de bioseguridad y de presupuestos mínimos para uso del suelo y que condene a las empresas demandadas a "recomponer" o "reparar" el ambiente y ecosistemas dañados mediante la reimplantación de cultivares convencionales, la fertilización de suelos y el repoblamiento de especies. De no ser posible, exige que se las condene al pago de una suma de dinero a determinar por alguno de los sistemas de monetarización del daño ambiental de uso internacional y conformar un fondo de compensación ambiental o fideicomiso, como resarcimiento.
El recurso de amparo pretende transmitir un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos implicados, así como evitar que se repitan las conductas antisociales de las empresas demandadas las que, teniendo conocimiento de que el daño podía producirse y debía ser evitado, priorizaron las mayores ganancias por sobre los bienes jurídicos de las personas. También pide que se las condene en concepto de daño punitivo al pago de una suma equivalente a la que se determine para las tareas de recomposición.
Asimismo se solicita que se las condene al pago de la suma que, en concepto de daño moral ambiental, la CSJN estime correspondiente, para integrarla al referido fondo o fideicomiso; que esté destinada a financiar una obra que tenga un fin satisfactivo para toda la sociedad y que sea amigable con el ambiente. A tal fin, la parte actora propone "que se destine a la recuperación y restablecimiento de la totalidad de la red ferroviaria nacional y sus servicios de transporte de pasajeros y carga".
Los casos emblemáticos que respaldan el amparo
Para respaldar la demanda, presentada por los abogados especialistas Jorge Mosset Iturraspe, Miguel Araya, Horacio Belosi, Santiago Kaplun y Graciela Cristina Gómez, se presentaron pruebas instrumentales, informativas y testimoniales. También se enumeran en el expediente los casos de daño a la salud de personas afectadas por agrotóxicos en Santiago del Estero, Entre Ríos y Buenos Aires y se presentaron sus historias clínicas. De prosperar el reclamo, la decisión judicial podría extenderse a otras provincias productoras de OGM, entre ellas Santa Fe.
Desde el 21 de diciembre de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina (CSJN) tiene en sus manos una demanda colectiva por daño ambiental contra el Estado nacional y las compañías multinacionales productoras de organismos genéticamente modificados (OGM) y el paquete de agrotóxicos asociados a ellos que se utilizan en el modelo productivo agroindustrial argentino desde principios de los 90.
La demanda ataca principalmente a los OGM —que son la base del esquema productivo que permitió la instauración en el país del actual sistema agrario—, y a sus características asociadas, las que derivaron en la tendencia al monocultivo, el método de siembra directa con la consecuente reducción de mano de obra rural, la concentración económica en manos de pocos productores y pooles de siembra, el meganegocio de las empresas multinacionales oligopólicas y el inconmensurable impacto sobre la salud de las poblaciones rurales y el medio ambiente.
El reclamo es por daño ambiental, moral y punitivo, y exige que no se autorice la incorporación de nuevos OGM en el país. Está caratulado como "Giménez Alicia Fanny y otros contra el Estado nacional, Monsanto y otros sobre daño ambiental". Los demandados son el Estado nacional, el Concejo Federal de Medio Ambiente y un grupo de empresas como Monsanto, Syngenta, DuPont, Novartis, Nidera, Dow Agrosciences, Pionner, Agrevo, Ciba Geigy, Argenbio y Bayer, entre otras, productoras de OGM —principalmente semillas de soja, maíz, algodón, arroz—, y el paquete químico atado a su uso, que se basa principalmente en el glifosato, sales derivadas del mismo, surfactantes y coadyuvantes.
La modificación artificial del genoma de una planta —o "evento" en la jerga de estas empresas—, fue aprobada en la Argentina desde 1996, por lo que se sembraron y se siembran en la actualidad sin control, a gran escala y sin evaluación de impacto o riesgo ambiental alguno, más de veinte millones de hectáreas. Además, se vierten más de doscientos millones de litros de agrotóxicos al ambiente por campaña y, en algunos casos, sobre los habitantes, a sabiendas de las consecuencias dañosas que ello acarrea.
