Santiago del Estero y el abuso a campesinos
09:52 | 
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Denuncias de violencia contra campesinos
Fecha de Publicación: 16/10/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Santiago del Estero
En Santiago del Estero, el crimen de Galván fue una nueva etapa de una escalada originada por la extensión de la frontera agrícola. Organizaciones rurales reclaman al gobierno provincial que cumpla con la regularización de tierras.
El asesinato el miércoles pasado del campesino indígena Miguel Galván descubrió una vez más la escalada de violencia que sufren las comunidades campesinas e indígenas de Santiago del Estero. Represión, amenazas, desalojos, causas armadas, detenciones arbitrarias, golpizas e intentos de homicidio son sólo algunas de las prácticas de amedrentamiento utilizadas por empresarios en complicidad con jueces y policías provinciales. El problema, aseguran desde las organizaciones sociales, ha recrudecido principalmente en el norte de la provincia, donde tierras que no resultaban productivas para la siembra cobraron valor con la llegada de los agroquímicos y el boom de la soja. Desde el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) exigen que el gobierno local aplique una política de inversión para los pequeños productores y que cumpla con los programas de regularización de la posesión de tierras.
Galván, campesino del pueblo indígena lule-vilela, de 40 años, murió el miércoles tras ser apuñalado en la yugular por un hombre que responde a un empresario agropecuario salteño. El ataque se produjo en el paraje Simbol, del departamento de Copo, el mismo donde fuera asesinado hace menos de once meses el campesino indígena Cristian Ferreyra –también en el marco de su lucha en defensa de la tierra–, y tuvo lugar a pesar de que la familia de Galván había denunciado en varias oportunidades amenazas de muerte, intentos de desalojo y golpizas por parte de grupos armados que intentaban echarlos de su comunidad.
“Era una muerte anunciada. Hace rato que los movimientos campesinos denunciamos que esto pasaría otra vez. El gobernador Gerardo Zamora y el Poder Judicial de la provincia son los responsables de las condiciones de violencia e indefensión en que se encuentran las comunidades rurales e indígenas. Siguen privilegiando la producción de soja por sobre los derechos de los campesinos que llevamos generaciones trabajando la tierra”, denunció Roger Almaraz, vocero del Mocase. En el caso de Galván, cuenta, ya habían intervenido el Comité de Emergencia, que depende de la gobernación y, por lo tanto, el crimen “debía haberse evitado”.
El problema viene desde los ’90, describe Almaraz. “Los empresarios codiciaban las tierras de los campesinos para la tala de bosques y la producción de ganado. Sin embargo, fue el corrimiento de la frontera agropecuaria lo que hizo que el problema tomara esta magnitud, porque los campos de los distritos del norte, antes ignorados, cobraron valor para la siembra de soja. Los empresarios echan a familias que vivieron y trabajaron en esos parajes por generaciones con total impunidad.”
Según cifras del Ministerio de Agricultura, en la primera década del siglo la superficie de cultivo de soja se cuadruplicó en la provincia, hasta llegar a una producción anual de 2.467.800 toneladas en 2010. “La cifra va a ir en aumento si se considera que el Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) prevé ganar aún más espacio para la soja, es decir, más desalojos y desmontes”, intuye el vocero del Mocase.
La organización denuncia que, en la actualidad, “el empresario utiliza 4 o 5 años la tierra, hasta que pierde sus virtudes, y luego la vende. Así extinguen nuestro hábitat y nos obligan a migrar a las villas de las ciudades, como la que se comenzó a formar en Monte Quemado (distrito de Copo)”. El Mocase exige, en ese sentido, que “el gobernador Gerardo Zamora articule un programa de producción para el crecimiento del sector, que permita que el monte sea preservado y que las 25 mil familias campesinas indígenas conserven su fuente de vida y su identidad”.
En Santiago del Estero las comunidades rurales representan, según la organización, entre el 35 y el 39 por ciento de los 896.461 habitantes que registró el censo de 2010 en la provincia. La mayor parte de las familias no posee títulos de propiedad, pero ha trabajado y vivido en esos campos por más de veinte años, plazo suficiente para ser considerados poseedores según la llamada “ley veinteñal”. Como pocos campesinos conocen o tienen los recursos para iniciar los trámites requeridos, la tarea de financiar e informar está en manos de un Registro de Poseedores creado en 2007. Sin embargo, “como el gobernador, que hace apenas un año prometía que duplicaría el equipo de trabajo para acelerar los trámites, no otorga el subsidio desde marzo, el organismo no funciona”, acusa el movimiento.
Las luchas por conservar la tierra, en tanto, están a la orden del día. El Comité de Emergencia dependiente de la gobernación ha contabilizado desde 2008 más de 400 casos de comunidades rurales en conflicto, aunque desde las entidades civiles se estima que la mayoría de los desplazamientos quedan invisibilizados porque las comunidades que desconocen sus derechos permiten que se las expulse sin defenderse. Cuando, en cambio, hay resistencia, profundiza Almaraz, los empresarios apelan a “la violencia de bandas armadas o a la criminalización de la legítima defensa, a través de falsas imputaciones por los delitos de usurpación, amenazas, resistencia a la autoridad, desobediencia, daños y hurto forestal. Utilizan como quieren a la policía provincial y al Poder Judicial”.
El asesinato de Ferreyra, el 16 de noviembre de 2011, evidenció la gravedad de los conflictos en la zona. El Comité de Emergencia había alertado de la presencia de una banda armada en el Paraje San Antonio, distrito de Copo, que intentaba realizar el desmonte de un bosque nativo en tierras comunitarias. También lo había hecho el Mocase-Vía Campesina (VC), sin respuesta del gobierno. A once meses, “el atropello no ha cambiado: se meten en nuestras tierras, nos amenazan –entre otros a los familiares del joven Ferreyra, de 23 años, muerto– y tratan de echarnos mientras achican nuestro territorio”, explica a este diario Ricardo Cuéllar, representante del Mocase-VC. El 1º de julio, por ejemplo, Sixto Ruiz, un campesino también del distrito de Copo, fue baleado en su estancia por un grupo armado de alambradores que intentaba echarlo de su tierra. La bala le atravesó el pecho a un centímetro del corazón. Ruiz sobrevivió.
No fue el único caso que casi termina en tragedia. El 19 de diciembre de 2011, Néstor Palacios “recibió un disparo cuando defendía los territorios de su comunidad frente al avance de los alambradores custodiados por una banda armada”, acusó el Mocase-VC.
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Fecha de Publicación: 16/10/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Santiago del Estero
En Santiago del Estero, el crimen de Galván fue una nueva etapa de una escalada originada por la extensión de la frontera agrícola. Organizaciones rurales reclaman al gobierno provincial que cumpla con la regularización de tierras.
El asesinato el miércoles pasado del campesino indígena Miguel Galván descubrió una vez más la escalada de violencia que sufren las comunidades campesinas e indígenas de Santiago del Estero. Represión, amenazas, desalojos, causas armadas, detenciones arbitrarias, golpizas e intentos de homicidio son sólo algunas de las prácticas de amedrentamiento utilizadas por empresarios en complicidad con jueces y policías provinciales. El problema, aseguran desde las organizaciones sociales, ha recrudecido principalmente en el norte de la provincia, donde tierras que no resultaban productivas para la siembra cobraron valor con la llegada de los agroquímicos y el boom de la soja. Desde el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) exigen que el gobierno local aplique una política de inversión para los pequeños productores y que cumpla con los programas de regularización de la posesión de tierras.
Galván, campesino del pueblo indígena lule-vilela, de 40 años, murió el miércoles tras ser apuñalado en la yugular por un hombre que responde a un empresario agropecuario salteño. El ataque se produjo en el paraje Simbol, del departamento de Copo, el mismo donde fuera asesinado hace menos de once meses el campesino indígena Cristian Ferreyra –también en el marco de su lucha en defensa de la tierra–, y tuvo lugar a pesar de que la familia de Galván había denunciado en varias oportunidades amenazas de muerte, intentos de desalojo y golpizas por parte de grupos armados que intentaban echarlos de su comunidad.
“Era una muerte anunciada. Hace rato que los movimientos campesinos denunciamos que esto pasaría otra vez. El gobernador Gerardo Zamora y el Poder Judicial de la provincia son los responsables de las condiciones de violencia e indefensión en que se encuentran las comunidades rurales e indígenas. Siguen privilegiando la producción de soja por sobre los derechos de los campesinos que llevamos generaciones trabajando la tierra”, denunció Roger Almaraz, vocero del Mocase. En el caso de Galván, cuenta, ya habían intervenido el Comité de Emergencia, que depende de la gobernación y, por lo tanto, el crimen “debía haberse evitado”.
El problema viene desde los ’90, describe Almaraz. “Los empresarios codiciaban las tierras de los campesinos para la tala de bosques y la producción de ganado. Sin embargo, fue el corrimiento de la frontera agropecuaria lo que hizo que el problema tomara esta magnitud, porque los campos de los distritos del norte, antes ignorados, cobraron valor para la siembra de soja. Los empresarios echan a familias que vivieron y trabajaron en esos parajes por generaciones con total impunidad.”
Según cifras del Ministerio de Agricultura, en la primera década del siglo la superficie de cultivo de soja se cuadruplicó en la provincia, hasta llegar a una producción anual de 2.467.800 toneladas en 2010. “La cifra va a ir en aumento si se considera que el Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) prevé ganar aún más espacio para la soja, es decir, más desalojos y desmontes”, intuye el vocero del Mocase.
La organización denuncia que, en la actualidad, “el empresario utiliza 4 o 5 años la tierra, hasta que pierde sus virtudes, y luego la vende. Así extinguen nuestro hábitat y nos obligan a migrar a las villas de las ciudades, como la que se comenzó a formar en Monte Quemado (distrito de Copo)”. El Mocase exige, en ese sentido, que “el gobernador Gerardo Zamora articule un programa de producción para el crecimiento del sector, que permita que el monte sea preservado y que las 25 mil familias campesinas indígenas conserven su fuente de vida y su identidad”.
En Santiago del Estero las comunidades rurales representan, según la organización, entre el 35 y el 39 por ciento de los 896.461 habitantes que registró el censo de 2010 en la provincia. La mayor parte de las familias no posee títulos de propiedad, pero ha trabajado y vivido en esos campos por más de veinte años, plazo suficiente para ser considerados poseedores según la llamada “ley veinteñal”. Como pocos campesinos conocen o tienen los recursos para iniciar los trámites requeridos, la tarea de financiar e informar está en manos de un Registro de Poseedores creado en 2007. Sin embargo, “como el gobernador, que hace apenas un año prometía que duplicaría el equipo de trabajo para acelerar los trámites, no otorga el subsidio desde marzo, el organismo no funciona”, acusa el movimiento.
Las luchas por conservar la tierra, en tanto, están a la orden del día. El Comité de Emergencia dependiente de la gobernación ha contabilizado desde 2008 más de 400 casos de comunidades rurales en conflicto, aunque desde las entidades civiles se estima que la mayoría de los desplazamientos quedan invisibilizados porque las comunidades que desconocen sus derechos permiten que se las expulse sin defenderse. Cuando, en cambio, hay resistencia, profundiza Almaraz, los empresarios apelan a “la violencia de bandas armadas o a la criminalización de la legítima defensa, a través de falsas imputaciones por los delitos de usurpación, amenazas, resistencia a la autoridad, desobediencia, daños y hurto forestal. Utilizan como quieren a la policía provincial y al Poder Judicial”.
El asesinato de Ferreyra, el 16 de noviembre de 2011, evidenció la gravedad de los conflictos en la zona. El Comité de Emergencia había alertado de la presencia de una banda armada en el Paraje San Antonio, distrito de Copo, que intentaba realizar el desmonte de un bosque nativo en tierras comunitarias. También lo había hecho el Mocase-Vía Campesina (VC), sin respuesta del gobierno. A once meses, “el atropello no ha cambiado: se meten en nuestras tierras, nos amenazan –entre otros a los familiares del joven Ferreyra, de 23 años, muerto– y tratan de echarnos mientras achican nuestro territorio”, explica a este diario Ricardo Cuéllar, representante del Mocase-VC. El 1º de julio, por ejemplo, Sixto Ruiz, un campesino también del distrito de Copo, fue baleado en su estancia por un grupo armado de alambradores que intentaba echarlo de su tierra. La bala le atravesó el pecho a un centímetro del corazón. Ruiz sobrevivió.
No fue el único caso que casi termina en tragedia. El 19 de diciembre de 2011, Néstor Palacios “recibió un disparo cuando defendía los territorios de su comunidad frente al avance de los alambradores custodiados por una banda armada”, acusó el Mocase-VC.
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Etiquetas:
Greenpeace interviene oficinas Cerro Bayo y Eidico
Greenpeace interviene las oficinas de empresas inmobiliarias que pretenden desmontar bosques patagónicos
Fecha de Publicación: 16/10/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Neuquén
Los activistas realizaron una manifestación artística para reclamar la urgente cancelación de proyectos urbanísticos que violan la Ley de Bosques
Activistas de Greenpeace realizaron una intervención artística en la entrada a las oficinas de las empresas Cerro Bayo S.A. y Eidico S.A., en Villa La Angostura (Neuquén) y reclamaron la cancelación urgente y definitiva de proyectos urbanísticos que violan la Ley de Bosques e implicarán el desmonte de 1100 hectáreas de bosques patagónicos.
Según informa esta ONG en un comunicado, a pedido de las empresas, la policía local llegó hasta el lugar y pidió los datos tanto a los activistas involucrados como a los periodistas que se encontraban cubriendo la actividad.