La demanda tiene por objeto que la CSJN ordene al Ejecutivo Nacional suspender provisionalmente la liberación incontrolada de OGM y disponga el "etiquetado" de los productos que los contengan. Que suspenda también la aplicación de los agrotóxicos utilizados para su cultivo hasta tanto se determine científicamente su inocuidad para el ambiente, los ecosistemas, la biodiversidad, la salud de los seres vivos, el patrimonio cultural argentino y la sostenibilidad del modelo de producción, en mira a las generaciones futuras.
También solicita que exhorte al Poder Legislativo a dictar una ley de bioseguridad y de presupuestos mínimos para uso del suelo y que condene a las empresas demandadas a "recomponer" o "reparar" el ambiente y ecosistemas dañados mediante la reimplantación de cultivares convencionales, la fertilización de suelos y el repoblamiento de especies. De no ser posible, exige que se las condene al pago de una suma de dinero a determinar por alguno de los sistemas de monetarización del daño ambiental de uso internacional y conformar un fondo de compensación ambiental o fideicomiso, como resarcimiento.
El recurso de amparo pretende transmitir un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos implicados, así como evitar que se repitan las conductas antisociales de las empresas demandadas las que, teniendo conocimiento de que el daño podía producirse y debía ser evitado, priorizaron las mayores ganancias por sobre los bienes jurídicos de las personas. También pide que se las condene en concepto de daño punitivo al pago de una suma equivalente a la que se determine para las tareas de recomposición.
Asimismo se solicita que se las condene al pago de la suma que, en concepto de daño moral ambiental, la CSJN estime correspondiente, para integrarla al referido fondo o fideicomiso; que esté destinada a financiar una obra que tenga un fin satisfactivo para toda la sociedad y que sea amigable con el ambiente. A tal fin, la parte actora propone "que se destine a la recuperación y restablecimiento de la totalidad de la red ferroviaria nacional y sus servicios de transporte de pasajeros y carga".
Los casos emblemáticos que respaldan el amparo
Para respaldar la demanda, presentada por los abogados especialistas Jorge Mosset Iturraspe, Miguel Araya, Horacio Belosi, Santiago Kaplun y Graciela Cristina Gómez, se presentaron pruebas instrumentales, informativas y testimoniales. También se enumeran en el expediente los casos de daño a la salud de personas afectadas por agrotóxicos en Santiago del Estero, Entre Ríos y Buenos Aires y se presentaron sus historias clínicas. De prosperar el reclamo, la decisión judicial podría extenderse a otras provincias productoras de OGM, entre ellas Santa Fe.
. Caso Sandoval (Bandera, Santiago del Estero) La niña Julieta Sandoval falleció a los siete meses de vida. Nació con múltiples malformaciones atribuidas al uso de agroquímicos en su entorno. Su abuelo materno y su padre eran fumigadores y utilizaban glifosato, insecticidas y fungicidas. Alicia Fanny Giménez es la madre de la beba fallecida y ahora respalda el amparo.
. Caso Ayelén. Una niña de cinco años, también residente en Bandera que padece leucemia cuyo origen se relaciona con los agroquímicos.
. Caso Tomasi. Fabián Tomasi, de 43 años, se desempeñó como fumigador en Basavilbaso, Entre Ríos, desde que tenía 23 años. Hoy sufre graves afecciones asociadas a la exposición a los agroquímicos.
. Oscar Lescano. Médico rural y ex intendente de Basavilbaso. A partir de su experiencia en el consultorio se convirtió en uno de los más férreos denunciantes del problema en su provincia.
. Caso Milesi. (Mercedes, Buenos Aires) Allí vive el matrimonio conformado por José Milesi y Silvina Picchioni y su hijo Juan. En 2008, cuando el menor tenía cinco años, fueron rociados en el patio de su vivienda por un avión fumigador. Tiempo después le diagnosticaron al niño leucemia linfoplástica.
Reconocidos testigos
Entre los testigos que se proponen en el expediente figuran Gilles Séralini, investigador de biología molecular en el Instituto de Biología Fundamental y Aplicada de la Universidad de Caen (Francia); la bióloga Viviana Cousté de la UBA; el médico rural Darío Gianfelice; el jefe del Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital de Posadas, Hugo Gómez Demaio; el profesor de embriología, investigador del Conicet, Andrés Carrasco; el jefe del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad del Nordeste, el bioquímico Raúl Lucero; el pediatra, Rodolfo Páramo y el biólogo distinguido con el premio Nobel alternativo, Raúl Montenegro.