Por la mañana temprano, los "Jaguares" de Greenpeace llegaron a Villa La Angostura con sus motos y areneros y colgaron un cartel con la leyenda "Bosque en peligro" en uno de los lotes donde las empresas Cerro Bayo S.A. y EIDICO S.A. pretenden realizar un barrio exclusivo. Luego realizaron una intervención coordinada por el artista plástico Alfredo Segatori, en el frente de las oficinas y la sala de exposición que las empresas tienen en otro de los proyectos urbanísticos, que incluye una cancha de golf.
"La falta de cobertura boscosa y la construcción sobre las laderas de los cerros provocará un alto impacto sobre la biodiversidad, una importante fragmentación del bosque y cambios en la estética del paisaje; y puede generar serios procesos de erosión y taludes. Es muy preocupante que, a pesar del alto impacto ambiental y de los impedimentos legales, las empresas insistan con los proyectos urbanísticos", señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Las empresas planean la construcción de por lo menos dos mega-countries y una cancha de golf en los cerros Bayo y Belvedere que implicarán la deforestación de más de 1100 hectáreas de bosques patagónicos. El área, valiosa en biodiversidad, es una de las mejores conservadas del país, y cuenta con árboles de más de 100 años.
Los proyectos urbanísticos se encuentran ubicados mayormente en áreas en las cuales, según las categorías I (Rojo) y II (Amarillo) de la Ley de Bosques y del Ordenamiento Territorial realizado por la provincia, está prohibido el desmonte, ya sea para agricultura, ganadería o emprendimientos inmobiliarios.
"Lamentablemente el gobierno de Neuquén ha sido ambiguo con respecto a la factibilidad de los proyectos. Es imprescindible que sean garantes del cumplimiento de la Ley de Bosques y no autoricen estos emprendimientos. Los beneficios económicos de las empresas no pueden estar por sobre la legislación vigente, los derechos de los vecinos de Villa La Angostura, ni por sobre la protección de un ecosistema tan valioso como el bosque andino patagónico", afirmó Giardini..
Desde Eidico informaron que la empresa no es desarrolladora de este emprendimiento sino que fue contratada por los dueños de la tierra para llevar adelante dos tareas: la comunicación del proyecto para evaluar su interés, etapa que ya está concluida; y el gerenciamiento de las obras, etapa que no comenzará hasta tanto estén todas las aprobaciones. De modo que, en este momento, Eidico no tiene ninguna responsabilidad sobre el proyecto.
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Fecha de Publicación: 16/10/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Neuquén
Los activistas realizaron una manifestación artística para reclamar la urgente cancelación de proyectos urbanísticos que violan la Ley de BosquesActivistas de Greenpeace realizaron una intervención artística en la entrada a las oficinas de las empresas Cerro Bayo S.A. y Eidico S.A., en Villa La Angostura (Neuquén) y reclamaron la cancelación urgente y definitiva de proyectos urbanísticos que violan la Ley de Bosques e implicarán el desmonte de 1100 hectáreas de bosques patagónicos.
Según informa esta ONG en un comunicado, a pedido de las empresas, la policía local llegó hasta el lugar y pidió los datos tanto a los activistas involucrados como a los periodistas que se encontraban cubriendo la actividad.
Por la mañana temprano, los "Jaguares" de Greenpeace llegaron a Villa La Angostura con sus motos y areneros y colgaron un cartel con la leyenda "Bosque en peligro" en uno de los lotes donde las empresas Cerro Bayo S.A. y EIDICO S.A. pretenden realizar un barrio exclusivo. Luego realizaron una intervención coordinada por el artista plástico Alfredo Segatori, en el frente de las oficinas y la sala de exposición que las empresas tienen en otro de los proyectos urbanísticos, que incluye una cancha de golf.
"La falta de cobertura boscosa y la construcción sobre las laderas de los cerros provocará un alto impacto sobre la biodiversidad, una importante fragmentación del bosque y cambios en la estética del paisaje; y puede generar serios procesos de erosión y taludes. Es muy preocupante que, a pesar del alto impacto ambiental y de los impedimentos legales, las empresas insistan con los proyectos urbanísticos", señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Las empresas planean la construcción de por lo menos dos mega-countries y una cancha de golf en los cerros Bayo y Belvedere que implicarán la deforestación de más de 1100 hectáreas de bosques patagónicos. El área, valiosa en biodiversidad, es una de las mejores conservadas del país, y cuenta con árboles de más de 100 años.
Los proyectos urbanísticos se encuentran ubicados mayormente en áreas en las cuales, según las categorías I (Rojo) y II (Amarillo) de la Ley de Bosques y del Ordenamiento Territorial realizado por la provincia, está prohibido el desmonte, ya sea para agricultura, ganadería o emprendimientos inmobiliarios.
"Lamentablemente el gobierno de Neuquén ha sido ambiguo con respecto a la factibilidad de los proyectos. Es imprescindible que sean garantes del cumplimiento de la Ley de Bosques y no autoricen estos emprendimientos. Los beneficios económicos de las empresas no pueden estar por sobre la legislación vigente, los derechos de los vecinos de Villa La Angostura, ni por sobre la protección de un ecosistema tan valioso como el bosque andino patagónico", afirmó Giardini..
Desde Eidico informaron que la empresa no es desarrolladora de este emprendimiento sino que fue contratada por los dueños de la tierra para llevar adelante dos tareas: la comunicación del proyecto para evaluar su interés, etapa que ya está concluida; y el gerenciamiento de las obras, etapa que no comenzará hasta tanto estén todas las aprobaciones. De modo que, en este momento, Eidico no tiene ninguna responsabilidad sobre el proyecto.
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ACUMAR presiona a las curtiembres
Los curtiembreros reclaman por la clausura de pequeñas empresas
Fecha de Publicación: 15/10/2012
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Riachuelo
Solicitan más tiempo para realizar los cambios que exige ACUMAR, como parte del plan de saneamiento del Riachuelo. También que les instalen cloacas. Ya fueron cerrados 42 establecimientos.
El saneamiento del Riachuelo tiene dos caras en Lanús. Mientras el Gobierno municipal y la Autoridad de la Cuenca Matanza–Riachuelo (ACUMAR) anuncian avances, muchas empresas de curtiembres, según denuncian, deben bajar sus persianas dejando empleados en la calle por no alcanzar a cumplir las nuevas normas. Agrupados en la Unión de Curtiembres Argentinas (UCA) sus dueños reclaman por las clausuras, acusan a ACUMAR de no respetar lo prometido y piden reanudar un “diálogo constructivo”.
Lanús es un polo curtiembrero por excelencia. Pero actualmente, según información de ACUMAR, hay 42 empresas clausuradas y 220 declaradas “agente contaminante”. “De 53 firmas pequeñas y medianas agrupadas, quedamos sólo 43 y cada vez son más las que cierran. Todos adherimos al plan de reconversión, pero las exigencias son muy altas, los plazos cortos y no nos brindan ningún tipo de ayuda”, explican desde UCA, y agregan: “Más allá de nuestras empresas, que son firmas de hasta cuatro generaciones, estamos acarreando la responsabilidad de unas 5.000 familias. Y al ser un sector madre, que genera trabajo a marroquinerías y zapaterías, la consecuencia es aún más grande”.
Según explican, ellos son los más perjudicados. “Las grandes curtiembres invierten millones y lo solucionan al momento o se trasladan. Nosotros no contamos con esa plata, y no nos dan tiempo para hacer los cambios gradualmente porque nos clausuran. Encima, si dejamos de producir, generamos menos ingresos para poder hacer los cambios. Habían anunciado que iban a darnos subsidios, pero nunca se concretan”, se quejan los empresarios.
Otro de los problemas es la falta de cloacas. “Estamos instalando en nuestras empresas un proceso de limpieza del agua, la cual queda apta para poder evacuarse por cloaca, pero no tenemos. Y por desagüe pluvial no nos lo permiten. Necesitamos que la Comuna genere infraestructura”, indican los curtiembreros, y agregan: “Dijimos de poner un camión que recolecte el agua al menos una vez por mes, pero necesitamos que nos digan dónde descargarlo”.
Desde ACUMAR respondieron: “Las empresas que contaminan son las responsables de reconvertir sus procesos productivos para que cumplan con las normas ambientales vigentes. La ACUMAR se encarga de controlar, inspeccionar, fiscalizar y otorgar planes de producción limpia, que incluyen aportes no reembolsables y técnicos”.
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Fecha de Publicación: 15/10/2012
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Riachuelo
Solicitan más tiempo para realizar los cambios que exige ACUMAR, como parte del plan de saneamiento del Riachuelo. También que les instalen cloacas. Ya fueron cerrados 42 establecimientos. El saneamiento del Riachuelo tiene dos caras en Lanús. Mientras el Gobierno municipal y la Autoridad de la Cuenca Matanza–Riachuelo (ACUMAR) anuncian avances, muchas empresas de curtiembres, según denuncian, deben bajar sus persianas dejando empleados en la calle por no alcanzar a cumplir las nuevas normas. Agrupados en la Unión de Curtiembres Argentinas (UCA) sus dueños reclaman por las clausuras, acusan a ACUMAR de no respetar lo prometido y piden reanudar un “diálogo constructivo”.
Lanús es un polo curtiembrero por excelencia. Pero actualmente, según información de ACUMAR, hay 42 empresas clausuradas y 220 declaradas “agente contaminante”. “De 53 firmas pequeñas y medianas agrupadas, quedamos sólo 43 y cada vez son más las que cierran. Todos adherimos al plan de reconversión, pero las exigencias son muy altas, los plazos cortos y no nos brindan ningún tipo de ayuda”, explican desde UCA, y agregan: “Más allá de nuestras empresas, que son firmas de hasta cuatro generaciones, estamos acarreando la responsabilidad de unas 5.000 familias. Y al ser un sector madre, que genera trabajo a marroquinerías y zapaterías, la consecuencia es aún más grande”.
Según explican, ellos son los más perjudicados. “Las grandes curtiembres invierten millones y lo solucionan al momento o se trasladan. Nosotros no contamos con esa plata, y no nos dan tiempo para hacer los cambios gradualmente porque nos clausuran. Encima, si dejamos de producir, generamos menos ingresos para poder hacer los cambios. Habían anunciado que iban a darnos subsidios, pero nunca se concretan”, se quejan los empresarios.
Otro de los problemas es la falta de cloacas. “Estamos instalando en nuestras empresas un proceso de limpieza del agua, la cual queda apta para poder evacuarse por cloaca, pero no tenemos. Y por desagüe pluvial no nos lo permiten. Necesitamos que la Comuna genere infraestructura”, indican los curtiembreros, y agregan: “Dijimos de poner un camión que recolecte el agua al menos una vez por mes, pero necesitamos que nos digan dónde descargarlo”.
Desde ACUMAR respondieron: “Las empresas que contaminan son las responsables de reconvertir sus procesos productivos para que cumplan con las normas ambientales vigentes. La ACUMAR se encarga de controlar, inspeccionar, fiscalizar y otorgar planes de producción limpia, que incluyen aportes no reembolsables y técnicos”.
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Santa Fe: Nuevo petitorio de Paren de Fumigarnos
Nuevo petitorio para que se modifique la ley de agroquímicos
Fecha de Publicación: 15/10/2012
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Dirigentes de la campaña Paren de Fumigarnos y vecinos de pueblos afectados por los químicos agrarios realizaron un nuevo acto de entrega de miles firmas al vicegobernador de la provincia, Jorge Henn, que avalan el petitorio para que el Senado de la provincia aborde la discusión de las modificaciones a la ley de agroquímicos. Durante la jornada se realizaron actividades de concientización destinadas a legisladores y público en general con la participación de destacados panelistas, entre otros, el científico del Conicet Andrés Carrasco y el secretario académico de la Universidad Nacional de Rosario, Damián Verzeñassi.
Las instituciones y vecinos organizadores de esta jornada reclaman desde hace años el tratamiento y la sanción de una nueva ley que regule la aplicación de agroquímicos y que contemple medidas de protección mínimas que resguarden la salud de las personas y el medio ambiente, a través del establecimiento de zonas de exclusión de químicos y establezca pautas de almacenamiento.
"Sólo restan 3 sesiones y recordando los antecedentes de este cuerpo dejando caer proyectos anteriores, consideramos importante que se involucren todos los estamentos de la ciudadanía, organizaciones sociales y académicas para reclamar de nuestros representantes el cumplimento de su mandato", señalaron.
Al promediar la tarde del jueves, en el hall de la Legislatura santafesina, comenzó el foro "Agrotóxicos, impacto en la salud y en el ambiente" con palabras del presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, Pablo Di Bert. Explicó que "la realización de la jornada tuvo voto favorable en la Cámara baja" y tras un breve discurso dio lugar a panelistas del Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat), luego a la abogada Gabriela Ferrer, quien interpuso un recurso de amparo para proteger a los vecinos y luego derivó en el conocido fallo San Jorge.
Necesario. El presidente del Cepronat, Carlos Manessi, se refirió a la necesidad de que este año se apruebe una nueva ley que actualice la vigente que regula el uso de agroquímicos y que data de 1995. Reiteró la petición de resguardos mínimos como los 800 metros terrestres y la prohibición de fumigaciones aéreas. Recordó el caso de los residuos de endosulfán hallados por científicos argentinos en la Antártida y consideró también que "es inconcebible que en 2012 aún existan silos en las plantas urbanas".
Recordó que sólo restan tres sesiones para el final del periodo legislativo ordinario "y según parece los senadores se aprestan a dejar caer otra vez el proyecto de modificación a la ley que protegería la salud de los santafesinos".
Por su parte, Ferrer recordó los detalles del caso San Jorge y finalmente Viviana Peralta (San Jorge) conmovió a los asistentes con el relato de su experiencia y los padecimientos de su hija desde los cuatro meses de vida hasta el cese de las fumigaciones.