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Fecha de Publicación: 20/02/2013
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Nacional
Objetan ante la Suprema Corte de Justicia el sistema agroindustrial. Piden que se sancione a las compañías que los comercializan y que reparen el daño ambiental que generaron desde 1996. Cuestionan la introducción al país de los organismos genéticamente modificados (OGM) y el uso de agroquímicos vinculados a ellos.
Desde el 21 de diciembre de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina (CSJN) tiene en sus manos una demanda colectiva por daño ambiental contra el Estado nacional y las compañías multinacionales productoras de organismos genéticamente modificados (OGM) y el paquete de agrotóxicos asociados a ellos que se utilizan en el modelo productivo agroindustrial argentino desde principios de los 90.
La demanda ataca principalmente a los OGM —que son la base del esquema productivo que permitió la instauración en el país del actual sistema agrario—, y a sus características asociadas, las que derivaron en la tendencia al monocultivo, el método de siembra directa con la consecuente reducción de mano de obra rural, la concentración económica en manos de pocos productores y pooles de siembra, el meganegocio de las empresas multinacionales oligopólicas y el inconmensurable impacto sobre la salud de las poblaciones rurales y el medio ambiente.
El reclamo es por daño ambiental, moral y punitivo, y exige que no se autorice la incorporación de nuevos OGM en el país. Está caratulado como "Giménez Alicia Fanny y otros contra el Estado nacional, Monsanto y otros sobre daño ambiental". Los demandados son el Estado nacional, el Concejo Federal de Medio Ambiente y un grupo de empresas como Monsanto, Syngenta, DuPont, Novartis, Nidera, Dow Agrosciences, Pionner, Agrevo, Ciba Geigy, Argenbio y Bayer, entre otras, productoras de OGM —principalmente semillas de soja, maíz, algodón, arroz—, y el paquete químico atado a su uso, que se basa principalmente en el glifosato, sales derivadas del mismo, surfactantes y coadyuvantes.
La modificación artificial del genoma de una planta —o "evento" en la jerga de estas empresas—, fue aprobada en la Argentina desde 1996, por lo que se sembraron y se siembran en la actualidad sin control, a gran escala y sin evaluación de impacto o riesgo ambiental alguno, más de veinte millones de hectáreas. Además, se vierten más de doscientos millones de litros de agrotóxicos al ambiente por campaña y, en algunos casos, sobre los habitantes, a sabiendas de las consecuencias dañosas que ello acarrea.
La demanda tiene por objeto que la CSJN ordene al Ejecutivo Nacional suspender provisionalmente la liberación incontrolada de OGM y disponga el "etiquetado" de los productos que los contengan. Que suspenda también la aplicación de los agrotóxicos utilizados para su cultivo hasta tanto se determine científicamente su inocuidad para el ambiente, los ecosistemas, la biodiversidad, la salud de los seres vivos, el patrimonio cultural argentino y la sostenibilidad del modelo de producción, en mira a las generaciones futuras.
También solicita que exhorte al Poder Legislativo a dictar una ley de bioseguridad y de presupuestos mínimos para uso del suelo y que condene a las empresas demandadas a "recomponer" o "reparar" el ambiente y ecosistemas dañados mediante la reimplantación de cultivares convencionales, la fertilización de suelos y el repoblamiento de especies. De no ser posible, exige que se las condene al pago de una suma de dinero a determinar por alguno de los sistemas de monetarización del daño ambiental de uso internacional y conformar un fondo de compensación ambiental o fideicomiso, como resarcimiento.
El recurso de amparo pretende transmitir un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos implicados, así como evitar que se repitan las conductas antisociales de las empresas demandadas las que, teniendo conocimiento de que el daño podía producirse y debía ser evitado, priorizaron las mayores ganancias por sobre los bienes jurídicos de las personas. También pide que se las condene en concepto de daño punitivo al pago de una suma equivalente a la que se determine para las tareas de recomposición.