También rememoró que en medio de la prohibición ordenada por la Justicia hubo una fumigación en avión a unos mil metros de su vivienda que provocó un nuevo espasmo de su hija. Su relato fue interrumpido con el estallido de aplausos en varias oportunidades y provocó un fuerte impacto en el auditorio cuando contó que los médicos aconsejaron que se retirara de su vivienda durante cuatro días hasta que se disiparan los efectos de la fumigación, para preservar la vida de su hija, una posibilidad que consideró inadmisible.
Posteriormente, Carrasco habló de la condición necesaria de prohibir las fumigaciones aéreas "porque son impredecibles" y alejar inmediatamente las terrestres. Durante su discurso se explayó sobre los daños genéticos a largo plazo que producen los productos transgénicos, "introducidos como un factor de desorden celular de consecuencias también impredecibles. Estos resultan experimentos innecesarios que en absoluto contribuyeron a alimentar al mundo y son sólo un gran negocio para unas pocas empresas multinacionales interesadas en controlar la agricultura de esta región del planeta con un fin únicamente lucrativo".
Campo sin campesinos. El principal planteo del científico se dirigió al modelo de producción vigente "que necesita campo sin campesinos. Que es necesario desalojarlos de cualquier modo para evitar cuestionamientos". En ese sentido recordó que "en Europa no se cultivan transgénicos salvo en pocas parcelas de España, ni se usa masivamente glifosato".
El médico genetista resaltó que en estudios publicados hace menos de un mes por el equipo dirigido por el prestigioso científico Gilles Eric Séralini de la Universidad de Caen (Francia), se demostró que las ratas alimentadas con transgénicos durante toda su vida (dos años) aumentaron significativamente su tasa de mortalidad y de producción de tumores, incluso aquéllas tratadas sólo con alimento transgénico sin contacto con agroquímicos.
Compromiso científico. Verzeñassi recordó el compromiso de los científicos con la comunidad antes que con los negocios y en un encendido discurso repasó antecedentes del modo en que este modelo transnacional de producción "llegó desde el norte como una forma de trasladar las industrias sucias a estas latitudes, ante la imposibilidad de trasladar sólo los residuos".
Como docente de la Facultad de Medicina, Verzeñassi informó que los estudiantes, antes de recibirse, realizan un campamento sanitario en ciudades de no más de diez mil habitantes, para tomar contacto con las demandas sanitarias de las poblaciones. "Lo realizado en ese sentido en una decena de poblaciones demostró aumentos de la tasa de cánceres que multiplican por 2, 3 o 4 veces la media nacional", indicó el profesional.
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Fecha de Publicación: 15/10/2012
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Dirigentes de la campaña Paren de Fumigarnos y vecinos de pueblos afectados por los químicos agrarios realizaron un nuevo acto de entrega de miles firmas al vicegobernador de la provincia, Jorge Henn, que avalan el petitorio para que el Senado de la provincia aborde la discusión de las modificaciones a la ley de agroquímicos. Durante la jornada se realizaron actividades de concientización destinadas a legisladores y público en general con la participación de destacados panelistas, entre otros, el científico del Conicet Andrés Carrasco y el secretario académico de la Universidad Nacional de Rosario, Damián Verzeñassi.Las instituciones y vecinos organizadores de esta jornada reclaman desde hace años el tratamiento y la sanción de una nueva ley que regule la aplicación de agroquímicos y que contemple medidas de protección mínimas que resguarden la salud de las personas y el medio ambiente, a través del establecimiento de zonas de exclusión de químicos y establezca pautas de almacenamiento.
"Sólo restan 3 sesiones y recordando los antecedentes de este cuerpo dejando caer proyectos anteriores, consideramos importante que se involucren todos los estamentos de la ciudadanía, organizaciones sociales y académicas para reclamar de nuestros representantes el cumplimento de su mandato", señalaron.
Al promediar la tarde del jueves, en el hall de la Legislatura santafesina, comenzó el foro "Agrotóxicos, impacto en la salud y en el ambiente" con palabras del presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, Pablo Di Bert. Explicó que "la realización de la jornada tuvo voto favorable en la Cámara baja" y tras un breve discurso dio lugar a panelistas del Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat), luego a la abogada Gabriela Ferrer, quien interpuso un recurso de amparo para proteger a los vecinos y luego derivó en el conocido fallo San Jorge.
Necesario. El presidente del Cepronat, Carlos Manessi, se refirió a la necesidad de que este año se apruebe una nueva ley que actualice la vigente que regula el uso de agroquímicos y que data de 1995. Reiteró la petición de resguardos mínimos como los 800 metros terrestres y la prohibición de fumigaciones aéreas. Recordó el caso de los residuos de endosulfán hallados por científicos argentinos en la Antártida y consideró también que "es inconcebible que en 2012 aún existan silos en las plantas urbanas".
Recordó que sólo restan tres sesiones para el final del periodo legislativo ordinario "y según parece los senadores se aprestan a dejar caer otra vez el proyecto de modificación a la ley que protegería la salud de los santafesinos".
Por su parte, Ferrer recordó los detalles del caso San Jorge y finalmente Viviana Peralta (San Jorge) conmovió a los asistentes con el relato de su experiencia y los padecimientos de su hija desde los cuatro meses de vida hasta el cese de las fumigaciones.
También rememoró que en medio de la prohibición ordenada por la Justicia hubo una fumigación en avión a unos mil metros de su vivienda que provocó un nuevo espasmo de su hija. Su relato fue interrumpido con el estallido de aplausos en varias oportunidades y provocó un fuerte impacto en el auditorio cuando contó que los médicos aconsejaron que se retirara de su vivienda durante cuatro días hasta que se disiparan los efectos de la fumigación, para preservar la vida de su hija, una posibilidad que consideró inadmisible.
Posteriormente, Carrasco habló de la condición necesaria de prohibir las fumigaciones aéreas "porque son impredecibles" y alejar inmediatamente las terrestres. Durante su discurso se explayó sobre los daños genéticos a largo plazo que producen los productos transgénicos, "introducidos como un factor de desorden celular de consecuencias también impredecibles. Estos resultan experimentos innecesarios que en absoluto contribuyeron a alimentar al mundo y son sólo un gran negocio para unas pocas empresas multinacionales interesadas en controlar la agricultura de esta región del planeta con un fin únicamente lucrativo".
Campo sin campesinos. El principal planteo del científico se dirigió al modelo de producción vigente "que necesita campo sin campesinos. Que es necesario desalojarlos de cualquier modo para evitar cuestionamientos". En ese sentido recordó que "en Europa no se cultivan transgénicos salvo en pocas parcelas de España, ni se usa masivamente glifosato".
El médico genetista resaltó que en estudios publicados hace menos de un mes por el equipo dirigido por el prestigioso científico Gilles Eric Séralini de la Universidad de Caen (Francia), se demostró que las ratas alimentadas con transgénicos durante toda su vida (dos años) aumentaron significativamente su tasa de mortalidad y de producción de tumores, incluso aquéllas tratadas sólo con alimento transgénico sin contacto con agroquímicos.
Compromiso científico. Verzeñassi recordó el compromiso de los científicos con la comunidad antes que con los negocios y en un encendido discurso repasó antecedentes del modo en que este modelo transnacional de producción "llegó desde el norte como una forma de trasladar las industrias sucias a estas latitudes, ante la imposibilidad de trasladar sólo los residuos".
Como docente de la Facultad de Medicina, Verzeñassi informó que los estudiantes, antes de recibirse, realizan un campamento sanitario en ciudades de no más de diez mil habitantes, para tomar contacto con las demandas sanitarias de las poblaciones. "Lo realizado en ese sentido en una decena de poblaciones demostró aumentos de la tasa de cánceres que multiplican por 2, 3 o 4 veces la media nacional", indicó el profesional.
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Compensan en San Juan: RSU por Minería
Licitan la segunda planta de residuos con plata minera
Fecha de Publicación: 14/10/2012
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
Con un aporte extra de regalías, el Gobierno provincial lanzó la licitación para la construcción de la planta de tratamiento de residuos en el departamento de Iglesia, que es la segunda en su tipo que se financiará con plata minera junto con la que se emplaza en Jáchal (está al 60% y costará unos 12.000.000 de pesos), y que tiene un presupuesto de 8.945.000 de pesos. Los fondos saldrán del fideicomiso de infraestructura que se armó con Pascua-Lama.
La provincia ya tiene funcionando el Parque de Tecnologías Ambientales en el departamento Rivadavia y en distintas etapas del proyecto encaró 4 plantas más (ver aparte), que según dijo el subsecretario de Desarrollo Sustentable, José Luis Espinoza, esperan tener funcionando en el último trimestre del 2013, momento en el cual todos los departamentos de la provincia enviarán sus residuos sólidos urbanos a una planta de tratamiento.
Para levantar la planta iglesiana está previsto un plazo de construcción de casi un año (360 días corridos, precisa el pliego licitatorio). En el municipio ven con buenos ojos esta obra, porque -según dijeron- “matan dos pájaros de un tiro”. Es que con plata de la minería, actividad recurrentemente cuestionada por su supuesto impacto ambiental, estará aportando para una obra que mejora la calidad de vida de los vecinos y a la vez minimiza el daño ambiental que provoca el hasta ahora manejo precario de los residuos. Y por el otro, para un distrito netamente turístico como éste, se eliminan espacios en los que se deposita la basura.
“Este tipo de plantas mejoran la calidad de vida de las personas, tanto de las que viven cerca como las del departamento en general. Desde la Secretaría (de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable) se ha trabajado para que en la provincia en un poco más de un año todos los residuos tengan el tratamiento que corresponde”, explicó Espinoza.
Un aspecto saliente de la estrategia oficial en cuanto al manejo de los residuos, radica en que no sólo la basura se someta a tratamiento sino que también se pueda reciclar para obtener de allí fondos económicos extras. Por ejemplo, el vidrio, papel, cartón, metal, plástico y el compost (un compuesto a base de residuos y que sirve como abono), que hoy por hoy genera el Parque de Tecnologías de La Bebida, se vende.
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Fecha de Publicación: 14/10/2012
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
Con un aporte extra de regalías, el Gobierno provincial lanzó la licitación para la construcción de la planta de tratamiento de residuos en el departamento de Iglesia, que es la segunda en su tipo que se financiará con plata minera junto con la que se emplaza en Jáchal (está al 60% y costará unos 12.000.000 de pesos), y que tiene un presupuesto de 8.945.000 de pesos. Los fondos saldrán del fideicomiso de infraestructura que se armó con Pascua-Lama.La provincia ya tiene funcionando el Parque de Tecnologías Ambientales en el departamento Rivadavia y en distintas etapas del proyecto encaró 4 plantas más (ver aparte), que según dijo el subsecretario de Desarrollo Sustentable, José Luis Espinoza, esperan tener funcionando en el último trimestre del 2013, momento en el cual todos los departamentos de la provincia enviarán sus residuos sólidos urbanos a una planta de tratamiento.
Para levantar la planta iglesiana está previsto un plazo de construcción de casi un año (360 días corridos, precisa el pliego licitatorio). En el municipio ven con buenos ojos esta obra, porque -según dijeron- “matan dos pájaros de un tiro”. Es que con plata de la minería, actividad recurrentemente cuestionada por su supuesto impacto ambiental, estará aportando para una obra que mejora la calidad de vida de los vecinos y a la vez minimiza el daño ambiental que provoca el hasta ahora manejo precario de los residuos. Y por el otro, para un distrito netamente turístico como éste, se eliminan espacios en los que se deposita la basura.
“Este tipo de plantas mejoran la calidad de vida de las personas, tanto de las que viven cerca como las del departamento en general. Desde la Secretaría (de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable) se ha trabajado para que en la provincia en un poco más de un año todos los residuos tengan el tratamiento que corresponde”, explicó Espinoza.
Un aspecto saliente de la estrategia oficial en cuanto al manejo de los residuos, radica en que no sólo la basura se someta a tratamiento sino que también se pueda reciclar para obtener de allí fondos económicos extras. Por ejemplo, el vidrio, papel, cartón, metal, plástico y el compost (un compuesto a base de residuos y que sirve como abono), que hoy por hoy genera el Parque de Tecnologías de La Bebida, se vende.
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Corrientes invierte en el arroyo Santa Lucía
La Provincia invertirá $2 millones para limpiar el arroyo Santa Lucía
Fecha de Publicación: 14/10/2012
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
Días atrás se concretó la apertura de sobres para los trabajos de limpieza del cauce del río Santa Lucía, que serán financiados con recursos del Fondo de Desarrollo Rural (FDR). De esta forma avanzaron con el proceso licitatorio del proyecto que está a cargo del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa), cuyo objetivo es recuperar sectores aptos para la producción, mejorando los problemas derivados de las deficiencias existentes en el escurrimiento del arroyo Santa Lucía.
Según lo informado, representantes del Icaa y del FDR, efectuaron la apertura de sobres para contratar la empresa que tendrá a su cargo la realización de la obra hídrica “Limpieza del arroyo y Estero Santa Lucía-Zona Norte-Etapa 1”. En ese marco, precisaron que el proyecto surgió por pedido de productores asentados en la zona de la cuenca alta del río Santa Lucía, que frecuentemente ven limitadas sus capacidades de operación debido a que durante gran parte del año experimentan situaciones de excesos hídricos o anegamientos que reducen las áreas disponibles para las actividades productivas. Por lo que ahora pretenden mejorar las condiciones de drenaje en la cuenca alta del mencionado río, readecuando el canal del mismo nombre desde el puente Timbó Paso. El área donde se llevará a cabo la intervención con el proyecto involucra a los departamentos de San Miguel y General Paz.
En esa zona se ejecutará la limpieza de los embancamientos en el tramo 1, en una longitud aproximada de 3.760 metros. En tanto, en el cauce del tramo 2, la obra se iniciará en la progresiva 4.740 metros, con una longitud de 14.600 metros y finalizará en dirección a la localidad de Loreto. El monto del presupuesto oficial es de $1.999.985,00 y el plazo de ejecución de 180 días corridos.
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Fecha de Publicación: 14/10/2012
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
Días atrás se concretó la apertura de sobres para los trabajos de limpieza del cauce del río Santa Lucía, que serán financiados con recursos del Fondo de Desarrollo Rural (FDR). De esta forma avanzaron con el proceso licitatorio del proyecto que está a cargo del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa), cuyo objetivo es recuperar sectores aptos para la producción, mejorando los problemas derivados de las deficiencias existentes en el escurrimiento del arroyo Santa Lucía.Según lo informado, representantes del Icaa y del FDR, efectuaron la apertura de sobres para contratar la empresa que tendrá a su cargo la realización de la obra hídrica “Limpieza del arroyo y Estero Santa Lucía-Zona Norte-Etapa 1”. En ese marco, precisaron que el proyecto surgió por pedido de productores asentados en la zona de la cuenca alta del río Santa Lucía, que frecuentemente ven limitadas sus capacidades de operación debido a que durante gran parte del año experimentan situaciones de excesos hídricos o anegamientos que reducen las áreas disponibles para las actividades productivas. Por lo que ahora pretenden mejorar las condiciones de drenaje en la cuenca alta del mencionado río, readecuando el canal del mismo nombre desde el puente Timbó Paso. El área donde se llevará a cabo la intervención con el proyecto involucra a los departamentos de San Miguel y General Paz.
En esa zona se ejecutará la limpieza de los embancamientos en el tramo 1, en una longitud aproximada de 3.760 metros. En tanto, en el cauce del tramo 2, la obra se iniciará en la progresiva 4.740 metros, con una longitud de 14.600 metros y finalizará en dirección a la localidad de Loreto. El monto del presupuesto oficial es de $1.999.985,00 y el plazo de ejecución de 180 días corridos.
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Mendoza junta firmas para no dar agua del Atuel
Atuel: Mendoza junta firmas contra el acuerdo del 2008
Fecha de Publicación: 14/10/2012
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
El Concejo Deliberante de General Alvear rechazó el acuerdo interprovincial por el río Atuel, y ahora los productores del sur están recolectando adhesiones en ese sentido. Entre los que ya firmaron, hay funcionarios municipales, concejales y diputados mendocinos.
Mientras que el gobierno pampeano insiste en un reclamo a través del dialogo, los regantes mendocinos continúan rechazando el convenio por el río Atuel, y ahora están juntando firma en este sentido.
Actualmente, los productores de General Alvear están reuniendo adhesiones, luego del rechazo del Concejo Deliberante local al acuerdo interprovincial, por el que La Pampa le exige a Mendoza un mayor caudal.
Los regantes también expresaron su enojo por la información que indicaba que se estaban desviando unos cuatro metros cúbicos de agua del río Atuel para el territorio pampeano. Lo cierto es que la presión crece y la situación es cada vez más difícil de resolver.
Durante una polémica sesión, los ediles alvearenses rechazaron en forma unánime el acuerdo entre Mendoza y La Pampa, y solicitaron además otras obras como la construcción de la presa de Portezuelo del Viento. Reclamaron el trasvase del río Grande al Atuel, y la impermeabilización de la red de canales de riego así como la modernización de tranqueras adentro.
Según informó ayer el diario mendocino Los Andes, el acta rechazada por el cuerpo deliberativo está circulando ahora entre los productores del sur mendocino, quienes están juntando firmas en ese sentido.
Entre las adhesiones, hay funcionarios comunales de General Alvear y algunos concejales. También suscribieron el acta los diputados provinciales Néstor Guizzardi (UCR), Aníbal Ríos (PD) y Cristian González (Eje Peronista).
Lo llamativo es que también votaron en contra del convenio los representantes del oficialismo, que justamente ahora estaría analizando la posibilidad de enviar el acuerdo interprovincial con La Pampa a la Legislatura para que el cuerpo lo ratifique.
En el acta que circula por las fincas, además, se reclama por el "respeto" a la autarquía constitucional de ese organismo. Señalan también que es clave que haya más caudal en el Atuel para reactivar la relación con La Pampa. En este sentido, advierten que eso se logrará con el trasvase de aguas del Grande al Atuel.
Por esto, los regantes piden que aparezcan en el proyecto de Presupuesto 2013, que ya tiene media sanción de Diputados, el dinero para la construcción de Portezuelo del Viento y el trasvase del Grande.
Desvío.
Ante esta situación conflictiva, crece la polémica y la presión entre los productores de esa provincial parece no tener techo. En realidad, la bronca se reavivó con la denuncia del senador radical, Armando Camerucci, por el desvío de agua hacia La Pampa, informó el matutino.
El legislador advirtió que se está enviando agua por la traza natural del río en el dique de Rincón del Indio, en la zona de San Rafael. "A la altura de La Olla se reconduce una parte del agua al canal Matriz Nuevo Atuel, mientras que la otra continúa en la traza natural del río hacia La Pampa", agregó. El caudal que se deja correr es de unos cuatro metros cúbicos por segundo.
Por esa polémica, desde el Departamento General de Irrigación de Mendoza negaron que se produzca tal desviación, y afirmaron que "hay un problema con la capacidad de conducción de los canales de riego, por lo que resulta imposible su conducción y es por eso que se está dejando correr por la traza natural ese volumen de agua", señala el artículo.
La nota agrega que esa explicación oficial no fue suficiente para los productores. El delegado de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, dijo que "estamos regando cada 15 días, contabilizando las cortas" por lo que el desvío hacia La Pampa irrita y mucho a los productores.
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Fecha de Publicación: 14/10/2012
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
El Concejo Deliberante de General Alvear rechazó el acuerdo interprovincial por el río Atuel, y ahora los productores del sur están recolectando adhesiones en ese sentido. Entre los que ya firmaron, hay funcionarios municipales, concejales y diputados mendocinos.
Mientras que el gobierno pampeano insiste en un reclamo a través del dialogo, los regantes mendocinos continúan rechazando el convenio por el río Atuel, y ahora están juntando firma en este sentido.
Actualmente, los productores de General Alvear están reuniendo adhesiones, luego del rechazo del Concejo Deliberante local al acuerdo interprovincial, por el que La Pampa le exige a Mendoza un mayor caudal.
Los regantes también expresaron su enojo por la información que indicaba que se estaban desviando unos cuatro metros cúbicos de agua del río Atuel para el territorio pampeano. Lo cierto es que la presión crece y la situación es cada vez más difícil de resolver.
Durante una polémica sesión, los ediles alvearenses rechazaron en forma unánime el acuerdo entre Mendoza y La Pampa, y solicitaron además otras obras como la construcción de la presa de Portezuelo del Viento. Reclamaron el trasvase del río Grande al Atuel, y la impermeabilización de la red de canales de riego así como la modernización de tranqueras adentro.
Según informó ayer el diario mendocino Los Andes, el acta rechazada por el cuerpo deliberativo está circulando ahora entre los productores del sur mendocino, quienes están juntando firmas en ese sentido.
Entre las adhesiones, hay funcionarios comunales de General Alvear y algunos concejales. También suscribieron el acta los diputados provinciales Néstor Guizzardi (UCR), Aníbal Ríos (PD) y Cristian González (Eje Peronista).
Lo llamativo es que también votaron en contra del convenio los representantes del oficialismo, que justamente ahora estaría analizando la posibilidad de enviar el acuerdo interprovincial con La Pampa a la Legislatura para que el cuerpo lo ratifique.
En el acta que circula por las fincas, además, se reclama por el "respeto" a la autarquía constitucional de ese organismo. Señalan también que es clave que haya más caudal en el Atuel para reactivar la relación con La Pampa. En este sentido, advierten que eso se logrará con el trasvase de aguas del Grande al Atuel.
Por esto, los regantes piden que aparezcan en el proyecto de Presupuesto 2013, que ya tiene media sanción de Diputados, el dinero para la construcción de Portezuelo del Viento y el trasvase del Grande.
Desvío.
Ante esta situación conflictiva, crece la polémica y la presión entre los productores de esa provincial parece no tener techo. En realidad, la bronca se reavivó con la denuncia del senador radical, Armando Camerucci, por el desvío de agua hacia La Pampa, informó el matutino.
El legislador advirtió que se está enviando agua por la traza natural del río en el dique de Rincón del Indio, en la zona de San Rafael. "A la altura de La Olla se reconduce una parte del agua al canal Matriz Nuevo Atuel, mientras que la otra continúa en la traza natural del río hacia La Pampa", agregó. El caudal que se deja correr es de unos cuatro metros cúbicos por segundo.
Por esa polémica, desde el Departamento General de Irrigación de Mendoza negaron que se produzca tal desviación, y afirmaron que "hay un problema con la capacidad de conducción de los canales de riego, por lo que resulta imposible su conducción y es por eso que se está dejando correr por la traza natural ese volumen de agua", señala el artículo.
La nota agrega que esa explicación oficial no fue suficiente para los productores. El delegado de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, dijo que "estamos regando cada 15 días, contabilizando las cortas" por lo que el desvío hacia La Pampa irrita y mucho a los productores.
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Incendio forestal en el cerro Ambato, Catamarca
Incendio forestal consumió cerca de 1.500 hectáreas en Catamarca
Fecha de Publicación: 13/10/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Catamarca
Ocurre en el cerro Ambato, donde las fuertes ráfagas de viento impedían a los brigadistas controlar las llamas.
Un incendio forestal consumió cerca de 1.500 hectáreas de vegetación en el cerro Ambato, en Catamarca, donde las fuertes ráfagas de viento impedían a los brigadistas controlar las llamas.
El fuego comenzó ayer en el sureste de la localidad de Los Ángeles y, según el subsecretario de Ambiente, Daniel Barros, continuaba su avance hoy mientras el avión hidratante realiza disparos de agua sobre las llamas.
Barros señaló que incluso el avión tendrá que dejar de operar este mediodía debido a las fuertes ráfagas de viento que dificultan sus tareas.
El inicio del incendio al parecer fue intencional, dado que fuentes de la Policía provincial comunicaron que los causantes del siniestro fueron identificaos y permanecían en el cerro.
Ante ello, realizaban un monitoreo en la zona para dar con las personas.
Barros y el jefe de la Brigada de Incendios, Julio Figueroa, realizaron trámites para conseguir un helicóptero que les permita lograr relevar al personal que se encuentra en el cerro, como también el traslado de herramientas que necesitan.
Según Ambiente, Catamarca ya sufrió 59 siniestros que cubrieron una superficie de 4900 hectáreas quemadas en lo que va del 2012.
El incendio actual tenía un frente de 3 kilómetros y se ubicaba a una distancia de 40 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca.
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Fecha de Publicación: 13/10/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Catamarca
Ocurre en el cerro Ambato, donde las fuertes ráfagas de viento impedían a los brigadistas controlar las llamas.
Un incendio forestal consumió cerca de 1.500 hectáreas de vegetación en el cerro Ambato, en Catamarca, donde las fuertes ráfagas de viento impedían a los brigadistas controlar las llamas.
El fuego comenzó ayer en el sureste de la localidad de Los Ángeles y, según el subsecretario de Ambiente, Daniel Barros, continuaba su avance hoy mientras el avión hidratante realiza disparos de agua sobre las llamas.
Barros señaló que incluso el avión tendrá que dejar de operar este mediodía debido a las fuertes ráfagas de viento que dificultan sus tareas.
El inicio del incendio al parecer fue intencional, dado que fuentes de la Policía provincial comunicaron que los causantes del siniestro fueron identificaos y permanecían en el cerro.
Ante ello, realizaban un monitoreo en la zona para dar con las personas.
Barros y el jefe de la Brigada de Incendios, Julio Figueroa, realizaron trámites para conseguir un helicóptero que les permita lograr relevar al personal que se encuentra en el cerro, como también el traslado de herramientas que necesitan.
Según Ambiente, Catamarca ya sufrió 59 siniestros que cubrieron una superficie de 4900 hectáreas quemadas en lo que va del 2012.
El incendio actual tenía un frente de 3 kilómetros y se ubicaba a una distancia de 40 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca.
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Villa Inflamable, Dock Sud y sigue la polémica
El polo petroquímico de Dock Sud, eje de polémica
Fecha de Publicación: 13/10/2012
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires
Los vecinos de Villa Inflamable se manifestaron en el Palacio de Tribunales. Demandaron participar en el proceso de debate y se mostraron disconformes con el destino al cual serán relocalizados.
Deudas sociales y atrasos en los plazos. Dos conclusiones que quedaron en el aire y en la mente de los asistentes al retirarse del recinto donde se desarrolló una nueva audiencia pública para conocer los avances en la causa por la reconversión de la cuenca Matanza-Riachuelo. El anuncio de Juan José Mussi, titular de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), sobre la falta de presupuesto para continuar con el plan de saneamiento y la denuncia de nula participación en el debate por parte de los vecinos de Villa Inflamable y del asentamiento 21-24, de Capital, potenciaron esas deducciones.
Ricardo Lorenzetti, titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, comenzó con el sondeo. Entre las preguntas múltiples, una respuesta despertó la bronca de las familias de Villa Inflamable. La pregunta fue sencilla pero la contestación vaga. "¿Los habitantes de Villa Inflamable fueron consultados en relación a su relocalización?", "¿Están de acuerdo con el destino asignado?", indagó Lorenzetti. "En forma personal el intendente de Avellaneda (Jorge Ferraresi) ha trabado en el tema. En muchos lugares cuesta pero creo que estamos en el buen camino y nuestro criterio es que nadie se vaya sin una llave en la mano", respondió Mussi.
Fuera de la sala de audiencias de la Corte los gritos recrudecían. Una puerta de madera -de importantes dimensiones- dividía la realidad relatada por ACUMAR y la contada y padecida por los vecinos. Las familias de Villa Inflamable indicaron que su participación es nula y que no son tenidos en cuenta. "Están haciendo las cosas por su cuenta, sin consultar. Pedimos establecer un diálogo. Queremos definir una mesa de trabajo", manifestó Ernesto Blanco a avellaneda.clarin.com.