Asimismo se solicita que se las condene al pago de la suma que, en concepto de daño moral ambiental, la CSJN estime correspondiente, para integrarla al referido fondo o fideicomiso; que esté destinada a financiar una obra que tenga un fin satisfactivo para toda la sociedad y que sea amigable con el ambiente. A tal fin, la parte actora propone "que se destine a la recuperación y restablecimiento de la totalidad de la red ferroviaria nacional y sus servicios de transporte de pasajeros y carga".
Los casos emblemáticos que respaldan el amparo
Para respaldar la demanda, presentada por los abogados especialistas Jorge Mosset Iturraspe, Miguel Araya, Horacio Belosi, Santiago Kaplun y Graciela Cristina Gómez, se presentaron pruebas instrumentales, informativas y testimoniales. También se enumeran en el expediente los casos de daño a la salud de personas afectadas por agrotóxicos en Santiago del Estero, Entre Ríos y Buenos Aires y se presentaron sus historias clínicas. De prosperar el reclamo, la decisión judicial podría extenderse a otras provincias productoras de OGM, entre ellas Santa Fe.
Desde el 21 de diciembre de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina (CSJN) tiene en sus manos una demanda colectiva por daño ambiental contra el Estado nacional y las compañías multinacionales productoras de organismos genéticamente modificados (OGM) y el paquete de agrotóxicos asociados a ellos que se utilizan en el modelo productivo agroindustrial argentino desde principios de los 90.
La demanda ataca principalmente a los OGM —que son la base del esquema productivo que permitió la instauración en el país del actual sistema agrario—, y a sus características asociadas, las que derivaron en la tendencia al monocultivo, el método de siembra directa con la consecuente reducción de mano de obra rural, la concentración económica en manos de pocos productores y pooles de siembra, el meganegocio de las empresas multinacionales oligopólicas y el inconmensurable impacto sobre la salud de las poblaciones rurales y el medio ambiente.
El reclamo es por daño ambiental, moral y punitivo, y exige que no se autorice la incorporación de nuevos OGM en el país. Está caratulado como "Giménez Alicia Fanny y otros contra el Estado nacional, Monsanto y otros sobre daño ambiental". Los demandados son el Estado nacional, el Concejo Federal de Medio Ambiente y un grupo de empresas como Monsanto, Syngenta, DuPont, Novartis, Nidera, Dow Agrosciences, Pionner, Agrevo, Ciba Geigy, Argenbio y Bayer, entre otras, productoras de OGM —principalmente semillas de soja, maíz, algodón, arroz—, y el paquete químico atado a su uso, que se basa principalmente en el glifosato, sales derivadas del mismo, surfactantes y coadyuvantes.
La modificación artificial del genoma de una planta —o "evento" en la jerga de estas empresas—, fue aprobada en la Argentina desde 1996, por lo que se sembraron y se siembran en la actualidad sin control, a gran escala y sin evaluación de impacto o riesgo ambiental alguno, más de veinte millones de hectáreas. Además, se vierten más de doscientos millones de litros de agrotóxicos al ambiente por campaña y, en algunos casos, sobre los habitantes, a sabiendas de las consecuencias dañosas que ello acarrea.
La demanda tiene por objeto que la CSJN ordene al Ejecutivo Nacional suspender provisionalmente la liberación incontrolada de OGM y disponga el "etiquetado" de los productos que los contengan. Que suspenda también la aplicación de los agrotóxicos utilizados para su cultivo hasta tanto se determine científicamente su inocuidad para el ambiente, los ecosistemas, la biodiversidad, la salud de los seres vivos, el patrimonio cultural argentino y la sostenibilidad del modelo de producción, en mira a las generaciones futuras.
También solicita que exhorte al Poder Legislativo a dictar una ley de bioseguridad y de presupuestos mínimos para uso del suelo y que condene a las empresas demandadas a "recomponer" o "reparar" el ambiente y ecosistemas dañados mediante la reimplantación de cultivares convencionales, la fertilización de suelos y el repoblamiento de especies. De no ser posible, exige que se las condene al pago de una suma de dinero a determinar por alguno de los sistemas de monetarización del daño ambiental de uso internacional y conformar un fondo de compensación ambiental o fideicomiso, como resarcimiento.
El recurso de amparo pretende transmitir un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos implicados, así como evitar que se repitan las conductas antisociales de las empresas demandadas las que, teniendo conocimiento de que el daño podía producirse y debía ser evitado, priorizaron las mayores ganancias por sobre los bienes jurídicos de las personas. También pide que se las condene en concepto de daño punitivo al pago de una suma equivalente a la que se determine para las tareas de recomposición.
Asimismo se solicita que se las condene al pago de la suma que, en concepto de daño moral ambiental, la CSJN estime correspondiente, para integrarla al referido fondo o fideicomiso; que esté destinada a financiar una obra que tenga un fin satisfactivo para toda la sociedad y que sea amigable con el ambiente. A tal fin, la parte actora propone "que se destine a la recuperación y restablecimiento de la totalidad de la red ferroviaria nacional y sus servicios de transporte de pasajeros y carga".
Los casos emblemáticos que respaldan el amparo
Para respaldar la demanda, presentada por los abogados especialistas Jorge Mosset Iturraspe, Miguel Araya, Horacio Belosi, Santiago Kaplun y Graciela Cristina Gómez, se presentaron pruebas instrumentales, informativas y testimoniales. También se enumeran en el expediente los casos de daño a la salud de personas afectadas por agrotóxicos en Santiago del Estero, Entre Ríos y Buenos Aires y se presentaron sus historias clínicas. De prosperar el reclamo, la decisión judicial podría extenderse a otras provincias productoras de OGM, entre ellas Santa Fe.
. Caso Sandoval (Bandera, Santiago del Estero) La niña Julieta Sandoval falleció a los siete meses de vida. Nació con múltiples malformaciones atribuidas al uso de agroquímicos en su entorno. Su abuelo materno y su padre eran fumigadores y utilizaban glifosato, insecticidas y fungicidas. Alicia Fanny Giménez es la madre de la beba fallecida y ahora respalda el amparo.
. Caso Ayelén. Una niña de cinco años, también residente en Bandera que padece leucemia cuyo origen se relaciona con los agroquímicos.
. Caso Tomasi. Fabián Tomasi, de 43 años, se desempeñó como fumigador en Basavilbaso, Entre Ríos, desde que tenía 23 años. Hoy sufre graves afecciones asociadas a la exposición a los agroquímicos.
. Oscar Lescano. Médico rural y ex intendente de Basavilbaso. A partir de su experiencia en el consultorio se convirtió en uno de los más férreos denunciantes del problema en su provincia.
. Caso Milesi. (Mercedes, Buenos Aires) Allí vive el matrimonio conformado por José Milesi y Silvina Picchioni y su hijo Juan. En 2008, cuando el menor tenía cinco años, fueron rociados en el patio de su vivienda por un avión fumigador. Tiempo después le diagnosticaron al niño leucemia linfoplástica.
Reconocidos testigos
Entre los testigos que se proponen en el expediente figuran Gilles Séralini, investigador de biología molecular en el Instituto de Biología Fundamental y Aplicada de la Universidad de Caen (Francia); la bióloga Viviana Cousté de la UBA; el médico rural Darío Gianfelice; el jefe del Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital de Posadas, Hugo Gómez Demaio; el profesor de embriología, investigador del Conicet, Andrés Carrasco; el jefe del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad del Nordeste, el bioquímico Raúl Lucero; el pediatra, Rodolfo Páramo y el biólogo distinguido con el premio Nobel alternativo, Raúl Montenegro.
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Proyecto en contra de las obras de Metrobus
Metrobus: Proyecto busca proteger espacios verdes
Fecha de Publicación: 19/02/2013
Fuente: Noticias Urbanas
Provincia/Región: Capital Federal
La iniciativa fue planteada por legisladores del Partido Socialista Auténtico. "La 9 de Julio y la Plaza de la República son parte del patrimonio histórico cultural de la Ciudad y el país", afirmaron.
Los legisladores del Partido Socialista Auténtico, Adrián Camps, Jorge Selser y Virginia González Gass, presentaron hoy un proyecto de ley para declarar “Área de Protección Histórica” a todas las plazas, plazoletas y canteros de la Av. 9 de Julio, incluida la Plaza de la República.