Los habitantes de Villa Inflamable explicaron que el predio al cual serán trasladados se encuentra en el límite entre Isla Maciel y Villa Tranquila. "Sabemos que la gente de la zona quiere utilizar ese terreno. Nosotros somos externos. Va a haber problemas si nos instalamos", indicó Claudia Spinola. La vecina de Villa Inflamable además transmitió una preocupación que desvela a las 1.500 personas que deben ser relocalizadas: "El terreno está enfrente de la cancha de San Telmo. Se van a producir batallas campales entre los hinchas del Docke y el Candombero". El enfrentamiento que existe entre ambas facciones es brutal y de larga data.
Un enunciado nuevo, esta vez del representante de la provincia de Buenos Aires, volvería a despertar indignación de los vecinos. José Luis Enríquez expresó que "el polo petroquímico de Dock Sud debe llamarse Puerto Dock Sud, ya no quedan productos químicos. Solo se almacenan hidrocarburos". A sus palabras, Spinola contrastó: "siguen contaminando. Dejo la ropa en remojo y al otro día encuentro hollín pegado. Eso respiramos todos los días. Es cuestión de ir y ver".
Según explicaron los habitantes, se enteraron que iban a ser relocalizados en 2011 cuando les empezaron a prohibir el ingreso de materiales al barrio, situación que empeoró sus condiciones de vida. "La medida se tomó para evitar que las familias sigan construyendo pero se necesitan elementos para mantener las viviendas hasta tanto los vecinos sean relocalizados. Eso llevará tres años. Mientras tanto, las viviendas necesitan ser mantenidas", reclamaron desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que acompaña a los vecinos, que en marzo iniciaron un recurso de amparo. "Muchas casas, que fueron destrozadas por el temporal, no pudieron ser arregladas. Continúan así y nada se hace", describió Blanco.
Por ellos y para ellos se dictó la sentencia de la Corte Suprema. Sin embargo, para ser escuchados tienen que elevar la voz y colarse entre las declaraciones a través de un grito.
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Fecha de Publicación: 13/10/2012
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires
Los vecinos de Villa Inflamable se manifestaron en el Palacio de Tribunales. Demandaron participar en el proceso de debate y se mostraron disconformes con el destino al cual serán relocalizados. Deudas sociales y atrasos en los plazos. Dos conclusiones que quedaron en el aire y en la mente de los asistentes al retirarse del recinto donde se desarrolló una nueva audiencia pública para conocer los avances en la causa por la reconversión de la cuenca Matanza-Riachuelo. El anuncio de Juan José Mussi, titular de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), sobre la falta de presupuesto para continuar con el plan de saneamiento y la denuncia de nula participación en el debate por parte de los vecinos de Villa Inflamable y del asentamiento 21-24, de Capital, potenciaron esas deducciones.
Ricardo Lorenzetti, titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, comenzó con el sondeo. Entre las preguntas múltiples, una respuesta despertó la bronca de las familias de Villa Inflamable. La pregunta fue sencilla pero la contestación vaga. "¿Los habitantes de Villa Inflamable fueron consultados en relación a su relocalización?", "¿Están de acuerdo con el destino asignado?", indagó Lorenzetti. "En forma personal el intendente de Avellaneda (Jorge Ferraresi) ha trabado en el tema. En muchos lugares cuesta pero creo que estamos en el buen camino y nuestro criterio es que nadie se vaya sin una llave en la mano", respondió Mussi.
Fuera de la sala de audiencias de la Corte los gritos recrudecían. Una puerta de madera -de importantes dimensiones- dividía la realidad relatada por ACUMAR y la contada y padecida por los vecinos. Las familias de Villa Inflamable indicaron que su participación es nula y que no son tenidos en cuenta. "Están haciendo las cosas por su cuenta, sin consultar. Pedimos establecer un diálogo. Queremos definir una mesa de trabajo", manifestó Ernesto Blanco a avellaneda.clarin.com.
Los habitantes de Villa Inflamable explicaron que el predio al cual serán trasladados se encuentra en el límite entre Isla Maciel y Villa Tranquila. "Sabemos que la gente de la zona quiere utilizar ese terreno. Nosotros somos externos. Va a haber problemas si nos instalamos", indicó Claudia Spinola. La vecina de Villa Inflamable además transmitió una preocupación que desvela a las 1.500 personas que deben ser relocalizadas: "El terreno está enfrente de la cancha de San Telmo. Se van a producir batallas campales entre los hinchas del Docke y el Candombero". El enfrentamiento que existe entre ambas facciones es brutal y de larga data.
Un enunciado nuevo, esta vez del representante de la provincia de Buenos Aires, volvería a despertar indignación de los vecinos. José Luis Enríquez expresó que "el polo petroquímico de Dock Sud debe llamarse Puerto Dock Sud, ya no quedan productos químicos. Solo se almacenan hidrocarburos". A sus palabras, Spinola contrastó: "siguen contaminando. Dejo la ropa en remojo y al otro día encuentro hollín pegado. Eso respiramos todos los días. Es cuestión de ir y ver".
Según explicaron los habitantes, se enteraron que iban a ser relocalizados en 2011 cuando les empezaron a prohibir el ingreso de materiales al barrio, situación que empeoró sus condiciones de vida. "La medida se tomó para evitar que las familias sigan construyendo pero se necesitan elementos para mantener las viviendas hasta tanto los vecinos sean relocalizados. Eso llevará tres años. Mientras tanto, las viviendas necesitan ser mantenidas", reclamaron desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que acompaña a los vecinos, que en marzo iniciaron un recurso de amparo. "Muchas casas, que fueron destrozadas por el temporal, no pudieron ser arregladas. Continúan así y nada se hace", describió Blanco.
Por ellos y para ellos se dictó la sentencia de la Corte Suprema. Sin embargo, para ser escuchados tienen que elevar la voz y colarse entre las declaraciones a través de un grito.
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Reclaman por los muertos del agronegocio
“Ni un muerto más por el agronegocio”
Fecha de Publicación: 13/10/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Santiago del Estero
Organizaciones sociales exigieron justicia por el asesinato de Miguel Galván, ocurrido el miércoles pasado. Denunciaron la persecución y amenazas a campesinos e indígenas y reclamaron la sanción de una ley que frene los desalojos.
El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-VC) y organizaciones sociales y políticas se concentraron ayer por la tarde frente al Congreso de la Nación para exigir “juicio y castigo a los responsables materiales, ideológicos y políticos del asesinato del campesino Miguel Galván”, ocurrido el último miércoles y por el que acusan al empleado de un empresario agropecuario que habría actuado como sicario. “Nuestra lucha va a continuar, no queremos ni un muerto más por la violencia del agronegocio”, dijo a Página/12 Ricardo Cuellar, integrante del Mocase-VC y representante del pueblo Lule Vilela, etnia a la que también pertenecía la víctima.
Encabezado por el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y su expresión santiagueña, el Mocase-VC, cerca de las 14 arrancó el acto central en un escenario improvisado sobre la avenida Rivadavia, frente al Congreso. “Esta movilización la hacemos para repudiar la violencia que venimos sufriendo y que cada vez se lleva consigo más vidas”, expresó Cuellar. “Estamos conmovidos y hoy (por ayer) vinimos hasta Buenos Aires para buscar apoyo a nivel nacional, porque en nuestra provincia estamos olvidados por la política que lleva adelante el gobernador Gerardo Zamora, quien parece que se ha dejado dominar por todos los empresarios sojeros que vienen a quedarse con nuestra tierra y a destruirla”, añadió.
“Denunciamos hace años que se venían instalando en nuestras tierras empresarios que tienen bandas armadas que nos vienen a provocar día tras día. De estos hechos, los funcionarios de Santiago del Estero están enterados, ya que ellos mismos crearon un Comité de Crisis (para gestionar el conflicto de tierras) y constataron la gravedad de los episodios que las familias campesinas venían denunciando por parte de empresarios y grupos armados que responden a ellos. Vemos que la policía y los jueces no actúan y tenemos que lamentar otra víctima en nuestras tierras”, agregó Cuellar. “No queremos contaminación, por eso exigimos a los gobiernos que nos respeten y nos entreguen lo nuestro”, añadió.
Por su parte, Marcelo Palmar, miembro del Mocase-VC, dijo que “el gobierno santiagueño pareciera que está más interesado en defender a los empresarios agropecuarios y a sus bandas armadas, que en escuchar nuestro reclamo y defender la vida”. “Ya no está quedando territorio en el norte de la provincia, porque los empresarios sojeros están avanzando indiscriminadamente alambrando el territorio de las comunidades indígenas apoyados, claramente, por los funcionarios locales que los avalan”, agregó.
Del acto también participaron las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora Nora Cortiñas y Mirta Baravalle. “Basta de tapar a la gente que reclama sus tierras. Hoy pedimos que se cumpla el convenio 169 –que implica el reconocimiento de mayores derechos a los pueblos indígenas– y las leyes para la devolución de las tierras, para que se frenen los desalojos a los campesinos y a los pueblos indígenas”, dijo Cortiñas. “Esos desa-lojos llevan al malestar y luego a la muerte. Hay que luchar hasta vencer, para que los responsables devuelvan las tierras, para que no persigan y no maten”, añadió.
Además, Cortiñas sostuvo que Madres de Plaza de Mayo-LF “repudia esta muerte y la persecución en las muertes que ocurrieron en la colonia qom La Primavera, en Formosa, y las amenazas que sufre Félix Díaz”. Mirta Baravalle expresó que “las Madres lamentan que otro inocente muera por querer defender su territorio”. “Lamentablemente, los funcionarios ya sabían que podía haber otro crimen, dejando al desamparo emocional a toda su comunidad por la pérdida de un ser querido, y no hicieron nada por impedirlo.”
Julián Roqué, dirigente del Mocase-VC, señaló que “hay responsabilidades muy grandes y muy graves desde lo político por hechos que hoy tenemos que lamentar con muertes”. “Le decimos al gobernador Zamora que se tiene que hacer cargo políticamente del conflicto de tierras y hace vista al costado. Pedimos que cumpla con el deber de funcionario público, porque está para velar por los derechos humanos y por la vida de los campesinos”, añadió. Por su parte, Raimundo Laudero, integrante del MNCI de Mendoza, comentó que “hay otro compañero asesinado, víctima del avance del agronegocio y el capital sobre las familias campesinas”. “Mostramos nuestro repudio y exigimos el urgente tratamiento de la ‘ley para frenar los desalojos de comunidades campesinas’ (ver aparte), que se llama Cristian Ferreyra, en honor a nuestro compañero que también fue asesinado hace casi un año por un empresario sojero en Santiago del Estero”, agregó.
Participaron del encuentro agrupaciones políticas sociales como Movimiento Evita, Los Pibes, Partido Obrero, Proyecto Sur, entre otros, que junto a las organizaciones campesinas corearon “Ni un muerto más, la tierra es nuestra”. También adhirieron al pedido de justicia por Galván varios diputados nacionales. Los reclamos continuarán hoy desde las 8.30, cuando el Mocase-VC y diversas organizaciones sociales y políticas se concentren en el Parque Aguirre, en la capital santiagueña.
El asesinato de Galván ocurrió el último miércoles por la tarde y en la puerta de su casa, cuando un hombre que responde a un empresario agropecuario salteño llegó a la casa de la víctima y lo mató de una puñalada en la yugular. La familia Galván había denunciado en varias oportunidades amenazas de muerte y golpizas por parte del supuesto sicario y allegados a él. La Policía Regional Nº 5 de Monte Quemado “confirmó que se realizó la autopsia correspondiente a la víctima para determinar las causas del deceso, y que en los próximos días se darán a conocer los resultados”. Sin embargo, la policía local no brindó datos precisos sobre el supuesto autor material del crimen.
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Fecha de Publicación: 13/10/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Santiago del Estero
Organizaciones sociales exigieron justicia por el asesinato de Miguel Galván, ocurrido el miércoles pasado. Denunciaron la persecución y amenazas a campesinos e indígenas y reclamaron la sanción de una ley que frene los desalojos.El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-VC) y organizaciones sociales y políticas se concentraron ayer por la tarde frente al Congreso de la Nación para exigir “juicio y castigo a los responsables materiales, ideológicos y políticos del asesinato del campesino Miguel Galván”, ocurrido el último miércoles y por el que acusan al empleado de un empresario agropecuario que habría actuado como sicario. “Nuestra lucha va a continuar, no queremos ni un muerto más por la violencia del agronegocio”, dijo a Página/12 Ricardo Cuellar, integrante del Mocase-VC y representante del pueblo Lule Vilela, etnia a la que también pertenecía la víctima.
Encabezado por el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y su expresión santiagueña, el Mocase-VC, cerca de las 14 arrancó el acto central en un escenario improvisado sobre la avenida Rivadavia, frente al Congreso. “Esta movilización la hacemos para repudiar la violencia que venimos sufriendo y que cada vez se lleva consigo más vidas”, expresó Cuellar. “Estamos conmovidos y hoy (por ayer) vinimos hasta Buenos Aires para buscar apoyo a nivel nacional, porque en nuestra provincia estamos olvidados por la política que lleva adelante el gobernador Gerardo Zamora, quien parece que se ha dejado dominar por todos los empresarios sojeros que vienen a quedarse con nuestra tierra y a destruirla”, añadió.
“Denunciamos hace años que se venían instalando en nuestras tierras empresarios que tienen bandas armadas que nos vienen a provocar día tras día. De estos hechos, los funcionarios de Santiago del Estero están enterados, ya que ellos mismos crearon un Comité de Crisis (para gestionar el conflicto de tierras) y constataron la gravedad de los episodios que las familias campesinas venían denunciando por parte de empresarios y grupos armados que responden a ellos. Vemos que la policía y los jueces no actúan y tenemos que lamentar otra víctima en nuestras tierras”, agregó Cuellar. “No queremos contaminación, por eso exigimos a los gobiernos que nos respeten y nos entreguen lo nuestro”, añadió.
Por su parte, Marcelo Palmar, miembro del Mocase-VC, dijo que “el gobierno santiagueño pareciera que está más interesado en defender a los empresarios agropecuarios y a sus bandas armadas, que en escuchar nuestro reclamo y defender la vida”. “Ya no está quedando territorio en el norte de la provincia, porque los empresarios sojeros están avanzando indiscriminadamente alambrando el territorio de las comunidades indígenas apoyados, claramente, por los funcionarios locales que los avalan”, agregó.
Del acto también participaron las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora Nora Cortiñas y Mirta Baravalle. “Basta de tapar a la gente que reclama sus tierras. Hoy pedimos que se cumpla el convenio 169 –que implica el reconocimiento de mayores derechos a los pueblos indígenas– y las leyes para la devolución de las tierras, para que se frenen los desalojos a los campesinos y a los pueblos indígenas”, dijo Cortiñas. “Esos desa-lojos llevan al malestar y luego a la muerte. Hay que luchar hasta vencer, para que los responsables devuelvan las tierras, para que no persigan y no maten”, añadió.
Además, Cortiñas sostuvo que Madres de Plaza de Mayo-LF “repudia esta muerte y la persecución en las muertes que ocurrieron en la colonia qom La Primavera, en Formosa, y las amenazas que sufre Félix Díaz”. Mirta Baravalle expresó que “las Madres lamentan que otro inocente muera por querer defender su territorio”. “Lamentablemente, los funcionarios ya sabían que podía haber otro crimen, dejando al desamparo emocional a toda su comunidad por la pérdida de un ser querido, y no hicieron nada por impedirlo.”
Julián Roqué, dirigente del Mocase-VC, señaló que “hay responsabilidades muy grandes y muy graves desde lo político por hechos que hoy tenemos que lamentar con muertes”. “Le decimos al gobernador Zamora que se tiene que hacer cargo políticamente del conflicto de tierras y hace vista al costado. Pedimos que cumpla con el deber de funcionario público, porque está para velar por los derechos humanos y por la vida de los campesinos”, añadió. Por su parte, Raimundo Laudero, integrante del MNCI de Mendoza, comentó que “hay otro compañero asesinado, víctima del avance del agronegocio y el capital sobre las familias campesinas”. “Mostramos nuestro repudio y exigimos el urgente tratamiento de la ‘ley para frenar los desalojos de comunidades campesinas’ (ver aparte), que se llama Cristian Ferreyra, en honor a nuestro compañero que también fue asesinado hace casi un año por un empresario sojero en Santiago del Estero”, agregó.
Participaron del encuentro agrupaciones políticas sociales como Movimiento Evita, Los Pibes, Partido Obrero, Proyecto Sur, entre otros, que junto a las organizaciones campesinas corearon “Ni un muerto más, la tierra es nuestra”. También adhirieron al pedido de justicia por Galván varios diputados nacionales. Los reclamos continuarán hoy desde las 8.30, cuando el Mocase-VC y diversas organizaciones sociales y políticas se concentren en el Parque Aguirre, en la capital santiagueña.
El asesinato de Galván ocurrió el último miércoles por la tarde y en la puerta de su casa, cuando un hombre que responde a un empresario agropecuario salteño llegó a la casa de la víctima y lo mató de una puñalada en la yugular. La familia Galván había denunciado en varias oportunidades amenazas de muerte y golpizas por parte del supuesto sicario y allegados a él. La Policía Regional Nº 5 de Monte Quemado “confirmó que se realizó la autopsia correspondiente a la víctima para determinar las causas del deceso, y que en los próximos días se darán a conocer los resultados”. Sin embargo, la policía local no brindó datos precisos sobre el supuesto autor material del crimen.
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El saneamiento del Riachuelo a paso lento
Huele mal la limpieza del Riachuelo
Fecha de Publicación: 12/10/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
La Corte Suprema emplazó a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires para que envíen los fondos para el funcionamiento de la Acumar; pidió revisar los parámetros para la calidad del agua
La Corte Suprema de Justicia sugirió a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) que revise los parámetros de contaminación del agua en ese curso fluvial y emplazó a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires para que presenten la semana próxima la propuesta de financiamiento anual para el organismo tripartito, como lo indica la ley.
Las observaciones y planteos de los magistrados fueron realizados ayer durante la audiencia, convocada por el máximo tribunal, para evaluar los avances en los trabajos de saneamiento del Riachuelo.
Los cuestionamientos fueron realizados por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, quien escuchó los informes de la Acumar, del gobierno porteño y del bonaerense, junto con los jueces del tribunal Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Carmen Argibay y Raúl Zaffaroni.
Aunque la Corte advirtió en el comienzo que los informes oficiales daban cuenta de un "alto cumplimiento del plan de saneamiento", el tribunal pretendía profundizar en los detalles de lo realizado hasta el momento.
En ese sentido, cabe recordar que la Corte quiere tener más detalles sobre las contrataciones de la Acumar, de AySA y de la Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), que, según una investigación periodística, habrían concesionado obras a empresas con supuesta relación con el juez de ejecución del fallo de la Corte, Luis Armella.
El presidente de la Acumar y secretario de Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, reconoció que, a pesar de tener convenios con la empresa estatal de agua y con la Ceamse, no realiza auditorías sobre las obras que les delega.
Lorenzetti también interrogó al representante del organismo integrado por la Nación, la provincia y la ciudad de Buenos Aires sobre los trabajos que apuntan a la calidad del agua. Y mostró preocupación por los niveles que se miden: "Con bajos estándares es fácil hablar de cumplimiento", le dijo, y sugirió a la Acumar que revisara los parámetros.
Mussi, por su parte, indicó que la Acumar firmó un convenio con la Auditoría General de la Nación para que se controlen los trabajos, mientras en la tercera fila de la sala de audiencias escuchaba atentamente las explicaciones el presidente de ese organismo, Leandro Despouy.
El funcionario nacional, además, advirtió a la Corte sobre la posible falta de financiamiento que podría sufrir el organismo tripartito: "La Ciudad debía aportar 160 millones de pesos y sólo aportó $ 25 millones. La provincia tampoco aportó sus $ 160 millones. En cambio, la Nación ya giró los $ 320 millones de pesos".
En la audiencia, que pasó a cuarto intermedio para el próximo miércoles, los jueces también recibieron la exposición del representante de la provincia de Buenos Aires, José Luis Enríquez, jefe de asesores del ministerio de gobierno bonaerense y del procurador porteño, Julio Marcelo Conte Grand.
Enríquez se excusó de no haber aportado los fondos por la "crisis financiera de la provincia"; sin embargo, Lorenzetti lo conminó a que para la semana próxima trajera un plan para cumplir con el giro de la partida correspondiente.
Cuando fue el turno de la Ciudad, el presidente de la Corte le respondió de la misma forma: "Usted puede reflexionar todo lo que quiera, pero hay que cumplir con la ley que establece el modo de financiamiento de la Acumar. Y también pidió que la semana que viene presentara de qué forma cumplirá con la entrega de los fondos restantes.
Durante la audiencia, la Ciudad reconoció que está retrasada en la relocalización de familias de las villas 21-24 y 26. Los argumentos del gobierno local se basan en la negativa de algunas personas a alejarse de su residencia actual y a conflictos por intrusiones (ver aparte).
Las presentaciones oficiales dejaron en evidencia que tampoco existe aún un sistema de vigilancia epidemiológica, tal como lo exige el fallo. Y que hay un retraso evidente en la erradicación de basurales a cielo abierto. Como contrapartida, la Acumar muestra los avances en la liberación del camino de sirga y en la limpieza de márgenes y del espejo de agua.
"La audiencia permitió al tribunal ratificar el rumbo y su liderazgo, sobre todo en un momento en que se investiga la actuación del juez delegado por la Corte para aplicar su fallo", sostuvo Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
En la próxima audiencia expondrán los representantes de los organismos de control, de AySA, de la Ceamse y de los municipios de la cuenca.
Fecha de Publicación: 12/10/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
La Corte Suprema emplazó a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires para que envíen los fondos para el funcionamiento de la Acumar; pidió revisar los parámetros para la calidad del aguaLa Corte Suprema de Justicia sugirió a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) que revise los parámetros de contaminación del agua en ese curso fluvial y emplazó a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires para que presenten la semana próxima la propuesta de financiamiento anual para el organismo tripartito, como lo indica la ley.
Las observaciones y planteos de los magistrados fueron realizados ayer durante la audiencia, convocada por el máximo tribunal, para evaluar los avances en los trabajos de saneamiento del Riachuelo.
Los cuestionamientos fueron realizados por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, quien escuchó los informes de la Acumar, del gobierno porteño y del bonaerense, junto con los jueces del tribunal Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Carmen Argibay y Raúl Zaffaroni.
Aunque la Corte advirtió en el comienzo que los informes oficiales daban cuenta de un "alto cumplimiento del plan de saneamiento", el tribunal pretendía profundizar en los detalles de lo realizado hasta el momento.
En ese sentido, cabe recordar que la Corte quiere tener más detalles sobre las contrataciones de la Acumar, de AySA y de la Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), que, según una investigación periodística, habrían concesionado obras a empresas con supuesta relación con el juez de ejecución del fallo de la Corte, Luis Armella.
El presidente de la Acumar y secretario de Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, reconoció que, a pesar de tener convenios con la empresa estatal de agua y con la Ceamse, no realiza auditorías sobre las obras que les delega.
Lorenzetti también interrogó al representante del organismo integrado por la Nación, la provincia y la ciudad de Buenos Aires sobre los trabajos que apuntan a la calidad del agua. Y mostró preocupación por los niveles que se miden: "Con bajos estándares es fácil hablar de cumplimiento", le dijo, y sugirió a la Acumar que revisara los parámetros.
Mussi, por su parte, indicó que la Acumar firmó un convenio con la Auditoría General de la Nación para que se controlen los trabajos, mientras en la tercera fila de la sala de audiencias escuchaba atentamente las explicaciones el presidente de ese organismo, Leandro Despouy.
El funcionario nacional, además, advirtió a la Corte sobre la posible falta de financiamiento que podría sufrir el organismo tripartito: "La Ciudad debía aportar 160 millones de pesos y sólo aportó $ 25 millones. La provincia tampoco aportó sus $ 160 millones. En cambio, la Nación ya giró los $ 320 millones de pesos".
En la audiencia, que pasó a cuarto intermedio para el próximo miércoles, los jueces también recibieron la exposición del representante de la provincia de Buenos Aires, José Luis Enríquez, jefe de asesores del ministerio de gobierno bonaerense y del procurador porteño, Julio Marcelo Conte Grand.
Enríquez se excusó de no haber aportado los fondos por la "crisis financiera de la provincia"; sin embargo, Lorenzetti lo conminó a que para la semana próxima trajera un plan para cumplir con el giro de la partida correspondiente.
Cuando fue el turno de la Ciudad, el presidente de la Corte le respondió de la misma forma: "Usted puede reflexionar todo lo que quiera, pero hay que cumplir con la ley que establece el modo de financiamiento de la Acumar. Y también pidió que la semana que viene presentara de qué forma cumplirá con la entrega de los fondos restantes.
Durante la audiencia, la Ciudad reconoció que está retrasada en la relocalización de familias de las villas 21-24 y 26. Los argumentos del gobierno local se basan en la negativa de algunas personas a alejarse de su residencia actual y a conflictos por intrusiones (ver aparte).
Las presentaciones oficiales dejaron en evidencia que tampoco existe aún un sistema de vigilancia epidemiológica, tal como lo exige el fallo. Y que hay un retraso evidente en la erradicación de basurales a cielo abierto. Como contrapartida, la Acumar muestra los avances en la liberación del camino de sirga y en la limpieza de márgenes y del espejo de agua.
"La audiencia permitió al tribunal ratificar el rumbo y su liderazgo, sobre todo en un momento en que se investiga la actuación del juez delegado por la Corte para aplicar su fallo", sostuvo Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
En la próxima audiencia expondrán los representantes de los organismos de control, de AySA, de la Ceamse y de los municipios de la cuenca.
Secuestran armas que iban hacia la minera Vale
Secuestran armas en un colectivo que se dirigía a la minera Vale
Fecha de Publicación: 12/10/2012
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Mendoza
Fue en un control policial realizado anoche en la localidad de Zapata, en el Valle de Uco. Eran dos micros con trabajadores que siguieron rumbo al sur provincial. Investigan si habían inflitrados de la Uocra.
En un hecho considerado grave, anoche secuestraron armas en un colectivo que se dirigía a la minera Vale, en Malargüe, presuntamente con infiltrados pertenecientes a la Uocra.
Según informó el jefe de la Policía, Juan Carlos Caleri, anoche en la localidad de Zapata, en le Valle de Uco, detuvieron a dos micros que iban rumbo al sur. En uno de ellos no hallaron nada sospechoso y en el otro encontraron 2 revólveres calibre 38, 12 proyectiles del mismo calibre, 2 trozos de cadena con candado en los extremos y dos hierros de unos 40 centímetros de largo.
El jefe policial agregó que estaban escondidos debajo de un lampazo arriba del micro.
El conflicto en el yacimiento Potasio Río Colorado comenzó hace diez días por el reclamo de fuentes laborales, pero con el correr de los días se fue convirtiendo en un escenario de contienda sindical.
Si bien un importante grupo de malargüinos que solicitaba ser incorporado a la mina que explota la empresa brasileña Vale consiguió lo solicitado, la situación fue variando y hasta intensificándose.