“La 9 de Julio y la Plaza de la República son parte del patrimonio histórico cultural, tanto de la ciudad como del país entero. Es un orgullo para los porteños que no es propiedad de ninguno de sus ocasionales gobiernos. La intención de recortar la Plaza y eliminar plazoletas que llevan los nombres de las provincias demuestra el desprecio del macrismo hacia el principal símbolo de la identidad nacional que existe en la Ciudad de Buenos Aires”, declaró Camps
En tanto, Selser aseguró: “Esta es otra muestra de la falta de sensibilidad y el poco respeto por la vida que tiene Mauricio Macri. No dudó en derribar estos árboles, pulmón de aire del centro porteño en pos de un negocio millonario. Ya no me extraña ni me sorprende; es su manera de manejarse en todas las áreas sensibles de la Ciudad”.
Para González Gass, “la destrucción de la avenida 9 de Julio para la construcción del Metrobus es otra de las barbaridades del macrismo. Peor aún es su insistencia en el error y taladrar símbolos nacionales como la Plaza de la República. Esto ya ocurrió cuando sacaron el ancla del escudo de la Ciudad de Buenos Aires”.
A lo largo de la 9 de Julio se encuentra representada la Argentina. Cada plazoleta lleva el nombre de una provincia. En la Plaza de la República se encuentra emplazado el escudo nacional, el de todas las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma, alrededor del principal símbolo de la Ciudad: el Obelisco.
También hay que recordar que el 9 de julio de 1987, el reconocido artista plástico Nicolás García Uriburu convocó a los vecinos de Buenos Aires a llenar de árboles la avenida con especies autóctonas. La gente acudió aportando plantas de ceibo, tipa, lapacho, pata de vaca, entre otras especies.
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Fecha de Publicación: 19/02/2013
Fuente: Noticias Urbanas
Provincia/Región: Capital Federal
La iniciativa fue planteada por legisladores del Partido Socialista Auténtico. "La 9 de Julio y la Plaza de la República son parte del patrimonio histórico cultural de la Ciudad y el país", afirmaron.Los legisladores del Partido Socialista Auténtico, Adrián Camps, Jorge Selser y Virginia González Gass, presentaron hoy un proyecto de ley para declarar “Área de Protección Histórica” a todas las plazas, plazoletas y canteros de la Av. 9 de Julio, incluida la Plaza de la República.
“La 9 de Julio y la Plaza de la República son parte del patrimonio histórico cultural, tanto de la ciudad como del país entero. Es un orgullo para los porteños que no es propiedad de ninguno de sus ocasionales gobiernos. La intención de recortar la Plaza y eliminar plazoletas que llevan los nombres de las provincias demuestra el desprecio del macrismo hacia el principal símbolo de la identidad nacional que existe en la Ciudad de Buenos Aires”, declaró Camps
En tanto, Selser aseguró: “Esta es otra muestra de la falta de sensibilidad y el poco respeto por la vida que tiene Mauricio Macri. No dudó en derribar estos árboles, pulmón de aire del centro porteño en pos de un negocio millonario. Ya no me extraña ni me sorprende; es su manera de manejarse en todas las áreas sensibles de la Ciudad”.
Para González Gass, “la destrucción de la avenida 9 de Julio para la construcción del Metrobus es otra de las barbaridades del macrismo. Peor aún es su insistencia en el error y taladrar símbolos nacionales como la Plaza de la República. Esto ya ocurrió cuando sacaron el ancla del escudo de la Ciudad de Buenos Aires”.
A lo largo de la 9 de Julio se encuentra representada la Argentina. Cada plazoleta lleva el nombre de una provincia. En la Plaza de la República se encuentra emplazado el escudo nacional, el de todas las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma, alrededor del principal símbolo de la Ciudad: el Obelisco.
También hay que recordar que el 9 de julio de 1987, el reconocido artista plástico Nicolás García Uriburu convocó a los vecinos de Buenos Aires a llenar de árboles la avenida con especies autóctonas. La gente acudió aportando plantas de ceibo, tipa, lapacho, pata de vaca, entre otras especies.
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