Lo cierto es que el conflicto puede ahora agravarse ya que la principal subcontratista del emprendimiento, Consorcio Río Colorado, decidió no negociar más hasta que el grupo que sigue apostado a un costado del portón de ingreso al campamento minero, desista de su actitud.
Al respecto, el delegado de la Uocra Malargüe, José Luis Lemos dijo ayer: “lamentablemente no hay más negociaciones. La empresa se levantó de la mesa de diálogo y, además, se caen las altas laborales que se habían logrado la semana pasada entre el municipio, la provincia y la Uocra”.
El gremialista insistió en afirmar que este conflicto es “político y tiene nombre y apellido, Jorge Marenco, presidente del Consejo Deliberante, que fue quien llevó la gente a la mina. También, el intendente prometió que iba a colaborar con las personas que tenían antecedentes negativos para limpiárselos y que pudieran ingresar pero hasta ahora nada ha pasado”.
Respecto a los colectivos requisados, Caleri dijo que siguieron su camina hacia el sur, ya que su tarea era la requisa e identificar a una persona señalada por la Justicia.
Lo cierto es que por estas horas no hay nada resuelto y si bien en el yacimiento las tareas paulatinamente se reanudan, nadie puede asegurar que el conflicto iniciado hace casi un mes en la terminal de ómnibus de Malargüe, luego extendido a la ruta 40 con un corte durante 48 horas, al palacio municipal con desmanes y roturas de mobiliarios y más tarde al corazón del propio yacimiento, tenga un pronto final.
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Fecha de Publicación: 12/10/2012
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Mendoza
Fue en un control policial realizado anoche en la localidad de Zapata, en el Valle de Uco. Eran dos micros con trabajadores que siguieron rumbo al sur provincial. Investigan si habían inflitrados de la Uocra. En un hecho considerado grave, anoche secuestraron armas en un colectivo que se dirigía a la minera Vale, en Malargüe, presuntamente con infiltrados pertenecientes a la Uocra.
Según informó el jefe de la Policía, Juan Carlos Caleri, anoche en la localidad de Zapata, en le Valle de Uco, detuvieron a dos micros que iban rumbo al sur. En uno de ellos no hallaron nada sospechoso y en el otro encontraron 2 revólveres calibre 38, 12 proyectiles del mismo calibre, 2 trozos de cadena con candado en los extremos y dos hierros de unos 40 centímetros de largo.
El jefe policial agregó que estaban escondidos debajo de un lampazo arriba del micro.
El conflicto en el yacimiento Potasio Río Colorado comenzó hace diez días por el reclamo de fuentes laborales, pero con el correr de los días se fue convirtiendo en un escenario de contienda sindical.
Si bien un importante grupo de malargüinos que solicitaba ser incorporado a la mina que explota la empresa brasileña Vale consiguió lo solicitado, la situación fue variando y hasta intensificándose.
Lo cierto es que el conflicto puede ahora agravarse ya que la principal subcontratista del emprendimiento, Consorcio Río Colorado, decidió no negociar más hasta que el grupo que sigue apostado a un costado del portón de ingreso al campamento minero, desista de su actitud.
Al respecto, el delegado de la Uocra Malargüe, José Luis Lemos dijo ayer: “lamentablemente no hay más negociaciones. La empresa se levantó de la mesa de diálogo y, además, se caen las altas laborales que se habían logrado la semana pasada entre el municipio, la provincia y la Uocra”.
El gremialista insistió en afirmar que este conflicto es “político y tiene nombre y apellido, Jorge Marenco, presidente del Consejo Deliberante, que fue quien llevó la gente a la mina. También, el intendente prometió que iba a colaborar con las personas que tenían antecedentes negativos para limpiárselos y que pudieran ingresar pero hasta ahora nada ha pasado”.
Respecto a los colectivos requisados, Caleri dijo que siguieron su camina hacia el sur, ya que su tarea era la requisa e identificar a una persona señalada por la Justicia.
Lo cierto es que por estas horas no hay nada resuelto y si bien en el yacimiento las tareas paulatinamente se reanudan, nadie puede asegurar que el conflicto iniciado hace casi un mes en la terminal de ómnibus de Malargüe, luego extendido a la ruta 40 con un corte durante 48 horas, al palacio municipal con desmanes y roturas de mobiliarios y más tarde al corazón del propio yacimiento, tenga un pronto final.
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Tabajan sobre el ordenamiento ambiental en Jujuy
Avanzan en el ordenamiento ambiental de Jujuy
Fecha de Publicación: 12/10/2012
Fuente: Diario Jujuy
Provincia/Región: Jujuy
Con la participación de funcionarios nacionales y provinciales, se desarrolló una jornada de trabajo para el Ordenamiento Ambiental de Jujuy con el apoyo técnico de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS). La actividad se cumplió en el Salón Cultural Pregón.
Al respecto, la Subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la SAyDS de la Nación, doctora Silvia Révora explicó que “la idea es definir el futuro hacia dónde va Jujuy, evitar conflictos ambientales, elevar la calidad de vida de la población y profundizar la distribución de la riqueza en el marco de un desarrollo sustentable”.
Dijo que el Ordenamiento Ambiental del Territorio “es una herramienta fundamental para lograr un desarrollo equitativo. En argentina, en los 90’, fue el mercado el que ordenó el uso del suelo, y en las sociedades desarrolladas es el Estado quien debe definir el uso del suelo, es decir que es un salto cualitativo que el Estado, que es el legítimo representante del voto popular, defina el futuro uso del suelo”.
Por su parte, el Secretario de Gestión Ambiental de la Provincia, licenciado Daniel Roisinblit, manifestó que el Ordenamiento Ambiental del Territorio es “una forma de planificar el desarrollo de la provincia donde estén incluidas y armonizadas las visiones del desarrollo de las diversas políticas del Gobierno Provincial, integrando todas las potencialidades del desarrollo territorial de la provincia, conteniendo a todos los sectores, sobre la base de las características ambientales del territorio, partiendo de los recursos existentes, la hidrografía, las áreas naturales protegidas, el ordenamiento de los Bosques Nativos y las características ambientales de los espacios geográficos de Jujuy, ya que la provincia ofrece diferentes posibilidades de desarrollo en cada región, con lo cual esta iniciativa integra y armoniza esta visión holística del Gobierno de la Provincia en cuanto al desarrollo sustentable en todos los aspectos y sectores productivos”, concluyó.
Además participaron el Secretario de Minería e Hidrocarburos, Carlos Navarro;el Secretario de Planificación, arquitecto Juan Boscariol; el Secretario de Desarrollo Productivo, doctor Jorge Flores; el Director de Minería y Recursos Energéticos, Javier Elortegui Palacios; ; el Director de Desarrollo Industrial y Comercial, Ing. Sergio Aramayo; la Jueza de Minas, Cristina Lucas de Durruty; la Directora de Recursos Hídricos. También estuvieron presentes de la jornada el Director Nacional de Ordenamiento Ambiental y Conservación de la Biodiversidad, Lic. Pablo Mesa; la Directora de Fauna Silvestre, Ines Kasulin; el Director de Conservación del Suelo y Lucha Contra la Desertificación, Lic. José Cueva; el Director de Ordenamiento Ambiental del Territorio, Ing. Fernando Luis García de García; el Coordinador de Recursos Acuáticos, Guillermo Lingua; el representante de Áreas Protegidas, Luis Palotto; el equipo técnico de la Dirección de Bosques y el Coordinador Regional del Plan Manejo del Fuego, Marcelo Gallardo.
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Fecha de Publicación: 12/10/2012
Fuente: Diario Jujuy
Provincia/Región: Jujuy
Con la participación de funcionarios nacionales y provinciales, se desarrolló una jornada de trabajo para el Ordenamiento Ambiental de Jujuy con el apoyo técnico de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS). La actividad se cumplió en el Salón Cultural Pregón.Al respecto, la Subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la SAyDS de la Nación, doctora Silvia Révora explicó que “la idea es definir el futuro hacia dónde va Jujuy, evitar conflictos ambientales, elevar la calidad de vida de la población y profundizar la distribución de la riqueza en el marco de un desarrollo sustentable”.
Dijo que el Ordenamiento Ambiental del Territorio “es una herramienta fundamental para lograr un desarrollo equitativo. En argentina, en los 90’, fue el mercado el que ordenó el uso del suelo, y en las sociedades desarrolladas es el Estado quien debe definir el uso del suelo, es decir que es un salto cualitativo que el Estado, que es el legítimo representante del voto popular, defina el futuro uso del suelo”.
Por su parte, el Secretario de Gestión Ambiental de la Provincia, licenciado Daniel Roisinblit, manifestó que el Ordenamiento Ambiental del Territorio es “una forma de planificar el desarrollo de la provincia donde estén incluidas y armonizadas las visiones del desarrollo de las diversas políticas del Gobierno Provincial, integrando todas las potencialidades del desarrollo territorial de la provincia, conteniendo a todos los sectores, sobre la base de las características ambientales del territorio, partiendo de los recursos existentes, la hidrografía, las áreas naturales protegidas, el ordenamiento de los Bosques Nativos y las características ambientales de los espacios geográficos de Jujuy, ya que la provincia ofrece diferentes posibilidades de desarrollo en cada región, con lo cual esta iniciativa integra y armoniza esta visión holística del Gobierno de la Provincia en cuanto al desarrollo sustentable en todos los aspectos y sectores productivos”, concluyó.
Además participaron el Secretario de Minería e Hidrocarburos, Carlos Navarro;el Secretario de Planificación, arquitecto Juan Boscariol; el Secretario de Desarrollo Productivo, doctor Jorge Flores; el Director de Minería y Recursos Energéticos, Javier Elortegui Palacios; ; el Director de Desarrollo Industrial y Comercial, Ing. Sergio Aramayo; la Jueza de Minas, Cristina Lucas de Durruty; la Directora de Recursos Hídricos. También estuvieron presentes de la jornada el Director Nacional de Ordenamiento Ambiental y Conservación de la Biodiversidad, Lic. Pablo Mesa; la Directora de Fauna Silvestre, Ines Kasulin; el Director de Conservación del Suelo y Lucha Contra la Desertificación, Lic. José Cueva; el Director de Ordenamiento Ambiental del Territorio, Ing. Fernando Luis García de García; el Coordinador de Recursos Acuáticos, Guillermo Lingua; el representante de Áreas Protegidas, Luis Palotto; el equipo técnico de la Dirección de Bosques y el Coordinador Regional del Plan Manejo del Fuego, Marcelo Gallardo.
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Otro campesino asesinado por el modelo rural
El modelo sumó otra víctima
Fecha de Publicación: 11/10/2012
Fuente: https://darioaranda.wordpress.com
Provincia/Región: Santiago del Estero
Miguel Galván, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, fue asesinado por defender el territorio. Las responsabilidades, los desalojos, la soja, Monsanto y las víctimas de un modelo de corporaciones y gobiernos.
Otra víctima campesina-indígena. Otra vez en Santiago del Estero. Y, otra vez, el trasfondo de un modelo agropecuario que avanza sobre familiares rurales y pueblos originarios. Miguel Galván, de 40 años, fue asesinado de una puñalada en la yugular por un “sicario” de un empresario sojero. El crimen sucedió ayer en el paraje Simbol, en el límite con Salta. “Todo el año denunciamos que esto se podía repetir y los jueces y el Gobernador miraron para otro lado”, denunció Deolinda Carrizo, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesino). Afirmó que el motivo de fondo es “el agronegocios” y exigió al gobierno nacional “acciones contundentes” para frenar la violencia en el campo. “La ley de freno a los desalojos campesinos está hace un año durmiendo en el Congreso. No puede ser que tenga que correr más sangre campesina para que los políticos se pongan de nuestro lado”, lamentó la dirigente del Mocase-VC.
Miguel Galván integra el Mocase-VC, es parte del Pueblo Lule-Vilela y trabaja junto a su hermano Rafael en el mismo territorio donde siempre vivió con su familia. A mediados de este año comenzaron a recibir amenazas de Paulino Riso, conocido en la zona por ser fuerza de choque de empresarios agropecuarios que pretenden hacerse de territorios de campesinos e indígenas.
En un comunicado, el Mocase-VC explicó ayer que las familias del Simbol “venían siendo hostigadas por sicarios de la Empresa Agropecuaria Lapaz SA de Rosario al Frontera (Salta), quien pretende alambrar parte del territorio de las comunidades indígenas Lule Vilela”. Los Galván no permitieron que la empresa avance sobre sus parcelas y, el 15 de septiembre, comenzaron el relevamiento territorial estipulado en la Ley 26160 de Emergencia Territorial (sancionada en 2006, prevé realizar un catastro de todos los territorios indígenas y suspende los desalojos).
A fines de septiembre se intensificaron las agresiones y el empresario Facundo León Suárez Figueroa, a cargo de Lapaz SA, denunció por “usurpación” a los hermanos Galván. El motivo está explicitado en el expediente judicial: “Lote 4, departamento de Copo, 1622 hectáreas”, zona pretendida para soja y maíz transgénico.
Deolinda Carrizo, del Mocase-VC, resume el desenlace: “Los compañeros defendían el territorio, se la hacían difícil al empresario y a sus matones, entonces Riso se llegó a la siesta, lo encontró solo al Miguel cuando daba agua a los animales, y lo acuchilló”.
Carrizo denunció que, hasta la 20 de ayer, el acusado aún no había sido detenido.
Muerte anunciada
“Se podría haber evitado, va a volver a ocurrir”. Fue el título del comunicado, del 16 de septiembre, del Mocase-VC. En nueve párrafos, el movimiento campesino recordó que, previo al asesinato de Cristian Ferreyra , de 23 años (16 de noviembre de 2011) había alertado sobre la violencia en el norte provincial. “Habíamos denunciado con anterioridad lo que terminó ocurriendo. Se podría haber evitado. Y denunciamos que hoy, septiembre del 2012, estamos viviendo en el mismo escenario de muerte y violencia”, advirtió la organización hace tres semanas.
“Brillaba por su ausencia el gobierno provincial, que no intervino y permitió que las fuerzas paramilitares de los sojeros se llevaran la vida campesina”, denunció el Movimiento. Y puntualizó “dos hechos que no terminaron con la muerte de nadie pero fueron dos ‘Cristian Ferreyra’”. Recuerda que en en diciembre de 2011 balearon en el pecho a Néstor Palacios, campesino que junto a su comunidad resistió el avance de una empresa agropecuaria de Tucumán.
El otro caso, el 1 de julio de 2012, en territorio salteño, límite con Santiago del Estero. “El empresario Saa llevó un grupo armado al mando de José Palavecino para intentar apoderarse del campo comunitario de diez familias campesino indígenas de los parajes de Choya, Vinalito, Vinal Macho y Dos naranjos (muy cerca del Simbol). Luego de una semana de amenazas con armas de fuego, le dispararon a la altura del pecho al campesino Sixto Ruiz, en otro caso que sólo por suerte no terminó con la muerte del poblador. A pesar de esto, la policía salteña continúa en el lugar sin permitir el ingreso de las familias al campo comunitario, prestando adicionales para el empresario”, precisaba el comunicado de septiembre pasado.
Como una tragedia anunciada, el Mocase remarcaba: “Hoy, entrando en la recta final del 2012, volvemos a denunciar lo que está ocurriendo, y vemos con mucho temor que se vuelva a repetir lo del año pasado (… ) En el Norte de Santiago del Estero y en el sur de Salta hay olor a pólvora, es nuevamente una zona liberada y caliente. Zona Roja. Y desde este medio, comprometemos nuevamente a las autoridades nacionales y provinciales, hagan todo lo que se tenga que hacer, para que cualquier conflicto vinculado a la tierra tenga resolución civil, constitucional, y que salvaguarde el derecho de los más olvidados, los más desprotegidos por las fuerzas de seguridad, pero protegidos por formar parte de una organización que nuclea mujeres y hombres, sujetos históricos, que no van a permitir que se avasallen los derechos de los campesinos y de los indígenas. Campesinos e indígenas que desde siempre y para siempre, amarán y cuidarán la tierra, su territorio”.
Ver Nota Completa
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Fecha de Publicación: 11/10/2012
Fuente: https://darioaranda.wordpress.com
Provincia/Región: Santiago del Estero
Miguel Galván, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, fue asesinado por defender el territorio. Las responsabilidades, los desalojos, la soja, Monsanto y las víctimas de un modelo de corporaciones y gobiernos.Otra víctima campesina-indígena. Otra vez en Santiago del Estero. Y, otra vez, el trasfondo de un modelo agropecuario que avanza sobre familiares rurales y pueblos originarios. Miguel Galván, de 40 años, fue asesinado de una puñalada en la yugular por un “sicario” de un empresario sojero. El crimen sucedió ayer en el paraje Simbol, en el límite con Salta. “Todo el año denunciamos que esto se podía repetir y los jueces y el Gobernador miraron para otro lado”, denunció Deolinda Carrizo, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesino). Afirmó que el motivo de fondo es “el agronegocios” y exigió al gobierno nacional “acciones contundentes” para frenar la violencia en el campo. “La ley de freno a los desalojos campesinos está hace un año durmiendo en el Congreso. No puede ser que tenga que correr más sangre campesina para que los políticos se pongan de nuestro lado”, lamentó la dirigente del Mocase-VC.
Miguel Galván integra el Mocase-VC, es parte del Pueblo Lule-Vilela y trabaja junto a su hermano Rafael en el mismo territorio donde siempre vivió con su familia. A mediados de este año comenzaron a recibir amenazas de Paulino Riso, conocido en la zona por ser fuerza de choque de empresarios agropecuarios que pretenden hacerse de territorios de campesinos e indígenas.
En un comunicado, el Mocase-VC explicó ayer que las familias del Simbol “venían siendo hostigadas por sicarios de la Empresa Agropecuaria Lapaz SA de Rosario al Frontera (Salta), quien pretende alambrar parte del territorio de las comunidades indígenas Lule Vilela”. Los Galván no permitieron que la empresa avance sobre sus parcelas y, el 15 de septiembre, comenzaron el relevamiento territorial estipulado en la Ley 26160 de Emergencia Territorial (sancionada en 2006, prevé realizar un catastro de todos los territorios indígenas y suspende los desalojos).
A fines de septiembre se intensificaron las agresiones y el empresario Facundo León Suárez Figueroa, a cargo de Lapaz SA, denunció por “usurpación” a los hermanos Galván. El motivo está explicitado en el expediente judicial: “Lote 4, departamento de Copo, 1622 hectáreas”, zona pretendida para soja y maíz transgénico.
Deolinda Carrizo, del Mocase-VC, resume el desenlace: “Los compañeros defendían el territorio, se la hacían difícil al empresario y a sus matones, entonces Riso se llegó a la siesta, lo encontró solo al Miguel cuando daba agua a los animales, y lo acuchilló”.
Carrizo denunció que, hasta la 20 de ayer, el acusado aún no había sido detenido.
Muerte anunciada
“Se podría haber evitado, va a volver a ocurrir”. Fue el título del comunicado, del 16 de septiembre, del Mocase-VC. En nueve párrafos, el movimiento campesino recordó que, previo al asesinato de Cristian Ferreyra , de 23 años (16 de noviembre de 2011) había alertado sobre la violencia en el norte provincial. “Habíamos denunciado con anterioridad lo que terminó ocurriendo. Se podría haber evitado. Y denunciamos que hoy, septiembre del 2012, estamos viviendo en el mismo escenario de muerte y violencia”, advirtió la organización hace tres semanas.
“Brillaba por su ausencia el gobierno provincial, que no intervino y permitió que las fuerzas paramilitares de los sojeros se llevaran la vida campesina”, denunció el Movimiento. Y puntualizó “dos hechos que no terminaron con la muerte de nadie pero fueron dos ‘Cristian Ferreyra’”. Recuerda que en en diciembre de 2011 balearon en el pecho a Néstor Palacios, campesino que junto a su comunidad resistió el avance de una empresa agropecuaria de Tucumán.
El otro caso, el 1 de julio de 2012, en territorio salteño, límite con Santiago del Estero. “El empresario Saa llevó un grupo armado al mando de José Palavecino para intentar apoderarse del campo comunitario de diez familias campesino indígenas de los parajes de Choya, Vinalito, Vinal Macho y Dos naranjos (muy cerca del Simbol). Luego de una semana de amenazas con armas de fuego, le dispararon a la altura del pecho al campesino Sixto Ruiz, en otro caso que sólo por suerte no terminó con la muerte del poblador. A pesar de esto, la policía salteña continúa en el lugar sin permitir el ingreso de las familias al campo comunitario, prestando adicionales para el empresario”, precisaba el comunicado de septiembre pasado.
Como una tragedia anunciada, el Mocase remarcaba: “Hoy, entrando en la recta final del 2012, volvemos a denunciar lo que está ocurriendo, y vemos con mucho temor que se vuelva a repetir lo del año pasado (… ) En el Norte de Santiago del Estero y en el sur de Salta hay olor a pólvora, es nuevamente una zona liberada y caliente. Zona Roja. Y desde este medio, comprometemos nuevamente a las autoridades nacionales y provinciales, hagan todo lo que se tenga que hacer, para que cualquier conflicto vinculado a la tierra tenga resolución civil, constitucional, y que salvaguarde el derecho de los más olvidados, los más desprotegidos por las fuerzas de seguridad, pero protegidos por formar parte de una organización que nuclea mujeres y hombres, sujetos históricos, que no van a permitir que se avasallen los derechos de los campesinos y de los indígenas. Campesinos e indígenas que desde siempre y para siempre, amarán y cuidarán la tierra, su territorio”.
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Monsanto parece que evadió Ganancias
Afip suspendió a Monsanto por supuesta evasión de Ganancias
Fecha de Publicación: 11/10/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
La multinacional fue excluida del Registro de Operadores de Granos. Le atribuyen haber eludido el pago de 70 millones de dólares.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) suspendió ayer del Registro de Operadores de Granos a la multinacional Monsanto, tras detectar una supuesta evasión en el pago del Impuesto a las Ganancias que “ronda los 70 millones de dólares”, según informó una alta fuente del organismo.
En un contacto con periodistas acreditados en el Palacio de Hacienda, la fuente destacó que “durante el período 2001-2005, la empresa Monsanto inventó un préstamo con empresas vinculadas radicadas en paraísos fiscales para no pagar Impuesto a las Ganancias en la Argentina”.
La maniobra de la empresa, según señaló la fuente, se habría basado en la “generación de un crédito ficticio, sin fecha cierta ni legalización del consulado, a través de empresas vinculadas radicadas en paraísos fiscales, en este caso, Bermudas y Panamá”.
Las firmas involucradas en esa operatoria son “Monsanto Company (USA), Monsanto Panamá y Monsanto Bermudas”, señaló la fuente, que agregó que, adicionalmente, la Afip está investigando a la multinacional por la “transferencia accionaria a una empresa española que se hizo ficticiamente para evadir el impuesto a los Bienes Personales, ante la vigencia del convenio de doble imposición entre la Argentina y España”.
En este caso, el informante del organismo recaudador indicó que Monsanto “dejó de pagar unos siete millones de dólares correspondiente al impuesto sobre los Bienes Personales”.
Para ratificar estas maniobras de supuesta “planificación fiscal nociva”, Afip cruzó datos con organismos fiscales de Bermudas, y España, en el marco de los acuerdos firmados para intercambiar información con esos países.
Asimismo, están trabajando en el pedido de información a Estados Unidos en el marco del Acuerdo de Intercambio de Información Multilateral de la Ocde.
Monsanto ya había sido suspendida por la Afip el 13 de febrero de este año por una determinación del Impuesto a las Ganancias de 40 millones de pesos, que la empresa luego conformó debidamente.
Monsanto Argentina Saic informó a través de un comunicado que no recibió notificación alguna de la Afip. No obstante, aclara que “en sus 56 años de operación en el país, (la empresa) nunca ha evadido impuestos”.
“Entendemos que las declaraciones trascendidas son producto de errores de interpretación, y tomaremos contacto con las autoridades pertinentes a fin de facilitar la información que esclarezca el tema. A modo de antecedente, Monsanto Argentina Saic ya había sido suspendida por la Afip el 13 de febrero de este año en el Registro Fiscal de Operadores de Granos, siendo recientemente reincorporada. Del mismo modo, confiamos en poder revertir esta situación”, indicó la empresa.
Monsanto se proyecta construir en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas su segunda planta de acondicionamiento de semilla de maíz. La inversión, que asciende a 1.600 millones de pesos, generó una fuerte polémica de parte de grupos ecologistas que resisten el desembarco.
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Fecha de Publicación: 11/10/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
La multinacional fue excluida del Registro de Operadores de Granos. Le atribuyen haber eludido el pago de 70 millones de dólares.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) suspendió ayer del Registro de Operadores de Granos a la multinacional Monsanto, tras detectar una supuesta evasión en el pago del Impuesto a las Ganancias que “ronda los 70 millones de dólares”, según informó una alta fuente del organismo.
En un contacto con periodistas acreditados en el Palacio de Hacienda, la fuente destacó que “durante el período 2001-2005, la empresa Monsanto inventó un préstamo con empresas vinculadas radicadas en paraísos fiscales para no pagar Impuesto a las Ganancias en la Argentina”.
La maniobra de la empresa, según señaló la fuente, se habría basado en la “generación de un crédito ficticio, sin fecha cierta ni legalización del consulado, a través de empresas vinculadas radicadas en paraísos fiscales, en este caso, Bermudas y Panamá”.
Las firmas involucradas en esa operatoria son “Monsanto Company (USA), Monsanto Panamá y Monsanto Bermudas”, señaló la fuente, que agregó que, adicionalmente, la Afip está investigando a la multinacional por la “transferencia accionaria a una empresa española que se hizo ficticiamente para evadir el impuesto a los Bienes Personales, ante la vigencia del convenio de doble imposición entre la Argentina y España”.
En este caso, el informante del organismo recaudador indicó que Monsanto “dejó de pagar unos siete millones de dólares correspondiente al impuesto sobre los Bienes Personales”.
Para ratificar estas maniobras de supuesta “planificación fiscal nociva”, Afip cruzó datos con organismos fiscales de Bermudas, y España, en el marco de los acuerdos firmados para intercambiar información con esos países.
Asimismo, están trabajando en el pedido de información a Estados Unidos en el marco del Acuerdo de Intercambio de Información Multilateral de la Ocde.
Monsanto ya había sido suspendida por la Afip el 13 de febrero de este año por una determinación del Impuesto a las Ganancias de 40 millones de pesos, que la empresa luego conformó debidamente.
Monsanto Argentina Saic informó a través de un comunicado que no recibió notificación alguna de la Afip. No obstante, aclara que “en sus 56 años de operación en el país, (la empresa) nunca ha evadido impuestos”.
“Entendemos que las declaraciones trascendidas son producto de errores de interpretación, y tomaremos contacto con las autoridades pertinentes a fin de facilitar la información que esclarezca el tema. A modo de antecedente, Monsanto Argentina Saic ya había sido suspendida por la Afip el 13 de febrero de este año en el Registro Fiscal de Operadores de Granos, siendo recientemente reincorporada. Del mismo modo, confiamos en poder revertir esta situación”, indicó la empresa.
Monsanto se proyecta construir en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas su segunda planta de acondicionamiento de semilla de maíz. La inversión, que asciende a 1.600 millones de pesos, generó una fuerte polémica de parte de grupos ecologistas que resisten el desembarco.
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